Prensa Obrera N° 259

¿Son los trabajadores quienes financian la campaña del Partido Justicialista? De ninguna manera. Aunque se jacte de contar con tres millones y medio de afiliados -entre los que se encuentran personas de las más diversas clases sociales- no son tampoco éstos quienes sostienen económicamente la campaña del justicialismo. Una iniciativa para que “los afiliados partidarios hicieran aunque más no sea un ‘aporte simbólico’”, dice Clarín (13/1), “no prosperó”. En definitiva, “los conductores de la campaña, concluye el diario pro-justicialista, reconocen que se surten exclusivamente de los empresarios”. Cabe entonces preguntarse cuál es el carácter de clase del Partido Justicialista. No es, indudablemente, el que corresponde al de la mayoría de sus afiliados, sino al de tos que ponen el combustible que permite el funcionamiento de la maquinaría partidaria. El Partido Justicialista, desde el momento en que está financiado por los capitalistas, es un rehén político de esta clase social El PJ ha abultado el registro de su padrón interno para mejor disimular su dependencia de los explotadores. El Partido Justicialista reproduce el mismo mecanismo de engaño que caracteriza al régimen democratizante en general. En este régimen el Estado parece encontrarse bajo la dependencia de los ciudadanos, o de la llamada soberanía popular -simbolizada en el sufragio universal. Pero esto es abstracto. En el plano concreto el Estado se encuentra directamente subordinado a la bolsa de los capitalistas (nacionales e internacionales) de la cual dependen las finanzas públicas. No sorprende entonces que los gobiernos designados por una mayoría popular compuesta de trabajadores, gobierne para la minoría de los capitalistas. Los partidos patronales compiten entre sí por el apoyo económico del capital. Rivalizan en los ofrecimientos que puedan interesar a los explotadores. Menem ofreció la presidencia del Banco Central al presidente de la Asociación patronal de Bancos, Roque Maccarone, y el ministerio de Economía a Arnaldo Etchart, un bodeguero de la poderosa Unión Industrial y de la oligarquía salteña. El ministerio de Trabajo se lo ofreció a un hombre que figura en la planilla reservada a los altos sueldos de Autolatina, el burócrata José Rodríguez. En el seno del justicialismo actúa una legión de personas que se considera a sí misma de izquierda o antiimperialista, y que sostiene que el PJ es un canal válido para imponer las reivindicaciones de las masas. Esta izquierda contribuye de este modo al mantenimiento del engaño característico de los partidos y del Estado democráticos. Cumple así una tarea altamente apreciada por los explotadores. Sin el concurso de esa izquierda la tarea de someter a los trabajadores a una dirección patronal sería considerablemente más difícil Pero de ningún modo la presencia de esa “izquierda” o “militantes populares" constituye una prueba del carácter “policlasista” del justicialismo. Este hecho sólo demuestra la posición subordinada de la pequeña burguesía o del individuo que actúa al margen de la acción colectiva de la clase obrera, respecto al capital No son más que funcionarios del sistema, es decir, su burocracia. Entre el programa del partido justicialista, que aboga por el pago de la deuda externa mediante la entrega del patrimonio nacional; por la liquidación de la estabilidad laboral; por la anulación del derecho de huelga; por la profundización de la política de entrega petrolera del alfonsinismo; etc.; entre este programa y la fuente de provisión de fondos del PJ existe una estrecha vinculación. Ellas definen el carácter de clase patronal del justicialismo.

Las dos centrales sindicales, CUT y CGT, han convocado a un paro de 48 horas para el 14 y 15 de marzo, en reclamo de la reposición de las pérdidas salariales impuestas por el Plan Verano, que confiscó de un saque entre el 40 y 50% de los ingresos de los trabajadores. Como resultado de ello el nuevo salario mínimo fue fijado por el gobierno en 63,90 nuevos cruzados, lo que no llega a los 40 dólares. El gobierno Sarney había decretado a mediados de enero el congelamiento de precios y salarios después de impulsar una suba impresionante de los precios que llevó la inflación de 45 días a la escalofriante cifra de 70,28%. Las direcciones sindicales esperaron nada menos que dos meses para adoptar alguna medida aislada contra el "pacotazo veraniego, algo que parece apuntar a no quedar totalmente descolocadas ante los trabajadores. Debe tenerse en cuenta que el mes que viene está prevista la renovación de los convenios del poderoso gremio metalúrgico. La burocracia de la CGT estaba negociando con el gobierno poco antes del “pacotazo" un “pacto social” para “contener la inflación” y hoy pretende aparecer como traicionada'’ por el gobierno. La dirección de la CUT, por su parte, también había formulado una propuesta de pacto social como si la descomposición capitalista pudiera resolverse armoniosamente entre patrones y obreros. Durante un mes, hasta mediados de febrero, los burócratas esperaron, naturalmente que en vano, a que el Congreso restableciese la indexación salarial. Los anteriores paros generales de fines del 86 y agosto del 87 fueron cumplidos solo parcialmente y si fuera por la conducta de los burócratas sindicales no sería distinto en este caso. Los trabajadores, por su parte, perciben que para derrotar el “pacote" veraniego se necesita que los sindicatos se empeñen en una lucha verdadera y decisiva. En este sentido debe apreciarse la resolución que tomaron varios sindicatos de la capital paulista para “continuar la huelga a partir del 16 en forma Indefinida hasta la total recuperación de las pérdidas salariales” (O Estado de Sao Paulo, 25/2/89). La decisión ya fue adoptada por los químicos, farmacéuticos y pásticos que abarcan 220 mil trabajadores. El debate también está instalado entre los metalúrgicos paulistas. Diez mil trabajadores (sobre un total de 350 mil) comenzaron el 22/2 una huelga indefinida “contrariando las orientaciones del sindicato que pretendía esperar para parar todos juntos “(ídem). La amplitud del paro y el impulso que le haya logrado dar el activismo sindical indicará hasta qué punto ha logrado predominar la política de estrangulamiento de los burócratas o, por el contrario, se abre una nueva fase de ascenso de la lucha de los explotados brasileños.

Eastern Airlines, la gigantesca transportadora aérea yanki, está paralizada por la huelga declarada por sus 8.500 mecánicos y auxiliares de tierra, en lo que constituye "la primera huelga norteamericana de gran magnitud en ocho años” (Clarín 5/3). La huelga de la Eastern retomó las mejores tradiciones del sindicalismo norteamericano. Los aguerridos piquetes de los mecánicos bloquearon el ingreso a centenares de aeropuertos haciendo fracasar miserablemente la tentativa patronal de utilizar rompehuelgas para quebrar la lucha. El paro de los mecánicos despertó inmediatamente la solidaridad activa y militante de otros sectores laborales. “La huelga -declaró un dirigente sindical- tiene el apoyo más abrumador que se haya visto en la historia del movimiento laboral y otras compañías aéreas podrían ir a la huelga” (Clarín, 5/3). “Los mecánicos de otras áreas del transporte, entre ellos los del sistema ferroviario Amtrak y los de las líneas de servicios suburbanos podrían resolver medidas de adhesión” (Clarín, ídem). La solidaridad masiva de los trabajadores de otros gremios con los mecánicos está mostrando que la maduración combativa es un proceso extendido a vastos sectores del proletariado yanki. Todo indica que la huelga de la Eastern pone fin al reflujo sindical que se inició hace ocho años, con la derrota de la gran huelga de los controladores aéreos propinada por el gobierno de Reagan, quien despidió a más de 4.000 trabajadores. La derrota de los controladores abrió el camino a un ataque masivo del capital: se redujeron los salarios de convenio y la asistencia social y se perdieron importantes conquistas laborales. Los gremios aeronáuticos fueron especialmente castigados: la guerra comercial entre las compañías aéreas redundó en una rebaja salarial considerable, en el aumento de los ritmos de trabajo y en la caída de los standards de seguridad. La huelga de tos mecánicos de la Eastern y la amplia simpatía obrera que ha despertado ponen en evidencia una recomposición de las fuerzas de los sindicatos. La huelga preocupa a Bush -quien declaró tener lista para aplicar inmediatamente una nueva legislación para poner a los piquetes obreros fuera de la ley. “La huelga de la Eastern es una apuesta para los trabajadores estadounidenses” titula el International Herald Tribune (6/3). También lo es para la burguesía. Pero esta vez ganarán los trabajadores.

Hace un mes cuando aún estaba fresca la masacre de La Tablada, toda la “democracia" de América Latina se reunía en Caracas, con la presencia del vicepresidente norteamericano, Quayle, y de Daniel Ortega y Fidel Castro, para celebrar el ascenso a la presidencia de Carlos Andrés Pérez. El dueño de casa y los invitados aprovecharon la ocasión para solidarizarse con Alfonsín y para esparcir la especie de que con el nuevo mandatario venezolano se consolidaba la “tendencia nacionalista" de América Latina frente a la banca internacional. Solo 30 días más tarde Pérez negociaba con los bancos, pactaba con el FMI, desataba la carestía y promovía una represión que ya se ha cobrado la vida de 500 trabajadores. En una verdadera síntesis de lo que es la preocupación esencial de los gobiernos capitalistas de todo el mundo, un diario norteamericano se preguntó: “¿es Venezuela ‘el espejo’ de lo que habrá de ocurrir en toda América Latina?” El periódico yanqui hace muy bien en poner las barbas en remojo. Los sucesos de Venezuela, que ya se han cobrado la vida de 500 trabajadores, no son solamente una consecuencia del pago de la deuda externa y de la aplicación de los planes del Fondo Monetario Internacional. Son, además de esto, la consecuencia de una enorme estafa política al pueblo de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, el presidente venezolano, está en su cargo hace poco más de un mes. Llegó a él mediante una campaña en la que proclamó que la deuda externa no se podía pagar, que los planes del FMI eran perjudiciales para las naciones endeudadas, que los gobiernos de éstas debían formar un “club” para resistir a los acreedores y que la deuda externa debía reducirse en un 50% porque precisamente el “valor de mercado" de ella había caído a la mitad. Pero apenas llegó al gobierno devaluó el bolívar en un ciento por ciento, liberó los precios y duplicó las tarifas públicas y los combustibles. Rompió así en 24 horas el precario equilibrio que le permitió sobrevivir en los últimos veinte años al pobrísimo pueblo de Venezuela. La disminución de la renta extraordinaria que obtiene Venezuela por los altos precios del petróleo y la aparición de la enorme carga que significa la deuda externa usuraria reemplazaron el “idilio” democrático del que se jactaban todos los gobiernos por la masacre "democrática". En solo 30 días Carlos Andrés Pérez mostró las limitaciones insalvables de todos los políticos burgueses democratizantes ante la envergadura de la catástrofe que asuela a América Latina. “Carlos Andrés”, como se popularizó demagógicamente, es sólo un anticipo de los Carlos Menem y de otros como él, de la misma manera que el peruano Alan García, en cuyo apoyo los justicialistas argentinos sacaron un famoso afiche (“patria querida dame un presidente como Alan García”), fue un anticipo de este Pérez venezolano. Hace sólo una semana, Carlos Menem cometió la mayor “metida de pata” de toda su campaña electoral, lamentablemente en el marco de la circulación reducida de la revista El Porteño. Con verdadera intuición árabe declaró que le parecía “excelente” que en la presidencia de Brasil estuviera Brizola, en la de Venezuela Pérez y en la de Argentina, él, naturalmente. La identificación que Menem hizo por anticipado entre él y el masacrador venezolano, define sin la necesidad de agregar comentarios la perspectiva política del candidato riojano. La rebelión del pueblo venezolano fue enfrentada por Carlos Andrés Pérez por medio de la suspensión de las garantías constitucionales, del estado de sitio y del disparo a quemarropa. El presidente se “justificó” de una manera típicamente alfonsinista: las rebeliones -dijo- se hacen a las dictaduras, no a las democracias. ¿O acaso el pueblo no puede elegir? ¡Pero eso fue lo que hizo el pueblo de Venezuela hace sólo pocas semanas a su propio costo, como víctima propiciatoria de la descomunal hipocresía de los políticos patronales y de su régimen! Las conclusiones no pueden ser más claras: la democracia es un régimen de clase de los explotadores que se encuentra en completa descomposición, y que se vale de la hipocresía, de la represión y de la masacre para sobrevivir. En este régimen no tiene espacio la pretendida ‘justicia social” que pretende hacer prevalecer en él el reformismo del tipo de Izquierda Unida. Los trabajadores deben formar su propio partido, contra la burguesía y la pequeña burguesía, y luchar por su propio gobierno y la unidad socialista de América Latina.

“El Papa es mucho más gentil que Khomeini, pues ante el estreno de la película de Scorsese ‘La última tentación de Cristo’, no exigió a los católicos que mataran a su director”. La inevitable ironía viene del corresponsal del diario ‘O Estado de Sao Paulo’, un vocero de la derecha brasileña que se encuentra enfrentado a un sector de la jerarquía católica de su país. ¿Pero acaso el Papa es realmente más “gentil” que el Imán? No parecen indicarlo así las bombas que fueron colocadas en los cines donde se proyectaba “Yo te saludo María”, del francés Godard, una película también estigmatizada por el Papa. Ni tampoco las manifestaciones integristas que vociferaban consignas de muerte contra los cineastas “blasfemos”. Al final, uno de los Beatles fue muerto en la puerta de su hotel varios años después de haber desatado un escándalo con la afirmación de que él era más popular que Jesús. Las condenas religiosas tienen todas un carácter criminal, no por potencial menos efectivo. Cuando la “civilización occidental” pretende compararse con beneficio con la islámica sólo revela con ello su mayor hipocresía. Pero los incidentes provocados por el libro “Los versos satánicos” han servido para poner de relieve algo más, a saber que la “blasfemia” se castiga en Occidente cuando afecta a la religión católica, pero no cuando lo hace con otras religiones. Esto demuestra el carácter clerical de todos los estados occidentales, incluso cuando su constitución establece la separación de la Iglesia del Estado A un diputado laborista no se le ha ocurrido mejor cosa que proponer una ley que castigue todo tipo de “blasfemia”, en lugar de abolir las existentes. Lo mismo ha propuesto el representante soviético en la ONU, lo que sirve para dejar claro lo que Gorbachov entiende por “transparencia”. La tendencia “igualitaria” del Estado de derecho consiste en poner a los ciudadanos en el más bajo nivel común posible. Las figuras de “blasfemia” o de “injurias” sirven para poner a la libertad de expresión y de creación bajo la vigilancia del código penal. Allí donde ellas existen no existe la libertad de prensa y el oficio de pensar puede transformarse en causal de prisión. Todos los estados burgueses y burocráticos son, por esto mismo, una forma cínica de khomeinismo. Hay que tener presente, igualmente, que el conflicto desatado por los “versos satánicos” enfrenta al “estado de derecho” clerical de los países imperialistas al absolutismo religioso-clerical de un país oprimido. Es decir que esconde en sus pliegues un enfrentamiento nacional. Con la guerra entre Irak e Irán aún no concluida; con las tropas del primero aún en territorio del segundo; con la flota norteamericana que todavía patrulla el Golfo Pérsico; la “guerra santa” desatada por Khomeini es una arma de presión, a la que ya ha recurrido más de una vez el Imán, para aflojar el cerco imperialista. Khomeini fue, en realidad, el último mahometano en pronunciarse sobre el cuestionado libro, algo que manifiesta su escaso celo religioso. Los musulmanes que viven en Londres, o aquellos que viven en Bombay, bajo la opresión británica o hindú, fueron los primeros en manifestarse hace ya cuatro meses, vehiculizando de este modo indirecto su enorme protesta social contra los regímenes opresores que los pisotean diariamente. La creación literaria del escritor Rushdie ha sido la víctima semi-involuntaria de este gigantesco enfrentamiento social. El mundo dejará de oír hablar de los “Versos satánicos’’ en poco tiempo cuando el imperialismo y el Ayatollah arriben a un acuerdo a costa de la libertad de expresión en occidente y de la libertad nacional en oriente.

Entre la cincuentena de convenios laborales que han sido firmados figura el de los trabajadores de la industria plástica, cuyo sindicato dirige Jorge Alberto Triaca, principal mentor del grupo de los “15" y columna vertebral del menemismo. Triaca es también partidario de la “flexibilización laboral”, y el convenio plástico le sirvió para dar una clase práctica de lo que eso significa. Uno, el convenio plástico autoriza el contrato de trabajadores eventuales, es decir temporarios, con el único requisito de que aporten al sindicato y a la obra social (art. 4). Dos, autoriza los “sistemas de premios a la producción, a la asistencia, o por cualquier otro concepto” con el acuerdo de la patronal y la interna (art. 26). Tres, los ritmos de la producción en cada establecimiento se determinan al margen de la opinión de la base del establecimiento, entre un técnico nombrado por la patronal y otro por la burocracia (art. 7). Cuatro, la comisión paritaria (que nombra la burocracia) podrá acordar con las patronales sistemas de trabajo no contemplados en el convenio, es decir que da vía libre a la “productividad" (art. 3). Aunque no es nuevo, la declaración de insalubridad de un establecimiento o sección queda en manos del Ministerio de Trabajo. En “agradecimiento" a toda esta “flexibilidad" el artículo 46 establece que “todos los empleadores deben efectuar una contribución mensual al sindicato plástico, por cada trabajador comprendido en el convenio y equivalente al valor de 12 horas de la categoría primera". Trabajadores de “primera” y “segunda" (temporarios), superexplotación (premios de producción y asistencia), dispersión salarial: éste es el modelo de sindicato “moderno” que quieren imponer Menem y la burocracia. Como se recordará, al trascender la posición de los equipos menemistas a favor de la “flexibilidad”, la dirección de la CGT declaró que “la adecuación de los puestos de trabajo, de las relaciones laborales, los cambios en el proceso productivo debe negociarse en los convenios colectivos de trabajo”. Es lo que están haciendo los burócratas con cada uno de los convenios que están saliendo, sin hacer ruido, de las cámaras empresariales y de las oficinas del Ministerio de Trabajo. Hay que exigir la publicidad de los convenios, su discusión en Asamblea y el rechazo de todas estas cláusulas de superexplotación.

El secretario general del Smata y diputado por el PJ, José Rodríguez, declaró por Radio Rivadavia que Carlos Menem le había ofrecido el Ministerio de Trabajo en el caso de que el PJ gane las elecciones el 14 de mayo. Recordó, además, que el mismo cargo le había sido ofrecido por el presidente Raúl Alfonsín en 1987. Aún están frescas las imágenes televisivas del plenario de la CGT, en aquella oportunidad, que mostraron a Rodríguez defendiendo con pasión la oferta del cargo que luego habría de ocupar Alderete. El país tiene una frondosa “tradición” de “ministros obreros” ¿Para qué han servido? En 1973 miles y miles de trabajadores se enriquecieron coreando la consigna “se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical”, pero se tuvieron que tragar el sapo cuando el Ministerio de Trabajo fue ocupado por un hombre que provenía del propio riñón de esa burocracia que ellos combatían. Ricardo Otero, un hombre surgido de las entrañas del vandorismo, dilecto amigo de Lorenzo Miguel, fue seleccionado para mantener el fiel de la balanza entre los sindicatos y los trabajadores; sin que esto importara mucho, decían sus apologistas, porque, aquí “mandaba Perón”. Tampoco importó demasiado que un patrón, Ber Gelbard, ocupara el Ministerio de Economía, porque así se armaban los pilares del “pacto social” arbitrado por el Estado. En realidad, el “pacto social” era una pata de un proyecto político que tenía como finalidad desmovilizar a los trabajadores y al mismo tiempo congelar sus salarios. Cuando el acuerdo no logró detener la carestía y puso de relieve su inviabilidad, vino el conflicto. Matarazzo, Jabón Federal, Imsu, Villa Constitución, etc., fueron a la lucha, y allí apareció entonces el “ministro obrero” jugando el rol para el que había sido designado. Según las circunstancias impuso la conciliación obligatoria o el arbitraje en favor de las patronales. Pero donde pudo verse con mayor nitidez la función de Ricardo Otero, fue en la huelga de los obreros del Smata de Córdoba En ese conflicto, el Ministro de Trabajo que tantas veces había declamado su “antiimperialismo”, declaró ilegal la huelga y se puso del lado del capital extranjero que tanto decía combatir. Poco tiempo después, el ahora flamante candidato para ese Ministerio actuó como punta de lanza de la empresa monopólica Ika-Renault, esto de la mano de las tres A" del fascista brigadier Lacabanne y del brazo derecho de éste, el jefe de policía García Rey, para despojar a los trabajadores de su sindicato. Los dirigentes y delegados que fueron detenidos, terminaron en la cárcel del Chaco, donde pasaron 7 y 8 años encarcelados sin juicio ni proceso. Otros que en ese momento lograron escapar fueron posteriormente secuestrados por la dictadura militar y asesinados, tal es el caso de René Salamanca, Adrián Machado, Mario Sánchez y muchos otros que hoy están desaparecidos. Ricardo Otero fue también el hombre que anunció que iría a erradicar a la izquierda de Córdoba en febrero de 1974, anunciando así el levantamiento de la policía (“navarrazo”) que provocaría la destitución del gobierno de Córdoba por Perón y el comienzo del terrorismo en aquella provincia, que segaría la vida de notorios dirigentes peronistas, como el tranviario Atilio López. ¿Qué nos espera a los trabajadores de este posible ministro que ya fue colaborador de la represión? Hay que tener presente que el Pacto Social de 1973 se dio en el marco de una crisis muchísimo menor que la actual. El pacto social propuesto por Menem tiene características aún más reaccionarias que el que intentó Perón. Menem propone que sea sancionado por el Congreso para elevarlo a la categoría de ley. Una violación del “pacto” sería castigada entonces con la cárcel. La cárcel es una “herramienta de trabajo” que José Rodríguez conoce bien pues fue colaborador de la dictadura de Videla a través de la “comisión asesora” que funcionaba en el SMATA junto al interventor militar. Desenmascarar el carácter reaccionario y derechista del menemismo y de sus acólitos, es un deber de todo partido que tenga como referencia al movimiento obrero. El silencio u omisión es complicidad.

Frente a las puertas de este frigorífico, los compañeros despedidos instalaron una olla popular donde funciona la Comisión de Lucha por la reincorporación de los despedidos. Los compañeros que encabezaron, junto a los obreros del Swift, una importante huelga contra la miseria salarial. Prensa Obrera fue a entrevistarlos para que los activistas de todo el país conozcan la verdad. PO: ¿Cuál era la situación de la planta antes del conflicto? Acá siempre se discutió entre los compañeros las pésimas condiciones de trabajo de la planta: el obrero que se jubila no sirve para nada, ya que la humedad, el frío y la brucelosis terminan con nosotros. Los sueldos que cobramos son verdaderas miserias: la última quincena, cobramos ₳ 900. Ante esta situación, veíamos la necesidad de organizar nosotros la lucha que el sindicato venía postergando, diciéndonos, desde hace cuatro meses que el aumento se “venía discutiendo”. PO: ¿Cómo llegan al paro? Nos enteramos que el Swift estaba en paro por aumento salarial. Ahí, nosotros nos solidarizamos y salimos al paro. En ese momento, la burocracia largó un paro dominguero, para evitar que fuéramos nosotros quienes lideremos la lucha. Pero al día siguiente de ese paro, hicimos una asamblea en planta: decidimos revocar el mandato de los delegados y elegir otros. La patronal, entonces, recurrió a móviles policiales para cercar el frigorífico, dispersarnos e impedir que siguiéramos organizados. Luego, despidió a 60 compañeros. PO: ¿Cuál es la situación ahora? Por ahora, la huelga se levantó, pero los compañeros que están adentro están tratando de organizar la lucha por nuestra reincorporación. Queremos aclarar que en esta huelga, el sindicato, con sus patas de plomo, siempre quiso destruir nuestra organización con provocaciones y matonaje. Queremos destacar que nuestro programa de lucha es: reincorporación de todos los despedidos, el repudio a la burocracia de Cabrera, por un aumento del 47% ya, que renuncien tos delegados de la burocracia, y por mejores condiciones de trabajo.

Desde hace quince días, los trabajadores de la Fábrica Militar Domingo Matheu están en lucha. En esta fábrica, la miseria salarial estaba disimulada por un plus de 800 australes que se venía cobrando durante el año pasado, y por las horas extras. Pero desde que comenzó este año, la patronal no pagó el plus ni tampoco hubo horas extras: como consecuencia de esto, en la última quincena se cobraron alrededor de ₳ 1100. El mismo día de cobro, se organizó una asamblea y se resolvió el paro. Lejos de apoyarlo, la dirección de ATE concurrió a la planta a “sugerir" su levantamiento, a la espera de un Plenario de Delegados que debía realizarse próximamente en Buenos Aires. Los obreros rechazaron este planteo, y resolvieron seguir con el paro hasta obtener ₳ 2000 de plus, o un aumento del 50% en el básico. También fue rechazada una intimación del director de relaciones industriales de la planta, amenazando con la ilegalidad de la huelga. El paro sigue más fuerte que nunca: ya se realizaron dos movilizaciones al Ministerio de Trabajo, y es probable que se sume la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, situada en el cordón de San Lorenzo.

La patronal del Swift y la burocracia del sindicato de la carne se juntaron para reprimir violentamente a los trabajadores en lucha. En la madrugada del pasado lunes 20, la flamante comisión de lucha convocó a una asamblea para ratificar la continuidad de la huelga por el 47% de aumento. La burocracia de la carne -que acaba de “arreglar” por un 41%, pero para todo el cuatrimestre- disolvió la asamblea a punta de pistola y lo mismo hizo contra los intentos de reagrupamiento en las inmediaciones del frigorífico. Montada en este ataque, la patronal procedió a despedir a 160 compañeros (entre ellos, a lo mejor del activismo) y a intimar a la “normalización de las tareas”. Al día siguiente, la burocracia secundada esta vez por móviles policiales atacó a los piquetes obreros para hacer cumplir la resolución patronal. Hoy el frigorífico se encuentra militarizado: en cada mesa de trabajo hay un matón y un policía de civil para impedir cualquier tipo de resistencia. Aun así, ésta comienza a reestructurarse a partir de los compañeros despedidos: los cesantes del Swift y de la ex-Cap han constituido una Comisión que está realizando un gran esfuerzo para organizar la lucha por la reincorporación. Es importante destacar que el sindicato de la Carne lo encabeza el burócrata Cabrera, candidato justicialista a diputado nacional por Santa Fe. Hace rato que “Cabrerita” es repudiado por el gremio; los trabajadores de la carne ganan uno de los salarios más bajos del país y carecen de democracia sindical. Como consecuencia de la “lista única”, en la última elección del gremio casi nadie concurrió a votar. Compañeros despedidos de la ex-Cap se preguntaban: “¿Y ahora, qué hará Cabrera? ¿Se subirá a la tribuna de Menem para hablar a favor de los trabajadores?” Cabrera ha hecho, justamente, lo que Menem quiere de la burocracia sindical: doblegar, de cualquier manera, la resistencia obrera a los planes patronales de superexplotación. La experiencia de los obreros del Swift debe servir para reforzar la lucha por una nueva dirección sindical y política en el Swift y en todo el movimiento obrero.

Cuando el sábado 25 de febrero el congreso del Partido Justicialista se aprestaba a discutir el programa de la agrupación, el congresista Palarea hizo notar que ni él ni el resto de los delegados conocía siquiera el borrador de la plataforma. Como si fuese la cosa más natural del mundo el presidente del Congreso, el senador santiagueño, Carlos Juárez, le contestó que no se preocupara porque él tampoco sabía lo que se iba a tratar. Si este ha sido el método con el que el PJ encaró la aprobación de su programa, ¿qué decir de la participación de los afiliados en su elaboración? Por cierto que ella fue nula. Nadie se tomó el trabajo de “consultar a las bases”. ¿A quién corresponde entonces la autoría del programa? Ni hace falta decir que corresponde a la cúpula del justicialismo, ligada por miles de vínculos a los empresarios y a los “grupos técnicos” de éstos, que tuvieron centenares de oportunidades de establecer el carácter del programa, por medio de “mesas redondas”, “intercambios de ideas” y “consultas recíprocas”. La absoluta falta de protagonismo del congreso del PJ en la elaboración del programa es una expresión inconfundible de que se trata de una cáscara burocrática de arribistas políticos al servicio de la clase patronal. La deuda externa En ausencia de un borrador de la plataforma, su contenido fue explicado a los congresales por Cafiero y luego trasvasado a los diarios, que publicaron sus “puntos salientes”. Con relación a la deuda externa, el programa del PJ afirma que la experiencia ha demostrado el fracaso de dos políticas: la política de pagar y la política de no pagar. La única “tercera posición" que se conoce entre pagar y no pagar es endeudarse aún más. De esta tesis original nace la propuesta del PJ de pactar una moratoria de la deuda externa con los banqueros. La propuesta no tiene nada de revolucionaria porque significaría aumentar la deuda externa, en los cinco años que tendría vigencia la moratoria, en cerca de 30.000 millones de dólares Esto la llevaría a un monto aproximado de los 100.000 millones de dólares, y al pago anual de sus intereses a más de 10.000 millones de dólares. La consecuencia de esto sería un mayor esclavizamiento económico de la nación y su total aislamiento del circuito económico internacional. Los acreedores, sin embargo, no ganarían nada con esto, que sólo serviría para aumentar la insolvencia del deudor, y Argentina todavía menos. Todo esto nos dice que la propuesta justicialista apunta en otra dirección. Esa otra dirección la esclareció el diputado Toma en el programa de “interpelación” del lunes 27. El objetivo de la “moratoria concertada", dijo, es dejar de pagar los intereses en dólares y hacerlo en su lugar mediante la venta del patrimonio estatal o la autorización de otro tipo de inversiones. La revelación de Toma coincide punto por punto con lo planteado por el propio Menem en otras oportunidades, cuando dio su aprobación a esta “fórmula”, que fuera sugerida por el economista norteamericano Dornbush. Este virtual remate económico del país no termina, sin embargo, con el endeudamiento, ya que sólo se limita a sustituir intereses de pago inmediato por colocaciones de capital, lo cual significa que Argentina se endeuda a largo plazo por el monto de ese capital y a corto plazo por los dividendos que ese capital deberá girar al exterior. La limitación que tiene esta propuesta para los bancos acreedores, es que la legislación norteamericana no autoriza la “capitalización de intereses", pero ésta es precisamente una situación que el gobierno norteamericano está discutiendo modificar. La conclusión que se extrae de esta parte de la plataforma justicialista es que no existe una “tercera posición” entre pagar y no pagar, y que la propuesta por el justicialismo es la más gravosa de todas Asimismo es una propuesta inviable en la práctica, porque no existe la posibilidad de invertir tos cinco mil millones de dólares de esos intereses cada año en el país sin producir una sobreoferta descomunal de capitales y una consecuente reducción de sus beneficios. Sea como fuere, un gobierno justicialista dispuesto a pagar, deberá hacerlo en su mayor parte con dólares contantes y sonantes derivados del comercio de exportación y del menor consumo de los habitantes argentinos. Repatriar capitales El otro planteo significativo del programa del PJ es el que se refiere a crear condiciones para posibilitar la vuelta al país del capital que se ha fugado en los últimos 15 años. Esto retrata los intereses de clase del programa. Los capitales fugados totalizan 46.000 millones de dólares y sólo volverían en una mínima parte si se les concede ventajas excepcionales de explotación de los recursos del país, es decir, de los trabajadores. La repatriación de los capitales depositados en los bancos del exterior sólo es posible por medio de un acuerdo con los banqueros, lo cual significa que la “moratoria concertada" deberá ser un gran negocio para éstos si se quiere lograr alguna repatriación de capitales. Para viabilizar esa “repatriación” el programa del PJ propone un tipo de cambio alto, es decir una mayor desvalorización del austral y del salario (que se paga en australes), para hacer más rentables las exportaciones. Propone también “simplificar” el sistema impositivo, expresión que ha venido a significar en el último tiempo la supresión completa de los impuesto a las ganancias y al capital y el incremento de los impuestos al consumo. “Garantías de inversión a los países exportadores de capitales”, lo cual significa que el Estado asegurará la tasa de beneficios de estos capitales, algo completamente colonialista, como antaño ocurriera con los ferrocarriles ingleses. Se confiesa con esto algo extraordinario: el capital nacional fugado regresaría al país con el status de capital extranjero, garantizando para sí la protección de dos Estados y hasta la de la Corte Internacional de Justicia. Pero de todas las ventajas que reclama el gran capital en la situación actual, una de las mayores es la liquidación de la estabilidad laboral, algo que el menemismo postula bajo el nombre de la “flexibilización laboral”, y que el cafierismo admite implantar dentro de los convenios de trabajo. La “desregulación" que reclaman los capitalistas para todo, menos para la garantía de los beneficios, tiene por principal objetivo el “mercado de trabajo", es decir, la estabilidad laboral. Uno de los puntos más seriamente entreguistas, vinculado con todo esto, es el planteo de un “pacto federal” que permita “la administración por las provincias de sus propios recursos naturales en base a criterios concertados”. Esto que suena como muy del interior no es otra cosa que autorizar lo que Angeloz, en Córdoba, y Menem, en La Rioja, ya están haciendo, es decir, acordar directamente convenios de explotación económica con el capital internacional en base a la exención impositiva y al incumplimiento de las leyes laborales en las provincias. Esto permitiría ampliar la base geográfica del endeudamiento del país con el exterior y por lo tanto la base de la especulación capitalista con ese endeudamiento. El “federalismo” se presenta así como un factor de disgregación nacional en beneficio del imperialismo. La plataforma del PJ es uno de los planteamientos más entreguistas de la historia nacional, lo cual no le ha quitado el sueño a Alende, a Ramos o al “maoísta” PTP. Vale como un claro indicador de la tendencia de conjunto de la burguesía nacional, ya que estos planteos tienen lazos notorios de parentesco con el programa de Angeloz, de Alsogaray y hasta de Izquierda Unida (la cual plantea también, no la expropiación del capital, sino su repatriación, y, no el desconocimiento de la deuda externa, sino su no pago por un determinado tiempo, es decir la moratoria). Reforma constitucional Semejante programa económico exige naturalmente un violento reordenamiento del Estado, que en las actuales circunstancias debe realizarse constitucionalmente, ya que no están reunidas las condiciones de un golpe militar. De aquí nacen un conjunto de propuestas políticas, como la “reforma constitucional" y “el pacto social". La plataforma tiene el enorme descaro de caracterizar que el régimen democrático ha desarrollado “el protagonismo y participación del pueblo” y el “respeto a la soberanía popular”, sin olvidarse del “ámbito de libertad protegido por el estado de derecho”. Así ve la dirigencia del PJ las traiciones de Semana Santa y Villa Martelli, las leyes de punto final y de obediencia debida, la impunidad completa del aparato represivo, las medidas inconsultas de saqueo económico del país, la vigencia de las leyes e instituciones de la dictadura, el reconocimiento de los compromisos de ésta como la deuda externa, la violación de las promesas de los políticos en las campañas electorales, la permanencia de un gobierno que es minoría en el voto popular, la masacre de La Tablada, la libertad de operaciones de los servicios, el gatillo fácil en las barriadas, las leyes sindicales que perpetúan a los burócratas, el Cosena o la ley antiterrorista. Cuando un partido que ha colaborado en violar los derechos democráticos proclama en cambio su vigencia, ello es un seguro indicador que sus reformas políticas apuntan a restringir aún más las libertades públicas. Con el argumento de limitar el período presidencial a cuatro años, la reforma constitucional del PJ la amplía a ocho porque permite la reelección. Con el argumento de fortalecer el parlamento, propone, como ya ocurre en Salta, la posibilidad de que los decretos del Ejecutivo se transformen en leyes una vez pasado cierto tiempo sin ser tratados. Esta "reforma" la propone también el Consejo de la Democracia de Alfonsín. Con el argumento de fortalecer el federalismo, propone ampliar a tres los senadores por provincia, aumentando el peso de las oligarquías de las provincias chicas contra el electorado obrero y popular organizado de las provincias mayores. Con el argumento también de fortalecer al parlamento, propone un primer ministro o ministro coordinador que intervendría en el congreso en nombre del poder ejecutivo, con la atribución para éste de disolver las cámaras cuando lo entienda políticamente necesario. Con el argumento de fortalecer a las “entidades intermedias”, propone un Consejo Económico y Social que integre al Estado a los sindicatos. Por último, también hay en danza un proyecto que con el argumento de limitar las atribuciones del Ejecutivo para dictar el estado de sitio, autoriza a éste a declarar sin el concurso del parlamento “estados de emergencia'” que contemplan la movilización de tropas para la represión interior. El proyecto del PJ plantea la firma de un “pacto social” entre patrones y sindicatos que luego deberá tener vigencia de ley de manera que su incumplimiento sería penado judicialmente. Esto significaría, ni más ni menos, que consagrar un Estado policial en las relaciones laborales. El programa del PJ es reaccionario hasta los tuétanos.

“La Tablada exige de Izquierda Unida el reclamo de una Investigación hasta las últimas consecuencias da lo ocurrido. Porque hay explicaciones confusas y contradictorias de hechos muy dudosos: Provenzano que aparece muerto luego de detenido y con orden de captura, por ejemplo. Esto despierta interrogantes... D’Alessio dijo, por ejemplo, que habla entre seis y diez cadáveres sin identificar, como si seis o diez cadáveres fueran lo mismo o se pudieran confundir”. Luis Zamora, quien le dice todo esto a Página 12 (5/3), está terriblemente preocupado, como se ve, por lo que ocurrió en La Tablada, pero sólo después de concluida la masacre. La masacre como tal no le merece el menor reparo, hay que suponer que la considera legítima. Su partido, el Mas, ya gastó todo el arsenal de insultos que autoriza la Academia de la Lengua contra los integrantes del comando del MTP, pero no se ha leído nada que condene al hecho fundamental de los sucesos de La Tablada, es decir, el terrorismo ejercido por el Estado “democrático” y sus “carapintadas” contra los ocupantes sin salida del Regimiento. ¿Qué es este descubrimiento de los crímenes que pudieron haberse cometido con posterioridad a los hechos, sino la teoría de los “excesos da la represión”, cuyo autor intelectual es el general en retiro Jorga Rafael Videla? Pero Zamora no condena todos los “excesos”; hay otros que los absuelve. No llega al nivel de Videla. En otra parte del reportaje afirma: “se dice ahora que varios conscriptos murieron por las balas militares”, algo que le “duele” mucho al Mas, porque todo su respaldo a los “carapintadas” se ha basado en que el MTP había matado a “trabajadores en uniforme”, lo que ahora está cuestionado. A esto Luis Zamora responde: “Pero, ¿no sabían los que hicieron La Tablada quiénes son los carapintadas? Les dieron la excusa para matar conscriptos y son tan responsables ellos como los militares que los pudieron haber matado”. Es decir que tos carapintadas no serían para Zamora, ni siquiera los verdaderamente: responsables de los asesinatos de los soldados que se les pudieran probar. Hay pocos casos en la historia en que un hombre de izquierda absuelve los crímenes de la represión por anticipado. A Zamora se le ha caído la toga de marxista y de abogado. Cuando no puede negar un crimen del terrorismo de Estado, encuentra para él, sin embargo, una “excusa". El alineamiento del Mas con los carapintadas, es decir con el Estado, es entonces mucho más profundo de lo que cualquiera se puede imaginar, algo que ya había sido percibido por Neustadt.

La presente campaña electoral se caracteriza por el nivel excepcional de la hipocresía y el cinismo de que hacen gala los partidos democráticos sin ninguna excepción. Angeloz, por ejemplo, asegura sin ponerse colorado que él no tiene ninguna responsabilidad política por el gobierno de Alfonsín. En un vano intento de desligarse del desastre actual, pretende que solamente se representa a sí mismo, lo que equivale a decir que no representa a nadie. La realidad, sin embargo, es que no sólo es candidato del partido oficial junto a los actuales ministros de este partido, sino que además comparte la fórmula presidencial con partidos de la dictadura encabezados por Cristina Guzmán y el general (r) Roberto Ulloa. A fuerza de jactarse de su independencia, Angeloz representa por partida doble al régimen alfonsiniano y a la dictadura militar. Carlos Menem, aún más que Angeloz, declara su completa independencia del proceso actual, en su condición de candidato del partido opositor y de jefe de la fracción opositora dentro de su propio partido. Pero el justicialismo gobierna en 16 provincias, tiene mayoría en el senado y dirige centenas de municipios. Es parte oficial del régimen actual que ha desintegrado al país; ha apoyado sus leyes fundamentales. Votando los ascensos militares dio su aprobación a las leyes de punto final y obediencia debida; votando las leyes de presupuesto apoyó los pagos de la deuda externa y la rebaja de los salarios que esas leyes estipularon. Los culpables de la situación actual protestan su inocencia para poder reincidir en la política de superexplotación de las masas y de la entrega de la nación. ¿Izquierda Unida escapa, acaso, a la caracterización de hipocresía y de cinismo de los partidos oficiales? El solo hecho de que no haya tenido una miserable palabra de condena para la masacre de La Tablada y para enjuiciar la responsabilidad del régimen democrático y de sus partidos en ella, le priva de toda autoridad y aun de derecho para pretender presentarse como una “alternativa de izquierda” o como una “alternativa al régimen”. Pero lo que más retrata la hipocresía de Izquierda Unida son las declaraciones de sus candidatos con relación al programa. “Gobierno de Trabajadores” Esta consigna ha hecho las delicias demagógicas del Mas, pues ella demostraría que Izquierda Unida tiene un planteo clasista de poder; que por lo tanto es un frente revolucionario, de ningún modo democratizante; y que refleja un acuerdo principista y para nada oportunista entre sus integrantes. Pero entre café y jugo de naranja, Néstor Vicente le explica a un periodista de Clarín, con el que entabla “una charla de verano” (19/2), que todo esto es una farsa. El candidato a presidir el “gobierno de los trabajadores” declara, entre sorbo y sorbo, que el “tema que usted propone, de la dictadura del proletariado, no es un tema que hoy se converse ni en la Izquierda Unida ni en el Frente de Liberación”. ¡Ni se conversa! ¿Pero qué es entonces ese “gobierno de trabajadores" si no constituye una dictadura del proletariado contra los explotadores? ¿Qué realizaciones prácticas puede acometer cualquier gobierno popular que sea, si no ejerce despóticamente el poder para quebrar la resistencia y el sabotaje del capital? ¿Sin reemplazar al ejército permanente por el armamento de todo el pueblo, a la burocracia estatal capitalista por un gobierno revocable bajo control de tos trabajadores, al parlamento impotente por un congreso representativo y ejecutivo de los explotados; sin hacer esto, puede haber “un gobierno de trabajadores”, se puede dejar de pagar la deuda externa, se puede poner en marcha un “plan económico de los trabajadores”? No, no se puede, claro que no se puede. Las declaraciones de Vicente no solamente ponen de relieve la mentira que significa la reivindicación de "gobierno de trabajadores" en el programa de IU, sino que ponen en evidencia por sobre todo el carácter mentiroso de todo ese programa, que es irrealizable en el 1% que tiene de positivo sin la dictadura del proletariado. Vicente le dice convencido al periodista que, “para mi”, en “los países de América Latina el socialismo es una necesidad”. Pero un "socialismo" sin dictadura del proletariado es una frase vacía, es propia de un charlatán, supone un “socialismo” autorizado por los capitalistas, un “socialismo" que nace y se desenvuelve sin encontrar la resistencia de éstos. Es natural que Vicente le confiese al periodista que él no usa la expresión “democracia burguesa” sino “democracia” a secas. Para el candidato de IU, las fábricas, los bancos y los campos pueden que sean monopolio de los capitalistas, pero el Estado es de todos. El Estado “democrático” gira así en el vacío, no importa que él sea un rehén financiero del capital que lo controla económicamente por medio del sistema impositivo y de la deuda pública. Esto es lo que “piensa” (si se lo puede llamar pensar) y dice el candidato de un frente que se proclama alternativa al “sistema". ¿A qué sistema? Embalado en este ritmo de vulgaridades, Vicente llega a decir que “los acreedores son los bancos y no los países”, es decir que los Estados “democráticos" del “norte” no son el instrumento político y militar de sus bancos, y más exactamente tos que han permitido que estos bancos puedan cobrarse la deuda externa. Uno de los lados menos analizados de la guerra de Malvinas es, precisamente, su relación con la política de los estados imperialistas de impedir un desconocimiento de la deuda externa por parte de las naciones oprimidas. No ya una victoria, sino apenas un empate, de Argentina hubiera hundido al sistema financiero mundial. Las declaraciones de Vicente desenmascaran las mentiras del programa de IU, y en especial el referido al gobierno de trabajadores. Es por esto que la conclusión de Vicente en el reportaje sea que “es indispensable una Izquierda fuerte para afianzar y profundizar la democracia”, es decir, una “izquierda” que haga de contrapeso a la “derecha" en mejor beneficio del “centro". En febrero de 1971 Salvador Allende hizo la declaración más importante de su vida cuando le manifestó al diario Le Monde su total oposición a la dictadura del proletariado. Renunciaba así al primer paso que conduce hacia ella —al desarme de la burguesía y al armamento del proletariado. Esta cuestión tan sencilla determinó la victoria de Pinochet, la terrible derrota del pueblo chileno y el asesinato del propio Allende. El programa de transición de la IV Internacional denuncia, precisamente, a la consigna de gobierno de trabajadores cuando es expuesta con un carácter democrático y no con un carácter anticapitalista y un paso hacia una completa dictadura proletaria. El gobierno de la izquierda en el marco del Estado burgués es uno de los últimos recursos de los que se vale el imperialismo para impedir la victoria de la revolución. Hay más Néstor Vicente no se limita a expresar su oposición a la dictadura del proletariado sino que declara su más completo respaldo a la dictadura de la burguesía. Al igual que Allende, que contrario al armamento de tos trabajadores dictó una legislación para desarmarlos, Vicente apoya la legislación represiva del Estado. En declaraciones para “El Tribuno” de Salta (26/2/89), dice: “Nosotros creemos que las leyes que tiene el país son suficientemente aptas para controlar estos fenómenos de violencia". Es evidente; la ley es para reprimir ocupaciones de fábrica o de viviendas, para expulsar a extranjeros indeseables, así como un código penal para sancionar toda expresión violenta de la lucha de clases por parte de los oprimidos. Pero Vicente es más preciso: dice que apoya la ley de Defensa, es decir, la que consagra en el plano de la ley común el monopolio de las armas por la camarilla militar que designa el Estado. Pero esta ley de Defensa va más lejos aún, porque establece en sus “anexos” los objetivos de represión interna de las fuerzas armadas, que incluyen a los “movimientos sociales". Vicente dice también que está en contra de la inteligencia interior de las fuerzas armadas, cuando ella no ha dejado de ser practicada ni por un instante en forma sistemática, bajo la cobertura del Estado democrático y de todos sus partidos. El Consejo de Seguridad, a Vicente sólo “le parece un lamentable avance sobre la sociedad civil” (Idem), como si el COSENA fuera a ser aplicado contra la parte burguesa de la “sociedad civil” y no exclusivamente contra los trabajadores. Vicente falsifica miserablemente el carácter del Cosena al ocultar que es un avance del Estado burgués y del Pentágono imperialista contra los trabajadores argentinos. I.U. tiene un programa contrarrevolucionario y aplica los mismos métodos hipócritas de engaño de los partidos patronales.

Los "izquierdistas" vulgares están convencidos de que no puede haber un proceso de militarización del Estado, (que, sin embargo, nunca fue interrumpido), en razón de que “las fuerzas armadas están en crisis”. Semejante razonamiento ha llevado, por ejemplo al Mas, a negarse a plantear la lucha contra el Cosena, algo natural en un partido que apoyó la masacre de La Tablada, la cual fue la más alta expresión de la militarización del Estado. Estos marxistas de salón no se han percatado siquiera de que es precisamente la crisis creciente de las fuerzas armadas, su desbande incluso, con la potencial amenaza que esto plantea a la estabilidad de conjunto del proceso democratizante y del Estado, el factor de presión más importante que impulsa al gobierno y a los partidos patronales a llevar adelante una política de concesiones y hasta de satisfacción de los reclamos militaristas. Si la enormidad de la crisis política del Estado argentino ha puesto a la camarilla militar sin otra alternativa política que el apoyo al proceso democrático, la enorme crisis militar ha agravado la dependencia del conjunto del Estado respecto a la camarilla militar y a las fuerzas armadas. La insubsanable cobardía de la burguesía democrática ha determinado que con cada fase nueva de la crisis militar se haya entrado también en una nueva etapa de capitulación ante la camarilla militar. Es seguro, sin embargo, que el otorgamiento de nuevos poderes de provocación a un organismo militar enfermo solamente servirá para agudizar la crisis política y por sobre todo para hacerla más convulsiva. El fracaso que experimentarán todas las medidas en curso para poner fin a la crisis militar, servirá para poner de relieve la naturaleza política de la crisis de las fuerzas armadas, es decir que demostrará que esa crisis es una expresión de la impotencia de la burguesía y del imperialismo para enfrentar la crisis histórica de su dominación de clase. El resultado será una mayor politización de las fuerzas arma das, un mayor cuadro de deliberación y una mayor diferenciación interna. Esto hará madurar las condiciones para que un sector, por pequeño que sea, de los uniformados pueda ser ganado para la clase obrera, pero por sobre lodo para neutralizar al brazo represivo del Estado contra la revolución que deberá dirigir la clase obrera. La política podrida que reclama que no se luche contra la militarización y contra las provocaciones que ella entraña, y que reclama que no se vincule la descomposición del proceso democrático con esta militarización; esta política podrida sirve para desarmar a la clase obrera ante el avance de la represión en éste y en otros terrenos, y sirve por sobre todo para sembrar ilusiones en el proceso democrático, cuyo futuro estaría garantizado por la virtual ausencia de alternativas derechistas. Toda la historia de la democracia burguesa es, sin embargo, una historia de perfeccionamiento de la burocracia y de la represión. La lucha contra la militarización del Estado debe ser esencialmente una tarea de desenmascaramiento de la democracia y de sus partidos, incluidos los de izquierda, para que la clase obrera se transforme en una alternativa de poder.

El proceso nunca interrumpido de militarización del Estado se desenvuelve ahora por los carriles de la negociación de un cronograma preciso de amnistía y la sanción de una “ley antiterrorista". Según informa con todo detalle “Ámbito Financiero” (28/2) el plan de amnistía fue acordado en reuniones directas del “carapintada” Seineldin con representantes del alto mando y ya fue girado al Ministerio de Defensa. Comenzaría con el “desprocesamiento” de todos los sublevados derechistas de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli y la liberación de todos los oficiales detenidos. El paso siguiente sería el congelamiento de los juicios contra los jefes del “proceso", como Menéndez, Suárez Masón, Nicolaides, Galtieri o Sassiain, cuya vigencia hasta setiembre sería garantizada por un acuerdo radical-peronista. Antes de la asunción del nuevo gobierno quedarían en libertad los excomandantes en jefe mediante un indulto o una amnistía, cuyas características también respaldarían justicialistas y radicales. La ley “antiterrorista” La amnistía será precedida por la sanción de una “ley antiterrorista" destinada a convalidar las crecientes prerrogativas que establecería las garantías legales para la “inteligencia interior” por parte de las fuerzas armadas y su manejo de las restantes fuerzas de seguridad. Para “apurar” el trámite el Poder Ejecutivo dictaría un decreto. Se pone en práctica así la operación de espionaje y de control policial de las organizaciones democráticas y de izquierda, en particular en lo que tiene que ver con la penetración de ésta en las masas y en los sindicatos. “Las FFAA estiman que la lucha contra la subversión tiene un componente del 95% de información e inteligencia adecuada”, señala Clarín (1/3). Se amplían las facultades de los servicios de inteligencia con el pretexto de detectar los “indicios que permitan apreciar anticipadamente la predisposición al accionar terrorista” (Clarín, 23/2). El argumento de la represión da paso al de la prevención y esto conduce al de la provocación. Para desenvolver esta actividad de espionaje y provocación el decreto reactivará la Central Nacional de Inteligencia, un organismo ya contemplado en la actual ley de Defensa vigente. Un aspecto vital de la nueva ley es que plantea la intervención de la policía, las fuerzas de seguridad y eventualmente del Ejército de acuerdo con la calificación que el COSENA realice de la "situación” llamada a conjurar. De este modo podrán ser reprimidas las huelgas, las ocupaciones de fábricas y cualquier movilización. Como en la época del “proceso” el ejército tendrá plenas facultades para operar en las “zonas” bajo su jurisdicción. El proyecto propone que el “accionar del personal de las Fuerzas Armadas... esté sujeto a las disposiciones del Código de Justicia Militar y a los tribunales castrenses" (Clarín, 1/3). La justicia civil, como en La Tablada, se hará presente después de la masacre. Para completar el paquete se introduciría en el Código Penal la figura de “delito de conspiración” y se extenderían las incomunicaciones de los detenidos. El imperialismo yanqui y la Thatcher Todos los políticos burgueses que están ultimando los detalles de esta monstruosidad de lesa democracia no se cansan de repetir que las FFAA permanecen “subordinadas al poder civil”. Con idéntico cinismo afirmaban hasta hace poco que el “ejército no Intervendrá en conflictos internos” o que la “doctrina de Seguridad Nacional” había sido enterrada. La nueva legislación represiva coincide con el otorgamiento de un crédito militar por parte del gobierno norteamericano ¡con el visto bueno de Gran Bretaña! La conducta del Pentágono yanqui y de la cancillería inglesa constituye una operación de apoyo al alto mando de las fuerzas armadas en el marco de la crisis política creciente de éstas, la que incluso habrá de entrar en una nueva etapa con el agravamiento de la crisis económica y política y con el próximo cambio de gobierno. El imperialismo no apoya las medidas de militarización en la perspectiva de un golpe de Estado inminente, sino como un medio adicional de reforzamiento político de la “democracia" ante las masas; de mayor injerencia del imperialismo; y especialmente como un arma política para volcar a la mayoría del cuerpo de oficiales al apoyo de la trenza oficial del ejército.

El Concejo Deliberante de Morón suspendió de su cargo al jefe de los “vigías de la comunidad”. Campeón de la tranquilidad pública de los vecinos, el Intendente pretendía vaciarles los bolsillos. Es que el contrato que Rousselot había firmado con Sideco Americana para la construcción de una red cloacal hubiera significado un negociado estimado en los 100 millones de dólares ¿Pero entonces por qué no se investigan también las cuentas y los manejos bancarios de la empresa? No sólo se debe actuar sobre quien “ha pecado por la paga” sino también sobre quien ha “pagado por pecar”. El contrato de marras tenía varias irregularidades, entre ellas la ausencia de licitación pública, pero la más importante era la que colocaba a la Municipalidad como garante del cumplimiento de los pagos en término por parte de los vecinos beneficiados por las obras. Esto quiere decir que éstas eran financiadas, no por Sideco ni por el municipio, sino por los usuarios, pero en este caso correspondía a los usuarios convocar a la realización de las obras bajo su propia dirección, en tanto que en el contrato de Rousselot no tenían ni arte ni parte. Esto también significa que los ingresos de la Municipalidad se derivan a aplicaciones que no son las obras públicas, cuando se supone que a ellas debería ir el dinero de los contribuyentes Rousselot pretendió hacer lo que se hace en tantos lados, que es imponer desde arriba una nueva carga sobre el vecindario amparándose en la necesidad de la obra pública, sin que ese vecindario tenga voz ni voto en las nuevas contribuciones usurarias que se les pretendía cargar. Este tipo de obra pública puede fácilmente convertirse en un factor de endeudamiento y de expropiación de las viviendas de los vecinos así comprometidos, y por lo menos en un factor de dependencia política y electoral de estos vecinos con respecto a la intendencia. Pero la destitución de Rousselot puso de relieve el potencial de división que existe en el justicialismo. El Intendente fue suspendido con el voto de los cafieristas, algo que castiga más que a una corruptela a la carrera de Rousselot. La maniobra ha apuntado a sacar a éste de la competencia a la sucesión de Cafiero en las elecciones de 1991, proceso clave en la configuración de las fuerzas políticas que incidirán bajo un eventual gobierno de Menem. La destitución de Rousselot es un síntoma de que la crisis del peronismo que el congreso del PJ en Mar del Plata pretendió disimular, está más abierta que nunca.

Menem acaba de publicar en el diario "La Nación" una solicitada en la que hace el inusitado elogio del gobierno de Frondizi y de su política de entrega petrolera (1958-62). Esta política fue llevada adelante por el entonces ministro de Economía y Trabajo, Alvaro Alsogaray. Fue resistida por los trabajadores, incluso con la huelga indefinida (19/1/1959). Frondizi-Alsogaray aplicaron durante mucho tiempo el Plan Conintes de militarización. Carlos Menem ha insultado la memoria de todos los que lucharon, fueron a la cárcel y murieron en esos años. ¿Por qué lo hace? ¿Es concebible y posible un acuerdo entre Menem y Alsogaray? Admitirlo, constituye para muchos poco menos que una injuria. Entonces: ¿qué es lo que ha desatado la furibunda crisis en la Ucedé? No han de ser rivalidades personales, pues éstas no son suficientes para explicar la formación de bloques enteros de dirigentes enfrentados entre sí. Cuando en 1957 y 1958 el frondicismo dividía a la UCR y se lanzaba a una furibunda camparía “antiimperialista” y de reivindicación del peronismo, ¿quién podía imaginar que esta pequeña burguesía de izquierda se aliaría apenas un año y medio más tarde a Alsogaray y le entregaría casi el gabinete completo, al nombrarlo ministro de Economía y de Trabajo? Algunos militantes lúcidos lo vislumbraron y llamaron a votar en blanco en las elecciones de febrero de 1958. El fenómeno social que llevó a la alianza entre Frondizi y Alsogaray fue la colonización económica norteamericana cuyas puertas fueron abiertas por el contrato de Perón con la California Oil Company y el golpe del 55. El nombramiento del “capitán-ingeniero” constituyó una garantía política formal de estabilidad que el gobierno de Frondizi entregaba al gran capital norteamericano. Ahora, requerido por la prensa, Alsogaray ha dicho que un acuerdo como el que celebró con Frondizi justificaría holgadamente la cesión de los votos de la Ucedé en el Colegio Electoral. La conclusión es que cuando se mueven determinadas tendencias sociales, alianzas políticas más supuestamente disparatadas pueden tomarse realidad. Desde estas páginas advertimos la tendencia al acuerdo entre el PJ de Menem y la Ucedé de Alsogaray en noviembre del año pasado, cuando en un “coloquio empresarial” en Bariloche, Alsogaray coincidió con Menem en toda una serie de puntos programáticos que fueron recogidos a su vez en una declaración firmada por “200 empresarios vinculados con las grandes compañías locales y extranjeras” -según rezaba la información. ¿En qué consistían esas coincidencias? Pues en dos grandes planteos: convertir la deuda externa en capital nacional mediante una completa liberación financiera y "desregular el mercado de trabajo", es decir, la "flexibilización laboral”. Es decir que el acuerdo Menem-Alsogaray tiende a materializar la principal exigencia del gran capital, incluido los “capitanes de la Industria". A medida que la candidatura de Menem fue cobrando consistencia, ha ido alineando en tomo suyo a los voceros de esta política; la mejor prueba son José Rodríguez o Julio Guillán, que de burócratas “renovadores” se han pasado al menemismo. La posibilidad de que Alsogaray llame a votar por Menem en el Colegio Electoral es sólo una de las variantes de esa alianza. Cuando los aliados correntinos de Alsogaray plantearon que ellos sólo votarían a Angeloz, el jefe de la Ucedé les firmó un acta en el cual les da “libertad de voto” en el Colegio Electoral, es decir que se reservó la otra opción. Ahora Adelina de Viola acaba de declarar que “un acuerdo con el peronismo" es “una imposibilidad ideológica total y absoluta”, no así con la UCR; pero precisamente por este motivo la concejala ha formado un bloque opositor a Alsogaray en la Ucedé. Toda la conducta de Alsogaray en la “interna” de su partido apunta a preservar la opción de Menem en el Colegio Electoral o más adelante. En el número anterior de “Prensa Obrera” dimos a Alsogaray abandonando la posición menemista en virtud de las informaciones que lo daban formando lista con Adelina de Viola, pero esto Alsogaray lo rectificó de inmediato. La perspectiva de una alianza entre Menem y Alsogaray está muy vinculada a la posibilidad de una ruptura del partido Justicialista. El cafierismo está procurando un acuerdo en el Colegio Electoral con la UCR y es por esto que en el Congreso Justicialista de Mar del Plata hizo aprobar la iniciativa de una reforma constitucional como lo reclama el alfonsinismo. El cuadro de crisis política que dejaría abierta la tentativa cafiero-alfonsinista de aislar al menemismo, plantea naturalmente la alianza de Menem con Alsogaray, lo cual traerá aparejada una posible división de la Ucedé. Ya el gobierno de Isabel intentó un camino de este tipo cuando, bajo el “rodrigazo”, puso al actual financista de la Ucedé, Ricardo Zinn, como subsecretario de economía de Celestino Rodrigo. Los que persisten en ignorar estas convulsiones de la política patronal adolecen del mortal prejuicio de creer que los “partidos populares” son asociaciones de principios y no organizaciones de clase del capital, que están bajo la presión de los intereses siempre cambiantes de éste. La alianza entre Menem y Alsogaray está objetivamente planteada como una posibilidad a partir de sus programas, y puede tener lugar en el Colegio Electoral o en una etapa posterior. Esto explica la — para muchos— sorprendente crisis de la Ucedé. La posibilidad del acuerdo Menem-Alsogaray prueba el carácter espúreo del Colegio Electoral y el carácter proimperialista de la candidatura de Menem, la cual sin embargo ya cuenta con la expectativa de voto de Izquierda Unida.

El próximo 23 de marzo se realizará la marcha que Madres de Plaza de Mayo convoca todos los años en repudio al golpe militar de 1976. El Partido Obrero adhiere a esta convocatoria como lo ha hecho todos estos años, y exhorta a concurrir masivamente a ella. La marcha del 23 es la primera movilización luego de la masacre de La Tablada, lo cual le confiere características especiales. Objetivamente plantea como reivindicación la investigación de esa masacre y la condena del régimen democrático y de todos sus partidos, los cuales formaron un bloque único con la represión del alto mando militar y de los “carapintadas”. Sin la condena de la masacre y del régimen que la perpetró, la reivindicación histórica de juicio y castigo a todos los culpables de las 30.000 desapariciones de la dictadura, pasa a cuarteles de invierno. Nadie en su sano juicio puede mantener la vigencia de esta reivindicación haciendo un frente único con el gobierno y los partidos del régimen democratizante que impulsaron o apoyaron la masacre de La Tablada. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto al fiscal Molinas, ex precandidato del Fral para las elecciones próximas, concurrieron a Olivos a expresarle a Alfonsín su completa solidaridad con la masacre perpetrada. El Cels, donde actúan Zamora y Parrilli, ha declarado que no dará asistencia jurídica a los detenidos por La Tablada, es decir que se pone en el campo del fiscal D'AIessio y de sus asesores de la comandancia en jefe del ejército. Vicente y Zamora afirman ahora que hubo “excesos” en la masacre del 23 de enero pasado, pues se habría fusilado gente después de los combates. Se alinean de este modo con la doctrina oficial expuesta en su momento por el general Videla. El cañoneo criminal contra un grupo sin posibilidades durante 36 horas seguidas, los tiene política y humanamente sin cuidados. Debido a todos estos factores la marcha de las Madres será saboteada por los izquierdistas aliados al gobierno (APDH) y a Menem (PI), y también por los que integran Izquierda Unida. Pero no conformes con este sabotaje, tos “Izquierdistas” están procurando que esa marcha se realice en torno a ejes diferentes de la masacre, y para eso proponen que se plantee la lucha contra un supuesto “golpe de estado” o contra el “aprovechamiento” de los “sucesos” de La Tablada por parte de la “derecha”. Se pretende de esta manera colocar a la marcha y a Madres en el ala izquierda de los masacradores, constituida por Alfonsín y Cafiero. Tanto la Coordinadora de la UCR como el cafierismo están impulsando la política de “la represión dentro de los cauces democráticos”. Quieren la “subordinación de las FF.AA.” al presidente, como si fuera posible que una corporación armada que se maneja en el secreto pudiera ser controlada por un solo hombre. La izquierda apoya al nosiglio-cafierismo y por eso pretende que la marcha de Madres no tenga un carácter independiente del ala democrática de los masacradores, ni de denuncia del bloque conjunto de la democracia con los carapintadas. El Partido Obrero apoya las consignas votadas en el curso de las reuniones de preparación de la Marcha: "investigación de los sucesos y de la represión militar de La Tablada”; “libertad a todos los compañeros del campo popular”, la plena vigencia de las libertades democráticas, no a la militarización del país, no al Consejo de Seguridad.

Se ha aplicado rigurosamente el operativo de Alfonsín-Menem-Cafiero, denominado “llegar al 14 de mayo”. En función de este objetivo de “paz social” contra el salario, el congreso de CTERA votó la aceptación de un salario básico de ₳ 2.500, algo completamente inimaginable de parte de una organización sindical. La docencia es convocada así a desarrollar el máximo de sus potencialidades a cambio de un sueldo que cubre la subsistencia de una familia por sólo dos semanas. Para producir semejante monstruo, el congreso de CTERA, necesitó violar las más elementales normas de la democracia sindical. Los delegados de la provincia de Buenos Aires, Salta y Jujuy votaron desconociendo el mandato de las asambleas de base, donde había triunfado la moción de no iniciar las clases hasta obtener un básico de ₳ 3.500. En el caso de estas dos provincias del norte, sus delegados le dieron la espalda a la huelga general que están protagonizando sus propios sindicatos, pues el congreso aprobó un llamamiento para que cesen esas huelgas. Garcetti y María Sánchez no han hecho más que poner en práctica la política de congelamiento de los sindicatos aprobada en oportunidad de la unificación reciente de las direcciones sindicales justicialistas. Se viene ahora naturalmente una ofensiva contra las provincias en huelga -Salta, Chaco, Jujuy, Tucumán. Este ataque se desenvuelve, sin embargo, en un marco altamente contradictorio. Primero porque la carestía ha vuelto a empinarse, pero por sobre todo porque existe un ánimo belicoso en las bases. La Federación Sarmiento resolvió lanzar un paro de 96 horas que posterga el inicio de las clases, que deberá seguir más adelante con un plan de paros crecientes. Esta decisión tiene lugar en un distrito donde las bases de CTERA (SUTEBA) quieren ir a la huelga general. El paro de la F.E.B. puede servir de imán para el inicio de huelgas por escuelas y distritos en la provincia de Buenos Aires. Creemos que la tarea del momento es hacer pactos de lucha común entre los distritos de SUTEBA y la Federación Sarmiento para desarrollar el plan de paros de esta última. La huelga general con la F. Sarmiento le dará a la lucha docente un carácter mayoritario; le devolverá la soberanía de las decisiones a la base del SUTEBA; y todo esto provocará sin duda una gran renovación sindical. Por esto creemos que la tarea del momento es que los activistas se autoconvoquen para lanzar la consigna del apoyo al plan de paros de la F. Sarmiento, por la huelga general indefinida. El éxito de esta política hará fracasar el intento de aislar los conflictos provinciales e impulsará la huelga general.

Telefónicos: Ministerio alfonsinista socorre a burócrata menemista Julio Guillán, secretario general de Foetra, acaba de firmar con el gobierno, a espaldas del gremio, un aumento salarial del 6%, que constituye una cínica burla a los trabajadores en momentos que el gobierno fomenta negociados que rinden el 100% a los capitalistas. El salario inicial de la categoría más baja de Foetra es de solamente ₳ 1.700 lo cual da la medida de la política de esta dirección sindical menemista. Es natural que, en estas condiciones, el Ministerio de Trabajo haya prorrogado el mandato vencido de la actual comisión administrativa, cuando lo correcto hubiera sido que una Asamblea General designase una Comisión Provisoria. La conducta del gobierno prueba que las diferencias entre el alfonsinismo y el menemismo están muy lejos, por cierto, de ser insalvables. Entre tanto, la lista Celeste y Blanca, un bloque compuesto por las 62, los 25 y los renovadores ligados a De Gennaro, es decir cafierista, no hace nada. No concurre a los plenarios de delegados aduciendo falta de garantías, pero tampoco impulsa una asamblea general, es decir que está en la “paciente espera” de las elecciones. El frente Violeta-Azul-Naranja, en cambio, está planteando una asamblea general y lucha por ₳ 5.000 de salario inicial indexado. Este es el planteo acertado para salir de la miseria y recuperar el sindicato para sus trabajadores. UOCRA: Elecciones “truchas” El 7 y 8 de marzo habrá elecciones en la UOCRA lo cual significa en realidad la culminación de un proceso antidemocrático y proscriptivo. Es necesario ser delegado en actividad para candidatearse a la seccional, o ser o haber sido directivo para concurrir en el orden nacional, los padrones directamente no existen o se arman a la medida del fraude las juntas electorales en la mayoría de los casos han sido digitadas por la patota de Farías. Sólo en dos seccionales -La Plata y Neuquén- en las que la burocracia está profundamente debilitada o en crisis fueron oficializadas listas opositoras. Tenemos así una elección viciada, armada para consagrar al “caballo del comisario” y repartirse las prebendas del sindicato entre las distintas fracciones -Magliano, Farías o Papagno-, una elección en la que los trabajadores de la construcción “son de palo” respecto al destino del sindicato. La proscripta lista Naranja-Violeta- que apoya la agrupación clasista Morada Nacional- ha llamado a realizar actos de repudio frente a las seccionales de la UOCRA y el Ministerio de Trabajo.

La empresa Autolatina va a producir 1.000 despidos en un corto período de tiempo, más allá de los 662 anunciados oficialmente. El lunes 27 la directiva del SMATA convocó a una asamblea general de Planta donde informó por primera vez sobre los despidos. En esa asamblea Pardo, de la directiva, planteó que nadie hiciera uso de la palabra, que la reunión se limitara a un monólogo, que las corrientes no tiraran volantes y que se esperara hasta las 14 cuando se haría una nueva asamblea luego de una audiencia en el Ministerio de Trabajo. La empresa estuvo desde esa hora semi-paralizada en un cuadro de gran confusión. A las 14 en la nueva asamblea el sindicato informó que se había decretado la conciliación obligatoria con los despedidos adentro, pero que las cesantías se producirían en dos tandas a fines de marzo y a fines de abril. La asamblea se fue disolviendo sin ninguna propuesta de lucha. Pepe Rodríguez ya entró en funciones. Pepe Rodríguez ya actúa como si fuera Ministro de Trabajo, y la prueba piloto de su futura política es su propio gremio. Frente a la crisis actual Rodríguez ha llegado a un acuerdo estratégico para que las patronales despidan masivamente al personal, pero sin hacer "escándalo”, es decir a través del desgaste. Desde la fusión de FORD y VW en Autolatina quedaron en la calle ¡SIN HUELGAS! casi mil operarios de las dos plantas, entre presiones, “arreglos", traslados, despidos hormigas, etc. ¿Pepe revolucionario? Por iniciativa de la burocracia del SMATA y de la UOM se propiciaron las “tomas” relámpago de las plantas de la Renault y de Fiat Caseros para concertar luego con el ministerio la conciliación obligatoria y efectuar un largo y doloroso proceso de gente que se va quedando en la calle absolutamente desmoralizada porque no hay nadie que los defienda. Este procedimiento no se pudo aplicar en Ford. En 1985 se había producido una toma de planta que aterrorizó a la patronal y terminó con un operativo de 2.500 policías para reprimirla. En la memoria de los trabajadores de Ford esto está muy presente. El SMATA acordó entonces que se quitaran las tarjetas, que se mandaran los telegramas, pero sin todavía dejar a los despedidos afuera. Los compañeros se encontraron con todo cocinado, la asamblea, un parito parcial, y la conciliación obligatoria que anuncia el despido en uno o dos meses. Ahora vendrán una serie de presiones para que se arregle por unos pesos más, mientras los tienen pintando veredas y desarmando cajones. Esta política es OFICIAL, va a ser la del futuro ministro de trabajo de Menem. Es el monumento a la traición y la hipocresía. Una conducta vergonzante La dirección nacional del Mas se ha tomado en serio eso de que son la “cuarta pata de la mesa electoral” y obra en consecuencia al mejor estilo de los políticos burgueses. Ha impulsado un petitorio en algunas secciones dirigido a la Interna burocrática, para que ésta pida a la Directiva que llame a los candidatos Alsogaray/Natale, Angeloz/Casella, Menem/Duhalde, y Vicente/ Zamora para que “intercedan” en el conflicto. El Mas pretende introducir la campaña electoral en Ford, para desviar a los trabajadores del único camino que puede abrirles una perspectiva: la organización y la lucha. El planteo del Mas constituye el intento más cínico de explotación electoral de un conflicto obrero en perjuicio de una política que ayude a prepararlos para la lucha. Es necesaria una gran campaña, hay que organizar la resistencia, hay que apretar a los delegados, formar comisiones, movilizarse, llamar a todo el gremio a resistir los despidos y denunciar abiertamente la política traidora del sindicato. Los partidos de izquierda en vez de llamar a tos patrones a que intercedan como el Mas (o directamente a votar a Rodríguez como el PTP) deberían pintar la zona Norte denunciándolo, organizando marchas, reuniones con otras internas del lugar, organizando una resistencia en serio contra los planes de las patronales imperialistas. El Partido Obrero compromete todo su empeño en la realización de una gran campaña para impedir que se produzcan los despidos en Ford.

Hace muy poco tiempo Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones que se celebraron en Venezuela por un margen abrumador. El “Alfonsín” que lo había precedido había fracasado estrepitosamente. Carlos Andrés Pérez se presentó como candidato de la Acción Democrática, un partido típicamente “popular”, hasta cierto punto similar al Partido Justicialista de Menem y de Cafiero. Los burócratas sindicales en Venezuela, del tipo de Miguel, Rodríguez y Triaca apoyaron naturalmente a Carlos Andrés Pérez. Durante la campaña electoral en oposición al “Angeloz” venezolano, Carlos Andrés Pérez prometió el oro y el moro. Prometió en especial, como hoy lo hacen Menem y Cafiero, una “moratoria concertada” con los banqueros en el pago de la deuda externa y una reducción de su monto. Prometió también hacer una “reforma económica” profunda para terminar con la especulación financiera. En una palabra, Carlos Andrés Pérez prometió una “revolución productiva”. Carlos Andrés Pérez ganó con el voto popular y tomó posesión del gobierno. Hace una semana firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y decretó un colosal aumento de precios y tarifas. La indignada reacción del empobrecido pueblo venezolano contra este atropello fue respondida por Carlos Andrés Pérez con una feroz represión. En la calle quedaron los cuerpos de 150 hombres y mujeres muertos, de 150 trabajadores. Venezuela se encuentra ahora con las garantías constitucionales suspendidas y bajo ley marcial. El programa y las promesas del Partido Justicialista se parecen como dos gotas de agua al programa y a las promesas de Acción Democrática de Venezuela y de Carlos Andrés Pérez. En muchos aspectos son considerablemente peores, pues el PJ plantea suspender el pago en dólares de los intereses de la deuda externa y sustituirlo, durante cinco años, mediante la entrega de australes que sirvan para la compra a precios de remate de las empresas estatales rentables. Carlos Menem acaba de elogiar, en una solicitada, la política petrolera de Frondizi, contra la cual los trabajadores peronistas lucharon intransigentemente y por la cual sufrieron muertes y cárceles. El elogio a la política petrolera de Frondizi refleja la negociación de un acuerdo entre Menem y Alsogaray. Compañeros: En Venezuela el pueblo votó por Carlos Andrés Pérez, del mismo modo que lo hizo en Perú por Alan García, porque no percibió detrás de la sonrisa, la simpatía, la pose y las promesas del candidato, al representante de una clase social: la burguesía nacional, atada por mil lazos económicos y políticos al imperialismo. En Argentina está pasando lo mismo. No se ve en Carlos Saúl Menem (y a veces ni en Angeloz) al representante de los “capitanes de la industria” que explotan cotidianamente a los trabajadores y que rematan cotidianamente el país. Carlos Saúl Menem consigue transmitir la idea, como también lo consiguieron Carlos Andrés Pérez y Alan García (o Alfonsín hace cinco años), de que él está por encima de las clases y de que gobernará equitativamente para unas y otras. Pero esto es imposible. Semejante “promesa” delata por sí sola su inevitable incumplimiento. El PARTIDO OBRERO llama a aprender de la experiencia latinoamericana. Las causas del fracaso venezolano y peruano (y también boliviano o ecuatoriano) residen en la incapacidad de los políticos patronales y de su Estado para expulsar (confiscar) al imperialismo de nuestras naciones y en la incapacidad del sistema capitalista para promover el bienestar de los trabajadores. El PARTIDO OBRERO llama a la organización política independiente de los trabajadores, es decir a la formación de un gran Partido Obrero. El PARTIDO OBRERO desenmascara a este régimen patronal pretendidamente democrático, que permite engañar al pueblo con promesas y traicionarlo desde el poder con el apoyo de la represión policial y militar. Mienten los políticos como Vicente y Zamora, de Izquierda Unida que llaman a confiar en semejante régimen “democrático”, fachada de la explotación de los trabajadores e instrumento de toda clase de negociados. A la falsa República “democrática” oponemos la lucha por una República socialista de los trabajadores. ¡Fuera el engaño, compañeros! 2-3-89 Comunicado de prensa Jorge Altamira, candidato a Presidente por el Partido Obrero El Partido Obrero repudia el apoyo del gobierno argentino al presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, responsable de la masacre de más de 300 trabajadores venezolanos, perpetrada en defensa de los pactos con el Fondo Monetario Internacional y la banca imperialista. El Partido Obrero destaca ante la opinión pública las declaraciones de Carlos Menem en las que asegura que 'Argentina no es Venezuela" porque el movimiento obrero argentino es "disciplinado". Esta es una confesión de que el gobernador riojano tiene la intención de aplicar la misma política en nuestro país, con la esperanza de que los burócratas que lo siguen sean más efectivos que los que siguen al presidente de Venezuela. El Partido Obrero apoya la justa lucha del pueblo venezolano victimizado por los agentes "democráticos" del FMI y llama a los trabajadores argentinos a romper ya con los Carlos Andrés Pérez de Argentina. 4/3/1989 Comunicado de prensa Una cortina de humo Jorge Altamira, Candidato a presidente por el Partido Obrero La declaración del presidente de la Nación no afecta el núcleo de la crisis actual que consiste en la retención ilegal de divisas por parte de los exportadores y en la fuga de capitales que se canaliza por medio de los bancos. Es por lo tanto una cortina de humo de una inminente nueva devaluación del austral reclamada por esos acaparadores. Cuando esto ocurra el equipo económico caerá fatalmente porque carecerá de autoridad ante la estampida inflacionaria. Hay que desconocer la deuda externa usuraria y estatizar el sistema bancario y el comercio exterior bajo el control de los trabajadores. 5/3/1989