Prensa Obrera N° 277

Ya hace dos semanas que no se oye al ministro Bauzá repetir los dichos de su antecesor Pugliese acerca de los “agitadores de izquierda” que estarían preparando el “estallido social”. ¿Ha cambiado el ministro de parecer o acaso ha cambiado la política general del gobierno? Son muchos los datos de entreguismo desenfrenado al capital y de encubrimiento de las fechorías económicas de los grandes capitalistas que desmienten esa posibilidad. Bauzá simplemente se ha dado un respiro. ¿Supondrá acaso que con el “bono solidario” resolverá el hambre de millones de personas? O que el aparato que procura montar para la distribución del “bono”, dirigido por la camarilla militar, el clero, la burocracia sindical y los “punteros” justicialistas en los barrios, será suficiente para controlar cualquier movimiento de lucha del pueblo pauperizado? Es evidente que la respuesta a esos interrogantes es negativa. Los círculos oficiales no han renunciado por lo tanto a adjudicarle a la izquierda la responsabilidad por las consecuencias de la desesperación popular que provoca la política capitalista. Las propuestas de provocaciones contra la izquierda circulan con profusión. Ámbito Financiero, por ejemplo, está seguro que desde la izquierda se trama un putsch para bloquear la política de privatizaciones. Dice que tal cosa ocurrirá en agosto y hasta se atrevió a fijar la fecha del 15. ¿Pero que debe “temer” la izquierda de las privatizaciones? Ellas constituyen un claro ejemplo de confiscación económica del patrimonio de los contribuyentes en beneficio de un puñado de capitalistas y de ningún modo pondrán remedio a la incapacidad histórica de la burguesía argentina, al contrario acentuarán la polarización entre las clases. ¿En qué lugar del mundo la consigna de “enriqueceos", sin medida ni mesura, no fue siempre la antesala de la revolución social? Privatizad explotadores, no por ello las consecuencias serán menos nefastas para la suerte del capitalismo. Cada etapa de las privatizaciones será una experiencia que acercará más a los explotados a la idea de ¡a expropiación de los capitalistas y del control obrero de la producción. Las provocaciones acerca de los “agitadores de izquierda” pretenden que la izquierda renuncie a su rol de portavoz de los explotados, en una gran connivencia nacional para reprimir al pueblo. Pero la izquierda no “provoca” el “estallido social”, su obligación es orientar a las masas que piden pan y hacerles ver que su situación de hambre es una consecuencia, aunque extrema de aquí en más permanente, del sistema capitalista de producción. Se “acusa” a la izquierda de querer ‘‘aprovechar” el hambre del pueblo, como si el único “aprovechamiento” real y concreto que se realiza con el hambre del pueblo no fuera el de los capitalistas, que pueden explotar a los trabajadores por salarios viles. El único “aprovechamiento” que se le puede imputar a la izquierda es el que haga conciente esta situación ante los trabajadores y que ello permita que esos trabajadores saquen las conclusiones políticas pertinentes sobre el capitalismo y su Estado. Pretender que la izquierda renuncie a este papel es lo mismo que plantear su proscripción. Es por todo esto que el proceso judicial abierto contra el Partido Obrero, cuyos términos traducen a un lenguaje jurídico los ataques que se lanzan desde los medios oficiales, apunta a la proscripción del PO y tiene un alcance generalizado para todos los partidos y organizaciones que luchan contra la presente política capitalista. Llamamos a acentuar la lucha por el cese del proceso contra el Partido Obrero. Río Santiago De delegados del Astillero Ensenada, 2 de junio de 1989 “Los abajo firmantes, delegados del Astillero Río Santiago, nos solidarizamos con los militantes del Partido Obrero detenidos en el día de ayer como parte de una campaña destinada a reprimir e inmovilizar los reclamos de los sectores más duramente castigados por la crisis económica. "Esto es parte de una campaña desatada contra los sectores populares que luchan contra esta impresionante ola de miseria que se abate sobre las familias de nuestra Nación, ya que también se persigue y se encarcela a miembros de otras organizaciones como el Mas y el Fral. Por lo antedicho nos pronunciamos: Contra el Estado de Sitio. Contra la persecución de los partidos políticos y organizaciones populares. Por la inmediata libertad de los militantes políticos. Por la inmediata libertad de los presos por el hambre.” Siguen firmas Telefónicos de Córdoba Córdoba, 2 de junio de 1989 "Los abajo firmantes, trabajadores telefónicos de la ciudad de Córdoba, repudiamos la detención de los integrantes del Comité Nacional del Partido Obrero (PO) y exigimos su inmediata liberación, así como la de todos los militantes del campo popular víctimas de la escalada reaccionaria en curso. "Ratificando toda su impotencia ante los grandes capitalistas y banqueros, responsables del hundimiento del país y de la miseria de su población laboriosa, el Gobierno Nacional se lanza de lleno a una campaña de persecución política e ideológica contra las agrupaciones y militantes que, como el PO, han denunciado esta situación e instado a los trabajadores a luchar organizadamente para revertiría." Siguen 70 firmas Solidaridad del CEFyL y de Compañeros de Base" “A los compañeros del Partido Obrero "Por la presente y en mi calidad de Presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, hago llegar mi más expresiva solidaridad con los compañeros del PO, cuya conducción fue encarcelada y procesada y sus locales allanados. "Dicho proceder por parte del gobierno se enmarca en el feroz ataque de la burguesía contra la clase trabajadora iniciando también una verdadera ‘caza de brujas' contra la izquierda social y política. "Como lo ha demostrado, el Movimiento estudiantil seguirá luchando por la plena vigencia de las libertades democráticas y por una sociedad más justa y solidaria.' Luis Zas Presidente CEFyL Compañeros de Base 31/7/89 Del FANA (Agronomía) “El proceso contra el PO es un ataque a las libertades democráticas’’ Buenos Aires, 28 de julio de 1989 “El Frente Amplio para una Nueva Agronomía considera que en un momento en que el ataque a las condiciones de vida de la población tiene características cada vez más brutales, el proceso a los dirigentes del Partido Obrero adquiere una significación especial en la medida en que la continuación de este proceso es un ataque a las libertades democráticas y una amenaza para toda agrupación que intente organizar la resistencia a la política actual. “Por lo tanto reclamamos el cese inmediato del proceso judicial."

La llegada de Walesa y de Solidaridad al gobierno era un hecho fácilmente previsible y la única incógnita era con qué rapidez se habría de producir. Los esfuerzos que se hicieron desde uno y otro campo para que los acontecimientos no cobraran un carácter vertiginoso fracasaron como consecuencia de la velocidad de la crisis económica y del desmoronamiento del partido stalinista. Todavía a principios de año Solidaridad pactaba un acuerdo con el partido comunista para asegurar la continuidad del monopolio político de éste durante un determinado “período de transición”. Se montaron en común los artificios necesarios para asegurar al partido comunista y a sus aliados una mayoría parlamentaria y más tarde Solidaridad se esforzó para que algunos candidatos del PC fuesen elegidos en las elecciones que tuvieron lugar en mayo. Al final, la posibilidad de que el parlamento eligiese presidente de la nación al jefe del partido comunista pasó a depender de la conducta de Solidaridad, la que se avino a la maniobra autorizando el voto favorable de diputados prominentes de su bancada o actuando de manera de reducir el quórum necesario para la legitimidad de la elección. La designación de Jaruselsky permitió mantener en manos de un hombre de Moscú y del aparato de la burocracia el control de los organismos de seguridad y de las fuerzas armadas, pero el conjunto del proceso político había demostrado la bancarrota política del partido comunista y su completa incapacidad para gobernar al país. En las elecciones Solidaridad había obtenido el 80% de los votos y el resto había ido a los partidos “aliados” del PC, que para entonces ya comenzaban a explotar una política de “independencia” del partido “madre”. Los stalinistas casi no sacaron diputados a pesar del llamado de Solidaridad a votar a una “lista nacional” de características especiales concebida para permitir la elección de algunos funcionarios del PC. Se conformó así un parlamento totalmente “trucho” en términos de representatividad y de poder político, pero que al mismo tiempo estaba extremadamente dividido como para cumplir la función de prolongación títere del poder. Pero si el proceso electoral había derrostrado la nulidad del partido oficial, la crisis económica era más demostrativa aún de la impotencia del régimen, cada vez más incapaz de asegurar los abastecimientos elementales, en cesación de pagos y paralizado frente a la tendencia “hiperinflacionaria” de la economía. En el último acto del anterior gobierno se decretó la libertad de precios, lo que produjo de inmediato un aumento del 200% en los productos de primera necesidad y una serie de huelgas que a pesar de los esfuerzos de Solidaridad por impedirlas se extendieron a todo el país. El nuevo reparto de Polonia No fue necesario que se llegara a estos extremos para que en las cancillerías imperialistas y de la Unión Soviética se comprendiera la necesidad de “rescatar” a Polonia, o mejor, de producir su quinto reparto en doscientos años. "The New York Times", el diario de la banca norteamericana, comenzó a editorializar desde principios de julio en favor de un gobierno de coalición con la participación de Solidaridad. ¿No sería un “riesgo” político para ésta? Sin embargo, se respondía a sí mismo el NYT, “quedarse a un costado sería para Solidaridad correr el riesgo de que se repitan las políticas unilaterales de los comunistas que destruyeron el tejido económico y político del país en los años 70 y 80”. El diario neoyorquino olvidaba, al correr de la pluma, que los comunistas desquiciaron a Polonia en los últimos veinte años a través de una política común con la banca internacional, la cual endeudó a Polonia en más de 20.000 millones de dólares con la intención de pasar a controlar sus principales ramas exportadoras. La destrucción estuvo muy lejos de haber sido un trabajo “unilateral”, más bien fue el resultado de la sistemática explotación de las tendencias capitalistas de la burocracia stalinista por parte del imperialismo mundial. El estallido de la crisis capitalista mundial, justamente a partir de los años 70, convirtió a las "inversiones polacas” en excesivas y a la deuda resultante en impagable, o mejor dicho, que sólo se podría pagar mediante la destrucción del tejido social del país. El NYT, que no es más que un vocero del Departamento de Estado, proponía por esa fecha “vender" a la burocracia de Moscú el ingreso de Solidaridad al gobierno a cambio de un “alivio financiero” que proporcionaría el Fondo Monetario Internacional. Pero para el imperialismo el rescate de este régimen político moribundo tiene el objetivo de servirse de él y del aparato estatal existente para consumar sus objetivos capitalistas. El imperialismo no se puede proclamar un salvador del comunismo, que no existe en los Estados burocráticos, pero no puede disimular que va al rescate de la burocracia “comunista”, porque de ésta depende el conjunto del funcionamiento estatal y porque su desmoronamiento conduce a la guerra civil en Polonia y en Europa. La crisis mundial ha desmoronado las barreras entre el imperialismo y la burocracia y ha puesto de relieve que ésta constituye un vehículo del imperialismo mundial en los Estados obreros. Precisamente a mediados de julio, en la reunión “cumbre” de los jefes de los Estados imperialistas en París, el punto central del temario fue Polonia y allí se resolvió unificar la política del imperialismo a través de la Comisión Europea en los términos planteados por el NYT. Solidaridad debía ingresar al gobierno como garantía del paquete de préstamos del FMI , del Banco Mundial, de Alemania y de Japón y de una refinanciación de la deuda externa y ayuda alimenticia. En el trueque, el gobierno así concebido debía reducir drásticamente los gastos del presupuesto, aumentar los impuestos, cerrar empresas o privatizarlas, renegociar la deuda con la URSS, autorizar una Bolsa de valores, y establecer la libertad de cambios y una moneda convertible. En términos de régimen social, la ejecución de este programa equivale a la restauración del capitalismo y a un retroceso histórico en el nivel de vida de las masas. En estos términos está redactado, precisamente, el Plan Trienal que los “comunistas” llevaron al FMI, el cual condicionó el acuerdo a que fuera aceptado por el parlamento polaco, que quedaba convertido así, por primera vez en la historia, en la institución política fundamental del Estado frente a la banca internacional. ¡Pero un parlamento de estas características debe tener el gobierno correspondiente, es decir un gobierno de acuerdo con Solidaridad! Otro vocero indiscutido de las cancillerías imperialistas, el diario “Le Monde”, luego de señalar la necesidad de un "tratamiento de choque" y de la organización simultánea de “una red financiera de seguridad por parte de un consorcio internacional”, sin embargo planteaba a mediados de julio la misma cuestión política. “Sin el compromiso formal de un nuevo equipo dirigente, las organizaciones internacionales y los amigos occidentales de Polonia no aceptarán jugar el juego delicado de la ayuda para el saneamiento”. Finalmente, el NYT, ya a principios de agosto, decía sin ambages que “solamente un gobierno con un genuino mandato popular puede pedirle a los polacos los sacrificios de una transición a una economía de mercado”. Restauración del capitalismo Parece claro que solamente en las últimas semanas, y como consecuencia de la agudización de la crisis económica, quedó planteada la posibilidad de que Walesa fuera primer ministro y no simplemente de que Solidaridad ingresara a un gobierno de coalición. Un sector del partido comunista intervino para impulsar este desenlace con la decisión, tomada por el ex jefe de gobierno, Rakowski, de liberar los precios y crear un cuadro de "hiperinflación alfonsiniana". Walesa llega al gobierno como Menem, para sacar las papas del fuego y aplicar los planes de los Bunge y Born, que en ambos casos son los del Vaticano. Rakowski habría pretendido "pudrir" una prematura experiencia de gobierno de coalición. La presencia de Walesa al frente del gobierno plantea la cuestión de la restauración capitalista. Un gobierno de Walesa no sólo traduce los intereses del imperialismo sino que también acelera la tendencia capitalista de la burocracia. Los "ahorros” que ésta fue acumulando a expensas del pueblo, podrán transformarse en capital a través de las Bolsas de Valores y de la privatización de empresas de porte menor. La conversión social de una parte de la burocracia es un aspecto esencial de la restauración capitalista. Según un corresponsal (NYT, 30/7) el ex primer ministro "Rakowsky está al frente de un movimiento dentro del partido para transferir la propiedad de las empresas del estado (en la Industria liviana, banca y turismo) a sus directores designados por el partido, en lo que parece ser un esfuerzo para compensarlos por una pérdida de seguridad y de primas, y para retener su lealtad en la lucha que se avecina con Solidaridad". ¡Lejos de representar una defensa del “socialismo", la burocracia compite con la dirección clerical de Solidaridad por la conquista de la misma base social restauracionista! Está claro, entonces, que la única posibilidad de impedir una victoria de la restauración capitalista y de superar la crisis del régimen burocrático, reside en el derrocamiento de la burocracia por parte de la clase obrera. La formación de un gobierno Walesa significa la formación de un gobierno capitalista —porque no es Solidaridad como organización la que llega al gobierno sino su burocracia burguesa, la cual asume como representante del capital internacional, en el marco de un régimen burocrático y todavía de un Estado obrero. La posibilidad de que ese gobierno modifique el carácter del régimen y del Estado, debe superar todavía una serie de crisis políticas y de crisis revolucionarias. Esta última es la principal preocupación del imperialismo y de la burocracia. Un vocero “socialdemócrata" de Solidaridad, Adam Michnik, lo expresa con todas las letras: "los cambios políticos, le dijo al semanario Der Spiegel, nos debe dar la oportunidad de no dejar que las huelgas y las manifestaciones se transformen en los métodos más importantes de solución de los conflictos sociales". Pero mientras se escribían esas líneas, a fines de julio, Polonia estaba por entrar a la convulsión social que la sacude ahora como consecuencia de la “hiperinflación socialista". El ascenso de un gobierno como el de Walesa no debe suscitar ninguna clase de impresionismo, por la razón de que constituye una de las alternativas dentro del proceso de descomposición, que es por otra parte inevitable, del régimen burocrático. El camino de un ajuste final de cuentas entre el proletariado y la burocracia admite diversas combinaciones políticas, las que se hacen más dolorosas y complejas cuando la vanguardia obrera no existe como expresión política. El gobierno de Walesa sería por ahora extraordinariamente débil debido a la monumental trama de contradicciones explosivas sobre las que se asienta. Deberá imponer al pueblo polaco la política de austeridad y miseria que provocó precisamente el surgimiento de Solidaridad, como organización obrera, en 1980, como consecuencia de una gigantesca huelga general con ocupaciones de fábrica. ¡Deberá gobernar con la odiada burocracia y encubrir sus fechorías! Esto es claramente un recurso último para parar una crisis revolucionaria. Las noticias de los diarios de los últimos días abundan en informaciones sobre huelgas en todo el país, que la dirección de Solidaridad busca desviar hacia los paros parciales y hacia el objetivo de un gobierno de tipo capitalista formado por sus dirigentes. La perspectiva del proceso político lleva a prever una diferenciación aguda en todas las fuerzas políticas del país, con la consecuencia de la escisión del partido comunista y de Solidaridad. El proceso de la crisis deberá agotar aun todas sus posibilidades, incluidas las de la formación de un partido obrero revolucionario, para que la disyuntiva de la restauración capitalista o la revolución política pueda ser resuelta sobre los escombros definitivos del régimen burocrático.

Durante una semana los trabajadores municipales de Rosario sostuvieron un profundo movimiento huelguístico para quebrar una política salarial que, desenganche mediante, los llevó a percibir 8.700 australes de básico, el salario más bajo de todos los estatales de la provincia. Una parte importante de la base del gremio se jugó a fondo por la victoria de la huelga, paralizando integralmente la infraestructura sanitaria del municipio, al punto que los hospitales debieron ser evacuados. Se abría una posibilidad de lucha para todos los estatales y docentes de la provincia, a los que el gobierno justicialista provincial pretende encorsetar en una tregua social con salarios básicos que no alcanzan al 15% de la canasta familiar. Fue por este motivo que la burocracia sindical "renovadora" del Sindicato municipal se empeñó a fondo para bloquear la lucha. En el punto más alto de ésta, propuso aceptar una oferta salarial del gobierno que implicaba compensar la inflación de julio, pero que mantenía —en valores reales— el miserable básico de meses anteriores. En consecuencia, el gran objetivo de la huelga —la equiparación con los restantes municipales de Santa Fe— quedó pendiente. En la asamblea general donde se discutió esta oferta salarial, la dirección del STM utilizó todos los medios de intimidación a su alcance para que fuese aceptada. Entre otros recursos, la burocracia anunció la ‘‘inminente’’ aplicación de la "conciliación obligatoria". Sin embargo, la base combativa del gremio se jugó por continuar la lucha. En una primera votación a mano alzada, la burocracia no logró imponer el levantamiento de la huelga. Impuso, entonces, una votación por urna, donde triunfó con 501 votos contra 371. Desde el inicio del conflicto, el activismo combativo del gremio propuso la formación de un comité de huelga, y una campaña sobre toda la población. En estas iniciativas residía la posibilidad de la victoria. La burocracia del STM (tributaria del gobierno justicialista), estranguló esta posibilidad. Hoy, para los activistas que arriban a este balance de la gran huelga, se plantea la puesta en pie de una agrupación clasista en el seno del STM.

En el frigorífico Rioplatense, de General Pacheco, distrito Tigre, más de un centenar de trabajadores ocupó la planta durante cuatro días, mientras los trescientos cincuenta compañeros restantes incluida la comisión interna permanecían en las puertas y funcionaba una olla popular como resultante de una situación salarial insostenible. El frigorífico, que faena de promedio más de mil cabezas por día, paga quincenas por debajo de los siete mil australes, violando incluso el salario mínimo fijado por la ley. La ocupación se produjo dividida luego de sucesivas asambleas, porque la dirección del gremio y la Comisión Interna sabotearon continuamente la posibilidad de un paro. La empresa buscó desalojar la planta ofreciendo ir a una audiencia al Ministerio de Trabajo, pero los trabajadores reclamaron un acta previa que estableciera el pago del salario mínimo vital y móvil y ningún despido. Finalmente se llegó al acuerdo de una “bonificación especial", por única vez de 8.000 australes más 200 australes la hora de aumento, con lo que se llega al pago del básico de convenio. Los trabajadores de la zona hicieron llegar la solidaridad a través de la entrega de víveres para la olla y el aliento, como las comisiones internas de editorial Atlántida, Corni, delegados docentes, ferroviarios, delegados de Ford, Cormasa y otras fábricas. Los trabajadores del Rioplatense libraron una gran lucha a pesar del bloqueo de la C.l. Ha sido un primer round que mostró un camino de organización. Se trata ahora de evitar los posibles despidos hormiga de activistas y de los trabajadores por agencia. Las ocupaciones de Clarín y del Rioplatense y las huelgas docentes en la provincia de Buenos Aires, entre otras importantes luchas, van mostrando un proceso de reagrupamiento del movimiento obrero. Los métodos que adoptan estas luchas reflejan la falta de ilusiones en el gobierno y en las actuales direcciones sindicales. Las huelgas no terminan en derrotas, es decir que son un escalón a un mayor grado de resistencia.

En los primeros días de agosto la mayoría de los jubilados cobraron ₳ 16.000. Con este salario BB, deberán hacer frente a una canasta familiar valuada en ₳ 150.000. Es decir que el mes justicialista tiene dos días. El gobierno “nacional y popular” llevó ahora el haber mínimo, que cobran más de la mitad de los jubilados, a ₳ 28.000, que se cobrará a fin de mes. La cosa, como se ve, no cambia. Pero si esto es muy malo, hay algo todavía peor. Se pretende que el 40% del impuesto a los servicios públicos (gas, luz, teléfonos), que originalmente estaba destinado a mejorar las jubilaciones, vaya a parar a la Tesorería. También los jubilados deberán aportar al pago de la deuda externa y de la deuda interna. El flamante Secretario de Seguridad Social, el “cristiano” Santiago de Estrada, sostuvo para justificar la medida, que “sin evasión, el sistema podría reducir a valores insignificantes el déficit y cumplir con la legislación previsional” (Clarín, 6/8). Pero proponen aplicarla antes de haber resuelto este problema de la evasión previsional. La conclusión es que ésta seguirá y las Cajas se quedarán sin los magros ingresos actuales. Es que como lo repiten a diario los columnistas al servicio del Citibank es necesaria la “reforma previsional”, es decir establecer la jubilación privada, despojando a los trabajadores de sus aportes históricos total y definitivamente.

Los casi 1.500 changadores que diariamente cargan los camiones de los centenares de compradores del Mercado Central están sometidos a una explotación más que brutal: sin jornal fijo, cobran una tarifa miserable por bulto cargado, sin atención médica ni sanitaria. Muchos de ellos son menores, que cobran por bulto aún menos que los mayores. La bronca fue ganando a los changadores de las diferentes naves y, en una asamblea más de 200 compañeros resolvieron ponerte un límite a la situación. La asamblea levantó los reclamos más sentidos: el aumento del precio del bulto para todos los changadores por igual, la exclusividad de la carga (ya que los grandes supermercados -como Coto- llevan su propia gente) y la formación de una Comisión de Trabajo que los represente gremialmente. La Comisión de Trabajo -aún no reconocida por los directivos del Mercado Central — tomó en sus manos este mandato e impulsó, nave por nave, el reclamo de llevar a ₳ 30 el valor del bulto, lo que significó un primer triunfo ya que el bulto pasó de ₳ 6 a ₳ 20 en cuestión de horas Queda planteado extender el movimiento a todos los changadores del Mercado Central, reforzar la Comisión de Trabajo y obtener su reconocimiento como organización gremial de los changadores para conseguir la exclusividad de todo el trabajo de carga, la igualdad de derechos para los menores (¡a igual trabajo igual paga!) y para recuperar el valor histórico del bulto, que era equivalente a un boleto mínimo de colectivo, es decir ₳ 70, indexado.

La importante lucha de los estatales de Neuquén ha entrado en una etapa crucial, como consecuencia, por un lado, de la radicalización que se observa en ATE, judiciales y legislativos, que constituyen más de la mitad del movimiento sindical de la provincia, y por el otro lado, de la decisión de las burocracias de docente municipales, viales y UPCN de abandonar el conflicto. Estos burócratas han aceptado la oferta del gobierno de llevar el básico a 46.000 australes, en tanto un plenario de ATE, con delegados mandatados por asamblea, resolvió continuar la lucha hasta obtener la reivindicación de ₳ 77.000 de básico. En Neuquén el costo de la canasta familiar supera los 200.000 australes. El conjunto de los sindicatos públicos integraban hasta el momento una Coordinadora provincial. La Directiva de ATE, que está enrolada políticamente en el ubaldinismo, se encuentra en una situación límite para su política, porque el mantenimiento de la reivindicación de los ₳ 77.000 para agosto implica movilizar a fondo al gremio, producir una verdadera revolución en el cuerpo de delegados, convocar a una asamblea general e ir a la huelga. La directiva de ATE, a partir de la ruptura de la Coordinadora, ha ido dilatando los pasos a seguir, en especial el lanzamiento de un plan de paros. Ante esta situación se plantea que el cuerpo de delegados funcione en base a mandatos de Asamblea, no pudiendo votar quienes no lo tengan. Elegir un comité de huelga, responsable ante los delegados mandatados, y comités de huelga en cada localidad. Poner en marcha el plan de paros. La incapacidad de una acción consecuente por parte de las burocracias sindicales no debe ser olvidada nunca, y menos en ATE, que ya fue varias veces traicionada en el pasado reciente.

En Clarín se encuentra en desarrollo una lucha que tiene un enorme alcance para los trabajadores gráficos y para el conjunto de la clase obrera. La patronal está embarcada en producir una caída fundamental del nivel salarial de su personal (en el cual hay que incluir a los periodistas y administrativos) que esté en consonancia con el "ajuste hiperinflacionario" que procura imponer el conjunto de los explotadores. La patronal de Clarín que está igualmente embarcada en monopolizar los medios de comunicación, sean visuales, radiales o escritos, se plantea la "tarea" de reducir los "costos laborales", mediante la depreciación del salario y los despidos. Estos datos generales explican que el diario haya abandonado bruscamente su política de aumentar los salarios en una relación aproximada con la inflación y que los haya ajustado solo en un 60% en julio (contra un índice de costo de vida en junio del 115%) y que pretenda hacerlo en agosto en un 100% (contra un índice en julio del 197%). Clarín pretende llevar a sus explotados a la posición en que se encuentra la mayoría de los trabajadores del país con dos "seguidillas al mentón" en un lapso de sesenta días. La política patronal Esta política de Clarín es común al conjunto de la industria editorial, lo cual explica el carácter general del ataque, del que no se salvan para nada los periodistas. Así lo prueban los despidos en agencias y radios y la crisis desatada en los canales de televisión. Puede llamar la atención que en los demás diarios no se hayan producido conflictos similares y que las restantes patronales ofrecieran aumentos que fueron aceptados por su personal, aunque La Nación aún continúa en conflicto y en Atlántida la negociación salarial todavía está en desarrollo. Es cierto que la Cámara editorial nunca fue un modelo de unidad y que en ella domina una dura pugna por el control del mercado y por el acaparamiento de las ramas audiovisuales. Pero en la circunstancia actual, el "aislamiento” de Clarín es el resultado de una elaborada táctica para dejar sola, no a la patronal de Clarín, sino a los trabajadores. Es indudable que la Cámara no puede tener interés en un choque simultáneo con los trabajadores de diarios y revistas, y menos en un momento en que el gobierno no hace gala precisamente de su fuerza. Tampoco le conviene exponerse ante la opinión pública que se encuentra sensibilizada por las denuncias sobre sus maniobras monopólicas. Es obligado concluir que los patrones han hecho virtud de necesidad y están usando su "división” como un arma de división de los trabajadores. No hace falta decir que la burocracia del sindicato es un juguete de la gigantesca ofensiva patronal. Ongaro firmó en el más completo secreto un convenio salarial del 145%, mientras el conflicto de los diarios estaba en curso con reclamos mucho mayores y cuando Clarín estaba concretamente en “conciliación obligatoria". El sector “obra" del Sindicato ha sido condenado, como consecuencia de esto, a la lisa y llana miseria. Ongaro fue incapaz de hacer valer ante las patronales el aumento del 600% que se produjo en el precio de los diarios en este período, el que supera en cuatro veces las ofertas salariales. Solidaridad activa Entre los trabajadores de Clarín no existió ninguna clase de ilusión con respecto a que el período de "conciliación obligatoria" que decretó Triaca a mediados de julio pudiera servir para modificar la posición de la patronal. Es así que ya durante la "conciliación", los compañeros protagonizaron movilizaciones y que cuando ésta concluyó se lanzaron a marchas, asambleas y medidas de lucha, todas la cuales retrasan la salida del diario y obligan a disminuir sus páginas. Incluso entre los periodistas apenas trabajan los "jerárquicos". Los trabajadores de Clarín aprobaron en sus asambleas la convocatoria a una asamblea general de diarios, que la burocracia por supuesto no tuvo en cuenta, pero que hubiera podido fructificar en caso de haberse mantenido los conflictos en los restantes diarios. Ahora es necesario plantear la solidaridad con los trabajadores de Clarín, lo cual se debe manifestar en paros parciales en apoyo a los compañeros en lucha y en el bloqueo de la salida de los diarios y la huelga ante la menor tentativa de despidos. La circunstancia de que el conflicto en los diarios se encuentre circunscripto no le quita validez a la consigna de solidaridad con Clarín, a poco que se explique que la Cámara patronal está a la espera de una derrota de los trabajadores de esta empresa para emprender una ofensiva similar en todos los diarios. El intento inicial en este sentido se pudo comprobar en todos ellos y también se comprueba en agencias y radios. Una victoria de los trabajadores de Clarín puede ser la señal para una ofensiva del conjunto de los trabajadores del país contra el plan Bunge y Born y Citibank , y en todo caso será una señal segura de que este plan no encuentra los medios para dar cuenta con su principal adversario: la clase obrera ¡Solidaridad activa con los trabajadores de Clarín!

Hace veinte días, una masiva asamblea de trabajadores de prensa resolvió luchar por 350% de aumento salarial para julio y contra las suspensiones y despidos. Se formó un Comité de Lucha de delegados, activistas y la Comisión Directiva, y se decidió un plan de paros escalonados y una acción en común con el resto de los trabajadores de los medios. Apenas se cumplieron los paros de dos horas en la primera semana, las grandes patronales se lanzaron a quebrar el frente de lucha, ofreciendo a los trabajadores cifras sustancialmente mayores que las que plantean en la paritaria. La Nación y Crónica cerraron por algo más del 200% contra los 130% para julio y 35% para agosto ofrecidos en la negociación colectiva. Es el primer paso del plan patronal ya conocido de ir cortando al gremio por rebanadas. La directiva de la UTPBA dejó pasar la maniobra sin denunciar el divisionismo y plantear una reivindicación única. A veinte días de la asamblea más masiva que recuerda el gremio en mucho tiempo, loa trabajadores de prensa no han vuelto a ganar la calle, ni por Clarín ni por la amenaza de cirre de los canales. En este último caso, la directiva de la UTPBA firmó el acta-acuerdo con el gobierno por el que se pone en marcha el proceso de privatización. "Nos quedamos solos y tuvimos que firmar" trató de justificar Caamaño ante el congreso de delegados, como si la "privatización" y sus consecuencias laborales fuera materia de negociación. En el gremio existe una gran belicosidad que está bloqueada por una directiva que no es políticamente Independiente del gobierno. Está dominado por el criterio estratégico de no romper con éste. La lucha de Clarín y de un conjunto de medios -radios, DyN- es la oportunidad para relanzar el movimiento de lucha sobre la base de la huelga activa y la movilización callejera. El objetivo debe ser: aumento único para todo el gremio, ni un peso por debajo de los acuerdos firmados en los grandes diarios.

Hace sesenta días, Clarín y La Nación se hicieron cargo de la mayoría del paquete accionario de la agencia DYN, para lo cual desplazaron a empresas periodísticas del interior. El control monopólico de DYN constituye otro paso, naturalmente, dentro del acelerado proceso de concentración capitalista de los medios de comunicación, que tiene a aquellos pulpos como uno de sus polos. Los canales de TV y las radios están siendo repartidos entre los principales contendientes. La consecuencia natural de todo esto es la ofensiva antisindical, toda vez que uno de los objetivos de los procesos monopólicos es incrementar la tasa de explotación de los trabajadores y la inseguridad social de éstos frente al capital. Es así que en DYN se anunciaron 60 despidos (sobre 130 trabajadores) y los atrasos en los pagos se hicieron sistemáticos -un preanuncio de la rebaja salarial. En mayo y junio, los trabajadores de DYN debieron realizar paros parciales para cobrar sus salarios adeudados. En Julio, frente al reclamo de llevar el mínimo a ₳ 70.000, la empresa pagó un básico de ₳ 40.000 (¡reconoció un 118% frente a una inflación cercana al 200%!) aduciendo que “eran a cuenta de las paritarias”. Que el convenio aún no haya salido, sin embargo, no le impidió descontar unilateralmente la mitad del adelanto de ₳ 30.000, el cual -para los trabajadores privados- debe ser acordado en las negociaciones paritarias. Como resultado, el personal cobró lo mismo o aún menos que el mes pasado y aún se dieron casos de compañeros que quedaron debiéndole plata a la empresa. Ante esta situación, el viernes 11 la asamblea de DYN resolvió un paro total que se cumplió masivamente. El Ministerio de Trabajo -con la celeridad de un rayo-aplicó la conciliación obligatoria y ordenó la vuelta al trabajo. Pese a la intimidación ministerial, el paro se cumplió hasta el lunes por la tarde, cuando una nueva asamblea resolvió levantarlo, pero manteniendo una serie de "medidas internas" de fuerza en reclamo de los ₳ 70.000 de mínimo. La monopolización del negocio periodístico, en que están empeñados los Mitre y los Noble, está indisolublemente unida al ataque a las condiciones laborales de los trabajadores de prensa.

El país asiste a una puja capitalista que tiene por víctimas a millones de trabajadores. De un modo brutal esto se expresa en los medios de comunicación. Clarín quiere quedarse con Canal 13 y con una porción mayor de Papel Prensa. Ámbito Financiero con Canal 11. Los pulpos extranjeros con el 49% del paquete accionario de cualquier medio, según el artículo 45 de la ley de Reforma del Estado aprobada por el Senado. En los medios, como en todos los órdenes, las 300 empresas “líderes” han jugado sus piezas con todo cuidado. Luego de haber desatado una colosal hiperinflación hoy quieren llevarse todo a precio vil. Luego de haber derrumbado al austral, hoy están en condiciones de comprarse el país por unos pocos dólares y a esta operación delictuosa la llaman "batalla por la eficiencia", “desarrollo de la Iniciativa privada”, "liquidación de la pérfida gestión estatal”, "solución al déficit". ¿Pero quiénes son responsables del "déficit” de los medios en manos del Estado sino los mismos pulpos que hoy se disponen a terciar en el remate? ¿Quién, sino los productores nacionales y extranjeros de programas enlatados, los que "vivieron” de los canales y las radios con contratos leoninos, son los que hoy se aprestan al festín de los medios? Que se abran los libros de cada canal y cada radio a cargo del Estado para que los trabajadores puedan sacar a luz todos y cada uno de los chanchullos y enjuiciar a los chupasangres. Es una mentira en toda la línea que "ahora se viene la privatización". Los canales y radios a cargo del Estado ya están "privatizados" y vaciados por los pulpos. Existe una gestión capitalista que ha sido llevada adelante por la burocracia estatal y que ha significado el saqueo sistemático de los recursos públicos en favor de los defensores de la "libertad de empresa". Ahora, producido el afano, viene la convocatoria de acreedores y los responsables del desfalco pretenden pasarle la factura a los trabajadores y a los contribuyentes. Detrás de la “privatización” se juega algo mucho más importante que la sustitución de un interventor o un directorio por otro. Se juega el intento de liquidar conquistas históricas en salarios, condiciones de trabajo y organización de los trabajadores de los medios. Se juegan las libertades de expresión y cultural. Imponer la aceptación del salario "ménemo" del plan Bunge y Born como se pretende en Clarín o en las radios. Despedir a centenares de trabajadores en aras de la “racionalización" como se plantea en los canales. Convertir a los sindicatos en cuevas de funcionarios estatales y alcahuetes de Triaca y Barrionuevo. Una gran movilización sindical y democrática Todo esto ha tenido una primera respuesta excepcional. La movilización comenzó a fines de junio, cuando los artistas empezaron a parar por falta de pago. En radios y canales estatales el ascenso del nuevo gobierno significó el inicio de persecuciones políticas y un agravamiento de las condiciones laborales, pero los trabajadores respondieron con medidas de acción en Belgrano y Excelsior y luego de conjunto. Clarín salió a la huelga contra la reducción del salario. El cierre del 11 y el 13 fue orquestado por el gobierno para quebrar esta resistencia de trabajadores y artistas, y no por una súbita preocupación contra el "derroche" de fondos. "Fuera Maloney" era la consigna más popular en Canal 13 y Maloney era el hombre puesto por Clarín para consumar la "limpieza” previa al traspaso formal de propiedad. La reacción de los trabajadores y artistas fue contundente. El acto de los “Martín Fierro" se convirtió en una jornada de denuncia contra el cierre y le dio alcance nacional a los reclamos. Golpeado, el gobierno respondió con una maniobra: firmó un acta por el cual se compromete a girar fondos "exclusivamente" por la nómina salarial y compromete a las organizaciones sindicales a implementar la "privatización" junto a los funcionarios. Los problemas siguen en pie: los trabajadores y artistas no han cobrado sus sueldos; Clarín, Ámbito y los grupos tienen asegurado el remate de canales y radios en su favor, Maloney sigue a cargo del “trabajo sucio" en Canal 13. Es necesaria una movilización profunda contra los rematadores y “su" gobierno, por el salario, contra la entrega de los medios, por la gestión mayoritaria de trabajadores y actores. El método es la asamblea y la huelga general activa. La condición es la independencia política frente al gobierno y los partidos capitalistas. Fuera los pulpos de los medios, fuera los interventores de los canales, por un salario de ₳ 200.000, fuera los Bunge y Born.

El lunes pasado, los docentes se enteraron por los diarios que SUTEBA dejaba sin efecto la resolución de comenzar ese día un plan de paros generales, en apoyo a la reivindicación de ₳ 50.000 de salario básico. Sin consultar a nadie, la burocracia de Mary Sánchez había firmado un acuerdo con Cafiero por ₳ 30.362. SUTEBA ignoró el 80% del reclamo sindical en un mes que verá llover sobre el pueblo el supertarifazo. La indignación ante esto fue muy grande. En una asamblea de San Martín, nos cuenta una compañera: “Hubo mucha gente, delegados y afiliados. Algunos delegados traían mandato pidiendo la renuncia de los dirigentes seccionales del SUTEBA. Gente independiente planteó que se trataba de una traición y pidió explicaciones de por qué no se consultó a las bases. Los dirigentes sólo replicaban que se aceptó porque se logró la ‘unificación salarial’. Hubo manifestaciones de escuelas que planteaban su desafiliación masiva...". La situación se repitió en otros distritos y en numerosas escuelas el paro siguió. Luego de la capitulación del SUTEBA, el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria al resto de gremios en paro (Federación Sarmiento, SADOP y AESBA), para lo cual no está legalmente autorizado. La docencia bonaerense había estado en las puertas de una huelga general. Por medio de asambleas masivas y en algunos casos mediante la autoconvocatoria, se había arrancado a la burocracia paros semanales en la que confluirían todos los sindicatos docentes de la provincia por primera vez desde la huelga del 88. El temor a la huelga general obligó al “gobernador del pueblo” a subir la propuesta salarial de 23.000 a 30.000 australes, lo cual fue suficiente para la burocracia del SUTEBA, cuyos sueldos y prebendas son superiores al sueldo docente. En el acuerdo se establece que los docentes bonaerenses percibirán en agosto ₳ 10.000 “no bonificables" que serán descontados sin embargo por los adelantos de julio. La dirección del SUTEBA se justifica así: “Muchos olvidan la paciencia que este gremio tuvo con el gobierno de Alfonsín hasta la realización de la primer medida de fuerza y... ahora quieren una en la primer semana”, según lo declarado por Mary Sánchez a Nuevo Sur (2/8/89), como si el supertarifazo y las remarcaciones no hubieran sido provocadas en una semana. Al ritmo de la inflación, la docencia ya ha tenido más “paciencia” con Menem que con Alfonsín , pues el riojano tardó siete días en hacer lo que al de Chascomús le llevó cuatro o cinco años. La huelga general en la provincia sigue planteada, esto como consecuencia del agravamiento de una situación que es ya desesperante. (Hasta el meneado “boleto docente” está en veremos y sólo se resolvería alguna limosna para los maestros rurales). Como resultado de toda la experiencia de los dos últimos años y del alineamiento del Sindicato con el Estado los maestros tomarán en cada distrito la iniciativa de la huelga. Ya ha ocurrido esto en Sarmiento, en San Martín, donde los docentes pasaron por encima de la burocracia resolviendo “marchas” y “sentadas”. La asamblea en La Plata, por su lado, había resuelto un plan de paros en el distrito previo a la huelga declarada del SUTEBA. La cuestión es los saqueadores capitalistas o los docentes; la deuda usuraria o la educación; los ricachones o nuestros niños. Para Mary Sánchez, la crisis la tienen que pagar los pobres En la reunión del Consejo Federal de Educación -que nuclea a los ministros de educación- el ministro Salonia anunció que “se acentuará la política de traspaso del nivel medio a los distritos como ya lo solicitó Capital Federal” (Clarín, 3/8). A su vez, Salviolo, quien es secretario de Educación de Cafiero y al igual que Salonia hombre de la Iglesia anunció que la provincia pretende “municipalizar” las escuelas. Esto significa, como lo explicó Salonia, que “las responsabilidades financieras las deberá asumir cada uno en su jurisdicción”. Las “jurisdicciones" a las que se refiere el ministro están todavía más quebradas que el propio Estado nacional. Este se limitará a atender el pago de las deudas usurarias con la pandilla capitalista que acaparó los ministerios. Mary Sánchez ha aportado lo suyo a esta propuesta de derrumbes "Estamos de acuerdo con la descentralización -declaró a Nuevo Sur, 2/8/89-, pero en el caso de que, por ejemplo, se junte un grupo de padres y decida financiar otro sistema de enseñanza, algo que ya fue utilizado por el modelo chileno en estas épocas de crisis”. Tenemos así, de un plumazo, que la abogada del convenio salarial único concuerda con un sistema que terminará hasta con los salarios provinciales, y hasta podría llegarse al extremo de que se diferencien por establecimiento. La descentralización llevaría a sus últimas consecuencias el carácter clasista de la educación, porque será bien diferente lo que ocurra en los municipios ricos, o con los padres ricos, que en los más pobres y aun misérrimos. Se va, así, a la total privatización de la enseñanza. Pero si se privatiza la educación, la salud y la previsión social, y si se privatiza incluso el ejército -ya que toda la producción militar será privada - ¿qué función le queda al Estado si no es la represión y el pago de las deudas? El Estado menemista de Mary Sánchez se trata a sí mismo como una maquinaria dirigida exclusivamente a exaccionar a los contribuyentes en beneficio de los acreedores internacionales y nacionales. La doble contabilidad del doctor Cafiero Desde su programa en Radio Provincia, el gobernador Cafiero fatigó a los docentes con la afirmación de que las ‘'arcas están vacías” para aumentar los salarios y los aportes a los comedores escolares. A estos el gobierno de la “justicia social” les ha asignado ₳ 70 por alumno. ¿Por qué no intenta el gobernador alimentar a sus nietos con este presupuesto? Pero al mismo tiempo los tenedores de títulos Vavis, emitidos por el Banco Provincia, festejaban una renta del 120% en dólares en un solo mes. ¿Comerán los poseedores de Vavis (Bunge y Born, Pérez Companc, socios do la Rural, Bridas) por ₳ 70 al día?

La semana pasada se realizaron las elecciones de Centro en el colegio Carlos Pellegrini. Franja Morada, dirección del Centro, obtuvo el primer lugar con 750 votos (45%), unos 200 más que el año pasado, en tanto que la Ucedé logró 230 votos, unos 120 menos que el año anterior. Los "independientes" hicieron bloque con el menemismo y sacaron 370 votos, 250 votos menos que los que obtuvieron separados un año antes. I.U. pasó de 75 a 140 votos. Si se observa bien, hubo una oscilación muy aguda en el electorado del Pellegrini, pues los radicales aumentaron su caudal un 40%, la Ucedé cayó un 50%, el bloque menemista perdió un 35% de votos y la Izquierda Unida creció un 85%. Cayeron brutalmente los partidos del gobierno "liberal y popular” y creció la oposición, lo cual permitió a la Coordinadora Radical recoger votos del ucedeísmo y de peronistas "renovadores". En este marco la Lista Naranja formada por la UJS y por estudiantes independientes socialistas, sacó 130 votos (8%) con lo cual cuadruplicó el resultado anterior y obtuvo un congresal a la FES. La elección de la Naranja, que casi emparejó a la alianza PC-Mas-Intransigentes varios, es otro síntoma más que se va recogiendo de que está en marcha un ascenso de la tendencia revolucionaria en la juventud. Desde principios de año, la Naranja aglutinó al activismo que lucha por reconstruir el centro independientemente de las listas políticas patronales y durante la campaña electoral hizo un planteo de contenido clasista y socialista.

El viejo reclamo del boleto estudiantil ha vuelto a generalizarse. La semana pasada, mil estudiantes fueron reprimidos en Córdoba por la policía al manifestar por esta cuestión. También en Lomas de Zamora los estudiantes y aun los docentes ganaron la calle por los mismos objetivos. “Puro boleto” El boleto estudiantil que pretende implementar el gobierno, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, es un talonario que autoriza 25 viajes mensuales, discriminados de acuerdo con los días hábiles del mes, que se obtiene con un descuento del 50% mediante el correspondiente pago adelantado. El boleto solo tiene vigencia en determinados horarios, pero aun así hay empresas que no los aceptan o que establecen su propio régimen horario. En oposición a este planteo "oficial" existe toda una corriente estudiantil que reclama un boleto equivalente al 10% del boleto mínimo, válido para todas las líneas y horarios, que sea entregado en los colegios bajo la forma de una credencial. Un negocio El boleto cafierista no deja de ser un negocio para las patronales del transporte, sin que se resuelva por ello el terrible problema de los estudiantes. El pago mensual adelantado significa una escandalosa financiación (porque el interés es cero) que las empresas no tienen en su operatoria corriente. Los estudiantes otorgan de este modo un crédito a los capitalistas ¡en nombre de la "solidaridad" que éstos estarían prestando a sus jóvenes usuarios! Como el Estado le abona a las empresas, por su lado, el otro 50% del boleto, tendríamos que si las patronales colocan el adelanto en el mercado financiero terminarían aumentando sus recaudaciones actuales. Al final del circuito así montado los usuarios pagarían dos veces (como pasajeros y como contribuyentes del Tesoro provincial). No hay que olvidar tampoco que el gobierno otorga subsidios a las empresas en concepto de combustible y desgravaciones impositivas. Algunas empresas no han podido resistir a la tentación de establecer sus propios regímenes horarios para este boleto, que lógicamente coincide con los momentos de menos movimiento de pasajeros. En estos casos, el beneficio obtenido es absoluto, esto porque da un mayor uso a la capacidad de transporte de la empresa. Pan y libertad La reglamentación de los horarios de uso del boleto regimenta la movilidad de los jóvenes que estudian, en un intento de confinarlos al trayecto escuela-hogar. Coarta otra clase de iniciativas de la juventud, incluida la de buscar trabajo fuera de los horarios de escuela. Una monstruosidad semejante sólo puede haber sido concebida por un régimen que ve con temor el libre movimiento de los jóvenes. Se verifica aquí el espíritu con que el régimen político existente aborda los problemas de las masas. Con la limosna se procura suplantar al salario, sin dejar de aprovechar el sometimiento así creado para reglamentar la vida del pueblo y conceder beneficios adicionales a los explotadores. El “boleto" de Menem revela la oposición insuperable entre el gobierno "justiciero-liberal" y la libertad. La lucha de los estudiantes por su "carnet de transporte" equivalente al 10% del salario mínimo, o por el talonario de boletos igual al 10% del boleto mínimo, es también una lucha contra la manipulación política y por la libertad. La victoria sería un paso de afirmación social de la nueva generación contra la decadencia capitalista.

"Alrededor de 300 secundarios del Instituto Lomas, junto a un grupo de profesores y docentes, nos movilizamos el miércoles 9, para reclamar por la implementación del boleto estudiantil. “La marcha se realizó por el centro de Lomas, terminando frente al diario “La Unión", donde se hizo entrega de un comunicado donde planteábamos el conjunto de reivindicaciones: “1) Boleto igual al 10% de la tarifa mínima. "2) Boleto por viaje y no por abono mensual, ya que esto significa tener que pagar por adelantado, lo que los estudiantes no podemos bancar. "3) Salarios dignos para docentes y trabajadores en general, pues la mayoría de los padres no pueden sustentar los estudios de sus hijos con el actual deterioro salarial. "Quedó planteada para el próximo miércoles 16, a las 19 horas, una Asamblea en la Plaza de Lomas, a la que se invitará a todos los colegios del Distrito.

En las recientes elecciones estudiantiles en el Colegio José Hernández, de la localidad de Moreno se impuso —con más de 500 votos - el frente Naranja-Violeta, integrado por la UJS y estudiantes independientes de orientación socialista. La lista oficialista -ligada a la Cooperadora y a la dirección del Colegio- había desistido de presentarse a último momento ante la evidencia de una segura derrota y había llamado a votar en blanco. A pesar de este boicot y de las presiones de la Dirección, la votación fue masiva. La contundente victoria de la Naranja-Violeta refleja una aguda evolución política. En el Hernández la dirección del colegio había pretendido impugnar a la Naranja-Violeta, con el argumento de que su programa levantaba puntos que no eran "específicos" del Colegio. Dentro de tal "acusación" había colocado al "medio boleto estudiantil”, "salida laboral para los jóvenes”, "basta de tarifazos", “apertura de los libros de los pulpos del transporte”, “fuera la injerencia del clero” y el "no pago de la deuda externa”, entre otras. Es decir que el estudiantado fue forzado a pronunciarse en términos políticos, y así lo hizo al imponer la legalidad de la lista y luego su victoria.

Los estudiantes secundarios cordobeses vienen protagonizando un vigoroso ascenso —cuya base es el reclamo del "boleto estudiantil" gratuito. Es que la consigna del “boleto estudiantil” gratuito impulsa un vasto movimiento de organización y lucha de decenas de colegios, y de enorme simpatía por parte de los docentes, los padres y la población en general, que está relacionado con la “estafa del millón de dólares" provocada por la devaluación de los cospeles de transporte y con el abusivo aumento del boleto. La movilización comenzó con numerosas asambleas en las escuelas y la formación de una Comisión de Lucha, que resolvió sacar un petitorio que fue firmado por más de 8.000 compañeros. A la marcha de entrega de esas firmas al Concejo Deliberante, concurrieron más de 1.000 estudiantes. El Presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Municipio no dio ninguna solución aduciendo que con el boleto gratuito "las empresas perdían plata”. Cuando se les respondió que "tendríamos que ver los libros de las empresas para ver si eso era verdad" y que el interés nacional de educar a la juventud estaba antes que el "sagrado" derecho de las empresas a la ganancia, el "representante del pueblo” sólo pudo ofrecer su silencio. Este debate "civilizado" no impidió que luego de la movilización, mientras se realizaba una asamblea frente al Enet N° 4, la policía provincial reprimiera brutalmente a los secundarios. Después de los palos y los gases, detuvo a 27 adolescentes que fueron nuevamente apaleados en dependencias policiales, en una muestra de la "compenetración al trabajo" de los "guardianes del orden”. Pero esto no amilanó a los estudiantes, de modo que a las pocas horas una nueva marcha, que más que duplicó en número a la del Concejo Deliberante, recorrió el centro de la ciudad exigiendo la liberación de los detenidos y la gratuidad del "boleto estudiantil”. La libertad de los 27 detenidos fue una victoria arrancada mediante la acción por parte del movimiento secundario. Las persecuciones y “apretadas" que se viven en los colegios siguen calentando los ánimos. Lo que se discute ahora es cómo seguir y profundizar la movilización. La UJS (secundarios) de Córdoba propone dos cosas: 1) El llamado a una manifestación monstruo de todo el estudiantado, la docencia y la población, no solamente por el boleto estudiantil gratuito sino también por el uso de un solo cospel para viajar y 2) La convocatoria de un gran Congreso de los estudiantes secundarios en defensa de la educación y del derecho a estudiar que nuclee a todos los colegios de la ciudad y que elija una dirección del movimiento estudiantil responsable ante las bases.

¿Cuál es el balance fundamental del gobierno Menem hasta el momento? Para quienes acreditan que el peronismo es una “idea” de “justicia social” y no un movimiento político que por su contenido está obligado a reflejar la posición de la burguesía nacional en el país, las primeras semanas del gobierno Menem han sido una experiencia de la que aún no se han repuesto, simplemente porque no pueden explicarla. Esta limitación insuperable la sufre también la izquierda que sin embargo se considera marxista, cuando opone los “ideales” del peronismo o una selección arbitraria de los discursos de Perón a la “dura” realidad del menemismo. Con esta conducta se quiere forzar a los trabajadores a mirar hacia atrás en lugar de superar en forma definitiva a los movimientos de contenido burgués. Se pretende convertirlos en víctimas potenciales del primer demagogo que se presente en el futuro para salvar al Estado burgués y al capitalismo de la inevitable crisis mortal que sufrirá la experiencia menemista. Adjudicarle al peronismo el carácter de encarnación de una “idea”, y en particular de la “justicia social”, es considerarlo poco menos que eterno y un canal obligado para las masas explotadas, que es como lo consideran los apologistas de derecha y de izquierda de la burguesía nacional. Semejante posición tiene paralizados a los “opositores” peronistas al menemismo y a la propia izquierda democratizante, la cual ha sido incapaz de formular una consigna de conjunto para cohesionar la lucha popular a través de una perspectiva política. Desde el partido comunista se plantea que es la hora de la “resistencia” pero no de la “oposición”, una distinción que consiste en no plantear para la primera una perspectiva anticapitalista general. Desde el morenismo se anuncia por octavo año consecutivo la “profundización de la situación revolucionaria”, pero curiosamente no se plantea una consigna de poder para ella, prefiriendo omitir el bajo nivel subjetivo de las masas que aún no han roto con el menemismo y cayendo en el repetido error de no comprender que una situación revolucionaria supone un giro histórico independiente de las masas y no tiene lugar sin el concurso activo del partido revolucionario allí donde éste se encuentra presente. La “cháchara” de la “situación revolucionaria” esconde una actitud de pasividad política frente al gobierno menemista. Los movimientos nacionalistas de contenido burgués se transforman en populares cuando logran disimular ante las masas su carácter capitalista. Dedican a esta tarea todo el arsenal de la demagogia antimperialista y socializante. Pero cuando estos recursos ponen de manifiesto sus limitaciones y cuando la crisis capitalista se acentúa, esos mismos movimientos nacionalistas se ven obligados a desnudar su carácter de clase burgués, cosa que hacen con tanto más énfasis cuanto que necesitan borrar las impresiones de su demagogia pasada y otorgar toda clase de seguros a la burguesía y al propio imperialismo. El peronismo, sin embargo, todavía intentará protagonizar una alternativa “popular”, pero esto solamente cuando la experiencia menemista esté agotada, nunca antes, y ella tendrá solamente un carácter episódico para impedir que las masas transiten por un camino político independiente. La Rural El “aplauso de las vacas” en la Sociedad Rural, muestra hasta qué extremos puede virar la posición del nacionalismo burgués en defensa de los más bastardos intereses de clase, sin suscitar ninguna oposición significativa de parte de los dirigentes justicialistas y del radicalismo. El episodio de la Rural tuvo como protagonista al secretario Solá, un hombre del cafierismo, que ya en el gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó una activa gestión de apoyo a la oligarquía, a la que “refinanció” sus deudas con el Banco Provincia por “chaucha y palito”. Otro hecho significativo lo constituyó la aprobación de las leyes de emergencia y de privatización por parte del Congreso, el cual llegó a autorizar el “blanqueo” de los fraudes impositivos (y por lo tanto a convalidar la hiperinflación desatada por la burguesía a partir de febrero pasado por medio del boicot al pago de los impuestos). El congreso también cedió a la presión de incorporar a las petroquímicas del Estado en la lista de privatizaciones y a aceptar la capitalización de las deudas —un mecanismo, este último, que significa entregar las empresas del Estado a precio cero. La supuesta “oposición” ubaldinista o cafierista, que tiene sus diputados en el Congreso, aceptó todo esto sin chistar. Los acontecimientos legislativos prueban que la burguesía apoya integralmente al gobierno menemista, es decir que aún no se puede hablar de una crisis de éste. Una crisis de gobierno plantea siempre la cuestión del recambio político, como ocurrió con el desplazamiento antes de término de Alfonsín, aunque éste hubiera querido llegar hasta diciembre y Menem lo mismo, no así la clase que representan, la cual movilizó todos sus recursos desestabilizadores para acelerar el cambio. Lo que el gobierno Menem tiene planteado desde el comienzo es la necesidad de superar la crisis del régimen político democratizante y del Estado burgués; a eso apunta toda su política de entrega al imperialismo y a la gran burguesía, el indulto a los militares, la “menemización” de la CGT, los plenos poderes que ha arrancado al Congreso en materia económica y política, en definitiva, la consolidación de una dictadura civil que puede recurrir asiduamente al estado de sitio y a la intervención de las provincias. Recién una crisis de este proyecto político plantearía un “giro cafierista” o “renovador" para contener la crisis y un ascenso de masas mediante la participación de la “izquierda” de la burguesía. Malvinas El justicialismo que en su momento se jactó de las consignas de “soberanía política y de independencia económica”, está protagonizando la mayor pérdida de autonomía nacional de toda la historia como lo pone de relieve la cuestión de Malvinas. Luego de haber asegurado que pondría “bajo un paraguas” la cuestión de la soberanía argentina, se ha visto obligado a empaparse hasta los huesos bajo una impiadosa lluvia. Gran Bretaña ha rechazado cualquier declaración que pusiera a resguardo los reclamos soberanos de las partes mientras se discutían otros puntos de aproximación. Menem ha aceptado el ultimátum de la Thatcher y ahora está previsto declarar el cese de las hostilidades, lo cual eliminaría las trabas formales que encontraban los ingleses para consolidar las relaciones de “sus Falklands” con los países costeros de América Latina. A cambio de esto la Thatcher levantaría la “zona de protección militar”, lo cual simplemente facilitaría los acuerdos de los pulpos capitalistas pesqueros con los ingleses para explotar la zona en torno a Malvinas, convertida en plataforma marítima y pesquera británica. La verdadera razón de esta política la ha explicado el propio presidente al decir que serviría para renegociar la deuda externa y conseguir el apoyo de los Estados Unidos. La soberanía nacional ha quedado reducida a una cuestión financiera, lo cual no es más que la aplicación de un criterio capitalista riguroso para los problemas nacionales. La soberanía nacional ha caído bajo el hacha de los Bunge y Born y Citibank. Indulto El imperialismo y la burguesía nacional también exigen poner fin a los juicios militares, porque según La Nación la estabilidad militar es “un requisito para que vengan inversiones extranjeras”. Mientras Menem se empeña en la defensa curialesca de la “reconciliación nacional”, los capitalistas dicen claramente que sin una camarilla militar que controle firmemente a las fuerzas armadas, no hay negocios. Esto se lo acaba de plantear a Menem el “grupo de los 8” y la misma cuestión recibió el aplauso más estruendoso en la Rural. Los propios norteamericanos mandaron a un destacado representante a intervenir en el tema, algo que Menem no puede arreglar sin el concurso de los yanquis. El enviado, R. Luger, fue el que impidió que la caída de Marcos en Filipinas se transformara en guerra civil; el hombre no es un cualquiera. Detrás del indulto quiere asegurarse el control de las FF.AA. para la camarilla de los generales pentagonistas, eliminando todo tipo de sospecha que pudiera haber de concesiones fundamentales a Seineldín y compañía. El indulto, ni consagra la “reconciliación nacional” ni constituye un acto de “pacificación”, se limita simplemente a encubrir el desenlace de la lucha de facciones dentro del ejército en favor de aquella que cuenta con la mayor confianza del gobierno norteamericano. El indulto no es más que una autoamnistía, esto porque el que indulta y sus beneficiarios pertenecen al mismo régimen social y al mismo Estado. Mediante el indulto el estado de derecho se despoja de su envoltura beata y angelical y se revela descarnadamente como un sistema arbitrario de despotismo político. La Tablada Esta arbitrariedad está encarnada por todo el régimen, no solamente por el gobierno, como lo demuestra el juicio de La Tablada. La Cámara ha recurrido a la teoría del “objeto procesal” para impedir que los acusados puedan ampliar los términos del juicio a una investigación de las operaciones políticas, incluso conspirativas, que estuvieron por detrás de la represión al copa-miento, ni qué decir de la investigación de todo el proceso de alzamientos militares y “capitulaciones civiles” que enmarcan los acontecimientos de La Tablada. Los jueces quieren condenar una acción que se habría cometido contra el Estado sin admitir la posibilidad del examen de la acción del Estado y de sus funcionarios. Se trata de un proceso “trucho”, cuya función es encubrir el proceso de amnistía militar y los enjuagues entre Bunge y Born y Firmenich, quienes pregonan su mutua absolución cuando tienen pendiente, y por lo tanto en negociación, una diferencia de 60 millones de dólares. La obligada tarea de una vanguardia obrera en el momento actual es definir el carácter de su oposición al gobierno de Menem, y de ninguna manera sostener que este carácter se deba definir “andando por el camino”, porque en este caso no se sabe a dónde conduce ese camino ni se ayuda a unificar la resistencia popular en un cuadro político concreto. La vanguardia obrera debe ser una oposición socialista al menemismo, porque la única alternativa consecuentemente progresiva a éste y al fracaso de su experiencia es la revolución socialista. Naturalmente, se trata de ayudar a los trabajadores a que asimilen esta experiencia a partir de su nivel subjetivo actual. La consigna “Fuera los Bunge y Born” constituye en estas condiciones el eje de una alternativa de poder, porque “los Bunge y Born” no son solamente un ministerio sino el contenido general del presente gobierno y del conjunto del régimen político actual. Esa consigna ofrece el ángulo para desenvolver las perspectivas de poder de las propias masas, ya que establece una oposición de clase con el régimen imperante y tiene un inconfundible carácter anticapitalista, y por lo tanto consecuentemente nacional.

El país vivió durante varios días una novela de detectives. ¿Quién -se preguntaban periodistas, legisladores, políticos y funcionarios- había metido “de contrabando” una reforma al artículo 58 de la ley de emergencia que acababa de aprobar el Senado, autorizando de este modo a los evasores fiscales a "regularizar” su situación sin la obligación de pagar multas, cargas o ajustes por inflación -es decir a pagar en australes “hiperdesvalorizados”? Como en “el gran pirulero” todos decían “yo no fui”. Los diputados prometían a quienes quisieran escucharlos que ellos derogarían la reforma “bastarda” cuando el proyecto entrara en revisión a su Cámara. Lo que estaba en juego era enorme. Significaba “blanquear” los fraudes impositivos de Tierra del Fuego que se han calculado en dos mil millones de dólares. Significaba “blanquear” los producidos por la “promoción industrial” por una suma similar. Significaba “blanquear” la deuda impositiva contraída por el “80% de los grandes contribuyentes”, que desde principios de año habían retenido impuestos por valor de 450.000 millones de australes de julio, pero que son tres veces más si se los ajusta con la inflación. La ley de emergencia concebida para “terminar con los subsidios del Estado”, se transformaba con la “reforma" en un único y gigantesco subsidio, como nunca antes hubiera ocurrido en la historia del país. El gobierno que subía para “sanear” las finanzas del Estado se convertía en el cómplice e incluso ejecutor del mayor fraude financiero e impositivo jamás visto. Los Bunge y Born y sus compinches quedaban con las huellas digitales puestas en el más grande saqueo del Estado perpetrado nunca en beneficio de un puñado de capitalistas. ¿Quién fue? “Fui yo”, respondió la DGI, es decir el gobierno. “Es la única forma de cobrar algo”, dijo su titular. La estafa resultaba así justificada con el supremo argumento de la “necesidad”. Pero ningún trabajador argentino es tratado con los mismos miramientos. Si no pagamos los servicios nos los cortan y las facturas vienen indexadas y a veces fraudulentamente calculadas. El “perdón" por miles de millones de dólares para los capitalistas que tienen 46.000 millones “verdes” en el exterior, ningún perdón para los explotados. El presidente Menem aseguró “en forma terminante” que la reforma no iba a pasar. Pero pasó. En Diputados faltaron los 2/3 necesarios para rechazar el proyecto del Senado. Los funcionarios del Estado mostraron otra vez más a qué clase social representan. Ha quedado “blanqueado" un fraude que beneficia a los pulpos. Pero también se ha puesto en evidencia quien armó la hiperinflación criminal de los últimos meses: precisamente los evasores que llevaron al Estado a la bancarrota. Al comienzo del “don pirulero”, cuando se pensó que la “reforma” beneficiaba solamente a uno o dos grupos de capitalistas, se tuvo la impresión de que no pasaría. Pero cuando la DGI explicó que era un reclamo de la clase capitalista en su conjunto, los “poderes constitucionales” dijeron sí. Gobiernan los capitalistas y nadie más. Gobiernan los evasores.