Prensa Obrera N° 272

Efectivamente, las últimas declaraciones políticas del Coronel Seineldín ponen de relieve una unidad de fondo de la jefatura “carapintada" con la “sinagoga radical” de Alfonsín, y aunque es obvio que lo que relucen son las municiones verbales que se cruzan, podemos afirmar que los relumbrones de esta rencilla, a poco que se analiza deja caer los velos de un fundamento común. uando Seineldín ataca a los Caputo, Nosiglia y Cía considera necesario involucrarlos con el demonio, que en la estrecha visión religiosa que el jefe “carapintada” tiene de la política se denomina “trotskismo" y Cuarta Internacional. Naturalmente esta combinación química de mal gusto no resiste el menor análisis, pero no es menos significativo que en el “exorcismo” del Coronel Seineldín no figure una sola letra destinada al gran capital, al imperialismo yanqui y al Pentágono. En esta caracterización política no hay un gramo de ingenuidad, por el contrario, es evidente que el “salvífico Coronel" ha advertido que sin la anuencia del imperialismo no puede progresar en términos de control del aparato del estado. En este contexto las expresiones volcánicas contra el colonialismo británico se demuestran como el ajuar de seda para un matrimonio espurio con la bestia imperialista, verdadero reaseguro de la presencia británica en Malvinas. Pero hay algo de lo que la “sinagoga" radical puede ufanarse y es el hecho de haberle dado las orientaciones políticas fundamentales a sus “mortales enemigos”, los “carapintadas”, porque el inicio de la campaña contra el trotskismo es de auténtico cuño alfonsiniano, mal que le pese al fundamentalista Coronel Seineldín. El gobierno radical por boca de su presidente le dijo al pueblo argentino que los trotskistas querían torcerle el brazo y fue el Dr. Pugliese desde el ministerio del interior quien imputó al PO la instigación a los saqueos a supermercados. Como dos gotas de agua unos y otros ocultan al verdadero responsable de la más grande crisis que haya padecido nuestro país; y señalan con el dedo acusador al Partido que utilizó la campaña electoral para facilitar al pueblo la comprensión de sus problemas y señalar a los verdaderos responsables: Los City Bank, Bunge y Born y Cía. No los une el amor, es cierto, pero ambos quieren hacer circular la misma falsa moneda por el espanto que les produce la falta de salida —en cualquiera de sus variantes—, de la clase social que representan, ante una crisis histórica del capitalismo a nivel mundial.

Se puede afirmar que absoluta certeza que no fue la privatización de Entel o de Aerolíneas, o la incorporación de un Bunge y Born al gabinete, lo que motivó a la familia Alsogaray a ingresar, ella también, al gobierno “popular”. En la propuesta de pacto político que el jefe de la Ucedé hiciera con anterioridad a las elecciones, el punto fundamental del planteo era la “reivindicación de la guerra contra la subversión". Si el "chancho" entró al chiquero, ello quiere decir que entre la basura acumulada sabía que iba a encontrar la liberación de los militares responsables de las muertes, desapariciones y torturas de las que fueron víctimas decenas de miles de argentinos. De Neustadt se puede decir lo mismo. La indignante perorata de elogios que vuelca sobre el triunfador del 14 de mayo, omite siempre curiosamente la mención del tema militar. Para el “gran comunicador” es obvio que el tema está resuelto y que no conviene menearlo. La “solución” de la cuestión militar ha sido para los Alsogaray y Neustadt el pilar de todo lo demás —"privatizaciones", "desregulaciones” y yerbas de cuño similar. Indultos, amnistías, olvidos estarán a la orden del día a partir del 8 de julio. En esta empresa se está fatigando Julio Oyhanarte, un hombre a quien se ha encumbrado como el sabelotodo de la ciencia jurídica. En 1962 logró que un individuo que no gozaba de las condiciones personales elementales para el cargo fuera nombrado nada menos que presidente de la República, para lo cual embarcó en la maniobra a la Corte Suprema. Logró así un poder ejecutivo que funcionaba sin parlamento y que se parecía por sobre todo al "punching-ball” con el que practican los boxeadores los golpes rápidos. Recientemente, el jurista descubrió que un presidente que ha renunciado podía ponerle la banda presidencial al que fuera elegido el 14 de mayo; que este último podía gobernar por un período diferente al del parlamento elegido en la misma ocasión; y que el Congreso que está en funciones podía darse un régimen de acuerdos previos que vulnera todos los procedimientos parlamentarios. Ahora, el flamante Secretario de Justicia ha descubierto que se puede indultar a personas que están bajo proceso, algo que viene a las mil maravillas para aplicarlo a los generales Galtieri, Menendez, Rivera, etc., y hasta a Suárez Masón. ¿Podrá alguien anticiparnos que dirán los “izquierdosos” del Frejupo o funcionarios democráticos flamantes como Salas, Solanas, Eliaschev, Norma Aleandro — protagonistas o personajes de ficción del "juicio y castigo a los culpables”—cuando les llegue la “buena nueva”? Menem no puede ver presos “ni a los pájaros”, lo cual quiere decir que van a transitar por Buenos Aires varios “pájaros sueltos”. Es lo que piensa que debe hacerse, exactamente, el Vaticano, de donde ha desembarcado hace pocas horas monseñor Quarracino para reclamar la amnistía. Lo mismo debe pensar entonces el nuncio apostólico, el mismo que hace un año peregrinó hasta La Roja para pregonar la reconciliación del matrimonio Menem-Yoma. El indulto, la amnistía o cualquier otro procedimiento que se elija habrá de servir para fortalecer las posiciones del "generalato”, con lo que los “carapintadas” habrán logrado exactamente lo contrario de lo que pretendían con su “reivindicación" del ejército. Luder ha dicho que se propone poner al descubierto la amnistía encubierta que ha existido hasta el momento, pero esto beneficia exclusivamente a los altos mandos. A partir del indulto o la amnistía, el próximo gobierno comenzará a maniobrar para dividir el frente “carapintada", una certeza que se desprende del alineamiento que ha declarado con el Pentágono norteamericano. Cavallo acaba de declararle a “Clarín” que con los yanquis todo, sin los yanquis nada, y hasta el propio Menem ha decidido emprender el camino de Canossa, que ahora queda en Washington, para entrevistarse con Bush, con el singular argumento de que la mano con el Norte viene “muy dura". Si el gobierno “liberal y popular” decide declarar igualmente una amnistía interna en el ejército, esto ante la evidencia del peso que los “carapintadas” tienen en la “cadena de mandos”, ello no significa que las fuerzas armadas vayan a ser dominadas por el llamado “ejército nacional”. Por medio de la “junta de calificaciones” y de la “cooptación” política de algunos “carapintadas” al gobierno, éste procederá a explotar a fondo las contradicciones insalvables del grupo Seineldín . Algunos generales retirados que simpatizan con este último trabajan ya como funcionarios de empresa de los "capitanes de la industria", un extremo que revela la completa falta de independencia del “ejército nacional” respecto a la burguesía nacional. Se plantea entonces la lucha contra la amnistía de los genocidas bajo proceso, una cuestión democrática que se enlaza con la lucha contra toda la tendencia del gobierno Menem a proceder con mano fuerte, estado de sitio incluido, contra la protesta popular. Pero esta lucha debe estar íntimamente ligada a la lucha de conjunto a la que inevitablemente deberá recurrir el pueblo ante el recrudecimiento de la ofensiva y saqueo capitalistas. Por sobre todo las cosas debe estar ligada a una estrategia política independiente de la burguesía, de su Estado y de sus partidos.

Cuarenta y siete trabajadores “ajusticiados", centenares de trabajadores y estudiantes muertos en “choques” con el ejército, condenas que suman miles de años de cárcel, un número no determinado de detenidos, denuncias de desapariciones y torturas. Este es el balance, por cierto incompleto, de la barbarie terrorista desatada por la burocracia china después de la carnicería de Tiananmén. Tanques en las calles, universidades ocupadas militarmente, estado de sitio, procesos sumarios, listas negras, delaciones organizadas, campañas de “reeducación ideológica”. Esta es la cara de la dictadura militar de la burocracia china. La represión está concentrada sobre las organizaciones independientes de las masas, y en particular sobre la clase obrera. Los primeros fusilados fueron obreros fabriles y desocupados, lo que llevó al corresponsal del New York Times (16/6) a afirmar que “(esto) puede ser significativo porque el gobierno está particularmente alarmado por la perspectiva de que los trabajadores se plieguen a la protesta y vayan a la huelga”. La misma “preocupación” alcanza a los inversores japoneses en China, para quienes “todo dependerá de la reacción obrera. Si van a la huelga, la prueba de fuerza se va a agravar y se extenderá progresivamente a todo el país” (Le Monde, 6/ 6). La burocracia china ha perdido por completo su “legitimidad” obrera y se ha transformado exclusivamente en un clan de privilegiados. La burocracia ha endurecido la represión porque no ha podido derrotar a la revolución pese a los miles de muertos y heridos de Tiananmén. La resistencia popular es tan heroica como extendida. En las grandes ciudades del interior, con millones de habitantes, se han realizado grandísimas manifestaciones en repudio a la masacre y en “honor a los mártires del pueblo”. En Shanghái, Cantón, Nankín y Chengdu se han producido violentos enfrentamientos entre las masas, lideradas por los trabajadores, y los militares. Distintos informes de prensa señalan la emergencia de grandes huelgas obreras en las ciudades de Chengdu y Shanghái y hasta en la sangrante Pekín, donde se registra un ausentismo superior al 50% en las fábricas. Mientras los estudiantes no han reiniciado sus clases, en ningún momento dejaron de aparecer volantes, carteles y hasta pintadas en todas las ciudades importantes. “China puede enfrentar una rebelión popular de gran escala”, señala el corresponsal del Washington Post (8/6). El de Le Monde (11/6) agrega que “las provincias están al borde de la sublevación”. Pese al baño de sangre, el “orden" no reina en China porque los trabajadores y el pueblo resisten. El propio imperialismo ha señalado su preocupación por la "pasmosa incompetencia para imponer el orden en la ciudad (de Pekín)" (Le Monde. 9/6). El genocida Li Peng anunció que “no habrá misericordia". El mensaje es cristalino. “Entramos —señaló un diplomático— en una etapa de pesada intimidación para que la gente vuelva al trabajo y permanezca en él" (New York Times, 16/6). La burocracia intenta desesperadamente mediante el crimen en masa quebrar la resistencia popular. La continuidad de la lucha de los obreros y estudiantes, pese a los golpes recibidos, es la viva expresión de la profunda revolución política que sacude a China. Una derrota estratégica de los trabajadores chinos no está a la vista, pero de ocurrir acentuaría cualitativamente el proceso de restauración capitalista, dislocaría definitivamente al Estado y conduciría por otra vía a la guerra civil. Debido a estos peligros es previsible un inminente golpe de Estado para restaurar la "moderación” burocrática y darle una dirección estatal a las masas, a la manera de Gorbachov. Cualquiera de estas variantes (todas las cuales giran en torno a la definitiva descomposición del régimen burocrático y a la inviabilidad de la economía estatizada si no se produce una revolución política que establezca el régimen de la dictadura del proletariado) desenvolverán más profundamente la crisis política y forzarán a una mayor maduración de las masas chinas.

“Los dirigentes chinos de la línea dura transfirieron aproximadamente 77,5 millones de dólares a bancos extranjeros durante las recientes manifestaciones y tenían aviones listos para huir del país” (La Nación, 27/6). El cable, que proviene de Londres, agrega que los genocidas pekineses esperaron “dos semanas completas” para lanzar los tanques contra el pueblo, porque las “necesitaban” para sacar el dinero del país. Por un largo momento, la burocracia (o una poderosa fracción de ella, al menos) sintió en su piel la inminencia de una victoria revolucionaria. El “dinero" al que se refiere el cable, es sin duda el que constituye el “patrimonio" personal de los burócratas; las reservas oficiales de divisas del país están prendadas a los acreedores extranjeros. La noticia revela que las consignas de los manifestantes contra la corrupción y por el “control de las cuentas corrientes de los grandes dirigentes” daban absolutamente en el clavo. Estas consignas corresponden, no a un reclamo de restauración capitalista, sino a un movimiento de revolución política. El cable transmite una imagen indisimulable: la atmósfera de absoluta y definitiva desmoralización que se respira dentro de la alta burocracia china. Sabe que no tienen futuro alguno. Al sacar sus “ahorros” y preparar los aviones para huir del país, denunciaron un inconfundible “estado de ánimo". Se trata del síntoma de una descomposición irrevocable. El pequeño cable de Londres encierra una gran lección política.

La colaboración en materia de Inteligencia (espionaje) entre los regímenes de Washington y Pekín desde 1971 fue flagrantemente confirmada en medio de la sangrienta masacre de Tiananmén. Así lo informa un editorialista del Washington Post, que reproduce Clarín (26/ 6), matando con esto dos pájaros de un tiro: destruye la demagogia "democrática” del imperialismo yanqui y desnuda el carácter contrarrevolucionario del régimen pekinés En parte, esto lo comprende muy bien el periodista norteamericano cuando dice que “la existencia de esta red constante de contactos de inteligencia entre Estados Unidos y Pekín parece uno de los factores que han enmudecido a la administración Bush frente a las ejecuciones y la brutal represión practicada por el gobierno chino" (ídem). La existencia de estos vínculos de espionaje permite deducir que los imperialistas estaban perfectamente al tanto de la masacre que estaba por perpetrarse y de que conocían muy bien los alcances que tuvo, algo que la prensa mundial ha minimizado hasta ahora. Como cabe suponer, la masacre ha obligado a Estados Unidos a poner “énfasis en la preservación de las relaciones estratégicas”, como lo dice textualmente el diario de la capital norteamericana. Todo esto lo pasan por alto los que luchan en los Estados obreros por una “democracia occidental” y por la “convergencia con Occidente”. La "democracia occidental” es, en realidad, un sostén de las dictaduras burocráticas. El planteo progresista debe ser luchar por la unidad del proletariado mundial para derrocar al imperialismo en “Occidente” y a la burocracia en el “Oriente".

La sangrienta masacre de Tiananmén y el monstruoso estado terrorista montado contra las masas chinas no ha resuelto la enorme crisis dentro de la burocracia china. La elección del nuevo secretario general del PCCh, elegido para reemplazar al “democratizante” Zhao Ziyang fue retardada, precisamente por las agudas luchas en la cúpula. No se quería romper, con un nombramiento apresurado, la “unidad ficticia” (Le Monde, 11/6) que había permitido al régimen sortear el peligro de una guerra civil abierta entre las fracciones militares, en las primeras horas que siguieron a la masacre de Tiananmén. Sin embargo, el nombramiento de Jiang Zemin, como nuevo secretario general no zanja la cuestión, al punto que fue definido como “el jefe de transición de un partido que se encuentra en ruinas... (detrás del cual) se intensificarán las disputas internas y la lucha por el poder” (Clarín, 27/6). ‘Deng (padrino de Jiang) no tiene política de recambio”, señaló preocupadamente Le Monde (11/6). La “implosión” El peligro de un estallido interno de la burocracia ha provocado la “cautela” del imperialismo. El propio Kissinger, campeón del anticomunismo, se apresuró, por este motivo, a declarar su cerrada oposición a cualquier tipo de sanciones económicas o políticas. El peligro de una “implosión” de todo el régimen estatal es señalado por Le Monde (11/6). “Si el PCCh no logra restablecer rápidamente su autoridad —dice el diario— las provincias —donde la agitación se extiende día a día— podrían intentar tomar sus destinos en sus propias manos. El peligro que amenaza a China es el de su desintegración en feudalidades regionales. Más grave aún es el riesgo de la desintegración de la economía por la pérdida de confianza de la población en las reformas. El ejército está entrampado por la incapacidad del PCCh de reglar la sucesión de Deng”. En realidad, las tendencias dislocadoras son el producto de la burocratización del Estado y de las reformas capitalistas, y no de una “desconfianza” en ellas, que si existe es, precisamente, debido a su carácter dislocador. Las conclusiones de Le Monde son válidas, de cualquier manera, en una última instancia; antes de esto la burocracia procurará salvar su dominación usando el recurso “democrático”. Las conclusiones “extremas” de Le Monde apuntan a justificar el apoyo al régimen represivo actual y a preparar cautelosamente el recambio democratizante. La clase obrera La clave fundamental del futuro chino estriba en la evolución política del movimiento de masas y, en particular, el carácter de su dirección. Coexisten dos tendencias políticas en el seno del movimiento antiburocrático. La primera, con base en la intelectualidad, un sector del movimiento estudiantil y una parte del propio aparato estatal, tiene como consigna “una democracia occidental”. Fang Lizhi, un físico que se ha refugiado en la embajada norteamericana es uno de los representantes de esta tendencia de restauración del capitalismo, que de triunfar hará definitivamente imposible la democracia en China, “occidental” o de cualquier tipo, por la simple razón de que polarizará hasta grados extremos la diferenciación social. Esta tendencia derechista ha aceptado tempranamente la “derrota” (ver New York Times, 8/ 6). Hay una segunda tendencia, que se expresa por medio de consignas y de reivindicaciones antiburocráticas, pero que no tiene un definido planteo estratégico. Esto explica que haya sido sorprendida por la represión y que tuviera ilusiones en el ala democratizante representada por el desplazado secretario general, Zhao Ziyang. Se destacan sus planteos contra la corrupción, contra el desempleo y la rebaja salarial y por la construcción de sindicatos independientes. Este movimiento organizó hace pocos años una serie de manifestaciones “contra la invasión económica japonesa y la sumisión del gobierno al capitalismo”. Las masas chinas avanzan en esta tendencia a partir de su nivel histórico de conciencia. Es sorprendente la aparición de centenares de retratos de Mao —en cuyos tiempos los salarios eran superiores y la desocupación menor— cuando el debut del movimiento democrático había apuntado contra el totalitarismo maoísta. Es indudable que ha habido una reversión de la tendencia en el seno de los movimientos políticos con predicamento entre la masa. La prensa norteamericana ha hecho una primera evaluación de este fenómeno. “Si los trabajadores y sobre todo los campesinos se levantan, el papel y las aspiraciones de los estudiantes pueden caer en un segundo plano. Los intelectuales y obreros pueden compartir el odio a la corrupción, pero los grandes retratos de Mao que los obreros industriales mostraron en Pekín fueron una advertencia de que la mayoría de las masas chinas anhelan un emperador ilustrado y no instituciones democráticas” (International Herald Tribune, 8/6). Estos planteos traducen un considerable desconcierto en los medios políticos capitalistas respecto a un país de la incidencia mundial de China. Refleja que se cae a pedazos el optimismo respecto a una restauración capitalista “pacífica” en los Estados obreros, así como la ilusión de que esa restauración pudiera ser envuelta en un ropaje democrático. La ilusión en Mao no es algo que pueda ser tratado en forma superficial, esto porque refleja dos tendencias contradictorias: de un lado, la expectativa de una solución dictada desde arriba por una burocracia con ceño austero o, del otro lado, la sospecha de que habrá que recurrir a los métodos de la guerra civil revolucionaria para acabar con “los señores que han emprendido el camino capitalista”. La evolución política de China se ha diferenciado de los otros Estados obreros burocráticos por sus convulsiones políticas y por la intervención de las masas en ella, casi sistemáticamente desde la revolución (1949), y aun en el curso de toda su historia en el presente siglo. La suposición de que aspire a un “emperador” socialista no guarda relación con esta realidad, a lo sumo refleja el descarrío de quien eso sostiene por los laberintos de la vieja China precapitalista. Aunque un “Bonaparte” no puede ser descartado, esto constituirá un breve episodio en la guerra civil que debe destruir a la burocracia. La verdadera cuestión es si en China se construirá en un plazo más o menos breve un partido revolucionario, algo que depende también de la evolución política de la vanguardia de la clase obrera a escala mundial.

El futuro canciller de Menem , Domingo Cavallo, anticipó el domingo pasado que “también” con respecto a Malvinas “actuaremos con realismo” (Clarín, 25/6/89). “Realismo”, como se sabe, es la muletilla que designa la resignación ante los hechos consumados, ante las situaciones existentes y ante los “intereses creados”. En el caso de Malvinas equivale a la completa capitulación ante el imperialismo “anglosajón”, o ante el ‘ Occidente calvinista” (Jorge Abelardo Ramos “dixit”). De esta manera, la “diplomacia” del “nacionalismo” menemo-carapintada supera al caputismo (¡lo que no es poco!) en la entrega de la soberanía nacional. “Cuando hablo de realismo — tuvo que precisar, precisamente, Cavallo— hablo de mecanismos de defensa de nuestros intereses sobre las islas que no reduzcan las posibilidades de que aprovechamos inteligentemente nuestro litoral marítimo en la pesca o que tengamos una relación económica fluida con Europa”. De esta manera, el espíritu mercantil (o “judaico” en la jerga del nuevo oficialismo) subordina a sus fines los valores de la soberanía nacional. No deja de ser lógico, después de todo, que en un régimen “privatista” se considere a Malvinas en función de los “intereses privados”. La cuestión del acuerdo pesquero es precisamente lo que han venido exigiendo Inglaterra y Estados Unidos, en lo que equivale a una imposición de derechos a partir de la usurpación de Malvinas. De la mano de Menem-Cavallo, Argentina pactaría con la potencia colonial en términos que significarían un reconocimiento de la usurpación inglesa y que la reforzarían en el marco internacional. La “política exterior” del hombre que habló de “derramar sangre” por las Islas, durante la campaña electoral, y hasta de expropiar “los bienes de la corona” refleja también la presión de intereses capitalistas y comerciales multitudinarios, pues no hay Estado que no haya firmado convenios de pesca con Inglaterra para depredar tos mares del sur. Traduce también, entonces, la política de la burocracia rusa, completada con la Thatcher a través de las flotas pesqueras de Polonia y otros del “glacis” (estados tapones) soviético. A fines del año pasado, durante su visita a Europa, Menem había planteado públicamente su disposición a negociar con los ingleses “sin precondiciones de soberanía” argumentando que este era el único camino viable para “intensificar las relaciones económicas con Europa” y atraer sus capitales. Ahora Cavallo convierte en términos prácticos esta posición. Más allá del lado “mercantil", sin embargo, el menemismo pone en marcha un planteo de coloniaje político de Argentina, pues todo esto apunta a un acuerdo estratégico con el imperialismo norteamericano —verdadero árbitro y potencia dominante en el Atlántico Sur. Es preciso recordar aquí que Eduardo Menem, en una conferencia pronunciada en el CARI (Consejo Argentino de Relaciones Internacionales), un “lobby" del Departamento de Estado en Argentina, ya había señalado que estaba “agotada la tradición diplomática argentina de recurrir a las Naciones Unidas para obtener el pronunciamiento en favor de las negociaciones. Con eso no alcanza y ahora más que nunca Estados Unidos puede jugar un gran papel” (El Heraldo, 4/4/89). Es lo que ahora concreta Cavallo. El próximo canciller tiene el mérito de no irse por las ramas en la cuestión Malvinas. Para él, Argentina debe seguir el ejemplo de Japón, que luego de salir derrotado de la segunda guerra mundial, concentró sus energías en la recuperación económica y dejó en un plano secundario el destino de los territorios (islas) perdidos. De esta manera, el sucesor de Caputo anticipa, de un lado, que al igual que Japón, Argentina pasará a ser una dependencia diplomático-militar de Estados Unidos y, por otro lado, alega un nuevo pretexto para entregar el conjunto de la economía al gran capital. La consigna de “la soberanía pasa por el desarrollo" significa así la entrega por partida doble: patrimonial y territorial. ¡Qué dirán tos “malvineros”, Seineldín and Company! Reclaman la destitución del “generalato de la derrota”, pero apoyan al gobierno del “colonialismo británico”. No es la IV Internacional sino los “carapintadas" quienes van en yunta con la política que defiende el “Inteligence Service" los colegas ingleses del “tata” Yofré. En el importantísimo reportaje a “Clarín”, Cavallo anuncia también un "perfil bajo” de Argentina con relación a América Central, lo cual significa, en el “lenguaje cifrado" de la “diplomacia”, que Argentina abandona toda pretensión “moderadora” con referencia a la crisis en aquella región, o dicho de otro modo, que renuncia a la “solución latinoamericana" contra la revolución en Centroamérica. Cavallo completa, de este modo, un giro de 180° con relación a la época de la guerra de Malvinas, cuando Argentina reclamaba la unidad de América Latina contra los ingleses y, por elevación, contra tos yanquis. Ahora la burguesía nacional pone en el poder a los voceros de la unidad con los yanquis y con los ingleses contra la causa nacional latinoamericana: la defensa de Nicaragua y de la revolución centroamericana. También aquí, ¡oh sorpresa!, hay coincidencia, y no divergencia, con los rusos —que están “arreglando” con Bush el “asunto” Nicaragua, de la misma manera, como lo han hecho con Angola, Namibia, África del Sur, Afganistán... es decir un beneficio de los intereses de la contrarrevolución a escala mundial. ¿Se pronunciarán los “nacionalistas” ante esta política “protestante”, “británica”, “antimalvinera”, “mercantil”, “judaica”, “gringa", “vasalla" colonial y antinacional del gobierno de “unión nacional” con Bernardo (!) Neustadt, los “mitristas", Alsogaray, los “sinárquicos” Bunge y Born (!) y el frondifrigerismo?

Los lectores del PO no debieran figurar, por cierto, entre quienes han sido sorprendidos por los nombramientos efectuados por Menem en beneficio de la familia Alsogaray y de la familia frigerista. A través de “Prensa Obrera” fuimos denunciando paso a paso la estrecha confluencia entre Menem y la Ucedé, desde una fecha tan temprana como octubre de 1988, cuando toda la prensa, incluida la de izquierda se perdía en el duelo verbal electoral que entablaban peronistas y liberales y hasta “ridiculizaba" nuestra denuncia del pacto Menem-Alsogaray. Desde estas páginas anticipamos el acuerdo entre Menem y la Ucedé de Alsogaray cuando ambos coincidieron programáticamente en un “‘coloquio’ empresarial” realizado en Bariloche bajo la égida de Bunge y Born y Bridas (Prensa Obrera 249, 9/11/88). Esas coincidencias estaban centradas en la privatización (a precio de remate) de las empresas públicas, en el pago anticipado de la deuda externa autorizando que se convierta en capital (a valores subsidiados) y en la desregulación del mercado de trabajo (flexibilidad laboral). Estas coincidencias materializaban la principal exigencia del gran capital, en especial la de los “capitanes de la industria". Aunque éstos sostenían por aquella fecha “el plan primavera" de Alfonsín y la candidatura de Angeloz, la devaluación del austral dispuesta por Sourrouille en febrero perjudicó a un sector de los “capitanes de la industria” y provocó la total ruptura de este frente y el pasaje definitivo de esos sectores al campo de Menem (cuya campaña ya venían apoyando "generosamente"). La devaluación de Sourrouille había sido impulsada preferentemente por la banca acreedora y el FMI. En el comunicado de prensa que resume la intervención de Jorge Altamira en un acto público en La Plata, el 31 de marzo pasado, decíamos: “Altamira también interpretó que la caída de Sourrouille pone fin a las posibilidades electorales del candidato radical, cuyo gobierno ha perdido la confianza de los acreedores externos, los cuales sólo lo sostienen como puente o transición hacia un gobierno del justicialismo. Menem se ha convertido así en el candidato definitivamente aceptado por el gran capital, quien le reclama que ponga en práctica un gobierno de coalición o la incorporación al gabinete de hombres del radicalismo y el ucedeismo”. ¡Qué tal! El acuerdo PJ-Ucedé pegó un brusco salto en marzo pasado con motivo de un discurso de Menem en su gira por la Patagonia, que “La Nación" publicaría en forma de solicitada. Allí el riojano hacía un inusitado elogio del gobierno de Frondizi y de su política de entrega del petróleo, que había sido llevada adelante por el entonces ministro Álvaro Alsogaray, y se manifestaba partidario de "repatriar” los capitales fugados mediante el incentivo de un dólar “libre”. La “repatriación de capitales” había sido el eje de la campaña electoral de la Ucedé. Por eso Alsogaray recogió de inmediato el guante y dejó planteada la posibilidad del voto a Menem en el Colegio Electoral. Pusimos en evidencia este hecho a comienzos de marzo, 80 días antes de las elecciones, cuando “el candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, denunció un ‘pacto a espaldas del pueblo' que intentará concretar el postulante justicialista Carlos Menem con Álvaro Alsogaray y la Ucedé” (La Voz del Interior, 7/3/89). A su vez, en declaraciones a Télam, recogidas por el Heraldo (25/3/89) “Gregorio Flores dijo que Carlos Menem trata de lograr un acuerdo con la Ucedé, donde María Julia Alsogaray está dispuesta a que ese partido dé su voto al justicialismo, mientras que Adelina de Viola se inclina por Angeloz". La conducta de María Julia Alsogaray, que dirige personalmente el pacto de los electores de la Ucedé con el Frejupo en la Capital y la escisión en la Ucedé por este "pacto” que hoy asombra a tantos ya había sido anticipada por el PO. “El planteamiento menem-alsogaraista, tiene por mentor original al venido a menos Rogelio Frigerio que lo viene reclamando desde el 83 y que naturalmente está en el Frente Patriótico Menem Presidente", ya hablamos señalado en PO de noviembre pasado cuando el "petrolero” Diego Ibañez ni imaginaba a Octavio Frigerio y a Arturo Sábato dirigiendo YPF . Se acostumbra a acusarnos a los trotskistas de “fantasiosos”. ¡Pero qué “fantasía” más creativa! La causa que explica estos acertados pronósticos formulados con carácter “exclusivo” (la IU decía que Menem se diferenciaba de Angeloz y de Alsogaray en función de su "base social" y que, a lo sumo, podía tener alguna semejanza solo con el primero); la causa, decimos, estriba en la correcta caracterización que el PO tiene del nacionalismo burgués y de la burguesía nacional. El primero, que está encarnado principalmente por el PJ, no es una “idea” sino el reflejo político de intereses sociales, precisamente de los de la segunda. El programa del nacionalismo burgués debe reflejar necesariamente los intereses de conjunto de la burguesía nativa y sus relaciones con la clase obrera, de un lado, y el imperialismo, del otro. El capitalismo nacional se encuentra representado hoy socialmente por los “capitanes de la industria”, con sus conexiones financieras, comerciales y bancarias. Cafiero, al principio y Menem, después, supieron vehiculizar los planteos de éstos, a partir del agotamiento de la experiencia alfonsinista y de la quiebra generalizada que ella provocó. El menemismo tejió sus lazos con esos intereses a partir de la “promoción industrial” en La Rioja, verdadero “crisol” o “nido de víboras”, como se prefiera, de este nuevo “bloque de poder”. El menemismo no ha “traicionado” al nacionalismo burgués, es, por el contrario, su mejor intérprete. Lo prueba el frente que ha armado dentro del peronismo y la impotencia de sus raleados adversarios. Ven al menemismo como “traición” sólo quienes se han hecho una "cierta idea” del nacionalismo burgués y que han sido incapaces de definir sus raíces sociales. Todo esto, digamos de paso, demuestra la superioridad del vilipendiado marxismo. En tren de pronósticos, dejamos para finalizar que, cualesquiera sean los éxitos que pueda llegar a tener Menem en derrotar una resistencia popular, sus posibilidades son aún menores que las de quienes lo antecedieron. Por una parte, será impotente para detener la presión desquiciadora del imperialismo; por la otra, no logrará resolver las brutales contradicciones de la burguesía nacional frente a la crisis. Al final, como consecuencia de esta impotencia histórica, las masas se abrirán camino para sepultar una tentativa nacional condenada al fracaso. La existencia de un partido obrero revolucionario servirá para dar a los explotados la conciencia política necesaria y los medios de la victoria.

"A pedido del justicialismo, el poder ejecutivo nacional decretó el lunes último el estado de sitio, medida que fue prontamente ratificada por el Congreso. Aquel requerimiento de la más importante fuerza opositora, respondía a una situación producida en dos provincias gobernadas por el peronismo, Santa Fe y Buenos Aires, cuyas fuerzas de seguridad amenazaban ser desbordadas por turbas dedicadas al saqueo de establecimientos comerciales de comestibles. “La aplicación del artículo 23° de la Constitución Nacional, aunque disguste al espíritu democrático es un remedio legal que la república tiene a mano para superar contingencias graves. En ese punto y, más aún, con el respaldo casi unánime de los legisladores nacionales, no resulta en principio objetable que por excepción un gobierno de derecho acuda a esa prescripción constitucional que limita, temporariamente, las garantías y derechos individuales. “No resulta aceptable en cambio, la consumación de procedimientos policiales como el que se perpetrara contra un alto dirigente del Partido Obrero, reciente candidato presidencial por esa agrupación política. El político se encontraba en Casa Rosada para aclarar, precisamente, versiones e imputaciones equivocadas que daban a esa corriente como protagonista principal de los actos de pillaje en Rosario y el cinturón metropolitano. “De ese lugar, de ese sitio sede de la más alta autoridad gubernativa, el dirigente es arrancado y conducido a empellones hasta un patrullero, teniendo como testigos a decenas de periodistas que habitualmente cubren las novedades de la vieja casa de Balcarce 50. No hubo funcionario medio ni alto que, en ese trance, pusiera a los efectivos policiales en su lugar, los obligara a respetar la sede gubernativa y, también, a una figura política que aguardaba entrevistarse con el secretario de Interior. Más aún cuando esa tropa procedía sin estar autorizada debidamente por un juez cuya orden invocaba. “Más allá del principio de 'igualdad ante la ley’ consagrado constitucionalmente, esta violenta detención resulta más chocante, más absurda cuando tiene por víctima a quien, hasta hace muy pocos días, dentro de la ley y con ratificación expresa y precisa de las autoridades electorales, era uno de los aspirantes a suceder al actual presidente de la nación, al margen del reducido número de voluntades ciudadanas que en el acto comicial encontrara esa postulación. “No se estaba frente a un delincuente peligroso, armado, que era necesario reducir para evitar una tragedia. Era simplemente un dirigente político a quien, precisamente, no pueden achacársele conductas duales ni elusiones programáticas en tanto sus mensajes, que llegaron a todo el país por la radio y la televisión, fueron de una claridad que no tuvieron ni por aproximación otros candidatos que de la indefinición hicieron su mejor arma electoral. Aparte de las discrepancias que podrían oponerse a su análisis de la realidad argentina y de los remedios que formulaba, su forma directa de pronunciarse lo hacía, al menos, merecedor del respeto de la ciudadanía consciente. “El estado de sitio, vale aclararlo, se decreta para asegurar la forma republicana de gobierno, la vigencia de la Constitución y de las autoridades creadas por ella. En absoluto el artículo 23° abre la puerta a la violencia opresiva e innecesaria, a la jactancia de la fuerza, al reinado de la prepotencia, al abuso del poder. El episodio, el triste episodio de la tarde del jueves en Casa Rosada, tiene un poco de todo eso, del retorno a procederes autoritarios, dictatoriales que el mundo, informado a través de las imágenes, no podrá dejar de juzgar con mayor severidad aún que esta columna. “Consterna que durante la vigencia de un gobierno democrático que, como ningún otro y a través de más de cinco años, ha seguido una línea de respeto a las Iibertades y de tolerancia por el disenso, se produzca este incidente que no debería quedar sin una rigurosa sanción para los miembros de esa insolente comisión policial. Más todavía cuando, hasta el momento, no se ha presentado clara evidencia de una participación del PO —ni de ningún otro partido legal— en la organización de esas hordas dedicadas al latrocinio. La presencia de algún afiliado de ese partido o de otros de izquierda en los tumultos, no dice absolutamente nada; sería una locura atribuir a Antonio Cafiero o a Edison Otero la instigación a los saqueos, porque en los grupos atacantes aparezcan afiliados peronistas o radicales, que los habrá seguramente y en mucho mayor número. “¿Acaso la policía gastó igual violencia o molestó siquiera a un charlista radiotelevisivo, viejo golpista él, que exhortó a sacar 'los tanques a la calle', en la mayor instigación a la violencia que se haya visto y oído en estas últimas semanas?" (3/6/89)

“Apoyamos la resistencia del PO al atropello policial y la defensa de sus locales” Los obreros ferroviarios comunistas de los talleres de Remedios de Escalada a los compañeros del Partido Obrero "Nos dirigimos a los compañeros del Partido Obrero, para hacerles llegar nuestra firme y combativa Solidaridad ante la serie de allanamientos perpetrados contra los locales de vuestro partido en estos últimos días. “Los Ferroviarios conocemos en carne propia lo que es la salvaje represión de los poderosos intereses del gran capital nacional, los monopolios, la oligarquía y el imperialismo. “Es sumamente alentador y merece el apoyo de la clase obrera y el pueblo que el Partido Obrero haya resistido firmemente esta avalancha 'policiaca', reafirmando su derecho a mantener en alto sus banderas, defender su local partidario y no haberlo abandonado. “Los trabajadores ferroviarios comunistas nos pronunciamos por las coincidencias mínimas programáticas, por el esfuerzo en construir un gran Frente de Liberación Nacional, que luche por los derechos económicos, sociales, políticos y culturales y la definitiva independencia de nuestra patria. “Con esta concepción, con este compromiso, ratificamos nuestro enérgico repudio y exigimos la inmediata libertad de todos los presos políticos y sociales y hacemos llegar nuestra solidaridad ante los criminales atropellos de que ha sido víctima el Partido Obrero. “Sin otro particular saludamos a los compañeros del partido con nuestra mayor fraternidad." PARTIDO COMUNISTA COMITE FERROVIARIO REMEDIOS DE ESCALADA De Astilleros Domecq García "Buenos Aires, 5 de junio de 1989. “Los abajo firmantes, trabajadores del Astillero Ministro Manuel Domecq García, reclamamos la inmediata libertad a todos los detenidos por razones políticas, a Jorge Altamira y la dirigencia del Partido Obrero, y militantes del FRAL, Mas y Partido Comunista, injustamente perseguidos y detenidos. "Asimismo, repudiamos la implantación del Estado de Sitio, utilizado como elemento de persecución ideológica y de represión hacia el pueblo. “Sabemos que: los verdaderos saqueadores de la Nación siguen impunes y reciben mayor amparo con estas medidas de neto corte autoritario". Siguen firmas De la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Tucumán San Miguel de Tucumán, 2 de Junio de 1989. A la Dirección del Partido Obrero — Tucumán — La Liga Argentina por los Derechos del Hombre Filial Tucumán tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de hacerle llegar nuestra solidaridad en razón de la serie de allanamientos y detenciones de la que fueron objeto vuestros locales y dirigentes de Vuestra Organización Política. Nos solidarizamos también con vuestra lucha para obtener la inmediata libertad de vuestros compañeros y lograr la devolución de sus locales partidarios. Sin otro particular saludamos a Uds. con un fraternal abrazo. Del Diputado australiano Lewis Kent Al Presidente Raúl Alfonsín Casa Rosada Buenos Aires Argentina 6 de Junio de 1989 Estimado Presidente: Protesto enérgicamente contra el arresto arbitrario y la detención de Jorge Altamira, Juan Carlos Capurro y Octavio Camera. En nombre de los derechos humanos reclamo que Ud. los libere de inmediato. Suyo sinceramente. Lewis Kent M.H.R. Miembro de Hotham Del Presidente del P.T. – Brasil Del interior de San Pablo El PT protesta por los presos en Argentina Del movimiento negro brasileño Del Comité de Defensa Social y Proletario – Italia

Los términos exclusivamente políticos e ideológicos del proceso que se ha abierto contra seis dirigentes y dos militantes del Partido Obrero, no deben servir solamente para la comprensión de que la actividad política está reglada en Argentina por el Código Penal y de que el llamado régimen democrático se caracteriza en realidad por un sistema tutelado por la burocracia represiva del Estado. Los términos del proceso abierto indican claramente que el objetivo de la detención de nuestros compañeros, por parte del Estado, apunta inconfundiblemente a la proscripción del Partido Obrero . ¿Cómo explicar de otro modo que se haya dictado una prisión preventiva contra las figuras máximas de una organización, sin ofrecer ninguna clase de prueba material de delito, cuya omisión se sustituye por una acusación dirigida contra las consignas políticas del PO? Las consignas son materias, no ya opinables y por lo tanto no sujetas al arbitrio de un juez, sino derechos civiles cuyo desconocimiento tipifica a un régimen de despotismo. Si el acierto político de una consigna debe ser dirimido en sede judicial, es claro que los servicios de inteligencia, la policía, el ministerio de justicia, el fiscal y el poder judicial (¡en ese orden!) han impuesto a la sociedad un régimen político no escrito, que deja en manos de aquéllos la tarea de velar por la “razón de Estado”. En los fundamentos de la prisión preventiva dictada contra nuestros compañeros, el juez Larrambebere entiende, con el total acuerdo del fiscal, que es totalmente inconveniente que la “clase obrera deb(a) entrar en acción” o que protagonice “una manifestación única a Plaza de Mayo" por sus reivindicaciones. Semejante planteamiento significa, nada menos, que el PO debería incorporar a su Comité Nacional a un representante autorizado del Poder Judicial, para orientar sus definiciones políticas. En las condiciones del país a fines de mayo pasado, hubiéramos debido apoyar el estado de sitio, que según el expreso punto de vista judicial consultaba perfectamente las necesidades nacionales del momento. La cuestión es clara: o el PO se pliega al Código Penal, entendido como reglamento ideológico, o el PO debe ser proscripto. La aplicación consecuente de este principio debería conducir a la proscripción política general de partidos y sindicatos. Es imposible dejar de vincular, en este sentido, la prisión preventiva contra el PO y la declaración del estado de sitio por medio de un decreto del poder ejecutivo, el cual equivale, por definición, a una declaración de proscripción política general. La circunstancia realmente notable de que la decisión de confinar la actividad política a límites arbitrarios fuera luego votada por partidos que reúnen al 95% del electorado, revela una tendencia represiva que salta sus propios límites, porque va contra esos mismos partidos. Estos tuvieron que votar un estado de sitio contra sí mismos con lo que confesaron su condición de engranaje de la burocracia del Estado. El estado de sitio contra los propios afiliados —esa ha sido la consigna de los partidos del capital (¡No dijo Menem que el 90% de los que entraron “sin permiso” a los supermercados llevaban debajo de la camisa el escudo del PJ!). El PO figura en estas circunstancias como reo por negarse a aplicar este aberrante principio político. La inexistencia del delito y de su respectivo cuerpo, lejos de haber determinado el archivo de la causa, la ha ampliado. Ahora el Juzgado de Morón ha pedido al de Lomas de Zamora la “unificación de causas” en relación a otros nueve militantes del PO, liberados por este último juzgado, quien encontró que la difusión del periódico y volantes del PO por parte de estos compañeros se encuadraban en los derechos constitucionales. De prosperar el pedido de Morón, los procesados podrían pasar a diecisiete. Todo esto lleva a una exigencia muy clara: la opinión pública democrática debe movilizarse. El gobierno “liberal y popular" acaba de declarar que nadie le “torcerá el brazo”, algo que como sabemos no es una frase de los torneos de pulseadas de Sofovich, sino el preámbulo del estado de sitio. Los derechos democráticos están objetivamente en peligro por los alcances antipopulares de los “ajustes" que no cesan sino que se agudizan, y están subjetivamente en peligro por la definida tendencia reaccionaria y derechista que domina en los círculos de la burocracia del Estado y de los explotadores. A redoblar la lucha para poner fin a la persecución contra el PO y para defender las libertades democráticas.

Durante el curso de la semana pasada, la patronal de la metalúrgica Fader anunció que suspendería a todo el personal durante la última semana de junio, sin reconocer los salarios caídos. Circulan numerosos rumores, además, de que se cerraría una línea de producción y que se despedirían a 20 trabajadores. Ante esta situación, el cuerpo de delegados de la planta reclamó a la patronal el pago parcial de tos días de suspensión y la no ejecución de despidos. La patronal rechazó los dos planteos, por lo cual una asamblea general de fábrica resolvió el pasado viernes 23, la “permanencia” en planta de todos los turnos hasta la noche. Allí, desde los portones de la fábrica, se propagandizó ante el periodismo y vecinos solidarios. A las 21 horas, se levantó la “permanencia” y se resolvió concurrir masivamente a una reunión citada por el Ministerio de Trabajo para el día lunes 26. La patronal aprovechó el fin de semana para enviar 18 telegramas de despido. El Ministerio convalidó la política patronal. La burocracia sindical de la UOM Rosario (que hasta ese momento se había limitado a expresiones verbales de “solidaridad") advirtió a los trabajadores que “cualquier medida de fuerza ulterior sería declarada ilegal... al no contar con el apoyo del sindicato”. A pesar de todas estas dificultades, los obreros de Fader resolvieron instalar una olla popular en la puerta de la planta y organizar una campaña dirigida a todas las fábricas metalúrgicas del cordón de Ovidio Lagos. La acción de Fader es la primera contra tos despidos y suspensiones que afectan a toda la UOM de Rosario. En este cuadro, la burocracia de la UOM ha sido incapaz de dar la menor respuesta, y ha trabajado por cercar y asfixiar al movimiento obrero allí donde, como en Fader, éste ha logrado estructurar una respuesta. Por eso, la lucha por la reincorporación de los compañeros de Fader debe unirse a una campaña, sobre todas las fábricas del cordón, por un Congreso de Delegados del gremio que adopte un rumbo frente a la ofensiva patronal.

Los trabajadores textiles de Trelew están librando una importante lucha contra las suspensiones que vienen aplicando desde mediados de mayo la gran mayoría de las fábricas del Parque Industrial, sin reconocer nunca salarios caídos por encima del 60% de la jornada completa y en algunos casos no pagando absolutamente nada. A fines de mayo una asamblea textil aprobó iniciar un plan de lucha por medio de una movilización callejera que reunió a más de 1.500 trabajadores. Sin embargo, la directiva de la AOT regional congeló el plan e inició discusiones con las patronales y el gobierno en torno de una “concertación". Lo único que efectivamente se “concertó”, sin embargo, fue créditos baratos para las patronales por parte del Banco Provincial. Como las suspensiones continuaron un plenario de delegados reclamó la convocatoria a una asamblea general. La asamblea que reunió a más de setecientos compañeros reclamó un plan de lucha, pero la comisión directiva (reforzada por la presencia de burócratas sindicales de Buenos Aires) señaló anticipadamente que desconocerla la resolución de la asamblea por carecer esta de "organicidad estatutaria”. ¡En la asamblea estaba allí presente el 25% de los textiles del Parque Industrial! La provocación de la burocracia produjo la retirada indignada de la mayoría de los trabajadores y la disolución de la asamblea. Pero con posterioridad los delegados y el activismo combativo de la AOT han emprendido una campaña de firmas por una asamblea general extraordinaria. Estos sucesos, incluidos los virajes que se han producido, plantean una reflexión. El mero reclamo de una asamblea está agotado como procedimiento para conducir una lucha efectiva. Ocurre que, por un lado, es necesario asegurar que la asamblea se realice, por el otro, hay que asegurar que se efectivicen sus resoluciones. Una y otra cosa reclaman la constitución de un comité de lucha y de huelga responsable ante las bases. En principio, ese comité habría que formarlo entre los delegados y activistas en la forma de una coordinadora, que deberá garantizar la realización de la Asamblea. En segundo lugar, esta deberá elegir un Comité de Huelga oficial. Ofrecemos estas reflexiones a los combativos compañeros de la AOT de Trelew.

Con un “Frigerio” en YPF es claro que a ésta se le ha puesto bandera de remate. ¿Pero en beneficio de quién? Esta es la pregunta del millón de pesos. Los Alfonsín , Terragno y Lapeña no eran menos saqueadores que los flamantes funcionarios “desarrollistas" y sin embargo no pudieron ganarse el pozo. La razón fue que la lucha entre los pulpos no llegó a ser desempatada y a nadie se le ocurrió el sistema de los penales. Seguramente que Frigerio entregará les “áreas marginales” de YPF a los “capitanes” nacionales, pero con esto no resuelve las apetencias capitalistas en el sector, que apuntan a la entrega de las “áreas de mayor rentabilidad" —un reclamo de la Esso y de la Shell. Incluso con relación al primer aspecto se espera una dura lucha en las licitaciones o adjudicaciones respectivas entre Perez Compac y Bridas. La oposición del burócrata Diego Ibañez al nombramiento de Frigerio se debe principalmente a que se opone, como agente de los “capitanes” nacionales, al favorecimiento de los grupos anglo-yanquis. Pero el mantenimiento de la situación actual poco perjudica a éstos, que compran a YPF el petróleo para retinar a cinco dólares, cuando ésta tiene que pagárselo a los Bridas y Perez Compac a 14.40 de la moneda norteamericana. Por encima de estas divergencias, sin embargo, el frente patronal está unido en llevar la nafta a 0.50 dólar el litro, un planteo al que la burocracia de SUPE no se ha opuesto. El engrandecimiento de la "renta petrolera” a costa de los consumidores es el punto de partida natural de los subsecuentes planes de entrega. Sin embargo, no hay ninguna razón que justifique ese precio, toda vez que los precios internacionales que se toman como referencia no corresponden a ningún costo de producción, el cual es apenas (en los países petroleros) el 5% del precio vigente en la actualidad. Los planteos de Frigerio no deben disimular el hecho de YPF es hoy una empresa virtualmente “privatizada" y vaciada, y que el nivel salarial de sus trabajadores ha ido cayendo junto con los salarios de todo el país. Por eso ante los nuevos planes se debe plantear la expropiación de los contratistas y refinadores capitalistas, el control obrero de la producción y un petróleo a precio nacional que sirva para apoyar la industrialización independiente del país. “Menem no baja sus banderas” Diego Ibañez en la Federación Supe, o Crespi, su mano derecha, en el sindicato petrolero de Capital se mostraron “sorprendidos” por las designaciones de Menem en YPF. Es que la inversión millonaria que la burocracia del Supe hizo en la campaña de Menem ha dado, hasta ahora, pura pérdida. De cualquier modo Ibañez, Crespi o sus agentes no pueden hacerse los distraídos: el 30 de setiembre del año pasado Menem no ocultaba sus designios: “si hubo un buen estadista en la Argentina, además de Perón, ese hombre fue Arturo Frondizi” (La Nación). El riojano reivindicó así la militarización del SUPE en 1958 con ¡seis meses de preaviso y por telegrama colacionado!

Desde hace 50 días el conjunto de los trabajadores estatales de Santa Cruz, viene protagonizando una extraordinaria huelga general, la que no sólo tiene completamente paralizada a la maquinaria del Estado, sino que constituye un componente del alineamiento que a tientas van estableciendo los trabajadores del país frente a la catástrofe desatada por el capitalismo y sus gobiernos. El movimiento surgió por un pedido del 10% de incremento sobre los salarios de ₳ 4.900 promedio que se ganaba en abril y una indexación que compensará la hiperinflación posterior. Lo que ahora, dos meses después, les ofrece el gobierno, es un ajuste del 100% sobre el bajo sueldo de abril, del 63% por mayo y del 15% por junio, cuando la carestía en mayo y junio fue del 250%. Esta propuesta equivale en la práctica a una reducción del salario real, pues mientras que con los ₳ 4.900 de abril se podían comprar 70 kilos de carne y 10 bolsas de harina, con los 21.000 que se propone ahora para cobrar en julio sólo podría comprarse menos de 30 kilos de carne y 5 bolsas de harina (En Santa Cruz el costo de vida es el doble del norte del país). Una lucha extraordinaria La huelga general partió de los docentes, a la que se sumaron rápidamente los otros seis principales gremios Se concretó una movilización callejera y en Municipales actuó un piquete para garantizar la huelga, mientras que en los colegios se desarrollaron reuniones con padres y alumnos para rodear de solidaridad la lucha. La crisis social en la provincia reforzó la protesta, porque en las obras de construcción hubo despidos masivos, los servicios sociales quedaron cortados, la atención médica desapareció y la escalada de precios llevó la canasta familiar a los 70.000 australes. Las amenazas oficiales de sanciones y de descontar los días de huelga no prosperaron y tampoco los intentos de levantar el paro en municipales por parte de los agentes del gobierno. La huelga, que la burocracia intentó que se desarrolle en forma pasiva y dominguera, se fue afianzando por medio de asambleas y movilizaciones. El viernes 16 de junio se concretó una asamblea general de todos los gremios ante una concurrencia de 2000 compañeros. El intento de la burocracia de poner fin aquí a la huelga a cambio de una promesa de pago del gobierno fue frustrado por los trabajadores que exigieron la efectivización de los aumentos reclamados. Defender la Huelga Desde el comienzo, el principal argumento del gobierno fue que no tenía dinero debido a que estaban congeladas los giros por regalías petroleras por parte del gobierno nacional, de modo que estaba fuera de su alcance la satisfacción de los reclamos. Fue un intento de vaciar las posibilidades de la huelga. Claro que ahora que las regalías se descongelan, el gobierno exige que la huelga concluya a cambio de moneditas. Por la radio y la televisión dice que es todo lo que pueden otorgar sin explicar adónde irán a parar los fondos que vendrán de Buenos Aires. De la pose de la víctima de los atropellos posteriores, el gobierno santacruceño ha pasado a ejercer la presión policial. Es así que acaba de impedir por la fuerza la realización de una asamblea docente — el gremio más combativo de la huelga. Se está librando una gran batalla entre el esforzado activismo que brega por mantener la huelga y la traición burocrática. En APAP de Gallegos, una asamblea rechazó masivamente por 700 votos a cero la propuesta de levantar el paro, pero los burócratas salieron a recorrer el interior para juntar firmas y reunir a los presidentes de seccionales para forzar ese levantamiento. Los burócratas amenazaron a los huelguistas con el “riesgo que corren siguiendo el paro” al cual ya le ha quitado todo tipo de apoyo. En municipales, en una reñida votación triunfó el levantamiento de la huelga por 78 a 70 votos, algo que no es real porque la burocracia manipuló el resultado de la votación. En el gremio docente la resistencia al levantamiento del paro es frontal. La conducción provincial de ADOSAC resolvió declarar finalizada la lucha sin consultar a nadie, pero en varias asambleas de Gallegos y también del Interior se decidió seguir, incluso contra la presión de grupos rompehuelgas ajenos al gremio, que difaman a los maestros. Defender la huelga es la tarea del momento. La realización de una asamblea general es imprescindible para conocer la efectiva opinión de la mayoría. Conformar en esta asamblea un Comité de Huelga ante la traición y carneraje de la burocracia es la salida para la continuidad del movimiento.

María Julia Alsogaray ha sido designada al frente del Entel con el acuerdo de Julio Guillán, que ha sido nombrado a su vez subsecretario de Comunicaciones. Semejante matrimonio sólo puede sorprender a aquéllos que despreciaron la convergencia de planteos entre la Ucedé y la burocracia sindical en los últimos tiempos, seguramente llevados por la idea de que las diferencias políticas son como las deportivas, es decir que no evolucionan según el cambio de las condiciones en que actúa la burguesía nacional a la que representan, o de la cual dependen. El flamante dúo ha sustituido el proyecto de “privatización” que tenía por protagonista a la Telefónica Española-Citibank, por otro que beneficia a Siemens, Perez Companc (NEC), Bridas -Sin que conozcamos aún el banco que está detrás del proyecto. La aberración del proyecto Terragno, que regalaba a Entel por solo 500 millones de dólares, ha sido modificado por otro proyecto aberrante. La nueva versión convierte a Entel en cliente cautivo de sus proveedores, a quienes se transforma en accionistas, los cuales podrán así facturar sus ofertas a precios astronómicos y “descuidar” la calidad de los materiales que provean, algo que le parece natural a la “señora”, quien declaró que “eso pasa casi siempre que una empresa es cautiva de sus acreedores” (Ámbito, 26/6) aunque la “privatización” se haga en nombre de la “revolución tecnológica”. ¡Pero es una “privatización” singular! Entel seguirá conservando su carácter de “servicios público”, de modo que las tarifas serán garantizadas por el Estado, como en la época de los ferrocarriles ingleses. Quiere decir que seguirán los “tarifazos". La “privatización” conserva un carácter “estatista” que no parece haber preocupado mayormente a la “familia” Alsogaray. ¿Por qué se ha preferido esto a la “desregulación” telefónica, que dejaría librados los precios del servicio al mercado? Por algo muy simple: porque los "proveedores” quieren cobrar “precios internacionales” que hoy el consumidor argentino no podría pagar. En la “transición” a la “libertad de empresa”, el Estado cubrirá la diferencia entre las tarifas nacionales y las internacionales por medio de subsidios, absorbiendo el déficit correspondiente. Es decir que el proyecto sirve como anillo al dedo, a la “patria contratista” que “supimos subsidiar” Es verdad entonces lo que dice Guillán que la Alsogaray se ha convertido al guillanismo - es decir es una “compañera”. Pero la cosa tiene sus bemoles porque los “patriotas” son varios. “El reparto de estas acciones —las de proveedores y administradores— es un detalle que no se ha definido todavía” dijo “María Julia” así que cualquiera se puede ir imaginando lo que los elefantes harán con la cristalería. Guillán tiene que estar decididamente contento. Ha sido nombrado subsecretario de Comunicaciones y ha conseguido que un porcentaje de las acciones de la Entel privada vaya a Foetra . A partir de aquí y con el auxilio adicional del Ministerio de Trabajo Julio Isabelino podrá manejar a su gusto las elecciones largamente suspendidas en el gremio. Los trabajadores telefónicos llegan a esta instancia políticamente desarmados, porque las tendencias opositoras peronistas han apoyado a Menem y la I.U. del Sindicato ha ido a la rastra de ella en función del planteo del “nacionalismo revolucionario”. Pero la “privatización” encabezada por la hija del “octogenario” liberal deberá servir para clarificar la situación. La “privatización” se producirá en un marco de carestía colosal, “tarifazos” y descomunal lucha entre los pulpos (crisis política). La ocasión es perfecta entonces para plantear la “nacionalización integral de la industria telefónica”, el “control obrero” y la “asamblea general”.

Es relativamente frecuente que los dirigentes del Partido Obrero sean requeridos por los medios de prensa a través de entrevistas o reportajes orales o aún telefónicos. La mayor parte de las veces las declaraciones de nuestros compañeros aparecen distorsionadas, si no totalmente, sí en aspectos parciales. Algunas veces la transcripción de lo que se ha dicho es sustituida por una interpretación del periodista; otras veces las notas que éste toma son deficientes; también ocurre que los conceptos son aislados del contexto de la declaración; ocasionalmente se ha dado también que el reportero arma la presentación de la entrevista según su criterio profesional personal y selecciona lo que le interesa También ha ocurrido que el encuadramiento político de la entrevista, efectuada por el reportero, sea presentada como una iniciativa del entrevistado. Por distorsiones, omisiones o parcialismos, los conceptos del Partido Obrero concluyen desvirtuados. Así alguien ha puesto en boca de un dirigente del PO una "condena” a las rebeliones populares de fines de mayo, cuando siempre hemos dicho que el PO se ponía en el campo de la defensa de las víctimas del saqueo capitalista y planteaba reorientar la rebelión ciega hacia la movilización política conciente; como también ha ocurrido que se pusiera en boca de un compañero nuestro conceptos relativos a la “violencia" que están reñidos no sólo con el marxismo sino hasta con el sentido común. Salvo en casos excepcionales no existe la posibilidad práctica de desmentir cada una de estas distorsiones; tampoco es posible negarse a satisfacer este tipo de requerimientos periodísticos, que en todos los otros aspectos sirven a la difusión política del PO. Dadas estas circunstancias, clarificamos ante los compañeros lectores las condiciones en que se producen estos hechos y declaramos formalmente que el único vocero absolutamente válido de las posiciones políticas del PO son las establecidas en los documentos oficiales del partido, que son también oficialmente distribuidos por la organización o expresados por sus voceros autorizados, sea por medio de la prensa y publicaciones partidarias, o por medio de entrevistas de prensa escritas o artículos, o en presentaciones televisivas y radiales directas.

La no pasterización de la leche lleva consigo el peligro de la tuberculosis, la brucelosis y la diarrea infantil. Es una de las causas de la mortalidad infantil, la cual está aumentando en Argentina espectacularmente. Sin embargo, se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que suspende la obligatoriedad de la pasterización de la leche, con el argumento de abaratar su costo y su precio. El debate de la propuesta ha permitido descubrir que una gran parte de la población infantil ya está consumiendo leche sin pasterizar, y que las usinas pasterizadoras y los monopolios lácteos no están pasterizando la leche. “Es un secreto a voces que en todos los distritos de la provincia, incluyendo el conurbano y hasta en La Plata, se consume habitualmente leche sin pasterizar”, dijeron a Clarín (22/6) los autores radicales del proyecto de ley. El colosal aumento de los lácteos y derivados ha llevado al florecimiento de una industria clandestina que vende leche y quesos sin pasterizar. “En el interior provincial —dice Clarín — la leche cruda se vende a ₳ 17 el litro, contra ₳ 50 que cuesta la leche pasterizada”. Pero, a su vez, la leche “pasterizada” tampoco está pasterizada, sencillamente porque no existe ninguno control sanitario “...como lo demuestra que la leche de sachet también puede cortarse por contener bacterias” (Clarín, ídem). El proyecto de ley denuncia todo esto en sus fundamentos para concluir en que se lo legalice. Es posible bajar el precio de la leche pasterizada. Es mentira que las empresas lácteas tengan pérdidas. Sancor acaba de decidir una inversión para instalar una fábrica en Brasil por 5 millones de dólares (Gaceta Mercantil, 20/6/ 89). La Serenísima se presentó a convocatoria de acreedores, como lo hace habitualmente, para obtener subsidios del Estado y de los bancos ¡Que se abran los libros de las empresas para conocer sus negociados! Este abaratamiento del precio debe implementarse a partir del control obrero de la producción, que abarque todas las facetas, incluida las sanitarias ¡La efectiva pasterización de la leche se logrará por control obrero! Los empresarios “exitosos" de Menem son los responsables de toda esta pudrición de la salud pública. El mantenimiento de la gestión capitalista lleva directamente al país a la epidemia y un crecimiento inusitado de la mortalidad infantil. ¿Existe en la Argentina la pena de muerte? Siete bebés, recién nacidos, fallecieron en la ciudad de Rosario entre el martes y el jueves pasados “por falta de respiradores artificiales ya que no hay en los centros oficiales de salud y los privados no los facilitan”. Esta información de La Nación (28/6), es una radiografía de un sistema social y de salud que ha establecido la pena capital de hecho para los pobres y para los más débiles de los pobres, los recién nacidos. ¡Los hospitales municipales carecen de respiradores! ¡Los sanatorios privados a su vez no los alquilan! ¡Este es el régimen de la “iniciativa privada” de Neustad, BB y Menem! Por la vida, abajo el capitalismo.

El presidente electo acaba de declarar en Aeroparque, el martes 27, que "el marxismo está muerto, es una pieza de museo” como lo demostraría lo que está ocurriendo en China . Pero ¿por qué, entonces, Menem, sin embargo, no se ha pronunciado todavía contra la masacre de trabajadores y estudiantes en China, donde esas “piezas de museo” que son los gerontes burocráticos, fusilan y ametrallan al pueblo en nombre de un "marxismo" de “privatizaciones" y "desregulaciones laborales", que se parecen como dos gotas de agua a la “revolución productiva” menemista? ¿Por qué no se pronunció en su momento contra las masacres en Armenia, perpetradas por otras “piezas de museo", más juveniles y “aggiornadas”, es cierto, pero igualmente responsables de los “asesinatos" de un marxismo revolucionario que, “malgré tout", nadie logra nunca abatir, porque es la expresión conciente de la tendencia instintiva de los explotados a reconstruir la descompuesta sociedad capitalista sobre bases comunistas? Para Menem el marxismo es una “pieza de museo", sin percibir que se ha rodeado de verdaderos sarcófagos humanos e históricos como los Alsogaray, los Frigerio y los Bunge y Born, los que le han vendido el mayor buzón que pajuerano alguno haya comprado en Buenos Aires, aunque esta vez el pajuerano en cuestión no tenga un pelo de zonzo. Ahora ha venido a reconocer que la promesa de 2.500 millones de dólares que aportarían las cerealeras y los 1,000 millones de dólares de las petroleras, fue un simple “cuento del tío” que le hicieron los "capitanes” de la estafa. Es natural que el campeón de los “precios internacionales” y de los "salarios nacionales” la emprenda contra el marxismo porque este es un vocero insustituible del proletariado. Pero por esto mismo no pasará mucho tiempo sin que sufra en carne propia los rigores del marxismo, el cual le pronostica de antemano el fracaso total de su tentativa “liberal y popular" de recuperar al moribundo capitalismo. Si Menem se calla en relación a China es porque el presidente electo actúa como representante de los explotadores y defiende, allí y aquí, a las “piezas de museo” de la contrarrevolución contra los trabajadores y el marxismo revolucionario.

La fijación de un salario mínimo de ₳ 20.000 para julio que se cobrará recién en agosto, desató las iras de los empresarios y del peronismo. El “progresista” vicegobernador Macaya llegó a decir que era una conjura del alfonsinismo contra la “revolución productiva”, la que pasó así a su verdadera condición de adversaria del “salariazo” ¿Pero qué son estos ₳ 20.000, que tan mortíferos? El salario mínimo de junio, que aún no se ha cobrado, está en ₳ 8.700. Representa alrededor de 15 dólares o el equivalente al consumo diario de 1It de leche, 1/2 kilo de pan y 1/2 kilo de carne picada. Los ₳ 20.000 representarían en los primeros días de agosto una nueva caída en el salario mínimo toda vez que se estima el costo de vida en julio un 150 a 200 por ciento mayor. Si solamente se indexara el salario mínimo de junio por el costo de vida de julio, el nuevo “mínimo” debería ser de alrededor de ₳ 25.000. Cuando se cobren, los ₳ 20.000 representarán apenas el 10% de la canasta familiar.

Carlos Saúl Menem habrá de asumir el gobierno el 8 de julio en un cuadro de colosal crisis política. ¿Pero de qué crisis política se trata? Se trata, claramente, de una crisis del régimen político. El adelantamiento apresurado del mando no solamente traduce la debilidad terminal del gobierno de Alfonsín, pues más allá de esto es una expresión de la incapacidad de las instituciones políticas del Estado y de sus partidos para hacer cumplir los períodos de gobierno establecidos en la propia Constitución. Cuando el derrumbe de un gobierno adquiere características definitivas o mortales, es el régimen político que lo sustenta el que ha entrado en crisis. La declaración del estado de sitio, donde los partidos políticos que reúnen al 90% del electorado votaron la suspensión de las actividades políticas que ellos mismos monopolizan, es una nítida manifestación de la crisis del régimen político presente. La asunción de Menem es completamente irregular, al punto que altera los períodos de gobierno del Ejecutivo y del Legislativo, cuyos nuevos representantes jurarán el 10 de diciembre próximo. Entretanto Menem deberá gobernar con un Congreso con mayoría radical, una anomalía a la cual se le ha puesto remedio con otra anomalía, a saber, el compromiso previo de los radicales de que votarán los proyectos de leyes que mande el Ejecutivo, y de que obviamente no impulsarán proyectos de leyes que puedan contrariarlos. Es decir que se ha establecido la desaparición del poder legislativo. Carlos Saúl Menem sube, por otra parte, en circunstancias de mayor agravamiento de la crisis militar, con una fractura completa de la disciplina dentro de las fuerzas armadas. El régimen democratizante ha fracasado en subordinar a los uniformados a la Constitución, lo cual priva de su base fundamental a cualquier tentativa seria de ofensiva contra los trabajadores. Hasta un cierto punto, la crisis del régimen político democratizante llega a transformarse en una crisis del propio Estado burgués. Esto se aprecia en la parálisis de la maquinaria administrativa, en particular en las provincias o en algunas empresas estatales, o cuando la crisis militar o en instituciones como la policía se transforma en un desacatamiento abierto. Es claro que la base de todo esto es la enorme crisis económica, pero siempre que se aclare que la crisis económica es también un producto de la crisis política de conjunto. El saqueo descomunal de los últimos meses no puede ser inocentemente imputado a “una” crisis económica cuando todo el mundo sabe que fue una acción organizada por parte del gran capital y un resultado de las contradicciones brutales que dominan dentro de este. Es decir que la crisis política, del régimen político esencialmente y a partir de aquí del Estado como tal, es una expresión del completo impasse del régimen social capitalista, que en el marco mundial aparece como uno de sus “eslabones más débiles”. La caracterización de la crisis política como una consecuencia del impasse histórico de la burguesía está directamente vinculada con la resistencia que aplicaron los trabajadores contra la ofensiva que se desencadenó contra ellos en distintos momentos. El hundimiento de los “planes económicos” desde la dictadura en adelante son una consecuencia de la resistencia de los explotados, presente a veces como amenaza y otras veces por medio de grandes luchas. Es a la luz de esta situación que debe apreciarse el significado del cambio de gobierno y de sus posibilidades. La circunstancia de que el peronismo vuelva al gobierno en condiciones de excepcional crisis, no significa que él mismo deba ser de entrada un gobierno en crisis. Todo lo contrario, el gobierno menemista es una tentativa de la burguesía nacional y del imperialismo por superar la crisis del presente régimen político y detener la descomposición del Estado. El gobierno de Menem es apreciado por los explotadores como una vía de salida al hundimiento del gobierno de Alfonsín. Los gobiernos no son de ningún modo un reflejo pasivo de los regímenes políticos que encabezan, sino que al revés, constituyen una fuerza política conciente para superar las limitaciones que sufre la dominación política de la burguesía, esto a través de una definida acción contra las posibilidades de resistencia de los explotados. Esto permite entender porqué Menem ha formado un gabinete de “concentración” de diversas fuerzas políticas patronales. Es una tentativa de reagrupamiento de la clase burguesa, de los explotadores, con la mirada puesta en un ataque a fondo a la resistencia de los trabajadores a los planes que procuran superar los actuales límites a la explotación capitalista. Menem pretende poner en pie un gobierno “con músculo”, solo el fracaso de esta tentativa abriría una etapa de crisis política superior. Los que hacen cálculos “optimistas” ignorando la etapa de confrontaciones que se abre, se equivocan de medio a medio. Lo mismo vale para quienes descuentan que el único ganador posible en las mencionadas confrontaciones es la clase obrera, incluso con independencia de la dirección política que tenga a su cabeza. Es que, precisamente, al considerar las posibilidades de estabilización política del gobierno de Menem, no se puede ignorar el bajo nivel de conciencia en que se encuentran las masas, y cuya expresión más clara es la votación masiva que brindaron al riojano. Sin esta confusión política de los explotados, las posibilidades del menemismo serían igual a cero. La conciencia de las masas tampoco es un factor pasivo en la determinación de las posibilidades políticas de un régimen, incluso en crisis. No existen gobiernos “débiles” en términos absolutos, importa ver cuál es la conciencia y la organización que tiene frente a él la vanguardia de la clase obrera. Toda la política del menemismo apuntará a “restaurar”, si se puede decir así, las condiciones y los medios de una dominación capitalista incuestionada. A ello va dirigido la amnistía militar, el pacto social, el gobierno de “concentración”, la inteligencia interna de las fuerzas armadas, el reclamo de que se prorrogara por seis meses el estado de sitio. El planteamiento de reforma constitucional de Menem plantea, todavía más claramente que lo que pretendía Alfonsín, el reforzamiento de la capacidad represiva del Estado y por supuesto la reelección del ejecutivo. No se ha prestado la debida atención al hecho de que el parlamento hubiera “convalidado” la declaración del estado de sitio por el poder ejecutivo. Esto no solamente es inconstitucional, y sin embargo fue avalado por el poder judicial, sino que implica la formación de una dictadura civil, que prescinde a la vez del congreso y de los jueces. Por la vía de la Reforma o por “la vía de los hechos”, el próximo gobierno buscará arrogarse estas facultades de excepción, lo cual le da una importancia igualmente excepcional a la lucha por las libertades democráticas. La intuición popular no se equivocaba cuando, sonrisas aparte, adjudicaba al candidato por el justicialismo una perspectiva totalitaria. Frente a la crisis económica y a los “ajustes bicicleta”, es indudable que la vía del gobierno Menem está trazada. El conflicto que se ha planteado con la CGT traduce precisamente esto, ya que la regimentación que esta ha establecido sobre el movimiento obrero se ve ante el peligro de estallar como consecuencia de los brutales planteos anti-populares. La crisis entre el gobierno y la CGT ha sido determinada por la modificación de las condiciones políticas y sociales producidas por el estallido de la crisis económica y el desenvolvimiento de la crisis política del régimen. Los burócratas de la CGT, y Ubaldini más que ninguno, no tienen ninguna posibilidad de ofrecer una alternativa a la política de Menem, la orientación de los burócratas se reduce a una sola cosa: no dar un paso en falso, una prevención que no ha impedid nunca a nadie “meter la pata”. Los que se encolumnen detrás de Ubaldini con el slogan de que es un peronista que no baja las banderas, van a recibir una frustración cien veces mayor que la que tuvieron cuando fueron detrás de Guillán y Piccinini, en 1984, ilusionados en las posibilidades de los burócratas democráticos. La etapa que se abre es de lucha y de confrontación. El gobierno Menem debe remontar la crisis del régimen, la resistencia de los trabajadores y las brutales luchas dentro de la burguesía, especialmente la ferocidad de las exigencias de la banca acreedora. Se ingresa a un período convulsivo. La viga maestra de una política obrera, en estas condiciones, es ayudar a los trabajadores a remontar las primeras dificultades de la lucha con un programa de reivindicaciones en defensa de sus condiciones de existencia, y sobre la base de esta lucha construir organizaciones de masas independientes del gobierno, del Estado y de los partidos patronales. La bandera de las libertades democráticas y de las reivindicaciones inmediatas no debe ser usada para fomentar la ilusión en las posibilidades de “corregir" al nuevo gobierno sino para emancipar definitivamente a las masas de la tutela del nacionalismo burgués.

El 8 de julio tendrá lugar la ceremonia de transmisión del mando presidencial. Cuando Alfonsín se despoje del bastón y de la banda quedará definitivamente consumado el fracaso de una tentativa más de la burguesía nacional para superar el impasse histórico de la nación. El recambio político se producirá a las apuradas y como un recurso de emergencia para evitar la disolución del presente régimen de explotación capitalista. ¿Pero acaso la asunción de Menem significará un cambio real de la titularidad del poder y una nueva oportunidad para el país? Para responder afirmativamente hubiera sido necesario que de la mano de Menem entrara al gobierno una nueva clase social, la de los trabajadores. Pero no es eso lo que va a ocurrir. El poder político seguirá, y más que nunca, bajo el control de la “patria financiera”, de los “capitanes de la industria” y de los explotadores de toda laya, que son precisamente quienes han gobernado hasta ahora al país y quienes lo han saqueado sin piedad. La designación de los Alsogaray, de los Bunge y Born y de los Frigerio confirma esta realidad. En la Rosada, HABRÁ UN RELEVO DE INQUILINOS, NO DE LOS DUEÑOS DEL PODER. Que una mayoría de trabajadores crea en el próximo gobierno, marca el impasse en que se encuentran los propios trabajadores que han depositado su confianza política en un representante de la clase explotadora. Pero a partir del 8, la política del nuevo gobierno se habrá de traducir en hechos tan concretos como implacables. Y ante ellos el pueblo se verá obligado a luchar, como lo ha hecho siempre y como no ha dejado de hacerlo nunca, esta vez ante una catástrofe y saqueo capitalistas descomunales. El Partido Obrero declara su compromiso a fondo con este combate de nuestro pueblo, y con la tarea de hacer germinar de él la consumación de la completa emancipación nacional, del gobierne obrero y de los trabajadores, y de la abolición de la explotación capitalista.