Prensa Obrera N° 222

El Consejo de Administración del Sindicato Buenos Aires de Foetra suspendió, sin fecha, la asamblea general telefónica resuelta por el plenario de delegados a principios de abril para cuestionar el escandaloso apoyo de Julio Guillán al acuerdo con la Telefónica Española. La burocracia está jugada a muerte a la entrega de ENTel a los monopolios extranjeros y por ello quiere evitar por todos los medios la comparencia de Guillán ante la base telefónica. Esta nueva patoteada de la burocracia pone al cuerpo de delegados del Sindicato Buenos Aires ante la necesidad de autoconvocarse para efectivizar la asamblea general.

El pasado martes 12, se realizó el paro con movilización de Foetra Córdoba contra la entrega de ENTel. Doscientos cincuenta compañeros marcharon tras la consigna de “no queremos a Terreno, tampoco a Julio Guillán, salimos a la calle por una empresa popular”. La firme determinación de los telefónicos de Córdoba ha desatado una contraofensiva por parte del guillanismo: éste desconoce ahora a la comisión provisoria del sindicato cordobés que fuera votada en asamblea y que está integrada por un miembro de cada lista del gremio. Los partidarios locales de Guillán presentaron al paro activo como una acción “contra la unidad del gremio”. “Dime con quién andas...": esta campaña guillanista recibió un aliado insospechado. “La Voz del Interior" publicó un editorial que califica de “totalitario” el pedido de expulsión de Guillán, efectuado por Foetra Córdoba, ya que se estaría impidiendo “el disenso en una organización gremial”. ¡Cómo si no fuera totalitaria la permanencia de la dirección de Guillán cuando todo su gremio se ha pronunciado en contra! El gran desafío es extender nacionalmente el movimiento que tiene su vanguardia en Córdoba, contra el regalo de ENTel a los pulpos, por la anulación de los contratos existentes, por los ₳ 1.000 de básico y la investigación obrera sobre el destino de los fondos del plan Megatel. Hay una estafa permanente de los contratistas privados de ENTel contra los usuarios, que debe ser denunciada.

La lista Marrón de Foetra ha distribuido recientemente entre sus militantes un “boletín de discusión” que parecería escrito en las oficinas de la propia Telefónica Española. Su tesis central es la siguiente: “Sabemos que no hay capitales del Estado para la inversión, por eso coincidimos (¡¿con quién?!) con el planteo de que es necesario incorporar capitales (privados) como única alternativa para capitalizar a ENTel”. “Nosotros defendemos la Empresa Estatal, pero no comemos vidrio: nuestra empresa no puede seguir en estas condiciones”, concluyen los burócratas telefónicos para proponer la confiscación de Entel a manos del pulpo privado que controla el Citibank, el cual por otro lado saquea la economía del país y la priva de “capitales” a través de la usurera deuda externa. Julio Isabelino Guillan declara abiertamente su plena coincidencia con Terragno y los monopolistas de toda laya, y para ello falsea completamente la realidad. ¿“El Estado no tiene fondos”? Esta afirmación de Guillán es una mentira descomunal. El Estado paga rendimientos cercanos al 30% en dólares por los títulos públicos (Barra, Bagón, Tidol, etc.), lo que equivale a 2.000 millones de dólares anuales; ha estatizado la deuda externa de las empresas privadas, razón por la cual desembolsa 2.500 millones de dólares al año en efectivo; paga las garantías (avales) de préstamos privados por 1.000 millones de dólares al año; tolera y hasta organiza la evasión impositiva y previsional más elevada del planeta por un monto de 4.000 millones de dólares anuales; y capitaliza la deuda externa entregando miles de millones de australes por títulos incobrables y desvalorizados de deuda externa. La masa de dinero que fluye da las arcas estatales a los bolsillos de los grandes capitalistas nacionales e internacionales supera anualmente los 10.000 millones de dólares. ¿Este es el Estado que, según Guillán, “no tiene fondos”? En lugar de proponer una solución verdaderamente nacional y popular a esta monstruosa expropiación económica de los trabajadores, usuarios y contribuyentes argentinos, Guillán se suma al coro de los que han fundido al Estado. ¿“Capitalizar a ENTel”? La mal llamada “privatización” no es más que la concreción de un vasto proceso de expropiación económica en beneficio de los pulpos, de esa masa de usuarios, contribuyentes y trabajadores, con cuyo dinero y sudor se formó el patrimonio de ENTel. El acuerdo con la Telefónica Española, calurosamente defendido por Guillán, es un cabal ejemplo de esta expropiación. Los “españoles”, en realidad un consorcio internacional integrado por Alcatel/Teletra, ATT y el Citibank, aportarían 750 millones de dólares (de los cuales 250 en papeles sin valor llamados capitalización de la deuda externa, es decir aportados por el Estado “que no tiene fondos”, y el resto en “cómodas cuotas”). Con este aporte, la Telefónica “Española” obtendrá el 40% de las acciones y el control gerencial de la nueva empresa, que gozará de tarifas libres y beneficios garantizados por el Estado (qué, otra vez, “no tiene fondos”), como ocurrió durante casi un siglo con los ferrocarriles ingleses (!!). En rigor de verdad, será la Telefónica Española y sus pulpos asociados quienes se capitalizarán a costa de ENTeL manejando por un puñado de dólares una empresa con un mercado asegurado por su posición monopólica, una demanda insatisfecha y un poder de compra de miles de millones de dólares. Sería inconcebible, por otra parte, que un grupo capitalista hiciera un negocio que no lo “capitalice” a él. Un especialista en comunicaciones acaba de publicar en el Cronista Comercial (18/4) que la consecuencia de la entrega de Entel será un monstruoso aumento de tarifas para financiar la “modernización”. Nuevamente, serán el Estado, los usuarios y los trabajadores de ENTel quienes pagarán, dólar sobre dólar, los superbeneficios de la Telefónica. Fuera los agentes de la Telefónica de la dirección de Foetra Guillán se ha convertido en un verdadero gestor de la entrega de ENTel a los pulpos. Como todo gestor, tiene su precio: el ingreso al directorio de la nueva empresa. La conducta antiobrera y antinacional de Guillán es incompatible con su permanencia al frente de Foetra, por eso debe ser expulsado del sindicato, como lo reclamó la asamblea general de los telefónicos de Córdoba. El gremio debe oponer a esta entrega una política muy clara. Primero, debe reclamar la apertura de los libros y la investigación de todas las operaciones de ENTel por un comité obrero, para determinar las verdaderas “condiciones” en que se encuentra ENTel, así como las responsabilidades políticas y económicas por su situación. Segundo, debe reclamar la publicidad de todos los protocolos, ac-tas y convenios firmados con los proveedores y con la Telefónica, en especial con relación a la política de tarifas y de salarios y al régimen laboral. Tercero, es necesario un frente unido de los gremios estatales para poner fin al pago del festival de bonos; al pago de garantías; al pago de subsidios; todo lo cual beneficia al capital monopolista por un equivalente al 30% de todo el producto bruto anual de Argentina. Los campeones del aporte de capital escamotean que este periodo 1983/88, fue el de mayores concesiones económicas de toda la historia argentina, si se exceptúa el período 1885/90, pero ha sido el más bajo en lo relativo a inversión, ¡la cual es inferior al valor de depreciación del parque industrial existente! Como se puede ver, la “esencia" de la privatización consiste en la patraña.

La asamblea de obispos deliberó la semana pasada en San Miguel para considerar “la situación que atraviesa el país”. La cúpula eclesiástica sostuvo allí que en el momento actual es necesario, por sobre todas las cosas, “defender el orden constitucional”. Pero, ¿defenderlo de quién? Los hombres de sotana no mencionaron con nombre y apellido a los golpistas ni tampoco a los pone-bombas, pero el clero se ha visto obligado a tomar distancia de los “supercatólicos” de la OAS, con quienes tienen vasos comunicantes enormes. Para la iglesia, como para el imperialismo en su conjunto, la “democracia” sigue siendo el régimen apropiado para el momento. Los funcionarios yanquis que se han congregado por estos días en Buenos Aires, han repetido hasta el cansancio la misma tesis. Para el clero, el orden constitucional, no se ve amenazado por la derecha, porque esta no tiene apoyo del capital. Pero, eso sí, los obispos se refirieron extensamente a la “actitud del pueblo de desesperanza y descreimiento, ante la falta de credibilidad de los dirigentes y aún de los poderes públicos, ge trata, entonces, de defensa del “orden contra este pueblo descreído. Dentro de este “orden constitucional", los curas incluyen la impunidad, la "obediencia debida” y la "reconciliación” (léase amnistía). El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Primatesta, acudió en Semana Santa a los cuarteles en apoyo a los sublevados y permitió la fuga del mayor Barreiro. La reunión del obispado se mostró asimismo preocupada, con referencia al actual proceso político, en el sentido de “que no se ve un liderazgo que pueda presentar una autoridad moral grande”. Pero la iglesia no es inmune a este problema de "autoridad”, pues está viviendo su propia interna: un sector se alinea con Angeloz (Primatesta) el otro con el PJ (Quarracino) y Bufano posiblemente con Menem, reproduciendo la división existente en las filas de los “capitanes de la industria” y de la burguesía. Primatesta y Quarracino disputan el cargo de “Primado", que el Vaticano debe decidir en los próximos meses. No casualmente los diarios han adelantado que las preferencias del gobierno están volcadas hacia Primatesta. De ahí también las dificultades del Vaticano para tomar la decisión; posiblemente Juan Pablo esté esperando alguna definición en la interna justicialista y en la propia sucesión presidencial. La iglesia se pronunció abiertamente por la necesidad de colaboración del conjunto de los partidos en la defensa del régimen proimperialista. “En el marco del Estado de Derecho —dice— es necesario buscar soluciones mediante un diálogo sostenido y perseverante". Esta posición es una defensa explícita del “pacto de gobernabilidad” suscripto por Alfonsín y Cafiero con el apoyo de Menem, Alsogaray y Alende. Recordemos que radicales y justicialistas pactaron con la iglesia la imposición de la mayoría de las posturas de ésta en el reciente Congreso Pedagógico Nacional. En el documento final, los jefes de la iglesia alertaron contra el “estado de pobreza creciente del pueblo”, con vistas a apuntalar los esfuerzos de “mediación” entre el gobierno y la CGT» que la iglesia está impulsando a través de la Comisión Pastoral Social. Esta maniobra le servirá de pretexto a Ubaldini y compañía para sacarse de encima, por undécima vez un plan de lucha. Curas y burócratas ya han programado una peregrinación por las iglesias para el próximo 1° de mayo.

El triunfo electoral del 6 de septiembre puso al cafierismo en la ruta a la presidencia de la Nación. Casi ocho meses después: ¿sigue siendo esto así? Todo parece indicar que la evolución de la “interna” justicialista no es "lo que esperaba el cafierismo, y hay quienes piensan que la posición de éste ya está muy comprometida. Pero por sobre todas las cosas la brutal agudización de la crisis y la profundización de las luchas, como la de los pobladores sin terrenos y la huelga docente, han forzado al cafierismo a poner prematuramente de relieve las limitaciones propias de su demagogia y su visceral carácter antiobrero. Esta es la base de una crisis que el cafierismo está obligado a atenuar o a postergar en aras de sus objetivos electorales. La interna La “interna” justicialista ha partido en dos a las diversas "estructuras” que conforman el peronismo. Según algunos diarios, Cafiero tendría preeminencia “en el nivel de dirigentes: la mayoría de los gobernadores y de los presidentes partidarios de distrito” (La Nación, 7/4). Menem, en cambio, tendría “una mayor preferencia entre los afiliados de base”(idem). “Ámbito Financiero” (19/4) dice que “las encuestas que se encuentran en poder del Departamento de Estado (norteamericano), muestran una “preeminencia” en la interna del precandidato Carlos Saúl Menem por sobre el gobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero”. Los cafieristas confían en que se impondrá finalmente su fórmula. Sin embargo, en las últimas semanas han comenzado a ver al menemismo mordiendo a parte de ese “nivel de dirigentes”. Así lo evidenciaría el apoyo de algunos gobernadores y vices (el mendocino Bordón, el vice santafesino, Vanrell) y el de nutridas fracciones de la burocracia sindical. Las encuestas que manejan los propios cafieristas revelan la fragilidad del supuesto dominio de éstos. “Manzano —por ejemplo— sostuvo que, de acuerdo con las encuestas que obran en su poder, un 32% de los afiliados votarán por Cafiero, contra un 23,8 que lo hará por Menem, en tanto que un 40% dice que no va a votar y un 4,2% permanece indeciso”. La diferencia a favor del cafierismo es mínima, si se considera que aún faltan dos meses para los comicios. Significativo es el hecho de que casi la mitad ya tiene decidido no votar. Todo esto revela, en su conjunto, un cuadro de dislocamiento político. No extraña entonces que “flote en el ambiente" la presunción de que tanto Cafiero como Menem podrían dividir al P.J. en caso de resultar derrotados. Sobre este pronóstico cabalga Angeloz, quien es-pera por su lado lograr una fisura en la Ucedé. División Las candidaturas de Angeloz, Cafiero y Menem reflejan en el terreno político la profunda división de la burguesía nacional, como consecuencia del profundo empantanamiento del capitalismo y de la resistencia popular. La UCR se ha reagrupado en torno a Terragno, Caputo y Angeloz con un amplio programa de entrega a precios viles de los monopolios económicos estatales rentables al capital imperialista y a la fracción de la burguesía que actúa como su socia secundaria. Es el caso de los teléfonos, del petróleo, de la petroquímica, etc. Terragno acaba de iniciar un periplo por EEUU para asegurarle a los pulpos extranjeros que podrán operar en las áreas grandes de YPF; que los contra-; tos que se firmen “serán confidenciales y reservados”, “a 20 años con opción a 10 años más de plazo”; y que no estarán obligados “a transferir tecnología a YPF” (Clarín, 15/4). Alfonsín, por su parte, acaba de suscribir un acuerdo automotriz con Brasil que beneficia a Autolatina (Ford-Volkswagen) y a los pulpos alimenticios “nacionales” de Argentina (capitaneados por Gilberto Montagna). En los acuerdos con Italia y España, el radicalismo ha pactado con ciertos grupos monopólicos la “adjudicación directa” de ciertas obras, asegurándoles la posibilidad de usar como capital la deuda externa y autorizándoles la remisión de utilidades al exterior. La disputa entre el cafierismo y la UCR es, en primer lugar, en torno a los favores del gran capital imperialista. En rigor, el gran capital nativo de los llamados “capitanes de la industria” se ha dividido entre Angeloz y Cafiero. Alrededor del “gobernador del pueblo” se han agrupado dos categorías de grandes pulpos. Un sector corresponde al que ya participa de los actuales grandes negociados de la UCR y que quiere asegurarse su continuidad bajo la presidencia cafierista. El caso más evidente es Pérez Companc, que apoya el Petroplan de Terragno; que apoya parte del tratado con Italia ¡porque se asocia con la Montedison para instalar una planta petroquímica en Neuquén; que tiene sus negocios con Brasil; y que, sin embargo, al mismo tiempo financió y acompañó a Manzano y demás “renovadores” en su viaje a EEUU en enero pasado. Es que el mismo Pérez Companc se opone, a su vez, a la entrega de ENTel a la Telefónica-Citibank porque tiene su I propio negociado con la “proveedora” Pecom. El otro sector cafierista lo componen los grandes capitales parcialmente desplazados de estos negocios y negociados, los cuales acostumbran a tener también por vocero al diario Clarín y a ser representados parcialmente por el frigerismo. Se trata del grupo Macri, por ejemplo, que dirige Sevel, el cual se ve directamente perjudicado por el acuerdo automotriz con Brasil; o también al de grandes sectores de la industria de bienes de capital que quedarían eliminados con la entrada de máquinas de Italia, España y Brasil. No es casual, a este respecto, que el ex-directivo de Sevel, Ricardo Zinn, sin importarle su reciente afiliación a la Ucedé, haya comparado “la parte de contratación directa de obra pública de los convenios (con Italia y España) con el acuerdo firmado con Gran Bretaña llamado “Roca- Runciman” (Clarín, 17/4), el cual es históricamente considerado como modelo de convenio colonial. Tampoco es casual que el “manager” de la campaña de Cafiero sea Jorge Halek, un ejecutivo que estuvo al frente de Socma, la financiera del grupo Macri (de donde salieron también Grosso y De la Sota). El grupo Bridas, por su parte, que se opone a la parte del Petroplan de Terragno. relativo a la entrega de las áreas de YPF al capital extranjero, colaboraría con Cafiero. Con Menem se agrupan los sectores medios de la burguesía que no sacarían ninguna tajada de todos estos negociados, especial los del interior del país. Los economistas del menemismo acaban de proclamar la “revalorización del proceso de sustitución de importaciones” y el “profundo desacuerdo en los temas centrales de la propuesta económica, fundamentalmente nuestra crítica a la apertura eficientista a la que adscribe Guido Di Tella” (EI Cronista, 18/4). El menemista santafecino Vanrell se tiró más a fondo señalar que “Cafiero encarna un proyecto extranacional que continuar con la fórmula Cafiero-De la Sota” (EI Periodista, 15/4). Menem y Cafiero no rivalizan, como se ve, debido a la diferente apreciación que tienen del concepto “movimientista”, sino por precisos intereses económicos de muy precisos sectores capitalistas. La polarización de los “capitanes de la industria” en torno a Angeloz y Cafiero ha erosionado las posiciones del “liberalismo” Y de la Ucedé entre la burguesía Juan Alemann, el Secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, acaba de proclamar un inusitado elogio a Terragno por su plan petrolero, la entrega de ENTel a la Telefónica-Citibank y “los programas de subsidios implementados a partir de 1986” para las exportaciones industriales (La Nación, 15/4). La polarización de la burguesía entre Angeloz y Cafiero, tiende a provocar una crisis en la Ucedé. Es así que se ha abierto un frente de división en torno a la actitud a adoptar en el colegio electoral. Ha aparecido un sector que plantea el voto por Cafiero, precisamente el que representa a los “capitanes de la industria” cafieristas. Movida de piso La izquierda democratizante (PI, PC, Mas), que se caracterizó históricamente por su apoyo a la burguesía "progresista", ahora sostiene que el capital está agrupado en un bloque granítico de tipo “bipartidista”. Aunque esto es indudable cuando se trata de enfrentar a los trabajadores, lo que significa que están unidos en última instancia, lo que caracteriza la situación de la burguesía es una creciente división. No podría ser esto de otra manera cuando se tiene en cuenta que atravesamos un período de disgregación de la sociedad burguesa y de una presión histórica sin precedentes del imperialismo sobre el país. Un ejemplo del alcance de esta situación lo constituye la inimaginada posibilidad de que Menem le gane la interna a Cafiero o de que obtenga una paridad capaz de romper al PJ u obligar a los cafieristas a un compromiso respecto a políticas y candidaturas a partir de una posición de fuerza. Semejante posibilidad alteraría profundamente la campaña electoral del 89. Estos peligros están provocando ya un comienzo de crisis en el bloque cafierista. Se percibe esto en la disputa que se ha abierto sobre la posibilidad de nuevos impuestos para financiar los déficits de las provincias y a los docentes. Por primera vez Cafiero y Cavallo tuvieron un enfrentamiento público. Esta crisis tiene, sin embargo, un contexto más amplio, al punto que un destacado “asesor” del cafierismo, Carlos Álvarez, llamado también Chacho, acaba de escribir en Página 12 que el cafierismo debe abandonar su “cultura (sic) alfonsinista”, retomar la “raíz popular” y no creerse la teoría de que hay una clase “empresaria” nacional capaz de invertir capital y modernizar la industria. En este cuadro le reclama a don Antonio "más o menos que se distancie de los “capitanes de la industria”. El teórico justicialista no parece haber reparado que la relación entre el justicialismo y la burguesía no es de distancias sino de dependencia. Cafiero ha entrado en una zona de turbulencia que puede terminar en desastre. Para las corporaciones del Estado burgués, como el clero y la camarilla militar. Cafiero es la única posibilidad de recambio ordenado en caso de una derrota de Angeloz. La conferencia episcopal se ha pronunciado, con Quarracino a la cabeza, por don Antonio. Menemismo El proceso político ha convertido al Menemismo en el reservorio de los desplazados. Han ido a parar ahí “Alerta Nacional" y los montos, pronto lo hará el PTP, y ya cuenta con el apoyo de un sector carapintada. Los burócratas sin peso en las decisiones del Estado, o que corren el peligro de quedar desplazados, se han corrido también al menemismo. Es lo que llamaríamos una “bolsa de gatos". Pero no se trata sólo de esto; si el menemismo es nacionalista por referencia a Angeloz y Cafiero, su nacionalismo es “negativo”, es decir que rechaza a algunos de los planteos entreguistas más controvertidos, pero no tiene estrategia propia. No formula, por ejemplo, un plan de nacionalizaciones. Esto solo alcanza para caracterizar su dependencia negativa de los “capitanes de la industria”. Es que el menemismo, es un movimiento en quiebra, que intentó una experiencia de industrialización, promocionada del interior del país, en beneficios de grandes pulpos y ha fracasado. Su potencial de disgregación es enorme, lo cual podrá ser apreciado cuando se entre en las etapas decisivas del proceso electoral. Comprensión Cualquier estrategia que parta de los intereses históricos de la clase obrera y que considere de valor progresivo internacional la lucha contra el imperialismo, debe basar su política en la tendencia a la desintegración de la sociedad burguesa y de sus expresiones políticas. La tendencia hacia la independencia de clase que se desarrolla en las masas por su propia lucha y por la acción del partido obrero, se potencia enormemente en el tiempo por la descomposición de la burguesía. El planteamiento de un frente popular con la burguesía está, por lo tanto, condenado al fracaso, y condena a la derrota a sus inspiradores. El político obrero debe fundar su acción en sólidas caracterizaciones de clase y repudiar el simple impresionismo, cuando no los “esquemas” capituladores de la izquierda nacionalista o democratizante Menem-Adeba Menem rinde examen El viernes pasado, Carlos Saúl Menem entregó personalmente a los dirigentes de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) el plan económico de su eventual gobierno. El por ahora gobernador riojano aclaró que "en él (plan) no está dicha la última palabra”, de modo que quedaba a la espera de sugerencias. ADEBA (que agrupa a los grandes bancos “nacionales” como el Río, el Galicia, el Español y el Shaw entre otros) se comprometió, entonces, a “enriquecer" el documento. El "candidato de los obreros” ha ido a rendir examen ante la patria financiera. Esto basta para definirlo.

El costo de la canasta familiar a fines de marzo era de ₳ 1.990, según los cálculos del Indec. Sin embargo, ésta es una cifra engañosa, por cuanto lo que el gobierno llama canasta familiar no es estrictamente una canasta de las necesidades del trabajador sino la actualización de los precios de los productos en los que el trabajador gastaba su salario en el año 1970. La canasta familiar es un concepto que involucra mucho más de lo que calcula el gobierno, y por lo tanto supera ampliamente los ₳ 1.990. Un instituto desarrollista —el FIDE— calcula, por ejemplo, la canasta de supervivencia, que incluye sólo los productos imprescindibles, en ₳ 2.200. Según la UADE (Universidad Argentina de la Empresa), el salario del obrero no calificado sólo alcanzaba para cubrir, a fines de marzo, un 39 % de los ₳ 1.990, mientras que el operario calificado cubría el poder adquisitivo del obrero no calificado se ha reducido en más del 60% desde 1970. Se trata del índice más bajo desde que comenzó a publicarse la serie, hace ya casi 30 años. Como el gasto en alimentos insume por lo menos la mitad del valor de la canasta familiar, el obrero no calificado no llega a cubrir la alimentación de su familia, salvo que también trabaje su compañera. Se trata, entonces, de un salario de hambre en el sentido más literal y directo del término. La UADE llega a estas cifras, realmente escalofriantes, calculando el salario del peón industrial en ₳ 896 y el del operario calificado en ₳ 1.215. Pero estos salarios sólo se obtienen trabajando horas extras, de lo que se deduce que se llega a un salario de hambre a través de un régimen de superexplotación. En este cuadro, el gobierno acaba de liberar los precios. La medida fue saludada por el justicialismo. Mientras tanto, la burocracia aceptó un salario mínimo de ₳ 520 —¡una cuarta parte de la canasta familiar oficial! — y en las paritarias no plantea la discusión salarial... El gran capital ha perpetrado, bajo el régimen constitucional, una monumental expropiación del trabajo obrero. Es especialmente por esto que los latifundistas, banqueros y capitanes de la industria del "bloque de los 17” que visitaron a Alfonsín en Olivos, “reiteraron su inquebrantable fe en las instituciones” e impulsaron al presidente a “llevar adelante el sistema democrático”. "Todo lo cual ratifica que la democracia constitucional es un biombo para encubrir la violencia capitalista.

Finalmente, después de más de tres años de idas y vueltas, el gobierno promulgó la ley sindical ¿Quiere decir esto que el frente único de los banqueros, industriales y latifundistas, que exigía el veto presidencial, fue desairado por el propio Alfonsín? El decreto reglamentario con que el gobierno promulgó la ley, sin embargo, “fue elaborado para recuperar la paz empresarial’’, (Clarín, 18/4). Luis Lozano, Secretario de Trabajo, confesó que, a través, del decreto, “procuramos atender, eficientemente las inteligentes observaciones empresarias” (La Nación, 16/4). Hasta “Ámbito Financiero” (15/14), abanderado de la campaña por el veto de la ley, se vio obligado a reconocer que “el decreto reglamentario contempla en parte las observaciones de los empresarios”. El decreto reglamentario Es que el decreto de marras “incorpora una doble fórmula para que las empresas separen a los representantes sindicales de la línea de producción” (Clarín, 18/4). Permite a las patronales “liberar de prestar servicios” al delegado cuestionado hasta tanto el juez se expida sobre su despido y multiplica casi infinitamente las causales de éste. Con la suspensión del delegado, que de esta manera no podrá ingresar a la empresa, se golpea la organización de la lucha sindical que seguramente motivó el cuestionamiento patronal del delegado. Hay otros tres artículos de la reglamentación del Poder Ejecutivo que satisfacen los reclamos empresarios. El primero limita la estabilidad de los candidatos a delegados a aquellos oficializados por escrito por el sindicato que obtengan más del 5 % de los sufragios. Es obvio que este artículo apunta a facilitar la tarea de “limpiar” a los delegados opositores y antiburocráticos. El segundo señala que las inspecciones sobre las condiciones de trabajo requeridas por los delegados solo pueden realizarse si están autorizadas por funcionarios del Ministerio de Trabajo. Finalmente, la reglamentación limita las “medidas de acción directa” a las autorizadas por la legislación vigente. Como señala Clarín (18/4) “una versión que parece exactamente contraria a la que acepta que todo es legal a menos que la ley lo prohíba”. Los paros parciales, los quites de colaboración, las ocupaciones de empresa han sido puestas fuera de la ley por un decreto que anula el propio texto de la ley que reglamenta. Semejante aborto ilegal, inconstitucional y por sobre todo antiobrero, fue sin embargo saludado por la burocracia. “Algunos dirigentes —entre ellos Ubaldini— se comunicaron el viernes con Tonelli para expresarle su satisfacción por el camino elegido” (Clarín, 18/4). Arbitraje El decreto consuma la mayor parte de los objetivos del veto que se exigía, lo cual explica que las patronales se hayan llamado a sosiego. La resolución presidencial forma parte de un acuerdo general con el peronismo y en particular con la burocracia sindical, que acentúa descaradamente su subordinación al gobierno hambreador. Los Ubaldini y compañía están pagando con el estrangulamiento de las luchas la promulgación de una ley vital para la burocracia sindical. En el cuadro de la huelga docente y de una definida tendencia de lucha del movimiento obrero, Alfonsín juzgó más prudente “corregir” la ley en vez de vetarla.

La ley sindical recientemente promulgada consagra el derecho de la burocracia a la reelección indefinida y a intervenir Comisiones Internas, Cuerpos de Delegados y Seccionales. También faculta a la Justicia (es decir al Estado) a intervenir sindicatos. Es una legislación verticalista y reaccionaría, enderezada a regimentar a fondo la organización sindical. El artículo 52 de la ley establece, sin embargo, que los delegados de base sólo podrán ser despedidos si media una resolución judicial previa (prejudicialidad). Las cámaras patronales rechazaron frontalmente esta condición, lo que podría hacer pensar que los legisladores contemplaron la defensa de los delegados. ¿Es esto así? Va de suyo que la reglamentación por el Estado del despido de los delegados y no su prohibición consagra el derecho patronal, con la única limitación que establezca la justicia, igualmente patronal. La lucha directa por la defensa de los delegados deja así de ser legal. De esta manera la ley no protege, sino que desprotege a los delegados y activistas. No serán los trabajadores, quienes eligieron y a quienes representa el delegado, los encargados de defender su estabilidad. Por eso lejos de constituir una defensa del delegado amenazado, la intervención estatal los priva de la herramienta fundamental para su defensa: la lucha sindical. Al someter la estabilidad de los delegados al arbitrio del Estado, la nueva ley constituye un paso muy serlo hacia la completa estatización de las organizaciones obreras. El homenaje de la burocracia a la ley se explica porque necesita del Estado para sostenerse al frente de las organizaciones obreras. Su dominio de los sindicatos no duraría un minuto sin la injerencia estatal. Los burócratas y el Estado se valdrán de la prejudicialidad para preservar a los delegados que les son adictos, lo cual no les impedirá perseguir a los opositores. La prejudicialidad limita la defensa del delegado frente a la patronal y por otro lado incrementa la supervisión del Estado sobre la organización sindical de base. Contra el arbitraje y la arbitrariedad del Estado en los sindicatos, el PARTIDO OBRERO sostiene el principio de la soberanía de las organizaciones gremiales: son los trabajadores quienes eligen a los delegados y solamente ellos quienes pueden sacarlos. Ni el Estado, ni la patronal, ni la burocracia tienen, ningún derecho a destituir o despedirá un delegado. La defensa de los representantes obreros ante la represión patronal debe ser resuelta por los trabajadores, soberanamente, mediante asamblea general y con los métodos que les son propios: la movilización y la acción directa.

Medio país sin luz. ¿Cómo se explica que pase esto cuando hace poco se proclamaba contar con un “exceso de oferta eléctrica”? Según la información oficial la carencia energética se debería a la escasez de lluvias que afectó a las represas hidroeléctricas, la cual no pudo ser compensada por energía de las centrales nucleares debido a que éstas se encuentran en reparaciones desde hace tiempo por la falta de recursos. La solución inmediata que encaró Terragno fue activar la puesta a punto de los generadores nucleares y rediscutir las “prioridades” en materia energética. El directorio de SEGBA voló en pleno y fue reemplazado por gente adicta a Facundo Suárez y Terragno. Los "renunciados” acusaron a este último de utilizarlos de chivos expiatorios. Lucha sin cuartel Desde la asunción del radicalismo existe una dura pugna entre los monopolios hidroeléctricos y los vinculados al desarrollo nuclear, Los exsecretarios de Energía, Storani y Lapeña, señalaron que la UCR daba prioridad a “la utilización de aquellos recursos energéticos renovables fundamentalmente los hidroeléctricos” (Clarín, 26/1/85), en tanto que “las centrales nucleares son complementarias de aquélla” (Jorge Sábato, Clarín, 22/9/84). Se revirtieron así las enormes prebendas dadas por la dicta-dura a los intereses ligados al desarrollo nuclear. La UCR sostenía que existía una “sobreoferta energética” causante incluso de “un reducido rendimiento de las centrales”; y a comienzos de 1985 la Central Nuclear Atucha I debió “salir de servicio como consecuencia de la sobreoferta energética” (EI Periodista, 28/6/85). ¿Qué pasó para que el “exceso de oferta” del que se vanagloriaba todavía el Plan Energético Nacional (1986-2000), se transformara en una crisis que “no reconoce antecedentes comparativos” (La Nación, 17/4/88)? Es que la política de la UCR produjo una dura lucha entre los monopolios ligados a la hidroelectricidad y los vinculados a las centrales nucleares, lo que provocó la parálisis de ambos “programas”. En primer lugar, los grandes consorcios imperialistas boicotearon la puesta en marcha de las obras hidroeléctricas del Paraná debido a la posibilidad de que la URSS ganara la licitación. Storani había anunciado que las obras iban a iniciarse en 1984, pero luego todo el programa quedó anulado por la exigencia del Banco Mundial de darle prioridad a Yacyretá. Yacyretá es un negociado de primera línea. “Esta realización, que hace 8 años tenía un valor de origen del orden de los 6.000 millones de dólares, en la actualidad, sumando trabajos e intereses, ronda los 14.000 millones de la misma moneda” (Ámbito, 18/11/86). Por Yacyretá se anularon las construcciones hidroeléctricas más pequeñas, que hubiesen ido incorporando energía al sistema interconectado nacional a medida que se acrecentara el consumo. Los pulpos vinculados a los programas nucleares, por su parte, no sólo no fueron ajenos a este boicot, sino que llevaron adelante una vasta campaña por resucitar el programa atómico. El año pasado el Consejo Empresario Asesor, que reúne a prominentes pulpos, lanzó una ofensiva para “convertir a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en un ente descentralizado que oficie de cabeza de un holding de empresas tanto estatales como mixtas y asegurar un fondo específico para financiar las obras” (Clarín, 3/10/87). Sugestivamente, el informe al respecto fue elaborado por Castro Madero, titular del CNEA bajo la dictadura. Básicamente, la propuesta apuntaba a privatizar aún más el negocio nuclear, ya iniciado bajo el "Proceso", en beneficio de Techint, Nuclear (Sade-Pérez Companc Argatón (Bridas), etc. No por casualidad el informe del Consejo Económico Asesor fue defendido por Vittorio Orel de Pérez Companc. “El industrial aportó como ejemplo el traspaso de las actividades rentables al Ámbito privado, las experiencias de CONUAR y FAE (Fábrica de Aleaciones Especiales). Estas empresas explotan plantas de combustible nuclear y de fabricación de tubos de zuicalloy construidas con tecnología propia de la CNEA, que luego optó por compartir con la compañía SADE la propiedad del paquete accionario” (Clarín, 3/10/87). Queda por ver, a su vez, como se repartirá ahora el negocio nucleara partir de la Integración con Brasil esto porque la KWU, monopolio alemán, maneja el negocio del lado brasileño y tiene el 25% de las acciones de ENACE (Empresa Nuclear Argentina de Centrales Atómicas) que construye Atucha II. La renuncia de Lapeña a la Secretaría de Energía no se explica sólo por su oposición al plan petrolero de Terragno sino también por la presión de los pulpos “nucleares”. Pérez Companc, por ejemplo, tiene sus patas metidas en el Petroplan y sería una beneficiaria directa de un impulso a la construcción de centrales nucleares. Todo esto ilustra la lucha de los pulpos por monopolizar las fuentes energéticas, con dos consecuencias directas sobre la población: un despilfarro de recursos por las condiciones leoninas de los contratos que debe pagar toda la población y una “anarquía” de proyectos y obras que ¡levan a una crisis energética, que también paga la población con cortes y un servicio deficiente. ¡Qué digan ahora que la empresa privada es un factor de progreso!

“The New York Times” es uno de los voceros yanquis que más firmemente apoyó a la flota británica en1982. El vocero de los “liberales” norteamericanos se tomó muy a pecho la cuestión de las violaciones de los derechos humanos por parte de Galtieri cuando entró en juego la cuestión de la usurpación imperialista. Ahora “The New York Times” vuelve a recordarle a la Thatcher en su editorial (9/4) la necesidad de dejar de lado la “soberbia” y de negociar con Argentina el futuro de las islas. El vocero “demócrata" se manifiesta preocupado por los “lucrativos negocios de la pesca y de recursos minerales” que se ven afectados por las tensiones militares y los “repetidos rechazos a las negociaciones”. Cuando Caputo pide él también “negociaciones” está recitando el libreto del New York Times. La independencia nacional no pasa, sin embargo, por aquí sino por la unidad socialista de América Latina, que es la única que puede acabar con el imperialismo.

La reunión de embajadores norteamericanos de América del Sur con la plana mayor del Departamento de Estado que se celebra en estos días en Buenos Aires ha sido la ocasión para rematar una serie de acuerdos en el plano militar que desde hace tiempo el alfonsinismo está negociando con EE.UU. El subsecretario de Defensa norteamericano Robert Pastorino declaró que el motivo de su viaje a Argentina “consiste en analizar con sus colegas locales la posible participación de la industria bélica estadounidense en el reequipamiento y modernización de las fuerzas armadas argentinas” (Clarín 19(4). El jefe de la Flota Atlántica de los EE.UU., el Almirante Frank Kelso, le comunicó a su vez a Jaunarena y a Arosa que “los EE.UU cambiarían el nombre del Unitas por el de Operativo América”, para facilitar que la armada argentina participe de los operativos conjuntos con la marina norteamericana. Sugestivamente, el ministerio de, Defensa argentino reveló en estos días que “buques de guerra de ambas naciones se encontraron en alta mar, al sur del Brasil, a mediados de julio del año pasado y navegaron juntos, en un hecho que se mantuvo en reserva hasta hoy cuando fue revelado en Defensa” (Página 12, 20/4). Dante Caridi sigue, mientras tanto, su propio periplo por el Pentágono y las academias militares yanquis gestionando equipos, armamento y créditos para el Ejército. Como balance, los diarios dan como un hecho el abastecimiento militar, es decir la injerencia política y estratégica norteamericana en el Ejército y la Fuerza Aérea. El gobierno está lanzado desde hace tiempo a satisfacer uno de los reclamos fundamentales del alto mando militar, con la generosa ayuda del Pentágono. Caridi, Arosa y Crespo dicen pretender hacer frente a la crisis en las FFAA, pero en realidad están impulsando a fondo la “reinserción” militar en el dispositivo estratégico del imperialismo mundial. Alfonsín pretende, por su lado, cerrar un paquete más amplió con los yanquis, como las “privatizaciones”, “capitalizaciones de deuda” y prebendas de todo tipo al capital imperialista. La asistencia militar yanqui supone que ya va en camino a cerrarse el acuerdo en torno a Malvinas. Los “demócratas” de EE. UU plantean justamente abrir formalmente las discusiones entre Alfonsín y la Thatcher, para consagrar un futuro status jurídico de control y supervisión sobre Malvinas y el Atlántico Sur. Las maniobras navales conjuntas con los EE. UU; la instrucción militar argentina en las academias yanquis; el aprovisionamiento bélico norteamericano; son todas medidas que apuntan a colocar a las FF.AA bajo el mando del Pentágono.

Los estibadores del puerto nucleados en SUPA vienen realizando medidas de fuerza con la oposición de la dirección sindical que encabeza César Loza. La huelga fue convocada por las agrupaciones de base, todas ellas opositoras a la conducción oficial del SUPA. Las medidas sé iniciaron al tenerse conocimiento de que Loza había firmado un acuerdo con la patronal por un 15% de aumento desde el 10 de abril hasta el 10 de junio, en cuyo plazo el SUPA se compromete a no realizar medidas de fuerza ni efectuar reclamos salariales. En un volante que firman las agrupaciones de base se repudió el acuerdo firmado por Loza y se llamó a parar media hora por turno y el trabajo a reglamento, solicitando un aumento del 100% del jornal, la implementación de la bolsa rotativa de trabajo y contra las privatizaciones en el ámbito portuario. El viernes el paro fue acatado masivamente, incluso por los capataces que también se vieron perjudicados por los aumentos pactados entre Loza y la patronal. El turno tarde acató espontáneamente el paro. Loza se hizo presente presionando para que se levantara la medida de fuerza y fue abucheado por los trabajadores que le arrojaron monedas. El sábado la huelga continuó sin alteraciones, mientras Loza se presentó en el “Pórtico” y desde allí declaró a Canal 2 y otros órganos de prensa que "no existía ningún conflicto”. Los estibadores han formado grupos de piquetes que recorren el puerto para garantizar la media hora de paro y el trabajo a reglamento. Existe entre los activistas el convencimiento de que el paso siguiente es la expulsión de Loza y de todos sus seguidores. Ahora se levantan firmas pidiendo una asamblea general para destituir a la conducción del sindicato, algo que ya sucedió el año pasado pero que luego quedó diluido por las trabas puestas desde el Ministerio. Entre los portuarios es “vox populi” que Loza es socio del "tano” Hugolini, un mafioso que maneja dos empresas, Cide e internacional, donde los trabajadores son contratados realizando todos los pagos en "negro”, evadiendo impuestos y aportes provisionales, todo con el visto bueno del Ministerio de Trabajo.

Se realizó a mediados de marzo la elección de la Directiva de Obreros del Tabaco con la presentación de una sola lista, la oficial, que con algunos cambios de cara es la continuidad de la misma burocracia enquistada en la organización hace decenas de años. Para llegar a esta situación de lista única, la burocracia solicitó a las empresas la persecución implacable del activismo opositor. Sin embargo, los importantes niveles de abstención (en Nobleza sólo votó la mitad y en Massalin el 66 %, y esto según los datos del propio sindicato), a pesar de dos largos días de votación y de que en muchos casos se fue a buscar gente a las secciones para que votase, expresan la verdadera posición de los compañeros. La Lista Naranja llamó a NO VOTAR, planteando la necesidad de agruparse en forma independiente en las secciones alrededor de las reivindicaciones propias y a trabajar por la intervención del conjunto de los taba-caleros en la elaboración y discusión del proyecto de convenio.

Una escasa decena de días nos separa de las elecciones del Sindicato Gráfico Argentino. La Lista Naranja se apresta a dar la batalla electoral contra la burocracia ongarista, para recuperar el sindicato para los trabajadores. La Naranja Gráfica es un excepcional reagrupamiento de activistas y delegados de todas las procedencias políticas con un programa de independencia de clase y una irreprochable conducta de lucha. Esta es una conquista incuestionable del gremio gráfico y de toda la vanguardia obrera. Una victoria electoral de la Naranja significará, por lo tanto, un enorme paso adelante en el largo y doloroso camino de poner en pie una dirección clasista y revolucionaria en el movimiento sindical. Para quebrar esta perspectiva, el Ministerio de Trabajo ha salido a auxiliar políticamente el monstruoso fraude montado por el ongarismo. Es así que hay 5.300 empadronados (el 30% del padrón) de los que se desconoce en qué empresa trabajan, centenares de gráficos reales ausentes en los padrones y voto en subsedes —lo que permite el voto doble y hasta triple. El veedor ministerial ha dejado la “solución” de estas “anormalidades” en manos de los miembros de la disuelta Junta Electoral ongarista. Ocurre que la política propatronal de Ongaro es incompatible con la democracia sindical y la libre expresión de los trabajadores gráficos. Por eso todo el aparato del Estado patronal está jugado para asegurar el triunfo del ongarismo. Prensa Obrera continúa ofreciendo a sus lectores el balance del activismo gráfico sobre tres años de conducción del ongarismo en el Sindicato Gráfico y de tenaz lucha de la Naranja. Hoy responden dos destacados candidatos de la Naranja: Adolfo Rodríguez, candidato a Secretario Adjunto del SGA y Ángel Figueroa, secretario general de Palmeiro y candidato a Vocal. Estas son sus opiniones. La gran fiesta Naranja En el Salón Verdi, donde hace más de cien años fue fundada la Sociedad Tipográfica (primer sindicato gráfico del país), la Lista Naranja realizó su festival de cierre de campaña electoral. Casi quinientos compañeros, con sus familias, estuvieron la noche del viernes junto a la Naranja. Delegaciones de Crónica, Clarín, La Razón, Atlántida, Tecnograf, Capelli, Caltex y Celoprint entre otros talleres, se hicieron presentes en el Verdi. Otra presencia importante en la noche naranja del Verdi, muy aplaudida por los gráficos presentes, fue la de la delegación del Movimiento de Trabajadores Gráficos de Córdoba, actualmente en la conducción del Sindicato provincial. Néstor Pitrola, candidato a Secretario General por la Lista Naranja, denunció la política propatronal de Ongaro al frente del Sindicato gráfico en todos -los aspectos decisivos: salarios, despidos, convenio. Pitrola remarcó el carácter clasista de la Naranja y el fraude que Ongaro ha montado para impedir su victoria, llamando a todos los compañeros presentes a redoblar los esfuerzos para recuperar el gremio para los trabajadores. El “Paso, paso, paso, se viene el Naranjazo” con que fueron recibidas sus palabras son el testimonio de la firme voluntad de lucha del activismo gráfico. entrevistas realizadas por Luis Oviedo "La Verde no va a los talleres ni siquiera ahora que hay elecciones" Demoledoras denuncias de Ángel Figueroa, Secretario General de Palmeiro Prensa Obrera: Daños tu balance de estos años de conducción verde... Ángel Figueroa: No puedo sacar ningún balance positivo de la Verde porque de lo único que se han encargado en estos tres años es de hacer despedir compañeros. Te doy el ejemplo de mi propio taller: habíamos conseguido imponer dos delegados, pese a que por la cantidad de compañeros nos correspondía uno solo. Esta era una conquista del taller. Como los delegados éramos opositores, la Verde se encargó de “recordarle*’ a la patronal que nos correspondía uno sólo... En el tema salarial el balance no es mejor los salarios de convenio son bajísimos. Casi todos los talleres, a través de luchas parciales y aisladas, conseguimos estar por arriba del convenio. Pero la diferencia las patronales la pagan, en negro (o sea que no se consideran parte la indemnización en caso de despido). Además, nos obliga a pelear cada dos o tres meses para que las patronales no nos absorban los aumentos del sindicato de loque cada taller consiguió por la propia. Prensa Obrera: ¿Por qué la Verde recurre al fraude? Ángel Figueroa: Porque esta política es rechazada por la inmensa mayoría de los compañeros de los talleres. No hay que olvidarse que en tres años Ongaro llamó a una sola movilización para pedirte al gobierno que le rebaje los impuestos a las patronales. La Verde no va por los talleres, ni siquiera ahora que hay elecciones porque no puede defender lo que hizo en estos tres años. Por eso el fraude continúa. Prensa Obrera: ¿Cuáles son las diferencias fundamentales, a tu modo de ver, entre la Verde y la Naranja? Ángel Figueroa: En estos tres años la Naranja estuvo presente, y a la cabeza en todos los conflictos del gremio. Algunos se perdieron por el carnereo de la Verde y nos echaron buenos delegados, como en Abril. Contra el fraude y el patoteo de la Verde, la Naranja desarrolló una batalla fundamental para que el gremio gráfico pudiera votar democráticamente. Esta lucha fue victoriosa porque logramos parar la farsa electoral del 17 de diciembre y porque fortaleció mucho a la Lista frente a la base del gremio porque desnudó la hipocresía de Ongaro. Pese a esto el fraude continúa porque la política propatronal de la Verde es incompatible con la democracia sindical. El 27 de abril cada trabajador gráfico sabe que votar a la Naranja es el único camino para llevar adelante nuestro gremio. "Ongaro defraudó a la gran masa de activistas" Así lo dice Adolfo Rodríguez, candidato a secretario adjunto de la lista Naranja Prensa Obrera: ¿Cuál es tu balance de la conducción de Ongaro? Adolfo Rodríguez: A través de estos tres años largos de conducción verde el saldo que saco es francamente negativo para la clase trabajadora. La conducción que dice representar al gremio gráfico prácticamente no existió si consideramos las expectativas que había despertado dentro del gremio. La Lista Verde, es decir Raimundo Ongaro, fue apoyada masivamente por la militancia del gremio y esta gran masa de activistas fue defraudada. Es fácil ver esto si consideramos que en estos tres años largos sólo hubo tres asambleas generales y sobran los dedos de una mano para contar los plenarios de delegados, que son la esencia de toda dirección gremial que quiere respetar la voluntad de los trabajadores a quienes representa. Prensa Obrera: ¿Y el de la Naranja? Adolfo Rodríguez: El balance de la Naranja es altamente positivo, si tenemos en cuenta que esta lista, nacida y llevada adelante por la inquietud y voluntad de verdaderos activistas gráficos, en el corto lapso de tres años es hoy una alternativa válida que le está disputando la dirección del gremio a la Verde, que tiene muchos años de militancia y el apoyo del Ministerio de Trabajo y las patronales. Esto de por sí da la medida del valor de la lista, más allá de que la Naranja cuente con una representatividad que podríamos llamar de lujo por la cantidad y calidad de talleres que representa a través de delegados y secretarios generales de Comisión Interna. Prensa Obrera: ¿Por qué votar a la Naranja? Adolfo Rodríguez: A los compañeros gráficos les diría que votar por la Naranja es dar un voto por la lucha por la recuperación del salario y de nuestro sindicato. Dime donde pintas y te diré quién eres Los puentes de la Panamericana son disputados por todas las corrientes políticas y por las listas sindicales para sus respectivas propagandas. En uno de ellos, cercano a la fábrica Ford, hasta el sábado pasado existían pintadas, de las dos listas gráficas que realizan sus elecciones el 27 de abril. Una pintada correspondía a la lista del oficialismo (Verde) y la otra a la antiburocrática (lista Naranja). De repente, el día domingo una de ellas apareció tapada por una pintada partidista del Mas. Uno podría suponer que la lista tapada fue de la burocracia Verde de Ongaro que persigue activistas y que está aliada con Cafiero y Menem. Pero no, tal suposición es equivocada. La pintada que taparon fue la de la lista Naranja respetando pulcramente la de la Verde. Corresponsal

La asamblea provincial de AMSAFE, reunida el martes pasado, adoptó cinco resoluciones fundamentales sobre el curso de la huelga: 1) rechazar la conciliación obligatoria. 2) ratificar el paro por tiempo indeterminado. 3) repudiar la maniobra represiva del gobierno, con el objeto de quebrar la huelga. 4) criticar la forma y el método utilizado por la Junta Ejecutiva de la CTERA de Garcetti, al haber levando la huelga en forma inconsulta. 5) reclamar un confederal de todas las entidades de base del país. La resolución de los docentes santafesinos ha marcado a fuego no sólo a los Alfonsín y Cafiero, sino también a sus agentes dentro del gremio. Mientras la directiva de AMSAFE se llamaba a silencio, el activismo combativo resolvía tomar en sus manos la defensa de la huelga. El mismo sábado por la tarde, activistas y candidatos de la lista “unidad para la lucha" recorrieron los medios de comunicación rosadnos con este planteo: rechazar la conciliación, continuar la huelga, convocar a todos los docentes a una asamblea y movilización para el mismo domingo. A pesar del boicot de la directiva (que hizo todo lo posible por desautorizar esta iniciativa), 500 docentes se movilizaron el domingo. En esa jornada, se organizaron piquetes para garantizar, al día siguiente, la continuidad del paro y la concurrencia a la asamblea general del gremio convocada para discutir la conciliación. La asamblea del lunes, fue la más numerosa —y la más breve— desde que se inició la huelga: se votó por aclamación rechazar el decreto del gobierno, seguir la lucha y reclamar un confederal para decidir el destino de la huelga nacional. Luego la asamblea se transformó en una marcha de 1.500 docentes por las calles de Rosario con consignas contrarias a Cafiero y a Alfonsín. Pero Rosario no era una excepción: en San Lorenzo, los compañeros de “Tribuna Docente" iniciaron el domingo por la mañana, su agitación contra la maniobra del gobierno. Ya el domingo por la tarde, 120 compañeros se concentraron en la sede departamental de AMSAFE con gran ánimo combativo. Al día siguiente, la asamblea del departamento votaba seguir la huelga. El mismo día, en Santa Fe, otra masiva asamblea resolvía contra la conciliación, y por la lucha. Con estos “antecedentes" se llegó a la asamblea provincial: no más de un 10% de los votos aceptaban someter la conducta de AMSAFE a lo resuelto por Garcetti. Los demás mandatos criticaban al gobierno y a la Junta Ejecutiva de CTERA, o se pronunciaban por la continuidad de la huelga. La dirección celeste de Garcetti respondió con un telegrama amenazando de expulsión a AMSAFE de la CTERA. Esto sumó (a las resoluciones ya adoptadas) un repudio a esta provocación, que hasta los propios celestes debieron apoyar. La asamblea adoptó también medidas para tomar contacto con otros distritos y entidades con el fin de trazar un plan de acción común. Si AMSAFE se ve obligada en los próximos días a levantar la huelga por su aislamiento con referencia a la lucha a nivel nacional ya no lo hará en un marco de derrota política sino con el activismo y las bases unidas para encarar las próximas etapas de la lucha.

Nora Biaggio, directiva de la Unión de Educadores de General Sarmiento relata la lucha vigorosa de los maestros de su distrito contra la traición a la gran huelga docente P.O.: ¿Qué significa la decisión de la Junta Ejecutiva de CTERA de acatar la conciliación obligatoria? Nora Biaggio: Una de las características fundamentales de este conflicto ha sido que la decisión del no inicio de las clases, el paro activo y las manifestaciones callejeras, así como la continuación de cada semana del paro, fue impuesta por los docentes por encima de las intenciones de la dirección de la Junta Ejecutiva de CTERA. Se estaba preparando una tercera marcha blanca que evaluamos podía llegar a llevar a 300.000 personas a Plaza de Mayo. Esta perspectiva era la que nos iba a llevar al triunfo. Fue por eso que se reunieron Cafiero y Alfonsín, con un invitado clandestino (Garcetti) y en esa reunión no se discutió el impuesto al cigarrillo, sino que se discutió que sí o sí había que levantar la huelga y que el único con poder para quebrarla era el ídolo Garcetti, que debía llamar a levantar. La Junta Ejecutiva de CTERA implemento la traición a la fabulosa huelga docente y la traición a todo el movimiento de lucha de trabajadores que esta huelga estaba generando. Esta dirección traidora ya había sido cómplice de los levantamientos de las luchas de los docentes en el 83, en el 85, en el 86 y en el 87 dividió a CTERA. Durante todo el conflicto se pasó diciéndole a las bases que la conciliación obligatoria no se podía aplicar en el gremio. Nos querían desarmar, para que no planteemos seguir con la huelga, rechazar la conciliación, convocar a un Confederal de todas las entidades de base para discutir la posición de las entidades y un plan unificador de la docencia hacia el 27 de abril, día en que llegaban los caminantes de los cuatro puntos cardinales del país. Garcetti les pidió a los compañeros del interior que no salieran el día sábado, sino el miércoles siguiente. Evidentemente esta vendida estaba armada con anticipación. P.O.: ¿Qué posición tomó la UDEB de Gral. Sarmiento? N.B.: El día sábado la UDEB realizó un festival con más de 1000 compañeros en la Plaza San Miguel en apoyo a la huelga (en el cual los miembros de la Directiva que pertenecen a Alternativa del Mas se negaron a dar tribuna abierta y hacer del festival un acto). Mientras los números desfilaban, los maestros discutían qué hacer ante la conciliación obligatoria hasta altas horas de la noche y se formaban grupos de decenas de compañeros discutiendo la orientación a seguir. El día domingo prevaleció nuestra posición de rechazar la conciliación obligatoria. Ese mismo día realizamos una febril actividad escuela por escuela con una nota de UDEB rechazando la conciliación obligatoria y llamando a asamblea general para el día lunes y fuimos en manifestación a la Junta Ejecutiva de CTERA, en Capital, junto con otras entidades y agrupaciones. AHI mientras la Junta Ejecutiva se negaba a salir a enfrentar a los representantes de las entidades de base, Alternativa Docente del Mas presentaba largos mamotretos explicando que la conciliación obligatoria no se podía aplicar y llamó a desconcentrar la manifestación cuando se enteraron de que la Junta Ejecutiva no había considerado la conciliación obligatoria porque “le faltaba una página y el número de decreto”. Nuestra intervención fue denunciar que Garcetti estaba haciendo lo que no pudo Alfonsín cuando lloró y llamó a levantar, y lo que no pudieron hacer los gobernadores provinciales. Horas después, el día lunes, realizamos una asamblea masiva de la UDEB que votó por unanimidad rechazar la conciliación obligatoria, sea esta legal o ilegal, continuar la huelga e irá la asamblea de SUTEBA del distrito a plantear lo mismo e ir juntos a la CTERA a reclamar que fije su posición y convoque a un confederal unitario. Mientras hacíamos esto, la Junta Ejecutiva acordaba levantar el paro. La asamblea general que hicimos el martes, contando ya con la opinión de los maestros de cada escuela, votó nuevamente por unanimidad nuestra posición de rechazar la conciliación obligatoria, no ir a trabajar y una nueva asamblea en horas de la tarde, unificada con el SUTEBA para ver si se resolvía seguir el paro en el distrito. A la tarde, el SUTEBA impuso la posición de acatar y levantar el paro. Ante la traición consumada de la dirección de la Junta Ejecutiva la UDEB resolvió: 1) repudiar a la Junta Ejecutiva de CTERA por su traición a la huelga; 2) volver a las escuelas realizando un balance de todos los compañeros de por qué Garcetti hizo levantar la huelga junto a Cafiero y Alfonsín, y sobre Tos métodos con que fue impuesto el levantamiento; 3) la necesidad de fortalecer a la UDEB, organismo de base de CTERA, proscripto junto con el resto de las entidades de base que no formamos el SUTEBA, para trabajar durante la conciliación por un frente de entidades que se dé a la tarea de preparar el reinicio de la huelga. Se votó por unanimidad reemplazar el cartel de “maestros en lucha” que teníamos en nuestros guardapolvos por el de “maestro traicionado” y seguir con la actividad de pedir solidaridad al resto de los trabajadores. P.O.: ¿Conclusión? N.B.: Los maestros están haciendo un análisis de por qué cuando los maestros cantaban “que esta huelga no la rompen ni Cafiero ni Alfonsín”, finalmente mediante Garcetti si lo pudieron hacer. Pienso que fundamentalmente los maestros fueron descubriendo el carácter de la Junta Ejecutiva de CTERA en el curso de la huelga. Esa dirección, acaudilló la huelga con métodos verticalistas y pudo tener a un gran sector de la docencia en un puño y traicionarla en el momento necesario. Los maestros de mi distrito están discutiendo cómo se voltea a Garcetti y cómo armar el cuadro para una nueva dirección que verdaderamente defienda los intereses de los docentes y no traicione las luchas. El único camino es fortalecer los sindicatos de base que lucharon hasta el último minuto para que no se levante la huelga, y que formen un frente unido.

El 10 de marzo la Secretaría de Comercio Interior resolvió fijar precios máximos para los productos escolares. Durante la huelga docente esta resolución se mantuvo por la obvia razón de no “arrimar más leña al fuego” contra los padres y la opinión pública soliviantados. Ahora terminó la huelga. No se había terminado de firmar la resolución del levantamiento en la CTERA (g) y ya la Secretaria de Comercio anunciaba la liberación total de los precios de la “canasta familiar”. Ahora sí, con la huelga dislocada no hay “necesidades políticas” que impidan lanzar la carestía con todo. Así responde Tonelli a la “demanda de la sociedad” con que justificó la conciliación obligatoria. Que la carestía le siga al hilo al levantamiento de la huelga es toda una definición. ¿No, Garcetti?

Estábamos esperando la conciliación desde el segundo día de huelga. “Es un triunfo”. “Se ha logrado evitar la provincialización”; “logramos el reconocimiento de la Comisión de Política Salarial”. Con estos argumentos, la directiva garcettista de la UEPC defendió, en Córdoba, el levantamiento de la huelga nacional docente, dando así la puntada final a un profundo trabajo previo de socavamiento de la huelga en la provincia. La huelga en Córdoba soportó diferentes golpes: entre ellos, las propuestas rompehuelgas del gobierno provincial y la permanente amenaza de descuento de los días de huelga. Pero lo más grave fue la adaptación permanente de la directiva de UEPC a estas presiones: los garcettistas no denunciaron los intentos rompehuelgas de Angeloz y Negri, torpedearon las iniciativas de organización regional y alentaron el “cambio de modalidad” de la lucha (es decir el levantamiento de la huelga). Ante la aplicación de la conciliación, la dirección de la UEPC ha señalado que la lucha ha llegado “hasta donde la crisis lo permite”. La crisis, sin embargo “permite” a los especuladores en bonos la obtención de rentas mensuales del 40 %; un porcentaje ínfimo de las cuales bastaría para pagarle a los docentes. Lo que no “permite”, la satisfacción de nuestros reclamos, son los intereses que defienden los Angeloz, Cafiero y Alfonsín, a los que la directiva de UEPC se ha sometido por completo. Al presentar a la conciliación obligatoria como un triunfo, la directiva ce-leste está embelleciendo su traición, ya que también sus representantes votaron el levantamiento nacional de la huelga dentro de la CTERA (g). Pero entonces no se debió haber ido a la huelga ya que la crisis es anterior al conflicto. A pocas horas del levantamiento de la huelga, el gobernador Angeloz desmentía, con hechos, las palabras triunfalistas de la dirección de UEPC: el ministerio de educación cordobés anunciaba el descuento de los días de huelga. La conciliación, así servía para maniatar a los trabajadores, pero no interrumpía la ofensiva contra los docentes. Para él activismo opositor, que durante la huelga se batió contra esta conducta de bancarrota, está planteado abrir una reflexión política hacia todo el gremio, para avanzar en el camino de una nueva dirección.

El 13 de abril pasado, 3.000 trabajadores estatales manifestaron frente a la legislatura de Salta para reclamar por el pago de salarios atrasados y por la derogación de los decretos de emergencia que congelaron salarios. Sólo recibieron como respuesta la borrada de los legisladores y la violenta represión policial ordenada por el propio vicegobernador. A fuerza de gases y de balas de goma, el gobierno logró imponer un momentáneo parate a este gran movimiento, que debutó hace un mes con una imponente movilización de 5.000 trabajadores. La coordinadora de gremios estatales —que reúne a las direcciones de ATE, UPCN, Judiciales y Municipales, entre otros—, no ha establecido una continuidad a la lucha. Pero desde las reparticiones, los trabajadores no renunciaban a la movilización: en la administración central, se resolvió parar y bloquear el pago a los legisladores, imponiendo que éstos cobren después de los estatales. En Rentas y Vialidad provincial, los paros continuaron al margen de la Coordinadora. Una asamblea de la contaduría provincial, votó a favor de que la Coordinadora estatal funcione con voz y voto de los delegados de base. Fractura de las direcciones gremiales En este cuadro, el gobierno anunció que solo pagaría un adelanto de los sueldos de marzo y que continuaría el congelamiento salarial. La coordinadora estatal, ante este anuncio, se dividió en dos bloques. El que integran las direcciones de Luz y Fuerza, ATSA y Obras sanitarias planteó el levantamiento de las medidas de fuerza. El sector integrado por UPCN, ATE, Municipales y Judiciales resolvió sostener plan de lucha. Sin embargo, este sector concibe a estas movilizaciones como acciones de presión para lograr la formación de una “mesa de concertación”, expresamente defendida por el secretario general de ATE de la provincia. El romerismo “planifica” suspensiones rotativas Pero mientras tanto, se conocía públicamente el plan que Roberto Romero —ex gobernador y sostén de las actuales autoridades salteñas— prepara para los estatales de la provincia: “suspender” 5000 empleados, por 45 días, rotándolos cada tres meses”. Romero lo declaró así en una reunión... ¡con los propios gremialistas estatales! “Muchachos, agregó, no veo otra, o se van o no cobrarán por largo tiempo” (“Propuesta, 15/4”). A esta ofensiva sólo puede pararla una estrategia de lucha a fondo. Para esto es necesario poner en pie una dirección responsable ante las reparticiones de modo que la coordinadora funcione con delegados mandatarios. Sólo así habrá un plan de lucha consecuente por la derogación de los" decretos de emergencia económica; por un básico de 1000 ₳; por la vigencia de todos los aumentos nacionales y la indexación mensual; por la investigación y el control obrero de los fondos del banco provincial, incluido en esto el sistema de "canje de bonos”.

El domingo 17, 6.000 compañeros se concentraron frente a la sede de la UOM de Río Grande, que continúa en huelga indefinida por los 2.900 australes de básico. El acto fue llamado, en principio, como asamblea general, pero solo hablaron los dirigentes del gremio y de la CGT. Estos últimos criticaron “los desmanes producidos por algunos grupos (de trabajadores)”, en referencia a los piquetes que vienen jugando un importante papel en el desarrollo de la huelga. Gracias a éstos, se vienen realizando asambleas y concentraciones diarias en puertas de fábrica. Dos de las patronales fueguinas aceptaron el pedido salarial, lo que condujo al levantamiento de la medida en estas dos fábricas. Pero luego, los trabajadores de las mismas resolvieron mantener la huelga hasta garantizar la conquista del reclamo salarial en todo el gremio. Para esta semana están planteadas nuevas movilizaciones y la extensión de las tareas de solidaridad y apoyo de toda la población fueguina a la lucha planteada.

“Al llegar a la asamblea general —del distrito Morón de Suteba— que debía considerar la “contrapropuesta” de Garcetti —72 horas antes de la traición— nos encontramos con un control muy estricto, se debían presentar los carnets y solo tenían derecho a hablar y a votar los afiliados al Suteba. “Cecilia Martínez —secretaria general— dio comienzo a la asamblea tomado, por Cecilia Martínez (también informando sobre cómo se venía desarrollando el paro para concluir que la presentación de la “contrapropuesta” estaba justificada como iniciativa política ante la perspectiva de un desgaste de la huelga en algunos distritos (Capital, Córdoba y Río Negro). “Al entrar, a la asamblea, distintas agrupaciones repartieron volantes. Tanto “Alternativa Docente” (Mas) como la “Corriente de Opinión Docente” (PTP) y “Bases docentes" (PC) evitaban pronunciarse sobre la propuesta de la JE y sobre la metodología aplicada para decidirla, que fue totalmente al margen de la opinión de la base. Solo el volante de “Tribuna Docente” planteaba claramente el rechazo a la propuesta y a la metodología de la JE de la CTERA. "Leyendo el volante de “Tribuna..." algunos compañeros tomaron la palabra criticando la actitud de la dirección. Una compañera presentó la moción de votar la “propuesta" elevada al gobierno para ver si estábamos o no de acuerdo. Ante esto la Directiva reaccionó diciendo que no valía la pena votar ya que no había habido respuesta y se hizo una dura crítica a los que hablan hecho uso de la palabra. “El debate sobre si debíamos votar o no duró casi una hora, hasta que “Alternativa..." vino en auxilio de la Directiva planteando la contrapropuesta de continuar con la lista de oradores y después votar, lo que fue rápidamente con el apoyo de la COD) para bloquear el debate abierto. Finalmente siguió la lista y no se votó nada. Ante esto muchos compañeros empezaron a retirarse diciendo que "estaba todo cocinado”. “Al discutirse las propuestas de actividades se plantearon movilizaciones en el distrito y marchas permanentes a Plaza de Mayo. “Alternativa..." planteó como gran tarea la elaboración de un petitorio firmado masivamente en apoyo al proyecto de Ley de la senadora peronista Rivas. (pareciera que no basta con la experiencia hecha por los docentes sobre la Impotencia del “Lo ocurrido en la asamblea de Morón es una muestra más de la necesidad de democratizar nuestro sindicato y construir una fuerte corriente de lucha independiente del Estado y los partidos patronales, para que la dirección del Suteba sea fiel a los intereses de los trabajadores de la educación.”

Cuando reiteradamente escuchamos decir que “vivimos en democracia”, lo que realmente se debe entender por esto es que vivimos en el reino de la hipocresía. No podría ser de otra manera con relación a un régimen político que afirma lo que no es; la paz, en tanto encubre la violencia-de la explotación de una clase por la otra; la libertad, de la que solo disponen realmente los grandes capitalistas, fundamentalmente para saquear a los trabajadores; la justicia, cuándo se confisca al que no tiene en beneficio del potentado. La huelga docente ha sido una fuente inagotable de ejemplos de la hipocresía democrática. Los que han destruido la educación para pagar, entre otras cuentas, la deuda externa, acusaban a los docentes de privar de enseñanza a los estudiantes. Para pagar esa deuda externa, la democracia se vale del régimen unitario, que permite al gobierno central succionar todas las energías nacionales hacia los centros imperialistas; pero para pagar los sueldos docentes el régimen se declara federal, lo cual es un mecanismo inventado hace solo diez artos por Martínez de Hoz para reducir los salarios del magisterio al nivel de los recursos de las provincias más pobres. Para propugnar una educación apolítica y contrarrevolucionaria, el régimen democratizante se ratifica a si mismo como sarmientino; pero se olvida del sanjuaneo a la hora de tener que respetar la gratuidad e igualdad formales de la enseñanza pública. Cuando Ideler Tonelli dictó la conciliación obligatoria fundándose en la presunción cierta de que existían ya las bases de un arreglo del conflicto docente, el régimen alcanzó la cima de la hipocresía. Es que no hay tal conciliación, es falso que sea obligatoria y es más falso todavía que exista un arreglo o. un principio de arreglo del conflicto. El Ministerio de Trabajo no dictó ninguna clase de conciliación obligatoria sino simple y descaradamente, un ultimátum. Fue un acto desvergonzado de violencia. O levantan o los reventamos. La conciliación obligatoria es completamente ilegal. Viola en primer lugar el derecho constitucional de huelga, que ningún acto gubernamental tiene la facultad de anular. No tiene apoyo tampoco en la legislación laboral que fuera dictada de un modo inconstitucional. “No es algo estrictamente legal” —dijo el propio Tonelli (Ámbito Financiero,19/4). “Pero debe recordarse —agregó— que se trata de un conflicto atípico y de una intervención atípica de esta cartera”. ¿Podría existir una confesión más descarnada y despojada de vueltas que ésta respecto a la completa ilegalidad de la posición oficial? Nadie ha olvidado, por otra parte, que Tonelli repitió durante tres semanas que su ministerio carecía de las facultades legales para imponer la conciliación obligatoria. En definitiva, el gobierno ha violado su propia constitución y su propia ley para poder ejercer sin subterfugios la violencia que se concentra en las manos del Estado. Pero el ministro Tonelli no solo invocó la ley para colocarse al margen de la ley, perpetrando un delito de Estado, también invocó la ley suprema de la voluntad popular. Cuando fue interrogado sobre por qué no se esperaba al acuerdo de partes, que el ministro juzgaba inminente, para resolver el conflicto, el ministro respondió que “había una demanda de la sociedad" para hacer levantar la huelga. Cuarenta y ocho horas antes, sin embargo, un paro general había revelado que la “sociedad” se enfrentaba frontalmente, no a los docentes, si no al gobierno, a los gobernadores y al Estado, con la voluntad de derrotarlos y llevar a los docentes a la victoria. La conciliación obligatoria no ha sido otra cosa que un golpe del Estado contra la "sociedad”, que se radicalizaba en su conciencia y en su lucha contra los personeros de la destrucción nacional. El régimen democratizante de Cafiero y Alfonsín invocó por boca de Tonelli la razón de la ley y la razón popular por la precisa razón de que pretendía aplicar la violencia desnuda del Estado sin escrúpulos legales y con toda la Intención de ahogar al conjunto de los reclamos y movilizaciones populares. Como cualquiera se lo ha podido imaginar, “las bases del acuerdo inminente” que Tonelli usó de pretexto, son un puro cuento. En este aspecto el conflicto está exactamente en el mismo punto que antes de iniciarse. No existe la menor aproximación a los ₳ 770.- que la CTERA (g) reclamaba para marzo o a los ₳ 1.030 de la CTERA(a) y de la Federación Sarmiento. Pero tampoco existe un acuerdo entre el gobierno y las provincias en relación a cómo se financiarían los supuestos ₳ 640 que el gobierno estaría dispuesto a dar para abril. En los días siguientes a la conciliación obligatoria se volvieron a poner en evidencia todas las divergencias ya conocidas entre las diversas camarillas de políticos y legisladores patronales. Todo esto sirve para demostrar que la conciliación obligatoria, lejos de fundarse en una hipótesis de acercamiento de las posiciones en conflicto, tuvo su fundamento, en la certeza de que la violencia estatal era el único recurso contra la huelga ante la completa incapacidad del Estado para acercarse a una solución, de los reclamos y a una superación de las contradicciones entre el gobierno central y las provincias. El viernes 15, Alfonsín y Cafiero protagonizaron una ficción de acuerdo para perpetrar el acto de violencia que constituye la conciliación obligatoria. Fingir un acuerdo fue el acuerdo, para golpear la huelga, de la misma manera que fingir que tienen un pacto de gobierno es el pacto que les permite unirse contra los trabajadores a pesar de sus múltiples divergencias. En este conflicto se ha llegado a tales extremos de hipocresía que cuando todo el mundo creía que uno de los temas principales de la reunión de gobernadores justicialistas en La Pampa había sido la cuestión docente, Clarín (14/4) informaba que esto no se había puesto siquiera en consideración. En la reunión entre Cafiero y Alfonsín tampoco se discutió el paquete salarial para los docentes sino el rescate de las oligarquías provinciales cuyas deudas incobrables son la causa deja, bancarrota de los bancos oficiales. La prueba es que el mentado incremento del impuesto a los depósitos recaudaría seis veces más que lo necesario para sufragar los gastos dé las siete provincias que afirman no poder, pagar un reducido aumento salarial. Alfonsín y Cafiero han explotado la huelga docente para justificar una nueva exacción, contra los consumidores que supera holgadamente lo que se dispondrían a dar los maestros. La conciliación ni siquiera es obligatoria; en Capital, Córdoba y Río Negro sus gobernadores o intendentes ya han declarado que proseguirán con una política implacable de represión económica y política contra los huelguistas y los activistas. En la Capital especialmente la furia de la burguesía democratizante se desata contra la docencia qué les quebró la “vidriera" de cara al país y al exterior y donde la huelga se cumplió con el sacrificio de no cobrar los salarlos durante dos meses. La conciliación es todavía menos obligatoria paca los capitalistas, quienes como consecuencia de la traición a la huelga han logrado la liberación de los precios de los artículos escolares, apenas minutos después de levantada la lucha. Pero el gobierno no recurrió a su descarado acto de fuerza porque se encontrara fuerte sino porque se sentía en él máximo punto de debilidad. No había podido quebrar la huelga en ningún lado, en tanto que en los distritos principales de Buenos Aires y Santa Fe estaba granítica. El miércoles 13 una gigantesca manifestación de 25.000 maestros recorrió el centro de la capital. El cuadro del conflicto en las vísperas de la conciliación obligatoria se caracterizaba por mayor nivel de combatividad de la huelga, en su conjunto y por la mayor división del frente oficial en relación a los recursos para hacer frente a una parte al menos de los reclamos y en relación a las vías de salida para el conjunto de las crisis provinciales, de la bancarrota fiscal, de la inflación y de la recesión industrial. Este marco desnuda la completa traición de la CTERA de Garcetti, Mary Sánchez y Solimano. No pueden justificar el levantamiento de la huelga en el respeto a la ley; en la certeza de un acercamiento de las propuestas oficiales a los reclamos del sindicato; en la existencia de un acuerdo dentro del frente oficial sobre como financiaría su propia propuesta; en la debilidad de la huelga; en un reclamo de la base. Ni siquiera obtuvieron el pago de los días de huelga salvo como “recomendación” a los distintos gobiernos, ni la garantía contra las represalias. La burocracia de Garcetti, Mary Sánchez y Solimano capituló simplemente ante el ultimátum elaborado por Cafiero y Alfonsín. En estricto rigor, esa burocracia elaboró con el ministerio de Trabajo el ultimátum para poder justificar la traición abierta a la huelga mediante una capitulación. Clarín (20/4) dice textualmente: “el consenso logrado por Tonelli para dictar la conciliación obligatoria fue obtenido principalmente entre la conducción de la CTERA, aun cuando muchos de sus dirigentes salgan a desmentirlo o a explicarlo dialécticamente de mil modos”. La burocracia cafierista de CTERA violó sin escrúpulos sus reiteradas promesas de que convocaría a un "confederal" en caso de producirse cualquier clase de oferta oficial. Dijimos desde “Prensa Obrera" que esta promesa jamás sería cumplida porque ese “confederal" libremente formado por delegados elegidos por las bases en huelga, simplemente no existe en el estatuto regimentador de la CTERA (g). Detrás de esta promesa falaz vimos rápidamente que la burocracia había tomado ya hace bastante tiempo la decisión de golpear a las bases sin ninguna clase de miramientos. Naturalmente, la CTERA (g) se negó a conducir la huelga con todos los gremios en lucha sobre una base representativa de las asambleas de distrito. Solamente una dirección consciente de que deberá entregar la lucha actúa de esta manera. Mientras los Cafiero y los Alfonsín llamaban a defender la democracia contra un golpe, lo que en realidad estaban preparando era un golpe de características militares por su operatividad contra el movimiento sindical docente. Para esto contaron con el acuerdo previo, absolutamente imprescindible, de la burocracia sindical. Esta comprendió rápidamente que un movimiento que en su desarrollo se había despojado de todas las ilusiones en los Alfonsín y en los Cafiero debía oportunamente llegar a la misma conclusión respecto a la burocracia sindical. La dependencia política de la burocracia respecto a los Cafiero y compañía quedó a la luz del día; los Garcetti y sus amigos son agentes de la patronal en el movimiento obrero. Es indudable que en la operación político-militar contra la huelga ocuparon un lugar “señero" dos personajes que ningún activista deberá pasar por alto en el futuro: el clero y la burocracia y la CGT. En vísperas de la traición, los curas y la burocracia llamaron a las partes a “ceder en sus exigencias” en beneficio de la “paz social”. Era la señal del episcopado para que sus agentes en el movimiento sindical, dentro de los que Ubaldini, Garceta y Sánchez ocupan un primerísimo lugar, pusieran fin al coqueteo con la huelga. Por profundo que sea un movimiento de lucha, ocupa en él un lugar decisivo la dirección y la conciencia que los trabajadores en lucha tengan de ella al comienzo del combate. Por profundo que sea un movimiento, las masas no tienen la capacidad para reemplazar con la rapidez suficiente a una dirección traidora, en el curso mismo de la lucha si no cuentan con una poderosa vanguardia en su seno y si no han avanzado en una apreciación propia de las fuerzas políticas actuantes. El movimiento docente avanzó una barbaridad por este camino de autodeterminación sindical y política y en el fogueo de una nueva generación de activistas. Precisamente por eso la burocracia no podía demorar su traición. Una traición que es químicamente pura precisamente porque su única motivación ha sido poner fin a un movimiento con proyecciones independientes gigantescas para las masas argentinas. A partir de esto podemos decir con toda confianza a los Alfonsín, Cafiero y Garcetti: “quien ríe último ríe mejor”.

En el lapso de poco menos de una década, el pueblo argentino ha vivido tres grandes traiciones. En relación a ellas, como es lógico, se ha ido formando la conciencia popular. En 1982 fue la traición a la lucha contra el imperialismo anglo-yanqui, que la dictadura militar entregó antes siquiera de haberla realmente iniciado. En 1987 fue la traición de semana santa ante los “grupos de tareas" que reclamaban la amnistía por parte de Alfonsín. Ahora es la traición a la extraordinaria huelga docente, que se convirtió por un conjunto de factores en una poderosa expresión de la voluntad popular. Cuando Galtieri se entregó a los ingleses todo el mundo percibió que nunca había entrado en sus planes una lucha real contra el imperialismo. Cuando Alfonsín capituló ante los carapintadas todo el mundo comprendió con toda rapidez que Alfonsín ya estaba por la obediencia debida antes de la sublevación. Cuando Garcetti traiciona la huelga docente sin ninguna clase de justificaciones, está claro que estuvo en contra de sus posibilidades desde el inicio. Galtieri, Alfonsín y Garcetti comprendieron claramente, en determinado momento, que su verdadero enemigo no-eran los ingleses, los carapintadas o Antonio Cafiero y Raúl Alfonsín sino el pueblo dispuesto a luchar contra la flota, el pueblo concentrado en Campo de Mayo y el gran movimiento docente— todo los cuales amenazaban con superar las intenciones de sus dirigentes oficiales. Galtieri y Alfonsín pagaron sus traiciones con la derrota política ulterior; lo mismo ocurrirá con los Garcetti. En el marco de esta experiencia, que de algún modo es histórica, los explotados de Argentina van comprendiendo que tienen que acabar con estas direcciones oficiales para encontrar el camino de la victoria. Que necesitan una dirección obrera revolucionaria.