Prensa Obrera N° 275

“La posibilidad de otro levantamiento popular (en China) es alta y puede suceder pronto, ya que el actual equilibrio político es Insostenible y la situación no puede continuar por mucho tiempo. La desaparición de Deng Xiaoping o el deterioro económico pueden precipitar una nueva crisis”. Esta significativa afirmación está contenida en el informe mensual de julio de la publicación “Comentario Económico de Asia”, de la multinacional Merrill Lynch (El Cronista Comercial, 20/7). El informe se encarga de resaltar el papel fundamental jugado por la resistencia popular en la acelerada descomposición del régimen al señalar que, pese a la ley marcial, “la producción industrial y el comercio han decrecido entre el 20 y el 30% en las últimas semanas" (id), como consecuencia de la baja en la productividad y el ausentismo laboral. Por eso la represión ha tomado como blanco principal a la clase obrera industrial. Otro vocero imperialista, el corresponsal del Washington Post en Pekín, coincide con esta visión. Bajo el sugestivo título de “Temor por conflictos obreros”, el corresponsal informa que "algunos funcionarios (chinos) prevén que habrá otra ola de agitación laboral con el aumento del ahorro forzoso... que obliga a los obreros a aceptar hasta un 25% de sus sueldos en bonos del Estado” (Clarín, 21/7). Todos estos “peligros” demuestran que bajo la pesada losa de la ley marcial, la revolución política está viva. Esto explica sobradamente la resolución de Bush de autorizar la venta de ciertos armamentos y de no embarcarse en nuevas “sanciones" económicas contra el régimen pequinés, amén de continuar la colaboración estratégica en materia de inteligencia militar entre ambos estados. El informe de la Merrill Lynch traduce también el pesimismo de los círculos imperialistas acerca del futuro de los “negocios” chinos”. “La perspectiva económica china a corto plazo —señala— es decididamente turbia y pesimista (lo que) ha socavado las perspectivas del crecimiento y alterado notablemente el equilibrio económico de la reglón" (id). El informe de Merrill Lynch revela que el imperialismo no se hace ninguna ilusión sobre el futuro de su aliado chino.

Una ola de huelgas obreras sacude a la Gran Bretaña thatcheriana. Una huelga indefinida de los portuarios paraliza, desde hace quince días, más de sesenta puertos y la mitad del comercio exterior. El sindicato nacional ferroviario, por su parte, aplica quite de colaboración y viene realizando un paro diario de 24 horas por semana desde hace cinco semanas, los que coinciden con los paros semanales de 24 horas de los subtes y los ómnibus londinenses. Cada siete días, una huelga general de los transportes paraliza la capital del país. En los últimos días, se sumaron más de medio millón de empleados públicos con paros de 48 horas semanales y hasta los periodistas y locutores de la BBC salieron a la lucha. Todos reclaman aumentos de salarios y la defensa de viejas conquistas. Fin de un ciclo Algunos observadores hablan ya del “verano del descontento”. La denominación alude a “las huelgas del ‘invierno del descontento’ de 1978/79 (que) provocaron la caída del gobierno laborista de James Callagham” (O Estado de Sao Paulo, 14/5). La ola de huelgas ha coincidido con la reciente derrota conservadora en las elecciones del Parlamento Europeo. Los analistas que predijeron la crisis de gabinete última, aseguran que habrá un adelantamiento de las elecciones previstas para 1992 (La Nación, 21/7). El ciclo thatcheriano está en franco descenso. Hace ocho meses "The Economist'' constataba que “Gran Bretaña registra el mayor déficit de intercambio (proporcionalmente mayor al estadounidense), las mayores tasas de interés y la segunda tasa más alta de Inflación en Europa... (ocasionados) en una proporción enfermiza por el continuo auge del crédito" (El Economista, 16/12), advirtiendo que produciría "una ola de reclamos salariales". La pobreza de las masas británicas se acentuó enormemente bajo el régimen de la Thatcher y ya provocó las grandes huelgas de enfermeras hace cerca de un año. Ahora la prensa señala la enorme miseria de los docentes y la completa descomposición de la educación pública. Es evidente, entonces, que el excepcional movimiento huelguístico tiene detrás de sí un fondo de enorme agitación social. En el plano político general, todo esto revela el agotamiento del thatcherismo , en su carácter de respuesta política, que pretendió ser de fondo, a la crisis capitalista mundial. Tal fenómeno se liga naturalmente a una recomposición del movimiento obrero en la que muchos habían perdido sus flojas esperanzas. Semejante combinación anuncia un auge de la lucha de clases y de las crisis políticas en Europa y en Estados Unidos y Japón.

En las dos últimas semanas tuvo lugar en la Unión Soviética una extraordinaria serie de huelgas de los mineros del carbón. En su momento más alto el número de huelguistas llegó al medio millón, en regiones tan distantes como Ucrania , Siberia y aún el Ártico (Vorkutá). Se formaron Comités de Huelga en cada una de las minas y Comités Regionales de Huelga. Para algunos observadores, “los mineros han prácticamente gobernado el Kubass”, en Siberia (Página 12, 23/7). Los trabajadores ocuparon la plaza pública, las "asambleas fueron ininterrumpidas” y "las discusiones con las autoridades fueron transmitidas por las radios locales". “Lo más llamativo, dice el Washington Post, fue la autonomía política de los obreros. Los mineros mismos prepararon sus discursos y organizaron los comités”. Otra característica importante fue la enorme participación de las mujeres, a las que un corresponsal describe tomando enardecidamente los micrófonos para plantear sus protestas. Todos estos datos revelan una larga maduración, que ahora sale a la luz bajo la forma de un excepcional movimiento de lucha. Es esto lo que explica que los huelguistas rechazaran diversos compromisos propuestos por los enviados de Moscú, debido a "la desconfianza en los dirigentes”. El detonante del movimiento fue la crisis de abastecimientos de productos elementales, los bajos salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo. La lucha, sin embargo, adquirió de inmediato un carácter francamente político. Los Comités de Huelga se constituyeron en completa oposición a los sindicatos oficiales y a las autoridades del partido comunista; tuvo lugar un principio de doble poder, que se manifestó con toda claridad en la reglamentación que se estableció con relación a la venta de alcohol y a diversas cuestiones de convivencia colectiva. La huelga produjo una caída brusca de la delincuencia, una característica histórica de las luchas populares. En lo que hace a las reivindicaciones políticas se planteó el derecho de huelga y la abolición de los privilegios de la burocracia, y hasta se llegó a poner en práctica esta reivindicación mediante "inspecciones a las casas de personalidades" —eufemismo que oculta al burócrata. Patrullas obreras de este tipo configuran una acción típicamente revolucionaria. De acuerdo con The New York Times, en varios distritos se reclamó la organización de un congreso obrero nacional. En Vorkutá fue planteada la abolición del monopolio político del partido comunista (Clarín, 25/7). Contra todas estas evidencias, el diario Nuevo Sur afirma que las huelgas se hicieron en apoyo a la "perestroika”. En realidad le han asestado un golpe fundamental, porque la “perestroika” prevé la eliminación de grandes conquistas obreras y un enérgico encarecimiento del costo de vida. El autofinanciamiento con que Gorbachov quiere arreglar la crisis del régimen económico burocrático, obligaría a reducir los salarios de los mineros debido al bajo rendimiento de los yacimientos, tecnológicamente anticuados. Los mineros plantearon en su plataforma, en cambio, una especie de control de la gestión minera en todas las localidades. “El movimiento fue vivido en el partido comunista como una grave crisis”, señaló AFP (21/7). Gorbachov planteó públicamente esta "crisis política” (Clarín, 25/7). Entretanto, los movimientos de lucha nacionales se siguen desarrollando en seis de las catorce repúblicas soviéticas, ante la impotencia oficial. “A lo largo del país las alarmas están sonando”, se alarmaba The Economist ante las huelgas mineras. El ingreso abierto a la acción por parte de la clase obrera pone fin a las ilusiones sobre las posibilidades de una "autorreforma” de la burocracia y de la reestructuración de la economía de acuerdo con los planes del FMI . La entrada en acción de la clase obrera despeja el panorama ideológico en la Unión Soviética, que pretendió dominar el llamado “liberalismo occidental”, en favor de la "revolución política", verdaderamente comunista. Los alcances de la lucha del proletariado soviético se harán sentir en todo el mundo, en particular en el movimiento obrero de Europa oriental y occidental.

Entre gallos y medianoche, Guillán convocó al congreso de delegados de Foetra Capital y ante un centenar de hombres de su lista (la oposición decidió no concurrir) hizo “aprobar” todo lo actuado por él mismo. También llamó a una asamblea general de afiliados para el 1° de agosto, con vistas al Congreso de la Federación Nacional, donde se tratará la modificación de estatutos que permita la reelección de Guillán. Para toda esta maniobra Guillán cuenta con el aval de Triaca. Inmediatamente después del congreso de delegados Guillán firmó con ENTel un aumento de salarios del 100% para julio “a cuenta da futuras negociaciones”, que tendrán lugar recién el 15 de agosto. Este "aumento” es el 50% del aumento de la inflación y hasta puede ocurrir que el sobre salarial llegue a ser inferior al de junio con el descuento de la mitad del adelanto de los ₳ 30.000. El plenario de delegados autoconvocados de la oposición decidió concurrir a la asamblea del 1° de agosto con un petitorio firmado por la base del gremio el cual reclama que se trate la privatización, el salario y la normalización gremial, en ese orden. Mientras tanto, la lista Celeste y Blanca, que agrupa al sector peronista de la oposición, ha abandonado las consignas de fuera María Julia Alsogaray y fuera Guillán, lo que hace suponer que pretende una coexistencia con los privatizadores del tipo de la de Ibañez en YPF. La dirección de la Celeste y Blanca se ha opuesto a plantear la elección de una comisión provisoria en Foetra Buenos Aires, en varios plenarios de delegados lo que motivó críticas en sus propias filas. Hay que plantear sin vacilaciones la expulsión de María Julia Alsogaray y de Guillán de ENTel y de FOETRA y la revisión del acuerdo salarial, por un mínimo de ₳ 150.000 y el aumento del 200%.

El día 12 de julio se realizaron elecciones de comisiones gremiales internas en el Banco Nación y en el Provincia de Buenos Aires, de la seccional Chivilcoy, la cual agrupa a más de una veintena de localidades y la quinta en importancia por la cantidad de afiliados. En el Banco Provincia triunfó la lista 8, basada en un amplio espectro de delegados de base, muchos de ellos “veteranos” de la lucha antiburocrática contra el zanolismo. Entrevistamos a Miguel Pastorini, delegado general de la lista triunfante, elegido para la interna, trabajador del Banco Provincia de Mercedes y miembro de la Lista Naranja Bancaria. P.O.: ¿Cuál es el origen de la lista 8? R.: La lista 8 nace como una necesidad de contar con una herramienta gremial que gravite entre los bancarios y particularmente en el Banco Provincia con un propósito básico: ser fiel sólo al interés de los trabajadores. Muchos de nosotros veníamos representando a nuestros compañeros como "provisorios", queríamos la representatividad legal que la conducción de la seccional se negaba a darnos. Después de cinco años de normalización, nunca se llamó a elecciones pesar de que en el caso de nuestro banco se exigió reiteradamente. Muchos de los hoy electos participaron de un verdadero hecho histórico como fue enfrentar a la representación del “zanolismo" hace cinco años en la seccional y a pesar de nuestro escaso desarrollo dimos dura batalla y perdimos por unas decenas de votos. Pero lo más relevante —así lo considero— es que este nucleamiento agrupa a los delegados elegidos por los compañeros bancarios, siendo una genuina lista de la base bancaria. P.O.: ¿Cuál es el programa de la lista? R.: Fundamentalmente, la lista se basa en una gran adhesión a los principios de la democracia sindical, en primer lugar a la asamblea general. Esto no es casual —vuelvo a repetir que la lista es de delegados de base— y como dato ilustrativo señalo que cuando iniciamos la campaña electoral más que hacer proselitismo hicimos una tarea de organización para que se eligieran delegados en aquellos lugares donde no existían, una tarea que obviamente no mereció grandes esfuerzos de parte de la conducción de la seccional. Nuestra unidad de acción está sustentada en la defensa de las reivindicaciones del trabajador bancario, abandonada por la burocracia. La lista está compuesta por compañeros da diversa extracción política y la mayoría de ellos se pronunció por un programa de “independencia frente a los partidos políticos”. Lo determinante en esta postura es la desconfianza respecto a los partidos tradicionales, que es de donde provienen gran parte de los compañeros que hoy integran la 8, y no la hostilidad a quienes planteamos la formación de un partido propio de los trabajadores. De todos modos los hechos concretos irán clarificando, esto se Irá dando cuando tengamos que salir a defender las conquistas que quieren ser avasalladas por la actual política económica y financiera y que pretenden golpear duramente nuestro gremio. P.O.: ¿Qué tareas tienen planteadas hoy? R.: La defensa de nuestro salario y de la fuente de trabajo. Existe una fuerte dispersión salarial, un serio achatamiento de escalas y una fuerte merma de los Ingresos reales. La tarea as vasta y va a exceder los propios marcos de nuestro banco y de nuestra seccional.

Los trabajadores fueguinos están atravesando por una situación desesperante. Desde hace sesenta días, la paralización de las fábricas electrónicas es generalizada. La mayoría de los trabajadores están suspendidos y en algunas fábricas —como ITC— se han producido despidos. A esto se suma la paralización de la obra pública, que empuja al hambre a centenares de compañeros de la construcción. Las patronales de la electrónica se declaran afectadas por "la suspensión de la promoción industrial”, cuando ésta ni siquiera ha comenzado. Las patronales pretenden que la crisis sea pagada integralmente por los trabajadores. Ante esta situación, las autoridades territoriales están facilitando la emigración al continente bajo compromiso de "no volver al territorio en los próximos cinco años”. Es así que centenares de familias sin trabajo se han visto obligadas a irse en las últimas semanas, malvendiendo viviendas y objetos personales adquiridos con años de esfuerzo. Los que llamaron a poblar el territorio en nombre de la "soberanía” y de la “barrera poblacional en el Atlántico Sur", golpean en defensa de la única “soberanía” que les importa, la de los pulpos electrónicos. La CGT y los gremios fundamentales de Río Grande (como la UOM y la UOCRA) han respondido en forma inocua y episódica, que no se corresponde con la gravedad de la situación planteada. Esto contrasta con la iniciativa tomada por vecinalistas y activistas barriales de Río Grande, que en una asamblea de más de 300 compañeros formaron el Movimiento de Desocupados de Tierra del Fuego. Entre otros puntos reclaman la entrega de víveres y medicamentos en las barriadas populares, un subsidio a todos los trabajadores desocupados, el no pago de las tasas municipales y una reducción del 75% en las tarifas de gas y luz. Los sindicatos deben seguir el ejemplo de lo resuelto por el Comité de Desocupados y reclamar la garantía horaria; un salario básico de emergencia de ₳ 120.000 para todos los obreros y estatales del territorio; la confiscación de toda planta que suspenda, cierre o despida. La grave situación exige impulsar un congreso de delegados obreros, barriales y juveniles que resuelva un programa y un curso de lucha.

Los artículos 43 y 69 de la “Ley de Emergencia Económica” derogan una importante conquista de los empleados judiciales y legislativos del país y de la mayoría de los empleados públicos nacionales y provinciales: la Ley de Enganche. En este rubro la “emergencia” no se limita a “suspensiones temporarias” en nombre de los “derechos adquiridos” por los ladrones de subsidios. ¡Al final, bajo el capitalismo el trabajador no va a ser medido con la misma vara! La ley de enganche relaciona los cambios de sueldos de estos sectores con los de la Corte Suprema, que por el art. 96 de la Constitución no deben perder su valor adquisitivo. El enganche no significa otra cosa que el ajuste del salario a la inflación. El "enganche” viene del 62. Fue derogado por la dictadura de Onganía, repuesto bajo el peronismo, vuelto a derogar por Videla, y vuelto a aplicar por Bignone para garantizar el salario de los militares bajo el gobierno constitucional. La “emergencia” de Menem excluye del “desenganche” a los militares. El gobierno “democrático” de Alfonsín intentó tirar abajo el enganche que no prosperó debido a las grandes luchas de los judiciales durante el 84 y 85. Ahora Menem La consigna de Menem es terminar con los privilegios, un verso archirepetido por los Videla y los Alfonsín . Basta con una ojeada al gabinete justicialista para ver el grado de cinismo que encierra este slogan. Para los patrones las conquistas que los trabajadores alcanzaron con la lucha son “privilegios". Así destruyeron la Ley de Estabilidad Bancaria y el Estatuto de Prensa. Ahora viene el "desenganche". En cambio los subsidios, las coimas, la promoción industrial, no son otra cosa que “estímulos legítimos" Preparemos la resistencia El 19 de julio se realizó una asamblea de más de mil trabajadores en el Congreso, que repudiaron la derogación del enganche y plantearon su no aplicación. En Judiciales la posición de Alonso, secretario de la UEJN, es tolerar el “desenganche”, hasta las paritarias de 1990, como si éstas por otra parte pudieran derogar una ley. Por el contrario la votación de los cuerpos de delegados de distintos fueros ha sido empezar la lucha por la no derogación del enganche. En el Fuero Laboral se aprobó sacar una solicitada y realizar una marcha al Congreso. Para el viernes 28 se ha convocado un plenario nacional de delegados judiciales. Es necesario, con todo, algo más firme y decisivo: un plan de lucha, un plan de lucha en serio, en Asambleas en todos los fueros y una Asamblea general del gremio. Al mismo tiempo es necesario coordinar con los demás compañeros afectados (Pe.Ci.FA, Tribunal de Cuentas, empleados del Congreso, etc.), y con los sindicatos de estatales de todas las provincias incluidos en este régimen. Hay que rechazar de plano la tesis de la burocracia de que la posibilidad de mantener esta conquista depende de no “mezclar" a los judiciales con el conjunto de los trabajadores.

“La Razón” no se edita desde hace una semana debido a la virtual desaparición física de la patronal. No hay papel ni tinta y las deudas por salarios son siderales. Es el segundo “vaciamiento” de "La Razón” después de aquél perpetrado por Pirillo, quien acaba de ser detenido en Río de Janeiro buscado por la justicia argentina. Este nuevo directorio de cuño alfonsinista no pagó los ₳ 8.000 no remunerativos y respondió con 51 despidos a la reacción del personal de prensa. También contrató a matones de la empresa "Laser” (dirigida por personajes vinculados a los organismos de seguridad y los “servicios”, según los compañeros de “La Razón”) que reprimieron con navajas, gases lacrimógenos y chorros de agua a los dirigentes del sindicato, delegados, despedidos y compañeros del gremio que realizaban una concentración (el martes 11) en la puerta del diario. La dirección de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) decidió de inmediato un paro general, cuyo cumplimiento así como la divulgación masiva de la represión (fue filmada por la televisión y trasmitida también por varios medios) provocaron la intervención de altos funcionarios del gobierno y la vuelta atrás de la patronal. Ahora, el lockout plantea la necesidad de ocupar las instalaciones de la planta y de que el Estado asegure la edición del diario con el control de los trabajadores. Así se terminará con el "martirologio” de este medio de vida por parte de los sucesivos grupos capitalistas que se turnaron en su saqueo de la última década.

Una importante asamblea de trabajadores de prensa a la que concurrieron cerca de 500 compañeros (la cifra más alta en muchos años) decidió Iniciar un plan de lucha por 350% de aumento salarial para julio y el fin de tas suspensiones y despidos que han crecido rápidamente en este último período. La resolución incluye la formación de un Comité de Lucha (que ya comenzó a funcionar), formado por delegados, activistas y la Comisión Directiva, un plan de paros escalonados, la realización de una movilización callejera y el trabajo por una acción coordinada con los compañeros gráficos, locutores y demás trabajadores de los medios de difusión y aquellos que se encuentren en conflicto por reivindicaciones similares a las del gremio de prensa. Este contundente planteo de los trabajadores fue en respuesta a la postura patronal que, en las paritarias, ofreció un 115% para julio, un 30% para agosto y un 10% para setiembre y que fuera rechazada por la delegación paritaria sindical. La asamblea mostró el clima de combatividad que reina en el gremio. La casi totalidad de las intervenciones estuvieron orientadas a apoyar el plan de lucha y a realizar denuncias de las respectivas patronales, así como a explicar los conflictos que existen en distintas empresas del gremio. Este espíritu no viene del aire. Tiene su antecedente en las grandes luchas que -por reclamos salariales y contra los despidos y suspensiones - han recorrido el gremio en este último tiempo. Entre los más importantes estuvieron el masivo paro de prensa por los despidos en La Razón; la ocupación del diario Clarín -junto a los gráficos- en reclamo de un aumento de salarios del 328%; el paro general por 72 horas de la agencia NA por el pago de salarios y por aumentos de salarios (por primera vez en muchos años se bloqueó la salida del diario y del servicio de la agencia, respectivamente) y la movilización en Editorial Abril por las suspensiones masivas, que conquistó el pago de los salarios caídos y la reincorporación paulatina de los suspendidos. Las patronales intentan una maniobra. En la paritaria ofrecen una miseria pero las mismas grandes empresas que pilotean la negociación están proponiendo cifras sustancialmente mayores a sus trabajadores. Esto tiene el obvio objetivo de desmembrar al gremio quitando la fuerza de las empresas con mayor organización sindical, manteniendo sueldos miserables para todo el resto. Hay que romper la maniobra y canalizar las negociaciones hacia las paritarias. La consigna debe ser: aumento unificado para todo el gremio.

La burocracia del Supe desató un conflicto con el “compañero” Frigerio, a raíz del nombramiento por parte del interventor de funcionarios en YPF con sueldos de ₳ 700.000 y de la firma de ocho contratos pendientes del Plan Houston cuya aprobación correspondía a la Secretaría de Energía. El conflicto llevó a una negociación de ultracúpula en la Rosada con el ministro del Interior. Frigerio “debió aceptar que Aráoz pusiera límites y se quedara con el rol de que él es quien decide la política petrolera" (Ámbito, 20/7). Se dio marcha atrás con el nombramiento de los funcionarios frigeristas y la secretaría de energía quedó a cargo del Plan Houston. De todo esto se concluye que los dirigentes del Supe preservaron al interventor frondizista en el mismo momento en que la crisis ponía su cabeza en juego. Del slogan inicial “Frigerio no pasará" se ha pasado ahora al "Frigerio es de palo y no interesa". La burocracia volvió a capitular ante el gobierno y los pulpos. Vuelve a aceptar el Plan Houston, el Petroplan, la participación del capital privado en la comercialización de productos de YPF, el “naftazo”, todo a cambio del verso del “control interno" de la empresa y del “monitoreo" del Supe sobre las áreas a entregar. El programa de la burocracia del Supe es el de la “patria contratista”. La lucha por la independencia energética nacional reclama la expulsión de Frigerio de YPF, la apertura de los libros, la derogación de los contratos, la nacionalización integral de la industria petrolera, y el control de los trabajadores.

En Neuquén los estatales hemos decidido poner fin a la sangría salarial. Como hemos informado en el pasado a través de Prensa Obrera, los estatales sufrimos dos grandes derrotas, en diciembre de 1987, y en mayo/junio de 1988, como producto de la traición de la directiva Verde de ATE. Esto fue aprovechado por el gobierno provincial para “desengancharnos” de los salarios públicos de la Nación y llevarlos a niveles de miseria absoluta, al punto que el 80% de los estatales cobramos ₳ 8.000 por mes. La necesidad de hacer cumplir en la provincia el pago de los ₳ 8.000 y el adelanto de los ₳ 30.000 provocó un reanimamiento de la lucha salarial y de la actividad sindical. Nuevos delegados comenzaron a sumarse a los plenarios provenientes de Obras Públicas, APA y Administración Provincial del Agua. En estas circunstancias, la agrupación Naranja y Blanca volanteó extensamente las dependencias de Neuquén Capital para reclamar un 500%, a lo que se sumó en algunos lugares el volante del PO (“500% para ellos, 500% para nosotros también"). En el Hospital Central esta consigna fue votada en asamblea. A partir de esta votación el reclamo se generalizó y fue asumido por la totalidad de los delegados en un plenario posterior. Junto a esta consigna salarial la Naranja y Blanca cuestionó el argumento permanente del gobierno, referido a la supuesta falta de fondos del tesoro provincial. Es así que hemos denunciado el manejo discrecional de los fondos y la política oficial de prebendas, subsidios, exenciones de impuestos, etc., que ofrece el MPN a los grandes capitales en la provincia, como la Cerámica Neuquén, del grupo de Bunge y Born , Río Colorado y Bridas, Sideco y PercoMar del Grupo Macri, Pérez Companc, Techint , etc. En los dos últimos plenarios "llovieron" denuncias de chanchullos de varios organismos estatales, produciendo un rico debate entre los delegados. El desenmascaramiento de los pulpos que integran el actual gobierno nacional desarrolla la conciencia política de los activistas. En este marco está ganando adeptos el planteo de la Naranja-Blanca sobre la necesidad de constituir un comité de lucha, que sea responsable ante la asamblea general del gremio. El martes 25 se votó una movilización a la casa de gobierno, de la que también participarán los trabajadores de la legislatura, y para el jueves probablemente movilice toda la coordinadora estatal, incluyendo a docentes, municipales, viales, judiciales y UPCN . Con la consigna salarial votada, el reclamo mínimo de los estatales neuquinos es de ₳ 77 000. Este debe ser el reclamo irrenunciable de ATE, sin admitir “topes” artificiales que pueden “venir” de Buenos Aires, pues en Neuquén es muchísimo lo que tenemos que recuperar, ¡sin que esto signifique que con ello nos devolverán lo que concretamente hemos perdido en cada una de las semanas y meses de todo el presente año!

El 31 de julio y el 1° de agosto se reunirá el congreso de CTERA que deberá elegir autoridades por un nuevo período. La figura puesta es Mary Sánchez, dada la mayoría de congresales celestes surgidos de comicios regimentados, proscriptivos y repudiados por la base. Frente a la burocracia celeste se presentará la lista Blanca, hegemonizada por los radicales y con Ediberto Sánchez (AMSAFE) a la cabeza. Este dirigente ha hecho circular una "propuesta de ‘unidad’" que consiste en impulsar un nuevo congreso "con la participación orgánica de todas las entidades gremiales del país” y en la reforma de los estatutos para volver a los confederales (congresos con delegados electos por la base)". Lamentablemente, la Blanca no comenzó por casa, organizando una lista contra la burocracia actual mediante los procedimientos que reivindica. La propia lista Blanca es corresponsable de la política de paros aislados que está desangrando a la docencia. El MAS plantea la elección de la dirección por voto directo, no está claro si abogan por el boicot al Congreso. De cualquier modo, la movilización por el voto directo plantea la necesidad de asambleas, las cuales no dejarán de discutir el salario y asumir ellas mismas la dirección de la lucha. No hay forma de esquivar la cuestión de la organización de las bases El voto directo puede ser el pretexto para una campaña de firmas pero no para impulsar una lucha activa. El eje sigue siendo el salario (₳ 75.000 para julio, como fue votado en algunos distritos, en oposición a los ₳ 27.000 del gobierno) y la movilización nacional del gremio por medio de asambleas y una nueva dirección.

El gobierno ha fijado en ₳ 27.000 el "salariazo” para los docentes, y hasta puede ser menos según lo que se decida con el adelanto salarial de fines de julio. Este equivalente a un litro de leche y un kilo de pan diarios más el gasto de transporte, fue firmado por Solimano, por la Feten y convalidado por Ctera . Suteba ha pedido, como si no pasara nada, "que el incremento del 150% sea aplicado sobre el básico de ₳ 11.041 que rige para la Nación y no sobre los ₳ 8.260 de la provincia", como si esto no diera los ₳ 27.000 apuntados más arriba ¿Quién dio mandato para esta destrucción del salario? No fueron los docentes de La Plata, que votaron en su momento el reclamo de ₳ 22.000 a junio, la indexación mensual y el boleto docente. Ni los de San Martin, que votaron no iniciar las clases después de las vacaciones de invierno. Ni los de Morón, Berazategui y otros distritos, que llegaron a similares conclusiones. Para los dirigentes de Ctera o del Suteba "la cuestión del salario —dicen— está reservada a la Ctera y la paritaria nacional. Pero tal paritaria es un "verso" como lo demuestran los crecientes desniveles entre las provincias. Frente al cerrojo mortal que representa la burocracia de Ctera o de la Feten, se plantea la necesidad de las asambleas para impulsar un reclamo salarial único de ₳ 75.000 y el boleto docente como ya fuera votado en algunos distritos.

El viernes pasado se produjo un violento encontronazo en el puerto entre la burocracia que lidera César Loza y las bases portuarias. En las ranchadas pudimos hilvanar con los estibadores la trama de los acontecimientos. El enfrentamiento entre César Loza y los trabajadores data de hace mucho tiempo. En numerosas oportunidades, asambleas masivas mediante, Loza y sus acólitos fueron repudiados y expulsados del gremio, pero terminaron rescatados por el Ministerio de Trabajo. Ocurre que en el puerto se mueven intereses económicos muy poderosos manejados por Murchinson, Román, Dodero, Plata Estiba, que junto con la Capitanía del Puerto, necesitan de un sindicalismo domesticado como el de Loza. Pero el abismo que separa a éste de los estibadores se verifica en que el paro que dispuso la burocracia después de los sucesos del viernes no fue cumplido para nada. El encontronazo del viernes fue, entonces, una cuenta más en ese largo rosario de entregas y frustraciones. Las patronales no habían cumplido con el pago del adelanto de los 30.000 australes. Loza había comunicado que solo pagarían ₳ 11.000. Los estibadores se autoconvocaron asamblea el jueves 20 y resolvieron exigir el pago de los ₳ 30.000 pero también el pago completo del aguinaldo y una recomposición salarial de acuerdo con la inflación. De la asamblea salió una delegación de 200 estibadores que concurrió al Ministerio de Trabajo donde fueron atendidos por el Subsecretario de Trabajo, Marcol. El viernes Loza volvió con la misma propuesta de los 11.000 australes, lo cual provoca la indignada reacción de la gente. Loza asume ante esto una actitud prepotente y se retira de la asamblea acompañado de otros miembros del sindicato, mientras Sandoval (alias el mosquito) integrante de la directiva del sindicato, comienza a disparar con un arma de fuego, hiriendo a un estibador que no había estado en la asamblea. Esta es la verdad de la publicitada "agresión” a Loza. El adelanto de los treinta mil todavía no se concretó y, por supuesto, tampoco las restantes exigencias de los estibadores. Esto no debe sorprender cuando el asesor del sindicato y el presidente de la paritaria en representación del Ministerio de Trabajo es un elemento activo de las Tres A —aseguran los portuarios— como el abogado Pisiotti. Los monopolios del puerto y la Capitanía saben perfectamente que para continuar con los pagos en negro, con el trabajo de manos incompletas (menos cantidad de trabajadores) o con el vaciamiento de la obra social necesitan dirigentes venales. Por estas razones recurren a los métodos represivos cuando surge como ahora una camada de activistas concientes. La lucha en el puerto continúa porque está en juego la subsistencia de nuestras familias. La burocracia es un obstáculo en la lucha por las reivindicaciones.

Con el pretexto de terminar con la ola de delincuencia en la provincia, el gobierno peronista de Domato ha iniciado una campaña represiva contra las barriadas obreras de la ciudad. Como en los mejores días del "proceso” irrumpen en las villas camionetas, autos, celulares y carros de asalto, los que arrasan con todo cuanto encuentran en su camino. Los barrios "Bombilla”, “El Piolín”, “El triángulo”, “Villa del Parque” y otros han sido el blanco de esta campaña. La policía busca televisores, bicicletas, heladeras, radio grabadores, comida, etc., supuestamente robados en los últimos saqueos. Exigen las boletas de compra de todo artefacto, como si hubiera que guardar por años los recibos de pago. Pero incluso se llevan todo aún contra la presentación de la boleta. A un vecino que le mostró al curioso policía el recibo correspondiente, éste le espetó un "no importa, falta el sello” y se llevó el radio grabador. Los operativos policiales han redundado en atropellos a niños y mujeres, cientos de detenidos y por sobre todo el robo liso y llano de todas las pertenencias de los vecinos. Al ir a buscar los artefactos a la policía, se responde que no se hallan allí y que nadie sabe dónde están. Cualquier parecido con la época de Bussi, ¿es pura coincidencia? En Villa del Parque la represión mostró la hilacha hasta el final. Toda la comisión directiva del centro vecinal fue detenida y el comedor popular que había instalado con el esfuerzo de los vecinos fue completamente destruido. En la casa del secretario del centro vecinal fue arrancado, roto y pisoteado un afiche de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué se busca con esta acción? Es evidente que la política es quebrar por el terror a las villas de emergencia y barriadas obreras. La detención de vecinales, la destrucción de los comedores populares, y el robo de las pertenencias de los trabajadores desmoraliza a vastos sectores de la clase obrera. Se pretende en suma evitar todo tipo de respuesta a la ofensiva mortal del capitalismo. Se teme —como decía Bauzá— que la paciencia de las masas se acabe. Para ello siguen vigentes los métodos del estado de sitio.

Ferroviarios de Temperley Junio 2 de 1989 "Los abajo firmantes, trabajadores ferroviarios de la Seccional Temperley, repudiamos el Estado de Sitio y exigimos la inmediata libertad de los detenidos del Partido Obrero y de todos los detenidos del Estado de Sitio". Siguen 40 firmas Pronunciamiento de Ernesto Goldar Bs. As., 23 de Julio de 1989 Compañero Director de Prensa Obrera "La persecución contra los dirigentes y militantes del Partido Obrero constituye un acto de estricta injusticia. Lastima los sentimientos democráticos de los argentinos, hace peligrar el derecho de opinión, y pone en su sitio a la justicia burguesa, que ampara al privilegio y castiga a los desposeídos. "El enjuiciamiento criminal de los ciudadanos nombrados es, por sobre todo, el síntoma irrecusable de un sistema social que apela a estos procedimientos como una de las tantas maneras de simular su propia ruina. "Los acusados no están solos. Diez millones de hambrientos los absuelven.” Ernesto Goldar Del Partido Comunista de Morón COMITE REGIONAL OESTE Morón, 1 de junio de 1939 Compañeros del Partido Obrero: "En estos momentos tan dramáticos que vive nuestro pueblo, en el que miles de hombres, mujeres y niños decididos a no morirse de hambre, luchan y se movilizan contra esta política antinacional. "Los verdaderos responsables de estos hechos son la política económica del gobierno Radical, avalada de hecho por la cúpula Justicialista y sustentada por los provocadores profesionales, activistas subversivos: el Grupo de los Ocho, La Sociedad Rural y la Patria Financiera, aliados incondicionales del Imperialismo. Se reprime al pueblo y se agita el fantasma del Macartismo y de la Caza de Brujas contra la Izquierda que es solidaria con las luchas de los más humildes y desprotegidos. "El Partido Comunista repudia la provocación de los allanamientos al C.C. del P. Obrero y otros locales de su partido y se solidariza con los compañeros. "Basta de represión y persecución al pueblo y sus luchadores. Libertad a todos los compañeros. "Levantamiento ya del estado de Sitio. "Un saludo revolucionario." Rubén Varone Secretario P. Comunista. Reg. Oeste Martín Gutiérrez Ex candidato a 1er Concejal por Izq. Unida y miembro de la Dirección del P.C. Morón Del PC, IP y Mas de Lanús Lanús, junio 2 de 1989 Señor MINISTRO DEL INTERIOR D. Juan C. Pugllese S/D BALCARCE 50 "Los abajo firmantes, representantes de organizaciones políticas y populares de la Ciudad de Lanús, exigimos: 1) La inmediata libertad de los máximos dirigentes del PO (JORGE ALTAMIRA Y OTROS MILITANTES) y la de los demás presos políticos. 2) El inmediato cese de toda persecución judicial/política y policial contra los militantes de las organizaciones políticas del campo popular. 3) El levantamiento inmediato de la clausura de todos los locales del PO y la derogación del Estado de Sitio." Partido Comunista - (Lanús) Domingo Villa Intransigencia Popular - (Lanús) Di Giulio Cesare Movimiento al Socialismo - (Lanús) Del POR (España) "El 1 de junio fueron detenidos Jorge Altamira y otros 8 dirigentes trotsquistas del Partido Obrero (PO). La víspera fue asaltada por la policía de Alfonsín la sede de este partido en Buenos Aires. Numerosos militantes trotsquistas del PO y del Mas han sido detenidos desde que comenzaron en Rosario y otras ciudades del país los asaltos de la población hambrienta a almacenes y comercios. Jorge Altamira y sus compañeros se encontraban en la Casa Rosada sede de la presidencia argentina, para entrevistarse con el ministro del Interior y protestar de sus provocaciones contra los trotsquistas, cuando fue violentamente secuestrado por la policía "Jorge Altamira es un dirigente trotsquista conocido en todo el mundo. Sin duda que denunció la política que condena al hambre al pueblo. Sin duda que denunció los negocios de los potentados argentinos, vendidos al Fondo Monetario Imperialista, hacen con el hambre popular. Sin duda que su causa es la del pueblo desesperado antes que las de los empresarios, los policías y los 'carapintadas'. Pero esos son todos sus 'crímenes' que le honran en el movimiento obrero mundial. "La conspiración que ocasionó los asaltos del pueblo a almacenes es la conspiración entre la burguesía argentina (Alfonsín y Menem) y el Fondo Monetario Internacional, para esquilmar al país y condenar al hambre al pueblo. Las cínicas acusaciones contra los trotsquistas son otra conspiración, entre Alfonsín, Menem y los militares genocidas, los discípulos de Videla, para poner sobre el cuello del pueblo la bota militar. "Enviad telegramas de protesta ante la embajada argentina en Madrid, P° de la Castellana, 53 (D.P. 28046), exigiendo: ¡Levantamiento del estado de sitio! ¡Abajo el pacto Alfonsín-Menem contra los trotsquistas! ¡Libertad sin cargos para Jorge Altamira!" Telegrama del Diputado brasileño Vladimir Palmeira – PT Sindicato de empleados bancarios de Bauru "Folha de Sao Paulo"

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de “ley de emergencia” al que atribuye la capacidad de resolver los problemas históricos del país y multiplicar milagrosamente los panes. Los tarifazos y remarcaciones que se han producido hasta el momento se justificarían, así, solo como medidas de emergencia para detener la “hiperinflación”, en contraste con esta “ley de emergencia’’ que daría definitiva solución a los males nacionales. Esta ley terminaría con subsidios y subvenciones, lo que debería poner fin a la crisis fiscal que Argentina arrastra desde 1853. Al consagrar la “autonomía del Banco Central ” estabilizaría para siempre la moneda, algo raramente alcanzado desde la declaración de la Independencia. Lo más notable, sin embargo, de este notable planteo, es que quienes lo propician no son otros que los mismos grupos capitalistas que en los últimos cuarenta altos montaron y perfeccionaron el monstruoso edificio que ahora pretenden derribar. ¿Han sido ganados a la “revolución productiva”? ¿Las voces oficiales están anunciando, por fin, el despertar argentino? Subsidios El régimen de subsidios a los grandes capitalistas es responsable por mucho más que el monto del déficit fiscal. Cuando se computan los regímenes de promoción, los reembolsos a las exportaciones y las subvenciones a la petroquímica y a las refinadoras de petróleo, la suma total de los subsidios orilla los 10.000 millones de dólares. Esta cifra supera en dos veces el déficit fiscal de un año “normal”. Esto significa que Argentina es un país estructuralmente superavitario, ignominiosamente saqueado por un grupo de tres mil empresas capitalistas. A estos subsidios “explícitos” es necesario añadirles los “implícitos” pero no por ello menos concretos. Se trata de la evasión impositiva y de la evasión previsional, que rondan conjuntamente los siete mil millones de dólares. ¿La “ley de emergencia” pone fin a todo esto? Ni roza el problema; su objetivo es, en realidad, crear la posibilidad de otros subsidios más y arremeter a fondo contra derechos decisivos de los trabajadores. La ley establece la suspensión, pero no la eliminación, de los subsidios y subvenciones por seis meses y la devolución, por lo tanto, con posterioridad a esta fecha, de los importes correspondientes. Invoca para obrar de este modo la figura jurídica de los “derechos adquiridos”, según la cual nada puede despojar a sus beneficiarios de las concesiones otorgadas por el Estado. Lo dice claro el subsecretario de Coordinación Económica, Saúl Bouer: “el Estado devolverá los impuestos devengadas que se suspenden durante el período de emergencia económica” (Cronista Comercial, 26 de julio). La afirmación de que se termina con el desfalco económico contra el Estado es, entonces, un verso en regla. En realidad, esta “ley de emergencia’’ ni siquiera “suspende” las subvenciones fiscales. Durante su vigencia, el Estado devolverá a las empresas el pago de sus salarios y los aportes de previsión, obviamente no más allá de lo que recibían en concepto de subsidios (Bouer en el Cronista). En el caso de los exportadores, podrán seguir recibiendo los reembolsos en bonos, que servirán para abonar diferentes compromisos comerciales c impositivos con el Estado. No se elimina ni se suspende nada. Por si fuera poco todo esto, el Poder Ejecutivo queda facultado para “renegociar” contratos que importen subsidios con las empresas correspondientes, es decir, que podrá mantener las subvenciones. En lo referente a los subsidios, esta “ley” es entonces un gran camelo. Su única función es abrir un paréntesis que permita la rediscusión global con los capitanes de la industria sobre el conjunto del régimen de corruptelas económicas que benefician a la burguesía para lo cual el proyecto compromete al Estado a dictar una nueva ley de promoción. Esta negociación ya ha comenzado a desatar una dura lucha de intereses, y esto explica adicionalmente la puja de los diferentes grupos por ocupar posiciones dentro del aparato estatal. La “ley de emergencia económica” encubre, en realidad, el mayor y más gigantesco de los subsidios otorgados al gran capital en el último tiempo, y que no es otro que la descomunal caída del salario real provocada por el “dólar superado”, las “tarifas recontraaltas” y las remarcaciones de precios. El gobierno justicialista pretende consagrar las relaciones de precios generadas por la especulación hiperinflacionaria, con evidente perjuicio para el salario. La “transferencia de ingresos” de los asalariados hacia el capital, como consecuencia de la caída del poder adquisitivo de los trabajadores que se fue operando en el último alto, supera los diez mil millones de dólares. La “ley de emergencia” no corrige esta situación ni pretende hacerlo, a pesar de que es la única verdadera emergencia que vive el país. Autonomía del Banco Central Ninguna moneda nacional puede mantener un valor estable si el Estado que la respalda paga 10.000 millones de dólares en subsidios diversos, tolera evasiones y fraudes por 7.000 millones de dólares, paga intereses por la deuda externa por 5.000 millones de dólares y hace otro tanto con la llamada deuda interna por tres mil millones de dólares —todo esto por año. La afirmación de que la inflación no tendría por causa esta situación sino la política de emisiones del Banco Central para financiar al Tesoro, es una tontería, muy interesada por supuesto. Sin emisión se hubiera producido la quiebra fiscal y económica general. La inflación resultante la pagaron los trabajadores. Para establecer la “autonomía” del Banco Central sería necesario superar el déficit del Tesoro y otra cosa más: el propio déficit del Banco Central. Este es mayor aún que el del Tesoro, y resulta de los intereses que tiene que pagar el Banco Central por los títulos de la deuda interna así como por los depósitos que los bancos tienen en el Banco Central. La “autonomía” del Banco Central encubre, en realidad, una operación financiera contra el pueblo. Con el argumento, precisamente, de que un Banco Central endeudado no puede ser autónomo, se pretende pasar todas las deudas financieras de éste al Tesoro, en cuyo caso serán pagadas con impuestos y no con emisión. El pago de la deuda interna pasará así a ser estatizado como en su momento lo fue la deuda externa. “La idea es sustituir los encajes (de los bancos) con títulos del gobierno —acaba de decir el presidente del Banco Central a “Clarín” (22/7) — (así) en lugar de pagados el Banco Central los pagará el Tesoro”. Los tarifazos e impuestazos al consumidor estarán destinados al pago a los acreedores usurarios y nada tienen que ver con los costos de las empresas del Estado ni con el mantenimiento de la administración pública. La “autonomía del Banco Central” oculta el traspaso a los contribuyentes (que son los consumidores) de una deuda de 4.000 millones de dólares esencialmente contraída con los Citibank y Bunge y Born. Esta es la realidad de la cuestión. La ley encarga también a los contribuyentes el pago de los depósitos de los bancos que han quebrado, atendidos hasta ahora por el Central. Se crea un Instituto Movilizador para los bancos quebrados, cuyo financiamiento no está señalado, pero que deberá venir también del Tesoro. El pueblo argentino pagará los hechos y des-hechos de la patria capitalista. Esta depuración permitirá al Banco Central encarar lo que hoy se considera “política monetaria" con exclusividad: la conversión de la deuda externa a australes — es decir el subsidio a los tenedores de títulos argentinos en el exterior. La “ley de emergencia” apunta así a la gran colonización económica y financiera del país, lo cual privará al Banco Central de los últimos trazos de su “autonomía”. Está claro que esta ley no tiene nada de “emergencia”, y que su pretensión es reorganizar los subsidios del actual régimen para montar un colosal régimen de subsidios. “Flexibilidad laboral" El artículo 42 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a disponer la revisión de los regímenes de empleo” de toda clase en todas las ramas del Estado. El artículo 43 establece el desenganche de los salarios del personal judicial, Pecifa, provinciales, etc. de los correspondientes a los jueces y legisladores nacionales —lo cual les quita el ajuste por inflación. El proyecto introduce así, a la vez, la autorización para eliminar por vía administrativa conquistas y derechos laborales y para bajar simultáneamente el salaria lo que significa convertir al trabajador estatal en un miserable, salvo que prefiera pasar a ser desocupado. Sorprende que esta “desregulación laboral” se justifique por la necesidad de bajar el déficit del Estado cuando al mismo tiempo se anuncia la privatización de la mayoría de las empresas estatales. Es evidente que el establecimiento de regímenes de superexplotación y la liquidación de la estabilidad en el empleo, son una exigencia de esa privatización. El gobierno de la justicia social ofrenda los trabajadores a la voracidad imperialista. Es sorprendente que sus defensores digan que el proyecto no es una ley de prescindibilidad cuando se ocupa de eliminar la estabilidad laboral. El proyecto de “emergencia” se presenta como el mayor ataque jamás planteado contra los trabajadores, incluida la nefasta dictadura militar. La suma del poder El proyecto de ley entrega al Poder Ejecutivo la suma del poder público en materia económica y de todo tipo. Lo habilita para actuar en terrenos estratégicos sin intervención del parlamento. Este autoriza las privatizaciones pero renuncia a intervenir en ellas; autoriza a alterar los regímenes de trabajo pero renuncia a pronunciarse sobre esas alteraciones. Faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar a su gusto las relaciones económicas y a embarcar al país en una nueva aventura. Transforma a los ministros en verdaderos dictadores, en especial a los que constituyen el “equipo económico”. Convierten a Bunge y Born y al Citibank en autoridad política suprema, porque como lo dijo Menem hace pocos días el gobierno no tiene otra política que la programada por el pulpo cerealero-industrial. Los grandes explotadores pueden exclamar otra vez: “¡viva la democracia!”

El Partido Obrero sostiene que el adelanto de ₳ 30.000 no debe ser descontado bajo ninguna forma, porque compensa, en una mínima parte, la pérdida del poder adquisitivo que se produjo en julio con relación al salario cobrado a principios de ese mes. Junto a esto el PO afirma que los salarlos de julio deben elevarse en un 200% para mantener su valor, porque esa es la inflación del mes. Finalmente, el salario mínimo debe llevarse a ₳ 150.000 que es el costo de la canasta familiar.

La llegada de las primeras facturas de gas instaló el terror en los hogares argentinos. “Histeria popular”, tituló Crónica. “Facturas indigeribles”, Clarín. Y no es para menos. El piso de las boletas de gas es de ₳ 25.000, lo cual supone un consumo bajo para los meses de invierno. Falta aún que aterricen las facturas de luz y del teléfono. De acuerdo con una tablita difundida por Segba, el gasto mínimo de luz será de ₳ 11.000; el cospel de Entel subió un 480 %. Para completar la amargura, los cigarrillos empezaron a costar entre 420 y 600 australes. Los jubilados no tienen ni el consuelo del descuento del 50% en el precio de la tarifa porque para ello el consumo no debiera superar los 250 m3 en el bimestre. ¡Pero en invierno es imposible privar de la estufa a la tercera edad! Con esto la tarifa pasa de ₳ 3,69 el m3 a ₳ 42,64/m3, lo que es un aumento de ¡12 veces! ¡Toda la jubilación no alcanza para pagar una factura de gas! La “solución” del gobierno de pagar las boletas en dos cuotas no tiene pies ni cabeza, porque a estos niveles el pago es imposible aún en 10 cuotas. El gas, la luz y el teléfono juntos son impagables. Pero dentro de dos meses se volverán a recibir estas boletas triples por cifras todavía superiores. El “tarifazo” es simplemente inviable. En la Secretaría de Energía se dice, a pesar de esto, que las nuevas tarifas son insuficientes porque cubrirían solo los “costos operativos”. Están justificando así otro “tarifazo” encima de las “cuotas” del anterior. Por más que se hable de “costos”, estas tarifas han sido establecidas arbitrariamente, como lo prueba el hecho de que nunca abren los libros para que los trabajadores investiguen los costos. Estos “tarifazos”, en realidad van al pago de la deuda externa y de los bonos “dolarizados” o “australizados”. Es decir, son para los bancos y para los pulpos. ¡Que las tarifas públicas las paguen, entonces, ellos! ¡Que se desconozca la deuda externa y el festival de títulos! ¡Que las tarifas no superen el 10 % del salario! ¡Que el salario mínimo sea de ₳ 150.000, que es el costo de la canasta familiar!