Prensa Obrera N° 254

1. Desconocimiento de la deuda externa usuraria y fraudulenta contraída por la dictadura militar y refinanciada y estatizada por el gobierno constitucional. Unidad de los trabajadores de los países oprimidos y de los países opresores para anular las deudas impuestas por el capital financiero internacional sobre las naciones débiles y sobre los consumidores y pequeños productores de los diversos países. Confiscación de la banca mundial. La reivindicación del no pago de la deuda externa debe entenderse como una lucha internacional de masas contra el imperialismo. Desconocimiento de la deuda pública usuraria contraída por el gobierno constitucional en aplicación de los planes del Fondo Monetario Internacional. Plena garantía estatal para los depósitos, créditos y ahorros de los pequeños ahorristas. Ruptura con el FMI. Por la unión de las naciones y de las repúblicas que rompan con el imperialismo y con el capitalismo. 2. Por un salario y jubilación mínimo y móvil igual al costo de la canasta familiar. Por un aumento general de salarios, que los lleve al poder adquisitivo que tenían en 1974. Por el cese de los despidos y suspensiones, repartiendo las horas de trabajo sin disminución del salario. Confiscación de toda empresa que cierre y encarcelamiento y juicio para los responsables. Entrega de terrenos a todos los trabajadores para construir sus viviendas mediante créditos cuyas cuotas no superen el 10% mensual del salario mínimo. Alquileres iguales al 10% del salario mínimo. Confiscación de suelos baldíos, abandonados y de las grandes extensiones urbanas. Municipalización de la construcción y operación de los servicios públicos, incluido el transporte. Las reivindicaciones salariales, de pieria ocupación y de derecho a la vivienda plantean la constitución de comisiones internas de fábrica; comités de lucha o de ocupación de empresas, y comités barriales independientes de los patrones y del Estado. Por la coordinación sistemática de las organizaciones de lucha creadas por las masas. 3. Por una educación y salud gratuitos. Expropiación de los establecimientos de salud y laboratorios, bajo control de los trabajadores. Expulsión del clero y de los capitalistas de la educación. Educación estatal única, bajo la dirección de los trabajadores, de los estudiantes y de los trabajadores de la educación. Por una enseñanza no neutral sino política, en función de la emancipación nacional y social. Por la vigencia de la democracia sindical en CTERA, expulsión de la burocracia, asambleas y congreso de bases por el no inicio de las clases. 4. Expropiación de los monopolios capitalistas—bancarios, terratenientes, comerciales e industriales. Por un plan económico único al servicio de los trabajadores de la independencia nacional. Control obrero de la producción. Gestión obrera económica nacional a través de un Congreso de bases de los trabajadores. Comités de fábrica en todos los lugares de trabajo. Defensa de YPF, ENTel y Aerolíneas. Nacionalización integral de la industria petrolera, petroquímica, de comunicaciones y aeronavegación bajo control y gestión obrera mayoritaria. 5. Vigencia de la democracia e independencia sindicales. Expulsión de la burocracia sindical. Soberanía de las decisiones colectivas de los trabajadores tomadas en asamblea, frente a cualquier injerencia estatal. Abolición de la conciliación y arbitraje obligatorio. Derecho sindical a los piquetes de huelga y a la ocupación de empresas. Por una dirección clasista y revolucionaria en los sindicatos, que luche por un gobierno socialista de trabajadores. Plan de lucha y huelga general por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y por los pliegos de reclamos. 6. Separación de la Iglesia del Estado. Carácter privado de las confesiones religiosas. Por la vigencia del derecho al divorcio. Protección a la familia trabajadora y a la maternidad. Derecho al aborto. Cárcel a la discriminación racial, sexual o religiosa. Abolición de la pena de muerte. Cárcel a los narcotraficantes, despenalización del consumo de drogas. Abajo la injerencia imperialista bajo pretexto de la lucha contra el tráfico de estupefacientes. 7. Abolición de los impuestos al consumo. Por un sistema impositivo que grave progresivamente los beneficios capitalistas o rentísticos, la herencia y la gran propiedad. Apertura de los libros de las empresas. Encarcelamiento a los evasores impositivos y previsionales. Abolición del secreto comercial. 8. Encarcelamiento inmediato, y juicio y castigo a todos los culpables de los crímenes cometidos por la dictadura. Separación de sus responsables directos o indirectos, materiales o intelectuales, de las fuerzas armadas. Desmantelamiento del aparato represivo. Suplantación del ejército jerárquico y corporativo, por el armamento y la instrucción militar permanentes del pueblo trabajador y por la deliberación política en el ámbito militar. Elección popular de los jefes militares. Elección y revocabilidad de todas las funciones públicas. Elección de los jueces, tribunales por jurados. El salario del funcionario público no debe sobrepasar al salario del obrero mejor remunerado. Por una Asamblea nacional única, elegida por sufragio universal y revocable por sus electores. Autonomía política efectiva de las provincias y municipios. Por el impulso a las organizaciones de poder de los explotados. Comité nacional de Huelga. Congreso de Bases. Coordinadora Nacional única de trabajadores. Asamblea Popular. 9. Apoyo a la lucha de la Juventud. Por el medio boleto estudiantil: Cese de las persecuciones: abolición de los edictos policiales, libre organización estudiantil, deportiva y Barrial. Veto de los centros de estudiantes a las medidas disciplinarias de las autoridades educacionales. Co-gobierno docente estudiantil. Organizaciones de defensa de la juventud contra la represión policial y para-policial. Derecho al trabajo para los jóvenes, garantizado por el Estado. Igualdad de salarios. Servicio militar de tres meses, con goce de sueldo, y aprendizaje militar permanente. Protección al matrimonio. Garantía estatal de la educación hasta los 18 años como mínimo. Por la organización revolucionaria y socialista de la juventud. 10. Por la recuperación de Malvinas: lucha antiimperialista integral mediante la unión socialista de América Latina. Desenmascaramiento de la demagogia “nacionalista" malvinizadora, que sólo pretende justificar el reforzamiento de la camarilla militar, partidaria de la “reinserción" en la estrategia del Pentágono. Abajo la capitulación menemista ante el imperialismo anglo-yanqui. Reclamo de la lucha común por la independencia nacional argentina y por el socialismo internacional a los trabajadores británicos. Apoyo a la causa de la independencia y reunificación de Irlanda, sojuzgada por el imperialismo inglés. 11. Abolición de la “política exterior" y de la “diplomacia' entre los Estados contra los pueblos. Por la unidad internacional de la clase obrera. Por la unidad socialista de América Latina. Denuncia de la agresión yanqui contra Cuba y Nicaragua, y de la "diplomacia" contrarrevolucionaria de Contadora, la cual pretende estrangular a la revolución socialista centroamericana. Defensa de Panamá contra los “demócratas" proimperialistas de América. Abajo la falsa política de "paz" de Reagan y Gorbachov, mediante la cual defienden un arsenal de 50.000 ojivas nucleares. Abajo la solución imperialista-burocrática a los “conflictos regionales". Confiscación de la industria de armamentos. Destrucción del Estado sionista, por una República Palestina laica y democrática. Por la autodeterminación socialista de las Repúblicas de la URSS. Por el derrocamiento de la burocracia contrarrevolucionaria y de sus planes de restauración del capitalismo. 12. Denuncia del carácter proscriptivo de la presente campaña electoral, donde los medios de comunicación son un virtual monopolio en beneficio de los grandes partidos capitalistas. Apertura al control popular de las cuentas de los partidos patronales, subsidiados por el capital nacional y el imperialismo. Formación de comisiones o comités de trabajadores públicos, periodistas, etc., para investigar el uso del Estado y de los fondos públicos en favor de las parcialidades políticas. Denuncia de la coacción que impera en los cuarteles, en la policía, en las escuelas y universidades privadas, etc. contra la libre voluntad popular, discriminando abiertamente en favor de los partidos patronales y reaccionarlos. Derecho a la agitación y propaganda políticas de todos los partidos en esos ámbitos. Espacios radiales, impresos y televisivos para todos los partidos desde el mismo momento en que ha comenzado la campaña electoral. Denuncia de la coacción que representa la impunidad de los sublevamientos militares para la libre decisión de la ciudadanía. Cárcel y juicio civil y por jurados a todos los comprometidos en las asonadas militares, sean “leales" o "rebeldes". Por la consigna de la huelga general, marcha a los cuarteles, llamamiento a soldados y suboficiales a unirse al pueblo, ante los golpes o cuartelazos. Abajo y boicot del Colegio electoral. Denuncia de los pactos y enjuagues entre los partidos, que concurren a ese Colegio, contra la voluntad popular. Denuncia de la disposición que permite a la Asamblea Legislativa elegida en el pasado e impotente ante los carapintadas, para elegir al presidente en una segunda instancia. Respeto a la voluntad popular, huelga general para efectivizarla.

En los últimos días se ha conocido, finalmente, el borrador del contrato entre la Telefónica Española y ENTel. En el mismo, “se establece, por un lapso de veinticinco años, la expresa prohibición de competencia no sólo del servicio telefónico sino también de los conexos; (el) manejo exclusivo de las señales de la TV pública; (la) posibilidad de participación en servicios ya otorgados y... la participación de la Telefónica en la implementación y ejecución de acuerdos satelitales". El contrato fija, además, que “las tarifas serán actualizadas automáticamente por el índice de precios combinados y, en caso de no aprobarse aumentos, el Estado resarcirá a la Telefónica mediante subsidios no reintegrables”. Para asegurar el estricto cumplimiento de estas cláusulas leoninas, “la Telefónica tendrá mayoría propia (tres miembros sobre cinco) en el Comité Ejecutivo de la nueva empresa” (Clarín, 1/12). La Telefónica conseguiría todo esto por sólo 900 millones de dólares, un tercio de los cuales será aportado en títulos de la deuda externa, a un precio dos veces mayor que el que se cotiza en el mercado. Poco tiempo antes de conocerse este proyecto, otro contrato leonino hipotecó a ENTel, el Digi II. En efecto, el propio presidente Alfonsín, otorgó — en los términos del convenio enconó-mico con Italia— el proyecto de digitalización del Area Buenos Aires— Digi II— a un consorcio liderado por las italianas Italtel y TELetra e integrado, además, por Pecom—Nec, Siemens y Alcatel, por un costo de 430 millones de dólares, que “virtualmente duplica al que resultaría habitual de considerar los valores de otros proyectos similares” (Clarín, 27/11). Estos contratos significan la liquidación financiera de ENTel y la hipoteca permanente del Estado. La famosa “inversión externa” que Angeloz y Menem describen como el pivote de sus “planes de crecimiento” y “revolución productiva”, son en realidad un modo de succión de las finanzas públicas y del bolsillo de los consumidores. El muy bien informado Ramón Enciso Bergé, gerente de proyectos multinacionales de la Telefónica, reconoció que “el justicialismo cambió desde una oposición frontal en el momento inicial de la visión actual, en la que advierten que es un proyecto razonable y bueno para las telecomunicaciones argentinas” (Clarín, 27/ 11). Más deuda pública, mayores tarifas, más dependencia financiera y tecnológica del imperialismo —este es el resultado del proyecto del contrato con la Telefónica. El país no está obligado a aceptar semejante saqueo. No a la liquidación de ENTel. Apertura de sus libros y control obrero. Apoyo a los proyectos tecnológicos de la Empresa. Nacionalización integral de la industria.

Otra vez volvieron los cortes de luz. Todo parece indicar que estos cortes de electricidad durarán todo el verano, ya que el gobierno afirma que se carece de oferta eléctrica para abastecer el natural incremento del consumo que se produce en esta época del año. ¡Calamidad natural!, argumentan los funcionarios de la Secretaria de Energía. La escasez de lluvias, dicen, ha llevado a que las represas hidroeléctricas no tengan el caudal de agua suficiente para generar electricidad. Fue un año hidrológico seco, insisten, una calamidad imprevisible. Ocultamiento Lo que esta explicación no explica es porqué las restantes fuentes de generación eléctrica (térmica y nuclear) no han podido llenar el bache dejado por la hidroelectricidad. El 49% del parque término está indisponible y el restante es totalmente obsoleto, al punto que “debieron salir de funcionamiento varias centrales puesto que sus rendimientos eran tan marcadamente decrecientes que ya no justificaban su uso” (Clarín, 4/12). La Nación (29/11) a su vez sostiene que “el Talón de Aquiles de Segba se encuentra actualmente en el déficit del mantenimiento que se registró en sus doce unidades principales de generación. De esas máquinas ocho de ellas han superado las 200.000 horas de operación, lo cual significa que están en el término de vida útil”. En materia nuclear Atucha I está fuera de servicio, por desperfectos y roturas, hasta febrero próximo, luego de que estuviera inactiva este año unos 6 meses por tareas de mantenimiento. Lo que el año hidrológico seco puso entonces de relieve es la completa quiebra del parque térmico y nuclear. Causas ¿Por qué se ha llegado a esta situación cuando hasta hace muy poco tiempo los funcionarios se vanagloriaban de tener una “sobreoferta energética”? En torno el negocio eléctrico existe una dura lucha entre los monopolios ligados a la hidroelectricidad y los vinculados a las centrales nucleares, lo que provocó la parálisis de ambos “programas”. En primer lugar, los grandes consorcios imperialistas boicotearon la puesta en marcha de las obras hidroeléctricas del Paraná debido a la posibilidad de que la URSS ganara la licitación. Storani había anunciado que las obras iban a iniciarse en 1984, pero luego todo el programa quedó anulado por la exigencia del Banco Mundial de darle prioridades a Yaciretá. Yaciretá es un negociado de primera línea. “Esta realización, que hace 8 años tenía un valor de origen del orden de los 6.000 millones de dólares, en la actualidad, sumando trabajos e intereses, ronda los 14.000 millones de la misma moneda” (Ámbito, 18/11/ 86). Por Yaciretá se anularon las construcciones hidroeléctricas más pequeñas, que hubiesen ¡do incorporando energía al sistema interconectado nacional a medida que se acrecentara el consumo. Los pulpos vinculados a los programas nucleares, por su parte, no sólo no fueron ajenos a este boicot sino que llevaron adelante una vasta campaña por resucitar el programa atómico. Básicamente la propuesta está impulsada por los principales pulpos de la construcción y apunta a privatizar la Comisión Nacional de Energía. Un paso en ese sentido lo dio Alfonsín durante su reciente viaje a Alemania, pues se comprometió a que las obras de Atucha II sean asumidas por la empresa alemana KWU. La parálisis de inversiones está vinculada, además, a que las empresas públicas vinculadas a la electricidad (Agua y Energía, Hidronor, etc.) tuvieron este año un presupuesto inferior en un 44% al del año pasado (El Cronista, 19/9), diferencia que fue utilizada para cubrir los pagos de intereses por la deuda “interna” y externa. Los cortes de luz están así íntimamente ligados a la expoliación imperialista del país y a la feroz lucha intermonopólica por quedarse con el control del negocio eléctrico.

En las elecciones de Foetra Buenos Aires del 29 de diciembre próximo se presentan cuatro listas: la Marrón guillanista; la Celeste y Blanca, alianza de las 62 y los 25; la Granate, radical, enfrentada a la Junta Coordinadora; y la Violeta-Azul-Naranja, frente del PC, Mas y el PO. La Marrón de Guillán lleva en sus filas a los hombres de la Morada, de la UCR de Nosiglia, algo totalmente coherente con el entongue de Guillán con el Ministerio de Trabajo y con el apoyo de la burocracia al contrato con la Telefónica que impulsa Terragno. El bloque de las 62 y los 25 proviene de la Marrón, pero fue completamente impotente en llevar a la victoria al poderoso movimiento de lucha y antiburocrático que hizo irrupción en el sindicato como consecuencia de los bajos salarios y la entrega de la empresa. Es indudable que el menemismo común a la burocracia y a las fracciones que se escindieron de ella, ha servido para evitar una lucha consecuente de esta oposición. La formación del frente Violeta-Azul-Naranja refleja el fracaso de la oposición liderada por las mencionadas fracciones del peronismo. La Naranja explicó sistemáticamente las limitaciones de esta oposición y llamó a un frente de lucha postura que tuvo su eco en militantes de base del PC. El frente constituido por la izquierda se delimita de la oposición miguelo-renovadora. Se pronuncia por la expulsión de la Telefónica y la investigación y anulación de los contratos. Propone “que un congreso de delegados, con mandato del lugar de trabajo, elabore un plan de reorganización de la empresa” y un "consejo de administración bajo control de los trabajadores que son los únicos capaces de conducir la empresa conforme al interés del pueblo". Llamamos a apoyar al frente Violeta-Azul-Naranja y a fortalecer la agrupación clasista Naranja.

El 22 de noviembre los docentes riojanos salieron a la huelga por tiempo indeterminado por un básico de ₳ 2.419. Como cualquier patrón de estancia, Menem decretó la conciliación obligatoria y rechazó toda negociación con los docentes en huelga. Primer fracaso: la asamblea de la AMP rechazó la conciliación y resolvió seguir la huelga. Días después Menem reculó anunciando un aumento del 26% (que lleva el básico a ₳ 2.080), pero descontó los días de huelga y exigió el compromiso de trabajar 15 días más para cerrar el ciclo lectivo. Segundo fracaso: la asamblea de la AMP resolvió rechazar la extensión, y seguir la huelga hasta el pago de los días caídos y organizar una marcha a Buenos Aires para denunciar la política antiobrera del gobernador riojano. La Rioja es el punto más alto de una tendencia de lucha de toda la docencia. El congreso de la FEB resolvió el quite permanente de colaboración y el no inicio de las clases el año que viene; San Luis, Chaco y Santa Fe terminan el ciclo en virtual huelga general. Varias provincias han estado al borde de tomar el mismo camino. Todo esto indica que la política de la burocracia celeste está agotada. Su objetivo de encuadrar el movimiento de lucha docente y poner en pie una burocracia integrada al Estado ha fracasado. Quienes en aras de la “nacionalización de los reclamos docentes” salieron a quebrar las huelgas del interior asisten impotentes a la “provincialización de las luchas”; quienes proclamaron el gran objetivo de una “paritaria única”, que era en realidad la búsqueda de los privilegios para un “aparato único”; tienen ante sí “comisiones paritarias" surgidas en cada provincia y jurisdicción en las que cada burocracia menor trata de asegurar sus propias prebendas al margen del aparato central. Quienes armaron su operativo de rapamiento en el gremio en nombre de una “lucha y organización únicas de los docentes” han llevado a CTERA al estadio de mayor fragmentación de su historia. "Aquí está la mano del gobierno” ha dicho Garcetti al referirse a las escisiones producidas en CTERA y ha dado como prueba el reconocimiento del Ministerio de Trabajo a la Federación de Docentes Nacionales creada por Solimano (UDA) y el radical Bariani (AMET). Pero en realidad la CTERA-Celeste se quiebra por la crisis política de la burocracia, que ha fracasado miserablemente ante la base por su comportamiento en la huelga y después. El cuestiona-miento y el rechazo al "verticalismo” se instala también en los propios feudos del garcettismo (Suteba). Por el no inicio de las clases Para el 16 está convocado un nuevo congreso de CTERA que debe tratar el plan de acción para la etapa futura y el reguero de sanciones y expulsiones planteadas por la burocracia: a Solimano, a Gladys Vittar— secretaria adjunta del gremio salteño. a las entidades “en observación” que podrían sumarse a los 20.000 docentes expulsados. También, la renuncia a la Junta Ejecutiva de los dos integrantes de la Lista Morada (UCR) que han cuestionado los estatutos totalitarios y resuelto “volver a la base”. No está excluida la posibilidad de que la burocracia anuncie demagógicamente el “no inicio de las clases" para el próximo ciclo lectivo, al solo efecto de reacomodarse frente a la crisis interna y negociar en los próximos tres meses. No hay nada en la política de la burocracia que indique una intención real de volver a la huelga, ya que la experiencia de la huelga anterior, la imposición de los estatutos totalitarios, la “carnicería” con todos los que disienten; revelan que la tendencia fundamental de la Celeste sigue siendo colocar a CTERA bajo su monopolio con el auxilio hoy de los gobernadores justicialistas y mañana, de Menem Presidente (el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires acaba de resolver la cancelación del descuento por planilla a los docentes afiliados a Adyted, Atelz y otras entidades para tratar de forzar su ingreso al Suteba). Los radicales han tomado posición contra la regimentación de CTERA sólo en función de explotar la crisis de CTERA en términos burocráticos. “Curiosamente”, a la hora de formular un planteamiento de acción por el salario los radicales coinciden con el bicicleteo garcettista. Lo único con futuro es lo que surge de sacar todas las conclusiones de las últimas luchas: constituir un frente común de lucha por la autoconvocatoria de asambleas soberanas en cada distrito, que resuelvan la huelga general para el primer día de clase del 89 y la elección de comités de lucha y coordinadoras responsables ante las asambleas de base. Oponer a los congresos "truchos” la convocatoria y organización de un congreso de bases de CTERA, con delegados elegidos en asamblea y mandatados por ella y sin ningún tipo de proscripción. Docentes: Izquierda Unida y la UMP La lista garcettista ha triunfado en las elecciones del sindicato docente de Capital por obra y gracia de la división consumada por el PC de la lista Marrón, que triunfara en las elecciones pasadas. Los Celestes que cosecharon 836 votos no aumentaron, sin embargo, su votación de dos años atrás, contra 724 de la Naranja (Mas) y 465 de la Violeta (PC). En la elección anterior, la Marrón había obtenido 755 votos. El primer acto de la flamante mayoría Celeste en la UMP ha sido asumir sola la conducción e impugnar ante el Ministerio de Trabajo el sistema de representación proporcional de la Comisión Directiva, que fijara la asamblea de la entidad. Es todo un indicador de que, si de los buitres celestes se trata, se acabaron las asambleas en la UMP y todo lo que huela a democracia sindical. El proceso de la UMP sirve para poner de relieve el carácter de Izquierda Unida, que divide al activismo antiburocrático y, en este caso, sirve para encubrir la política derechista del PC.

1. “¡Por primera vez en 37 años un presidente constitucional sucederá a otro!” —se jactan ante el pueblo los políticos cuyos partidos participaron de los diversos golpes de estado que tuvieron lugar desde 1955. “¡Por primera vez en casi cuatro décadas un gobierno electo completará su mandato!" —señalan, con más euforia todavía, los oficialistas y los opositores que capitularon ante los carapintadas y los “mandos leales” en Semana Santa, en Monte Caseros y en Villa Martelli. “¡En diciembre del 1989 la fase de transición a la democracia habrá concluido!” — repiten, como si estuvieran convencidos de ello, los “intelectuales democráticos” que han puesto su intelecto en la lista de sueldos del presupuesto del Estado, en el aprovechamiento de las prebendas oficiales y en el acaparamiento de las dietas parlamentarias. Todo este barullo tiene una sola y única finalidad: ocultar al pueblo y a los trabajadores la realidad de que la burguesía nacional y sus partidos han sido incapaces de poner en pie en estos cinco años un régimen político conforme a la voluntad popular o incluso a los principios constitucionales. El aparato constitucional es, en realidad, una cáscara vacía que se postra a las exigencias de la banca internacional, del FMI y de los capitanes de la industria; o que capitula ante el clero reaccionario y el militarismo genocida. Cuatrocientos carapintadas fueron suficientes para poner de relieve el carácter completamente superfluo del parlamento y la completa falta de independencia del poder judicial; el “todopoderoso” poder ejecutivo se tuvo que “agachar” sin vergüenza ante una “solución” impuesta por "sublevados” y “leales”. La pretendida “subordinación de las fuerzas armadas a la constitución” se ha revelado como un escandaloso mito. Los conflictos sociales y políticos no transitan el camino de las soluciones constitucionales o parlamentarias sino el de la fuerza. La amenaza del boicot económico y la coacción política arrancan todos los años a la nación argentina el pago de una voluminosa deuda externa de características usureras impuesta por una dictadura militar; el salario y la jubilación mínimos son fijados también coactivamente por el Estado con la complicidad silenciosa del parlamento, sin importar que hundan en la miseria a millones de argentinos; el derecho de huelga es violado cotidianamente mediante la conciliación obligatoria, la amenaza de ilegalización de los sindicatos y la corrupción descarada de los burócratas; los juicios por el secuestro y desaparición de 30.000 ciudadanos han sido violentamente anulados por disposiciones parlamentarias y judiciales que violan las normas elementales de un Estado de derecho. El Estado paga arbitrariamente todas y cada una de las deudas contraídas por los “capitanes” de la industria, el agro y la banca, pero desconoce las deudas con los jubilados y con todos los aportistas al sistema de previsión social, cuyo dinero ha sido dilapidado durante varias décadas en beneficio de esos mismos capitalistas. El autosatisfecho régimen “democrático" instaurado en 1983 no hubiera podido aplicar ni una sola de sus medidas de política económica, social o de cualquier tipo sin esta violación sistemática de los principios democráticos y hasta de los que corresponden a un Estado donde rija la igualdad ante la ley. La carta principal que los explotadores refriegan ante los ojos del pueblo—haber implantado un régimen democrático— es “trucha”. La presencia imprescindible del embajador norteamericano ante la más mínima crisis financiera, diplomática o militar, es la prueba más contundente de la completa dependencia del régimen constitucional respecto al imperialismo mundial. Más que un logro de la raquítica y vendida burguesía nacional, la fachada constitucional es un engendro del imperialismo para poner a su servicio a los partidos y políticos democratizantes, contra la lucha popular y, particularmente, contra la tendencia revolucionaria de los explotados. El 14 de mayo de 1989 no se plantea, entonces, la posibilidad de que los explotados puedan modificar mediante el voto la supremacía que ejerce sobre ellos la clase explotadora. Para que sea de otro modo es necesario primero que los trabajadores se apoderen del poder político, y pongan bajo su control los resortes principales de la economía; que desarmen al cuerpo de oficiales reaccionario y organicen la defensa nacional en términos realmente democráticos. Las próximas elecciones solamente tienen por función dirimir qué fracción de los políticos patronales seguirá imponiendo las soluciones de fuerza que necesita la clase capitalista contra el pueblo, enmascarándolas en la fachada constitucional. Aunque el voto popular consagrara a un candidato inmensamente popular y honestamente dispuesto a servir a los intereses populares, el aparato del Estado burgués se levantaría como un muro infranqueable a sus intenciones, que sólo podrían ser realizadas destruyendo ese aparato estatal, y organizando el poder político de los explotados, es decir, abandonando la ilusión de las soluciones constitucionales y estructurando y movilizando a los trabajadores para las soluciones revolucionarias. 2. Los próximos comicios producirán seguramente el recambio del agotado gobierno radical y darán lugar a una nueva experiencia de gobierno peronista, encabezado por Carlos Saúl Menem. La co-gobernabilidad actual de los distintos partidos del régimen capitalista deberá sufrir una modificación de forma. La burguesía necesita renovar las expectativas de las masas, luego de otros cinco años de declinación económica y de pauperización del pueblo. La gran patronal necesita también operar una serie de modificaciones en su orientación económica, visto el completo agotamiento de la tentativa de conciliar el pago de la deuda externa con el crecimiento de la economía. El candidato peronista plantea realizar una “revolución productiva”, y como consecuencia de ella producir un progresivo “salariazo", esto sin dejar de pagar la deuda externa y sin romper ninguna de las ataduras de la nación con el imperialismo y con los grandes capitales. No es difícil pronosticar, entonces, que fracasará miserablemente, agotando en forma muy rápida la experiencia “justicialista”. Menem finca, en realidad, su expectativa de desarrollo económico en la posibilidad de atraer la inversión del capital extranjero, es decir, aumentando la ya abultada hipoteca de la deuda externa. Con esa finalidad promete crear “zonas francas” donde los bancos puedan colocar sus capitales sin restricciones de ninguna naturaleza y donde los industriales puedan explotar a los trabajadores sin respetar la legislación laboral. Carlos Menem se ofrece al gran capital como el político capaz de imponer a la clase obrera un régimen de mayor explotación, esto mediante el “pacto social”, lo que quiere decir mediante la completa integración de los sindicatos al Estado y la completa transformación de la burocracia en una policía sindical contra los activistas y las masas. Menem se presenta también como el político de las privatizaciones, es decir, de la entrega de las empresas estatales y del patrimonio nacional al mejor postor capitalista. Más allá de los desbordes demagógicos, la candidatura de Menem es derechista y reaccionaria. Ha anudado pactos con el clero reaccionario y con la camarilla militar. Se ha declarado partidario del “congreso pedagógico nacional”, cuyas resoluciones refuerzan la injerencia del clero en la educación, en los medios de comunicación y en todos los planos de la vida nacional, y también se ha declarado partidario de una “ley de pacificación nacional” que decrete el cese de los procesos contra los militares acusados de asesinatos contra el pueblo. La plataforma política de Menem apunta a reforzar el carácter opresivo y represivo del Estado patronal. Las elecciones del 89 se presentan, así, básicamente como una disputa entre dos fracciones clericales, derechistas y reaccionarias de los explotadores. Angeloz no sólo pretende profundizar el entreguismo actual, sino que, aún antes que Menem, ha hecho votar en la Constitución de su provincia, Córdoba, el “pacto social” y la injerencia clerical. Como todos los políticos patronales, es partidario también del “cese” de los juicios a los militares. En algún momento de su gestión de gobierno, podría ocurrir que Menem intente algún viraje hacia posiciones limitadamente antiimperialistas, como consecuencia del inevitable fracaso de su política. Pero por su contenido de clase capitalista y por su profunda hostilidad a la acción obrera independiente, semejante tentativa estará condenada al fracaso y a agudizar revolucionariamente la crisis política del régimen burgués de explotación. 3. El Partido Obrero no interviene en las próximas elecciones con una finalidad especial sino para continuar con la tarea de desenmascarar los planteos de los partidos patronales y la irreversible impotencia del régimen burgués y del conjunto de sus instituciones, y para desarrollar sobre la base de ello la independencia política de la clase obrera. Las diversas derrotas sufridas por el conjunto de las masas y por su vanguardia en los últimos cuarenta años, a manos de la burguesía que hoy se presenta como democrática aliada a los militares y al imperialismo, le ha dado una nueva oportunidad política de actuación al régimen constitucional y a los políticos burgueses que medran en él. Los datos históricos, sin embargo, no han cambiado, y las nuevas tentativas burguesas deberán concluir inevitablemente, no en situaciones estables, pacíficas y de desarrollo, sino en el agravamiento de la presente crisis y en la formación de situaciones revolucionarias. El Partido Obrero rechaza la posición de ignorar los procesos constitucionales y parlamentarios mediante los cuales la burguesía pretende agrupar a la nación bajo su hegemonía y atar a los trabajadores al Estado burgués. La posición del Partido Obrero es denunciar las limitaciones históricas e inmediatas del constitucionalismo burgués y organizar a los trabajadores en forma políticamente independiente de la burguesía y de su Estado. A diferencia del Partido Obrero, los partidos de la izquierda argentina, cuando no van directamente aliados con Menem, se niegan a denunciar al régimen democratizante como un medio de dominación y opresión política contra los trabajadores, y hasta reclaman una “verdadera” democracia con “justicia social" dentro del Estado burgués. A diferencia de esos partidos, el Partido Obrero no participa en las elecciones como un fin en sí mismo, sino para separar al proletariado de la burguesía en el terreno de la lucha de clases y de la acción directa. El Partido Obrero denuncia el carácter exclusivamente electoralista de Izquierda Unida, lo que significa integrarse al Estado burgués. El Partido Obrero denuncia además la posición de Izquierda Unida de participar en el Colegio Electoral y de votar a Menem. La función de un frente de izquierda debe ser la de organizar a la vanguardia obrera en forma independiente de los partidos patronales, y de ninguna manera utilizar la bandera frentista con la única finalidad de facilitar a los aparatos pequeño burgueses su acceso a las prebendas parlamentarias. La banca parlamentaria debe ser usada para denunciar al régimen burgués y colaborar con la organización independiente de los trabajadores. El Partido Obrero ha planteado un método de movilización política de la vanguardia de los trabajadores, que consiste en la realización de asambleas y congresos para discutir y elaborar las posiciones políticas y las reivindicaciones programáticas; para organizar en forma consecuente la lucha de esa vanguardia; y para estructurar en conjunto la campaña electoral y la selección de los candidatos. Este método es la vía para construir un frente amplio de trabajadores. El Partido Obrero llama a votar a este frente de trabajadores, que levanta como estrategia el Gobierno Obrero y el Socialismo.

Elva Roulet, secretaria de Vivienda de la Nación, informó que durante el primer semestre de este año el FONAVI construyó 17.099 viviendas en todo el país. La Cámara de la Construcción, por su parte, informó que las obras financiadas por el Banco Hipotecario para vivienda popular (77 mil unidades) están prácticamente paralizadas “por falta de fondos” (Cronista Comercial, 13/11). Si se toma en cuenta que el déficit general de viviendas se ubica en los 3 millones de unidades y que aumenta, cada año, en 230 mil unidades debido al crecimiento de la población, tenemos un panorama del colosal agravamiento del problema de la vivienda. ¿Dónde está el problema? ¿No hay fondos? El FONAVI informó que invirtió en los últimos 10 años 6 mil millones de dólares para construir 320 mil viviendas. Esto significa que cada unidad costó unos 20 mil dólares, cuando por la precariedad y ubicación de esas viviendas su costo no supera los 5 mil dólares. La diferencia de 15.000 dólares por vivienda se la embolsó la “patria contratista” constituida por las grandes empresas constructoras que “arreglan” los precios con el Estado. Estos, en sólo 10 años, se embolsaron 4500 millones de dólares. Han cobrado por esas casas mal terminadas y endebles precios de avenida del Libertador en Buenos Aires. Pero aquí no termina el desfalco. Funcionarios han admitido que las empresas evaden el 30% del pago del Fondo para Viviendas (FONAVI), lo que representa aproximadamente unos 300 millones de dólares al año (Clarín, 29/4/ 87). Lo que se embolsó a su favor la patria contratista —una vulgar estafa de guante blanco— hubiese permitido construir un millón más de viviendas. Si a esto se le suman tos escandalosos préstamos del Banco Hipotecario, que en lugar de ser entregados a los trabajadores necesitados, fueron dados a diputados, jueces y militares para hacerse la casa de fin de semana, tenemos que prácticamente la mitad del déficit de vivienda podría haber sido ya solucionado. Cuando el régimen patronal, los Roulet, los Cafiero y Cía. se la pasan diciendo que el problema de la vivienda no se puede solucionar “porque no hay fondos”, mienten. Hay fondos, pero se los llevan los negociados de los contratistas estafadores, los acomodados del sistema y los evasores impositivos. Existe una solución para comenzar a parar la mano de la estafa y el acomodo. Es la reivindicación número uno: que la administración de FONAVI y del Banco Hipotecario estén en manos de los propios trabajadores y los afectados por el problema de la vivienda. Esos representantes del pueblo deben ser elegidos por los propios trabajadores en cada barrio y fábrica, y deberán responder ante la asamblea popular de su zona. Al mismo tiempo, para terminar con la evasión impositiva de los patrones en la cuota que deben aportar al FONAVI, es necesario implantar en todas las fábricas el control obrero de la producción, exigiendo la apertura de los libros empresarios para saber exactamente cuánto ganan y obligarlos a pagar el impuesto para la vivienda popular.

El terreno y la vivienda, el agua potable, el transporte, los caminos pavimentados, una escuela y un hospital. Estas son las cosas sencillas y elementales que le faltan a millones de trabajadores argentinos. Decenas de miles de estos hombres y mujeres sin vivienda se cansaron de esperar soluciones. “Habrá techo para todos” les dijeron Alfonsín y Cafiero en sus discursos. No cumplieron. Ahora Menem promete “vivienda digna” para cuando “seamos gobierno”. ¿De nuevo esperar? ¿Pero cómo esperar en el hacinamiento? ¿Cómo esperar con una ley de alquileres usurera que hace imposible alquilar? ¿Cómo esperar cuando las inundaciones o el desalojo golpean las paredes dejando a la familia en la calle? Es por todo esto que la clase obrera tomó por asalto su futuro ocupando terrenos baldíos en el Gran Buenos Aires y construyendo con sus manos, en los ratos de descanso, su casa. Los trabajadores tampoco aguantan las estafas de las obras públicas barriales en las que concejales e intendentes van “prendidos” con licitaciones impuestas a los trabajadores, hasta 100 veces superiores al valor real de la obra. “¡Usurpación!" gritan los patrones ausentistas. "¡ilegalidad!” vociferan concejales y punteros coimeros. El pueblo ha ocupado para un fin útil, como es el de la vivienda, basurales o tiernas yermas guardadas miserablemente para la especulación finanaciera. La clase trabajadora ha emprendido el camino para resolver—mediante la acción directa— sus problemas impostergables. Ocupando la tierra, oponiéndose al pago de precios de usura por las obras; luchando por la luz, el agua, lo más elemental. Revela la voluntad indomable de la clase trabajadora que no se deja arrastrar por los patrones al pozo de la barbarie. 1) Inmediata escrituración a favor de los ocupantes y a cargo del Estado de todos los terrenos ocupados. 2) Cuota equivalente al 10% del salario mínimo oficial. 3) Derogación de la actual ley de alquileres usuraria. 4) Supresión de los garantes individuales, mediante garantía del Estado. 5) Municipalización de todas ¡as obras públicas de urbanización, las que serán de ejecución obligatoria junto a la entrega de escrituras. 6) Toda obra pública (gas, luz, agua, asfalto) será gratuita y se financiará con un impuesto especial a las grandes empresas e inmobiliarias de cada zona. 7) Control obrero y vecinal de la ejecución, calidad y costo de las obras. Este verdadero programa general para todos los barrios sólo se logrará imponer mediante el método propio de la clase obrera: la movilización, la acción directa y las asambleas generales barriales. Esa lucha debe organizarse en una gran coordinadora de barrios en lucha.

Las patronales automotrices han montado una gran ofensiva sobre los trabajadores mecánicos. La crisis que estos mismos capitalistas han creado ha abierto en el país un cuadro de recesión profunda, que se agigantará aún más en los meses de verano. Las altísimas tasas de interés, alejan potenciales compradores de automotores y por lo tanto para las patronales está planteado provocar una política de despidos masivos, meter el dinero ahorrado en mano de obra en el mercado financiero, y encima esperar algún subsidio del gobierno. No quieren pender un centavo de las fabulosas ganancias acumuladas estos años, dejando miles de familias trabajadoras en la calle. El Partido Obrero desde que comenzó esta crisis ha planteado que existe una salida a esta situación que no es otra que el reparto de las horas de trabajo con igual salario evitando así miles de despidos. Pero arrancar el reparto de las horas de trabajo, pone en debate cual es la forma de organización obrera para imponer este reclamo. Días pasados el Partido Obrero planteó en su volante sobre la crisis automotriz que había que ocupar las fábricas que provoquen despidos masivos, lo que fue duramente criticado por el burócrata Pardo en la asamblea general realizada en Autolatina. Quizás para sorpresa de muchos trabajadores, ahora es la dirección del Smata la que plantea la realización de “tomas” de fábrica, como lo hizo en la Renault de Córdoba, o el burócrata Curto en Fiat Caseros (que es de la UOM). ¿A qué obedece que estos cínicos que sabotearon abiertamente la toma de Ford, y que sabotean toda lucha genuina de los trabajadores salgan ahora planteando lo que hasta ayer era cosa de la “ultra izquierda"? La burocracia es perfectamente conciente que ante la magnitud de los despidos, va a surgir un sentimiento fuerte a la resistencia. Campellone, en Córdoba, terminó acoplándose a la propuesta de ocupar la planta, a partir de las posiciones de lucha que se plantearon en la asamblea de Santa Isabel. La primera cuestión de estas “tomas" de la burocracia es que no tienen ningún programa. El mecanismo es conocido, Primero cubrirse las espaldas de la acusación de que “no se lucha”, cuando está claro que va a haber despidos y el Smata no va a impulsar la huelga general del gremio para impedirlos. Segundo, las “ocupaciones" pacíficas de los burócratas están al servicio de presionar al gobierno a que abra alguna concesión a las terminales que les permitan dilatar algo más los despidos a cambio de un subsidio a las patronales. Tercero, luego de las ocupaciones aceptar la INMINENTE conciliación obligatoria dilatando y llevando al muere la lucha por las reincorporación de los trabajadores despedidos. Está claro que las OCUPACIONES DE PLANTA se tienen que producir como única salida a los despidos masivos aunque no le guste a la burocracia perder su control. Está claro que estas ocupaciones deben ser votadas en asambleas generales de planta y deben tener un claro programa. PRIMERO: No levantamiento de la ocupación de la planta hasta que se repartan las horas de trabajo entre los trabajadores sin afectar el sueldo y sin provocar despidos. SEGUNDO: Hasta la obtención de esta reivindicación, desconocimiento de la conciliación obligatoria pactada de antemano entre los burócratas, las patronales y el ministerio de trabajo. TERCERO: Las asambleas deben votar que el gremio declare la huelga general hasta la suspensión de todos los despidos del SMATA.

A medida que se suceden en cascada las declaraciones de los más diversos jefes militares sobre el “pacto” que cerró la última sublevación militar, uno no puede dejar de llevarse la impresión de que los carapintadas encabezados por Seineldín, lejos de “levantarse” contra las autoridades “legales” y “leales”, armaron una sublevación en connivencia con ellas. Porque si las “reivindicaciones” de unos y de otros son las mismas; si ambos bandos se reconocen mutuamente como auténticos portavoces del “sentir” de las fuerzas armadas; si, al final, los de Caridi y los de Seineldín protagonizaron a igual título el genocidio que hizo “desaparecer” a 30.000 argentinos; si todo esto es así, ¿por qué no admitir directamente que el “turco” fue traído de Panamá para producir un hecho perfectamente orquestado y controlado, con la finalidad, deseada por todos ellos, de que se les “reivindique la lucha antisubversiva”? De tal manera que el gobierno, en su afán de desmentirla existencia del supuesto “pacto” de Villa Martelli, ha terminado por lograr que se revele algo más que ese “pacto”, es decir que se revele una verdadera conspiración “cívico-militar” contra los derechos democráticos y hasta contra las leyes de la nación. “No hubo necesidad de pacto”, dice el general Ferrucci, sino que Caridi y Seineldín descubrieron que no podían ir a un enfrentamiento cuando ambos “pensaban lo mismo”. Pero esto significa, precisamente, que hubo algo más que un “pacto” posterior a los hechos, es decir que hubo un acuerdo para producirlos, y para colocar con ello al gobierno nacional ante un redondo “planteo” o “pronunciamiento” militar. “Habrán pactado entre ellos, pero no con nosotros”, dice en un acto de estupidez política la oficialista UCR o la Junta Coordinadora. Pero esto es peor que un pacto explícito, porque significa reconocer que el ejército está orgánica y estructuralmente en estado de sublevación, y que el gobierno es absolutamente impotente frente a esto. A medida que pasan los días, resulta entonces que la crisis militar se agrava. Después de la reunión de los altos mandos, la camarilla militar se unificó en un planteo conjunto al gobierno y a las instituciones del Estado. Poco tiempo después recibió el aval del clero, por la vía de Primatesta. Nos encontramos, políticamente, ante un virtual golpe de estado, donde los golpistas conceden al gobierno formal la continuación de sus funciones. Los hechos demuestran la vigencia de este golpe de estado en permanencia. Apenas 72 horas después del “levantamiento”, Alfonsín reivindicó en un discurso en Coninagro a la “lucha antisubversiva”, a la cual señaló como un camino que “condujo a la democracia”. Inmediatamente se pararon los juicios en trámite a los militares que aún tienen procesos abiertos. Poco más tarde el gobierno anunció un aumento extraordinario a las fuerzas armadas, que le es negado, sin embargo, a los obreros o a las provincias. Resulta entonces que, en términos de sus prerrogativas políticas, el gobierno de Alfonsín ha terminado. Se conserva en estado vegetativo, o con auxilio de un pulmotor. Se mantiene en pie hasta el 14 de mayo porque así lo quieren sus verdaderos mandantes, principalmente el imperialismo norteamericano. Goza del beneficio de que nadie quiere derribarlo, ni incluso “perturbarlo”. El peronismo, encabezado por Menem y Cafiero, se esfuerza por no dificultarle la existencia, para lo cual pone todo su empeño en estrangular las luchas populares y asumir la defensa del Estado contra ellas. Es evidente, de todo esto, que existe un pacto mucho más profundo y sutil en sus alcances — un pacto entre Menem, Alfonsín, la camarilla militar y el imperialismo norteamericano, para aquietar las aguas hasta las elecciones y usar el período que va entre los comicios y la asunción del próximo presidente en diciembre, para darle alcance legal a las exigencias militares. Aquí todos coinciden: Alfonsín debe dejarle al futuro gobierno el camino “despejado”; la “co-gobernabilidad” radical-justicialista mostrará todos sus efectos durante la “transición”. Pero la crisis militar es grave por otra razón fundamental: porque los altos mandos militares no han reconstruido para nada la famosa “cadena de mandos”. A los carapintadas díscolos, así como a otras fracciones militares, no se les escapa en absoluto que todas estas “concesiones” a la “lucha anti-subversiva” tienen por finalidad desplazarlos o relegarlos en el escalafón militar. El Pentágono norteamericano ha instruido a Caridi para manejarse de esta manera, con el propósito de desprenderse de los “malvineros”. Pero los procesos políticos en las fuerzas armadas tienen sus características particulares, de modo que el mando “leal” no conseguirá sus objetivos sin tentar al diablo con nuevas crisis. Por de pronto, el “pacto” Caridi-Seineldin establece el pase a retiro del primero, y esto ha abierto una lucha sucesoria que gira en tomo a si el general Cáceres, bautizado de “Onganía” por la prensa, pasa a jefe de Estado Mayor. En tal caso, deberían volar muchos de los que hicieron declaraciones sobre el “pacto” en la última semana, precisamente para ver si lograban salvar sus cabezas con ellas. Todo esto nos está indicando que a la lucha electoral se le ha superpuesto la lucha político-militar. Menem se pronunció antes que nadie por la famosa “pacificación”, la cual es, según el clero, mucho más que una “amnistía”. Pero el riojano debe ir más lejos, y decidir si colabora con los recambios militares que se proponen desde el gobierno y el Pentágono, o si tiene planteos opuestos a éstos. Si este asunto se resuelve en un enfrentamiento en lugar de un acuerdo, la campaña electoral se puede poner muy caliente. Lo cierto, de todos modos, es que los latidos de una y otra convergen claramente. La crisis militar no es más que una crisis política del Estado. Esta crisis ha servido para desenmascarar más claramente aún la impotencia de las instituciones constitucionales, o representativas, o civiles, que sin embargo son el “gancho” que usa la burguesía para que el pueblo crea en la viabilidad práctica de la democracia capitalista. Pero esta “democracia” no ha servido para solucionar ninguna de las aspiraciones populares y sí para albergar toda clase de conspiraciones contra el pueblo. En su seno operan los usureros internacionales, la “patria” patronal y la maquinaria de represión. Semejante organización política no puede ser superada por medio del voto. La lucha electoral es para el Partido Obrero un medio más para desenmascarar esta situación y para reforzar la conciencia de los explotados en su propia alternativa política: la organización independiente de la clase obrera contra el capital. Recuadro Tapa PO N° 254 15.000 personas participaron el viernes 9 en la 8° Marcha de la Resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo. Durante las 24 horas que duró la ronda de la resistencia, varios miles fueron los que se sumaron a la movilización. La Marcha se caracterizó por su gran espíritu combativo, denunciando el pacto del gobierno, "leales” y "sublevados”, rubricado en la represión a los trabajadores y pobladores de Villa Martelli.