Una temperatura política muy tropical
Brasil se encuentra en una violentísima crisis política. En los últimos días, la aceleración de la inflación y la huelga indefinida de los empleados públicos, que engloba a más de 800.000 trabajadores, incluidos médicos, maestros, profesores universitarios y empleados de los ministerios militares, ha poblado al país de versiones relativas al alejamiento de Samey y a la posibilidad de un autogolpe de éste con el apoyo de las fuerzas armadas. El gobierno del “biónico” Samey, que se parece como dos gotas de agua al último gobierno militar, se ha convertido en el blanco del odio popular. Una encuesta realizada por el diario “Folha de Sao Paulo” revela que el 53% de los brasileños lo consideran “pésimo” mientras que sólo el 7% lo apoya. Hasta la gran burguesía arrima su desesperación. “La crisis se llama José Samey” editorializó “O Estado de Sao Paulo” (22/10). En otra encuesta, citada por el semanario uruguayo Búsqueda (6/10), se revela que más del 90% de los jóvenes “no creen en los partidos”, mientras que más del 80% “no cree que la nueva Constitución sea un agente de cambio”. La sanción de la nueva Carta no ha logrado cerrar la brecha entre el Estado burgués y las masas, pese a la “democratización” y al apoyo que ésta ha recibido de la “Izquierda”. No es el golpe sino el “pacto social”, lo que el gobierno y las centrales empresarias se empeñan por poner en marcha, para posibilitar la sobrevivencia de Samey. De repente, los “liberales” brasileños se han olvidado de su crítica al corporativismo y con “O Estado de Sao Paulo” reclaman el “Imprescindible pacto social”. En Brasil el “verso” tiene 300 artículos Después de dos años de trabajos, la Asamblea Constituyente promulgó finalmente el 5 de octubre la nueva Constitución brasileña. Esta Constituyente debutó renunciando a su soberanía y delegando el poder a las FFAA. y al Ejecutivo, cuyo presidente Sarney es un “biónico" elegido por el Colegio Electoral de la dictadura. En su votación más importante, la Constituyente también guardó para mejor oportunidad la reducción del mandato de Samey a cuatro años traicionando así, como en 1984, el reclamo popular de “¡directas ya!”. El rechazo a los cuatro años, fue impuesto por el gran capital, el imperialismo y los tres ministros militares, que amenazaron al Parlamento con la intervención militar. Los “representantes del pueblo” se limitaron entonces a capitular. ¿Cuál es el contenido fundamental de la nueva Constitución? Con relación a las tareas democráticas incumplidas de la Nación: reforma agraria, expulsión del imperialismo y democratización del Estado, la Constitución expresa los intereses de la burguesía brasileña, el imperialismo y de la camarilla militar. En un país donde el 5% de los propietarios rurales concentran el 69% de las tierras mientras que más de quince millones de familias campesinas carecen siquiera de una parcela, la Constitución prohíbe la expropiación de tierras “productivas” bajo cualquier concepto, con lo que “consiguió mantener el “Estatuto de la Tierra” adoptado por el régimen militar” (Folha de Sao Paulo, 4/9). “Fue una victoria de la clase productora rural” declaró satisfecho el líder de la Unión Democrática Ruralista (Gazeta Mercantil, 6/10), al ver que se consagraba intacto el latifundio. La nueva Carta designa a las FFAA como “garantes del orden interno”, legalizando su intervención “siempre que sea solicitada por uno de los tres poderes del Estado”. Los democratizantes elevaron así al “autogolpe” al rango de principio constitucional, lo cual coloca a la “soberanía popular” bajo protección militar. La Constituyente tampoco rompió tos acuerdos jurídicos que subordinan al Brasil al imperialismo, tales como la ONU, la OEA (con su Tratado de Río de Janeiro y su TIAR), el FMI o el Banco Mundial. El capítulo referido al “orden económico” ni siquiera plantea la autonomía nacional en este campo, pues no toca el tema de la deuda externa. Como una expresión de este colonialismo, Samey ha puesto en marcha un sistema de conversión de la deuda externa a cruzados, que constituye en realidad un sistema de fuga de capitales. Como consecuencia de esto la moneda del país pasó, en seis meses, de 250 a 750 cruzados por dólar. “Pese a todo, la nueva Carta asegura los derechos sociales e individuales”, exclama el democratizante de “Izquierda”. Algunos de estos “derechos sociales” están hoy vigentes, no como resultado de la norma constitucional sino de la movilización obrera y popular. En efecto, “una verificación realizada por la Confederación Nacional de Industria entre 150 empresas reveló que la media semanal es de 45 horas 20 minutos y que el costo de los beneficios constitucionales será apenas del 6% sobre la nómina sala-rial. El resto ya había sido objeto de acuerdos colectivos” (Senhor, 18/4). La inclusión de las conquistas sociales e individuales en la Constitución apunta, en realidad, a desnaturalizarlas por la vía de leyes reglamentarias. Alfonso Arinos, un jurista brasileño de fama internacional, reconoció que “la garantía de los derechos “colectivos” se torna extremadamente dudosa, para usar una palabra blanda” (Gazeta Mercantil, 6/10). El editorialista de la “Folha”, ya citado, por su parte, entiende que “el efectivo y pleno reconocimiento de los derechos y garantías individuales es problemático e improbable, por su conflicto con otras normas constitucionales, como es la naturaleza del SNI (Servicio Nacional de Inteligencia) y el papel de las FFAA”. La “consagración” de los derechos individuales y sociales establece el marco constitucional para su liquidación legislativa. El influyente periodista Fernando Pedreira (Estado de Sao Paulo, 9/10) define a la Constitución como “puro verso, porque nada ha cambiado”. Esto es exactamente así. Ocurre que el Tribunal Supremo (nombrado por la dictadura y reconocido por la Constituyente) acaba de declarar que la Constitución no es “autoaplicable”, lo que significa que no rigen sus postulados porque no se han sancionado aún las leyes que las reglamentan. Siguen en pie, entonces, las leyes dictadas de acuerdo a la vieja Constitución de 1967, de la dictadura. De esta manera, existen hoy en Brasil dos constituciones: la oficial que no rige y la derogada que sigue en vigencia. A esta parodia se reduce el democratismo y el constitucionalismo de los impotentes y parasitarios burgueses latinoamericanos, con su cohorte de intelectuales y periodistas democratizantes. Crisis económica La economía brasileña parece querer estallar. “El país marcha a la hiperinflación” advierte el Jornal do Brasil (16/10): 31% en octubre, 35% previsto para noviembre y 1000%, para todo el año. Los capitalistas huyen del cruzado al dólar, al oro o a las propiedades raí-ces. Por segundo año consecutivo, la producción industrial permanecerá estancada, mientras el PBI por habitante descenderá nuevamente. La inversión ha desaparecido desde 1980. Entretanto, el endeudamiento privado creció, en términos reales, un 54% en un año, un síntoma inequívoco de la proximidad de una ola de quiebras. La especulación financiera se ha convertido en el destino natural del capital excedente, razón por la cual es alentada por el propio gobierno; una friolera de 50.000 millones de dólares se hallan depositados a ¡24 horas! de plazo. Los especialistas hablan de una “argentinización” de la economía brasileña, cuando en realidad estos indicadores superan holgadamente a la “modernización” radical-peronista. La fuga de capitales alcanzó niveles que “asustan”. Según el economista norteamericano Dornbusch (Búsqueda, 6/10) la fuga alcanzó a 12,8 miles de millones de dólares en el trienio 83/86; a 6 mil millones en lo que va de 1988; y a mil millones mensuales en setiembre y octubre respectivamente. Este proceso de descomposición capitalista se expresa en el déficit fiscal. “SI se evaluara el déficit público en base a las cifras nominales—confesó el Ministro de Hacienda Malison da Nóbrega— este habría subido del 25% del FBI en 1987 a, probablemente, el 36% en este año”, unos 110 mil millones de dólares (Le Monde, 28/9). Para disimular su apoyo a esta especulación contra las finanzas del Estado, el propio ministro denuncia que el FMI distorsiona las cuentas para presentar al déficit en un 4% con respecto al PBI, es decir, en sólo 10 mil millones de dólares. El déficit fiscal no cesa de crecer por las altas tasas pagadas por el Estado para mantener el circuito especulativo y evitar la quiebra del sistema bancario, ruta principal del pago de la deuda externa y de la fuga de divisas. En concepto de deuda externa, intereses y amortización de capital, Brasil pagó más de 13.000 millones de dólares anuales desde 1982. Esta política hiperinflacionaria, que la burguesía no quiere alterar ha desquiciado la vida de las masas: el salario obrero cayó un 40%, alcanzando el punto más bajo desde 1984, el año de la gran recesión. El régimen “biónico-democratizante” ha hecho frente a la crisis de esta política con una mayor dosis de la misma: devaluación, aumento de las tasas, capitalización acelerada de la deuda externa—cuyas características la han convertido hoy en el mecanismo fundamental de la fuga de capitales— y reducción salarial. ¿Qué se pretende con el “pacto social” en medio de tal desbarajuste? En vez de aplicar un congelamiento, el gobierno brasilero tal vez opte por una estrategia más gradual, como la del Plan Primavera de Argentina” (Wall Street Journal, 20/10). En un intento de mantener a la especulación dentro del país, el viernes 13 el Banco Central aumentó la tasa diaria pagada por el gobierno del 39 al 50% anual aumentando en un sólo día el déficit fiscal en 40 millones de dólares. El funcionario responsable fue obligado a renunciar, pero su política fue ratificada. La bancarrota económica brasileña refleja el “refinado” parasitismo del capitalismo mundial. Es cierto que, entretanto, las exportaciones brasileñas están batiendo todos los récords históricos. Semejante performance, sin embargo, no ha logrado compensar la caída de la producción en el mercado interno. Sus divisas van a parar al pago de la deuda externa y a la fuga de capitales. Pero lo más grave es que en un 50% de su valor, están subsidiadas por el Estado. Los verdaderos exportadores son, entonces los contribuyentes y los asalariados. Este parasitismo ha llegado a tal extremo que, en medio de un boom de exportaciones siderúrgicas la principal empresa del acero, estatal, se ha declarado en quiebra, y va a ser privatizada (!!) Crisis política Brasil vive “una crisis de autoridad, sumándose esto a la convicción de un sinnúmero de agentes económicos de que el gobierno no controla más la economía, lo que ayuda a crear un clima de pánico” (Estado de Sao Paulo, 22/10). El Poder Ejecutivo se ha convertido en el blanco del odio popular y es impotente para una acción decisiva. El PMDB, principal partido patronal de apoyo al gobierno está dividido entre sus clanes de gobernadores, aún después de la escisión que dio lugar al nacimiento del PSDB. El PFL, otro partido oficial es una completa nulidad. La sanción de la Constitución definió el marco en el que la burguesía quiere hacer transitar a las organizaciones sindicales y partidarias de las masas, pero no cerró la crisis política. Al contrario, desde su promulgación el descontrol económico y el vacío político se aceleraron. El jefe del SNI, general Souza Mendos, llamó la atención sobre el “caos constitucional” emergente de la vigencia simultánea de dos constituciones, la promulgada y no reglamentada y la derogada, pero con sus leyes vigentes. El “caos” que preocupa al general obedece a que la falta de vigencia de la Constitución aprobada bloquea una clara intervención del Estado frente a las huelgas obreras y a la intervención del congreso en el control de la crisis. Después que la Constitución devolvió al parlamento la facultad de dictar las leyes, éste prácticamente no se ha reunido, con la consecuencia de que el poder ejecutivo sigue estableciendo el orden legal, incluida la censura prohibida por la nueva Constitución. La nueva Carta es un instrumento de la burguesía contra las masas, y no como dice la izquierda, el marco para avanzar en los derechos sociales. ¡Pero la burguesía no ha logrado implantaron orden constitucional! Ante la profundidad de la crisis Brizola (PDT) y Lula (PT) reclamaron el adelantamiento de las elecciones y el derechista Delfín Netto, un régimen parlamentario. Pero la camarilla militar declaró su veto. El 25 de Octubre, el brigadier Moreira Lima, ministro de Aeronáutica aseguró que “nosotros vamos a cumplir con la constitución”, es decir, que no habrá elecciones adelantadas, ni parlamentarismo. La consigna militar es armar un acuerdo de gobernabilidad para llegar, con Sarney, a las elecciones presidenciales de 1989. En el mismo sentido se pronunció, tres días después, el jefe del Estado Mayor de las FF.AA. Inmediatamente, la burguesía se pronunció en el mismo sentido. Brizola pidió “un gobierno de transición liderado por Sarney” (Estado de Sao Paulo, 27/10). El parlamentarismo de Netto se redujo a “un gobierno apoyado en el Congreso” y el presidente del PT, Arruda Sampaio, juntamente con Fernando Sant’ Anna (líder del partido comunista) llamó a “defender el cumplimiento del calendario electoral y el sistema presidencialista de gobierno” (Estado de Sao Paulo, 28/ 10). Con este libreto, la burguesía plantea poner en pie un “pacto social”, una verdadera novedad en Brasil. Antonio de Moraes, presidente del principal grupo empresarial del país, considera que el pacto es un “paliativo” para llegar a las elecciones. “La soberanía de la Constitución —remarcó— no puede ser puesta en jaque y es el momento de tener paciencia” (Estado de Sao Paulo, 28/ 10). Los dos actores fundamentales del pacto social serán la burocracia sindical —encargada de “disciplinar las reivindicaciones salariales y los movimientos huelguísticos” (Estado de Sao Paulo, 25/10)— y el Congreso, responsable de acompañar, mediante la rápida aprobación de las leyes propuestas por el Ejecutivo, la gobernabilidad de Sarney. Así, el derecho “constitucional” no autoaplicable de huelga duró hasta que la burguesía decidió desconocerlo. Pero el éxito del pacto social depende de la evolución de la crisis económica y, sobretodo, de la acción independiente de los trabajadores frente a esa crisis. “Esto puede ser un castillo de naipes” declaró —según el Wall Street Journal (20/10)—un banquero internacional de Nueva York. Las próximas elecciones municipales, en las que el gobierno aparece como derrotado en las principales ciudades, puede ser el ventarrón que desplome el castillo. El Partido de los Trabajadores El Partido de los Trabajadores surgió como una tentativa política democratizante de un ala de la pequeña burguesía y de un sector de las direcciones sindicales ante las grandes luchas obreras de principios de la década. Su presidente, Lula, fue el diputado más votado en las últimas elecciones, superando incluso al jefe del PMDB, Ulysses Guimaraes. El PT alberga a un conjunto de tendencias, cuya fracción dominante, la de Lula, está ligada a la Iglesia y a la socialdemocracia y es apoyada por diversas tendencias centristas. El PT está integrado al proceso democratizante protagonizado por la Nueva República de Sarney, lo que se puso enteramente de manifiesto frente a la Constituyente. El Partido de los Trabajadores apoyó este engendro impotente, cuyo fin político era la institucionalización del régimen de la dictadura militar. El par-lamento —declaró Lula— es un instrumento extraordinario para que lo utilice la clase trabajadora” (Correo Braziliense, 28/8). La dirección petista subordinó los reclamos y las luchas de las masas a la presión sobre la Constituyente para “mejorar” la Carta. El resultado fue la derrota de las huelgas de ese periodo (bancarios, docentes, metalúrgicos de San Pablo, estatales), al tiempo que se hundían las ilusiones democráticas, por la sencilla razón que la Constituyente patronal era inmune a las presiones de los trabajadores. El PT no sólo convirtió a la clase obrera en un apéndice del parlamento, es decir, del Estado, sino que fue aún más lejos: capituló, junto a los demás “demócratas” ante el chantaje de Sarney-FF.AA. y terminó votando, a mano alzada, el régimen presidencialista. Naturalmente, esta política derechista debía culminar en el frentismo con la burguesía. “En el proceso de la Constituyente, una de las lecciones aprendidas por el PT —declaró Lula— fue la necesidad de aliarse al PDT, al PSB, al PCB, al PC do B y a la izquierda del PMDB” (ídem). Lula adelanta, de esta manera, el planteo frentista del PT con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre de 1989. El PT no vota la Constitución en el parlamento, aunque colaboró en su confección, pero su política es que “se cumpla la Constitución". Esto es peor que un planteo pro-patronal, es pura ceguera. El PT decidió rechazar la Constitución con el voto en contra de Lula, sólo para ir a la campaña presidencial del’89 con la consigna de la “reforma constitucional” algo que exige los 4/5 de los votos del Congreso. En momentos en que el caos inflacionario empuja a los estatales a la lucha, cuando la consigna de un plan de lucha general por el salario está a la orden del día, el PT enfrenta las elecciones municipales de la semana que viene con un conjunto de vulgaridades referidas a la honestidad de sus candidatos y a la inescrupulosidad de sus rivales. En las tandas publicitarias, el PT se presenta con» el único partido socialmente civilizado. La subordinación al régimen democratizante se manifestó abiertamente también en la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Su presidente, José Meneguelli, del PT, ha participado en las negociaciones del pacto social en curso, aunque —como lo informa la prensa—en forma “secreta”. La política derechista ha llevado a un acelerado proceso de burocratización de la central, lo que dio lugar, en su último Congreso, a una reforma antidemocrática de sus Estatutos para acomodarlos a ¡as nuevas necesidades de la dirección. Ahora, la dirección de la CUT no ha firmado el “pacto social”, pero sugestivamente ha entrado en negociaciones con la central empresaria de San Pablo, para arribar a acuerdos “de conjunto”, independientes del “pacto so- ciar’, pero en realidad, anexos a él. Así entiende la burocracia que salva la independencia de la CUT, es decir, que disimula ante los trabajadores su capitulación. La política crudamente derechista de Lula dio lugar al crecimiento de una oposición interna de carácter centrista, la “CUT por la base” y el ala “izquierda” del PT. La elección de Erudnina como candidata a intendente de San Pablo, derrotando al derechista Arruda Sampaio, candidato de Lula, es otra expresión de esta misma tendencia. Estos agolpamientos, sin embargo, no tienen ninguna diferencia de principios con la mayoría y no se olvidan de recordar su profesión de fe democratizante, incluidas aquí las corrientes Democracia Socialista (sugestivo nombre del sector de Mandel en Brasil) y Convergencia Socialista (otro nombre no menos sugestivo del Mas brasileño, que fue bautizado así cuando se propuso formar un partido “socialista” con sectores del PMDB que hoy actúan en el PSDB). En Brasil está presente en la clase obrera, en la dirección de varios sindi-catos y en nueve estados del Brasil, la Organización Cuarta Internacional (OQ1), que lucha abiertamente por la construcción de un Partido Obrero Revolucionario. Sólo la OQI tiene una caracterización precisa del PT y, tanto en la CUT como en relación a las elecciones municipales del 15, está luchando por la formación de un agrupamiento revolucionario de izquierda que de lugar a la formación del Partido Obrero Revolucionario.