Prensa Obrera N° 260

El asesinato de José Antequera, dirigente de la Unión Patriótica colombiana, perpetrado a plena luz del día en el hall del aeropuerto de Bogotá por un comando paramilitar, conmovió al país. En el mismo atentado fue gravemente herido el candidato presidencial del gobernante Partido Liberal, Ernesto Samper Antequera es una nueva víctima de la “guerra sucia” desatada contra la izquierda por las bandas ultraderechistas que se albergan en los pliegues del aparato estatal y militar en los últimos cuatro años, más de 2500 militantes populares fueron asesinados por los “grupos de tareas”.

Las movilizaciones de repudio al asesinato fueron duramente reprimidas: más de 200 manifestantes fueron detenidos en las calles de Bogotá. El presidente Barco decretó la militarización de la capital para impedir que el sepelio de Antequera se convirtiera en un multitudinario acto popular.

El gobierno liberal de Barco acusó a la derecha narco-militar de intentar hundir el “diálogo pacificador” iniciado hace poco tiempo entre el gobierno, los partidos parlamentarios y dos de las organizaciones guerrilleras, el Movimiento 19 de abril (M-19) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), éste ligado al partido comunista.

“Estamos al borde de la guerra civil” declaró el presidente después del asesinato. Inmediatamente reorganizó la cúpula militar, despidiendo a decenas de oficiales. Barco reconoció que la justicia “dictaminó que sean detenidos miembros de las FF.AA. de quienes se sospecha complicidad en actos de criminalidad” (Página 12, 9/3).

Barco aseguró que “la prioridad de su gobierno es el desmantelamiento de los 140 grupos paramilitares que operan en Colombia... Sus promesas han sido recibidas con el escepticismo lógico de un pueblo que sabe que el 90% de los crímenes queda impune” (Página 12, 9/3).

El “diálogo” surgió a iniciativa del M-19, secundado por las FARC, que plantean entregar sus armas y sumarse a la vida política legal a cambio de una amnistía y del compromiso gubernamental de garantizar la vida de los exguerrilleros.

Del otro lado, Virgilio Barco, recibió el guiño de la diplomacia yanki para embarcarse en el “diálogo”. El planteo democratizante del imperialismo apunta a sostener a un régimen en descomposición.

El stalinismo, que dirige la UP, defiende esta perspectiva “democrática” con todo ahínco. La UP reclama un “gobierno de unidad democrática" con los liberales y los conservadores. Del acuerdo no estarían excluidos los “barones de la droga”. Bernardo Jaramillo, presidente de la UP declaró recientemente a un diario uruguayo que “se debe... intentar una solución no violenta al tema del narcotráfico (porque) no podemos desconocer su incidencia real (en todos los sectores de la economía) y debemos planificar teniendo en cuenta esta realidad (El Popular, 9/12/88).

La ultraderecha militar y los “barones de la droga” no lo ven del mismo modo. “Un alto oficial retirado se ha pronunciado a favor de un gobierno militar sin romper la constitucionalidad, una tesis que va ganando adeptos” (Página 12, 9/3). El atentado contra el candidato presidencial oficialista es, también, una advertencia al gobierno.

El asesinato protagonizado por un sector del aparato estatal para hundir los planes políticos del gobierno saca a la luz la “independencia” ganada por el terrorismo narco-militar dentro del aparato estatal —un síntoma brutal de la acelerada descomposición del régimen proimperialista colombiano.

Lech Walesa y la Iglesia, en nombre del imperialismo, y el régimen de Jaruzelsky, en nombre de la burocracia y de Moscú, acaban de alcanzar un “compromiso histórico” para cogobernar Polonia. En Solidaridad se ha abierto una crisis porque fracciones enteras del movimiento obrero repudian el colaboracionismo con la dictadura stalinista patrocinada por el imperialismo para aplicar los planes económicos del FMI.

Al cabo de seis meses de negociaciones, el gobierno polaco y Walesa alcanzaron un acuerdo de “institucionalización” Este consiste en el reforzamiento de las atribuciones del Presidente y en el desdoblamiento del actual Parlamento (Semj) con la creación de una Cámara de Senadores “libremente” elegido. Para el Semj se “liberalizarían las reglas electorales reservando el 35% de sus 460 escaños para la oposición, el 5% para grupos católicos progubemamentales y el 60% para el Partido Comunista y sus aliados del Partido Campesino y Democrático” (Clarín, 10/3).

De este modo la burocracia stalinista conservará en sus manos el poder político con la participación “consensuada” de la jerarquía clerical y de la fracción católica de Solidaridad. En contrapartida, este pacto “incluirá la legalización del Sindicato Solidaridad, de Solidaridad Rural y del Sindicato de Estudiantes NZS”. Las características de esta legalización sin embargo no han aún sido definidas.

Esta “reforma política” es mucho más que una cooptación al régimen burocrático. La oposición “democrática" ingresa a este pacto como un instrumento del imperialismo, es decir para viabilizar la presencia de éste en el Estado. La burocracia ha aceptado este curso porque está políticamente agotada y necesita el socorro político de la oposición y del capital internacional.

Los delegados de Solidaridad a las reuniones con el gobierno defendieron éste acuerdo con el argumento de que se trataba de un “paso transitorio”, tendiente a “rodear” a la burocracia e insuflar de elementos “democráticos” a las instituciones del régimen. Adam Michnik justificó así que no plantearan “elecciones normales” sino que solamente un porcentaje de los mandatos fueran elegidos democráticamente. Cualquier otro curso, sostuvo por su parte Kuron, sería inviable y conduciría a la nación al desastre.

En realidad este “compromiso” significa que la oposición polaca se ha transformado en vulgar agencia del imperialismo.

Proimperialismo

El contenido del acuerdo firmado quedó retratado en el llamamiento conjunto realizado por el gobierno y la dirección de Solidaridad a los Estados y bancos acreedores imperialistas en favor de una negociación de la deuda externa, y de un acuerdo “stand-by” con el FMI. Esto solo ya está indicando que Walesa y la oposición se han comprometido en actuar como policía de la burocracia y del imperialismo en el seno de Solidaridad.

No se debe olvidar que con una deuda externa cercana a los 40.000 millones de dólares, Polonia se debate en la bancarrota económica. La burocracia stalinista responsable de esa crisis, quiere esta “reforma política” para poner en marcha ahora un “plan de consolidación” (sic) elaborado en forma conjunta con el FMI. Ese plan prevé la “desmonopolización del comercio exterior”, la eliminación de los subsidios a los alimentos, modificaciones en la legislación laboral a fin de facilitar los despidos, “así como la contención del aumento real de los Ingresos de jubilados y pensionados", el bloqueo de los fondos de desarrollo de las empresas estatales y medidas conducentes “hacia la convertibilidad del zloty”, la moneda polaca. Como parte de este programa fondomonetarista se redujeron las tarifas aduaneras para la importación y en Gdansk se instaló una “zona franca”, es decir una zona “libre” para los capitales imperialistas.

Todo esto ha sido presentado como un plan antiinflacionario; su propósito real es desmantelar la economía estatizada, provocar la desestructuración de la clase obrera y favorecer la penetración capitalista.

“En contrapartida, se le reclama a Solidaridad proveer apoyo popular a la desagradable política del gobierno y posteriormente se acordará una forma de legalidad” (IHT, 10/2/89), dijeron voceros del gobierno. Es decir que la dirección de Solidaridad ve en el acuerdo con el FMI la realización de uno de sus objetivos.

Para sentarse en esta nueva mesa de negociaciones, Walesa levantó las huelgas de agosto y septiembre del año pasado, condición que entonces puso la burocracia para iniciar las negociaciones y que provocara un gran enfrentamiento con sectores obreros, en especial jóvenes trabajadores.

Ahora esta situación ha vuelto a repetirse. El gobierno informó que durante enero pasado se produjeron 179 conflictos salariales y 39 huelgas. En las minas de Belchatow, sus 5.000 trabajadores mantuvieron el paro contra las posiciones de una delegación enviada por Walesa para levantarlo. En Gdansk, grupos sindicales opuestos a Walesa organizaron una manifestación en repudio a los acuerdos con el gobierno.

“La semana pasada Walesa fue seriamente cuestionado cuando grupos de jóvenes, declarando su apoyo a Solidaridad y sus líderes pero rechazando las conversaciones con el gobierno, ganaron las calles en demostraciones antigubernamentales en varias ciudades” (IHT, 3/3).

Perspectivas

El régimen de Jaruzelsky no ha podido estabilizar la situación económica y el movimiento obrero está nuevamente en alza y en un proceso de recomposición. Las negociaciones con Walesa son un reconocimiento de la debilidad de la burocracia, pero por sobre todo del carácter proimperialista de la dirección de Solidaridad y de sus “asesores".

Para la vanguardia obrera polaca se plantea entonces la formación de un partido revolucionario, que a diferencia de los que plantean la democratización del Estado inscriba claramente la estrategia del derrocamiento de la burocracia, del régimen de los consejos obreros y de los Estados Unidos Socialistas de Europa.

“En los últimos dos días —reconoció el corresponsal parisino de Clarín (6/3)— las naciones occidentales han silenciado o amortiguado la violencia en el caso Rushdie, mientras en todo el mundo crecen las protestas contra el libro ‘blasfemo’".

En efecto, Margaret Thatcher “calificó al libro de profundamente ofensivo para los musulmanes”. La “dama de hierro" no pudo olvidar que en su libro, Rushdie la llama “Maggie, la perra”.

El canciller británico, en una larga declaración, también reconoció que “el libro puede ser considerado profundamente insultante para las personas de fe musulmana. Es un libro insultante también a nuestro respecto... (porque) compara a Gran Bretaña con la Alemania de Hitler. El gobierno y el pueblo británico no aman ese libro, como tampoco los musulmanes los ataques a su fe” (Clarín, 6/3).

En la defensa del “ofendido” orgullo nacional británico, el imperialismo inglés ha encontrado un terreno común con Komeini.

“La URSS, en su primer pronunciamiento público sobre el libro, señaló que el Ayatollah Komeini, de acuerdo a las enseñanzas del Corán, puede no haber tenido otra salida que la sentencia a muerte de Rushdie” (International Herald Tribune, 3/3). En consonancia con esta idea, Moscú insistió en la conveniencia de un encuentro iraní-británico en Ginebra.

“L'Osservatore Romano” —diario del Vaticano— “calificó a la novela como una distorsión injustificada, una grave blasfemia contra las creencias religiosas de millones de personas” (Cronista Comercial, 7/3).

Las lamentaciones y bravatas sobre la “libertad de expresión” han caído rápidamente en el olvido. Aunque Irán rompió relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, y mientras las movilizaciones musulmanas, que expresan deformadamente la rebelión de los superexplotados pakistaníes e hindúes en Londres, París o Bombay, se han multiplicado, el imperialismo sigue en forma recta su política de imponer la "paz imperialista" en el Golfo Pérsico.

Numerosos “intelectuales" se han hecho de fama — ¡y de dinero!— con la "tesis" del “ocaso de la clase obrera” y de su “superación histórica por las nuevas tecnologías”.

Pero bastó que 8.500 mecánicos y 3.600 pilotos, piquetes mediante, paralizaran los vuelos de la Eastern, para que se comenzara a hablar de “la huelga que tiene en vilo a Estados Unidos” (Heraldo, 10/3). Los "teóricos" burgueses se han puesto nuevamente en ridículo, pues esto recuerda que, mientras exista el capital, los trabajadores estarán condenados" a luchar contra él.

La maniobra patronal

En apoyo a la huelga de la Eastern, los pilotos de las demás aerolíneas comenzaron a trabajar “a reglamento”. Para contrarrestar esta tendencia, la justicia dictó una prohibición de que los mecánicos de trenes abandonen sus tareas en respaldo a los huelguistas.

Como “último recurso” contra la huelga, Frank Lorenzo —presidente del consorcio aéreo más grande de Estados Unidos, integrado por Eastern, Texas Air y Continental— pidió la quiebra de la empresa, por la cual responsabilizó a los huelguistas.

En realidad, la Eastern está en bancarrota hace largo tiempo. Sarcásticamente, fue equiparada con América Latina: endeudada y en manos de sus acreedores.

La distinción entre quiebra y vaciamiento es, sin embargo, sutil. “Líderes sindicales señalaron que más de 800 millones de dólares fueron ‘chupados’ en forma de honorarios y patentes inflados pagados a la Texas Air”, propiedad del mismo Lorenzo (International Herald Tribune, 9/3).

Para la Eastern, acogerse a la ley de quiebras significa la posibilidad de posponer el pago de sus deudas y proceder, bajo control de los acreedores, a efectivizar miles de despidos.

Lorenzo ganó su fama de “quiebra sindicatos” en 1980, cuando despidió a miles de empleados de la Continental, también con el recurso de pedir la quiebra. De ella, "emergió con una compañía... con los costos laborales más bajos de toda la industria” (IHT, 9/3).

El pedido de quiebra presentado por la Eastern es una maniobra para quebrar la huelga, despedir en masa y reducir los salarios.

Los pasos de Bush

“La huelga podría convertirse en un nuevo conflicto entre el presidente Bush y la mayoría demócrata del Congreso” (Clarín, 9/3). Los demócratas reclaman al presidente que imponga la conciliación obligatoria. El pedido demócrata a Bush fue solicitado por la burocracia de la central sindical norteamericana, AFL-CIO, preocupada por la patronal “del tipo Lorenzo” empeñada en pasar por encima de los sindicatos.

El presidente, sin embargo, rechazó el pedido por ahora. “Una intervención del gobierno —observó Bush— podría provocar una paralización total de la Eastern sin resolver el problema". Bush quiere darle a Lorenzo la oportunidad de seguir probando la eficacia de sus métodos, porque una intervención del gobierno significaría el reconocimiento de que debe abandonar la política seguida por Reagan con el movimiento obrero, de no arbitrar en los conflictos.

Bush no piensa, por ahora, en un arbitraje. “Tenemos lista —declaró el Secretario de Transporte— la legislación (para poner a los piquetes fuera de la ley). Estamos preparados —agregó— para actuar tan pronto como consideremos que ha llegado el momento apropiado” (IHT, 6/ 3). La pretensión de la burocracia de la AFL-CIO, la CGT yanqui, de “forzar al Congreso o a la Casa Blanca a intervenir" no atenúa el enfrentamiento. La huelga de la Eastern y el principio de su extensión hacia otros sectores pone fin de cualquier modo al reflujo sindical en Estados Unidos, fenómeno que está ligado al impasse económico de la burguesía norteamericana.

El 14 y 15 de marzo deberá cumplirse el paro general convocado por la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT). La huelga tiene por objetivo reivindicar la reposición de las pérdidas salariales producidas por el “plan verano”, que se estiman en un 40 por ciento.

Según una reciente información sindical, en los últimos dos años el índice de salarios se redujo en un 53.4 por ciento.

La CUT representa al nuevo movimiento sindical constituido en su inmensa mayoría por los activistas opositores de la burocracia sindical que fuera protegida por el último régimen militar. La CGT es, en cambio, un reacomodamiento de esta burocracia sindical, impulsado en buena medida por el partido comunista.

El paro general se produce exactamente dos meses después de la fecha de sanción del “plan verano" que congeló los salarios Constituye, por lo tanto, una respuesta holgadamente demorada. Al momento de la sanción del “plan” la remarcación de los precios se producía a un promedio del 15 por ciento diario.

La huelga tiene lugar también luego de pasados treinta días que el Congreso nacional votó, en el marco de la aprobación del “plan”, una reposición de las pérdidas sufridas por los salarios de no más del 4 por ciento, con el agravante de que debía pagarse en tres cuotas.

Esta notable dilación fue justificada por la necesidad de dar una preparación adecuada a la huelga. Nada se ganó, sin embargo, con esta dilación, pues aun faltando sólo una semana para la huelga, “el comando de huelga (tenía) dificultades para saber cómo anda (ba) la movilización en todo el territorio nacional.”

El argumento de la postergación quedó desvirtuado desde el momento que las direcciones de ambas centrales sindicales han seguido asistiendo a las reuniones con el ministerio de trabajo en función de un acuerdo de último momento. Cuando se declara una huelga, es improcedente seguir la negociación, porque ello transforma en abstracta la declaración de la huelga. La huelga se declara, precisamente, por la constatación del irrevocable fracaso de las negociaciones.

El presidente de la CUT, Jair Meneguelli, ha declarado incluso que el paro “podría ser levantado” como consecuencia de negociaciones que se han hecho a último momento. Como criterio general dejó sentada la extraña tesis de que “siempre hay tiempo para movilizar o desmovilizar una huelga general”. Esto fue dicho en un país donde es muy difícil realizar una huelga general de alcance nacional, y fue pronunciado por una dirección que siempre reclama muchísimo tiempo para prepararla.

Uno de los tres principales dirigentes de la CGT, Luis Antonio Medeiros, planteó incluso que “la huelga debía ser repensada”, luego de haber aparecido al comienzo como su más activo promotor. De todos modos la burocracia de la CGT está obligada a acompañar el paro del 14 y del 15, porque en los sindicatos que ella dirige existe una fortísima presión de la base para obtener la reposición de las pérdidas salariales.

El paro general está concebido manifiestamente como una acción aislada, es decir para descomprimir la presión de las bases y desviarla por otros caminos.

Las direcciones sindicales están utilizando el paro general para mejorar las posiciones negociadoras de algunos sindicatos cuyos convenios colectivos vencen en abril; Estas paritarias, sin embargo, no son realmente tales, pues el gobierno se aprestaría a sustituir el congelamiento por índices de reajuste establecidos por decreto. Se quebraría de este modo la ilusión albergada por dirigentes de la CUT de que el gobierno podría autorizar la libre negociación de los salarios en el marco de las convenciones de trabajo.

En Brasil, 1989 es también un año electoral, y también allí los candidatos populares consideran que la lucha de masas perjudica las posibilidades de una “victoria popular”. La dirección de la CUT está totalmente subordinada a las perspectivas de la candidatura de "Lula”, presidente del PT, al cual está afiliada la mayoría de la CUT. Pero “Lula” acaba de solicitar a los gobiernos imperialistas europeos, con los que se ha entrevistado en el marco de una gira, “que garanticen las elecciones y la toma de posesión del nuevo presidente”. Una garantía “democrática" del imperialismo supone, naturalmente, una contragarantía, también "democrática", de la izquierda, lo que significa subordinar la acción directa de las masas a las normas constitucionales, despóticamente establecidas, y al mismo tiempo arbitrariamente violadas, del Estado burgués.

El paro general ha sido, aunque sorprenda a muchos, una dura prueba para las administraciones municipales del PT. Mauricio Soares, por ejemplo, intendente del distrito obrero de San Bernardo, declaró que “va a descontar los días de paro a los funcionarios municipales, pues no hacerlo sería una medida paternalista”. La administración de Erundina, flamante intendente de San Pablo, ha declarado que las jornadas de huelga serán días de trabajo normal y de que el municipio moverá, como lo hace regularmente, su flota de transporte. El PT ha votado que las administraciones municipales que dirige deben cumplir con las normas de la administración pública. En vísperas de una huelga para reponer pérdidas de salario, el intendente de Porto Alegre, Olivio Dutra, alto dirigente del PT, resolvió aumentar la tarifa del transporte, en un acto que él mismo elogió como demostrativo de su “realismo político”. La medida, en realidad, es una expresión de la capitulación de Dutra ante los transportistas, con los cuales había lidiado durante un mes, al punto de verse obligado a decretar la intervención de las empresas.

Las masas brasileñas transitan, naturalmente, por otro carril. Hace quince días una marea de 15.000 trabajadores de Volkswagen cubrió un largo trayecto de manifestación para protestar contra la inseguridad laboral reactualizada por la muerte de un obrero. Desde hace una semana se vienen produciendo huelgas en fábricas de auto-partes y de la industria plástica y química, provocadas por la suspensión o el despido “técnico” que se ha creado con motivo de la paralización de los abastecimientos, justificados por las patronales en protesta contra el congelamiento de los precios.

En muchas ciudades la huelga comenzó con 24 horas de anticipación. En Campiñas ya había diez mil trabajadores del transporte en huelga, por un reajuste del 45%. La misma anticipación se produjo en Jundiaí. En Londrina, importante ciudad del estado de Paraná, el 40% del transporte ya estaba paralizado. En Curitiba, la capital del Estado, la anticipación corrió por cuenta de los distribuidores de gas. En Blumenau, en Santa Catarina, la huelga ya abarcaba al 60% de los 77.000 obreros de la ciudad. En la acería de Volta Redonda la situación era muy tensa. En San Pablo ya había 28 fábricas metalúrgicas en huelga el día previo al paro general, y se habría decidido continuar con la huelga más allá de las 48 horas de huelga. Una decisión similar tomaron los sindicatos químicos y plásticos si el paro de 48 horas resultaba un éxito.

El paro general tendrá seguramente un desarrollo extremadamente desigual en Brasil, pero pondrá claramente de manifiesto la alta disposición de lucha de una parte decisiva de sus trabajadores en un período de explosiva crisis económica.

Un plan de rescate de la banca mundial

Los sucesos de Venezuela obligaron al gobierno norteamericano a sacar de la galera un plan de “reducción de la deuda externa” que aún no estaba maduro para su presentación. Esto no impidió que se lanzara con toda rapidez la especie de que se había producido “un paso significativo” en el tratamiento de la bancarrota de las naciones endeudadas.

Para eliminar en orden las mentiras que se lanzan sobre este tema, hay que decir que los “planes” en danza en los círculos imperialistas tienen menos que ver con una preocupación por las naciones endeudadas que con el destino de los bancos y del sistema bancario internacional.

A pesar de los fantásticos negocios que los bancos han hecho a costa de las naciones endeudadas, su capital y patrimonio representa solo el 50% del conjunto de sus créditos, la mayor parte de los cuales son incobrables. Cada refinanciación de los intereses que las naciones endeudadas no pueden pagar, eleva la proporción de esos créditos incobrables sobre el total de capital y acentúa por lo tanto el cuadro de la bancarrota bancaria. No es ninguna casualidad que cada vez que se produce una refinanciación de intereses (práctica prohibida en el manejo clásico de los bancos) las acciones de los bancos tienden a caer, reflejando con ello la desvalorización de sus capitales.

El objetivo principal de los planes que se discuten a nivel internacional es lograr que los bancos puedan cobrar los intereses y dejar de refinanciarlos.

La vulnerabilidad de los bancos está a su vez aumentada por otros factores internacionales de crisis. Por ejemplo los bancos de ahorro de Estados Unidos se encuentran en un nivel de quiebra tal que su rescate requiere la suma de 200.000 millones de dólares; permitir la caída de este sector produciría una corrida de depósitos y el reventón del conjunto del sistema. El gobierno norteamericano, sin embargo, no sabe de donde sacar el dinero para ese rescate habida cuenta de que tiene un déficit fiscal de 150.000 millones de dólares.

El otro factor de crisis es la situación de las Bolsas, en las cuales está comprometida buena parte de los créditos de los bancos. La rentabilidad de las acciones es muy baja si se mide su cotización con relación a los dividendos que pagan las empresas. Una nueva crisis bursátil o simplemente una depresión de sus cotizaciones, también afectaría el valor de los créditos de los bancos.

Como consecuencia de esta situación, los planes en danza procuran unir dos puntas contradictorias. Una, es forzar a las naciones endeudadas a que apliquen “planes FMI” para producir un gran excedente comercial a costa de los salarios y del consumo. Con esto se pretende lograr la reanudación del pago de los intereses a los bancos. La otra es que las naciones endeudadas reciban capitales para inversión, lo que se lograría autorizando la conversión de la deuda externa en moneda del país endeudado con un descuento del 30%, digamos, sobre su valor original.

Estos planes contemplan que las exportaciones de las naciones endeudadas quedan prendadas para el pago de los intereses; a esto se refieren cuando hablan de las garantías que estas naciones ofrecerían. Se propugna reemplazar una parte de los créditos en poder de los bancos por bonos emitidos por el FMI o el Banco Mundial. La posibilidad de la conversión de estos bonos en capital produciría un nuevo auge especulativo y una colosal inflación en los países que acepten convertirlos en su moneda nacional. Estos planes autorizan a los bancos a descontar de la liquidación de impuestos la “pérdida” que les ocasionaría una reducción del valor de sus créditos; de esta manera, esa reducción la pagaría el contribuyente de los países acreedores.

Los bancos, en resumen, se beneficiarían con el pago de los intereses, con el aumento de la cotización de la deuda externa que esto provocaría, con la disminución de sus impuestos, con nuevas posibilidades de especulación, y con los negocios que podría realizar convirtiendo sus créditos en capital en las naciones afectadas.

La ejecución de estos planes convertiría a las naciones endeudadas en semicolonias del tipo del siglo XIX. El proceso económico y hasta la distribución de sus beneficios entre los grupos capitalistas, quedaría bajo la supervisión del imperialismo. Los gobiernos pasarían a ser simples despachantes de los asuntos que se les dictarían desde el exterior. No implicaría ningún alivio de la carga de la deuda, ni mucho menos un aflojamiento del condicionamiento impuesto por ella.

El gran agujero de estos planes es, además, que no corresponden para nada a las condiciones políticas mundiales actuales. De un lado, no serían viables en principio en naciones cuya incapacidad económica y cuya resistencia a solventar esta carga ha provocado precisamente la crisis en curso. Pero de otro lado enfrentarían la resistencia de los propios bancos que no admiten pasar a depender del FMI o del Banco Mundial para cobrar los intereses, porque ello plantea el “peligro” de “politizar” el pago de la deuda al sacarla del control directo y del manejo exclusivo de la banca mundial. No existen instituciones políticas que puedan “estatizar” el cobro de la deuda externa a cuenta de la banca internacional.

Estos planes que pretenden revalorizar la deuda externa con el pretexto de reducirla, son una confesión de su efectiva desvalorización; de la desvalorización, en consecuencia, de los capitales bancarios y de los depositados en los bancos; y de la desvalorización de todo el capital que se cotiza en las Bolsas mundiales. Es decir que estos planes procuran contrarrestar la tendencia a la deflación mundial, manteniendo vivas las posibilidades de especulación con nuevos bonos y garantías. La deuda externa se cotiza hoy en promedio al 10% de su valor original, es decir que es igual al monto de los intereses de un año. Si los bancos la cedieran a este “precio de mercado” sería rescatada de inmediato. Pero ello provocaría un derrumbe mundial de valores. Lo cual demuestra que los valores del capital mundial están artificialmente sostenidos por los Estados y por el sojuzgamiento que estos imponen a los pueblos.

En el complejo habitacional Las Catonas, de Moreno, se demostró (una vez más) toda la podredumbre del actual régimen político, en esta ocasión, bajo la directa responsabilidad del “gobierno del pueblo" del gobernador Cafiero y del “popular" intendente de Moreno “Coco” Lombardi.

En la mañana del martes 21 un grupo de personas con numerosas criaturas se instaló pacíficamente en unos de los edificios aún no habilitados del barrio Las Catonas. En un primer momento nadie impidió (policía incluida) su ingreso al barrio y a las viviendas sin terminar, pero apenas se instalaron, un impresionante cerco policial rodeó los edificios declarando un virtual estado de sitio contra los ocupantes y de hecho contra todo el barrio (quien esto escribe fue interrogado por la policía al momento de ingresar al complejo habitacional).

Transcurridas algunas horas, un grupo de vecinos del barrio organizó la solidaridad con los ocupantes. A pesar de los atropellos por parte del cerco policial, un grupo de mujeres logró acercarse a los edificios ocupados, a los que arrojaron los alimentos, mientras la policía trataba de impedirlo con golpes empujones y amenazas de armas en la cabeza a las compañeras.

Aunque no se hizo pública, la orden del “gobierno de la justicia social" se hizo evidente con los propios acontecimientos. Algunos suponían que la policía creía estar en La Tablada. Es que la policía de Cafiero les cortó a los ocupantes el suministro de agua y luz, se prohibió terminantemente (y por todos los medios) que los demás vecinos suministraran solidariamente alimentos y leche para los chicos; las mujeres que abandonaban las casas en busca de agua y comida eran capturadas separándolas de sus hijos obligándolas con esto a un rápido desalojo.

Condenados al aislamiento ilegal — ¡ningún juez se hizo presente!—; al aislamiento político de los partidos patronales — los concejales brillaron en una pasada fugaz y a la distancia para luego borrarse —abrumados por el impresionante sitio policial y la evidente decisión política del gobierno de la provincia, de tratarlos y echarlos como animales rabiosos, los compañeros decidieron retirarse, tan pacíficamente como habían ingresado, luego de 48 horas de cerco armado.

En conferencia de prensa realizada en Comodoro Rivadavia, el candidato del radicalismo Eduardo Angeloz manifestó que en caso de acceder a la presidencia convocará a un plebiscito “para debatir la organización sindical que queremos los argentinos de cara al siglo XXI”.

“Debe ser la sociedad —apuntó— la que decida si es útil el actual régimen de unidad sindical, que lleva a las organizaciones a ser monocolores, o si pretendemos un sistema de libertad gremial, con una democracia interna en los sindicatos que asegure el pluralismo ideológico”.

Si partimos de que la sociedad está dividida en clases con intereses antagónicos, no pueden quedar dudas de que estas clases se tienen que organizar de acuerdo con los intereses que defienden o representan. Este riguroso dato objetivo contrasta visiblemente con la pretensión de Angeloz de que sea la sociedad entera, y no sólo los obreros, quien decida sobre la organización sindical.

La propuesta del candidato radical puede parecer “muy democrática" pero esconde en lo esencial una posición tremendamente reaccionaria. Angeloz muestra toda la perfidia de un candidato patronal al pretender que las clases sociales adversarias de los trabajadores decidan sobre cuestiones que atañen exclusivamente a éstos. Los problemas organizativos y políticos de los trabajadores deben ser resueltos por los propios trabajadores en una oposición tenaz a la injerencia de las otras clases y del Estado.

Muchos liberales de la talla de Angeloz intentan así justificar una nueva intromisión del Estado en los sindicatos, pues no otra cosa sería lo que se votaría en el plebiscito, como si el Estado pudiese administrar justicia por encima de las clases sociales.

Cabría preguntarse por ejemplo: ¿por qué razón Angeloz no propone un plebiscito para determinar cómo debe organizarse la Sociedad Rural o la UIA? ¿Ignora el “democrático Angeloz" que tanto la Sociedad Rural como la UIA están monopolizadas por una minoría económicamente poderosa que no representa de ninguna manera a la masa de empresarios del país? ¿Ignora que este monopolio le ha permitido a la Sociedad Rural y a la UIA encubrir el apoyo de un minúsculo grupo de intereses poderosos a cuanto golpe militar se ha producido en el país? El plebiscito que Angeloz propone con la Constitución bajo el brazo y con el rostro de paladín de la libertad y de campeón de la democracia, es simplemente una violación del derecho a la libre asociación de las personas, establecido en la Constitución nacional.

La regimentación del movimiento obrero es una tradición del radicalismo, luego retomada por el peronismo.

Después de la Semana Trágica, durante el gobierno de Yrigoyen, el congreso intentó sancionar una ley de asociaciones profesionales, pero una movilización obrera y la amenaza de huelga general hizo que el proyecto de ley fuese a parar al cesto de los trastos viejos. En el gobierno de Illia se reglamentó la ley 14.455 que fuera sancionada en el gobierno radical de Frondizi. Durante la administración de Raúl Alfonsín se llegó a un acuerdo espurio con la burocracia que posibilita que estos dirigentes sigan atornillados a los sindicatos.

El sindicalismo en “libertad y democracia interna” en boca de Angeloz es un fraude político, que intenta consumar contra el movimiento obrero. Si esto llegase a pasar, afectará al conjunto de las libertades democráticas. La burocracia sindical sólo podrá ser definitivamente expulsada de los sindicatos mediante una acción organizada de los trabajadores, que plantee la sustitución del sindicalismo de la componenda por un sindicalismo revolucionario que tenga como meta la construcción de un gran partido obrero y la toma del poder por la clase obrera. Obviamente la propuesta de Angeloz, nada tiene que ver con esto.

La presencia de Néstor Vicente en Comodoro Rivadavia conmocionó a la militancia local de la Izquierda Unida. No fue para menos pues allí el candidato presidencial de la “izquierda real” decidió no andarse con vueltas.

Ante un auditorio, primero atónito y luego crecientemente indignado, Vicente caracterizó a los atacantes del cuartel de La Tablada como “contrarrevolucionarios". “Ni Videla, ni Massera, ni Galtieri podrían haber planeado algo tan perjudicial para la izquierda" —dijo. A renglón seguido el candidato sostuvo que la IU “luchará para que a los militantes del MTP no se les aplique una represión ilegal", sino la “represión legal del estado de derecho".

Una de las asistentes preguntó entonces al candidato “cuál es el límite entre la represión legal y la ilegal y si la izquierda debe resignarse ante la represión legal". Vicente respondió: “La izquierda debe defender la democracia y actuar dentro de sus leyes”.

Un joven dijo: "Desde que milito aprendí que las leyes las hacen los patrones para mantener su explotación sobre los trabajadores. Ahora —se preguntó— ¿debo apoyar esas leyes?” Vicente no contestó.

Hubo más preguntas. "Si los compañeros del MTP son enemigos de la democracia entonces, ¿los carapintadas que los reprimieron son demócratas?”

Ante el cariz que tomaban las preguntas. Vicente cortó secamente el debate, lo que no impidió que un grupo de compañeros, inquietos por las posiciones de “su" candidato, lo siguiera hasta la puerta en el intento de obtener respuestas. Vicente fue categórico: "Hablar con ustedes —le espetó a una compañera— es como hablar con la Ucedé.”

Así pasó por Comodoro Rivadavia Néstor Vicente, candidato presidencial de la IU.

Los “hombres de Menem” deambulan por la embajada norteamericana y por las cámaras empresarias. ¿Qué les dicen a sus visitantes?

Que el “salariazo” no está en los cálculos de Menem, que el “slogan” no pasa de la inevitable y acostumbrada demagogia electoral y que el candidato del PJ, de ganar las elecciones, pondrá el acento en “estimular la inversión” Ya conocemos semejantes “estímulos”: franquicias impositivas, subsidios, prebendas, etc.

Los “hombres de la UCR” se presentan como garantes de las libertades públicas mientras acaban de parir —con el acuerdo del PJ— un decreto que autoriza la “inteligencia militar” interna y la militarización de la policía y de los servicios esenciales en función de “zonas de emergencia” que podían ser establecidas con la sola resolución del Poder Ejecutivo. Los supuestos sepultureros de la doctrina de la seguridad nacional han colocado a los “servicios” a espiar la vida política, social y gremial del país.

Angeloz y Menem hacen suyos los postulados fundamentales de Alsogaray y de Videla.

Todo esto transcurre sin que a Izquierda Unida se le mueva un pelo. Para el Mas la “militarización del país” no existe ni como peligro. Vicente ha dicho que Argentina ya cuenta con leyes aptas para “la violencia”. Esto lo dicen naturalmente los dirigentes y partidos que tomaron partido por los “carapintadas” en la masacre de La Tablada.

Ni “salariazo”, ni “Iibertades públicas” ni “izquierda” ni “unida”. La campaña electoral muestra la hipocresía de los Menem, los Alsogaray, los Angeloz y los Vicente-Zamora-Echegaray.

El PARTIDO OBRERO es la única izquierda, la verdadera izquierda. El voto al Partido Obrero es un voto de reforzamiento de las posiciones de los trabajadores, para hacer frente al inevitable curso hambreador de los Menem y Angeloz, sostenidos por Alsogaray e Izquierda Unida.

Por esto mismo la voz del PARTIDO OBRERO tiene que ser reforzada en esta campaña electoral. Para ello hace falta dinero. Para tener más volantes, mayor agitación, organizar más actos. Contribuya con su aporte en las alcancías en puerta de fábrica o adquiera y difunda los bonos del Partido Obrero.

Con el dictado del decreto de creación del “comité de seguridad interior” el alfonsinismo, con el aval del justicialismo, ha dado un nuevo paso en la militarización del Estado.

El decreto “autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interna”, violando incluso las limitaciones que en este punto plantea la ley de Defensa. Plantea también la utilización de las Fuerzas Armadas para la represión interna. Todo esto se fundamenta en la necesidad de preservar la vida, la libertad, la propiedad y la Constitución, por lo que toda acción política y sindical será motivo para la investigación por los “servicios".

El decreto legaliza también toda la acción ilegal desarrollada por el gobierno y las FF.AA., en la masacre de La Tablada lo que significa que será el modelo que se seguirá en el futuro. Es así que establece que ante cualquier “hecho violento" que se produzca en jurisdicción militar, las FF.AA. deberá repeler de inmediato la agresión, cuando las normas legales plantean la comparecencia del Juez, quien tiene la obligación de reclamar la rendición reiteradamente antes de autorizar la represión.

Al mejor estilo del Proceso, la jefatura militar puede extender su autoridad fuera de las unidades militares, incautando los servicios públicos e incluso ordenando la evacuación de la población “y otras medidas requeridas por la acción", es decir, puede hacer cualquier cosa.

Este decreto monstruoso se acompaña de un proyecto de ley que modifica el Código de Procedimientos, el Código Penal y la defensa de la Democracia “extendiendo los términos de incomunicación y aumentando las penas.” (Clarín, 9/3/89).

Los gobernadores peronistas, por su parte, en la reciente reunión con Nosiglia solicitaron incorporarse al COSENA, el Consejo Nacional de Seguridad, creado luego de la masacre de La Tablada, lo que constituye el aval más explícito del justicialismo a todo este curso militarista.

El Frente de Resistencia Popular (FRP) ha producido un tercer comunicado en el cual ratifica anteriores denuncias y agrega otras. Vuelve a plantear que Jorge Baños e Ivan Ruiz fueron capturados vivos y posteriormente fusilados, para lo cual aportan las pruebas fílmicas y fotográficas divulgadas por Canal 13 y la revista Somos que muestran a Baños detenido. Los propios detenidos declararon ante el juez, que Baños se encontraba vivo al momento de la rendición.

El FRP denuncia también que Provenzano y Berta Calvo fueron detenidos y posteriormente fusilados. También denuncia que Carlos Alberto Burgos, Juan Manuel Murua, Fernando Falco y Carlos Samojdeni se encuentran “desaparecidos”, luego de haber sido detenidos con vida dentro del regimiento. Sobre estas desapariciones promete dar mayores esclarecimientos en futuros comunicados.

Todos los detenidos fueron torturados, asegura el FRP. De los testimonios que trascendieron a la prensa surge que los detenidos declararon haber sido torturados.

El procurador D’Alessio primero desestimó estas denuncias con el argumento de que provenían del FRP, una organización, dijo, que violó todos los principios del “Estado de derecho”, y porque esas denuncias cambian el carácter de los delitos cometidos por los detenidos. En consonancia con esto abrió un sumario paralelo a la causa, pretendiendo así que el juicio “oral y público” por La Tablada se realice al margen de las características que tuvo la represión. Esto constituye una precalificación del proceso que limita el campo de la investigación judicial y que prejuzga a los participantes del hecho. La "causa paralela” del Doctor D'Alessio dormirá en los cajones hasta mejor oportunidad, y más aún en el país de la "obediencia debida". Entretanto el juez declaró la prisión preventiva a los detenidos sobre la base de las declaraciones de oficiales y suboficiales, sin tener en cuenta las denuncias contra las fuerzas represoras por asesinatos a sangre fría, utilización de bombas de fósforo y bombardeo del cuartel con fines de aniquilamiento.

¿Golpe de Estado?

El FRP insiste también en que ocuparon el cuartel porque estaba en marcha un golpe “carapintada". Varios detenidos declararon lo mismo. El Procurador y el Juez también desecharon esta denuncia. En un país con 60 años de golpismo y con 3 levantamientos militares en los últimos 3 años, lo mínimo que debería hacer una justicia que se jacta de independiente es investigar y sopesar las pruebas. El propio Alfonsín, 48 horas antes de la acción del MTP, en Conferencia de prensa sostuvo que se producirán “remezones militares” y lo mismo dijo Carlos Menem. ¿Por qué no se exige al Presidente y al candidato del PJ que aporten las pruebas de sus dichos?

La masacre de La Tablada podría haber tenido la finalidad de encubrir la nueva intentona militar oscuramente denunciada por Alfonsín y Menem.

La exclusión de las denuncias efectuadas sobre desapariciones y fusilamientos de la causa de La Tablada, es un acto de arbitrariedad judicial y de encubrimiento de militares conspiradores.

"Por expreso pedido de Carlos Menem”, según lo declararon ellos mismos sin ser desmentidos, los burócratas sindicales nucleados en el menemista grupo de los 15 se reunieron la semana pasada con el agregado laboral de la embajada norteamericana y luego con lo más “selecto", es decir nefasto, del empresariado argentino.

En la embajada los hombres de Menem aseguraron al funcionario norteamericano que la llamada “revolución productiva” está concebida para posibilitar “el pago de la deuda externa” y que en Argentina no había que temer la posibilidad de un “venezolazo", porque aquí "existen dirigentes capaces de regular el conflicto social” (La Nación, 9/3). Con estos planteamientos Rodríguez, Triaca y Cavallieri no hicieron más que revelar hasta qué punto Menem piensa seguir los pasos de Carlos Andrés Perez, y hasta qué punto están decididos ellos mismos a jugar el papel de policía sindical y de policía sin aditamentos para enfrentar a un movimiento popular dispuesto a luchar contra la entrega.

Impresionado por estos planteos de sometimiento político al amo yanqui, el funcionario de la embajada se apresuró a asegurarle a los “sindicalistas” que dispondría de todo lo necesario para facilitar los contactos necesarios en el país del norte.

El descaro de las declaraciones de los burócratas de los 15 pone en evidencia la desesperación con que el menemismo está procurando el apoyo o al menos la neutralidad “benevolente" del imperialismo norteamericano. Los 15 han mostrado la completa dependencia del “movimiento nacional" con relación al imperialismo.

Luego de la incursión en la embajada, "los 15" armaron un almuerzo con las entidades del gran capital, entre las que se destacaban la Asociación de Bancos, la Sociedad Rural y la Unión Industrial. La trascendencia de la reunión quedó simbolizada por la asistencia de los presidentes de los grupos empresarios, algo que solo pudo ocurrir porque la reunión contaba con el aval comprobado de Menem.

Aquí los “sindicalistas" dijeron algo muy especial cuando aseguraron que “en un posible gobierno peronista no se empezará por los salarios, sino por la inversión" (La Nación, 10/3).

De un manotazo, los hombres de Menem enterraron el “salariazo” antes de que éste pudiera cobrar vida. El candidato de las desmentidas no rectificó en ningún momento este planteo de tos hombres de su círculo más íntimo. De todos modos, la idea de que la inversión capitalista pueda sacar al país adelante es algo propio de otarios o de avivados, cuando se comprueba la extraordinaria fuga de capitales que ha caracterizado a los últimos quince años, lo que significa la desinversión del esfuerzo realizado por los trabajadores. En el exterior hay alrededor de 46.000 millones de dólares fugados del país y los 15 menemistas pretenden que la patronal nacional lidere una “revolución productiva". Sólo en el mes de febrero escaparon del país unos mil millones de dólares, lo cual ha destruido literalmente la moneda nacional.

La prioridad que se da a la inversión es una promesa nefasta para los trabajadores y para los contribuyentes, pues significa que el Estado brindará subsidios e incentivos a tos capitalistas, que saldrán del bolsillo del pueblo, y por sobre todo que procurará brindarles toda la libertad de explotación en las fábricas.

Es natural que después de semejante almuerzo los “empresarios” apoyen el “pacto social" propuesto por Menem con carácter de ley.

Entretanto, los dirigentes sindicales que se declaran adversarios del grupo de los 15, resolvieron expresar sus diferencias con éstos estableciendo que las negociaciones con la embajada norteamericana y con los empresarios debe pasar por el organismo unificador de la burocracia sindical. Nadie rechazó los planteos de los 15 porque todos saben que son tos de Menem. Y tampoco nadie hizo lo más fundamental aún: poner en marcha un plan de lucha contra este gobierno y contra estos empresarios, que están desatando una colosal carestía y hambreando al pueblo.

En Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Avellaneda, en La Plata, en Quilmes, en Tigre, en Vicente López y en el interior de la provincia el paro de 96 horas resuelto por la Federación Sarmiento fue prácticamente masivo y logró arrastrar a los docentes nucleados en el Suteba o no afiliados. En el resto del conurbano, allí donde la burocracia marisanchista está más armada, la incidencia del paro fue menor, pero en todos los casos fue más allá de los límites de influencia de la Federación.

Es decir, un paro importante, a pesar de los bloqueos que tuvo que afrontar. Primero, por el ataque del gobierno del “pueblo” que, por boca de Salviolo, resolvió el descuento de los salarios caídos y lo anunció a 24 horas de la huelga. Segundo, por la campaña de la burocracia del Suteba. Tercero, por el carácter pasivo y burocrático que la propia Federación le dio a la huelga: no se ha llamado a sumarse a los docentes nucleados en el SUTEBA y no se propició una sola movilización callejera.

El congreso de la FEB realizado el jueves resolvió, por 90 votos sobre 109 delegados, un plan de paros semanales “decrecientes” (¡72, 48, 24 hs!) y nuevo congreso el 28 de marzo. La dirección planteó la necesidad de desescalar la huelga ante los descuentos de los jornales y una eventual campaña de represalias. Es un argumento pusilánime de una dirección que no quiere la victoria.

Las limitaciones de la burocracia de la FEB, son una razón más para impulsar la autoconvocatoria de asambleas para elegir comités de base y para organizar una coordinadora de comités de base que permita plantear definitivamente la huelga indefinida.

Los delegados de Salta al Congreso de CTERA, varios de ellos directivos del sindicato docente, hicieron punta en la violación descarada del mandato resuelto en la provincia, donde 1.200 docentes votaron el no inicio de las clases por ₳ 5.000 de básico a marzo. Llegados a la provincia montaron un ataque despiadado a la huelga general. Cancelaron las asambleas y la "marcha blanca" resuelta días antes y se dedicaron a bombardear desde la prensa y los medios de difusión la lucha de los docentes, imputándola a la "mano negra" de agitadores. Lenta, pero vigorosamente, el activismo se rehizo y presentó batalla a la burocracia. Por la acción, entre otros, del frente "Bases docentes", se impulsó la autoconvocatoria a una asamblea general que se realizó el martes 7 con 900 docentes. Allí se resolvió la continuidad de la lucha, con un paro de tres días en los lugares de trabajo y nueva asamblea general, el repudio a la directiva por la violación del mandato de la base y la puesta en marcha de una campaña de firmas para resolver su destitución (el estatuto exige un número determinado para poder expulsar a la comisión directiva). La ejecución de estas tareas quedó en manos del comité de huelga elegido en asamblea en las jornadas previas al congreso de CTERA, el que tiene que encarar, además, la efectivización de la "marcha blanca" trunca por la burocracia.

El combate de los docentes salteños tiene a sus espaldas una lucha tanto o más vigorosa: la de los docentes jujeños, que cumple la primera semana de huelga general masiva y activa, con movilizaciones, "ollas de hambre" y asambleas sistemáticas. También aquí los delegados al congreso de CTERA violaron el mandato de la base por el no inicio, absteniéndose en la votación decisiva.

Los docentes santafesinos no inician las clases.

Esta es la resolución tomada por la asamblea provincial de Amsafe en base a la votación realizada en las escuelas: 10.000 docentes se pronunciaron por la lucha (de los cuales 6.500 por la huelga por tiempo indeterminado) contra 2.300 que avalaron la posición de la burocracia celeste de aceptar la propuesta del gobierno y entrar a trabajar.

La posición de los agentes de Garcetti era indefendible desde el momento que la oferta del gobierno no significaba ninguna mejora. A esto se suma el tema explosivo de la restitución de la obra social, que hoy prácticamente no existe para los docentes. La asamblea provincial, con la oposición de la trenza celeste, resolvió fijar un reclamo salarial de 3.300 de básico a enero, que significan 4.000 a marzo, contra los 2.500 actuales. Decidió además que en las negociaciones con el gobierno provincial participe junto a la directiva celeste, la “comisión técnica asesora”, integrada por delegados de las asambleas de base a la provincial.

El gobierno se apresta para una embestida a fondo contra la huelga. El ministro de educación del cafierista gobierno provincial ha anunciado la “ilegalización" de la huelga. Asegurar la huelga en Santa Fe significa: elegir comités de huelga en cada uno de los distritos que tomen en sus manos la organización del movimiento de lucha y dar paso a un comité provincial de huelga, renovar los cuerpos de delegados a partir de asambleas en las escuelas, poner en pie coordinadoras de lucha en cada zona junto a padres y vecinos, votar la constitución de un gran fondo de huelga. Por el peso y la tradición de los trabajadores de la educación de Santa Fe está a la orden del día resolver el llamado a un encuentro de los docentes en huelga en todo el país para organizar un frente común contra gobierno y gobernadores.

El 3 de marzo pasado triunfó en Techint (obra de ampliación de la Petroquímica General Mosconi) la lista de unidad antiburocrática, con casi 600 votos, contra un poco más de 400 de la Verde (PC) y menos de 200 de la lista de la burocracia de Farías.

El frente triunfante se conformó como resultado de un proceso de lucha donde los trabajadores, en una masiva asamblea, revocaron el mandato de la anterior Cl dirigida por Miño (ex aliado del PC transformado en agente de Farías y la patronal) y eligieron una Cl “provisoria". Esta misma asamblea mandató a estos compañeros para conformar una lista de unidad y lucha para aplastar a la burocracia en las elecciones que debían celebrarse inmediatamente.

Sin embargo, el PC decidió romper el frente y presentar lista propia, quebrando de paso el mandato de la asamblea. Argumentó que “no podía ir" en una lista que llevaba de candidato a un compañero del PJ que figuraba asimismo como vocal en la lista de la burocracia seccional de Fernández para las elecciones seccionales de UOCRA. Pero la dirección de Fernández conquistó la seccional en el 84 en frente con el PC, y hasta pocos días antes del cierre de presentación de listas para las elecciones seccionales de la UOCRA, el PC intentó integrara Fernández a la Naranja-Violeta. Asimismo, el PC se ha negado a que la Naranja-Violeta realice crítica alguna contra Fernández, con el argumento de que el enemigo principal es Farías.

Como se ve el PC no tiene nada contra Fernández, quien, por el contrario, forma parte, para el PC, de ese “sindicalismo de liberación” en el que incluye a Ongaro, Piccinini y hasta hace poco a Guillán.

Todo lo contrario, el PC rompió la lista antiburocrática para tener las manos libres para una negociación con Fernández a nivel seccional, algo con lo que está en desacuerdo el conjunto de los activistas clasistas de la lista antiburocrática.

Es necesario que la lista Naranja-Violeta, que actúa en el orden nacional de la Uocra, condene la política divisionista de la Verde en Techint. Quienes promovieron la división lideran la Naranja-Violeta en la seccional La Plata.

La victoria clasista ha reforzado la tendencia de lucha de la obra, que reclama un aumento salarial inmediato, en vista de que los trabajos terminarán aproximadamente por octubre. La burocracia de Farías y el ministerio de Trabajo, tanto el radical como el del “pueblo" de la provincia de Buenos Aires, no quieren reconocer a la nueva interna, que se ve obligada así a actuar en precarias condiciones legales. Llamamos a todos los trabajadores de la Uocra y a los activistas a defender a la interna de Techint y a apoyar la lucha en esta obra iniciando planes de lucha en todas las obras.

Las Madres de Plaza de Mayo han convocado para el próximo 23 de marzo a una Marcha de repudio con motivo de cumplirse un aniversario del golpe militar de 1976.

Cualquiera puede apreciar que esta convocatoria se produce en un momento muy especial en lo que hace a la vigencia de las libertades democráticas.

Hace pocos días, el gobierno nacional tuvo la osadía de crear por decreto un “comité de seguridad interior" que pone en manos de los militares de la dictadura y de los “carapintadas" el cuidado de “la vida, la libertad, la tranquilidad y la propiedad” de la ciudadanía.

¡Los raptores de 30.000 vidas, los secuestradores de los ahorros y viviendas de miles de ciudadanos y los violadores de todas las libertades han sido convertidos nada menos que en sus custodios!

El decreto prevé la creación de “zonas de emergencia” sin la necesidad de que intervenga el parlamento, y autoriza a reprimir sin que intervenga el juez. En las “zonas de emergencia” las fuerzas armadas pueden poner bajo su mando a la policía ya los servicios públicos, es decir asumir el poder político sin necesidad de un golpe de estado.

Alfonsín ha logrado, en el final de su mandato, realizar el sueño de declarar el estado de sitio por simple decreto. Ha logrado alterar la Constitución sin necesidad de reformarla.

Los alcances del decreto autorizan la represión de cualquier lucha popular que pretendidamente afecte la “tranquilidad”, la “propiedad” o la “libertad”—la “libertad” para un carnero, por ejemplo, de romper una huelga.

El decreto faculta a las fuerzas armadas a realizar tareas de inteligencia interna (¡como si no lo hubieran estado haciendo ilegalmente todo este tiempo!), es decir a espiar a los argentinos. Todo el mundo sabe que este espionaje es el instrumento clásico de la provocación y del golpe de Estado.

Ya existe desde hace más de un mes un Consejo de Seguridad, igualmente creado por decreto, que le da categoría de ministros a los comandantes en jefe de las tres armas. Se ha vuelto así al sistema de gabinete paralelo. La “seguridad nacional” es un concepto que no tiene naturalmente límites, de modo que toda la economía y la política del país quedan bajo custodio de la camarilla militar.

Estos decretos apuntan a crear una situación que haga irreversible la sanción de una “ley de seguridad interior”, cuyo envío al parlamento es inminente.

Se entiende ahora claramente porqué este régimen y sus partidos capitularon ante tres levantamientos “carapintadas” y luego se aliaron con éstos para perpetrar la masacre de La Tablada.

Frente único contra las libertades

Alfonsín y Angeloz no están solos, sin embargo, en la tarea de promover a la camarilla militar al status de custodio de la democracia.

¡Menem se queja de que se estaría “desmantelando” a las fuerzas armadas! Dice que apoya su intervención en la represión interna, aunque no concuerda en que participen en “inteligencia interior”, como si una cosa no viniera de la mano con la otra.

Carlos Saúl Menem ha recorrido todo el país, pero no ha llamado nunca a movilizarse contra esta virtual militarización del Estado. El “renovador". Cafiero, que posa de custodio de la democracia dentro del justicialismo, no ha actuado de manera diferente. Tiene un programa periodístico en Radio Provincia, pero no lo ha convertido en tribuna de movilización para la defensa de las libertades.

Alfonsín y Angeloz (¡este último va también como candidato de un partido de la dictadura y pide que lo voten como un seguro de la democracia!); Alfonsín y Angeloz no están solos. Si el justicialismo y Menem lo hubieran querido, esta militarización no hubiera podido pasar.

¡Menem acepta esta herencia represiva para su futuro gobierno!

La conclusión no puede ser más clara: los “demócratas” se levantan contra las libertades democráticas con el fin de asegurar la aplicación de los planes del FMI y los intereses de los explotadores.

Estos decretos del gobierno avalados por la oposición, son una declaración de guerra de los “demócratas” contra la democracia. Los que pactaron con la dictadura militar la “transición a la democracia”, y los que luego firmaron “actas democráticas” para capitular ante Rico y Seineldín y votar las leyes de punto final y de obediencia debida, pretenden rematar su obra.

Los “demócratas” se levantan contra los derechos políticos del pueblo en medio de una crisis económica colosal, porque pretenden superarla, precisamente, con un colosal ataque contra los trabajadores.

Llamado a las bases de la izquierda

Esta ofensiva contra las libertades democráticas encuentra a las bases de la llamada izquierda democrática en una completa crisis, como consecuencia de la política seguida por sus dirigentes.

Con el pretexto de delimitarse del “putchismo” de los que atacaron el cuartel de La Tablada, los dirigentes de Izquierda Unida y de toda la izquierda democratizante mantienen hasta el día de hoy un silencio cómplice frente a la masacre allí perpetrada por el Estado, el alto mando militar y los “carapintadas”, que emplearon para ello el bombardeo pesado indiscriminado y las bombas de fósforo.

IU y los demás justifican los decretos represivos como una respuesta que estaría legitimada por la ocupación del cuartel. Esto es una capitulación política y moral ante el Estado capitalista y sus aparatos represivos, que primero se valen de las sublevaciones “carapintadas” para justificar el punto final y la obediencia debida y luego se valen de un ataque a un cuartel “carapintada” para justificar la militarización del Estado.

La capitulación de Izquierda Unida y de sus “amigos” ha allanado el camino a la ofensiva reaccionaria, y por sobre todo ha golpeado a su base dispuesta a enfrentarla.

¿Cómo sorprenderse entonces de que Izquierda Unida y sus compadres se encuentren saboteando la movilización de las Madres? El partido de Néstor Vicente, Idepo, anunció hace diez días que no asistiría a la marcha de Madres y el partido de Luis Zamora, el hombre que concurrió al ministerio del Interior el martes 24 de enero a solidarizarse con la represión, está acusando a Madres de abandonar su programa para justificar de abandonar su programa para justificar su sabotaje a la movilización.

Vicente acaba de declarar al Tribuno de Salta que la legislación represiva vigente y la ley de Defensa nacional son suficientes y “aptas” para enfrentar lo que llamó la “violencia”, dando así su apoyo a la represión del Estado burgués. Para el izquierdista Vicente todas las violencias son iguales, las del opresor como las del oprimido. Esta es la gente que habla en su programa de desmantelar el aparato represivo.

Lamentablemente para Vicente, la ley de Defensa que él defiende plantea la necesidad de dictar una ley de seguridad interior y, mientras tanto, ella misma fija las características de esa represión interior.

Todos a la Plaza

El Partido Obrero llama entonces a todos los trabajadores y a las bases de la izquierda a marchar el 23 de marzo a la Plaza de Mayo en defensa de las libertades democráticas.

Por la investigación de la masa-ere de La Tablada, por la abolición de los Consejos de Seguridad Nacional y de Interior, por el juicio y castigo a todos los culpables de los crímenes cometidos contra el pueblo, por la cárcel a los genocidas, y por la libertad a los militantes populares.

El Partido Obrero llama a que esta movilización sirva a un reagrupamiento de fuerzas clasista, revolucionario y consecuente, que es el único que puede sacar a las bases de la izquierda del marasmo actual.

15/3/89

El PO se concentra frente al Cabildo a las 17.30 hs.

1976 – 24 de marzo – 1989

Repudiamos

• El golpe militar del 24 de mano de 1976 y los cuartelazos de Semana Santa. Monte Caseros y Villa Martelli.

• A la dictadura militar, culpable de la represión, la tortura, el asesinato, el hambre, la miseria y la explotación de todo el pueblo.

• A las FF.AA. genocidas y sus cómplices civiles: dirigentes políticos, obispos, empresarios y burócratas sindicales.

• Al gobierno y a la “oposición", responsables de la impunidad de los asesinos con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

• La reivindicación de las FF.AA. y del terrorismo de estado a través de la amnistía, la “reconciliación’ o la "pacificación nacional".

• La militarización creciente de la sociedad, la reimplantación de la Doctrina de Seguridad Nacional y la creación de organismos y cuerpos especiales de vigilancia y represión de las organizaciones populares.

Hoy más que nunca

¡RESISTIR es COMBATIR!

Convocamos a la movilización popular 23 de Marzo - 18 horas - Plaza de Mayo

Madres de Plaza de Mayo