Prensa Obrera N° 274

Hace mucho tiempo que la justicia argentina debía haber iniciado una investigación de las operaciones financieras y comerciales de los grandes pulpos económicos, como la emprendida por la de Venezuela. La gigantesca hiperinflación que ha asolado a Argentina hubiera sido imposible sin la fuga de capitales en operaciones de mercado negro, sin la retención ilegal de divisas y sin la complicidad de funcionarios públicos con maniobras financieras y en fraudes en el aprovechamiento de subsidios y subvenciones del Estado. Una investigación semejante haría saltar por los aires todo el reparto de ministerios y direcciones de empresas del Estado dentro del actual gobierno, entre los principales grupos capitalistas. La orden de detención librada por la justicia venezolana contra el ministro de Economía coloca al gobierno nacional ante su segunda crisis de gobierno en menos de dos semanas de mandato, y ello es la consecuencia natural de la composición que se ha dado al gabinete. El que quiere gobernar con empresarios tiene que atenerse a las consecuencias que ello trae inevitablemente aparejado en el ámbito judicial o a las feroces disputas que se entablan entre ellos para ocupar las principales posiciones de gobierno. El Partido Obrero plantea que toda esta situación refuerza la necesidad de quebrar la dominación capitalista de los Bunge y Born y sus consortes, instaurar un control obrero de la producción, liberar a Argentina del futuro espantoso que le auguran los actuales planes económicos.

19 de julio de 1989

A los pocos días de asumir como Ministro de Economía de la Nación, el “BB-man” Néstor Rapanelli se ha convertido en un prófugo de la justicia. El juez venezolano Luis La Riva ordenó su detención en el marco de una investigación parlamentaria por estafas reiteradas contra el Estado en operaciones de comercio exterior Rapanelli fue el presidente de la filial venezolana de Bunge y Born entre marzo de 1985 y diciembre de 1986. En Caracas ya se encuentra detenido el actual presidente de la empresa, Nicomédes Zuloaga, ex embajador de Venezuela en Buenos Aires.

Saqueo

Bunge y Born en Venezuela estafó al Estado en millones de dólares sobrefacturando las importaciones de trigo realizadas con dólares que el Estado entregaba —bajo la forma de subsidios— a menos de la mitad de la cotización vigente en el mercado libre. Durante el período investigado por el juez La Riva (1983/1988), las cerealeras recibieron más de 800 millones de dólares subsidiados.

Las mismas "operaciones” de sub o sobrefacturación son habituales en Argentina. Las autoridades aduaneras salientes denunciaron que esa estafa ha perjudicado al Estado argentino en más de 2.000 millones de dólares anuales.

Conmoción

Bajo los mismos cargos que pesan contra Rapanelli y los directivos de las cerealeras, el juez La Riva ordenó la detención de cuarenta y siete prominentes hombres de negocios, máximos directivos de grandes empresas de las más variadas ramas. Quince de ellos están detenidos. Los restantes abandonaron precipitadamente el país y, como Rapanelli, están siendo juzgados "en ausencia”.

Para impedir que la fuga de ejecutivos aumentara, el juez se vio obligado a prohibir a los máximos dirigentes de las filiales venezolanas de Ford, General Motors y Toyota que abandonen el país. Los ejecutivos de las ensambladoras, a los que se les investiga una sobrefacturación global de 125 millones de dólares, “admiten el uso de 3.716 millones de dólares preferenciales (subsidiados) en el periodo 1982-88, pero algunos parlamentarios han dicho que posiblemente recibieron más” (La República, Montevideo 15/6).

Fuentes venezolanas admiten que el conjunto de las empresas investigadas recibieron “unos 30.000 millones de dólares —monto equivalente a la deuda externa venezolana" (Crónica, 19/7) y que “las maniobras involucran unos 6.000 millones de dólares de fraude” (Clarín, 19/7).

En Caracas, las derivaciones del escándalo alcanzaron una dimensión política cuando el pasado 13 de abril, a poco de abierta la causa, “el ex viceministro de Finanzas Héctor Menesses se disparó un tiro en la sien, aunque sobrevivió. Menesses escribió una típica carta de suicida autoinculpándose de haber tramitado por escrito instrucciones verbales irregulares de sus superiores, los ex ministros de Finanzas Manuel Azpurúa y Héctor Hurtado” (La República, 15/6).

¿Dónde está la verdad?

El ministro Rapanelli explica ahora que la causa en su contra se había iniciado en 1985 pero que "en junio de 1988 la Fiscalía se expidió y dispuso que no hay lugar a ningún tipo de cargo y por lo tanto dicta el sobreseimiento” (Crónica, 19/7). “Se trata de una caza de brujas”, agregó afectadamente.

El presidente Menem reafirmó que Rapanelli “está sobreseído” y hasta se atrevió a señalar que “la versión (de la orden de detención contra Rapanelli) va a terminar como terminan siempre los infundios: sepultados por la verdad” (Clarín, 19/7).

Pero, ¿cuál es la verdad?

A poco de conocidas las manifestaciones de Menem y Rapanelli, el juez La Riva ratificó la orden de detención contra el ministro, señalando que la misma data del 26 de mayo pasado, cuando Rapanelli aún no era ministro.

El magistrado venezolano desmintió rotundamente al “BB-man” al afirmar categóricamente que lo dicho por Rapanelli “es rotundamente falso... (ya que) la causa de referencia no es de 1985 sino que comenzó en abril de este año por encargo del Senado... (y que) es imposible que Rapanelli haya sido sobreseído por la Fiscalía pues no está en sus facultades dictar ningún sobreseimiento” (Página 12, 19/7).

Esto fue confirmado en Venezuela por el propio abogado defensor designado por el acusado, quien “ratificó que Rapanelli está siendo juzgado ‘en ausencia’ y estamos a la espera de la sentencia del Tribunal de Salvaguardia del Patrimonio Público (pues) es la Instancia legal que debe dictar sentencia” (Crónica, 19/7).

Que la situación de Rapanelli no es la que Menem dice lo confirmó “un alto funcionario de la cancillería venezolana que aseguró que 'si Rapanelli pisa Venezuela, será inmediatamente detenido”' (Página 12, 19/7), lo cual fue confirmado por su abogado defensor en Caracas (Crónica, 19/7).

Para cerrar el cuadro, el gobierno venezolano se ha negado a desmentir un “pedido de extradición de los empresarios que, como Rapanelli, están buscados por la Justicia” (Crónica, 19/7).

Crisis política

El asunto Rapanelli es la segunda crisis que debe enfrentar Menem en sus dos primeras semanas.

La crisis puede ser mortal porque pone en evidencia frente a la población, hambreada y expoliada por las remarcaciones, los procedimientos de los grandes pulpos como Bunge y Born.

Al convertir al Ministerio de Economía en una mera extensión del directorio del ya centenario holding, Menem desató la envidia y la "competencia” de otros pulpos. Al “libanizar” el Estado entre los grandes pulpos económicos, el riojano convirtió sus rivalidades económicas en un factor directo de crisis política.

El golpe caraqueño contra Rapanelli abre de nuevo el canal para que los Kühl, los Cavallo, pretendan subirse a Economía, como lo intentaron a la muerte de Roig.

Cuando hace pocas semanas señalábamos en Prensa Obrera que “el Estado y el gobierno menemista dependen ahora del Balance de Bunge y Born y de su cuenta de resultados” no nos equivocábamos, a condición de entender por “Balance” el balance en negro.

Enemigo de dos naciones

Desde que el finado Miguel Roig fuera designado Ministro de Economía, asistimos al intento de presentar al holding Bunge y Born como el arquetipo de la "burguesía nacional”. Este macaneo monumental lo confirma ampliamente ahora el “affaire Rapanelli”.

Uno de los detenidos en Caracas, Nicomédes Zuloaga, presidente de la filial venezolana de Bunge y Born y ex embajador de Venezuela en Buenos Aires, realizó una intensa campaña durante su permanencia en nuestro país, para impedir el ingreso de exportaciones argentinas de trigo al mercado venezolano.

No lo hizo, empero, en defensa de los intereses de su país sino de los de Bunge y Born, donde ya figuraba como miembro del directorio de la filial venezolana. Sucede que “según el organigrama internacional de Bunge y Born el mercado venezolano está reservado estrictamente al trigo norteamericano" (Página 12, 11/6).

De un saque, Bunge y Born lesionó los intereses comerciales de ambos países obviamente, en su propio beneficio.

El "affaire Rapanelli” pone de manifiesto la ausencia de cualquier carácter nacional de la política de B y B. Para colmo en ambos países, es un parásito que se enriquece con el subsidio estatal.

La caída de Somoza en julio de 1979 fue el resultado de una gigantesca insurrección popular cuyo desarrollo abarcó varios meses.

Cuando a principios de 1978 Somoza ordenó asesinar a Pedro Chamorro, dirigente del Partido Conservador, director del diario La Prensa y líder de la coalición opositora UDEL, no imaginó, por cierto, que había encendido la mecha que habría de catalizar los distintos factores que llevaban a la caída de su régimen. La huelga general de protesta que se desató, duró varias semanas y fue acompañada por manifestaciones de decenas de miles de personas en Managua y Matagalpa. El 20 de febrero, después de una concentración de protesta por el asesinato de Chamorro, se insurreccionó espontáneamente el barrio indígena de Masaya, Monumbí, que resistió durante 8 días los feroces ataques de la Guardia Nacional.

A fines de agosto se desencadenó otra insurrección espontánea en Matagalpa, que duró una semana. En setiembre, el Frente Sandinista lanzó una ofensiva coordinada sobre las guarniciones de las principales ciudades, a la que se sumaron numerosos pobladores semiarmados que fracasó en su objetivo de provocar la partida del dictador. Luego de esto la Guardia Nacional lanzó una despiadada represión. El desenlace de la acción de setiembre produjo un reflujo que duró varios meses, lo cual hizo suponer a muchos que la revolución había agotado sus posibilidades. En realidad, los acontecimientos de setiembre habían puesto de relieve la incapacidad del imperialismo para desplazar a Somoza, a caballo de un movimiento concebido en términos militares, y que la única alternativa era la insurrección general.

Durante la Pascua del 79, columnas sandinistas ocuparon la ciudad de Estelí con el apoyo masivo de la población. A fines de mayo comenzó el levantamiento generalizado en todo el país. El 3 de junio se insurreccionó el pueblo de León (la segunda ciudad) en una batalla que duró hasta el 9 de julio. El 4, el FSLN convocó a la Huelga General Revolucionaria. Al día siguiente se levantó Matagalpa en una lucha casa por casa y calle por calle que duró un mes. El 6 comenzó la lucha en Masaya y el 9 en Estelí y Managua. “Los suburbios más pobres de Managua comenzaron a organizarse para el levantamiento varios días antes de que estallara la lucha; esto produjo un alto nivel de coordinación y organización de masas. Simultáneamente, todos los barrios comenzaron a construir barricadas". (Latin America Political Report, 5/6/79).

Desde mediados de junio comenzaron a caer poblaciones medianas y pequeñas en manos del FSLN mientras que las tropas somocistas se refugiaban en los cuarteles asediados. A fines de junio caía Masaya y el 9 de julio quedaba totalmente liberada León, que fue declarada capital provisional. Somoza finalmente huía el 17 de julio hacia Miami dejando en su lugar a uno de sus lugartenientes, Urcuyo. La Guardia somocista se desintegra y el 19 de julio renuncia Urcuyo. Las tropas sandinistas ingresan a Managua, donde se instala al día siguiente la Dirección Nacional del FSLN y el nuevo gobierno revolucionario.

La “intifada” nicaragüense había durado 17 meses y costado la vida de 50 mil personas, una cifra impresionante en relación a sus 2 millones y medio de habitantes. Más de 40 mil niños menores de 12 años quedaron huérfanos y miles de familias sin techo por los bombardeos de la Guardia Nacional.

La burguesía opositora

La burguesía antisomocista lideró las movilizaciones a principios de 1978. La coalición opositora UDEL, con predominio de los partidos tradicionales, convocó a la huelga general de enero-febrero reclamando la renuncia de Somoza. En mayo se formó el FAO (Frente Amplio Opositor), cuyo máximo dirigente era el empresario Robelo, que incluía al stalinismo y al “grupo de los 12”, una expresión camuflada del sandinismo para lograr el ingreso al frente opositor.

Pero la semi-insurrección de setiembre, aunque culmina con un retroceso, abrió paso a una nueva situación. “Muchos hombres de negocios están preocupados por el movimiento del cual ellos tomaron parte. Tienden a disociarse de una postura militante de oposición y se pronuncian por una solución que remueva a Somoza pero deje intacto al sistema” (Latin America Report, 20/10/78). A medida que las masas se radicalizaban, la burguesía opositora iba perdiendo peso dirigente, como consecuencia del completo desdibujamiento de su oposición a la dictadura. Esta es la realidad de la participación de la burguesía en la Revolución. Fue una chispa más dentro de un movimiento general, pero no logró prender en ningún momento. Su temprano fracaso (ya en el 78 comienzan las insurrecciones) explica que la Revolución se transformara en el único recurso para sacar al país de su completa impasse.

A partir de octubre, los yanquis habían iniciado una mediación entre el FAO y Somoza, que fracasa por la intransigencia de Somoza y por la desintegración del FAO a partir de la pretensión de los yanquis de incluir a fracciones somocistas en un futuro gobierno de coalición. Un ala del FAO que incluye al FSLN, formará el Frente Patriótico Nacional, el cual recoge la estrategia de la UDEL y del FAO después, en lo que se refiere a fijar como objetivo exclusivo de la revolución la depuración (más radical para unos, menos radical para otros) del somocismo. Pero desde el fracaso de la mediación yanqui, la burguesía opositora queda relegada a un apéndice de las maniobras diplomáticas del imperialismo yanqui destinadas a evitar una insurrección, la quiebra de la Guardia Nacional y la extensión de la revolución nicaragüense a Centroamérica.

El sandinismo

La organización que lideró la insurrección nicaragüense se había iniciado a principios de la década del ‘60 con un planteo foquista. El sandinismo ingresa, sin embargo, en una aguda crisis tras el fracaso del “foco” que instala en Pancasán durante 1967 y la liquidación de la llamada “guerra popular prolongada” a mediados del 70. “Eran los comienzos de 1977 y nunca habían sido tan exiguas las posibilidades de que el FSLN pudiese continuar con su actividad” (David Nolan, “La ideología sandinista y la revolución nicaragüense"). Como consecuencia de esa crisis el Frente se había escindido en tres fracciones: la partidaria de continuar la “guerra popular prolongada”, la “proletaria”, que pretendía realizar un trabajo de masas a largo plazo; y la “tercerista”, que propugnaba una política de frente amplio con la burguesía antisomocista.

Lo que permitió al sandinismo entrar triunfalmente en Managua dos años después fue una peculiar combinación de circunstancias políticas. Por una parte, la burguesía opositora se revelaba impotente para lograr el desplazamiento de Somoza. Este último, que explotaba la crisis del país en provecho propio (por ejemplo la especulación y la corruptela con el terremoto que destruyó a Managua en 1972) atizaba con su completo inmovilismo político el descontento popular. Las masas, entretanto, se habían lanzado a la insurrección que las derrotas de setiembre de 1978 confirmaron como única vía de salida. En el sandinismo, finalmente, la fracción “tercerista” se había transformado en la fracción partidaria de la insurrección sobre la base de la consigna del derrocamiento de Somoza, con lo cual pretendía ser no solamente el portavoz de la indignación popular, sino participar del frente democrático con todos los partidos de la oposición burguesa. La constitución del “grupo de los 12”, en el que participaban intelectuales, empresarios y sacerdotes, fue concebido como puente hacia las fracciones burguesas antisomocistas y como un andarivel hacia las negociaciones que discutían el post-somocismo. Los “12" participaron en el primer tramo de la mediación yanqui y sirvieron de nexo entre el FSLN y la burguesía opositora en la fase final de la insurrección. Fue por medio del “tercerismo" que se incorporaron a lo que luego sería el FSLN unificado, los sectores ligados al socialcristianismo y a la socialdemocracia, a los gobiernos latinoamericanos como el venezolano y a los europeos.

El planteamiento político de las tres fracciones del FSLN difería entre sí, incluso la “proletaria” consideraba a Nicaragua completamente madura para el socialismo (un socialismo nacional). Pero a pesar de declararse marxistas ninguna de ellas planteaba la dictadura del proletariado —lo cual significa que eran de hecho posturas de clases diferentes a la clase obrera. Planteaban el antimperialismo como un fin en sí, no como un aspecto de la revolución socialista, y dentro de los marcos nacionales. Este planteo fue luego condicionado o circunscripto a la erradicación del somocismo y a la implantación de un régimen democrático. A la burguesía no somocista le asignaba un carácter democrático y hasta “patriótico”. Sus planteos organizativos eran militaristas. “La verdad es que siempre se pensó en las masas, reconoció Humberto Ortega después de la victoria, pero se pensó en ellas más bien como un apoyo a la guerrilla y no como se dio en la práctica: fue la guerrilla la que sirvió de apoyo a las masas para que éstas, a través de la insurrección desbarataran al enemigo” (La estrategia de la victoria). Los planteos de los distintos componentes del FSLN variaban, en realidad, según las circunstancias, incluso en sus aspectos estratégicos.

El nuevo poder

A mediados de junio, mientras se desarrollaba la fase final de la insurrección, se reunieron en Costa Rica los representantes del FSLN y de los demás partidos, para dar nacimiento a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que entre sus cinco miembros incluía a dos sandinistas, a la viuda de Chamorro y a Robelo, y a Sergio Ramírez del “grupo de los 12”. Los acuerdos procuraban “lograr la cooperación de los Estados Unidos para echar a Somoza y evitar de este modo el costoso asalto a Managua” (Nolan, id), es decir la insurrección y la destrucción de la Guardia Nacional. Le Monde (11/7/79) traducía la línea fundamental del imperialismo: “lo más grave (que puede pasar) es que la Guardia Nacional se derrumbe antes de que la Junta tome el gobierno porque esto significará el armamento de la población”. Lo mismo decía Carlos Andrés Pérez al día siguiente de la partida de Somoza, pero antes de la desintegración de la Guardia: “No hay duda de que los sandinistas habían obtenido un triunfo militar pero prefirieron conseguir un acuerdo de entrada que estableciese la salida del dictador en vez de llegar a Managua por las armas”. Fue así que el 11 de julio, “con el apoyo tácito de EE.UU., la Junta anunció un plan en el que se establecía un período de transición durante el cual se respetaría la integridad de las unidades de la Guardia Nacional” (Nolan, id). El punto 1.12 del Programa de la Junta establecía que en el Nuevo Ejército Nacional participarían los soldados y oficiales (de la Guardia Nacional) que hayan demostrado una conducta honesta y patriótica”. Pero para cuando el FSLN entró en Managua, la Guardia estaba completamente desbandada. Esto no afectó sino que reforzó el pacto de “reconstrucción nacional” con Estados Unidos y los viejos partidos nicaragüenses, los cuales estaban apremiados ahora por evitar que la Revolución superara los marcos de la propiedad privada y las fronteras de Nicaragua.

El programa de la Junta de Gobierno establecía la expropiación de los bienes de Somoza (punto 2.4) y de sus allegados, dejando en manos “privadas” (en realidad en manos de grandes capitalistas) el 83% de la agricultura, el 88% de la ganadería, el 75% de la industria y el 70% del comercio. Entre ellos se encontraba el 88% de la producción algodonera y el 84% de la de café, los dos productos que concentran más de la mitad de la exportación nicaragüense. El punto 2.13 d) afirmaba taxativamente que “se garantizarán y respetarán plenamente las propiedades y actividades del sector privado (a excepción de las de Somoza)". El punto 2.10 limitaba la reforma agraria a las tierras de Somoza, a los defraudadores y deudores fiscales, a las abandonadas y a las ociosas. Sobre la deuda externa el programa afirmaba: “nos proponemos hacer honor a todos los compromisos adquiridos”, lo cual significaba que la Revolución debía debutar con una hipoteca de 1.300 millones de dólares equivalente al 50% del producto bruto.

Pese a no figurar en el Programa la nacionalización de la banca, ella se implementó debido a su completa falencia y a la necesidad de asegurar la continuidad del sistema financiero. Como consecuencia de esta nacionalización, la Revolución asumió un pasivo adicional de 200 millones de dólares.

Una vez instalado el gobierno se dictó el Programa de Emergencia y Reactivación, donde se volvía a poner el acento en el rol de la “empresa privada como sujeto activo en la reactivación, especialmente en áreas críticas como la agricultura, industria, exportaciones y comercio interno”. También hacía depender de la “reactivación de la empresa privada, la generación de los niveles de empleo 1980”.

¿Qué régimen político surgió de la Revolución?

Sobre esta cuestión se han entablado numerosas polémicas desde hace una década, y ellas no fueron de ninguna manera ociosas pues sirvieron para establecer los diversos pronósticos sobre el desenvolvimiento ulterior de la Revolución.

En lo que respecta al Estado, es indudable que el aparato estatal del somocismo fue destruido, incluida la Guardia Nacional que equivalía a su ejército permanente. Pero esto no es sinónimo, como se ha pretendido, de destrucción del Estado burgués, cuyas instituciones jurídicas fundamentales fueron solemnemente reafirmadas. El documento de la Junta de Reconstrucción asegura el derecho a la propiedad privada y mantiene la continuidad de los compromisos del Estado somocista con referencia al sistema internacional de Estados capitalistas. Se toma el cuidado de establecer un Poder Judicial encargado de velar por el cumplimiento del programa de la Junta, el cual asume de este modo un carácter constitucional. La Guardia Nacional es reemplazada por el ejército de la revolución, que sigue siendo un ejército permanente, también él comprometido a defender los principios estatales establecidos. Las milicias populares, que constituyen un régimen de poder de las propias masas, creado por ellas mismas en el curso de la insurrección, se van transformando en un apéndice del ejército sandinista, con lo cual pierden su condición de expresión independiente de los explotados. Un Estado obrero puede coexistir por un período más o menos prolongado con un régimen social dominado por las relaciones de producción capitalista, pero en ningún caso es tal si asume como propia la institución jurídica de la propiedad privada, y se encarga de este modo de su defensa (despótica por ser estatal). La Constitución aprobada en 1986 reafirma esos principios del Estado burgués y va más lejos aún al organizar una división de poderes que autonomiza por completo a la burocracia del Estado con relación a la sociedad y a los trabajadores.

El documento de la Junta delimita desde un principio los poderes del nuevo gobierno, con lo cual le quita el carácter de revolucionario, que solo se aplica al poder que tiene una capacidad ilimitada para poner en práctica las medidas que emergen del curso de la propia revolución, incluso a escala internacional. Con referencia al pasado de Nicaragua e incluso si se lo compara con la mayor parte de los regímenes constitucionales, el sandinista es infinitamente más democrático, pues sus instituciones expresan más la presión de las masas que cualquier parlamento burgués. Este cotejo vale incluso para el flamante sistema constitucional de Nicaragua, cuyo parlamento es un mero sello, varias veces más impotente que sus semejantes de otras latitudes, y que no guarda comparación con otras instituciones de Nicaragua como el propio ejército, el cual conserva un gran espíritu popular como consecuencia de la revolución y de la guerra contra los “contras”. De conjunto, el régimen político no es democrático sino burocrático, su base de funcionamiento son las órdenes de la burocracia estatal, sin el menor trazo de parlamentarismo, y por lo tanto de régimen realmente constitucional.

Las características del nuevo poder político no son solamente el producto del programa del FSLN, sino la consecuencia del condicionamiento internacional a la Revolución, que la dirección del sandinismo caucionó. El imperialismo logró confinar la revolución a las fronteras nicaragüenses por medio de su política “democratizante", que le sirvió para unificar al frente burgués e imperialista no solamente con relación a América Central sino a toda América Latina. La revolución nicaragüense asestó un golpe mortal a las posibilidades de sobrevivencia de las dictaduras militares de la época. Pero precisamente, al apoyar los recambios democratizantes que la situación impuso al imperialismo, la izquierda latinoamericana se asoció políticamente al aislamiento de Nicaragua. Una década después, el sandinismo aparece completamente agotado en sus posibilidades de transformación, como lo revelan los planes económicos cuyos propios voceros confiesan que son del “tipo FMI”. La natural inclusión de Nicaragua dentro de los “conflictos regionales” que el imperialismo yanqui y la burocracia rusa han puesto en su agenda para mejor apuñalar a la revolución mundial, es una demostración definitiva de que una próxima etapa de ascenso de la Revolución en Nicaragua y en Centroamérica depende de los progresos objetivos y subjetivos de la revolución proletaria en los distintos países del mundo.

Por primera vez en 17 años Clarín no pudo sacar su edición diaria. Este hecho mide el vigor de la gran huelga de sus trabajadores, tanto gráficos como periodistas, contra la pretensión de la empresa de imponer en forma unilateral un aumento del 114% para el mes de julio, que no solamente está años luz del aumento que se prevé en el costo de vida para el presente mes, sino que viene a continuación de un aumento del 60% otorgado en el mes precedente, el cual confrontado con el aumento que tuvo el costo de vida, provocó una vertical caída del salario real de los trabajadores del diario. Lo que éstos reclaman es un aumento del 320% para todo el trimestre mayo-julio; el incremento del precio de los diarios en ese mismo período, fue del 600%. Para impedir que el consabido “personal jerárquico” procediera, como es “costumbre”, a editar de cualquier manera el diario, los gráficos cumplieron la huelga dentro del taller.

Pero por sobre todas las cosas, lo que asigna una importancia enorme a la lucha de Clarín es que se constituyó en una de las primeras respuestas de la clase obrera al plan Bunge y Born, con el cual el gobierno justicialista pretende hambrear por largo tiempo a los trabajadores. La huelga de Clarín disipó cualquier duda respecto a que los explotados de Argentina pudieran aceptar sin resistencia al salvaje ataque contra sus condiciones de trabajo y de existencia. La huelga de Clarín se produjo el mismo jueves 13 en que la remarcación de precios y los choques entre los distintos pulpos económicos amenazaban conjugarse en una crisis política, como la que se produjo luego parcialmente como consecuencia de la disputa para suceder al ministro Roig. Las circunstancias favorecían entonces la posibilidad de un claro triunfo de los trabajadores, pero ello fue bloqueado por la ausencia de una dirección sindical independiente del Estado, tanto en el gremio gráfico como en la CGT.

La “oferta” salarial de la patronal de Clarín partió, por supuesto, de la apreciación opuesta, en el sentido de que la ofensiva del nuevo gobierno habilitaba para emprenderla a fondo contra los trabajadores de la industria de prensa. Esa “oferta” fue programada conjuntamente por toda la patronal de la industria, como se manifestó en La Nación y en Crónica. La patronal de la rama está empeñada en una ofensiva de despidos (Ámbito Financiero y Diario Popular), cortes de contrato (Clarín) y aun cesantías en masa (Crónica y La Razón). Para los trabajadores periodistas y gráficos pende la amenaza de una reducción histórica de su nivel de vida y de la posibilidad de que caigan al nivel de los misérrimos niveles salariales que se pagan en las otras ramas de la industria gráfica.

La conjunción de la huelga de Clarín con los conflictos en La Nación y en Crónica, también por la cuestión salarial, planteó una gran oportunidad para derrotar a la patronal en su pretensión de fijar el techo del 114%. Lamentablemente, como consecuencia de la virtual falta de un sindicato gráfico, esta posibilidad de unificación naufragó, a pesar del momento político excepcionalmente favorable por la crisis del gobierno. La comisión interna de La Nación aceptó el 114%, mientras una asamblea de Crónica lo rechazaba y votaba la exigencia de un aumento del 250%.

La patronal de Clarín quiso resolver el enfrentamiento por la vía de la represión directa, para lo cual reclamó el desalojo del personal a la justicia. Que esto no se hubiera podido concretar marca a las claras el carácter del momento político: crisis gubernamental, por un lado, indignación popular por las remarcaciones, por el otro, reacción simultánea en varios diarios, en tercer lugar. Fue así que recurrió al Ministerio de Trabajo y a la conciliación obligatoria, algo que Triaca efectivizó mandando una patrulla de funcionarios y a la policía de Coordinación Federal, mientras la burocracia ongarista asistía muda y paralizada al atropello del ministerio “obrero”. La conciliación sacó a la patronal del apuro y también hizo posible la salida de la particularmente beneficiosa edición dominical del diario. Los obreros de Clarín, que en su mayoría votaron al peronismo, hicieron por su parte su primera gran experiencia con el flamante gobierno “del pueblo”, al que no vacilaron en putear a viva voz.

La asamblea del personal de Clarín discutió la posibilidad de rechazar la conciliación, pero el aislamiento gremial y la falta de una coordinación del sindicato influyeron en el sentido contrario. Solamente la agrupación clasista, Naranja, planteó osadamente la defensa de la huelga y la convocatoria a un plenario de delegados y a una asamblea general, con la finalidad de movilizar a todo el gremio. Con posterioridad a la “conciliación”, la Naranja ha lanzado una campaña para reunir a las comisiones internas de las principales empresas con vistas a una política común frente al conjunto de conflictos que se ha abierto. Existe una conciencia generalizada en estas empresas, de que la falta de resistencia sindical significará un retroceso de grandes alcances.

La “empobrecida" clase capitalista argentina ha estado muy ocupada en el último tiempo. Además de los 46.000 millones de dólares que estuvo acumulando en el exterior; de los 7 u 8.000 millones que atesoró en los “colchones" en los últimos meses, con los beneficios que le dio el “plan primavera"; o de la ola de remarcaciones con las que hizo su agosto desde abril hasta ahora, fuera de todo esto, los explotadores nativos se libraron a un nuevo deporte. Según informa “The Economist" (1/7) con cierta sorpresa, "argentinos ricos compraron grandes cantidades de los 100 millones de dólares de bonos a tasa fija que México lanzó en junio”, con un rendimiento “del 17% anual" en dólares.

Como se puede apreciar, los frutos del saqueo del país están muy lejos de destinarse a la "revolución productiva". Hasta el nuevo ministro de Economía se ha visto obligado a decir que no habrá un incremento de la inversión de capital hasta dentro de cuatro años (Canal 2, 18/7) Las fabulosas ganancias de las remarcaciones sólo tienen por finalidad asociar aún más al capital "argentino" a la especulación controlada por el capital financiero internacional lo cual favorece la salida de capitales.

El jueves y viernes 6 y 7 de julio fueron jornadas “negras” para los argentinos. En esos días las remarcaciones cobraron un carácter “salvaje”, con los recordados ₳ 180 para la leche y los ₳ 400 para el kilo de pan. Los empresarios convertidos al peronismo, saludaban con estilo inimitable el inminente ascenso a la presidencia de su “salvador”.

Pero la cosa se agravó aún más después de los "festejos". En la semana del 8 al 14 de julio, el índice de precios del sector agropecuario subió un 112.2% (!!) con respecto a la semana que le precedió. Esta información de “Ámbito Financiero” (18/7) significa una tasa diaria superior al 10% (!!). En lo que respecta al índice del costo de vida, el IPES calculó para esa misma semana un incremento diario del 4%. Como consecuencia de esto, el ingreso de Menem al gobierno sirvió para duplicar la tasa de inflación diaria del último mes de Alfonsín y para convertir al “salariazo" en algo que la palabra estafa no conseguiría definir.

Lo más interesante es que los productos que batieron todos los records de aumentos tienen que ver con las empresas, pulpos o corporaciones que integran el nuevo gobierno -por ejemplo, las harinas, granos, aceites que elaboran Bunge y Born y las empresas que integran la Copal (Challú, secretario de comercio interior, fue su presidente). Bunge y Born aprovechó el aumento del precio sostenido del trigo de la próxima cosecha, para remarcar sus tenencias de la cosecha anterior, que había estado reteniendo precisamente a la espera de estas novedades y de la devaluación cambiaría. De tal manera, los granos que Bunge y Born compró a “200 australes el quintal” en el mes de enero se transformaron en un precio de referencia para la harina de 4.300 australes en junio (Clarín, 8/7). “Casualmente, agrega el diario, otro de los rubros ligados al holding cerealero-industrial que hegemoniza la conducción económica designada, como el aceite, subió en el mercado interno por encima de la cotización internacional de granos”. Este hecho permite concluir que cuando los funcionarios “de Bunge” (como les gusta decir) se jactan del carácter industrial del grupo y de su interés por el mercado interno, sólo están designando al botín de sus intereses, que a eso se reduce el carácter “nacional" del grupo.

Otro rubro que lideró los aumentos en la semana “salvaje", fue la leche, que se cotizó a 160 australes cuando al tambero “no llega a los 30 australes el litro”. La beneficiaria fue La Serenísima, una empresa que se declaró en convocatoria, sin que la justicia opusiera reparos para poder dejar de pagar a sus acreedores —Estado y productores agrarios—en medio de una hiperinflación.

La que se ganó las palmas, con todo, fue Amalita Fortabat, que consiguió la proeza de “duplicar su precio en una semana” (según la insospechable información de La Nación, 14/7), en circunstancias en que la construcción de todo tipo está parada. La empresaria realizó así el milagro de violar “las leyes naturales", como los "liberales" califican a la oferta y a la demanda. Aunque Menem se ha declarado incapaz de ofrecer “soluciones mágicas", hay que convenir que aquí ayudó a una de ellas. ¡Sin su gobierno este desfalco sería imposible!

Semejantes remarcaciones desataron, naturalmente, la codicia de los empresarios “rezagados", lo cual eclosionó en la crisis del jueves 13 de julio, cuando todo el mundo estaba en pleno proceso de tirar más arriba todavía su propio “precio relativo” (como se denomina, pudorosamente, la parte del saqueo que le toca a cada uno, y que se resuelve por medio de acciones brutales y no por medio de “leyes naturales"). Para poner fin a esta lucha violenta se armó el llamado “acuerdo de precios", que nivela a todos hacia arriba, impone un techo del 160% (que incluye la "bonificación” de los ₳ 8.000) de aumento para los salarios y no pasa de una tregua en la lucha entre los grandes capitalistas. Como en la escuela primaria, cada trenza capitalista se sentó en un lugar diferente del salón donde se suscribió el “acuerdo". La escena, de haber tenido por marco exterior a la ciudad norteamericana de Las Vegas, hubiera representado fielmente al “pacto de caballeros” que acostumbran firmar las familias que se distribuyen el comercio ilegal en los Estados Unidos.

Esta es la clase social que ha tomado por asalto el país, sin violentar en lo más mínimo los principios constitucionales ni la consagración de las autoridades elegidas por el sufragio universal. Es un ejemplo, mucho más que instructivo, de la superioridad de la propiedad sobre la democracia.

Una de las características principales del gobierno justicialista consiste en que ha repartido oficialmente al Estado entre los distintos grupos y pulpos que conforman el gran capital nacional e internacional invertido en Argentina. Al conglomerado Bunge y Born le tocó en forma integral el ministerio de Economía y hasta la jefatura y sub-jefatura del Servicio de Informaciones del Estado; al monopolio cementero conducido por Amalia Fortabat le fue asignada una embajada itinerante; al cartel alimenticio constituido por la Copal le correspondió nada menos que la secretaría de Comercio Interior; la secretaría de asuntos jurídicos del ministerio de Obras Públicas fue entregada a un abogado de las empresas con juicios contra el Estado, la dirección de Pesca le fue cedida a los pulpos pesqueros y la de petroquímica a un hombre vinculado a los intereses de este sector. En áreas decisivas como petróleo y telecomunicaciones. Frigerio y Julia Alsogaray hacen las veces de representantes de los “capitanes de la industria" interesados en capturar a precio vil el patrimonio y las inversiones de YPF y Entel, al mismo tiempo que los de los pulpos internacionales como Esso, Shell, Siemens o Pecom-Nec (dominado por los japoneses).

Banco Central

De esta manera, el gobierno “nacional y popular" ha librado, no ya al Estado, sino al conjunto de la sociedad argentina a la acción depredadora del imperialismo. Consecuentemente con esto, el decisivo puesto de presidente del Banco Central fue literalmente enajenado al Citibank, el cual no sólo es el principal acreedor de Argentina sino que preside al mismo tiempo el sindicato de los bancos acreedores. Los saqueadores internacionales del país no podían haber recibido mejor garantía de que el conjunto de la nación argentina habrá de ser estructurada de ahora en más en función del pago de la deuda externa y de la deuda interna (que en gran parte está en manos del Citibank), así como de la ejecución de todos los planes que interesan a este monopolio mundial profundamente infiltrado en la industria nacional. El descomunal tarifazo y la no menor descomunal devaluación con que debutó el gobierno de Menem no se explican, así, por una necesidad de superar los llamados “atrasos” acumulados en esos campos, ampliamente desbordados por aquellas medidas, sino por la intención de pagar las deudas financieras (y usurarias) del Estado, mediante la creación de un superávit fiscal y un mega-superávit comercial.

Pero Javier González Fraga, ex funcionario del City y hoy presidente del BCRA, no se ha limitado al cuidado de los intereses estratégicos de la banca mundial. Una reciente circular del Banco Central, que pasó desapercibida para la mayoría de los diarios, constituye una cabal radiografía del control alcanzado por el Citibank sobre las finanzas nacionales y, al mismo tiempo, de la tutela que ejerce sobre la llamada burguesía nacional.

Deuda externa

La mencionada circular autoriza a las empresas que se encuentren en convocatoria de acreedores a pagar sus deudas con títulos de la deuda externa. Para apreciar la monumental ganga que esto significa basta con señalar que los mencionados títulos se cotizan en el mercado internacional al 15% de su valor nominal y que, cuando autoriza su cancelación anticipada, el Banco Central paga por ellos el 50% o 60% de su cotización, es decir cuatro veces más que el precio al que han sido adquiridos. Semejante procedimiento constituye un vergonzoso negociado que se paga con emisión monetaria. El capital en quiebra es rescatado así mediante políticas inflacionarias, de manera que su salvataje corre a cargo del exhausto pueblo argentino. Esta circular tiene el dudoso mérito, por otra parte, de producir la violación en cadena de varias “promesas”: la de Menem, quien declaró proscriptos los “negociados”, en su discurso ante la Asamblea Legislativa; la de Cavallo, quien en varios libros fustigó este método de la conversión de deuda externa; la del ministerio de Economía, que aseguró reiteradamente que se acabarían los subsidios; y, por último, las del conjunto de los charlatanes que peroran sobre el achicamiento del Estado, pero que no vacilan en agrandarlo cuando se trata de salir en socorro de sus propios intereses. En momentos en que se declara inmoral el financiamiento de empresas estatales “deficitarias” (lo cual no quiere decir quebradas), se financia con simple y pura emisión el rescate de capitales que sí están en quiebra.

Especulación y miseria

El Citibank sale beneficiado con esta operación simplemente porque ella le permite convertir los títulos de la deuda externa argentina que tiene en su poder, a un precio varias veces superior al de su adquisición en el mercado mundial. El muy informado “The Economist” acaba de señalar (1/7/89) que los bancos acreedores (cita en especial el Citibank y el Chase Manhattan) han estado acaparando estos títulos, seguramente aprovechando su baja cotización. Como resultado de esto, las transacciones de esos títulos aumentaron un 20% en los primeros cinco meses de 1989. ¡La Banca internacional estuvo acumulando bonos de la deuda externa latinoamericana precisamente en momentos en que las finanzas de los países latinoamericanos se derrumbaban al punto de la hiperinflación! No debe haber seguramente otro ejemplo más contundente de especulación fundada en la ruina de economías y naciones enteras. Cuando se tiene en vista todo esto, se percibe el verdadero desatino en que caen columnistas como Carlos Abalo (“Sur", 10/7), Jorge Schvarzer (Pagina 12, 6/7) y Horacio Verbitsky (ídem, 16/7), cuando coinciden en caracterizar al plan B.B. como un planteo que pondría fin a la patria financiera e iniciaría la “normalidad capitalista" (sin reparar que el capital es absolutamente “normal” cuando especula, ya que la especulación es una característica inherente al capitalismo en todas sus formas).

Para que cese la especulación referida a la deuda externa y a las finanzas públicas sería necesario abolir la primera y emancipar a la segundada la dominación del capital. Que la cesación de pagos por parte de naciones enteras, lejos de haber abatido la especulación, la haya acentuado, debería enseñar que lo único que puede poner fin a ese flagelo es la expropiación del capital.

Los clientes del City

El jugo de la circular del Banco Central no se agota, sin embargo, con lo dicho. Ocurre que la principal beneficiaria de ella es la empresa Celulosa; ¡la cual a pesar de encontrarse en quiebra ha visto subir la cotización de sus acciones en la Bolsa! Esta “normalidad capitalista” sólo puede explicarse por el conocimiento anticipado que los especuladores bursátiles tenían de la sanción de la circular mencionada, y en primer lugar el conocimiento que tenía de ella el Citibank. Porque resulta que es el Citibank quien interviene en la renegociación de las deudas de Celulosa, en especial las contraídas con el Banade (Clarín, 9/7/89). Celulosa depende fuertemente del Citibank, como lo demuestra el papel que éste juega en el financiamiento de la planta de Celulosa de Puerto Piray. Todos los hilos del proceso económico nacional, desde la cotización de la deuda externa hasta los proyectos industriales, pasan por el Citibank, razón por la cual Menem y los “capitanes de la industria” han considerado como muy natural entregarle el Banco Central. Esto desmitifica por completo la pretendida “autonomía” que se pretende otorgar al BCRA, con la obligación de velar por el valor de la moneda, porque lo que en realidad se hace es ponerlo bajo la tutela de la banca internacional, que utilizará la moneda para asegurar el pago de la deuda externa y los “negociados" con sus clientes “nacionales”.

El gobierno “nacional y popular” libra de este modo al Estado y a la sociedad argentinos al saqueo más violento que haya conocido la historia nacional. Pero al despojar al Estado de cualquier pretensión de representante del “interés general” o “nacional”, y al obligar a la sociedad a defenderse por sus propios medios, el menemismo no solamente certifica el derrumbe capitalista sino que se convierte en un agente violento que obra en favor de su destrucción.

La semana pasada el presidente Menem planteó iniciar negociaciones con Gran Bretaña para normalizar las relaciones entre los dos países, dejando de lado por el momento el tema de Malvinas, al que propuso poner entre paréntesis o "bajo un paraguas”. Señaló asimismo la posibilidad de que Argentina declare el "cese de hostilidades” a cambio del levantamiento de la zona de exclusión tendida por Gran Bretaña en el radio de 200 millas en torno a Malvinas.

Los nacionalistas argentinos saludaron la posición de Menem como una recuperación de la política de “malvinización". Según el extraño razonamiento de uno de sus voceros, Jorge Castro, capitoste del Cronista Comercial, el gobierno devolvía a Malvinas al centro de la política exterior del país. Al periodista le importaba poco si esa importancia recuperada se lograba ofreciendo la inmolación de la soberanía argentina. De paso, confesó algo que venimos explicando hace mucho; para los nacionalistas la cuestión de Malvinas es un tema demagógico que se usa para conseguir un mayor presupuesto militar. Castro llega a plantear que la recomposición diplomática con el imperialismo anglo-yanqui se conjuga con una "hipótesis de conflicto” para las fuerzas armadas que contemple la recuperación militar de Malvinas, una manifiesta estupidez. La única "hipótesis” que deja un acuerdo con la Thatcher es el patrullaje argentino del Atlántico sur al servicio de la diplomacia británica.

La prensa nacional hizo poco énfasis en la flema con que Inglaterra tomó el planteo de Menem. Se puede decir que el debut diplomático del Presidente fue un fiasco. El gobierno inglés no se conforma con el ofrecimiento del “paraguas” ni con el “cese de hostilidades", pretende además que Malvinas sea eliminada de cualquier foro que no sea el bilateral y que primero se normalicen las relaciones financieras y políticas entre ambos países.

El planteo de que Gran Bretaña levante la “zona de exclusión" carece de sentido, pues esa zona no es más que la proyección marítima de las Islas cuyo dominio la Thatcher reivindica. Para que los pesqueros argentinos puedan acceder a esa “zona” será necesario que obtengan autorización inglesa, como ocurre con los de cualquier otra nación, y paguen un canon por lo que pesquen. Dado el conflicto anglo-argentino, ello requeriría un acuerdo político previo que regule la pesca en ambas zonas, que equivaldría a un reconocimiento de la plataforma marítima impuesta por Inglaterra y, con ello, al reconocimiento de su soberanía sobre las Islas. Como se ve, el “paraguas" tiene un descomunal agujero por donde entra un torrente de agua. El acuerdo de pesca, del que se viene hablando desde los tiempos de Caputo, cuya línea estratégica es ahora proseguida y empeorada por Menem, debe servir para que los intereses pesqueros internacionales puedan pescar a ambos lados de la línea que separa a Inglaterra de Argentina, y constituye por este motivo un reconocimiento más que de facto de la soberanía imperialista.

Cuando viajó a Europa como candidato, Menem ya había dicho que pretendía un acuerdo con la Thatcher para que Argentina pudiera tener acceso comercial al mercado europeo. El razonamiento refleja las limitaciones de la mentalidad colonial. Durante 70 años Europa y Gran Bretaña mantuvieron más que sólidas relaciones comerciales con Argentina, sin que les importaran los conflictos periféricos que se planteaban, porque esas relaciones eran altamente beneficiosas para ellas. Ni Malvinas, ni la crisis de 1890, ni los choques con Estados Unidos en los años 40, fueron suficientes para traicionar el interés comercial. Si ahora éste pasó a segundo plano la culpa no es de Malvinas sino del cambio de las preferencias comerciales de Europa. Capitular ante Gran Bretaña no hace avanzar un milímetro al comercio argentino.

Los intereses de la pesca internacional y nacional ciertamente reclaman un acuerdo, pero esto conduce al reconocimiento de hecho de la soberanía inglesa. Esos intereses se expresan vigorosamente en las concesiones que obtuvieron dentro de la “zona de exclusión" y en la descomunal piratería a que se han librado en la plataforma continental argentina, utilizando a Montevideo y a Punta Arenas como puntos de desembarco de las cargas. Pero por sobre todas las cosas, la política menemista responde al interés de Estados Unidos de estabilizar la situación en el cono sur y en las fuerzas armadas argentinas, a las que quiere retirar el tema Malvinas para proceder a su equipamiento. Se trata de la normalización de las relaciones con Estados Unidos, no con Inglaterra; con los bancos acreedores, no con el comercio europeo; con los inversores pesqueros internacionales, no con la defensa de la riqueza ictícola argentina. Se trata del plan BB aplicado a Malvinas, no de la soberanía nacional.

La falla de sustancia jurídica del proceso abierto contra los dirigentes del Partido Obrero no atenúa sino que agrava el peligro de proscripción política contra nuestra organización y la condena de nuestros compañeros. La fiscalía y el juez han entendido “razonable” abrir una causa judicial contra la dirección del PO a pesar de no haber reunido una sola prueba en favor de la acusación y a pesar de las pruebas ofrecidas en el sentido contrario, ya en las declaraciones indagatorias. Es indudable aquí que el proceso político desplaza al judicial o penal y que el código es usado con una finalidad de características ideológicas. La defensa del PO y de sus militantes y dirigentes depende de la movilización popular, no de las argucias legales, que brillan, por otra parte, por su ausencia.

Los trabajadores debemos comprender que la evolución de este proceso está ligada con la evolución del conjunto del régimen político actual. Jueces, parlamentarios y políticos del Estado burgués hacen reiterado uso del concepto de la “defensa de las instituciones” para justificar cualquier represión contra la menor lucha de resistencia al saqueo BB. La ciencia y los matices del pensamiento burgués han quedado reducidos a lo siguiente: hay que defender al Estado así sea sobre las ruinas del país. Se votó el estado de sitio contra lo que dispone la constitución y significativamente ningún partido tradicional protestó contra la represión a las familias hambrientas o contra las detenciones de los dirigentes del PO. Los “hombres del Presidente” (el director de Ámbito Financiero es uno de ellos) anuncian ahora que Carlos Menem decretará el estado de sitio, en un verdadero anticipo de una definida política gubernamental frente a la situación. Otros diarios informan que el gobierno espera la conclusión del período de sesiones del Congreso para gobernar por decreto. La ley de emergencia ya lo autoriza a esto. Quien en la campaña electoral aseguró que su gobierno movilizaría el control parlamentario, lo desconoce olímpicamente. La negociación de la deuda y la cuestión Malvinas transitan el camino del mayor sigilo.

En estas condiciones el Partido Obrero llama a reforzar la lucha por las libertades democráticas, contra el estado de sitio, contra la amnistía a los asesinos del pueblo, contra el asalto menemista a los sindicatos y por el cese del proceso contra el Partido Obrero.

Mi más gran apoyo y solidaridad

"Para todos los dirigentes y compañeros del PO, que han sufrido el atropello y acusaciones infames de quienes no quieren que los desenmascaren porque son los grandes banqueros capitalistas, los verdaderos saqueadores de nuestro país, quienes nos están robando a mano armada día tras día el bolsillo de todos los trabajadores argentinos, quienes no nos dejaron ninguna alternativa más que el hambre y la desesperación de millones de familias, las muertes de tantos hombres, mujeres, niños, ancianos por no tener para su atención médica, porque no nos dejaron ni siquiera para que podamos ser atendidos medicinalmente, culpables de tantas lágrimas que derramamos día tras día cuando nuestros hijos nos piden para comer y no les podemos dar.

"Me pregunto compañeros: ¿no hay cárceles para estos verdaderos ladrones y criminales? ¿Dónde está la justicia?, que echan manos a quienes están defendiendo con la verdad a la clase obrera.

"Los quieran enjuiciar porque defienden nuestro sudor, nuestros bolsillos, el plato de comida, el pan, la leche para nuestros niños, porque desenmascaran con la verdad a los grandes explotadores de nuestros obreros. Porque nos están exprimiendo hasta la última gota de sangre que nos pueda quedar. Porque no quieren que nos organicemos y luchemos para defender nuestros intereses, por eso imponen el estado de sitio para hacernos callar, para que no reclamemos nada, porque quiere acabar a todos los que defienden principalmente a los trabajadores.

“¿En qué democracia estamos viviendo? ¿En una democracia que nos viene a matonear cuando reclamamos algo? Queremos vivir en un país verdaderamente democrático donde no nos matoneen y no nos encierren cuando decimos la verdad. Donde haya justicia para los verdaderos culpables y no para los inocentes que nada más nos están defendiendo a los trabajadores. Por todo lo que han pasado y por todo lo que se juegan por nosotros.

“Muchas gracias compañeros."

M. de Barrio Olivos, Gral. Sarmiento

Centro de Periodistas de Hurlingham

Hurlingham, 2 de junio de 1989

A las Autoridades Gubernamentales y a la opinión pública:

“Ante el cercenamiento de las libertades políticas e individuales y un nuevo ataque contra las organizaciones populares, adhiero a la solicitud de la inmediata liberación de los dirigentes y militantes del Partido Obrero y de todos los partidos y organizaciones populares encarcelados los días 31 de mayo y 1° de junio pasados.

"En medio de la más fenomenal crisis económica que sufre nuestro país, de nada sirven ni servirán los procedimientos represivos contra las manifestaciones sociales de descontento y contra las Iibertades que la democracia debe sostener como inviolables. Sólo encarando la solución urgente de las causas que originan el descontento masivo de los trabajadores argentinos se logrará la paz que todos ansiamos, y solamente la movilización de aquellos podrá alcanzar el urgente cambio de rumbo en las relaciones sociales que exige el momento histórico que nos ha tocado vivir."

Gustavo H. Mayares, Tesorero Centro Periodistas de Hurlingham

De Madres de Tucumán

De nuestra consideración:

“Le hacemos llegar nuestra expresión de solidaridad militante, frente al propósito de procesar a los compañeros de la Dirección Nacional, quienes fueron arrancados de la cárcel en virtud de la intensa campaña de movilización por sus libertades. Dicho proceso no es otra cosa que un esfuerzo más para desmoralizar a los luchadores del campo popular y proscribir a las agrupaciones de izquierda.

“Nuevamente la respuesta debe ser una firme campaña contra estas medidas persecutorias, que amenazan extenderse a todos los que resisten la dependencia, el hambre y la opresión.”

Un abrazo fraterno de

Graciela de Jeager, Madres de Plaza de Mayo Filial Tucumán

11 de Julio de 1989

Del Centro Ex-Combatientes Islas Malvinas

La Plata, 1 de Junio de 1989

Sr.: Secretario del Partido Obrero Comité La Plata

“De nuestra consideración:

“Reciban Uds. nuestra solidaridad, ante el atropello de que fueran víctima en el día de la fecha.

"La campaña orquestada por los responsables de la crisis y el hambre de nuestro pueblo, dirigida contra los militantes de la izquierda, no sólo intenta una caza indiscriminada de militantes populares, sino poner freno al avance de la conciencia de las masas.

“Esta simple carta que expresa una formal solidaridad, debemos transformada en una solidaridad efectiva, en ollas populares, en las barriadas, en las fábricas, en las villas. Y el próximo 14 de Junio fecha que recuerda los 7 años de la rendición de Malvinas, nuestra organización promoverá un festival, que exprese un recuerdo y una acción concreta frente al hambre, a la desocupación, y a la violación de los derechos humanos.

"Compañeros concientes de que la Unidad el Debate y la Movilización es el camino, reciban nuestra solidaridad y Amistad”

Rodolfo Carrizo, Secretario

Néstor Larsen, Presidente

Comisión gremial interna Banco Crédito Provincial

La Plata, 2 de Junio de 1989

"La Comisión Gremial Interna del Banco Crédito Provincial repudia la detención de los compañeros dirigentes del Partido Obrero realizada al amparo de una herramienta represiva como el Estado de Sitio y con los métodos de la Dictadura Militar.

"Reclamamos la libertad inmediata de los compañeros del Partido Obrero y demás militantes populares.

"Reclamamos un urgente pronunciamiento de todos sectores democráticos.

-Abajo el Estado de Sitio.

-Libertad a Jorge Altamira, Juan Capurro, Christian Rath, Gregorio Flores, Pablo Rieznik, Cata Guagnini.

-Libertad a los detenidos por la represión del Estado." Por COMISION GREMIAL INTERNA Bco Cto. Pcial.

A PERDRIEL, G ESPOSITO, J LOVAZZANO, M CERVANTES, GREGORIO DIZ

Del Sindicato de la Publicidad (SUP)

“Los abajo firmantes repudiamos la detención del Comité Nacional del PARTIDO OBRERO JORGE ALTAMIRA, JUAN CARLOS CAPURRO, CHRISTIAN RATH, PABLO RIEZNIK, CATA GUAGNINI, GREGORIO FLORES y de todos los detenidos. Exigimos su inmediata libertad, el levantamiento de la clausura de los locales partidarios y la derogación del Estado de Sitio.

Carlos R. Cabrera (Secretario General)

Manuel A Nuñez (Secretario Gremial)

Vicente Alvarez (Secretario de Acción Social)

Alejandra Podestá (Comisión Directiva)

Héctor Rosas (Comisión Directiva)

Eduardo Murillo (tesorero)

Silvia Liwin (Comisión Paritaria)

Teresa I. Ramos (Comisión Paritaria)

Siguen las firmas"

Del Presidente de APHUL

(Asociación del Personal del Hospital Larcade, San Miguel)

"Autorizo que se incluya o se mencione explícitamente mi firma en repudio a la persecución política desatada contra dirigentes de un partido político legal cuya orden de captura condeno expresamente. Esto atañe concretamente a Jorge Altamira y sus compañeros a quienes les hago extensiva mi solidaridad personal."

Luis Soler

D.NI. 18.053.050

Presidente de Aphul, A. Personal Hospital Larcade, San Miguel, Presidente interhospitalaria provincial

Dos crisis políticas en los primeros catorce días de gobierno no es, ciertamente, un buen augurio. Pero semejantes “trastornos” obedecen a la naturaleza misma del nuevo gobierno, repartido como una torta entre los principales saqueadores capitalistas del exterior y del país.

La muerte del ministro Roig reabrió la disputa previa a la formación del gabinete por la ocupación del ministerio de Economía. El enfrentamiento cobró carácter de verdadera emergencia como consecuencia de la ola de remarcaciones a la que se libraban los propios empresarios amigos del gobierno. Estos no pudieron llegar a un '"acuerdo de precios” durante varios días y desconocían la promesa de Roig de retrotraer los precios al 3 de julio. Días más tarde, Neustadt, para justificarlos, diría en su programa de TV que "nada retrocede". Se olvidaba por supuesto de los salarios, del nivel de vida del pueblo y de la soberanía nacional. De cualquier manera, Menem tuvo que zanjar la crisis sin esperar al entierro de su primer ministro de Economía. Para evitar el colapso del frágil equilibrio entre los capitalistas que lo apoyan, tuvo que nombrar como sucesor de Roig a otro Bunge y Born. El nuevo ministro le fue directamente dictado por el dueño del pulpo, Julio Born. De esta manera, la crisis mostró que el régimen menemista es un completo rehén de un único grupo capitalista y de los asociados de éste.

¡La segunda crisis estalló con relación al sucesor! Una información de Caracas anunciaba que la justicia venezolana había pedido su detención por malversación de subsidios para operaciones de importación. ¡Qué no sabrán de esto los capitalistas que explotan a nuestro país! EI propio Congreso nacional documentó el año pasado los fraudes que se cometían con la "promoción industrial". Se probaron desfalcos en el régimen especial de Tierra del Fuego. La Aduana denunció sobreprecios que afectaron al fisco en dos mil millones de dólares. A esta clase social Menem la ungió al rango ministerial. En sólo dos semanas el gabinete "plutocrático” se desenmascaró ante el país y perdió la escasa autoridad que tenía para emprender un ataque a fondo contra los explotados de Argentina. La reyerta de gabinete y la pelea que ahora se planteará para desplazar a Rapanelli, esconden una crisis de fondo cabalmente instalada en el nuevo gobierno. Rapanelli procura salir airoso del trance con una campaña de relaciones públicas y con la presión directa sobre el gobierno de Venezuela. Pero es en este país donde los pulpos están todavía más en la picota, como responsables de la estampida que provocó el "caracazo” y sus 3.000 muertes. Los Bunge y Born van acumulando cuentas pendientes a toda velocidad con varios pueblos. Esta es la lógica del derrumbe social del capitalismo.

El precio del acuerdo

Recién entre la primera y la segunda crisis los remarcadores pudieron armar un "acuerdo de precios” que, como lo explicó Rapanelli, tenía por objetivo principal establecer la paz entre distintos grupos capitalistas, cuya guerra, titulaba La Razón, estaba sacudiendo la economía de la población.

Dado este carácter de tregua inter-empresaria, el acuerdo convalida todos los aumentos de precios y autoriza otros nuevos, en función de "costos financieros” y hasta de aumentos salariales que aún no fueron otorgados. Aprovecha para fijar un tope para éstos, con lo cual convierte a los sindicatos que no lo acaten en responsables de la estampida de precios fomentada por el acuerdo empresario. El acuerdo pretende congelar además los salarios de agosto, para cuando se prevé una inflación del 50%. Alí Babá y los 300 remarcadores diseñaron de este modo un nuevo ataque al salario.

La respuesta sindical

Lorenzo Miguel tuvo a su cargo la tarea de informar que la UOM no aceptará topes salariales y que vigilará que los salarios se ajusten a la inflación. Pero fuera de las declaraciones, ni la UOM ni la CGT se preparan para la lucha por las reivindicaciones. La burocracia sindical sigue en la tregua establecida desde bastante antes de la campaña electoral, con la consecuencia de que los salarios han caído en forma vertical. La burocracia de los sindicatos ha dejado pasar el ataque a los trabajadores gráficos y no salió en apoyo a Clarín. Tampoco está apoyando las huelgas de los estatales de Córdoba y de Santa Fe, ni la huelga de la CGT de San Juan.

En las provincias la miseria avanza como una epidemia sin que los burócratas de los sindicatos se sientan aludidos por la situación.

Les preocupa, sí, el asalto de los sindicatos por parte de la pandilla sindical menemista, que reclama la "renovación generacional" en los gremios. Los planes BB requieren de la uniformidad sindical. Para sorpresa de muchos izquierdistas, la menemización es apoyada por el “sindicalismo combativo”, que se va incorporando al ministerio de Trabajo. Este fundamenta el paso con la tesis de que la acción reivindicativa está agotada y de que es necesario hacer los “cambios de estructura”, por supuesto desde las esferas oficiales. La crisis en la Uocra, el retiro de Zanola de la Bancaria, las negociaciones de Triaca-Digón con De Gennaro, forman parte de esta política de uniformización. Se pretende "actualizar" la acción de Perón en 1945-47, cuando “limpió” a todos los burócratas que lo habían llevado al gobierno y llenó a los sindicatos de alcahuetes. Los gobiernos fuertes no reconocen deudas, pensará con seguridad Menem, salvo las que hipotecan al país ante el imperialismo.

Pero las luchas que se están protagonizando demuestran que el movimiento obrero y el pueblo hambriento no van a dejar pasar sin resistencia el plan BB. Para unificar este movimiento hay que unificar las reivindicaciones y reclamar a la CGT que las centralice en una lucha común. Que el salario mínimo de 120.000 australes y el aumento del 500% sean un reclamo único de todos los trabajadores.

Plutocracia quiere decir “gobierno de los ricos”. ¿La Argentina se convirtió, entonces, en una plutocracia? En mucho más todavía, si se tiene en cuenta que el ministerio de Economía se ha convertido en propiedad vitalicia de un único grupo capitalista, el cual se aseguró hasta el Servicio de Informaciones del Estado a través de otros hombres de su misma entraña. Pero en una situación “hiperinflacionaria”, la toma del poder por los remarcadores es un mal augurio para el consumidor argentino, y ahí está para probarlo el “acuerdo de precios” firmado por los propios agiotistas, que autoriza toda clase de nuevos aumentos en nombre de los famosos “mayores costos” que son un secreto para el pueblo de la nación. En ese “acuerdo” los remarcadores fijan, con toda naturalidad, un tope para los aumentos de salarios del orden del 160%, pero incluyendo en este porcentaje el adelanto de hasta 30.000 australes otorgado a mediados de julio.

Se pretende así que los trabajadores hagamos frente al 200% de inflación de julio con un aumento que no supere el 100% neto. Luego de perder un 70% de su poder adquisitivo, le quieren imponer al salario otra reducción más. Ante este atropello, el movimiento obrero debe plantear una reivindicación única, común a todos los sindicatos, centralizada en una acción de la CGT. Se nos ha llevado a una situación en que no tenemos nada que perder. A pesar de la imagen de fuerza con que quieren impresionar al país, los remarcadores están divididos y hasta con cuentas pendientes ante la justicia. De la “plutocracia” a la “cleptocracia” (gobierno de los chorros) no hay más que un paso. En defensa de la nación y sus explotados, de las reivindicaciones populares y de las luchas inminentes, planteamos: Fuera los Bunge y Born de Argentina, expropiación de los pulpos capitalistas, control obrero de la producción.