Prensa Obrera N° 216

La “democracia” argentina se ha alineado con la ofensiva imperialista contra Panamá, desnudando así su completa bancarrota. Mientras los yanquis despliegan una impresionante ofensiva económica, diplomática y militar contra ese pequeño país caribeño, el gobierno argentino mantiene su reconocimiento diplomático al destituido ex-presidente Del Valle, que secunda la ofensiva imperialista desde una base militar norteamericana.: Del Valle, un propietario de grandes ingenios, caballerizas y algún banco está llamando a aplicar sanciones económicas contra su propio país. Pocas veces la hoja de parra de la democracia tapó tan cínicamente la realidad cruda del sometimiento nacional. Pero, “pacto de gobernabilidad” radical-peronista mediante, el peronismo es parte activa en esta capitulación nacional. Caputo y Bordón tienen establecida una conexión formal para los asuntos de política-exterior que ha funcionado hasta ahora armónica y solidariamente. La democracia argentina no ha estado sola. Sus colegas latinoamericanas, como Perú y Venezuela, también reconocen al “gobierno” de Del Valle. Todo el grupo de los 8 (Contadora y apoyo a Contadora que también integraban Panamá, Brasil, Méjico, Colombia y Uruguay) decidió excluir a Panamá. Los gobiernos democratizantes, criaturas del Departamento de Estado, se han revelado como marionetas del imperialismo.

El imperialismo yanqui está llevando a cabo una fenomenal agresión contra la nación panameña. El secretario de asuntos interamericanos del Departamento de Estado, Elliot Abrams, se entrevistó con él luego depuesto expresidente Eric Del Valle, para completar los pasos de un golpe de estado “civilista”, que pusiera fin a los roces del gobierno agresor con las fuerzas de defensa de Panamá y su comandante, general Noriega. Del Valle utilizó como base de operaciones a la embajada yanqui y a la emisora televisiva que operan los yanquis en la zona del Canal, luego de que fuera destituido por el parlamento, Del Valle llamó a bloquear los fondos de su propio país en Estados Unidos, lo que fue rápidamente puesto en práctica por los yanquis. Utilizando la ficción del reconocimiento al gobierno (!!) de Del Valle, los yanquis han ido más lejos, suspendiendo el pago del alquiler del Canal e iniciando maniobras militares en territorio panameño. América Latina en juego ¿Qué es lo que está en juego en el conflicto? Los yanquis han transformado, en el curso de los últimos años, las bases militares en Panamá en un gigantesco dispositivo militar (el comando Sur, COMSUR). Es la “única base militar norteamericana —dice un corresponsal— capaz de garantizar la logística de una operación militar de. envergadura en el hemisferio sur... Desde ese vastísimo complejo militar se monitorean todas las comunicaciones vitales del hemisferio para el gigantesco sistema de inteligencia de los Estados Unidos” (Jornal do Brasil, 2/3). Esta base forma, con la isla de Ascensión y las Malvinas, el esquema de un cerco militar sobre América del Sur, por el Atlántico; en tanto que con la base yanqui en la isla de Pascua cumple la misma función en el Pacífico, por otro lado, su acceso a América Central y México es directo. En la agresión de la flota pirata contra las Malvinas en 1982, como en Centroamérica, el COM¬SUR ha jugado un rol clave. Las instalaciones militares yanquis han sobrepasado de lejos la función de "defensa del canal” y son una amenaza directa contra la soberanía y la independencia nacional de todo el continente. Pese a que los tratados Torrijos- Carter de 1977 estipulaban que la operación del Canal, así como las bases militares que lo defienden, debían pasar a manos panameñas antes del 31/12/1999, los Estados Unidos han venido incrementando sus tropas y dispositivos bélicos en funciones que nada tienen que ver con el Canal, violando así el propio tratado. Un vocero del COMSUR declaró que "la retirada” (en 1999) no es sinónimo del fin del COMSUR” (Clarín, 14/2). A la luz de esto, el objetivo de la ofensiva yanqui es asegurar las condiciones políticas que garanticen la continuidad de las bases militares, en especial COMSUR, más allá del traspaso de la operación del Canal a manos panameñas. No es el manejo del canal lo que está en juego. Al revés, “los tratados reforzaron la posición norteamericana, al quitarle sustento nacional e internacional a Noriega”, dice sin rubor una periodista del staff del The New York Times y cita en su apoyo al comandante del COMSUR, general Woerner, para quien “el tratado habría corregido el ‘anacronismo’ de la soberanía yanqui en la Zona del Canal” (29/2). Noriega Nada indica, sin embargo, que el general Noriega se oponga en principio y por principios al planteo yanqui. Los propios tratados autorizan el derecho de intervención a perpetuidad de los yanquis cuando está en cuestión la defensa del Canal. El incremento de la presencia militar norteamericana desde la firma del tratado, se ha efectuado bajo las narices de Noriega. Como consecuencia del Tratado, las fuerzas de defensa pusieron en marcha un plan político de democratización “a la americana” y, desde el punto de vista económico, impulsó la “política de servicios transnacionales” (PST), que convirtieron al país en el paraíso del mercado financiero internacional. “Noriega fue útil a los Estados Unidos”, llegó a declarar Bush, vicepresidente y ex director de la CIA (La Nación, 12/2). También el ex jefe del COMSUR de 1983 a 1985, Paul Gorman, señaló que, durante ese periodo, “aunque Noriega fuera un político venal cooperó con los Estados Unidos” (International Herald Tribune, 10/2). Una serie de roces llevaron, sin embargo, a ciertos medios dirigentes del imperialismo a desconfiar de Noriega. El proceso de "institucionalización”, por ejemplo, entró en una impasse; con Noriega provocando la renuncia de varios presidentes. La crisis de la deuda mundial puso fin al boom financiero en Panamá, lo que llevó a planes de austeridad que provocaron la resistencia popular. Hay una clara crisis del régimen político, como consecuencia de la fuga de capitales. Por último, Noriega parece haber entrado en choque con el grupo de Irangate, que pretendió cooptar a Noriega para usar dinero de la droga en la financiación de la contra nicaragüense. Causa nacional y burguesías democratizantes El choque Reagan-Noriega escamotea en realidad el enfrentamiento nacional del Panamá colonial con el opresor imperialista. A partir de aquí se pone en evidencia el rastrerismo de las । burguesías democratizantes que se han alineado junto a los Estados Unidos, reconociendo al miserable de Del Valle, y separando a Panamá del grupo de Contadora y Apoyo (de los 8). Los democratizantes pretenden disfrazar; su traición a la causa nacional latinoamericana con el argumento de que hubo violación de la “legalidad constitucional”, por parte de Noriega. Pero aun esto es falso, pues Del Valle, fue destituido por la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros, mientras completaba con una potencia extranjera. Los “democratizantes” no sólo han traicionado la causa nacional en nombre de la constitución, sino que también han repudiado a ésta para poder consumar su traición nacional. Los democratizantes se callan también frente a las maniobras militares en territorio panameño. ¿Qué clase de intervención autónoma o imparcial puede esperarse, entonces, de estos agentes del imperialismo en la crisis centroamericana? Cuando el año pasado el senado norteamericano exigió la destitución de Noriega, la OEA aprobó por 17 votos una resolución condenando a los “demócratas” yanquis. Los ocho meses que han transcurrido desde entonces han sido suficientes para que el imperialismo los obligara a la capitulación.

“Yo no tengo una diferenciación clara con la política económica actual que se pueda hacer manifiesta de una manera responsable” ¿Quién pudo decir una cosa así? ¿Un enviado del FMI? ¿Algún “forro” de Sourrouille? De ninguna manera. El que dijo que no tiene diferencias con la política del oficialismo, es nada menos que el líder de la oposición. Y no sólo esto. “Yo no le puedo prometer a la gente' —agregó Cafiero, el personaje en cuestión— que la diferencia con el gobierno está en aumentar los salarios el cien por ciento; no puedo decir que la diferencia con el gobierno consiste en bajar los impuestos el ciento por ciento o que la diferencia está en que yo voy a romper, con él Fondo Monetario Internacional”. (Crónica, 4-3-88) Más claro, agua. Este es exactamente el programa de gobierno de Cafiero. Los cacareos sobre el ciento por ciento apenas logran ocultar su intransigente oposición al aumento de los salarios y a la mejora del nivel de vida de las masas. Por boca de Cafiero habla el representante de los intereses de los “capitanes de la industria” y del imperialismo mundial, que están a fondo por la política de privatizaciones, reducción salarial, entrega del patrimonio nacional, pago de la deuda externa, etc., etc. Esta es precisamente la política de Cafiero en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, con la privatización de DEBA (Empresa de electricidad) y la reducción de los salarios de los empleados públicos frente a la inflación.

En una declaración firmada por toda la izquierda (con excepción del PO y del PTP), los centros de ex-combatientes, el PI, el PJ y ATE, referida a las maniobras militares británicas, se establecen siete reivindicaciones—NINGUNA DE LAS CUALES RECLAMA LA SOBERANÍA ARGENTINA. Este hecho capital tiene la envergadura de una capitulación ante el imperialismo mundial. El eje de toda la declaración reposa en el reclamo de “paz” en el Atlántico Sur. Se exige el desmantelamiento de la base británica, el cumplimiento de la resolución de las Naciones Unidas sobre “zona de paz y cooperación”, y la desmilitarización de la región. Esta es exactamente la posición de la burocracia rusa, cuyos aliados como Polonia firman acuerdos pesqueros con la Thatcher, pero no la posición nacional consecuente argentina, ni la posición internacionalista que le cabe al proletariado mundial - cuya consigna es el derrocamiento mundial del imperialismo, no la conciliación con él. La declaración que lleva la firma de Echegaray, Zamora, Parrilli y “tutti quanti”, traiciona la posición nacional, no ya por omisión, sino en forma explícita. En el último punto dice que “las maniobras británicas constituyen un grave atentado a nuestra soberanía”, lo cual obviamente se refiere a la soberanía “continental”, ya que la soberanía argentina en Malvinas mal podría sufrir un atentado cuando ha sido enajenada completamente a partir de la reocupación británica. Los izquierdistas no cuestionan la usurpación imperialista sino las maniobras; para ellos las Malvinas se han convertido en Falklands. Esta declaración muestra el grado brutal de la dependencia política de la izquierda argentina respecto a la burguesía nacional (¡PJ!) y a la diplomacia gorbachiana, y por lo tanto al imperialismo. La alternativa “guerra o paz”, abstractamente planteada por los burócratas satisfechos, al margen de la lucha de clases, ha reemplazado a la contradicción capitalismo-socialismo y a la de imperialismo-nación. Esta posición antinacional es una resultante de toda la política democratizante de esta izquierda políticamente dependiente.

Los reiterados anuncios de Caputo de que la Thatcher estaría reculando de las maniobras militares en Malvinas, constituyen un desesperado intento oficial para justificar los acuerdos políticos y diplomáticos que ha establecido con el imperialismo yanqui, los cuales nada han logrado, sin embargo, en estos cuatro años, para hacer avanzar las reivindicaciones de la Cancillería. El único que realmente recula en la pulseada con Gran Bretaña es el gobierno argentino, el cual ha sido incapaz de dar cualquier tipo de respuesta a las maniobras militares de Gran Bretaña. La Thatcher acaba de anunciar que Alfonsín-Caputo consintieron con esas maniobras cuando fueron informados hace unos meses de su realización. Estos ejercicios militares fueron ampliamente discutidos el mes pasado por Alfonsín y Caputo con Robert Gelbard, el subsecretario para asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado, quien volvió a Washington con plenas seguridades de que Argentina no entorpecería los ejercicios británicos. El gobierno alfonsinista no se ha apartado ni un milímetro de la mediación norteamericana, que considera legítimas las maniobras bélicas de su aliado de la OTAN. Al final de cuentas, las maniobras militares británicas no se hubieran podido realizar sin el concurso de la base militar norteamericana en la isla de Ascensión. Estos hechos han actualizado la presión imperialista para que Argentina declare el cese formal de hostilidades, lo cual permitiría normalizar las relaciones de Gran Bretaña con Argentina y eliminar los roces con algunos países latinoamericanos, como Brasil. Lo que a nadie debe escapársele es que el alfonsinismo no hubiera podido ir tan lejos en su capitulación después del 6 de septiembre, si no contara con el apoyo del justicialismo. El gobierno y el P.J. han formado un comité de política exterior con Caputo y Bordón (el gobernador renovador de Mendoza). La política respecto a Malvinas goza del acuerdo bi-partidario desde hace más de un año, cuando Bordón precisamente, dio su apoyo en el Congreso a la política de la Cancillería después que se estableciera la “zona de exclusión”. Ahora Caputo y el justicialismo volvieron a convenir sobre los pasos diplomáticos a seguir. La posición peronista, establecida por el gobernador Bordón, para que Argentina declarase el “estado de alerta” en el sur, fue largada a pedido de Caputo y oficializada de inmediato por el gobierno. El senador Eduardo Menem, hermano de “Garlitos” acaba de declarar que “los senadores peronistas no tienen objeciones a ia política seguida por la Cancillería” (Clarín, 9/3/88). El “nacionalismo" argentino se ha vuelto a mostrar como una corriente completamente en bancarrota, que sólo esgrime el “sentimiento nacional” cuando se trata de hacer anticomunismo. Es así que, en una declaración firmada con el conjunto de la izquierda, el PJ deja de lado el reclamo de la soberanía nacional en Malvinas, (ver recuadro). Es precisamente en estas condiciones cuando la izquierda argentina se esfuerza por alcanzar acuerdos políticos con el P.J. y aun con la UCR, contra la “provocación británica”. La política antiimperialista es reemplazada aquí por la demagogia nacionalista y el acuerdo sin principios con la traidora burguesía nacional. Sin el desenmascaramiento de esto no hay política contra la opresión nacional.

“Me parece insólito que alguien pueda argumentar en contra del acuerdo”. Así defendía, el ministro Terragno el “acta de intención” que establece la venta del 40 % de las acciones de Aerolíneas en la Scandinavian Airlines. La fingida sorpresa del ministro no es otra cosa que el rostro obligado del rematador. Al monopolio, sin escalas Los apologistas del acuerdo arguyen que SAS ingresa a Aerolíneas en calidad de socio minoritario, lo cual reservaría la capacidad de decisión para el Estado argentino. Sin embargo, esto no es así, ya que el acta de intención establece que las decisiones estratégicas “requerirán” para su aprobación de un mínimo del 70 % de los accionistas. En definitiva, la empresa escandinava pasa a ejercer un poder de veto sobre AA con solo suscribir el 40 % de las acciones, previsto, aunque entrega efectivamente apenas el 20 % (la mitad de ellas). ¿Pero qué son las “decisiones estratégicas"? El acuerdo prevé la “complementación” de las rutas actuales de las dos empresas, lo que significa reordenar el tráfico externo de AA en función de las necesidades de SAS. En perspectiva, Aerolíneas podría quedar subordinada, inclusive, a los mayores pulpos de la aviación europea, en el caso de que la compañía sueca pierda la lucha contra sus rivales en el viejo continente. En ese caso “SAS se vería forzada a convertirse en una línea aérea secundaria de la Lufthansa” (Internat. H. Tribune, 5/2/88). Como consecuencia del proceso de reestructuración y monopolización internacional del tráfico aéreo, Aerolíneas podía quedar sometida a monopolios que no necesitarían llegar con Argentina a ningún acuerdo. La aerolínea escandinava controla una vasta red de actividades turísticas y hoteleras, que constituye la verdadera fuente de sus superbeneficios. Este hecho planteará objetivamente la necesidad de que Aerolíneas reparta con SAS sus mejores líneas de cabotaje y tenga que absorber por sí sola las que tienen un carácter de “promoción” o "integración” nacional. El Estado se quedaría así con los rubros deficitarios. Pero el “raid aéreo” de la SAS en Argentina llega más lejos: la empresa escandinava viene dando “asistencia técnica y financiera" a ...Austral, desde que comenzó a tramitarse su privatización, “...y que se espera continuará a largo plazo” (El Periodista, 26/2). Terragno y los "zares” de la “desregulación” y la "Iniciativa privada”, han tejido, calibradamente, el monopolio —privado— del tráfico aéreo nacional. Turbulencia... pasajeros y trabajadores De la mano de SAS, las empresas aéreas nacionales han Ingresado en la órbita de la llamada desregulación: es decir una lucha desesperada para reducir costos a costa de los trabajadores y de la calidad y seguridad del transporte. Como consecuencia de esto, en 1987, en EE. UU., se batió un verdadero récord de accidentes aéreos. En la empresa Eastern, “mecánicos, azafatas y pilotos han protestado por la falta de seguridad en los planes de vuelo” (The Militant, 22/1). La otra tajada de la reducción de costos se ha cortado sobre los salarios, derechos sindicales y condiciones de trabajo que han descendido en EE.UU. y Europa desde la desregulación. La alineación de AA en este proceso mundial se hará también a costa de los usuarios y de los trabajadores aeronáuticos. Los primeros empezarán a abonar “precios internacionales”; en tanto que la participación accionaria minoritaria de los sindicatos en la empresa SAS-AA será utilizada para bloquear cualquier lucha de estos en defensa de sus conquistas y de! salario. Dislocamiento del tráfico aéreo nacional a favor de los pulpos mundiales, ataque a los consumidores y mayor explotación obrera: las organizaciones de los trabajadores aeronáuticos tienen la responsabilidad dé ponerse en pie para impedir este operativo contra los trabajadores y la Nación.

La nafta, los teléfonos, la luz y el gas fueron aumentados en un 30% con el pretexto de que ello serviría para financiar un aumento de las jubilaciones. El Secretario de Seguridad Social, Roberto Bigatti, acaba de decir que gracias a esos tarifazos las Cajas recibirán unos 1.500 millones de dólares al año. Resulta extraño entonces que el mismo Bigatti haya anunciado simultáneamente que el único aumento que se dispondría para los jubilados es el de 260 a 300 australes a partir de marzo en el haber mínimo. Los jubilados percibirán así a fines de marzo una jubilación real inferior a la de febrero. ¡Los ₳ 40 adicionales que recibirán a fines de marzo no alcanzarán para cubrir siquiera los aumentos del 30% en la luz, gas, teléfonos y combustibles que ellos mismos deberán pagar por sus propios consumos! Entonces, ¿a dónde va el famoso impuesto para los jubilados? Una parte, dice Bigatti, servirá para pagar las deudas que las Cajas tienen con los jubilados, desde hace más de una década. Pero resulta que el gobierno redujo arbitrariamente esa deuda en un 90% al dictar el año pasado el decreto de “emergencia económica”. De todo esto se desprende que serán los propios jubilados, con el dinero que debía destinarse al aumento de sus haberes, los que cancelarán su propia deuda, pero sólo por el 10% de su valor. Esto no es todo, claro. El impuesto a la nafta también será destinado a reemplazar el aporte que realizaba la Tesorería a las Cajas como consecuencia de la creciente evasión de los aportes patronales. El “ingenio” radical ha logrado, entonces, que sean los propios jubilados, con el dinero que debía destinarse al aumento de sus haberes, los que financien la reducción de los aportes patronales. Como quiera que todo esto ha sido votado por el parlamento radical-justicialista, y no ha merecido la oposición práctica ni de la CGT ni de Cafiero, hay que concluir que esta sociedad alfonsino-renovadora está realizando el sueño supremo de los capitalistas más chupasangres: financiar los gastos sociales con el dinero de los consumidores, es decir, del propio pueblo. Precisamente, lo que intentó Martínez de Hoz en 1980 y que fracasó con el alejamiento de la dictadura militar.

Con la renuncia de Lapeña, como Secretario de Energía y Presidente de YPF, saltó a la luz una aguda lucha entre distintos pulpos por capturar el mercado petrolero. Ese enfrentamiento ha pasado al campo político, envolviendo al gobierno, aja UCR, y al peronismo. Se abre la posibilidad de una renuncia de Sourrouille, provocada por una acción de pinzas ejercida por Caputo-Terragno, de un lado, y Cafiero del otro. El negocio petrolero argentino es un fruto muy codiciado por los pulpos privados. Por eso el área de Energía, y en especial YPF, ha sido tan sacudida en los últimos 4 años. Con el Plan Houston -anunciado en 1984- el gobierno cedió a los pulpos privados la exploración y posterior explotación, de la mayor porción de las probables áreas petrolíferas. El contrato modelo de este Plan reconoce a los monopolios un precio internacional por el petróleo extraído, que es de cinco a diez veces mayor que el costo de explotación. Como consecuencia de este plan los monopolios pasarán a controlar, en los próximos cinco años, el 50 % de la producción de petróleo. Pero los pulpos condicionaron su participación en el Plan Houston a la entrega de las áreas que actualmente YPF está explotando. Este llamado Plan Olivos constituye todo un negociado, ya que no significa ni riesgo ni inversión de capital. Lapeña asumió primero la titularidad de la Secretaría de Energía (desplazan-do a Storani) y luego la Presidencia de YPF (en lugar de Rodolfo Otero) para ejecutar estos planes. Se aumentó el precio del petróleo a niveles internacionales, y se aumentó también el precio que paga YPF a los contratistas privados por toda la producción adicional que extrajeran en las áreas ya concedidas por YPF. Las divergencias estallaron, en cambio, en relación al reparto de las áreas que YPF explota directamente sin la intervención de contratistas. Un sector de la CEPA -Cámara de Empresas Petroleras Argentinas (Pérez Companc) y los pulpos extranjeros exigieron una porción significativa de esas áreas (Clarín sostiene que el 40%), mientras que otro sector de CEPA, con menos recursos (y probablemente en bancarrota) (Bridas, Astra, etc.) era partidario solo de la cesión de las áreas marginales (un 10%), para evitar que el resto cayera en manos de los pulpos más fuertes. Terragno y Caputo defienden a los Pérez Companc, Shell, etc., y Lapeña, secundado por Sourrouille, a sus rivales. En esto consiste el “nacionalismo” de estos últimos. Esta división se reproduce en el peronismo, que también tiene sus huestes en ambos bandos petroleros. El cafierismo, con el privatista Guadagni - su ministro de obras y servicios públicos en la Provincia- están alineados con los grandes pulpos, con Pérez Companc y con otros grupos europeos (en especial, italianos). Esto significa que militan en el bando caputiano y que secundan, si no es que encabezan, el despedazamiento de YPF. No es casual que una delegación del peronismo renovador, encabezada por el mendocino-petrolero Manzano, haya estado recientemente en Washington y Houston, brindando “garantías” sobre la política peronista en la ciudadela de la gran maffia norteamericana. Este mortal ataque contra YPF plantea una gran lucha, que debe tener por base a los trabajadores petroleros. ¡Ni un área de YPF a los pulpos! ¡Expropiación de los monopolios petroleros! Por un plan petrolero y energético bajo control de los trabajadores, ¡Abajo la banda caputo-cafierista!

Con la presencia de delegados electos de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Vareta, Sarmiento, Berazategui, Matanza, Capital Federal, CONADU La Plata y CONADU Neuquén se realizó la primera conferencia nacional de Tribuna Docente. En el transcurso de la sesión se aprobaron resoluciones de trabajo sindical y con relación a la organización y centralización de la agrupación a nivel nacional. En este sentido, se prepararon las condiciones para ampliar la situación en los distritos bonaerense y para integrar a Salta, Tucumán, CONADU Capital y Almirante Brown al trabajo de la fracción. La totalidad de los delegados intervinieron en los debates y participaron de la elaboración de las resoluciones, reflejando con ello un alto nivel político. Se están dando los pasos para traducir a la práctica la perspectiva de construir una agrupación clasista poderosa, que luche por una dirección consecuente en CTERA.

Las decisiones que se van tomando a través de todo el país, por el no inicio de las clases, traducen una conclusión que se ha ido abriendo trabajosamente camino a lo largo de los últimos cuatro años: nos referimos a la convicción de que lo que preside irrevocablemente la política oficial es la derrota de las reivindicaciones del pueblo y la completa sumisión a la expoliación capitalista. Desde el 6 de septiembre, sin embargo, hubo un cambio en la situación política, cuyas posibilidades se han agotado a la velocidad del sonido. Los gobernadores peronistas, principalmente Cafiero, se han unido sólidamente en un mismo bloque con el quebrado gobierno radical, para oponerse sin miramientos a los trabajadores docentes. El pretexto de que no hay plata lo vocean a coro ahora los "gobernantes del pueblo”, fingiendo ignorar que en estos mismos días el gobierno de la democracia "encontró" todos los tres mil millones de australes que necesitaba para pagar el vencimiento de los bonos de la deuda pública en beneficio de los especuladores nacionales e internacionales. Como consecuencia de todo esto, los agentes de Cafiero (CTERA- Garcetti) se esfuerzan, no en llevar la lucha docente a la victoria, sino en estrangularla. Reclaman ₳ 770 de básico, pero ya declaran que aceptarán bastante menos, sin percibir que la inflación se comería en el acto un básico inferior a ése. Estos dirigentes buscan en la componenda y en la conciliación con sus mandantes una salida que estos no pueden dar, como lo muestra el hecho de que los ₳ 500 de básico que dicen ofrecer, no es siquiera una oferta efectiva toda vez que ni para esta miseria existe el acuerdo financiero entre la Nación y las provincias. Naturalmente que los Garcetti tampoco han podido conseguir un salario básico único para todo el país (nomenclador), porque los gobernantes radicales y peronistas no quieren subir los salarios más bajos al nivel de los superiores. La bancarrota de la política conciliadora se refleja en su incapacidad para lograr la satisfacción del menor de los más mínimos de sus reclamos. La lucha por la huelga indefinida desde el inicio de las clases nace de la experiencia Irreversible de los docentes, la cual se da de patadas con los burócratas sindicales sometidos al Estado capitalista. Es así que siete sindicatos provinciales tomaron en forma autónoma la decisión de no comenzar el año escolar, con total independencia de lo que resuelvan las CTERAS, sean de Garcetti o Arizcuren. Se está librando una lucha tenaz — clara de parte de las bases, turbia y sorda de parte de la burocracia— en torno a si deben ser las asambleas o los secretarios generales quienes decidan sobre el desarrollo y los objetivos del movimiento. La bandera de la asamblea soberana y de los confederales con mandato, corresponde a la tendencia combativa que quiere la victoria; detrás de la usurpación de la voluntad de las bases por las "Ejecutivas", en cambio, hay una política consciente de derrota. El país tiene todo por ganar con una huelga indefinida y una victoria de los trabajadores de la educación. ¡Es que imponer los ₳ 1.000 de mínimo, como lo exige la mayoría, inviabilizaría los planes del FMI, el pago de la deuda externa y los subsidios al parasitismo capitalista! Abriría una nueva perspectiva nacional. Para el conjunto del movimiento obrero esta lucha es capital, en momentos en que los Lorenzo Miguel y los José Rodríguez acaban de decidir la liquidación de las paritarias mediante la no presentación de ningún reclamo salarial. En todos los ámbitos del escenario nacional se libra una lucha única en la que está en juego la derrota del movimiento obrero, de un lado, para perpetuar la decadencia nacional y de las masas, y la movilización y victoria de éstos, del otro lado, para abrir la perspectiva de la revolución social. La victoria de los compañeros docentes no será de ningún modo instantánea, porque tiene por delante obstáculos que deberá superar. Pero los pronunciamientos masivos por la huelga indefinida inician un movimiento que, a través de su maduración, obtendrá la victoria decisiva que está reclamando desde sus entrañas. Santa Fe: votan en masa la huelga indefinida Muni En Santa Fe, 13.000 de los 17.000 afiliados a CTERA, votaron el inicio de la huelga general indefinida, en una consulta organizada por el sindicato provincial, que estuvo irónicamente concebida por los burócratas para hacer valer una posición contraria a la huelga. De esta manera salió por la culata el tiro de querer sustituir a las asambleas generales como medio de atenuar la radicalización de las decisiones sindicales. En 4 de los 5 distritos controlados por la lista de Garcetti, también se votó la huelga indefinida. En este marco de ascenso, el plenario de delegados repudió una decisión de Garcetti de autodesignarse paritario de los docentes, y resolvió que los paritarios serán elegidos en asamblea, donde también deberán votarse los acuerdos colectivos con la parte patronal. El plenario expulsó del recinto de sus deliberaciones a Mary Sánchez, luego de votar el rechazo a una moción de ingreso de la provincia a la CTERA de Garcetti. Una oferta poco seria Jorge El confederal de la CTERA de Arizcuren resolvió la huelga indefinida con asistencia a los lugares de trabajo. Los dirigentes de la Verde, del PC y del Mas se las ingeniaron, sin embargo. para establecer un principio de traición a esta lucha. En un documento para la prensa, redactado al margen de las resoluciones cal Confedera), afirman que “ante cualquier oferta seria por parte del gobierno se realizará una consulta y posterior confederal.’’ Con el estilo sinuoso de los capituladores inconfesables, el comunicado abandona de hecho la reivindicación aprobada por las bases, de un básico de ₳ 1.000.- Según Arizcuren y sus acólitos de Izquierda, se podría admitir un salario inferior a ése, que sin embargo sería completamente “serio”, sin reparar que esto le quita toda “seriedad” al reclamo de los ₳ 1.000 de básico. Los “hábiles” negociadores izquierdistas comienzan la lucha dando un paso atrás, sin que haya ningún paso atrás del gobierno que lo justifique. La verdadera razón de este recule singular, pues se produce antes de empezar, es que los dirigentes de la CTERA "izquierdistas" están decididos a acatar lo que resuelva la Ejecutiva derechista de la otra CTERA, la cual, sin bien reclama ₳ 770, está dispuesta también a considerar “ofertas serias". Como se puede apreciar, derechosos e izquierdosos están encarando una lucha de gran envergadura con absoluta falta de seriedad. Lo que, lamentablemente, el izquierdismo vernáculo no ha entendido, es i que las bases están por la huelga indefinida y que por lo menos seis provincias la han resuelto sin importarles lo que hagan o deshagan los verdes, los blancos, celestes o quien sea. En lugar de la lacrimógena e inútil espera de una oferta "seria" por parte del cogobierno radical-justicialista del FMI, lo auténticamente serio hubiera sido plantear la necesidad de la coordinación de todas las entidades en lucha frente a la posible traición de los Garcetti y Arizcuren. Muy bien, San Lorenzo Emilio En esta ciudad al norte de Rosario, los activistas rechazaron la sustitución de la asamblea de base en favor de la consulta, como método de decisión de la huelga general. El resultado fue que la asamblea se convirtió en plebiscito, pues concurrieron a ella 400 de los 600 afiliados sindicales, habiéndose realizado en horario de clase. La asamblea decidió la huelga indefinida. El "gobierno del pueblo” ofrece salario de hambre Cristina Desde hace tres meses, la provincia de Buenos Aires tiene un autotitulado “gobierno del pueblo”. El pueblo, sin embargo, no ha tenido la oportunidad de apreciar los beneficios de semejante gobierno, y los docentes por supuesto tampoco. Irma Parentella, subsecretaría “del pueblo” de Educación, se encargó de ratificarlo hace 48 horas, al afirmar que ₳ 500 es lo que puede ofrecer de sueldo básico” al magisterio. ¿Y cuánto puede ofrecer a los ricos terratenientes de la provincia, a los banqueros, a los dueños del juego clandestino, a los industriales subsidiados, subvencionados y promocionados? Por supuesto que mucho más que ₳ 500. Hasta que Mary y la Junta Ejecutiva nos separe El Confederal de la CTERA que dirige Garcetti votó la no Iniciación de las clases, pero “'naturalmente" con una trampa, Es así que la resolución de la huelga, pecadoramente concebida por Mary Sánchez y su troupé cafierista, contempla "facultar a la junta ejecutiva su instrumentación o no de acuerdo a lo que ocurra en la comisión salarial del jueves”. Una resolución "en firme” — como se dice. Los aspirantes a Lorenzo Miguel de CTERA no se van por las ramas. Están completamente decididos a levantar la huelga, cuando lo consideren adecuado, mediante un decretazo de la Junta Ejecutiva. Así es como se debe caracterizar realistamente a estos sujetos. Para contrarrestar tan maquiavélica conspiración anti-docente, es necesario preparar la coordinación entre las entidades de base. Buenos aires, el distrito clave J. Crespo La victoria de la huelga indefinida, y hasta la posibilidad de que ella realmente tenga lugar, depende en una gran medida de los gigantescos, explosivos y politizados distritos del Gran Buenos Aires. Es naturalmente sobre ellos que el aparato burocrático dirigido por Mary Sánchez, ha volcado su máxima presión para inmovilizarlos. En las seccionales del sindicato bonaerense (SUTEBA). Es donde las asambleas fueron francamente vaciadas y enérgicamente controladas. La política de la burocracia en Buenos Aires fue muy clara: que se supedite el voto a favor de la huelga a las decisiones del confederal y de la Junta Ejecutiva de la CTERA Garcetti. Esta posición triunfó, por 78 contra 64, en la asamblea de Matanza, que reunió como se ve a un número escaso de trabajadores. En La Plata y en San Martín, en cambio, la directiva fue derrotada, votándose que el no inicio de las clases sólo podrá ser levantado por otra asamblea de base. El clima por abajo es explosivo, “hay un abismo, decía una delegada de Matanza, entre el clima por abajo y el que se llega a expresar en las asambleas”. El solo hecho de que entidades que rechazan el método de la lucha, como la Federación Sarmiento, hayan largado un paro de 48 horas en el inicio del arto lectivo, sobra para medir la “temperatura" del ambiente. Tanto en los distritos del SUTEBA, como en los de la FEB o las entidades antiburocráticas, está planteada la lucha por la soberanía absoluta de las asambleas de los trabajadores. El día 14 es una fecha clave para impulsar a partir de asambleas de las escuelas asambleas generales en cada distrito, el no inicio de las clases y la elección de comités de huelga distritales responsables de conducir la lucha a buen término. Es hora de las asambleas soberanas y de que los trabajadores de la educación tomen la lucha en sus propias manos. La maniobra de la conciliación obligatoria Gustavo El Estado y el aparato de la burocracia sindical no son otra cosa que una maquinada de astucias, maniobras, corrupción y represión contra la acción independiente de los trabajadores. ¿Qué están tramando, entonces, estos delincuentes políticos contra la decisión de la docencia, de iniciar la huelga indefinida? Quien haya tenido oportunidad de seguir las últimas luchas sindicales, podrá responder por sí mismo: la declaración de la conciliación obligatoria, incluso en un conflicto con un gremio estatal (en el cual el gobierno es juez y parte), sin importar que no existan antecedentes de ello en los treinta años de vida de CTERA. Con la conciliación no se espera, de ningún modo, encontrarla vía de resolver el conflicto. ¡Si aun para un salario básico de ₳ 500, la Comisión Salarial compuesta por el gobierno nacional y los provinciales, no ha encontrado la forma de financiarlo! Lo que se espera de la conciliación es dividir, desmovilizar, desmoralizar y derrotar a los trabajadores de la educación. Cuando la delincuencia oficial y burocrática se refieren al '‘apostolado” de la enseñanza, lo que quieren decir es que los maestros deben cargar con la cruz de una existencia miserable. Suplentes de los capituladores Gustavo En vísperas de un movimiento de características históricas de los trabajadores de la educación, el PC y el Mas han decidido proponer el sometimiento completo de los sindicatos docentes a la burocracia liquidadora de Garcetti. Con ello han pasado a integrar el frente único que se ha montado desde el Estado contra la huelga indefinida. La agrupación del PC no se anduvo con vueltas y decidió ingresar a la CTERA de Garcetti (abandonando la de Arizcuren), sin importarle las características regimentadoras de ésta, que desconocen estatutariamente la soberanía de las asambleas y ponen al sindicato en manos de una camarilla de Secretarios Generales. No es casual que una tentativa de someter de esta manera al sindicato de Santa Fe. efectuada por Mary Sánchez, hubiera sido masivamente rechazada por las bases de la provincia. El Mas. por su lado, acaba de proponer un Congreso reunificador de las dos CTERA. aceptando que tenga lugar con el estatuto de Garcetti. El “muñequismo" de toda esta gente se enfrenta por el vértice con la gigantesca tarea que está planteada a los docentes: organizar la huelga indefinida y asegurar su triunfo. Esta izquierda sabe, como lo sabe por otra parte cualquiera, que la única política de Garcetti-Mary Sánchez es como imponer una derrota al gremio que estabilice su control burocrático.

“La crisis del sistema provisional proviene de una mala administración de los aportes en la década del ’50 con excedentes que llegaron a 20.000 millones de dólares a valores de hoy...” Esta frase, pronunciada como al pasar por Mario Brodershon en el debate impositivo con la Unión Industrial, alcanza y sobra para probar la función confiscatoria del Estado capitalista respecto a los trabajadores. Desde el comienzo (primer gobierno de Perón) el sistema jubilatorio fue usado para transferir el aporte de los trabajadores al subsidio sin retorno de los capitalistas. El exceso de gastos fiscales sobre los recursos fue pagado por las Cajas, en lugar de serlo por los capitalistas que se beneficiaban de ese mayor poder de compra del Estado. Las Cajas cubrieron también las pérdidas de los bancos que financiaban a interés ridículo los negocios de sus clientes capitalistas. El déficit resultante de las Cajas se evidencia, entonces, no como un problema contable, sino como un fenómeno de lucha de clases, que pone de relieve el papel del Estado en el mecanismo de la acumulación capitalista. Ahora que se ha agotado la gallina de los huevos de oro del sistema provisional, el Estado capitalista continúa su acción de expropiación directa de los trabajadores por medio del sistema impositivo y de las tarifas de las empresas públicas. Los jubilados pasan a morirse de hambre, mientras los impuestos a la nafta y al consumo, y las tarifas de gas y luz, se van a las nubes.

Con el apoyo de los legisladores de la UceDé y Peronistas, el gobierno radical logró imponernos el “paquete impositivo’’. Los jubilados hemos sido el pretexto. A pesar de que las organizaciones de jubilados han expresado el mayor de los repudios a este “paquete”, el gobierno ha logrado hacernos aparecer como los "culpables” del aumento a los combustibles. Todo el aparato de la publicidad ha silenciado nuestras protestas y nuestra oposición al "paquete impositivo", y ha dado amplia circulación a la voz de los enemigos de los jubilados. Ahora el gobierno, no nosotros, dispone de los fondos extraordinarios logrados por el “paquete” y está decidiendo cómo y de qué manera hará llegar a los jubilados la parte y proporción de esos odiados impuestos. Algunos funcionarios han adelantado que se disponen a abonar con esos fondos, que decían estar destinados a aumentar nuestros haberes jubilatorios, a los inscriptos para el cobro del decreto 648 no obstante haber sido declarado ilegal... Eso es una prueba del valor que tienen las resoluciones judiciales para la burguesía: con el pretexto de un pago notoriamente ilegal se dispone de fondos jubilatorios y se les da un destino distinto: eso es un delito y se llama malversación. De todas maneras, no se sabe que haya de pagarse nada, todavía. Vagamente y entre anticipos contradictorios se habla de distintos “aumentos" que, en todo caso, llegarán a manos de los jubilados después de los tremendos aumentos de precios, que, como el azúcar, nos habrán comido los "aumentos” antes de que lleguen a nuestras manos. Nuestra reclamación inmediata es la de reconstruir nuestras cajas, administradas por los jubilados y aportantes exclusivamente, sin intervención patronal ni del estado, que ha demostrado ser un dilapidador y un malversador de nuestros fondos. Además, el Estado Capitalista, tan presto a pagar una deuda externa visiblemente dudosa no se ha acordado nunca, ni Illia, ni Alfonsín, ni Cámpora, ni Perón en 1973, ni María Estela Martínez en 1974, de recuperar para las Cajas el dinero robado por los gobiernos anteriores, ni aunque hubieran sido gobiernos del “otro” partido; cuando se trata del robo de los fondos jubilatorios aportados por los trabajadores todos los partidos burgueses hacen un frente único. Es una necesidad primordial que las Cajas jubilatorias civiles sean reconstruidas, pero con un criterio totalmente opuesto al que inspiró la creación de las Cajas cuyos fondos fueron malversados o, simplemente, robados por los distintos gobiernos. En primer término, tienen que estar dirigidas exclusivamente por los aportantes y jubilados, sin ninguna diferenciación entre unos y otros, el jubilado aportó a veces décadas enteras y el aportante se jubilará. Tienen derechos iguales. Que no haya ninguna intervención de los patrones: ellos no han aportado nada; no tiene que haber directores patronales pagados con el dinero de los trabajadores. Tampoco ningún directivo pagado por el estado. Los tres poderes del estado tienen organismos fiscalizadores para verificar el manejo de los fondos provisionales, ejercido por sus dueños, jubilados y aportantes, sin necesidad de que el partido gobernante nombre funcionarios generosamente pagados con el dinero de los trabajadores jubilados y aportantes. COMO NECESIDAD INMEDIATA: Aportación plena de los aportes jubilatorios y supresión del trabajo en "negro”, fácil será entonces el pago de una jubilación mínima de 1.000 australes como pide el partido Obrero.

La asamblea de Foetra-Córdoba rechazó, en una asamblea realizada el martes 20, la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo. Esta decisión tiene un valor que trasciende a los telefónicos, esto porque marca un rumbo para todos los sindicatos, en un momento en que la intervención ministerial constituye el recurso más frecuente para desmovilizar las crecientes luchas sindicales. Son muchas, por otra parte, las seccionales del interior que han adoptado resoluciones similares, mandatando a los secretarios generales a profundizar el plan de lucha.

El martes 8 se hizo la asamblea general de Foetra-Buenos Aires. Los 3.500 compañeros que llenaron la Federación de Box resolvieron rechazar un acuerdo de aumento salarial del 21 % firmado en debida forma a sus espaldas por el dúo Guillán-Castelnuovo, y mantener el reclamo de que se incorporen al básico los ₳ 300 otorgados por única vez en enero, lo cual equivaldría a un aumento del 50 % aproximadamente Pero contradictoriamente con esto, la Asamblea resolvió aceptar la conciliación obligatoria que había sido rechazada por el plenario de delegados una semana antes. Intervino para esta aceptación la actuación de la “agrupación renovadora” —una escisión de la Marrón de Guillán—, que puso el eje de la asamblea en un paro contra la privatización de Entel, que se realizará el 17 de marzo. El compás de espera así establecido deberá durar apenas una semana, en el marco de una gran combatividad gremial.

José María Vernet no es sólo el ex gobernador peronista de Santa Fe. Se lo consideró, hasta último momento, el inminente acompañante de Cafiero para las elecciones internas del justicialismo, que deben designar la fórmula peronista para 1989. Este Vernet, entonces, es el que responde al reportaje del domingo pasado de Clarín. “Descentralicemos los teléfonos —dice. Deje la red troncal y la internacional en manos del Estado y el resto vea cómo lo privatiza, desde el nivel comunal al provincial. Yo estoy de acuerdo con esto”. Lo mismo piensa el hombre a quien Cafiero prefirió como su compañero: de la Sota. No en vano el asesor principal de éste es Domingo Cavallo. Pero ésta es exactamente la posición de los grandes pulpos telefónicos, los que pretenden que la inversión de estructura la siga haciendo ENTEL y que todo el negocio rentable de la provisión e instalación de equipos, mantenimiento de líneas, suministros a los usuarios, etc., etc., pase a manos privadas. Como el mismo Cafiero encabeza la ofensiva para desmantelar a YPF en beneficio de Pérez Companc y la Esso, está claro que la fórmula justicialista no representa a otra cosa que a La patria monopolista, que aspira a lucrar con el desmantelamiento productivo de las empresas estatales. Cuando Julio Isabelino Guillan, entonces, mociona por el levantamiento del plan de lucha telefónico, actúa como un renovador, consecuente.

Ya en prensa esta edición, se nos informa que el Consejo Federal de Foetra aprobó, por 20 contra 10, el acuerdo salarial que establece un aumento del 21%. Ahora está claro por qué, en la asamblea de la Seccional Buenos Aires, la dirección y la oposición se pusieron de acuerdo en aceptar la conciliación obligatoria, aunque hubieran discrepado sobre el aumento salarial: es que de todos modos la decisión final iba a ser tomada al margen de lo que resolvieran los grandes distritos como Buenos Aires o Córdoba. Para ello era necesario desmovilizar la lucha en curso en estas seccionales. Pero los Guillán y sus “opositores” no se las tienen que llevar de arriba. Que los plenarios que rechazaron hace 15 días la conciliación, vuelvan a reunirse y llamen a una asamblea general.

A pesar de la aceptación inconsulta por parte de Foetra de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno, Buenos Aires, Santiago de Estero, y Rosario se mantienen en lucha. Advertido de que la burocracia traicionaría la lucha, el cuerpo de delegados de Buenos Aires, había votado anticipadamente que solo una asamblea general del gremio podía levantar las medidas de fuerza. Esta ha sido convocada para el martes 8 y allí se jugará una instancia fundamental del conflicto. Prensa Obrera dialogó con uno de los protagonistas de esta lucha, Sergio Sosto, delegado del edificio Paraguay y miembro de la Lista Naranja. P.O.: ¿cuáles son los reclamos del gremio? Sergio Sosto: Primero, que los ₳ 300 (cobrado por única vez en enero) sean incorporados al básico, a diferencia del planteo de la Federación que sólo habla de “recomposición”. Segundo, el pago de la deuda de la Empresa con los trabajadores; tercero, la derogación del Decreto 183, que condiciona las paritarias de los estatales. Este programa fue votado por el plenario de delegados de Bs. As. P.O.: ¿cómo sale el plan de lucha? S.S.: La Federación nacional se limitó a anunciarlo por medio de los comunicados. El Sindicato Bs. As. por otro lado, resolvió en un plenario de delegados, realizar asambleas por edificio y un nuevo plenario. El plenario resolvió que sólo una asamblea general podía suspender, modificar o levantar las medidas. Esto revela la maduración del activismo frente a los sucesivos vía crucis de planes de lucha levantados sin obtener ninguno de los reclamos fundamentales... En el gremio hay un gran repudio a este manoseo, que se notó en el propio cumplimiento de las medidas: fue creciendo en la medida que los compañeros iban viendo que el plenario había arrancado la asamblea general para determinar el curso de la lucha. P.O.: Este es el cuadro en que el gobierno aplica la conciliación... S.S.: Sí y esto es una verdadera provocación. La empresa, que ya había ofrecido el 18%, da marcha atrás y resuelve no discutir mientras continúen las medidas. Pero el plenario de delegados de Buenos Aires, a su turno, decide mantener el quite hasta la asamblea general, contra la posición de la directiva, que era de levantar. Esto fue rechazado por la inmensa mayoría de delegados. El único que se alineó con Castelnuovo fue el Mas, que planteó que fuera la base de cada edificio y oficina la que decidiera mantener el quite —lo que significaba en lo inmediato levantar el quite e introducir una quiebra en un movimiento en ascenso. P.O.: Sin embargo, Guillán decidió aceptar la conciliación... S.S.: Pretende poner al Gremio frente al hecho consumado para “pinchar” el plan de lucha. El gran problema es que Guillán hoy no controla los plenarios de delegados ni las asambleas. La adaptación al gobierno le ha significado un alto costo en términos de prestigio y dominio de la organización sindical. No solo se quiere frustrar el plan de lucha sino algo más profundo: quebrar el activismo telefónico y vaciar el sindicato. Es la propia base del guillanismo —la Lista Marrón— la que ha comenzado a desintegrarse fruto de tres años de agachadas y subordinación al gobierno. Guillán quiere un sindicato derrotado para poder sostenerse con su política de defensa de las privatizaciones y “eficiencia”. P.’O.: ¿Qué perspectiva se abre? S.S.: La puñalada de Guillán apunta al desinfle del conflicto y el retroceso del gremio. Pero lo nuevo es la resistencia del activismo. La gran tarea es organizar la asamblea general que igualmente ha sido convocada (y que la burocracia tratará de vaciar) y resolver allí la continuidad de la lucha, rechazando la conciliación obligatoria y fijando una asamblea general en 15 días. La seccional Buenos Aires debe encabezar la continuidad de la movilización, llamando a coordinar con otras seccionales que están en lucha —Rosario, Santiago del Estero.

Se ha firmado un acuerdo entre la burocracia sindical y los patrones para excluir la reivindicación salarial de las negociaciones paritarias. Queda despejado así el terreno para que los capitalistas concentren sus baterías en el tema del “incremento de la productividad”. Las paritarias se transforman en un arma de los explotadores. “La UOM y el SMATA iniciaron las paritarias”, titulan los diarios. La realidad es otra: la burocracia acaba de pactar con los patrones y el gobierno el desmantelamiento de las paritarias. Es que, entre los dos, se han puesto de acuerdo en dejar de lado la discusión de un aumento salarial. “Esta vez —informa Clarín 7/3— obreros y empresarios acordarán por un año o más sólo las condiciones de trabajo porque dejarán fuera del convenio los montos salariales para actualizarlos bimensual o trimestralmente”. De paritarias “vigiladas” hemos pasado así, lisa y llanamente, al intento de cancelarlas, anulando entre bambalinas la discusión del salario. No habrá ley ni reglamentación que lo diga expresamente, pero ésta es la estrategia resuelta. En estos términos comenzó a funcionar la paritaria que pretende “señalar el rumbo” al resto de los sindicatos: la UOM y los empresarios metalúrgicos han resuelto que “durante los próximos meses se dedicarán a pactar sobre avances tecnológicos producidos, recategorizaciones, plus por zonas inhóspitas y condiciones de higiene”. El gran ausente es el salario, sólo se discute el período de su reajuste a partir de su deteriorado nivel actual. El salario básico y las diferentes escalas quedarán en sus niveles históricos, con reajustes bimestrales o trimestrales, como ha venido ocurriendo hasta ahora. El decreto del Estado que “reguló” el salario en los últimos veinte años, será reemplazado por el “entendimiento” entre burócratas y patrones, pero siempre, ¡claro está!, bajo la tutela “paternal” del mismo Estado. Los empresarios, burócratas y gobierno han resuelto, ni más ni menos, que mantener los básicos de convenio en su nivel de indigencia actual. Hasta ahora teníamos paritarias “atadas”, cuya homologación dependía de que los Sourrouille y compañía las consideran en conformidad con la política económica oficial. El acuerdo entre la UOM y los patrones lleva las cosas más lejos aún. pues liquida por completo la función que deben tener las paritarias para la clase obrera. Queda muy claro, de todo esto, porque los burócratas no quisieron que los delegados paritarios y los anteproyectos de convenio fueran votados en Asamblea. Necesitaban excluir a las bases para consumar su proyecto antisindical. Estos hechos plantean, más que nunca, la vigencia del reclamo de Asamblea General, es decir, de la lucha para que las bases elijan a los paritarios y voten la plataforma de reivindicaciones.

Los trabajadores docentes están votando masivamente en todo el país el no inicio de las clases. Se expresa así la conclusión irreversible de ellos de que sólo una lucha hasta sus últimas consecuencias puede abatir la voluntad del gobierno de destruir por completo las reivindicaciones populares. ¿No es ésta una conclusión totalmente válida para todo el pueblo? Al lado de los Alfonsín-Stubrin se sientan ahora los Cafiero y de la Sota en una misma decisión de seguir pagando los salarios de hambre que agobian a la docencia y a los trabajadores. Las “expectativas” en el “gobierno del pueblo” se han agotado en menos de lo que canta un gallo. Los pueblos sacan las conclusiones de lo que viven; todos debemos llegar a la conclusión de los docentes. No hay salida fuera de la lucha consecuente. No hay política consecuente sin la total independencia política de los partidos y dirigentes de la patronal. La gran lucha docente recién está dando sus primeros pasos. En los próximos días veremos a la cristiana alianza del Estado y de la burocracia sindical, descargar toda su batería de intrigas, injurias, maniobras y represión para estrangular el movimiento. Podrán postergarlo, pero no lo derrotarán. En el proceso de esta experiencia de lucha los trabajadores construirán los instrumentos de combate de la victoria.