Prensa Obrera N° 214

El viernes 29, a las 19 horas se realizará en México 471 Capital, una conferencia, con debate posterior, sobre la lucha del pueblo palestino.

El compañero Pablo Heller hablará en dicha oportunidad. El objetivo de la misma es no solo esclarecer los motivos de la justa lucha del pueblo palestino, sino constituir las bases para conformar un Comité de Solidaridad argentino con dicha lucha.

Frenar las deportaciones, lograr el cese de la represión sionista, la Iibertad de los centenares de palestinos presos es el objetivo inmediato.

Invitamos a conformar dicha Comisión a todas las organizaciones y personalidades obreras, democráticas y antimperialistas.

Los asesinatos y la represión sionista no son una aberración sino la consecuencia de su política.

Después de dos semanas de manifestaciones y una huelga general donde fueron asesinados más de 30 jóvenes en los territorios ocupados y en el territorio del Estado de Israel, el ejército sionista se ha lanzado a la detención masiva de palestinos, que han sido recluidos en cárceles y campos de detención como "Ansan 2”. Muchos han sido juzgados sumariamente por tribunales militares y muchos de ellos serían deportados de acuerdo con las leyes del estado sionista.

En estas dos últimas semanas las masas palestinas han protagonizado un hecho de proporciones raras veces vistas desde la ocupación de 1967, y posiblemente desde la creación del Estado de Israel en el año '48.

Pero esta verdadera rebelión generalizada contra la ocupación y la política de "mano de hierro” tiene la característica de haber sido espontánea, a espaldas incluso de los dirigentes nacionalistas árabes y de la misma OLP. Para un buen observador la explosión que mantuvo en vilo a toda la zona, se venía gestando en forma no tan subterránea. Un aumento de los atentados individuales de palestinos contra soldados de las zonas ocupadas es una muestra de esto. Lo mismo que recientes manifestaciones y huelgas en las universidades de Bir Zeit (Ramallah) y Belén. Un informe del West Bank Data Project, una fundación que estudia las “relaciones" entre árabes e israelíes en la llamada franja occidental del río Jordán, Indica que la cantidad de movilizaciones y acciones de las masas palestinas contra la política de ocupación creció en un 100 % en relación a las acciones de la OLP. (New York Times, 27.12.87).

Las masas palestinas, a diferencia de la dirección de la OLP que ha venido buscando en los últimos meses la negociación con el sionismo y la Intermediación del imperialismo y la burocracia de la URSS, se han lanzado a la calle a enfrentar las balas del ejército de ocupación, sólo con piedras y botellas molotov, ofrendando decenas de vidas a la lucha palestina. Por eso no hay que asombrarse que durante la primera semana de la revuelta, las "autoridades” palestinas de las aldeas y ciudades de los territorios, es decir los dirigentes nacionalistas y de la OLP, hayan seguido manteniendo relaciones normales con las autoridades israelíes.

La magnitud de la rebelión palestina puede verse en varios hechos; uno de ellos es la combatividad de las masas, sobre todo en la juventud estudiantil y trabajadora, y en que prácticamente todas las ciudades y aldeas árabes se han plegado a la protesta desde el Golan hasta el Negev (los beduinos de esta zona raramente presentaron una política de resistencia en los últimos 20 ó 30 años) y desde el Jordán hasta Gaza. Aldeas árabes de Jerusalem como Bet Safafa y Abu Tor, que desde el '48 habían quedado faltas de combatividad, manifestaron junto a las que más durante la huelga general del día 21 de diciembre. En realidad, el comité de autoridades municipales palestinas había ideado esta jornada como un "Día de la paz", destinado a descomprimir la situación. Sin embargo, las masas superaron a sus direcciones creándose numerosos comités y piquetes de huelga que aseguraron la jornada de protesta en todo el territorio.

La gran rebelión palestina de estas últimas semanas ha puesto sobre el tapete el problema de conjunto; lo que está en juego es la posibilidad, más tarde o más temprano, de un movimiento de mucha mayor profundidad. La exacerbación de las condiciones de vida de las masas palestinas, sobre todo en Gaza donde 600 mil personas viven en la zona de mayor densidad de población del mundo en forma miserable, y el aumento poblacional de toda la masa árabe dentro y fuera del territorio israelí propiamente dicho, es percibido por los dirigentes judíos como un peligro potencial para el mismo estado sionista (ver Haharets, 25.12.87). La cuestión en juego no es sólo los territorios (su eventual devolución) o alguna otra salida, sino todo el territorio en manos del sionismo. La huelga general y la protesta palestina han borrado las diferencias entre territorios ocupados e Israel: todo es un gran "territorio ocupado” por el sionismo. La propuesta de dar autonomía o aún de crear un estado palestino en la franja occidental, por ejemplo, plantearía la existencia de un gran campo de concentración entre el estado sionista, y el reino de Jordania conducido por la reaccionaria monarquía hachemita de Hussein, factible de ser intervenido militarmente en cualquier momento cuando Israel considere que está en peligro su “seguridad” como ocurrió en el '56, en el '67 y ocurre actualmente en el Líbano. La solución únicamente puede provenir de derrotar la política del imperialismo en el medio oriente y del subimperialismo sionista, y eso solo podrá lograrse en el marco de la destrucción política del Estado de Israel y de una gran revolución nacional y social de las masas árabes en la zona y la construcción de un estado palestino laico, donde convivan las masas árabes y judías.

Abajo los fraudulentos procesos militares. No a las deportaciones, libertad a todos los detenidos ¡Castigo a los asesinos!

Las autoridades del ejército israelí han iniciado juicios sumarios a centenares de palestinos, la mayoría de ellos adolescentes, por la revuelta de los últimos días. En la mayoría de los casos las transgresiones a las normas más elementales del procedimiento judicial han sido denunciadas por los abogados de los acusados y por algunos medios de prensa (ver The Jerusalem Post, 28 y 29.12.87). Muchos de los detenidos han sido alojados en los campos de detención como Ansan 2 y 3 y otros en Gaza y los territorios y llevados a los tribunales militares, después de esperar horas en micros del ejército con los ojos vendados.

Los testigos de cargo son... soldados y policías. Los jueces militares utilizan como pruebas las filmaciones de los medios televisivos, lo cual constituye una burla jurídica. Las condenas han sido, según los casos, de varios meses de prisión y multas de entre 200 y 500 dólares. La aberración de estos juicios y el cinismo de las autoridades militares llega al punto de condenar a heridos por las; balas; del ejército, Nasser Zuhadi,

Khakmeh, 16 años, del campo de refugiados de Batata cerca de Nablus, fue condenado a un mes y medio de prisión y 13 1/2 meses en suspenso, y a pagar 300 shekeis (200 dólares); esta sentencia es considerada "leve” por el hecho de estar herido en las piernas por disparos de ametralladora. (Jerusalem Post., 28.12.87).

A su vez el ministro de Defensa, Itzjak Rabin, ha anunciado la posibilidad de deportar a decenas de activistas palestinos. Hasta el momento esto no se ha producido pero el peligro existe; por lo tanto, es imperiosa una campaña Internacional contra las deportaciones y por la libertad de todos los detenidos. Hay que exigir además la investigación de las decenas de asesinatos de jóvenes palestinos en las manifestaciones de las últimas semanas. Hay pruebas de que muchas de ellas fueron fríos asesinatos por parte de soldados y personal militar de civil, fuera de las zonas de manifestación. El ejército israelí dice que está conduciendo una investigación al respecto, pero hasta ahora, como era de esperar, no ha pasado nada. Solo la movilización podrá lograr el juicio y castigo de los asesinos.

La Campaña Financiera ha alcanzado el 75% de su objetivo financiero nacional. Faltan 10 días para que finalice la misma y lógicamente es cuando más se intensifica el trabajo militante para cubrir los padrones de simpatizantes y amigos del Partido.

El Partido viene de una movilización firme por las recientes jornadas de lucha contra el militarismo. Nuevamente se ha visitado a la periferia, se ha organizado con ella la agitación y la movilización contra los carapintadas y genocidas. Se ha visto una vez más que el PARTIDO OBRERO es el único capacitado para dar una respuesta revolucionaria alternativa a la impotencia de la burguesía democratizante.

Es necesario entonces reforzar al Partido Revolucionario con el aporte de los trabajadores. Las colectas en puerta de fábrica se siguen realizando con éxito: en Atlántida alrededor de 40 compañeros aportaron. A ello se suman los aportes conseguidos dentro de la fábrica.

En estos 10 días hay que multiplicar la actividad para alcanzar el 100% del objetivo planificado. El fin de semana del 29, 30 y 31 de enero deben ser jornadas de culminación de la campaña donde todo el Partido y sus simpatizantes deben ganar la calle, para concretar los compromisos y visitar las relaciones aún pendientes.

Familiares. Madres, Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales han decidido una campaña contra las resoluciones del juez San Juan y por la libertad inmediata de los presos políticos. Esta se iniciará el jueves 21 a las 16 horas. cuando finalice la ronda de las Madres en Plaza de Mayo desde donde se partirá en una marcha por Florida y luego Lavalle hasta concentrarse finalmente en Tribunales. Posteriormente se colocarán mesas, centros de divulgación y agitación en diversos puntos de la ciudad y del Gran Buenos Aires.

“Todos los hombres son iguales ante la ley" es lo que formalmente establece el Estado de Derecho. Pero en la práctica, en los hechos concretos, la justicia tiene un claro carácter de clase y por lo tanto, no puede actuar al margen o por encima de la lucha de clases.

En la sociedad capitalista, cuya institución madre es la propiedad privada de los medios de producción, la justicia se aplica, por regla general, adoptando el punto de vista de los explotadores. Es por esta razón que, en nuestro país, lo que debería ser justicia sé vuelve injusticia y por ende, inmoralidad.

Los ejemplos son tan contundentes y abrumadores que casi ni falta haría mencionarlos. Astiz, Rico, Obediencia Debida, Punto Final, son sólo algunos de los tantos testimonios elocuentes de una justicia amputada, a todas luces hipócrita. Pero hay otro hecho que demuestra con absoluta nitidez, el carácter clasista del régimen político y sus instituciones. Es la existencia de los presos políticos, seis de ellos heredados de la dictadura militar, que llevan más de diez años tras las rejas.

A uno de éstos, Martin Paz, el juez de Tucumán Dr. San Juan, le acaba de negar la libertad condicional, dejando sentado -por primera vez- un precedente poco edificante en relación con los presos políticos.

Martin Paz fue detenido en enero de 1975 por el general Acdel Vilas —el chacal de Tucumán— que cumplió con la poca honrosa tarea de comandar el Operativo Independencia.

Martín Paz fue bárbaramente torturado y en ese estado, con los ojos vendados, obligado a firmar una declaración de cargos que nunca leyó y por la que fue condenado por los jueces de la dictadura, sin tan siquiera tener un abogado defensor.

Para negarle la libertad a Paz, “el augusto representante de la ley” esgrime argumentos tan burdos y aberrantes como lo fueron todos los juicios del proceso contra los militantes populares. Dice en los fundamentos el juez San Juan que Martín Paz “no tiene síntomas de arrepentimiento". Pero esto, desde el punto de vista de los explotados es el mayor mérito para que Paz salga en libertad por cuanto ningún luchador consecuente puede arrepentirse de haber luchado por un mundo mejor.

Dice el juez que Paz “no se quiso someter al examen criminológico”. Y esto es genuinamente correcto, dado que Paz no es criminal. Es un preso político, puesto que las motivaciones que lo impulsaron a la lucha fueron políticas.

Así, una por una, pueden fácilmente ser destruidas todas las argumentaciones, que no son más que formalidades; lo esencial es que los presos políticos de la época de la dictadura fueron elegidos conscientemente por el régimen alfonsinista como rehenes para canjear sus libertades por la de los genocidas. Este es el quid de la cuestión.

La tenaz resistencia de los presos, las Madres, las Abuelas, Familiares y otras organizaciones políticas y estudiantiles impidieron que se consumara este trueque inmoral.

Los distintos avatares de la lucha política, el acelerado agotamiento del alfonsinismo, su impotencia política, le han permitido sólo parcialmente cumplir con la estrategia que sobre derechos humanos trazó el 10 de diciembre del 83: el blanqueo total del aparato represivo.

La existencia de presos políticos de la época de la dictadura a quienes se les niega incluso la libertad condicional, es una prueba inapelable de los compromisos del radicalismo con los militares, pero además, y esto es lo fundamental, es la demostración palmaria de que la lucha por la libertad de los presos y por el juicio y castigo a los genocidas no se puede separar de la lucha contra el régimen político que lo sustenta.

En 1973 una gigantesca movilización a la cárcel de Devoto logró arrancar de ella a los presos políticos de la dictadura. Hoy en una situación política distinta, la movilización unitaria sigue teniendo plena vigencia para poner en libertad a los presos políticos de antes y de ahora.

Hace 45 días comenzó una tenaz lucha contra el vaciamiento del Hospital Español. Como en toda crisis, sirve para ver quién es quién. Hubo de todo: un sindicato que ha dejado aislado el conflicto sin convocar ni siquiera al plenario de delegados, delegados que se quebraron, incapaces de sostenerse frente a la ofensiva capitalista. Sería largo de enumerar todas las dificultades que tuvieron que sortear los delegados y activistas que están al frente de la lucha, pero se han encontrado que el movimiento, gracias a la persistencia del combate organizado, tiende a ampliarse: médicos y socios se incorporan a la lucha contra el vaciamiento. Hace 10 días comenzó una olla popular en la puerta del Español. Allí llega diariamente la solidaridad obrera. De allí salen las brigadas a repartir el boletín de lucha y a realizar colectas para sostener el fondo común. Allí se encuentran los trabajadores que aún siguen “trabajando” dentro del hospital (unos 70 compañeros sobre 500 que eran) con sus delegados despedidos. El martes 19, después de compartir la cena en la olla, PRENSA OBRERA dialogó con los delegados y dirigentes de la lucha.

PRENSA OBRERA: ¿Cuál es la actual situación del conflicto?

RICARDO BANCALARI: A 45 días de lucha y a 9 de poner la olla popular, podemos decir que está creciendo la concurrencia y participación de trabajadores y activistas en la misma. Somos 6 los delegados que estamos aquí y continuamos la pelea.

- JOSE CARABALLO: Los compañeros de adentro están reagrupándose. Vienen a la hora de entrada y a la salida.

RB: Estamos esperando que la justicia de una respuesta concreta a la denuncia penal del Ministerio de Trabajo contra Ríos Seoane por incumplimiento de la conciliación obligatoria o que el propio Ministerio prorrogue la conciliación. Durante la vigencia de la conciliación, RÍOS Seoane suspendió y despidió más compañeros y no pagó los sueldos. Ayer, llegaron más de 80 telegramas de despidos a los hasta ayer suspendidos. (Que son más de 150, además de los 100 despedidos).

J.C.: Los compañeros de adentro sólo cobraron una parte del aguinaldo y los sueldos (los despedidos y suspendidos nada).

R.B.: El Español está en virtual acefalía. Francisco Ríos Seoane eje político y económico del Directorio no está. Tampoco aparece Manuel RÍOS Seoane, representante legal y el Director Médico ha renunciado. Este es el clásico comienzo de un vaciamiento.

P.O.: Ustedes han realizado denuncias por vaciamiento...

RAMÓN GUTIERREZ: El vaciamiento se inicia con los pacientes del PAMI. Ríos Seoane ordenó sacar a los jubilados a altas horas de la noche. Como los pacientes y los trabajadores nos resistimos, ordenó que se les retirara la alimentación. Después fueron suspendiendo las intervenciones quirúrgicas, los servicios externos funcionan parcialmente. En estos momentos hay menos de 50 camas ocupadas (sobre 450 que tiene el Hospital).

BLAS VEGA: Yo querría destacar la repercusión que tiene nuestra lucha, no sólo en el plano nacional, sino aún en España. Una revista llamada “El Faro de España” ya ha escrito dos veces sobre el conflicto del Español “que constituye un verdadero dolor de cabeza para nosotros” según sus palabras.

P.O.: Los médicos han hecho un paro de 48 horas. ¿Cuál es la situación del movimiento de los médicos y los socios?

R.B.: Nosotros planteamos desde el principio que hay una lucha común de médicos, trabajadores y socios por la defensa del pleno funcionamiento del Hospital. Muchos socios se han solidarizado con nosotros y han puesto dinero para nuestro fondo de huelga. Reitero: es necesario un frente común de todos los afectados por el cierre del Español, para lograr su pleno funcionamiento y la reincorporación de todos los despedidos.

P.O.: ¿Cómo ha respondido el gremio?

R.B.: Los trabajadores de la sanidad nos han dado una mano solidaria enorme. En todos los establecimientos que hemos ido con los boletines y alcancías, nos han aportado su solidaridad y su dinero.

R.G.: Los trabajadores han respondido en todo momento.

R.B.: Por otro lado, la Directiva de ATSA sigue sin hacer nada. Llevamos 45 días de conflicto y no hubo un sólo plenario de delegados. No es el primer sanatorio que está en peligro de cerrar. Otros han pasado por esta situación y la Directiva no se ha movido. ¿El resultado? Los Andes, el Liniers y otros han cerrado.

Pero no se trata sólo del Español. En el Humboldt están también en peligro de cierre por vaciamiento. En todos los establecimientos que hemos visitado pudimos palpar un gran clima de bronca contra los bajos salarios, la falta de pago, los atrasos, los despidos y los malos tratos. Es imperativo que el gremio se movilice en defensa del Español y por todos sus reclamos postergados. Reclamamos la convocatoria al plenario de delegados, y su funcionamiento permanente en la puerta del Español.

P.O.: ¿Cuál es la solución que ven a este conflicto?

R.B.: Reclamamos que intervenga el Estado para reabrir el Hospital. El Español es un hospital subvencionado. Que el Estado intervenga para mantener abierta la fuente de salud para la población y que se forme una Comisión Investigadora de los médicos, los socios y los trabajadores para investigar qué ha pasado con el dinero que mensualmente ingresa al Español (por cuotas y subsidios) y que restablezca el pleno funcionamiento y la reincorporación de todos los despedidos.

P.O.: ¿Vuestros próximos pasos?

R.B.: Continuar la lucha hasta nuestra reincorporación. La olla popular es un centro de reagrupamiento vamos a mantenerla para que se sigan sumando compañeros. Lo fundamental es extender la solidaridad con nuestra lucha. Por eso vamos a organizar un Festival Artístico para el próximo 5 de febrero y un petitorio. Llamamos a todos los compañeros a apoyarnos y a sumarse a esta justa lucha.

El martes 12 los vendedores ambulantes fueron desalojados del caso céntrico de “Salta la linda” como reza un reciente slogan turístico. Una asamblea de vendedores y del sindicato que los agrupa decidió realizar una movilización el miércoles por la noche reclamando el derecho al trabajo. “Somos vendedores porque hemos caído víctimas de la desocupación”. En el desarrollo de la misma la policía golpeó duramente a varios compañeros que fueron a parar al hospital con lesiones.

A partir de allí se instaló una Olla Popular en la que los vendedores fueron acompañados de sus mujeres e hijos para reclamar la restitución de los lugares de trabajo en las peatonales.

La medida se extendió por 72 hs. recogiéndose, además, más de dos mil firmas de adhesión al reclamo entre la población.

Al cerrar esta edición se había levantado la medida y abierto la negociación con la posible restitución de los puestos a los vendedores en las peatonales.

Entrevistamos a Raúl Cardozo (Delegado del Distrito Salta ante la Federación Nacional de Trabajadores Viales)

PO: Uds. vienen de una semana de huelga, contanos cómo fue.

Cardozo: Hicimos una semana de paro nacional del 14 al 18 de diciembre que fue todo un éxito. En nuestro Distrito se cumplió masivamente y en otros como Mendoza, los compañeros cortaron el paso en el túnel internacional por dos días. Luego, el Ministerio impuso la conciliación obligatoria que fue acatada por el gremio, a lo largo de 5 reuniones sin resultado positivo. En las audiencias, al contrario, la administración de la empresa se negó a reconocer el decreto de aumento salarial del año 82. Este aumento había sido reconocido anteriormente por un Acta-acuerdo firmada.

La Federación convocó a un congreso extraordinario para el 5 de enero, allí con el 100 % de los congresales se decidió continuar el plan de lucha con un paro el 25 de enero. Se elaboró un petitorio reclamando todas las deudas salariales y también por la Obra Social, ya que el afiliado no tiene la atención mínima y este problema se agrava con los trabajadores de las zonas alejadas.

Se denunció también en el congreso el vaciamiento acelerado de Vialidad Nacional. El año que viene quedarán fuera del plantel el 35 % de los trabajadores ya que deberán jubilarse obligatoriamente con un mísero salario de 230 australes; la cosa es más grave si tenemos en cuenta que el promedio en vialidad es de 58 años.

Con esto se está preparando la privatización del sector a beneficio de empresas multinacionales.

La medida del 25 será con paros sorpresivos y cortes de rutas en todo el país.

Esta medida ha sido apoyada por los demás gremios estatales que también tienen su fuente de trabajo amenazada y reclaman el 10 % del año 82.

La voluntad mayoritaria de los delegados del congreso era llevar la lucha al paro por tiempo indeterminado hasta conseguir los reclamos, en este sentido se mandató a la Directiva Nacional.

PO: ¿Qué opinás sobre la crisis provincial y el cierre del Banco Provincia?

Cardozo: Como ciudadano común quisiera que salga a luz quienes son los responsables de la crisis y que se haga justicia.

PO: ¿Qué opinas de la propuesta del PO de realizar una gran Asamblea popular de los trabajadores, y las organizaciones de la izquierda que propongan un plan de los trabajadores para salir de la crisis?

Cardozo: Creo que si los cuerpos orgánicos, el. parlamento. no resuelven la cosa hay que hacer lo que dice el PO.

El Banco de Salta ha cerrado sus puertas. No puede “recuperar” por falta de fondos los bonos que viene emitiendo el gobierno. La quiebra del Banco es la quiebra de las finanzas del Estado provincial. La vida económica de la provincia, que gira en gran medida en torno a los bonos, se está paralizando. Los empleados públicos no han cobrado ni sus aguinaldos, ni sus salarios de diciembre.

¿Cuáles son las causas de la crisis?

La burguesía se ha lanzado ni corta, ni perezosa, a despotricar contra el déficit estatal (gastos en personal de administración pública y las escasas inversiones sociales). Lógicamente, pretende que el salvataje del Estado capitalista salteño en crisis sea hecho por el sacrificio de los trabajadores, a través de la racionalización de la administración pública, el congelamiento salarial, la abolición de conquistas y la disminución del presupuesto para vivienda, salud y educación. Esto es UNÁNIME en el campo burgués.

Pero la verdad es otra. El fabuloso déficit existente se debe: a) A los negociados que realizaron el gobernador Romero y sus capitalistas amigos (construcción de un teleférico —para promover el turismo— por 5 millones de dólares; créditos “promocionales” para la construcción de 4 o 5 hoteles de categoría, etc.), b) El Banco de Salta ha otorgado créditos por valor de 480 millones de australes a unas 40 empresas que están en mora y no los pueden devolver. Para que se tenga una idea de la magnitud de esta deuda, que ha llevado a la quiebra al Banco, debemos manifestar que el actual gobernador justicialista Cornejo reclama un pago a la nación por 450 millones de australes, en concepto de regalías petroleras, con los cuales podría superar la actual coyuntura. Toda la crisis proviene de la incapacidad de los grandes capitalistas y terratenientes oligárquicos (los Patrón Costa, etc.) para pagar los créditos tomados. Estas empresas están en bancarrota y trasladan la misma al Estado provincial. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de que el Estado encare el rescate descargando el esfuerzo sobre el bolsillo de los trabajadores.

“A cualquier costo político”

Así ha afirmado el gobernador Cornejo —en sus negociaciones para reabrir el Banco— se llevará adelante un plan para reducir los gastos públicos.

Son tres vías las que se tomarán; todas dirigidas contra el trabajador. 1°) reducción salarial y racionalización del empleado público. Esto implica congelamiento salarial, no pago de más de 30 millones de australes en retroactividades, anulación de conquistas sindicales y sociales (categorías, etc.); 2°) aumento de la presión impositiva (impuesto inmobiliario, etc.) sobre el pequeño propietario y el trabajador; 3°) reducción de inversiones del Estado, lo que llevará a la definitiva parálisis de proyectos como el PROVIPO del que esperaban vivienda miles de familias, o profundizará la ya terrible situación escolar.

Toda la burguesía y sus plumíferos saludan esta “valiente” actitud del gobernador de la “justicia social".

Que pague el capital

La responsabilidad de esta crisis reside en los capitalistas y no en los trabajadores que somos sus víctimas.

Hay organizaciones como la Asociación de Médicos que han reclamado una Comisión Investigadora de quién desfalcó al Banco y a la provincia para que sean juzgados. El Partido Obrero apoya este principio elemental de justicia: el Banco Provincial debe ser puesto bajo control de sus trabajadores para que se fiscalicen sus libros, se denuncien los negociados y se señale las 40 empresas que están viviendo a costa del pueblo salteño. La intervención en esas 40 empresas y su funcionamiento bajo control de sus trabajadores es necesaria para salvar el patrimonio provincial y la fuente de trabajo. Una comisión constituida por la CGT, los sindicatos, los partidos, centros estudiantiles, organizaciones vecinales debe investigar todos los negociados existentes.

En segundo lugar, los bonos (cuya mayoría están en manos de los trabajadores a quienes se les paga el salario) deben ser rescatados y garantizados en su valor por medio de un impuesto a las grandes fortunas y la garantía del gobierno nacional. Esta deuda sí que hay que pagarla al pueblo.

En tercer lugar, se impone la lucha frontal por la defensa del salario y la ocupación obrera.

El PARTIDO OBRERO ha lanzado el llamado a las organizaciones obreras, sindicales, democráticas y antimperialistas a movilizarse en común contra el frente patronal para convocar a una ASAMBLEA POPULAR que discuta una salida obrera a la crisis provincial. El P.O. adelantó ya su programa para la discusión en esta Asamblea.

Pero lo fundamental, es que las organizaciones sindicales de los trabajadores salgan a la movilización independiente en defensa de sus salarios y conquistas, contra el ataque que prepara la burguesía. Esta no es la actitud que está adoptando la burocracia sindical quien se ha sumado al carro - del frente patronal para “salvar la provincia”. Los burócratas han lanzado un “plan de lucha” escasamente cumplido que está subordinado al gobernador y que rápidamente han levantado con la excusa de “la defensa de la democracia” en oportunidad de la asonada de Rico. Asambleas en las reparticiones, plenario de la CGT con delegados elegidos en Asambleas para votar un curso de acción independiente en defensa del trabajador.

El PO lo denunció en el 84

El 22 de junio de 1984 el PARTIDO OBRERO se entrevistó con el gobernador Romero. Allí le entregó un documento en donde se caracterizaba que el gobierno recurría a “mecanismos como bonos y empréstitos destinados a subsidiara capitalistas y terratenientes”.

Reproducimos un párrafo de dicho documento, impreso y distribuido por el PO en su oportunidad:

"En la provincia de Salta se ha querido montar una experiencia sui-generis cuyo resultado no puede ser sino una enorme hipoteca sobre las finanzas públicas y un seguro negocio para los más poderosos capitalistas. La gobernación provincial ha centrado su política económica en la emisión de un bono cancelación de deudas y en un empréstito —que según se afirmó originalmente— Iría destinado a financiar la construcción de viviendas y obras de infraestructura. El bono —que ya fue aprobado por la legislatura- implica la emisión de medies de pago equivalentes al 60 % del presupuesto provincial. Se trata en primer lugar de un tipleo mecanismo Inflacionario que dará lugar a una mayor carestía y desorganización económica. Es llamativo al respecto, que la bancada de diputados oficialistas se haya opuesto a explicitar en la reglamentación del bono, que éste no podrá ser utilizado para abonar haberes de los empleados públicos. Ha quedado, así, abierta tal posibilidad”.

El domingo 17, en medio de la sublevación militar, cuando se conocía que Rico y sus secuaces se hablan atrincherado en el regimiento de Monte Caseros y que nuevas unidades militares se sumaban a la conspiración, el Partido Obrero planteó, en una reunión común con otros partidos y organizaciones de izquierda la necesidad de construir un bloque político que lanzara una campaña de movilización, y el reclamo para que la CGT y los sindicatos declararon de inmediato la huelga general. Esta posición fue rechazada por la mayoría de los presentes. Mientras esto ocurría, varios de los asistentes (PC, MTP, Peronismo de las Bases, PI) acababan de suscribir un acuerdo con el Partido Justicialista, que se comprometía “a la defensa del sistema democrático” (es decir, de las Instituciones —Poder Ejecutivo, Parlamento y Justicia— responsables de la política de apaciguamiento y de blanqueo del militarismo genocida) y se pronunciaba por “la modificación de la política económica” (¿Qué se entiende por esto? ¿Más subsidios a las exportaciones? ¿Reactivación capitalista a la cual deban subordinarse los reclamos de los trabajadores? ¿Marchar a una moratoria pactada?).

Encubrimiento de la política patronal

Pero lo que es aún más grave, es que de este acuerdo no emanaba ninguna directiva de acción. Ya no hablemos de llamar e Impulsar la huelga general (planteo elemental en momentos en que la CGT mantenía una pasividad cómplice). Ni siquiera hubo consenso para convocar a algún tipo de movilización práctica. ¡¡El "compromiso” se consumió en el envío de un telegrama a las autoridades y un comunicado a los diarios!!

El documento tal cual apareció en forma de solicitada (Clarín (19/1/88) por iniciativa del Fral, sufrió una alteración en su primer punto, por la cual se reemplazó el planteo de “defensa del sistema democrático” por el de “defensa de las libertades públicas consagradas en la Constitución” (se ve que la dirección del PC tenía la conciencia intranquila, máxime cuando carga sobre sus espaldas la firma del “acta" en los episodios de Semana Santa). Esta “mutación", sin embargo, lejos de revertir la naturaleza del acuerdo, termina por desnudarlo por completo. Es que no hay forma de "mejorar" un acuerdo que carece de cualquier voluntad real de movilización contra los golpistas y cuyos autores acompañaron la política gubernamental de compromiso con el militarismo genocida.

El Mas, bajo esta nueva versión, estampó finalmente su firma en este documento, lo que revela que sus reticencias iniciales se fundaban en objeciones puntuales y específicas y no en una oposición de conjunto al mismo y a la política de desmovilización y proburguesa que éste expresaba. Esta conducta de disecar el documento en puntos, mal puede disimular su orientación general de subordinación a la política de apaciguamiento de los partidos del régimen, que constituye la columna vertebral del mismo. Esto es. por otra parte, coherente con todo el comportamiento del Mas durante la crisis, que en sus volantes llamó a presionar para que el gobierno y Cafiero “cambien completamente de posición”, precisamente, cuando la clave de la situación era apartar a las masas de la tutela de ambos y señalarle un rumbo propio e independiente, así como también los pasos concretos para efectivizarlo. preparando e impulsando el camino hacia la huelga general.

El hecho de que el Partido Justicialista haya desmentido finalmente su participación en el documento no exime de responsabilidad a la izquierda democratizante ni rehabilita su conducta política. Por el contrario, delata, más aún, hasta qué punto llega el seguidismo y la postración ante los partidos patronales y sus consecuencias políticas inevitables. Pese al esfuerzo por acomodarse el PJ dejó a la izquierda "pagando "; esta izquierda concluyó jugando el tristísimo papel de socios de una empresa que naufragó antes de empezar a funcionar.

Para la izquierda democratizante, la emergencia de una crisis militar borra todas las fronteras; no comprenden para nada que es en la lucha contra el "enemigo común" golpista que esas fronteras se ponen en evidencia más que nunca y no comprenden tampoco que en el momento decisivo, la unidad popular sólo puede ser salvada contra los “partidos populares” que traicionan y desmovilizan al pueblo.

Divisionismo para saludar el acuerdo con los renovadores

En medio de este cuadro, el lunes 18 a las 14 horas y luego de muchos cabildeos, se arribó a un acuerdo político entre las organizaciones de izquierda (ver nota donde se reproduce el texto). Este acuerdo (contra el que se pronunciaron abiertamente el MTP, el PI y la Democracia Cristiana), si era un punto de partida para una acción real contra los sublevados: se pronunciaba por la huelga general activa y marcaba un rumbo de intervención independiente de los trabajadores frente a la crisis. Este si era un reagrupamiento de principios que sentaba las bases de un bloque político capaz de presentarse como una opción política frente a los partidos del régimen.

El PC y el Mas han protagonizado la enorme farsa de pretender presentar como compatibles la firma de uno y otro acuerdo, como si se trataran de dos platos de un mismo menú que se complementan, cuandó en realidad, a lo único que puede conducir —como así sucedió— es a una gran indigestión.

La duplicidad, sin embargo, tiene patas cortas. El acuerdo de la izquierda surgió por iniciativa política del P.O. Fue rechazado primero y aceptado un día más tarde.

Pero esto no fue un obstáculo para que la dirección del PC siguiera dándole manija al compromiso suscripto con el P.J. hasta el extremo de destinar generosos fondos para darlo a publicidad en la prensa burguesa mientras archivaba el acuerdo alcanzado por la izquierda. Esta conducta culminó en la propia marcha, donde el FRAL convergió con el PI y la DC, intentando rescatar un acuerdo con el PJ que a esa hora se revelaba inocuo y que el propio PJ se encargaba de desmentir; esto mientras frustraba una acción y movilización común con la izquierda, el único emprendimiento real y con porvenir. El Mas a su tumo, fue más lejos, no dando señales de vida.

Una vez cometido este crimen político. de nada vale ahora acordarse de la “complicidad desmovilizadora de la cúpula renovadora y de la CGT” (Solicitada del PC -20-1) o descargar ríos de tinta denunciando el rol del cafierismo (Mas) cuando se practicó un seguidismo a éste y se minó la posibilidad de una perspectiva superadora. capaz de quebrar el bloqueo de los partidos patronales.

La conducta de la izquierda durante la reciente crisis militar retrata su política. Se ha hablado hasta el cansancio de la “unidad de acción", de la “unidad de la izquierda” para enfrentar el bipartidismo o a Cafiero y Alfonsín. Más aún algunos partidos se autoconsideran los paladines de estas propuestas. Cuando se presentaba la oportunidad de demostrarlo, la respuesta, sin embargo, fue: No a la unidad de acción ni al frente de la izquierda para impulsarla. Si a la división para salvar el acuerdo con los renovadores. El frentismo de la izquierda no supera los límites del democratismo y la conciliación de clases. Lo que está planteado es construir un frente revolucionario, dirigido a convertir a la clase obrera en caudillo de la nación oprimida. Llamamos a sacar un balance de la reciente experiencia durante la crisis militar.

Convocatoria

Ante la grave crisis militar y el riesgo de que los anhelos populares sean nuevamente traicionados, las organizaciones políticas y sociales abajo firmantes, manifestamos:

—Aplastar a Rico y todos los carapintadas sediciosos y sus cómplices.

—Castigo y cárcel a todos los torturadores y genocidas: derogación de las layes de Punto Final y Obediencia Debida; contra cualquier tipo de amnistía a los asesinos: no al Estado de Sitio: libertad a los presos políticos.

—Llamamos a la movilización popular.

—En defensa de las libertades públicas y democráticas contempladas en la Constitución Nacional.

-Reclamamos a la CGT que decrete de inmediato un paro general activo y convocamos a los trabajadores, al pueblo y a todos los partidos políticos a movilizarse en ese sentido.

Todos el martes 19,19 horas. Concentración en Plaza Congreso.

PARTIDO OBRERO, FRAL, Bloque Socialista. Mas, Partido de la Liberación, Praxis, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Abuelas de Plaza de Mayo. Liga por los Derechos Humanos.

Comunicado de prensa

La fuga del teniente coronel Rico es una prueba de la completa Impotencia del gobierno. La "audacia" de los comandos y su libertad de movimientos son el resultado de la Impunidad y la amnistía oficial para el conjunto de los militares del Proceso que forman fila en la cadena de mandos del actual régimen.

Ahora se pretende presentar la fuga de Rico como el afianzamiento del orden constitucional y la democracia lo cual es una Impostura por parte de quienes votaron la ley Rico de obediencia debida y preparan una amnistía más completa para los militares genocidas. Esto como parte de los acuerdos que discuten Alfonsín y Cafiero. quienes acaban de firmar un acta de apoyo y profundización de la orientación proimperialista del actual régimen. Por esto mismo, la gran banca y, tos capitanes de la industria están a muerte en la defensa del orden "constituido", el que estableció el punto final para los genocidas, el que paga la deuda externa y ejecuta los planes del FMI.

El PARTIDO OBRERO denuncia que como lo ha puesto de relieve nuevamente esta crisis la democracia y la libertad son incompatibles con este régimen politice, rehén del militarismo y del imperialismo. Llama a los trabajadores y a la ciudadanía democrática a no dejarse engañar y a movilizarse en forma independiente por el juicio y castigo a los genocidas. por el no pago de la deuda externa. por un salario mínimo de ₳ 1.400 y paritarias libres sin techos ni reglamentaciones

El gobierno es cómplice de la fuga de Rico

Movilización obrera y popular para aplastar y meter en la cárcel a los genocidas y carapintadas

Domingo 17/01/88

El gobierno nacional de Alfonsín y el provincial de Cafiero han permitido que Rico se escapara bajo sus propias narices. Pasadas 48 hs. de la fuga no ha sido detenido, ni destituido ninguno de los militares que durante una semana se pasearon por el chalet de Los Fresnos ostentando armas y mostrando su solidaridad con el teniente coronel.

Como en Semana Santa el gobierno, que es tan rápido para dictar tarifazos contra el pueblo trabajador y acatar las directivas del FMI, es lento para detener a los militares subversivos.

La política de apaciguamiento del gobierno. los intentos de mediación y negociación llevados adelante han envalentonado a los Rico que anoche se han acuartelado en un regimiento de Corrientes.

El PARTIDO OBRERO denuncia la impotencia de este régimen que ha dictar la Ley de Punto Final, la Ley “Rico" de Obediencia Debida, que viene amparando a los militares genocidas de los reclamos del pueblo de juicio y castigo.

El PARTIDO OBRERO llama a los trabajadores. a la ciudadanía democrática a movilizarse por:

-Inmediata destitución y cárcel para Rico y todos los militares alzados.

-Constitución de una Comisión Popular Integrada por la CGT, los sindicatos y los Partidos Políticos para investigar quién permitió la fuga de Rico, quiénes se negaron a reprimirlo y detenerlo en su chalet.

Derogación, lisa y llana de las leyes de Punto Final y de la Obediencia Debida. Cárcel para todos los militares opresores del pueblo.

El PARTIDO OBRERO llama a la CGT y sindicatos que convoquen de inmediato a la Huelga General con ocupaciones de fábrica y a todos los partidos a organizar la movilización desde las barriadas y empresas para aplastar a los carapintadas que el gobierno con sus negociaciones y concesiones alienta.

Comunicado de prensa

PO ante la nueva crisis militar

Sábado 16. 15 hs

Las autoridades nacionales y de la provincia de Bs. As., han permitido la fuga del teniente coronel Rico. La supuesta ofensiva para localizarlo y encarcelarlo es una pantalla para replantear los términos de un compromiso con los “carapintadas”.

Los comandos insurrectos de Semana Santa bajo la jefatura del teniente coronel desaparecido siguen en sus puestos y se respeta el pacto de no juzgarlos establecido en Semana Santa. El general Caridi no pudo movilizar a diversos regimientos del Gran Buenos Aires. El propio Estado Mayor que condena los métodos de Rico reivindica los reclamos “genuinos del héroe de Malvinas" según la calificación oficial.

El Partido Obrero denuncia que se marcha a una amnistía completa a los cara- pintadas y de todos los militares del Proceso y que esta cuestión es parte de los acuerdos entre Cafiero y Alfonsín. Se avanzará sobre los pasos dados con la Obediencia Debida con la excusa de afirmar el orden constitucional.

Su defensa en estas condiciones es reaccionaria y antidemocrática. Es la bandera de la gran banca y del FMI que ha apoyado con sus dólares al cogobierno radical-justicialista, cogobierno de los tarifazos, de impunidad a los genocidas y la entrega de país.

El Partido obrero denuncia el completo contubernio del gobierno y el justicialismo con el gran capital y los gendarmes del Proceso.

El Partido obrero llama a unir la lucha por las libertades, cárcel y castigo a todos los genocidas, fuera el punto final y la obediencia debida, con la movilización contra la explotación del pueblo trabajador, por paritarias libres, el no pago de la deuda y la confiscación de los grandes monopolios nacionales y extranjeros.

Para aplastar a los Carapintadas Que la CGT declare la Huelga General

Lunes 18. 10 hs

Nuevas unidades se plegaron en la noche del domingo y en la mañana del lunes a la sublevación militar liderada por el teniente coronel Rico. Tal como venimos denunciando el alzamiento de los "carapintadas" progresa frente a la completa parálisis de las "Instituciones democráticas”-. El Parlamento del "pueblo" que votó en su momento la ley del Punto Final y la Obediencia Debida, ahora ni siquiera emitió, un pronunciamiento. El Poder Ejecutivo evitó hasta el momento cualquier movilización popular.

Este es el problema clave de la situación actual: mantienen al pueblo inmovilizado frente a los comandos de Rico y sus secuaces. Se pretende delegar en Caridi "la defensa de la democracia". Pero Caridi es hombre de los Videla y del Pentágono, es el que acaba de organizar la Conferencia de Ejércitos Americanos en Mar del Plata, es un abierto y público defensor de amnistía a los genocidas del Proceso.

El problema fundamental del momento es que hay que aplastar a los “carapintadas" con la movilización independiente de los trabajadores y la ciudadanía democrática. Es necesario pasar por encima de los políticos Impotentes y de los conciliadores jefes militares, responsables de la catástrofe que amenaza a la nación.

El PARTIDO OBRERO llama a organizar la movilización en defensa de las libertades democráticas y contra los golpistas a partir de cada lugar de trabajo y de cada barriada. Llamamos a los cuerpos de delegados, a los sindicatos, a las organizaciones gremiales y populares a reclamar a la CGT. la convocatoria a la huelga general para tomar en nuestras manos la defensa de las libertades democráticas en total oposición a la línea de apaciguamiento y desmovilización del régimen.

Por lo tanto:

1) Que los sindicatos y la CGT llamen a la Huelga General y a la ocupación de las fábricas, los centros de comunicación y Ios nudos ferroviarios y camineros. Los “carapintadas" con acciones comando han tomado el aeroparque. Hay que adelantarse frente a la inoperancia del gobierno; que los trabajadores pongan bajo su control los centros estratégicos.

2) Requisa del transporte para colocarlo a disposición de la movilización popular, la ocupación de las plazas centrales y la inmediata concentración de la población laboriosa en Plaza de Mayo en Ia Capital Federal.

3) Formación de un Comité de Partidos, CGT, sindicatos y organizaciones populares para dirigir la movilización (ilegible): Aplastamiento de Rico y sus secuaces: Derogación de la ley de Punto y de la Obediencia Debida; No a la amnistía. Cárcel a los acusados de genocidio contra el pueblo; Que los mandos las FF. AA sean elegidos por el pueblo.

4) Plena libertad de organización y movilización para el pueblo; No al Estado de Sitio.

Pronunciamientos obreros

Un plenario de 5O delegados gráficos votó eI sábado 16 un pronunciamiento de la Lista Naranja.

Los genocidas del proceso y los sublevados de Semana Santa comparten el objetivo de la impunidad y no dejarán hasta conseguir la amnistía. La Lista Naranja reclama; derogación de la obediencia debida, juicio y castigo a los genocidas y proceso a todos los sublevados de Semana Santa. Reclamamos el inmediato llamado de la CGT a un paro activo nacional y la movilización a Plaza de Mayo para que sea el pueblo en las calles quien termine con este levantamiento.

Lista Granate del SUPE:

“Sólo el pueblo movilizado parará a los rebeldes y evitará nuevas concesiones del gobierno".

Los trabajadores de YPF debemos movilizamos junto a los demás trabajadores del país. Nuestra filial debe llamar a una urgente reunión de delegados, debemos plantear ante la CGT la declaración de un paro nacional y movilización de todos los trabajadores junto con todas las fuerzas democráticas para derrotar a los militares alzados y evitar cualquier avance de las fuerzas represivas...”.

NÉSTOR PITROLA Secretario Adjunto del SGA

JORGE LARROCA Secretario de Prensa del SGA

Castigar y destituir los sublevados

Cárcel a los genocidas

Lunes 18. 20 hs

La población desconoce los términos de la rendición de Rico y sus “carapintadas". Bastaron un par de cañonazos para que los “comandos" abandonaran las armas. Tal como lo dijo el Partido Obrero desde el primer momento, sólo las vacilaciones del gobierno, su intento de llegar a un compromiso con los "carapintadas" permitió que se agrandaran y mantuvieran en jaque al gobierno y al país durante una semana.

El gobierno y los partidos patronales que en Semana Santa traicionaron al pueblo y pactaron con Rico, ahora se empeñaron en no movilizar a los trabajadores. e Incluso consideraron la sanción del estado de sitio con este fin. Se temió, que una movilización de masas retomará el camino de Semana Santa, pero dando esta vez pasos concretas hacia el desmantelamiento de todo el aparato represivo y militarista.

Alfonsín mientras mandaba a los trabajadores a quedarse en sus casas, delegaba todo el accionar contra los sublevados en manos de Caridi y su Estado Mayor. El gobierno optó: no a la movilización de los trabajadores y la ciudadanía democrática, si a Caridi, el general que hace profesión de le de la masacre perpetrada por los militares del proceso contra el pueblo trabajador, el hombro del Pentágono, que acaba de auspiciar la realización de una Conferencia de Ejércitos Americanos en Mar del Plata y que propugna la amnistía total para los genocidas.

Al optar de esta manera, el gobierno se ha colocado como rehén del militarismo genocida. El PARTIDO OBRERO alerta a los trabajadores, ¿en qué términos se pactó la rendición? ¿Qué es lo que se ha negociado con los "carapintadas"?

Desde ya alertamos sobre la campana que se desarrollará ahora para blanquear a los mandos genocidas del Ejército como paladines de la democracia. Estos mandos que apoyaron a la dictadura militar del proceso por orden del imperialismo y del gran capital, hoy apoyan a la "democracia" proimperialista por orden del mismo amo imperialista. Recibieron el apoyo de Reagan, del FMI. y de todos los partidos patronales, porque la consigna del gran capital es defender al régimen que ha garantizado durante cuatro años el pago de la deuda externa, que viene hambreando a los trabajadores y entregando el patrimonio nacional.

El PARTIDO OBRERO llama más que nunca a no depositar confianza alguna en los partidos patronales y los militares constitucionales" de este régimen antiobrero y proimperialista que es el que ha decidido y permitido que se desarrollen los Rico, Barreiro, Astiz y compañía.

Llamamos a profundizar la lucha por:

-Destitución y cárcel de todos los “carapintadas" subversivos.

- Por la constitución de una Comisión constituida por parlamentarios, la CGT, sindicatos, centros estudiantiles, partidos políticos y organizaciones de [ILEGIBLE] para investigar y enjuiciar a todos cómplices y colaboradores de los Rico y compañía (¿quién permitió su huida chalet de Los Fresnos? ¿Por qué las [ILEGIBLE] militares del Gran Buenos as no se movilizaron para reprimir a Rico (?), etc.)

- Derogación del Punto Final y de la de Obediencia Debida. Cárcel a todos los genocidas.

- Que los mandos de las Fuerzas Armadas sean elegidos por el pueblo.

Detrás de este programa democrático elemental, llamamos a todas las organizaciones obreras, estudiantiles, populares a movilizarse para golpear contra el [ILEGIBLE] y reaccionario que asola a la [ILEGIBLE].

La crisis militar estalló en circunstancias de una intolerable ofensiva contra las condiciones de vida de los trabajadores. Luego de aprobar los tarifazos el Parlamento votó una convocatoria a paritarias cuyos resultados están sujetos al visto bueno del Ministerio de Trabajo. La carestía mensual volverá a rondar en enero el 10% y el Ministerio sigue hablando de “autorizar" aumentos de jornales hasta el 4%. Los 300 australes prometidos a los jubilados en octubre serán pagados recién en marzo, cuando el equivalente debería ser no menor a los ₳ 450. Bajo el manto del orden legal se ha establecido un régimen de dictadura civil que se ampara en un cuerpo jurídico que va desde las leyes de amnistía a los militares del Proceso hasta la facultad de decidir el monto del salarlo del trabajador o desconocer los fallos de la justicia sobre el pago de la deuda a la clase pasiva. En febrero está prevista también la sanción de una ley de asociaciones profesionales que entronizará el despotismo de la burocracia sobre sindicatos y comisiones internas y disminuirá los derechos de los delegados de base. Para ese mismo mes el Congreso Pedagógico convocado por los “representantes del pueblo” aprobará un proyecto de ley de educación oscurantista y clerical. El ejército, la Iglesia, la burocracia y las grandes corporaciones del capital han modelado este régimen a su imagen y semejanza. No en vano el general Caridi, discípulo de Videla, ha sido erigido en arquetipo de la “democracia” y el capital financiero se regocija con la "defensa de las instituciones”.

El centro de gravitación del régimen se ha ido desplazando hacia el peronismo renovador, garante de la “gobernabilidad” del sistema. En pleno desbarranque de la economía de los trabajadores Cafiero se reunió con la CGT, cuando ya sonaban los clarines del alzamiento militar, y pidió su colaboración para “el mantenimiento de la paz social". La consigna es quedarse en el molde y hacer buena letra con lo que manden los explotadores. El combativo diputado Manzano se fue del país al estallar la crisis castrense afirmando que era un problema de la “justicia militar": fue con una comisión justicialista a entrevistar a representantes de los bancos y las empresas yanquis en Nueva York. Toda la estrategia renovadora es viabilizar la victoria en las elecciones del 89 por medio de un pacto de garantías con los usureros y el imperialismo. Eso sí, “en nombre del pueblo".

En función de todo esto el acuerdo que están orquestando Alfonsín y Cafiero incluye la “cuestión militar” que, según informaron los asesores del líder renovador, debería estar definitivamente solucionada para 1989. A buen entendedor pocas palabras: mientras se proclama la adhesión a la constitución (y se propone su reforma reaccionaria) se establece un pacto extraparlamentario para marchar a la amnistía completa de todos los hombres del Proceso. Ya en Semana Santa Cafiero se pronunció por el indulto a los. torturadores y genocidas. Ahora los acuerdos de radicales y justicialistas prevén llevar al Parlamento una ley que permita la intervención de las Fuerzas Armadas en “conflictos internos”, es decir, contra la movilización de los trabajadores y la juventud. Se avanzará entonces sobre los pasos dados por el Punto Final y la Obediencia Debida y se establecerá un “estado de sitio” contra la lucha obrera y popular.

En todos los terrenos, por lo tanto, el problema clave que enfrenta el movimiento obrero es el de su organización independiente, el de quebrar su subordinación a los partidos patronales y en particular al justicialismo cafierista. El PARTIDO OBRERO llama a unir la lucha contra la reacción y el imperialismo con la movilización contra la catástrofe que se avecina. O los pulpos capitalistas y sus agentes confiscan la economía popular o los trabajadores confiscan a los responsables de la bancarrota actual. Para apoyarse en un punto de partida práctico proponemos un programa de acción contra la ofensiva en curso —por paritarias libres, el salario igual a la canasta familiar (₳ 1500) y el control obrero de la producción—, una plataforma para reagruparse en cada fábrica y lugar de trabajo, poner en pie los cuerpos de delegados y las asambleas y luchar por poner los sindicatos al servicio de los trabajadores, desplazando a los agentes de la patronal y poniendo en pie una nueva dirección del movimiento obrero.

El lunes 18 el Frente de Defensa de la Democracia (integrado por el PJ, la UCR, la FOTIA, la CGT, la FET, Federación económica tucumana, el PI, el PSP y la DC) convocó a los partidos políticos para evaluar la crisis militar. La mesa señaló que el Frente había sacado un documento cuyo contenido era el llamado a defender la democracia y las instituciones actuales frente a la sublevación militar. La mayoría de los partidos adoptaron este punto de vista con diversos matices. El peronismo renovador, lanzó la idea de una movilización, pero que no había que apresurarse en concretarla (!). Bernabé Giménez, secretario de la CGT, planteó que antes de movilizarse debía consultar a los cuerpos orgánicos. El PC por su parte apoyó la idea de una movilización popular inmediata dentro del marco de defender la democracia. El MAS reclamó a la CGT la huelga general, pero blanqueando al cafierismo, ya que rescataban como un paso positivo la decisión del gobierno bonaerense de llamar a parar 10 minutos para cantar el himno. El representante del PO denunció la responsabilidad del gobierno nacional y de Cafiero y planteó la necesidad de que la CGT y los sindicatos convocarán a la huelga general con ocupación de fábrica para aplastar a los carapintadas.

Finalmente, la reunión resolvió mantenerse en estado de vigilia y convocar a una nueva reunión para la tarde, bloqueando cualquier intervención de las masas en la crisis militar.

El movimiento estudiantil

En Semana Santa, el movimiento estudiantil ganó masivamente las calles y la Plaza Independencia. Ahora, se logró concretar un plenario de dirigentes de Centros el lunes a la tarde para evaluar la situación. Allí los dirigentes de la Federación sostuvieron que la posición a adoptar iba a surgir de la consulta con los presentes. El debate se polarizó entre dos posiciones. Una fue sostenida por compañeros del PO, representantes del Centro de la Facultad de Artes, quienes plantearon “que aún con la rendición de Rico (en ese momento había versiones que Rico se había rendido) el problema de fondo seguía en pie y que la movilización popular debía dirigirse a imponer la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y. el juicio de todos los genocidas”. Señalaron que la base de esta nueva sublevación había que buscarla en la traición del gobierno y los partidos que firmaron el acta democrática en Semana Santa, lo cual permitió a los carapintadas envalentonarse y volver a alzarse”. En tal sentido mocionaron que la FUT convocará a una movilización para esa misma tarde y el reclamo a la CGT para que declare la huelga general en la provincia.

La otra posición fue sustentada por un bloque formado por la Franja Morada, MNR, y la JUI, quienes buscaron trabar cualquier movilización independiente del estudiantado. Unos dijeron que por las vacaciones no se garantizaba la masividad de una movilización, otros, que primero había que coordinar con el Frente de Defensa de la Democracia (que había sesionado a la mañana resolviendo mantenerse en estado de vigilia).

Ante la presión de los compañeros de Artes detrás de los cuales se acoplaron compañeros del MAS, del PC, algunos peronistas y las posiciones contradictorias de la gente de la Franja Morada, los representantes del MNR y la JUI readecuaron el planteo de no hacer nada, planteando concurrir ese día a una sesión en la Cámara de Diputados para allí coordinar los pasos a seguir. Ante el desacuerdo en las posiciones, se propuso pasar a votar, planteo que fue rechazado por la dirigencia de la FUT, la cual de esa manera impuso de prepo su posición paralizante.

En semana santa el cuartel de Rospentek (Río Turbio) estuvo amotinado lo cual fue ocultado a la población en esa oportunidad, siendo el Partido Obrero el único que denunciará esta situación.

En estos días nuevamente esta guarnición apoyó a Rico. Al conocerse esta situación se convocó un acto público en Río Turbio y se formó una comisión que visitó el regimiento donde el comandante desmintió su compromiso con Rico y se manifestó “leal”. Horas más tarde el ministro de Gobierno informaba en una reunión de partidos políticos que el cuartel de Rospentek estaba alzado. En la tarde del lunes otra comisión recibió un nuevo desmentido del comandante de la guarnición. Naturalmente era la tarde del lunes y la situación militar estaba definida. El martes finalmente el diario local informó que fue desmentido el supuesto alzamiento.

Ante esta situación que pretende encubrir a los cómplices sureños de Rico, el Partido Obrero ha salido a reclamar la formación de una comisión investigadora provincial, integrada por parlamentarios, sindicatos y partidos políticos para esclarecer y castigar a los insurrectos derechistas.

En la reunión del Consejo Justicialista del martes 19, el diputado santafesino, Raúl Carignano, denunció que desde las filas del radicalismo se sospechó durante el fin de semana que hasta el propio vicepresidente Víctor

Martínez formaba parte de la conspiración y concluyó proponiendo una comisión bicameral para investigar a "todos los que de una manera u otra estuvieron implicados en los sucesos”.

Un ala de los renovadores entiende que el tándem Angeloz-Martinez pasaría a capitalizar el desenlace de la crisis, apoyándose en Caridi, la derecha liberal y una parte del clero; esto como alternativa a los acuerdos armados entre Alfonsín y Cafiero. Por eso hablan de “golpe en marcha” para lo. cual Rico habría sido utilizado como chivo expiatorio. Es una indicación de que la disputa interburguesa tiende a acentuarse y a tallar dentro de la propia interna militar. Habrá que ver qué revelan los próximos acontecimientos.

En todo caso, si de investigar se trata, habría que revelar también qué es lo que conversaron los emisarios de Cafiero con la gente de Rico, en qué términos se desarrolló la entrevista del diputado Manzano con el general Aulet, candidato del teniente coronel para sustituir a Caridi y por qué la dirección justicialista de la CGT llamó a desensillar hasta que aclare en pleno desenvolvimiento de la crisis. El intendente de Monte Caseros —Jorge Borgo, del PJ— podría explicar asimismo su peculiar respuesta cuando fue instado a movilizar a la población que espontáneamente se dirigió al regimiento tomado a insultar a los “cara- pintada”: “Ni loco, respondió, si dicen que Rico es peronista”. Los hombres de la Coordinadora podrían asimismo testimoniar sobre sus diálogos con los "héroes de Malvinas” (definición presidencial) y el radical Trilla los objetivos de su reunión con Rico y su guardia armada en el chalet Los Fresnos. Los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires deberían, por su lado, explicar la fuga de Rico y el hecho de que la custodia policial estuviera dirigida por la guardia del teniente coronel. Los “mandos constitucionales” de las Fuerzas Armadas, a su turno, deberían rendir cuentas también: explicar el acuerdo que Caridi propuso a Rico para dejarlo en libertad a cambio de su retiro voluntario, las conversaciones mantenidas con sus emisarios por jefaturas de diversos regimientos, la fuga de León en Tucumán, etc.

Una investigación de esta naturaleza es por supuesto incompatible con un Parlamento que votó en su momento el ascenso de los mandos del Proceso (con la mano alzada de los hombres de Cafiero) y que se esfumó cuando estallaron las crisis militares. Darle a una pretendida comisión investigadora estatus parlamentario —bicameral— es condenarla a la inocuidad. Ni la UCR ni el PJ están interesados en una real investigación. Por esto tampoco habrá comisión. Esta sólo puede ser impuesta contra la complicidad y la diplomacia secreta de los partidos patronales. Así planteó la cuestión el Partido Obrero cuando junto al llamado a la huelga general reclamó desde el inicio del levantamiento una Comisión constituida por la CGT, los sindicatos, centros estudiantiles, partidos políticos y organizaciones de masas para investigar y enjuiciar a todos los cómplices y colaboradores de Rico y Cía.

A pesar del tono altisonante y de la fanfarria bélica desplegadas en torno a la sublevación del teniente coronel Rico, los episodios militares propiamente dichos se ubican más cerca de la farsa que del género épico que las proclamas pretendían transmitir. Esto vale para los “comandos,” y para los “leales”, que en ningún momento actuaron como protagonistas de un conflicto armado. Cuando los medios oficiales hablaban de “cruentos combates” los habitantes de la ciudad correntina dijeron escuchar apenas el fragor de los truenos en el horizonte. El Comandante del II Cuerpo, que dirigió el operativo contra el regimiento copado reconoce que en “todo momento la orden fue la de ejercer presión, pero no la de disparar contra ellos” (‘Clarín’, 20/1). No puede extrañar entonces la observación de un policía lugareño sobre la resolución del alzamiento que —afirmó— “fue más conversada que una partida de truco” (idem). Entre los oficiales desplazados para “reprimir” reinaba el espíritu de casta e incluso de solidaridad con los sublevados: “si se meten los celestes (Fuerza Aérea) o los azules (Armada) nos pintamos la cara”, advirtió a un enviado de “Página 12" (19/1) uno de los oficiales cuyo regimiento estaba cercando a Rico. Entre unos y otros los contactos oficiosos nunca dejaron de existir, “algo se negoció y no hubo enfrentamiento armado” (“La Nación” 19/1/88).

La rendición “incondicional” es, por lo tanto, una pantalla para un nuevo pacto entre las diversas fracciones del Ejército. “La Nación” sugiere que los términos del mismo fueron precisados el mismo lunes entre las 12 hs, cuando la capitulación de Rico era un hecho y las 16,30 hs., cuando fue anunciada oficialmente. El principio del pacto es el arreglo de la cuestión vía “justicia militar" de modo tal que los términos de un nuevo equilibrio sean establecidos entre las propias fracciones militares y tomando como punto de partida los “reclamos genuinos” de Rico, como el Estado Mayor caridista se encargó de subrayar en medio de la sublevación. No por casualidad el general Mabragaña lanzó inmediatamente la propuesta de la amnistía general, tibiamente desmentida horas después. Sobre este objetivo no hay divergencias en el Ejército.

Inviabilidad del golpe

En realidad, la derrota de Rico se explica porque el teniente coronel, inflado y potenciado por un régimen que le concedió hasta el límite de sus posibilidades, se largó a unir la vieja reivindicación del genocidio (Caridi también lo hizo en repetidas oportunidades) con la amenaza de una quiebra del proceso democratizante. La pretensión golpista carecía, por sobre todas las cosas, de una base social de apoyo entre las clases dominantes que son las que determinan la viabilidad de un golpe de estado. La burguesía nativa y el imperialismo han convertido al régimen democratizante en una marioneta de sus propios intereses y operan por medio de las instituciones políticas vigentes. No es el carácter democrático de estas últimas sino su completo alineamiento con las exigencias de los explotadores y de la reacción, lo que explica el arranque de “civilismo” que informa en la actualidad a los que fueron financistas y sostenedores del Proceso. La mismísima embajada yanqui advirtió en dos oportunidades a Rico, durante diciembre último, que no sacara los pies del plato (“El Periodista”, 7/1/88) y Reagan le dio un cheque de algunos millones de dólares a Sourrouille para cubrir durante un mes la bancarrota económica mientras el gobierno resolvía la emergencia de la crisis militar.

La prensa burguesa se ocupó en destacar la completa debilidad política de Rico y sus secuaces. Después de imponer en Semana Santa el reclamo común a todo el Ejército de la Obediencia Debida, los comandos fueron incapaces de formular un programa alternativo de poder mientras, al mismo tiempo, amenazaban con alterar el orden político. La inconsistencia se expresó prácticamente en el carácter marginal del alzamiento. Se sumaron algunos elementos fascistoides, pero esto acentuó la completa precariedad de los planteamientos de Rico que en ningún momento ganó apoyo entre las fuerzas que pueden sostener un golpe. Todo indica que el alzamiento fue armado en medio de una gran improvisación y hasta con divergencias en el entorno que rodeó a Rico. Con una suerte de táctica foquista se planteó estructurar un frente de apoyo a partir de su propia iniciativa y buscar por esta vía superar el carácter absolutamente endeble de su plataforma inicial. Le fallaron apoyos decisivos en Córdoba y Buenos Aires y no pudo tampoco conquistar la adhesión de algún elemento del generalato para operar un recambio en la cúpula del ejército. A medio camino de cualquier alternativa el levantamiento acabó de desmoronarse sin pena ni gloria.

Pacto para desmovilizar

Lo que no se le escapó ni al propio teniente coronel sublevado fue la más notoria diferencia entre la crisis actual y los episodios de Semana Santa. En su conferencia de prensa en Monte Caseros el domingo 17 Rico ponderó la “actitud mesurada” del gobierno que había renunciado a cualquier movilización popular. No hubo Acta de Compromiso como la de Pascuas prometiendo la Obediencia Debida, pero el pacto no fue menos real: evitar cualquier tipo de movimiento popular, no sacar la disputa del marco de las Fuerzas Armadas, vaciar las plazas y las calles y prevenir cualquier medida de acción directa. Los gobiernos del PJ y la burocracia justicialista de la CGT cumplieron este pacto a rajatablas.

El documento firmado en abril del 87 desde la Sociedad Rural hasta el PC, jugó un papel decisivo justamente porque se trataba de plantear con toda claridad los objetivos y límites de una acción que involucraba la presencia callejera de las masas. Mediante el “compromiso” la burguesía disciplinó a las organizaciones gremiales y a los partidos de izquierda a la defensa del Estado y de sus instituciones, en particular a la reconstrucción del Ejército como requisito básico de existencia del “sistema”. Esta misma función la cumplió ahora el pacto desmovilizador. Alfonsín señaló que la movilización fue inevitable en la primera crisis porque, entonces, ante la negativa de los uniformados a reprimir, “no teníamos siquiera una honda” para enfrentar a los sediciosos. Ahora en cambio, felicitó al Ejército “leal” y saludó a la población por seguir la vida cotidiana en sus puestos de trabajo, sin ganar, las calles y plazas de la república. En Semana Santa se ensalzó demagógicamente la movilización popular como “bastión en la defensa de la democracia” pero aquí tenemos la confesión de que fue utilizada como 'recurso condicionado a la reconstrucción del aparato militar. Por esto mismo en abril pasado lo que se cumplió fueron los reclamos del Ejército y no de los trabajadores y la ciudadanía democrática. El mismo recorrido siguió ahora la política oficial ante el nuevo alzamiento. El lunes por la mañana el gabinete nacional consideró la declaración del Estado de Sitio y la dejó pendiente como medida a ser utilizada en caso de que así fuera exigida por el Estado Mayor. La cuestión era, de cualquier manera, cómo fortalecer el destacamento armado.

Descomposición del régimen político

El principio de resolución de la crisis militar no por la intervención de las masas sino de las jerarquías de la corporación militar es un principio reaccionario y antidemocrático. No se trata además de una corporación cualquiera sino de la liderada por los responsables del genocidio reciente. En estas condiciones la salida de la crisis es un nuevo golpe a la democracia, es decir, a los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y los trabajadores. En abril la población rodeó los cuarteles. Ahora se dio vía libre a los uniformados para arriar a los trabajadores en camiones fuera de los cuarteles donde conversaban amigablemente los mandos de uno y otro lado. En medio de las “operaciones” el segundo de Rico, en Tucumán, se fugó como pancho de su casa. Mientras tanto, desde María Julia Alsogaray hasta los renovadores celebraban la pulcra resolución de la crisis. Los que se golpean el pecho en defensa de la “soberanía del pueblo” hicieron de la soberanía de un general denunciado por la CONADEP el factor decisivo de una salida a la impasse más profunda del régimen político.

De esta forma el propio régimen ha puesto de relieve hasta qué punto se ha transformado en una completa impotencia. Nuestro partido se ha preocupado en llamar la atención sobre el agotamiento del proceso democratizante y en sacar todas las conclusiones que se desprenden de esta realidad. En los cuatro días que siguen a la fuga de Rico —una fuga anunciada y permitida- las instituciones del “orden constitucional” hicieron mutis por el foro. El Parlamento no dijo esta boca es mía, el Poder Judicial brilló por su ausencia, el Ejecutivo, buscando mantener maniatadas a las masas, se transformó en un total rehén del Estado Mayor presidido por Caridi, un hombre del Pentágono que no ha vacilado en calificar a Videla, Massera y Agosti como “nuestros presos” y que proclama abiertamente su vocación de llegar a la amnistía definitiva de todos los genocidas. El Presidente, falto de recursos, no tuvo mejor ocurrencia que insistir en que “la casa está en orden” como si los trabajadores no recordaran que con este cuento se expresó en Semana Santa la traición miserable a la aspiración popular. Ya no funciona la oratoria en la cual la inventiva demagógica se desenvuelve con amplitud.

La superación política de este régimen es una condición para acabar con el militarismo, y la reacción de los cuales son rehenes los partidos “populares” de la burguesía que dominan el panorama político nacional.

La libertad y la democracia son incompatibles con este sistema de cogobierno radical-justicialista que en lugar de democracia ha parido al Punto Final, la Obediencia Debida, los Rico y los Caridi. Todo el desenvolvimiento de la crisis militar demostró que tienen más temor a las masas en movimiento que a Rico y sus seguidores, que carecen, de toda autonomía frente al gran capital y al imperialismo, en cuyo interés han reforzado a las Fuerzas Armadas y su papel de árbitro de la escena política.

Por esto mismo la interna militar abrirá una etapa de choques y fricciones en el período inmediato, en una situación domina-da por una descomposición económica sin precedentes y por una ofensiva más profunda contra las condiciones de vida de la población laboriosa. La clase obrera estará obligada a movilizarse en defensa de su propia sobrevivencia. En este combate es fundamental hacerle comprender que la sobe- rabia popular y la defensa nacional sólo tendrán vigencia cuando reposen en el armamento del pueblo trabajador, en la democracia de los explotados y en la expropiación de los explotadores. EL PARTIDO OBRERO lucha por la elección popular de los mandos de las Fuerzas Armadas como primer paso para acabar con el chantaje permanente de las patotas armadas de los Rico y Caridi, para quebrar el dominio reaccionario de la casta militar sobre la población laboriosa. Una lucha para abrir el camino al desmantelamiento del ejército de los explotadores y para que los trabajadores ejerzan el derecho democrático al uso de las armas contra los golpistas, en defensa de las reivindicaciones nacionales y sociales. Una lucha para la cual el PARTIDO OBRERO busca tornar consciente entre la vanguardia obrera la necesidad de transformarse en clase independiente y en esta misma medida, en dirección de la emancipación social y política de la mayoría oprimida.