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Prensa Obrera N° 219

30 de marzo de 1988 · 21 notas

Notas de este número

30 de marzo de 1988
Paisaje revolucionario en la primavera soviética

Desde hace varias semanas la Armenia Soviética está conmocionada por una extraordinaria oleada de movilizaciones y por sobre todo de huelgas. Los cables transmiten que se vive el clásico clima de las revueltas populares: acaloradas discusiones en las esquinas, mítines cotidianos, efervescencia en la juventud. Ni siquiera la llegada de las tropas enviadas por el Kremlin atemorizó a la población, que decidió lanzarse a una nueva huelga general. Este movimiento reclama el reconocimiento del derecho de los habitantes de la región Nagorno-Karabaj (de mayoría armenia pero ubicada en la República soviética de Azerbaijan) a decidir su integración a la República Soviética de Armenia, así como el cierre de algunas plantas químicas contaminantes y de una central nuclear. La petición nacional de Armenia no es de hoy, pero es ahora que ha tomado una forma explosiva, con huelgas generales, manifestaciones monstruo y, en la estela de todo esto, la formación de un Comité Central de Organización que se apoya en una red de organizaciones locales (ver nota). El movimiento es tan popular que la super controlada televisión armenia debió difundir las protestas, cediendo así a la exigencia de los técnicos que amenazaban con negarse a seguir transmitiendo si prevalecía la censura. ¿Quién no reconoce en esto el comienzo clásico de cualquier revolución? Pero esta revolución, claro está, sobrepasa los límites geográficos y políticos de Armenia, porque lo que ella pone en cuestión es la dictadura burocrática, que vestida de perestroika o despojada de los hábitos demagógicos, burocracia queda. Desenmascarando la “perestroika” La burocracia tildó a los manifestantes inicialmente de “extremistas”, pero luego tuvo que negociar. El gestor de la “perestroika” intentó descomprimir la lucha formando una comisión con plazo para expedirse. Vencido el tiempo la respuesta fue el rechazo categórico a convocar al pueblo de Karabaj para que pueda expresar su voluntad mediante el voto. Los duros y los blandos, los gorbachianos y los brezhnevianos, todas las cliques, en suma, se unieron contra el reclamo de autodeterminación. La prensa de Gorbachov acusó a los armenios de "agentes de la CIA”, ocupó con tropas Erevan, detuvo a los líderes del movimiento e hizo saquear las imprentas y las editoriales de la oposición. En plena era del “glasnot” (transparencia), Gorbachov mantuvo el bloqueo informativo de los sucesos armenios en el resto de la URSS y proscribió directamente a la prensa de la región. Los hechos muestran los límites insalvables de la “democratización” gorbachiana, la cual ha sido recibida con entusiasmo por el imperialismo. Apenas se desenvuelve un genuino reclamo por abajo que no guarda relación con los reacomodamientos de privilegios que la cúpula viene intentando con la "perestroika”, Gorbachov responde como cualquier burócrata staliniano. El reclamo nacional armenio no es de ningún modo irreconciliable en el marco de una federación libre de pueblos, pero sí con el Estado despótico de la burocracia. Si se admite la solución democrática de la cuestión armenia, todo el edificio burocrático se viene abajo, porque este edificio reposa, precisamente, en la negación de los derechos democráticos a todo el pueblo, sean sindicatos, partidos socialistas, asociaciones culturales, comités de fábricas, prensa independiente y… nacionalidades no rusas. En la URSS no rige el derecho a la autodeterminación nacional, debido al carácter burocrático del Estado. El stalinismo usurpó el poder de la clase obrera e impuso la “rusificación” de todo el aparato de la URSS para homogeneizar su dominación. El pueblo armenio reclama el ejercicio del derecho de autodeterminación mediante el sufragio, un reclamo que ningún socialista e internacionalista podría dejar de apoyar. Pero es precisamente este principio democrático el que entra en choque con la burocracia de naturaleza totalitaria. En 1986 estallaron reclamos de autonomía en Siberia, luego hubo protestas en Alma-Ata y posteriormente los tártaros deportados a Crimea por Stalin, exigieron el derecho al retorno. Ahora, el reclamo armenio coincide con manifestaciones de lucha nacional en Letonia y Lituania No puede ser libre un pueblo que oprime a otros pueblos —decía Engels—. El proletariado no. puede cumplir con su misión histórica, usando los métodos de la burocracia. Debe defender el derecho democrático a la autodeterminación y luchar en este marco por una Unión Socialista de pueblos libres. Si en 1918-1921 Lenin y Trotsky se vieron obligados a ejecutar la sovietización forzada de Georgia y Armenia, ello se debió a que era el único medio para que esas naciones no cayeran militarmente en manos del imperialismo, violador N°1 de la libertad nacional. Pero la finalidad de esta sovietización era crear las condiciones de la libertad nacional, no anularla para siempre. Y este fue el centro de la lucha de Lenin en su lecho de muerte (1922/4). A 70 años del triunfo de la revolución, la completa ausencia de derechos nacionales no responde a la “actividad de la CIA”, sino a la asfixia burocrática. La revolución política en marcha En la región del Cáucaso (Armenia, Azerbaijan, Georgia) la burocracia azuza las rivalidades nacionales para preservar su dominación. La minoría armenia enclavada dentro de Azerbaijan sufrió en las últimas semanas una secuencia de matanzas (verdaderos “pogroms”), imposibles sin la complicidad del aparato burocrático. Azerbaijan es la República más plegada a las imposiciones que vienen de Moscú. Estos ataques no son consecuencias inevitables de la diversidad “étnica" como les conviene interpretar a los periodistas burgueses. En todos los periodos históricos han sido el resultado de la manipulación política de los Estados, clases o castas opresoras. El entendimiento nacional entre los obreros armenios y azerbaljanos es un hecho (ver nota). Sólo la burocracia no está interesada en que prospere. Las huelgas y la organización Inde-pendiente producen una Iniciativa histórica, completamente incompatible con el totalitarismo antisocialista y proimperialista. Los Gorbachov tienen planteada ahora la "urgente” tarea de emplear las tropas en gran escala, no allende las fronteras de la URSS, sino en su propio Estado. Esto marca un salto cualitativo en todo el proceso político revolucionario en la URSS y sus Estados políticamente dependientes. Confraternizan obreros de Armenia y Azerbaijan "Varios miles de armenios de la disputada región de Nagorny-Karajab, informa clarín del martes (29/3), realizaron una huelga general de protesta por la negativa del gobierno de unir ese territorio a la República de Armenia". Pero lo más importante todavía vienes después: "Operarios azerbaijanos llegaron hasta la puerta de las empresas, pero se negaron a entrar hasta que no lo hicieran sus compañeros armenios ¡Qué tal! Azerbaijan es la República donde se encuentra la región mayoritariamente armenia, que reclama su incorporación a la República de Armenia. Al solidarizarse con el reclamo de sus compañeros que reclaman la aplicación del principio de la autodeterminación nacional de los obreros de Azerbaiján ponen de manifiesto la profundidad del internacionalismo proletario y desenmascaran la pretensión de la burocracia rusa de que la URSS no es una cárcel de pueblos y sí una federación libremente organizada. Soviets revolucionarios "Una multitud de comités de organización locales han sido creados a la sombra del comité de organización central y han cubierto a la República de una red de pequeños soviets en los cuales uno reconoce la presencia de numerosos militantes del partido y de representantes "oficiales". Los menos destacados no son, evidentemente, los veteranos de Afghanistán, que amenazan con devolver medallas y libretas militares a Moscú si Karabaj no vuelve a su Armenia". "Densa o informal (en Moscú no se sabe) esta red existe, y dota a esta República de la URSS de un embrión de representación respecto a la cual habrá de tomar decisiones, que serán de todos modos costosas." (Le Monde, 1/3/88)

30 de marzo de 1988
Enérgica acción de los bancarios

El gremio bancario fue quien hizo punta en el movimiento de resistencia al paquetazo de Domato: mientras la burocracia bancada desestimaba toda acción de lucha para oponerse a las leyes que violan los salarios y convenios de los bancos oficiales, asambleas motorizadas por las juntas internas de la Caja Popular y el Banco Provincial votaban medidas de lucha y ponían en pie cuerpos de delegados representativos. Este proceso terminó desbordando a la burocracia: en un plenario de delegados de bancos oficiales se eligió un comité de lucha y se lanzó un plan de paros y movilizaciones contra el desenganche y contra el vaciamiento de la banca estatal. Fue en este cuadro que el gobierno resolvió el cierre del Banco provincial: en ese momento, el gobierno pactó una tregua con la dirección de la bancaria prometiendo la incorporación de ésta a las comisiones parlamentarias que tratan la cuestión del “desenganche”. Muy pronto los bancarios comprendieron que la tregua sólo valía contra los trabajadores. La ofensiva del gobierno continuaba, y con todo. Es así que éste prohibió las asambleas dentro del Banco; trasladó delegados de base a las sucursales; y en la Caja Popular comenzó una campaña de hostigamiento contra los delegados. Ante esto, el planteo de retomar la lucha recobró fuerza: en una asamblea general de la Caja Popular (realizada el martes 22), los trabajadores colocaron “entre las cuerdas" a los dirigentes. Se les planteó el carácter inconsulto de la tregua; se denunció las medidas represivas contra el activismo y la continuidad de la labor de vaciamiento de la banca estatal; para lo cual pusieron como ejemplo que mientras Banco provincia permanecía abierto, pero “sin operar” (supuestamente para “evitar la fuga de capitales"), el gobierno canalizaba el rescate de los bonos de las grandes empresas... a través del Banco Nación. Los trabajadores repudiaron la tregua y reclamaron reabrir la movilización. En este camino es necesario impulsar ahora la asamblea general de los bancos oficiales, que reabra la lucha por el retiro sin condiciones del paquete de leyes, por la restitución de los delegados sancionados y contra el vaciamiento de la banca estatal.

30 de marzo de 1988
Pronunciamiento revolucionario de la asociación de actores

Una masiva asamblea del gremio de los actores tucumanos discutió la crisis provincial y aprobó la siguiente resolución: “La Asociación Argentina de Actores, delegación Tucumán, ante la crisis que vive la provincia y entendiendo que es un deber ineludible fijar una posición que cuente con el aval de sus asociados reunidos en asamblea, considera: “Que en la crisis en que se encuentra la provincia, los únicos perjudicados son los trabajadores, que no sólo reciben un salario miserable, sino que el mismo es motivo de especulación, ya que se lo paga con retraso y en bonos. En medio de la crisis, hay pequeños sectores que se declaran satisfechos por ver acrecentados sus beneficios: los industriales azucareros y la banca privada. Los actores declaramos que quienes deben pagar la crisis son sus verdaderos responsables; los que, ‘casualmente’, son hoy los mayores beneficiarios de la misma.” “Los paquetes de medidas de emergencia mandados por el gobierno al Parlamento sólo afectan los intereses de los trabajadores, pues buscan reducir los salarios, avasallar los convenios y liquidar el derecho de huelga, no existiendo ninguna disposición, en los poderes públicos, en afectar a los grandes intereses de la provincia. Es por todo esto, que la AAA (Tucumán) eleva su voz de protesta —al igual que lo están haciendo todos lo estatales— y declara que nuestras condiciones de vida y de trabajo amenazadas por la actual situación, requiere de la acción coordinada, decidida y conjunta de los trabajadores de la provincia para imponer medidas elementales de emergencia: —cobro compulsivo de las deudas contraídas por la industria azucarera con la provincia. —apertura de los libros de las empresas que se declaran insolventes., —cobro de un impuesto forzoso a las grandes fortunas. —curso forzoso de los bonos, para detener la caótica situación que viven los trabajadores. —control de los fondos provenientes de la comercialización del azúcar, para lo cual deberá imponerse el control, por parte de los trabajadores, de la producción de los ingenios. —pago en término y en forma, de un salario igual a la canasta familiar.”

30 de marzo de 1988
La presente etapa de lucha

¿En qué punto se encuentra la lucha de las masas en Tucumán? Con la partida dé emergencia aportada por la Nación, el gobierno de Domato inició el pago de los sueldos de febrero. Pero sólo la policía cobró de inmediato, en australes. El resto de los estatales comenzó a percibir, y a cuentagotas, más de la mitad del sueldo en bonos. Los trabajadores han sufrido, de ese modo, una terrible confiscación: de un lado por el retraso de un mes (con una inflación del 15%) y por realizarse con bonos que se encuentran depreciados en 20 a 25% de su valor. Por medio de esta, confiscación se aplica, de hecho, el famoso desenganché de los salarios provinciales respecto a los aumentos que se reciben en el plano nacional. Una burocracia sin máscaras Domato consiguió que las direcciones de Bancarios, Obras Sanitarias y Judiciales participen en las comisiones parlamentarias que discuten la sanción de la ley del “desenganche”. La burocracia de estos gremios ha convertido así a los convenios y conquistas nacionales de sus sindicatos en letra muerta para la provincia. Lo ha hecho luego de que la lucha generalizada de los estatales hubiera paralizado, hasta ahora, la aprobación de las leyes antiobreras. Junto con la “participación gremial", los sindicatos estatales han establecido una tregua (sin la menor consulta a las bases). Como consecuencia de esto, la coordinadora de gremios estatales cesó de reunirse. Entretanto, los parlamentarios aprobaron la reglamentación del derecho de huelga mediante el arbitraje del Ministerio de Trabajo patronal, y el gobierno sancionó con traslados a los delegados combativos del banco provincial y de otras reparticiones. Los desquiciadores de Tucumán aprovechan el menor respiro de la lucha para golpear al movimiento obrero en profundidad. Cambiar de dirección La “solidaridad entre provincianos” (que el gobierno de Domato no cesa de reivindicar) es completa cuando se trata de favorecer a los capitalistas y oligarcas. Domato reclama que la Nación rescate los títulos y letras en poder de la oligarquía. Como compensación por un “gesto" como ese de parte del Banco Central, Domato se ha comprometido a reducir sueldos y a despedir masivamente a los trabajadores. Pero dada la terrible miseria que hay en Tucumán, lo que habría que hacer es declaran nula la deuda provincial con los capitalistas, cuyos intereses mensuales (₳ 55 millones) son inferiores a la nómina de sueldos (₳ 44 millones). ¿No es lo que corresponde cuando-el deudor se fue a la quiebra? Por cualquier vía, la miseria habrá de aumentar. El gran factor de bloqueo para una lucha victoriosa es la burocracia sindical, la que se dedica concienzudamente a dividir a los trabajadores. En la Bancaria se opone a una acción común con los empleados públicos en Sanidad reclama nada menos que la aplicación de un “impuesto al salario” que deberá recaer sobre los trabajadores con convenios nacionales. La tarea que hoy se le plantea al activismo combativo es vencer este bloqueo burocrático. En esta línea, los trabajadores de Sanidad han rechazado (en asamblea) el levantamiento del plan de lucha que propugnaba la dirección del gremio, y resolvieron continuar los paros y movilizaciones. En este camino, es más necesario que nunca la defensa de las asambleas por repartición y la elección de delegados con mandatos que opongan al divisionismo de la burocracia un plan de lucha común contra la ofensiva del gobierno, y que sean la base de un inminente Comité de huelga para toda la provincia.

30 de marzo de 1988
"Sólo la victoria consolidará nuestra organización"
Redacción

Amella García es delegada de la Escuela 516 de Melchor Romero - La Plata. Al terminar la asamblea de Adu-Suteba, que contó con la presencia de más de 100 compañeros, nos dijo: “El primer punto fue el rechazo planteado por nosotros a la propuesta de 630 para abril hecha por el gobierno, lo cual fue respaldado unánimemente por la asamblea, si se exceptúa en esto al bloque de la Celeste que se abstuvo a la espera de la oferta “final” en el Ministerio de Trabajo. Algunos dirigentes celestes fueron más lejos al decir que “aquí no Importan 20 ó 30 ₳ de más sino llegar al nomenclador único y que ya tenemos un saldo en esta lucha que es la organización de los cuerpos de delegados, el fortalecimiento de los sindicatos docentes, etc., como si esto pudiera sostenerse al margen de que ganemos o perdamos”. Amelia señala que la directiva (PC más independientes) “se jugó a fondo para que la asamblea general próxima fuese sólo para los afiliados del Suteba”, propuesta que según la directiva no debía;'-' sin embargo, votarse porque ello sería “violatorio de los estatutos”. De todos modos, gran parte de la asamblea se pronunció a favor de convocar a todas las entidades en lucha y de que todos los docentes pudieran votar. El paro, dice Amelia, “es absolutamente masivo, aún en el flanco más desprotegido que son los privados, a quienes les están llegando telegramas intimidatorios para que se presenten a trabajar”.

30 de marzo de 1988
En Comodoro Rivadavia: Todos parar, todos manifestar
Corresponsal

Una masiva movilización protagonizaron los docentes el viernes pasado, en Comodoro Rivadavia. Más de 500 manifestantes de ATECH, UDA y Conadu, la cifra más alta en toda la historia del gremio en la zona, se concentraron en la Plaza San Martín en reclamo del básico unificado. La semana pasada la gobernación cafierista trató de disolver el conflicto. El gobernador Peri publicó una solicitada diciendo, —al igual que Alfonsín—, que "el reclamo es justo, pero no hay fondos”, por lo que llamaba a levantar el conflicto y “abrir el diálogo”. Simultáneamente, varios funcionarios de la gobernación, que en el pasado fueron burócratas del gremio docente, intentaron dividir a los huelguistas. La fuerte unidad de los trabajadores impidió esa maniobra. La huelga está” más fuerte que nunca. Hasta los colegios religiosos —que nunca pararon en Comodoro, han salido a la huelga. A los primarios se han sumado los secundarios y universitarios. Todos ellos concurrieron a la movilización de Plaza San Martin encolumnados tras las mismas, reivindicaciones.

30 de marzo de 1988
¡La huelga sigue!
Redacción

La asamblea general de Río Gallegos de Adosac (sindicato docente de Santa Cruz), reunida de emergencia el domingo 27 a las 21 horas, resolvió desconocer lo resuelto en la asamblea provincial del gremio y mantener la huelga y la unidad con el resto de los docentes del país. Similar resolución tomaron los docentes de Puerto Deseado y de Caleta Olivia. La asamblea de Rio Gallegos se transformó luego en movilización y tuvo una masividad y combatividad desde hace mucho tiempo no vista. Se votó constituir un comité provincial de huelga con las localidades que se vayan plegando al paro, asumiendo de hecho la conducción provincial del gremio. Adosac estaba realizando un plan de lucha votado en una asamblea general anterior al plan de CTERA que no establecía la huelga indefinida sino tres semanas de paro al comenzar las clases, luego dos semanas de aulas y sólo después de esto la huelga indefinida. Una asamblea de Rio Gallegos habla reclamado más tarde la convocatoria a la asamblea provincial de Adosac para tratar la adhesión a la huelga indefinida nacional. En la asamblea, como dijimos, la dirección gremial impuso el rechazo a este reclamo mediante el desconocimiento de los mandatos de la mayoría de los delegados. Pero la maniobra fue enterrada y la huelga sigue.

30 de marzo de 1988
"Hemos tomado la lucha en nuestras manos"
Lina Bava

La huelga marcha cada día mejor, nuevos establecimientos y nuevas escuelas se suman a la medida. Lo más notable es el alto grado de participación de los docentes de mi distrito. Un ejemplo: a la asamblea que votó la huelga por tiempo indeterminado concurrimos unos 120 maestros. Hoy, el plenario de delegados funciona con más de 150 compañeros y las asambleas generales, como la del miércoles pasado, no bajan de los 1.000 maestros. Los maestros de San Martín hemos tomado esta lucha en nuestras manos y no la vamos a abandonar. Un ejemplo fue la movilización a la Plaza de Mayo. Pese a que San Martín y Tres de Febrero fueron dos de las zonas más castigadas por la inundación, de las escuelas de la zona salieron 23 micros para la Plaza, con maestros y padres. En nuestros distritos, la propuesta que circula de “aumentarnos” hasta los 630 australes ni siquiera se discute, esto lo ha decidido la asamblea del miércoles pasado.

30 de marzo de 1988
Fondo de huelga bajo control de las asambleas de distrito

Con el correr de la huelga docente en distintos distritos del Gran Buenos Aires comenzó a desarrollarse el debate de si los maestros deben, o no, organizar fondos de huelga. Mary Sánchez se pronunció negativamente. “Es obligación del Estado, y no de los demás trabajadores, hacerse cargo de los salarios caídos de los docentes”, declaró la titular del Suteba. La lógica clasista de esta afirmación es irrefutable: hay que arrancar al Estado por medio de la lucha, el pago de los días de huelga. ¿Pero por qué contraponer esta posición al planteo de movilizarse para financiar, no los sueldos de los maestros sino las tareas de agitación y organización que una lucha tan vasta y prolongada requiere? ¿De dónde saldrá el dinero para nuevos volantes, nuevos carteles o más transportes para nuevas movilizaciones? Los trabajadores en huelga deben establecer sus propios medios financieros de lucha, para mantener la independencia de clase del movimiento. La burocracia recurre, en cambio, a los “fondos públicos” de los gobiernos peronistas, y con ello colocan a la huelga bajo la dependencia de los políticos patronales. Por eso es necesario sostener y ampliar esta herramienta, votando en la asamblea de cada distrito la formación de un fondo de huelga centralizado, a cargo de compañeros elegidos y responsables ante la asamblea del destino de los fondos.

30 de marzo de 1988
La movilización en Neuquén es gigantesca
Redacción

Para Susana De Luca, dirigente de la ATEN neuquina, el rasgo más importante y decisivo de la gran movilización docente del Neuquén es la coordinación entre las asambleas distritales de maestros y los comités de lucha barriales, conformados por los padres y las organizaciones sociales. Esta coordinación se puso claramente de manifiesto en la movilización del miércoles 23, donde 10.000 personas se congregaron al llamado de ATEN. "Imagínate —nos dice Susana— que en Neuquén Capital, Plottier y Centenario sólo trabajamos unos 3.500 agentes educativos: el grueso de la movilización fueron los padres y trabajadores solidarios con los docentes”. Al grito de "se viene el maestrazo”, los principales contingentes llegaron de los barrios obreros de la Capital. La columna que arrancó de Barrio Valentina (a 7 km del centro) y pasó por Limay y Progreso, llegó con más de 1.000 personas. En Neuquén los maestros están acaudillando una vastísima movilización popular. Las comisiones de padres hacen y reparten sus propios volantes. Está en circulación un petitorio que, hasta hoy, fue firmado por más de la cuarta parte de la población de la capital. Los padres tomaron la lucha como propia, al punto que forman, piquetes y fiscalizan, junto con los docentes, el cumplimiento de la huelga en cada escuela. El tono de la movilización de los padres neuquinos lo dio un compañero, ovacionado en la asamblea del Barrio Progreso: “¡Hasta ahora lo que nos enseñaron toda la vida es a bajar la cabeza; hoy ustedes nos están enseñando a decir basta!” La unión de docentes y padres, como en ningún otro lugar del país, dio un gran empuje a la lucha. Así lo certificaban dos maestras, ya canosas, que el miércoles al finalizar la marcha, entre admiradas e incrédulas comentaban en voz baja: "parecemos los de Piedra”.

30 de marzo de 1988
En Córdoba votan pedido de expulsión de Guillan

Una asamblea de FOETRA en Córdoba realizada el martes 29, de la que participaron 100 compañeros, resolvió: 1—Pedir la expulsión de Guillán del sindicato de los telefónicos por su connivencia con los entregadores de ENTel. 2—Desarrollar una campaña pública de esclarecimiento contra la privatización y los alcances y significado de los acuerdos firmados por los privatizadores. 3—Realizar un paro y concentración el próximo 12 de abril contraía privatización y por los reclamos salariales. 4— Convocar a una nueva asamblea el 14 de abril para discutir un curso a seguir en la lucha por esas reivindicaciones, atento a lo que se resuelva en las otras seccionales de FOETRA.

30 de marzo de 1988
En Córdoba votan pedido de expulsión de Guillan
Redacción

Desde los primeros momentos de la huelga, Marcos Garcetti anunció que cualquier propuesta “razonable’’ del gobierno iba a ser considerada por un Confederal. Algún docente pudo pensar que el dirigente de CTERA estaba proponiendo una resolución democrática. Nada de esto; “El Confederal en la. CTERA (g) es la reunión de secretarios generales de distrito. Informó en momentos previos a la asamblea de Adu-La Plata, la secretaria general del gremio, por SUTEBA irá Mary Sánchez, previa reunión de secretarios generales del propio SUTEBA. Para tratar la “oferta” miserable de Alfonsín y Cafiero, Garcetti convocará entonces (tal como lo establece “su” estatuto) a una cúpula de 12 o 15, distante de la base que protagoniza la huelga y sin consultar su opinión. Dentro de estos métodos y estilo propios de Lorenzo Miguel, los huelguistas son de palo; para el “Confederal” invisible de Garcetti no existen. Ni qué decir que este es el mecanismo político, y clásico, de la traición. Frente a este fraude por referencia a la democracia sindical, debemos reclamar, y por sobre todo imponer en los hechos, la elección de delegados en asamblea y con mandato de asamblea, para participar de un confederal común con todas las entidades en lucha sin ningún tipo de proscripciones. Los que bancan la huelga con su esfuerzo, sacrificio y decisión, son los que deben resolver su destino.

30 de marzo de 1988
Arizcuren, el rompehuelgas
Redacción

Wenceslao “el rubio”, “debutó” en la huelga docente como carnero. Legitimó el acuerdo hecho por la burocracia de Corrientes» que decidió no participar de la huelga a cambio de ₳ 150 no bonificables. “Si hay acuerdos favorables en las provincias» los docentes están en su derecho al aceptarlos”, pontificó el "dirigente”. Trascartón voló a Suiza» pero su política se quedó aquí. Los hombres de su lista, la Verde, de Santa Fe, aceptaron ingresar a la “comisión salarial” formada con el gobierno provincial al margen de cualquier consulta a la base docente, y adelantaron su posición de llegar a un acuerdo “favorable” por la propia. Los hombres de la CTERA (a) en la dirección del sindicato de Santa Cruz (Adosac) trataron de levantar la huelga y fueron rechazados por masivas asambleas en Rio Gallegos, Caleta Olivia y Puerto Deseado. Wenceslao Arizcuren ha seguido al pie de la letra el libreto del gobierno (y también de los gobernadores justicialistas), de quebrar la huelga provincia por provincia? No casualmente no convocó una sola vez al confederal de la CTERA (a) para discutir las medidas prácticas de profundización de la huelga. Esperan» ciertamente, recibir un “pago” por esta conducta. El Ministerio de Trabajo tiene aún pendiente un dictamen favorable a la CTERA (a) en la dirección de Asuntos Jurídicos, que regresada la situación legal al momento de la fractura ocurrida en julio de 1987. Esta es la razón de todos los desvelos de Wenceslao Arizcuren. Vale la reflexión para todos los que han hecho, algunos MAS. otros menos, de la solidaridad política con el dirigente rionegrino todo el basamento de su conducta en la huelga docente

30 de marzo de 1988
El Confederal de Garcetti no existe
Redacción

Desde los primeros momentos de la huelga, Marcos Garcetti anunció que cualquier propuesta “razonable’’ del gobierno iba a ser considerada por un Confederal. Algún docente pudo pensar que el dirigente de CTERA estaba proponiendo una resolución democrática. Nada de esto; “El Confederal en la. CTERA (g) es la reunión de secretarios generales de distrito. Informó en momentos previos a la asamblea de Adu-La Plata, la secretaria general del gremio, por SUTEBA irá Mary Sánchez, previa reunión de secretarios generales del propio SUTEBA. Para tratar la “oferta” miserable de Alfonsín y Cafiero, Garcetti convocará entonces (tal como lo establece “su” estatuto) a una cúpula de 12 o 15, distante de la base que protagoniza la huelga y sin consultar su opinión. Dentro de estos métodos y estilo propios de Lorenzo Miguel, los huelguistas son de palo; para el “Confederal” invisible de Garcetti no existen. Ni qué decir que este es el mecanismo político, y clásico, de la traición. Frente a este fraude por referencia a la democracia sindical, debemos reclamar, y por sobre todo imponer en los hechos, la elección de delegados en asamblea y con mandato de asamblea, para participar de un confederal común con todas las entidades en lucha sin ningún tipo de proscripciones. Los que bancan la huelga con su esfuerzo, sacrificio y decisión, son los que deben resolver su destino.

30 de marzo de 1988
¡SIGAMOS LA HUELGA!
Redacción

Al final, el paquete que por encargo de Alfonsín y de Cafiero debían presentar Sourrouille y Tonelli a la docencia, alumbró un aborto. En la nueva “oferta”, el salario testigo” de ₳ 500 para marzo no viene complementado con ninguna propuesta” para abril y junio, como ocurriera con los “globos de ensayo” que se soltaron en los días previos. La sencilla razón para esto es que la Comisión de Política Salarial decidió que fuera del salario testigo de ₳ 500, lo demás debía arreglarse por distrito. De esta manera, radicales y justicialistas proclamaron su oposición mortal al salario nacional único y su decisión Je atomizar al sindicalismo docente por un largo período. Tanto radicales como peronistas saben que los ₳ 500 no tienen la más mínima posibilidad de ser aceptados, pues fueron rechazados en todas las asambleas previas a la “oferta”. Lo que se proponen es, entonces, fracturar la huelga mediante presión sobre los diferentes sindicatos provinciales. Esta orientación estuvo entre paréntesis durante un tiempo, en el cual se intentó que el “arreglo" pasara por Garcetti. Pero ya en la reunión del jueves entre Alfonsín y Cafiero se estableció que si esto no era posible habría que romper la huelga por separado. Fue entonces cuando Cafiero dijo: “Mi posición es similar a la del gobierno nacional. Nuestro propósito es evitar la movilización (a la Plaza de Mayo) y lograr el levantamiento inmediato del paro” (La Nación, 25/3). Luego de la movilización a Plaza de Mayo, Salviolo, Director de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, dijo sin pelos en la lengua que: “si la solución no se encuentra inmediatamente cada provincia deberá buscar su propio camino” (Buenos Aires Herald, 27/3). Ya Cafiero y Salviolo habían intentado ese “camino propio” a las 48 horas de iniciada la huelga. Preguntamos: ¿los cafieristas Marcos Garcetti y María Vicenta Sánchez sacarán la debida conclusión? ¿Les servirá esto para aprender algo? La política rompehuelga, aprobada de común acuerdo en la Comisión Salarial radical-peronista, se puso en marcha de inmediato, y para más detalles encabezada por dos “gobernadores del pueblo”. Bordón anunció enseguida un nuevo básico de ₳ 630 para abril para los docentes mendocinos; Reviglio, en Santa Fe, está negociando febrilmente con el sindicato del magisterio de la provincia el levantamiento de la huelga. Stubrin, desde el flanco radical, anunció que la paritaria nacional del sector “ha llegado a un límite” y que “en este sentido, no tiene objeto de existir” (Clarín, 30/3). Gobierno radical y gobernadores justicialistas han lanzado sobre el movimiento de huelga docente un operativo de despedazamiento concertado, provincia por provincia, y sector por sector. La primer apuesta: Capital Al mismo tiempo que fracasaba la negociación en el Ministerio de Trabajo, la Municipalidad anunciaba un básico de ₳ 700, una promesa de pago de los días caídos y un mecanismo indefinido de ajuste por inflación. Los radicales de la Capital sacaron 800.000 australes mensuales que decían no tener, con la sola finalidad de romper al sindicalismo docente. De todos modos, solo Camypd aceptó jugar el papel de carnero. El gobierno está explotando indudablemente la división del gremio a nivel burocrático y las consecuencias negativas del monopolio burocrático que los Garcetti y compañía han ejercido hasta ahora. Quebrar la huelga en Capital es el primer gran objetivo del oficialismo radical-peronista para desmantelar el movimiento de lucha. Debe entenderse que ahora se viene el ataque en firme en esta línea, para lo que se aprovecharía la desmovilización creada con los anuncios sobre el arreglo. El gobierno tiene a mano a Wenceslao Arizcuren, quien apoyó el cese de la huelga en Corrientes desde el principio y quien tiene a sus agentes trabajando en la misma dirección en Santa Cruz, Santa Fe y también Ca-pital. El dirigente máximo reivindicado por el Mas fue un rompehuelgas desde el inicio, para recobrar los favores perdidos del oficialismo. Buenos Aires es: la clave Pero aún con una poderosa ofensiva oficial en Capital, la huelga nacional no se quiebra si se mantiene firme en Buenos Aires. A la tarea de impedirlo se dedicarán los Salviolo de aquí en más. En Buenos Aires, el movimiento huelguístico está en ascenso y crece en los distritos alejados del conurbano (Bahía Blanca ha protagonizado una vibrante movilización de 2.000 docentes hace horas). El paro es total aún en los flancos más débiles. Los plenarios de delegados y las asambleas rechazaron las “ofertas”. La huelga docente entra en una encrucijada. Si sale adelante no sólo romperá el intento de destrucción del sindicalismo docente que alientan radicales y peronistas. Será el punto de partida de una disgregación aún más profunda del régimen político y de un ascenso generalizado del movimiento obrero: los ojos de todos los trabajadores están pendientes de esta evolución. Hay que volver a ganar la calle, por una segunda marcha a Plaza de Mayo, que ponga centenares de miles de docentes y trabajadores en el esfuerzo común de quebrar el brazo del régimen hambreador. El problema principal, sin embargo, es el problema de la dirección. Garcetti ha pretendido manejar la huelga en el marco de una cúpula y mediante la exclusión del 50% de los sindicatos decentes del país. Es el principal responsable, debido a su divisionismo, de las deserciones que se produzcan. Prometió un confederal para decidir el levantamiento o no de la huelga, pero se niega a convocarlo, sin exclusiones, para dirigirla. Necesitamos, ante la embestida, más que nunca de una dirección única y representativa del movimiento en lucha. Garcetti habla de un confederal si existe una oferta “razonable”. No hay oferta “razonable” y lo que necesitamos es un Confederal, no para procesar el levantamiento, sino para asumir la conducción efectiva de la huelga. El confederal al que se refiere Garcetti excluye a entidades docentes que no están en su seno y que representan al 50% de la masa en Iucha. Por un confederal unitario de todas las entidades docentes en lucha en el país con delegados elegidos y con mandato de asamblea. ¡¡Viva la huelga docente!!

30 de marzo de 1988
Ubaldini es un charlatán
Redacción

Ubaldini cerró el acto de los maestros en Plaza de Mayo con el discurso más corto de su historia. Pese a los desesperados esfuerzos del palco, el “Saúl querido” no prendió entre los maestros: la desconfianza se dibujaba en los rostros, en las miradas y en los gestos. No era para menos, estaba hablando el dirigente de una CGT que en dos semanas de huelga histórica había sido incapaz de mover un dedo por el triunfo de la lucha. El Tata recurrió a la demagogia. “Sí no hay solución para los docentes—dijo-— sabremos apoyar la lucha de otra manera’’. Pero en realidad, la CGT “miró para otro lado" en estos días de luchas en todo el país; ¿Acaso miró hacia Tucumán, Salta, La Rioja, o Jujuy, donde los trabajadores están peleando a brazo partido contra los “gobernadores populares"? Allí la burocracia está colaborando abiertamente con los hambreadores, e Incluso se está Incorporando al gobierno como en Tucumán y en -Santa Las patronales y el gobierno clavaron el salario mínimo en ₳ 520.- menos de una tercera parte de ja canasta familiar, pero Ubaldini sólo atinó a declarar que “no pensamos abandonar el Consejo del Salario Mínimo es decir qué va a mantener los pies dentro del plato. En momentos en que el ataque patronal a los salarios, a las condiciones de vida de las masas y a las empresas, estatales (ENtel, A.A, Elma) adquiere un ritmo infernal, la CGT es un gran cero a la izquierda.

30 de marzo de 1988
La tribuna dio la espalda a los 30.000 maestros

Pese al diluvio y pese a las inundaciones, 30.000 docentes marcharon sobre la Casa Rosada, el viernes 25, en a mayor movilización gremial de los últimos dos años. La nota peculiar de la movilización fue la decisión de lucha que se expresaba en las columnas docentes. “Docentes, especie en extinción”, rezaba una gran pancarta con un dinosaurio que vestía guardapolvo; “docentes después del 15”, decía otra, mostrando un esqueleto escapado de alguna clase de anatomía. “La letra con hambre no entra”, certificaba un gran cartel de la UMP. Al pasar por el edificio del Parlamento prácticamente vacío, el grito unánime fue “1, 2, 3... se borraron otra vez”, expresando en síntesis la completa ficción del democratismo burgués como expresión de la voluntad popular. Cuando a esa altura se había hecho trascender la “propuesta” oficial de llegar, mediante aumentos escalonados al equivalente de ₳ 770 en enero de 1989, los manifestantes encontraron la forma de ponerla en ridículo: “dicen que habrá aumentos escalonados, quiere decir que vamos a comer salteado”. En este marco movilizador, el discurso de Marcos Garcetti fue seguido atentamente por los docentes. Pero el dirigente omitió referirse a lo que la plaza esperaba: un informe sobre la negociación, la caracterización dé las posiciones oficiales y la posición de CTERA frente a las “propuestas” en danza. “No ha habido ofertas del gobierno”, mintió, escamoteando su responsabilidad de informar a la masa reunida y de trazar una perspectiva clara de lucha. Marcos Garcetti enjuició a los “gobernantes que pretenden partir el frente gremial”, en una alusión a la que no quiso poner nombre y apellido, pero cuyos mayores exponentes eran los gobernadores justicialistas, los Cafiero, Bordón y Reviglio, los que están a la cabeza del operativo rupturista de la huelga. Es decir, los políticos que los dirigentes de la CTERA (g) tienen por tutores. Garcetti puso el acento en obtener el pago de los días caídos —aquí fue particularmente aplaudido— y en avanzar en la formación de “sindicatos únicos" bajo la CTERA (g). De este modo, Garcetti usó la tribuna para reforzar su política de división con relación al conjunto de las entidades en huelga. Cuando Garcetti trató de lograr un grito unánime por la “gloriosa CGT”, fracasó. Al tomar la palabra Ubaldini, los gestos de desconfianza en los rostros de miles de docentes hablaban por si solos: ¿qué podía esperarse luego de quince días de huelga —y qué huelga— en la que la “gloriosa” no pasó de los comunicados de prensa en adhesión a la lucha docente? En realidad, la presencia de Ubaldini y el Consejo Directivo de la CGT no tuvo por finalidad comprometer al “movimiento obrero organizado” en la solidaridad con la huelga: sobre esto Ubaldini no pasó de un par de bravatas. La presencia de la burocracia estuvo dirigida a “peronizar” el acto, manipularlo a su servicio, lo que significa aislar a la huelga como movimiento unitario de lucha. Sobre esto los docentes dieron clase: el intento de cantar la marcha peronista al cerrar el acto murió en el momento de nacer. La CTERA (g) frustró política y sindicalmente el acto al privarlo de contenido y de perspectiva, desarrollar la división y pretender ponerlo al servicio del justicialismo y la burocracia rompehuelgas. La acción dé la burocracia ha sido parte de los esfuerzos que desde afuera y desde adentro se están haciendo contra esta huelga extraordinaria.

30 de marzo de 1988
Fieles a Aníbal Ponce

El 24 de marzo la agrupación docente Aníbal Ponce —orientada por el PC— anunció su retiro de la Junta Ejecutiva de la CTERA (a), donde tiene dos miembros. El PC caracteriza que en “ambas CTERAS existen sectores combativos como burocráticos” y justifica su separación de la CTERA (a) en la necesidad de la “unidad de acción” de los primeros, sin aclarar qué tiene que ver una cosa con la otra. En realidad, la dirección del PC ha venido llamado desde hace tiempo a sus militantes en las entidades antiburocráticas de la Provincia de Buenos Aires a integrarse a Suteba. De este modo ha venido bregando por la disolución de gremios que son un producto real del movimiento docente; que han reafirmado esta condición de organizaciones de masas en la huelga actual; y que están separados de Suteba por una importantísima cuestión de principios, cual es la de si las resoluciones fundamentales del sindicato y los congresos y confederales deben basarse en mandatos de asamblea o establecerse “dedocráticamente” por la Comisión Directiva. Dentro de esta cuestión de democracia sindical se encierra otra fundamental como la de la independencia sindical del Estado, rechazada por Garcetti y Mary Sánchez, que reclaman un sindicato “nacional” del tipo que ha forjado en estos cuarenta años la burocracia sindical. Contra la unidad Es por lo menos sorprendente que la Aníbal Ponce pretenda que su acción se inspira en la necesidad de unir a los sectores combativos. Es que a pesar de que la A. Ponce (algún día discutiremos sobre el significado político y educativo de llevar el nombre de este antimarxista y antirrevolucionario) está presente en las direcciones de la UMP y ADEMYS en Capital, en ADYTED en Buenos Aires, AMP en La Rioja, AGEP en Tucumán y AMCH en Chaco, no se conoce que haya dado un solo paso para coordinar nacionalmente la dirección de la huelga docente, notoriamente inmovilizada en su proyección y en alcance de lucha por las direcciones de ambas CTERAS. En realidad, a partir del momento en que efectivizó esta resolución, la Aníbal Ponce de la UMP de Capital rompió su acuerdo anterior para llamar aúna reunión de entidades dé basé de la CTERA (a) y no alineadas, que debía tener por finalidad profundizar la huelga y reclamar un Confederal común a la CTERA (g). Todo esto quiere decir que a la Aníbal Ponce le importa un bledo la “unidad de los sectores combativos”, salvo que esta denominación la use para referirse a la dirección derechista de la CTERA (g), que quiere un sindicato vertical; que paralizó al gremio desde el 83 (con el apoyo de la Aníbal Ponce); que ha liquidado el confederal y lo ha reemplazado por el concilio de Secretarios generales; que se opone a las asambleas y movilizaciones conjuntas; y que hoy es la carta fundamental de Cafiero y Alfonsín para derrotar la huelga, esto a partir de que Arizcuren se ha transformado en un burócrata venido a menos. Contra la huelga Es significativo que este cambio de caballo se haya hecho en medio de la huelga y sin abrir ningún debate previo con las agrupaciones docentes con las que el PC actúa en frente único, o con las direcciones de las entidades antiburocráticas. El stalinismo puede disimular muchas cosas, pero nunca su estilo. El solo hecho de plantear la alternativa Garcetti o Arizcuren en medio de la huelga, es un monstruoso crimen político. Ambas son direcciones burocráticas y propatronales, qué estrangulan la huelga en su potencialidad de movilización y que son el principal recurso de los gobernantes hambreado- res para rematarla. Pero la gran huelga docente plantea, precisamente, la posibilidad de superar esta división burocrática y revolucionar al sindicato en tanto qué organización independiente de lucha. EI paso del PC es un acto consciente contra esta perspectiva, trasluciendo su dependencia del cafierismo bipartidista, que es la forma política concreta de la “identidad peronista" que el PC viene persiguiendo entre brumas para armar un artificioso frente de liberación. Volvé Valdez Esta voltereta ha dado lugar, naturalmente, a un hecho impensado meses atrás, al menos para los militantes de izquierda del PC: a saber, el total pasaje del PC renovador a las posiciones del PC iscarista. La Aníbal Ponce terminó siguiendo la línea trazada por el dirigente iscarista docente, Valdez, otrora jefe de la agrupación. Pero el PC "iscarista” —Valdez— ha terminado dando la línea y el PC “renovado” sometido a aquél. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro a la luz de los hechos? Docentes no es el único ejemplo: la dirección del PC apoya a la burocracia de Ongaro en gráficos frente a una agrupación que nuclea a todos los sectores combativos de este gremio. "¿Unidad de los sectores combativos?" i Basta de fraude!

30 de marzo de 1988
Esta calamidad no viene del cielo

Las copiosas lluvias de los últimos días sumergieron a la provincia de Buenos Aires bajo las aguas. Todos los partidos del conurbano bonaerense, sin excepción, resultaron afectados por las inundaciones, incluso sectores que nunca se habían anegado. Centenares de barrios obreros fueron cubiertos por agua y lodo. Bancalari y San Jorge en Tigre; Barrio Esperanza, El Fortín y El Tala en Matanza; Budge, Villa Albertina, Cuartel Noveno, Santa Marta y Fiorito, en Lomas de Zamora; Villa Sarita y Bernal Oeste en Quilmes, donde habitan miles de familias trabajadoras. Las consecuencias de la inundación son aterradoras; más de 180.000 damnificados, 60.000 evacuados, 50.000 familias sin agua ni luz, decenas de muertos. Las inundaciones no caen del cielo No puede decirse que estas inundaciones hayan sido inesperadas. La subida de las aguas se ha repetido, año tras año, con la regularidad de un cronómetro. Lo que estas inundaciones han puesto de manifiesto, en forma cruda y descarnada, es el gigantesco deterioro de las condiciones de vida de los millones de trabajadores que viven en la provincia de Buenos Aires y la impotencia del cafierismo y el radicalismo para darle una solución. No, las inundaciones no cayeron del cielo. El Secretarlo de Acción Social Bonaerense, Carlos Hurst, se vio obligado a reconocer que “estas inundaciones no pueden tomarse como un hecho aislado, ya que el problema se convirtió en crónico, dando lugar a una nueva clase: los inundados permanentes.” Bajo los gobiernos patronales, la crisis de las inundaciones no cesa de profundizarse. “Tengo un plan ya listo para erradicar para siempre las inundaciones” ¿Se acuerda de esta promesa electoral de Cafiero, similar a la de Alfonsín? No hace mucho tiempo el hoy gobernador Antonio Cafiero, en el debate televisado con Casella, abrumó a la audiencia con los detalles de un plan “ya listo para aplicar inmediatamente” para erradicar “para siempre" las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Drenaje de terrenos y bajíos, canalización y entubamiento de ríos y arroyos, construcción de defensas en la costa del Río de la Plata, construcción de viviendas, rellenamiento de terrenos baldíos, construcción de cloacas, asfaltado y alcantarillado de barrios en-teros formaban parte del supuesto plan cafierista para terminar con las inundaciones. Hoy, a 90 días de gobierno “justicialista” y después de más de 4 años de cogobierno radical-peronista en la provincia, esas obras no sólo no han comenzado a ejecutarse, sino que ni si-quiera “se han empezado los estudios previos”, como el mismo gobernador reconoció (Crónica, 28/3). ¡Fabuloso!. El plan que ya estaba listo para ser llevado a la práctica hace 6 meses, ni siquiera ha comenzado a proyectarse. ¿No es esta una confesión de la gigantesca manipulación qué realizan los políticos patronales con las necesidades más urgentes de las masas? Con las responsabilidades del gobierno, ha llegado la hora del “realismo": el ministro de Obras Públicas de Cafiero, Alieto Guadagni, le ha dicho a Jos inundados que “la solución integral del problema llevará de 3 a 5 años” y que “no puede haber soluciones inmediatas porque no hay fondos” (La Prensa, 28/3). Palabras más, palabras menos, no habrá soluciones para los Inundados bajo este gobierno, porque “no hay fondos". No sólo no hay obras nuevas, sino que aún las comenzadas, como el entubamiento del arroyo Cordero (Tigre), que debería haber finalizado en 1982, han sido sus-pendidas... por falta de fondos. Esto lo dice un ministro del gobierno que hace menos de quince días decidió eximir a la oligarquía agropecuaria del pago al impuesto a los ingresos brutos. ¡Hace falta mayor prueba de cinismo! “La solución llevará de 3 a 5 años” dice ahora el Ministro de Cafiero” Las inundaciones no son el resultado de una fatalidad, sino la consecuencia obligada de la organización social capitalista. Esta ha convertido a la tierra en monopolio de unos pocos ricachones, que lucran con la desenfrenada especulación Inmobiliaria. Esto ha empujado a millones a los terrenos marginales, sin urbanización, sin agua, sin cloacas. Este es el pasto de las inundaciones. La burguesía se niega a permitir la Inversión estatal que sanee y, a la vez, capitalice estos terrenos marginales, por cuanto estas parcelas ya están ocupadas por los trabajadores y, por lo tanto, no pueden destinarse inmediatamente a la especulación inmobiliaria. La patronal exige a su Estado que las inversiones que éste realice estén dirigidas a áreas que le reporten beneficios. Los inundados no son un buen negocio. A la movilización popular de los "inundados", el "gobierno del pueblo" le respondió con la policía. Hoy Cafiero, como ayer Ármendariz, cumplen este mandato al pie de la letra. La “solidaridad” social Inmediatamente de producidas las primeras evacuaciones, los medios de prensa difundieron el llamado de las autoridades provinciales a la población para donar distintos tipos de elementos para los inundados, con el argumento de la “solidaridad social". ¿Y la “solidaridad” de los gobiernos? Los propios inundados cuentan en qué consiste esa solidaridad: “aquí hay muchos chicos descalzos y varios ni tienen un pantalonero para cambiarse”; “es verdad que nos dan dos comidas por día, pero es bastante mala. Siempre polenta y arroz, siempre crudo. Está bien que somos pobres, pero los chicos necesitan comer algo más sustancioso”. Las declaraciones corresponden a evacuados de la zona de Lomas de Zamora, cuyo intendente ‘/transmitió su inquietud por la falta de ayuda del gobierno provincial” (La Nación, 28/3). Bajo el “gobierno del pueblo”, los inundados bonaerenses son ciudadanos de tercera categoría. La movilización popular Ante este cuadro, con el agua hasta las rodillas, los trabajadores y vecinos han comenzado a movilizarse para imponer sus reclamos. Los vecinos de los barrios Provincias Unidas, General Paz y Facundo Quiroga (en Lomas de Zamora) se concentraron frente a la Municipalidad, quemando neumáticos e impidiendo el paso de los vehículos (excepto ambulancias y auxilios) para protestar por el no cumplimiento de las obras prometidas por la Municipalidad. La movilización de Lomas fue un verdadero levantamiento popular contra la opresión y la marginación. Como siempre cuando la demagogia no alcanza, el “gobierno del pueblo" procedió a llamar al Ejército para llamar a los vecinos a la reflexión. Pero éstos, que hablan reflexionado largo sobre el asunto, explicaban: “Si se hubieran realizado los desagües prometidos por Eduardo Duhalde (ahora vicepresidenciable de Menem) esto no hubiera sucedido”. La movilización y la organización populares contra los anegamientos y sus responsables desnudan a cada paso la impotencia y el cinismo de los gobiernos patronales (“populares” o no) para satisfacer el 'más elemental de los reclamos de los trabajadores. ¡Que los ricos paguen el desastre! “Solidaridad SI, pero entendida como MOVILIZACION SOCIAL Y POLITICA dirigida a impedirla perpetuación de las condiciones miserables de la vida obrera, como sucede siempre detrás de cada inundación. Caridad para “capear el temporal” y después todo sigue igual: ¡NO! Por una ENÉRGICA ACCION, INDEPENDIENTE DE LOS PARTIDOS PATRONALES EMBUSTEROS! SUBSIDIO INMEDIATO DE ₳ 5.000 POR FAMILIA DAMNIFICADA a cargo del Estado. Impuesto directo a las grandes fortunas de la provincia para conseguir los fondos. Control popular de su administración". (De la declaración de la Regional Merlo-Moreno del PO).

30 de marzo de 1988
El imperialismo todavía apuesta a Alfonsín

La huelga docente y las movilizaciones en Tucumán, Salta, La Rioja, Chaco y Mendoza profundizaron considerablemente la crisis política del gobierno y del “pacto de gobernabilidad” Alfonsín-Cafiero. En la reunión que Cafiero y otros gobernadores peronistas tuvieron la semana pasada con Alfonsín hubieron expresiones muy claras al respecto. “No podemos seguir sosteniendo un edificio que se cae por responsabilidad del gobierno central, habría dicho Cafiero (Ámbito, 25/3). “Cafiero no elevó un plan alternativo, como se anunciaba, pero sí una preocupación que linda con el alerta rojo. A juicio del peronismo, el equipo económico agotó su ciclo” (El Cronista, 25/3). Con la mitad de las provincias en cesación de pagos; la inflación en el 20 % mensual; una especulación financiera sostenida por el Estado que está fuera de control; las reservas del Banco Central reducidas a cero, en tanto que la deuda externa es de 55.000 millones de dólares y la interna de 10.000 millones de dólares; con todo esto, la tendencia a la disgregación del régimen es manifiesta. La consecuencia de esto es la creciente movilización popular. “Estamos palpando en la sociedad argentina un estado de pérdida de paciencia” (La Nueva Provincia, 25/3), dijo el gobernador de Santa Fe, un hombre “impacientado” con esta ascendente movilización de los trabajadores. El fracaso de la “gobernabilidad” Desde el 6 de setiembre, Cafiero estableció un acuerdo con el gobierno para sostener al régimen y contener las luchas de los trabajadores. Esta' “gobernabilidad” llevó al cafierismo a votar el tarifazo y los impuestos, en enero; a respaldar las negociaciones con el FMI mediante el envío de una delegación peronista a Washington; a votar el incremento del precio de las naftas, la luz y los teléfonos con el cuento de que servirían para aumentar a los jubilados; a no oponerse a los remates encarados por Terragno; y a sostener públicamente que no guardaba diferencias sustanciales con la política económica oficial (Crónica,.4/3). Pero este ‘‘pacto de gobernabilidad” necesitaba probar su vigencia ante la crisis de las provincias y la huelga docente. Los “gobernadores del pueblo” se largaron entonces a atacar a los trabajadores provinciales y a la docencia. Domato en Tucumán, Menem en La Rioja, Cornejo en Salta, impulsaron un programa de “desenganche” salarial, elevaron la edad para jubilarse, dejaron de pagar los sueldos, etc., etc. En el caso de la huelga docente, Cafiero viene luchando desde el primer día por quebrarla en su provincia, y luego acordó con Alfonsín, el jueves 24, un plan con la misma finalidad. Ninguno de estos acuerdos ha logrado quebrar el ascenso huelguístico y mucho menos resolver, atenuar o dar una perspectiva de salida al derrumbe de los Estados provinciales. Los acuerdos de coparticipación de impuestos no han servido para nada, en tanto que las promesas de que el Banco Central socorrerla a los Tesoros provinciales no han pasado de la ilusión. La consigna del FMI es que la crisis la deben pagar los trabajadores y nadie más. Es así que detrás de los acuerdos de “gobernabilidad”, prosigue y- se acentúa una brutal lucha entre los diferentes gobiernos y diques políticas. Vacío de poder Este conjunto de factores ha ido creando lo que algunos llaman un “vacío de poder”. Es indudable que el radicalismo está quebrado ante la opinión pública y que se acentúan sus enfrentamientos internos, con la consiguiente parálisis política y administrativa. Lo que más preocupa al oficialismo es un derrumbe electoral en 1989. La crisis política generalizada ha dejado ‘‘pagando” a la campaña electoral que apresuradamente iniciaron los partidos patronales como consecuencia de sus brutales peleas internas, aunque con la finalidad principal de desviar la atención de la opinión pública. Los izquierdistas que hace dos meses aseguraban que “las ilusiones están en la calle”, han vuelto a dar una prueba de completa falta de realismo a fuer de querer serlo. Ahora los candidatos deben dejar su recorrida electoral para salir a tapar los agujeros de la crisis. Menem tuvo que volver a su provincia debido a la descomunal crisis financiera y a los paros de los empleados provinciales. Cafiero tuvo que salir a dar excusas porque no hizo nada de lo prometido para prevenir las inundaciones. La UCR sigue dividida ante la candidatura de Angeloz y no tiene un eje político de campaña. En el debate con Mario Brodersohn, la Unión Industrial había criticado el adelantamiento de la campaña electoral, efectivizando así el reclamo de la burguesía para que la UCR y el PJ cierren rápidamente las brechas de la crisis y enfrenten a los trabajadores. El imperialismo y la gran burguesía, sin embargo, no consideran terminado, por ahora, el ciclo de este gobierno, y mucho menos del régimen democratizante. No en vano el alfonsinismo está discutiendo con el FMI y la banca extranjera cada palmo de la política económica. El gobierno se ha lanzado a privatizar las empresas públicas como lo reclaman los acreedores internacionales, y ha aceptado la exigencia de la banca de que la “capitalización de la deuda” se aplique a la entrega de las empresas estatales y al sistema bancario. El llamado de la burguesía al gobierno para que actué, así como la activa presión que sobre él ejerce el imperialismo, nos está diciendo que la variante principal que manejan los explotadores ante la crisis política es el lanzamiento de una ofensiva contra los trabajadores, la que deberá estar articulada, naturalmente en todos los planos. Esta articulación depende de un nuevo acuerdo con el FMI y la banca internacional para hacer frente a la -bancarrota financiera del Estado. Es por eso que se está hablando de un “nuevo plan” económico. Este debería soldar el frente burgués e imperialista en una nueva tentativa de reorganizar la economía y el Estado. Ofensiva antiobrera La actividad del imperialismo y del gran capital está centrada en preparar y poner en marcha este plan de “guerra” contra los trabajadores. La visita “clandestina” del director del FMI, Michel Camdessus, hace dos semanas, tuvo la finalidad de discutir con Alfonsín y el equipo económico la instrumentación de ese plan. La presencia del director del FMI coincidió con la información lanzada por varios diarios el martes 22, de que “dentro del más absoluto hermetismo, el equipo que dirige Juan Sourrouille estará dando forma a un amplio programa económico de similar envergadura al Austral...” (Clarín). Lo central de este plan es que el gobierno liberaría los precios y las tarifas, y produciría una masiva devaluación del austral. El respaldo financiero que la banca daría a este plan, permitiría al gobierno reducir las tasas de interés, lo que daría un respiro a la deuda financiera de la industria y por sobre todo del Estado. El éxito de este plan está naturalmente condicionado a numerosos factores, pero por sobre todo a una mayor reducción de los salarios y a una mayor explotación, cuyo soporte es la destrucción de las conquistas laborales y el despido masivo de empleados públicos. Un plan de estas características sometería a una severa prueba al régimen de “paritarias conversadas” establecido de común acuerdo con la burocracia sindical. De acuerdo a la envergadura que asuma el shock económico y el choque con los trabajadores podrían ser suspendidas hasta que quede zanjado el resultado del enfrentamiento. Esta ofensiva, con todas sus consecuencias políticas, es la variante principal del capital frente a la crisis política. El imperialismo solo va a cambiar de libreto cuando esta alternativa haya agotado sus posibilidades. Recién entonces, y no antes, recurriría a los recursos “populistas” o “nacionales”, como un gobierno de coalición radical-peronista, o al adelantamiento de las elecciones para apresurar el pasaje a un gobierno peronista. Resulta evidente que por las condiciones en que tendrán que actuar, estas alternativas tendrían el objetivo principal de estrangular la lucha de los trabajadores mediante el uso de la demagogia “justicialista”, apuntalada por la represión. Esa fue la función de los gobiernos de Luder y de Cafiero en 1975. Y esta es la función de esa misma clase de hombres hoy, todo lo cual sirve para probar que los políticos “democráticos” de la burguesía no pueden escapar al carácter histórico contrarrevolucionario de su clase. Cafiero, Menem y tutti quanti ya han dicho (y especialmente en las reuniones con los empresarios) que no pondrán obstáculos a esta ofensiva imperialista. Sin embargo, en la campaña electoral siguen hablando de una moratoria pactada y hasta unilateral de la deuda externa. Esta “dualidad” debe interpretarse así: ahora que sacuda Sourrouille; sólo si fracasa habrá que ir a una moratoria. Se está configurando, entonces, el escenario de una lucha frontal. Ubaldini que “huele” lo que se viene, habla de que podría volverse a un plan de lucha, pero la mente del burócrata piensa en un paro aislado, para descomprimir. Lucha frontal Lo que los activistas del movimiento obrero debemos ver es que la amplitud de la ofensiva en ciernes, que no es otra cosa que la ampliación de los ataques actuales, desataría una poderosa tendencia a la huelga de masas, la cual será también una ampliación de los movimientos huelguísticos actuales. La huelga docente es en este sentido una apuesta de todo el movimiento obrero: una victoria docente abriría un franco ascenso del conjunto de los trabajadores (por eso el empeño de Alfonsín y de Cafiero por quebrarla) y colocaría a la huelga política como una cuestión más o menos inmediata. En la preparación de esta gran tarea el problema central es la dirección. El cafierismo o sus aliados, la burocracia, son un recurso de la burguesía para frenar, desviar e imponer la derrota de los trabajadores. Antonio Cafiero jugó ese rol, repetimos, en 1975 cuando fue ministro de economía de Isabel, luego del fracaso del autogolpe lopezreguista y del "rodrigazo”, a propuesta de la burocracia sindical, la cual golpeó de mil modos a los trabajadores, abriendo el camino al golpe de Videla.

30 de marzo de 1988
Más que nunca: ¡sigamos la huelga!
Redacción

Recuadro Tapa PO N° 219 Comunicado de prensa Ante los atentados terroristas Los atentados terroristas de estos últimos días están ejecutados por personal militar perfectamente identificado, que los servicios de inteligencia del Estado se muestran incapaces de detener. El gobierno no pretende disimular su responsabilidad para esclarecer y terminar con este flagelo. En reemplazo de esto, pretende declarar el estado de sitio para acabar despóticamente con las luchas de los trabajadores. El empeño en alcanzar esto último supera por lejos su disposición para acabar con el terrorismo fascista. Jorge Altamira 30-3-88