La privatización de los jubilados
La implantación de la “jubilación privada” es la confesión más rotunda de que los Alfonsín y los Cafiero le han puesto la bandera de remate al sistema previsional. Los “partidos populares” presiden así la liquidación de otra de las grandes conquistas sociales con que esos partidos han justificado su aparición en la historia argentina. La “jubilación privada” se presenta como un gran negocio de la especulación capitalista para suplantar al régimen oficial de jubilaciones. El Secretario de Seguridad Social lo dijo con toda claridad: las jubilaciones oficiales deben garantizar “las prestaciones hasta una determinada proporción de la nómina salarial, en una escala decreciente, a fin de inducir a sistemas complementarios...” (Clarín, 28/2/88). Es entonces puro cuento que el gobierno pretende elevar las jubilaciones oficiales a sus “valores históricos”, como lo aseguró Alfonsín el 1° de mayo. En realidad, la intención es hacer lo contrario. Después de haber confiscado los enormes superávits que las Cajas de Jubilaciones tuvieron en el pasado (unos 20.000 millones de dólares, según lo reconoció Brodersohn en el debate televisivo con la UIA); después de haber confiscado otros 20.000 millones de dólares a los jubilados al pagarles por debajo del 82% móvil desde 1980; y después de haber metido “impuestazos” a granel (¡para “mejorar” las jubilaciones!); el Estado anuncia que la función del sistema jubilatorio oficial es ofrecer una jubilación para indigentes. El Estado, que no conoce limitaciones cuando se trata de dar subsidios y prebendas al capital, usó todo su poder político para hacer bajar a un misero 15% de la canasta familiar las jubilaciones destinadas al sector físicamente más vulnerable de la sociedad. Una vez hecho esto anuncia un nuevo sistema mucho más caro para los trabajadores, que excluye además el aporte patronal obligatorio, de manera de mantener de por vida una jubilación oficial por debajo de todos los mínimos de subsistencia conocidos. Mayor confiscación del salario Este sistema de jubilación privada se basa en un nuevo aporte que deberán realizar los trabajadores, además del oficial. Para obtener una jubilación de A 2.000 actualizados, por ejemplo, el aporte obrero deberá ser de unos ₳ 200 mensuales indexados durante 45 años. Esto significa que además del descuento jubilatorio del 12% (al cual no puede renunciar), tiene que hacer un aporte complementario que oscila entre el 10% y el 20% del salario actual. Este aporte aumenta, a su vez, cuando se trata de trabajadores mayores de 20 años. Así, un trabajador con 40 años de edad, que aspire a retirarse con ₳ 2.000 a los 65 años, deberá aportar un 27% de estos 2.000, es decir unos ₳ 540, equivalente a un 35% del sueldo medio. Del régimen están naturalmente excluidos los actuales tres millones de jubilados y pensionados, ya que no tienen ni la plata ni la edad para poder participar de él. Estos seguirán cobrando los ₳ 500 de mínimo. Pero también está naturalmente excluido el grueso de la población, cuyos sueldos no alcanzan para parar la olla. Tampoco podrá entrar en este sistema la amplia franja de trabajadores mayores de 40 años, debido a los porcentajes crecientes de aportes que deberán realizar para compensar la proximidad de su edad jubilatoria. Las escasas posibilidades objetivas del sistema de “jubilación privada”, lo convierte en un sistema más de “ahorro”, que canalice parte del dinero que ahora va hacia otras formas de especulación. Los grupos económicos interesados en este negocio ya han comenzado a comprar acciones en la Bolsa y títulos de la deuda pública, que es hacia dónde irán los “aportes” de los que se acojan al sistema. Estos grupos quedarán también habilitados para intermediar con la deuda externa, comprándola digamos al 50% de su valor y vendiéndola al 100% al Banco Central, para luego invertir el dinero en valores especulativos. Si se tienen en cuenta los superbeneficios especulativos que ofrece el sistema, no sorprende que las grandes empresas aplaudan la innovación y promuevan entre sus trabajadores esta “jubilación privada”, acompañada con el “incentivo” de aportes patronales “voluntarios” los cuales no pagan cargas sociales, pero sí pueden ser descontados del pago de impuestos. El aporte patronal sólo quedará incorporado al ahorro del trabajador luego de un periodo de tiempo, lo cual servirá para la causa de la “disciplina laboral” y para la salud financiera del negocio. Los capitales de las “jubilaciones privadas" se forman precisamente mediante la asociación de las principales empresas y grupos de explotadores del país y del extranjero. Desviarán, así, una parte de los beneficios y gran parte de los salarios hacia una nueva modalidad especulativa que ellos mismos controlan. El negocio de los bancos Los aportes a la jubilación privada no obtienen ningún tipo de garantía real de parte de la financiera que los toma. A la luz de las quiebras bancarías de los últimos tiempos es fácil imaginar el destino de las 71 compañías aseguradoras autorizadas para operar con “Jubilación privada”. La supervisión que realiza la Superintendencia de Seguros es aún peor que la del Banco Central, lo cual es mucho. La inauguración del negocio no pudo ser, con relación a esto, de peor augurio: “se ha recurrido a la aprobación automática —en la medida en que las empresas se ajusten a ciertas pautas— debido a la falta de suficiente personal especializado en la Superintendencia, para efectuar los análisis técnicos de los planes presentados” dijo el Presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (El Economista, 3/6/88). En Chile, “costó alrededor de 700 millones de dólares la aventura de la jubilación privada” (La Razón, 20/10/86). ¿Cuánto le costará a los trabajadores argentinos? Según algunos diarios, las compañías de seguros podrán acumular, en un lapso de 5 años, “recursos financieros por esta vía del orden de los 6.000 o 7.000 millones de dólares...” (Clarín, 31/5/88). La “jubilación privada” le da un nuevo aire a las compañías de seguros, luego de que éstas se tomaran todo el oxígeno que quedaba en los pulmones del Estado. “El Instituto Nacional de Reaseguros ha perdido su patrimonio en los últimos dos años y ahora requiere que la Secretaria de Hacienda le reponga su capital”, (Ámbito, 21/10/86) ¿Pero por qué ha ocurrido esto? Porque las compañías privadas le transfirieron “siniestros fraudulentos". La gran masa de dinero que recibirán las compañías de seguro ya determinó que los grandes bancos extranjeros se colocaran en primera fila. “En la Argentina, los grandes bancos vieron el tema desde hace tiempo... y decidieron no permanecer al margen de este nuevo mercado de depósitos” (El Cronista, 30/5). “El grupo Juncal se asoció a la Banca Nazionale del Lavoro y el Bankers Trust of New York. Por su parte el Banco Rio se ha asociado al Citibank y se advierte la presencia en este mercado de otros grandes agolpamientos financieros locales e Internacionales que incluyen nombres como el del Banco Boston, el de Galicia, el Midland Bank y otros” (Clarín, 31/5/88). Planteo obrero La CGT y los sindicatos están haciendo la vista gorda a la destrucción del sistema previsional y a esta nueva confiscación de los trabajadores. La burocracia del Sindicato del Seguro, por ejemplo, apoya directamente este negociado, del que naturalmente ya tiene prometida una tajada. Aun en plena crisis, la especulación capitalista ofrece un ancho margen para mantener a una burocracia sindical. El PARTIDO OBRERO dice: que el Estado, los capitalistas, los Alfonsín y los Cafiero, y los “medios de comunicación” mienten: que el sistema provisional si tiene los fondos para pagar una jubilación igual a la canasta familiar y para pagar todo lo adeudado por incumplimiento del 82% móvil. Estos fondos están: 1) En el superávit del comercio exterior que se destina al pago de la deuda externa, una parte de la cual debe ir al pago de las jubilaciones. 2) En el control de los aportes patronales por parte de las comisiones internas y delegados, lo que permitirá terminar con la evasión actual, superior a los 2.000 millones de dólares anuales. 3) En un impuesto a las grandes fortunas, que recupere las evasiones pasadas. 4) No a la jubilación privada. No a una nueva sangría del salario obrero.