Prensa Obrera N° 261

El PO ha lanzado una campaña financiera para financiar la intervención partidaria en la lucha política y electoral.

En los principales centros donde el Partido viene realizando una actividad sistemática se concurre con una declaración explicando el porqué de nuestra colecta y se llama a los trabajadores a aportar. Esto se diferencia claramente de las candidaturas burguesas que apelan a los bolsillos de los empresarios o que sacan sus fondos de las coimas y negociados que realizan en los aparatos estatales que dominan.

En la puerta de la fabrica Catorini del vidrio de QUILMES, el 20% de los compañeros (43 compañeros) adquirieron el bono solidario.

En la cola de los docentes de LA PLATA que estén en huelga, autoconvocados por encima de la dirección burocrática de Mary Sánchez y Garcetti 100 maestros aportaron a la Campaña Financiera del PO.

En la metalúrgica ACINDAR de LA MATANZA los compañeros consiguieron 13 aportes a la salida de un tumo. En estos días volvían para recoger las adhesiones de loo otros dos tumos.

En el HOSPITAL FRANCES, del gremio de la SANIDAD de CAPITAL, también fueron 13 los aportes recogidos a la salida de un turno de unos 60 compañeros.

En los próximos días los militantes del PO estarán en las puertas de las empresas más importantes del país.

Este método de movilización política que realizan los militantes del PO, está acompañado por una actividad más vasta en la que pueden intervenir TODOS los simpatizantes y amigos del Partido. Colocar bonos de la Campaña entre los compañeros de trabajo y estudio, entre los vecinos de las barriadas donde se milita, entre los familiares y amigos que respetan y apoyan nuestra actividad militante. Por eso compañero lo invitamos a colaborar, acérquese a nuestros locales y aporte a la Campaña Financiera, llévese bonos para colocarlos. Con ese dinero abriremos nuevos locales, editaremos millones de volantes, realizaremos pintadas en defensa de la independencia política de la clase obrera.

EI viernes 17 se realizó el acto de proclamación de candidaturas del Comité de la Capital. Más de un millar de asistentes escucharon a los oradores. Había delegaciones sindicales (sanidad, prensa, bancarios, municipales comercio, telefónicos, etc.) y de las barriadas (San Telmo, Ciudad Oculta, etc.). Otro hecho importante fue el acercamiento espontáneo de numerosos contactos y relaciones, así como el de quienes concurrían por primera vez a escuchar al Partido. Una veintena de ellos se inscribieron como fiscales en el mismo acto. Se vendieron además unos 200 periódicos.

Ese mismo día, Gregorio Flores, junto a Nora Biaggio (candidata a diputada provincial), habló en un local de Moreno. Se hicieron presentes compañeros docentes, telefónicos y obreros de la construcción, junto a activistas barriales (Barrio Las Catonas, La Perlita, etc.) y del movimiento de jubilados. Lo más destacado fue la importante delegación del Barrio Manió y la de los jóvenes secundarios. Un núcleo de estos últimos se incorporó a la militancia cuando culminaba el acto.

El sábado 18. Juan Carlos Capurro participó de una jornada en la zona de La Plata y Berisso. A la mañana respondió a reportajes en los medios de difusión. Al mediodía, los compañeros de La Plata pusieron una cantidad de mesas de agitación.

Amelia García, candidata a concejal, intervino para llamar a movilizarse el 23 con las Madres de Plaza de Mayo contra la militarización. Luego del discurso de Capurro, varios presentes le hicieron preguntas sobre las posiciones del Partido. Casi un centenar de personas siguió la “interpelación”.

A la tarde, Capurro dio una charla en el Barrio Villa Arguello de Berisso. Unos 30 compañeros participaron del acto en la Sociedad de Fomento del Barrio. Al finalizar la misma hubo una choriceada donde se proclamaron los candidatos del barrio.

Estas actividades evidencian la receptividad de las propuestas del PO entre los trabajadores y la juventud. A partir de ahora, los actos y tribunas callejeras del PO se acrecentarán, como lo evidencian los anuncios que se divulgan en este periódico y que comentaremos número a número.

Para el PO la campaña electoral es una instancia importante que nos permite profundizar nuestra denuncia del régimen y el llamado a organizar a la clase obrera y a los explotados en forma independiente de la burguesía, en su propio partido para luchar por un gobierno obrero y de los explotados. Todo el Partido debe organizar la movilización de sus candidatos y militantes para que en todo el país se levanten miles de tribunas revolucionarias.

El 28 de febrero de 1988 en Sumgait, en el Azerbaiyán soviético, más de 500 armenios fueron masacrados en un pogrom al que no fueron ajenos los dirigentes locales del PC.

En el primer aniversario de estos hechos, una “manifestación monstruo" (Le Monde, 2/3) recordó a las víctimas armenias. “Desde el alba hasta bien entrada la noche, varios centenares de miles de armenios de todos los medios y todas las edades desfilaron ininterrumpidamente frente al monumento que recuerda a las víctimas del genocidio de 1915. Centenares de ramos de flores fueron dejados a sus pies por innumerables organizaciones, fábricas, escuelas y sindicatos”.

La manifestación, la primera después del terremoto que destruyó el país en diciembre pasado, fue absolutamente espontánea. “Sin que hubiera una verdadera convocatoria —explica el corresponsal de Le Monde— el rumor público decidió él mismo la concentración”. Pese al “estado de sitio” (implantado en noviembre) la burocracia se vio obligada a autorizar “una ceremonia de recordación sin discursos ni banderas” ante la irresistible presión popular.

“Aunque toda manifestación política está oficialmente proscripta, era difícilmente imaginable que este movimiento, que suscitó el año pasado tan grandes movilizaciones, no aprovechara la ocasión para recordar su existencia a Moscú”. Así fueron apareciendo —pese a la prohibición— decenas de banderas que convirtieron a la “movilización monstruo” en una requisitoria a la burocracia.

“Libertad a Karabaj”, “Justicia para las víctimas de Sumgait", “Juicio honesto a los responsables del pogrom" eran las leyendas de las banderas. Con el desarrollo de la manifestación aparecen otras, más "osadas”: “levantamiento del estado de sitio”, "reconocimiento de la responsabilidad de los dirigentes azeríes en el pogrom". Los manifestantes reclamaron insistentemente por "la inmediata liberación de los miembros del Comité Karabaj”, que fueron detenidos en enero sin que se hubiera formulado contra ellos cargo alguno y enviados a Moscú a la espera de un juicio futuro, sin fecha conocida.

Todo esto tuvo lugar pese a las medidas policiales de la burocracia y al terremoto que mató a más de 100.000 personas.

Entre el pueblo "no se espera nada bueno para Armenia de Gorbachov y la perestroika”. El “renovado" régimen burocrático de Gorbachov continúa siendo, como bajo el terror stalinista, una cárcel de pueblos. La satisfacción de los reclamos nacionales y democráticos de los pueblos de la URSS está enteramente ligada al éxito de la revolución política que expulse a la burocracia y regenere al Estado obrero soviético.

La huelga general de la semana pasada fue la más masiva de la historia brasileña.

Fue nada menos que una huelga de alcances geográficos continentales, que se proyectó también a los medios agrarios. Estas características marcan la peculiaridad de la huelga brasileña con referencia al movimiento obrero mundial. Cualesquiera hayan sido sus limitaciones, que en un 90 % le fueron impuestas por sus direcciones, la huelga de la semana pasada pone en evidencia la extraordinaria recomposición de fuerzas que se ha operado en el proletariado de Brasil en la última década y que no tiene parangón con el lento proceso político de las masas en la mayor parte de América Latina.

El rasgo más importante del paro de 48 horas fue que sirvió para descubrir, y hasta cierto punto frenar, una poderosa tendencia huelguística espontánea de parte de las masas.

La huelga había sido convocada por las centrales sindicales con una enorme demora, 60 días después de lanzado el Plan Verano, que redujo los salarios casi a la mitad. Aún a una semana de su inicio “el comando de huelga tenía dificultades para saber cómo andaba la movilización en todo el territorio nacional”. El paro había sido concebido por sus organizadores como una medida aislada con el propósito de obtener del gobierno alguna concesión limitada que sirviera para descomprimir la explosiva presión de las bases.

Adelantándose en mucho a la huelga general, miles de trabajadores metalúrgicos de la región paulista habían comenzado ya el 22 de febrero una seguidilla de huelgas por la reposición de sus salarios, que se fue extendiendo al conjunto de San Pablo, a Osasco, y a Guarulhos, lugares donde se concentran 350 mil trabajadores del gremio. Esto ocurría “a pesar de la orientación del sindicato (dirigido por una fracción derechista de la burocracia) que pretendía esperar para parar todos juntos” (O Estado de San Pablo, 25/2). El comienzo del paro general fue anticipado por miles de trabajadores en distintos puntos del país. En el centro textil catarinense de Blumenau (el mayor de América Latina) se produjo una verdadera revolución sindical. Sus 40 mil trabajadores habían comenzado el viernes 10 una huelga indefinida con asambleas diarias en las que se contó la presencia de 10 mil trabajadores. Era la primera huelga en 40 años, y se extendió a otros gremios de la ciudad, como los siete mil metalúrgicos y los 1.500 empleados de la salud, algo que provocó la inactividad por tiempo indefinido del 90 % de la población trabajadora.

“Más de 24 horas antes de comenzar la huelga general, había gremios en muchas ciudades con sus actividades paralizadas" (O Estado, 14/3). Entre ellos se contaban los 10 mil conductores de ómnibus del centro industrial paulista de Campinas, así como sus colegas de Jundial, de Londrina, en Paraná y de Maceió en el nordeste. También entraron en huelga anticipada los distribuidores de gas de Curitiba, la capital de Paraná y los obreros de la fábrica Santo Antonio en Sertaozinho en el interior paulista.

Huelga general

“La paralización fue un éxito en la mayoría de los estados y dio a la mayoría de las capitales un aire de feriado” (Jornal do Brasil, 15/3). La huelga no solo se hizo fuerte en los distritos industriales con mayor tradición sindical sino que alcanzó los máximos índices de todo el país en el más retrasado y desorganizado nordeste y en el Amazonas, signo inconfundible de una movilización de las capas más profundas de trabajadores. De acuerdo al informe del “Jornal" en Recife pararon los ómnibus y el subte. Los bancos, y los comercios casi no abrieron y las calles permanecieron desiertas. En el distrito industrial del sur, las metalúrgicas no consiguieron abrir sus puertas, con piquetes funcionando todo el día En Salvador la paralización de los transportes fue total y no hubo necesidad de piquetes en las puertas de las empresas ni en las estaciones ferroviarias. Hasta los taxis fueron afectados: la mitad de la flota dejó de circular. Cerca del 80 % de los comercios no abrieron y en el centro de la ciudad la paralización fue total. Algunas agencias bancarias y supermercados abrieron por la mañana, pero los piquetes lograron cerrarlos pocas horas después. Apenas algunos bares y estaciones de servicio funcionaron. La adhesión a la huelga creció en su segundo día. El comercio cerró totalmente. Los piquetes intensificaron sus acciones y cerraron varias agencias bancarias que intentaron abrir. En Joao Pessoa la paralización contó con una adhesión del 95 % de los trabajadores. Paró el transporte colectivo y el comercio, bancos, escuelas y reparticiones públicas no abrieron. Aracaju: la huelga abarcó a todos los sectores de la economía del Estado de Sergipe. Pararon los transportes, bancos, comercio, industria, servicios públicos y escuelas. En Teresina, con la adhesión de los conductores de ómnibus, la ciudad quedó paralizada. Manaos: la Zona Franca conoció su primera gran paralización , que abarcó al 80 % del comercio y al 100% de las 500 industrias electrónicas. Sin ómnibus, los bancos funcionaron precariamente y los comercios no abrieron. En Río Branco (en el Amazonas) pararon el 100% de los choferes y profesores, el 70% de los bancarios y entre 80 y 90 % de los empleados públicos.

Siguen las huelgas

La finalización del paro de 48 horas estuvo lejos de significar la finalización de las huelgas. Blumenau continúa su huelga indefinida, mientras que en San Pablo continuaban parados más de 20 mil metalúrgicos. Los conductores de ómnibus continuaron el movimiento en Río de Janeiro y en Maceró y lanzaron una vigorosa huelga en Recite con fuertes piquetes También seguían paralizados sus colegas de Londrinas, mientras que los tabacaleros de Philip Morris están en huelga desde hace 15 días. Los 10 mil mineros de Criciuma, en Santa Catarina, están de huelga indefinida mientras que paralizaron sus labores los bancarios de Maceió. Al extenderse más de una semana, la huelga de los distribuidores de gas está peligrando el abastecimiento en Curitiba, la capital de Paraná. También se multiplican los paros en el ABCD paulista que incluye entre otros a la Ford, Scania y Rhodia con miles de trabajadores.

Una de las luchas más encarnizadas la protagonizan los trabajadores de las grandes plantas siderúrgicas de Belo Horizonte, que permanecen ocupadas desde el martes 14 al mediodía: Mannesmann (de 9800 trabajadores) y la Belgo-Mineira (de 2800). El paro metalúrgico en la zona iba en aumento. Los 24.500 huelguistas del jueves se elevaron a 27 mil el viernes 17, a lo que hay que agregar dos mil trabajadores químicos. El clima en las plantas era de tensión. Está fresca la masacre durante la represión en las acerías de Volta Redonda, en noviembre, que provocó la muerte de tres trabajadores. La Policía Militar tiene rodeadas las plantas, mientras los trabajadores declararon “no queremos guerra pero si entran los soldados vamos a luchar”. “Estamos listos para enfrentar las balas de la policía, agregaron, estamos organizados”. (O Estado, 19/3).

Cómo actuó la burguesía

Frente a la envergadura del movimiento huelguístico, la línea predominante en la burguesía fue evitar el enfrentamiento frontal con la expectativa de que la huelga sirviera de válvula de escape para descomprimir la presión obrera. Fue notable lo ocurrido entre los metalúrgicos de San Pablo. La oleada de huelgas permitió arrancar aumentos por fábrica que oscilan entre un 15 y un 20 %, incrementos que no alcanzan a compensar las pérdidas del plan verano, y que están por debajo de las cláusulas establecidas en los convenios con relación a los reajustes por inflación, pero que están por encima de lo planteado por el gobierno y las patronales. Se llegó a obtener aumentos en 11 empresas durante el propio primer día de paro, en contraste con la resolución que había adoptado la cámara patronal paulista (Fiesp), que incluye a la poderosa federación metalúrgica, que exigía a sus afiliados “no celebrar ningún tipo de acuerdo” (Gaceta Mercantil, 10/3). Las patronales tuvieron que recular ante el vigor del movimiento, pero debe tenerse presente que la burocrática dirección del sindicato se negó a convocar a una huelga de conjunto y los arreglos por fábrica en plena huelga general significaron una marginación frente al movimiento unificado de la clase obrera.

Fue muy significativa la conducta de los gobiernos estaduales y de la mayoría de las intendencias de evitar chocar de frente con los huelguistas. Aunque el gobierno, la prensa derechista y las cámaras patronales atacaron a los intendentes del PT por ser tos responsables del elevado cumplimiento del paro, al no haber asegurado el transporte (especialmente en San Pablo y Porto Alegre) (algo que no hubieran logrado aún si se lo hubieron propuesto), la realidad fue que en la mayoría de tos estados y municipios, dirigidos por otros partidos, también se contemporizó con la huelga. Es así que la huelga transcurrió en “medio de la indiferencia de los gobiernos estaduales”, comentaba el “Jornal" en su primera página del día 15. “Se engaña el ministro de justicia si circunscribe el problema a los intendentes de izquierda... no se debe menospreciar el papel (jugado) por omisión por los gobernadores del PMDB, todos hermanados en el sentimiento de que es mejor no quemarse las manos”. El gobernador paulista, Orestes Quercia, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por el PMDB, se limitó a una sigilosa negociación con los aeronáuticos y empleados del subte para garantizar esas prestaciones (lo que consiguió), pero evitó las amenazas e intimidaciones habituales. En Goiania, cuyo intendente es del PMDB, el Consejo Municipal ofrecí por unanimidad su sede al “comando de huelga”. El intendente de Curitiba, del PDT, anunció por anticipado que no descontaría el día a los huelguistas y lo mismo hizo el de Belo Horizonte del PSDB. Un caso extremo fue el de Andrade Vieira, dueño del Bamerindus, sexto banco privado del país, con sede en Curitiba que "garantizó que no despediría ni descontaría los días a sus 40 mil empleados” (O Estado, 12/3).

Perspectivas

El movimiento huelguístico en curso ha demostrado que los trabajadores no están dispuestos a aceptar que se les reduzcan los salarios para sostener la "estabilización” que pretende el gobierno y sus partidos.

El cálculo de la burguesía y del gobierno de que el "paquetazo” podría imponerse aprovechando la distracción de un año “electoral" y apelando a las maniobras parlamentarias y electoreras, no se ha cumplido. Si el gobierno esperaba que con un pequeño aumento podría lograr que las direcciones sindicales ingresaran al “forum" para discutir los salarios futuros, la amplitud del movimiento huelguístico y la ola de paros que no cesa, lo han hecho inviable. Aunque la dirección de la derechista CGT se negó a “reclamar al gobierno que fije un plazo para presentar sus sugestiones” (O Estado, 19/3), la dirección de la CUT se ha visto obligada a sostener que no integrará ningún “forum” hasta que no se repongan los salarios perdidos.

Aunque los aumentos obtenidos en las luchas parciales, están lejos de reponer las pérdidas salariales, la burguesía no está dispuesta a absorberlos y reclama el derecho a remarcar los precios. El gobierno había anunciado el comienzo del descongelamiento a partir del lunes 20, comenzando con “la carne, el pollo, aceite de soja, huevos, lácteos, galletitas, arroz y azúcar" (O Estado, 19/3), pero a último momento lo postergó y comenzó el desabastecimiento.

El gobierno pretende cerrar en acuerdo con las direcciones sindicales primero, para después dar rienda suelta a los precios. Está en marcha una fenomenal remarcación de precios que relanzará todo el proceso inflacionario y, naturalmente, obligará a los trabajadores a multiplicar su movilización. El "año electoral” quedó en el camino y la perspectiva es la de una intensificación de la lucha de clases.

La huelga y la participación estatal del PT

La huelga general colocó a las flamantes administraciones municipales del Partido de los Trabajadores ante la responsabilidad de definir su posición entre el movimiento obrero y el Estado. De un modo general el PT rechaza que exista una oposición de principios entre uno y otro y que la participación en las instituciones del Estado deba estar estrictamente subordinada a la lucha de clases que protagonizan los explotados. La intendente de la ciudad de San Pablo, una destacada dirigente petista, Luiza Erundina, ha dicho más de una vez que ella gobierna para el conjunto de los pakistanos, en una doble pretensión de ponerse por encima de las clases y de reivindicar su condición de representante del Estado. En oportunidad de la estampida inflacionaria que provocó el plan Verano, Erundina autorizó el aumento de las tarifas del transporte de la ciudad para evitar su retraso con respecto al nivel general de los precios. Ni a ella ni al PT se les ocurrió en absoluto plantear la apertura de los libros de las empresas, ni convocar a los trabajadores a discutir el control obrero. De esta manera la administración petista se convirtió en un vehículo de la remarcación de precios contra las masas, es decir en un canal de la política del Estado burgués.

La prensa capitalista de Brasil es unánime en criticar a los intendentes del PT por no haber movilizado los recursos municipales para "garantizar la libertad de trabajo", en alusión a la movilización de las flotas de transporte que administran los municipios Erundina fue acusada, además, de haber adelantado la liquidación de las quincenas a los funcionarios de la municipalidad de San Pablo. Pero la contemporización con la huelga fue común a todos los partidos, incluidos los intendentes y gobernadores del PMDB y del PDT, y hasta un caso del "ucedeísta” PL. La misma actitud adoptó la gorilísima cámara patronal de San Pablo, Fiesp, al otorgar aumentos de salarios en medio del desarrollo del paro. Se quiso evitar así una explosión popular. Pero el problema es otro, no de blandura o firmeza ante una huelga, sino la cuestión de principios referida a la posición de clase de los miembros de un partido obrero que actúan en instituciones representativas del Estado.

La huelga sirvió, en este aspecto, para poner de relieve el carácter burgués del partido que en Brasil representa a los trabajadores. Los intendentes del PT asumieron el punto de vista de Estado, no de los obreros en lucha. Declararon que descontarían los salarios de quienes no trabajaran, y en algún caso se llegó a decir que de otro modo se estaría obrando de manera paternalista. Un intendente del gremio bancario, en Porto Alegre, fue a los piquetes de su banco, en el que ya no trabaja, pero no formó piquetes en la municipalidad. Tardíamente, Erundina publicó una solicitada en la que declara el “apoyo político" al paro general, pero esto después del paro, en una revelación de las circunstancias políticas creadas por el éxito de la huelga general. Sin embargo, en las primeras 24 horas del paro Erundina había vuelto a declarar que “descontaría los salarios de los 120 mil trabajadores municipales que faltaran" (O Estado, 15/ 3)

Los intendentes del PT fueron elegidos como trabajadores por sus compañeros de clase, esto no lo pueden dejar de lado al participar en el Estado, so pena de transformarse en traidores a su clase. Tienen la obligación de subordinar su conducta en las instituciones del Estado a la lucha y acción directa de las masas, no a los principios jurídicos que rigen el funcionamiento de aquéllas. Cuando adoptan esta última conducta están actuando como militantes del Estado burgués contra la clase obrera.

La actuación de los funcionarios petistas fue vivamente resentida en amplios sectores de las masas, aunque provocó una gran confusión en muchos otros, pero no sorprendió ai conjunto del aparato del PT, debido a que está en completa conformidad con su programa democratizante, el cual postula la transformación social por medio de una “modernización del capitalismo brasileño” al que reputan de “salvaje”, y por lo tanto de su Estado

La huelga general ha puesto en colisión al PT con el movimiento de lucha de las masas contra el régimen capitalista y su Estado.

Una seguidilla de conflictos de la más diversa índole recorren el gremio gráfico.

La Razón no sale hace pila de días por falta de pago, la Editorial Abril ya gestionó ante el Ministerio alrededor de 200 despidos (ver nota) y a la par de esto se realizan movimientos de lucha salarial en varios de los más importantes diarios, editoriales y talleres de obra.

La lucha salarial de Clarín, Crónica, Atlántida o La Nación es moneda corriente porque periódicamente salen a defender sus salarios reales (mucho más altos que los del convenio) frente a los embates de la inflación. La novedad es que grandes talleres de obra atados al convenio gráfico como Grafex o Zupan, también tratan de recuperarse del desastre de las escalas que firma Ongaro trimestre a trimestre y que colocaron el salario mínimo gráfico de febrero en 2.300 australes.

El ongarismo les hizo un guiño a las internas verdes en los primeros días de marzo para que salieran en sus talleres a luchas individuales para usarla como presión en la mesa con las Cámaras patronales.

Pero el sindicato no fijaba siquiera qué monto reclamaba y mucho menos convocaba a asamblea o a plenario de delegados, el cual no se reúne hace 14 meses. El resultado fue una catástrofe, porque Ongaro terminó firmando un 14% para marzo y 10% para abril y mayo. En los talleres a convenio las patronales no aflojan un peso más de esto. Esta nueva gangrena salarial le sigue a la pérdida de alrededor del 30% registrada desde el plan primavera a la fecha con respecto al costo de vida.

Son igual que los “15”

Pero la ofensiva patronal es tan amplia que el ongarismo no tiene descanso: mientras deja pasar los despidos en Abril, mientras aniquila el salario, mientras “Ignora” la quiebra de La Razón, prepara para el mes que viene la firma del convenio.

No más de 50 gremios encabezados por los “15", plásticos, sanidad, SMATA, han firmado los convenios paritarios. Entre ellos se encuentra la FATI que agrupa a los gráficos del interior, y ahora el ongarismo, que se apresta a firmar el mes que viene.

En el convenio de FATI se legalizó el trabajo por contrato y se incluyeron los capataces, entre otras pretensiones patronales. Ni una de las conquistas reclamadas por los trabajadores ha sido tomada en cuenta.

No hace mucho denunciamos en estas páginas la entregada de la insalubridad en Quela. Como se puede apreciar la “flexibilización” es un proyecto que ya se aplica, se pacta y se firma.

La negociación del convenio es más burocrática de todos los tiempos de esta centenaria organización sindical. No hubo reuniones, ni plenarios, ni asambleas. La Naranja sacó una declaración reclamando ASAMBLEA GENERAL del gremio.

La dirigencia gráfica opera como gerencia sindical de las cámaras patronales y lleva hasta las últimas consecuencias la línea antiobrera de la burguesía argentina.

Esta etapa de dolorosas experiencias de luchas, traiciones y derrotas tiene que ayudar a los gráficos a terminar con el ongarismo como el último obstáculo a la implantación definitiva del clasismo en el gremio.

Quién quiere perder La Razón

Luego de quince días de resistencia aislada los trabajadores de prensa del diario La Razón levantaron a partir del martes 21 el paro general por tiempo indeterminado que venían sosteniendo por el cobro de sus salarios del mes de febrero.

La patronal prometió pagar de inmediato mil australes, otros quinientos el viernes 24, mil la otra semana, el resto en “cómodas cuotas" semanales... y la bonificación para las calendas griegas ¡Una pinturita de arreglo con una patronal que en los últimos dos años se ha especializado en no cumplir ningún compromiso!!

Para lograr que la asamblea general aprobara esto, la conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) —un frente de izquierdistas “independientes", de la Izquierda Unida (PC) y de “jóvenes" radicales—y la Comisión Interna (peronista ligada a las 62) debieron emplearse a fondo. Para ello movilizaron a los pocos sectores que no acataron el paro, entre ellos los jefes del área gráfica, y no vacilaron en dividir al personal.

El resultado de la votación fue de 146 por el levantamiento del paro contra 144 por su continuidad planteada por la Naranja. ¡Un singular estreno para la dirección de la UTPBA que asumió a finales de 1988!

Pero a pesar de todo la lucha sigue abierta. Tal como plantea el volante de los trabajadores de La Razón de la Lista Naranja de Prensa del 15/3 “en el supuesto que esta patronal ‘becada’ pueda salvar esta emergencia, el 6 de abril tendríamos otra situación de zozobra".

A esto no ha dado respuesta la conducción de la UTPBA.

Estos “demócratas sindicales” se han sentado a esperar ahora algún crédito del gobierno que salve la situación y sirva para tirar otro tiempo más y luego se vería

En esta perspectiva tos trabajadores seguirán penando para cobrar sus salarios —salarios que en el 70 por ciento de tos casos no superan los 4.000 australes— y seguirán permanentemente con el fantasma del cierre de la empresa sobre su conciencia.

Los activistas que sostuvieron el paro y lograron 144 votos en la asamblea deben ahora reagruparse sólidamente tras un programa de lucha, porque es absolutamente cierto que “los únicos que podemos volver a sacar el diario somos los trabajadores", y que “la empresa como tal está quebrada y sobrevive gracias al crédito del gobierno. Es decir, es una empresa estatizada encubiertamente, cuyas finanzas son utilizadas en provecho propio por el grupo Peralta Ramos”.

Frente a una empresa quebrada y al borde del cierre la única salida es su expropiación y puesta en marcha bajo el control obrero.

No hay otra salida. Pero esta salida implica un amplio camino de lucha que tos trabajadores de La Razón deberán transitar acompañados de la solidaridad de clase del conjunto de los gremios de prensa y gráfico.

Y ello es posible, porque hay condiciones. Editorial Abril está al borde del cierre y los gráficos de Clarín están en pleno plan de lucha. Hay que unificar las consignas de lucha tras la defensa de las fuentes de trabajo, las conquistas sindicales y la recuperación del salario.

21/3/89

Clarín en Lucha

Decenas de miles de ejemplares pierden los "recorridos" y llegan tarde a los kioscos. La gigantesca tirada del rotativo más grande del país está siendo obstaculizada y retrasada por un plan de lucha de los trabajadores gráficos.

Los compañeros han trazado una línea de resistencia al arrebato patronal de una serie de conquistas en condiciones de trabajo, dotaciones, seguridad industrial y aún salariales que la empresa intentó imponer con motivo del traslado a una nueva y moderna planta que se inaugura el 29 de marzo en Barracas.

Al cierre de estas líneas se realizaban hasta 4 o 5 asambleas diarias con paros sorpresivos con movilización y debate que crean serias complicaciones a la producción y burlan los dispositivos patronales de capataces y jefes para sacar los ejemplares. A la par, este método ya usado en varias oportunidades, lleva al máximo extremo la democracia obrera y el control de bases del des tino de la lucha

El conflicto no ha terminado y ya se impusieron los principales reclamos obreros un 20 % de aumento que recupera alguna décimas de los puntos perdidos desde el plan primavera, la mantención de la dotación de máquinas (alrededor de 20 puestos de trabajo) y subsistía el enfrentamiento por la liquidación de una hora extra diaria que los trabajadores reclaman cobrar sin trabajarla por pérdidas ocasionadas en el traslado.

Esta lucha es un freno colosal a los planes racionalizadores de las patronales gráficas y a la rebaja salarial concertada con la burocracia ongarista.

Editorial Abril: Ongaro al estilo de Pepe Rodríguez

En el momento de escribir estas líneas se anunciaban más de 100 telegramas de despido en Editorial Abril que completan otros 60 enviados con anterioridad. Al mismo tiempo, la empresa está vendiendo su paquete accionario con la mitad del personal, tal cual lo exigieron sus compradores.

Todo al mejor estilo de Pepe Rodríguez del SMATA. La interna, Ongaro y la patronal arreglaron todo en el Ministerio con el Sindicato antes de informar a los trabajadores. Su “conquista" fue que antes de que se produzcan los despidos se abriera una lista de retiros voluntarios. No se anotó nadie. Ahora viene la indemnización en cuotas.

La agrupación Naranja trazó desde el principio, una y otra vez un derrotero de lucha para frenar a la patronal de Abril. Los trabajadores tienen que sacar un balance.

“Me sorprendí, le declaro un gran empresario a La Nación (16/3), cuando me enteré que los metalúrgicos habían firmado un aumento salarial del 22 por ciento, según los cálculos que hablamos hecho previamente estaba previsto llegar a un acuerdo entre un 30 y un 33 %, así que voy a averiguar lo que pasó porque me extraña.”

Efectivamente, Lorenzo Miguel se ha quedado por debajo de la propia patronal metalúrgica. Luego de anunciar por todos los medios un reclamo del 35 % a partir del 1° de marzo, terminó con la firma de un 12% para la segunda quincena de marzo y un 10% para la primera de abril. Esto significa una reducción salarial del 16% en los últimos nueve meses.

El alcance del acuerdo se mide en el hecho de que el salario de convenio de un operario especializado no llegaría a los ₳ 4000 contra una canasta familiar que está en ₳ 10.000. Los empresarios, por otra parte, tienen campo libre en todos los terrenos: despidos y suspensiones en las ramas de autopartes y artículos para el hogar, evasión escandalosa de aportes para las obras sociales que supera el 50 % y junto al robo y el desquicio de la burocracia han llevado a que la mayoría de las seccionales se encuentren con los servicios cortados

Lorenzo Miguel es un “hombre de estado", por eso sacrifica los salarios a la “estabilidad”, algo que por supuesto los patrones no hacen en lo que se refiere a sus beneficios. Esta es una muestra del “pacto social” planteado por Carlos Menem.

Estuvimos con el compañero Ernesto Halan, recientemente despedido de la pizzería Imperio de Chacarita quien quiso que recogiéramos en nuestras páginas su denuncia.

PO: ¿Por qué te despiden?

EH: Mi despido se produce por el "delito" que cometí de haber pretendido junto a otros compañeros y organizarnos para reclamar por nuestros derechos y reivindicaciones. Así de simple.

PO: ¿Cuáles son los reclamos?

EH: Nuestros salarios son completamente miserables, el básico de mozo de mostrador es de ₳ 1.995 por mes más un plus (en negro) que no llega a los ₳ 900; tenemos un régimen prácticamente obligatorio de horas que se liquidan en negro (y mal), jornadas de trabajo más prolongadas de lo que establece el convenio, turnos que impiden el contacto con nuestras familias, condiciones de trabajo lamentables, en fin, un rosario de arbitrariedades patronales.

Fue alrededor de estos reclamos que comenzamos a organizamos en la pizzería y como respuesta la patronal optó por despedirnos. Cuando junto a otros compañeros fuimos a reclamar al sindicato por los despidos, el “compañero” Pereyra, miembro del Consejo Directivo, se limitó a avalar los despidos, diciendo que no había nada que hacer y que cobráramos la indemnización y punto. Así pude comprobar por mi propia experiencia, como los dirigentes de nuestro sindicato son vulgares cómplices y agentes de los patrones; quiero agregar que por esta razón y por nuestra débil organización, mi despido y el de 2 compañeros más no se pudo evitar, pero la experiencia ha servido para que nuevos compañeros abrieran los ojos y comprendan que si queremos luchar por nuestras reivindicaciones tenemos que organizar una corriente antipatronal y antiburocrática en el gremio que nos permita echar a los dirigentes traidores del sindicato, no importa cuánto tiempo nos lleve.

PO: ¿Querés agregar algo más?

EH: Sí, que ahora veo con más claridad la necesidad que tenemos los obreros de construir nuestro propio partido, un Partido Obrero independiente de los patrones y los burócratas y llamo por lo tanto a mis compañeros a apoyar esta lucha.

La lucha docente se ha vuelto a enfrentar contra ese frente único que combatió contra la histórica huelga del año pasado. Nuevamente, desde el gobierno radical y el justicialismo hasta la burocracia de CTERA y el Partido Comunista, se ha formado una “santa alianza’’ contra la voluntad de lucha de profesores y maestros.

Para toda esta gente hay que desensillar hasta el 14 de mayo, aunque los patrones, los especuladores y el Estado no hagan lo mismo. Son los que desensillarán después del 14 de mayo con el pretexto de que se debe “asegurar la transición”. Se trata de una política sin principios, que sólo pretende atornillar a los burócratas al sillón de los sindicatos y a los sindicatos al aparato estatal.

Es falso que las direcciones de CTERA CONADU o UDA hayan conseguido una paritaria nacional, aunque el ladero Partido Comunista pretenda lo contrario. Sólo los gobernadores peronistas se han avenido a discutir con la burocracia, pero sin ninguna clase de compromiso de parte de ellos. Lo contrario ha ocurrido con los sindicatos, que sí han aceptado el principio del básico de una consigna elemental hubiera debido ser de tensión a todos los distritos de las migajas obtenidas por cualquiera de los sindicatos.

La burocracia no ha reforzado, sino que ha destruido el proceso de unidad de los docentes. ¿No es esta la prueba de la bancarrota de su política?

La burocracia sindical docente (en esto se ha convertido Mary Sánchez y compañía) ha caído bajo la completa dependencia política del menemismo y del Estado. Si hasta ahora ha violentado groseramente la democracia sindical, desconociendo especialmente las resoluciones de las asambleas de base a favor de la huelga y el no inicio de las clases, esta política policial se acentuará de aquí en más como consecuencia de la crisis política y del apoyo a un gobierno de Menem.

Es necesario entonces luchar por una nueva dirección. Los activistas que en SUTEBA, AMSAFE, Salta, Jujuy, La Rioja, han impulsado consecuentemente el no inicio, las asambleas soberanas y las auto-convocatorias deben constituir una poderosa tendencia político-sindical para enfrentar a la burocracia que inevitablemente integrará a CTERA al Estado y la destruirá como organización sindical.

Buenos Aires: La situación salarial es desesperante

El gobierno acaba de ofrecer una bonificación por única vez de ₳ 400 y un aumento del 18 % a partir de abril, con lo que el básico de los maestros se elevaría a ₳ 3.000 en... junio, que es cuando se cobraría esté aumento. Si simplemente se actualizarán los ₳ 2.500 de marzo por la inflación de aquí a mayo, el sueldo debería elevarse a ₳ 3.700. El "gobernador del pueblo" está ofreciendo una reducción del salario docente.

Las direcciones del SUTEBA y de la FEB se aprestan a convalidar esto que ni siquiera es una limosna. La Ferrabosco aceptó trasladar el ofrecimiento al congreso de la FEB, que reclama ₳ 3.600 a marzo. La conducción radical de la Federación propicia la novedad de los "paros regresivos", a sabiendas que la extensión de la huelga general en la provincia de Buenos Aires era posible, que es una forma de liquidar “gradualmente” la lucha.

¡Pero los problemas siguen en pie y se agravan!

Santa Fe: AMSAFE necesita un Comité de Huelga

Lo que va a leerse son testimonios de un conjunto de delegados de Amsafe Rosario reunidos para opinar sobre la huelga docente en la provincia. Esta acaba de ser suspendida por 15 días por decisión de la asamblea provincial, en la que se registraron 6.900 votos por la ratificación de la huelga, 6.400 por su suspensión y 2.700 por su levantamiento, estas últimas mociones propugnadas por distintas fracciones de la Celeste.

El garcettismo no anduvo con sutilezas y llamó a romper el paro, lo que ejecutaron a rajatablas sus seguidores más consecuentes, presentando la renuncia a la CD central y llamando públicamente al carnereaje. Aun así, el movimiento de lucha tenía una posibilidad: avanzar resueltamente desalojando a la dirección celeste y erigiendo un comité de lucha provincial. Este fue planteado con energía sólo por Tribuna Docente y rechazado expresamente por los radicales, que dieron un apoyo diplomático a la huelga y mocionaron expresamente contra la posibilidad de que el activismo tomara las riendas de la lucha.

Angélica Barbaresco, delegada de la escuela 1257, Rosario

“¿Por qué la necesidad del comité de lucha? La desconfianza de la base docente está directamente relacionada con el problema de dirección. El planteo de la constitución de un comité de lucha a nivel provincial responsable de la dirección de la lucha fue boicoteado por el burócrata opositor Heri-berto Sánchez. La "izquierda" si bien se pronunció a favor, no pasó más allá de mencionarlo, acomodándose a la “oposición”. No se dio una batalla para quebrantar esta política y extender la discusión de la necesidad del comité de lucha como una dirección alternativa. Allí donde comprendieron el problema y fue debatido hubo un progreso, es que en la discusión se pone de manifiesto la búsqueda de los trabajadores de herramientas válidas para derribar la traición de las direcciones burocráticas. Es necesaria la discusión como uno de los ejes fundamentales del problema de la dirección, para desarrollar la tendencia de los trabajadores a crear organismos de base, comités de lucha zonales, provinciales, elegidos en asamblea por tos trabajadores para que sean estos los que tomen en sus manos la organización de la lucha por sus reivindicaciones.

En este compás de espera, impuesto por las direcciones burocráticas incorporadas a la política gubernamental, es necesario que la bronca de los docentes dé un salto adelante concretamente hacia la independencia sindical y política.”

Sergio Troglia, delegado de la escuela 1095, Rosario

¿Cómo se garantizó el paro en las escuelas?

“En la base existía una terrible confusión sobre cómo se desenvolvía el conflicto. Los delegados que asistían a las asambleas, discutíamos mucho con los compañeros de base y explicábamos cada una de las posiciones bajadas en la asamblea. Tratábamos en todo momento de desnudar las maniobras de la burocracia y de clarificar a los compañeros. Faltó mucha coordinación, cada escuela era una isla, esto provocó que los compañeros sintieran mucha inseguridad. En aquellos lugares donde los delegados dimos una batalla de clarificación se garantizó la votación por el no inicio y también cuando hubo que ratificar el paro. Aquí lo que surge es la necesidad de la formación de comités de luchas departamentales y provinciales para tener una dirección que responda sólo al mandato de las bases.”

Marta Motta, delegada de la escuela 756, Rosario

"El no inicio del ciclo lectivo de 1989, en nuestra provincia comenzó con ejemplar acatamiento pese a las muchas expresiones de presión desde el gobierno y desde sectores propios de la dirección de AMSAFE. El gobierno 'democrático’ que reprimió con los 'pumas' y todas las fuerzas del orden que pudo movilizar a los obreros del Swift y a los ocupantes del complejo habitacional FONAVI, envía hoy a los aparatos de las unidades básicas a presionar a los docentes en huelga. Pese a todo los docentes nos movilizamos y paramos y después de la suspensión por quince días impuesta por la asamblea del 16/3 volveremos al trabajo concientes de que aún no hemos logrado nada ni siquiera un compromiso de negociación sobre alguna base cierta. Sólo hay amenazas de descuento de tos días de huelga y esto a través de la presión que se hace hacia los directores en un intento divisionista para que envíen la correspondiente planilla del personal adherido al paro. Sin dudas que esta huelga empezó a pesar de la comisión directiva y con insuficiente movilización y organización de los maestros, sumado a la tarea de los medios de comunicación a favor del gobierno dando a conocer toda una suerte de mentiras. Estos 15 días deben permitirnos dar a conocer nuestros reclamos y organizamos para con o sin medios de comunicación poder esclarecer y contar con el apoyo de padres e instituciones populares para reanudar con más fuerza la lucha de nuestras reivindicaciones.”

María Elena Molina, delegada de la escuela C 192, Rosario

¿Cómo actuó la comisión directiva central durante el paro?

Este paro fue atrozmente bombardeado desde los medios de comunicación, primero mintiendo sobre nuestro salario y segundo amenazando constantemente con la ilegalidad y todas sus consecuencias. Frente a esto la comisión directiva central no daba ninguna seguridad a los docentes y su discurso por los medios de comunicación eran muy similar al discurso del ministro de Educación. Un hecho significativo, es que tres miembros de la directiva central renunciaron presionados por el Partido Justicialista y trabajaron abiertamente para carnerear el paro.

¿Cómo actuó la base docente?

Los compañeros se mantuvieron en general firmes acatando el paro pero muy confundidos porque sentían que no tenían dirección. Nuestra dirección seccional es la supuesta lista opositora “Educación popular” liderada a nivel provincial por Heriberto Sánchez. Durante el conflicto si bien votó las mociones de lucha llegó a un pacto de caballeros con la comisión directiva Celeste y nunca quiso denunciarlos y se opuso también junto a tos celeste a la formación de un comité de lucha provincial, lo que de hecho está demostrando que seguían reconociendo como dirección de esta huelga a la comisión directiva Celeste y a toda su política gubernamental y de traición a las bases.

Chaco: una huelga extraordinaria

Los 5.000 docentes que marcharon por las calles de Resistencia el pasado jueves fueron el testimonio vivo de una huelga que ha calado hondo. La lista Celeste dominó tradicionalmente la zona de San Fernando, que por abarcar Resistencia y Barranqueras, era el punto clave del dominio burocrático. Hoy la Celeste está en ruinas y tos representantes más conspicuos del garcettismo se llaman a silencio. El stalinismo, que tiene miembros en la comisión directiva de Atech, se mantuvo en la misma actitud, hasta unos días atrás en tos que hicieron acto de presencia en la olla popular que instalaron tos docentes frente a la casa de gobierno (no se conoce un volante de su agrupación adhiriéndose a la huelga).

Debe recordarse que en el Congreso de CTERA, la representación del Chaco sostuvo firme el reclamo salarial y por el no inicio de las clases frente a la defección de los delegados de Salta o Jujuy y la pusilanimidad de los radicales de Amsafe. De regreso en la provincia, la asamblea provincial de ATECH, formada por delegados elegidos en asamblea de cada distrito, ratificaron el reclamo de ₳ 3.580 de básico a enero, rechazaron la oferta del gobierno provincial de un aumento de A 600 no bonificables y repudiaron al congreso de CTERA. Sobre 28 seccionales, 27 se pronunciaron por la huelga por tiempo indeterminado y la restante por paros progresivos y continuados. La fuerza de la huelga reposa en la maduración del activismo y la base respecto a las infinitas traiciones de la dirección de CTERA y el gobierno.

A fines de febrero, en un intento por disolver el movimiento huelguístico en el Litoral, Mary Sánchez se reunió con representantes de los sindicatos docentes de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco. La reunión se convirtió en un intento despiadado de doblegar a ATECH. "Si se deciden por la lucha en solitario optan por un camino que necesariamente los va a desvincular de CTERA”, amenazó la dirigente bonaerense. “No debería extrañar que fuéramos nosotros los que nos separemos de CTERA -fue la respuesta- siendo que las bases están disconformes con la conducción nacional después de la claudicación del año pasado, cuando aceptaron la conciliación obligatoria y dejaron la lucha sin haber obtenido ventaja alguna".

El gobierno provincial y la Celeste se juegan al desgaste y la división por el desangre de la huelga, ya se aplica el descuento de los días caídos y la burocracia por boca de Garcetti está haciendo una campaña desaforada contra la rebelión de los docentes chaqueños. En estas condiciones la huelga docente tiene tres palancas para su desarrollo: uno. su propia organización que hasta ahora es limitada a asambleas una o dos veces a la semana en escuelas cabeceras: creemos que la puesta en pie de coordinadoras de lucha en cada distrito, en cada zona, junto a padres y vecinos puede constituir una vigorosa columna vertebral en la lucha; dos, la puesta en pie de un movimiento huelguístico provincial, desde el momento en que los municipales están en plan de lucha y UPCP muy cerca y la burocracia está profundamente dislocada, tres, poniéndose a la cabeza de la lucha docente a nivel nacional, convocando a un encuentro de sindicatos y corrientes en lucha para formar un frente huelguístico común y darle una dirección a una lucha que se libra heroicamente en cada provincia.

Conadu: Por el no inicio de las clases

El gobierno ha hecho a los docentes universitarios una propuesta de ₳ 2.500 para marzo y un reajuste del 9% a percibir en abril, lo que no cubre el mínimo reclamado por el congreso del CONADU -₳ 2.900— ni satisface el reclamo del ajuste mensual. La mesa ejecutiva de la CONADU no se avino a firmar un acuerdo de estas características, pero al mismo tiempo propuso una definición del plenario de delegados a pesar de la unanimidad de mandatos que había por el rechazo. Se ha pasado así a un cuarto intermedio hasta el 29 de marzo. Una vez más, la directiva cafiero-menemista posa para la tribuna en ademán de lucha pero sigue pacientemente una estrategia de desmovilización.

En realidad, la directiva se muere de ganas por firmar el acuerdo con el gobierno — en su momento Flo y Velazquez eran partidarios de firmar incluso por ₳ 2.300 en marzo. Si no lo hace es porque el no inicio de las clases se cumple masivamente en las universidades del interior, y porque el repudio a la propuesta del gobierno es generalizado. El Consejo de Rectores y los dirigentes de CONADU apuestan a abrir un proceso de desgaste en la docencia del interior, que carga sobre sus espaldas con una huelga aislada, y desbaratar el no inicio en las universidades de Buenos Aires y La Plata.

Es necesario impulsar asambleas que rechacen la propuesta del gobierno, ratifiquen los reclamos y el no inicio y pongan al activismo al frente de la organización de la huelga. La actual directiva y aún sus laderos de "izquierda" están jugando un papel crucial en el bloqueo de esta lucha. Ya en el congreso de Comodoro Rivadavia, realizado el 18 de febrero, distorsionaron el método de votación para conseguir que el congreso interrumpiera el plan de lucha por un solo voto de diferencia.

Ahora Izquierda Unida se ha puesto de acuerdo para proponer “plebiscitos" para que la “base decida" sobre si ir o no a la huelga. Esto ha sido bien recibido por los directivos de CONADU que lo ven como un modo de liquidar el funcionamiento de las asambleas.

Silvia Cocnet

La Plata “Compromiso” con la burocracia, no con los docentes

En una asamblea del jueves 16 de la seccional de Suteba - La Plata se tomaron tres importantes resoluciones: una, movilización a la casa de gobierno el día martes 21 a las 17.30; dos, repudio a tos procedimientos del plenario de secretarios generales del Suteba y del congreso de CTERA en tos que se Ignoró el mandato de la base docente; tres, rechazo de los 2.500 de básico y la cláusula de "paz social" que condiciona la paritaria nacional.

Se ha hecho carne en la docencia el sentimiento antiburocrático y la necesidad de unirnos por abajo y se expresó aquí la voluntad de movilizarse, de que los guardapolvos blancos ocupen las calles nuevamente.

La directiva local (corriente Compromiso —PC e independientes) logró, sin embargo, que no se votara el paro como seccional junto a la Federación Sarmiento con el argumento de que corremos el riesgo de perder la "única seccional antiburocrática" por una intervención provincial.

Por esta conducta Compromiso está perdiendo el respaldo y la credibilidad de la base. La política del stalinismo es reventar la huelga de la FEB, concebida, según ellos, para "quebrar a los sectores combativos y en particular a los del peronismo", es decir a Mary Sánchez. Esto lo dice el Que Pasa del 9/3/89.

En La Plata esta política se ha hecho trizas por la radicalización de la base docente y el cumplimiento masivo de los paros junto a la FEB. La actual dirección del Suteba trata desesperadamente de sobrevivir frente al activismo “haciendo como si" se opusiera a Mary Sánchez. Es una oposición trucha, con la que hay que romper para forjar una poderosa agrupación sindical de los docentes de La Plata.

Amelia García

Izquierda Unida se ha desenmascarado por completo. ¿Quién puede poner ahora en duda que su dirección transita por la derecha y que se ha transformado en una retaguardia que refuerza la ofensiva contra las Iibertades democráticas?

Vicente y Zamora se han pronunciado contra la asistencia a la movilización convocada por Madres, para el próximo jueves 23, cuando se producirá un nuevo aniversario del golpe militar de 1976. Vicente y Zamora, competidores en la interna de IU, uno autoencarnando a la “patria liberada” y el otro al “socialismo en democracia”, se han reconciliado por la presión del Estado, su camarilla militar y sus carapintadas, y por la presión, no por más refinada menos pérfida, de los burgueses y partidos democratizantes. Si París valía para aquel rey una misa, para los bufones la banca parlamentaria bien vale un sabotaje a la causa de las libertades democráticas.

El boicot de Vicente y de Zamora a la movilización de Madres es un hijo nada putativo sino enteramente legítimo del alineamiento de Izquierda Unida con los carapintadas en oportunidad de la masacre de La Tablada. En aquella ocasión, la furia de la represión de los Seineldín y Alfonsín, ellos también reconciliados, le hizo perder a Vicente y a Zamora la distinción entre las fronteras de clase, cuya superación en esa ocasión ellos mismos proclamaron en una solicitada, y las fronteras también decisivas entre la libertad y la opresión, entre los derechos individuales y el Estado represor. Tomaron como pretexto la conducta "descarriada” de una organización democratizante-foquista como el MTP, para justificar su alineamiento con la democracia (carapintadas incluidos) contra la “violencia”. Vicente proclamaría más adelante su oposición a toda violencia", un típico planteo de los Impostores de todas las latitudes, que pretenden desconocer que todo el régimen social, político y cultural presente no es otra cosa que una violencia sistemáticamente aplicada contra los trabajadores y contra los débiles.

Vicente y Zamora han visto acertadamente que la marcha de Madres constituye, objetivamente, una movilización de repudio a esa masacre, de reclamo de su investigación y de lucha contra la militarización montada a partir de ella. Han visto acertadamente que serían crucificados por los “medios de comunicación" como cómplices de algún tipo de “terrorismo” si osaran intervenir en esa movilización. Han capitulado por eso ante el simple chantaje incluso antes de que el chantajista formulara su amenaza. Cualquiera que sea la limitación que se le pudiera asignar a la movilización de Madres (que no es de ningún modo la que le imputa Izquierda Unida), ella es sin ninguna duda la única hasta el momento que se planta contra el cercenamiento de las libertades democráticas que impulsan el gobierno, el imperialismo y el alto mando militar. Izquierda Unida solo ofrece, en contraste con esto, la pasividad y el comentario electoral de sus candidatos.

Vicente

Para Vicente la gran lección política que debe sacar la izquierda de la experiencia de tos últimos años, es que la democracia debe tener para ella un carácter “sustantivo” y de ningún modo “instrumental”. Debe ser un fin en sí mismo, no un marco histórico determinado que los trabajadores deben superar. Con esta renuncia a la revolución social, Vicente pretende, en realidad, quitarle toda “sustancia” a la izquierda y transformarla en un “instrumento” del Estado burgués contra tos trabajadores. Es precisamente como líder de una coalición vaciada de contenido socialista o revolucionarlo que Vicente llama a no concurrir a la Marcha de Madres, demostrando con ello su condición de “Instrumento” del Estado alfonsiniano-menemista y del alto mando militar.

Los tutores ideológicos de Vicente han caracterizado a la acción del MTP como “contrarrevolucionaria”, pero aún no han acertado con la caracterización de la acción protagonizada por los carapintadas del Estado “democrático” contra el MTP. Tienen una obvia dificultad para definirla también como contrarrevolucionaria. En realidad para Vicente y sus tutores los carapintadas habrían defendido en La Tablada a la democracia en su calidad de “sustancia”, lo que les autoriza a considerar como un desvío o mal menor los “excesos” cometidos por los seguidores de Seineldín.

Cuando Izquierda Unida se delimita del MTP, lo hace por la derecha. Le imputa el haber violentado tos principios constitucionales, pero no el haber pretendido saltar artificialmente la maduración de las propias masas Vicente no puede criticar esto último, porque para él las masas deben seguir siendo peronistas, no en vano cita reiteradamente a Evita como si hubiera sido compañera suya, cuando él, Vicente, desciende en realidad del partido que estuvo a la vanguardia del golpe fusilador. Como se puede ver, lo único “sustancialmente” contrarrevolucionario en todo esto es la crítica de Vicente al MTP. Una crítica revolucionaria al MTP, en cambio, consiste en señalar que este no ha superado el democratismo formal ignorando la explotación social y política de los trabajadores que se esconde detrás de los regímenes democráticos. Por eso el MTP ignora la necesidad de la evolución de las masas, que se encuentran atadas a los partidos de la burguesía y de su régimen. Ahora que Alfonsín y compañía mandan un proyecto de ley que vacía de todo significado democrático al régimen actual, el pronunciamiento de Vicente por no ir a la Marcha de las Madres, revela que para él la “sustancia" de la democracia no es más que el carácter de clase de ésta y que las libertades democráticas son apenas sus atributos circunstanciales e instrumentales. Vicente cae así en una versión caricaturizada de la doctrina que pretendía negar, el marxismo, que a diferencia de Vicente plantea una vigorosa defensa de las libertades en tanto que principios de otro régimen social: el comunismo.

Zamora

Las razones de Luis Zamora para sabotear a Madres son más pérfidas, si cabe, todavía que las de Vicente. Para el hombre que fue al ministerio del Interior el 24 de enero último, las Madres habrían “arriado” las banderas de “juicio y castigo a los culpables”, lo cual no alcanza a explicar por qué el Mas no ha convocado a una marcha por su cuenta, o por qué no ha intentado imprimirle su propio contenido a la Marcha ya convocada. Quienes marcharon con Cafiero o con Stubrin en “marchas” anteriores, sienten una comprensible soledad ahora que ningún figurón de la burguesía considera elegante compadecerse de tos familiares de tos muertos y secuestrados por la dictadura. En el recorrido implacable del péndulo de la política, el Mas vuelve, como personalidad desintegrada, a su posición original o fetal, porque tampoco bajo la dictadura marchó con Madres o con Familiares en momentos que eran cruciales.

Al Mas, para quien arriar banderas es un deporte cotidiano, lo tiene sin cuidado que esto le haya podido ocurrir a las Madres (que por otra parte no han arriado ninguna); lo que le preocupa son las banderas que se han agregado, o directamente el carácter político objetivo de la Marcha. Luis Zamora ha dicho que no pondrá su cara en esta manifestación, porque el Mas está en contra de denunciar el crimen de La Tablada, que lo contó entre sus cómplices más visibles. Pretende que el “juicio y castigo” quede como una consigna arqueológica, que permita a Madres envejecer con la conciencia del deber cumplido. Se opone a dotar a esta reivindicación de actualidad política, que es lo que puede proyectarla. Pieza de museo, sí; arma de lucha, no. Zamora grita “arriar las banderas” porque él arrastra las suyas por el fango.

Las bases

Las bases de Izquierda Unida se encuentran como consecuencia de todo este proceso en una descomunal crisis lo que se manifiesta particularmente por la dificultad que tienen de elaborarlo y asimilarlo. Esto ocurre porque el largo tránsito por el stalinismo y el reformismo les ha anestesiado el criterio político revolucionario. Es necesario que se en tienda que la crisis política del régimen burgués sólo permite manifestarse como partido de combate por las liberta des democráticas al partido que enarbola la estrategia de la revolución proletaria. Es la cuestión esencial que debe asimilar la base de izquierda de Argentina.

Hace once años, el 6 de marzo de 1978, la dictadura militar secuestraba a nuestro compañero (y mi amigo) Marcelo Arias. Su desaparición se produjo en la puerta de la fábrica Deutz, donde trabajaba, en un operativo realizado ante centenares de trabajadores.

Su secuestro fue un gran golpe para el partido y en particular para la zona sur, donde organizó el combate y la resistencia contra los Videla y compañía.

Gran activista sindical, aún hoy también es recordado en la fábrica Volkswagen (en ese momento Chrysler) donde llevó una consecuente batalla contra la burocracia del SMATA y ganó a varios compañeros para la Revolución.

Hoy siguen en pie las banderas de su aparición con vida y el juicio y castigo a los culpables de este y de 30.000 secuestros más y sigue viva en todos nosotros, que queremos construir como él un gran partido de la clase obrera, “la clara, la entrañable y querida presencia de Marcelo Arias".

En la ciudad de Mendoza, ante el Plenario de Delegaciones Regionales, Saúl Ubaldini señaló que la CGT no promoverá movimientos de fuerza en este período pre-electoral. Los empleados públicos, los telepostales, los docentes (en varias provincias) están con paros o movilizaciones, pero esto a Ubaldini no le quita el sueño. Antes del 14 de mayo —dijo el burócrata— no habrá paro general.

A Ubaldini tampoco le quita el sueño que la inflación en marzo no bajase del 15%, y que superase el 20% en abril, como con total desparpajo lo señaló Brodherson. Mientras tanto los burócratas están firmando “ajustes salariales” por el 7 u 8% mensual, algo que ha sorprendido inclusive a las patronales (ver artículo sobre el acuerdo metalúrgico).

Que el dirigente máximo de la CGT anuncie que renuncia a una medida de fuerza es una clara invitación a la clase capitalista a que marque precios y suspenda y despida trabajadores, algo que, además, lo está haciendo.

¿Y después del 14 de mayo?

Tampoco habría que esperar alguna iniciativa de lucha porque la burocracia apoya al PJ que está armando un pacto con la UCR y la Ucedé para el período entre las elecciones y la asunción del nuevo presidente, el 10 de diciembre. Como para esta “transición” la clase capitalista está preparando una fenomenal carestía y fuga de capitales, los “hombres de Menem” ya han dicho que ellos se encargarán que la “paz social” no sea alterada.

¿Y después del 10 de diciembre?

Tampoco habrá que esperar alguna iniciativa de lucha porque la burocracia apoya el “pacto social" que impulsa Menem.

Lo que Ubaldini entonces quiso decir es que la burocracia ha renunciado por todo un largo período a cualquier iniciativa de lucha y que su rol en los sindicatos es la de simple guardiana de la “paz social”, es decir, de aplacar las iniciativas de resistencia que provengan de la clase obrera.

Consultado sobre el infame proyecto de “ley antiterrorista", Menem opinó que "es totalmente incompleta porque legisla sobre hechos consumados”, cuando también “debería prevenir los hechos que hacen a la actividad subversiva". Se mostró entonces partidario de "perfeccionar" la norma porque —dijo— “es incompleta". Coherente con esta orientación "preventiva”, Menem se mostró partidario de que la fuerzas armadas “realicen tareas de inteligencia interna".

Menem ha logrado así algo que parecía imposible: superar al propio Alfonsín en el planteo de militarización del Estado. Menem se hace eco de los reclamos del alto mando militar en el sentido de que la “inteligencia interna” no depende de decisiones específicas del poder ejecutivo, como ocurre en el proyecto de ley, sino que tenga un carácter generalizado, es decir, incondicional Queda en la nada de este modo el reclamo de los cafieristas de que la "inteligencia” del Estado quede sujeta a un control parlamentario.

Menem incorpora a partir de aquí a la plataforma justicialista un vasto planteo represivo sin la necesidad de un congreso del PJ. Admite que el Poder Ejecutivo pueda declarar el estado de sitio localizado, usurpando los poderes del congreso y violando las autonomías provinciales. Esto importa destacarse porque Menem se presenta como un hombre del interior y hasta ha dicho que es un celoso defensor de las atribuciones del parlamento, al cual quiere hacerle aprobar los términos de un "pacto social".

Precisamente la conversión en ley de un “pacto social” que prohíba por tiempo indefinido la adopción de medidas de lucha por parte de los trabajadores, echa una luz muy clara sobre la ley represiva, que caerá como la hoja de una guillotina contra los ciudadanos y organizaciones que defiendan la autonomía de decisión de las organizaciones sindicales.

Es indudable que Alfonsín, Menem y la camarilla militar se están preparando para el día siguiente al 14 de mayo, cuando la resaca de la borrachera electoral animada con vino de mala calidad ponga al desnudo la conspiración "democrática" que se ha ido fraguando para aplicar al pueblo un descomunal ataque a sus condiciones de existencia.

No es la primera vez que, perversamente, la víctima se rinde ante los verdugos El riojano Menem, que recuerda cada vez que puede que estuvo preso bajo la dictadura convalida una monstruosa legislación represiva que él mismo se apresta a ejercer en función de gobierno. Este cambio de víctima a verdugo tiene que ver con los intereses de clase que representa Menem. Pero aun así no le quepa duda al riojano que está equivocado si cree que se ha salvado de volver a parar con sus huesos a la cárcel como consecuencia de su buen comportamiento con la burocracia militar. La arbitrariedad por definición, no conoce de leyes.

Los diarios anticiparon en su momento que lo que más tarde sería conocido como “ley antiterrorista", era un resultado de la compatibilización de proyectos entre el ministerio del Interior y el de Defensa. Como se podrá ver a renglón seguido, es inconfundible en su redacción la mano del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, verdadero nido de conspiraciones de los elementos que pertenecieron a la dictadura militar.

La ley crea el delito de “conspiración” como una cosa diferente al de “asociación ilícita”. Esto significa que la “conspiración” puede anidarse en una organización legamente constituida. Se crea así la base para la ilegalización de las organizaciones existentes en función de las “presunciones" que aporten los "servicios de inteligencia" que se hayan infiltrado en ellas La ley fomenta de este modo el espionaje y la provocación políticos y los convierte en “indicios suficientes" para la acusación judicial. Veinte millones de argentinos en edad adulta han quedado convertidos por medio de esta ley en conspiradores potenciales que pueden ser objeto del espionaje político. La discusión bizantina sobre si las fuerzas armadas deben o no participar de la “inteligencia interna" se ha transformado en la creación de un Estado jurídicamente inspirado en la novela “1984” de George Orwell.

La ley elimina el tope de tiempo que pueda aplicarse a la incomunicación de un detenido, que podrá estar en esa condición hasta que el juez agote la recepción de las declaraciones indagatorias. Esta situación configura una condena de hecho, que se aplica sin que medie una condona efectiva. Significa conservar a un presunto responsable de un delito en condición de secuestrado. Es una violación a los derechos individuales y una ostensible violación de la Constitución, que no admite semejantes extremos sino en situaciones de estado de sitio declarado y otorgando al detenido el derecho a salir del país. Estamos en presencia de la aplicación videliana de la figura nefasta de “detenido a disposición del Poder ejecutivo”, en este caso a disposición del juez.

El juez sumariante se convierte, en estas condiciones, en brazo de las fuerzas armadas que intervienen en la represión, y que son precisamente las que le aportan y completan los “indicios” y las “presunciones” que "justifican" la detención.

El proyecto refuerza en términos de penas la figura de la “apología del delito”, y también extiende sus alcances, porque incluye ahora entre ellos el “atentado contra el sistema”. Queda perfeccionado así el delito de opinión, que se convierte en esta nueva acepción en un presumible indicio de conspiración, con la consecuencia de la detención e incomunicación por tiempo indefinidos.

Una legislación de este tipo podría ser aplicada por una dictadura militar sin que ello pueda luego ser cuestionado por ningún gobierno constitucional. La militarización del régimen constitucional conlleva así a la constitucionalización de los regímenes militares.

Se pune la “Instigación" o “incitación” a cometer delitos indefinidos. Quedan así penados los llamados a la huelga general o parcial, al menos cuando una resolución del ministerio de trabajo, completamente arbitraria, las declara ilegales. La burocracia del Estado capitalista puede producir de esta manera un encadenamiento do medidas que concluya llevando a la cárcel por terrorista a cualquier ciudadano.

Se consagra la persecución de los abogados defensores, vieja aspiración de las dictaduras militares. Estos podrán ser recusados por el juez en base a “indicios suficientes” por ejemplo, de encubrimiento de su defendido. Se pretende que el abogado defensor sea un delator de su cliente. Se pretende también que en un juicio oral y público no exista un abogado defensor con capacidad para desenmascarar la arbitrariedad de la represión, de su Estado y de sus representantes democráticos.

El conjunto de las disposiciones de la ley pretende dejar en manos del Poder Ejecutivo, es decir en las manos personales del Presidente, la posibilidad de crear “zonas de emergencia” una especie de estado de sitio localizado, que son al mismo tiempo una forma parcial de intervención federal en las provincias o en los municipios. Se pretende can esto crear la ficción de que la represión resultante se encuentra bajo control de un representante del pueblo. Pero además de inconstitucional, porque el estado de sitio es atribución del parlamento, la ley transgrede esas propias limitaciones cuando establece que en el marco geográfico de la “zona de emergencia" el “jefe de operaciones” podrá disponer de determinadas medidas y de las “demás... que sean necesarias”. Se configura así la modalidad represiva de la última dictadura, sin reparar que la “ley de obediencia debida” había excluido de sus eximiciones precisamente a los “jefes de zona” u "operaciones”. Los militares reclaman ahora, naturalmente, que el oficial a cargo de esa responsabilidad no pueda ser enjuiciado en el futuro por sus acciones como “Dios” de la represión. Luego de atropellar los impedimentos constitucionales que consagran formalmente la división de los poderes e inhiben la “suma del poder público”, el proyecto que el gobierno alfonsiniano quiere transformar en ley convierte en dictador supremo a un oficial de las fuerzas armadas y en simples figuras decorativas a las prostituidas instituciones de la República.

Mientras los candidatos recorren el país en sus afanes electorales, el Poder Ejecutivo desarrolla una impecable acción de militarización del Estado. La política oficial se desarrolla así en dos niveles: en uno de ellos los políticos patronales prometen el oro y el moro y especialmente que van a preservar las Iibertades democráticas; en el plano más efectivo de los hechos, sin embargo, la ciudadanía as privada de sus derechos y el Estado refuerza su arsenal represivo, no satisfecho en apariencia con los poderes despóticos que ha acumulado hasta ahora.

La sanción del decreto de segundad interior, hace dos semanas, y el envío de un proyecto de ley del mismo tipo el fin de semana pasado, ponen de relieve la hipocresía fundamental del conjunto de los candidatos patronales y aún de la “izquierda", y del conjunto de la política burguesa como tal. Ningún candidato hizo la advertencia de que derogará el decreto represivo de Alfonsín y mucho menos llamó al pueblo a luchar contra la militarización. Menem lo calificó incluso de “incompleto” Esto significa que respaldan la liquidación de las libertades democráticas. Ni hace falta decir que el desprestigiado y quebrado gobierno de Alfonsín no se hubiera atrevido siquiera a actuar como lo está haciendo si no descontara el apoyo del justicialismo y la vista gorda de Izquierda Unida. El Partido Obrero, en cambio, encabeza el llamamiento a la movilización convocada por Madres de Plaza de Mayo, contra la militarización del Estado.

De la violación de la ley a la ley violatoria

En los fundamentos al denominado proyecto de ley contra la subversión, el gobierno afirma que los sucesos de La Tablada pusieron de relieve la insuficiencia de la legislación vigente. Esta consideración previa es una remarcable confesión de que la represión de La Tablada se realizó en abierta violación de las disposiciones legales. La reunión de la milicia para repeler insurrecciones es una atribución que la Constitución reserva al Congreso, pero que en La Tablada fue usurpada por el Poder Ejecutivo. De hecho imperó allí una especie de estado de sitio, algo que también es una atribución exclusiva del Congreso cuando se encuentra en sesiones, en este caso en sesiones extraordinarias. Sólo la vigencia de fado del estado de sitio explica que los jueces se hicieran presentes un día y medio después de iniciada la represión, la que, sin embargo, sólo debió haber tenido lugar por una expresa autorización de ellos. Sin ley del Congreso o autorización judicial, la represión de La Tablada fue determinada por un decreto del Poder Ejecutivo, que la opinión pública desconoce, lo que lo clasifica entre los llamados decretos "reservados”. Ahora el gobierno no solamente confiesa que actuó en La Tablada violando las leyes y conspirando contra la Constitución nacional, sino que convierte a los métodos aplicados en La Tablada en el modelo operativo de la represión de aquí en adelante.

Salta a la vista que la ocurrencia de tres levantamientos militares y de los innumerables atentados que se produjeron con explosivos que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas, no le ha inspirado al Poder Ejecutivo ni a la oposición justicialista ninguna reflexión En estos casos las insuficiencias legales son, sin embargo, notorias, como lo demuestra el fracaso tanto de la justicia civil como de la militar para punir a los sediciosos. La impotencia del Estado se explica aquí, como es obvio, en función de su preocupación de preservar al cuerpo de oficiales como brazo armado de la clase capitalista. La violación del orden legal, tanto cuando beneficia a las fuerzas armadas, como cuando reprime a los movimientos populares, ponen de relieve la naturaleza arbitraria del Estado burgués por encima de sus disposiciones constitucionales. Esto constituye, naturalmente, una demostración de que la democracia como "valor universal”, no existe.

Existe una relación muy clara entre las conspiraciones y sediciones militares y la masacre de La Tablada: esta última fue perpetrada para ocultar la preparación de levantamientos que estaban en curso, los famosos remezones a que hicieron alusión tanto Alfonsín como Menem. No es sorprendente entonces que el dictado de una legislación sobre el modelo de la masacre de La Tablada apunte a darle un carácter oficial a la conspiración militar, que hasta ahora era clandestina. El vasto diseño represivo que surge del decreto 327 y de su gemelo proyecto de ley, pone en manos de las fuerzas armadas al aparato real del Estado, y condiciona de este modo al conjunto de la burocracia estatal (jueces, funcionarios). Incapaces de superar la conspiración militar, Alfonsín y Menem le dan un encuadre legal. El golpe de Estado se transforma así en un procedimiento palaciego, en tanto que la violación del orden constitucional es consagrada como la forma de existencia del propio régimen constitucional.

El régimen del Estado de sitio

El Poder Ejecutivo ha enviado al parlamento un proyecto de ley de seguridad interior, pero se ha reservado hasta que sea sancionada la aplicación del decreto 327 dictado por él mismo con anterioridad. Pocas veces se ha visto más claramente un caso de chantaje: la demora del tratamiento del proyecto, por parte del parlamento no afectará la vigencia de sus disposiciones. Esto configura un caso clásico de dictadura civil. Alfonsín ha superado sus propias aspiraciones, al imponer la sanción de las leyes ante de sus tratamiento, pues hasta ahora había pretendido reformar la Constitución para obtener la aprobación automática de los proyectos de ley del Ejecutivo que no fueran tratados dentro de un período determinado por el parlamento El procedimiento de Alfonsín introduce la figura típica de las dictaduras militares: el decreto-ley.

Este decreto-ley constituye una usurpación de poderes pues transfiere al Poder Ejecutivo la atribución del Congreso para declarar el estado de sitio o para establecer la intervención parcial de las provincias. En efecto, autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de las fuerzas armadas para operaciones de represión de objeto y alcance indeterminados, cuya apreciación corresponderá al Presidente de turno e incluso a la nueva figura del “jefe de operaciones”. Si es cierto lo que dice Angeloz, que Menem no garantizará las libertades democráticas, el instrumento de tan perverso designio se lo brinda Raúl Alfonsín.

Estamos aquí ante una doble usurpación. Por un lado, el decreto del Poder Ejecutivo usurpa una potestad parlamentaria y, por el otro lado, el proyecto de ley viola las disposiciones constitucionales al permitir al Poder Ejecutivo dictar normas represivas propias del Estado de sitio, como la reunión de fuerzas armadas para actuar en función de una conmoción interior, o propias de la intervención a las provincias, como disponer de la policía y servicios públicos provinciales por parte de una autoridad federal, en este caso las fuerzas armadas. Se consagra así la estructura aplicada por la dictadura militar en lo que se refiere a la militarización de las instituciones policiales y de todo tipo.

El decreto y el proyecto de ley modifican, de este modo, las características jurídicas del actual régimen político o, dicho de otro modo, las características políticas del actual régimen constitucional. Desde el momento en que se transforma en resorte del Poder Ejecutivo, el estado de sitio deja de ser una excepción para transformarse en regla, y ello transforma al actual régimen político en un régimen de excepción. Lo mismo ocurre con la intervención parcial a las provincias que equivale a la abolición de la autonomía federal En vísperas de las elecciones de 1985 Alfonsín ya había declarado el estado de sitio por decreto, y ello no dio lugar a ningún enjuiciamiento político de parte del parlamento Ahora está claro que aquello que podía parecer un exabrupto de las circunstancias marcaba una definida tendencia del Estado y de la política burgueses

En el proyecto de ley se amplían las penas centra la “apología de delitos que atentan contra el sistema”, lo cual sirve para recordar que la propaganda y la agitación que sean interpretadas como contrarias al orden capitalista y de apoyo a las luchas populares que se libran contra él, tienen adecuada respuesta en el Código Penal Esto echa por la borda el macaneo del “pluralismo ideológico” que sería la base del Estado de derecho. El proyecto alfonsiniano refuerza la tendencia del régimen burgués a consagrar el delito de opinión El “sistema" sólo admite las críticas que puedan perfeccionarlo, pero no abolirlo. Lo que no es más que una pretensión totalitaria de declarar eterno el régimen de la explotación del hombre por el hombre.

El proyecto de ley también amplía los plazos de incomunicación de los detenidos, lo cual constituye una violación de los derechos individuales. Pero además significa que se refuerza el carácter sigiloso del procedimiento judicial y que se vulnera la igualdad de posibilidades entre la acusación y la defensa. El proyecto no establece nada con respecto a la posibilidad por parte de la defensa, de investigar los procedimientos de la represión. Pero la camarilla militar, que el proyecto de ley convierte en virtual juez de instrucción, reclama que el personal que intervenga en la represión sólo pueda ser juzgado por la justicia militar. En el juicio por los sucesos de La Tablada las fuerzas armadas se han negado a que el juez interrogue a los militares que allí actuaron. Esto anula las posibilidades del juicio oral y público. Sólo la mente de un “demócrata" es capaz de diseñar un proyecto de lesa democracia como el que se ha puesto en marcha.

Se busca: al pueblo

Estos crímenes contra las libertades democráticas no apuntan como se pretende hacer creer, al “fenómeno terrorista". O éste es limitado en su alcance, en cuyo caso esta legislación es un abuso, o es un movimiento de características populares, y en este caso no se trata de terrorismo. El terrorismo es un fenómeno minoritario y aislado de las masas; el proyecto de ley es, en cambio, un reforzamiento colosal del poder represivo del Estado de cara a la sociedad, es decir a los explotados por esta sociedad.

Esta tendencia a la implantación de un régimen de excepción se inscribe en el proceso de bancarrota del régimen democratizante en todos los planos. Con todo descaro los políticos hablan de hacer frente a la situación que habrá de emerger con posterioridad a las elecciones, para cuando está prevista una enorme ofensiva contra el pueblo trabajador. El “ajuste" será demoledor.

El planteo represivo corresponde a esta situación Las huelgas activas y las ocupaciones de fábrica, en la medida en que se transformen en líneas de acción de las masas, serán los objetos de los flamantes estado de sitio cuyo nombre no se pronuncia y de la intervención a las provincias.

La atribución de la “inteligencia" interior (espionaje político) a las fuerzas armadas, una función que nunca dejaron de ejercer en forma ilegal, significa entregar así una enorme herramienta de provocación política a los hombres de la dictadura. Cómo olvidar que la “inteligencia" de éstos durante el proceso se resumió a la reunión de información mediante la tortura y la desaparición de los secuestrados. Al consagrar el espionaje político militar, el régimen democrático sucumbe por completo a sus necesidades de preservar al capitalismo y se desintegra como pretendido árbitro pluralista de los antagonismos de clase.

La única respuesta que cabe es la lucha.

Mientras los candidatos de la UCR, PJ, Ucedé e Izquierda Unida a través de los medios de comunicación desarrollan un virulento duelo verbal, los llamados “operadores” políticos de esos partidos, con el pleno acuerdo de sus candidatos, ya han armado un pacto político de cogobernabilidad.

En estos días, Carlos Menem confirmó que la UCR y el PJ han formado una comisión de alto nivel (participan Cafiero y Nosiglia) para establecer las bases de la “transición” entre el 14 de mayo y el 10 de diciembre.

Esta cogobernabilidad de la “transición” es una propuesta inspirada por la Iglesia y la Unión Industrial. Los radicales y justicialistas actúan así por mandato de lo más granado de la clase explotadora y del propio Vaticano.

De boca para afuera, Menem, Angeloz y el patrón de la UIA, Montagna Terrabusi, dicen que la cogobernabilidad sería necesaria para despejar las incertidumbres políticas y económicas de la sucesión presidencial.

Pero de boca para adentro la cosa es muy distinta. Hasta el menos avispado de los argentinos sabe que la actual carestía, inflación y especulación están “contenidas” por el gobierno debido a las propias circunstancias electorales y que al día siguiente de los comicios, como dicen los asesores de la UCR y el PJ, habrá que “sincerar” las “variables económicas”. Con la excusa de que el presidente elegido aun no gobierna y que Alfonsín es un presidente saliente se desatará un verdadero paquete con una nueva devaluación del austral y una hiperinflación, que tendrá por objetivo “licuar” las deudas empresarias y descargar la carestía sobre los trabajadores, los consumidores y los pequeños ahorristas. En otros términos un “venezolanazo”.

Un pacto de esta naturaleza choca en principio con una eventual disputa en el Colegio Electoral si Menem no obtiene allí mayoría propia de electores. Por ese motivo el Comité Nacional de la UCR fijará en los próximos 15 días —dicen los diarios— “los acuerdos que pueden lograrse en el Colegio Electoral”, para asegurar un pacto de largo alcance con el peronismo. Las alianzas dentro y fuera del Colegio Electoral tendrán en vista la necesidad de los explotadores de armar un esquema de poder que permita garantizar la aplicación de este brutal plan antiobrero. El reforzamiento de la militarización del Estado es un ingrediente esencial de este pacto.

Como parte de estos acuerdos, la Mesa Sindical, que nuclea a todas las fracciones de la burocracia, adelantó que “evitará la confrontación entre el 14 de mayo, día de las elecciones, y el 10 de diciembre” (Crónica, 22/3). La burocracia cafierista y menemista se postula como garante en los sindicatos del plan antiobrero y antipopular.

El capitán-ingeniero Alsogaray no es para nada ajeno a estos enjuagues. Acaba de declarar que “después de las elecciones analizaremos si hay un nuevo peronismo o un nuevo radicalismo” (Crónica, 22/3), o sea que acepta un pacto de “unión nacional” y hasta ponen sus votos en el Colegio Electoral. Alsogaray viene planteando desde hace por lo menos un año la alternativa de un acuerdo directo con Menem, lo cual abrió una importante crisis en la Ucedé. Aunque un amplio sector de la Ucedé insiste en que: “no debemos alentar acuerdo espurio o componenda alguna (Héctor Siracusano, La Prensa, 16/3), Alsogaray ha vuelto a postular que sus electores deberán definirse en función de los resultados electorales.

¿E Izquierda Unida?

Es sabido que el PC y el Mas han firmado un acta donde se contempla el voto a Menem en caso de que éste necesite de los electores de IU para acceder a la presidencia. Ahora los diarios informan que justicialistas y “comunistas” están en conversaciones, ya que “algunos menemistas sostienen que existen posibilidades de que el PC vote por la fórmula justicialista en el Colegio Electoral...” (La Nación, 22/3). Esto explica que el ex-gorila Vicente corteje a la “compañera Evita” y que el ex-radical Carlos Vicente se interese por la “fuerza social” del peronismo. El boicot de Vicente y Zamora a la Marcha de Madres es parte de este pacto.

Lo que se busca vertebrar entonces es una transición de “unidad nacional” que lógicamente se prolongará al gobierno de Menem, de modo de asegurar la aplicación de los planes promilitaristas y fondomonetaristas.

El Partido Obrero denuncia todos estos pactos y alianzas y llama a los trabajadores a organizarse en forma independiente de la clase explotadora y de la izquierda claudicante.