Prensa Obrera N° 258

Havanna: Para que el alfajor no resulte amargo Havanna, la gran fábrica de alfajores marplatense, es también un gran centro de superexplotación. En el invierno trabajan unos 60 operarios, que en verano crecen hasta 2.000 compañeros temporarios, en su mayoría mujeres. Es un personal escaso para las altas exigencias de producción, lo que obliga a elevados ritmos de trabajo. No existe el horario de descanso para comer, no hay bancos para sentarse a pesar que las tareas permiten hacerlo, se ha eliminado el tradicional plus por temporada y otras conquistas. Debido a los bajos salarios, las jóvenes trabajadoras deben realizar jornadas extenuantes, que incluyen sábados y domingos. En estas condiciones es natural que las compañeras de Havanna comenzaran a realizar un quite de colaboración para reclamar un aumento salarial. Entretanto, sin consultarlas, Walter Orsi, dirigente del Sindicato de Alfajoreros y Reposteros (STARPYH), había firmado un aumento del 25% pero a cuenta de los futuros aumentos que debían acordarse para todo el sindicato. Enteradas las dos plantas de Havanna, las compañeras decidieron intervenir en una asamblea que Orsi habla convocado para otra rama y rechazaron el descuento y los procedimientos burocráticos. Orsi, que es también concejal por el justicialismo y que se postula nuevamente para el 14 de mayo, se negó rotundamente a apoyar la reivindicación y la lucha, e incluso amenazó con hacer intervenir al Ministerio de Trabajo. En la asamblea impuesta por los trabajadores, Orsi puso a votación dos mociones: entablar un "diálogo" o luchar por el 25% sin descuentos. Masivamente la asamblea votó por un “25% o nada". En la fábrica el trabajo a desgano marcha a toda máquina: se bajó la producción de 12.000 alfajores a menos de 2.000. La patronal está ofreciendo más horas extras para quebrar la unidad obrera. Hizo asambleas de intimación, pero la lucha se mantiene firme. Todo el movimiento obrero marplatense debe apoyar la movilización de las obreras de Havanna. ¿Corrupción en el Concejo Deliberante? En un mes el boleto único del transporte urbano en Mar del Plata ha aumentado dos veces hasta ₳ 4,50. Se pretende equipararlo con la segunda sección de La Plata, cuando el valor pasajero-kilómetro en Mar del Plata es muy superior. En consecuencia, para una familia tipo, el costo del transporte por mes alcanza ya a los ₳1.100, el 70%, nada menos, del salario "mínimo y vital”. Este incremento ha creado conmoción en la ciudad entre residentes y turistas. Semejante despropósito ha hecho circular rumores de coimas gigantescas cobradas por los concejales (del orden de los 200.000 australes por cabeza) que votaron las tarifas y los recorridos. Se han radicado denuncias en la justicia penal contra 23 de los 24 concejales (radicales, justicialistas, socialistas de Estevez Boero, etc.) y al intendente radical Roig. Los “representantes del pueblo" han respondido hasta ahora con sugestiva tibieza a la acusación de “aumentos artificiales estimados en seis millones de australes mensuales, con beneficio a las empresas prestatarias del servicio y perjuicio para el usuario”. En una ciudad con ingresos municipales privilegiados en relación al resto de las comunas del país, donde florece la desocupación, la marginalidad, se incrementa la carestía, crecen los tarifazos. El Partido Obrero plantea la movilización popular por la derogación del aumento, la investigación de los delitos denunciados por una comisión popular, la apertura de los libros de las empresas y la inmediata expropiación de los grandes transportistas privados, municipalizando el transporte bajo control de los trabajadores. Jorge Federico, candidato a primer concejal

El radicalismo gastará en la campaña electoral de este año en dólares un 42% más que en 1987. Con relación a 1983, será un 300% superior. El justicialismo no se va a menos. Los gastos electorales de Menem serán un 87% más altos que los de Cafiero y un 122% superiores a los de 1983. La Ucedé le gana al PJ y a la UCR, pues gastará 7,38 veces más que en 1987 y 1.100% con relación a 1983. Estas cifras fueron divulgadas por fuentes de esos partidos (Clarín, 13/1), es decir que están minimizadas. El presupuesto en danza ronda los 30 millones de dólares, cifra que aun podría elevarse “por lo menos en un 30%” (idem). ¿De dónde sale todo este dinero? “En los grandes partidos se reconoce -dice Clarín- que la fuente de recursos sustancial proviene de sectores empresarios alineados en uno u otro lado”. Esta revelación, que suena muy natural, confirma ampliamente la caracterización que de ellos ha hecho el PO. Aunque se digan populares, la UCR y el PJ son, al igual que la Ucedé, partidos patronales que gobernarán como representantes de los intereses de la clase explotadora. Los partidos patronales disponen además de los medios de comunicación que están monopolizados por la clase capitalista, los que gratuitamente reproducen sus declaraciones y machacan con sus slogans. También hay que poner en la cuenta la movilización del aparato estatal en favor de esos partidos, sea nacional o de las provincias y municipios y el uso del aparato de la burocracia sindical y aún de la Iglesia. Angeloz lleva dos listas, una con Caputo y Casella, laicos, y otra con Cristina Guzman y Santiago de Estrada, clericales, para ganar el apoyo del clero. Esta colosal maquinaria es una prueba del carácter fraudulento de la democracia burguesa. Se confunde la libertad de decisión con la manipulación de la opinión pública. El Partido Obrero tiene que hacer su campaña de desenmascaramiento de esta situación, de los explotadores que se benefician con ella, y de sus partidos democráticos, sólo con los recursos que puedan aportar los trabajadores. Esto confirma que se trata de un partido de los explotados. Tenemos que llenar las fábricas con volantes, las paredes con afiches y pintadas, los barrios con bocinas y parlantes, los sindicatos y colegios con folletos de propaganda. Necesitamos el aporte económico de los oprimidos. En la campaña electoral clasista del PO, estará presente un bono, una alcancía, una colecta, para reforzar los medios de acción de la lucha revolucionaria. Compañero: contribuí con tu esfuerzo y llamá a tus amigos y compañeros para que también lo hagan.

En Paraguay, un consuegro de Stroessner ha sido convertido por el imperialismo, la Iglesia y naturalmente, los partidos democráticos en el partero de la libertad Todos se aprestan a convalidarle un mandato “legítimo" en fraguadas elecciones previstas para el próximo 1° de Mayo. Sin embargo, la situación económica del país es muy dura y hasta explosiva. Es una ingenuidad entonces, contar con una estabilización política. La vanguardia revolucionaria que se está formando debe discutir con toda seriedad su estrategia y de ningún modo sucumbir al charlatanerismo democrático. En Asunción es la hora del idilio. Todo el mundo apoya al nuevo gobierno del general Rodríguez, sin que importe para ello su neta y larga filiación stronista. La prensa califica al flamante gabinete, en el cual están presentes los hombres más destacados de las entidades empresarias paraguayas, funcionarios de la banca internacional y viejos personeros del ex dictador, como el “mejor de la historia". La Iglesia, que combatió duramente a Stroessner en los últimos años, también ha manifestado su apoyo a Rodríguez. Ocurre lo mismo, naturalmente, con los opositores nucleados en el “Acuerdo Nacional”, cuyo jefe, Domingo Laino, aseguró que Rodríguez “pasará a la historia como un gran estadista... si atiende a las reivindicaciones del pueblo paraguayo”. El mismo Laino pregona la “flexibilidad” para “buscar todos juntos una salida negociada (y) no traumática”. Un sector del “Acuerdo Nacional”, el Movimiento Popular Colorado, ha reingresado al Partido Colorado, y otro, la Democracia Cristiana, prometió a Rodríguez que participará de las elecciones convocadas para el próximo 1° de mayo, no importa las irregularidades de éstas. Incluso las direcciones sindicales desligadas del aparato stronista se han pronunciado por el “apoyo al proceso democrático”, como ha ocurrido con el Movimiento Intersindical de Trabajadores. Uno de los principales mentores del MIT, el representante en Paraguay de la Central de Trabajadores Libres (CIOSL), declaró que “hay ambiente para apoyar las medidas propuestas por el nuevo Presidente de la República". Hasta el importante Movimiento Campesino Paraguayo, que se desarrolló precisamente en la lucha contra Stroessner y los latifundistas, entiende que (como se dijo en un reciente acto en Caaguazú) “ahora se nos abre una nueva posibilidad en el país para transitar una vida democrática y de libertad”. En la izquierda, el Movimiento Democrático Popular manifestó que “es responsabilidad de quienes hoy asumen el poder” convocar “a una asamblea constituyente y derogar la constitución stronista y la legislación represiva". La totalidad de las cancillerías del mundo, por fin, han reconocido al nuevo gobierno. Elecciones, ¿para qué? El clima es de libertades toleradas. No ha sido tocado un solo pelo del aparato represivo o de la burocracia del Estado, los cuales tienen ahora la orden de permitir la expresión de las distintas tendencias -con excepción del “comunismo”, como se apuró a recordarlo Rodríguez. La finalidad del gobierno es consumar en menos de tres meses un proceso electoral que asegure la continuidad del régimen. Las previstas elecciones tendrán lugar con padrones adulterados y un régimen electoral que impide el escrutinio imparcial -sin hablar de la dominación de todos los resortes del Estado y de la publicidad por parte de los nuevos gobernantes. La oposición reclama una depuración de segundo orden de semejante situación, para lo cual habría que postergar las elecciones. El momento político está dominado por esta disputa, que podría resolverse con el establecimiento de la representación proporcional para las elecciones legislativas y con la autorización para que todos los partidos se hagan presentes en las mesas de escrutinio. El apuro por obtener una legitimización electoral revela, sin embargo, la situación potencialmente explosiva sobre la que se asienta el nuevo gobierno. La candidatura del general Rodríguez esconde mal la lucha que está entablada entre la camarilla militar y la del Partido Colorado, el cual tenía entendido que el candidato oficialista a la Presidencia sería el actual ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Argana. Detrás de este último está el Departamento de Estado norteamericano, quien trasvasó a la prensa las ligazones de Rodríguez con el narcotráfico. El hundimiento del “entorno" de Stroessner ha provocado una fractura en las camarillas militar y colorada, lo cual es una consecuencia natural del fin del arbitraje del viejo dictador. La grieta profunda que se ha abierto en la estructura del régimen stronista, se encuentra potenciada por la crisis económica, en particular con relación a la deuda externa. Las reservas del Banco Central no alcanzan para pagar los intereses atrasados del Paraguay, es decir que hay una típica bancarrota financiera. Esta situación se vio agravada por una fuga de capitales. La banca internacional y el gran capital exportador paraguayo reclaman una “liberación económica", que muchos creyeron inminente, para aumentar el saldo comercial, y para encarrilar por circuitos legales el comercio de contrabando, el cual se lleva gran parte de las divisas que los acreedores están reclamando. Pero la "liberalización” tropieza en los altos niveles del gobierno, porque ella significaría golpear grandes privilegios de las camarillas económicas ligadas al Estado y porque también significaría disparar un enorme aumento del costo de vida. La impasse así planteada, es fácil pronosticar una sucesión de crisis financieras que harán recordar como un sueño el idilio actual. Dadas las peculiaridades de Paraguay, la crisis actual tiene una inmediata proyección internacional. Aunque el jefe del ejército de Brasil haya dicho que Andrés Rodríguez “es amigo de los brasileños”, y el canciller haya repetido lo mismo con respecto al flamante ministro de Hacienda, se siente un crujido en las relaciones entre los dos países. Brasil no ha pagado un centavo por la energía de Itaipú a Paraguay, acumulando por ello una deuda de 22 millones de dólares, que los brasileños quieren compensar con la deuda que Paraguay tiene con el Banco Central de Brasil. A esta situación se suma el bajo precio que Brasil paga por la energía de Itaipú que le corresponde a Paraguay y la prohibición que éste tiene de vender la electricidad a otros países. Para superar la crisis financiera Paraguay ya ha comenzado a plantear, bien que tímidamente, la renegociación de todos estos aspectos. Entrecruzándose con este conflicto se encuentra la lucha del imperialismo norteamericano por hegemonizar el proceso paraguayo en detrimento de Brasil, y como un instrumento adicional para forzar a Brasil a mantener sus compromisos con la banca internacional. Partido Obrero Paraguay se ha hecho fama de país políticamente atrasado, algo que no es totalmente errado si se tiene en cuenta la pasividad de la mayoritaria masa campesina y hasta su alineamiento con el régimen durante la guerra civil de 1947, cuyo desenlace pavimentó el camino a la dictadura. Los democratizantes se valen del atraso paraguayo para justificar su apoyo al actual gobierno como vía de una “democratización gradual", es decir para defender los intereses de clase que motorizan el actual proceso político. Pero está claro que ninguna clase de “atraso" puede justificar el apoyo al imperialismo y a sus agentes nativos. La situación de las masas campesinas ha ido cambiando, sin embargo, como consecuencia de la ampliación de los cultivos que son objeto del comercio internacional, como la soja, lo cual ha llevado a sistemáticas expulsiones de ocupantes sin tierra y a una reducción de la colonización de tierras públicas. El resultado de ello ha sido el aumento de las ocupaciones de tierra y la creciente organización del movimiento campesino, que se realiza con independencia del tradicional padrinazgo colorado. Es probable que la gran burguesía establezca una política de captación de este movimiento campesino, por medio de algunas medidas reformistas que amplíen la zona agraria marginal. Pero no podrán satisfacer la necesidad de tierra de la masa de trabajadores, aspiración que se acentuará con el agravamiento de las condiciones de existencia del pueblo. Se plantea entonces claramente la perspectiva de una alianza obrero-campesina. La clase obrera podrá jugar un papel dirigente si se politiza en forma adecuada, no importa su condición minoritaria. Algunos sectores de izquierda, inspirados en el ejemplo de Brasil, quieren formar un PT, uniéndose a la flamante burocracia sindical que ha actuado al margen de la CPT stronista pero en estrecha relación con la burocracia sindical ligada al sindicalismo norteamericano y a la socialdemocracia, es decir a los agentes del imperialismo. Es dudoso, sin embargo, que éstos impulsen la formación de un PT, más bien plantearán la ligazón de los nuevos burócratas sindicales al opositor "Acuerdo Nacional". Pero ante la necesidad de construir un Partido Obrero en Paraguay, la experiencia de Brasil y toda la experiencia internacional enseñan que es necesario por sobre todas las cosas delimitar los campos con el oportunismo, que también aparece en el atrasado Paraguay, para que la construcción de ese partido no derive en un engendro democratizante al servicio del imperialismo. El nuevo Partido Obrero debe ser un implacable crítico de los procesos y partidos democratizantes de contenido burgués, sino, no es un Partido Obrero, y plantear la alianza obrero-campesina y la lucha por un gobierno de los explotados, entendido como una dictadura proletaria. El jolgorio democrático que propician las camarillas stronistas y sus opositores de todos los colores es una verdadera impostura cuando se observa que la dictadura está intacta y el sometimiento al imperialismo aún más acentuado que antes. Es necesario caracterizar correctamente al actual proceso político, es decir, su contenido de clase, del cual se derivan todas sus limitaciones fundamentales. Hablar de "libertad”, espacios democráticos y otras demagogias por el estilo, cuando todo está por hacerse, y cuando nada podrá hacerse sin la movilización revolucionaria de los explotados, es una verdadera farsa. En Paraguay está planteada la lucha por una Asamblea Constituyente, pero es algo elemental que ella sólo podrá ser convocada por un gobierno revolucionario de los trabajadores. El gobierno actual sólo podrá convocar a una parodia de Constituyente. Rodríguez y los opositores están de acuerdo en convocarla luego de la realización de las elecciones que deberán transformar al primero en “presidente constitucional". Por eso el primer paso del movimiento popular es llamar al boicot a las próximas elecciones fraudulentas, por una Asamblea Constituyente y a un gobierno de trabajadores.

Luego de haber conseguido sacar las tropas rusas, Gorbachov busca desesperadamente el acuerdo del imperialismo norteamericano para alcanzar la "solución política". El gobierno Bush pretende cobrarse a precio de oro este pedido, exigiendo la contrapartida en Centroamérica y el Medio Oriente, sin renunciar por ello a infligir un golpe decisivo a la autoridad internacional de la URSS en Afganistán. La sovietización forzada de las naciones fronterizas no sirve para defenderá la URSS, otra demostración de que “el socialismo en un solo país’ no puede reemplazar la revolución mundial. El retiro de las tropas soviéticas de Afganistán no constituye un episodio aislado dentro de la diplomacia internacional en curso. Desde 1985, bajo la cobertura de una discusión sobre la eliminación de los cohetes nucleares de alcance intermedio en Europa, Reagan y Gorbachov pusieron en marcha lo que convinieron en llamar el “arreglo de los conflictos regionales, un tópico que abarcaba desde Centroamérica y el Medio Oriente hasta el sur de África y Etiopía, pero que incluía también la ocupación de Camboya por parte de Vietnam y la ocupación rusa de Afganistán. La calificación de “conflictos regionales" aplicada a procesos profundamente revolucionarios como el centroamericano, el sudafricano o del palestino, delataba la intención de someter las luchas autónomas de las masas, de características nacionales y sociales, a las exigencias de estabilización del presente orden político mundial. Tampoco las crisis en el sudeste asiático, entre Irán e Irak o en el nordeste de África y en Afganistán tenían el carácter de “conflictos regionales” entre intereses exclusivamente estatales, en los que las grandes potencias actuarán por procuración. Antes que manipulaciones exteriores, eran la expresión de colosales explosiones sociales y nacionales. El gobierno norteamericano dejó en claro, desde el primer momento, que la clave del proceso internacional de “distensión” reclamado por Gorbachov dependía de la disposición y la capacidad del gobierno soviético para poner fin a estas crisis internacionales que obstaculizaban los intereses imperialistas o ponían en peligro su dominación. Por todo esto, la diversidad de "soluciones” aplicadas a los llamados "conflictos regionales" no debe hacer perder de vista su contenido común en el marco de la situación mundial. Todas esas "soluciones” procuran servir a la estabilización del orden imperialista y a una desmoralización de las fuerzas revolucionarias. La URSS no se retira de Afganistán como parte de una política revolucionaria de alcance mundial, que impulse la autodeterminación nacional y la posibilidad de un desarrollo político de la clase obrera, sino que lo hace en función de un acuerdo internacional con el imperialismo para poner fin a la lucha nacional independiente de los pueblos de los ámbitos más diversos del planeta. En tanto los soldados soviéticos cruzan la frontera hacia su país, Nicaragua y la guerrilla de El Salvador son conminados a encuadrarse en las “soluciones democráticas'' que exige el imperialismo; Palestina es convocada a renunciar a la conquista de su libertad nacional; los explotados sudafricanos son llamados a alcanzar un entendimiento con sus explotadores racistas. El alcance internacional del retiro soviético es, por tanto, tan contrarrevolucionario como lo fue en su momento la ocupación de Afganistán. El carácter de un fracaso Cuando en 1979 Brezhnev decidió la invasión, el gobierno del partido comunista de Afganistán estaba al borde del derrumbe. Las tropas rusas debían evitar su caída y estabilizar la frontera sur de la URSS. Hace diez años, el gobierno norteamericano rechazaba los acuerdos de limitación de armamentos y se aprestaba a colocar misiles en Europa, en tanto incentivaba la guerra contra Vietnam en Camboya y preparaba activamente un ataque militar contra la revolución iraní. Brezhnev ordenaba entonces una acción militar defensiva con relación a estas acciones del imperialismo, pero lo hacía sin ninguna consideración por los sentimientos y derechos nacionales del pueblo afgano, ni de los pueblos que se encuentran bajo la influencia islámica. Aunque la URSS extendía de este modo el campo geográfico de su tutela estatal, la ocupación de Afganistán fue un golpe contra las posibilidades de diferenciación política de la vanguardia de los explotados respecto al islamismo y por lo tanto contra las posibilidades revolucionarias en ese fundamental ámbito asiático. Por otro lado tenía un carácter episódico hasta superar los choques existentes con el imperialismo mundial. El gobierno “comunista” de Afganistán había llegado a la bancarrota como consecuencia de sus propias limitaciones políticas. Había llegado al poder por medio de un golpe militar que expresaba la insatisfacción de las fuerzas armadas y de la intelectualidad con el régimen feudal imperante Los stalinistas nativos afirmaron concretamente que el escaso desarrollo de la clase obrera para realizar la “revolución democrática” podía ser superado por las fuerzas armadas. Pero un gobierno aislado por definición de la masa campesina y tribal del país, que pretendía imponer el progreso por la vía de un “despotismo ilustrado”, debía generar más o menos rápidamente la guerra civil. El gobierno burocrático-militar respondió a esta guerra civil con medidas de terror, que de un lado profundizaron el abismo con la masa atrasada del país y del otro armaron una guerra civil propia dentro del partido stalinista. Los golpes militares comienzan a florecer para arreglar cuentas entre los burócratas. El pacífico Afganistán, que había sido desde la segunda guerra mundial una frontera tranquila y segura para la URSS, pasó a ser una línea de demarcación caliente, con el agravante de que estaba rodeada por países como Pakistán e Irán, no sólo inmersos en una gran crisis sino dominados por movimientos islámicos reaccionarios. La invasión rusa tuvo por objetivo hacer retrotraer la situación al idílico cuadro precomunista. Para ello comenzó por deshacer la obra reformista del gobierno izquierdista: detuvo la reforma agraria; eliminó el control estatal del gran comercio; devolvió tierras a los grandes propietarios; reintrodujo la enseñanza religiosa en las escuelas y extendió la propaganda religiosa a los medios de comunicación; eliminó las medidas tomadas en favor de la emancipación civil de la mujer; dedicó una buena parte de los fondos públicos a la construcción de mezquitas, para ganarse la confianza del clero islámico. Este intento estabilizador fracasó rotundamente y no atenuó sino que acrecentó el reclamo del imperialismo de un retiro completo del ejército soviético. Pero el acuerdo para concretar este retiro no se extendió a la instalación de un gobierno “amigo” de la URSS; y este es el punto no resuelto de toda la crisis afgana. El imperialismo norteamericano se ha opuesto hasta ahora al "arreglo regional” del “conflicto" afgano, porque no quiere renunciar de gracia a la oportunidad de golpear duramente la autoridad internacional de la URSS y porque necesita la “carta afgana” para obligar a aquélla a realizar más concesiones aún en los restantes “conflictos regionales”. Capitulación El retiro soviético no abre la vía a la autodeterminación de Afganistán, esto por la simple razón de que la guerrilla islámica está completamente enfeudada al imperialismo y a la reacción feudal. Cualquier gobierno de los “moudjhadin” se encontrará bajo la total dependencia militar y económica del imperialismo. Luego de invadir el país para salvar al partido comunista, la burocracia rusa se retira sin importarle decisivamente que ello concluya con una matanza generalizada de comunistas. El gobierno Bush acaba de declarar que sólo reconocerá un gobierno dominado por las fracciones islámicas "moderadas”, que es lo mismo que plantea Gorbachov. No está claro si este acercamiento expresa algún acuerdo alcanzado en otro punto del planeta o constituye una aproximación de posiciones en torno a la salida a la crisis afgana. En cualquier caso se trata de una capitulación de la burocracia ante el imperialismo. La Unión Soviética ha salido enormemente debilitada de toda esta experiencia. Pero debidamente asimilada por la vanguardia obrera soviética, puede ser un arma poderosa para terminar con la burocracia y devolverle a la URSS una autoridad internacional revolucionaria.

¿Cuál es la finalidad de la posición política asumida por la Izquierda Unida ante los acontecimientos de La Tablada? Aún hoy, cuando ya ha pasado más de un mes y resulta evidente que se perpetró allí una masacre premeditada con el objetivo de hacer avanzar las reivindicaciones de la camarilla militar, Izquierda Unida sigue justificando políticamente esa descomunal represión, cuya responsabilidad hace recaer enteramente sobre el MTP. Izquierda Unida salió a pujar con la derecha reaccionaria en la elección de los epítetos para condenar la acción de los asaltantes al cuartel, sumándose sin el menor reparo a la gigantesca histeria anti-izquierdista que el conjunto de los explotadores trató de desatar en el país. Una posición de este tipo no tiene nunca un carácter episódico. La justificación de cualquier acción represiva del Estado burgués contra sus víctimas, significa pasarse al campo de los explotadores, no importa cuán políticamente injustificada o equivocada sea la acción reprimida. La masacre de La Tablada fue perpetrada violando todas las normas del estado de derecho, pero esto fue pasado por alto por los “defensores de la democracia con justicia social”. La represión no estuvo basada en resolución judicial, no tuvo el carácter de defensa propia, no procuró la salida pacífica y hasta se impidió la rendición de los ocupantes. Imperó un estado de sitio no declarado. Es decir que no fue una represión cualquiera sino que tuvo el carácter de método de guerra civil. Entre la delimitación política de una acción foquista o aventurera y el apoyo de su masacre por el Estado, hay un largo paso que sólo lo franquean determinadas direcciones políticas. Es evidente que la dirección de Izquierda Unida sucumbió ante el pánico que le creó el terrorismo político-ideológico desatado por la burguesía. Aunque se tratara sólo de esto, sería suficiente como un síntoma de capitulación y aun de descomposición. Pero no es sólo esto. Los acontecimientos de La Tablada le sirvieron a Izquierda Unida para expresar una solidaridad de principios con el Estado capitalista y sus fuerzas armadas, lo que convierte en divergencias “tácticas” a los desacuerdos que pueda tener con los explotadores y sus partidos sobre la deuda externa o la política financiera. En La Tablada nada fue, por otra parte, episódico. Si el asalto representó un intento desesperado del MTP de salvar por otros medios su política democratizante en ruinas; y si la masacre fue para las fuerzas armadas y los partidos “democráticos" una forma de imponer por otros medios la reivindicación política del alto mando militar; la posición de Izquierda Unida estuvo dirigida a impulsar por otros medios su política de integración al Estado burgués. La preocupación absorbente de Izquierda Unida hace un mes era salvar su política electoral y sus posibilidades electorales. Esto ya nos dice que su estrategia no está fundada en el reforzamiento de la conciencia de clase del proletariado sino en el oportunismo y la falta de principios. Los dirigentes de I.U. no vacilaron en golpear políticamente a lo más avanzado y militante de sus cuadros, con el fin de ganar votos entre la pequeña burguesía susceptible al chantaje maccartista. Pero esto significa asumir la representación política de la clase media antirrevolucionaria. En los últimos días, al menos de parte del partido comunista, IU está procurando "rectificarse" un poco y para ello ha tomado como propias las denuncias del FRP sobre fusilamientos posteriores al cese del fuego. Sigue en pie, sin embargo, que IU no denuncia la masacre ejecutada durante 36 horas por el Estado contra un grupo reducido y acorralado, que ya estaba privado de todas sus posibilidades. Democracia y dictadura Es falso que IU consiga o incluso pretenda delimitarse del foquismo o de las acciones aventureras o aisladas. El tenor común de las posiciones de los distintos integrantes de IU es justificar esas acciones cuando están dirigidas contra las dictaduras, pero no así cuando tienen lugar en condiciones de un régimen constitucional. Tenemos entonces, por partida doble, una defensa política de las acciones que se realizan al margen de las masas y una defensa de principios del Estado burgués, que se pretende justificar con argumentos constitucionales. IU se delimita, no del foquismo, sino de la acción revolucionaria de masas. Es notable que IU defienda políticamente al terrorismo contra las dictaduras cuando la crítica históricamente más rigurosa contra éste fue formulada por Lenin en la Rusia zarista, caracterizándolo como un método y una política impotentes para acabar con la autocracia. Las dictaduras burguesas, aún más que las democracias, se basan en la atomización del pueblo explotado, algo que el terrorismo o la acción directa individual tienden a profundizar. El bolchevismo dejó una lección insuperable sobre cómo, aun bajo la más despiadada de las dictaduras, sólo la acción colectiva de los explotados puede tener un alcance positivo y revolucionario. El partido comunista reivindica tardíamente el asalto al cuartel de Moncada, por parte de Fidel Castro en 1953 con el argumento de que fue realizado contra una dictadura militar. Pero aunque Moncada ocupe un lugar destacado en la tradición de la revolución cubana triunfante esa acción fue un monumental fracaso político, que sólo sirvió para provocar una destrucción considerable del incipiente movimiento revolucionario. La historia le ofreció al reincidente foquismo castrista otras oportunidades de acción política, algo que no se presenta con frecuencia, y por eso pudo finalmente triunfar, no por un golpe aislado, sino por una insurgencia de conjunto de los explotados cubanos. Izquierda Unida traza entre la democracia y la dictadura, no ya una línea divisoria sino un verdadero abismo. Bajo la dictadura se justifica todo, incluso el terrorismo individual; bajo la democracia no se justifica nada, ni siquiera una acción revolucionaria de masas. En la democracia hay canales de participación, dice Vicente, es decir que no se deben construir otros canales que entren en colisión con el Estado burgués, incluso si ellos corresponden a la tendencia de las propias masas. Vicente defiende a la democracia, no por las posibilidades mayores que puede ofrecer para la educación y organización revolucionaria del proletariado, sino por la restricción y la limitación que impone a esa organización independiente de las masas, a través de las disposiciones constitucionales, legales, administrativas o judiciales, es decir por la obligación que exige de transitar por los "canales" despóticamente establecidos. Se trata de una defensa contrarrevolucionaria de la democracia burguesa. Se desprende de aquí que ante un golpe militar, la democracia sólo debe ser defendida constitucionalmente, es decir bajo la dirección de Menem y Alfonsín y con la compañía de los “mandos leales". Pero las dictaduras militares, contra las cuales IU “autoriza" incluso el terrorismo (lo que significa que lo privilegia, porque lo que sirve no requiere sustituto), no caen del aire. Antes de que la dictadura aparezca en la escena siempre hay una democracia. La dictadura significa que los “canales" de la democracia fueron impotentes para detener su caída. No sirvieron para parar el golpe pero sí para impedir que las masas lo hicieran en su lugar. Ahí está el ejemplo del 55, del 66, del 76 y de Semana Santa. Contra la dictadura, sí; contra la democracia, no. ¿Pero de dónde vienen las dictaduras? ¡Pues de las democracias! Los militares tienen el derecho a desarrollar dentro del Estado democrático todas las posibilidades para derribar a la democracia cuando ella se revele impotente para resolver la crisis del Estado, y ello está amparado por la Constitución y la ley, pero la izquierda debe esperar a que ello ocurra, y a que la encarcelen o le metan un tiro en la cabeza, para después proclamar su derecho a utilizar los canales impotentes del terrorismo. ¿Y cuál debería ser la finalidad política de la lucha contra las dictadura? ¡Pues el retorno a la democracia! - ya que es ella la que brinda los "canales de participación", etc., que desaparecerán como por encanto ante la primera e inevitable crisis política o revolucionaria. A esto se reduce toda la política de IU, que es un monumento al macaneo. IU, que no ha aprendido nada de Lenin, ni de Castro, tampoco aprendió nada del fracaso de Salvador Allende. En Chile no sólo existía un régimen democrático con sus respectivos “canales”, sino que el gobierno estaba en manos del equivalente a Izquierda Unida; es decir que existían teóricamente las mayores posibilidades de "participación”. El detalle es que el pueblo no tenía derecho a armarse, un privilegio que la Constitución reservaba sólo a la camarilla militar. El gobierno de Allende era, en este aspecto, absolutamente constitucional, y no permitía otros “canales” armados que los establecidos. El resultado fue una feroz masacre y una feroz dictadura de más de quince años. Allende se valió de las fuerzas armadas para desarmar al pueblo, y aunque ello le costó la vida, sirvió para salvar al único Estado que Allende reconocía como propio, el burgués. ¡No hay militarización! El Mas transita por el camino de Allende, pero sin llegar a los talones de éste, pues el Mas lo hace desde el llano. Desde el primer momento el Mas se ha opuesto a la consigna de "abajo el COSENA" Aún hoy la propaganda y la agitación del Mas no dicen una sola palabra de lucha contra el Consejo de Seguridad Nacional. Los campeones de la “participación democrática" no se molestan por esta alevosa injerencia de la camarilla militar en la política del Estado. Es que según el Mas (SS 14.2) no existen posibilidades de militarización, ni de "intentos” de ella, como si la lucha contra un acto de militarización estuviera condicionada a las diversas posibilidades de desarrollo de esta militarización. Sólo alguien que esté completamente entregado a los explotadores puede, sin embargo, no ver que el régimen constitucional alfonsiniano ha nacido ya con un grado extraordinario de militarización, el que desciende directamente de la dictadura militar. El cuerpo de oficiales de ésta está intacto y Zamora dice que no hay posibilidades de militarización. La camarilla militar impone el punto final y la obediencia debida y los “socio-trotkistas” afirman que no hay posibilidades de militarización. Los servicios de inteligencia siempre estuvieron funcionando a pesar de carecer de autorización legal y el Mas pretende vender el monumental buzón de que vivimos en una democracia no militarizada. Esta tesis es una miserable justificación teórica" de su alineamiento con los “carapintadas" y de su vergonzante apoyo al COSENA. El PC. en cambio, ha comenzado a criticar tardíamente a éste para disimular sus posiciones frente a La Tablada, pero sin sacar, por supuesto, una conclusión más general, a saber, que incluso el más democrático de los Estados burgueses es una refinada maquinaria de opresión del pueblo. El ultimátum de capitulación política, dirigido a IU por todos los representantes políticos "democráticos” e instituciones del Estado, ha obligado a la dirección del partido comunista a desenmascararse por completo. Durante tres años se ha venido jactando de haber elaborado una “estrategia de poder” que lo habría "renovado” por completo. Esta “estrategia de poder” ha quedado claramente expuesta ahora en los siguientes términos: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada; bajo las dictaduras se puede hacer cualquier cosa pero con la finalidad de volver a la democracia y someterse a sus “canales". I.U. no llega a defender consecuentemente al sistema democrático contra la reacción; lo que hace es justificar con argumentos constitucionales su defensa del Estado burgués en general. Para la IU la Constitución y la ley son entidades que están por encima de las clases, que se imponen como norma obligada de conducta para todas ellas. La burguesía, sin embargo, viola cotidianamente su propia ley mientras exige a los oprimidos que la cumplan. Radiografía de IU Podemos contestar a la pregunta formulada al principio, diciendo que la finalidad de la política de Izquierda Unida ante los sucesos de La Tablada no fue delimitarse del foquismo o el terrorismo sino proclamar su solidaridad de principios con el Estado. No critica al foquismo sino a la posición revolucionaria frente a la democracia burguesa. No defiende las libertades democráticas para que los explotados puedan elegir libremente su camino de lucha, sino que justifica la represión y la militarización burguesas cuando las luchas no transitan los “canales” que le ha asignado la burguesía. Defiende al foquismo cuando sirve de auxiliar al democratismo burgués en situaciones de dictadura militar en crisis. IU es una versión, caricaturesca por supuesto, de la Unidad Popular chilena. No ha vacilado en golpear la tradición y las convicciones de los militantes de izquierda y aun del peronismo, alineándose con una represión ejecutada por los autores de 30.000 desapariciones. Hay una sola izquierda, revolucionaria; es el Partido Obrero.

Los trabajadores del frigorífico Swift, la concentración obrera más importante de Rosario, están librando un durísimo combate contra la miseria salarial. El básico no supera aquí los 800 australes por quincena, de modo que los compañeros pararon la fábrica reivindicando un aumento del 47%. La burocracia pretendió luego distorsionar la lucha sustituyendo ese reclamo por el de una vaga “recomposición salarial". Luego de un paro decretado por la burocracia, la huelga continuó al margen de ella y se extendió al ex-CAP. El sábado 18, en una masiva asamblea, los obreros del Swift destituyeron a la interna burocrática y eligieron una nueva, y luego marcharon hacia el ex-CAP con el objetivo de unificar ambas luchas. Horas después el burócrata "renovador" Cabrera anunciaba un aumento salarial del 41%, pero en cuotas durante el cuatrimestre. La patronal, mientras tanto, suspendía a 1.800 trabajadores y anunciaba centenares de despidos. Mientras los trabajadores eran tratados de este modo, el gobierno regalaba a los frigoríficos exportadores varios miles de millones de australes mediante la devaluación de la moneda. El “acuerdo" cocinado por la burocracia fue rechazado en asamblea, que resolvió seguir la lucha por el 47% inmediato y con todos los compañeros adentro. Al cierre de esta edición, la patronal anunciaba el levantamiento de las suspensiones e intimaba al retomo al trabajo. En la madrugada del martes, la burocracia de la carne disolvía a punta de pistola, una nueva asamblea obrera, y “hacía cumplir" la resolución patronal. Es necesario rodear a los compañeros del Swift del apoyo activo de todo el movimiento obrero de Rosario.

El miércoles 16 el gobernador justicialista Cornejo anunció la “reglamentación” por decreto del derecho de huelga, con la finalidad de reprimir las luchas en curso de casi todos los gremios estatales de Salta. Por disposición del decreto los paros requieren de un preaviso de cinco días, se prohíben medidas de fuerza dentro de los lugares de trabajo y se ilegaliza cualquier acción que “afecte servicios públicos esenciales”. Cornejo, menemista, pretendía resolver así su problema con los empleados públicos que aún no han cobrado los sueldos de enero. El decreto “cornejista" sirvió para inaugurar la flamante Constitución de Salta, que autoriza al gobernador a dictar decretos sobre temas propios de la ley. Es decir que la Constitución permite la sustitución del parlamente por el gobernador, lo que configura una dictadura civil. El decreto puede incluso convertirse en ley si el parlamento no lo trata en 90 días. En Salta se ha puesto en práctica de esta manera la reforma constitucional que reclaman Menem y Alfonsín, la que también prevé dar carácter de ley a los decretos, una vez pasado cierto período de tiempo. Es decir que se ha liquidado el derecho constitucional de huelga mediante el derecho constitucional a legislar por decreto. Es decir que se ha violado la Constitución, la ley y las limitaciones del Poder Ejecutivo. A las 48 horas del anuncio, Ubaldini sostuvo una reunión con Cornejo, de la que surgió un ‘acta de compromiso”. Cornejo aceptó retirar su decreto ley pero con la contrapartida de que “la CGT asume el compromiso, por parte de los gremios en conflicto, de mantener estos servicios (públicos) sin contraponer los derechos de los trabajadores con los derechos de la comunidad" (El Tribuno, 21/2). Como explicó el ministro de gobierno de la provincia, el gobierno alcanzó “los objetivos políticos que buscaba" y “son ahora el gobierno provincial y la CGT nacional quienes garantizan la prestación de tales servicios públicos" (La Nación, 22/2). El decreto-ley se aplicará, entonces, con el concurso de la CGT. Aquí tenemos la “concertación social" que pregona el menemismo, que consiste en una violación “consensuada" del derecho de huelga. La CGT también “ratificó su vocación, conjuntamente con sus sindicatos adheridos y delegaciones regionales, para tratar de lograr la solución adecuada a los conflictos laborales". No se mencionan allí ni una sola vez las reivindicaciones de los estatales, que cobran con 25 días de atraso y en “bonos", y en algunos casos (judiciales) con “bonos de crédito fiscal", ¡que fueran rechazados hasta por las propias reparticiones públicas! Para Ubaldini y la dirección de la CGT local la “solución adecuada” es la capitulación. En consonancia con el acuerdo Cornejo-CGT, las direcciones de ATE Y UPCN levantaron los planes de lucha que venían cumpliendo debido al atraso en los pagos y en favor de una "recomposición salarial". Pero las cuestiones que han llevado a la lucha a los estatales no por esto han dejado de seguir planteadas. En Salta se encuentran en lucha los municipales, los docentes, los médicos con dedicación exclusiva en hospitales públicos, y los empleados de las principales reparticiones de la administración provincial. En los primeros días de febrero, los trabajadores de la dirección de finanzas de la Casa de Gobierno resolvieron no pagar los cheques oficiales que no fueran destinados al pago de sueldos. Luego del pacto tos judiciales han resuelto un nuevo paro de 72 horas; tos médicos de la asociación Interhospitalario ratificaron su plan de lucha, por un 70% de aumento salarial y el pago de tos días caídos; en la docencia, que realizará una asamblea este sábado, existe un fuerte sentimiento por extender las medidas ya iniciadas en la enseñanza media y escuelas de verano. El pacto Ubaldini-Cornejo es un retrato fiel del menemismo, en tanta tendencia política dirigida a reprimir “constitucionalmente” a la clase obrera y a usar para ello todo el aparato de la burocracia sindical sin diferencia de corrientes Otra manifestación de lo mismo es lo que se denuncia en otra parte de este periódico, en relación a que la burocracia menemista de la Sanidad ha establecido tribunales de arbitraje para impedir las decisiones propias y soberanas de las bases sindicales.

El gigantesco Sanatorio Antártida de Caballito permanece desactivado desde hace tres meses, con una secuela de 1.500 trabajadores en la calle y centenas de miles de afiliados a obras sociales (PAMI, OSECAC, etc.) sin la cobertura médica que allí, se les daba. Sus dueños no han dudado en vaciar el establecimiento y luego presentarse en convocatoria, lo que les permite derivar los capitales a otras inversiones. Estas estafas son muy comunes. Ya ocurrieron en el Charcas, San Patricio, Los Andes, Liniers, el Español. Situaciones similares se anuncian en el Güemes, Humboldt, Corporación del Sud. Las patronales vacían las empresas o las “racionalizan" en perjuicio de la atención de los sectores más carenciados (PAMI y las obras sociales más pobres). Una crisis de esta envergadura sólo puede enfrentarse con una vasta movilización en favor de soluciones de fondo. La defensa de las condiciones elementales de vida de las masas, como la salud, exige soluciones vigorosas e inmediatas, que sólo los trabajadores pueden imponer con su lucha. Una impasse política Los trabajadores del Antártida están luchando para evitar el cierre definitivo y por el cobro de los sueldos adeudados. Pero esta lucha aislada por las direcciones sindicales, no progresa. Ha entrado en un impasse que la está desangrando Sin cobrar y sin perspectiva de solución, los trabajadores empiezan a buscar otros rumbos. En la base de esta situación se encuentra la crisis política de la dirección de esta lucha. La dirección gremial del Antártida y gran parte de la Directiva de ATSA Buenos Aires están en manos de Izquierda Unida. I.U. plantea en su programa la nacionalización sin indemnización cuando se trata de una empresa que cierra. Pero ante el cierre del Antártida se niega a luchar por su propio programa. El PC se pronuncia directamente contra la estatización. Dice (Qué Pasa, 408) que es “una solución sin futuro”, que “es deslindar al gobierno de su responsabilidad política" y es “no ir a fondo en una lucha que debe terminar con un enfoque y práctica popular de la salud. Que reformule incluso las leyes recientemente sancionadas”. En resumen, el PC se opone a aplicar su propio programa porque una estatización aislada es insuficiente frente al conjunto de los problemas planteados. Pero la explotación privada es la negación de toda posibilidad de salida. En condiciones de vaciamiento, un establecimiento privado del Antártida exigiría enormes prebendas del Estado en beneficio de la patronal. En definitiva, la posición del PC es pro-capitalista y paralizante. Naturalmente el PC apoya a la dirección de ATSA, que no movió un dedo por el Antártida (se limitó a poner unos mangos en la colecta de los compañeros), tampoco lo hizo por el San Patricio, ni por el Charcas, ni por el Liniers, ni por el Español, ni por nadie (ni una sola medida de lucha en cuatro años de conducción). El Mas por su lado, sí plantea la estatización, pero para la tribuna. “Estas medidas (nacionalización sin indemnización, seguro de desempleo) -dice- junto al no pago de la deuda externa, serán algunas de las propuestas parlamentarias de IU para defender a los trabajadores y al país”. (Solidaridad Socialista, 269). Izquierda Unida se presenta en el Antártida desunida y desmovilizadora. Una movilización de masas Los trabajadores del Antártida necesitan el apoyo de todo el sindicato, el cual sólo será posible con la orientación de la estatización sin pago de todo establecimiento que cierre. Los 70.000 afiliados de ATSA pueden ser movilizados si hay una perspectiva y hay voluntad. Lo que ocurre es que esta voluntad no existe de parte de I.U., que maneja la directiva gremial. Que se abra un amplio debate entre las bases y que se prepare un plenario de delegados y una asamblea general.

West Ocampo, en nombre de FATSA, acaba de firmar el convenio colectivo 104 de la Rama Laboratorios, cuyo artículo 71 merece ser reproducido: “Art. 71: Antes de adoptar cualquier medida de acción directa, FATSA sus filiales o las delegaciones gremiales internas se obligan a someter las cuestiones que motiva el conflicto a un arbitraje previo. El tribunal arbitral estará compuesto por un letrado propuesto por FAIS (la patronal) otro por FATSA y un tercero sorteado entre los camaristas titulares de la Justicia Nacional del Trabajo. Designado el tribunal, las partes contarán con un plazo de 5 días para exponer sus posiciones de la que se dará vista a la contraparte por 3 días. En el mismo plazo deberán ofrecer la prueba que consideran pertinente. Producida la prueba, las partes tendrán plazo de 3 días para alegar. El tribunal se expedirá en el término de 10 días. La decisión podrá apelarse ante la Justicia laboral. Hasta tanto no resuelva en forma definitiva el conflicto no podrán adoptarse medidas de fuerza.” Queda claro que para la rama laboratorios de Sanidad queda abolida toda posibilidad de ir a la lucha. Las comisiones internas quedan sin función y pasan a ser sustituidas por la burocracia en la comisión arbitral. Como recompensa por esto, el artículo 70 del mismo convenio dice que las empresas aportarán a la Federación una suma mensual equivalente a 12 horas del salario básico de los trabajadores, con destino a obras de carácter social, asistencial, etc. Esta coima que recibe West Ocampo por la entregada está estimada en 2 millones de dólares anuales. Los West, Triacca, Cavalieri y Rodríguez han tomado a Sanidad como laboratorio de prueba para el modelo de “pacto social" de Menem Presidente. Ahora bien, ante tamaño ataque a la organización gremial, la Directiva de ATSA Buenos Aires, donde ocupa un destacadísimo lugar la Izquierda Unida, se ha chupado el dedo. Parece que confiaron en que los funcionarios radicales del Ministerio de Trabajo, algunos de cuyos correligionarios militan en la misma Directiva, iban a impedir la homologación del convenio. Cuando comprobaron lo errado de este cálculo (y que el Ministerio responde más a los intereses de los monopolios farmacéuticos que a las relaciones de comité), en un plenario de delegados resolvieron formar una comisión para que estudie qué hacer ante la cuestión! Es evidente la incapacidad para enfrentar la ofensiva sostenida de la derecha burocrática en el gremio. Los cuerpos de delegados deben promover la Asamblea General del gremio para lanzar un plan de lucha por la anulación del Convenio 104, la expulsión de West Ocampo de la paritaria y la expropiación del Antártida bajo control de los trabajadores.

A medida que pasan los días la “historia oficial” de lo sucedido en La Tablada se está cayendo estrepitosamente. El “armamento sofisticado especialmente importado de Checoslovaquia, la URSS Y China”, que se había adjudicado a los atacantes, era en realidad -según reconoció el propio ministro del Interior- “en su mayoría, fusiles viejos” (Nación 29/1) El “grupo de mercenarios y especialistas militares extranjeros, llegados de Cuba y Nicaragua para participar del ataque", debió ser desmentido por el canciller Caputo en declaraciones efectuadas en Estados Unidos. “No había ningún extranjero en el grupo". (Clarín, 12/2). El “soldado indefenso que cayó asesinado al ser cobardemente aplastado en la puerta del cuartel por el camión de los asaltantes", resulta que “goza de buena salud, no está muerto, sino que guarda reposo por fractura de una pierna" (Clarín, 17/2). La “actitud criminal de los atacantes, que apostaron francotiradores en la zona asesinando a mansalva y por la espalda a las fuerzas de seguridad” no fue tal ya que se comprobó que “no hubo francotiradores sino que las propias tropas policiales y del Ejército, estaban tan desorganizadas que se cruzaban disparos entre sí; las de atrás a las de adelante" (Ámbito Financiero, 21/2). La versión oficial aseguró que “la lucha duró tantas horas y costó tantas vidas porque los atacantes no quisieron rendirse”. Según acaba de publicarse “los ocupantes del cuartel ofrecieron en forma Inmediata y por lo menos en tres oportunidades la rendición, no siendo esta aceptada por las autoridades encargadas de la represión" (Página 12,19/2). A todo esto se suma la denuncia de los propios acusados sobre el fusilamiento liso y llano de varios de los detenidos con vida. Las fotos publicadas por el diario “La República” de Montevideo del 15/2/89 demuestran que por lo menos el detenido Ivan López aparece con vida entre los detenidos, en tanto figura como “muerto al resistirse" en la versión oficial. Esta serie de hechos ponen de relieve que el gigantesco escenario de sangre y fuego de La Tablada, fue montado enteramente por el gobierno, Cafiero y la camarilla militar, cuando estaban reunidas todas las condiciones para un desenlace pacífico del enfrentamiento. La masacre fue un acto políticamente motivado para apresurar el acuerdo con los militares y sacar réditos electorales para el radicalismo. Estado de Derecho Mientras las “pruebas irrefutables"del régimen caen como moscas, éste insiste en que reprimió en La Tablada “aplicando el Estado de Derecho". Los hechos demuestran lo siguiente: • La orden de reprimir a los ocupantes del regimiento no fue dada por el juez de turno, sino por el Presidente, a quien le está expresamente prohibido hacerlo por la Constitución; salvo en caso de Estado de Sitio, que no fue declarado por el Parlamento. Es decir que se aplicó de hecho la suspensión de las garantías constitucionales, violando abiertamente la Constitución. • No sólo no existió orden previa de un juez sino que ningún juez se hizo presente en el lugar de los hechos, como era su deber (así se hizo en los levantamientos de Rico y Seineldin; así se hace ante un simple motín de presos en Villa Devoto). Es también deber del juez, si existen individuos o grupos armados, intimarles la rendición. Es deber judicial parlamentar con los insurrectos, para que depongan su actitud. De no producirse rendición, el juez y las autoridades deben recurrir a los métodos de reducción de personas: gas lacrimógeno, grupo especial de policía, etc. Nada de todo esto que es obligación legal, se hizo en Tablada. • Durante más de 36 horas, tiempo en que finalmente se hizo cargo formal de la situación un juez, imperó en La Tablada una situación de tierra de nadie, pues los detenidos estuvieron a merced de un grupo de tareas militar, sin control de razonabilidad alguno. El lugar fue, técnicamente, un campo de concentración. • El cuartel -lugar de los hechos investigados- debió ser inmediatamente cerrado y clausurado, como ordena la ley, para evitar que se destruyesen o perdiesen pruebas de lo ocurrido. El juez —en cambio— lo dejó abierto y ocupado por una de las partes que intervino en los hechos, los militares. Se perdieron así valiosas evidencias (es un dato llamativo que la mayoría de los muertos estuviesen desnudos sin que se haya encontrado la ropa en el lugar). • El juez concurrió personalmente al cuartel recién el 13 de febrero, ¡veinte días después del hecho! (La Nación, 14/2) • El procurador general del estado, D’Alessio, ha desechado públicamente investigar las denuncias del grupo que se adjudica el ataque, sobre fusilamientos, torturas y desapariciones (Cronista 16/2). Esto va contra el principio de evaluación de la prueba, ya que es norma que hasta el peor delincuente y sus allegados pueden denunciar y reclamar la investigación por los tormentos e ilícitos de los que hayan sido víctimas. • El fiscal de la causa, Plee, representante del Estado en el juicio, ha vulnerado el principio de inocencia hasta que no se pruebe lo ocurrido por sentencia firme. ‘Esta gente actuó en un juego sucio, por lo que nada podemos creerles" (Clarín, 17/2) afirmó sin vacilaciones, algo que le está expresamente prohibido por la ley. Aún para hacer su acusación debe basarse en pruebas objetivas y no en sus empinadas opiniones. • Las declaraciones de los policías que participaron en la Tablada fueron recibidas no por el juez... sino por los propios policías. Los militares declararon en el cuartel, asistidos por sus superiores, cuando la ley establece que deben hacerlo en sede judicial, sin “asistencia” de jefe alguno. (Cronista, 20/2). • El juez tampoco ha tomado en cuenta todos los elementos de prueba para calificar los hechos. Existe objetivamente una fuerte desproporción entre la cantidad de atacantes y sus medios y la forma en que se afirma fue ejecutada la represión. Más de 3.500 efectivos, cañones 105 milímetros, helicópteros artillados, bombas de fósforo (prohibidas por la “Convención de Ginebra" hasta para los casos de guerra) todo esto para reducir a 50 personas, munidas de fusiles, en un área de 450 metros cuadrados! Según afirmó un coronel especializado “con media centena de especialistas, los hubiésemos reducido en dos horas, sin romper un solo vidrio" (Página 12, 16/2) Acá se reventó el cuartel entero, y con él a todo ser viviente en su interior, fuese tropa propia o ajena. De acuerdo a la ley, los códigos y el estado de derecho esto encuadra cuanto menos, en “exceso en la legítima defensa" si no en comprobado “homicidio calificado”. Así se actúa en los tribunales penales de acuerdo a la ley. Así no se actúa en este caso. Todo lo analizado demuestra que si hay algo que no se aplicó ni se está aplicando en el caso Tablada es el estado de derecho. Investigación y castigo En este cuadro de situación está claro que sólo en las manos de los trabajadores concientes y de la ciudadanía verdaderamente democrática reposa la decisión de movilizarse por una profunda investigación de lo sucedido en Tablada. Ese es el eje, al margen de las profundas discrepancias políticas que tengamos con el putchismo y el foquismo. Cuando un régimen político llega a la matanza indiscriminada de personas por un mezquino objetivo político es que está dispuesto a encontrar, según la necesidad del momento, el justificativo adecuado. Actuaron sólo circunstancialmente sobre los putchistas. Hay que movilizarse consecuentemente por la investigación y castigo a todos los responsables -políticos y materiales- de la matanza de Tablada.

“El Poder Ejecutivo profundiza la crisis energética” Los cortes de energía eléctrica han puesto en la superficie la falta de una planificación técnica y financiera en el sector energético. El Poder Ejecutivo en cambio atribuye a razones climáticas la falta de energía eléctrica, para apaciguar la desesperación del pueblo. Sin dudas estas limitaciones existen pero, por no ser imprevisibles, debieron ser contempladas en la formulación de un correcto plan de atención a la probable demanda. Es decir lo que no hizo el Poder Ejecutivo y mucho menos los funcionarios de la Secretaría de Energía, es haber previsto las erogaciones presupuestarias necesarias que contemplen el mantenimiento de todo el parque energético. de la red nacional y del sistema de distribución Esto no se hizo, por haber destinado los recursos de las empresas energéticas al pago de la confiscatoria deuda externa. Pero por otro lado el gobierno ve una improbable superación del problema en el corto plazo y ante tamaño costo político que significan los generalizados y programados horarios sin energía eléctrica para la industria, el comercio, las actividades financieras, asistenciales y sociales es que ha lanzado un DECRETAZO, el 1927/89 a través de su ministerio privatizador. En este se declara (art. 1°)" como prioritarias y urgentes las contrataciones e inversiones a realizar para superar la actual crisis del sistema interconectado Nacional”. Es decir que estamos ante la vieja metodología de obtener tecnología foránea a cualquier precio, con el bajo argumento de utilizar toda la potencia térmica indisponible. Estamos ante un planteo privatizador y de vaciamiento conciente de las empresas eléctricas del Estado, ante un ataque a sus trabajadores, que realizan sus tareas en el límite de sus posibilidades, con escaso número y con falta de equipos y de materiales. A estos tecnócratas no se les ha ocurrido que con nuestros recursos humanos, técnicos y financieros somos capaces de solventar con eficiencia la recuperación de cada elemento electromecánico vinculado a la generación de electricidad. A esta gente no se le ha ocurrido que por imperio del artículo 7° del decreto 1927/89 y por el cual aparecen las auditorías, consultorías y asesorías técnicas con la participación de los famosos “expertos", se van a tener empresas más endeudadas, centrales térmicas a un costo financiero altísimo en divisas, es decir muchos negociados como Yaciretá y menores salarios, como inevitable consecuencia. A esta gente no se le va ocurrir pensar en estas consecuencias penosas para el país porque son engranajes de un régimen que siempre tiende a resolver los problemas sociales del capital engendrados por el propio capitalismo y no los intereses de las masas. La crisis energética pone de relieve cómo la burguesía trata de resolverlo desde su propio enfoque y el deber de la vanguardia obrera es darle su propia salida para beneficiar al pueblo. • No pago de la deuda externa, para que con los recursos de ella se hagan los trabajos de mantenimientos e inversiones necesarias e inmediatas en esta etapa de desabastecimiento eléctrico • Movilización y plan de lucha inmediata de los trabajadores de Luz y Fuerza para imponer estas soluciones. • Ante la incapacidad y complicidad con esta política de vaciamiento, los funcionarios de las empresas energéticas deben ser reemplazados y pasar a dirigirlas el personal obrero, técnico y profesional, siendo su participación proporcional en la conducción de acuerdo con la cantidad de cada sector. Pedro Orgambide. Compañeros de Prensa Obrera: Les escribo respecto al artículo que apareció en el PO N° 257 denunciando la trayectoria y las declaraciones del abogado Méndez Carrera que tiene destacada actuación en la lista del Mas en la interna de Izquierda Unida. Compañeros del Mas no querían creer lo que leían, razón por la cual les pido me envíen fotocopia del reportaje que allí se denuncia. Los saluda I. obrero metalúrgico de la zona norte

En el congreso que acaba de realizarse en Comodoro Rivadavia, la directiva de la CONADU logró imponer la línea de tomar los exámenes en febrero y marzo, contra la promesa de no comenzar las clases. Con esto se ha votado una parálisis de dos meses. Aunque la recomposición salarial ofrecida no compensa siquiera el deterioro operado en las remuneraciones de octubre, contaba con el visto bueno de algunos miembros de la directiva de CONADU. Esto nos está diciendo que existen fuertes presiones entreguistas en su seno. La tregua de dos meses propuesta por la dirección -un frente cafierista- tuvo un aliado tenaz en el PC, cuyos representantes, tanto aquí como en el movimiento estudiantil, batallaron para que se tomaran los exámenes. Aún asi, este amplio bloque político pudo imponer sus posiciones sólo por un voto, enfrentando en masa a los representantes de las universidades del interior.

Sobre el inicio del año lectivo el salario docente se encuentra totalmente destrozado. Los mejores sueldos del magisterio son un tercio de la canasta familiar. En la provincia del gobernador Cafiero los sueldos fueron “aumentados' hasta... ₳ 1.860 de básico, lo que no cubre los gastos de la primera semana del mes. En el resto del país el promedio es similar. Los impuestos que por ley debían financiar los jornales del magisterio nunca llegaron al bolsillo de los docentes. Frente a esta situación de catástrofe se extiende entre los docentes la deliberación y la discusión. En Salta existe un plan de lucha y paros progresivos. En numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires, circulan petitorios y pronunciamientos que reclaman asambleas para decidir el no inicio de las clases. Los dirigentes de CTERA están lanzados a un operativo para abortar estas tendencias de lucha. Sin consultar a nadie plantean una reivindicación salarial que no es tal, pues apenas llega a ₳ 3.200, una suma que aparta de la lucha al 30% del magisterio que ya cobra ese básico. La JE de CTERA plantea la necesidad de buscar "un mecanismo que evite la confrontación continua”, con lo que admite que la causa del conflicto no serían los bajos salarios. Ha hallado la solución en un mecanismo que perpetúa los conflictos en las peores condiciones para los trabajadores. Ha armado una seudoparitaria con los gobernadores justicialistas para concertar un “mínimo” a partir del cual “las entidades provinciales puedan obtener, posteriormente, mejoras" (Clarín, 12/ 2/89). Es decir, Garcetti aísla a cada provincia en una lucha separada por su salario. Esta política explica que, junto con Solimano, se oponga a la huelga general. Carlos Menem ha planteado que es necesario asegurar la transición “ordenada" de aquí a diciembre sin importarle la miseria de los docentes y la completa destrucción a que se somete la educación pública y sin importarle tampoco el desorden inflacionario que han armado el gobierno y los capitalistas. Pero no es a los Garcetti o Solimano a quienes corresponde decidir. Deben realizarse asambleas y elegir coordinadoras y comités de lucha para plantear la organización de la huelga general. Que el reclamo salarial lo formulen las bases, a partir del dato de que la canasta familiar está oficialmente valuada en ₳ 10.000. Es necesario además un congreso, con delegados elegidos y mandatados en asambleas y sin ningún tipo de proscripciones.

¿Qué significado tiene la crisis en la Ucedé, que cuenta como protagonistas principales, al menos "pour la galerie’, a dos mujeres? El martes pasado la hija de Alsogaray vio frustrada su aspiración de llegar a la secretaria general del partido, cuando un bloque de viejos gorilas “rojistas”, el sector de la concejala de Viola y un grupo de la propia tendencia de la Alsogaray votaron la exclusión de ésta de la lista de delegados al comité nacional por la Capital Federal. ¿Rivalidades personales? Sin ninguna duda. Pero tiene que haber algo más para que en torno de esas rivalidades se alineen dos bloques diferentes. Lo que en realidad procuró decidir la votación es un principio de conducta de la Ucedé en el colegio electoral. Si el bloque de la diputada Alsogaray se escindió en el apoyo a su líder, ello se debe a que la mujer ha manifestado en el pasado su disposición a negociar los votos de los electores de la Ucedé de la Capital en favor de Menem a cambio de los votos justicialistas para que ella ocupe la senaduría por el distrito. Esta tendencia pro-menemista tuvo otras manifestaciones, como las públicamente reconocidas tratativas del ucedeista Durañona y Vedia con personeros de Menem. La pispireta concejala de Viola apunta en otra dirección: entregar los electores de la Ucedé a Angeloz a cambio de su designación para la Intendencia de la Capital. Los radicales no aceptan negociar el senado porque tienen una débil representación en este ámbito, pero si lo harían con una Intendencia que igualmente quedaría bajo el control del poder ejecutivo. La crisis ucedeista ha llevado a la superficie nuevamente el tema del colegio electoral. El apoyo de Alvaro Alsogaray al bloque de la D'Alessio de Viola marca la decisión de la Ucedé y de un sector del imperialismo de presentar batalla del lado de la UCR contra Menem en ese recinto, si el margen de diferencias de los resultados electorales lo permite. Angeloz no puede ganarle las elecciones a Menem, de lo que se trata es de ver si puede hacerlo en el colegio electoral sobre la base de una coalición de poder con la Ucedé y otros partidos. Es sintomático que el clerical Santiago de Estrada, que por algún motivo es embajador en el Vaticano, haya aceptado presentarse como candidato al parlamento por la Capital en la lista “federalista" que postula la fórmula Angeloz-Cristina Guzmán. La gran operación financiera gestada por el gobierno con la patria financiera" y los “exportadores" en los últimos días, por la cual le regaló a estos últimos unos 1.500 millones de australes mediante la devaluación del dólar para exportaciones, ha tenido el carácter de un acuerdo político con los grandes monopolios para permitir alguna posibilidad de suceso a Angeloz. No en vano éste ha apoyado el negociado de este mes de febrero sin dejar de repetir que es partidario de la completa liberación del mercado de cambios, algo que favorecería a exportadores y banqueros. Estos movimientos en el campo de los intereses capitalistas, pone de nuevo al día la decisión de Izquierda Unida de concurrir al colegio electoral para votar a Menem en el caso de que allí se produzca un impasse. La posición de la Ucedé será usada para justificar esta posición, de la cual se dirá que sirve al campo popular". Ello convierte a sus postulantes en una correa de transmisión de uno de los candidatos de la gran patronal, como lo demuestra precisamente la posición de María Julia Alsogaray. La izquierda que pretenda merecer ese nombre debe boicotear el colegio electoral, denunciar los contubernios que allí se pacten y llamar a los trabajadores a romper con la burguesía y organizarse en forma política independiente.

El “grupo de los 15", recordado por su participación en el gabinete de Alfonsín a través de Alderete, y luego columna principal del menemismo, ha lanzado una ofensiva para que el PJ adopte la posición de la “flexibilización laboral”, que significa la liquidación de la estabilidad obrera y el derecho de la patronal a introducir toda clase de modificaciones en los regímenes de trabajo. Este planteo ya fue llevado, según Clarín (17/2) a la banca internacional y cuenta con el apoyo de Bunge y Born, Bulgheroni y Techint. La burocracia de la CGT, que pretendió diferenciarse de este proyecto, sacó sin embargo una declaración en la que afirma que “la adecuación de los puestos de trabajo, de las relaciones laborales a los cambios en el proceso productivo debe negociarse en los convenios colectivos de trabajo”. Acepta así las exigencias de fondo de los capitalistas, con la sola condición de tener una participación en su implementación. Con esto sólo trata de salir al paso a la pretensión del "grupo de los 15” de suplantar a los otros clanes sindicales en la determinación de la política de un futuro gobierno de Menem. Pero los 15 no se han quedado moscas. Luis Barrionuevo respondió a la CGT diciendo que los convenios "son para los trabajadores con relación de dependencia", pero no contemplan la inserción de los sin trabajo en la “revolución productiva”. Se desprende de esto que los menemistas quieren autorizar el contrato de trabajadores temporales sin la necesidad de que estén cubiertos por los regímenes de previsión social, por la legislación laboral o los convenios sindicales. Ni qué decir que si se permite la instalación del trabajo precario para contratar nuevo personal, ello convertirá en precarios al conjunto de los trabajadores. Recientemente se realizó en España una huelga general contra la pretensión del gobierno "socialista” de autorizar el empleo temporal de los jóvenes. Es decir que la tendencia a destruir las defensas básicas de los trabajadores tiene un alcance mundial que la burguesía quiere ver vigente en la Argentina. Angeloz se pronunció recientemente en favor del trabajo precario para la juventud, pero el proyecto menemista es mucho más amplio. Es necesario que los trabajadores reconozcan en el menemismo a los enemigos directos de sus derechos. Menemistas quieren que paguemos aranceles El Secretario General de ATSA Mendoza, Juan Carlos Navarro, propuso arancelar los hospitales estatales como forma de “aumentar los fondos para la salud” (La Nación, 22/1). Es decir que en lugar de dejar de pagar la deuda externa y de subsidiar a los sanatorios privados, a través de las Obras Sociales (Pami, etc.), los burócratas propugnan gravar aún más al pueblo trabajador. El PARTIDO OBRERO propugna en su PLATAFORMA: “Por una educación y salud gratuitos. Expropiación de los establecimientos de salud y laboratorios, bajo control de los trabajadores”.

Para que los compañeros se formen una idea aproximada de lo que ha significado la devaluación del austral en los últimos días, es necesario consignar un dato absolutamente fundamental: los capitales “argentinos” radicados en el exterior alcanzan la fantástica suma de 46.000 millones de dólares. La información la da el Financial Times de Londres en su editorial principal del 23 de enero pasado, donde dice haberla extraído de una "estimación" del Morgan Guaranty Bank. Como resultado de la devaluación del 50% del austral (que significa un 30% de valorización del dólar), estos capitales acrecentaron su poder adquisitivo sobre los patrimonios y la fuerza de trabajo en Argentina en nada menos que 15.000 millones de dólares. La radicación en el exterior de semejante suma de capital-dinero demuestra que la deuda externa que contrajeron estos capitalistas sirvió casi enteramente para permitir la fuga de esos capitales del país. Estos capitales equivalen al 100% de todo lo que Argentina (que estatizó la deuda) debe a la banca internacional, siendo que el resto, hasta llegar a los 60.000 millones de dólares, se debe a organismos oficiales o para-oficiales. De la misma información se desprende que la banca internacional no ha puesto un sólo dólar en Argentina pues el equivalente de la deuda externa está depositado en las cuentas de los propios bancos acreedores. Naturalmente que la banca tiene que pagar intereses por esos depósitos, pero aún mayores son los intereses que cobra por sus “préstamos" De manera que el negocio de la banca internacional consiste en la diferencia entre lo que paga y lo que cobra mediante el uso del propio capital del país que está comprometido por la deuda externa. Como se ve, la burguesía nacional podría saldar toda la deuda del país, que por otra parte ella misma contrajo; en lugar de esto la ha transformado en un factor de succión de la riqueza nacional en beneficio propio y en el de la banca internacional. La columna vertebral de la burguesía argentina que opera de este modo, está formada por los llamados “capitanes de la industria”, que no sólo operan en la industria sino que también son explotadores agrarios, banqueros y comerciales. Esta fracción controla el 70% del producto bruto nacional. Los "capitanes de la industria" son con toda evidencia rehenes de la banca internacional. No pueden mover sus cuentas en el exterior sin el consentimiento de los banqueros. No podrían “fugarse” de los bancos como hicieron en Argentina, sin sufrir represalias comerciales y financieras de los Estados imperialistas. Es decir que la gran burguesía “nacional” no es una clase independiente. La posición económica de esta burguesía en el sistema de la deuda externa, explica que sea partidaria de su pago, mediante la llamada “capitalización”. Esta autoriza a convertir los títulos de la deuda en australes y a adquirir patrimonios dentro del país o realizar inversiones con la garantía de poder repatriar sus utilidades. La burguesía podría comprar así con sus propios dólares, los títulos de la deuda externa en poder de los bancos, que se cotizan a un precio inferior a los de su valor original como consecuencia de la imposibilidad de pagarla que tienen los Estados, y venderlos a este Estado que los pagaría en moneda nacional a un precio mayor que el de su valor de compra. Como la política de capitalización supone una libertad completa para explotar la mano de obra y para disponer de los beneficios, ella plantea la liquidación de la protección laboral y de la protección del mercado nacional. Esto explica que la UCR y el PJ consideren superado ahora el “estatismo’ y el ‘nacionalismo'' y que sólo lo acepten cuando se trata de que el Estado nacional compre la deuda externa a un precio muy superior al de su cotización de mercado. Existe, sin embargo, una posibilidad de conflicto entre la banca internacional y la gran burguesía nativa, que ya se ha presentado más de una vez. La imposibilidad de pagar la deuda externa por parte del Estado es un factor de inmovilización del capital nacional depositado en el exterior, el cual se ve impedido por este motivo de abrir negocios más lucrativos que los que representan esos depósitos, por ejemplo mediante inversiones monopólicas en su propio país. Es por este motivo que los “capitanes” impulsan los planteos en favor de una reducción del monto de la deuda externa y de sus intereses, preferentemente por la vía de la “capitalización”, pero también por medio de un descuento directo. La “capitalización” les permitiría movilizar sus capitales en operaciones de conversión de la deuda externa en australes a precios de ocasión. A través del descuento, el Estado nacional impulsaría una reactivación económica con los dólares que le dejaría el comercio exterior. Este planteo es apoyado por una fracción de la banca internacional. Esta burguesía no sólo está representada por la Ucedé, sino que también forma la base de acción de radicales y justicialistas. Alfonsín y Angeloz, de un lado, y Menem y Cafiero, del otro, representan por sus relaciones y por su política a los intereses de clase que fugaron 46.000 millones de dólares al exterior. Cualquiera sea la obligación que tienen estos hombres de tomar en cuenta los intereses del conjunto de las clases que los votan, su política está determinada por la posición de los “capitanes de la industria", la que está en constante oposición con la situación de las mayorías populares. En el programa de Izquierda Unida se conmina a los “capitanes” a traer sus capitales del exterior o de lo contrario a sufrir la expropiación de sus inversiones en el país. Esta formulación “radicalizada”, demuestra el carácter pequeño burgués de IU y su falta de independencia de la burguesía. El "retorno” del capital “exiliado" (eso propugna IU) no haría más que acrecentar la dominación de la burguesía argentina y consecuentemente la colonización del capital mundial. Este "retorno" es inconcebible sin condiciones económicas (capitalistas) propicias para la reproducción de ese capital, pues de lo contrario su regreso sólo generaría una inmensa inflación y una nueva fuga de capitales. Lo que IU presenta como una vía de emancipación y de desarrollo es una forma pequeño burguesa e ignorante de plantear el acrecentamiento del poder del capitalismo, que es el objetivo de Menem y Angeloz. El planteo de "vuelvan", no significa otra cosa que la apertura de una negociación con la gran burguesía sobre las condiciones en que debe desenvolverse la explotación capitalista. El Partido Obrero caracteriza a la deuda externa como una expresión de la crisis creciente del capitalismo mundial para reproducirse como sistema de explotación y como un instrumento de superexplotación de las masas de los países oprimidos. Por ello plantea el desconocimiento de la deuda externa como parte de un programa de transformación socialista de la sociedad y como parte de una acción común con el proletariado de América Latina y de los países avanzados para acabar con la dominación del imperialismo capitalista.

Estas semanas de febrero no han sido más que una serie sucesiva de negociados impuestos por el gran capital nacional e internacional con la colaboración del Estado y del conjunto de los partidos que los representan. Esta es la apreciación de conjunto que se desprende de lo ocurrido. Primero fue la devaluación del “mercado libre” impuesta por presión directa de la banca internacional, que reclamó que las divisas en poder del gobierno vayan al pago de la deuda externa. La banca internacional logró sus propósitos amenazando con llevar al gobierno a la cesación de pagos. La devaluación significó un beneficio inmediato del 50% de su patrimonio para todos los poseedores de dólares. La masa especulativa que circula regularmente por el “mercado” argentino está estimada en 7.000 millones de dólares. El resultado de la devaluación ha beneficiado en miles de millones de australes a estos especuladores. El segundo paso de la historia de los negociados fue la emisión por parte del gobierno, de bonos ajustables según la cotización del dólar, a un valor considerablemente inferior a la devaluación. Esta medida incorporó a esta gran estafa a los especuladores que se “habían ido de vacaciones”. El Estado se endeudó de este modo en varios miles de millones de australes, una suma que crecerá piramidalmente con la bancarrota del austral. Esta “dolarización” fue impuesta por la Unión Industrial y la Cámara de Comercio, que amenazaron al gobierno con provocar una descomunal crisis política. El siguiente movimiento de esta gigantesca estafa tuvo por protagonistas a la Sociedad Rural y al conjunto de los exportadores, que arrancaron un dólar “mezcla” entre el comercial y el “libre”, así como el derecho a traer parcialmente préstamos del exterior por este “mercado”. Según Clarín, los exportadores retienen en el exterior 300 millones de dólares de ventas ya realizadas; según Ámbito la cifra es de 600 millones de dólares. Como la “mezcla” mejoró el dólar de exportación en un 15%, los exportadores realizaron un beneficio de cerca de 100 millones de dólares sin vender nada nuevo, ni mucho menos producirlo. Esta tercera secuencia del saqueo aún no terminó, porque los exportadores se niegan a vender sus dólares hasta que no se los autorice a ingresar el 100% de los préstamos, o auto-préstamos, del exterior por el “mercado libre”. La cuarta etapa vendrá más adelante cuando, como consecuencia de todo esto, el Estado se vea obligado a dejar “libre” el dólar “único”, es decir a que su cotización la fijen los grandes pulpos como les venga en gana. Esta “debilidad” extraordinaria del Estado ante la especulación capitalista, contrasta visiblemente con su decisión de fijar una “rígida” política de ingresos, es decir, mantener el salario en la congeladora. La escandalosa transferencia de ingresos arrancada por los monopolios sale completamente del bolsillo de los obreros y de la bancarrota financiera del Estado. Esta es la clase social “modernizadora” en la que se apoyan Menem, Angeloz y Alsogaray, y con la cual Izquierda Unida quiere convivir “democráticamente”, y si es posible con “justicia social”. Los candidatos patronales no denunciaron para nada el sabotaje de los capitalistas a la Nación y al Estado, ni denunciaron tampoco a éste por ponerse completamente bajo la dependencia de la especulación capitalista. Izquierda Unida no denunció la completa impotencia del régimen de la democracia burguesa frente al capital. La remarcación de los precios que se está produciendo, como consecuencia de este caos llamado “iniciativa privada”, abre una nueva etapa de lucha para los trabajadores, a la cual la burocracia sindical ya ha declarado que quiere renunciar. La consigna de “llegar al 14 de mayo” es la peor de las estafas, porque va dirigida a que el pueblo acepte su propio desfalco. Hay que tomar conciencia de la situación. La dominación capitalista es la ruina de la Nación y de los trabajadores. Los partidos patronales y los democratizantes son la ruina política para los explotados. Contra la piratería política y económica del capital hay que organizarse y luchar en forma independiente.