A pesar del tono altisonante y de la fanfarria bélica desplegadas en torno a la sublevación del teniente coronel Rico, los episodios militares propiamente dichos se ubican más cerca de la farsa que del género épico que las proclamas pretendían transmitir. Esto vale para los “comandos,” y para los “leales”, que en ningún momento actuaron como protagonistas de un conflicto armado. Cuando los medios oficiales hablaban de “cruentos combates” los habitantes de la ciudad correntina dijeron escuchar apenas el fragor de los truenos en el horizonte. El Comandante del II Cuerpo, que dirigió el operativo contra el regimiento copado reconoce que en “todo momento la orden fue la de ejercer presión, pero no la de disparar contra ellos” (‘Clarín’, 20/1). No puede extrañar entonces la observación de un policía lugareño sobre la resolución del alzamiento que —afirmó— “fue más conversada que una partida de truco” (idem). Entre los oficiales desplazados para “reprimir” reinaba el espíritu de casta e incluso de solidaridad con los sublevados: “si se meten los celestes (Fuerza Aérea) o los azules (Armada) nos pintamos la cara”, advirtió a un enviado de “Página 12" (19/1) uno de los oficiales cuyo regimiento estaba cercando a Rico. Entre unos y otros los contactos oficiosos nunca dejaron de existir, “algo se negoció y no hubo enfrentamiento armado” (“La Nación” 19/1/88). La rendición “incondicional” es, por lo tanto, una pantalla para un nuevo pacto entre las diversas fracciones del Ejército. “La Nación” sugiere que los términos del mismo fueron precisados el mismo lunes entre las 12 hs, cuando la capitulación de Rico era un hecho y las 16,30 hs., cuando fue anunciada oficialmente. El principio del pacto es el arreglo de la cuestión vía “justicia militar" de modo tal que los términos de un nuevo equilibrio sean establecidos entre las propias fracciones militares y tomando como punto de partida los “reclamos genuinos” de Rico, como el Estado Mayor caridista se encargó de subrayar en medio de la sublevación. No por casualidad el general Mabragaña lanzó inmediatamente la propuesta de la amnistía general, tibiamente desmentida horas después. Sobre este objetivo no hay divergencias en el Ejército. Inviabilidad del golpe En realidad, la derrota de Rico se explica porque el teniente coronel, inflado y potenciado por un régimen que le concedió hasta el límite de sus posibilidades, se largó a unir la vieja reivindicación del genocidio (Caridi también lo hizo en repetidas oportunidades) con la amenaza de una quiebra del proceso democratizante. La pretensión golpista carecía, por sobre todas las cosas, de una base social de apoyo entre las clases dominantes que son las que determinan la viabilidad de un golpe de estado. La burguesía nativa y el imperialismo han convertido al régimen democratizante en una marioneta de sus propios intereses y operan por medio de las instituciones políticas vigentes. No es el carácter democrático de estas últimas sino su completo alineamiento con las exigencias de los explotadores y de la reacción, lo que explica el arranque de “civilismo” que informa en la actualidad a los que fueron financistas y sostenedores del Proceso. La mismísima embajada yanqui advirtió en dos oportunidades a Rico, durante diciembre último, que no sacara los pies del plato (“El Periodista”, 7/1/88) y Reagan le dio un cheque de algunos millones de dólares a Sourrouille para cubrir durante un mes la bancarrota económica mientras el gobierno resolvía la emergencia de la crisis militar. La prensa burguesa se ocupó en destacar la completa debilidad política de Rico y sus secuaces. Después de imponer en Semana Santa el reclamo común a todo el Ejército de la Obediencia Debida, los comandos fueron incapaces de formular un programa alternativo de poder mientras, al mismo tiempo, amenazaban con alterar el orden político. La inconsistencia se expresó prácticamente en el carácter marginal del alzamiento. Se sumaron algunos elementos fascistoides, pero esto acentuó la completa precariedad de los planteamientos de Rico que en ningún momento ganó apoyo entre las fuerzas que pueden sostener un golpe. Todo indica que el alzamiento fue armado en medio de una gran improvisación y hasta con divergencias en el entorno que rodeó a Rico. Con una suerte de táctica foquista se planteó estructurar un frente de apoyo a partir de su propia iniciativa y buscar por esta vía superar el carácter absolutamente endeble de su plataforma inicial. Le fallaron apoyos decisivos en Córdoba y Buenos Aires y no pudo tampoco conquistar la adhesión de algún elemento del generalato para operar un recambio en la cúpula del ejército. A medio camino de cualquier alternativa el levantamiento acabó de desmoronarse sin pena ni gloria. Pacto para desmovilizar Lo que no se le escapó ni al propio teniente coronel sublevado fue la más notoria diferencia entre la crisis actual y los episodios de Semana Santa. En su conferencia de prensa en Monte Caseros el domingo 17 Rico ponderó la “actitud mesurada” del gobierno que había renunciado a cualquier movilización popular. No hubo Acta de Compromiso como la de Pascuas prometiendo la Obediencia Debida, pero el pacto no fue menos real: evitar cualquier tipo de movimiento popular, no sacar la disputa del marco de las Fuerzas Armadas, vaciar las plazas y las calles y prevenir cualquier medida de acción directa. Los gobiernos del PJ y la burocracia justicialista de la CGT cumplieron este pacto a rajatablas. El documento firmado en abril del 87 desde la Sociedad Rural hasta el PC, jugó un papel decisivo justamente porque se trataba de plantear con toda claridad los objetivos y límites de una acción que involucraba la presencia callejera de las masas. Mediante el “compromiso” la burguesía disciplinó a las organizaciones gremiales y a los partidos de izquierda a la defensa del Estado y de sus instituciones, en particular a la reconstrucción del Ejército como requisito básico de existencia del “sistema”. Esta misma función la cumplió ahora el pacto desmovilizador. Alfonsín señaló que la movilización fue inevitable en la primera crisis porque, entonces, ante la negativa de los uniformados a reprimir, “no teníamos siquiera una honda” para enfrentar a los sediciosos. Ahora en cambio, felicitó al Ejército “leal” y saludó a la población por seguir la vida cotidiana en sus puestos de trabajo, sin ganar, las calles y plazas de la república. En Semana Santa se ensalzó demagógicamente la movilización popular como “bastión en la defensa de la democracia” pero aquí tenemos la confesión de que fue utilizada como 'recurso condicionado a la reconstrucción del aparato militar. Por esto mismo en abril pasado lo que se cumplió fueron los reclamos del Ejército y no de los trabajadores y la ciudadanía democrática. El mismo recorrido siguió ahora la política oficial ante el nuevo alzamiento. El lunes por la mañana el gabinete nacional consideró la declaración del Estado de Sitio y la dejó pendiente como medida a ser utilizada en caso de que así fuera exigida por el Estado Mayor. La cuestión era, de cualquier manera, cómo fortalecer el destacamento armado. Descomposición del régimen político El principio de resolución de la crisis militar no por la intervención de las masas sino de las jerarquías de la corporación militar es un principio reaccionario y antidemocrático. No se trata además de una corporación cualquiera sino de la liderada por los responsables del genocidio reciente. En estas condiciones la salida de la crisis es un nuevo golpe a la democracia, es decir, a los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y los trabajadores. En abril la población rodeó los cuarteles. Ahora se dio vía libre a los uniformados para arriar a los trabajadores en camiones fuera de los cuarteles donde conversaban amigablemente los mandos de uno y otro lado. En medio de las “operaciones” el segundo de Rico, en Tucumán, se fugó como pancho de su casa. Mientras tanto, desde María Julia Alsogaray hasta los renovadores celebraban la pulcra resolución de la crisis. Los que se golpean el pecho en defensa de la “soberanía del pueblo” hicieron de la soberanía de un general denunciado por la CONADEP el factor decisivo de una salida a la impasse más profunda del régimen político. De esta forma el propio régimen ha puesto de relieve hasta qué punto se ha transformado en una completa impotencia. Nuestro partido se ha preocupado en llamar la atención sobre el agotamiento del proceso democratizante y en sacar todas las conclusiones que se desprenden de esta realidad. En los cuatro días que siguen a la fuga de Rico —una fuga anunciada y permitida- las instituciones del “orden constitucional” hicieron mutis por el foro. El Parlamento no dijo esta boca es mía, el Poder Judicial brilló por su ausencia, el Ejecutivo, buscando mantener maniatadas a las masas, se transformó en un total rehén del Estado Mayor presidido por Caridi, un hombre del Pentágono que no ha vacilado en calificar a Videla, Massera y Agosti como “nuestros presos” y que proclama abiertamente su vocación de llegar a la amnistía definitiva de todos los genocidas. El Presidente, falto de recursos, no tuvo mejor ocurrencia que insistir en que “la casa está en orden” como si los trabajadores no recordaran que con este cuento se expresó en Semana Santa la traición miserable a la aspiración popular. Ya no funciona la oratoria en la cual la inventiva demagógica se desenvuelve con amplitud. La superación política de este régimen es una condición para acabar con el militarismo, y la reacción de los cuales son rehenes los partidos “populares” de la burguesía que dominan el panorama político nacional. La libertad y la democracia son incompatibles con este sistema de cogobierno radical-justicialista que en lugar de democracia ha parido al Punto Final, la Obediencia Debida, los Rico y los Caridi. Todo el desenvolvimiento de la crisis militar demostró que tienen más temor a las masas en movimiento que a Rico y sus seguidores, que carecen, de toda autonomía frente al gran capital y al imperialismo, en cuyo interés han reforzado a las Fuerzas Armadas y su papel de árbitro de la escena política. Por esto mismo la interna militar abrirá una etapa de choques y fricciones en el período inmediato, en una situación domina-da por una descomposición económica sin precedentes y por una ofensiva más profunda contra las condiciones de vida de la población laboriosa. La clase obrera estará obligada a movilizarse en defensa de su propia sobrevivencia. En este combate es fundamental hacerle comprender que la sobe- rabia popular y la defensa nacional sólo tendrán vigencia cuando reposen en el armamento del pueblo trabajador, en la democracia de los explotados y en la expropiación de los explotadores. EL PARTIDO OBRERO lucha por la elección popular de los mandos de las Fuerzas Armadas como primer paso para acabar con el chantaje permanente de las patotas armadas de los Rico y Caridi, para quebrar el dominio reaccionario de la casta militar sobre la población laboriosa. Una lucha para abrir el camino al desmantelamiento del ejército de los explotadores y para que los trabajadores ejerzan el derecho democrático al uso de las armas contra los golpistas, en defensa de las reivindicaciones nacionales y sociales. Una lucha para la cual el PARTIDO OBRERO busca tornar consciente entre la vanguardia obrera la necesidad de transformarse en clase independiente y en esta misma medida, en dirección de la emancipación social y política de la mayoría oprimida.