Prensa Obrera N° 225

De acuerdo a las últimas informaciones, el movimiento de huelgas iniciado el 25 de abril por los trabajadores del transporte de la ciudad de Bydgoszcz, habría cesado como consecuencia de la represión policial contra los obreros de la siderúrgica Lenin, ubicada en los suburbios de Cracovia, y contra los astilleros Lenin del puerto de Gdansk. ¿Qué fue lo que pasó en estos últimos días en Polonia? La cuestión de la huelga política La tensión social y política venía, en aumento en Polonia desde hacía varias semanas. A pesar de haber sido derrotado en un referéndum completamente controlado sobre el tema de la “reforma económica” y la “austeridad”, el régimen de Jaruzelsky puso en marcha su política de aumento de precios, cuya finalidad no es otra que pagar la deuda externa a los bancos extranjeros y ejecutar los planes del FMI. Polonia forma parte de esta organización de la piratería capitalista internacional, y no sólo esto sino que la dictadura de cepa gorbachiana está haciendo gestiones para integrar el Consejo de Europa, un organismo político de los Estados imperialistas de Europa occidental. Como consecuencia de esta política, la inflación de los precios llegó al 45% en los últimos tres meses, en tanto que los salarios reales cayeron, en el mismo lapso de tiempo, en un 25% (Le Monde, 28/4). Se estaba en presencia del detonante clásico de la revolución obrera en Polonia en los últimos 35 años. Durante el invierno la atmósfera se fue cargando de electricidad. En i febrero el régimen se vio confrontado a una inminente huelga del sistema nacional de salud. Las "reformas administrativas” que se había prometido estaban paralizadas. El lunes 21 de marzo, Jaruzelsky declaraba en un congreso de un llamado “partido campesino” que se aprestaba a pedir “poderes extraordinarios” hasta fin de año para proceder a licenciamientos masivos de cuadros y de planta en la economía y en la administración (Le Monde 23/3). No hay signo más inconfundible de bancarrota que el que produce una dictadura que pide poderes absolutos. Comienza la huelga El lunes 25, en los depósitos de transportes de Bydgoszcz, los trabajadores se niegan a sacar los vehículos. Los “sindicatos oficiales” procuran controlar el movimiento, poniéndose a la cabeza, luego de haber intentado vanamente impedirla. Los trabajadores reclaman un aumento salarial del 150%, la escala móvil de salarios, la reparación del material rodante y la destitución del director. Al cabo de 12 horas obtienen un aumento del 69% sobre el básico. A las nueve de la mañana del martes 26, los obreros de laminado de la acería de Nowa Huta se declaran en huelga. Son seguidos de inmediato por laminado en frío y perfiles. Cada sección elige un comité de huelga. A las dos de la tarde hay 4.000 obreros parados, de los 30.000 que trabajan en el complejo siderúrgico. A las seis de la tarde ya son ocho mil. Hay negociaciones toda la noche. Al comenzar el turno mañana del día 27, el paro alcanza a 20.000 obreros; en el curso de la jornada llega a los 30.000 y la huelga es total. Los huelguistas reclaman un aumento del 50% de los salarios; el pago de los días de huelga; la escala móvil de salarios; la duplicación de la compensación otorgada en febrero, a raíz de aumentos de precios, para todos los trabajadores de la industria, la educación y la salud; y la reintegración a la planta de los activistas de Solidaridad que fueron despedidos a partir de 1981. La dirección acepta negociar sobre salarios, pero ni hablar de los otros puntos. Se producen movimientos de solidaridad estudiantil en Cracovia. La policía comienza a reprimir; el 29 detiene a varios activistas y, en Lublin, procede a arrestar a los máximos dirigentes de Solidaridad, Bujak y Oryszkiewicz. En la acería, entretanto, los comités de huelga de cada sección eligen un comité de huelga de la planta, que se transforma en un principio de sindicato independiente. El estancamiento de las negociaciones en la siderúrgica y el comienzo de la represión, plantean la cuestión de la solidaridad del resto de la clase obrera. Se inician paros parciales del transporte en Cracovia; una acería de la ciudad de Bochnia se declara en huelga; en Stalowa Wola (25.000 obreros) se elige un comité de huelga. El 1° de mayo se producen manifestaciones en todo el país. El 2 de mayo comienza la huelga con ocupación en Gdansk. Se suman al movimiento los textiles de Lublin, los transportes de la ciudad de Plock, los altos hornos de Katowice. En Gdansk, los huelguistas reclaman el reconocimiento del sindicato independiente en los astilleros. El 3 de mayo la policía desaloja violentamente la siderúrgica de Nowa Huta y cerca a I os astilleros de Gdansk, donde a partir de ese momento dejan de entrar alimentos. El 8 de mayo, cuando la huelga parece extenderse a Varsovia, en la gran fábrica Ursus, cesa la huelga en Gdansk y el movimiento parece refluir en su conjunto. La política de Solidaridad Como lo cuenta Walesa mismo en su autobiografía, en agosto de 1980 la consigna del reconocimiento del sindicato independiente en todo el país desató la huelga general. Esta vez, esta consigna no fue levantada. En Gdansk, Walesa tuvo el cuidado de plantearla solamente para el astillero. La dirección de Solidaridad se opuso, en realidad, a la generalización de la huelga. El clero polaco se apresuró a enviar mediadores para evitar que el movimiento pudiera extenderse. “En tanto apoya la huelga (de Nowa Huta), el señor Walesa y otros dirigentes de Solidaridad —dice el corresponsal del Washington Post— no llaman a nuevas protestas y parecen esperar que el descontento no continúe extendiéndose... ‘Las huelgas no van a mejorar la situación’ —dijo el señor Walesa”. La oposición al régimen no improvisó nada durante la huelga. “A fines de 1986 (cuando) el gobierno liberó a los presos políticos y se comprometió a iniciar reformas económicas y políticas, con la condición de que Solidaridad permaneciera legalmente ausente de la vida pública, la dirección de Solidaridad decidió, luego de un debate interno, acompañar el proceso y no presionar por el reconocimiento legal” (The New York Times, 2/5). Esto explica, sobradamente, que se decidiera esta vez en Gdansk, “retirar el reclamo de la legalización nacional del Sindicato proscripto”. (International Herald Tribune, 5/5). “Es posible que desde el punto de vista del juego político debiéramos pensar en esos términos — esperar que el curso de los acontecimientos barra con Jaruzelski— declaró Adam Michnik (uno de los principales intelectuales de la oposición). Pero miramos hacia afuera y vemos a este país, nuestro país, en colapso. Estamos listos para un compromiso. Estamos en Solidaridad, pero la cosa más importante i para nosotros es el interés de nuestro país: el interés de Polonia” (The New York Times, 2/5). Esta posición política ante la huelga, no debe sorprender de parte de quienes virtualmente no se opusieron al referéndum que Jaruzelski perdió hace unos meses, sosteniendo luego que había que integrar las organizaciones legales autorizadas por el régimen. Los curas plantearon la misma cosa, pero sin eufemismos: “Los ciudadanos que tienen responsabilidad por el destino del país tienen que estar embargados de temor por los recientes disturbios y huelgas en algunas zonas— declaró el episcopado polaco” (I.H.T., 5/5). Estimando que la huelga podía cobrar fuerza nacional, a pesar de lo que se hiciera para evitarlo, otro dirigente opositor, Jacek Kuron, planteó que “la única forma de resolver la crisis polaca es un gobierno fruto del acuerdo con el Episcopado y la oposición”. No se podría plantear mejor la aspiración de ver a los obreros y sindicatos polacos aplastados entre la cruz y la espada. Lo que vendrá A un régimen condenado no lo pueden salvar ni las mejores intenciones de sus adversarios vacilantes. El régimen burocrático se animó a reprimir sólo cuando vio los obstáculos que se oponían a la extensión de la huelga. Por esta vía, Jaruzelski se mete en el pantano de los “poderes extraordinarios” que reclamó antes del conflicto que veía venir. Del referéndum a la suma del poder —nada ilustra sin embargo mejor las violentas oscilaciones de la burocracia en crisis. Pero sólo con el auxilio financiero del imperialismo y la omisión de la oposición, este bonapartismo extremo podrá subsistir por algunos meses. El régimen burocrático se precipita a su caída en la misma medida en que todos se apremian por salvarlo. Si a esto se ha llegado después de ocho años de experimento militar, esto significa que la revolución se aproxima.

El lunes 13 de mayo de 1968, más de un millón de trabajadores y estudiantes recorrieron las calles de París en la más gigantesca movilización de la posguerra. Una impresionante huelga cubría al país, convocada por todas las centrales sindicales y la central estudiantil (UNEF), en repudio a la brutal represión que el gobierno gaullista había lanzado en la noche del 10 al 11 de mayo sobre los millares de jóvenes que ocupaban el Barrio Latino. Tras esta impresionante manifestación una ola de ocupaciones de fábrica que abarcó todas las regiones y abrazó a los más diversos oficios y profesiones se extendió por toda Francia. Una semana más tarde, más de diez millones de huelguistas ocupaban todos los centros vitales de la economía y la vida social francesa. La Huelga General que se iba a extender hasta comienzos de junio, colocó a Francia en una situación revolucionaria que sólo pudo ser desmontada por el régimen gaullista por medio de la abierta colaboración del stalinismo francés. Rebelión juvenil (3-13 de mayo). La movilización estudiantil fue una reacción contra los planes limitacionistas del gaullismo. Para el Ministro de Educación había “300 mil estudiantes que sobran”. El primer centro dé la agitación fue Nanterre, que las autoridades cerraron el 2 de mayo. Pese a ello los estudiantes la ocuparon. Al día siguiente, la policía entró en La Sorbona, en pleno Barrio Latino, por primera vez desde la ocupación alemana y detuvo a la totalidad de los líderes estudiantiles provocando una gran manifestación de repudio y el combate con la policía. Para el lunes 6 la dirección de la UNEF convocó a una huelga general estudiantil por la libertad de los presos, la reapertura de las facultades y el retiro de la policía de la Universidad y de los barrios estudiantiles a la que acudieron más de 30.000 estudiantes, notándose ya la presencia de secundarios y de jóvenes trabajadores. Aparecieron las primeras barricadas y los adoquines. Al día siguiente 60 mil manifestantes recorrieron 30 km a pie por París, llevando la agitación a toda la ciudad. Durante el 8 y el 9 se realizaron diversos actos en medio de una gran tensión." La dirección de la UNEF negociaba un eventual acto conjunto con las direcciones sindicales para el martes 14. El viernes 10 los jóvenes volvieron a agruparse: más de 50 mil recorrieron un París ocupado por la policía y finalmente decidieron espontáneamente “ocupar” el Barrio Latino, llenándolo de barricadas. La brutal represión comenzó a las 2.15 de la madrugada. La “noche de las barricadas” se extendió hasta las 6 de la madrugada en que los estudiantes se retiraron. La población colaboraba y albergaba a los jóvenes. El impacto de esa jornada sobre todo el pueblo francés fue enorme. El gobierno intentó una tardía conciliación: liberó a los presos y anunció la reapertura de las facultades, pero fue inútil. Para el lunes 13 había sido convocada la gigantesca marcha que nucleó a más de un millón de jóvenes y trabajadores. Durante toda esa semana el PCF se había opuesto en forma enérgica y tajante a la movilización estudiantil de la cual no participaba la UEC (rama estudiantil del PC). Su dirigente Marcháis llamó el 3 de mayo a “desenmascarar a los falsos revolucionarios”. Denunció a los “grupúsculos” que “tomando como pretexto el descontento de los estudiantes intentan bloquear el funcionamiento de las facultades e impedir a la masa de alumnos que trabajen y pasen sus exámenes”. Los 50 mil estudiantes del 7 de mayo le respondieron entonando por las calles “Somos todos grupúsculos”. La Huelga General (13-30 de mayo) El martes 14, una asamblea general de los 2800 metalúrgicos de la Sud- Aviation de Nantes, resolvió ocupar la empresa, izó la bandera roja y formó sus piquetes. El miércoles 15 fue ocupada la planta de Renault-Cleon por sus 5 mil trabajadores y al día siguiente lo propio hicieron los 11 mil. trabajadores de la Renault-Flins. Las ocupaciones se extendieron por toda la metalurgia y el viernes 17 a la tarde fue ocupada la Renault-Billancourt, en el corazón de París, por sus 23 mil obreros. Los 60 mil trabajadores de Renault elevaron su pliego de reclamos: salario mínimo de 1000 francos, 40 horas semanales, jubilación a los 60 años, extensión de las libertades sindicales y seguro de empleo. El domingo 19 se calculaba ya en más de 130 las fábricas ocupadas. El lunes 20 se sumaron Nord-Aviation, Dessault, Citroën y Peugeot. Desde ese fin de semana comienza el paro en los sectores claves de los servicios públicos: transporte urbano, ferroviarios, telefónicos y postales. El paro también abarcó a los textiles, construcción, mineros y al resto de gremios industriales. El 22-23 se extendió a todas las actividades, algunas por primera vez como futbolistas. El lunes 20 ya se contabilizaban más de 5 millones de huelguistas y en pocas horas superaron los 10 millones. Como había caracterizado Trotsky durante la huelga general francesa de junio de 1936: “No se trata de huelgas corporativas, no son siguiera huelgas, es LA HUELGA, el reagrupa- miento abierto de los oprimidos contra los opresores, el clásico comienzo de la revolución”. La burocracia stalinista que dirigía la CGT no tomó ninguna medida para impulsar el movimiento huelguístico. Tras la manifestación del lunes 13 se limitó a convocar a su Comité Confederal para el viernes 17, que a su vez se negó a convocar oficialmente a la huelga general (¡¡no la va a declarar en ningún momento!!), y sólo se limitó a elevar un pliego de reclamos notablemente ambiguo: “satisfacción de las reivindicaciones fundamentales concernientes al aumento de salarios, reducción de la duración de la jomada de trabajo sin reducción de los salarios y disminución de la edad para jubilarse y una verdadera política de empleo garantizando el trabajo y los recursos”. Pero, aunque la burocracia stalinista tratara de negarlo, la crisis política se agravaba día a día. El gobierno convocó a las direcciones sindicales a negociar mientras se anunciaba un discurso de De Gaulle para el viernes 24. Ese viernes 24 la huelga había alcanzado proporciones impresionantes. La CGT había convocado a una manifestación que reunió entre 150 y 200 mil trabajadores. La UNEF, por su parte, realizó otra con cerca de 80 mil participantes. Los manifestantes comunistas coreaban “gobierno popular” y el PC ya había iniciado negociaciones con Mitterrand con vistas a una eventual unión de las izquierdas para formar un gobierno en el que participaran en forma minoritaria los comunistas. De Gaulle en su discurso convocó a un referéndum para mediados de junio. Sobre la base del referéndum (De Gaulle anunció que si lo perdía renunciaría), el stalinismo se lanzó a desmontar el movimiento. Durante el fin de semana del 25-26, la dirección de la CGT negoció con el gobierno los “protocolos de acuerdo de Grenelle”. La burocracia señaló que aunque no se habían obtenido todos los reclamos eran un paso adelante: el aumento salarial fue del 10% (7 en junio y 3 más en octubre pero absorbiendo un 4% ya otorgado anteriormente). En relación con la disminución de la semana laboral y a la edad de jubilación y a los derechos sindicales los acuerdos fueron vagos. Más grave fue la “solución” a la cuestión de las horas caídas. La burocracia stalinista acordó que fueran recuperadas a lo largo de 1968. ¡Y a esto lo consideraron un triunfo! ¡¡No firmar!! El lunes 27 la reacción obrera fue terminante. En Renault-Billancourt la asamblea recibió masivamente al dirigente máximo de la CGT al grito de “No firmar". Lo mismo ocurrió en la mayoría de las grandes plantas. El movimiento recuperó toda su vitalidad. La CGT decidió convocar a una manifestación para el 29 de mayo en la que participó medio millón de trabajadores. La consigna más coreada fue “Adiós De Gaulle, gobierno popular”. La crisis política había llegado a su pico más alto. Había un verdadero vacío político. De Gaulle se retiró a su casa de campo donde, se dice, mantuvo entrevistas con jefes militares con vistas a una intervención del ejército que estaba efectuando maniobras cerca de París. Desde las más variadas tiendas políticas surgían soluciones providenciales y hasta se lanzó la variante de un gobierno provisional de Mendes-France, un ex primer ministró socialista que dirigía al pequeño PSU, de gran peso en la UNEF. Finalmente, el 30 De Gaulle modificó sus planteos: retiró el plebiscito, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 23 y 30 de junio. A partir de allí se armó la contraofensiva burguesa sobre el movimiento huelguístico. El PC, el PS de Mitterrand y la burocracia de la CGT, aun con críticas, se lanzaron con todo a la campaña electoral. “Hay que saber terminar una huelga general” (1-18 de junio) Con estas palabras, el entonces secretario general del PCF, Thorez, había llamado a levantar la huelga general de junio de 1936. Sus continuadores stalinistas se dieron a la misma tarea a partir del 1° de junio, anunciando con bombos y platillos que se trataba de un gran triunfo. Como había caracterizado Trotsky en relación a la huelga general británica de 1926, “los dirigentes laboristas no trataron de paralizar al Estado burgués por medio de la huelga general, sino paralizar la huelga general con la ayuda del Estado burgués”. El primer propósito fue imponer la negociación rama por rama y empresa por empresa, logrando de ese modo la rápida vuelta al trabajo de los servicios públicos más esenciales. A partir de allí la prensa stalinista insistió en sus llamados a arreglos parciales: “La CGT llama a solidarizarse con quienes tienen que seguir la huelga por la intransigencia patronal y gubernamental", afirmaban después de haber cortado el movimiento general en rebanadas. Durante la semana clave del 3 al 7 de junio, el stalinismo logró dislocar la huelga, pero no pudo impedir que su bastión, la metalurgia, continuara macizamente con la Huelga General. “Elección=Traición” fue una consigna ampliamente coreada por quienes se oponían a la entrega de la huelga general. La huelga en la Renault va a continuar hasta el 18 de junio y en ese período el gobierno va a aprovechar para retomar la ofensiva represiva que habla debido suspender después del 13 de mayo. Un activista estudiantil fue muerto cerca de la Renault-Flins y otro en cercanías de la Peugeot. Justamente la manifestación de repudio realizada el 11 de junio a instancias de la UNEF fue la última gran movilización del movimiento. Al día siguiente el gobierno prohibió y disolvió a 8 organizaciones trotskistas y maoístas. El PC llevó adelante su campaña electoral exhibiendo su carácter de partido del “orden”, que fue capaz de “evitar la guerra civil”. Por supuesto que las elecciones del 23 y 30 de junio fueron ganadas por De Gaulle. El PC retrocedió y se calcula en unas 500 mil las abstenciones de los obreros que votaban tradicionalmente por el PC. Un año después, De Gaulle tuvo que dimitir al ser derrotado en un referéndum. El PCF, por su parte, entró en una declinación imparable que lo llevó en las elecciones recientes a menos del 7% de los votos. La traición de la huelga general y de la rebelión estudiantil del '68 quedó como una hipoteca ilevantable para el stalinismo francés.

Como cabía esperar el gobierno concedió a los pulpos petroleros todas sus exigencias. YPF deberá pagarles a los pulpos el equivalente al 80% del precio internacional por el petróleo adicional que extraigan de las áreas que tienen bajo contrato, y además gozarán de “estabilidad tributaria", por lo que no podrán ser gravados por nuevos impuestos o por aumentos de los actuales. Para arrancar estas concesiones, los pulpos dejaron de cumplir con las actuales cuotas de producción, provocando una crisis de abastecimiento. Estos contratos, 17 en total, “fueron originalmente suscriptos en los años 1977 y 1978 con una retribución promedio de 35 dólares por metro cúbico...”. Durante la dictadura, bajo la gestión de Guadagni (actual ministro de Cafiero) “pasaron a recibir un precio promedio de 75 dólares”, lo que fue ratificado por Alfonsín. “Datos oficiales recientemente elaborados en YPF señalan que el conjunto de esos 17 contratos obtuvo un beneficio de 395,5 millones de dólares desde el momento en que fueron renegociados hace 3 años” (Página 12, 22/3/88), lo que significa una utilidad declarada sobre los costos del 100%. Con el 80% del precio internacional, los contratistas reciben un precio promedio de 95 dólares el metro cúbico, un aumento de casi el 300% respecto a los precios Originales y del 500% en relación a los costos. Por eso ya han planteado que quieren ese precio para todo el contrato, no sólo para la producción adicional. “Bridas y Pérez Companc pidieron 93 dólares por cada metro cúbico que produzcan en Piedra Clavada, mientras que el precio actual es de 77 dólares, las mismas dos empresas pidieron un aumento de 32 dólares por metro cúbico para el crudo de El Cordón...” (Idem) y así las restantes compañías. En poco tiempo veremos a Alfonsín firmar estos aumentos de precios. Mientras a la población trabajadora le enchufan “impuestazos”, le reducen los salarios, los pulpos petroleros gozan de un privilegio especial que les dispensa el Estado para incrementar sus beneficios en forma colosal. Todos estos beneficios han ido a parar a los monopolios “nacionales” que son especialmente cortejados por Cafiero y por Menem. Angeloz y Terragno, fuera de este negociado, apuntan a un gran acuerdo con la Esso y la Shell. El saqueo cobra ahora un nuevo impulso, ahora en favor de los pulpos “nacionales y populares”.

Nuevamente con la llegada del invierno vuelve a plantearse la posibilidad de la escasez de gas. Los diarios informan “que habría un faltante de gas natural”. Desde la Secretaria de Energía se señala que eso acontecería únicamente si se mantiene el “problema eléctrico" ya que la inauguración en este mes de un nuevo gasoducto —el Neuba II— y la ampliación del gasoducto del Norte deberían alcanzar para abastecer el consumo doméstico. El negociado de Cogasco A pesar de ser un país de gran riqueza gasífera, Argentina padece de una insuficiencia de gasoductos y de redes que lleven el fluido a los usuarios. Al calor de la política llamada de “privatización periférica” se concedió en 1980 a la empresa holandesa Cogasco la construcción del gasoducto Centro Oeste, que une las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan y Córdoba. Esta concesión a Cogasco hundió a Gas del Estado. Además del preció sideral del contrato —1.000 millones de dólares—, Cogasco exigió que se le reconocieran 200 millones de dólares adicionales, sobre cuyo gasto no existía constancia ni en Gas ni en el Banco Central ni en Cogasco. Para obtener ese “reconocimiento” Cogasco paralizó las obras de instalación de las estaciones compresoras, razón por la cual el gasoducto tuvo su prestación limitada en un 50%. Finalmente, el gobierno de Alfonsín reconoció esos 200 millones de dólares y a fines de 1986 Gas del Estado compró anticipadamente el gasoducto endeudándose hasta la coronilla. Desde entonces, por “falta de presupuesto” Gas no tiene fondos para instalar los compresores. Es necesario destacar que antes de comprarla, la dictadura primero y Alfonsín después estatizaron la deuda externa de Cogasco por 1.300 millones de dólares, por lo cual se concluyó pagando dos veces el gasoducto. El negociado del Neuba II Este gasoducto (Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires) es otro negociado. Su construcción fue entregada en “adjudicación directa” a un consorcio de empresas mejicanas asociadas a “capitanes” argentinos, Techint y Pérez Companc, por un valor de 475 millones de dólares, varias veces superior al costo real. El gasoducto pasa por Bahía Blanca en razón de que se proyectaba instalar aquí una planta separadora de gas para transformarlo en propano, butano) etc. De este modo, se trazó el gasoducto “por la vía más larga, por Bahía Blanca, con la idea de recuperar los derivados en el complejo de General Cerri cercano a la ciudad sureña” desechándose “la ruta más corta, a través de Santa Rosa, en La Pampa” (Clarín, 5/5). Pero esa planta —en otro negociado— se instalará ahora en la propia Neuquén. En consecuencia, tendremos un-gasoducto un tercio más largo (unos 165 millones de dólares más) exclusivamente por disputas monopólicas. Conclusiones Todo esto ilustra la racionalidad de la “iniciativa privada”. Su secuela son los “tarifazos” y la falta de gas. Los trabajadores pagan así con mayores tarifas y un servicio deficiente los negociados del Estado capitalista con los grandes monopolios.

En las últimas semanas se viene publicitando en la Universidad de Buenos Aires una propuesta elaborada, por el decano de la Facultad de Arquitectura —Juan Manuel Borthagaray— para enfrentar la caótica situación imperante por el estrangula- miento económico de la enseñanza superior. El funcionario hizo público un documento referido a su propia facultad en el cual planteaba siguiente solución: 1) reducir la población de Arquitectura de 17.000 alumnos actuales a 8.000; 2) reducir el plantel docente de 1.900 a 800; 3) aplicar un arancel de ₳ 150 mensuales para el 70% del estudiantado. De esta manera se resolvería lo que Borthagaray llama la “ecuación universitaria", una alternativa que propugna para el conjunto del sistema. Alpargatas y mocasines Aunque parezca mentira la reducción al 50% de la matricula estudiantil y la planta docente, y en particular el ’arancelamiento, es presentado como un principio de... justicia social. La gratuidad significaría un privilegio para la clase media, financiado por los sectores de menores ingresos. La "alpargata subvenciona al mocasín" se escuchó decir en los despachos oficiales (Página 12, 5/5). Se trata de una completa hipocresía. La realidad es que mocasines y alpargatas —clase media y trabajadores— subvencionan a un "puñado de banqueros y capitalistas a los cuales el Estado transfiere la confiscación que ejecuta sobre tos salarios y tos ingresos de la población. En todo caso, el estudiante universitario de clase media recoge en la enseñanza gratuita una ínfima parte de lo que aporta a los saqueadores del país y esto ha disminuido por la bajísima calidad de esa enseñanza. Lo que se pretende no es eliminar un privilegio sino llevar los privilegios del capital financiero a extremos más agudos: los fondos que el Estado pretende “ahorrar” con el arancelamiento, irán a los bolsillos de la usura y la especulación. Todo esto es parte de un viejo recetario que ya trató de aplicar la dictadura a principios de esta década. La “ecuación universitaria" es insostenible. Los escasos recursos son malgastados sin que exista al respecto el más mínimo control democrático. El propio decano de la “justicia social” admite en su mentado documento que en las licitaciones efectuadas por la Universidad se paga hasta cuatro veces los precios de mercado. Propone como remedio otorgarle mayores atribuciones a los Consejos Directivos. ¡Pero no hay nada más burocrático que estos Consejos Directivos!, en cuya conformación fueron excluidos la mayoría de los docentes, e incluidos los “concursados” bajo el Proceso. Sólo de esta manera pudo pasarse de la dictadura a la “democracia” sin que la Universidad saliera de las manos de los clanes profesorales vinculados al gran capital y a cuyos intereses responde la draconiana propuesta limitacionista que se ha largado en estos días. Ofensiva reaccionaria El planteamiento del decano de Arquitectura fue inmediatamente apoyado por sus colegas de Farmacia, Derecho y Medicina. Contaría además con el respaldo de otras autoridades de la UBA y de numerosos consejeros de las diversas facultades. Ya a fines del año anterior todo un bloque de la Asamblea Universitaria (integrada por todos los miembros de los Consejos Directivos) reclamó la imposición de exámenes de ingreso directo. Están en juego también las áreas de poder en la UBA, puesto que se reclama que quede bajo el control de cada facultad la administración y los recursos destinados al CBC, actualmente en manos del Consejo Superior. Estamos, por lo tanto, frente a una ofensiva en regla y a una disputa entre fracciones en la cúpula. El plan Borthagaray es una manifestación de todo esto, pero no es la única. En Ingeniería se ha producido una limpieza en las jefaturas de todos los Departamentos y se designó a la cabeza de los mismos a elementos comprometidos inclusive con los “grupos de tareas” de la “guerra sucia”. En Filo el Consejo Superior resolvió la semana pasada dividir la facultad, y en menos de 48 hs. anunció el traslado de dos carreras a un nuevo edificio... todavía sin terminar. Las clases han sido suspendidas por una semana. Se plantea una situación de semicolapso en el funcionamiento de la Universidad. Congreso del movimiento docente y estudiantil Para hacer frente a todo esto la clave es poner en pie al movimiento estudiantil, pasar por encima de las agencias políticas del Estado que han transformado a los Centros en organizaciones inocuas y puramente burocráticas. La reconstrucción del movimiento estudiantil no tiene otro camino que el de su organización independiente. sus Asambleas, sus Cuerpos de Delegados y sus comisiones de lucha. Así pararon los estudiantes de Filo el arbitrario traslado de sus carreras. Es por aquí que hay que avanzar. Llamamos a las corrientes y Centros que se reclaman de oposición al actual régimen universitario a soldar la unidad con la docencia democrática y a organizar en conjunto con las gremiales de CONADU en la UBA un Congreso de la comunidad universitaria para discutir una salida propia a la catástrofe actual.

Una de las contradicciones más violentas del documento presentado al congreso del Mas consiste en que, de un lado, caracteriza a la situación nacional como revolucionaría y, del otro, afirma que la clase obrera argentina no es revolucionaria. Sin una clase obrera revolucionaria, sin embargo, no puede haber una situación revolucionaria. El Mas carece, por lo tanto, a pesar del empeño que pone, de una caracterización de la situación política y de una caracterización de la clase obrera. Por encima de las peripecias de las dos últimas décadas, el Mas sigue fiel a la tesis del fallecido Milcíades Peña, quien desilusionado de la completa falta de frutos del “entrismo” aplicado por Nahuel Moreno en el peronismo entre 1956 y 1964 (mejor habría que hablar de “peronización” total y completa), afirmó que la clase obrera argentina era “quietista y conservadora”, superando en atraso político a los trabajadores norteamericanos, a los que caracterizaba también como “conservadores”, pero de ninguna manera como “quietistas”. El proletariado argentino, sostenía Peña, no lucha por sus reivindicaciones, sino que las espera pasivamente desde arriba (ver revista Fichas N° 2,1963). En esta misma línea, Silvia Díaz declaró recientemente que “el Mas (era) un partido minoritario” (porque) “el pueblo trabajador quiere mejorar su situación económica... sin lucha” (El Periodista, 24/7/87). El documento del Mas retoma esta misma caracterización. Afirma que el proletariado argentino se caracteriza por una “ideología” específica, la cual consistiría en que “la clase obrera no ve la necesidad de ejercer el gobierno ni por vía electoral, ni, mucho menos, revolucionaria”. Esta “conciencia peronista”, como la denomina, sigue vigente aún hoy, dice el Mas, aunque “muy deteriorada”, pues “todavía hace decir a los trabajadores: ‘Tienen razón, muchachos, estos dirigentes son una porquería, pero yo tengo mi corazoncito peronista e igual los voto’ Para el Mas esta “ideología” es “brutalmente atrasada”, pero esta caracterización todavía no lo ha inducido a revisar la política que lo llevó a colocarse “bajo la jefatura del general Perón”. La ideología del proletariado El proletariado sólo puede luchar por su propio poder por la vía revolucionaria; sr pretende hacerlo “por la vía electoral”, como lo plantea el Mas, es evidente que desconoce la naturaleza de esta lucha por el poder. Esta lucha significa siempre y en todos los lados la acción directa, el desarme de la burguesía y el armamento de la clase obrera. En el texto del Mas y en el programa del Frepu, que el Mas reivindica, no se plantean ni una sola vez estas tres cuestiones que hacen a la lucha por el poder y el gobierno obrero. Es obvio que el Mas mide la “conciencia peronista” con la vara electoral, y no con cualquier vara electoral sino con la vara de la última elección. Todo el mundo sabe, sin embargo, que la “doctrina peronista” tiene más interpretaciones e intérpretes que la Biblia, frico y el Comando de Organización ase consideran peronistas, y lo mismo ocurre con los trabajadores que rodearon Campo de Mayo en abril del 87. Pero no sólo varían las interpretaciones; también varían los intérpretes. Antes de ordenar la formación de las tres A, Perón apoyó a los Montoneros y la lucha armada, y antes de esto a Frondizi y Onganía. Ongaro y Guillan, otrora jefes del “peronismo combativo”, representan hoy a los grandes capitales de sus ramas. “Se va a acabar la burocracia sindical” (peronista) llegó a ser una consigna de los-activistas sindicales de izquierda del peronismo. ¿A qué variante de esta “conciencia peronista” pertenece la “conciencia peronista” de la clase obrera? En la historia abundan los ejemplos de ideologías confusas o reaccionarias sirviendo a movimientos progresivos e incluso revolucionarios. Es necesario descubrir el contenido de clase que se esconde en las ideologías. Apoyar a la clase obrera “peronista” que luchaba contra Isabel es progresivo; llamar a esa misma clase a obedecer la “jefatura del General Perón” o defender políticamente al “gobierno constitucional peronista”, como lo hiciera el morenismo, para citar solo dos ejemplos, es reaccionario. El proletariado puede ser furgón de cola de la burguesía aun con una ideología “socialista” y hasta “comunista" (por ejemplo, Mitterrand o Salvador Allende) y puede comenzar una acción histórica propia aun considerándose peronista como en el “cordobazo”. La teoría de la “conciencia peronista” no es más que un comodín para justificar las agachadas pasadas y presentes del morenismo ante Perón, el peronismo, la burocracia sindical, las Multipartidarias del 74/75 y del 84/85 y recientemente el Frepu, calificado como un frente con “trabajadores peronistas independientes”. La caracterización del movimiento de luchas que. protagonizan las masas debe ser realizada en su totalidad histórica, no puede basarse en ningún elemento aislado por importante que sea. Las masas son movidas a la acción revolucionaria y a la revolución por una necesidad histórica, no por la ideología. El programa de transición de la IV° Internacional reposa precisamente sobre la convicción de que las masas pueden superar su conciencia presente y arribar a una conciencia revolucionaria por medio de un programa de acción que ligue las reivindicaciones del momento a la lucha por la revolución socialista. Acción histórica La clase obrera, en realidad, ha entrado hace mucho tiempo por la vía de la acción directa, es decir revolucionaria. Las huelgas con piquetes y las ocupaciones de fábrica contra la “libertadora" y contra Frondizi; la ocupación del Frigorífico Lisandro de la Torre y la huelga general de enero de 1959; el Cordobazo, los rosariazos y los tucumanazos; la huelga general de junio y julio de 1975; e incluso las huelgas de setiembre del 76 y de febrero y octubre del 77, y la movilización del 30 de marzo del 82 contra la dictadura militar; toda esta lucha aplicada empecinadamente, tipifica a una clase que ha comenzado una acción histórica propia; a una clase que ya ha dado los primeros pasos por la vía revolucionaria. La clase obrera del “corazón peronista” le hizo la huelga general a Isabel y eligió como di recciones propias a los clasistas de Sitrac-Sitram, de Villa Constitución, del Smata Córdoba y otros numerosos sindicatos. Lo realmente importante, y que el Mas de ningún modo plantea, es la contradicción que existe entre esta "acción revolucionaría (y no la ausencia de esta acción) y la falta de un partido revolucionario. Sin un partido revolucionario la acción revolucionaria no puede concluí r en la victoria revolucionaria. La burguesía, en este caso, goza de un amplio margen político para desviar a la clase obrera con el apoyo de la pequeña burguesía. La derrota en la lucha, cuando en ella no ha intervenido el partido revolucionario, deja a la clase obrera sin conclusiones políticas, lo cual facilita que regrese a las viejas direcciones. Todo esto ocurrió con el ascenso de masas iniciado con el “cordobazo”, que estuvo dominado por la presencia política nacionalista y pequeño burguesa, tarto peronista como “marxista”. El fracaso político de esta dirección se produjo mucho antes del 24 de marzo de 1976, pues ya desde fines de 1974 había dejado de representar cualquier movimiento de masa. La vanguardia arrastrada por el nacional-foquismo fue terriblemente decapitada. Este fracaso liquidó políticamente a la izquierda nacionalista, cuyos sobrevivientes se han pasado a Alfonsín y a Cafiero, o Menem. Lo que está, precisamente a la orden del día, para la vanguardia obrera es la superación de este nacionalismo pequeño burgués. Pero el programa del Frepu que el Mas reivindica; es un calco, aunque mucho más derechista del programa de aquellos movimientos de hace dos décadas. Las consignas estratégicas son las mismas, “liberación o dependencia” y “democracia con justicia social”. Es decir, el planteo de la unión democrática de todas las clases de la nación, en oposición a la dirección obrera de la revolución nacional. El Frepu ha declarado blanco sobre negro que su objetivo es reconstruir ese movimiento nacionalista de izquierda, y por eso se presentó en las elecciones nacionales de 1985 y en la de Córdoba de 1986 encabezado por peronistas. Por su programa y su objetivo el Frepu es un instrumento político concierte del seguidismo del proletariado a la burguesía. En 1983, el violento giro de la pequeña burguesía, que en el 73 fue camporista, al alfonsinismo, permitió a Alfonsín refutar, en beneficio propio, la teoría de la “conciencia peronista”. Ahora una gran parte de las masas va a realizar, y ya está realizando, una experiencia catastrófica y brutal con el justicialismo. En estas "Condiciones el problema es qué programa y qué estrategia permitirá a los explotados una superación definitiva del nacionalismo de contenido burgués. A partir de aquí, la cuestión del carácter de la clase obrera argentina, que ya ha entrado por la ruta revolucionaria, se reduce, en definitiva. a la cuestión del programa que debe, servir para formar a su vanguardia: si a la nacionalista y democratizante, o a la marxista. Memoria histórica Según el documento del Mas, “el corte en la memoria histórica de los trabajadores, producido por la dictadura genocida, hizo que se olvidaran muchas experiencias sindicales y políticas acumuladas y favoreció a que el peronismo y la burocracia volvieran a entronizarse”. Semejante afirmación es un verdadero lugar común entre los democratizantes, pero en especial el stalinismo. Lo que preocupa a esta gente no es la reconstrucción de la memoria revolucionaria de clase del proletariado, sino la reconstrucción de la memoria nacionalista de izquierda vigente en aquella época, Pero la memoria del uno y del otro son contradictorias y, en última instancia, excluyentes; la reconstrucción del nacionalismo pequeño burgués significará un nuevo estrangulamiento de la posibilidad de una acción histórica independiente del proletariado. Desde el momento en que el Mas reivindica al Frepu y su programa, se inscribe con ello en la línea nacionalista que frustró las posibilidades revolucionarias inauguradas por el cordobazo. Las crecientes luchas obreras, la huelga docente, los semi-tucumanazos provocados por el no pago de los salarios, las movilizaciones sobre Campo de Mayo; todo esto prueba que la cinta de la memoria histórica de la clase obrera. Pero tampoco se ha borrado a la dolorosa experiencia nacional-foquista, cuya frustración la vanguardia obrera no quiere repetir. Sin embargo, la esencia del planteo del Frepu, es decir del PC y del Mas, consiste en reconstruir el programa y la organización pequeño burguesa democratizantes. En definitiva, el advenimiento de la dictadura militar agotó las posibilidades del nacional-foquismo pequeño burgués y destruyó las ilusiones más multitudinarias que haya creado la pequeña burguesía argentina y un sector del movimiento obrero ligado a ella. La masa de esta pequeña burguesía se ha ido al alfonsinismo y en mucha mayor medida al cafierismo y al menemismo. Este hecho puso fuera de moda a la izquierda dentro de la “opinión pública". Pero la pretensión de superar esta situación recreando una izquierda democratizante y nacionalista es reaccionaria. La vanguardia obrera sólo puede sacar a las masas de la catástrofe actual mediante una política independiente. Antimarxista El conjunto del documento del Mas puede ser perfectamente caracterizado de “objetivista" o “mecanicista”, esto porque considera a los factores económicos y sociales aisladamente de la lucha conciente entre las clases como si el hombre fuera una ameba que se limita a reaccionar frente a su medio. “Es un "proceso objetivo’’, reza la primera parte del capítulo referido al “surgimiento de una nueva dirección política y sindical”. (Por el otro lado, el documento se caracteriza por el “subjetivismo”, pues pretende justificar la situación política por entidades abstractas como la “conciencia peronista”). El “objetivismo” o “mecanicismo” del Mas se aprecia cuando afirma que los cambios en la dirección del movimiento obrero son el producto más o menos automático de las condiciones económicas, las cuales hoy harían inviable la conciliación de clases y por lo tanto a la burocracia. Este mecanicismo es obviamente unilateral y por lo tanto falso. La descomposición del capitalismo puede provocar un gran salto hacia adelante o un gran salto hacia atrás; ahí está para probarlo Bolivia. La alternativa progresiva depende, al menos, en gran parte, de la calidad de la dirección del proletariado, es decir de su programa y política, no sólo a nivel nacional sino internacional. Es por esto que el problema fundamental del proletariado en la actualidad se concentra en la dirección que tome la evolución de la vanguardia obrera que encabeza las presentes luchas; es decir, si se producirá por la vía del nacionalismo pequeño burgués y de la izquierda democratizante, representada ejemplificadoramente por, el programa del Frepu, o si se producirá por la vía del socialismo revolucionario. A todo lo largo del documento del Mas está completamente ausente, por esto mismo, la lucha de ideas. No hay una sola caracterización de las fuerzas políticas actuantes en el país— desde el imperialismo hasta el arco opuesto de la izquierda. No se caracterizan a las diferentes fuerzas de la burguesía, ni por lo tanto las características del nacionalismo burgués, que es la principal fuerza política de la actualidad, ni hay una delimitación notifica respecto a ellas. El apoyo político a la democracia pone en el mismo campo a la Ucedé y al Mas; la moratoria tiene el mismo resultado, como el mismo Mas lo reconoce, con el campo de Sarney, Alan García y Cafiero. Se habla de la crisis del PC o del PI, pero se evita, escrupulosamente una delimitación programática de ellos. Se trata de un documento que deja abiertas todas las puertas y admite todas las combinaciones políticas encubriendo para ello a todas las fuerzas efectiva o potencialmente hostiles a la independencia de la clase obrera. Debido a estas características, el documento es un monumento a la confusión política. Esta es la función obligada del “objetivismo”.

La dirección de la CGT Regional de La Matanza, dirigida por Gdansky (UOM) y María Sánchez (Suteba), ha convocado a un plenario de delegados de base de todos los gremios de la regional para el próximo viernes. En el temario figura: a) situación del movimiento obrero; b) docentes; c) dificultades que crea la promoción industrial. Esta es la segunda vez que se convoca a dicho plenario. En diciembre de 1987 se convocó a uno similar para apoyar el plan de lucha lanzado por Ubaldini y la concentración que la CGT realizó en La Matanza. Hay que destacar que este plenario que reúne a la totalidad de los delegados de este distrito, se convoca ahora y no en mitad de la poderosa huelga de 37 días que desarrollaron los docentes. Tampoco frente al lanzamiento de las paritarias, Gdansky convocó al plenario de delegados regional. Se plegó silenciosamente a la política nacional de la burocracia, que ha permitido la entrega de las paritarias restringiéndolas al debate de las condiciones de trabajo y al reajuste trimestral del bajísimo salario actual. La “promoción industrial” ha promovido que, los capitalistas trasladen empresas al interior amparados por desgravaciones y subsidios estatales. Con esto crean desocupación y miseria en el Gran Buenos Aires, y aumentan los ritmos de trabajo y la explotación en sus nuevas radicaciones amparados en la falta de organización y tradición sindical. En La Matanza se ha levantado una sección (Forja) de Acindar, y se ha cerrado otra sección en Zenith. Se ha podido conquistar la disminución de personal en el último año en las fábricas de artículos electrodomésticos que tienen radicadas sus plantas en San Luis y La Rioja. La dirección de la UOM de La Matanza no ha encarado de frente la amenaza a las fuentes de trabajo. En realidad, apoya los proyectos de Socchi-Bordón que generalizan las prebendas para los capitalistas en todo el país. El marco político de este congreso es la aguda lucha entre Cafiero y Menem en La Matanza, un distrito clave por su peso numérico. Tanto Gdansky como Mary Sánchez se han alineado del lado cafierista. El cafierismo tendría mayoría entre la burocracia sindical regional y trataría de usarla contra el avance que registra en la zona el menemismo. El plenario de delegados regional no vendría entonces a buscar un cauce para la lucha del movimiento obrero zonal, uno de los más importantes del país, sino que sería parte de una estrategia política tendiente a blanquear a dirigentes como Mary Sánchez, responsable de la traición de la huelga docente y a aportar proselitismo político hacia el cafierismo (criticando las posturas menemistas referentes a la promoción industrial). Para el movimiento obrero y particularmente para su vanguardia, el plenario del viernes constituye una tribuna para, denunciar la inoperancia burocrática y marcar un camino de lucha por el cual el movimiento obrero pueda enfrentar la actual ofensiva de los capitalistas contra- sus condiciones de vida. En Asambleas de fábrica hay que dar mandato a los delegados para que lleven al plenario un programa de lucha: -1) Contra la traición burocrática en las paritarias. Reclamar que se convoque a Asambleas Generales en cada gremio para luchar por la recuperación salarial y en forma inmediata por un aumento de emergencia que lleve el salario mínimo a los ₳ 1.500 y la indexación mensual del salario. 2) Repudiar el levantamiento de la huelga docente y la tregua que la dirección de Suteba mantiene con el gobierno. Contra la regimentación burocrática, que un Confederal Nacional con delegados electos en Asambleas de distrito discutan cómo romper con la impasse en que la burocracia ha colocado esta combativa lucha. 3) Frente a la amenaza del levantamiento de fábricas y secciones en torno a la ley de promoción industrial hay que defender la fuente de trabajo. Ocupar toda empresa que amenace con cerrar, que despida o suspenda masivamente para impedir su vaciamiento. Colocarse tras los proyectos patronales de promoción industrial es un callejón sin salida para los trabajadores. Sólo su acción directa puede impedir el desmantelamiento de sus fuentes de trabajo. 4) Reclamar que la CGT convoque a un Congreso Nacional de Delegados electos en Asamblea de fábrica y con mandato de las mismas para tomar en sus manos las reivindicaciones perentorias de los trabajadores. Que el Congreso de Dele gados de la CGT de La Matanza se declare en sesión permanente, para que los de legados bajen a sus fábricas, tomen mandato de las Asambleas de las mismas y se reúnan para elaborar un plan de lucha contra el régimen de hambre y miseria, que incorpore las reivindicaciones perentorias de los trabajadores a los grandes problemas nacionales para resolverlos (no pago de la deuda externa, etc.). El PARTIDO OBRERO hace un llamado a los partidos de izquierda, a los delegados y activistas a constituir un Frente de Trabajadores para impulsar esta perspectiva.

El miércoles 11 se cumplió un mes de la extraordinaria y sacrificada huelga de los metalúrgicos de Río Grande. El paro se mantiene firme pese a las enormes presiones de la patronal y el gobierno. Todos los días, cientos de compañeros se reúnen en asambleas en las puertas de las fábricas, bajo una temperatura de 10 grados bajo cero, formando masivos piquetes de huelga contra cualquier intento de carnereaje. En estas asambleas-piquetes se deciden las medidas de acción y se distribuyen alimentos y víveres para los huelguistas. También funcionan ollas populares con aportes de la población. La patronal, por su lado, está lanzada a una feroz provocación. Se negó a otorgar los tres aumentos acordados nacionalmente con la UOM, sin que ésta hiciera nada de efectivo para impedirlo. Esto demuestra que la patronal aspira a quebrar la organización sindical en las fábricas. Rechaza la negociación con la dirección local del movimiento e incluso ha boicoteado una reunión de conciliación promovida por la gobernación peronista de la Isla. Los capitalistas, que sólo aceptan “dialogar” con Lorenzo Miguel en Buenos Aires, hicieron llegar su propuesta de conceder 2.500 australes a abril contra los 3.500 australes que corresponderían según los reajustes pactados en la paritaria metalúrgica. A un mes del conflicto es la primera vez que la patronal da a conocer una contraoferta. Entretanto, fueron echados 25 compañeros, 9 de los cuales son delegados de las principales metalúrgicas. Las patronales no quieren discutir los despidos ni tampoco están dispuestas a hablar del pago de los días caídos. Apuestan a que ja patota de Miguel haga el trabajo sucio de quebrar la heroica huelga. El gobierno fueguino aumenta día a día la escalada de intimidaciones contra los huelguistas. Más de 50 gendarmes fueron despachados desde Ushuaia para Río Grande. Algunas informaciones periodísticas agregan que otros contingentes de refuerzo fueron enviados desde Trelew. La lucha es muy popular en toda la Isla, pues las patronales metalúrgicas (que se llenan los bolsillos con las estafas de la promoción industrial) son odiadas por todos los explotados fueguinos. La solidaridad regional y nacional con la huelga es vital. Se están agotando los recursos de los compañeros que no cobraron nada y que necesitan un fondo de huelga más fuerte para resistir ser quebrados por hambre. Reclamemos que la UOM declare un paro activo nacional de apoyo. Después de todo es una lucha para que se respeten los acuerdos paritarios.

El peronista Reviglio ha inventado un modo de descontar los días de huelga, “made in Santa Fe”: congeló el básico provincial a los valores de febrero, de modo que los docentes de esa provincia siguen cobrando hoy ₳ 480. Pero además de esto, el gobierno provincial adeuda a los docentes todos los aumentos decretados oficialmente desde diciembre pasado — incluyendo parte del medio aguinaldo. Como consecuencia de esto, la Obra Social entró en colapso. En las asambleas departamentales, el activismo docente ha discutido medidas de lucha para exigir el pago de las deudas del gobierno provincial. Sin embargo, los delegados celestes, que son “reviglistas”, se opusieron... para “no provincializar el conflicto”. Es lo mismo que dice Reviglio para no pagar lo adeudado... Cuando se trata de hambrear, la “unidad nacional” es completa. Los delegados combativos respondieron a los garcettistas que el camino para sostener la lucha nacional pasa por la convocatoria a un Confederal y no por el hundimiento de los sindicatos provinciales.' Así quedaron planteadas las dos mociones que debían ser sometidas al voto en las escuelas: una, de los celestes, proponiendo no hacer nada, esperar. Otra, de la lista antiburocrática, planteando el Confederal y un plan de lucha provincial por el pago de las deudas acumuladas. Esta última moción acaba de triunfar en Rosario por 2.800 votos contra 1.800 de la de los agentes de la JE de CTERA. La instancia final de este debate es la asamblea provincial que se realizará en esta semana.

Graciela Campos es activista docente de la Escuela 41 de Morón y candidata a congresal por la Lista Rosa-Naranja, “Por una nueva dirección”, para las elecciones al Congreso Provincial del SUTEBA. Enfrenta al oficialismo Celeste y a otras listas —orientadas por el PC y el PTP— que se negaron a un frente único contra la burocracia en función de preservar una política de alianza con el marysanchismo. Estas son sus palabras. P.O.: ¿Qué representan estas elecciones a congresales del SUTEBA? G.C.: Estas elecciones se realizan en un marco de confusión, fruto de un balance aún no acabado de la traición a la huelga. La dirección Celeste especula con la posibilidad de que un triunfo aplastante en estas; elecciones le permita convalidar todo- lo actuado por la actual conducción. Y a la vez le permita avanzar en la regimentación del gremio. -P.O.: ¿Cómo se verifica esto en Morón? G. C.: Se reúnen todas las condiciones de proscripción y fraude, ya que la mayoría de los afiliados carecen de antigüedad de 6 meses y a pesar de haber sido los protagonistas de esta huelga no podrán ser elegidos. En estas condiciones se encuentran la mayoría de los delegados de escuelas. No se respetaron los plazos establecidos de presentación de padrones por el propio estatuto de SUTEBA. Se desconoce la modalidad de las elecciones a dos días del comicio, y se cuenta con sólo 3 días para la campaña electoral. La Junta Electoral (toda Celeste) aún no ha resuelto el régimen de proporcionalidad para acceso a la minoría (¿Después del resultado se pondrán de acuerdo?) P.O.: ¿Cómo interviene T.D. en estas elecciones? G.C.: Tribuna Docente fue la única corriente que presentó una propuesta al resto de las agrupaciones opositoras de construir un frente por una nueva dirección en el Sindicato. La intención es estructurar una corriente de lucha dentro del gremio que exprese los intereses de los Docentes que fueron los verdaderos protagonistas de la Huelga. P.O.: ¿Cuál fue la respuesta de estas agrupaciones? G.C.: La COD (PTP) tal cual lo dice en su balance, sé considera en el mismo campo de la Celeste y llama a derrotará los divisionistas que critican a la Junta Ejecutiva. Bajo otros argumentos la presentación solitaria de la violeta (PC) la ubica en el mismo terreno. Con los compañeros de Alternativa Docente (MAS), a pesar de mantener divergencias de planteamientos y perspectiva, se ha coincidido en presentar un frente de Oposición que lucha en la perspectiva de una nueva dirección en el Sindicato. Algunos puntos del programa de nuestra lista Rosa-Naranja son: retomar el reclamo original de ₳ 770 a febrero actualizado, Nomenclador único, Confederal con mandato de asambleas, Asambleas Soberanas. P.O.: ¿Cómo ves el trabajo de T.D. a partir de esta brevísima campaña? G.C.: Utilizando esta campaña para extender nuestro trabajo a través de boletines y reuniones. Se abre un camino de organización en nuestro gremio por una nueva dirección, como condición indispensable para llevar nuestra lucha al triunfo.

Luego de que se anunciara en Córdoba un básico de ₳ 901 para mayo, la directiva Celeste del sindicato docente —UEPC— abrió negociaciones con Angeloz para que se reviera el descuento de los días de huelga, uno de los temas considerados, sin embargo, excluyentes de la paritaria nacional. Esta “provincialización” dividió a la propia directiva garcettista de Córdoba. Uno de sus miembros declaró que el aumento de Angeloz “no es aumento, sino una estrategia de ruptura del frente gremial” (Clarín, 9/5), es decir que plantea que en Córdoba no se aumentan los salarios. Lo que este dirigente no dice es que la dirección garcettista, al violar el reclamo salarial nacional, pasándolo de 770 en febrero a ₳ 640 en abril, colocó de hecho a los maestros de Córdoba, de Capital y de Rio Negro, que ya tenían salarios superiores, fuera de la huelga nacional. Pero estos distritos, sin embargo, sólo quedaron fuera de la huelga, junto a todos los docentes, cuando Garcetti la traicionó, y no por la causa de sus mayores salarios provinciales. En definitiva, los ₳ 901 que hoy ofrece Angeloz no alcanzan a los ₳ 770 de febrero que reclamó la CTERA en marzo. Este reclamo actualizado debía ser la base natural de la unidad nacional del gremio. Pero encima de todo esto, los directivos celestes acaban de aceptar el no pago de los días de huelga a cambio de su descuento en cuotas: los “nacionales y populares” de Garcetti han apuñalado por segunda vez a los docentes.

El Ministerio de Trabajo, con el completo acuerdo de los dirigentes de CTERA, amplió el plazo de la conciliación obligatoria. Este es otro golpe más de la burocracia de Garcetti contra los docentes, pues significa apoyar las dilaciones oficiales y acentuar la desmovilización sindical. Entretanto, la discusión en el Parlamento sobre los nuevos impuestos para financiar las crisis provinciales y el aumento docente está varada, lo que significa que no hay acuerdo siquiera para financiar la oferta miserable de 640, 700 y 760 australes, para abril, mayo y junio, respectivamente. En síntesis, la negociación está empantanada en el punto mismo en que se encontraba cuando se levantó la huelga, sin que hubiera servido para superarla el total desconocimiento de los reclamos salariales originales, que ha efectuado la burocracia de CTERA. Además de liquidar el pliego de reclamos, la Junta Ejecutiva de CTERA ha abandonado también el objetivo "irrenunciable” del nomenclador único. Es así que “coincidieron con los funcionarios en la necesidad de acordar un ‘piso’ salarial único y desechar el intento de lograr un ‘tope’ unificado para todas las jurisdicciones por inviable” (La Nación, 10/5). Pero la propuesta del “piso único” en reemplazo del “nomenclador nacional” nació de la propia JE de CTERA, es decir que se trata de una capitulación sin lucha. Los ₳ 770 para febrero que reclamó la CTERA, equivalen en mayo a ₳ 1.100 y a ₳ 1.300 en junio. La JE estaría dispuesta a aceptar una propuesta que muere en A 760 a junio. Al ritmo de la inflación actual (18% mensual) esto es inferior a un básico de ₳ 500 al primero de marzo; es decir, la "oferta” gubernamental que la docencia rechazó por unanimidad el 14 de marzo. Esta demolición del reclamo docente es el resultado de las “plenas facultades” que el "congreso” de CTERA le dio a la Junta Ejecutiva. La aceptación de la actual propuesta del gobierno sería nada menos que una burla: luego de una huelga imponente de 37 días los docentes obtendrían en materia salarial lo que de cualquier modo habrían percibido por los reajustes “naturales” de gobierno y gobernadores ante la inflación. El “gobierno del pueblo” de la provincia de Buenos Aires está pagando ₳ 620 en abril y ofrece ₳ 640. ¿En qué difiere esto de los “200 no bonificables” que propuso en marzo? En este cuadro, el nuevo gran protagonista en la lucha de los docentes es el desbarranque inflacionario. El 17 y pico de abril y el 18% en mayo demuelen minuto a minuto estos acuerdos de miseria, que no cubren el porcentaje de carestía. Como consecuencia de estos acuerdos, con el paso de cada mes los docentes ganarán menos. Esta estampida inflacionaria reabre naturalmente el debate sobre qué hacer. ¿Cómo intervenir? Para reconstruir el nivel salarial y las posiciones sindicales de la docencia es necesario reconstruir la plataforma de reivindicaciones pisoteada: actualización del reclamo de los ₳ 770 y ajuste mensual según la inflación, pago de los días caídos, nomenclador único. Para esto es necesario reconstruir las asambleas generales en cada distrito. Pero esto exige que los docentes vean una perspectiva: que vean que sus resoluciones no van a ser ignoradas, es decir, es necesario un Confederal de delegados mandatarios en asamblea. Este programa lo plantean las listas antiburocráticas surgidas en Suteba y Amsafe, y todo el activismo que ha nacido con la huelga y que se niega a aceptar la vuelta a la miseria y a la regimentación sindical.

La candidatura de Menem agita cada vez más las aguas del justicialismo. Según-encuestas encargadas por el propio Menem, la popularidad del candidato riojano estaría en ascenso, en forma casi paralela a la caída de las acciones de su rival, Antonio Cafiero. En el equipo cafierista está cundiendo la confusión y algunos dicen que hasta el pánico. ¿Muchos trabajadores que ven con repugnancia el acuerdo entre Alfonsín y Cafiero, se inclinarían por la candidatura de Menem? Quiénes apoyan a Menem Menem ha recibido el apoyo entusiasta de Saadi, Herminio Iglesias, sectores de las “62”, del Comando de Organización, de Guardia de Hierro, de los Montoneros y de figurones de la primera hora de la “renovación”. Se trata de una alianza de viejos burócratas, enemigos de los trabajadores, grupos fascistizantes, fanáticos antisemitas y ex-izquierdistas, que hoy son partidarios de la amnistía y de la “reconciliación” con los militares de la dictadura. Un bloque de esta naturaleza no puede abrir ninguna perspectiva de emancipación nacional; mucho menos una perspectiva a los trabajadores. Un bloque de esta naturaleza es una confusa muestra de rechazo al régimen democratizante encarnado por la entente. Alfonsín-Cafiero, pero de de ningún modo constituye una salida. Es evidente para cualquiera que el régimen democratizante le ha asegurado al capital plena libertad para luchar por sus intereses y por sobre todo para forzar al Estado a reducir los salarios de los trabajadores. Qué trabajador, qué desocupado, qué villero, puede decir que él haya podido imponer sus opiniones o su voluntad al Estado. Pero Menem, y la coalición que se ha formado detrás de él, no ha luchado en estos años por la libertad de acción de los trabajadores sino por la libertad para saquear, del imperialismo, de los patrones y de Alfonsín. Pruebas al mango: ¿qué hizo Menem en estos cuatro años? Alfonsinista de primera hora ¿Es tan floja la memoria, que no se recuerda que Menem fue el más alfonsinista de los peronistas, y que realizó un trabajo de pionero en este campo? Durante todo 1984 Menem planteó, al igual que Firmenich, la unión del alfonsinismo y del peronismo para formar el “tercer movimiento histórico” impulsado por la “sinagoga radical”. Durante más de dos años, “los mariscales de la derrota” de “las 62” (¡como los llamaba Menem!) y del isabelismo acusaron al riojano de ser un agente radical. “Está más cerca del radicalismo que del peronismo”, declaró Lorenzo Miguel a Tiempo Argentino el 24/4/84. En mayo de 1984 Alfonsín fue a La Rioja y desde los balcones de la casa de gobierno se juntó a Menem para declarar juntos que “nos une la misma bandera y el mismo himno”. “Estoy absolutamente convencido —dijo Menem— de que el acercamiento entre radicales y justicialistas llegará a buen fin” (Clarín, 21 /5/84). Menem fue el peronista que más firmemente apoyó la política alfonsinista. Apoyó el plan austral; apoyó la designación de los justicialistas Lavagna y Frenkel en el gabinete económico; llamó a votar por el sí en la consulta del Beagle; respaldó la declaración de Estado de Sitio en octubre de 1985; apoyó y aún apoya el proyecto radical de reforma de la Constitución y hasta apoya el traslado de la Capital. Todavía en junio de 1986, el riojano sostenía: “Ya he dicho yo que el Plan Austral ha parado en parte la inflación, no del todo, pero yo entendía que era un plan global que iba a favorecer el crecimiento” (La Razón, 28/6/86). Menem apoyó también el pago puntual de la deuda externa y toda la política de compromisos con el imperialismo mundial. “El prestigio de la Argentina en el extranjero es excepcional”, repetía Menem (Clarín, 10/12/85). Hasta 1986 el alfonsinismo de Menem era tal que los propios alfonsinistas especularon con que Menem podía ser el sucesor peronista más conveniente para Alfonsín. “La democratización argentina, pues —decía Pablo Giussani, un acérrimo alfonsinista—marchaba aparentemente sobre ruedas y reforzaba esta imposición el hecho de que fuera Menem —el ejemplar más genuino de la renovación peronista —la primera figura que se lanzara a disputar no sólo la popularidad sino también la sucesión de Alfonsín” (Tiempo Argentino, 12/6/86). Cinco años de cogobierno Menem fue el primero que planteó el cogobierno radícal-justicialista. La “gobernabilidad” que ahora plantea Cafiero, no es más que un plato recalentado. El riojano reclamó, cuando subió Alfonsín, la “unidad nacional”. Alfonsín y Armendáriz pagaron el colaboracionismo de Menem entregando al gobierno riojano un mayor porcentaje de la coparticipación de los impuestos nacionales. Los besos y abrazos de Menem y Armendáriz fueron moneda corriente durante 1984. El otro premio de Alfonsín a Menem fue el manejo discrecional de la promoción industrial que se autorizó para las provincias peronistas. Esto le permitió a Menem “tejer” una sólida alianza de “comisiones” con los grupos capitalistas que aprovechaban los subsidios y prebendas de la “promoción industrial”. Entre los “comisionistas” figuran Acindar, Alpargatas y otros del mismo tipo. Hundimiento del alfonsinismo: ¿Viraje de Menem? ¿Menem rompió con el alfonsinismo? ¿Los “maríscales de la derrota” y los que lo declararon “persona no grata" en 1985 y hasta pidieron su expulsión del movimiento nacional justicialista por votar por él, si en la consulta del Beagle, pasaron a ser los “compañeros peronistas” embarcados en un proyecto de “renovación”? Lo dudamos. Ahí está para desmentirlo el peronio-alfonsinista Sapag. que luego de pronunciarse por Angeloz acaba de decir que apoyaría a Menem si es elegido candidato por el PJ. Una parte del alfonsinista “grupo de los 15” de la burocracia sindical, se ha declarado por Menem. El imperialismo, que apoya a Alfonsín. no vería mal una división peronista para imponer un acuerdo en el en el colegio electoral. Pero en todo caso, la trayectoria de Menem ilustra a una corriente que carece de perspectivas propias y cuyo único objetivo es explotar en beneficio propio y de los intereses capitalistas que lo sostienen las aspiraciones de las grandes masas. Menem sigue diciendo hoy “Que hay que pagar (la deuda externa) lo que se pueda” (La Prensa, 18/4/88). que es exactamente lo que ha venido haciendo el alfonsinismo. Menem propone “moralizar el gasto público”, esto cuando la gobernación de La Rioja está hundida por los fabulosos negociados y la exención y reembolso de impuestos a los capitalistas. El oportunismo político de Menem. la heterogeneidad de las fuerzas que lo sostienen, la presencia en ellas de los viejos enemigos de los trabajadores y las propuestas inviables que postula, caracterizan al proyecto. Los trabajadores deben dar la espalda al impostor, como lo están haciendo con Cafiero y Alfonsín.

Se está desarrollando en el gremio un conflicto muy particular. A diferencia de todas las últimas luchas ferroviarias que fueron hostigadas y saboteadas por la burocracia de la UF, este conflicto tiene a los dirigentes “a la cabeza”. Estos han desconocido incluso (¡oh!) la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Para entender esto es necesario aclarar algunas cosas. El tema de las Obras Sociales es un tema muy sentido por el gremio. Los descuentos que se efectúan a los ferroviarios son los más altos del país. Sin embargo, la Obra Social es mala, al extremo de que ya las farmacias no aceptan las recetas debido a que han cesado los aportes del Instituto del Personal Ferroviario. Por este motivo algunas seccionales tuvieron que encarar luchas importantes, ante la parálisis de estos mismos dirigentes, que nunca hicieron nada para mejorar la salud de los ferroviarios. Hace dos años, la seccional Campana del Ferrocarril Mitre, y hace unos meses la seccional Maipú del ferrocarril Roca, llevaron adelante una importantísima lucha por su Obra Social que, por supuesto, como todo conflicto ferroviario en serio, fue boicoteado por la dirección de la UF. Pedraza ¿Revolucionario? La obra social no está administrada por el gremio; depende del Instituto Nacional de Obras Sociales, que recibe los aportes de los gremios estatales y deriva las partidas que correspondan al Instituto del Personal Ferroviario, pero que está siempre por debajo del aporte de los gremios, porque son usados para otros fines. El Instituto está intervenido. Existe una lucha por parte de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad para controlar la partida de dinero de la atención de 176.000 ferroviarios entre activos y jubilados, y por lo tanto de los fabulosos negocios que se derivan de las prestaciones externas que se realizan por medio de las clínicas privadas, esto por los déficits técnicos del funcionamiento del Policlínico Ferroviario. Esta lucha por la manija, y no la atención de las Obras Sociales de los ferroviarios, ha llevado a estas direcciones a ponerse “duras” y a desconocer incluso la conciliación obligatoria. La burocracia cree que ha llegado la hora de que ese presupuesto sea administrado por ellos. Desde ya que la base del gremio tiene profunda desconfianza sobre el resultado de esta lucha, por eso ha acatado parcialmente el paro del viernes de la UF. En la seccional Boulogne los trenes funcionaron normalmente el día viernes último por resolución de asamblea. La posición de los compañeros de Boulogne expresa la profunda desconfianza en estos dirigentes, que han enterrado tantas luchas y que han desconocido siempre las decisiones de las Seccionales, y que han señalado a activistas para que fueran despedidos. Para estas direcciones la lucha termina con la entrega del Instituto, pero para la base lo que importa es poner en pie una verdadera obra social. Esto significa que deben llegar las partidas de dinero a los consultorios externos de cada seccional y a la Farmacia de cada jurisdicción de cada seccional, y que la Obra Social debe ser colocada bajo un control obrero ejercido por delegados elegidos en Asamblea.

La participación directa de las grandes patronales en la represión que ensangrentó a nuestro pueblo bajo la dictadura militar volvió a tomar estado público a raíz de una serie de fallos judiciales. Los jueces comprobaron la participación de la Ford en el secuestro del delegado Juan Carlos Conti (junto con otros tres delegados) dentro de la planta de Pacheco por un grupo de tareas perteneciente al Ejército. Inmediatamente fue trasladado a un sitio denominado “El Quincho”, ubicado dentro del campo deportivo de la empresa, donde permaneció maniatado con alambres y encapuchado varias horas antes de ser llevado al campo de concentración conocido como “Vesubio”. Juan Carlos Conti fue uno de los 26 delegados de la Ford secuestrados entre el 24 de marzo y el 13 de abril de 1976, y uno de los pocos que luego fue liberado. Otro fallo judicial certifica la responsabilidad de las autoridades del INTI en el secuestro de Alfredo Giorgi. Estas conocían con diez días de anticipación que Giorgi sería secuestrado en su lugar de trabajo y el entonces presidente del INTI, capitán de navio José Rodríguez, prohibió expresamente a los testigos del secuestro realizar la denuncia ante la Policía Federal. Horacio Verbitsky denunció, también hace pocos días, que “los militares utilizaban los trailers del Ingenio Ledesma para trasladar a los campos de la muerte a los trabajadores secuestrados, según listas confeccionadas por la propia empresa” (Página Doce, 28/4). Estos casos se repitieron por millares en todo el país, no en vano la inmensa mayoría de los desaparecidos son trabajadores, activistas y delegados sindicales. Lo notable de los fallos judiciales es la conducta de la Corte Suprema de Justicia, quien luego de comprobar fehacientemente la responsabilidad de las patronales en los secuestros, las torturas y los asesinatos, en lugar de juzgar a la Ford y demás capitalistas por estos crímenes, termina imponiéndoles... el pago a Conti y a los deudos de Giorgi de una indemnización por despido.

El 1° de mayo Alfonsín anunció un conjunto de medidas en materia jubilatoria, o más precisamente contra los jubilados y los trabajadores. La primera de ellas proyecta aumentar del 12 al 13 % el descuento jubilatorio a todos los trabajadores activos, disminuyendo en un punto el aporte a las Cajas y aumentando en dos puntos el aporte al PAMI. Pero también se aumentará del 1 al 3 % el descuento sobre las jubilaciones, para destinarlas al PAMI. En el caso de los autónomos este descuento saltará del 3 al 6 %. El llamado aporte patronal, en cambio, se mantiene en el 12,5 %. Todos estos aumentos significan que los trabajadores y los jubilados serán saqueados en otros 250 millones de dólares al año. Los patrones, entre tanto, seguirán evadiendo 1.000 millones de dólares por año, pues no depositan en las Cajas los descuentos que le hacen a los trabajadores. El otro anuncio es la derogación de la “emergencia previsional” que, durante su vigencia, permitió al gobierno reducir de: “25.000 millones de dólares a una cifra cercana a los 3.000 millones”, la deuda acumulada por el Estado con los jubilados desde 1982, por Incumplimiento del 82 % móvil (Clarín, 28/2/88). “Estamos oprimidos, exprimidos y deprimidos” fue la rápida y justificada respuesta de una pensionada consultada por el diario La Nación acerca del nuevo paquete previsional del gobierno.

“En ningún caso anterior el gobierno estadounidense procedió con la rapidez que caracterizó la extradición de Suarez Masón” (Clarín 10/5). La agilidad de la justicia norteamericana se debió a “George Shultz, artífice de la política exterior de Reagan”, quien movió los hilos primero, para detenerlo y, luego, para mandarlo a Argentina. Sin esta colaboración del gobierno norteamericano, la “democracia” argentina no podría exhibir el trofeo de Suarez Masón. Recordemos que casi exactamente lo mismo ocurrió con López Rega. La extradición está circunscripta a dos causas: falsificación del pasaporte y 39 homicidios calificados. Pero es sabido que el 1 er. Cuerpo de Ejército es responsable del secuestro y asesinato de miles de compañeros. El juicio contra Suarez Masón no tendrá por otra parte, ninguna consecuencia. Sus cómplices torturadores y asesinos ya están desprocesados por la ley del Punto Final y la de Obediencia Debida. El propio Suarez Masón pueda quizás “beneficiarse” por esas leyes, como acaban de ser “beneficiados” Acdel Vilas, Guglielminetti, Camps y Etchecolatz. “Suárez Masón fue jefe de la zona I. Según esta ley (Obediencia Debida), él y los subjefes de zona no pueden acogerse a su beneficio. Sin embargo, la Procuración General de la Nación se ha pronunciado de tal manera que los subjefes quedarían eximidos también de responsabilidad. Pero la cuestión debe ser aún resuelta por la Corte, que la tiene en su poder desde hace cuatro meses” (Clarín 1115). El Departamento de Estado entregó a este torturador en premio por la “acertada política exterior Argentina”, al menos así calificó George Shultz a la gestión de Caputo (La Nación 1115). No sólo la política exterior. También el pago riguroso de la deuda externa, el sometimiento en todos los órdenes al FMI y la aceptación de la “mediación” yanqui con Gran Bretaña merecen el activo apoyo de la diplomacia yanqui a la política alfonsinista. El Pentágono acaba de anunciar la concesión de créditos para el reequipamiento militar como una contribución “a la estabilidad de la democracia argentina”. (Clarín, 10/5). El reequipamiento servirá para realinear al Ejército con el Pentágono y le permitirá intervenir a este más activamente en la crisis interna dentro de las FFAA. La extradición de Suarez Masón no es un mero caso judicial. Forma parte de un operativo político del Departamento de Estado y del Pentágono para rescatar de su derrumbe al régimen proimperialista de radicales y justicialistas

El Congreso Nacional se ha convertido en el gran escenario del saqueo nacional. Desde hace un mes y medio, radicales y justicialistas discuten qué tipo de impuesto crear para que el pueblo financie a las provincias y a los docentes. Los radicales proponen gravar los cigarrillos; los justicialistas los intereses de los plazos fijos. Los radicales dicen que hay que castigar el vicio, pero no al saqueo del país por los monopolios; los justicialistas dicen que hay que atacar a la “patria financiera”, pero se la toman con los pequeños ahorristas, porque los grandes operan en negro o en títulos, pero no en depósitos legales. Los justicialistas dicen que boicotearán la sesión si los radicales presentan su proyecto; lo mismo harán los radicales si los peronistas presentan el suyo. Esto quiere decir que, salomónicamente, los dos serán convertidos en ley. Todos los días, el gobierno nacional por un decreto o por la simple resolución de un funcionario descarga una andanada de impuestos sobre la población trabajadora Mientras el Parlamento finge que es una caja de resonancia dé los problemas nacionales, los empleados provinciales llevan dos meses sin cobrar. Las tarifas públicas se ajustan dos veces por mes sin contar con la venia parlamentaria, ni la del pueblo, pero sí con la de Cafiero o Menem. Los precios de todos los productos han sido liberados también por decreto. Mientras los diarios proclaman que esta liberación no provocó ninguna estampida de precios, las amas de casa y los consumidores comprueban muy bien la infernal remarcación de precios y la inflación, de más del 20% mensual. El gobierno no puso cara de lástima cuando envió al Parlamento, la semana pasada, un proyecto de reforma provisional que aumenta el descuento jubilatorio tanto de los trabajadores activos como de los jubilados, y que le permitirá confiscar a la población trabajadora otros 250 millones de dólares anuales. Esto lo van a votar a pie juntillas cafieristas y menemistas, porque responde a la política del “pacto de gobernabilidad”. También por decreto, el gobierno fijó un nuevo plan petrolero que entrega áreas exploradas y explotadas de YPF a los pulpos saqueadores. El Ministro de Obras Públicas de Cañero, Alieto Guadagni, lo aplaudió con lágrimas en los ojos. Por decreto, el gobierno le paga a los exportadores 400 millones de dólares cada año en concepto de subsidios y “otros beneficios”. En el Parlamento no se mosquean, porque están de acuerdo. El banquero del Citibank John Reed, acaba de exigir que se amplíe el monto de la deuda externa que se pueda convertir en australes en concepto de capitalización de la deuda. Alfonsín y Cafiero habrían dicho que no, pero sí. El mismo banquero del Citibank planteó la devaluación y la unificación del tipo de cambio para que exista un mayor saldo comercial que se pueda destinar al pago de los intereses de la deuda. El gobierno volvió a decir que no, pero sí. La marcha del país no se decide en el Parlamento ni en la Rosada sino con el FMI y el Citibank. Pero cuenta con la complicidad del Parlamento pluralista, de la Rosada y de La Plata. Cafiero y Menem fueron claros. “Pagar lo que se puede; nada de moratoria”, dice el riojano, repitiendo casi al milímetro el mensaje alfonsinista. “Moratoria pero concertada” con los bancos, dice Cafiero. Ni uno ni otro son una alternativa real, sino variantes de una misma política de sometimiento al imperialismo. ¿Y qué hace la CGT? Ubaldini acaba de anunciar que la CGT se reunirá con la UIA “en busca de consenso para un plan económico alternativo” (Clarín, 11/5). Para los burócratas, los trabajadores son convidados de piedra; en cambio los patrones de la UIA, los sostenedores y aprovechadores de todo este andamiaje de miseria y explotación, son sus amigos de lujo. El PARTIDO OBRERO plantea: son los trabajadores los que deben decidir. Asambleas en todos los lugares de trabajo para discutir cómo hacer frente mediante una lucha a muerte, a esta guerra contra los trabajadores y la nación.