Prensa Obrera N° 223

La burocracia sindical de Foetra se encuentra en un acelerado proceso de descomposición. La lista Marrón, de Julio Guillán, se ha escindido en cuatro fracciones: el oficialismo; la agrupación renovadora “Eva Perón” ligada a los “25”; la “18 de Marzo”, ex Intransigencia y Movilización Peronista; y una cuarta fracción aún sin nombre. Desde 1983, la Marrón unida coincidía con la llamada política de "privatización periférica", que consistía en entregar al “sector privado” un conjunto de operaciones que había estado tradicionalmente en manos de ENTel. Pero a partir del momento en que Guillán llevó este “privatismo” más lejos, abrazando la causa de la entrega de Entel al Citibank, a través de la Telefónica Española, la Marrón estalló en varias direcciones. El hecho constituye un poderoso síntoma de la realidad por la que atraviesa el movimiento sindical en su conjunto, toda vez que durante 20 años la Marrón fue el canal casi exclusivo del activismo telefónico (con la inclusión de toda la izquierda democratizante). ¿Es viable el “guillanismo sin Guillán? La “privatización” y el alineamiento de Guillán con el Citibank han abierto un profundo debate en el seno del activismo. El conjunto de las tendencias políticas y sindicales que rompieron con el Frente Gremial de Guillán reivindican en común el monopolio estatal de ENTel. Este arco llega hasta la izquierda democratizante, la que hace un año por boca del Frepu defendía la política estatizante de Perón (“en 1945 Perón nacionalizó los teléfonos, en 1987 Alfonsín los privatiza”, procuraba contrastar su volante del Día del Telefónico, 18/3/87). La consigna que unifica ahora a todo el bloque que antes siguió a Guillán es “por una ENTel monopólica, estatal y eficiente”. ¿Pero qué significa, exactamente, sin demagogia, la “defensa de la empresa estatal”? Ha sido, precisamente, bajo el “monopolio estatal” que los pulpos privados han amasado verdaderas fortunas, con contratos leoninos, verdaderos ejemplos de expoliación semicolonial. Los ejemplos de los contratos suscriptos en los últimos 25 años con empresas privadas, incluso imperialistas, o más recientemente el Plan Megatel que ha dejado a ENTel con un déficit de 300 millones de dólares (que han ido a parar a los bolsillos de los contratistas), son concluyentes. Es que las empresas estatales no existen en el vacío sino en un medio social dominado por el capitalismo. A partir de esto son un tejido más del proceso capitalista, cuyas leyes las condicionan y a fas cuales deben sucumbir. Están obligadas a llevar el nivel de explotación de sus trabajadores al promedio capitalista y están obligadas a entrar en todo tipo de asociación con los capitalistas privados, llámense bancos o proveedores. Bajo la dictadura, ENTel no pudo escapar a la “deuda externa”, y bajo la "democracia” no puede escapar a la obligación de pagarla. En este medio social, la burocracia constituida por los funcionarios de las empresas estatales " y por los políticos de los partidos oficiales, se transforman en un vehículo de presión y de negociados en favor del capital privado y en perjuicio de consumidores y contribuyentes. Bajo la cobertura de la empresa estatal, transcurre cotidianamente un proceso de expropiación económica de los usuarios y de los trabajadores en beneficio del capital. Dentro de estos insalvables límites capitalistas, la nacionalización de los servicios públicos puede jugar un papel progresivo muy circunscripto si se hace a expensas de la dominación imperialista y si promueve una amplia lucha de masas contra el imperialismo. Esto no es en modo alguno lo que ocurre en la actualidad. ENTel se ha convertido en una dependencia de servicios de sus proveedores nacionales y extranjeros; en un canal que hace posible el pago de la deuda externa por medio de tarifazos; en un factor activo de la miseria salarial. ¡Aplicar el concepto de nacionalización en un sentido progresivo significaría hoy expropiar a toda la industria de material telefónico y colocarla bajo la dirección única de ENTel, y significaría dejar de pagar la deuda externa! El mantenimiento de ENTel bajo el sistema actual significa simplemente una estatización de las pérdidas de ENTel en beneficio de los pulpos proveedores y de los acreedores internacionales. Este es el único significado de la consigna de las agrupaciones opositoras que oponen a la entrega de Guillán la defensa del statu-quo. Esto es inviable. El gran capital reclama la “privatización”, no porque sea la más “racional”, sino porque el esquema actual está agotado como medio de confiscación de los usuarios, del Tesoro nacional y del “patrimonio público”. Pero, así como la “estatización” ha funcionado como un canal del negocio privado, la “privatización” que ahora se pretende no excluye (¡qué vá!) la presencia ¡incluso mayoritaria! del Estado, como gran avalista de lo que hagan los pulpos. La "estatización” y la “privatización” no son antagónicas bajo el capitalismo, sino dos formas de este modo social de explotación y acumulación. Entre los capitalistas de cualquier signo, que exigen privatizar, y la expropiación de los pulpos y el no pago de la deuda externa, del otro lado, no hay vía intermedia. Esto es todavía más evidente cuando se tiene en cuenta que las agrupaciones opositoras incurren en la enorme contradicción de apoyar a Cafiero, que defiende la "privatización" al igual que Guillán. El propio Menem no ha hecho otra cosa en La Rioja que reventar los Ingresos del sector público en beneficio de falsas industrias promocionadas. Es necesaria una estrategia Las limitaciones y las contradicciones de esta oposición nacionalista, se ponen al rojo vivo cuando ésta se niega a plantear la expulsión de Guillán, quien ha dejado de representar al gremio y a los intereses nacionales para defender los intereses del Citibank. La seccional Córdoba ya ha pedido la renuncia de Guillán, que desde hace unos meses viene perdiendo todas las asambleas de la seccional Buenos Aires. Quiere decir que la oposición pretende entonces emprender una lucha victoriosa contra los pulpos bajo la dirección del agente del Citibank. Es indudable, así, que su programa de defensa de ENTel en los términos capitalistas y proimperialistas actuales, responde a la ilusión de recuperar a Guillán para el así llamado “movimiento nacional”, y en todo caso porque carecen de una estrategia consecuente. La política de la oposición nacionalista ha fracasado en toda América Latina. Los bancos nacionales y los ferrocarriles uruguayos, las minas bolivianas. y peruanas, parte de las empresas estatales en México —todo esto fue desmantelado o pasó a manos del Citibank o de sus colegas. En todos lados los nacionalistas han capitulado. La estrategia de la victoria es otra y pasa por algo tan elemental como la verdad. Que se diga la verdad al pueblo argentino. Que se abran los libros de ENTel y se controlen todas sus operaciones por un comité de control obrero, electo y revocable en asamblea, para establecer las responsabilidades en el saqueo de ENTel. Que se den a publicidad todos los - contratos con el capital privado, incluidos por supuesto los firmados con la Telefónica, y todas sus cláusulas secretas. Que no se pague la deuda externa. Que se proceda a la nacionalización integral de la industria, expropiando a los grandes capitales que ya han sacado del país varías veces más de lo que han invertido. Acabemos con la-burocracia estatal corrompida estableciendo el control obrero democrático. Para ir a la victoria, fuera los entreguistas del gremio, que ya no cuentan con el apoyo de la masa de Foetra. Es decir, fuera Guillán. Sobre esta base, elaboremos un plan de lucha en asamblea para terminar con la miseria salarial. ¡"La Telefónica Española debería comenzar por la propia España"! “Me parece muy bien que Telefónica Española venga a arreglar los teléfonos a la Argentina, pero debería comenzar por la propia España. En el centro de Madrid ya no sólo es difícil conseguir teléfono, sino tan siquiera tono. En España, la situación de las comunicaciones es aún problemática” (Ámbito Financiero, 21/4). El autor de estas declaraciones es José Luis Cebrián, director del diario madrileño “El País”, obviamente una persona que conoce de cerca el tema del cual opina. De manera que la empresa que vendría a “salvar” al usuario argentino es incapaz de prestar un servicio satisfactorio en España. De un golpe, Cebrián ha destruido la tesis de Terragno, según la cual el acuerdo con la Telefónica Española tendría por objeto “modernizar y mejorar los servicios de ENTel”. Con el ingreso de la Telefónica. ENTel no mejorará sus servicios. No sólo por el atraso tecnológico de los “españoles” (“estamos cinco años atrasados en materia de plena modernización de equipos”, declara Cebrián), sino además porque las inversiones previstas por el acuerdo son irrisorias para modernizar las redes de ENTel. En efecto, la Telefónica aportará (¡en cuotas!) 750 millones de dólares, de los cuales un tercio será aportado por el propio Estado, quien comprará a la Telefónica por su valor original los títulos desvalorizados de la deuda externa- capitalización. Con esto la Telefónica tendría derecho al 40% de las acciones y a la conducción de la nueva empresa, además de una tasa de beneficios garantizada por el Estado (que podrá enviar libremente al exterior). No habrá mejoras en el servicio telefónico, pero sí un brutal incremento de las tarifas, desde el momento en que el convenio establece que la nueva empresa dispondrá de tarifas libres.

La Fuerza Aérea se acaba de dividir, no por la “obediencia debida”, sino a causa de la privatización de la fábrica militar de aviones (área material Córdoba). El Jefe del Estado Mayor, brigadier Crespo, ha promovido el desplazamiento de una parte de la cúpula aeronáutica para neutralizar la oposición dentro del alto mando al traspaso de la" planta al consorcio ítalo-brasileño Embraer-Aeritalia que, de esta manera, dividiría el trabajo con su planta en Brasil. También en este caso los monopolios tendrán el control mayoritario de la nueva compañía con solamente el 40% del paquete accionario. Mientras que Angeloz apoya a Crespo, De la Sota se opone a esta privatización porque Angeloz controla el negociado y porque se ha hecho eco de los reclamos de un conjunto de proveedores y contratistas que se verían perjudicados por el copamiento italo-brasileño. Mientras que un conjunto de comodoros y brigadieres, algunos vinculados al popamiento del Aeroparque en enero pasado, denuncian la “corrupción” de Crespo, éste se apresta a sacar a relucir los "trapos sucios” y los negociados que los proveedores realizan “con los contratos con el Estado y, en particular, con las Fuerzas Armadas (página 12,26/4). En PRENSA OBRERA N° 221 y 222 dimos cuenta de esta lucha intermonopolista, que ya envuelve a las fuerzas armadas.

Los acuerdos con Italia —en los que está metido Dante Caputo—son un negociado de primera línea. Esto se puede comprobar con dos ejemplos: la absorción del Banco Italia por la Banca Nazionale del Lavoro y el proyecto para construir una planta separadora de gas en Neuquén a cargo del ENI italiano. La Banca Nazionale del Lavoro se quedó con 88 sucursales del Italia, previa absorción por parte del Estado de la deuda del Italia por 450 millones de dólares, las cuales “compró” casi sin aporte de dinero porque se le autorizó al banco italiano a sacarse el clavo de la deuda externa a cambio de millones de australes contantes y sonantes. En relación al proyecto del ENI, que fue contratado y que deberá entonces pagar Gas del Estado, ahora resulta que tiene un costo adicional de 100 millones de dólares. “Trascendió de fuentes seguras que hay una diferencia entre el gobierno y el ENl que oscila entre los 100 y 140 millones de dólares” (Diario de Río Negro, 20/4). Por esta razón, el proyecto no pudo ser aprobado el 30 de marzo, lo que está siendo aprovechado por los grupos como Shell e Ipako, que quieren que la planta se construya en Bahía Blanca donde ellos controlan el polo petroquímico. “En ciertos niveles administrativos de la Capital Federal (sostuvo el diario Río Negro, 20M, que está interesado en que la planta se construya en Neuquén) se continúa apostando al fracaso del polo neuquino y piensan una alternativa para llevarse todos los insumos a Bahía Blanca”. Los monopolios que compiten directamente con el ENI respecto a la construcción de la obra también están a la acechanza y es así que un alto funcionario de Sapag reveló que “...existirían algunas alternativas para instalar la planta separadora por otros grupos inversores, uno de ellos es norteamericano...” (Revista Petroquímica, enero-febrero 1988). Pérez Companc, Techint, Astra y la Dow Chemical también se postulan para reemplazar al ENI. El fracaso del proyecto del ENI plantearía una crisis de proporciones, lo que podría enviar a su artífice don Dante Caputo a la lona. Fue esta crisis precisamente la que ya provocó la renuncia de Jorge Romero, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, considerado el “principal arquitecto” de los acuerdos. (El Periodista, 8/4). “Romero —dice este semanario— venía confesando en la intimidad de sus conversaciones con los empresarios una creciente frustración por lo que considera una actitud de ‘franca desincentivación de los acuerdos y que reconocería como fuente primordial al Palacio de Hacienda”. Caputo no es el único político involucrado. Tanto Di Tella como Cavallo han lanzado grandes denuncias contra el proyecto del ENI, nada ajenos a las intenciones de Pérez Companc, Astra y la Dow Chemical.

El 29 de noviembre de 1947, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió la finalización del mandato británico sobre Palestina y la partición del país en dos estados: uno judío, que debía abarcar una superficie de 14.500 km» y otro árabe, con una superficie de 11.000 km». La zona de Jerusalem debía quedar como una entidad separada bajo la administración de las Naciones Unidas. La resolución fue aprobada por 33 votos contra 13 y 10 abstenciones. Votaron a favor EE. UU, la URSS y la mayoría de los países europeos, tanto del Este como del Oeste. En el territorio asignado al Estado Judío vivían aproximadamente un millón de habitantes, de los cuales medio millón eran árabes y otro tanto judíos. En el territorio asignado a los árabes sólo vivían 10 mil judíos sobre más de 700 mil habitantes, mientras que en Jerusalem había 200 mil habitantes divididos por mitades entre las dos comunidades. La partición dividía territorialmente al país en 7 zonas, 3 para cada Estado, además de Jerusalem, en forma completamente arbitraria, de modo de poder incluirá la totalidad de la población judía en el mismo Estado. Al momento de la partición, la población judía alcanzaba a un tercio del total. Más notable era la desproporción en relación a la tenencia de la tierra. Sin contar el desierto del sur del país (Neguev), las tierras en manos árabes ocupaban más de un millón de hectáreas contra menos de 150 mil de las judías, y algo más de 150 mil tierras públicas y vías de comunicación. En el sur, los árabes tenían casi 200 mil hectáreas, contra sólo 6.500 de los judíos, en tanto había un millón de tierras públicas. Árabes y judíos ante la partición La reacción de ambas comunidades ante la partición fue, naturalmente, bien distinta, y el enfrentamiento se hizo abierto. Los árabes rechazaron la partición del país y reiteraron su reclamo histórico en favor de la independencia de Inglaterra sin ningún tipo de partición. Los judíos, por su parte, a través del Consejo General Sionista expresaron su aprobación, aunque "lamentando que algunas regiones de extrema importancia” no estuviesen incluidas en el territorio asignado al futuro Estado judío. Ambas comunidades se encontraban muy diferentemente preparadas para el inminente enfrentamiento. Los palestinos no se hablan repuesto aún de la derrota de la rebelión de 1936/9. La rebelión había incluido una huelga general de 6 meses de duración, entre abril y octubre de 1936, que fue seguida por una intermitente guerrilla campesina, sofocada por una impresionante fuerza armada británica que contó con la colaboración de destacamentos armados sionistas. Un cuerpo represivo especial fue comandado por el capitán inglés Orde Wingate, que contaba como adjunto a un militar sionista que alcanzarla fama posterior: Moshe Dayan. La rebelión fue el punto más alto alcanzado por la resistencia palestina durante el Mandato británico y entre las causas de su derrota se encuentra la conducta traidora de su dirección, en manos de clanes feudales que rivalizaban entre si y que negociaban bajo cuerda con los sionistas y los ingleses. Estos eran los “efandi”, grandes terratenientes absentistas, que mientras protestaban contra la inmigración sionista y la compra de tierras por la Agencia Judía, eran quienes más se beneficiaban de esas compras pues las vendían a alto precio, permitiendo que luego los sionistas desalojaran a los campesinos miserables (los fellah) que constituían la inmensa mayoría de la población palestina. La colonización sionista, por su parte, había bloqueado el desarrollo de una clase burguesa y de la pequeña burguesía palestina, y aún de la clase obrera dado que los sionistas preconizaban el "trabajo judío” dentro de las empresas sionistas y el boicot a los trabajadores y productos árabes, provocando una enorme desocupación entre la masa de fellahs sin tierra. Todos estos factores explican la falta de cohesión política y militar de la resistencia palestina, que en ningún momento movilizó ni armó a la población. Las acciones militares consistieron en actos terroristas y, las de mayor envergadura, fueron protagonizadas por columnas organizadas fuera del país, como la que ingresó a Galilea (Ejército de Liberación Árabe al mando de Fawzi Al Kauji, veterano de la revuelta del 36-9) y los núcleos dirigidos por Abdel Kader Huseini, pariente del líder de uno de los más importantes clanes y jefe espiritual Mufti de Jerusalem. Pero estas fuerzas actuaron descoordinadamente. Desde la rebelión de 1936-9, los palestinos habían sido sistemáticamente desarmados por el ocupante inglés. Entre 1935 y 1947, fueron confiscados 7.600 rifles a Ios árabes contra sólo 135 a los sionistas. La comunidad judía palestina (conocida como el Yshuv) se venía preparando desde tiempo atrás para constituirse en Estado y consideraron a la partición como una de las alternativas posibles. Hasta el comienzo de la 2ª guerra mundial, las corrientes sionistas mayoritarias se habían opuesto al cese del Mandato británico y consideraban que sólo después de alcanzar una preponderancia económica y poblacional podrían encarar la constitución del Estado Sionista. Pero esta actitud fue variando durante la guerra en lo que influyeron varios factores. Como resultado de la gran persecución hitlerista, el número de inmigrantes creció v la población judía alcanzó al tercio del total, siendo evidente que iba a ser difícil incrementarla en el cuadro del dominio británico y frente a la resistencia palestina. Algo similar ocurría con la tierra. Se había alcanzado casi un 7% del total, pero había nuevas restricciones para incrementarla. Fue entonces que en una reunión extraordinaria de sionistas de todo el mundo en Nueva York, en mayo de 1942, se aprobó el llamado “programa de Biltmore", que exigía la inmigración judía ilimitada bajo el control de la Agencia Judía, el establecimiento de un Estado judío sobre la superficie de Palestina y la creación de un Ejército judío. Este programa sólo podía ser realizado por la fuerza, pues era evidente que les británicos no lo iban a aceptar (querían conservar Palestina bajo su dominio), y mucho menos los árabes, quienes serían desplazados por una colonización masiva del extranjero hasta convertirse en una minoría en su propio país. La segunda guerra también trajo un fortalecimiento económico del Yshuv, que se sintió así más decidido a imponer su transformación en Estado independiente. Los sionistas contaban además con una mayor cohesión política y mejor preparación militar. La Agencia Judía y el Congreso Sionista funcionaban como organismos paraestatales y las fuerzas de la Hagana eran un ejército en potencia. Los sionistas habían comenzado a armarse desde los comienzos de la colonización, al principio para defender sus aldeas y colonias, y luego mediante su participación en la represión de la rebelión árabe del 36-9. Durante la segunda guerra, los sionistas lograron la formación de una brigada propia, incrementando su preparación militar. Después de la segunda guerra, las organizaciones militares sionistas se fortalecieron llevando a cabo ataques terroristas contra los británicos, tratando de acelerar su partida en el sentido del programa de Biltmore (que marcó a su vez un vuelco del sionismo que abandonó su completa asociación con Gran Bretaña en favor de los Estados Unidos). Finalmente, los sionistas movilizaron a todo su potencial humano mediante levas masivas desde el mismo momento en que la ONU resolvió la partición. La guerra de 1947-8 Desde la resolución de partición, incidentes, escaramuzas y atentados terroristas comenzaron por ambas partes, provocando en los primeros meses centenares de víctimas. A partir de enero, con el Ingreso de la columna de Al Kauji a la zona de Galilea y luego con la fuerza dirigida por Huseini en los alrededores de Jerusalem, los combates adquieren mayor envergadura. Los principales enfrentamientos se producen por el control de las ciudades: Haifa y Jerusalem (pobladas por árabes y judíos), la zona entre Tel- Aviv (judía) y Jaffa (árabe) y por la Galilea. En contra de algunos prejuicios extendidos, la acción de las tropas británicas no favoreció preferentemente a los árabes. A mediados de enero, por ejemplo, los británicos enfrentaron a la columna de Al Kauji en la región del lago Hule y también en la carretera Jerusalem-Hebron. “Un batallón británico, tanques y cazas Spitfire, logran limpiar la región de Hebron de los dos a tres mil árabes que habían rodeado cuatro colonias judías” (Times de Londres, 16/1/48). También colaboraron para evitar el cerco al sector judío de Jerusalem sitiado por los irregulares árabes. Es cierto también que evitaron en una primera instancia la caída, de Jaffa en manos sionistas (Jaffa debía pertenecer, en la partición, al Estado árabe, pese a estar enclavada dentro del territorio del proyectado Estado judío). Los resultados bélicos comenzaron a desnivelarse en favor de los sionistas desde comienzos de abril, a medida que las armas checoslovacas compradas con el dinero de los sionistas norteamericanos fluían generosamente. La batalla por Castel, cerca de Jerusalem, a principios de abril duró varios días y terminó con un triunfo sionista y con la muerte de Abdel Huseini. Pocos días más tarde, la columna de Al Kauji perdía su artillería y los sionistas ocupaban rápidamente toda la Galilea oriental. Tiberiades, Safed y Haifa fueron ocupadas entre el 18 de abril y el 10 de mayo. El 13 de mayo ocuparon Jaffa y el 14 Acre y toda la Galilea occidental. En el último mes antes de la partida británica, los sionistas ocuparon mucho más que el territorio adjudicado por la partición. La ocupación sionista iba unida a acciones ferozmente terroristas contra la población civil, que se vio forzada a marcharse. La más brutal y conocida de estas masacres sionistas fue la perpetuada contra la aldea de Deir Yasin, el 9 de abril, en la que fueron asesinados 254 habitantes incluyendo ancianos, mujeres y niños. El éxodo palestino, resultado de los métodos de terrorismo contra la población civil aplicado por los sionistas, llevó a más de 400 mil palestinos a abandonar sus hogares en los últimos meses antes de la partida de los británicos. Cien mil palestinos fueron expulsados de Jaffa, 80 mil de Haifa, 60 mil de la Galilea occidental y otro tanto de las zonas cercanas a Jerusalem en dirección a Tel-Aviv. Las masacres reales como Deir-Yasin y Bet-EI Kouri (5/5), o supuestas, y la expulsión militar, fueron las causantes directas de éxodo. El 15 de mayo, los británicos abandonaron Palestina. Un día antes, Ben Gurion proclamó el Estado de Israel desde Tel-Aviv, reconocido a los pocos minutos "de tacto” por los Estados Unidos y tres días más tarde por la URSS, el primer país en reconocerlo “de jure”. A las pocas horas de proclamado el Estado sionista, tropas de los países de la Liga Árabe (Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak) penetraron en Palestina, entre ellas, la Legión Árabe transjordana, al mando de oficiales ingleses. Salvo la Legión, las demás fuerzas eran más bien simbólicas, mal pertrechadas y sin coordinación militar entre sí. La Legión como lo reconoció su jefe el oficial inglés, Glub Pacha, tenía instrucciones precisas del gobierno inglés de no penetrar en el territorio asignado al Estado Sionista. Hubo entrevistas secretas entre Ben Gurion y el rey Abdallah de Transjordania en favor de un reparto de los territorios adjudicados por la ONU al Estado árabe palestino. Las acciones bélicas no tuvieron inicialmente un resultado definido y los mediadores de la ONU establecieron una tregua que duró desde el 11 de junio al 7 de julio. La tregua fue aprovechada por Israel para establecer un puente aéreo con Checoslovaquia, quien la proveyó de abundante material bélico. A partir del 7 de julio y hasta la nueva tregua del 18 de julio, los sionistas ampliaron su territorio ocupando todo el corredor de Tel-Aviv a Jerusalem. Lydda cayó el 11 de julio y sus 30 mil habitantes fueron evacuados. Tras la ocupación de Ramle, el 12 de julio, fueron expulsados sus 60 mil habitantes. La nueva tregua va a extenderse indefinidamente. Sin embargo, en octubre, los sionistas avanzaron sobre el sur ocupando la capital del Neguev, Bersheba el 21, Bait Nanum, cerca de Gaza, el 22 y Beit Jibrin, hacia Hebron poco después. Pese al cese de fuego y a los armisticios que se estaban negociando, ocupó todo el Neguev hacia fines de diciembre, y el 10 de marzo, de 1949, después de firmado el armisticio con Egipto, ocupó el puesto palestino de Um-Rashrash, sobre el golfo de Akaba, al que rebautizaron Eilat. Cuando se firmaron finalmente los 4 armisticios entre Israel con Egipto, Líbano, Siria y Transjordania, su territorio se había ampliado hasta alcanzar 20.800 km2. El territorio que quedó del proyectado Estado árabe palestino fue repartido entre la Transjordania que pasó a ser el reino Hachemita de Jordania (se apoderó de toda la Cisjordania) y la franja de Gaza, que permaneció bajo ocupación militar egipcia por 20 años. El intento de crear un régimen palestino autónomo en Gaza durante el mes de setiembre, bajo el patrocinio egipcio, fue contrarrestado por el rey hachemita, que convocó a 5000 notables de la Cisjordania, que le “pidieron” que se hiciera cargo de su territorio. Así, la función de la Legión árabe, dirigida por los ingleses cumplió su cometido: ayudar a la anexión de una parte de Palestina al reino de Jordania, unido por tratados políticos y militares con Gran Bretaña. El acuerdo Ben Gurion —Abdallah culminó el despojo de la tierra palestina. Expulsión de la población y expropiación de sus tierras y bienes El éxodo de la población palestina fue el resultado combinado de las medidas para aterrorizar a la población (como Deir Yasin y de la expulsión masiva que siguió a la toma de las ciudades por los sionistas). La masa de palestinos que abandonó sus tierras y hogares lo hizo a partir de la ofensiva sionista de principios de abril, y en especial a partir de Deir Yasin. Esta masacre fue intensamente propalada por radios y diarios. A medida que las tropas sionistas ampliaban los territorios conquistados (en julio y octubre), los refugiados de la primera ola volvían a partir de sus nuevos refugios. La totalidad de los habitantes de ciudades enteramente árabes fueron obligados a evacuarlas: fue el caso de Jaffa, Acre, Ramle, Lydda, Nazaret y Shafa Amr, con una población estimada en 195 mil personas, todas las cuales" se encontraban en la zona reservada por la partición para el Estado árabe. También fueron obligados a emigrar las masivas poblaciones árabes de ciudades mixtas como Haifa, Tiberiades, Safed y Bersheba así como del sector nuevo de Jerusalem, que quedó en manos sionistas. En total 863 aldeas árabes fueron ocupadas por los sionistas, gran parte de las cuales se encontraban en el nuevo territorio agregado al Estado sionista en Galilea occidental y en el corredor Jerusalem-Tel Aviv. Del medio millón de habitantes árabes del territorio asignado por la partición del Estado sionista, sólo permanecieron 50 mil. De las zonas agregadas, se estima que abandonaron el país otros 400 mil, totalizando cerca de un millón los refugiados de la guerra del 48. Es falsa la suposición de que los refugiados fueron el resultado de la guerra entre Israel y los Estados de la Liga Árabe, pues como vimos, la mitad de los refugiados ya había sido expulsada antes del 15 de mayo. Algunos autores sionistas llegan a reconocer que “sería más verídico decir que los refugiados fueren la causa de la primera guerra árabe-israelí y no su resultado” (Anthony Nutting, discuso en Nueva York auspiciado por el Consejo judío norteamericano). El sentido de la expulsión no tuvo que ver con ninguna razón bélica ni siquiera policial. Fue un fenómeno sustancialmente social. Sólo mediante la expulsión de la población árabe, el sionismo pudo constituir un Estado “abierto a los emigrantes judíos de todo el mundo”, los cuales ocuparon las tierras y las ciudades de las cuales fueron expulsados los árabes. En el territorio de 20.800 km 2 del Estado sionista tal como emergió de la guerra sólo permanecieron menos de 150 mil palestinos (50 mil en la zona de la partición original y menos de cien mil en los nuevos territorios anexados). Los sionistas jamás permitieron el retomo de los refugiados a sus hogares, pese a reiteradas y, naturalmente, líricas, resoluciones de la ONU. Esta posición ya fue expuesta tempranamente por Ben Gurion, Primer Ministro israelí, el 16 de junio de 1948: “Este proyecto (el plan de partición) murió y fue enterrado... la situación en Palestina se regulará por la potencia militar... Jaffa será una ciudad judía... la repatriación de los árabes a Jaffa no es justicia, sino locura”. Hasta noviembre de 1953, ciento sesenta y un aldeas árabes habían sido arrasadas después de su ocupación por los sionistas. A los árabes que permanecieron en territorio israelí se los transformó en habitantes de segunda. Mientras que por la “Ley del retorno” de 1950 y la ley de nacionalidad de 1952, cualquier judío, fuera cual fuere su nacionalidad o país de origen puede adquirir automáticamente la ciudadanía israelí, los residentes no judíos pueden adquirir la ciudadanía sólo por residencia demostrada, lo cual les fue muy difícil de probar. "Gran número de los árabes que habían poseído carta de identidad la habían perdido o la habían entregado al ejército de Israel durante o inmediatamente después de la guerra”, afirma el estudioso judío Don Peretz en “Israel y los Árabes palestinos”. El proceso de expropiación de las tierras y propiedades árabes “abandonadas” fue gigantesco, incluyendo las tierras de los propios árabes que permanecieron en Israel. Basta señalar que comprendía toda la propiedad urbana de ciudades enteras y de barrios enteros de otras ciudades y, como señalamos, centenares de aldeas. La tierra árabe que pasó a ser propiedad sionista comprendía 670 mil Ha cultivables, 13,500 Ha de cítricos, 105 mil Ha de olivos, bananos y otros árboles y grandes extensiones de tierras de pastoreo. A esto hay que agregar la propiedad comercial e industrial, que según Peretz abarcaba a 7800 tiendas, oficinas, talleres y almacenes. Y finalmente, muebles, posesiones y efectos personales de cerca de un millón de personas que abandonaron sus casas prácticamente con lo puesto. Un informe oficial israelí reconocía el 18 de abril de 1949 que “los árabes abandonaron grandes cantidades de posesiones en cientos de miles de alojamientos, tiendas, almacenes y talleres”. Henry Cattan, jurista nacido en Jerusalem calcula el valor de lo expropiado a los palestinos en 16 mil millones de dólares de 1948, una cifra absolutamente gigantesca. El proceso confiscatorio se ejecutó en dos fases. Desde 1948 a 1950 fue la ocupación física y desde 1950, las medidas legales para convalidarla. Así se dictó la ley de “dueños ausentes”, seguida de la de “lotes baldíos o no eficazmente cultivados”, y la que amplió el concepto de “dueños ausentes” para incluir a los árabes que aún residiendo en Israel, habían sido obligados a mudar su residencia respecto a la que tenían en 1948. Los árabes que permanecieron en Israel también fueron expropiados mediante la ley que facultaba al Ministerio de Defensa a declarar "zonas de seguridad” y expulsar de ellas a sus habitantes árabes, además de las leyes de expropiación (1950), de adquisición de tierras (1953) y la ley de limitación (1958) que obligaba al reclamante de tierras no registradas a demostrar su continua e indisputada posesión de ellas por quince años. El resultado fue que, al 4 de junio de 1967, la tierra en manos palestinas dentro de Israel quedó reducida a 20 mil Ha, menos del uno por ciento de la superficie del país. Por el contrario, si después de 70 años de colonización, desde 1880 a 1948, los sionistas sólo habían comprado 150 mil Ha, mediante la confiscación lograron en pocos meses, diez veces más. El Estado sionista se construyó sobre la expulsión de la población y la completa confiscación de sus bienes, avalado naturalmente por el imperialismo, y por la burocracia rusa.

La izquierda se caracteriza como democratizante cuando no opone, o ha dejado de oponer, la dictadura del proletariado al régimen burgués existente. La vigencia de la dictadura del proletariado como objetivo estratégico, se deriva de la madurez que han alcanzado las relaciones burguesas de producción en su conjunto, es decir a nivel mundial, para la transformación socialista de la sociedad. Si lo consideramos en la totalidad de su desenvolvimiento, el imperialismo se caracteriza por una reversión de las tendencias dominantes del capitalismo en ascenso, favoreciendo el parasitismo y el estancamiento potencial y absoluto, y aun la destrucción, de las fuerzas productivas de la humanidad, y la reacción en materia política. La impasse en que ha entrado la sociedad bajo el capitalismo pone a la orden del día la revolución socialista y la dictadura del proletariado. Esta perspectiva no excluye a las naciones atrasadas que han entrado en un desarrollo capitalista, a partir de la incapacidad de la burguesía nacional para emancipar a la nación de la tutela extranjera. La izquierda democratizante ha reemplazado el objetivo estratégico de la dictadura del proletariado, es decir de la destrucción del Estado burgués, por la fórmula política de "la democracia con justicia social”. Los programas del Frepu y del Fral, que se encuadran en esta estrategia, plantean una serie de nacionalizaciones aisladas en el marco del régimen burgués y con los métodos constitucionales. De acuerdo con esto, la sociedad tendría una salida por una vía que no es la revolución proletaria. El Mas propone la reorganización completa del Estado, no por medio de la revolución y de la dictadura del proletariado, sino a través de una Asamblea Constituyente. Toda la izquierda democratizante, sin excepción, plantea el llamado “no alineamiento internacional” o lo apoya en su política corriente, y también plantea un Nuevo Orden Económico en los marcos capitalistas. El programa democratizante consiste, entonces, en la reivindicación de las posibilidades transformadoras de la legislación social, de la estatización económica, del sufragio universal y del pacifismo reformista nacional e internacional, en la época de la decadencia capitalista y de la democracia burguesa. A través de la consigna de la “participación”, la izquierda democratizante en su conjunto, y en particular el PI, propugna nada menos que la integración de las organizaciones populares al Estado actual, el cual es burgués y proimperialista en su contenido, y burocrático-militar con algunas características republicanas, en su forma. El programa democratizante excluye por definición la categoría política de la situación revolucionaria, o a lo sumo la relega a un futuro indefinido. Más exactamente, ese programa supone la imposibilidad de las situaciones revolucionarias. Es que, en la época actual, una situación revolucionaria significa que el proletariado, incluso la mayoría de la pequeña burguesía, comienza a buscar una salida, no por la vía reformista sino revolucionaria, no dentro del orden existente sino contra él. El programa democratizante descarta, por naturaleza, la posibilidad de un colapso o de una desintegración de la burguesía como clase dominante, toda vez que la realización de un régimen de “democracia con justicia social” supone, no la bancarrota del régimen burgués, sino la posibilidad de su transformación interna sin una ruptura de su continuidad. Dentro de la concepción democratizante, las situaciones revolucionarias sólo podrían tener lugar como expresión de una anomalía en el desarrollo capitalista. En esta acepción, la situación revolucionaria podría surgir como resultado de la incapacidad de un Estado burgués inmaduro para dar cabida a las transformaciones que permitirían su actualización institucional. Sería el caso de un Somoza, de un Batista, de un Duvalier, de un Stroessner o un Pinochet. La consecuencia de una situación revolucionaria dentro de los límites así definidos, sería el producir una “revolución democrática”, que allanaría el camino al capitalismo, reconstruyendo al Estado burgués con nuevos elementos políticos. La situación revolucionaria no es para los democratizantes un producto necesario de las condiciones del régimen capitalista, que en las naciones atrasadas pueden ser potenciadas en su proyección revolucionaria por el retraso histórico, sino que ella sólo puede aparecer ahí donde estas condiciones son insuficientes y, por lo tanto, inmaduras para una revolución proletaria. El democratizante admite excepcionalmente la revolución para construir la “democracia", pero de ningún modo contra ella. Admite la revolución para cabalgar sobre ella, cuando no tiene otra alternativa para frenarla. La conclusión inevitable de todo esto es que la cuestión de la situación revolucionaria es una piedra de toque para diferenciar a la izquierda democratizante del marxismo. El Mas se escapa por la tangente Para quien repasa los pocos comentarios que se han publicado sobre el “Documento sobre situación nacional”, presentado por la dirección del Mas al III° congreso de la organización, la conclusión que se tendría que sacar es que el Mas caracteriza a la situación argentina como revolucionaria. ¿Pero es esto realmente así? Una lectura atenta del documento conduce a responder que no es así. El Mas carece, en realidad, de una caracterización de la actual situación política. La tesis política del Mas reposa sobre la más completa inconsistencia. Esto se puede observar desde el párrafo inicial del documento. Allí se dice que a partir de la guerra de Malvinas “comenzaba una situación revolucionaria” que estaba “originada”, a su vez, “en la crisis revolucionarla de 1982”, y que “podía llevar a otra crisis o una sucesión de crisis revolucionarias superiores a la actual”. Naturalmente, una caracterización tan ambigua y elástica se tuvo que “verificar como correcta.” En este caos conceptual, la “situación revolucionaria” es anterior a sí misma, pues la antecede una crisis revolucionaria, y se niega al mismo tiempo como tal, porque es convertida en preludio de "otras crisis revolucionarias”. Decir, en estas condiciones, que la “situación es revolucionaria” es lo mismo que decir lo contrario y lo contrario de lo contrario. Tal "situación revolucionaria" no solamente "tuvo (para el Mas), flujos y reflujos”, sino que incluso, “por momentos, se acercó o se alejó.” No sólo varió, entonces, de intensidad, sino que a veces llegó a desaparecer y otras veces ni siquiera llegó a conformarse. Pero también se afirma que “estas oscilaciones” de la situación revolucionaria se produjeron en el marco de “seis años de revolución argentina", con lo cual la situación revolucionaria se ha convertido, de premisa de la revolución, en su resultado. La situación revolucionaria es negada y afirmada en forma simultánea y excluyente, y se pierde toda distinción entre revolución y situación revolucionaria. Incluso se llega al extremo de caracterizar al proceso democratizante de contenido proimperialista, encabezado por Alfonsín, como una “revolución democrática*’. No obstante, todo esto, se anuncia el estallido de “la nueva crisis revolucionaria", lo que significaría que por el momento no hay ninguna, conclusión que se desmiente enseguida al afirmar que “la situación revolucionaria es, así, cada vez más profunda, más allá de las coyunturas”. - Como se puede apreciar, lo que el Mas ofrece corno caracterización de. la situación nacional es una ausencia completa de caracterización. En otro lugar de la tesis se dice que “el pacto radical-justicialista de gobernabilidad pudo... alejar momentáneamente el peligro de crisis revolucionaria”, para consignar cuatro renglones más abajo “que la situación revolucionaria misma no ha variado”. Si se sigue con algún cuidado el esquema del documento se puede ver que existe en él una distinción, que no se explica, entre situación revolucionaria y crisis revolucionaria, sin percibir, lamentablemente, que quién demasiado distingue, mucho confunde. Si lo que el Mas llama crisis revolucionaria reemplaza a la situación revolucionaria como condición necesaria para la revolución, o viceversa, entonces la situación revolucionaria dejó de ser tal y perdió todo su significado. En este caso la repetición constante de que la situación es revolucionaria querría decir que no lo es; sería solamente un taparrabos de otra caracterización que no se explica. Al principio del documento, el Mas presenta a la crisis revolucionaria como “un colapso total de las instituciones junto (sic) a grandes movilizaciones populares”, pero esto confunde las cosas todavía más, porque esto sería ya sinónimo de revolución. El “viejo gobierno —dice Lenin (citado por el Mas)— jamás caerá, ni en las épocas de crisis, si no se lo hace caer’ lo cual sólo puede ser el resultado de "la capacidad de la clase revolucionaria para llevar a cabo acciones revolucionarias de masas”. El "colapso de las instituciones” sólo puede ser producido por la acción revolucionaria, y de ningún modo coexistir “junto" a las "luchas populares”. Entre la situación revolucionaria y la revolución no hay ningún otro estadio intermedio; la noción de “crisis revolucionaria” del Mas cumple la función de vaciar de significado a la situación revolucionaria, de un lado, y a la revolución del otro. Otro aspecto de toda esta inconsistencia es extender a siete años (por ahora) la duración de la situación revolucionaria; como la sociedad pudiera vivir en esas condiciones tanto tiempo, y como si, en el caso de poder hacerlo, ello no terminase privando de todo sentido al concepto de situación revolucionaria. La conclusión de todo esto es que el Mas carece de cualquier tipo de caracterización de la situación política, sea revolucionaria, no revolucionaria, o lo que sea. A partir de aquí, la dirección del Mas tiene las manos libres para realizar cualquier clase de política, menos (claro está) una política revolucionaria, la cual siempre exige una caracterización rigurosa de la situación política. Esto explica muchas cosas, y en particular el conjunto de conclusiones del documento del Mas, cuyos autores no ven ninguna contradicción en caracterizar a la situación nacional como revolucionaria y apoyar el programa antirrevolucionario del FP, o en sostener que la consigna de “gobierno obrero y popular”, definida como la “primera y fundamental consigna”, concluya siendo caracterizada como “abstracta y ultra propagandística” — con el agregado de que esto está subrayado en el original. Cualquier marxista, sin embargo, puede saber que si esto es así la situación es claramente no revolucionaria, por lo menos por el momento. Los dirigentes del Mas que han escrito que la situación es ahora revolucionaria, que en verdad lo será en el futuro y que sin ninguna duda lo fue en el pasado, pero que en todo caso hay que esperar el “derrumbe de las instituciones” o la “crisis revolucionaria”, abortando así el trabajo teórico-político de caracterizar la situación política en forma concreta, no vacilaban en decir lo siguiente hace solamente seis meses: “Somos un partido minoritario y la causa fundamental es que el pueblo trabajador quiere mejorar su situación económica con el menor riesgo posible, sin lucha. La lucha no le gusta a nadie (¡sic!). No hay ningún pueblo en el mundo al que le guste pelear por conseguir algo” (¡sic! ¡sic!). Estas declaraciones de antología pertenecen a Silvia Díaz (El Periodista, 24/7/87). Sin mosquearse por la “situación revolucionaria”, que exige la “acción histórica independiente” del proletariado, la dirigente del Mas le pasa la esponja a la tesis fundamental del Manifiesto Comunista y a la realidad cotidiana de la inmensa mayoría de la humanidad. ¿Declaraciones desafortunadas? Lo mismo había dicho Zamora, sin embargo, en el mismo semanario, tres semanas antes: “El pueblo argentino no es socialista, no cree como nosotros que se impone construir el socialismo para que haya menor mortalidad infantil, más viviendas, más justicia". Pero si esto es así, si Zamora no cree necesario presentar la conciencia revolucionaria o socialista de las masas ni siquiera como tendencia, entonces el que habla de situación revolucionaria es un impostor. En la campaña electoral del 85, el Mas justificó el FP y su encabezamiento por algún dirigente pequeño burgués o burócrata del peronismo (se cortejó a Pablito Unamuno y se llevó a Villaflor) con esta misma tesis de que el proletariado no quiere el poder, pero inventando para el caso la “categoría” del “movimiento independiente de los trabajadores peronistas”. Esto es una prueba de que el Mas no entiende afirmar nada en concreto cuando habla de "situación revolucionaria”, lo cual le deja las manos libres para realizar cualquier política, en especial los frentes únicos con la burocracia, la formulación de un programa democratizante, el Frepu, el apoyo político al programa de Ubaldini de los “26 puntos”, el carneraje al paro de la CGT, y por último pero no menos importante, privar a la lucha por una dirección revolucionaria de contenido programático, sustituyéndola por una política superestructura! de penetración en las cúpulas sindicales en base a acuerdos oportunistas con la "nueva” burocracia sindical, con el pretexto de "luchar" contraía “vieja”.

La urgente necesidad de una conferencia de paz en el Medio Oriente Mucho se ha escrito sobre el conflicto Árabe-israelí, y hasta se han “superado” las posiciones de los propios palestinos que de una forma monolítica detrás de la posiciones de la OLP están ofreciendo una resistencia incólume a la ocupación asesina judío-sionista. Pero poco se ha tenido en cuenta la verdadera posición de esta gran resistencia revolucionaria. Por un lado, se ha desacreditado el liderazgo político de la OLP como única organización representativa de los palestinos, en su inclaudicable lucha contra la ocupación' sionista. Se acusó a la dirigencia de la OLP (Arafat) de “traidora” por apoyar la reaccionaria resolución 242 de la ONU, donde se reconoce el Estado de Israel, considerándolo un intento de “estrangular la Revolución Palestina”. También se acusa a esta misma dirigencia de carecer de un programa claro y consecuente con respecto a la lucha revolucionaria contra el enemigo sionista-imperialista. Y por otro lado, la crítica contra el sionismo se limita simplemente a evidenciar el carácter criminal de Shamir y su partido (Likud). Mientras nada se dice sobre el igualmente criminal y reaccionarlo carácter del laborismo de Peres. Al mismo tiempo se trata de reivindicar el carácter “progresista" de la supuesta “polarización” del pueblo israelí, y como prueba de esto se hace referencia a movilizaciones de “decenas de miles” de israelitas que protestan contra el “gobierno de Shamir” y su política del garrote. Mientras que se trata de pequeños grupos pacifistas (por ende, reaccionarios) que plantean la coexistencia pacífica y de esta forma legitimar el Estado asesino de Israel que se Irguió a través del sometimiento y el asesinato sistemático e Indiscriminado del pueblo palestino. Es significativo que se diga, contra “el gobierno de Shamir” cuando en realidad el gobierno sionista está formado tanto por laboristas de Shimon Peres, como de con-servadores de Yitzhak Shamir, en total, 24 legisladores. Los mismos 24 que el 28 de marzo último, no titubearon en apoyar la criminal decisión de cerrar militarmente los territorios ocupados, y el arresto de más de 3.000 activistas, al mejor estilo nazi. Al laborismo de Peres, tratado de “blando”, pertenece el Ministro de Defensa Yitzhak Rabin, principal generador y empecinado sostenedor de la “política del garrote”. Estos hechos tiran por tierra todo intento de mostrar una suerte de “enfrentamiento” entre el laborismo y el conservadorismo (Ll- kud). A la hora de matar uno apunta y el otro dispara. Más significativo aun es el hecho que todas las acusaciones que se le hacen a la dirigencia de la OLP están basadas en su totalidad en la prensa occidental y prosionista, como el “Jerusalem Post”; "International Herald Tribune”; “Le Monde"; “The Economist”; “The Washington Post"; etc., etc., y los nacionales de Nación y Clarín. Y no se cita, ni por error un solo medio palestino, siendo que tanto en Bs. As. como en el interior del país existen organismos y comités de solidaridad con el Pueblo Palestino que cuenta con material e información genuina donde se demuestra de hecho que todas las acusaciones que se hacen son falsas. La OLP a través de su representación oficial en Méjico edita una revista que se distribuye a toda latinoamérica y por ende llega también a Buenos Aires. En dicho material se encuentran las últimas resoluciones del Consejo Nacional Palestino, que elegido democráticamente, debate continuamente los pasos a seguir para terminar con la masacre sionista-israelí en los territorios ocupados. El objetivo urgente del Pueblo Palestino es la lucha por la desocupación por parte del sionismo israelí de los territorios ocupados ya que significaría eI retorno y la reorganización de la OLP como organismo estatal y a partir de ahí continuar la lucha revolucionaria contra el imperialismo sionista. Esta situación nos hace recordar, salvando las distancias, al tratado de paz firmado en febrero de 1918 en Brest-Litovsk por el flamante gobierno revolucionario que había terminado con la explotación zarista en Rusia. En esa ocasión, grupos revolucionarios denunciaban a la dirigencia bolchevique como “traidora” por sostener una conducta "conciliadora” y promover un urgente tratado de paz. "Los bolcheviques están vendidos a Alemania”, decían unos, “paz innoble”, decían otros. La izquierda bolchevique preconizaba la "guerra revolucionaria" -y se oponía a toda transacción con el imperialismo alemán. Esta posición contaba con mayoría dentro de los cuadros del partido» oponiéndose a la de Lenin, que proponía negociar hasta que' el enemigo presentara su ultimátum y entonces, firmar, y a la de Trotsky que proponía una Inusual alternativa: “Ni paz ni guerra". El Comité Central Bolchevique aprobó finalmente la propuesta de Trotsky quedando Lenin en minoría. Esta propuesta consistía en retirarse del frente de batalla, negándose a firmar una paz con anexiones, los ejércitos se desmovilizaron y se retiraron del frente. Sin titubear el ejército alemán comenzó su nueva y devastadora ofensiva ocupando y aplastando ciudad tras ciudad. El Comité Central Bolchevique se volvió a reunir y tras la amenaza de renuncia de Lenin y con el apoyo explícito de Trotsky se aprobó la moción de Lenin de “Paz Inmediata”. El 3 de marzo de 1918 se firmó el tratado de paz, “sin siquiera leerlo”. “El tratado de Brest-Litovsk arrancó a Rusia los países bálticos. Consagró la sujeción de Polonia a Alemania. Impuso la ‘independencia’ de Ucrania. Impuso el sacrificio de la revolución finlandesa que acababa de triunfar pacíficamente. Finalmente impuso el pago de mil millones y medio de dólares oro.” Así se refirió Trotsky a los hechos: “hubiera sido pueril tener como base de nuestros actos la moral abstracta de la revolución. El problema no era sucumbir con honor, sino sobrevivir para una futura victoria. La revolución Rusa quiere vivir, debe vivir, y para ello debe rechazar toda batalla superior a sus fuerzas”. “Era imperioso posponerlo todo a la salud de la revolución, ley suprema de nuestra conducta. Aceptando una paz que no nos era dado rehusar, ganaríamos tiempo empleándolo en una obra intensiva en la que estarla incluida la reconstrucción del ejército." El futuro de la Revolución Nacional Palestina pasa hoy por la urgente necesidad de lograr la paz y el retiro de las tropas criminales sionistas en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, a través de una conferencia Internacional de paz dentro del marco de la ONU, y de esta forma utilizar a la ONU, únicamente, como herramienta para el desenmascaramiento a nivel Internacional de la política asesina judío-sionista, que desde su gestación como tal no titubeo en masacrar y someter al Pueblo Palestino. FUERA EL ENEMIGO SIONISTA DE PALESTINA VIVA LA REVOLUCION NACIONAL PALESTINA ESTER, QUIQUE (BARRACAS)

La figura de Margaret Thatcher estuvo naturalmente presente en las reuniones que mantuvieron la semana pasada en Buenos Aires la plana mayor del Pentágono y del Departamento de Estado norteamericanos con Alfonsín y los funcionarios argentinos. Los representantes del imperialismo norteamericano trajeron en sus valijas un perentorio reclamo, confeccionado por la Flota Británica y la OTAN para que Argentina declare el cese de hostilidades, Esta exigencia allanaría al imperialismo británico upa serie de dificultades diplomáticas con los gobiernos de América Latina y levantaría toda sospecha sobre sus inversiones en Argentina, Naturalmente, ampliaría enormemente el negocio pesquero para los capitales extranjeros. Ese cese de hostilidades había sido decidido hace tiempo por Alfonsín, pero fue postergado por el inicio de las maniobras británicas en Malvinas a comienzos de año. El senador radical Adolfo Gass, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, acaba de declarar “que hay disposición a dar gestos tendientes a decretar el cese de hostilidades con Gran Bretaña, pero condicionó tal actitud a una flexibilización de parte de Londres” (Clarín, 26/4). Armas a la medida de la Thatcher Desde hace tiempo el alfonsinismo viene negociando con el Pentágono el reequipamiento militar argentino y la llamada reinserción de las Fuerzas Armadas en los dispositivos militares del imperialismo (operativos conjuntos, entrenamientos en las academias militares norteamericanas, etc.). Esta cuestión volvió a ser discutida en estos días, pero en todos los casos los representantes norteamericanos aclararon que el reequipamiento bélico sería limitado, aunque reconocieron “la madurez (léase visto bueno) con que Argentina manejó la cuestión de las recientes maniobras británicas en las Islas Malvinas” (La Nación, 24/4), para “entendimientos mayores” se requeriría él compromiso argentino para una solución definitiva en Malvinas. El Subsecretario de Defensa norteamericano, Robert Pastorino dijo “que de los aviones de combate A4 a los que aspira la Fuerza Aérea no convenía siquiera hablar si antes no se verificaba el cese formal de hostilidades” (Clarín, 26/4). Justicialistas a la rastra El justicialismo ha dado su visto bueno a la política “malvinense” de Alfonsín y es así que un conjunto de legisladores y asesores militares del PJ, encabezados por el cafierista Miguel Ángel Toma, le dieron seguridades a Robert Pastorino de “que la Argentina no intentará nuevamente la recuperación militar de las islas Malvinas...” (Clarín, 23/4). Clarín, 26/4) dice que Angeloz es partidario de que Alfonsín comience a transitar la “distensión” y “que hay un correlato de esta posición entre los hombres que secundan, en la misma área a Antonio Cafiero. Estos planteamientos prueban que el “consenso Bordón-Caputo” armado el año pasado funciona a todo vapor, lo cual no impide al PC y al Mas suscribir solicitadas con la renovación peronista. El nacionalismo burgués se ha postrado en Malvinas, como en todas las cuestiones nacionales.

“De todas maneras nadie nos quitará de la cabeza la traición que cometió Garcetti” Con estas palabras, una delegada de Rosario sintetizaba el sentimiento que, el jueves pasado, predominaba en las asambleas de AMSAFE que resolvieron levantar el paro de provincia. Ante la quiebra de la huelga nacional, los docentes santafecinos se vieron obligados a interrumpir su lucha, pero esta decisión no borró, un ápice, la impugnación de las bases de AMSAFE a la junta ejecutiva de CTERA. Así, en esa misma asamblea departamental, los docentes de Rosario aprobaron una declaración para ser leída entre los padres y alumnos, en el inicio de clases, que dice: “volvimos al trabajo, no porque nuestras aspiraciones se hayan cumplido, sino porque fuimos traicionados”. “Tribuna Docente” denunció que la finalidad de este congreso, completamente regimentado, era avalar la política de la traición, razón por la cual en los últimos días Garcetti y sus compinches se estaban librando a una feroz demagogia combativa. Como resultó de este planteo en Rosario se votó que AMSAFE concurriese al Congreso a reclamar la renuncia de la Junta Ejecutiva de CTERA y la realización inmediata de un Confederal. También en San Lorenzo los delegados de “Tribuna Docente” impugnaron al Congreso de CTERA. La asamblea departamental aprobó mociones similares a las resueltas en Rosario. En la asamblea provincial de AMSAFE, la burocracia celeste se empeñó a fondo para impedir que AMSAFE impugnara a la directiva de Garcetti y a su “congreso”. Para ello, contó con la “sugestiva” neutralidad de la directiva arizcurenista de AMSAFE, que se negó a apoyar el reclamo de renuncia de la Junta Ejecutiva efectuado por Rosario y San Lorenzo. En estas condiciones, las delegaciones de AMSAFE Rosario y San Lorenzo no lograron imponer el conjunto de sus mandatos. Aún así el mandato aprobado por la asamblea provincial no pudo ocultar el cuestionamiento de la docencia de Santa Fe al “congreso” extraordinario: los congresales de AMSAFE concurrirán a la CTERA para rechazar cualquier proscripción o sanción contra las entidades de base que resolvieron seguir la huelga y para exigir un Confederal como único instrumento válido para resolver sobre la marcha del conflicto.

El domingo 24, los delegados de las Universidades Nacionales votaron por abrumadora mayoría la continuidad de la huelga general de la CONADU. Al rechazar la conciliación obligatoria denunciaron su carácter ilegal, así como su finalidad de quebrar la huelga docente. Dos días antes el Ministerio de Educación se había negado a considerar los reclamos de la CONADU, exigiendo el levantamiento de la medida de fuerza. En la misma reunión, el Consejo interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las casas de estudio, propuso recategorizar los cargos docentes en un nomenclador que en la práctica significaría aumentos del orden del 20%, que se pagarían en “cuotas" hasta octubre. Pero esta “oferta” y nada es lo mismo, por cuanto ese 20% coincide con la inflación mensual, lo que desvirtúa su pretensión de mejorar la calificación docente. Tampoco se aseguró que ese 20% no sea absorbido por los aumentos que reciba eventualmente el resto de los docentes, ya que el enganche entre los unos y los otros no ha sido confirmado. Resultado: el salario de los profesores sigue hoy un 30% por abajo de octubre pasado, cuando fuera levantado el paro anterior de casi dos meses. En estas condiciones la CONADU decidió no acatar la “conciliación”. Fuera de algún retroceso en la universidad de Buenos Aires y en alguna de las más pequeñas casas de estudio del interior, los profesores mantuvieron con firmeza la huelga general, sin que hiciera mella en ellos la capitulación de la burocracia de CTERA. Ni siquiera los garcettistas de la CONADU plantearon el levantamiento de las medidas, pero esto hay que tomarlo con pinzas, porque la intención de esta gente es incorporar la CONADU a la CTERA(g), y esto no lo hubieran logrado probablemente entregando la huelga. El Ingreso a la CTERA(g) que plantean ahora automáticamente obligaría a la CONADU a levantar la huelga, para acatar así lo decidido por Garcetti. Es decir que se prepara otra traición. La CONADU funciona en un Confederal con representantes votados y mandatados a partir de las Asambleas de cada facultad» es decir en contradicción con el funcionamiento que quiere imponer la CTERA(g). El peronismo renovador se ha pronunciado a favor de modificar este funcionamiento de la CONADU para reemplazar las Asambleas por elecciones y para sustituir al plenario - confederal de delegados mandatados directamente por sus bases por un sistema de representantes permanentes. Esta ofensiva se concreta hoy en la presión para forzar un inmediato ingreso a CTERA, el que cuenta con el apoyo de la dirección del PC. Un congreso de CONADU fue ya convocado para decidir este punto el próximo 14 y 15 de mayo. En consonancia con esta preparación política del levantamiento de la huelga, los renovadores ya plantearon que es necesario flexibilizar los reclamos salariales de CONADU y aceptar la propuesta del CIN, disminuyendo el número de las “cuotas” del aumento propuesto. Llamamos a defender la huelga general universitaria hasta la victoria y a oponerse a la maniobra de burocratización a la cual se pretende someter al naciente y combativo sindicalismo de la docencia universitaria.

“Los impuestos que vamos a crear no son para pagarles a los docentes, sino para salvar el apremio de las provincias...’’: la declaración de Cafiero, recogida por Clarín en su edición del 23 de abril, revela por sí sola que detrás del levantamiento de la huelga docente ano hubo otra cosa que un pacto “pampa” entre el Estado y la burocracia para liquidar un movimiento de lucha que abría una aguda crisis política en el régimen y en la propia dirección sindical. En la Comisión de Política Salarial (CPS) el gobierno no ha podido ofrecer de modo consistente ni siquiera el financiamiento de los ₳ 640 para abril. Estos ₳ 640 en abril equivalen exactamente, en términos de poder adquisitivo, a los ₳ 550 que el gobierno ofrecía para marzo, antes del conflicto. La traición de la burocracia no puede ser más clara. En síntesis, no hay 750 a abril, no hay nomenclador básico, no hay pago de los días de huelga en Córdoba, Río Negro y Capital, y encima estos tres distritos gobernados por la UCR se han retirado de la negociación. Garcetti, María Sánchez y Solimano han capitulado simplemente ante el ultimátum elaborado por Cafiero y Alfonsín. Han dado este paso no por el “desbaste” de la huelga sino porque ésta estaba acentuando la crisis política del régimen y minando las posiciones de la burocracia dentro y fuera de la CTERA (g). El congreso Una semana después de la rendición incondicional consumada a espaldas de la docencia en lucha, Garcetti ha convocado al congreso que no convocó durante el desarrollo de la huelga para no poner en riesgo el monopolio sindical que le fuera dado por el Estado. Lo hace ahora, una vez desmovilizado el gremio, para poder completar su traición con la completa regimentación de CTERA. Es que en este congreso el 75% de los representantes han sido electos uno o dos años atrás, con el método de la lista completa o algún sucedáneo —es decir sin representación de las minorías, el 30% de la docencia organizada ha sido proscripto y en él no están presentes, sino en ínfima minoría, los representantes genuinos y actuales del movimiento docente que ha sostenido la huelga. En estas condiciones, la composición del congreso esta copada por el aparato garcettista que previamente aprobó el levantamiento de la huelga general, parparte de la J.E. de CTERA. No es el congreso de la democracia sindical, sino del fraude y el matonismo, no es el congreso de la docencia en lucha, sino de la usurpación burocrática de la CTERA. Es el congreso que Garcetti hubiese querido hacer al inicio de las clases para impedirla huelga, y que sólo ha podido consumar luego de la traición a la huelga histórica. En la mejor escuela de Lorenzo Miguel y de Ubaldini este congreso aprobó, a instancias de la propia JE, reiniciar la huelga indefinida si no se llega a un acuerdo en el marco de la conciliación, pero con el agregado, típicamente cegetista, de que la JE puede firmar un acuerdo con el gobierno y dejar de lado el reinicio de la huelga sin necesidad de un nuevo congreso. ¡Para esto Garcetti convocó al congreso! Para tener las manos libres para firmar. Aun si la crisis con el gobierno continuara la JE podría convocar a un "plan de lucha” aislado y desgastante de los que conocimos durante los últimos cuatro años, que constituyen la “gimnasia” tradicional de la burocracia garcettista y de todas las burocracias y que la huelga general trató de borrar del escenario sindical docente. Cómo intervenir en esta nueva etapa La traición de la huelga demuestra que el movimiento docente no tiene ninguna posibilidad de desarrollo con esta dirección, sino solamente contra ella. Esto es lo que no consiguen entender muchos izquierdistas que recién en 1988 han decidido cortejar la “identidad peronista” de los burócratas. La burocracia garcettista se ha revelado como un agente fiel del Estado patronal, actuando enteramente a espaldas de la docencia en lucha para quebrar un movimiento amasado y madurado en cuatro años de frustraciones. La viabilidad de esta dirección está cuestionada incluso burocráticamente por sectores del aparato que ven que han sido llevados a un fracaso —Córdoba— y que ven que se pone en peligro su propia relación privilegiada con el Estado. Tampoco puede decirse que se haya resuelto a cuestión pendiente de la división gremial, porque más allá de congresos fraguados el garcettismo no ha salido políticamente fortalecido de a traición a la huelga. Un programa de intervención dirigido a gestar un profundo movimiento antiburocrático y de lucha en el próximo período plantea: 1. oposición activa a la JE de la CTERA y tocha por una nueva dirección, 2. reivindicar el confederal de todos los sindicatos docentes con delegados elegidos y mandatados en asamblea (planteo que ha penetrado en el curso de la huelga y que ha sido levantado por Amsafe en el congreso actual), 3. restablecer — actualizado— el pliego original de reivindicaciones. El movimiento docente ha avanzado tremendamente en lo que hace a una educación propia sobre el papel de las fuerzas políticas y en el fogueo de una nueva generación de activistas. Recomponer el proceso le luchas —que no tiene nada que ver con una algarada del aparato gremial— y darle una perspectiva vigorosa requiere un trabajo de explicación y organización» tenaz para fundar una corriente antiburocrática consecuente, rearmando a los sectores que ban quedado golpeados y confundidos pero que han sido un motor real en la lucha. Esto está en las antípodas del trabajo de disolución en la burocracia planteado por el PC y el Mas, que han hecho causa común en ocultar la traición de la dirección garcettista en la búsqueda de un entendimiento de aparato. Esta es la única vía para reconducir al movimiento docente por un camino de lucha y requiere apoyarse en la convicción de que la traición de la burocracia marca a fuego la situación de toda la CTERA, más allá de las componendas del momento.

En el Congreso de Delegados de la UOM Capital realizado el 12 de abril para tratar del paro de la CGT, un delegado de la empresa ARO S.A. denunció el total aislamiento de su fábrica por parte de la Seccional Lugano, ante el despido de dos compañeras activistas, luego de haber ' conseguido elegir un representante gremial contra una patronal que durante 20 años había impedido la elección de delegados. La respuesta de un directivo de la Seccional fue que las compañeras habían sido despedidas por “indisciplina" y que le extrañaba la crítica porque ellos en ningún momento dejaron de apoyar a los compañeros. Pero al finalizar el congreso Lorenzo Miguel felicitó al compañero por sus críticas, en lugar de reprobarlo como es habitual, y le pidió que las siguieran haciendo. Un día después Vargas recibió un telegrama de despido fundado en “razones varias". Así funciona realmente la estabilidad de los delegados más allá de los ríos de palabras que se han volcado sobre la Ley de Asociaciones Profesionales.

Durante los 26 días de paro la Junta Ejecutiva de la CTERA (g) tomó las decisiones fundamentales de la huelga sin consultar a nadie, violando así los estatutos y las tradiciones del gremio. Alevosamente cambió el pliego de reclamos —de ₳ 770 a febrero pasó a ₳ 750 abril— sin tener en cuenta la opinión de la base en huelga, y por último terminó levantando el movimiento de lucha más masivo y combativo de la historia de la docencia argentina porque así se lo ordenaron Cafiero y Alfonsín. ¿Para qué se llamó ahora a un congreso de la CTERA? Simplemente para volver a golpear a las bases en lucha, haciendo votar el apoyo a la política traidora. Es que el congreso es proscriptivo y regimentado, y los que a él asisten han sido digitados en su mayoría por la cúpula hace mucho tiempo. No se trata, de ningún modo, de un congreso de delegados elegidos por las bases que protagonizaron la gran huelga. Los delegados de los sindicatos más poderosos, como Sute (Mendoza), Suteba (Buenos Aires) UEPC (Córdoba), fueron elegidos mucho antes de la huelga por todo un período, sin mandato y por lista completa. Contrariamente, tienen prohibida la participación en este congreso entidades que han estado a la vanguardia de la huelga, como las de General Sarmiento, Quilmes, Almirante Brown y otras — que lucharon contra la política de la traición a la huelga. Este es el congreso que Garcetti no se animó a convocar durante la huelga, debido a que no estaba dispuesto a soltar el monopolio de su conducción por la J. E., y que sí llama ahora, una vez que se aseguró que sus delegados' habían votado, en sus distritos, a favor de la traición. Para llegar a este grado de amañamiento, Garcetti, María Sánchez y Solimano han consumado un verdadero golpe de estado. Es así que han modificado por sí y ante sí el artículo 10 de los estatutos, disminuyendo la representación al congreso de CTERA a un representante cada 1.000 afiliados, lo cual elimina la posibilidad de que haya mayorías y minorías. CTERA se maneja así en términos de “dictadura” de cúpula, “dictadura” sostenida “legalmente” por el Ministerio de Trabajo y el Estado. Pero al mismo tiempo, varias entidades garcettistas de provincia han eliminado estatutariamente la elección de congresales o representantes al Confederal “histórico”, en el que participaban el secretario general de cada entidad junto a delegados elegidos en asamblea. Cuando Garcetti habló durante la huelga de convocar a un Confederal, entendía por tal cosa que “el mandato de cada distrito (esto es textual de una carta de la JE del Suteba) va al plenario de secretarios generales del Suteba, allí se homogeneizan sus mandatos y salen las distintas propuestas que el secretario general del Suteba lleva a CTERA. El confederal de CTERA, compuesto por los secretarios generales de los sindicatos adheridos homogeniza los mandatos de todas las provincias y se aprueba la decisión... que lleva la JE”. El sistema de Congreso con delega-dos permanentes es ajeno a la democracia sindical, pero por sobre todo es incompatible, en una huelga general, con el respeto a la voluntad soberana de las bases en lucha. Sólo un congreso regimentado podría avalar una traición.

El autoproclamado "candidato de los obreros", Carlos Menem, le ha declarado la guerra a los estatales riojanos. Para eso ha decretado la ilegalidad de la huelga que desde hace un mes paraliza toda la actividad estatal de la provincia. El “demócrata” Menem recurre a los métodos de Onganía para doblegar a los trabajadores. Los estatales reclaman por su mera supervivencia: exigen el pago en fecha de sus salarios y rechazan la “emergencia económica provincial" que congele sus salarios. Lo elemental del reclamo, retrata la agresividad capitalista del "candidato de los obreros". La ilegalización de la huelga indefinida, constituye la aplicación brutal y descarnada de la violencia estatal contra los trabajadores. Pero el recurso desesperado de la ilegalización también ha fracasado: los estatales mantienen la huelga a pie firme y realizaron la semana pasada una gigantesca movilización de más de 4000 trabajadores (la más grande de que se tenga memoria en La Rioja), a la Casa de Gobierno. La profundidad de esta lucha ha producido una evolución de la conciencia y organización. El cuerpo de delegados eligió un Ejecutivo, que se ha convertido en la verdadera dirección de la lucha, desconociendo a la burocracia de la ATP (Asociación de Trabajadores Provinciales) de filiación menemista. La movilización obrera, que ha sido celosamente ocultada por la "prensa libre” a los trabajadores de todo el país, ha puesto al demagogo riojano en su verdadero lugar el de agente directo del gran capital que ha amasado gigantescas fortunas a la sombra de la “promoción industrial” y que ha llevado a la provincia a la quiebra.

Una multitudinaria manifestación de trabajadores estatales chaqueños recorrió las calles de Resistencia el jueves 21. Esta jornada, que adquirió así un carácter excepcional, concentró a trabajadores de UPCP (provinciales), UPCN, ATE, ATECH y a los municipales de Resistencia y Barranqueras; simultáneamente pararon las 64 comunas del Chaco. Desde este lunes (25) los municipales de Resistencia pararán por 48 horas y los de Barranqueras instalarán una olla popular; a su vez los empleados provinciales empezarán un paro de 72 horas a partir del miércoles 27. Prácticamente desde el inicio del año los trabajadores chaqueños están en lucha, reclamando el pago de salarios adeudados y aumentos de sueldos, contra la vigencia de un congelamiento salarial que existe desde febrero. El gobierno de Baroni descarga toda la responsabilidad de la crisis provincial (Chaco está en "lista de espera” detrás de Tucumán, Salta y La Rioja) sobre el gobierno nacional, mientras oculta las ganancias de los grandes capitalistas y la oligarquía chaqueña. A la par que la población se muere de hambre los capitalistas dejaron de pagar al fisco más de ₳ 200.000.000.-; mientras los pequeños productores algodoneros están malvendiendo sus cosechas para hacer frente a los préstamos bancarios, el Banco del Chaco ha venido premiando a la oligarquía ganadera con quitas de hasta el 40% de sus préstamos, y Bunge & Born embolsa más de 30.000.000 de dólares por el monopolio de la exportación del algodón. Como se ve la crisis en el Chaco no “corre” para todos por igual. Es necesario un programa: 1- Salario de emergencia para trabajadores activos y pasivos; 2- Cobro compulsivo de las deudas fiscales de los capitalistas; 3- Apertura de los libros de los morosos incobrables del banco del Chaco y condonación de la deuda de los pequeños productores; 4- expropiación de los monopolios. La continuidad y el triunfo de la lucha de los trabajadores chaqueños requieren de su organización independiente del gobierno y sus funcionarios.

Los trabajadores de la banca provincial están siendo sometidos a una ofensiva en toda la línea, con el pretexto de que la inmensa mayoría de los “Bancos Provincia” estarían en quiebra. Se intenta el cierre de bancos y sucursales, la reducción del salario, la prohibición de efectuar asambleas, limitar el derecho de huelga y la pretensión lisa y llana de quebrar el convenio nacional del trabajador bancario. Contra los trabajadores, el Estado se ha puesto rabiosamente federalista, como se vio en el conflicto docente. Todos estos datos de la situación aparecen registrados en un pronunciamiento conjunto de las comisiones gremiales internas de los bancos provinciales y del secretario de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria. Para los dirigentes bancarios el diagnóstico de la crisis se resume en la “premeditada concentración del ahorro y del crédito en manos de la banca transnacional y privada nacional a ella asociada y en el “rol cómplice” del BCRA. Para los dirigentes bancarios la salida estaría en la “reversión de la política de redescuentos, actualmente en beneficio de la banca privada, para ser volcada a los Bancos de Provincia". Pero este es pedir peras al olmo. El fortalecimiento de la banca extranjera es una consecuencia natural de la deuda externa y del completo hipotecamiento del Tesoro nacional y del Banco Central con los bancos internacionales y con el FMI. Esto no podría ser revertido nunca por una disposición administrativa del gobierno, sino que exige el no pago de la deuda externa y la expropiación de la gran banca instalada en el país. El Banco Central está considerando una refinanciación de la deuda de los bancos provinciales, pero con la condición, justamente, de que las provincias despidan y reduzcan los salarios. Esta es la solución de los capitalistas, a la bancarrota; la otra salida exige una acción histórica independiente del movimiento obrero. Los grupos capitalistas “provinciales” que han llevado a la banca provincial a la quiebra en beneficio propio, piden hoy que continúen los redescuentos del BCRA pero para seguir con sus negociados. Este frente de los gobernadores y de las oligarquías provinciales a favor de los redescuentos, está llevando a cabo la ofensiva antiobrera que los propios delegados generales, en su gran mayoría peronistas renovadores, se han visto obligados a denunciar. El planteo de los dirigentes bancarios adolece de la falta de un planteo de defensa de las reivindicaciones cuestionadas y de un plan de acción; esto indicaría que ellos también querrían salvar a los bancos provinciales, pero no exactamente a los bancarios. Los movimientos y resistencia que se están dando en los bancos provinciales están bien por delante de esta estrategia difusa. Hay que defender el convenio nacional con un plan de lucha de ocupación de los bancos provinciales y por la apertura de libros por los trabajadores para sacar a luz las deudas de los grandes capitalistas y exigir su cobro compulsivo y el rechazo a fracturar la legislación laboral nacional. No se debe pagar la deuda externa y hay que proceder a la expropiación integral de la banca bajo control obrero. Este programa exige una lucha adecuada a su finalidad.

Una huelga metalúrgica de extraordinaria combatividad se viene desarrollando desde hace dos semanas en Río Grande. Los trabajadores de todas las fábricas de la zona reclaman la efectivización del aumento acordado con la UOM nacional para el bimestre enero-febrero, que la patronal de la isla se niega a conceder. La petición obrera llevaría el salario a 2.900 australes, y representaría apenas una leve recuperación del deterioro producido en los últimos dos años. La patronal se ha lanzado a una provocación en regla: rechaza el aumento, se niega a recibir a las delegaciones obreras y prepara una oleada de despidos. Cada año, estos capitalistas suelen echar unos 500 obreros para mantener un clima de terror en las fábricas y abaratar así la mano de obra, aprovechando el gran ejército de desocupados que se ha formado en la isla con la llegada de miles de compañeros de todos los puntos del país. La huelga se mantiene firme frente a las crecientes presiones de la policía y de los medios de comunicación. Se realizan actos en las puertas de las fábricas. El domingo 17 se concretó uno con 1.000 obreros. El martes 19 se registró otra demostración de fuerza popular con una marcha de antorchas que recorrió la ciudad y superó la concurrencia del acto anterior. A los metalúrgicos se sumaron esta vez otros gremios y barrios. Luego de la manifestación los obreros rechazaron en una asamblea masiva la conciliación obligatoria dictada en Buenos Aires por el gobierno con la complicidad de la burocracia miguelista. La dirección de la UOM local debió modificar su aval inicial a esta maniobra, sometiéndose a la voluntad supermayoritaria de la base contra el levantamiento de la huelga. El sábado 23 se realizó un festival de apoyo al paro que reunió más de 2.500 personas. Allí se decidió prepararse para una huelga larga, iniciándose la recolección de víveres y la organización de una olla popular. Se puso a la orden del día la realización de asambleas generales permanentes —y no episódicas como hasta ahora— y la organización efectiva de la solidaridad del resto de los gremios. La simpatía general de la población hacia los huelguistas es categórica. La patronal metalúrgica concentra el odio de todos los explotados de la zona. Niega un aumento miserable, cuando es la campeona de las estafas, del contrabando y la sobrefacturación, lo cual realiza gracias al amparo que le da la ley de promoción industrial. El justicialismo y la UCR son los agentes de esta patronal y defienden a viva voz el subsidio nacional a estos capitalistas en contra de los consumidores. El PARTIDO OBRERO viene realizando un trabajo de solidaridad efectiva con los huelguistas y hará escuchar su voz en un acto el 10 de mayo

En el verano la burocracia del SOMU —Arce— había declarado que era necesario poner en “orden" la seccional Mar del Plata. Ahora una parte de la amenaza se ha convertido en realidad, al destituir al secretario adjunto, Felipe Clemente, perteneciente a la agrupación Narwall, una vieja exigencia de la patronal (Cámara de Armadores). Esta medida fue pactada con la burocracia de la seccional, la que así terminó con sus “coqueteos”. Los burócratas quieren garantizar que las inminentes paritarias del gremio sean discutidas a espaldas de la base. La consigna de asamblea de base para discutir el anteproyecto de convenio había encontrado en Clemente un impulsor. Frente a esta rosca repodrida de Arce, Ortié y la Cámara, el activismo combativo está poniendo en pie de lucha al puerto de Mar del Plata, estructurando un frente único para arrancar la asamblea general. Los activistas se han puesto en campaña para realizar asambleas barco por barco, para discutir la convocatoria a asamblea general, el temario de la misma 1- anteproyecto de convenio y elección de delegados paritarios; 2- federación del SOMU; 3- situación interna del sindicato) y garantizar la participación masiva de todos los pescadores, afiliados y no afiliados.

La llamada “deuda interna”, representada por el “festival de bonos” y por el endeudamiento del Banco Central con la banca privada, avanza como una bola de nieve. Los diarios han calculado que suma unos 30.000 millones de australes, el equivalente a 5.000 millones de dólares. Por esta deuda el Tesoro y el Banco Central abonan intereses aún superiores a los internacionales, y cuando no puede hacerlo los refinancia, razón por la que esta deuda crece a la velocidad del so-nido. Un ejemplo contundente de esto lo constituye lo ocurrido con los intereses de bonos de YPF que se refinanciaron en marzo de 1987 con la emisión de un nuevo bono: “el mecanismo de la emisión, si bien posibilitó cumplir con aquella deuda de YPF de 1.000 millones de dólares —dice La Nación (24/4) — ha tenido un alto costo que se proyecta ahora en tomo de los 2.000' millones de esa moneda...”. En un año, los especuladores se llevaron una ganancia del 100 por ciento en dólares, cuando a nivel internacional, no hubiesen sacado el 10 %. El 90% de los títulos del Tesoro, que antes se emitían en australes, ahora están dolarizados. El gobierno se plegó así a una exigencia de los especuladores. Esto tiene dos consecuencias: primero, que las autoridades no controlan ni la oferta de dinero ni el crédito interno pues la deuda interna del Estado ha quedado sujeta a las oscilaciones de la moneda estadounidense. Segundo, que el nivel de este endeudamiento interno está fuera del control del Estado, pues depende del tipo de cambio que es fijado por los pulpos exportadores y los acreedores extranjeros. Otra característica de estos títulos es que su plazo de vencimiento es cada vez más corto. “Mientras los títulos lanzados en 1987 amortizaban en tres y cuatro años, en febrero se emitieron el título Ledol por 180 y 120 días” (Boletín FIDE, marzo 1988). Así, en los próximos meses vencen una andanada de títulos que el gobierno deberá refinanciar a costa de un mayor endeudamiento y a una tasa de interés creciente. La deuda interna crece como una bola de nieve y la velocidad de su crecimiento es típica de un Estado en bancarrota.

Después de rechazar el ofrecimiento gubernamental de un aumento real del 10 %, el 80 % de los empleados públicos cordobeses cumplió un paro el día miércoles 20, que hizo retroceder al gobierno. Este tuvo que hacer efectivo su aumento sin poder impedir que el gremio saliera a pelear por un básico de ₳ 1.100 (con la aplicación de una cláusula gatillo de actualización mensual). Angeloz ha lanzado una campaña acusando a Chara, secretario del SEP, de ser incapaz de contener el “desborde” y de permitir que “sectores vinculados con el extremo izquierdo del arco político consoliden su presencia en las asambleas del gremio” (La Voz del Interior 17/4). Esta “botoneada” contra el activismo del gremio es una verdadera provocación por parte del candidato que insiste que no es derechista. Chara es un viejo aliado de Angeloz y adhirió recientemente al acto del III Cuerpo de Ejército donde se reivindicó a “Alerta Nacional”. Los empleados públicos del PARTIDO OBRERO llamaron a todos los trabajadores a profundizar la lucha y participar masivamente de la asamblea del jueves 28, para organizar la huelga indefinida y la ocupación de las reparticiones hasta conseguir los reclamos.

El gobierno de Santa Cruz se encuentra también al borde de la bancarrota financiera, por lo cual pretende que los empleados públicos acepten un drástico recorte salarial. Para eso dictó el decreto 514 que desengancha los sueldos provinciales respecto a los convenios nacionales y congela los que no están enganchados. Entretanto continúa las subvenciones a la burguesía e incrementa la dieta de los legisladores. Entre los trabajadores ha comenzado una reacción contra este atropello. Al calor de la exitosa huelga docente, en asambleas en la municipalidad se fijó un plan de lucha. En el Sindicato de empleados públicos ocurrió algo parecido, mientras crece el clima de efervescencia entre judiciales, vialidad y bancarios. La burocracia de la CGT que integra el gobierno, ignora estas movilizaciones. Los burócratas han llevado al muere toda la lucha contra la privatización de YCF. El combate por la anulación inmediata del decreto pasa por la organización de asambleas en todos los gremios, que dispongan un plan de lucha general contra el atropello gubernamental.

El ministro Terragno no fue a Estados Unidos sólo a entregar el petróleo. También fue a mendigar el apoyo a la sucesión de Alfonsín. El plan petrolero —dijo Terragno en EE.UU.— “se profundizará con Angeloz”; y, aún más, “se entronca con la estrategia que impulsa el gobernador cordobés Eduardo Angeloz”, (Clarín, 22/4). El viaje de Terragno por las capitales petroleras de Estados Unidos procuró contrarrestar un periplo similar que realizaron en enero pasado Manzano y otros “renovadores”. La UCR y el PJ se han lanzado a una desenfrenada carrera de superación en el nivel de entreguismo y sumisión a los pulpos petroleros. Terragno, durante el viaje, habría acordado con la Shell la entrega “de dos áreas centrales de YPF y existe un preacuerdo con la Esso para otra zona...” (Clarín, 22/4). Pero de acuerdo con un reciente decreto aprobado por el gabinete, tanto la Shell como la Esso deberían asociarse en minoría con YPF para explotar estas áreas, y no tendrían la operación del yacimiento, dos condiciones que no aceptan en absoluto. Para superar esta dificultad, el muy democrático Terragno afirmó ante la selecta audiencia petrolera “que el tema terminará resolviéndose por ‘un acuerdo de partes’”, (Ámbito, 22/4), es decir que se violarán las disposiciones legales. La Nueva Provincia (17/4) ha interpretado que Terragno modificaría el decreto por otro “más amplio”, donde admitiría la negociación “en forma directa” es decir, sin licitación, el camino clásico de toda clase de negociados. En la redacción del decreto intervienen —según N.P.— “un ex¬director de la petrolera estatal hoy trabajando para una privada nacional y el capo de los abogados vinculados a las multinaciones del sector, además de un especialista que alguna vez trabajara en un plan para una eventual privatización de YPF”. Los pulpos nativos esperan también sacar su tajada sobre las 247 áreas más pequeñas de YPF que se licitarán en julio, no sólo quedándose con estos yacimientos en producción sino obteniendo por el petróleo un precio superior incluso al internacional. Para culminar la subasta, los barones petroleros se interesaron por los oleoductos de YPF, por donde deberían transportar el petróleo de su propiedad. Los pulpos ya están reclamando una suerte de precio subsidiado para el transporte del petróleo o, en su defecto, que el manejo de los oleoductos pase también a sus manos. “El precio del transporte no será tal que les haga perder utilidades a las empresas privadas” (Ámbito 22/4), respondió presuroso el ministro que dice preocuparse de la rentabilidad de las empresas públicas.

En su publicitaria caminata por Berisso, Carlos Menem logró sintetizar en pocas palabras, su programa de gobierno. “Soy partidario de pagar la deuda externa” agregando que “cuando llegue a la presidencia nuestro Ministro de Economía será un empresario exitoso y el Ministro de Trabajo, un hombre del sector del trabajo” (La Nación. 24/4). Por “hombre del trabajo” Menem se refiere a un burócrata sindical. El hombre que dice representar a los trabajadores ha presentado un programa destinado a agradar el refinado paladar de los patrones, la burocracia, y el imperialismo.

No sólo Alfonsín tuvo que dar explicaciones ante la plana mayor del Departamento de Estado norteamericano. Cafiero, el “gobernador del pueblo" también rindió examen, propugnando ante los funcionarios del imperio una “moratoria concertada” de la deuda externa (Clarín, 22/4). Pero la concertación de la moratoria entre el deudor y el acreedor no es otra cosa que un acuerdo entre ambos para la refinanciación de la deuda que el primero no puede pagar, algo que casi mensualmente están haciendo Sourruille y Brodersohn, aumentando así el endeudamiento externo Y la fabulosa carga de intereses, Cafiero se bajó del caballo de la liberación nacional, cuando enfrente la mirada inquisidora de los gringos.

En las últimas 24 horas, el Poder Ejecutivo en la persona de Alfonsín tomó la decisión política de sobreseer a Camps, Etchecolatz y a otros cinco integrantes de la “célula terrorista” acusada de los atentados ocurridos en 1987. También solicitó el desprocesamiento de Guglielminetti, del General Acdel Vilas y de otra decena de generales y comisarios que habían ocupado “cargos de jefes de subzona” o tuvieron “capacidad decisoria” o en los secuestros o desapariciones durante la dictadura. El sobreseimiento de Camps y Etchecolatz fue resuelto por el procurador fiscal del Estado, “quienes son nombrados por el Poder Ejecutivo sin necesidad de contar con el acuerdo del Senado de la Nación” (Clarín, 27/4), revocando con ello el fallo de cuatro jueces. Según estos “existen elementos de juicio suficientes para sostener una acusación de los nombrados dando así lugar al juicio oral y público” (Juez Ramón Padilla), o “ha quedado acreditado en autos... que los imputados perpetraron hechos delictivos con el propósito de terminar con el sistema democrático” (Juez Malamud). Alfonsín tomó entonces esta determinación de liberar de esta causa a Camps y Etchecolatz aun cuando estaban reunidos los elementos para procesarlos. Sensacionalmente, Alfonsín recurrió para hacer esta monstruosidad antijurídica a la... Ley de Defensa de la Democracia, que establece que “prevalecen los criterios del Fiscal de Cámara de la Procuraduría General de la Nación” frente a las resoluciones de los jueces (Clarín, 27/4). El Procurador General de la Nación cuestionó también la decisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca de no aplicarle la Ley de Obediencia Debida a Vitas y Guglielminetti, y solicitó a la Corte Suprema que queden desprocesados. Mientras Alfonsín habla contra los “nazis”, instruye a sus fiscales y procuradores para dejarlos en libertad. La razón es que éstos no son los “perejiles" sino los “peces gordos”. “Razón de Estado" dijo Alfonsín para pactar con Rico en Semana Santa; “Razón de Estado” para liberar a Camps y Etchecolatz. Con el desprocesamiento, Alfonsín está buscando una tregua en la guerra de los "servicios'’.

El martes de la semana pasada, en distintos procedimientos realizados en Capital y el Gran Buenos Aires, la policía logró la detención de los integrantes de una célula, que sería responsable de la campaña de atentados que conmovieron al país en las vísperas de Semana Santa. Cinco hombres y una mujer fueron puestos a disposición del juez, secuestrándose gran cantidad de armas, municiones, explosivos y material logístico y de comunicaciones, además de propaganda nazi. Al momento de escribirse estas líneas, tres de los miembros de la célula se encuentran prófugos. Inmediatamente, el gobierno nacional salió a adjudicarse una victoria decisiva, al tiempo que diputados, jueces y policías se libraron a una ver-dadera campaña de encubrimiento de las conexiones de los terroristas detenidos. “Los terroristas de ultraderecha siempre actuaron con la complicidad de algún organismo de seguridad del Estado, lo que ahora no ocurre”, declaró Marcelo Stubrin, absolviendo de culpa y cargo a los organismos de seguridad e inteligencia, en los cuales' militaron, bajo el gobierno radical, Gordon, Guglielminetti y los secuestradores del empresario Sivak. “Todos ellos (los prófugos) son civiles y hay que descartar de plano la posibilidad de que alguno de ellos sea de las Fuerzas Armadas. No tienen nada que ver con los capitanes que están en la clandestinidad”; afirmó al juez Plotti corlando las conexiones entre los terroristas y los carapintadas. “Ninguno de ellos tiene vinculación con personal en actividad da las fuerzas de seguridad”, sostuvo el comisario Pirker, agregando que “no (hay que) darle mucha trascendencia ni significación a este pequeño grupo de ultraderechistas”. Como se ve, para Pirker se trata, poco más o menos, de unos “locos sueltos” - Contrariamente a estas tranquilizadoras declaraciones, la detención de la banda ultraderechista, deja al descubierto las intimas relaciones, de los terroristas con el aparato de seguridad y los militares. La composición de la banda es bien elocuente. Los detenidos son Antonio Famularo, “dirigente del CNU y uno de los personajes más conocidos en el ambiente nacionalista que mantiene fluidas relaciones con sectores del Ejército y la Aeronáutica”; Carlos Miranda, “integrante del CNU hasta el ‘76 y ligado desde entonces a grupos nacionalistas del Ejército”; Julio Ianantuoni, “ex-teniente que participó directamente en los sucesos de Semana Santa” (Ámbito Financiero, 20/4); Sebastián D’Onofrio, “ex-coronel del Ejército, a cuyo domicilio llegaban frecuentemente soldados con papeles para hacerle firmar” (La Nación, 20/4) e Inés Deligianis, “cabo armera de la Policía Federal” (Clarín, 24/4). Entre los prófugos, por otra parte, se encuentran el ex-teniente coronel González Naya, lugarteniente de Rico pasado a la clandestinidad y Luis Guanzziroli, “un hombre de acción de uno de los servicios de inteligencia” (Clarín, 24/4). Como bien afirma Página 12 (20/4), “la composición de la célula derechista es similar a la de los grupos informativos y operativos que revistan en los distintos servicios de Inteligencia del Estado”. Otra cuestión decisiva, el armamento. Con el arsenal incautado (valuado en más de 100.000 dólares), la policía llenó cinco autos y una camioneta, lo que alcanza para dar una idea del volumen del armamento, pero no de su calidad. Fueron secuestradas 160. armas largas, entre ellas fusiles utilizados por el Ejército (FAL y FAP) y por las fuerzas de seguridad (Remington y Mauser) y alrededor de 500 pistolas automáticas calibre 11,25 y 9 milímetros utilizadas también por la policía. Se secuestró además una monumental cantidad de municiones, dispuestas en los mismos cajones utilizados por el Ejército para su acopio y traslado, una ametralladora y un visor infrarrojo utilizado por los ingleses en Malvinas, un radio transmisor utilizado por la marina, un aparato de medición de distancias utilizado en la artillería y gran cantidad de panes de trotyl, mechas y detonadores, así como también uniformes, insignias y credenciales militares y de organismos de seguridad. Como si esto fuera poco, el grupo poseía dos helicópteros y un avión. La sola mención de este gigantesco arsenal, “que no es el que se consigue a través de un simple traficante de armas” (Página 12, 20/4) sino que proviene de los arsenales militares, además de la composición de sus miembros, bastaría para demostrar que no se trata de “un pequeño grupo de ultraderechistas” (Pirker)... “que no cuenta con la complicidad de algún organismo de seguridad del Estado” (Stubrin)... y “no tiene nada que ver con el Ejército” (Piotti). Por si esto fuera poco, se podría agregar que la fuente de financiamiento de la célula era los secuestros extorsivos, un “negocio” en el cual los organismos de inteligencia del Estado y el Batallón 601 del Ejército no admitían (¿no admiten?) competencia alguna. La conclusión más elemental de todos estos hechos es que los detenidos son sólo elementos marginales, simples brazos ejecutores de una muy vasta organización terrorista enquistada en las entrañas del Estado, en sus organismos de seguridad, qué el gobierno radical es incapaz de erradicar., Al contrario, con sus declaraciones engañosas, diputados y gendarmes han salido a proteger a los nazis metidos. en el propio aparato de Estado. El gobierno de la constitución es un rehén de las camarillas terroristas, porque éstas son el sostén último del Estado patronal frente a las grandes luchas populares.

La granítica huelga docente fue el intento más profundo de los últimos años por quebrar la política proimperialista de la “democracia”, y, en última instancia, al régimen político que la sostiene. Esta huelga se desarrolló en medio de otras grandes luchas, como los paros y movilizaciones masivas de los empleados públicos de La Rioja, Salta, Tucumán, Chaco, Mendoza y Santa Cruz, tanto contra el gobierno nacional radical como contra los gobiernos provinciales justicialistas, o como la huelga metalúrgica de Río Grande. En el curso de este movimiento, los trabajadores pusieron en pie sus asambleas soberanas, desplazaron a sus direcciones (en estatales de La Rioja) y hasta instauraron un principio de control obrero (en el caso de los bancarios de Tucumán). Estos movimientos de lucha abrían entonces la posibilidad de un nuevo rumbo a toda la clase obrera. Es que al inviabilizar la política económica del régimen proimperialista; al sacar a las paritarias del pantano en que las puso la burocracia; al potenciar las luchas parciales de numerosos gremios y unificar a todo el movimiento sindical y a toda la población trabajadora; y al construir un conjunto de organizaciones de base que chocaban con la burocracia sindical y el Estado; al desarrollar todo esto, el movimiento obrero se ponía en capacidad de llevar hasta sus últimas consecuencias el planteamiento político de la huelga docente. “¡Quién fija los salarios, el pueblo en lucha o el Fondo Monetario!” Undécima traición Tuvieron que transcurrir 30 días de huelga docente para que la CGT decretara un paro de 24 horas. Este paro fue arreglado por Ubaldini con Menem y Cafiero, dos personajes que trabajaron activamente por quebrar la huelga a través de la “provincialización” del conflicto y pactando con Alfonsín la conciliación obligatoria. La función del paro, como declararon los "renovadores” de “los 25”, era “ponerse a la cabeza de la protesta social para que ésta no se anarquice” (Clarín, 18/4), es decir, tomar el toro por las astas para frenarlo. Ubaldini y Cía. dividieron así su tarea con Cafiero y Menem: el paro aislado y pasivo reforzaba el apoyo de una parte del Estado a la burocracia de CTERA, a cambio de la capitulación prometida de ésta, mientras los gobernadores ajustaban las tuercas con el gobierno nacional contra la huelga docente. El undécimo paro fue la undécima traición de una burocracia que ha lanzado desde 1984 once paros generales sin programa y sin perspectivas, perra quebrar las ilusiones del movimiento obrero en la posibilidad de una lucha generalizada de los explotados. Esta política ha dado por resultado el salario mínimo más bajo de su historia (un 25 % de la canasta familiar), el sistema jubilatorio en bancarrota, el salario real un 30 % más bajo que en 1984 y la desocupación en uno de sus picos más altos. Paritarias La burocracia ha armado un sólido paquete de regimentación en torno de las paritarias. Después del retroceso salarial operado bajo la dictadura y luego con el gobierno constitucional, la vuelta de las paritarias era una oportunidad para plantear el conjunto de las reivindicaciones que permitiera la recuperación de las conquistas perdidas, en primer lugar, los salarios. La burocracia ha armado un mecanismo por el que los salarios han quedado fuera de las paritarias. Cada dos meses los burócratas pactan con las patronales un “ajuste”, normalmente por debajo de la inflación del bimestre. No hay ni recuperación de lo perdido ni acompañamiento de la inflación. ¡La mejor demostración es que los institutos patronales informan mes a mes que sigue el deterioro de los salarios! Los burócratas de los gremios estatales, en su gran mayoría enrolados en los 25, han aceptado entrar en la paritaria sobre la base de un decreto de Alfonsín que prohíbe aumentos salariales que cuestionen la “política económica”, y que condiciona la adopción de medidas de fuerza. Los burócratas de las empresas públicas, sean de “los 15”, de “los 25”, de “las 62” o ubaldinistas, aceptan las “privatizaciones” en marcha. El bloque de los 25 y el ubaldinismo es una de las patas fundamentales de esta política contrarrevolucionaria. No es casual que reviste en este sector la burocracia de Garcetti. La traición a la huelga docente, perpetrada fundamentalmente por esta “izquierda”, fue una pieza decisiva para salvar del naufragio a la regimentación del movimiento obrero ya término, al Estado burgués. Unidad y subordinación Las divisiones que se operan en el justicialismo han acelerado el fraccionamiento de la burocracia sindical. Los “capitanes" de la burocracia (Rodríguez, Cavalieri, Triaca) se han alineado con Cafiero; en Luz Y Fuerza, un sector se ha pasado a Menem: las 62 se reparten entre el cafierismo y el menemismo. En los últimos días, los cafieristas de “los 25” se reunieron con “los 15” con el objetivo de “asegurarle una porción de poder a los ortodoxos si Cafiero accede a la presidencia de la Nación, a cambio del apoyo de sus gremios...” (cable DYN, 25/4). Por esta razón, Alderete, Miguel y Ubaldini se reunieron de urgencia para lanzar una propuesta de “unidad del sindicalismo” con el objetivo de pesar en la “interna justicialista”. La estrategia de Miguel y Alderete —que volverían a utilizar la “facha” de Ubaldini y de la CGT— parte del siguiente pronóstico: aunque Cafiero marginó a los burócratas de la fórmula presidencial, el justicialismo necesita de una burocracia “fuerte” para gobernar, porque solo ésta le asegurará una fuerte regimentación de la clase obrera en una etapa de grandes convulsiones políticas. El valor de esta burocracia Cafiero lo conoce perfectamente; por eso en los próximos días se reuniría con “las principales figuras de la ortodoxia sindical” para pactar la “reinserción” de la burocracia en la campaña y la repartija de puestos. Perspectivas Cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que una política de traiciones tiene las patas muy" cortas. “Se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no a todo el mundo, todo el tiempo”. Frenando, dividiendo y desgastando, la burocracia y la burguesía pueden ganar un poco de tiempo, pero esto no sirve para nada si no tienen la capacidad para sacar al país de su profunda impasse. En esto consiste la implacable encrucijada del régimen burgués y de todos sus agentes pagos. La necesidad de encontrar una salida tiene a la burguesía en virtual estado deliberativo, dividiéndola en todos los planos. En tanto Alfonsín se empeña en jugar dentro de sus posibilidades la carta del imperialismo, el cafierismo procura presentarse como una alternativa de liberación de las fuerzas productivas “nacionales”. La política oficial puede provocar a corto plazo una agudización de la crisis y de la lucha de clases. La tentativa del segundo ya se encuentra en crisis antes de tomar vuelo, a partir del desmoronamiento de los gobiernos provinciales justicialistas y de la nula acción de Cafiero en la provincia de Buenos Aires. El único acto de envergadura del “gobernador del pueblo” fue pactar con Alfonsín y Garcetti el rompimiento de la huelga docente. Las masas no tienen ninguna salida bajo el régimen actual, pero es necesario todavía que encuentren su propio camino revolucionario contra él. Ese camino sólo puede encontrarse por medio de la ludria, y sólo también por medio de la lucha las masas podrán ir verificando el momento en que la descomposición del Estado burgués dé la señal para una ofensiva de los trabajadores en todos los planos. Hemos entrado en la etapa del reconocimiento mutuo de fuerzas entre las clases. Esto constituye todo un avance respecto al período de ilusiones democratizantes que concluyó con la capitulación ante los carapintadas. Los teóricos del cafierismo le reclaman ahora a éste que no siga transitando la “cultura alfonsinista” del guitarreo democrático, porque las “masas quieren soluciones”. Es un reclamo con contradicciones insuperables. La huelga docente ha demostrado, al igual que las huelgas provinciales, que en esta nueva etapa las masas tienden a poner en pie organizaciones autónomas, que respondan a la necesidad de la lucha y que sirvan, por lo tanto, a una política de victoria. Sin descontar que las masas deban pasar por otra experiencia de gobierno justicialista. y superarla, la consigna para la vanguardia obrera, en las actuales condiciones, es rechazar enérgicamente la demagogia democratizante en decadencia, y preparar activamente la lucha contra la burguesía y su Estado, por medio de la huelga de masas, en torno a dos grandes reivindicaciones: un salario mínimo que se vote en asamblea, indexado mensualmente, y la expulsión del imperialismo, en primer lugar, desconociendo la deuda externa