El “navarrazo" o la capitulación ante los "carapintada" de Perón
Hace catorce años una operación policial organizada con el apoyo del gobierno nacional, provocaba la caída del gobierno votado nueve meses antes en la provincia de Córdoba. La capitulación de todo el “campo popular” democratizante en esa jornada preparó el terreno para la ulterior victoria del golpe militar de 1976. El 27 de febrero de 1974, la policía cordobesa, al mando de su jefe, el coronel Navarro, copó la ciudad de Córdoba, detuvo al gobernador, Obregón Cano, y al vicegobernador. Afilio López, con la colaboración de bandas de matones derechistas. El “navarrazo”, como se lo bautizó, llevó a la renuncia del gobernador y vice y a la intervención del Poder Ejecutivo de la provincia por ley del Congreso. Política Obrera caracterizó a esta sedición policial- gansteril como la réplica contrarrevolucionaria al "cordobazo" producido cinco años antes. “Por Córdoba ganar la calle” fue el título de tapa del PO N° 186 del lunes 4 de marzo, donde se planteaba el llamamiento a una huelga general activa. Esta política contrastó agudamente con la adaptación política de las direcciones peronistas combativas y de izquierda de la provincia y de las direcciones de la Juventud Peronista (JP) y de las Juventudes Políticas. Ofensiva derechista El navarrazo formaba parte de una ofensiva derechista que había comenzado a poco de asumir el gobierno peronista el 25 de mayo de 1973. El 20 de junio, la masacre de Ezeiza dejó centenares de muertos y heridos entre los jóvenes y trabajadores. Más tarde, el 13 de julio, Cámpora fue forzado a renunciar mediante un semi- golpe de estado. Con el ascenso de Perón a la presidencia el 12 de octubre, la ofensiva antiobrera y antidemocrática alcanzó mayor vuelo: fue sancionada una ley de Asociaciones Profesionales que facilitaba el control burocrático de los sindicatos y que daba a la burocracia instrumentos legales para liquidar las internas y seccionales independientes; también fueron sancionadas la ley de prescindibilidad y las reformas al Código Penal que debían facilitar la represión. Perón nombró a los siniestros comisarios Villar y Margaride en las altas jefaturas de la Policía Federal, y desde principios de enero comenzaron a multiplicarse los atentados y allanamientos contra locales de izquierda. Fue en ese periodo que se emitieron las circulares que dieron nacimiento a la triple A. La ofensiva derechista tenía por objetivo desplazar a los {gobernadores y funcionarios ligados al Camporismo y a la JP, para cohesionar el ataque en regla contra el aguerrido movimiento obrero independiente de ese período. Bidegain en Buenos Aires y Obregón Cano, en Córdoba eran sus principales blancos. En enero de 1974 Bidegain renunció y fue reemplazado por Calabró, burócrata de la UOM y vicegobernador. Esta violencia antidemocrática fue, sin embargo, saludada por el PC con la tesis de que se respetaba el mecanismo de sucesión y el federalismo, “que era ¡o que acá más importaba y lo que en definitiva se impuso”, (Nuestra Palabra, 30/1/74). El próximo objetivo era Córdoba, cuna del cordobazo y que contaba con un importante movimiento "sindical combativo que incluía al SMATA Córdoba (dirigida por Salamanca) y Luz y Fuerza (Tosco). Córdoba El proletariado cordobés había tenido un importante repunte hacia fines del 73. Miles de trabajadores de IME (ATE) habían salido a la calle reclamando el paro activo de la regional contra 200 despidos por aplicación dé la ley de prescindibilidad. Poco después, los trabajadores de UTA (gremio al que pertenecía el vicegobernador Atilio López) arrancaban un importante aumento que las patronales se negaron a pagar mediante un “lock-out”. El lock-out fue apoyado por toda la patronal (Federación Económica de Córdoba) y se convirtió en una prueba de fuerza entre las clases. El gobierno de Obregón Cano se reveló impotente para asegurar el transporte. Intervino las empresas, pero no incautó los colectivos. Horas antes del copamiento policial, cedió a las demandas patronales (créditos y tarifazo). Las direcciones sindicales combativas apoyaban naturalmente al gobierno de Perón, por quien todos ellos habían votado, y aún más al de Obregón, de modo que no sorprendió que se adaptaran a la impotencia de éste. Dejaron a IME en el aislamiento, lo que la llevó a su derrota, y no lanzaron ninguna medida de lucha en apoyo de UTA, argumentando siempre que no había que dar un pretexto para la intervención del gobierno nacional al que también apoyaban (¡¡). La ofensiva contra el movimiento obrero cordobés se desarrollaba también por otra vía. Por instrucciones de Perón, el sector “legalista” de Afilio López se había reunificado con los Ortodoxos (de L. Miguel) en las 62 y preparaban la normalización “peronista” de la CGT de manera de poder aislar al SMATA y Luz y Fuerza. Estos últimos habían anunciado una movilización para el 28 de febrero, pero la levantaron un día antes (¡Cuando Navarro ocupaba Córdoba!) para facilitar las negociaciones con los “legalistas”. El “motín” La ofensiva derechista adoptó una forma extraparlamentaria con lo que ponía en evidencia la debilidad del régimen político del momento. Pero el complot contó con el apoyo de la burguesía, del gobierno nacional de Perón y de los principales aparatos del Estado (fuerzas armadas, burocracia sindical). Los hechos eran claros: “Osinde viajó cuatro veces a Córdoba en la última semana” como enviado especial de Perón, informaba La Nación (3/3). Osinde era el responsable de la seguridad de Perón y director de la masacre de Ezeiza. Otero, ministro de Trabajo y dirigente metalúrgico declaró (La Razón, 1/3/74) que Tosco quiere convertir a Córdoba en “capital del socialismo” y que él aceptaba el desafío de convertirla en “capital del peronismo”. Y concluyó: “creo que esto que está sucediendo en Córdoba —el navarrazo— me exime de todo comentario”. La Federación Económica de Córdoba declaró el lock-out hasta que el Congreso aprobara la intervención, mientras que “en esferas castrenses trascendía que existían opiniones favorables a la acción sediciosa” (Noticias, 1/3). La Nación comentaba, por su parte, que “el coronel Navarro no actúa por su cuenta. Es lo suficientemente cuerdo para no meterse en una aventura personal” (3/3). Finalmente, El Economista del 1/3 señalaba que “el gobierno informó al radicalismo a principios de semana que “algo” preparaba para Córdoba debido al estado de subversión”. Obregón Cano que había prometido no renunciar y luchar por su restitución, capituló sin lucha y presentó su renuncia al igual que Afilio López. En el Congreso, por su parte, la UCR, Alende y Sueldo (estos dos eran los aliados del PC en la APR) ayudaron a reunir los 2/3 necesarios para intervenir el Poder Ejecutivo de la provincia. ¿Cómo enfrentar al Navarrazo? PO venía denunciando la ofensiva contra Córdoba como inevitable. De Obregón Cano no se podía esperar otra cosa que la capitulación. ¿No había sido Obregón Cano quien nombró al coronel Navarro, oficial de inteligencia del III Cuerpo, jefe de policía?. En PO 185 (2/2) se hacía un llamado a la JP y a las direcciones combativas a una campaña de movilización contra la intervención que se produciría un mes después. Cuando se produjo el motín, la regional cordobesa del PO denunció la parálisis de las direcciones combativas y llamó a corregirla mediante un gran frente de lucha. PO N° 186, del 4/3 sacó un enorme título en tapa: “Por Córdoba, ganar la calle” y llamaba a “preparar con asambleas de fábrica un congreso de delegados de toda la ciudad, un acto público de masas y un paro activo”. Los “gremios combativos”, sin embargo, entregaron el control de la calle a las bandas policial-gansteriles, a pesar de que hubieran podido volcar a la mayoría de los trabajadores a la tarea de aplastar al minoritario “motín”. Tosco declaró que “...(la resistencia) va a depender de quien sea el interventor. Vamos a hablar con él, vamos a ver qué piensa, qué política planea llevar adelante” (La Opinión, 6/3). No hubo voluntad política de enfrentar el copamiento policial-gansteril ni la intervención reaccionaria del gobierno. Esta conducta promovió la confusión y desmoralización del activismo obrero. Pero para el 1/3, las Juventudes Políticas Argentinas tenían previsto un gran acto en la Capital, en la Plaza Congreso. Convocada inicialmente con el objetivo de “estructurar una fuerza de apoyo al gobierno que contrapesara las fuerzas reaccionarias” (declaración de las JPA, Noticias, 26/2), los sucesos de Córdoba le crearon una violenta contradicción, pues era “el gobierno" la cabeza de “las fuerzas reaccionarias”. En Córdoba, entre tanto, “se esperaban noticias desde Buenos Aires sobre el acto de las JPA... por unos Instantes la plaza Congreso, la avenida Callao son más reales que la calma chicha de Córdoba” (La Opinión, 3/3). Pero las Juventudes no le cambiaron el eje al acto, que siguió en su objetivo de apoyar al gobierno contra la derecha. El gobierno, en cambio pescó el peligro de que los manifestantes tomaran un rumbo diferente. La policía de Villar y Margaride prohibió el acto y lanzó los gendarmes a la calle. Las JPA, con 50 mil jóvenes en la calle, decidieron retirarse. La minoría que resistió la desconcentración ordenada por las JPA fue gaseada mientras vivaba a Perón. Bloque de los “8” Tras haber prestado el quorum de los 2/3 para que pudiera votar la Intervención, Balbín se entrevistó con Perón y arreglaron una reunión en Olivos con todos los partidos opositores. Balbín reivindicaba haber logrado excluir al poder legislativo de la intervención federal. A la entrevista concurrieron 8. partidos; junto a la UCR, Alende, Sueldo, el PSP y Udelpa, aparecieron el PC y el PST (hoy Mas). El documento aprobado por el bloque así reunido “fue discutido, según el PC, amplia y democráticamente en varias jornadas de muchas horas en un proceso que llevó de las ideas centrales a un primer proyecto, a su pulimiento posterior, luego a un nuevo proyecto y a la forma definitiva aprobada” (Nuestra Palabra, 3/4/74). Los “8’’ afirmaban que “los momentos difíciles que esperan a la República... se superarán mediante la acción solidaria de los sectores que respeten la voluntad mayoritaria y popular expresada en los comicios por la liberación...”. Por supuesto no se decía una palabra sobre el navarrazo. El documento era una perfecta cobertura del lopezrreguismo que se adueñaba del poder. El bloque de los 8 (ampliado posteriormente cuando los montoneros dieron vida al PPA, con lo que se formó el “bloque de los 9”) constituyó el aval "democrático” al gobierno del “navarrazo” y de la “Triple A”. Fue el “acta democrática” en su versión 1974. El semanario del PST, Avanzada Socialista, defendió el documento varias semanas, argumentando que defendía las liberta-des democráticas. Meses después, en una pequeña nota, AS tuvo el atrevimiento de afirmar que el PST no había firmado el acta, atribuyendo el “error” a la Redacción de su propio periódico. Sin embargo, a la reunión de los 8 con Perón, Coral mismo había llevado la inquietud de que “el gobierno superara su actitud contemplativa frente a las bandas armadas de la derecha”. Coral sostuvo que “el gobierno no puede seguir observando como simple espectador (!!) graves situaciones desencadenadas por el despotismo de las direcciones sindicales”. La conducta de la izquierda democratizante durante Semana Santa del año pasado, tiene sus antecedentes, como se puede ver. Conclusiones El navarrazo anticipó los principales problemas políticos del periodo. Pretender enfrentar la ofensiva derechista observando rigurosamente los límites del régimen constitucional, era plantearse la cuadratura del círculo. Fue así que la izquierda democratizante (incluido el peronismo combativo) se colocó detrás de las direcciones burguesas, sin vacilar en paralizar al movimiento obrero y juvenil para no “provocar” y para “defender al proceso de liberación”. Con la formación del bloque de los 8 abandonaron toda pretensión de acción histórica y política propia e independiente. Al igual que en Semana Santa, cada vez que la burguesía teme la movilización popular, intima a la izquierda a ratificar su sometimiento al régimen burgués. La izquierda democratizante, entonces como ahora, se adaptó a esa exigencia.