Prensa Obrera N° 226

En la ciudad de Río Grande se está llevando a cabo desde hace ya más de un mes una extraordinaria huelga metalúrgica. Contra la parálisis de la dirección zonal, los compañeros tomaron en sus manos los piquetes de huelga. La Guardia Especial Antimotines, que había ido a reprimir, tuvo que retirarse. Mediante una movilización masiva, los obreros detenidos por participar en piquetes fueron liberados. Las maniobras patronales, incluida las calumnias, el divisionismo y el boicot, montado tanto por el PJ como por la UCR, fueron desbaratadas. Lo que sigue es el reportaje realizado a cinco de los principales activistas de la huelga. Estos son los hombres y mujeres que le están doblando el brazo a las poderosas multinacionales, que se benefician con la “promoción industrial” que paga el pueblo y que enfrentan el reclamo salarial de los explotados. “La preparamos durante un mes” Prensa Obrera: —¿Cómo comenzó el conflicto? —“Desde octubre del año pasado no tuvimos ningún tipo de aumento. De acuerdo con el convenio firmado en junio en 1987 entre los empresarios y el sindicato, los aumentos serían de acuerdo con el costo de vida mensual. Al no cumplirse esto, a pesar de los reiterados reclamos que hicimos, decidimos salir a la lucha”. —"Conviene aclarar —nos señala otro compañero— que el paro lo preparamos previamente. Veinte días antes ya “flotaba” la decisión del conjunto de los compañeros de que íbamos al paro. Pero esperamos a cobrar primero, para poder estar en mejores condiciones de bancarnos incluso —como ocurrió— una lucha larga”. —“Fue recién entonces cuando se hizo una asamblea general en la que por decisión unánime resolvimos el paro. Votamos también pedir un básico promedio que unificase la actualización debida, lo que daba aproximadamente los 2.900 australes. Es sobre este reclamo y el de entrar sin ningún despedido que salimos al paro por tiempo indeterminado. También decidimos que no aceptaríamos ningún tipo de conciliación obligatoria y se hizo un acta firmada por todo el cuerpo de delegados, por pedido de las bases, en donde se comprometían a no abrirse ni un milímetro de estos reclamos”. “La organización de los piquetes fue fundamental” PO: —¿Cómo se organizó la lucha? —“Se resolvió montar comisiones para cada aspecto organizativo. Fuimos los propios compañeros los que tuvimos que tomar en nuestras manos esas tareas, ya que la directiva apoyó formalmente pero no en la práctica esas actividades. En esto fue fundamental la organización de los piquetes de huelga. Sin dirección centralizada, incluso boicoteados abiertamente por la dirigencia sindical, tuvimos que salir a frenar a los grupitos de carneros que intentaron entrar en algunas fábricas. El éxito de ios piquetes fue tremendo. Los medios de comunicación montaron enseguida una feroz campaña contra los piquetes, verdadero corazón de la huelga, en los que se organizó lo mejor del activismo. Contra las calumnias de la TV y la radio, lo único que atinó a decir el secretario general Pisarro es que eran “elementos ajenos al gremio”. No sólo eso, sino que en asamblea llamó a la “pacificación” y a ser “pacifistas”. Si por esta gente hubiese sido, los pocos carneros estarían trabajando “pacificamente”. —“Otro aspecto a destacar desde el comienzo es el extraordinario apoyo que tuvimos de toda la población. Los almaceneros de los barrios nos dieron víveres para la olla, los compañeros de UOCRA, los docentes, las amas de casa, pusieron fondos que recolectamos espontáneamente los compañeros de las distintas fábricas en nuestros barrios. Se organizaron bailes y festivales (FESTIBON) para apoyar la huelga. Los taxistas y remiseros hicieron una marcha propia de apoyo al conflicto por toda la ciudad. En la Marcha de Antorchas que hicimos por toda la ciudad en repudio a la represión policial se notaba la presencia del pueblo de Río Grande”. “Establecimos que no aceptaríamos ninguna conciliación obligatoria’’ PO: —¿Cómo fue la represión? —“La policía llegó a la fábrica JVC, y comenzó a reprimir al piquete de huelga que estaba impidiendo la entrada a un grupito de carneros. Vino la Brigada Especial Antimotines y comenzó a golpear a seis compañeros, le pegaron inclusive a una chica embarazada de la fábrica, empezaron a los tiros de Itaka. Es entonces cuando los compañeros resolvimos defendernos, enfrentándolos. Varios grupos de compañeros salieron a dar el alerta a las demás fábricas. En unos minutos llegaron decenas de compañeros de todos lados y el enfrentamiento se generalizó. La policía también pidió refuerzos. Se les tiraba con piedras, ladrillos, con lo que había; ellos con balas y gases. Pero la resistencia fue tan extraordinaria que tuvieron que emprender la retirada. El jefe del operativo de la cobarde represión fue el que más “ligó”; lo tuvieron que auxiliar a las apuradas. Los echamos a todos. También fueron a la fábrica Kenia, pero ahí ya los compañeros estaban prevenidos: los estaban esperando y ni pudieron bajarse de los autos. Un patrullero fue virtualmente aplastado a ladrillazos, quedó todo roto, sin parabrisas. Se fueron inmediatamente. En la lucha detuvieron a algunos compañeros”. —“Al enterarnos de que había detenidos hicimos una marcha espontánea de todas las fábricas hacia el juzgado del juez radical Amena, haciendo una sentada en Belgrano y San Martín (pleno centro). Y allí entró una delegación al juzgado, que exigió, mientras afuera el griterío era infernal, la inmediata liberación de los detenidos. A los pocos minutos logramos arrancar de la cárcel a los compañeros”. “Los delegados se comprometieron por escrito a no apartarse un milímetro de las reivindicaciones” —¿Qué hizo la directiva en el conflicto? —“La directiva a pesar de que habíamos votado que no aceptaríamos ninguna conciliación obligatoria, fue a firmar a Buenos Aires la conciliación, sin consultar a nadie. Pisarro, secretarle general, del PJ, y Apolinario Fernández, secretario de organización y del Partido Comunista, fueron y firmaron la conciliación. Ahí se armó. Porque cuando nos enteramos por la televisión que habían firmado, (era a la noche) los compañeros nos fuimos concentrando por decisión propia, enfrente a la UOM, reclamando que salieran a dar la cara. Querían lincharlos. Tuvieron que aparecer y decir que era ‘un error’ la noticia y que no habían firmado nada”. “Aplastamos a la represión” PO: —¿A qué atribuyen la extraordinaria resistencia del conflicto? —“El conflicto lleva ya más de un mes. Si aguantó es porque en la base comenzamos a darnos cuenta, sobre la marcha, que había que garantizar su triunfo. Por eso los piquetes fueron tan fuertes. Ha sido fundamental la conciencia de los trabajadores sobre los abusos de la patronal y del mismo gobierno del territorio. La represión les abrió los ojos a los compañeros sobre la complicidad del gobierno y sus partidos con las empresas. Eso aumentó la bronca, en lugar de ‘pinchar’ el conflicto”. “Esta gran lucha se explica por la conciencia de los trabajadores” PO: —¿Qué piensan de la actual situación del conflicto? —“Que puede triunfar, porque en la base la combatividad es muy grande. Fuerza hay de sobra. Pero es necesario profundizar la organización de los piquetes y, fundamentalmente, de la olía popular, que hoy es sólo para 500 trabajadores, sobre los casi 4.000 en lucha. Para eso hay que recurrir una vez más al pueblo de Río Grande que nos apoya, juntar los fondos necesarios, y tomarlos en nuestras propias manos formando un Comité de Lucha, de las bases, que está en la tendencia de esta lucha”. —“Quiero decir algo más; —agrega finalmente otro compañero— los que dicen que este conflicto ‘no da’, mienten. El conflicto da, nosotros ‘damos de sobra’ pero hay que organizar por la base las tareas para su triunfo. Y prepararse para poner en pie una nueva dirección".

Los trabajadores salteños de ATE resolvieron emprender, a propuesta de delegados de base de diversas reparticiones, una investigación sobre el destino de los fondos que maneja el gobierno provincial. Si los compañeros de la administración pública se organizan, pueden llegar a conocer todos los negociados, coimas y prebendas que han llevado al desquicio de las finanzas provinciales, en beneficio de una clique de oligarcas y empresarios que rodea al gobierno provincial, porque por sus manos pasan los recursos del Estado salteño. Como consecuencia del desfalco de los capitalistas, los empleados públicos no cobran sus sueldos (que están congelados) desde hace dos meses cuando se les pagó con bonos desvalorizados. Ahora enfrentan la amenaza de cesantías masivas. La investigación de las cuentas y operaciones estatales es una medida elemental, pues los trabajadores no pueden dar ningún paso adelante si no desenmascaran el saqueo de que son objeto y no toman en sus manos el control de la producción. El control obrero permitirá cesar la entrega de australes para subsidiar a la oligarquía; cobrar compulsivamente las deudas patronales con el Tesoro, las Cajas de jubilaciones y el Banco Provincial; revisar las dietas parlamentarias y de los concejales; la apertura de los libros de las grandes empresas para conocer sus balances y negociados. Corresponde ahora poner en práctica la resolución del plenario de delegados y proponer a los compañeros bancarios la instauración de un control completo de todo el movimiento financiero. A partir de aquí hay que discutir el plan de lucha que, solo él, podrá imponer estas resoluciones.

Los estatales tucumanos están nuevamente en huelga. Los trabajadores de ATE sostienen un paro por tiempo indeterminado por salarios impagos. Los municipales realizarán esta semana 72 horas de paro por la misma reivindicación. ATSA y UPCN han aprobado medidas de fuerza para los próximos días. Entretanto, la bancarrota del Estado provincial se ha agravado, como lo prueban los trascendidos sobre un nuevo cierre del Banco Provincial. A quiénes sirvió el “respiro” financiero Los fondos nacionales que llegaron a Tucumán desde fines de marzo en concepto de “auxilio financiero” a la provincia, no fueron destinados a pagar los salarios, que continúan abonándose, en su mayor parte, en bonos. El Estado tampoco terminó de pagar a los jubilados el mes de marzo y debe parte de los haberes de abril en toda la administración pública. ¿A dónde fueron, entonces, los fondos nacionales? A rescatar los bonos y las letras en poder de los empresarios. Pero además se ha denunciado (sin que el gobierno lo desmintiera) que se pagaron con esos fondos intereses “preferenciales” a un grupo de inversores que detentan entre el 20 y 30% de la deuda pública de la provincia. Entre esos “inversores” están los ingenios azucareros, los cuales deben al Estado tucumano una suma que supera a toda la deuda provincial. Los trabajadores A comienzo de este año, el gobierno de Domato envió al parlamento un paquete de leyes que reducían drásticamente los salarios y derogaban los convenios de trabajo. Esta es la línea maestra del conjunto de la burguesía, que encuentra como escollo la resistencia de los trabajadores. Mientras tanto, los salarios se desvalorizan cotidianamente como resultado de su pago retrasado y en bonos que circulan en sustitución del austral. La línea maestra de la burocracia sindical, por su lado, es apoyar al gobierno con el pretexto de que la crisis encontrará su solución con los mayores fondos que debe aportar el gobierno nacional. Esta política no tiene futuro porque, como se vio, en Tucumán, los australes salen más rápido de lo que entran, disimulados en los bolsillos de los capitalistas. Domato acaba de explotar este apoyo negándose a dictar el decreto de equiparación del salario mínimo provincial con el mínimo nacional de ₳ 520.-, algo completamente ilegal. El paquete de ayuda a las provincias no es solución sino apenas otro mecanismo de confiscación de los trabajadores del conjunto del país, quienes pagarán más impuestos en australes para que los trabajadores tucumanos solo cobren en bonos, y los oligarcas saquen el dinero de la provincia. Huelga general El pueblo tucumano se encuentra ante una disyuntiva más grave que la que ha llevado a los docentes y a los trabajadores fueguinos a la huelga general indefinida. La situación del pueblo tucumano plantea la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Esta huelga general con ocupación tendrá la tarea de imponer la apertura de los libros y el control de todas las operaciones bancadas y financieras por parte de los trabajadores; la investigación por las organizaciones obreras de todas las operaciones del Estado; el cobro compulsivo de las deudas de los ingenios; el control obrero de los fondos que el Estado nacional envió a la provincia; y efectivizar un salario de emergencia de ₳ 1.000 para activos y jubilados. Para esta lucha necesitamos de una nueva dirección, la cual surgirá, sin embargo, de la lucha misma. Empecemos la huelga general y elijamos enseguida comités de huelga y de ocupación, para marchar a un comité de huelga provincial. Votemos en las asambleas la huelga general indefinida, única manera de terminar con la brutal agonía del pueblo tucumano.

“Viva la vida”, esta frase acuñada por Frida Kahlo, pintora mexicana, compañera del famoso muralista Diego Rivera, guio su corta vida, llena de calamidades físicas (poliomielitis en la niñez, abortos involuntarios que la privaron de maternidad, amputación de una pierna, operaciones, trágico accidente, etc.). Suplió la lamentación plasmando en la pintura sus emociones y pasiones. Recreando las raíces de su obra pictórica y su militancia política, Paul Leduc filmó la biografía de Frida. En correspondencia con la forma de expresión del. personaje, la película tiene un tratamiento de escaso trámite verbal. Los diálogos son escasos. Rodada en el hoy Museo Frida Kahlo, la película conserva la decoración de la época, así como los numerosos espejos en todas las habitaciones, que fueron la obsesión de Frida por observarse en todo momento. La obra de Frida, ha sido revalorizada y salió del plano secundario al que la relegó el muralismo exitoso de su compañero y de Orozco. En su obra no hay un reflejo de su compromiso revolucionario. La mayoría de' sus cuadros son autorretratos y la trascendencia de su obra se debe a la capacidad artística de expresar sus sentimientos. Las pinturas muestran la maternidad fallida, una mujer quebrada en su interior, un físico doliente, una mujer con un llanto sin fin. El acoso de la muerte, que vio cercana ante su endeblez física, es tema de varias obras. Sus estados de ánimo encontraron en sus pinturas una profunda expresión que trascendieron a su vida. ¿La falta de alegría en todos los autorretratos se debe sólo a su dolor físico? Leduc piensa que no. Frida lloró por los campesinos asesinados, tuvo un intenso dolor ante el holocausto nuclear con que finalizó la matanza mundial. Se conmovió con la lucha de los dirigentes que "fregaron la Revolución”, en México y en la URSS, y vaciló en tomar partido por Trotsky. El mismo mes dé su muerte (julio/1954) participó en el repudio al golpe que desalojó al gobierno de Árbenz en Guatemala. Junto a Diego Rivera logró obtener del Presidente mexicano Cárdenas el visado que permitió que León Trotsky saliera del confinamiento al que estaba sometido por las autoridades noruegas por la presión de Stalin. Frida recibe personalmente a los asilados en el puerto de Tampico y los aloja en su casa de Coyoacán. Frida y Diego enfrentan como a "pendejadas” las acusaciones contra Trotsky y la presión del stalinismo que personifica el pintor David Arfara Siqueiros. En España éste anudará relaciones con la GPU, bajo cuyas órdenes ejecuta el atentado fallido contra la vida de Trotsky. El film muestra como éste se pergeña en un local stalinista. Difícil es comprobar la autenticidad de la carta de Trotsky leída en el film. Este escribirá varias cartas a Frida por esos días, con quien tuvo un breve e Intenso romance, que provocará su separación de Natalia durante algunas semanas. Diego Rivera firmará con André Bretón el "Manifiesto por un arte independiente” que escribieron éste y Trotsky, para evitar problemas con el gobierno que le otorgaba asilo. Luego Rivera romperá con Trotsky y se Irá al stalinismo. Una de las últimas escenas lo muestran dubitativo pintando a Stalin como héroe. Trotsky dijo, cuando la muerte de Esenin, que le tocó vivir en una época ..."tan poco tierna, tan poco dulce...” Frida luchó con su obra artística y con su militancia para "Mantener firme el árbol de la esperanza” de una vida mejor.

Un obrero de la carne, preso político de la dictadura, sale en libertad. A través de una larga pesadilla, Floreal (M. A. Solé) recorre los personajes y episodios de su vida reciente, que no son otros que los de la historia política del país en las últimas dos décadas. A poco de andar, sin embargo, el espectador se enfrentará a una visión de completa irrealidad: no por el lenguaje “onírico” del film, sino por la pérfida adulteración del pasado reciente que se lleva a cabo en “Sur”. Cuando Floreal comienza a ser perseguido, acude por ayuda. ¿Quiénes se solidarizan con él? Un par... de militares retirados. Estos, al ser secuestrado Floreal, liderarán la lucha por su aparición y su libertad. El film se preocupa en destacar a estos dos sujetos como integrantes de una fracción orgánica del Ejército “antigolpista” y “heredera de los generales Savio y Mosconi”. Los susodichos almacenan cientos de bibliotecas que contienen el “Proyecto Sur” —“un proyecto de desarrollo nacional”—. Más adelante, la película mostrará a un grupo de mili-tares y funcionarios de la dictadura destruyendo esos biblioratos: “dimos este golpe para terminar con la demagogia populista”, declarará uno de los “procesistas”. Los milicos que encabezan el “proyecto Sur” luego de ser presentados como nacionalistas, ganan el laurel de “demócratas”: “me dieron de baja en el 66 —dirá uno de ellos— por oponerme al golpe de Onganía”. Por último, se batirán fieramente contra la represión dictatorial, en una de las escenas culminantes de la película. Todo esto recuerda a una de las canciones de Solanas en su anterior película: “¿Qué país, será este país?”. El ejército nacional es una fantasía que Solanas la ha tomado prestada a los ideólogos del “medio pelo” que florecieron en la década del 60. Antes que Videla y Harguindeguy salieran a golpear a la clase obrera, los “hombres del Proyecto Nacional” venían ejecutando esta labor a mansalva bajo el gobierno de Isabel. “Sur” oculta la cuestión fundamental de la unidad de las diferentes fracciones políticas y militares de los explotadores contra el ascenso revolucionario abierto por la clase obrera a partir del “cordobazo”. Solanas no presenta al golpe del 76 como dirigido contra la clase obrera sino “contra el proyecto nacional” (justicialista). Mas tarde presenta a éstos como líderes de la resistencia antidictatorial. “Sur” es un producto de la transformación de los Montoneros y de la pequeña burguesía que los acompañó en lo que son hoy: alfonsino-cafieristas. En el colmo de esta adulteración, Solanas presentará al peronismo militar como “opuesto” al golpe del 66, sin reparar que hasta hace poco los justicialistas se autocriticaban del apoyo que ellos y Perón dieron al cuartelazo del 28 de junio. La película quiere contribuir a borrar el prontuario de los funcionarios de Isabel y López Rega, que dirigen al PJ actual, como Cafiero, Di Tella, De la Sota, Grosso. La pretensión es comprensible, puesto que la película fue financiada y producida por “operadores” del exministro de economía de las “3 A”, Antonio Cafiero. La película no solamente se esfuerza en adulterar el protagonismo cobarde y criminal del nacionalismo burgués, sino por sobre todo malversar el rol de la clase obrera en esos años cruciales. Esta aparece en el film como un sujeto perplejo que “mira sin comprender”. Es así que el protagonista, detenido “sin tener nada que ver”, sale de la cárcel sin evidenciar la menor evolución política. En cambio, ensaya un reproche hacia su clase: “¿qué hicieron ustedes por mí?”. Esta requisitoria es apenas atenuada con una apelación demagógica: “en sus rostros, sin embargo, puedo ver el odio contra todo lo que pasó”. ¡Pero ese odio de esos “rostros”, fue traducido en su momento en las huelgas ferroviarias, de estatales y de Luz y Fuerza, y en la sorda y múltiple acción que impidió la liquidación de los delegado y comisiones internas de fábrica! La clase obrera de Solanas es, en cambio, un ser derrotado, entregado, donde no existen ni el delegado ni el obrero organizado. Significativamente, el único personaje vinculado a la organización obrera... es un jubilado —el padre de Floreal—, es decir, una expresión del pasado. El trabajo de “Sur” integra la vasta ofensiva ideológica que, ya promediando la dictadura, ha venido lanzando la pequeña burguesía democratizante, stalinistas incluidos, contra la posibilidad del protagonismo revolucionario y de la dirección política de la clase obrera. Que el proletariado se reduce, que el pueblo es “cuentapropista”, que se borró la “memoria histórica” —todo este macaneo es la traducción de la hostilidad de la pequeña burguesía democratizante a la revolución socialista—. En plena debacle de la sociedad burguesa, la “intelectualidad” se pone contra la revolución y reivindica al régimen político de la banca acreedora. La película —su historia— termina en 1983, pero fue rodada cinco años después. Girando su historia en torno a un preso político, un acto elemental de verdad histórica debiera señalar que muchos de los “Floréales” no salieron en libertad en 1983. En “Sur”, en cambio, cae la dictadura... y los presos salen “alegremente" de prisión. El cafierismo —que cogobierna el país— no sólo debe disfrazar el pasado, sino también su presente, donde colabora en el sostenimiento de todas las relaciones de opresión nacional y totalitarismo que rigieron bajo la dictadura. Solanas reivindica a su obra como expresión de la “cultura nacional y popular” contra “los designios del Norte”. Su parábola histórica y política nos recuerda en cambio, otra cosa: medio siglo atrás, la literatura nacionalista se burlaba de la oligarquía que, en París, tiraba manteca al techo y financiaba, con la renta agraria, una cohorte de lumpones fangueros, que vendían, en la “metrópoli”, una visión idílica del “granero del mundo”. Solanas y compañía son los descendientes de esta tilinguería: han salido a vender por el mundo una visión apologética de este régimen proimperialista, a gusto de la “opinión pública” de las “metrópolis”. Lo han hecho con los dineros de la gran burguesía que apoya al cafierismo, amasados al compás de la represión dictatorial. Cuando una corriente política —en este caso el cafierismo— debe adulterar de este modo el pasado y el presente, es porque se encuentra completamente agotada. En este sentido, es probable que —sin quererlo— Solanas haya logrado en el “polaco” Goyeneche al mejor personaje de su film: la penosa visión del viejo tanguero —grandilocuente y versero—, arremetiendo con su voz cascada algunos tangos viejos, es una exacta imagen del nacionalismo patronal que la clase obrera —a pesar de los Solanas— ha comenzado a superar.

En una declaración especial frente al Congreso de la CONADU, “Alternativa Docente del Mas” se pronuncia por “ingresar a CTERA con el siguiente mandato: que su dirección y la de la propia CONADU sean elegidas por el sufragio universal”. Así dicen ser fieles al fundamento de la democracia y al principio constitutivo de su agrupación sindical: “un hombre, un voto”. Hasta el momento la dirección de CONADU ha elegido su dirección por medio de un Congreso de delegados elegidos en cada Universidad y mandatarios por las Asambleas de base; “Alternativa” propugna ahora sustituirlos por el voto individual de cada afiliado. Este no es un avance democrático sino un retroceso burocrático: por la vía del sufragio se eleva a una cúpula dirigente desvinculada de las Asambleas, es decir, de la deliberación colectiva de su base. Se reemplaza así al régimen de la democracia obrera y, en última instancia, de los soviets y de la dictadura del proletariado, por el del régimen burgués democratizante y la Constitución del ‘53. Si las asambleas son soberanas, lo que corresponde es que las direcciones actúen bajo su mandato y control. Deben, por lo tanto, ser revocables. El “voto”, en cambio, establece el carácter permanente del funcionario sindical entre comido y comido. En CTERA se acaba de realizar un Congreso con delegados elegidos por el voto... de dos años atrás. (¡Alternativa “lucha” por lo que ya impuso como norma la burocracia de Garcetti!). Alternativa plantea exactamente lo que la burocracia de Garcetti le reclama a la CONADU: que abandone sus métodos “asambleísticos” de funcionamiento. Debe llamar la atención que una corriente que se pretende socialista y hasta revolucionaria base su actividad sindical en el postulado políticamente abstracto (¡burgués!) de “un hombre un voto”; vieja hipocresía que esconde tras la igualdad formal de la papeleta en la urna, la desigualdad real entre las clases, la existencia de explotados y explotadores. Oponer el sufragio individual a la Asamblea es antiobrero. Es propugnar la atomización de la clase y la manipulación que de ella se deriva: son los burócratas sindicales los que rehúyen las Asambleas y privilegian las campañas electorales, en las cuales manipulan el voto gracias al consenso y a los recursos del Estado. El 3° Congreso de la Internacional Comunista dedicó toda una tesis al combate contra la reproducción de los métodos del Estado burgués en las organizaciones obreras. Por todo esto toda agrupación sindical que pretenda situarse en un terreno propio de la clase obrera debe pugnar por lo que le permita a ésta mejor expresar su carácter de tal: la movilización y la deliberación colectiva, la acción directa, sus Asambleas, sus representantes elegibles y revocables por las mismas, etc... En CTERA esto significa: fuera la burocracia, asambleas soberanas. Confederal con mandato de sus bases y representación proporcional, no a los funcionarios elegidos cada dos artos, defender contra toda imposición el funcionamiento actual “asambleístico” de CONADU. Esta es precisamente la alternativa que “Alternativa Docente” no es.

En marzo de 1917, poco después del derrocamiento del Zar por parte de una insurrección armada, Lenin escribía en las “Tesis de Abril” una frase lapidaria: “La revolución burguesa (democrática - J.A.) ha terminado”. Quedaba acuñado así el principio cardinal de la política que llevaría a la victoria de la revolución proletaria pocos meses después. A principios de 1931, cuando la crisis política incruenta obligaba a la abdicación de Alfonso XIII, León Trotsky planteaba que había comenzado la revolución española. Se refería con ello, claro está, no a la revolución burguesa-democrática, sino a la proletaria. Para Trotsky la burguesía española no solamente era incapaz de protagonizar una revolución democrática, sino que además seguía siendo monárquica. Tres años más tarde, en Asturias, y cinco años después en toda España, estallaba la revolución proletaria. En 1959, cuando la guerra revolucionaria y la huelga general ponían fin al régimen de Batista y destruían a su ejército de 20.000 hombres, el gorilaje norteamericano y los partidos comunistas proclamaban el comienzo de la revolución democrática en Cuba, en tanto que la corriente morenista caracterizaba que se había producido en la isla del Caribe una “revolución libertadora” (gorila). Pero como en realidad, para la burguesía la revolución debía terminar con la huida del dictador, se abrió una monumental crisis que concluyó con la expropiación del capital. La revolución democrática había nacido agotada. En Nicaragua se ha realizado durante una década el intento más empecinado de desarrollar la revolución dentro de los marcos democráticos. El fracaso de esta tentativa es evidente en todos los terrenos. La burguesía sabotea la revolución mediante la fuga de capitales, la inflación y la escasez; el nivel de vida de las masas ha caído vertiginosamente; la reforma agraria tiende a paralizarse; se reconstruyen las instituciones políticas tradicionales; el régimen político depende cada vez más de un conjunto de pactos y acuerdos internacionales que cuentan como principal protagonista al imperialismo. ¿La excepción argentina? En oposición a toda esta experiencia histórica y a las tesis fundacionales de la IV Internacional, el Mas afirma que, en 1982, comenzó en Argentina una revolución democrática. Si esto fuera así, en los confines antárticos del planeta estaría debutando una nueva tendencia de la historia mundial. Sería viable a partir de aquí un progreso de alcance histórico de la democracia en los marcos del Estado burgués. En este caso, la tesis de Marx, formulada en el “18 Brumario de Luis Bonaparte” y reivindicada genialmente por Trotsky en "Terrorismo y Comunismo”, en el sentido de que la tendencia histórico-mundial de la burguesía iba en el sentido del bonapartismo y no de la democracia, habría quedado refutada. El mismo destino correría, la caracterización de que el capitalismo mundial ha entrado en la etapa de la descomposición histórica, porque es obvio que la democracia sólo puede florecer en condiciones de expansión histórica de este régimen social. Finalmente, debería admitirse la posibilidad de la vigencia de la democracia política en los países que sufren una agudísima explotación nacional. Parece evidente que la supuesta vigencia de una “revolución democrática” en Argentina, desde 1982, supone el protagonismo fundamental en ella del gobierno de Alfonsín. La caracterización del Mas confluye así con la de la Junta Coordinadora Radical, a pesar de que divergen en la caracterización del origen de este proceso, pues para Alfonsín el pueblo argentino “no tomó la Bastilla” en 1983, y para el Mas sí (ya que de otro modo no podría hablarse de “comienzo de la revolución democrática”). Esta caracterización del Mas explica su política democratizante en estos seis años. Es de todo punto de vista evidente que si la democracia progresa bajo el régimen actual no tiene vigencia una táctica de política cotidiana basada en la estrategia de la revolución proletaria, la cual naturalmente supone el estrangulamiento de las posibilidades democráticas. Ni qué decir que tampoco se podría hablar de una situación revolucionaria, que sólo podría surgir como consecuencia de las contradicciones insalvables del régimen democrático. Tenemos aquí otra prueba adicional de que la afirmación del Mas, según la cual estaríamos en una situación revolucionaria, es completamente abstracta. ¿Y la revolución permanente? La tesis del desarrollo de la "revolución democrática” se opone por el vértice a las tesis de la revolución permanente. La esencia de estas tesis reside en la caracterización de que en los países atrasados la dictadura del proletariado no puede ser la culminación de un largo periodo democrático, sino que la conquista de la democracia deberá pasar por la dictadura del proletariado. A Nahuel Moreno no se le escapó, de ninguna manera, que sus caracterizaciones democratizantes entraban en colisión con las tesis de Trotsky. “Vamos a ver las viejas críticas y las nuevas que les hacemos nosotros a la tesis de la revolución permanente” - les decía a los asistentes a un curso del Mas del mes de enero de 1985; Julio Magri ya había puesto de relieve éste hecho en su folleto “Revisionismo en el Trotskismo”, en 1971. Una de esas “nuevas críticas”, según Moreno, es “el nuevo tipo de revolución democrática contra los regímenes totalitarios” (idem), algo que el jefe de la revolución de 1905, contra el zarismo, habría paradójicamente ignorado! Lamentablemente, lo que Moreno presenta como “revolución democrática” es exactamente el estrangulamiento de la “revolución democrática”, como se ha encargado de comprobarlo, otra vez más en este país, la experiencia alfonsinista. En este estrangulamiento, y no en el desarrollo de una revolución democrática y de una política democrática, finca toda la posibilidad histórica de la revolución proletaria en los países atrasados. Al enmendarle la plana a Trotsky, Nahuel Moreno retrocede, no ya con respecto al marxismo, sino al jacobinismo del siglo XVIII. Para éste la revolución democrática no consistía meramente en un cambio de las formas políticas, sino por sobre todo en la destrucción del viejo régimen social. Sólo sobre esta base se podía asentar duraderamente la democracia. Robespierre justificó, por este motivo, la implantación de la dictadura, explicando que la Constitución sólo podía regir una vez cumplida la obra revolucionaria. En las novedosas “revoluciones democráticas” descubiertas por Moreno, ocurre al revés: se justifica el cambio de las formas políticas, del régimen militar a uno seudoconstitucional que son armadas para estrangular el ascenso de masas e impedir la obra revolucionaria, que sólo estas masas podrían acometer. Alfonsín y la revolución democrática Al concluir las elecciones de 1983, el Mas explicó muy claramente qué debe entenderse por “revolución democrática”. En Solidaridad Socialista (17/11) escribía: “el voto a Alfonsín refleja el proceso de revolución democrática que estamos viviendo”. Se trata de una conclusión completamente consecuente. Pero a partir de esto el Mas no puede desmentir a nadie que lo clasifique en el campo del régimen democratizante. En el mismo artículo se dice que el triunfo de Alfonsín “es la expresión distorsionada de un proceso revolucionario”. Por todo esto, el Mas planteaba, en S.S. (10/11/83), una consigna cantada: “que Alfonsín cumpla con sus promesas”. Ni más ni menos. Como se ve, el Mas no improvisaba cuando hacía un frente con las juventudes políticas, incluidas las alfonsinistas y cafieristas; cuando firmaba declaraciones de la Multipartidaria; cuando hacia un acuerdo político con el PC “en defensa de la democracia”, cuando apoyaba los 26 puntos de Ubaldini y la moratoria de Sarney, Siles Suazo o Alan García —todos ellos “expresiones distorsionadas” de la “revolución democrática”. Impulsaba de esta manera, es cierto que no en forma combativa sino en forma diplomática, electorera o vulgar, las posibilidades democráticas de la burguesía. ¡Y hay quienes le reprochan al Mas un desprecio del proceso democratizante! Semana Santa Todo esto se confirmó igualmente en Semana Santa. En el artículo “Cuatro días que conmovieron al país”, publicado en la revista “Correo Internacional”, se dice que “Alfonsín, con el apoyo del radicalismo, el peronismo, la burocracia sindical y casi toda la burguesía, tuvo dos políticas durante la crisis: la primera fue la de no negociar las condiciones de los rebeldes y llamar a la movilización popular”. Mas aún, “estaban adoptando el método que el Mas propuso durante cuatro años para juzgar a los genocidas” (!!). Como consecuencia de todo esto, Zamora declaró al final de la crisis que “se violaron compromisos adquiridos” (Somos, 21/4/87). No firmó “el acta democrática” porque “se violaron compromisos celebrados el día sábado, por los cuales todas las fuerzas políticas que coincidíamos en el documento íbamos a participar en su redacción. No fue así” (Idem). No vamos a cuestionar la táctica del frente único con la burguesía porque desde que Trotsky acuñó la célebre frase, se pueden hacer acuerdos de acción con el diablo y con su madre- también. ¡Pero es falsa la caracterización que el Mas hace de la política de la burguesía! Desde antes de la crisis, y con absoluta claridad al comienzo de ésta, Alfonsín proclamó, con el apoyo de toda la burguesía y del im-pe-ria-lis-mo la tesis de los tres niveles de responsabilidades, rescatada como columna vertebral de la política de la burguesía por el editorial de La Nación del Viernes Santo. El Mas evita mencionar que la política “movilizadora” antes de Pascua que defiende, fue también apoyada por el Imperialismo (declaraciones de respaldo de Reagan y de la Comunidad Europea). La esencia de este asunto es que la burguesía dirigió a las masas detrás de su política de la “obediencia debida”, que los “carapintadas” rechazaban reclamando una inmediata amnistía, o la garantía del control del alto mando militar. El Mas fue detrás de la burguesía democratizante, totalmente cegada por la estrategia de la “revolución democrática”. Un partido que se declara “engañado” por la burguesía nacional tiene la obligación de revisar de raíz sus concepciones políticas. Semana Santa demostró la superioridad política de la burguesía en un terreno de crisis colosal, sobre el proletariado. Porque utilizó a las masas contra los "sediciosos” y a los “sediciosos” contra las masas, para imponerles a ambos su política democratizante. La burguesía no tuvo dos políticas sino una; el Mas también tuvo una y no dos, porque cuando se negó a firmar el Acta adoptó con ello un recurso extremo para salvar el conjunto de su política democratizante, que no perdió para nada este carácter, como lo comprueban las conclusiones del Mas precisamente sobre la crisis de Semana Santa. ¿Y el marxismo? La superioridad de la burguesía en la acción política pone de relieve que el obstáculo para el surgimiento de una situación revolucionaria es la baja calidad de la política de la clase obrera. Las tesis del Congreso del Mas no sólo rompen con la tesis de la revolución permanente, sino con el marxismo —como no podía ser de otro modo. El documento en cuestión afirma sin pestañear “que estalló la revolución democrática y anticapitalista argentina” (¿por qué “argentina”? ¡Si es “anticapitalista” tiene un contenido internacional!, J.A.), pero que aún queda por delante “la revolución obrera y socialista”. La revolución democrática es, por su carácter de clase, una revolución (o contrarrevolución) burguesa. No podría ser nunca anticapitalista. La dirige la burguesía y la aprovecha la burguesía para ampliar el marco de su explotación. El texto afirma, nada menos, que se puede acabar con el capitalismo en el marco de la democracia —cuyo carácter de clase no define. Desarrolla así, al extremo, las ilusiones democráticas. Esto explica que el Mas plantee, junto al stalinismo, la “democracia con justicia social”, es decir “la revolución democrática y anticapitalista argentina”. Lo que ha producido el régimen democratizante es una sujeción histórica sin precedentes al imperialismo. El Mas cuestiona que los trabajadores argentinos tengan conciencia de clase, ni siquiera en forma potencial, ¿Pero el documento del Mas no prueba, acaso, que es el Mas el que carece de toda conciencia de clase, no sólo actual sino especialmente potencial? Esto nos demuestra que la cuestión de la conciencia revolucionaria del proletariado pasa por la lucha por el programa marxista. Nahuel Moreno y la revolución democrática Hasta mayo de 1978, el PST (Mas) sostuvo que el régimen de Videla no era ni objetiva ni subjetivamente contrarrevolucionario. “Objetivamente”, porque las masas no habrían sufrido una derrota decisiva; subjetivamente”, porque el régimen militar se planteaba la “institucionalización” y no la “destrucción de las organizaciones obreras”. El PST, en 1976 “explicaba” el golpe por “el hecho cierto de que el país atravesaba una de sus peores crisis”. A esto agregaba que la “salida autoritaria” de los “mandos militares”, seguía siendo, siete meses después del golpe, “tan ambigua (sic) como al principio”. “En efecto —decía— el presidente Videla sigue tomando distancia tanto del modelo chileno o pinochetista, al ratificar ‘que pretendemos un diálogo fluido y permanente con los diversos sectores’ y ‘que se marcha hacia la -democracia republicana, representativa y federal’, como de un rápido retorno a la legalidad constitucional” (“Boletín”, órgano semiilegal del PST, noviembre de 1976). Ya en mayo de 1978, el PST “descontaba” que “la segunda etapa del gobierno que comenzará en agosto... será un paso en la senda de la apertura’” (Revista de América Contemporánea, “Reportaje al PST”). Este mismo artículo creía necesario precisar que “aun en el macabro terreno de los ‘derechos humanos’ (sic) la actitud ‘aperturista’ de las autoridades ha quedado marcada con la libertad, total o parcial, de algunos detenidos políticos...”. ¡Increíble! En este mismo mayo de 1978, la dirección del PST dirá en un documento interno, por primera vez, que la “etapa” es “contrarrevolucionaria” Pero con algunas restricciones. Esta “etapa contrarrevolucionaria” (tiene) fuertes elementos de una etapa no-revolucionaria” (es decir, no contrarrevolucionaria, J.A.); el gobierno es “bonapartista de características ultrareaccionarias”, pero “débil”, esto porque la burocracia “sigue en la oposición”, “el imperialismo presiona por una salida democrática” y “el apoyo de la burguesía y de los partidos no es incondicional sino crítico”. No era, como se ve, “demasiado” contrarrevolucionaria. Pero en 1983, cuando la dictadura ya estaba muerta, Nahuel Moreno la caracterizará en forma harto diferente a 1976. Ahora, será, “la siniestra dictadura militar, imponiendo y manteniendo durante seis años un régimen contrarrevolucionario, férreo y estable, denominado “Proceso de Reorganización Nacional” (“Empieza la Revolución”). En oposición a todas estas volteretas, Política Obrera caracterizó desde el 24 de marzo de 1976 que el golpe había creado una “situación contrarrevolucionaria inacabada” (P.O. abril de 1976, 2o Congreso de P.O., 1977). Operación Política ¿Pero qué papel político juegan todas estas caracterizaciones? Hasta 1982 el PST (Mas) basó sus caracterizaciones en la certeza de que el “proceso democrático” iniciado en 1973 solo había sufrido una corrección (¡enérgica!) de rumbo. En las nuevas condiciones de la dictadura, el PST defendía con sus caracterizaciones y consignas la perspectiva democratizante. En 1981 reclamará ingresar a la Multipartidaria. La nueva caracterización de 1983 también responde a una operación política. “Cae la Junta asesina!’ “La dictadura (que) masifica e institucionaliza los métodos de la guerra civil” (Idem), son las tardías expresiones que utiliza Moreno para hacer nacer de su caída a la “revolución democrática”, el hecho “más importante del siglo” La “crisis virtualmente total del régimen militar —prosigue Moreno— y el conjunto de las instituciones de la burguesía, incluyendo las Fuerzas Armadas y los partidos políticos” (“se combinó”) con la irrupción ofensiva, revolucionaria, de la clase obrera y el pueblo en una inmensa movilización general unificada en torno a un eje político revolucionario: la derrota del imperialismo” (Idem). Pero esta “crisis revolucionaria” dura una semana, pues se “cierra” con “la constitución del gobierno Bignone”. “La situación sigue siendo (sin embargo, J.A.) revolucionaria” —dice Moreno— “por cuatro factores”. Estos son: “la ida a elecciones”; “la apertura democrática”; “la agudización de la crisis del sistema capitalista semicolonial”; “la extensión de la movilización de masas”. Lo que Moreno pretende presentar como el inicio de una revolución es. sin embargo, la descripción de la política inversa del estrangulamiento de la revolución. La enorme crisis política que producen la derrota militar y la renuncia de Galtieri. no se transforma en crisis o situación revolucionaria, y todavía menos en revolución, precisamente porque por la brecha de esa crisis no se cuela la intervención independiente de las masas. La jornada del 14-15 de junio de 1982 pudo ser una instancia de esa acción, pero no tuvo un desarrollo ulterior. La razón de es lo es la política de los partidos multipartidarios que llevaron adelante la “apertura” anhelada por el PST, para restablecer la “vigencia de la Constitución de 1853”, que era la principal consigna política del PST. Al apreciar como “factor revolucionario” a las elecciones y a la apertura, Nahuel Moreno confiesa sin que se lo hubieran pedido su apoyo a la política desmovilizadora democratizante que está presente en toda la estrategia del PST. La Constitución de 1853 En el colmo de la incoherencia política, N. Moreno plantea que "la reacción burguesa imperialista” (¡muy bien!, J.A.) trata de usar (¿sólo trata? J.A.) a su favor... las elecciones... y la democracia..., para justificar... e instaurar un nuevo régimen que sea estable, basado en las instituciones definidas por la Constitución ultrarreaccionaria de 1853”. Pero esto es lo que la burguesía ha logrado imponer: ¿dónde está, entonces, la “revolución democrática”? “La anterior exigencia (del PST- J.A.) de reinstaurar la Constitución de 1853 se ha convertido de progresiva en reaccionaria —dice Moreno- porqué en esta nueva etapa la burguesía explota y oprime al proletariado a través de la Constitución de 1853” (Idem). Si esto es cierto, entonces la revolución democrática murió antes de nacer. No es la conclusión del Mas, sin embargo: si la Constitución de 1853 “oprime”, reformemos la Constitución”, proclama Moreno y todo el Mas. “La revolución democrática” ha muerto, entonces viva la “revolución democrática”-. La afirmación de que en Argentina rige la Constitución de 1853 es un embellecimiento del régimen actual. El 80% de la legislación y la casi totalidad de la burocracia militar y civil del Estado tuvo su origen en el régimen militar. Es así que la “revolución democrática” fue incapaz de implantar un régimen constitucional. ¡Pero el propio Mas reclamó la vigencia de esta Constitución “ultrarreaccionaria” (!!) y denunció al PO de sindicalista por no hacerlo! Cualquiera puede llegar a entender que una reivindicación que fue progresiva en una época sea reaccionaria con el pasaje a otra época. Lo que es difícil de explicar, sin embargo. es que puede ser progresivo reimplantar una Constitución “ultrarreaccionaria”, luego protestar cuando ello ocurre, y finalmente reclamar por todo remedio la “reforma constitucional” sin provocar antes un cambio radical en el poder político del país. Este folleto de M. Moreno, en el que se inspiran todos los escritos del Mas y por sobre todo su política, es democratizante hasta los tuétanos. Para el registro de la incoherencia política extrema hagamos constar que este folleto (“1982”) tiene dos largos párrafos para demostrar que en Argentina (lo que sigue es textual - J.A.) “Hay márgenes económicos para mantener una política reformista”. ¡Pronóstico brillante, por sobre todo para prever una “situación revolucionaria”! Existe un hilo conductor incuestionable entre el democratizante PST y el Mas. a través de todos los avalares de la democracia, la dictadura y la crisis mortal del capitalismo.

En la época de la Colonia, Retiro concentraba a las principales Casas de Tráfico de esclavos. En nuestros días no ocurre nada diferente en ese mismo espacio de Buenos Aires. A la hora del “pique” los estibadores son selec­cionados por los contratistas con los mismos métodos con que antes se procedía a una subasta de africanos. PRENSA OBRERA estuvo en las ranchadas del Puerto. En el mano a mano con los compañeros, lo que re­cogimos es lo que se puede leer a con­tinuación: “Aquí las condiciones de vida y de trabajo son inhumanas, los capataces de las empresas suben al corral y des­de allí deciden a dedo quienes come­rán ese día. Las patronales tratan de crear una competencia entre los esti­badores para que demuestren quién es el mejor y lograr así que lo contra­ten. “Los capataces eventuales (que no tienen relación de dependencia) se oponen a este sistema, señalando que el puerto de Buenos Aires es el único donde todavía existe esta forma de contratación reñida con las más elementales normas de respeto a la dignidad del trabajador. Los que tienen “suerte” y son seleccionados para trabajar cobran un jornal de ₳ 43, una verdadera miseria”. “Aquí las tareas que desarrolla­mos tienen un alto grado de riesgo de accidentes, además de ser un trabaje calificado como tarea pesada que deja graves secuelas en la salud de los esti­badores. “Desde mediados de abril todas las agrupaciones de base opositoras a la conducción del sindicato venimos re­alizando medidas de fuerza por un aumento del ciento por ciento, es de­cir, por un jornal equivalente a ₳ 86.- También queremos terminar con este sistema de elección a dedo por parte de los capataces. Por eso reclamamos que la bolsa rotativa de trabajo esté controlada y dirigida por los trabajado­res”. Cuando les preguntamos qué apoyo tenían del Sindicato nos contestaron: “¡NINGUNA! La burocracia del sin­dicato que encabeza Cesar Loza ha tratado una y otra vez de impedir la medida de fuerza, pero ha sido repu­diada por el conjunto de los estibado­res. “Una clara demostración de ello fue la asamblea del 22 de abril. En esa ocasión la burocracia trató que se eligiera a Loza para presidente de la Asamblea, pero la inmensa mayoría de los estibadores elegimos al compañero Beto Rotela. De este modo la base se pronunció masivamente contra la burocracia del sindicato. Luego Loza con la complicidad del fun­cionario del Ministerio de Trabajo, Sr. Sarmiento, pasó a cuarto intermedio aduciendo que no se podían contar tantos brazos levantados. “El miércoles, en otra asamblea, Lo­za trajo una oferta patronal del 20% de aumento a cambra de que se levantara la medida de fuerza. La base espontá­neamente volvió a repudiarlo e incluso le impuso una hora más de paro sobre la media hora que se venía realizando, de modo que ahora estamos parando 1 1/2 hora por tumo. “Con la unidad de todas las listas opositoras a la burocracia hemos dado un gran paso adelante que nos ha per­mitido conformar una lista con 10 can­didatos a paritarios en oposición a la burocracia”. Uno de los candidatos de la lista opositora, compañero Medina nos ma­nifestó: “He sido amenazado por Cesar Loza y su grupo de matones para que renuncie a mi candidatura, incluso con amenazas a mi familia.” Otro integrante de la opositora N° 2, el compañero Chicharon, también fue amenazado por la burocracia para que renuncie a su candidatura para ser pa­ritario. “Aquí —nos dijo otro estibador- existe una gran actividad sindical con muchas asambleas y los estibadores discutimos de política. Si bien es cier­to que muchas de nuestras penurias son culpa directa de la actual dirección del sindicato, no es menos cierto que los verdaderos culpables de esto son los monopolios capitalistas en nuestro caso los exportadores como Dreyfus, Bunge y Born, Cargill, etc., que junto con la patronal tienen un plan de priva­tizaciones para dejar en la calle a 2.000 estibadores; por supuesto que en esta maniobra mucho tiene que ver la complicidad de la burocracia sindical”. Cuando este articulo esté en impren­ta. los estibadores harán la elección en votación por urna para elegir a los pari­tarios. La burocracia de Loza adoptó esta forma de elección sabedora de que si se elegían en la asamblea como establece el estatuto, iba a una segura derrota. Los compañeros de la oposi­tora lista N® 2, confían en que igual derrotarán en las urnas a la burocracia, aunque en el terreno del fraude los bu­rócratas son unos verdaderos ma­estros.

Con la aceptación incondicional de la conciliación obligatoria por parte de la JE de CTERA, sobrevino en Capital una gran ofensiva contra los docentes municipales. Los descuentos salvajes en los haberes de abril oscilan entre el 40 y el 80 % de los salarios. Entretanto, a través de la CAMYP y de la lista Morada de la UCR se lanzaba una ofensiva política para destruir a la UMP. Las “comisiones de servicio" (docentes designados por secretaria para cumplir funciones cuasigubernamentales) se desafiliaban masivamente del sindicato, aunque sin arrastrar tras de si ningún sector genuino de la base docente. En este contexto se realizó la asamblea de la UMP para discutir la posición del sindicato frente a la virtual “reanudación de la huelga” por parte de la J. E. de CTERA. En esta asamblea el PC y la Celeste (Garcetti) se pusieron a la cabeza de la defensa incondicional de la politice de Garcetti y del nuevo paro. Frente a esta posición Tribuna Docente y un conjunto de delegados y activistas independientes comenzaron por señalar las limitaciones insalvables de un paro inconsulto, sin programa ni perspectiva, que de ningún modo constituía la reanudación de la gran huelga traicionada. A partir de aquí. Tribuna señaló la necesidad de reconstruir al movimiento docente desmantelado por la traición y la desmovilización de la burocracia, por la vía del llamado a un Confederal capaz de restituir el pliego original de huelga. Este Confederal compuesto por delegados de base mandatarios por asambleas de todo el país es el único camino para sacar del callejón sin salida en que ha metido la burocracia a todo el movimiento docente y el que tiene que preparar las condiciones genuinas para una lucha victoriosa. El PC salió en defensa de Garcetti y de sus maniobras, empeñado en sostener a rajatabla sus acuerdos espurios con la Celeste (algún futuro puesto en la J.E. de CTERA) Planteó que “la lucha continúa", una forma diplomática de blanquear a la burocracia. La Celeste casi no necesitó intervenir ante la “contribución" de su incondicional aliado. El Mas que concurrió a la asamblea con la gris posición de la “consulta a la base" dio una voltereta a último momento y votó la posición sostenida por TD y los independientes. Posteriormente, habría de plantear el carnereaje al paro. Por 124 contra 87 triunfó la moción de reanudar la huelga en las condiciones impuestas por Garcetti. El escaso margen de los votos refleja la maduración del activismo combativo.

El Ministerio de Educación, los gobiernos de Neuquén y Mendoza han anunciado el descuento de los días de huelga a partir del reinicio de la huelga general, sumándose así a Capital, Córdoba, Rio Negro y Tierra del Fuego. Para la docencia nacional se plantea además el descuento progresivo de los días del inicio del conflicto. La burocracia ceterista no hizo nada por esta cuestión, aunque con ella el gobierno violaba los compromisos de la conciliación obligatoria. El pago de los días caídos es un objetivó irrenunciable de la lucha docente. Es un acto de defensa elemental de la acción sindical. Refuerza la moral de los maestros y profesores que se empeñaron en la lucha. Ni qué decir que constituye un factor de gran aliento para el conjunto del movimiento obrero. Propongamos en cada distrito afectado una campaña masiva de agitación que incluya la recolección de firmas de docentes y trabajadores, y desemboque en movilizaciones que conviertan a este reclamo en el motor de una gran movilización.

La JE de la CTERA ha resuelto “retomar la huelga general y la marcha blanca nacional”. ¿Entonces los docentes vuelven a la huelga indefinida? ¿Se recrea el movimiento de lucha más importante de todos los protagonizados bajo el régimen político actual? La huelga general del 14 de marzo pasado tradujo la decisión de imponer un pliego de reclamos histórico, amasado en cuatro años de rebaja del salario y de huelgas aisladas que se revelaron estériles para quebrar el brazo del régimen fondomonetarista. Fue la conclusión irreversible de que era necesaria una plataforma clara de reivindicaciones y junto a ello la convicción de que sólo una lucha hasta sus últimas consecuencias podía abatir la voluntad del gobierno de destruir por completo las aspiraciones populares. La huelga general indefinida nació de la experiencia de los docentes de que debían tomar en sus manos el movimiento de lucha, lo cual los enfrentaba abiertamente con los burócratas sindicales. sometidos al Estado capitalista. Fue por eso que siete sindicatos provinciales tomaron en forma autónoma la decisión de no comenzar el año escolar, con total independencia de lo que resolvieran las CTERAs, fuesen de Garcetti o Arizcuren. Fue por eso que se libró una lucha tenaz en torno a si debían ser las asambleas o los secretarios generales quienes debían decidir sobre el desarrollo y los objetivos del movimiento. Fue por eso que surgieron los organismos propios de la huelga: los cuerpos de delegados, las comisiones de movilización por distrito junto a los padres, vecinos y alumnos, y las asambleas intergremiales. La huelga general indefinida fue la condensación de todo y aún más. Ante las paritarias que no andan, los salarios que se hunden, los jubilados que se mueren, los trabajadores de las provincias que están en la miseria, ante todo esto, la huelga docente abrió una perspectiva nacional. El grito de “...Quién decide los salarios, el pueblo unido o el Fondo Monetario” se instaló en las calles planteando el necesario desafío de poder al Estado burgués y al imperialismo. La huelga docente puso a la vista de todo el pueblo la gran cuestión del salario mínimo y del método para arrancarlo, tocando el nervio de los problemas actuales. Garcetti traicionó la huelga indefinida Este movimiento de lucha fue apuñalado por la espalda en el mismo momento en que la JE resolvió, por sí y ante sí, aceptar el ultimátum pactado entre Alfonsín y Cafiero. Ahora declaran ir a una lucha en serio quienes primero destruyeron una gran huelga y luego usaron el período de conciliación obligatoria para profundizar la desmovilización. La plataforma con que se “reanuda la huelga general” es lisa y llanamente la renuncia al pliego de reclamos votado y resuelto a lo largo de febrero y marzo. Allí donde el gremio planteó los ₳ 770 para febrero (o ₳ 1.000) la JE se ha allanado a la “oferta” del gobierno de 640 para abril y 750 para mayo. Allí donde el gremio planteó la exigencia de un salario único nacional, la JE se ha allanado al “piso” del gobierno y renunció a la bandera del “nomenclador”. No se ha planteado el reclamo elemental de un salario al nivel de los ₳ 900 otorgados en Córdoba, que en cualquier caso es todavía inferior al reclamo original. La conclusión es que los docentes son reconvocados a una huelga general que reniega de los objetivos de la huelga histórica iniciada el 14 de marzo. Allí donde una intervención en masa de los docentes en asambleas multitudinarias desde fines de febrero revelaban que, sí o sí, el gremio marchaba a una huelga imponente, hoy tenemos una decisión tomada por el aparato, con los organismos de lucha desactivados y la . convocatoria de asambleas “informativas” minoritarias. A la desmoralización y el desconocimiento y el desconcierto creados por el levantamiento de la huelga le siguieron los veinte días durante los cuales la JE profundizó la desmovilización. Fatigó todos los pasillos ministeriales y no llevó adelante una sola acción práctica por el pago de los días de huelga, que podría haber sido convertida en la gran bandera nacional. ¿De qué huelga general se habla si para la prensa se anuncia el paro por tiempo indeterminado y en asambleas y plenarios de delegados se anunció que el paro es por cinco días, hasta la “marcha blanca” y un nuevo congreso regimentado? Garcetti acaba de declarar en Rio Negro: “no se preocupen por la concurrencia a la marcha, pues la asistencia estará garantizada por Capital y Gran Buenos Aires”. ¿En qué quedó la consigna de “ocupar la Plaza de Mayo hasta la victoria”? Cuando se declara una huelga que tiene por programa la renuncia a las reivindicaciones del gremio, no hay tal huelga indefinida. Cuando se declara una huelga que tiene por método la renuncia de los métodos que se impusieron antes y después del 14 de marzo, no hay tal huelga indefinida. Hay paro de aparato, controlado y parcial. Estamos en presencia de una acción aislada y burocrática. ¿Ante qué clase de huelga estamos? El 15 de abril Alfonsín y Cafiero armaron un pacto político para quebrar la huelga docente. La envoltura del pacto era un “principio de solución” para los docentes, pero su contenido era forzar la aceptación incondicional de la conciliación obligatoria. Hoy, detrás del “retome de la huelga general” también hay un pacto: el de los dirigentes de CTERA y los gobernadores y parlamentarios justicialistas, que antes estaban por levantar la huelga y ahora por reiniciarla, a condición de que sea parcial, regimentada y sin perspectivas. El PJ ha decidido usar a la movilización docente para apurar la sanción del paquete impositivo y que irá a auxiliar a la banca provincial y a las oligarquías y grupos empresariales del interior. En este operativo, la asignación de recursos para los docentes es la última de las preocupaciones. Se trata de una disputa que nada tiene que ver con los trabajadores. La UCR no quiere otorgar un financiamiento que vaya más allá de los 6 meses, para ahogar a los gobiernos provinciales en la campaña electoral y el PJ quiere que corra por un año, por razones contrapuestas. Garcetti es un instrumento de los políticos patronales y los docentes son los peones de este juego. Antes, la verdadera huelga docente se hacía contra los gobiernos justicialistas interesados; ahora el paro burocrático se hace con su complicidad. Por esta razón, la “huelga general” es una medida aislada y parcial que terminará con el acuerdo y el cierre del “paquete” entre el PJ y la UCR, y no con la conquista de las reivindicaciones docentes que determinaron la gran huelga. Para un sector del activismo puede existir la ilusión de que se reinicia el derrotero abierto el 14 de marzo. Pero una huelga general no es un mecanismo de relojería que se pone en marcha a voluntad. Es el fruto de una experiencia acumulada, de una maduración y de un impulso de lucha de masa. Hoy la burocracia domina el escenario sobre la base del reflujo creado por ella y su política lleva a un mayor retroceso del movimiento de lucha. La burocracia entregará también el reclamo del pago de los días de huelga, como lo hizo con el resto del planteo reivindicativo, y lo presentará como la “pérdida inevitable” de una lucha “victoriosa”. Se plantea hoy intervenir en este marco para que los docentes superen la política de derrota de la burocracia. Es necesario un plan de lucha consecuente, no un paro de aparato. Es necesario reconstruir el pliego de reivindicaciones mediante el voto de la base. Es necesario reconstruir a CTERA como sindicato de lucha, no de conciliación ni mucho menos agente del Menem-cafierismo, por medio de un Confederal de todas las entidades docentes con delegados de base, dejando de lado congresos regimentados y proscriptivos, que solo ofician de comparsa a la Junta Ejecutiva. Esto está indisolublemente unido a la construcción de una nueva dirección en CTERA, independiente del Estado y los partidos patronales. La huelga general no ha pasado en vano porque ha servido para desarrollar la maduración política de los maestros de Argentina.

Por 55 votos contra 34 el Congreso de CONADU decidió el pasado fin de semana el ingreso a la CTERA. La resolución era completamente previsible. Los seguidores de Garcetti se jugaron de este modo a cubrir la espalda de la dirección de CTERA que traicionó la huelga de 37 días. Imponer una unidad regimentada con la burocracia de CTERA es un objetivo largamente acariciado por los elementos afines al peronismo renovador en CONADU. El ingreso fue votado con el gremio completamente desmovilizado y en el cuadro de la derrota impuesta por la liquidación burocrática de la histórica huelga. En favor del ingreso inmediato a CTERA se pronunciaron también el PC y el Mas (ver nota). Quiere decir que los 34 votos opuestos a la maniobra no son cafieristas ni “izquierdistas", lo cual revela la tremenda desconfianza que existe entre el activismo docente universitario en torno a los Garcetti y Cía. Aun entre los votos favorables al Ingreso inmediato a CTERA varios delegados expusieron reparos, a los métodos burocráticos de su dirección y reclamaron un Confederal con delegados mandatarios por las bases y en favor de la vigencia de la democracia sindical. El planteo prácticamente unánime de los mandatos fue preservar el actual funcionamiento de CONADU con delegados elegidos en Asambleas de cada facultad y plenarios. Este es un punto clave porque ya trascendió que Garcetti formuló objeciones al funcionamiento “asambleístico” de CONADU y a la cantidad de afiliados de la gremial universitaria, esto último para reducir su peso dentro de la Confederación. La votación en el Congreso revela la amplia base existente entre el activismo de la docencia universitaria para promover un reagrupamiento combativo e independiente entre los trabajadores de la educación superior. De un modo concreto está planteada la lucha contra la burocracia y por la independencia del Estado y sus partidos. Todas las reivindicaciones continúan pendientes. En función del nuevo plenario de CONADU convocado para el 4 de junio en Córdoba, se Impone bregar en las Asambleas de cada facultad por la actualización de los reclamos salariales totalmente insatisfechos y la exigencia de un Confederal de toda la docencia nacional para aprobar un pliego único de reivindicaciones y la reformulación de un plan de lucha nacional.

El 11 de mayo se realizaron las elecciones para delegados congresales del Suteba en el distrito de San Martín-Tres de Febrero. La lista Violeta, formada por las agrupaciones Propuesta (PC) y Tribuna Docente (PO), se presentó en oposición a la burocracia con el programa que motorizó la histórica huelga de los maestros y que fue abandonado sin consulta alguna por la Junta Ejecutiva de la CTERA y por la dirección del SUTEBA. La Violeta obtuvo un 20% de los votos, como consecuencia de lo cual, participará con dos delegados en el Congreso. Entre ellos estará la compañera Lina Bava, de Tribuna Docente, conquián dialogó Prensa Obrera. Prensa Obrera: ¿En qué marco se realizó el comicio? Lina Bava: Se realizó en un marco proscriptivo: no se permitió que los avales fueran a más de una lista, privando a los afiliados del derecho a decidir cuáles son las listas que pueden intervenir; no se permitió votar a los compañeros que tuvieran menos de seis meses de antigüedad como afiliados, privando otra vez de intervenir a todos los maestros que se afiliaron en el curso de la huelga y que fueron activos sostenedores de la misma. P.O.: ¿Cómo pensás que va a ser el Congreso? L.B.: Pienso que va a ser una mascarada y que los bombos y los silbidos van a tratar de impedir el derecho democrático de ejercer la oposición. Este es un congreso “para salvar lo actuado]', tanto en el ámbito provincial como en el nacional. Considero que es una obligación del activismo denunciar esto con su presencia, fijando claras posiciones de lucha y cambiarle el carácter de "aplaudidores” por el de verdaderos representantes del sentir de los maestros. P.O.: ¿Qué posición levantó Tribuna Docente en la elección del distrito? L.B.: Tribuna trató de consolidar una lista única de oposición y de levantar el programa reivindicativo que votamos todos los maestros en mareo y que luego fue abandonado por la Junta Ejecutiva en los momentos decisivos de la lucha

En los comicios para congresales del Suteba, las listas de oposición, a la burocracia han; cosechado en promedio un 30% de los votos. Este 30% debe valorarse en relación a tres hechos: uno, la desmoralización y desconcierto provocados por el levantamiento de la huelga, dos, la proscripción en masa de los afiliados ingresados durante la huelga (se votó con padrones de seis meses atrás), tres, la división en el campo opositor. El PC (con excepción de San Martín, y en algunos distritos el Mas) se opuso a la construcción de un, frente único contra la burocracia, en la búsqueda de un compromiso político con la Celeste. En estas condiciones, el 30% revela la existencia de un importante campo antiburocrático frente a una dirección que ha agotado sus posibilidades políticas de desarrollo. Es necesario luchar, por la maduración política de este activismo y desarrollar la agrupación sindical revolucionaria.

Julio Bárbaro, ex-diputado del P.J., fue uno de los primeros en plantear su acuerdo con el “tercer movimiento histórico” proclamado por la Junta Coordinadora de la UCR luego del triunfo electoral de Alfonsín en 1983. En 1985, todavía firme en las huellas del alfonsinismo, Bárbaro llamaba a votar por el sí en la consulta del Beagle. Este Bárbaro es hoy un hombre de Menem. “Fue el riojano, justamente, quien lo eligió para disputar en el distrito Capital el espacio de Carlos Grosso, hombre, como se sabe, de Antonio Cafiero” (Página 12,15/5). Bárbaro acaba de declarar que “un ministro de Defensa para Menem seria Ángel Federico Robledo” y que al lado del riojano “está trabajando un equipo de militares” (idem). Don Robledo, ex-ministro de Isabel se convirtió en 1984 en asesor especial de Alfonsín. La inclusión de Robledo estaba dirigida a dividir al justicialismo, que era la única pretensión del llamado tercer movimiento histórico. El otro ministeriable de Menem es, según el legislador “sindical” menemista Rubén Cardozo, el actual gobernador de Mendoza, José Octavio Bordón. Bordón es el Secretario de Relaciones Internacionales del Justicialismo, y en tal carácter integra una mesa de trabajo con Caputo, que ha servido para apoyar la política de la Cancillería. Bordón acaba de presidir un semanario del P.J. sobre política internacional. En el acto de clausura Bordón sostuvo que en la cancillería actúan diplomáticos de carrera del peronismo, razón por la cual “el ministerio de Relaciones exteriores y culto no es la cancillería del radicalismo sino de la Argentina” (cable N.A., 14/5). Ni más ni menos. El minigabinete de Menem es un rejunte de alfonsinistas de primera hora como el propio Menem. (Ver Prensa Obrera, N° 225, del 11/5/88). Ciudadanía británica a los isleños El mencionado seminario del P.J. — al que asistieron, además, el cafierista Macaya y el menemista Cardozo— aprobó una declaración especial sobre Malvinas. La misma comienza con una mención a los “éxitos diplomáticos (de la cancillería) en los organismos internacionales”, pero considera que esa etapa “está agotada” y que se debe pasar ahora a una política que “exprese un consenso que la preserve de la puja interpartidaria”. Propone entonces formular un planteo nacional (radical-justicialista) para “reformular el marco de la negociación”. “Fuentes seguras —sostiene la información— revelaron que este párrafo alude a una propuesta que básicamente separa las negociaciones por las Islas y su mar adyacente, del problema de los isleños, para los cuales se debería diseñar ‘un estatuto especial que garantice el mantenimiento de su condición de ciudadanos británicos’”. Esta línea de capitulación no es otra que la que está impulsando el imperialismo yanqui. Los “nacionales y populares” de Menem y Cafiero han coincidido nada menos que en incorporar al Estado Nacional en calidad de provincia especial a un territorio y a un conjunto de pobladores que seguirán siendo súbditos de la Corona británica. Entretanto, en las “caravanas de la esperanza”, Menem despotrica contra el imperialismo inglés y promete expropiar sus bienes en la Argentina. Menem es tanto más furibundo en sus palabras cuanto más lejos está de llevarlas a cabo. Su candidato a canciller es un hombre del riñón de Caputo y ha armado un sólido acuerdo con el cafierismo para aceptar definitivamente un status colonial británico. Bicicletas y moratoria concertada Mientras Menem largaba la fórmula de que la deuda externa fuera tratada por el Parlamento, Cafiero prometía declarar una “moratoria concertada”. La “moratoria concertada”, como su nombre lo indica, consiste en un acuerdo con los acreedores. Esto ya lo está haciendo Alfonsín, pero Cafiero propone un acuerdo todavía más amplio. “Concertar” es conceder. El presidente del Citicorp, John Reed, según Clarín (15/5), estaría muy interesado en un “plan de crecimiento”, que autorice a convertir la deuda externa en capital de explotación de las ramas más rentables. Numerosos bancos y empresas nacionales reclaman lo mismo. ¿Consistirá en esto la concertación de la moratoria? Menem habla de darle un tratamiento parlamentario a la deuda, como si eso cambiara algo. Alfonsín ya cuenta hoy con el apoyo parlamentario radical-justicialista. Menem anuncia una noticia vieja para ocultar su responsabilidad pasada y presente. Mientras Cafiero habla de “moratoria concertada”, logró para sí, no una moratoria, sino la cancelación directa de las deudas bancadas del grupo económico que dirige su hermano (ver nota). Su mano derecha, Eduardo Amadeo, presidente del Banco Provincia, está currando con la bicicleta financiera. Esto permite que los especuladores saquen préstamos en otros lugares para poner el dinero en el Banco Provincia, “la entidad oficial del país que paga las más elevadas tasas de interés” (La Nueva Provincia, 14/5). No quedar afuera de los negocios de Angeloz En el seminario del P.J. carteristas y menemistas plantearon “armonizar” la política de la cancillería “con la estrategia de comercio exterior” y también “fortalecer la presencia de las provincias y las regiones en el comercio exterior de la Nación”. Meterse con el comercio exterior es lo que está haciendo Caputo, provocando con ello la irritación de Sourrouille. Pero esta llamada estrategia de comercio exterior está concebida a partir de la drástica reducción del mercado interno. Por eso la propone el FMI, para quien Argentina debe aumentar sus saldos exportables para pagar los intereses de la deuda. El “perfil exportador” no es otra cosa que los jugosos subsidios a los pulpos exportadores. Los hombres que se dicen partidarios de un vigoroso mercado y consumo internos, se han colocado a la rastra de los pulpos exportadores y del FMI. “Pacificación” Mientras en las tribunas Menem habla en contra de la amnistía, ante la prensa “seria” no se anda con vueltas: “si alcanzo la primera magistratura propiciaré una ley de pacificación” (La Prensa, 17/5). La pacificación es el gran reclamo del alto mando militar, la cual coronaria toda la política de impunidad, desprocesamientos, obediencia debida y punto final del alfonsinismo. “Se deben suavizar las aristas que mantienen enfrentado al pueblo argentino", insistió Menem. Cuando Bárbaro dice que el ministro de Defensa de Menem seria Robledo, personaje que ya tiene a su lado a un “equipo de militares”, es porque ya tiene en carpeta una buena ley de amnistía. A los “compañeros" la libertad Carlos Saúl Menem, Angeloz y Cafiero, están pulseando el apoyo del gran capital nativo y extranjero. Pero ninguno de ellos se olvida de las Fuerzas Armadas. Hace pocos días, Menem llevó al Jefe del Estado Mayor de la FF.AA. los borradores de una ley de “pacificación” que “cierra definitivamente las heridas de la guerra civil que se vivió en la década de los setenta” (El Cronista, 18/5). En resumen, el riojano se ha largado a liberar a los ex-comandantes en jefe. El alcance de la norma proyectada por Menem será “universal”, lo que significa que abarcará a Vidala y Cía. y también a Firmenich. “En este punto habrían dado su acuerdo ya tanto las autoridades militares que se entrevistaron con Menem en las últimas semanas, como los dirigentes más encumbrados del peronismo revolucionario”. (Idem). La “pacificación” consistiría en “contar tres años de pena cumplida, por cada año realmente pasado entre rejas”, por lo que para 1992 “los efectos políticos de la libertad de las Juntas de Comandantes podrían ser inmediatos” (Idem). El “demócrata” riojano en una reunión con banqueros “de primera” autovalorizó sus acciones presentándose como “el único político en condiciones de avanzar en una pacificación verdadera”, dado que estuvo detenido bajo la dictadura. Esto revela que el riojano no tiene rencores personales sino lazos de clase con el generalato que ensangrentó al país para salvar al capitalismo. Los Montoneros apoyan a Menem, precisamente, porque esperan esta ley de “pacificación”.

Los 51 empresarios nativos y extranjeros de “primera magnitud” que asistieron al “working breakfast” (desayuno de trabajo) con Carlos Saúl Menem salieron entusiasmados. Fue una verdadera “caravana de esperanza” la que protagonizaron junto al candidato riojano, los más destacados chupasangres de este país. La idea más “revolucionaria” que Menem largó a sus anfitriones fue crear “zonas francas” para el “capital financiero” (Clarín, 18/5), un proyecto que se lo robó a Domingo Cavallo. En las “zonas francas” el capital está exento de impuestos, puede importar sin aranceles y no debe cumplir con la legislación laboral vigente en el país. “Esto lo digo a manera de idea —dijo Menem, modestamente— porque vengo a pedirles que enriquezcan nuestra propuesta...” Por “propuesta” debe entenderse aquí el fondo de la campaña electoral de Menem, que cuesta varios millones de dólares. “Lo que usted dijo de una zona franca de capitales me pareció fascinante” fue el rápido “aporte” de un empresario “¿por qué no extender dicha zona a toda la Argentina...?” (Ámbito, 18/5). Es decir, convertir a Argentina en una “zona”, carente de los mínimos atributos de Nación. Al referirse a la política internacional, Menem se calificó de “pragmático”, es decir de hombre sin principios. “Estamos inmersos en el mundo occidental y cristiano, pretendemos mantener excelentes relaciones con los Estados Unidos y el mundo industrializado”, insistió el pretendido líder tercermundista. El riojano “defendió la desmonopolización”, el cuento que inventó Terragno para impulsar el monopolio capitalista en Teléfonos, aviación, gas, etc. Después de este “working breakfast”, Menem se fue en “caravana de esperanza” a almorzar con “representantes de laboratorios medicinales” y a cenar “con petroleros” (Clarín, 18/5). Mientras tanto, los 51 “capitanes de la industria” salían fascinados del “encanto” riojano.

El puerto de Mar del Plata continúa parado por la huelga de la Asociación de Capitanes y Conductores de barcos, que reclama el reconocimiento de su agremiación. El Ministerio de Trabajo les niega la personería, a pesar de que la Asociación nuclea a casi todos los capitanes, en beneficio de una organización ya existente que ha actuado siempre en frente único con la patronal del puerto (la Cámara de Armadores). La huelga continúa firme a pesar de que el gobierno decretó su ilegalidad. La ruptura de los Capitanes con su antigua gremial es un producto de un movimiento de lucha en febrero último por un aumento del 33 % en sus ingresos. La nueva Asociación es un paso adelante en la unidad de todos los trabajadores ligados a la pesca (marineros —SOMU— fileteadores —SOIP— capitanes). Se plantea una excelente oportunidad para unificar los reclamos de todo el puerto y encarar una lucha de conjunto contra las patronales. Los trabajadores de las plantas procesadores de pescados (SOIP) ocuparon varias fábricas, que quedaron paradas por la falta de materia prima, debido a la huelga de los capitanes. Exigen el pago de los días ya trabajados y la garantía horaria por los días caídos. Las medidas fueron levantadas cuando la patronal efectuó los pagos. La burocracia del gremio (Saravia) se ha negado a apoyar a los capitanes (como antes tampoco lo hicieron con los marineros) y responsabilizó a éstos por la falta de trabajo. ¡Ni siquiera ser explotados por los mismos patrones es un motivo de solidaridad para la burocracia! En realidad, Saravia actúa como un vulgar rompehuelgas. Sé suma al chantaje empresario que amenaza con levantar fábricas y llevarse los barcos hacia el Sur si siguen los conflictos. El objetivo es poner al conjunto de la población marplatense contra los huelguistas enarbolando el fantasma de la desocupación en una ciudad que se está vaciando día a día, y donde los trabajadores son lanzados a las calles y luego perseguidos y apaleados cuando se proponen pucherear a través de la venta callejera. La lucha de los capitanes reedita una nueva versión de la “santa alianza” contra los trabajadores del puerto, entre el Ministerio de Trabajo, la Cámara de Armadores y la burocracia de Saravia (SOIP) y de Ortié (SOMU). La “santa alianza” pretende frenar un proceso profundo que está viviendo el activismo y los trabajadores marplatenses. Recientemente una asamblea del SOMU propinó una paliza a la burocracia de Ortié y a la patronal imponiendo un anteproyecto para las paritarias que incluye las conquistas de las luchas de los últimos años y un pliego de reivindicaciones, así como la elección de paritarios por barco. Este proceso de ascenso es el que se pretende quebrar. Frente a esto es necesaria una respuesta unificada de todos los trabajadores de la pesca, convocando a una gran asamblea de todos los gremios del puerto para apoyar la lucha de los capitanes, establecer un pliego común de reivindicaciones y poner en pie una nueva dirección.

En la Casa Rosada hay un “gobierno democrático”. En La Plata, un “gobernador del pueblo”. Como ambos son gobiernos patronales establecieron entre ellos un pacto de “gobernabilidad.” Pero un pacto entre políticos patronales tiene por regla general algunas características. En este caso, una de ellas es que el Banco Central dio por canceladas las deudas bancarias del grupo económico que lidera el hermano de don Antonio Cafiero. El grupo Cafiero, como se lo conoce (el pueblo del Martín Fierro no hace distinciones entre hermanos), está compuesto por Ferretería Francesa, Dulcemar, Azucarera del interior, Hoteles Argentinos, Compañía Frutícola del Norte y Compañía y Papelera del Norte. El lector podrá observar que el edulcorante es un rubro común en este conglomerado, lo que explica el interés de Cafiero por allegar más impuestos a los gobiernos del norte argentino. A través de sucesivas refinanciaciones, la deuda original de este grupo, valuada en varios centenares de millones de dólares, fue reduciéndose hasta llegar, el año pasado, a unos 20 millones de dólares. Con el Banco Nación, la deuda era de 16.900.000 dólares, que, en agosto pasado, el directorio resolvió rebajar en 10.400.000 dólares, reduciendo así “la deuda mantenida por el grupo Ferretería Francesa con la entidad a 6,5 millones de dólares” (El Cronista, 13/5). Los 3.100.000 dólares que debía al Banco Central fueron directamente cancelados contra “un importe de 985.690 dólares, los cuales serán abonados al tipo de cambio oficial, comprador...” (Ídem). El Banco Central dice que obró de esa manera porque “el cobro de estos créditos seria de muy difícil concreción...” Pero precisamente para enfrentar esta eventualidad están las garantías y las prendas del deudor, que en este caso dan para mucho más de lo que obtuvieron el Banco Central y el Nación. ¿Los alfonsinistas bajaron la deuda para salvar la “gobernabilidad” política con el cafierismo? ¿O acaso la colaboración de Cafiero en la derrota de la huelga? ¿O, finalmente, es un reaseguro que los radicales toman para sí mismos con vistas a su segura derrota electoral, en 1989? El “grupo Cafiero” tipifica a la burguesía nacional. En la época de la “plata dulce” los Cafiero no vacilaron en transformarse en casa importadora de los japoneses. Ahora su mayor negocio reside en la “generosa” contribución del Estado. Una clase en bancarrota como ésta solo puede llevar a la bancarrota al conjunto de la nación.

Publicamos a continuación sin cortes ni quebradas la respuesta a una cuestionario enviado por El Periodista, en relación al Frente de Izquierda, que este semanario reprodujo en forma parcial. 1.— ¿Con cuál de los siguientes partidos constituiría usted el frente de izquierda?: Partido Obrero, Movimiento- Al Socialismo, Unidad Socialista (Partido Socialista Popular y Socialista Democrático), Intransigente, del Trabajo y del Pueblo, de la Liberación, Partido Comunista, Fral? 1.— El Partido Obrero no discrimina a ninguna fuerza de izquierda para la constitución de un Frente. Lo que si plantea es que, por su programa y por sus métodos políticos, ese Frente debe ser una vía para los trabajadores y para la juventud que buscan una salida fuera de los partidos patronales y del orden capitalista existente. 2.— ¿Cuál (o cuáles) podrían ser los candidatos presidenciales? 2.— Los candidatos presidenciales deben estar comprometidos con este programa y tener, naturalmente, una trayectoria de lucha junto a los trabajadores. El Partido Obrero propone que se convoque a un congreso de trabajadores y partidos de izquierda para establecer democráticamente un programa de combate y candidatos representativos del pueblo en lucha. 3.— ¿Cómo evalúa la posible nominación del fiscal Ricardo Molinas? 3.— El Dr. Ricardo Molinas no podría ser nunca la cabeza electoral de un Frente de Trabajadores y de Izquierda pues se trata de un funcionario del Estado capitalista y porque defiende un alfonsinismo de primera hora. Los hombres y mujeres que defienden el régimen político actual pero que han entrado en conflicto con el gobierno, deben ser ganados para la causa revolucionaria, pero de ningún modo estar a la cabeza electoral del Frente. La pretensión de cortar camino por la vía de las “personalidades respetables” es puro cretinismo electoral y estrangula el desarrollo independiente de la vanguardia cotidiana del pueblo.

“Obediencia debida" para Monte Caseros Estimados compañeros: ¡Qué generosa es la justicia con la derecha! ¡Si hasta permite que se juzguen solos!! lo cual hace que eso no sea siquiera un examen de conciencia. El Estado Mayor del Ejército continuaría tratando el sumario de unos 200 oficiales que se habrían sublevado en Enero acompañando a Rico. “Gradualmente la mayor parte de los detenidos — 130— están siendo transferidos por la justicia militar a un régimen de prisión preventiva atenuada, cuando no directamente puestos en libertad" (Ámbito, 3/5). Así, sólo serían enviados al Consejo de Guerra Rico, Venturino, León, Igarzabal y alguno que otro teniente coronel gil que no pudiera zafar. De allí para abajo se aplicaría nada menos que el principio de Obediencia Debida (Idem). ¿Qué militar está “obligado" a obedecer a una rebelión? ¿Y Alfonsín que aseguraba que no se negociaría con los rebeldes y que se haría justicia? Lo que negociaron en Enero no sería tan notorio para la opinión pública como lo de Semana Santa. LOS REBELDES OBTUVIERON EN EL PRIMER LEVANTAMIENTO LA LEY QUE LES ASEGURARIA LA LIBERTAD ANTE UN SEGUNDO LEVANTAMIENTO, y en la segunda negociación se ratificó que así se haría, entre otras cosas. ¿Y Caridi? ¿Por qué es tan generoso con quienes pedían su cabeza? Bianchi, Mabragaña y Domínguez "...le expusieron su preocupación de una posible purga en la infantería...”. "Con esta política, la cúpula militar apunta a desmantelar una probable reacción de los sectores intermedios del arma ante el juzgamiento de una importante cantidad de oficiales" (Idem). Caridi quiere reforzarse, quiere quedarse donde está y seguro. Pero, ¿piensa que los que "obedecieron" la orden de rebelión son buenos chicos mal guiados por unos tenientes coroneles perversos? De todos modos, debemos entender que Caridi quiere ganarlos, por lo cual pide y pedirá reivindicaciones para las armas y el gobierno accede (por ej: el aumento de los gastos realizados por el Ministerio de Defensa del 2 al 3 % del P.B.I. (Clarín, 8/4) no es más que el cumplimiento de parte de sus reclamos). No obstante, esto no alcanzaría; Caridi quiere lograr el broche de oro: una amnistía “amplia y generosa”. MIGUEL CANEPA

“Todavía no he escuchado una palabra de la CGT ante esta angustia que estamos soportando los jubilados” declaró Julio Liberman, dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados (Página 12,12/5). Además de exactas, las declaraciones del dirigente de los jubilados son llamativas, si se considera que hasta hace poco tiempo atrás la Mesa seguía servilmente a la burocracia sindical, la que sin embargo hacía la vista gorda frente a la destrucción del sistema previsional. Los dirigentes de la Mesa, en noviembre pasado, colocaron al Congreso de la Coordinadora a los pies del justicialista Oraldo Britos, quien se “gastó” en demagogia, cuando la realidad es que desde su banca parlamentaria colaboró con la destrucción del sistema jubilatorio. Estas declaraciones son aún más llamativas pues ambas organizaciones — CGT y Mesa Coordinadora— no han denunciado el reciente aumento del descuento jubilatorio a los trabajadores y jubilados. ¿Qué es lo que separa entonces ahora a la Mesa de Ubaldini? El gobierno está formando una Comisión Asesora que incluye a la burocracia sindical para elaborar una nueva ley para el PAMI. La Mesa Coordinadora rechaza esta inclusión y “reivindica el derecho de los jubilados a representarse sin el tutelaje de la CGT”. La Mesa quiere entrar, entonces, en la Comisión Asesora y ha salido a pelear su puesto. Pero ni la CGT ni la Mesa denuncian que, en esa Comisión, el Estado y los patrones tienen mayoría, y que la función de la comisión es perfeccionar la destrucción del sistema previsional y la obra social de los jubilados. El reclamo de los trabajadores pasivos, que la Mesa Coordinadora debería hacer suyo, es el cese inmediato de la intervención estatal del PAMI y su puesta en manos de los representantes de los jubilados, democráticamente elegidos.

La extradición de Suarez Masón ¿patea el tablero del acuerdo amnistiador del gobierno con los militares? Las declaraciones de Suarez Masón inculpando a los jefes de subzona ¿es un revés para la “obediencia debida”? Al enviarlo a Argentina ¿la justicia norteamericana actuó con independencia del gobierno norteamericano? ¿O, por el contrario, el gobierno de Reagan lo envió para acelerar la política aministiadora de Alfonsín y de la “independiente” justicia argentina? La “obediencia debida” de la Corte La habitualmente lenta y parsimoniosa Corte Suprema de Justicia dictó en los últimos días una verdadera catarata de fallos extendiendo los beneficios de la Obediencia Debida a 9 generales y a más de 45 oficiales superiores del Ejército, todos ellos jefes de zona y subzona, por lo tanto, no comprendidos en los beneficios de esa ley. En la causa del III° Cuerpo quedaron desprocesados los generales Sasiaiñ y Maradona y una treintena de oficiales (entre los cuales se encuentra el mayor Ernesto Barreiro, uno de los próceres de los carapintadas de semana santa); en la causa 730 (San Martín), el general Battaglia y otros 7 oficiales superiores; en la causa del Comando de Institutos Militares, los generales Cari- di (jefe del ejército “de la democracia”), García y Guanabens, y otros de menor graduación. Este conjunto de 50 genocidas desprocesados por la “justicia” se desempeñaron como “jefes de subzona” o “jefes de áreas” dentro de la estructura represiva de la dictadura. Suárez Masón ¿desbarata la “obediencia debida”? Suárez Masón declaró ante los tribunales norteamericanos y argentinos que los jefes de la subzona, y no los jefes de cuerpo como él, tenían el poder decisorio sobre los secuestrados. En realidad, lo tenían unos y otros. Las declaraciones de Suárez Masón han abierto, naturalmente, el interrogante sobre el fallo final en la Causa del 1° Cuerpo. Según La Nación (11/5), el Poder Ejecutivo viene presionando a la Corte para que “resuelva rápidamente el tema de la obediencia debida en la causa del Cuerpo de Ejército 1°”. La Corte ha respaldado la política amnistiadora del Ejecutivo. Las imputaciones de Suárez Masón reforzarán las presiones del Ejército y del Ejecutivo para que la Corte “despegue” rápidamente a los jefes de subzona. La Nación ya advirtió que lo contrario “podría generar enconos de difícil resolución posterior”. Presión yanqui Esta es la razón fundamental por la que el imperialismo norteamericano resolvió con gran celeridad la extradición. Fue George Shultz, el secretario de Estado norteamericano, quien desestimó la apelación de Suarez Masón y firmó la orden de enviarlo a Argentina. El secretario de Reagan ni siquiera aprovechó las normas burocráticas que le permitían demorar la partida de Suárez Masón. La premura con que actuó causó sorpresa. El juez norteamericano que resolvió su extradición sostuvo que Suárez Masón “controlaba directa y personalmente los centros de detención”, que las subzonas actuaban “sólo después de que el Comando confiriera autoridad para actuar” y que “el control personal de Suárez Masón sobre los centros clandestinos de detención es inequívoca” (Página 12,10/5). Es decir que sirve en bandeja el desprocesamiento de los jefes de zona y subzona. El gobierno de Reagan mandó, entonces, a Suárez Masón, no para poner piedras al gobierno alfonsinista, sino para acelerar su política amnistiadora. Este Shultz, que en definitiva mandó a Suárez Masón a Argentina, acaba de deshacerse en elogios a la política exterior argentina (La Nación, 11/5), mientras el Pentágono y el Departamento de Estado han reanudado el reequipamiento militar argentino.

¿Qué es lo que caracteriza al actual momento político? Existen varios aspectos: Primero. El proceso de descomposición económica se ha acelerado enormemente. Los tarifazos tienen de nuevo carta de ciudadanía quincenal, y aun así el gobierno no consigue cerrar sus cuentas. La disparada del dólar no solo es un termómetro de la crisis; indica por sobre todo que los grandes capitalistas se preparan para una acción económica violenta contra los trabajadores. El gobierno encara impotente la crisis, endeudando todavía más al Estado. Su capacidad de intervención o de arbitraje está cayendo a nivel cero. El agravamiento de la situación se cuenta en días. Clarín (18/5) informa que la Secretaría de Comercio está batiendo récords en autorización de precios; el gobierno está interviniendo en los mercados de hacienda para aumentar la carne; el Estado capitalista impulsa por todos sus medios una inflación cuyo efecto será transformar la crisis fiscal en cesación de pagos. Inmovilismo Segundo. En tanto la crisis económica avanza en espiral, la burguesía está muy dividida. En el Parlamento, radicales y justicialistas no se ponen de acuerdo en torno a los más variados proyectos. El PJ quiere aumentar la deuda pública para socorrer al Tesoro de sus gobiernos provinciales. La UCR quiere tener a estos gobiernos peronistas a rienda corta, para explotar su crisis en la campaña electoral. El FMI, por su lado, reclama que se decrete la bancarrota directa de los bancos provinciales, lo que encuentra la resistencia de algunos sectores de las oligarquías del interior. La disputa por los negocios y negociados que ofrece el capital imperialista también ha desatado una feroz lucha para determinar quién se queda con el botín. En estas condiciones el gobierno declara, por boca del equipo económico, que no tiene plan alternativo. Cafiero dice lo mismo. La consigna del inmovilismo es “dejar todo como está para ver cómo queda”. La politiquería democrática Tercero: ¿Qué plantean los potenciales sucesores de Alfonsín? El rasgo común de Angeloz Cafiero y Menem es la desesperada maratón por las tiendas del imperialismo y de los grandes capitalistas para ver quien se vende al precio más bajo. Los “candidatos” compiten en ofertas de entreguismo y prebendas al capital financiero. La política democrática es el taparrabos del saqueo nacional. No existe ninguna tendencia de la burguesía que plantee una salida relativamente autónoma del gran capital imperialista. La postura del cafierismo de gravar con un 2% los títulos públicos, carece de relieve y de magnitud frente a las dimensiones catastróficas de la crisis nacional. El imperialismo Cuarto: El imperialismo es el único que tiene un plan y que lo dice. Devaluar drásticamente el austral; poner las reservas del Banco Central bajo el control de los acreedores; confiscar en forma directa una parte de las exportaciones para pagar la deuda externa; acceder libremente a las ramas económicas rentables mediante la compra de la deuda externa por parte del Estado. En definitiva, provocar una caída histórica del salario de la masa de los trabajadores. Es esta banca la que está empujando la disparada del dólar. El plan del imperialismo agravará enormemente la crisis actual. La brutal devaluación del austral provoca, por de pronto, un aumento vertiginoso de la deuda nacional. La preparación sistemática de esta salida pasa por un acentuamiento de la bancarrota actual. No es casual que Juan Alemann, un hombre del riñón de Martínez de Hoz, proclamara que “tal vez sea inevitable que el país transite por el camino de la hiperinflación ...” (Ámbito, 18/5). La política de los trabajadores Quinto. La burocracia sindical está en el mismo nivel de dependencia política del imperialismo y en el mismo callejón sin salida en que se encuentran Cafiero, Menem y toda la politiquería democrática- No tiene perspectiva autónoma y carece de iniciativa. El primer paso de una política obrera es comprender el carácter explosivo de la presente situación política, la impotencia de la burguesía nacional, el divisionismo de la “interna” Menem-Cafiero, la profunda oposición de éstos a toda salida verdaderamente nacional y popular, y la ofensiva antiobrera y pro-imperialista que se viene. A partir de aquí se podrá preparar sistemáticamente el recurso inevitable de todo gran combate obrero —la huelga general. Esta preparación debe consistir en la adopción de resoluciones políticas a favor de la huelga general, a favor de los piquetes de huelga, a favor de una reivindicación de huelga fundamental— el salario mínimo de ₳ 2.000 y a favor de la organización de comités de huelga. La consigna de la huelga general se desprende del conjunto de las tendencias de la situación política y de las luchas del pueblo.