Prensa Obrera N° 257

En un lapso de horas, el gobierno nacional ha lanzado una ofensiva en regla contra las libertades democráticas y las organizaciones populares. * Ha formado el Consejo de Seguridad con los Jefes de Estado Mayores de las FFAA y los servicios de inteligencia constituyendo así un verdadero gabinete paralelo y elevando al alto mando militar a la categoría de 'ministros militares". Sus deliberaciones son secretas y sus facultades son tan amplias que puede inmiscuirse en cualquier terreno de la vida ciudadana. El gobierno de la República ha quedado formalmente integrado con los servicios de inteligencia y bajo la supervisión de un organismo conspirativo ajeno a cualquier control de la población y de las instituciones representativas. Este Consejo significa que los “servicios” se han convertido en el eje central de la política gubernamental. * Ha lanzado la más abierta e inmoral reivindicación del alto mando militar y de los propios carapintadas, presentándolos como ‘héroes de la democracia”. * Ha lanzado una verdadera ofensiva maccartista por todos los medios de difusión contra las organizaciones de izquierda. La reconstitución de una de las instituciones centrales de las dictaduras de Onganía y Videla, la reivindicación del aparato genocida de la dictadura, no fueron provocadas por el copamiento del regimiento de La Tablada por sectores del MTP. Ningún hecho puede justificar que un gobierno ejecute una línea que no quiere seguir. El Consejo de Seguridad y la preservación y reivindicación del aparato represivo forman parte de una estrategia política anterior a lo de La Tablada, cuyos antecedentes son el punto final, la obediencia debida, los pactos con Rico y Seineldin y la Ley de Defensa. Estamos frente a un curso completamente reaccionario. No es un hecho aislado sino una política de conjunto dirigida a avanzar a fondo en la militarización del Estado. Un organismo similar al CONASE (Consejo Nacional de Segundad) fue creado bajo el gobierno de Isabel Perón para dar rienda suelta a los Videla y Cía. Ahora son los Gassino y los carapintadas. Como Alsogaray, los Alfonsín y Menem glorifican al aparato represivo que manejó el país luego del golpe del 76. En un clima de histeria deliberada se han lanzado a reivindicar como nunca a las FF.AA del genocidio, atacando a la izquierda y al movimiento obrero y a la ciudadanía progresista, presentando como héroes a los torturadores y asesinos que la política de impunidad dejó en completa libertad. En esto existe un frente único de los partidos patronales que se agrupan detrás de la defensa de las FF.AA., de la casta de oficiales elegida por nadie, y de los carapintadas que se jactan de su tarea de limpieza criminal de 30.000 compañeros. Capitulación Frente a todo esto, que es lo esencial de la situación política actual, el conjunto de las direcciones de las organizaciones populares se han pasado al campo de la reacción política. La CGT ha adherido al duelo nacional decretado por el gobierno en homenaje a las FF.AA.. Izquierda Unida y con especial énfasis Luis Zamora y el Mas, han señalado también su solidaridad y condolencias al Ejército. Néstor Vicente calificó a Baños de traidor a la democracia, convirtiendo al alto mando y a los carapintadas en demócratas. Izquierda Unida sigue afirmando que el Consejo de Seguridad "puede ser" una amenaza contra las libertades públicas, es decir que también puede no ser. La delimitación política de acciones aventureras y sin perspectivas no puede significar, bajo ninguna circunstancia, la solidaridad con los genocidas, con el alto mando militar y con el Estado capitalista. Es la solidaridad con los enemigos de clase, con los explotadores, con los que aplican la política del FMI y hambrean al pueblo. Toda la ofensiva reaccionaria en marcha no se explica por La Tablada, insistimos. Al revés, la escalada actual se explica como un recurso para avanzar aun más en la política de amnistía, de sometimiento al gran capital, a los que financiaron el Proceso y aun hoy se visten de demócratas y “constitucionales”. Represión y masacre Apenas se produjo el copamiento del Regimiento de La Tablada, el gobierno y el alto mando llegaron a un acuerdo, a un pacto, para transformar lo de Tablada en una carnicería, para dar pie al curso maccartista y militarista actual Cuando los que ocuparon los cuarteles fueron los Seineldin y Rico, el tratamiento fue de doncellas, resaltando siempre que fueron “héroes". Ahora en cambio todo el dispositivo fue el de organizar y justificar una masacre. Se dijo que eran extranjeros, centroamericanos y cubanos, lo cual se reveló falso. Se dijo que tenían armas cubanas y soviéticas y ahora el informe oficial dice ‘que se encontraron armas de origen brasileño, belga, inglés y norteamericano" (Clarín, 28/1). Se dijo que eran “suicidas” y “sanguinarios" y ahora los conscriptos declaran que los que ocuparon el cuartel “nos trataron bastante bien” (Clarín, 28/1). Si el gobierno hubiera creído que se trataba de un ataque a la democracia hubiera podido rodear el cuartel, llamar al pueblo a repudiar la acción del MTP y obligar a una rendición de los ocupantes sometiéndolos a un verdadero bochorno político. No hubo ningún intento de parlamentar, de obligarlos a una rendición, por el contrario se dejó toda la operación de represión en manos de comandos “carapintadas". Compañeros Los que ocuparon el regimiento de La Tablada defendieron durante todos estos años al régimen democratizante actual. El Partido Obrero libró una intensa batalla política contra el seguidismo de todos estos sectores al gobierno fondomonetarista. El MTP no es una organización de “ultraizquierda” sino una organización democratizante que planteó recientemente gestar un movimiento político más amplio en torno a una figura del Estado, el fiscal Molinas. Estos militantes se chocaron contra la pared porque la democracia que decían defender era la del punto final, la obediencia debida, los planes del FMI, la capitulación ante los carapintadas. La desilusión política los llevó, no a modificar su estrategia política de apoyo al régimen actual, sino a protagonizar una aventura putchista con la misma estrategia de “defender la democracia" ante un supuesto complot de los carapintadas. Compañeros: La tarea central actual es repudiar la militarización y defender las libertades públicas y comprender que las variantes políticas democratizantes, putchistas o no, son un callejón sin salida. El PARTIDO OBRERO señala que los trabajadores tienen que sacar todas las enseñanzas de los acontecimientos y sobre todo comprender y madurar políticamente con independencia de los partidos burgueses para proyectarse ellos en una acción revolucionaria contra el régimen patronal. Para esto es necesario construir un gran partido de la clase obrera que sustituya al régimen de los explotadores por un gobierno obrero y de los trabajadores. 28/1/1989

Que América Latina vive la mayor convulsión política de los últimos cincuenta años, ahí está la caída de Stroessner para probarlo. Sin ninguna posibilidad inmediata de que fuera derrocada por una acción popular, la dictadura paraguaya estalló por la implacable descomposición económica capitalista, la cual terminó por hacer saltar todas las contradicciones y enfrentamientos que estaban encapsulados en un elaborado sistema burocrático-militar de dominación. Por mucho que pueda sorprender, ni los yanquis ni los brasileños inspiraron el golpe del general Andrés Rodríguez, quien se apresuró a revestirlo con proclamas democratizantes Los norteamericanos hicieron trascender que el “nuevo hombre fuerte” sería la cabeza del narcotráfico guaraní-boliviano, lo que no es la mejor forma de presentar a un aliado. Los brasileños dicen, por su parte, que “la hipótesis de la caída de Stroessner siempre atormentó a los responsables de la política externa; ella se presenta ahora en toda su crudeza” (O Estado de Sao Paulo, 4/2). Aunque el comandante en jefe del ejército de Brasil, Leónidas Pires Gonçalves, haya dicho que Andrés Rodríguez es un “amigo de Brasil”, la preocupación es ahora “cuándo vendrá la próxima sublevación", es decir el peligro de una rápida desintegración de las estructuras estatales. El régimen de Stroessner estaba organizado en torno a una tupida red de intereses económicos estatales que tenían por eje el contrabando y la dilapidación de los fondos públicos. La burguesía internacional y los capitalistas paraguayos estaban obligados a hacer sus negocios a través de estos laberintos, lo cual no dejaba de brindarles suculentos negocios, aunque debieran dejar en la mesa abultadas comisiones. El capital brasileño recurrió ampliamente a este régimen, apuntalado por la fortísima influencia de las fuerzas armadas brasileñas en las paraguayas. El régimen de Stroessner suplió la debilidad del capitalismo en Paraguay mediante una peculiar intervención del Estado, lo cual le permitió abrir una ruta al desenvolvimiento capitalista del país. Las fuerzas armadas del Paraguay formaban parte integral de este sistema de “capitalismo de Estado” subdesarrollado en virtud del “estatuto del personal militar”, el cual autoriza a los uniformados a participar de los negocios económicos. Esta reglamentación puso en manos de los jefes castrenses la posibilidad de transformarse en grandes capitalistas y de asociar a sus subordinados mediante prebendas y participaciones. De este modo va a crecer el conglomerado económico que tendrá al nuevo presidente de Paraguay como su principal cabeza. En síntesis, Stroessner sostenía su dictadura en la policía, las fuerzas armadas y el partido colorado, unidos en un reparto creciente, aunque no equilibrado, de prebendas económicas. Hacia mediados de la década del 70, el régimen paraguayo estaba en una aguda impasse en virtud de la crisis económica, pues ella hacía inviable el reparto generalizado de privilegios. Esa impase fue superada por el inmenso impulso económico que provocó la construcción con Brasil de la represa hidroeléctrica de Itaipú Se abrió incluso una corta etapa de euforia económica y de ampliación extraordinaria de los negocios y negociados del régimen. No hay que olvidar que Paraguay utiliza sólo el 3% de la energía que genera Itaipú, de modo que vende la casi totalidad de la cuota que le corresponde en la producción. Pero la finalización de la obra fue el principio de una nueva crisis económica, agravada por el crecimiento de la deuda externa y el déficit del comercio internacional. Este último fue en 1988, de 200 millones de dólares, incluso en el intercambio ilegal del contrabando Paraguay tenía intereses impagos con la banca mundial por 240 millones de dólares, mientras sus reservas de divisas no llegaban a los 160 millones. Es sintomático que en vísperas del golpe, los bancos japoneses se hubieran negado a renovar los créditos solicitados por Stroessner; que se hubieran producido corridas cambiarias; y que el gobierno cerrara las casas de cambio -la principal de las cuales era de propiedad del general Rodríguez. La crisis económica le dio un nuevo carácter al enfrentamiento entre las camarillas del régimen, representadas principalmente por los sectores “militante” y “tradicionalista” del partido colorado. Este último, desplazado en 1987, corría el riesgo de sufrir duros golpes como consecuencia del total copamiento del Estado por sus rivales, a partir del nuevo periodo presidencial de Stroessner. La pretensión de éste de sacar a Rodríguez de la jefatura del ejército fue la chispa del golpe. El ex dictador pretendía suplantar al general Rodríguez con militares de rango intermedio llamados “profesionalistas”. El fracaso de esta operación ha dejado en pie la posibilidad de que los postergados “profesionalistas" protagonicen ahora un contragolpe, incluso de características democratizantes, para defender sus propios “derechos”. La prensa brasileña ha presentado a los golpistas como ligados a las “multinacionales” y la prensa paraguaya que apoya al golpe se presenta como partidaria del “liberalismo económico” y el desmantelamiento del estatismo. Esto significa que para pagar sus deudas el nuevo régimen deberá poner bandera de remate a una gran parte de los intereses amparados por el stronismo, al menos como una manera de defender los intereses propios. De todos modos, el general Rodríguez aparece ya en función de árbitro de fracciones enfrentadas. El llamado a elecciones en 90 días refleja la necesidad de establecer un rápido acuerdo de poder, antes que la descomposición económica desate una guerra entre los clanes del stronismo. El gobierno deberá llegar a un rápido acuerdo con la banca internacional, para salir de la inminente moratoria que Stroessner pensaba declarar respecto a la deuda externa. Paraguay no ha ingresado, como consecuencia del golpe, por la “senda de la democracia", como tampoco ha ocurrido por otra parte con los demás países de América Latina. Pero Paraguay está aún más inmaduro para protagonizar esa experiencia, además de que está acosado por una crisis de elevado ritmo. No es casual que hace un mes el ejército brasileño hubiera realizado maniobras militares que apuntaban a “salvar a un país amigo" de una acción “subversiva". La oposición democratizante, e incluso el Movimiento intersindical de Trabajadores, han dado su apoyo político al golpe. El MIT declaró, “su apoyo a las propuestas del nuevo Gobierno Provisional de democratizar el país, realizar elecciones libres en igualdad de condiciones para todos los partidos y establecer la vigencia de los derechos humanos y sindicales, en una atmósfera de comprensión y respeto general" (4/2) El MIT quiere reemplazar a la stronista CPT "por un sindicalismo democrático y participativo". Dentro del MIT, donde ejerce una gran influencia la burocracia sindical norteamericana, actúan la izquierda y los activistas clasistas de Paraguay. Esta posición significa que no se propugna en Paraguay la destrucción del Estado stronista; subsidiariamente, esto significa que no se aprecia la profundidad y la amplitud de la crisis que se ha abierto. En realidad Paraguay ha dado el primer paso de una crisis revolucionaria. Así lo temen los grandes explotadores y sus Estados, así lo debe ver la vanguardia obrera.

El transbordador británico “Indiana I” que, a mediados de enero, realizó el trayecto Malvinas -Montevideo (Uruguay)-Punta Arenas (Chile), lo hizo con el pleno acuerdo de los gobiernos de los tres países, y en especial, del argentino. A nadie se le escapa de que sin garantías oficiales ningún grupo capitalista hubiera bancado el costo de fletar la nave. Sólo así pudo “Indiana I” realizar efectivamente su viaje, anclar en Montevideo, cargar y descargar sus mercaderías y proseguir hacia Chile. Semejante hecho no es más que una prueba de la “trama secreta" que están enhebrando Alfonsín, Caputo y la Thatcher, con la “mediación" de Washington, para “normalizar" las relaciones anglo-argentinas, algo que se espera concluir para antes de la asunción de Menem. Mientras el buque navegaba hacia Uruguay e inclusive hasta que hizo su entrada al puerto de Montevideo, el gobierno argentino mantuvo naturalmente un “prudente" silencio. Cinco días después que la nave hubiera zarpado de Malvinas difundió un “escueto comunicado” para reclamar a la Thatcher “negociaciones” sobre “todos los aspectos vinculados a las islas Malvinas”. Delataba así su complicidad con lo que estaba ocurriendo. Hace tiempo que la cancillería argentina ha aceptado la posición británica de "avanzar sobre un conjunto de problemas que están más allá de la disputa” -como dijera Caputo en 1987. Se hace referencia con esto a los temas pesqueros, de navegación e inclusive militares. Dentro de esa línea no sorprendió que la Thatcher anunciara públicamente que el gobierno argentino había aceptado las maniobras militares británicas en febrero de 1988, ni tampoco que en materia de pesca se formalizaran acuerdos de delimitación de jurisdicciones. Ahora le ha llegado el turno a la navegación marítima. Este es el significado del periplo naviero del “Indiana I”. La declaración del gobierno argentino de agradecer al uruguayo el rechazo de éste a “la posibilidad del establecimiento de una línea regular entre las islas Malvinas y ese país” es engañosa La cuestión de “líneas regulares" no está planteada. Los propios empresarios del “Indiana” aclararon que “no era un servicio regular... porque no sabemos de dónde provendrá la demanda” (Cable AP 13/1). Los patrones del “Indiana I" sólo pretendían el acceso a Montevideo con carácter ocasional, un reclamo que fue satisfecho pues como lo declaró él mismo, “el gobierno uruguayo... atenderá a cualquier embarcación que llegue a puerto local en viaje comercial” (Cable AP, 17/1). El candidato “nacionalista” Lacalle Herrera, afín al gobierno, “se mostró partidario de que el transbordador sea atendido en Montevideo en uso de la ‘libertad de los mares’". La burocracia sindical uruguaya, vinculada al stalinismo, respaldó la postura de su gobierno con el argumento de que no debía inmiscuirse en su política exterior. La dirección de la Intergremial Portuaria y del PIT-CNT resolvieron el lunes 16 al ingresar el "Indiana" al puerto de Montevideo que los trabajadores descargaran el buque. Julio Quintero, dirigente del sindicato portuario, declaró públicamente que “el barco será atendido normalmente" (Cable AP, 17/1). Recién una vez efectuada la descarga, la dirigencia del PIT-CNT accedió a suscribir un documento con la CGT argentina para no cargar o descargar “en el futuro" a cualquier buque “que pretenda establecer servicios regulares o irregulares entre las Malvinas y Montevideo”. El justicialismo repudió la conducta del gobierno uruguayo y el “silencio" de la cancillería argentina. La CGT reclamó el boicot al buque por parte de las centrales sindicales de Uruguay y Chile. Pero debe tenerse en cuenta que el justicialismo ha refrendado todos los pasos de la cancillería alfonsinista en relación a la búsqueda de un acuerdo con la Thatcher. Durante su último viaje a Europa, en octubre pasado, Menem declaró su disposición a negociar con Inglaterra “sin la precondición de la soberanía de las islas Malvinas". “Argentina -dijo el riojano- no tiene posibilidad de avanzar en Europa, si no ablanda sus relaciones con el Reino Unido” (Página 12, 3/11/88). El P.J. ha establecido, a través del gobernador Bordón y probable canciller de Menem, un gabinete compartido en la Cancillería de Caputo, que dio el aval a todos los pasos de éste en relación a Inglaterra. El compromiso de la CGT de impulsar el boicot portuario a Gran Bretaña en relación a los buques que provengan de las Malvinas es pura demagogia, la que se desvanecerá cuando Menem gane las elecciones. La burocracia sindical es testaferro del Estado y de sus políticos, tanto más si se trata de política internacional. La burocracia cegetista ha dado sobradas pruebas de este sometimiento, como ha vuelto a ocurrir ahora en que ha renunciado a la moratoria unilateral de la deuda externa, porque esto no se compadece con el programa de Menem.

En las últimas tres décadas la burguesía argentina ha ido desmantelando a través de golpes militares, asesinatos y engaños democráticos la legislación laboral y social conquistada por la clase obrera en 1945/51. El régimen previsional fue fundido por las dictaduras militares y ahora rematado por el gobierno democrático, al punto que una parte creciente del sistema se sostiene con impuestos al consumo. Los convenios de trabajo han desaparecido como consecuencia del trabajo incentivado y los premios a la producción. La contratación temporaria y el trabajo eventual han permitido a las patronales eludir el preaviso y las indemnizaciones. Estas últimas, incluso, han quedado desnaturalizadas al haber sido ligadas al misérrimo salario mínimo. Pero todo esto parece aún insuficiente al capitalismo por lo que se plantea un nuevo y audaz ataque al movimiento obrero. En esto no hay diferencias entre Menem, Angeloz y Alfonsín. Precisamente del riñón del menemismo acaba de anunciarse un programa de reformas a la legislación laboral que sirve para ilustrar lo que éste entiende por “revolución productiva". El programa lleva la firma de Eduardo Curia, uno de los principales economistas y probable ministro de Carlos Menem, pero su texto fue aprobado en un plenario del grupo de “los 15”. Armando Cavalieri reveló que "es una tarea -dijo- que nos ha encomendado el compañero Menem y es obvio que esto será llevado a la CGT para su discusión” (Clarín, 4/2). Como no podía ser de otro modo, esta propuesta produjo “una alta aceptación entre los miembros del empresariado” (La Nación, 4/2). Ni indemnización ni preaviso Lo que tos hombres de Menem proponen es lisa y llanamente, sustituir la “estabilidad laboral” por la “contratación temporaria”, llevando así hasta el final la tendencia capitalista de los últimos años. El régimen laboral argentino -sostiene el menemismo- “peca” por darle al trabajador “estabilidad” en “contratos de duración indefinida”, lo que no permitiría “adaptar el régimen laboral a las novedosas circunstancias económicas que van surgiendo". Para que haya “movilidad laboral” (léase: despidos masivos) -agregan- sería necesario la “contratación temporaria” pues permitiría eximir a los empresarios del pago de la “indemnización y el preaviso”. Se propone también “desregular” el sistema de categorías en las empresas para “atenuar el costo laboral”, lo que significaría una descalificación del trabajo. El documento justicialista insiste en reclamar el reemplazo de las categorías de trabajo por la "polivalencia funcional". En palabras simples, que un operario calificado o un oficial realicen cualquier tipo de tarea. También se plantea “contemplar” la realidad de cada empresa “en aspectos ligados a la función de producción, al ritmo tecnológico o a las condiciones de mercado...” La propuesta menemista de crear “zonas francas” en ciertas zonas del país se basa precisamente en el otorgamiento de un conjunto de franquicias, siendo la más importante la no vigencia de las leyes laborales. La propuesta de “desregulación laboral" llevaría a este sistema a todo el país. Esta propuesta entronca con los planes de racionalización y privatización que impulsan los grandes monopolios. La privatización de las empresas estatales plantea despidos masivos que deberán ser costeados con los fondos públicos, que no se ate a las exigencias de la actual ley de despidos o a la estabilidad del empleo público. La propuesta propone, además, anular o reducir la contribución patronal al sistema previsional y de subsidios familiares, etc. “El Estado -dice- podría contribuir exonerando parcialmente (a los empresarios) el pago de contribuciones sociales...”, lo cual sería compensado con nuevos impuestos al consumo. Todo eso no se contradice con el “salariazo” a tres años vista propuesto por Menem, pues una eventual recuperación parcial de los salarios deberá salir de la propia clase obrera mediante la pérdida de sus conquistas sociales y laborales, y el aumento de la superexplotación. El menemismo se apresta a gobernar sobre la base de este acuerdo de fondo con el gran capital. No es casual que Alsogaray haya saludado la “revolución productiva” de Menem, y que la Ucedé coincida con las ideas renovadoras de Curia y “los 15”. Ubaldini atacó la propuesta de Curia y “los 15” y la comparó con la metodología antiobrera aplicada durante la dictadura militar, pero la burocracia en su conjunto hace rato que ha aceptado todos los atropellos de la burguesía contra las conquistas sociales, laborales y previsionales.

Uno de los aliados del Mas en la “interna" de Izquierda Unida fue la Corriente de Izquierda Universitaria, conocida en su ámbito de actuación por un notorio “amarillismo'’ y conocida en el plano político por proponer la supresión del servicio militar pero no las fuerzas armadas -lo que significa que aboga por un ejército de comandos o mejor dicho de "carapintadas” (ver P.O. N° 256). Es natural entonces que en los hechos de La Tablada el Mas y la CIU, tomaran partido por estos últimos. Ahora hemos tenido oportunidad de “conocer” a otro aliado del Mas, el abogado Horacio Méndez Carrera. El diario Río Negro, en una entrevista (19/12), lo presenta como “elegante”, “pinta de niño bien" y hasta “liberal". Un candidato ideal, como se ve para I.U., en especial en la Capital Federal. Méndez Carrera se dice oriundo de la clase “alta” y no tiene inconvenientes en señalar que entre sus amigos está Beccar Varela (el fascista dirigente de Tradición, Familia y Propiedad); que es socio del Jockey Club; que tiene “una cantidad importante de amigos que han firmado la solicitada a favor de Videla”; y que “mis mejores amigos, son muy católicos y se dicen liberales". El Mas presenta a Méndez Carrera como defensor de los derechos humanos, pero esto fue antes de La Tablada, donde el Mas sólo defendió los “derechos humanos” de los seguidores de Seineldin. De cualquier manera la caracterización es significativa, pues bajo el rubro de “derechos humanos" activa todo un arco que va desde sectores abiertamente proimperialistas (el ex presidente de EE. UU., Carter) hasta toda la gama de defensores del Estado burgués “constitucional". Que en I.U. revistan como candidatos defensores de derechos humanos en general, dice claramente que es un frente liberal. Aun así queda el interrogante, planteado después de La Tablada, de si se trata de defensores “normales" o “anormales” de tos derechos humanos, pues el Mas ha colocado ahora en esta última categoría a Jorge Baños (ver Zamora -“Gente” 2/2/89). Méndez Carrera, de todos modos, fue designado como abogado “oficial" de las monjas francesas desaparecidas, por el imperialísimo gobierno francés, igualmente representado por Mitterrand como por Chirac. Estrictamente en este carácter, es un empleado del imperialismo. Méndez Carrera no sólo tiene estos atributos sino que también es muy claro. Cuando el periodista le sugiere que “algunos considerarán que eI liberalismo y el Mas son como el agua y el aceite", Méndez Carrera se apresura a negarlo. “Todo lo contrario” -responde. “Mientras éste (el frente de Izquierda) no exista -agrega- no habrá instituciones democráticas afianzadas". Esto quedó muy claro en La Tablada, donde el Mas se alineó con las “instituciones democráticas" (incluida la camarilla militar y los “carapintadas”), y hasta permitiendo un crecimiento en el número de esas instituciones con la creación del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional). El cargo, que le dio Mitterrand sin embargo, le trajo muchos inconvenientes a Méndez Carrera en su vida privada. “Esta actitud me ha costado mucho: perdí clientes, muchas empresas consideraron que mi actuación en derechos humanos era peligrosa para sus intereses”. La reflexión de Méndez Carrera en la entrevista es que “Esto habla de la intolerancia y de la falta de madurez de la sociedad. Incluso fui rechazado por parte de mi familia”. De tal manera que cada vez que Méndez Carrera entra “al baño turco del Jockey Club desnudo... siento algunas flechas dirigidas a mi persona”. Vestido sería otra cosa. Para Méndez Carrera “una ley de amnistía hubiera sido mejor en diciembre de 1983 que haber sufrido las consecuencias de esta degradación en la relación cívico militar”. Es lo mismo que dicen los “carapintadas”. Para Méndez Carrera, este “retroceso" de los civiles frente a los militares hubiera sido menos “costoso” si Alfonsín en el 83 hubiera mantenido la “autoamnistía” de la dictadura. Hubiera sido un modo de “afianzar las Instituciones democráticas” aun cuando entonces no existía todavía I.U. Méndez Carrera también dice que “simpatiza con Federico Storani... un tipo que si bien tuvo que votar la ley de Obediencia Debida, la votó... Uno sabe cómo la votó” (Muy bueno, muy bueno, como diría Neustadt, que también debe tomar baños en el Jockey Club). Méndez Carrera rescata “la figura de Storani y de otros que han tenido una actitud que refleja a la verdadera ala progresista del radicalismo. Son más liberales, más próximos, utilizan menos el recurso de la mentira y si por ahí mienten la cara los traiciona”. ¡Si se ponen colorados es otra cosa!

Correr “rallies” se ha convertido en una moda de los que escalan alto en la trepada del aparato peronista. Es así que el vicegobernador de Salta, Máximo de los Ríos, con su coche último modelo, intervino en una competencia entre Salta y Antofagasta (Chile). La "carrera” del funcionario se detuvo, sin embargo, por la fuerza de la realidad en San Antonio de los Cobres, pequeña ciudad fronteriza sumergida en la miseria y el aislamiento. Una manifestación encabezada por los docentes de las escuelas de verano y acompañadas por casi todo el pueblo le interrumpió la fiesta. Los reclamos llovieron desde todos los sectores: “docentes sin cobrar”, “los comedores escolares cerrados porque nace tres meses que no llegan las partidas para su sostenimiento”, “la desnutrición Infantil es muy alta”, “no se construyen viviendas”, “no hay fuerza de trabajo”. Estos redamos fueron respaldados con un paro de 48 horas y salieron a exigir el apoyo de la agremiación docente provincial. Una delegación de la Agrupación de Bases Docentes llegó desde la capital salteña para prestar su solidaridad con los docentes en lucha. La secretaría adjunta del Sindicato provincial (ADP) declaró que no apoyaba “los métodos” de los docentes de Cobres. Como consecuencia de esto una asamblea extraordinaria de la ADP resolvió pedir la renuncia de su secretaría adjunta; asimismo votó paros progresivos de 24, 48 y 72 horas; paro por tiempo indeterminado si el día 10 de cada mes aún no se han pagado los sueldos y un plebiscito para decidir la modalidad de la lucha para el año que se inicia.

El pasado viernes 2, fueron liberados Amalia Quintillán (de la Comisión de Derechos Humanos), Elias Ponce (del Partido Comunista), Adrián Soto-mayor (del Partido Obrero), y Alberto Suazo (de la Democracia Cristiana). Los cuatro militantes populares de Comodoro Rivadavia permanecieron casi un mes en la cárcel, acusados de “instigación al delito”. De este modo, la justicia y el gobierno chubutenses caratularon a la solidaridad activa de estos militantes con un grupo de familias adjudicatarias de viviendas de FONAVI. Estas familias trabajadoras, cansadas del bicicleteo burocrático del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), resolvieron instalarse por propia iniciativa en viviendas desocupadas del barrio “1311”, al cual pertenecían las unidades ya adjudicadas. “1311 viviendas” El barrio “1311 viviendas" es un complejo habitacional del IPV, que concentra las expectativas de centenares de familias sin techo inscriptas desde cuatro o cinco años atrás en los planes provinciales de viviendas. Hace tiempo que las viviendas del barrio están terminadas. Sin embargo, en su mayoría se encuentran desocupadas, y el IPV demora su entrega a los adjudicatarios. Los motivos de esta dilación comenzaron a tomar estado público: “En 1987, figurábamos en una lista de adjudicatarios, y luego desaparecimos de ella sin que se nos diera ninguna explicación” (Crónica, 16/ 1), declaró una de las familias ocupantes. En realidad, la lista de adjudicatarios era ‘secreta": ésta se confeccionaba y “rehacía” al servicio de la manipulación electoral de los sin techo, así sucedía en 1987, y así se esperaba extorsionar a los adjudicatarios frente a las próximas elecciones. Pero la dilación en la entrega de unidades ocultaba otro fraude mayor. El IPV no realizó las obras de expansión de la red cloacal para el barrio, por lo que no se tomaron en cuenta las más elementales garantías sanitarias para los habitantes de las “1311" y barrios aledaños. Este hecho también cobró estado público semanas atrás, cuando el municipio, los pulpos contratistas, y el IPV comenzaron a recriminarse mutuamente el “olvido" de la red cloacal. En este cuadro, familias adjudicatarias de las “1311" comenzaron a tomar en sus manos lo que les pertenecía: las viviendas adjudicadas. Luego de la instalación de una veintena de familias, iban sumándose nuevos núcleos que acudían a habitar las unidades desocupadas. Mientras tanto, decenas de familias se movilizaban al IPV, para reclamar la publicación de la lista de adjudicatarios. Activistas democráticos y de partidos de izquierda se solidarizaron, entonces, con este movimiento de lucha. El 6 de enero, mientras realizaban esa tarea, fueron detenidos Adrián Sotomayor (del Partido Obrero) y Alberto Suazo, de la Democracia Cristiana. Tres días después, el juez ordenó la detención de Quintillán y Ponce, mientras se dictaron órdenes de captura contra otros tres militantes, de izquierda. En este cuadro de persecución a la militancia, se intimó a las familias “ocupantes" a retirarse de las 1311 viviendas. El coro de la prensa local, menemistas, renovadores y radicales coincidieron en presentar a la “ocupación de viviendas” como una “maquinación urdida por la izquierda”. La campaña maccartista no tenía, en realidad, otro objetivo que bajar del banquillo de los acusados al único y verdadero “instigador" de las “ocupaciones”: los gobiernos patronales-radicales y justicialistas— incapaces de resolver la penuria de viviendas... pero “aptos” para hacer, de esa penuria, un negocio jugoso para los pulpos de la construcción. Enérgica campaña por la libertad Ante el ataque represivo, se puso en marcha una importante campaña política exigiendo la libertad de los presos, el cese de las persecuciones y la satisfacción de los reclamos de las familias ocupantes. Por estos puntos, la “Coordinadora por la libertad de los presos” (integrada por los partidos de izquierda y la comisión de derechos humanos local) reunió tres mil firmas en las calles y barriadas de Comodoro. El 20 de enero, un acto público reunió, en Comodoro, a más de 250 compañeros, contando con la presencia de Hebe Bonafini, Cata Guagnini y otros dirigentes políticos de la izquierda. Allí, se denunció la responsabilidad del cafierista Perl -gobernador del Chubut- en la andanada represiva de Comodoro. Una coordinadora similar se constituyó en Trelew, mientras que en la Capital, el Partido Obrero convocaba para el 2 de febrero a un acto público frente a la Casa del Chubut. Precisamente, en la mañana de ese día, se produjo la libertad de los compañeros. La lucha planteada Los compañeros fueron excarcelados, mientras prosigue la causa penal. La prensa local ha señalado que este hecho “fijará un precedente en los anales de la justicia de Comodoro, y que será tomado como referencia de producirse Incidentes similares” (Crónica, 4/2/89). Es evidente entonces, que se procura un escarmiento “ejemplar" contra los movimientos de lucha por la vivienda. La campaña política ya iniciada por la Coordinadora, sigue, por lo tanto, vigente: “por la anulación de las causas abiertas a los militantes populares. “que los verdaderos responsables se sienten en el banquillo de los acusados: investigación de la construcción y adjudicaciones “truchas” en las 1311; enjuiciamiento y castigo de los responsables de las mismas. “por una comisión popular integrada por adjudicatarios, organizaciones vecinales y populares, que fiscalice la entrega de las viviendas.

El salario de los docentes ha retrocedido brutalmente en los meses de verano. El básico en la provincia de Buenos Aires es de 1.750 australes a lo que se agrega una suma de 150 australes no bonificable. Esto representa la quinta parte de una canasta familiar. Un trabajador con mayor antigüedad puede llegar a los ₳ 3.500/4.000, lo que equivale al 40% de la subsistencia mensual de una familia. El gobierno acaba de anunciar un retoque del 30% para los docentes nacionales (pauta que seguramente será imitada por los gobiernos provinciales). Con esto pretende evitar una lucha generalizada de los maestros. Sin embargo, lanzado en vísperas de la declaración de bancarrota del “plan primavera", este aumento salarial no cubre el deterioro pasado ni hace frente al hundimiento de las próximas semanas. En las provincias más "rezagadas” apenas se cobra un básico de 1.500 australes, y sus gobernaciones no tienen previsto nada para atenuar esta situación. Entretanto, la burocracia sindical docente está enfrascada en una virulenta lucha interna, entre la CTERA Celeste y Solimano (que se apartó de la CTERA conformando la FETEN), a quien la primera denuncia como agente del gobierno. La fragmentación se extiende a otras tendencias como los radicales o el “viejo” PC, que procuran hacer “rancho aparte” en estos momentos de necesidad de una lucha unificada. El burocratismo y la traición a las bases, justificados para lograr la “unidad” han llevado a una espantosa y calculada división. La conducción Celeste, luego de amenazar el año pasado con el no inicio de las clases, viene bicicleteando cualquier iniciativa de lucha. Marcos Garcetti acaba de señalar que “aún no se puede anticipar si los maestros resolverán no iniciar el ciclo lectivo", lo cual habrá de depender de “la marcha de las negociaciones”, que por supuesto están empantanadas. Para Juan Carlos Carreño, secretario adjunto de CTERA y del UNTER (Río Negro) “el país no es el mismo después de La Tablada”, razón por la cual propone hacer lo mismo que antes de La Tablada, es decir nada. Del otro lado, Heriberto Sánchez, ex arizcurenista y líder de una de las corrientes opositoras con influencia radical se “inclina por medidas de fuerzas regionalizadas donde los niveles salariales son más bajos como en el norte del país”. Pero suplantar la huelga general por una parodia de plan de lucha es condenar a las provincias al más feroz aislamiento. La cerrada negativa a plantear la huelga general tiene que ver con el acelerado deterioro del régimen político, cuya ‘‘transición ordenada" en favor de Menem la burocracia quiere ver asegurada, sin importar naturalmente la miseria de los docentes o la descomposición educacional, ni la precariedad de una “transición” con semejantes bases y con las limitaciones reaccionarias de Menem. El clerical Clarín lo resume así: con la sola mención de la temperatura preelectoral que tendrá el mes de marzo y las consecuencias que puede tener un conflicto docente prolongado queda completado el cuadro de la situación.” En contradicción con esta política se van produciendo hechos de otro significado. En Salta, se ha iniciado un plan de paros progresivos, a partir de 72 horas, que ya se encuentra en su tercera semana, en demanda de 5.000 australes, en las escuelas regidas por el calendario escolar especial de septiembre-mayo; Catamarca, por su parte, ha conminado al gobierno a una respuesta. El Congreso de CONADU se reúne, a su turno, el próximo 18 de febrero, y sus resoluciones serán de gran importancia para determinar el futuro del movimiento. Existe, tomado el gremio en su conjunto, un gran disconformismo y una tendencia a retomar la lucha, a la cual hay que darle cuerpo. Esto significa primero y ante todo asambleas soberanas en todos los distritos, y la elección de comités de lucha y coordinadoras responsables ante las asambleas de base para plantear la huelga general por un salario básico (que entendemos debe ser de ₳ 8.000) y su actualización mensual de acuerdo al costo de vida. Este proceso tiene que confluir, en la organización y convocatoria de un congreso de bases, con delegados elegidos en asambleas y mandatados por ella, sin ningún tipo de proscripciones.

Con el inicio del año 1919 Buenos Aires fue conmovida por una formidable huelga general. A la convocatoria de las dos centrales obreras el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen respondió con una feroz represión, que estuvo a cargo del ejército, la policía y una banda parapolicial (la Liga Patriótica, un antecedente de las 3A). Todo comenzó en diciembre de 1918 con el rechazo por parte de la patronal del pliego de reclamos de los obreros metalúrgicos de los Talleres Vassena, que pedían la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, el pago de las horas extras, la eliminación del trabajo a destajo y un aumento salarial, y con la huelga subsiguiente. La patronal apeló a la contratación de rompehuelgas entre el hampa y el lumpenaje, que actuaron como guardias armadas dentro de las fábricas o también para eliminar físicamente a los dirigentes. Los obreros se organizaron en piquetes para defender su huelga. Fue en estas circunstancias que al mediodía del 7 de enero de 1919 se produjo un enfrentamiento con la policía y los hampones que transportaban material a la fábrica parada. Al querer impedir su circulación los obreros fueron alevosamente asesinados. A las pedradas de los obreros, la policía y los matones respondieron descargando sus armas contra el piquete, lo cual provocó cinco obreros muertos y más de treinta heridos. Juan Forni, Santiago Gómez, Toribio Barrera, Manuel Britos y Eduardo Barrera fueron los obreros muertos. Al tenerse conocimiento de la sangrienta represión la indignación ganó a las barriadas obreras. Esa misma noche el gremio metalúrgico declaró la huelga general, a la que otros gremios adhirieron espontáneamente. El 9 de enero los piquetes obreros recorrieron la ciudad llamando a los demás trabajadores a plegarse al paro. Los únicos periódicos que circulaban eran La Protesta y La Vanguardia, que pertenecían a organizaciones obreras. En la tarde de ese nueve de enero, una verdadera multitud para la época (alrededor de 250 mil manifestantes) acompañó los restos de los muertos hasta el cementerio de la Chacarita. Ya en el camino al cementerio la columna fue atacada varias veces. Pero la verdadera masacre se produjo dentro del cementerio cuando la policía y los bomberos parapetados detrás de los muros descargaron su fusilería contra la multitud indefensa. En medio del desconcierto y el pánico tas manifestantes buscaron refugio detrás de las tumbas, o empujados por la desesperación hacia las puertas de salida varios de ellos, incluso mujeres y niños, cayeron asesinados. Al conocerse la noticia de lo que estaba aconteciendo en el cementerio, grupos de huelguistas se dirigieron hacia los Talleres Vassena, donde se produjo un enfrentamiento con los guardias armados. Los huelguistas fueron sorprendidos por la llegada de la policía y fueron acribillados entre dos fuegos. A partir de ese momento Yrigoyen nombró al general Dellepiane como comandante de la represión. El ejército y la “Liga Patriótica” pasaron a actuar bajo un mando único. La resistencia de los trabajadores se fue extendiendo a otras provincias, como Córdoba, Rosario y Tucumán. La dirección de la Fora del IX° Congreso, sin embargo, que era la central mayoritaria (dirigida por sindicalistas, socialistas y algunos anarquistas) entró rápidamente en conciliación con el gobierno y levantó la huelga general ante el compromiso del gobierno de presionar a la patronal de Vassena para que accediera a los reclamos de los obreros. La otra central, la Fora del V° Congreso, dirigida por los anarcosindicalistas, de escasa inserción, siguió luchando unos días más, en lo fundamental pidiendo la libertad de los detenidos. Los asaltos a las comisarías y la resistencia armada en algunas barriadas obreras no alcanzaron para generar un alzamiento popular masivo. La huelga fue finalmente desarticulada al costo de 700 muertos, 3.000 heridos y cincuenta mil detenidos. Hace 70 años en medio del fragor del combate, cuando los obreros estaban siendo masacrados por la represión, el partido socialista decía lo siguiente: “Los socialistas rechazamos toda participación o solidaridad con la rebelión obrera, que justifica las represiones violentas del capital y del Estado. Los obreros no deben dejarse arrastrar por elementos anárquicos y por los que aspiran, por la revolución y la violencia, a la supresión del derecho y las leyes, en vez de procurar su enmienda”.

Para desentrañar lo que ocurrió realmente el 23 de enero en La Tablada hay que partir de la evidencia de que en ningún momento, el Ejército y el gobierno tuvieron duda alguna sobre la filiación política del grupo que atacó el regimiento. Desde las primeras horas, los efectivos militares, el alto mando y los funcionarios gubernamentales tuvieron la absoluta certeza de que los atacantes del cuartel eran militantes de izquierda. “La inteligencia militar fue contundente al establecer en los primeros minutos de lucha que los agresores no eran militares”, informa el diario Río Negro (24/1). Los primeros policías que rodearon el cuartel gritaban -según Página 12 del 24/1- “son zurdos, no son compañeros nuestros... son la izquierda del gobierno, la Coordinadora y los de Franja Morada”. Al mismo tiempo, el capellán de la policía bonaerense, Francisco Himelreich, y un capellán del ejército, frente al cuartel declaraban que “los asaltantes son militantes de extrema izquierda” (La Prensa, 24/1). Un oficial, consultado por La Nación (24/1), suelto de cuerpo declaró que “con toda certeza no hay nadie del ejército metido en esto. El coronel Seineldín es un señor militar y jamás dispararía contra sus camaradas.” Según consigna Página 12 (29/1), un vecino que salió a la calle al escuchar los disparos preguntó a un oficial de policía “¿Qué pasa?” “Son los zurdos” respondió el oficial. La conclusión del vecino fue instantánea: “Entonces van a tirar en serio”. La última ratificación la brindó el propio encarcelado Seineldín, quien se dirigió al jefe del ejército para asegurarle que ninguno de “sus” hombres estaba inmiscuido en el ataque. Pero aún hay más. La inteligencia militar y el ano mando no sólo contaron, desde el primer momento, con la absoluta seguridad de cuál era la filiación política del grupo atacante sino que, además, estaban al tanto de antemano de los acontecimientos. “El general Gassino -informa el diario Río Negro, 25/ 1- habla decidido reforzar con anterioridad las ‘unidades-símbolo’ de la infantería porque se conocía la gestación de algún tipo de movimiento de índole subversiva que eventualmente intentaría un 'golpe de mano’ contra unidades militares del área metropolitana”. Sugestivamente, esa mañana “gran cantidad de policías estaban convocados para reunirse a las 5.30 horas en el destacamento Güemes, en la intersección de Camino de Cintura y Autopista Richieri" cerca de La Tablada, (Río Negro, 25/1). Pacto y ocultamiento Apenas se produjo el copamiento, “la primera preocupación de Alfonsín fue establecer fehacientemente la identidad de los atacantes y si los mismos pertenecían ai grupo Seineldín-Rico” (Río Negro, 24/1). “Poco antes del mediodía -continúa informando el diario Río Negro- el propio jefe del ejército, general Gassino, dio al presidente la ‘absoluta seguridad’ de que ningún militar involucrado en los sucesos de Semana Santa, Monte Caseros o Villa Martelli se hallaba incurso en La Tablada." Fue entonces y solamente entonces que Alfonsín ordenó la represión. Cuando Seineldín copó Villa Martelli, Alfonsín declaró que “prefería 45 horas de negociaciones a 1C minutos de combate”. Esta vez, frente a la acción del MTP, desde la propia cabeza del Estado se renunció a cualquier tipo de negociación que evitaré! un baño de sangre. Ese baño de sangre fue buscado ahora deliberadamente. Al ordenar la represión de los militantes del MTP a los comandos carapintadas, Alfonsín eligió obviamente el camino de la masacre. La represión comenzó por un calculado y deliberado ocultamiento de la filiación política de los atacantes y de sus móviles políticos, con el objeto de que la población apoyara lo que aparentaba ser una represión, por fin, a los “carapintadas”. El primer comunicado oficial decía, textualmente, que “la banda que atacó el regimiento de La Tablada ha apelado a procedimientos sanguinarios a los que sería inútil que se los pretenda fundar en consideraciones políticas o ideológicas porque se trata de delincuentes”. Mientras tanto, desde las radios y la TV se decía que se trataba de un nuevo motín de Rico-Seineldín. Aún el lunes por la noche, el gobierno continuaba ocultando que los ocupantes eran del MTP. El oficialista La Razón titulaba el lunes por la tarde a ocho columnas, que el grupo atacante era Seineldínista. Jaroslavsky, recién avanzada la tarde, aventuraba -a título personal- que se trataba de militantes de izquierda. “Acción sicológica” Desde el mismo momento en que Alfonsín y el Alto Mando decidieron la represión, se desató sobre la población una brutal campaña de “acción sicológica" eficazmente capitaneada por la “prensa libre”. Los ocupantes fueron descriptos, una y mil veces, como “sanguinarios y suicidas”, y se difundían especies de todo tipo acerca de su “ferocidad” y “desprecio a la vida". “Mataron colimbas que estaban durmiendo”, se afirmaba (Clarín 24/1). “Fuentes confiables” asegura tan que entre los ocupantes había “mercenarios extranjeros”. Un capítulo especial merecen las afirmaciones realizadas sobre el armamento de los atacantes. “Utilizaron el armamento sumamente sofisticado, lanzagranadas antitanque RPG-7, misiles antiaéreos portátiles SAM 7 de fabricación soviética, lanzagranadas de 40 mm y un fusil FAL de un modelo no utilizado por las FF.AA. argentinas” (Clarín, 24/1). Además, el arsenal de los ocupantes incluía -según las mismas “fuentes” - “morteros” (Página 12), “misiles tierra-tierra” (Río Negro) y hasta “minas” (comunicado oficial). La insistencia con que los medios de prensa repetían estas noticias -que luego se revelaron absolutamente falsas- tenía un único objetivo: la aceptación del aplastamiento sanguinario y sin miramientos. Por las dudas, al mismo tiempo que se bombardeaba el cuartel con tanques y artillería pesada y a la población con las noticias de las supuestas “atrocidades de los mercenarios suicidas", se cortaron las comunicaciones del cuartel para evitar que los ocupantes dieran su propia versión de los acontecimientos. Sucedía así exactamente lo contrario de cuando los cuarteles eran copados por los carapintadas, cuyas “proclamas” eran difundidas por todos los medios de comunicación. Masacre La represión desatada contra los ocupantes del regimiento de La Tablada constituyó una masacre. En ningún fomento, bajo ningún concepto o circunstancia, el alto mando y el gobierno buscaron la forma de evitarla. No se parlamentó ni se exigió la rendición de los ocupantes. “A las 17 horas (del lunes 23) se desestimaba la rendición de los asaltantes del cuartel” (Esto, 25/1). “Estos son suicidas, no se entregan vivos” era la cantinela de los carapintadas, convenientemente reproducida por la prensa burguesa, obviamente para justificar la matanza. Se tomó la decisión de no parlamentar con los ocupantes para que hubiera “combates”. Por lo tanto, a la decisión política de Alfonsín y Gassino no sólo deben contabilizarse la matanza de decenas de militantes del MTP- cuyo número aún no está claramente establecido -sino aún las de los soldados conscriptos y suboficiales. Uno de estos fue abatido por disparos de cañón. Incluso alguien tan insospechado de “terrorismo" como Oscar Alende, dice en un comunicado del 27/1 lo siguiente: “La rápida y eficaz acción del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, utilizando su policía provincial, impidió la huida de tos agresores y los fijó al terreno. “¿Por qué no se aprovechó ese cerco para debilitarlos, desabastecerlos, propiciando la acción política a través del pronunciamiento de todos los partidos y organizaciones, convocando a la movilización popular contra los sediciosos y utilizando el despliegue del resto de las fuerzas de seguridad Interna? “¿Qué se quiso demostrar? ¿Que la sociedad argentina necesita la acción de sus fuerzas armadas para neutralizar y capturar a cincuenta hombres aislados y repudiados por el conjunto de La Nación? ¿Qué cincuenta hombres son más fuertes que el conjunto de las instituciones democráticas? ¿Que los ciudadanos necesitamos tutelas que ya han demostrado en décadas de golpismo y antipueblo ser la degradación de los argentinos y La Nación?” Mientras que en las fuerzas represoras se registraron alrededor de una treintena de heridos y 8 muertos (una relación habitual en todo enfrentamiento bélico) entre los militantes del MTP no se registraron heridos durante el combate. Sólo muertos. La explicación la dio un soldado. “Logré herir gravemente a uno de ellos que intentaba huir hacia Crovara. Después lo remató un sargento.” (La Prensa, 25/1). Naturalmente, este sargento es hoy un “héroe de la democracia”. Se bombardeó desaforadamente con tanques, tanquetas, morteros y cañones del más grueso calibre para exterminar sin mediaciones. Se destruyó el cuartel a cañonazos limpios — aún con colimbas adentro. Toda la operación fue dejada en manos de los comandos carapintadas que acabaron desfilando orgullosamente delante del Presidente. Hipocresía A las pocas horas de la matanza, el pesado manto de ocultamientos, mentiras y monstruosidades montadas por el gobierno comenzó a desmoronarse. “Nos trataron bastante bien. ‘Con ustedes no es la cosa’ nos decían” (Clarín, 28/1) declararon los conscriptos liberados por los supuestos “sanguinarios”. Fueron los mismos supuestos “sanguinarios”, los que liberaron al mediodía, luego de que el ejército utilizara tanques y cañones contra las instalaciones, a varias decenas de conscriptos. A las 15 horas, se produjo una nueva liberación de conscriptos por los ocupantes (Esto, 25/1). Pese a las investigaciones, no se ha logrado detener a uno solo de los numerosos “mercenarios extranjeros" (cubanos, nicaragüenses, chilenos, salvadoreños, peruanos y hasta angoleños y libios) que inventó la propaganda militar-gubernamental. Tampoco se han podido comprobar relaciones de los atacantes con “potencias orientales”, como se vio obligado a reconocer el jefe de la policía bonaerense. “El acopio de armas de parte de los activistas no había sido del calibre que le adjudicaron las primeras impresiones: ni todas, ni la mayoría fueron modernas y sofisticadas” declaró el ministro Nosiglia (Clarín, 29/1). Por su parte, el vocero presidencial José Ignacio López afirmó que “durante la exposición no se confirmó la existencia de misiles soviéticos” (La Nación, 25/1). Por su parte, la revista La Semana titula “las armas no eran en su mayoría ni modernas ni sofisticadas”. ¿Dónde están los “misiles tierra-tierra” y los “bazookas” que justificaron el bombardeo indiscriminado del cuartel ocupado? “Por favor, hagan algo... esto es una barbaridad, nos están masacrando” imploraba telefónicamente a la prensa una mujer perteneciente al grupo supuestamente “suicida” apenas pasado el mediodía del lunes, es decir más de 20 horas antes de que culminaran los combates. El comando “suicida” fue un puro y simple invento de la “prensa propia”. Todas las evidencias indican que el gobierno y la camarilla militar manipularon, tergiversaron y confundieron los hechos para presentar a la masacre como un camino obligado. ¿No había otro camino? Nadie es obligado a hacer lo que no quiere. Si Alfonsín y el conjunto del gobierno dieron las instrucciones para reprimir es porque ello servía enteramente a sus objetivos: el pacto con los altos mandos y los carapintadas. La escalada reaccionaria que siguió a los hechos, no se explica por los sucesos de La Tablada. Al revés, es la necesidad de la burguesía y del imperialismo de profundizar aún más la política de amnistía, de militarización del Estado, de sometimiento al gran capital y de hambreamiento al pueblo lo que explica porqué Alfonsín, el alto mando, Menem y Alsogaray eligieron y elogiaron la masacre fría y deliberada de los militantes del MTP que ocuparon el regimiento de La Tablada.

El 7 de noviembre de 1938 Herschel Grynszpan asesinó a un funcionario nazi en la embajada alemana en París. Hitler invocó de inmediato este hecho como pretexto para desencadenar el pogrom antijudío conocido como la “noche de los cristales”. En este artículo, aparecido por primera vez en la publicación estadounidense Socialist Appeal el 14 de febrero de 1939, Trotsky se solidariza con el heroísmo personal de Grynszpan, a la vez que señala la inutilidad de su acción “Resulta claro para cualquiera que posea siquiera mínimos conocimientos de historia política, que la política de los pandilleros fascistas provoca, abierta y a veces deliberadamente, actos terroristas. Lo más asombroso es que hasta ahora haya habido un solo Grynszpan. Indudablemente esos actos proliferarán. "Los marxistas consideramos que la táctica del terrorismo individual es inconveniente para la lucha liberadora, tanto del proletariado como de las nacionalidades oprimidas. Un héroe aislado no puede reemplazar a las masas. Pero comprendemos con toda claridad la inevitabilidad de semejantes actos de desesperación y venganza. Todas nuestras emociones, nuestras simpatías están con los sacrificados vengadores aunque ellos hayan sido incapaces de descubrir el camino correcto. Nuestra simpatía es mayor porque Grynszpan no era un militante político sino un joven inexperto, casi un muchacho, cuyo único consejero fue la indignación. ¡Arrancar a Grynszpan de las manos de la justicia capitalista, capaz de decapitarlo para servir a la diplomacia capitalista, es la tarea elemental, inmediata, de la clase obrera internacional! “Tanto más repugnante en su policíaca estupidez e inconfesable violencia es la campaña contra Grynszpan de la prensa stalinista internacional, bajo las órdenes del Kremlin. Tratan de pintarlo como agente de los nazis, o como agente del trotskismo aliado a los nazis. Al meter en una bolsa al provocador y a su víctima, los stalinistas atribuyen a Grynszpan la intención de crearle a Hitler un pretexto para sus pogromos. ¿Qué puede decirse de estos 'periodistas' venales a quienes ya no les queda vestigio de pudor? Desde el inicio del movimiento socialista la burguesía ha atribuido toda muestra violenta de indignación, sobre todo los actos terroristas, a la influencia degeneradora del marxismo. Aquí, como en otros campos, los stalinistas han heredado las tradiciones más sucias de la reacción. La Cuarta Internacional puede enorgullecerse con toda razón de que la escoria reaccionaria, incluido el stalinismo, vincule automáticamente a la Cuarta Internacional toda acción y protesta audaz, todo estallido de indignación, todo golpe dirigido contra los verdugos. “Así ocurría con la Internacional de Marx en su momento. La solidaridad moral nos une, desde luego, a Grynszpan, no a sus carceleros ‘democráticos’ ni a los calumniadores stalinistas que necesitan el cadáver de Grynszpan para apuntalar, aunque sólo sea parcial e indirectamente, los veredictos de la Justicia moscovita (se refiere a la justificación de los “procesos de Moscú" - P.O.). La diplomacia del Kremlin, degenerada hasta la médula trata al mismo tiempo de utilizar este incidente 'feliz’ para renovar sus maquinaciones tendientes a lograr un acuerdo internacional entre varios gobiernos, incluido los de Hitler y Mussolini, para la extradición mutua de terroristas. ¡Cuidado, maestros del engaño! La aplicación de semejante ley requerirá la entrega de Stalin a por lo menos una docena de gobiernos extranjeros (Stalin empleó el terrorismo de Estado, incluso contra sus propios partidarios, P.O.). “Los stalinistas gritan en los oídos de la policía que Grynszpan asistía a 'reuniones de trotskistas'. Lo cual, desgraciadamente, no es cierto. Porque si se hubiese acercado a la Cuarta Internacional habría descubierto una válvula distinta y más efectiva para su energía revolucionaria. Personas capaces de clamar contra la injusticia y la brutalidad, las hay a montones. Pero aquéllos que, como Grynszpan, son capaces también de actuar, hasta el punto de sacrificar sus vidas si es necesario, son la preciosa levadura de la humanidad. “En el sentido moral, aunque no por su forma de actuar, Grynszpan puede servir de modelo para todo joven revolucionario. Nuestra sincera solidaridad moral con Grynszpan nos otorga el derecho de decirles a todos los futuros Grynszpans; a todos aquéllos capaces de sacrificarse en la lucha contra el despotismo y la bestialidad: ¡Buscad otro camino! No es el gran vengador sino sólo el gran movimiento revolucionario de masas el que puede liberar a los oprimidos, movimiento que no dejará vestigios de la estructura de explotación de clase, opresión nacional y persecución racial. Los crímenes sin precedentes de! fascismo crean un deseo de venganza totalmente justificable. Pero tan monstruosa la envergadura de estos crímenes, que no puede satisfacerse este deseo mediante el asesinato de burócratas fascistas aislados. Para ello es necesario poner en movimiento a millones, decenas y centenas de millones de oprimidos de todo el mundo y conducirlos al asalto de las fortalezas de la vieja sociedad. Sólo el derrocamiento de toda forma de esclavitud, sólo la destrucción total del fascismo, sólo los pueblos juzgando implacablemente a los bandidos y matones contemporáneos pueden dar verdadera satisfacción a la indignación popular. Esta es precisamente la tarea que ha asumido la Cuarta Internacional. Limpiará el movimiento obrero de la plaga del stalinismo. Reunirá en sus filas a la heroica generación juvenil. Abrirá el camino a un futuro más digno y humano’.

La conducta de Izquierda Unida y de cada uno de sus componentes ante los sucesos de La Tablada ha sido completamente contrarrevolucionaria. Izquierda Unida ha recurrido a todas las variantes del insulto y de la condena con respecto a la acción del MTP, pero no encontró nunca ni una sola palabra para condenar y caracterizar a la represión de los “carapintadas". El país asistió a la masacre de un conjunto de militantes populares embarcados en una acción de características foquistas, y sólo encontró de parte de Izquierda Unida el emblocamiento con los represores. En circunstancias en que los “carapintadas” han demostrado hasta el hartazgo que son la vanguardia de la reacción política burguesa, IU repudió “enérgicamente” el copamiento, pero no la acción de los fascistas, enteramente enderezada ésta a perpetrar una liquidación en masa de los que habían entrado al regimiento. La esencia del suceso político de La Tablada no fue de ningún modo la operación del MTP, la cual era inevitablemente aislada, minoritaria, sin alcances ni perspectivas. La esencia de ese acontecimiento fue la represión criminal de los “cara-pintadas”, porque ella servía a la continuación de la política impulsada por tres levantamientos derechistas y por numerosos atentados y complots, apoyada desde el Estado, que apunta al reforzamiento sin límites de los aparatos represivos del Estado burgués. Aun en los más brutales amotinamientos carcelarios la izquierda y aun los sectores pacifistas de todo el mundo, se han preocupado siempre por impedir la represión masiva de los delincuentes comunes, a sabiendas de que si ello ocurría se fortalecía el aparato de represión que procura liquidar las libertades democráticas. Izquierda Unida no ha llegado, en La Tablada, ni a los talones de la izquierda más pacifista de cualquier país pues se ha solidarizado de hecho y de palabra con los autores de la desaparición de 30.000 argentinos. Izquierda Unida dice que la acción del MTP ha servido para “fortalecer las maniobras reaccionarias de la derecha civil y militar”, como si la masacre pudiera englobarse en el término de “maniobras” y como si ella no hubiera sido el hecho más relevante de todo la política de esa derecha civil y militar. Pero si IU acusa al MTP de ofrecer “pretextos”, ella ha hecho algo peor, pues ha justificado la represión militar y por lo tanto todas sus consecuencias. Brindar pretextos a un enemigo no significa todavía identificarse con él; justificarlo es ubicarse en su mismo campo político. La política “carapintada” necesitaba que se consumara una masacre; sobre este punto fundamental Izquierda Unida no dice nada. El Mas llega el extremo de endilgarle la masacre al MTP, pero sin demostrar nunca al servicio de qué política el MTP necesitaba una masacre (y encima la propia). Por espectacular que sea el copamiento de un cuartel, ninguna acción aislada de este carácter puede comprometer la estabilidad de un Estado, por lo tanto no lo obliga a éste a responder con métodos de guerra civil. Fue eso, sin embargo, lo que hizo el gobierno con el apoyo del peronismo y de IU: poner en vigencia los métodos de la guerra civil. Automáticamente se ha justificado así la represión de la década del 70 y se ha venido abajo la tesis de la represión en el marco del Estado de Derecho. Se olvida que el Estado de Derecho vale también para un delincuente, y de que un policía no puede quitarle la vida ni siquiera al peor de los violadores si no media una situación de extrema necesidad. El ataque de dos mil efectivos contra cincuenta personas, incluido el empleo de tanques, sin que mediara siquiera una intimación de rendición corresponde a los anales de los asesinatos en masa. Para Alfonsín, Cafiero, Menem e Izquierda Unida la represión de La Tablada habría sido conforme al Estado de Derecho porque fue ejecutada por un Estado de Derecho. Esto nos hace recordar a la Libertadora, que se consideraba un gobierno democrático porque estaba compuesto de democráticos. En La Tablada el Estado de Derecho reprimió con los métodos de las dictaduras y del fascismo. Los “jueces de la democracia" llegaron al terreno de los acontecimientos sólo a la hora de contar los cadáveres; esto demuestra que hasta ese momento imperó el estado de sitio. La represión radical-cafierista fue así un hecho completamente ilegal y peor, anticonstitucional. Estuvo muy acertado el PO cuando en 1985 repudió la declaración del estado de sitio en forma inconstitucional, por parte de Alfonsín, con el pretexto de un complot derechista. Dijimos entonces que este recurso se ponía en práctica para aplicarlo con todo más adelante contra los movimientos populares. Los “argumentos” de Izquierda Unida para apuntalar su posición criminal nos lleva muy lejos. Si a Malvinas la convertimos en La Tablada y al ejército de Galtieri en el MTP, encaja perfectamente el envío de la flota por la Thatcher en nombre de la defensa de los principios del derecho internacional. La acción de Galtieri fue “aventurera”, no servía para recuperar Malvinas, se había ejecutado a espaldas del pueblo. Los muertos del Belgrano, sin embargo, son víctimas de la imperialista Thatcher y no del dictador Galtieri, al margen de la “aventura”. Por la diferencia de principios que había entre la causa nacional argentina y la causa imperialista británica, la responsabilidad histórica por los crímenes de Malvinas recae enteramente en el imperialismo. Izquierda Unida ha borrado toda diferencia entre los “carapintadas” y sus víctimas, no importa lo “inconciente” y “atropelladas” que puedan ser éstas. La defensa de los militantes contra la represión, sólo cuando estos son “responsables” y “concientes” es decir que apoyan a Izquierda Unida, retrata simplemente al cobarde político que apenas disimula su pasaje al campo de enfrente. El capitalismo y la “democracia" generan toda clase de rebeldías “incontrolables”, sólo un burócrata irrecuperable puede desconocer este hecho. El deber de un socialista es distinguir entre el victimario explotador y la víctima explotada y ayudar a la víctima a una lucha realmente seria y conciente contra el capitalismo. Izquierda Unida se ha escudado en el “alocamiento” de las víctimas para justificar a sus victimarios. El partido comunista pretende justificar su absoluta falta de condena de los “carapintadas”, con el argumento de quo el terrorismo se justifica cuando va dirigido contra una dictadura, pero no así contra un régimen constitucional; el asalto al cuartel de Moncada es legítimo (aunque los stalinistas entonces lo calificaron de criminal), pero lo de La Tablada, no. El PC omite que Castro apoyó la guerrilla venezolana contra el gobierno constitucional de Betancurt y que Lenin se levantó en armas contra el gobierno democrático de Kerensky y de que después disolvió a la democrática Asamblea Constituyente. Es decir que para el PC la democracia es el estadio último de la evolución política de la humanidad, donde desaparecen las acciones y soluciones de fuerza. Esto explica que el PC apoye al régimen actual, es decir al capitalismo. Pero en La Tablada no se trataba de justificar al MTP, aliado del PC en la promoción de la candidatura de Molinas. De lo que se trataba era de denunciar la masacre “carapintada” del gobierno constitucional. Para el PC, la solidaridad con el sistema constitucional llega al extremo de aliarse a los fascistas encubiertos por este sistema, contra los que protagonizan un acto de rebelión contra él, no importa que en este hecho no hayan seguido una política revolucionaria. La defensa de las posibilidades políticas del régimen constitucional le sirve al PC como pretexto para justificar su posición contrarrevolucionaria. Lo mismo ocurrió con Lanusse, que era una dictadura -pero aperturista; con Isabel, que era “popular”; y con Videla que representaba una supuesta posibilidad “institucional" contra Suárez Masón o Menéndez. Los hechos de La Tablada han puesto de relieve la enorme demagogia, que siempre significa hipocresía, de Izquierda Unida. Toda la lucha de estos años por la “aparición con vida”, se refería a compañeros foquistas o vinculados al foquismo, y no importaba esta diferencia política sino el combate por el aplastamiento político de sus represores, que más allá de su “guerra antisubversiva” apuntaban a establecer un sistema de terror contra el pueblo. Está claro que para IU esto era la explotación electoral de un tema hondamente popular y democrático, y para Luis Zamora más que para nadie. Los Echegaray y compañía se llenaban sus abultadas papadas con el grito de “Evita, Guevara” o “Chile, Chile, arriba los fusiles”, sólo para capitular miserablemente ante el primer disparo del cañón "carapintada". Alfonsín y sus “carapintadas” no actuaron con la biblia constitucional sino con el precepto jesuítico que dice que el “fin justifica los medios”, algo que la propaganda imperialista le ha imputado al marxismo. Una buena masacre podía brindar la oportunidad de mantener una posibilidad abierta en mayo o por lo menos para hacer pasar el COSENA. En esta masacre no sólo están involucrados como víctimas los compañeros del MTP sino los propios soldados y aun los oficiales “carapintadas”, pues todos murieron como consecuencia de la política pactada por Alfonsín y el alto mando militar. ¡Claro que nada humano me es ajeno y que quitar la vida del prójimo es un acto inhumano no importa quién sea el que la pierde! ¡Pero esto no justifica equivocarse de campo y presentar a las víctimas como victimarios o a los victimarios como víctimas! Todos los muertos son el producto de un sistema en descomposición y de una política criminal que quiere salvar a este sistema a pesar de las tragedias que ocasiona. El Mas puede “compartir el dolor de las víctimas más allá de Ias diferencias políticas o de clase que tengamos”, pero no puede, como sí lo ha hecho, borrar las diferencias de clase entre los “carapintadas” y el Estado, de un lado, y los militantes del MTP, del otro, cuando se trata de caracterizar los hechos y pronunciarse sobre ellos. Para Izquierda Unida el máximo “pecado” de los asaltantes del cuartel es haber dado un “pretexto” a la derecha; cualquiera sabe que esto es una estupidez. Cuando un pretexto no existe se lo inventa; hubo tres levantamientos militares con sus respectivos pretextos. Pero lo que aparece como una crítica a los “sanguinarios terroristas” (que involuntariamente mataron sólo a un soldado) es en realidad una crítica a la revolución proletaria en general, que es un “pretexto” de la contrarrevolución y al mismo tiempo su superación. ¿Qué mayor “pretexto" que ésta puede esgrimir la derecha? Si usó los métodos de la guerra civil contra cincuenta personas; ¿qué no hará ante un levantamiento popular? Izquierda Unida se ha valido del MTP, no para criticar al foquismo, sino al movimiento obrero revolucionario. Es por eso que cuando defiende la “movilización obrera” contra los métodos del MTP, guarda un piadoso silencio sobre el carácter de la “movilización obrera”, no defiende la movilización de las masas de carácter revolucionario. Izquierda Unida contrapone así el derecho al pataleo dentro de la democracia a la acción individual. Pero ésta se nutre del notorio fracaso e impotencia de la otra. Ahí está para probarlo el MTP, un típico movimiento democratizante que cayó en la desesperación como consecuencia de su desilusión inconciente en la democracia. La historia se repite. El PC y el Mas tuvieron frente al gobierno de Isabel y al gobierno de Videla la misma posición que tienen hoy frente a Alfonsín y los “carapintadas”: denuncia de los foquistas y justificación de los represores. Los intentos “autocríticos” fueron vanos porque no pasaron de lo superficial, y esto la historia, la política y la lucha de clases no lo perdona: circunstancias similares los ha llevado a las mismas posiciones. El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Romper con Izquierda Unida es un deber político y moral. Al foquismo sólo lo puede superar el movimiento independiente de las masas en su lucha revolucionaria contra el capital.

Los ríos de tinta que se han gastado y malgastado en relación a los sucesos de La Tablada no han sido suficientes para que la prensa dedicara un mínimo espacio a la caracterización política del Movimiento Todos por la Patria. En este ocultamiento han rivalizado la derecha, el “centro" y la “izquierda”, todos los cuales se han librado a una competencia de insultos e improperios contra los muertos, precisamente porque hasta el día anterior de los acontecimientos el MTP era aliado de la mayor parte de ellos. Nadie ha logrado explicar por qué un hijo del actual proceso político ha protagonizado una rebelión contra las reglas del juego constitucionales, ni mucho menos consiguen ver en lo ocurrido un síntoma de la crisis política del régimen actual Defensa del “proceso” democrático En el campo de la izquierda, el MTP se caracterizó desde su fundación por ser el más denodado defensor del proceso democratizante (pero de ninguna manera democrático), iniciado en 1983 sobre la base del pacto tripartito de las fuerzas armadas, los partidos políticos y el imperialismo norteamericano. El MTP siempre se negó a realizar una caracterización de clase del “proceso” democratizante y, por lo tanto, de sus infranqueables limitaciones. Sólo el Partido Obrero señaló que la burguesía nacional y el capital imperialista que habían sostenido a la dictadura militar, eran las fuerzas sociales dirigentes del nuevo régimen político. Para el MTP los límites del proceso democratizante eran solamente iniciales y podían por lo tanto ampliarse sucesivamente como consecuencia de una acción que debía realizarse dentro de los marcos del propio sistema, sin pasar por una revolución social dirigida por la clase obrera. Es significativo que el MTP (aunque aún no tuviera esa estructura) hubiera debutado en 1984 con el apoyo al plebiscito del Beagle, una exigencia del imperialismo para “estabilizar” el cono sur y orientar los procesos políticos de Chile y de Argentina; no en vano el gestor del “tratado de paz” fue el Vaticano. Es que este plebiscito fue uno de los grandes reaseguros que la “democracia” le brindó al imperialismo, al punto de que éste terminó por preferir al “liberal” y "socialdemócrata” Caputo respecto a sus rivales “occidentales y cristianos” de la derecha anticomunista. Quiere decir que la ceguera democratizante llevó tempranamente al MTP a declararse solidario de una operación esencialmente pro-imperialista y a colaborar con la colocación de una de las piedras fundacionales del régimen que habría de masacrarlo un lunes de enero de 1989. Comprender esta contradicción política es lo que podrá permitir caracterizar el asalto a La Tablada. El MTP no se estructuró como un partido político sino como un movimiento suprapartidario, cuyos integrantes no necesitaban -decía Jorge Baños- “renegar de (sus) identidades políticas” (Clarín, 10/5/86). Se decía que “las estructuras partidarias no dan respuesta suficiente a la magnitud de los problemas nacionales” -una forma de plantear que “al país lo arreglamos ‘entre todos’ (nombre de la revista del MTP) o no lo arregla nadie.” Todo esto significa que el MTP no pretendía diferenciarse del régimen político burgués ni tampoco que la clase obrera se delimitara de las otras clases sociales, algo que sólo puede ocurrir si construye su propio partido. Para el MTP la acción política y el programa debían ser policlasistas, o sea democrático burgueses. Por esto proponía una “reforma constitucional” y “transformar al actual sistema en una democracia participativa” (La Razón, 9 y 12/5/86). Este planteamiento estaba sacado de un partido tan poco revolucionario como el PI, en el cual habían actuado varios integrantes del futuro MTP. No se decía, sin embargo, que la "participación” popular en el Estado burgués, cualquiera fuera la forma política de éste, es siempre un equivalente a la integración de las organizaciones de masas al Estado de sus explotadores. El peronismo y el sistema político mejicano son dos ejemplos de "democracia participativa”; otros ejemplos lo constituyen el fascismo y el nazismo. El MTP ha repetido siempre la muletilla general de la izquierda democratizante (es decir pequeño burguesa) que se refiere a la “profundización de la democracia con justicia social”. Este planteo delata una ilimitada ilusión en las posibilidades de desarrollo de la democracia de contenido burgués y hasta en la “humanización” del capitalismo. Estos planteamientos no debieran sorprender porque son comunes al conjunto de la “izquierda” mundial, que de un tiempo a esta parte ha sacado a la cuestión de la democracia del terreno de la política y de la lucha de clases y la ha transformado en un “valor universal”, es decir en una categoría fuera de la historia concreta. Es evidente que no puede existir un “valor universal” común a los banqueros que se cobran la deuda externa hundiendo a naciones enteras y a los pueblos que quieren dejar de pagar esa deuda externa con el consecuente derrumbe de los banqueros. Apoyo a “Felices Pascuas” Muy pertinente con relación a lo ocurrido en La Tablada es recordar que el MTP firmó el “acta democrática” de las “felices pascuas” de 1985, cuyos términos comportaban el apoyo principista al Estado burgués y la aprobación de la inminente ley de obediencia debida. El “acta” fue firmada desde Alsogaray hasta Echegaray y desde la Sociedad Rural hasta la CGT, y fue apoyada por todos los estados del mundo sin excepción. Nadie se detuvo entonces en denunciar la "mano negra" del extranjero, salvo naturalmente el PO. “Como pocas veces -decía entonces la solicitada firmada por Baños, Puigjané, Provenzano, Burgos, Ferreira, Dri- el pueblo... encontró en el presidente Raúl Alfonsín, en su gobierno, en la mayoría de los partidos políticos de oposición... coraje para enfrentar la muerte y generosidad para abrir los canales de participación”. Tantos méritos no impedían que la solicitada planteara “bregar para que no se utilice el Acta de Compromiso Democrático y ninguna otra herramienta legal o jurídica para consagrar una nueva forma de Impunidad." De tal manera que el MTP apoyó la acción del gobierno conciente de toda la capitulación que esa acción había significado; la democracia no era rescatada en su “valor universal” sino en toda su miseria política, que es lo único que tiene de “universal". La lectura de esta solicitada luego de lo de La Tablada es absolutamente patética. El MTP se tomó hasta la última gota de la copa de la democracia antes de partir hacia una acción desesperada para defender a esa democracia de un golpe supuestamente inminente de los beneficiados por el “acta democrática” y por el “coraje” de Alfonsín y sus “opositores”. En 1988 el MTP se convirtió en el abanderado más firme del frente de “centro izquierda” que debían encabezar Ricardo Molinas y Auyero, para impulsar “una política que luche sin retroceso por la justicia social, pero que al mismo tiempo fortalezca el sistema democrático”. Se insinúa así en esta solicitada (22/7/88) el riesgo de que la lucha “sin retroceso” pueda ser incompatible con la democracia, una alternativa que debía ser evitada en beneficio de esta última. En “El Periodista" (2/9) Roberto Felicetti insistía en que la base del frentismo electoral debía estar constituida por la democracia cristiana y el PI. No existe la menor confusión sobre la filiación de la estrategia del MTP. Es esta estrategia la que explica la limitación política fundamental que lo conducirá al ataque a La Tablada. Parar el golpe con las armas de la democracia En oportunidad del último levantamiento militar la dirección del MTP, ahora con la firma de Gorriarán Merlo, caracterizará que los “militares (tanto “leales” como “rebeldes”) quieren desprestigiar totalmente (a la democracia), y luego destruirla”. Es decir que plantea la perspectiva de un golpe y la necesidad de defender a la democracia. No toma en cuenta que el imperialismo continúa apoyando al régimen democrático y que esto es una valla fundamental de cualquier tendencia golpista. Establece así una contradicción insuperable entre la camarilla militar y el régimen democrático burgués, lo cual es naturalmente falso. Postula entonces la “Resistencia Civil” contra los “que atenten contra la democracia” (7/12/88). Lejos de señalar el encubrimiento que toda democracia de contenido burgués realiza con respecto a los complots de su mando militar y de su cuerpo de oficiales, funda en las fuerzas sociales que sostienen a la democracia la lucha contra el militarismo y el golpe. En la solicitada se dice que sólo “en ciertos dirigentes antipopulares o antidemocráticos del radicalismo y del peronismo” encuentra “eco” el planteo de “amnistía, indulto, corte de juicios, pacificación”. El homenaje en pleno del Congreso Nacional a las fuerzas “carapintadas” que reprimieron en La Tablada constituye una trágica refutación de esta caracterización política. En vísperas de los acontecimientos de enero, la composición de lugar que se hacía la dirección del MTP era la siguiente: hay un proceso golpista en marcha que tiene el apoyo de Menem y que llevaría al desplazamiento de Alfonsín por Víctor Martínez. Esto se desprende de un reportaje a Jorge Baños en “Página 12” del 23 de diciembre. El ataque a La Tablada aparece así concebido para salvar al gobierno constitucional del golpe militar y conseguir como consecuencia de ello una “democracia participativa". El apoyo mayoritario que lograría la acción de La Tablada provendría de este modo, naturalmente, de todas las fuerzas sociales interesadas en la defensa del proceso político actual. El grupo atacante actuaría como vanguardia del conjunto de las clases sociales del país, exceptuada la “eterna” minoría oligárquica. Sustituiría a la burguesía “democrática", en la defensa de su propio régimen de dominación. Esta acción no necesitaría del largo proceso de formación y maduración de una vanguardia obrera revolucionaria ni de la organización independiente de los explotados. Este trabajo podría ser abreviado por la acción armada, en la misma medida en que el proletariado podría ser sustituido por la burguesía y la pequeña burguesía en una lucha revolucionaria circunscripta contra las fuerzas armadas, pero no contra el Estado y el régimen social que las sustenta. Es esta enorme confusión y la resultante estrategia antirrevolucionaria, la que preside los acontecimientos del 23 de enero pasado. Es muy interesante con relación a todo esto la denuncia de Alfonsín a una agencia noticiosa italiana, de que el MTP quería llevarlo a una guerra civil contra los militares. En efecto, la burguesía constitucional no tenía la menor intención de jugar el papel que le asignaba el MTP en su equivocada caracterización de las relaciones de clases en Argentina. Hagamos el balance Al señalar las descomunales limitaciones políticas del MTP, las cuales no son más que una expresión agravada de los planteamientos foquistas de las décadas anteriores, queda en claro el carácter contrarrevolucionario de la burguesía argentina y de sus distintos regímenes políticos en lo que se refiere al planteamiento de la liberación nacional y la conquista de la democracia política (que es la dominación política efectiva de las grandes mayorías explotadas). Esto explica por lo tanto la masacre de La Tablada, que esta burguesía acometió sin el menor reparo de conciencia. Aún un hecho distorsionado y minoritario como éste, ha servido para poner en evidencia el carácter contrarrevolucionario de los representantes democráticos de los explotadores nativos y aun de las direcciones de “izquierda” que se solidarizaron con los “carapintadas” contra sus compañeros de ideas. La lucha revolucionaria no es un asalto aislado y minoritario a un cuartel sino el trabajo sistemático por poner en pie al proletariado como clase independiente. Si esto queda claro para todos los compañeros que se desilusionan del proceso democratizante y de sus partidos, el provecho que la burguesía podrá sacar de estos hechos será prácticamente nulo. Los explotadores no tienen ningún recurso propio para explotar en favor propio, sólo les queda la confusión que existe entre los luchadores populares.

Cuando se piensa que el “Plan Primavera” fue cuidadosamente armado en agosto del año pasado por fuerzas tan poderosas como el Tesoro norteamericano, el Banco Mundial, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio y la Asociación de Bancos, su derrumbe de los últimos días es mucho más que el fracaso de la enésima tentativa del gobierno por estabilizar la situación económica. Refleja la completa imposibilidad del capitalismo mundial para abrir una vía de superación a la impresionante declinación de Argentina y de las otras naciones latinoamericanas y sometidas, que se viene procesando desde hace nada menos que veinte años. Hace sólo poco más de cuatro meses el Banco Mundial ofreció una línea de créditos de 1250 millones de dólares para apoyar el “Plan Primavera”. El gobierno norteamericano organizó un llamado “crédito puente” de 500 millones de dólares. Los bancos acreedores aceptaron un retraso programado del pago de los intereses de la deuda externa, por parte de Argentina, para que el Banco Central pudiera hacer un acopio de divisas que sirviera para sostener ese nuevo plan. Todo este respaldo se ha venido abajo. El Estado se encuentra ahora con una enorme cuenta a pagar, lo que quiere decir que vamos de nuevo a una hiperinflación y a un ataque al bajísimo nivel de vida de los trabajadores. Es que todo el “Plan Primavera" no fue más que un recurso artificial de estabilización, que tenía por finalidad llegar con los “mercados en calma” a las elecciones de mayo. Para ello se aumentó la deuda externa y también la deuda interna del Estado y se produjo un aumento del endeudamiento del conjunto de la economía. La deuda pública se fue a cerca de 200.000 millones de australes en concepto de capital y a unos estimados 200.000 millones de australes en concepto de intereses. Los especuladores recibían así un suculento beneficio por “apoyar” el “Plan Primavera”. Aunque los salarios continuaron cayendo en virtud de las “pautas” despóticamente impuestas por el Estado, y aunque las tarifas y los impuestos aumentaron por encima del aumento de los precios, rápidamente quedó claro que el gobierno no tenía condiciones de pagar sus nuevas deudas ni a corto ni a mediano plazo y que por eso había comenzado a retirar dinero compulsivamente de los bancos pagando siempre una tasa de interés astronómica. Los síntomas de la bancarrota provocaron una fuga de dinero de los bancos para comprar dólares, es decir un retiro de capitales del país. En una semana el Banco Central “quemó” 500 millones de dólares para financiar esta enorme fuga de capitales. Ni entonces ni ahora abrió una investigación sobre los responsables que no podían haber operado como lo hicieron sin la participación de la banca capitalista y por lo tanto de los bancos extranjeros. El dinero no estaba guardado en los colchones sino depositado en las cuentas bancarias. La decisión del gobierno de retirarse de la venta libre de dólares ha llevado a éste a cotizarse a ₳ 25/30. Esto quiere decir que la fuga de dinero y de capitales tiene un carácter general; el proceso económico ha tomado un carácter más especulativo todavía; de ahí la inminencia de un estallido de precios y de la hiperinflación. Las nuevas medidas vuelven a favorecer los grandes negociados capitalistas, pues a través de operaciones ilegales los monopolios venderán en el mercado negro, (a ₳ 25/30) los dólares que el Banco Central les entregará en concepto de pago de importaciones o de giros al exterior (a ₳ 18) obteniendo un fantástico beneficio fraudulento. Muy lejos de preservar las reservas en divisas, las nuevas medidas acelerarán una rápida declaración de bancarrota. Los exportadores dejarán de vender dólares en el mercado oficial, para lucrar en el negro -derrumbando el balance de pagos de la economía oficial. Esta explosiva situación se complica, si cabe, por el hecho de que un número no determinado de intereses poderosos no se precavió con anticipación sobre lo que habría de ocurrir, de manera que la devaluación les ha producido un perjuicio extraordinario aún no evaluado. Es este sector el que ha estado armando una enorme agitación para que el gobierno le cubra las pérdidas. Esto puede provocar directamente una crisis política, con la renuncia de Sourrouille y su gabinete. El frente alfonsinista se podría resquebrajar en este caso mortalmente. Semejante alternativa podría llevar a que se anticipe la formación de un gobierno de transición con el menemismo. Ni qué decir que esto transformaría la agonía electoral del radicalismo en una muerte fulminante. Bien que la situación de aquí en más sufrirá vaivenes entre los extremos señalados, la tendencia inflacionaria y el derrumbe económico mayor son muy claros. Se plantea la exigencia de un plan de lucha de características conjuntas de todos los sectores oprimidos, incluida la huelga general. Más que nunca es necesario desconocer la deuda externa y la contraída con los especuladores nacionales; expropiar a la banca; establecer el control obrero; y estructurar un plan económico de los trabajadores. Para esto hay que romper con los partidos patronales y su Estado.