Prensa Obrera N° 265

El sábado 15, se realizó el plenario nacional de la juventud, convocado por la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS). Participaron alrededor de 300 compañeros que colmaron las instalaciones del aula central de la Facultad de Ciencias Sociales. Las delegaciones presentes evidenciaron el desarrollo nacional que viene teniendo la UJS, pues asistieron delegaciones de Entre Ríos, Cipolleti, Neuquén, Mar del Plata, Río Gallegos, Misiones, Córdoba, Comodoro Rivadavia, La Plata, Tucumán, Bahía Blanca, Salta, Lomas Zamora, Moreno, Morón, San Martín, Ezeiza y compañeros secundarios (Nacional Avellaneda, Comercial Carlos Pellegrini, etc.), universitarios y jóvenes trabajadores de la Capital. Se aprobó para la presidencia honoraria del plenario al compañero Julio Salomón de la UJS de Tucumán, quien en ese momento se encontraba detenido, junto a otros 19 jóvenes y trabajadores, por manifestar su solidaridad activa con la importantísima huelga docente que se está desarrollando en dicha provincia. El plenario constató que la UJS se ha constituido y ha crecido sobre la base de su participación en la lucha de los jóvenes y los explotados. Armada de un programa revolucionario, la constitución de una organización de masas de la juventud depende de su intervención práctica, militante en la lucha de clases. Así diferentes oradores volcaron sus experiencias: la UJS fue motor para constituir una Federación de Estudiantes Secundarios independiente en Tucumán; la UJS participó de las luchas por el boleto estudiantil; la UJS se movilizó con las Madres de Plaza de Mayo contra las nuevas leyes represivas. En el plenario se produjo otro hecho importantísimo. La UJS se está convirtiendo en un polo de reagrupamiento revolucionario y socialista de numerosos cuadros de la juventud que rompen con los partidos democratizantes y nacionalistas de la burguesía y con la izquierda oportunista. Habló una compañera universitaria, del PTS, quien saludó la militancia de los cuadros de la UJS y del PO por haber reagrupado a compañeros del PTS y del Mas que de lo contrario se hubiesen desmoralizado por la política de esas direcciones y que hoy revistan en las agrupaciones estudiantiles en Humanidades, Artes y otras facultades de La Plata También intervino un compañero de Córdoba, que proviene de la Franja Morada, quien analizó la evolución de aquella masa juvenil que en el 83 afluyó a los locales de la UCR con la ilusión de que la democracia burguesa que pregonaba Alfonsín iba a solucionar los grandes problemas nacionales y que ahora rompe con este gobierno capitulador ante los militares genocidas, el imperialismo y la patria financiera. Un compañero de Tucumán planteó que provenía de la juventud peronista a la que habla adherido para luchar por la justicia social, pero que hoy entendía que no podía haber tal justicia dentro del capitalismo, que había que luchar por el socialismo y para ello formar una juventud y un partido revolucionario. Otros compañeras provenientes del PC, del Mas, del PTS llamaron a un reagrupamiento de masas en torno a la UJS. Jorge Altamira cerró el entusiasta plenario juvenil, planteando que la UJS de masas que había tenido su debut en la época posterior al "cordobazo", al calor del ascenso revolucionario volvía ahora a reconstituirse. Nuevamente está planteada la puesta en pie de una UJS de masas, que se desarrollará bajo banderas socialistas revolucionarias. El ascenso de la juventud que se dio bajo este régimen detrás de banderas democratizantes, tiene planteado continuarse bajo las banderas de la independencia política de los trabajadores que levanta el PO. El plenario fue una importante instancia de reagrupamiento para la lucha política que tiene hoy planteado el Partido frente a la crisis en curso y las elecciones del 14 de mayo. El plenario adoptó importantes resoluciones: publicación de un manifiesto dirigido a la juventud del país; preparar la salida de un periódico nacional de la juventud; organizar un congreso de masas de la juventud para agosto y preparar un campamento nacional de formación política para las vacaciones de invierno. La jornada culminó con una fiesta realizada en la barriada de San Telmo.

A todo ritmo prosigue la campaña electoral del PO. El miércoles 12 en Bahía Blanca, Jorge ALTAMIRA, luego de entrevistas en los diarios, las radios, y la TV local y de localidades cercanas como Punta Alta, dirigió una Charla-Debate ante unos 50 compañeros en el local del sindicato de empleados de Comercio. El jueves, en el asentamiento “Unidad y lucha” de Avellaneda junto a Juan Garios CAPURRO, dirigió la palabra a unos 30 vecinos trabajadores. Al día siguiente en un acto realizado sin aviso previo, hablaron Cata GUAGNINI candidata a diputado por la Capital, Eduardo MARTINEZ, delegado general del Banco Patricios y candidato a concejal y Jorge Altamira, en Diagonal Norte y Florida ante más de un millar de personas durante tres horas seguidas. Fue un acto importante que se destacó por la reacción emocional masiva de los concurrentes en apoyo a lo que manifestaban los oradores. Hubo importantes delegaciones presentes, como los trabajadores petroleros del SUPE, cuyo edificio central se encuentra a pocas cuadras del acto; de trabajadores bancarios (Nación, Santa Fe, etc.); del seguro y de otros gremios de la zona. Esa tarde, ALTAMIRA volvió a hablar ante unos 150 compañeros en la Peatonal de SAN MARTIN junto a candidatos de la zona. El sábado ALTAMIRA y Pablo RIEZNIK dirigieron un plenario nacional de la JUVENTUD, que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Capital, al que concurrieron más de 300 compañeros. En el plenario se pudo constatar el desarrollo nacional de la UJS por la presencia de importantes delegaciones de TUCUMAN, MAR DEL PLATA, LA PLATA, CAPITAL, GRAN BUENOS AIRES, CORDOBA, SANTA CRUZ, SALTA, MISIONES, RIO NEGRO y CHUBUT. ALTAMIRA, esa misma noche en MERLO, participó de una charla-debate ante unos 30 compañeros de dicha localidad. El lunes, en PERGAMINO, fue entrevistado por el diario "La Opinión" y por la radio y la TV locales. Durante el día mantuvo una reunión con los candidatos del partido en el distrito. Por su parte, Gregorio FLORES habló el viernes 14 en un acto partidario, no anunciado con anterioridad, en el centro de la ciudad de CÓRDOBA, ante unos 300 asistentes. Al día siguiente, se realizó otro acto en el Barrio de San Vicente ante más de 70 compañeros. El lunes, en el CHACO, Gregorio Flores, inauguró el local partidario ante más de 50 compañeros, destacándose la presencia de unos 15 docentes y de una delegación de trabajadores municipales, ambos gremios con importantes conflictos. Christian RATH participó en un charla-debate en la ciudad de MERCEDES ante una veintena de compañeros el viernes 14 y al día siguiente en el barrio San Francisco de FLORENCIO VARELA. Juan Carlos CAPURRO, por su parte realizó una gira por TIERRA DEL FUEGO. En USHUAIA y RÍO GRANDE intervino en los medios radiales, televisivos y periodísticos y tuvo reuniones con decenas de compañeros. El miércoles CAPURRO dirigió una jornada de agitación en el km 35 de LA MATANZA y el viernes en MAR DEL PLATA dirigió una charla-debate en el COMPLEJO UNIVERSITARIO ante unos 45 compañeros. Estas actividades demuestran el acierto de la intervención del PO en el proceso electoral, pues le permite aprovechar las circunstancias para llevar sus planteos a una audiencia más amplia del pueblo.

A principios de mayo se realizarán elecciones generales en Bolivia, cuyo gobierno actual está encabezado por el nacionalista Paz Estenssoro del MNR y cuenta con el apoyo del derechista Banzer de la ADN. Ambos partidos suscribieron en 1985 un "pacto" que establece que el que obtiene más votos se queda con la presidencia y luego se acuerda la repartija de los cargos públicos. Pero como el MNR ya retrocedió espectacularmente en la última elección municipal de 1987 y las encuestas ratifican este descenso, la componenda se ha quebrado. Existe ahora la posibilidad de una gran crisis en el Congreso donde se elige al primer mandatario, si la elección no consagra una mayoría absoluta. Una tercera fuerza, el MIR de Paz Zamora podría terciar en la disputa. En forma más evidente que en el resto de los regímenes democratizantes de Latinoamérica, la elección boliviana es una negación total de la democracia política. Votan sólo los inscriptos por una Junta electoral manejada por el MNR y la ADN, que mediante el caciquismo y la compra de inscripciones se aseguran el caudal electoral antes del sufragio. Como en este operativo se define el comicio, estalló una crisis entre las dos camarillas. El banzerismo impuso su criterio de considerar suficientes 1,92 millones de anotados sobre 3,2 millones de votantes en tanto que el MNR pretendía ampliar este número. Los analfabetos —que en Bolivia forman una porción elevada de la población— tampoco gozan de plenos derechos electorales. Un alto número de partidos no puede presentarse porque si obtienen un bajo porcentaje de votos deben abonar una multa sideral o en su defecto ir a la cárcel. El MNR y la ADN, en cambio, utilizan con total desparpajo los fondos que les giran sin ningún disimulo los narcotraficantes, que se han convertido en el principal grupo capitalista del país. Con su caradurismo habitual la prensa burguesa igualmente presenta estos comicios fraudulentos como ejemplos de la "democracia" en el Altiplano. Retroceso económico y social Cualquiera sea el resultado de la elección, la burguesía ya ha decidido que continuará con la actual política de hambre, miseria y entrega que está desintegrando a Bolivia como nación. Después de derrotar con el Estado de Sitio y gradas a la traición de la burocracia sindical la heroica huelga minera de 1986, Paz Estensoro comenzó a consumar un proceso de clausura de yacimientos mineros y privatización de otros, de concentración de la propiedad agrícola, de extranjerización de los recursos naturales, de adquisición de títulos desvalorizados de la deuda externa y de remate de la rica zona selvática. La pobreza, la desnutrición y mortalidad en el campo y la ciudad aumentó pavorosamente. A la masa campesina se le dejó como único recurso de subsistencia el abastecimiento a los narcotraficantes y una porción del históricamente combativo proletariado minero fue empujado a sobrevivir en carpas deambulando sin trabajo. A esta regresión bárbara, los capitalistas la denominan "el milagro económico", o la "satisfactoria estabilidad". Bolivia exporta en la actualidad 600 millones de dólares al año de cocaína y 70 millones de estaño. La otra fuente de divisas es la venta de gas nada menos que a la Argentina, que como está en bancarrota y no paga, produce la paralización cíclica de la economía boliviana. El contrabando de oro a Brasil también se ha desarrollado como parte de la obra "liberal" y privatizadora. Es muy significativo que al cabo de semejante ofensiva contra el patrimonio de la nación y las condiciones de vida de las masas, la economía boliviana permanezca estancada, con una tasa de crecimiento insignificante y una ausencia total de inversiones extranjeras. Los economistas burgueses que antes prometían “el crecimiento” seguro después del sacrificio, ahora dicen que la reactivación es “necesariamente lenta". A un “ajuste" le sigue otro “ajuste”, porque la crisis económica capitalista internacional se descarga en forma impiadosa sobre Latinoamérica. En el país ya se han instalado en forma permanente tropas norteamericanas que llegaron con el pretexto del narcotráfico y que actualmente realizan todo tipo de tareas. Es todo un símbolo que Sanchez de Lozada, el candidato a presidente del MNR, sea conocido por el inconfundible acento yanqui de su castellano. La izquierda democratizante y el POR Aunque la burguesía se congratula en forma unánime por la “paz social” en Bolivia, la "impasse" económica, la crisis política entre la ADN y el MNR, la curva ascendente de las luchas populares en América Latina alientan la recomposición de la lucha de la clase obrera. Hubo recientemente movilizaciones de maestros, universitarios y sanitarios y crecen las protestas campesinas contra la destrucción de los sembradíos de coca. La reactivación de la lucha obrera se enfrenta no sólo con la barrera de la desocupación y la pobreza extrema, sino también con el bloqueo político de la burocracia sindical, el stalinismo y la izquierda democratizante. Las masas bolivianas sufrieron antes de Paz Estenssoro la terrible experiencia del gobierno frentepopulista de Siles Suazo, que con ministros del PC desmoralizó y desgastó a la clase obrera al obligarla a mantenerse dentro del régimen político burgués soportando una carestía inaguantable. Siles aplicó la “democracia profunda" que quiere Patricio Echegaray, y practicando esa "democracia con justicia social” que pregonan Vicente y Zamora preparó el terreno para la reacción derechista. Ahora un sector de los culpables de esta frustración se presenta a las elecciones con la denominación "Izquierda Unida” y el otro bajo el lema del MIR de Paz Zamora. En los comicios del 87 el MIR obtuvo el 25% de los votos y la alianza dirigida por el stalinismo el 6%. La clase obrera boliviana sufre una tremenda crisis de dirección, que se agrava por la política del POR. Esta organización ha resuelto boicotear las elecciones y convoca a repudiarlas “votando con papel higiénico, en blanco, con sobre vacío, rompiendo la papeleta o pifiando el voto”. Su consigna central es: “abajo el engaño electoral, viva la insurrección” porque evalúa que se “ha producido inesperadamente un salto descomunal en la conciencia de repudio a la democracia burguesa”. Opinan que “ha madurado el factor subjetivo” y las masas han comprendido que votar “es perder el tiempo”. Los explotados ya “coincidirían con el POR" protagonizarían una “situación revolucionaria”, que se encamina hacia la insurrección y con “toda seguridad marchan hacia el poder” (“Masas”, n° 1139/40/41/45). Para el líder del partido —Guillermo Lora— esta fabulosa evolución de la conciencia de las masas es un proceso acumulativo: con la experiencia del primer gobierno de Paz Estenssoro en los años 50 “la clase obrera sobrepasó los planteamientos nacionalistas”, luego el gobierno de Siles sirvió “a las masas a sobrepasar la democracia formal” (“Las masas han superado el nacionalismo", Ed. La Colmena, 1988). Ahora los explotados se encaminan directamente a la dictadura del proletariado. Ninguna de estas afirmaciones guarda algún contacto con la realidad política del país. Puede discutirse si el reflujo de las masas ha concluido o no, pero no existe ningún dato de su conversión en auge revolucionario. Las propias descripciones de “Masas" hablan de luchas sectoriales y parciales en ausencia de un combate nacional unificado. Es elemental reconocer que en relación a la situación revolucionaria que hubo bajo el gobierno de Siles prevalece actualmente un decaimiento en el movimiento de masas. En estas condiciones un abstencionismo popular importante no reflejaría la pujanza de los oprimidos, sino su apatía y desconcierto político. Muy diferente fue el sabotaje electoral revolucionario reciente en El Salvador o el votoblanquismo peronista en la época de la Libertadora. El hecho que la burguesía haya inscripto casi 2 millones de votantes revela la ausencia de un movimiento activo de lucha abstencionista, incluso si gran parte de los anotados luego no concurren a votar. El POR atribuye connotaciones revolucionarias a un desinterés electoral que sólo revela la atomización política de las masas. Como los populistas, Lora elogia estos síntomas de primitivismo político, no se plantea un curso para superarlos, y desecha la utilización de los comicios como medio para avanzar en la educación revolucionaria de la vanguardia. A través de un antiparlamentarismo torpe e infantil, el POR desprecia las dificultades de las masas para superar su dispersión y contribuye a su atomización. Aparentemente la transformación de las masas en protagonistas de una situación revolucionaria sería un hecho muy reciente y procesado en sigilo porque en 1985 el POR fue a elecciones y sacó el 0,7% de los votos y en 1987 no pudo presentar candidatos propios ¿Cómo se produjo luego la abrupta “coincidencia de las masas con el POR? ¿Cómo se superaron de la noche a la mañana las ilusiones parlamentarias? Lora ni siquiera se formula estas preguntas Sencillamente sustituye la lucha política contra el democratismo en el terreno electoral por la convocatoria al “papel higiénico” y proclama la existencia de una situación revolucionaria que sólo existe en su imaginación. La regresión del POR Nadie con un mínimo de responsabilidad puede llamar a la “insurrección" como si fuera una acción más o un acto de propaganda y menos aun reconociendo que los órganos de poder que deberían instrumentarla no existen y sólo “surgirán" en el futuro. El POR ha convertido lo que Trotsky consideraba un “arte" en una caricatura. Convoca a realizarla contra el “engaño electoral” lo que convertiría a las elecciones, paradojalmente, en la principal preocupación política de las masas. Es totalmente falso que las masas hayan “superado” al nacionalismo primero y al democratismo después por el simple recurso de haber vivido ambas experiencias. Si fuera tan sencillo los oprimidos del mundo ya se hubieran desembarazado hace rato de toda influencia burguesa. Pero a la frustración política se la supera sólo si existe una asimilación revolucionaria de lo ocurrido. De lo contrario renace el nacionalismo o el democratismo, claro que en formas más bastardas, como lo demuestra la recomposición electoral de los partidos de la UDP en Bolivia. La conciencia de las masas no es “una Idea absoluta” que va madurando en flecha en las alturas, al margen de las contradicciones del proceso de la lucha de clases. El POR tiene una visión mítica del proletariado boliviano, que estaría adherido en “sus entrañas", desde hace décadas, y en forma invariable al trotskismo, lo que no explica por qué el stalinismo o el lechinismo han tenido y tienen la capacidad de estrangular las luchas obreras. Este “privilegio" de Bolivia es una fantasía de Lora, como también la inmunidad que tendría el Altiplano a la influencia foquista (a diferencia de Perú o la Argentina) por el peso de la tradición trotskista. El POR se encuentra en plena regresión política. Para justificar el abstencionismo electoral y atribuirle un significado revolucionario ha pasado a la apología del campesino que “actuaría de manera más radical y pura”... “confirmando que en determinadas circunstancias el agro muestra con mayor nitidez las tendencias sociales de las masas”. El partido que no podía terminar una frase sin referirse a la “dictadura del proletariado" y que llegó a proponer el “voto obrero calificado" para destacar la superioridad histórica de la clase obrera, descubre ahora como los viejos populistas, en los campesinos disgregados y poéticamente impotentes a una “nueva vanguardia". Acomodar las caracterizaciones a la confusión política del momento es propio de la regresión política.

Se arrojaron sobre nuestra gesta como bestias" certificó Leda Archvadze, activista georgiana -Río Negro, 10/4- al describir la brutal represión desatada por las tropas soviéticas contra los manifestantes reunidos en la plaza principal de Tiflis, capital de la Reorgia soviética Una veintena de muertos y centenares de heridos es el saldo oficial de la represión. Los georgianos, como antes los armenios y otros pueblos de la URSS, reclamaban por la plena vigencia de sus derechos nacionales pisoteados por la burocracia moscovita. Frente a los redaños democráticos y nacionales de los pueblos y la repúblicas de la URSS, la burocracia gorbachoviana sacó rápidamente a la luz pública las contradicciones y las limitaciones insalvables de su perestroika. En la madrugada del pasado sábado 9, “centenares de soldados soviéticos con equipos especiales antidisturbios, apoyados por tanques y vehículos blindados… atacaron a los manifestantes (unos 10.000, reunidos en el Centro de Tiflis) en una explosión de furia descontrolada” (La Prensa, 10/4). “Según testimonios recogidos por los periodistas, muchas personas fueron heridas o muertas por soldados armados con palas de bomberos o sables” (Página 12, 13/4). Todas las pruebas y evidencias indican que “el ejército actuó con brutalidad contra los manifestantes” (Página 12,11/4). Tal fue el grado de bestialidad desplegado por las tropas que “la policía (de nacionalidad georgiana) intentó frenara las tropas para protegerá los manifestantes” (La Prensa, 10/4) y el propio isveztla, diario del gobierno de la URSS, descree de la versión oficial sobre la represión (Clarín, 16/4). Las tropas dejaron en las calles de Tiflis, según la versión oficial, 19 muertos y centonares de heridos —muchos de ellos en grave estado— aunque “fuentes georgianas estiman que los muertos superan los 150 y que hay mucha gente ‘desaparecida’ (ya que) hay una lista do 200 personas a las que buscan sus familiares.” (Clarín, 11/4). Mientras el pueblo georgiano declaraba, por sí mismo, el duelo nacional y miles de personas se vestían espontáneamente de luto en todo el país, el gobierno decretaba el “estado do sitio” y militarizaba la ciudad de Tiflis, llenándola de tanques y gendarmes. Desde entonces, más de 500 georgianos han sido detenidos, incluidos los organizadores de las manifestaciones, y asambleas estudiantiles que llamaban a la huelga general fueron disueltas a tiros y bastonazos por el ejército (Página 12, 11/4). Bajo la ocupación de los tanques, el clima que se respira en Tif lis era definido por un corresponsal como de “guerra civil” (Clarín, 11/4). El problema nacional georgiano La movilizaciones georgianas comenzaron una semana antes de la masacre, con una huelga de hambre y manifestaciones de masas que se fueron acrecentando día a día, hasta alcanzar las 100.000 personas pocas horas antes de la represión. El jueves 8 fue declarada la huelga general en Tiflis, que paralizó el transporte y la industria. Pese a la represión y al estado de sitio, la huelga se mantuvo gracias a la presencia de piquetes (Página 12, 13/4) hasta el martes 12. Las movilizaciones de TWIIs ponen nuevamente en primer plano el problema de las nacionalidades de la URSS, a la vez que reflejan su complejidad. Dentro del territorio de la República de Georgia, al Noroeste, sobre el Mar Negro, está enclavada la República Soviética de Abjasia, administrativa y políticamente dependiente de Georgia. Los abjasianos, minoría étnica en su propio país, se movilizaron a principios de abril “contra la opresión georgiana” reclamando convertirse en una república independiente dentro de la URSS. En Tiflis, las manifestaciones comenzaron en oposición a los reclamos abjasianos, pero pronto enfilaron sus reclamos “contra la opresión gran-rusa”, reclamando convertirse en una República realmente independiente, unida a los demás pueblos de la URSS en una Federación democrática. Los dirigentes georgianos acusaron al Kremlin de “instigar desórdenes en la región autónoma do Abjasia y los enfrentamientos Interétnicos” (Clarín, 9/4). La burocracia moscovita es, ciertamente, un factor activo en la promoción de los enfrentamientos entre las nacionalidades soviéticas. Gorbachov ha declarado en reiteradas oportunidades que “no so modificarán las fronteras do la URSS” pese a los redamos que provienen de toda la nación y que han costado, hasta la fecha, más de un centenar de muertos. Según Hans Jochen Vogol, presidente de la socialdemocracia alemana que recientemente se entrevistó con Gorbachov en Moscú, éste “se pronunció por establecer una baso jurídica que regulo los problemas nacionales y sirva do protección a la perestroika” (Clarín, 12/4). La "baso jurídica” que encontró el presidum del Soviet Supremo de la URSS fue un decreto que modifica la ley sobro los delitos contra el Estado, elevando las penas contra quienes llamen públicamente a "socavar o derrocar el régimen soviético" y contra aquellos que inciten “acciones deliberadas para provocar hostilidad entro las diferentes nacionalidades” (Página 12,12/4). La burocracia afila el garrote contra los pueblos de la URSS. La única salida es la autodeterminación de los pueblos de. la URSS, expresada mediante el voto. Esto no es de ningún modo inconciliable en el marco de una federación libre de pueblos, pero sí lo es con el Estado despótico de la burocracia. Si se admitiera la solución democrática de la cuestión de las nacionalidades, basada en la libre deliberación y resolución de los pueblos, todo el edificio burocrático se vendría abajo porque reposa, precisamente, en la negación de estos derechos democráticos a todo el pueblo. La perestroika en crisis “El principal punto flaco de la perestroika, su talón de Aquilas —escribió recientemente Zbigniew Brezinski, asesor de Seguridad Nacional del ex presidente yanki Jamos Cárter— es el problema representado por las nacionalidades no rusas en la URSS”. (O Estado de Sao Paulo, 2/4). En esto coinciden absolutamente todos los observadores, incluso los soviéticos. Resistiendo con todas sus fuerzas al reclamo central de los pueblos soviéticos a su autodeterminación, la burocracia gorbachoviana intenta aparecer como arbitrando entre los distintos pueblos y entre éstos y los aparatos de los PC locales. Así, luego de la represión criminal contra el pueblo georgiano, el Kremlin envió a Tiflis a su canciller, el georgiano Shevardnadze a descabezar al PC y al gobierno local, bien que manteniendo intocado el estado de sitio y la militarización decretados por éste. La política nacional del bolchevismo, que aseguró el triunfo de la Revolución de Octubre, estaba basada en el reconocimiento del derecho de los pueblos a su autodeterminación. En los primeros tiempos de la República Soviética, las necesidades culturales de los países animados por la revolución, que exigen una amplia autonomía, entraban en conflicto con la necesidad de que todos los componentes.de la URSS se sometieran a un plan económico único. Este conflicto, de ninguna manera irreductible, obedecía a las particularidades de la revolución rusa, que debió acometer la revolución democrático-burguesa con los métodos de la revolución proletaria. En la política leninista, la voluntad de las masas interesadas y su participación activa y efectiva en la decisión cotidiana de su propio destino trazaba el compromiso entre la centralización económica y las exigencias nacionales. Los gorbachovianos, que gustan hablar de “volver a Lenln", mantienen en cambio una férrea centralización política y administrativa de los pueblos de la URSS, pisoteando sus derechos nacionales a la vez que predican la “descentralización económica”, es decir, la desintegración de las bases socialistas del Estado. Al ser un vehículo del desarrollo de las tendencias capitalistas en la URSS y de la disolución de las bases sociales y económicas del Estado Obrero, la perestroika gorbachoviana sólo podrá resultar en una mayor presión burocrática sobre los trabajadores soviéticos y los pueblos de la URSS. Está daro que éstos no se dejarán vencer fácilmente, que la revolución política está en marcha en la URSS.

Mientras la ciudadanía uruguaya concurría a las urnas para dirimir el referendum sobre la ley de impunidad, el informado corresponsal de La Nación en Montevideo encabezaba su comentario del día de la siguiente manera: “En medios oficiales se cree que todos los dirigentes políticos sostenedores del voto ‘verde' contra la amnistía, excepto los de izquierda radicalizados, mantenían disimuladamente cruzados los dedos para que hoy gane el voto ‘amarillo' y se ratifique la Ley de Caducidad” (16/4). Lo mismo decía la edición del Cronista Comercial. El acierto de la observación se quedaba corta sin embargo en lo que se refiere a los “radicalizados", pues ya el día lunes los Tupamaros se apresuraban a ir al local del partido Colorado para asegurarle al derechista Jorge Battle “su intención de respetar el resultado de las urnas” (18/4). Tanta “civilidad” no se hubiera manifestado, por supuesto, si el voto “amarillo” hubiera resultado derrotado, toda vez que los militares no habrían acatado la orden de presentarse a los estrados judiciales, como ya ocurriera hace dos años cuando dieron motivo con ello precisamente a que se dictara la ley de impunidad. En el referendum uruguayo no estuvo nunca en cuestión el juzgamiento de los militares que secuestraron y mataron bajo la dictadura, aunque los términos de la votación fueran esos. Liber Seregni, jefe del Frente Amplio, ya había anunciado que si triunfaba el voto “verde” procedería a buscar una “solución política” al asunto con el gobierno y el partido Nacional. Lo mismo había planteado cuando el parlamento votó la ley de impunidad en diciembre de 1986, en cuya oportunidad contraofertó en nombre del FA la suspensión de cualquier juicio a los militares por un año. “Nada tienen que ver con nosotros los que escriben ‘Ni olvido ni perdón'", declaraba Matilde de Gutiérrez Ruiz, de la Comisión Nacional pro-Referendum en La República de Montevideo el jueves 6. “Son 200” —agregó, y no vaciló en llegar al extremo de plantear que “En un Estado de Derecho, para los que agitan está la fuerza pública". De ambos lados de la contienda plebiscitaria la dirección política estaba así, firmemente, en las manos de los defensores del Estado burgués y de sus instituciones represivas. Hasta el corresponsal del flamante matutino de Izquierda Unida, Sur, tuvo que reconocer luego del voto que la ciudadanía no tenía opciones diferenciadas. En realdad el voto verde fue el esfuerzo final que realizaron centenares de miles de trabajadores para impedir que se clausure mediante la amnistía la lucha contra el aparato represivo del Estado, en oposición a toda la política de sus direcciones de "izquierda". Así ocurrió desde el vamos cuando la dirección frenteamplista se negó a la movilización y a la huelga general contra la ley de impunidad, para pasar luego a aceptar con desgano la campaña por el referéndum, que se realizó burocrática y administrativamente pues estuvo ausente en todo momento el llamado a la acción directa. En los dos años que transcurrieron desde la sanción de la ley de impunidad, la política de desmovilización popular se manifestó en otros planos vitales como la lucha contra la reducción de los salarios y contra los despidos. La Central sindical controlada por el FA saboteó sistemáticamente la solidaridad con los sindicatos en lucha — ONDA, sanatorio La Española, petrolera ANCAP, huelga de CUTCSA (transporte), huelga de Alpargatas, desmantelamiento de AFE (ferroviarios). El movimiento sindical sufrió en este período sistemáticas derrotas, al punto de que el presidente Sanguinetti llegó a jactarse de su “Invicto”. La derrota del referendum es el fruto de toda una estrategia política del FA, y como tal elimina un obstáculo a la prosecución de esta línea de defensa del Estado capitalista. Los “medios oficiales” citados por La Nación estaban, como se ve, no sólo bien informados sino por sobre todo nada inquietos. La derrota del referendum puso de manifiesto a su manera la imitación insalvable de los procedimientos electorales cuando la dominación política está en manos de los explotadores. Los que a través del “pacto del club Naval” en 1984, garantizaron la continuidad del aparato represivo a cambio de elecciones (FA y partido Colorado, luego se sumaron los blancos), no podían pretender que una papeleta en la urna despojara del monopolio de las armas a la camarilla militar que goza de la confianza del Estado y del imperialismo. Las conclusiones que los entregadores de la lucha por el juicio y castigo realizan de la derrota del domingo, los retrata de cuerpo y alma. “Ganamos en Montevideo”, afirman, “esto nos asegura la conquista de la intendencia” en las elecciones nacionales que se deben realizar en noviembre próximo. Ponen en el mismo plano una lucha de principios contra el aparato represivo con la conquista de un escaño en el aparato del Estado burgués. Anuncian, de paso, sus prioridades: la subordinación de todas las aspiraciones de las miserables masas uruguayas a los comicios de fin de año. Otra conclusión es que “perdimos por culpa del Interior”, lo cual tiene todos los visos de un juicio verdadero pero que es falso. En el interior de Uruguay el progreso del voto “verde” comparado con las firmas reunidas en ambos medios geográficos para reclamar el referendum fue mayor que en Montevideo. Las masas del interior hicieron un esfuerzo para enfrentar las presiones del Estado en sus restringidos ámbitos locales, pero estuvo ausente allí la política clara y vigorosa de una fuerza que realmente hubiera querido ganar el referendum. Para convencer a los pueblos del interior de que se deben jugar en una lucha, es necesario inspirar la sensación de que ella es irreversible y decisiva, y de ninguna manera de que será pactada de inmediato. Con esto no se invita a jugarse el destino personal en una labor de agitación y convencimiento del pueblo. En la veta electoralista que guía a los componentes frenteamplistas, otra conclusión del referendum es toda una pista política: la votación “verde”, que contó con el apoyo de la fracción de los blancos que lidera Carlos Julio Pereyra, demostraría que hay que armar un “frente grande” con esta fracción de la burguesía y declarar superada la experiencia del FA pequeño burgués. Los Tupamaros y los ex colorados de Batalla encabezan esta propuesta que fuera mucho más ampliamente definida por el Partido Comunista bajo la dictadura, cuando propuso sustituir al FA por una Convergencia Democrática con todo el Partido Nacional. Estas son algunas muestras de tos diabólicos cálculos políticos con que los dirigentes frenteamplistas, incluidos los “radicalizados”, fueron al referendum. Es obvio para cualquiera que no sea un insensato que los resultados del domingo no clausuran la lucha contra el aparato represivo y contra la camarilla militar la cual está inscripta objetivamente en la creciente lucha de clases que se desenvuelve en Uruguay como consecuencia de la descomposición económica y de tos procesos democratizantes latinoamericanos. Lo que ha cambiado es la naturaleza de las consignas y métodos. La represión y la injerencia militar se pondrán en evidencia al primer síntoma de crisis; las exigencias de militarización aumentarán como consecuencia de la victoria “amarilla”, con lo que se plantearán nuevos motivos de lucha democrática. Al declarar terminada la pendencia plebiscitaria, los dirigentes frenteamplistas de todos los colores han demostrado su completa falta de realismo y el carácter pro-capitalista de sus ambiciones políticas. La derrota “verde” es un golpe a las ilusiones en los procedimientos parlamentarios, lo cual se manifestará de aquí en más en todos los ámbitos de las luchas populares Las propias elecciones de noviembre próximo han perdido gravitación, como consecuencia de esto, para las masas explotadas. La tendencia a la acción directa se acentuará como un resultado de la quiebra de estas ilusiones y de los efectos implacables de la crisis. La burguesía ha sufrido una derrota estratégica como precio por su victoria táctica. En todo este proceso vivido por los trabajadores uruguayos nos hemos colocado en su campo de enfrentamiento contra los explotadores y su Estado, señalando siempre los límites de los métodos parlamentarios, electorales o plebiscitarios. El Estado burgués sólo puede ser derrotado en la acción, solamente a partir de aquí, es decir como resultado de la quiebra del aparato de intimidación y opresión de la burguesía, puede tener vigencia la voluntad popular. La derrota del domingo es eminentemente episódica frente a la magnitud de la crisis en curso. Como no hemos trazado una muralla china entre esta lucha y las otras luchas, a todas las cuales pretendemos ver unidas en un torrente común contra los explotadores, caracterizamos a esta derrota como un episodio que deberá fortalecer la conciencia de tos explotados en la acción y en la organización revolucionarias frente a la burguesía y su Estado.

Según "El Diario" del Neuquén (14/4) existen “varios pedidos de impugnación a los comicios desarrollados en la UOCRA", donde triunfó la lista clasista Naranja-Violeta, que derrotó a las cuatro listas de la burocracia sindical. Impulsa la impugnación la conducción sindical de Farías con el argumento de que los comicios fueron “minoritarios" y “desorganizados". En realidad fue la elección más masiva de la historia del gremio porque votaron todos los trabajadores de la construcción en base a los recibos de sueldos y no a padrones fraudulentos. “Farías no va a entregar el gremio salvo que haya un acuerdo político entre la actual conducción y la Nacional”, dice el diario neuquino. Farías amenaza con desconocer así el veredicto de los trabajadores para chantajear a la nueva conducción. Para el martes 18 está convocado un plenario de delegados que debatirá esta amenaza y la respuesta debe ser contundente: defender el triunfo contra la burocracia. Movilizarse masivamente el 22, día de la asunción de la nueva Directiva, para imponer la entrega del gremio. Barrer en cada obra a los hombres de la burocracia eligiendo a nuevos delegados.

La lista del clasismo se impuso con el 96% de los votos en la votación de tos 10 delegados gráficos de la Editorial Atlántida. La burocracia de la Lista Verde llamó a votar en blanco, lo que fue seguido por 11 sufragantes contra 296 de la actual Comisión Interna, fundadora de la Lista Naranja. Una semana antes, en la asamblea general de fábrica, la Interna había puesto a votación el método de elección que debía regir la designación de la Interna, su programa de lucha, el método de la asamblea de fábrica, la movilización y la unidad de la secciones, la lucha contra la burocracia ongarista, la denuncia del vaciamiento sindical y del pacto social que prepara la burocracia. También denunció las maniobras de la burocracia en la fábrica y contra la proscripción de las bases en la inminente firma del convenio paritario del Sindicato contrario a las aspiraciones del gremio. El resultado es el mejor de todos los tiempos y un gran avance en relación al 80% obtenido en las elecciones generales del año pasado. Aunque la Verde pretendió usar el apoyo a Menem como capital político, no logró nada. El pronunciamiento clasista de la masa de la fábrica anuncia las tendencias que están madurando entre los trabajadores. Esta pulverización de la burocracia es una lección para la izquierda oportunista que “defiendo los espacios” a fuerza de componendas con los burócratas de “Izquierda”.

La huelga docente del Chaco es total. Hace 10 días que los maestros ocupan la plaza con sus carpas, que de seis pasaron a más de 100. El gobierno provincial, la CGT provincial y los dirigentes de CTERA pretenden todavía quebrar la huelga por medio del aislamiento del resto del movimiento obrero. La dirección sindical de ATECH no ha planteado llamar al apoyo del movimiento sindical a los docentes y en oportunidad de un reciente plenario de la CGT se opuso a la movilización de los docentes acampados hasta la sede de la misma. Esta vacilación de ATECH la ha llevado a presentar una contrapropuesta al gobierno que significa un retroceso de los reclamos votados: pide ahora A 2.700 a marzo (en lugar de A 4.200), la cláusula gatillo y una escala gradual de recomposición que culminaría en octubre. Piden una salida gradual al gobierno que no ha cumplido con la cláusula gatillo que instaura la propia ley en la provincia. Esta contrapropuesta fue aprobada por los secretarios generales, borrando de la decisión a la asamblea provincial compuesta por los delegados elegidos por asambleas de distritos. Fue con este mismo procedimiento que Garcetti preparó la entrega de la huelga docente nacional del año pasado. Otra propuesta que ha salido al ruedo es la renuncia de Molina, el odiado ministro de educación, a partir de lo cual se establecería una tregua para negociar. De esta “estrategia" se ha hecho eco no sólo la burocracia cegetista sino la agrupación 11 de setiembre, orientada por el PC. El camino para la victoria es la extensión de la lucha. Que ATECH convoque a una inmediata jornada de solidaridad con su lucha, que reclame a la CGT y se movilice por la huelga provincial, que ponga en marcha un masivo fondo de huelga, que tos centenares de docentes concentrados sean otros tantos piquetes de organización de una lucha común junto a tos municipales, a los empleados públicos, al conjunto de trabajadores chaqueños. Para todo esto es necesario un viraje cuyo primer paso es reinstalar la decisión soberana de la base para impedir una “garcetteada”: inmediata asamblea general de San Fernando con la participación de los docentes acampados, inmediata asamblea provincial. Los “docentes de hierro" no merecen nada por debajo de la victoria.

Los docentes de Santa Fe retomaron, en las últimas dos semanas, el camino de la lucha. Ante la nula respuesta gubernamental a los reclamos planteados — ₳ 3.500 de salario básico a enero, retorno de la obra social a OSPLAD—, la Asamblea provincial de AMSAFE resolvió un plan de paros progresivos. Ya se han cumplido masivamente los paros de 24 y 48 horas, con una característica saliente: el repudio de la mayoría de la docencia a la comisión directiva provincial (garcettista). Los “celestes” no han ocultado su abierta hostilidad a las medidas de fuerza votadas por la base docente y están haciendo todo lo posible para quebrar la lucha del gremio. El pasado viernes 7 ordenaron el levantamiento de un paro por el no pago en término de los sueldos de marzo (que debía cumplirse “automáticamente" a partir del día 5 de cada mes cuando los salarios no fueran pagos). Aunque los “celestes” alegaron que “los sueldos estaban depositados”, los docentes se encontraron con que la mayoría de las planillas de sueldo aún no se encontraban confeccionadas. En algunos departamentos, como San Lorenzo y Obligado, tos docentes se autoconvocaron y repudiaron la actitud de la directiva provincial en asambleas. El rechazo a estas maniobras rompehuelgas se expresó en el acto y movilización realizado en Rosario el miércoles 12, durante el paro de 48 horas. Allí, más de 2.500 docentes abuchearon al secretario general del gremio, impidiéndole luego que se colocara al frente de la movilización. Para la docencia de los principales centros de la provincia la dirección “celeste" está deschavada como una agencia del gobierno dentro de AMSAFE. Lo que hoy debaten las escuelas es, precisamente, la necesidad de dotar a la huelga en curso de una dirección alternativa, capaz de llevarla a la victoria. Ante esta cuestión, se han levantado dos posiciones: el bloque liberal - radical de AMSAFE propone la “revocatoria” de la Comisión Directiva… pero se opone a la formación de un comité de huelga provincial. Los ex-arizcurenistas conciben el problema de la dirección del gremio al margen de la presente lucha. Tribuna Docente plantea poner en pie un comité de huelga responsable ante la Asamblea provincial, para garantizar un desarrollo consecuente de la presente lucha. Estas posiciones se expresaron en la última asamblea provincial, realizada luego de la jornada de 48 horas: allí a partir de departamentos fundamentales como Rosario, La Capital, San Lorenzo y Obligado, se levantaron mociones a favor de ratificar el plan de lucha, así como diferentes variantes que planteaban el desplazamiento de la dirección provincial de la conducción del conflicto. La asamblea resolvió ratificar el paro de 72 horas y la convocatoria a nueva asamblea para resolver si es necesario la huelga indefinida. Pero al momento de discutirse la dirección de la huelga, los “celestes” y buena parte de los dirigentes “liberales" se retiraron lo que dejó sin quórum a la asamblea. Ante la próxima fase de lucha de 72 horas impulsemos las autoconvocatorias por departamento y la formación de comités de huelga en los mismos, capaces de garantizar a fondo las resoluciones de la asamblea provincial.

Al momento de escribir esta nota, la Legislatura de Salta sancionaba una “ley de amnistía” para todos los trabajadores estatales que realizaron paros desde el 1° de enero de este año. El "indulto" gubernamental implica la devolución de los días caídos que fueron descontados en ocasión de las grandes huelgas docentes y estatales del mes pasado. Este retroceso del gobierno de Cornejo (quien había comenzado el año con el envío a la Legislatura provincial de una ley proscriptiva del derecho de huelga) fue el resultado de un impresionante movimiento que condujo a Salta en las últimas 48 horas a la huelga general. El comienzo Durante el mes de marzo los estatales salterios realizaron paros durante tres semanas en reclamo de un aumento de salarios que las direcciones de los sindicatos estatales traicionaron a cambio de un aumento miserable. Pero, el gobierno descontó, además, los días caídos, lo cual le permitiría financiar nada menos que 6 meses de “aumento” salarial... Lentamente, se fue tejiendo desde cada repartición la rebelión contra el acuerdo de Cornejo y la burocracia, que tuvo su inicio con una huelga de hambre protagonizada por dos decenas de activistas. La medida fue acompañada con paros en diversas reparticiones, como Rentas, Contaduría, y el Consejo de Educación. El ayuno de los estatales acabó empalmando la semana pasada con la creciente indignación popular por la duplicación de los precios de la canasta familiar. El día domingo, a la creciente presencia de delegaciones de trabajadores junto a los huelguistas, se sumó la llegada a la ciudad de una movilización de aborígenes de Orán, que venían a reclamar por la restitución de sus tierras. En este clima de agitación popular, Cornejo se jugó a fondo para quebrar la lucha estatal, para lo cual ofreció un mínimo de bolsillo de ₳ 5.000 a partir de abril y un "plan" para recuperar fuera de hora las horas no trabajadas... El lunes por la mañana, la respuesta de las reparticiones fue terminante: “primero, al pago de los días caídos", ya que la restitución de los descuentos, significa la defensa del derecho de huelga y la posibilidad de nuevos combates en defensa del salario y del trabajo. Con esta comprensión, los estatales salieron a imponer un movimiento de conjunto por la victoria de su reclamo. “Huelga general, huelga provincial” Al promediar la mañana del lunes, 1.500 trabajadores estatales marcharon desde la Plaza hasta la sede de la CGT, donde debía reunirse un plenario de secretarios generales. Al grito de “huelga general, huelga provincial", la manifestación obligó a Gino Durán (secretario general de la CGT) a declarar el paro general de la provincia a partir de ese momento, hasta que el gobierno restituyera los días caídos. La movilización se llevó luego por la fuerza a Durán hasta el campamento de los huelguistas de hambre, para obligarlo a sumarse a la medida. A partir de ese momento, el movimiento obrero combativo de la provincia fue convirtiendo en un verdadero paro general lo que para la burocracia no había sido más que una declaración formal. Los docentes que se encuentran en la oposición a la burocracia del gremio, llamaron a parar y obligaron a hacer lo propio a la directiva de la ADP. Se sumaron entonces los médicos de hospitales con dedicación exclusiva, los Viales, Gas del Estado, Personal de Vivienda, la asociación de transportistas alternativos. Por la noche, se concentraron en la Plaza delegaciones de secundarios y terciarios, luego de haber parado a sus colegios en adhesión a la huelga. El martes 18 por la mañana, el movimiento se extendió a Sanidad y al Ministerio de Bienestar Social, donde una asamblea autoconvocada decidió corlar las luces del edificio y sumarse al paro. Del mismo modo, se sumaron a la huelga los municipales y el personal del Hospital del Milagro. Una gran movilización volvió a recorrer el centro salterio al grito de "Cornejo, gorilón”. Un grupo de diputados intentó dirigirse a los manifestantes, pero fue terminantemente abucheado... Hacia el mediodía, el gobierno anunciaba la restitución de los días caídos. Pero al mismo tiempo, advertía que los famosos ₳ 5.000 "de bolsillo” sólo podrían pagarse “si el Banco Central envía fondos”. No es un secreto que la economía provincial está quebrada como consecuencia de los subsidios otorgados a la oligarquía y la gran patronal salteña. Tampoco lo es que el gobierno justicialista y los dirigentes sindicales que "alternan” la conducción de la CGT con puestos estatales se empeñarán por anular esta enorme victoria popular. Por eso, será necesario preparar un gran movimiento de lucha, que contemple un salario mínimo de ₳ 15.000 pagado en término, el control obrero de las finanzas públicas y la apertura de los libros de la gran patronal que "secó" la provincia. La conclusión política del huelgazo salteño es clara: los explotados de Argentina están dispuestos a combatir hasta sus últimas consecuencias la ofensiva de los gobiernos justicialistas y la que pretende encarar Carlos Saúl Menem.

El día viernes a la 1.30 de la madrugada se produjo el atropello represivo en el que fueron detenidos 20 compañeros. Entre ellos figura Julio César Salomón, Presidente del Centro de la Facultad de Artes y candidato a diputado provincial de las listas del Partido Obrero. También figuran compañeros del PC y el Mas y otros trabajadores y estudiantes sin filiación política que se encontraban en la plaza prestando su solidaridad a la docencia en lucha. El Partido Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo rápidamente se movilizaron por la libertad de los compañeros detenidos en la marcha blanca. El mismo viernes se distribuyó una declaración política donde se denuncia la acción represiva del gobierno y la complicidad de la burocracia de ATEP y la CGT y se llama a un acto público en la Facultad de Artes. Este acto se transformó en una asamblea abierta en la que participaron unas cien personas entre las que estaba la dirección del Centro de Artes, miembros de las Madres de Plaza de Mayo, de la Liga de Derechos del Hombre, del Partido Obrero, del Mas y el PC. Así se resolvió movilizarse frente a la Brigada de Investigaciones, organizar en caso de que los compañeros no fueran liberados, el paro de la facultad a partir del lunes y llamar a la FUT para coordinar una movilización general del movimiento estudiantil. La concentración en la puerta de la Brigada se realizó el propio viernes y duró desde las 20.30 hasta las 24 horas. En su ínterin se logró hacer un pequeño acto en la puerta del colegio nacional, donde se plegó un curso a la movilización. Al día siguiente se realizó un acto relámpago en la peatonal en el que intervinieron dirigentes del PO, del Mas y del PC. En el curso del fin de semana se conocieron los cargos: alteración del orden y la pena impuesta por el jefe de policía, 20 días de arresto, no conmutables por multa. De esta manera por decisión del gobierno justicialista de Domato y a 30 días de las elecciones, van a haber 20 presos políticos: los presos de la marcha blanca que son un símbolo anticipatorio de la política de pacto social que el justicialismo pretende imponer en caso de llegar a la presidencia de la nación, o sea el acuerdo con la burocracia para imponer la tregua social y la represión a toda violación a la misma. Está planteado extender y profundizar la denuncia y la movilización para arrancar la libertad de los compañeros, y en principio ya está planteada para el día jueves una movilización convocada por ATEP en la plaza Independencia, a la cual se sumarían la FUT y la propia Federación de Estudiantes Secundarios.

Más de cinco mil docentes convergieron el miércoles pasado a la plaza Independencia, desde los cuatro puntos cardinales de la Provincia, en lo que fue la culminación de la “marcha blanca” que se había iniciado dos días antes desde La Cocha a 130 kms. de San Miguel. Junto a la docencia se sumaron columnas de la Federación de Estudiantes Secundarios, de Estudiantes de Artes, de APEN (profesores secundarios), de la Asociación de Padres, de Trabajadores de la Sanidad del Centro de Salud, y de los partidos de izquierda (IU y el Partido Obrero). La “marcha blanca” fue la movilización sindical más importante de los últimos años. En esta movilización quedó expresada la enorme voluntad de lucha de las bases docentes, pero también sirvió para poner al desnudo el entreguismo de la dirección garcettista del gremio, que llegó al extremo de pactar con el gobierno la represión a la movilización. El gobierno provincial justicialista desde un primer momento se jugó a derrotar la “mancha blanca” con la colaboración de ambas CGTs provinciales. Es así que logró que la CGT normalizada mantuviera el compromiso de una tregua social firmada a principio de año junto con la Federación Económica. Esto explica el apoyo de palabra de la CGT a la marcha Blanca, para la cual no movilizó ningún trabajador. La otra CGT, la auténtica, que posa de más combativa, adoptó la misma actitud. Ambas indujeron a varios gremios que estaban en lucha a levantar las medidas de fuerza, como ocurrió con ATSA, UPCN, etc., para evitar la confluencia de los diversos movimientos. La dirección de ATEP desde un primer momento se jugó a regimentar la marcha, se aferró a que la marcha culminará a las 18 horas del miércoles aún a sabiendas de que el gobierno no iba a ceder nada. Luego de entrevistarse sin resultados con funcionarios del gobierno (el gobernador se escapó por una lateral) Nuñez, Secretario General del gremio, se dirigió a los manifestantes para que se desconcentraran. La reacción de la masa docente fue de repudio y hubo quienes llamaron a quedarse en la plaza y que pedían la renuncia a la directiva. La concentración se dividió cuando un sector se desconcentró y otro decidió quedarse hasta que se diera algún tipo de solución. Los que permanecieron —unos mil docentes— eran principalmente los sectores del interior, que habían realizado el mayor sacrificio de la movilización. Así pesó la noche del miércoles y todo el jueves. En vista del desarrollo de los acontecimientos, el gobierno justicialista decidió resolver la concentración mediante la represión directa. El viernes a la 1.30 de la madrugada, con el acuerdo de la burocracia, irrumpió la policía. Minutos antes, los dirigentes de ATEP informaron sobre la orden policial y llamaron a los docentes a separarse de aquellas personas (estudiantes, trabajadores, activistas de partidos, etc.) que habían concurrido a dar su solidaridad. De esta manera el malón policial (más de 500 policías de civil y uniforme con perros y caballería) se lanzó sobre los manifestantes, que eran simultáneamente “botoneados” por la burocracia. Aunque la concentración se disolvió, la noticia de la represión causó una tremenda conmoción en el plenario docente del viernes 14. El plenario condenó al gobierno y decidió reclamar la inmediata libertad de los detenidos, para lo cual se dispuso realizar una movilización para el día jueves. La burocracia no logró imponer su objetivo de levantar la huelga pues se resolvió mantener el no inicio de las clases y la convocatoria a una nueva asamblea para el día martes. En el desarrollo de esta asamblea hubo numerosas intervenciones de repudio a la directiva. Es necesario que el cuerpo de delegados de ATEP elija de entre sus miembros un comité de huelga, que pase a dirigir la totalidad de la lucha, que sus miembros sean responsables ante la asamblea y sobre esa base se rearme el plan de movilización que acompaña la huelga actual.

A treinta días de las elecciones la situación provincial es explosiva. Las clases no se han iniciado. Los hospitales no funcionan y acaban de renunciar todos sus directores. La municipalidad está en cesación de pago. Los trabajadores cobran con enorme retraso. Los jubilados lo hacen con dos meses de demora (y en gran parte en bonos). El promedio de los salarios apenas supera el mínimo. Se ha llegado al punto en que los teléfonos de la propia casa de gobierno fueron cortados por falta de pago. El año 88 fue un año floreciente para la producción azucarera y frutícola. Los beneficios se los embolsaron las patronales sin que el gobierno hiciera nada para cobrar los impuestos y créditos adeudados por la oligarquía. En consecuencia, se siguió con la emisión de bonos, el atraso y congelamiento de los sueldos, y el recurso a los impuestos de emergencia votados por el Congreso Nacional. A principios de 1989 la legislatura provincial autorizó la emisión de empréstitos por 500 millones de australes, lo cual comprometió al 40% de los fondos de coparticipación. Posteriormente llegó el bono nacional. Sólo una mínima parte de los fondos fueron destinados a cubrir las necesidades de los trabajadores. El grueso estuvo destinado al pago de los intereses de los títulos provinciales, la mayoría en manos de los propios deudores del Estado provincial. El reciente conflicto de los medios estatales puso en evidencia que el impuesto a la salud era desviado de su objetivo, destinándoselo a cubrir el déficit del presupuesto. El presupuesto educativo es la mitad del de 1983. Recientemente el gobierno en una conferencia pública anunció que aplicará el plan ‘Sol" que consiste en reducir los salarios (desenganche), despidos masivos y liquidación de los convenios. El panorama de las masas se ve agravado por el hecho de que la zafra será este año más reducida que las anteriores, como consecuencia de la sequía. Pero el cañaveral se ha reducido también como resultado de la disminución de los cupos de producción que fija el gobierno con el fin de mantener elevado el precio del azúcar al consumidor. Esta situación podría provocar incluso que algunos ingenios no muelan este año. El gobernador Domato, planteó explícitamente la necesidad de reducir un 40% el cañaveral, lo cual levantó un polvaderal especialmente entre los pequeños cañeros. La situación de las masas así ha llegado a límites desesperantes. Un sector de trabajadores ha decidido partir para la lucha sin esperar a los resultados electorales. Es el caso de docentes, médicos y sectores de estatales. La burocracia, dividida en dos CGTs mantiene una tregua con el gobierno provincial. Hay gestiones de reunificación para asegurar el pacto social que impulsa el justicialismo. Los burócratas procuran llevar los conflictos a la vía muerta del aislamiento y consecuente desgaste. La lucha docente, sin embargo, ha planteado la posibilidad de un viraje que acelere el reagrupamiento combativo de los trabajadores. La acción del cuerpo de delegados elegido en su mayoría a principios de este año choca abiertamente con la política regimentadora de los burócratas del gremio. La lucha docente ha llevado al gobierno provincial a apelar a la represión. La lucha de clases en Tucumán se desenvuelve en condiciones de catástrofe. La inacción de los partidos patronales es un síntoma de su impotencia política. Las masas oscilan entre la desesperación y la búsqueda de una salida práctica. Va ganando fuerza la tendencia a resolver por medio de la acción de masas la satisfacción de los reclamos. La tarea actual es poner en pie asambleas en todos lados por votar por una marcha única de todo el pueblo hacia la casa de gobierno y la huelga general.

El Partido Justicialista acaba de anunciar que no congelará los alquileres. “Mantendremos la actual ley, con indexación” afirmó el diputado Eduardo Bauzá (Clarín 18/4). Para millones de asalariados la noticia es terrible. Actualmente el alquiler equivale a un sueldo, cuando no lo supera. La indexación se ha vuelto impagable con una inflación del 30 o 40% mensual. Pero mientras los pequeños propietarios llegan generalmente a un acuerdo con su único inquilino para superar esta crisis de alquileres, los grandes pulpos inmobiliarios aplican la ley a rajatablas. Prefieren desalojar al inquilino y cobrarte a los garantes. Para los usureros Inmobiliarios el propio desalojo es una gran fuente de ganancia. Cientos de miles de familias en esta situación esperaban ansiosos la llegada de un nuevo gobierno. Esta expectativa no se vio confirmada durante la campaña electoral. Ni Angeloz ni Menem explicaron en sus plataformas como solucionarían este grave problema nacional. Se limitaron a prometer— coincidentemente ambos— que durante su gobierno se construirían “un millón de viviendas” sin explicar de dónde obtendrían los fondos para ello, cuánto le costaría al pueblo y, lo más importante por qué durante estos seis años no se logró encarar seriamente una solución para la vivienda ni por parle de la Nación ni por las provincias. Ahora Menem ha ido más lejos con su defensa de la ley indexatoria actual. Pero el anuncio del justicialismo no debe sorprendernos, porque la actual ley de Alquileres fue votada de común acuerdo por los legisladores alfonsinistas, angelosistas, menemistas y cafieristas. Todos acordaron sancionar la ley de alquileres de los Alsogaray: la de la "libre contratación"; es decir, la ley del si podés pagas y si no ¡a la calle! La propiedad inmobiliaria manejada en grandes cantidades (un reciente estudio revela que hay grupos que controlan entre 5 y 10 mil viviendas cada uno) es un factor de especulación, y parasitismo como lo son el dólar o la Bolsa. Por eso un artículo del diario de los usureros “Ámbito Financiero” festeja la "juiciosa” decisión del doctor Menem de mantener la ley actual. Todo esto nos revela que detrás de los candidatos de los "grandes" partidos están agazapados estos sectores de especuladores. Las Cámaras de la Construcción e Inmobiliaria venían exigiendo desde hace tiempo un pronunciamiento a favor del mantenimiento de la ley. Estas verdaderas "cuevas" de saqueadores del pueblo son las que financian las millonarias campañas publicitarias de los grandes partidos. El PARTIDO OBRERO denuncia esta política miserable e impotente de los partidos patronales que revelan así claramente que nada tienen ni de “nacionales" ni de “populares”. La solución al problema de vivienda pasa por la expropiación de los especuladores inmobiliarios. Sólo en Capital y Gran Buenos Aires hay —según el último censo— un millón de viviendas desocupadas, que se utilizan para especular. Hay que instaurar el control de los trabajadores y el pueblo sobre el stock de viviendas disponibles. Hay que expropiar todos los inmuebles que no cumplan un fin útil y sólo se usan para parasitar. El alquiler entre cuota y expensas no puede superar el 10% del salario. Los pequeños propietarios que alquilen a ese bajo valor deben ser compensados con la eximición del pago de todos los impuestos. Los gastos así ocasionados al Estado deben ser compensados mediante un impuesto especial, cobrado bajo control obrero a las grandes empresas, que hoy evaden olímpicamente el impuesto al FONAVI (700 millones de dólares al año). El peso del pueblo debe caer sobre los verdaderos culpables de esta situación: los grandes especuladores inmobiliarios y capitalistas. ¡Inmediata derogación de la Ley de Alsogaray, apoyada por Menem y Angeloz! Sólo los trabajadores pueden dar solución a estos problemas. Luchemos por un gobierno de trabajadores. ¡Este es su programa!

Eduardo Barcesat, candidato a Senador de IU por la Capital Federal y dirigente del PC, ha vuelto a confirmar, en un reportaje del diario La Nación (17/ 4), que los electores de IU votarán por Menem si éste no obtiene mayoría absoluta en el Colegio Electoral. No es esto, con todo, lo importante, porque es sabido que ya existe un acta que compromete a los partidos de IU en ese sentido, algo que la prensa del PC ha ratificado varias veces. Lo importante es que Barcesat se pronunció en las entrelíneas por una defensa principista del actual régimen político burgués que debería debutar en el “anacrónico" y “vetusto” (así lo llamó) Colegio Electoral. El candidato de IU “consideró que sería ético que los distintos partidos respalden en el Colegio Electoral a aquél que obtenga la primera minoría”. Es decir que IU cumplirá con ese cometido ético en el marco políticamente inmoral del Colegio. Pero más allá de esto significa plantear un principio de “unidad nacional” en el marco estatal, es decir una colaboración política de clases. A pesar de sus “diferencias”, la Ucedé e IU compartirían la “ética” del respaldo al mismo régimen político y del apoyo al gobierno constituido de acuerdo a la legitimidad establecida. Barcesat propone que los partidos consagren al Presidente no ya como una primera minoría sino como representante de la “Nación toda”. La burguesía materializaría así una “componenda electoral” (¡política!) aún más grande que la que está diseñando, puesto que incluiría a la propia izquierda. El planteamiento de Barcesat tiene una formulación completamente estratégica e ilustra lo que el PC entiende por su “vocación de poder". IU, calculadora en mano, está viendo que sus pocos electores pueden tener una gravitación política no sólo presente sino también futura porque las componendas actuales podrían servir de punto de partida para una integración orgánica al Estado y para frentes de un futuro no tan lejano, como en 1991 con los cafieristas Brunati, Abdala, De Genaro, etc. Esta maniobra explica la contradicción de que el PC hable del “anacronismo” del Colegio Electoral y de que Athos Fava diga el “Qué Pasa” (6/4) que “es una institución vetusta, pensada para la Argentina del siglo pasado” y que sin embargo plantee que sus electores concurrirán a ese Colegio Electoral. Para el PC el Colegio Electoral puede anticipar la integración de la “izquierda” al Estado como fuerza “reconocida”. El PO ha dicho que boicoteará el Colegio Electoral y que no se prestará a ninguna maniobra que vulnere, burle o limite el ya tramposo e impotente sufragio universal. El PO impulsará la movilización y la huelga general frente a cualquier componenda sobre una base estrictamente democrática, pero no votará ni respaldará, en ninguna circunstancia a ningún político patronal ni concurrirá a dar “quórum” para que se consume una nueva maniobra contra el pueblo. Así educa al pueblo a revocar, con estos mismos métodos, lo que haya concedido. En la Universidad de Córdoba, Izquierda Unida vota por Menem La elección del rector de la Universidad de Córdoba ha servido para desnudar la política de Izquierda Unida en la actual etapa político-electoral y su Seguidismo al peronismo. El Frente Santiago Pampillón, agrupación estudiantil del Fral, votó por las candidaturas Vaggione-Fontán del PJ, con el argumento de que con ello impedía el triunfo de la trenza radical-liberal. Para quien vea en esto un episodio puramente circunstancial, “Qué Pasa” (13/4) se encarga de precisar que se trató, en cambio, de una gran “Iniciativa política’’ para “avanzar en grados de confluencia con la Izquierda peronista en función de oponerse al bloque hegemónico” y profundizar “los acuerdos con el peronismo en las organizaciones locales”. Los claustros cordobeses fueron un sucedáneo del próximo Colegio Electoral, donde los electores de IU ya han comprometido, si es necesario, su voto por Menem. Los estudiantes de la Pampillón, muchos de los cuales rompieron con el Pl por el Seguidismo de éste al peronismo, y otros lo hicieron con el radicalismo en busca de una variante combativa y revolucionaria, deben sacar el balance de esta ya conocida política de Seguidismo a los explotadores. Vaggione es el candidato de Menem, es decir expresión de una política reaccionaria y derechista. La Izquierda Unida va así como furgón de cola de una variante antiobrera y proimperialista. Eduardo Salas

La patronal del Área Material Córdoba (la Fuerza Aérea) se ha lanzado a un ataque a fondo contra la organización de los trabajadores de la planta. Despidió al secretario general de la comisión interna, Julio García, con el argumento de haber acumulado suspensiones, sin reparar en que le fueron aplicadas por desarrollar actividades como delegado. Una vez conocida esta situación, se realizaron asambleas en las distintas secciones, con una participación del 80% de los trabajadores, donde se votó realizar una asamblea general en la puerta de la planta y un plan de lucha agregando al reclamo por García, reivindicaciones salariales y de escalón. La patronal comenzó entonces a perseguir a los delegados y a amenazar a los trabajadores con medidas disciplinarias si concurrían a la asamblea. Sin embargo, más de 1.000 compañeros (sobre los 3.000 que tiene la fábrica) realizaron la asamblea más numerosa que se recuerde en mucho tiempo A propuesta de la comisión interna se votó un emplazamiento de 48 horas al brigadier Crespo (quien tiene la resolución definitiva sobre el despido) y la convocatoria a una nueva asamblea para el martes 18 para evaluar la situación que será seguida de una marcha. La patronal del Área quiere descabezar a los trabajadores que el año pasado eligieron como dirección una lista antiburocrática dándole así una fenomenal paliza a la burocracia de ATE. En los últimos días la colaboración entre la patronal y esta burocracia de la seccional de ATE ha llegado muy lejos; mientras los guardias persiguen a los delegados y los comodoros bajan a las secciones a levantar asambleas, los postulantes de la lista perdedora de la burocracia realizan asambleas para boicotear la lucha allí donde no hay delegados combativos. El burócrata seccional Pissoni, ha anunciado que no va a defender a García con el particular argumento de que éste no cuenta con el “apoyo de los trabajadores" (?). Todas estas escaramuzas están vinculadas a lo siguiente: la Aeronáutica, el gobierno, el PJ y la UCR quieren privatizar la planta a lo cual se oponen los trabajadores La burocracia procura, en cambio, hacer viables esos planes. Asimismo, cuando Angeloz o Menem hablan de producir un "cambio sustancial" o una flexibilización de la legislación laboral, se están refiriendo a los requisitos de las privatizaciones, que son las normas de superexplotación obrera. Para ello tienen que barrer con las Comisiones Internas antiburocráticas. En el Área ya se están aplicando las propuestas laborales de los candidatos patronales, a quienes contradictoriamente los trabajadores del Área votarán mayoritariamente el 14 de mayo. Pero esta contradicción deberá sellar el futuro de las relaciones entre la clase obrera y el próximo gobierno, lo que provocará uno de los mayores combates populares de todas las épocas en el país.

Agentes del SIDE intervinieron con fondos de esta “repartición” en la realización de un corto publicitario que el comité de Campaña Electoral de Angeloz hizo circular con la firma del PSU de Simón Lázara. Este hecho marca el alto grado de descomposición política de la UCR y de su gobierno. Lázara dice haber tomado conocimiento de "su” corto publicitario cuando lo vio por las pantallas de televisión, lo mismo habría sucedido con otro corto llamado “Menem contra Menem” cuya responsabilidad se endilgó al PAT de Alfredo Vítolo. Tanto Lázara como Vítolo se han transformado así, no ya en “forros" del gobierno sino de los propios servicios de informaciones. Lázara es vicepresidente de la APDH, un organismo que actuó como quintacolumna en el movimiento de derechos humanos y que recientemente felicitara a las fuerzas represivas y al gobierno por la masacre de La Tablada. Lázara fue concejal del Frejuli en 1973, candidato del PC para e! frustrado “frente por la liberación" en 1985, y ahora diputado de la UCR. Actuó todo este tiempo con fondos de la Internacional Socialista y de las prebendas del Estado. La SIDE interviene abiertamente en la campaña electoral no sólo con “cortos". Tiene “pinchados” todos los teléfonos de la “oposición” y las conversaciones que registran “son elevadas al comité de campaña de Eduardo Angeloz” (Ámbito, 17/4). El “Lázara-gate” es un síntoma final de derrumbe del gobierno radical, que tiene por base a la descomposición económica y a la incapacidad del Estado para arbitrar entre los intereses nacionales y el espectacular saqueo que está promoviendo el imperialismo. La UCR no sólo va a perder las elecciones; tampoco está en condiciones de llegar al 10 de diciembre. Toda la responsabilidad por la situación recae de aquí en más en el justicialismo, que deberá hacer frente a la crisis con todas las limitaciones de su política capitalista y su dependencia del imperialismo. Se puede gestar una situación a corto plazo que para transformarse en revolucionaria deberá agotar por completo la débil autoridad del peronismo ante las masas.

Un síntoma indudable de la desintegración del proceso democratizante iniciado en 1983 lo constituyó el “programa económico" que presentó Angeloz en los salones del Plaza Hotel el pasado 10 de abril ante los líderes de todas las organizaciones del gran capital. “En materia de privatizaciones, todo” sintetizó Angeloz, a la vez que anunciaba la transferencia “del grueso del gasto estatal” a provincias y municipalidades. Este planteo cobró impulso con Martínez de Hoz y sirvió para reventar la educación y la salud y para acentuar la ruina de las finanzas de las provincias y de las municipalidades. Después de aludir en forma mojigata a la brutal evasión fiscal, describiendo a “una sociedad descompuesta en materia tributaria”, propuso premiar a los evasores mediante la “rebaja de tasas y Ia eliminación de tributos”. Como también dijo que llevaría el déficit público a un nivel “compatible con el financiamiento que resulta de la renegociación de la deuda externa”, hay que concluir que la crisis fiscal del Estado se agravará como consecuencia del pago de la deuda externa y de la menor recaudación de impuestos. El candidato radical también propuso la “eliminación de toda traba y discriminación en contra del capital extranjero, la plena libertad de transferencia de utilidades y repatriación de capitales” y hasta la “Incorporación sin restricciones a los sistemas internacionales de garantía para las inversiones externas”. Con 60.000 millones de dólares de deuda externa esto significa blanquear la fuga de capitales y propiciar una devaluación de la moneda de características impresionantes. También la oligarquía fue cortejada desvergonzadamente, pues se le prometió “elevar los tipos de cambio reales para la exportación” y eliminar todo tipo de retenciones. Sumadas con las otras concesiones impositivas, ello significaría que los latifundistas y exportadores dejarían de pagar completamente los impuestos, transformándose en el caso único de una clase absolutamente subsidiada. Angeloz definió la magnitud de la devaluación de la moneda de panera de garantizar el pago de la deuda externa. Señaló explícitamente que “las adquisiciones de divisas por parte del Banco Central para pagar los intereses de la deuda externa, también elevarán el tipo de cambio real”. Esto significa reducir las importaciones y el consumo a un verdadero nivel de indigencia. En abierta competencia con Menem, Angeloz postuló una “reforma profunda” de la legislación laboral, de manera de sustituir los convenios sindicales por convenios por empresa y hasta por sección Angeloz también arremetió contra el derecho de huelga, del cual dijo que será "reglamentado (es decir prohibido) en los servicios esenciales”. También prometió acabar con la estabilidad laboral por medio de “incentivos a la creación de nuevos puestos de trabajo”. Pretende también sustituir la indemnización por un "seguro de desempleo transitorio” a cargo del Estado. A pesar del entreguismo del programa de Angeloz “se palpaba una coincidencia al finalizar la reunión y era que ningún empresario aceptó calificar concretamente el alcance de la propuesta” (Ámbito Financiero, 11/4). Es que no basta con querer, hay que poder, y el radicalismo en quiebra no puede. La tentativa de imponer este programa ha quedado completamente en manos de Menem.

Según “fuentes oficiales, se estarían elaborando planes alternativos, probablemente a través del Estado Mayor Conjunto, como un recurso para conjurar acciones callejeras tumultuosas que podrían generarse después del 14 de mayo” (Crónica, 17/4). “Se trataría —continúa Crónica— de hipótesis de ‘puebladas' inducidas en base a indefiniciones electorales, sin descontar igualmente una explotación por parte de agitadoras de la cada vez más complicada situación económico-social que atraviesan capas cada vez más amplias de la población”. “En el trascendido —concluye la información— se ha mencionado al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) o bien al propio Poder Ejecutivo como requiriendo la conformación de esas alternativas que incluirían a las FF. AA." Mientras Menem y Angeloz posan impúdicamente como “defensores de la democracia” y hasta de la “Justicia social”, tenemos aquí la aplicación de la aún no sancionada "ley antiterrorista”. El pueblo, estafado políticamente en el Colegio Electoral y hambreado hasta la desesperación, es la famosa “hipótesis de conflicto" que reclaman insistentemente Menem y Cía para el COSENA y las FFAA. El peronismo adelantó su voto en el Parlamento a esta ley "antiterrorista" en “ómnibus". El PJ —dice un documento del Consejo Nacional— no elude su responsabilidad como principal fuerza opositora, por lo cual reiteramos la voluntad de. efectuar nuestro aporte a la pronta conformación del sistema de seguridad nacional” (La Nación, 23/3). “Llamó la atención que entre los firmantes del documento (del consejo) figuren dirigentes cafieristas, como Miguel Ángel Toma, y menemistas como Carlos Cañón, que hasta ahora habían tenido posiciones contrapuestas en temas militares" (La Nación, 23/3). La agudización de la crisis económica y política ha obligado al régimen político a limar (como se ve) todas las diferencias entre los “demócratas" y los “autoritarios” del justicialismo. Aunque aún no fue tratada por el Congreso, la ley represiva ya tiene plena vigencia. El Poder Ejecutivo la ha efectivizado mediante el decreto 327/89 cuyo contenido es idéntico al de la ley. Con este procedimiento el Poder Ejecutivo se ha arrogado la atribución de dictar el estado de sitio, lo cual transforma al régimen constitucional en dictadura civil. Entretanto, los mismos actores protagonizan el intento descarado de amnistiar a aquellos genocidas que no han podido ser “salvados" por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Con la aquiescencia radical-justicialista, la Corte Suprema ha suspendido los juicios públicos que debían abrirse a principios de mayo por las causas del Cuerpo de Ejército y de la ESMA. El candidato Menem declaró que no se opondrá a una futura ley de amnistía “siempre y cuando” ella surja de la iniciativa parlamentaria, que es precisamente lo que no falta. La comisión de “expertos” del PJ, encabezada por José Dromi, “enlace" del candidato ante las FFAA, está estudiando la posibilidad de impulsar el “per saltum”, lo que significaría que todos los juicios contra militares pasarían a la órbita de la Corte Suprema. Por su parte, el cafierista “Hernán Patiño Meyer admitió que desde la fortaleza y generosidad de un gobierno democrático sea dictado un indulto o una amnistía” (El Heraldo, 17/4). Los hombres del peronismo están especialmente interesados en el reforzamiento del montaje represivo establecido por el decreto-ley, en la medida en que serán ellos los que deberán “administrar la crisis”. Menem ha repetido hasta el cansancio que, cuando llegue a la Rosada, establecerá un “pacto social con fuerza de ley”. Lo que el riojano presenta como una concertación es, como se ve, una imposición contra el movimiento obrero. Estos atropellos contra las libertades públicas apuntan contra el pueblo movilizado. Ahí está para verificarlo la represión contra la “marcha blanca” de tos docentes desatada en la justicialista Tucumán. Asalto represivo contra las “radios comunitarias” Democracia burguesa y libertad de expresión En los últimos tres meses la Secretaría de Comunicaciones clausuró cuarenta y nueve (49) radios “comunitarias" en todo el territorio nacional. En la mayoría de los casos, el personal policial confiscó los equipos de transmisión y procedió a una especie de saqueo de los bienes particulares de los que se encontraban presentes en las radios Este raid represivo contra las radios “comunitarias" revela los acusados rasgos totalitarios del régimen político constitucional en el cual la reglamentación estatal sustituye a la propia Constitución para anular el derecho a la libre expresión y garantizar el monopolio de los grandes capitalistas sobre la prensa. El crecimiento de las radios “comunitarias" en los últimos tiempos responde a una necesidad social progresiva, como es la necesidad de los oyentes de escuchar una opinión política y una programación cultural que transgreda las características embrutecedoras de los medios de comunicación que se encuentran bajo el monopolio capitalista El ataque contra estas radios va de la mano con la tendencia del régimen democratizante a liquidar las Iibertades públicas. “magistralmente” expresada en las leyes “antiterroristas" y en la amnistía a los genocidas en curso.

Es absolutamente falso que Lorenzo Miguel haya obtenido el 58.3% de aumento salarial para los metalúrgicos Cuando el trabajador de la UOM cobre la primera quincena de este mes el 20 de abril tendrá en el sobre solamente un 10% de aumento. En la segunda quincena o sea el 5 de mayo otro 18% lo que significa que tendrá un aumento promedio en el mes del 19.9% cuando la inflación ¡oficial! ronda el 40% y la real posiblemente el 100%. El derrumbe salarial se completará en mayo cuando reciba otro 22%, cuando la carestía, podrá ser del 50% y la real ni dios lo sabe. Lorenzo Miguel ha probado, más que en cualquier otro momento del último período, su condición de "hombre de Estado" dispuesto a ir a fondo en la entrega del salario obrero para preservar la transición “ordenada” que reclama el gran capital y que Menem ha resuelto garantizar. "Curiosamente”, la cifra del 22% para mayo coincide con la "pauta” que empresarios y gobierno quieren colocar para los aumentos de salarios. La iniciativa partió de los propios empresarios, interesados en cerrar cuentas lo más rápido posible frente a las tendencias de lucha que comenzaban a desatarse. Estos hombres "sensibles", que declaman contra la intervención del Estado, se dirigieron a Pugliese reclamando que el Estado fije un aumento techo del 20/25%. El ministro "bueno” decidió actuar con el bolsillo y dejar de lado el corazón: saludó la iniciativa empresaria y declaró que las arcas del Estado no permitirían una erogación del orden del 30 o 35% sino a lo sumo y con mucho esfuerzo, del 20 al 25%. En la pulseada con la UOM “partieron la diferencia” y largaron la orden del 22% para todos los sindicatos. En un mismo día se conoció la firma de acuerdos salariales del mismo tenor que el de la UOM por la UTA, la AOT y el SMATA. El día anterior lo había hecho el SUPE Semejante aluvión de acuerdos de parte de la burocracia de los sindicatos grandes ha dejado virtualmente sin quórum al plenario de secretarios generales convocado esta semana para “ver si” correspondía propiciar alguna medida de acción La burocracia está jugada a fondo en la tregua reclamada por el menemismo y ha puesto el cuerpo con toda rapidez para disipar la posibilidad de una protesta generalizada y oponer a la lucha el circo electoral. “No hay que temerle a Menem" proclama Neustadt. “Los sindicatos están haciendo lo suyo, firmando por debajo de la carestía” reconoce Roberto Alemann. El fino olfato de clase de estos hombres reconoce el rol insoslayable del gobernador riojano y de sus hombres a la hora de ahogar las tendencias a la rebelión popular frente a este saqueo impresionante de la economía familiar. Pero los acuerdos firmados no pueden detener nada. La realidad dramática de los sobres destruye en minutos la mejor campaña propagandística y replantea sin vueltas que no hay otra salida que la lucha. Radicales, justicialistas y liberales están trabajando de común acuerdo en la aplicación de una política que está haciendo horrores en el país y que está destruyendo la economía de la población trabajadora. Son cómplices del sabotaje capitalista que juega a la quiebra histórica de la moneda y lleva el salario a niveles de indigencia. Los trabajadores deben saber, de todos modos, que esto es sólo el primer acto, y que después del 14 de mayo este colosal saqueo a la mayoría nacional se multiplicará geométricamente. Frente a esto se yerguen las luchas del interior, que marcan con la huelga general activa el camino de todo el pueblo argentino. Llamamos a una acción enérgica por asambleas en los lugares de trabajo para poner en pie los sindicatos en una lucha por un aumento salarial del 100%, por el no pago de la deuda externa, la expropiación de los bancos, el control obrero y un salario mínimo de ₳ 15.000.

Uno de los posibles ministros de economía del futuro gobierno justicialista, el ex funcionario de la dictadura Domingo Cavallo declaró que “los países deudores no deben trazar una estrategia común para encarar las negociaciones de la deuda externa, sino que las tratativas se deben hacer caso por caso" (Cronista Comercial, 12/4). Se cae así uno de los típicos planteos de la demagogia nacionalista: el frente de los países deudores. El justicialismo se presenta a las elecciones encamando frente al pueblo la posición de los banqueros internacionales. Esta es la política que invariablemente planteó el FMI y que todos los gobiernos burgueses terminaron aceptando luego de gastar ríos de tinta en llamamientos “latinoamericanistas" que exhortaban a una acción colectiva contra la banca usurera. Alfonsín, Sarney, Lopez Portillo, Alan Garda, coquetearon en algún momento con la propuesta de concertar un “club de deudores”. Se reunieron en pomposas conferencias para proclamar la necesidad de una respuesta común de la región y al final concluyeron haciendo cola individualmente en las oficinas del Citibank para mendigar caso por caso la refinanciación de la deuda. Al cabo de estas experiencias Cavallo hace suyas las exigencias directas de los bancos. Propone esperar, incluso, “los resultados de las tratativas en México, donde se aplicará el denominado Plan Brady”. Toda su política se resume a aguardar que a la Argentina le den “un respiro" en los pagos de intereses, que en realidad es un mayor ahogo para la Nación por las condiciones con que viene acompañado. Entre ellos está el pago del propio capital de la deuda mediante las privatizaciones y la confiscación de una cuota fija de las exportaciones del país. El justicialismo ya no dice que “Quiere un presidente como Alan García” porque el mandatario peruano ha llevado al Perú a la peor bancarrota de su historia Tampoco reitera el lema de Perón de alcanzar “la unidad Latinoamericana antes del 2.000”, Menem y Cavallo se disponen a continuar la obra de Sourrouille acentuando el sometimiento del país al imperialismo.

osé Rodríguez está “peleando" su nombramiento como ministro de trabajo de Carlos Menem y, según parece, el hombre se llevaría las palmas. Para valorizar sus acciones, Rodríguez no sólo pretende hacer valer su “meritoria" colaboración con la dictadura de Videla, el régimen alfonsinista y las grandes patronales. El burócrata anticipa que de acceder al Ministerio de Trabajo impulsará una legislación antiobrera, que significará la liquidación formal de las conquistas obtenidas durante los primeros años del primer gobierno justicialista, y que hará cumplir a rajatablas el “pacto social” con “fuerza de ley” que burócratas, patrones y Estado resuelvan de espaldas a los trabajadores. “Nosotros vamos a poner el esfuerzo en la productividad..."(El Cronista). Pero, ¿de dónde saldrá ésta productividad si el postulante ministerial a renglón seguido dice que el movimiento obrero debe prepararse para “tiempos de crisis”? Está claro que saldrá del aumento de los ritmos de trabajo y de la otra gran propuesta, la “flexibilización laboral”. Mucho verso sobre la "revolución productiva", pero propone “flexibilizar” los convenios de trabajo de manera de ampliar “el sistema de trabajadores contratados”. En lenguaje sencillo, liquidar la estabilidad laboral, que cualquier incorporación de nueva mano de obra se efectúe sin respeto al contrato de trabajo, lo que permite luego el despido sin preaviso ni indemnización. Este programa del justicialismo apunta a liquidar las conquistas sociales que los trabajadores identifican precisamente con el peronismo.

La nueva devaluación del austral y el segundo tarifazo en el mes dispuestos el viernes pasado fueron elaborados en común por el ministro Pugliese y Eduardo Menem, en una reunión reservada que mantuvieron el miércoles 13. La confirmación de este apoyo la dio directamente Carlos Menem quien el sábado declaró que las “nuevas medidas... traerán una suerte de calma en esta calda, en este caos o descalabro". “Queremos que el doctor Pugliese acierte — insistió el candidato del PJ—y en la medida de lo posible nosotros colaboraremos para ello” (Clarín, 16/4). La UCR y el PJ han establecido, a través del ministro Pugliese, un gabinete “compartido”. Todas las decisiones del oficialismo son sometidas a la consideración de los economistas y hombres de Menem. Eduardo Menem y Eduardo Bauzá (sindicado como ministro de economía bajo Menem) se reunieron tres veces con Pugliese en sólo una semana. Gabinete “compartido” Este gabinete “compartido” se asienta en una coincidencia de fondo, que consiste en provocar un colosal “ajuste" de los salarios para financiar el entendimiento con la banca acreedora. Domingo Cavallo lo dijo sin pelos en la lengua. “El sinceramiento de los precios, tarifas y salarios todavía no ha terminado. Quiere decir esto que para poder construir una buena política tendrá que pasarse por una etapa de sin paramiento que va a significar aumentos de precios que aún están atrasados y que significarán mayores golpes sobre los bolsillos de la población” (El Economista, 14/4). Cavallo “recomendó” entonces “que para un ministro como Pugliese y un presidente del BCRA como García Vázquez convendría avanzar de inmediato hacia un mercado único (de cambios)..." un “consejo" que efectivamente siguieron. El otro gran acuerdo es la “reformulación del Presupuesto Nacional” del corriente año, el cual ha naufragado como resultado de los colosales intereses de la deuda pública y la escandalosa evasión de impuestos por parte de los explotadores. Ante esta situación en las reuniones de Pugliese con Bauzá se consideró la alternativa de disponer un blanqueo de capitales y de impuestos. “Estuvimos (con Bauzá) trabajando —dije Pugliese— en una idea de regularización impositiva de presentación espontánea, con plazos y reducciones de Intereses, pero luego fue descartada...” (Clarín, 17/4). Este “desmentida” es para la “gilada”. La UCR y el PJ tienen inscripto el blanqueo en sus programas, cuando hablan de "promover la repatriación de capitales" que se fueron ilegalmente, es decir “en negro" del país. Al día siguiente La Nación (18/4) ya señalaba que el gobierno dispondrían de "facilidades a los contribuyentes morosos y medidas de carácter tributario pero cuya puesta en práctica no necesite de la aprobación parlamentaria". Gabinete de Transición El gran acuerdo se ha establecido para después del 14 de mayo. Pugliese se comprometió a integrar en su equipo económico a un “consejo de notables” y a definir su propia gestión como “un colaborador del peronismo en la transición..." (Clarín, 14/ 4). Todo esto indica que el peronismo ya ha tomado en sus manos la gestión gubernamental. Esto demuestra que para el conjunto de la clase explotadora, incluido el imperialismo, las posibilidades electorales del radicalismo se han terminado. A través de la fuga de capitales, la evasión de impuestos, la hiperinflación, el gran capital está forzando la “unión nacional" como esquema de poder para la “transición" política en cuyo ámbito se dispondrá un violentísimo “ajuste" económico. Este gobierno “compartido" y de “transición” fue armado reclamado desde las oficinas de la Unión Industrial. A fines de marzo en una solicitada (23/3), la UIA reclamó “a los candidatos de los principales partidos... un acuerdo sobre algunas medidas económicas básicas" cuyos “efectos” permitirán “asegurar la transición”. A los pocos días cayó Sourrouille, subió Pugliese con el acuerdo de Menem, prosiguieron las nuevas devaluaciones de la moneda y se constituyó el gabinete compartido UCR-PJ. El acuerdo Pugliese-Menem tiene como soporte a los grandes “capitanes de la industria” quienes en la propia Unión Industrial sellaron un acuerdo de “unidad”. Los grandes capitanes peronistas, liberales y radicales formaron una “lista única” para dirigir la Unión Industrial, una evidencia de que han arribado a un acuerdo político por encima de sus divergencias de criterios. Un aspecto esencial de este “gran acuerdo” es el compromiso de la CGT y de los sindicatos de “bancar” los costos de los tarifazos y devaluaciones en el movimiento obrero. Con una confiscación económica del 40% ¡en un mes!, la burocracia sindical no ha movido un solo dedo y se ha empeñado a fondo en impedir la reacción del movimiento obrero. Al colocarse rastreramente detrás de Menem, tos burócratas sindicales manifiestan que están dispuestos a jugar el papel de guardianes y policías contra los trabajadores. En oposición a esta tendencia política que domina en las “cumbres” en una serie de gremios y provincias se está gestando un gran movimiento de lucha. En Salta los empleados públicos están a punto de obtener una resonante victoria, con el pago de tos días de huelga y un sueldo mínimo de ₳ 5.000. En Tucumán, Chaco y Santa Fe los docentes están en paro protagonizando una vigorosa huelga general. En varios gremios y fábricas hay movimientos profundos de lucha. Todo esto ha llevado a la gran patronal a tomar la “Iniciativa” de propiciar un aumento general de salarios de... ₳ 1.000. El PARTIDO OBRERO llama a la lucha por un inmediato aumento de emergencia del 100%, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, de ₳ 15.000 y por el control obrero de la producción. Hay que reclamar a la CGT la huelga general, para lo cual debe romper con la tregua social y convocar a miles de asambleas para que los trabajadores decidan y voten el pliego de reivindicaciones y el plan de lucha. Las elecciones del 14 de mayo se van a realizar en medio de esta excepcional descomposición económica y política, pero no podrán resolverla. Esta resolución requiere de la acción práctica de las masas que imponga compulsivamente sus reivindicaciones al puñado de monopolios y banqueros y a su Estado que esquilman a la Nación y a su población trabajadora. En cambio los “candidatos” que reclaman que se les dé mediante el voto un cheque en blanco, incluso los de izquierda, son unos estafadores políticos, que pretenden actuar como vanguardia o como comparsa (IU) de la ofensiva confiscatoria contra el pueblo.

* Por un aumento de salarios del 100% *Por un salario mínimo de ₳ 15.000 *Por el desconocimiento de la deuda externa *Por la expropiación de la banca bajo control obrero *Por la apertura de los libros de los monopolios y la abolición del secreto comercial El país asiste al saqueo de la economía por un grupo muy reducido de grandes banqueros, industriales y oligarcas capitalistas. Se están fugando capitales y se están vaciando el tesoro y las arcas del Banco Central. Como consecuencia de ello la hiperinflación está arrasando con las economías populares. El gobierno nacional asiste impotente ante estas maniobras y especulaciones del gran capital, y más aún con su política favorece los intereses de los explotadores. El gobierno está siendo apoyado en esta política por el Partido Justicialista, como lo testimonia el apoyo de Cafiero. Bauzá, Menem y Manzano al ministro Pugliese. El Partido Obrero dice que hay que romper con esta situación. Las masas populares del país están siendo empujadas a la desesperación y a ver en Carlos Saúl Menem a un salvador No hay salvadores. El justicialismo y Carlos Saúl Menem representan los intereses capitalistas y van a defender esta política como lo están haciendo ahora. Ahí están los burócratas sindícales entregando inmundamente el salario. Es necesario producir un viraje histórico. Tenemos que sacudirnos la tutela de partidos que han fracasado y que representan a los explotadores. El 14 de mayo no resuelve nada. La lucha está planteada ya.