Prensa Obrera N° 213

La campaña financiera relámpago del Partido Obrero ha culminado exitosamente. Los objetivos económicos fueron superados en un 20 %. En términos nominales triplicaron lo recaudado el año pasado. Esto significa un progreso real por referencia a la inflación y por sobre todo al salario de los trabajadores.

Gracias a esta campaña el PO podrá cubrir los déficits en los que tuvo que incurrir durante el año pasado, lo que nos permite impulsar este año, en mayor medida todavía, las tareas de organización independiente de los trabajadores.

El aspecto más exitoso de la campaña estuvo constituido por las colectas realizadas en las puertas de las fábricas. Solamente podemos citar algunas. Ford, Corni, Atlántida, Lombardi, Adidas, Siat, Frigorífico Tres Cruces, Good Year, Hogar Obrero, Sade. Lo mismo ocurrió en diversos barrios. Por ejemplo, en la Capital, las barriadas de San Telmo y de Barracas. En el futuro deberemos tener en cuenta, la importancia de estas colectas populares.

Saludamos fraternal y revolucionariamente a todos los que con su movilización y con su aporte han contribuido para el éxito de esta campaña, lo cual no es otra cosa que contribuir a la lucha por construir un gran partido obrero, y por la revolución socialista.

La lucha de los compañeros del Hospital Español lleva más de 2 meses. Reclaman el no cierre del hospital, la reincorporación de los despedidos y suspendidos, y la recuperación de los salarios adeudados. Este programa tiene alcance para todo el gremio, donde es común el vaciamiento de los sanatorios, los despidos y el no pago de los salarios. Esto ocurre en los Sanatorios Antártida, Humboldt, San Patricio. Variedades y otros más. Las cámaras patronales han amenazado con más ceses de pagos y de prestaciones médicas, si las obras sociales no se ponen al día o si el gobierno no autoriza aumentos de aranceles. El PAMI, importante sostenedor de los servicios privados de salud, ha entrado en crisis. Es decir que se avizora un agravamiento considerable de la situación de los trabajadores.

Quienes aíslan al Español

El Español pisa entonces un terreno de lucha real de la clase obrera, que debe ser apoyado. No lo entienden así la directiva de ATSA y las corrientes que militan en su seno, que aíslan la lucha del Español. La ceguera política de esta dirección la lleva a dar la espalda a ésta y otras luchas en vísperas de las paritarias que pretenden que sirvan para resolver los problemas de los trabajadores. Si tuvieran un mínimo de reflejos de clase, movilizarían todas las reservas del gremio para impedir la quiebra del Español y doblegar a Ríos Seoane, quien se ofrece como un modelo de patrón antiobrero y sin escrúpulos para toda la Sanidad.

Las bases del gremio han brindado su apoyo decidido en los establecimientos adonde los activistas y delegados del Español llegan con las alcancías y los boletines de la olla popular. En el hospital Francés, un sector combativo de la interna impuso una resolución de apoyo del cuerpo de delegados contra el Mas, que boicotea este conflicto. La Interna del Antártida y otros establecimientos también se han solidarizado.

Tomar iniciativas de lucha

La lucha del Español no se ha cerrado, porque continúan los despidos, continúa la olla popular, paran los médicos y Ríos Seoane amenaza con el cierre. Se trata entonces de romper el bloqueo. Los compañeros del Español a han tomado una gran iniciativa en ese sentido llamando a un gran Festival contra el cierre del Español el sábado 13 a las 17 hs. frente al hospital. A partir de aquí se deberá formar un frente de internas y corrientes del gremio solidario con el español para exigir una acción real de ATSA, por el pago de salarios adeudados en el gremio y contra los vaciamientos; plenario de delegados y preparación de una asamblea general.

En los últimos cinco meses — desde la firma del Tratado de Paz-Honduras nunca dejó de asistir a los “contras”. No hubo liberación de presos, con excepción de algunos recientes en El Salvador, entre otras razones porque los prisioneros son ajusticiados en el acto, sin llegar a las cárceles. Se prohibió la inspección de la comisión de verificación a las bases yanquis y mercenarias. Las negociaciones fueron boicoteadas por los gobiernos de Guatemala y El Salvador, que se limitaron a un ultimátum: los rebeldes debían entregar las armas a cambio de participar en futuras elecciones armadas por los gobiernos. Aún en la venerada Costa Rica, los partidos de izquierda son perseguidos. En Honduras fueron asesinados en enero, al mejor estilo de la triple A, dos dirigentes del movimiento de derechos humanos, sin que el hecho tuviera mayor difusión pública: “se imagina cuál sería la reacción en Washington si hubiese sido asesinado un dirigente de derechos humanos crítico del FSLN en Managua —se preguntó un diplomático en Costa Rica” (The New York Times, 21.1)

La suspensión de la ayuda militar a los contras es el dato irrelevante de un proceso político que está poniendo a la revolución nicaragüense y centroamericana contra las cuerdas. El imperialismo norteamericano se ha transformado en el único árbitro de las negociaciones diplomáticas.

El primer mensaje de salutación al voto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que suspendió la “ayuda militar” a los contras, provino del Insospechable Foreign Office de Margaret Thatcher —el más consecuente de los gobiernos imperialistas democráticos. Al hilo, se fueron pronunciando en el mismo sentido el resto de los cancilleres imperialistas. A partir de esta constatación, los festejos y los aplausos de los Alfonsín, los Felipe González y los Gorbachov se delatan a sí mismos.

Es que la votación registrada en Washington reúne los dos aspectos principales de un planteo largamente reclamado por la mayoría de los círculos imperialistas. De un lado, el congreso norteamericano ha establecido un régimen de “libertad vigilada” sobre Nicaragua a la cual se conmina a proseguir con la ejecución de un plan llamado de “democratización” que significa poner un final al proceso revolucionario interno y centroamericano. Para efectivizar este régimen de “libertad vigilada” el plan del Congreso cuenta con la presencia militar norteamericana en Honduras y Panamá; con el mantenimiento de las bases y del aprovisionamiento de los contras en Honduras y El Salvador; con la colaboración diplomática de los gobiernos de Europa y América Latina; y por último, pero no por ello menos importante, con la política de la URSS y de Cuba en favor de un “arreglo democrático” de la crisis revolucionaria en Centroamérica.

El otro aspecto de este planteo, es que “corrige” las limitaciones y los “peligros” de la agotada política de Reagan. Se de lado el objetivo imposible de ésta, que era el derrocamiento del FSLN a partir de la constatación del completo fracaso político y militar de los contras. El Congreso ha votado, en cambio, una política de explotar las contradicciones internas que presenta la situación de Nicaragua; las contradicciones de la estrategia democratizante del sandinismo; y la posibilidad de formar un vasto frente diplomático internacional para aislar a la Revolución.

El “plan de paz” se saca la careta

Este resultado de la votación en Washington estuvo directamente determinado por los resultados de la reunión de los presidentes signatarios del “plan de paz”, que tuvo lugar veinte días antes en Costa Rica.

En esta reunión, los cuatro gobiernos que se oponen a Nicaragua desecharon el informe de la Comisión de Verificación del tratado, formada por los países del grupo de Contadora, el cual denunciaba el completo incumplimiento por parte de ellos de las disposiciones del acuerdo. Honduras y El Salvador eran denunciados por continuar apoyando a los contras y hasta Costa Rica recibía su parte por la represión a los partidos de izquierda. El informe de la Comisión denunciaba que estos países, incluida Guatemala, ni siquiera había permitido la inspección de sus territorios, configurando una alevosa violación de lo dispuesto en el tratado de paz de Guatemala (Esquipulas II). El informe, en cambio, destacaba las medidas de “democratización” adoptadas por Nicaragua, y constataba igualmente que no brindaba ningún apoyo a la guerrilla salvadoreña.

A excepción de Nicaragua, el resto de los presidentes desecharon el informe, licenciaron a la Comisión establecida en el tratado, se convirtieron a sí mismos en jueces del cumplimiento de éste y condenaron a Nicaragua por no efectivizar sus compromisos.

Las consecuencias de esta reunión están perfectamente resumidas en el despacho enviado por el corresponsal de Le Monde en América Central, él mismo hostil a Nicaragua.

“De aquí en más está claro, dice, que los Estados Unidos, que eran hostiles al comienzo al plan de paz, y sus aliados en América Central, El Salvador y Honduras (¿solamente?) han logrado desnaturalizar el plan y desviarlo de su objetivo inicial que era de encontrar una solución global y simultánea a los conflictos de la región. El plan confeccionado por el presidente Arias... se ha transformado en un medio para debilitar a los sandinistas sin que Washington tenga que pagar los costos humanos y políticos de una intervención militar” (26/1/88).

La misma idea transmite el corresponsal en Costa Rica del The New York Times, quien titula su despacho así: “Nicaragua se ha convertido en el foco exclusivo del tratado regional” (21/1/88).

Cualquiera puede comprender que el corresponsal de Le Monde, se equivoca, sin embargo, en lo esencial: el plan de paz no ha sido desnaturalizado, sino que se lo ha despojado de sus oropeles demagógicos para dejarle lo que fue siempre su núcleo fundamental —una exigencia de rendición política dirigida al FSLN tanto con respecto a la revolución en Nicaragua como al conjunto de Centroamérica.

El Congreso norteamericano se convierte en árbitro

Nuevamente, el corresponsal de The New York Times pone los puntos sobre las íes. “Al concluir la reunión, dice, los presidentes centroamericanos no programaron nuevas reuniones y abolieron una comisión de verificación que había sido establecida para observar el cumplimiento del tratado.

Desde un punto de vista práctico, afirman varios funcionarios, esto significa que los centroamericanos han dejado el juicio final sobre el acuerdo en las manos del Congreso de los Estados Unidos (19/1/88).

'"En efecto, al no denunciar la violación de sus compromisos por parte de los restantes gobiernos, así como la ilegal disolución de la Comisión Verificadora, el gobierno de Nicaragua concluyó aceptando el arbitraje yanqui y paso a negociar con el congreso la votación sobre la “ayuda militar” a los contras. Es así que “los parlamentarios (norteamericanos) dijeron al presidente Ortega que tenía que hacer concesiones o hacer frente a la aprobación por el Congreso de la ayuda a los contras”. (The New York Times, 19/1/88).

En este contexto, el viceministro de relaciones exteriores de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, “precisó que los Estados Unidos podrán proveer a los rebeldes una ayuda bajo la forma de alimentos, vestimentas, carpas y medicamentos, por intermedio de la Cruz Roja o de una organización similar” (Le Monde, 23/1 /88). Un editorial del The New York Time, informaba una semana después que esa sería la proposición que llevaría el presidente demócrata de la Cámara, Jim Wright, para su votación (6/2/88).

Este acuerdo significa un compromiso para salvar a los contras. una periodista que integra la dirección del “liberal" Times explicaba la necesidad de este salvataje: “Por equivocada que haya sido su injerencia, Estados Unidos no puede simplemente mover la palanca de cambios y hundir a la gente que ayudó a reclutar” (6/2/88).

Dónde está los amigos de entonces

Está claro que la votación del Congreso refleja los compromisos políticos asumidos por el FSLN con el imperialismo norteamericano, cuya verificación queda a cargo de la propia Cámara. Esos compromisos significan que la revolución debe establecer una coexistencia política con los explotadores nicaragüenses, y adaptar las estructuras del Estado a ese fin, y una coexistencia internacional con el imperialismo mediante el cese de todo tipo de apoyo a la revolución centroamericana. El “tratado de paz” de Guatemala ha dejado de existir para cualquier otra finalidad que no sea la capitulación de Nicaragua.

Haciendo un balance de los acuerdos, la periodista ya mencionada dice cosas muy claras en boca de una representante del imperialismo. “No hay ninguna evidencia de que el desafío militar a los sandinistas fuera el factor dominante en llevarlos a las concesiones que se les ha extraído hasta el momento. Los combates pudieron haber ejercido alguna influencia, pero también sirvieron para movilizar a los nicaragüenses para la causa anti-norteamericana y reforzar los argumentos de los más militantes. Más importante en llevar a los sandinistas a negociar y a empezar a liberalizar es el desesperado caos que han hecho de la economía, el apoyo al plan de paz por el resto de Centroamérica y muchos otros países, y las advertencias soviéticas de que no tienen un cheque en blanco de parte de Moscú

La conclusión es muy clara. Todos los factores que los charlatanes de la democracia han venido presentando como una ampliación de las alianzas nacionales e internacionales de Nicaragua, se revelan exactamente como los factores de cerco y aislamiento de la revolución. Los elementos capitalistas mayoritarios internos desorganizan la economía del país y los gobiernos democratizantes y la burocracia rusa aplican toda la presión internacional a su disposición para el definitivo compromiso de la revolución con la contrarrevolución.

Las consecuencias de la paz

“Pocas dudas caben de que una ‘paz’ militar unilateral está en marcha en Nicaragua — editorializa antes de la votación el Washington Post (6/2/88). Es decir que se inicia un período, calificado como “muy volátil” por otro diario, de maniobras políticas nacionales e internacionales y de agudización de la lucha de clases interna, como consecuencia de la grave situación económica. En este cuadro el FSLN se ha ubicado, no como un factor de profundización de la revolución, sino como árbitro entre las clases, sostenido por otro arbitraje de orden internacional.

En estas circunstancias, una corriente antisocialista de “izquierda” plantea que el FSLN es la única garantía de una “transición ordenada”, que al estilo de la revolución mexicana, podría inaugurar a mediano plazo un periodo de estabilidad. Este punto de vista lo acaba de explicar el escritor Carlos Fuentes en un artículo en Los Angeles Times (31 /1 /88). Un sector de la socialdemocracia internacional opina lo mismo. El problema es si el FSLN puede mantener su cohesión como agente de una estabilización capitalista.

La revolución, hay que decirlo claramente, está en peligro. Pero lo más grave de todo es que esto no es ni remotamente percibido por la izquierda y el movimiento obrero en América Latina. Cada vez más el destino de Nicaragua y de Centroamérica depende la evolución de la lucha de clases internacional.

Grave imputación de Hugo Katzevichaia dirección del Mas

Buenos Aires. 23 de enero de 1988

Señor Director de PRENSA OBRERA:

En noviembre de 1975 se publicó una Metodología de Investigación de la Historia Argentina, en cuya autoría colaboré con Nahuel Moreno, por entonces principal dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores y. posteriormente, fundador del Movimiento al Socialismo (MAS).

A fines de 1976, rompí con el PST debido a profundas diferencias ideológicas y tácticas que se habían ido acentuando a partir del golpe de estado del 24 de marzo. Como es sabido, la dirección negaba la posibilidad de la caída inmediata de Isabel, alegando que la burguesía no había concluido aún el "operativo limón" (exprimir al máximo al peronismo para asegurar una transición incruenta a la dictadura militar). El propio 24 de marzo me encontré con un dirigente de la regional Capital y al mostrarle los titulares de la quinta edición de los periódicos vespertinos, me aconsejó que no prestara atención al "impresionismo periodístico". Ya es antológico el caso de la militante obrera del PST. que en la madrugada del 24 al llegar a la fábrica y sin haber escuchado, obviamente, las noticias radiales, negaba enfáticamente la caída de Isabel. Y bien, esa dirección no creyó oportuna una autocrítica. Para qué hablar de la indefensión en que el partido ingresó en el peor periodo del gobierno de Videla, quien, paradójicamente, era presentado como "blando" en comparación con... vaya a saber quién. Súmese la huida en masa de la dirección al extranjero y se tendrá un cuadro de las condiciones en que se desarrolló la militancia en el trágico 1976.

En 1983 milité fugazmente en el MAS. invitado por ex-compañeros del PST quienes me aseguraron que la dirección no estaba en manos exclusivas del morenismo. Pronto descubrí que se repetía la historia: antes había sido la cara de Coral; ahora. Zamora. Los titiriteros eran los de siempre. La vieja concepción del partido legal con dirigentes clandestinos (¡¡todavía!!). Transcurría la campaña afiliatoria y muchos compañeros comenzaron a reclamar la unidad antiimperialista de la izquierda. Por entonces, la táctica del MAS era el frente socialista con Estévez Boero y compañía. Junto con un grupo de compañeros planteamos la necesidad del reagrupamiento obrero en torno a un frente que permitiera el ingreso de trabajadores de otras tendencias y por ello se nos acusó de levantar las posiciones del Partido Obrero y se nos mostró —gentilmente— la puerta para que nos fuéramos. Repárese que no digo “fuimos expulsados", pues en aquel momento —afiliación y campaña electoral mediante— la prensa partidaria incitaba a los militantes a discutir la táctica y ejercitar la "democracia socialista".

Recientemente, me he enterado que el MAS ha reeditado el trabajo histórico publicado en 1975, omitiéndose en el libro mi colaboración. Resulta sorprendente que un partido que se proclama de los trabajadores, acometa el robo del trabajo. aunque éste sea intelectual, pues de sobra sabemos que para algunos "izquierdistas" la cultura pertenece a la clase enemiga, por lo que todo trabajador intelectual es, en el mejor de los casos. un pequeño burgués bajo sospecha. Pero confieso que nunca hubiese creído que una dirección que se identifica como “trotskista", pudiese apelar a los métodos más pedagógicos del salinismo: falsificación de los hechos, falsificación de los autores y falsificación de las circunstancias. En efecto, aun cuando no le agrade a la dirección del MAS. el hecho de que no pertenezca ya a la secta, y aunque hubiese cambiado algunas de las ideas que sustentaba en 1975. ello no invalida que gran parte de aquel trabajo me pertenezca, si bien de esto ya se ocupan los abogados.

Sin embargo, la indignación que producen estos hechos cede paso a la comprensión, a condición que uno conserve la memoria o... un buen archivo. Señor Director. ¿Qué se puede esperar de un partido cuya cabeza visible —el Dr. Luis Zamora— firmaba en 1980 solicitadas de apoyo al Papa (Clarín, 8/1/80. por la Solución Pacífica del Conflicto del Beagle) y pocos años después, dos en realidad. descubría el rol del Vaticano en la historia universal, se convertía en devoto "socialista" y ardiente "trotskista" y. últimamente, embadurnaba paredes contra Juan Pablo II? Este señor, perdón doctor, Zamora, ofrecía un frente a Este- vez Boero en 1983 y consideraba qué un voto al PSP era progresivo (Clarín, Carta abierta del MAS a los compañeros de la izquierda. 28/10/83) y recientemente, ante la elección del miembro del Consejo de Consolidación de la Democracia como diputado nacional, afirmaba que "esa banca no se puede considerar de izquierda" (Clarín, 10/9/87). Por eso Señor Director, tratándose del morenismo. procuro seguir el consejo de Confucio, Spinoza y Hegel: No lloro ni río. comprendo.

Atentamente.

HUGO KATZEVICH

"El Partido Obrero rechaza la propuesta del Partido Humanista de constituir un frente político de partidos divergentes en base a una elección interna. Todo frente debe estar presidido por un programa, que solamente puede surgir del debate y la clarificación políticas. El FRAL y el PH tienen un programa de defensa del régimen político burgués ("democracia con justicia social”) y hasta pregonan una ley de inversiones extranjeras en el marco del régimen capitalista y del Estado burgués. El Partido Obrero criticó por escrito ese programa como democratizante y como inadecuado para la formación de un frente antiimperialista revolucionario (al igual que lo hiciera con los 23 puntos del Frepu). El PH, el FRAL y el ex-Frepu rehuyeron ese debate, a pesar de que lo habían solicitado.

Lo que sí podría ser progresivo es que el conjunto de las fuerzas de izquierda coinciden en impulsar un gran congreso del movimiento obrero, la juventud y de la izquierda, con asambleas por región y lugares de trabajo, para discutir un programa político y delimitar las posiciones en pugna. El Partido Obrero plantea la independencia política de los explotados por referencia á la burguesía nacional y sus partidos, y la dirección obrera de la lucha nacional, lo que significa luchar por un gobierno anticapitalista de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina”.

Buenos Aires, 17/12/87

A fines de diciembre, el Partido Humanista reprodujo, a través de una solicitada, las respuestas de los partidos de izquierda a su propuesta de elegir la dirección de un frente de izquierda mediante elecciones internas entre los afiliados de los diversos agrupamientos.

La transcripción en dicha solicitada de la respuesta del P.O. contiene un error, pues nos hace decir que rechazamos el programa del FRAL por “moderado” como si las soluciones a la opresión nacional y a la explotación capitalista pudieran ser elegidas entre una vasta gama de alternativas según el temperamento de cada cual. Esta tergiversación se acompaña de una mutilación de partes relevantes de nuestro planteó, lo que convierte a la onerosa solicitada del P.H. en un factor, no de esclarecimiento, sino de macaneo.

De la respuesta íntegra que el lector puede leer a continuación, se podrá ver que los errores y las omisiones no son inocentes, pues le permiten al PH evadir la respuesta a nuestro planteo de un congreso de activistas y militantes para discutir el programa, y presentar a nuestro partido como “inmoderado”. Semejantes procedimientos hacen suponer que el PH se apresta a cambiar de frente nuevamente, luego de haber pasado de la demagogia sobre la soberanía del hombre al acuerdo con el stalinismo efectuado en el sigilo, es decir a espaldas de las bases.

Alfonsín designó al candidato propuesto por el imperialismo para desviar con fuegos de artificio la atención sobre la crisis y la lucha del pueblo. Procura explotar las contradicciones del peronismo y las limitaciones de los gobernadores peronistas.

¿La izquierda debe lanzarse también al ruedo electoral?

En una cena intima, pero convenientemente publicitaria con el gobernador de Córdoba. Alfonsín pronunció el "levántate y anda”. A partir de ahora Angeloz se preparará para dar el puntapié definitivo que lo llevará a la candidatura radical en 1989. En poco tiempo más, el aparato gubernamental de la UCR se las ingeniará para convertir a esta digitación en una “aspiración popular" del partido.

Con el ungimiento de Angeloz, el Alfonsín de "centroizquierda”, “social demócrata" y hasta “antiimperialista” se convierte en el principal promotor de una candidatura de “centroderecha”, “clerical” y partidaria de una entrega más consecuente al imperialismo. La experiencia que en 1982-83 se presen-tara como combativa y democratizante concluye a la rastra de la derecha. Este es el destino de todos los movimientos de contenido burgués: debutan como furiosamente democráticos o antiimperialistas en las palabras, y concluyen como marionetas del Imperialismo. En estas circunstancias, el "dedo" de Alfonsín ha debido inclinarse ante el hombre que ya antes la "patria financiera" y los "capitanes de la industria" habían proclamado como suyo. La candidatura de Angeloz da satisfacción a las jerarquías clerical y militar, y constituye, por eso el paso más importante que haya dado el alfonsinismo para cerrar la crisis, aún abierta con las camarillas de la dictadura militar.

La reacción de la izquierda radical ante estos acontecimientos ha sido patética. Ricardo Barrios Arrechea, quien hasta no hace mucho atacaba a Sourrouille por medio de la prensa desde la casa de gobierno de Misiones, y a quien los bancos y los pulpos yerbateros atacaron violentamente por organizar una cooperativa de productores yerbateros, se manifestó casi eufórico por la dedo-decisión. Federico Storani. el niño terrible que pretendía quitarle el sueño a la derecha con la formación de "comités de defensa de la democracia", no tuvo reparos en responder que “la Coordinadora discute programas, no disputa espacios de poder”. Con aire negligente, estos acaparadores de puestos públicos anunciaron su capitulación sin lucha ante la derecha.

Fuego de artificio frente a la crisis

Esta temprana maniobra electoral tiene objetivos muy claros y otros un poco más sutiles. Su sentido general es crear una situación de expectativas electorales que desvíe el pueblo de sus luchas cotidianas frente a la ofensiva descomunal del imperialismo. Se pretende imponer a las elecciones del 89 como el marco político en el cual deben encontrar solución la crisis económica y política.

Entre las finalidades un poco más sutiles de esta maniobra se encuentra la de apresurar las definiciones electorales dentro del peronismo en un momento en que los enfrentamientos dentro de este son aún muy intensos. Luego de ofrecerle la zanahoria de un acuerdo de "gobernabilidad” para llevarlo a votar los impuestazos antipopulares, el gobierno se ha lanzado a explotar sin escrúpulos las contradicciones del peronismo. El alfonsinismo cuenta también con convertir al peronismo en víctima de la propia victoria que éste obtuviera el 6 de septiembre, obligándolo a gobernar las provincias en el marco de la política fondomonetarista, y por lo tanto cerrándole las posibilidades para que pueda hacer concesiones económicas a su electorado en los sesenta días que han transcurrido desde el ascenso de los nuevos gobernadores. Salta y Tucumán han ingresado en crisis explosivas y el propio Cafiero se enfrenta a una situación amenazante como consecuencia del completo inmovilismo de su gestión.

La pretensión oficialista de desviar hacia el electoralismo la atención popular carece, como se puede ver. de alcances. El límite de sus maniobras está marcado por la profundización de la descomposición económica y como, consecuencia de ello de la crisis política, y por la siempre amenazante lucha popular. En breve tiempo Alfonsín deberá recurrir nuevamente a Cafiero para asegurar la “gobernabilidad” y hasta para discutir un posible viraje ordenado de la actual política, que ha agotado todas sus posibilidades.

El horizonte seguro de la actual situación es la emergencia de nuevas y crecientes crisis y luchas, en medio de las cuales la temprana candidatura de Angeloz asumirá rasgos de prematuro envejecimiento

La izquierda

¿La izquierda debe responder con su propia definición electoral a las definiciones de los partidos patronales (incluso la Ucedé se está apurando en este camino)?.

El partido Intransigente ha respondido que sí a esta cuestión, embarcándose en un “frente de centro-izquierda” con Cafiero. Esto no le va a ahorrar al partido de Alende la continuación de su crisis interna. porque es evidente que los intransigentes están marchando hacia ese frente en filas dispersas y con objetivos dispares.

El resto de la izquierda transita por el mismo camino. El PC y el Mas proponen frentes para el 89, incluyendo (en el caso del Mas, o del PH) las modalidades para elegir a los candidatos (aunque el Mas las haya violado reiteradamente cuando se formó el Frente de Trabajadores en 1985).

Poner en primer plano a las próximas elecciones revela una concepción estratégica. Los procesos electorales no son concebidos como uno de los terrenos de lucha que deben ser usados para emancipar políticamente a la clase obrera de la burguesía y para desarrollar su capacidad de lucha y su conciencia revolucionaria. sino como la culminación del proceso de maduración de las masas y como el terreno y el me-dio adecuados de la lucha por el poder. Este planteamiento convierte objetivamente a la izquierda en democratizante, es decir en un apéndice del Estado y del actual régimen político.

El otro aspecto de toda esta cuestión es que la sola unidad de sus partidos no convierte a la izquierda en una alternativa electoral (o de cualquier otro tipo, para el caso) para las masas, como lo han demostrado todas las elecciones, para alcanzar ese carácter de opción, la izquierda debe convertirse primero en vanguardia de la lucha que empeñan las masas cotidiana y directamente y debe contraponer en esa lucha la política obrera, socialista, revolucionaria a la política del nacionalismo burgués. a sus dirigentes ya los burócratas sindicales.

El frente de izquierda no debe tener por objetivo estratégico la lucha electoral, puesto que esto lo convertiría en contrarrevolucionario.

Debe basarse en un programa revolucionario. Entendiendo por tal al que señala las fuerzas motrices de la revolución y caracteriza la posición del conjunto de las clases sociales: establece el carácter del poder político que corresponde a la revolución; y define el lugar de los métodos de lucha en la táctica y estrategia revolucionarios. Para esto es necesario abrir una discusión política.

En lo que se refiere a las tareas inmediatas, lo que está a la orden del día es un programa de acción frente a la crisis creciente que podría entrar a corto plazo en un punto de culminación. La organización de los destacamentos avanzados de la clase obrera en esta lucha le dará un carácter de masa a la izquierda argentina.

A fin de mes sesionará el Congreso Pedagógico. Los delegados al mismo fueron seleccionados en asambleas digitadas, vedadas a las organizaciones docentes y estudiantiles, mientras se permitió al Clero utilizar su inmenso aparato para coparlas. La UCR, el PJ y la Iglesia han pactado el desarrollo de sus deliberaciones y conclusiones. Como consecuencia de ello, el gobierno remuneraría con mayores subsidios a la escuela privada el acuerdo con él Clero.

Entre el 22 de febrero y el 6 de marzo próximo, tres años después de lo previsto, sesionará en una pequeña localidad cordobesa la asamblea nacional del Congreso Pedagógico. Los 300 delegados de todo el país se congregarán luego de una cuidadosa selección. La participación de las organizaciones „ de masas de educadores y educandos fue excluida de entrada. En las llamadas asambleas de base los gremios docentes y los centros estudiantiles no podían intervenir. Hasta la participación individual fue bloqueada convocando las reuniones en horarios incompatibles con la asistencia de cualquier ciudadano trabajador. Así fueron “elegidos" en reuniones completamente minoritarias y digitadas los-de- legados a las Asambleas de distrito (en cada provincia y la Capital Federal), encargados a su vez de designar a quienes ahora marcharán a concluir el proceso en la provincia mediterránea.

Copamiento

Los infinitos filtros y maniobras, la metodología proscriptiva y la organización burocrática del Congreso fueron hechos a medida para permitir su copamiento por los funcionarios pagos de la escuela privada y el clero reaccionario. La iglesia montó un operativo monstruoso apoyada en los generosos subsidios que recibe del Estado y organizando un verdadero ejército de ocupación del Congreso a partir de cada parroquia y de las jerarquías de los más de 5.000 colegios y escuelas que controla en todo el país. En algunas provincias el obispado tomó prácticamente a su cargo la instrumentación del Congreso. En la Capital Federal el operativo se consumó a la perfección: el 85% de los delegados a la asamblea nacional son funcionarios y persone- ros del CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica) y de los grandes capitalistas de la educación privada. ¡Entre los "representantes del pueblo" para este Congreso salió designado Llerena Amadeo, el ex ministro de Educación de Videla! Naturalmente, esta delegación porteña al Congreso Pedagógico reclamó la Implantación de la enseñanza religiosa en la educación estatal y el aumento en masa de los subsidios al sistema privado.

Todo esto no tendría ningún significado ni podría. haber prosperado sin la legitimación de los “demócratas". El gobierno, el PJ y el PI (junto con la UCD) son los que mediante una ley votada en el Parlamento convocatoria esto que insisten en llamar un "Cabildo Abierto”. Son ellos también quienes controlan, desde 1984, la Comisión Organizadora del Congreso. Esta misma Comisión acaba de publicar un documento acusando al pueblo por su "escasa" participación, lo que imputa a su falta de compromiso con la democracia. Los “representantes populares” se preparan desde ya para hacer pasar un proyecto de ley (esto es lo que saldrá del Congreso) ajustado a los reclamos de la reacción y del clero, que justifican por la carencia de cultura y preparación del pueblo. El Cinismo democratizante en tomo al Congreso Pedagógico está en un todo de acuerdo con la esencia de este régimen.

Pacto contra la educación popular

Ahora mismo, diputados del PJ y del PI escriben en la prensa pomposas defensas de una educación progresista y popular mientras en la cúpula se sella un pacto para asegurar que en la asamblea de fin de mes saldrá un paquete con moño y todo a gustó de los Llerena-Amadeo, los Primatesta y Cía. En realidad, no habrá asamblea ni congreso: “el oficialismo logró cerrar un acuerdo político con peronistas e intransigentes por un lado y con la jerarquía eclesiástica por el otro, con el fin de evitar “pronunciamientos extremos” en este tramo final” (Página 12, 4/2/88). Los términos de este pacto, alcanzado en “una reunión de máximo nivel entre el ministerio y la Iglesia Católica" (Idem) son por supuesto secretos. Eso sí: los delegados aplaudirán enfáticamente las referencias del discurso del Presidente, cuando al abrir las sesiones, se dedique a ensalzar las virtudes de este debate fundamental en "democracia". Mientras tanto “el ministro Jorge Sábato solicitó una ampliación del crédito para atender los aporte a las escuelas privadas, en un intento por zanjar sus diferencias con la Iglesia" (Clarín, 6/2/88). Como se ve los "acuerdos" con la cúpula eclesiástica incluyen un muy terrenal y conveniente financiamiento. Los campeones de la “libertad de enseñanza" y de la “Iniciativa privada en la educación” son perfectamente estatistas cuando trata de usar en su beneficio la finanza popular.

Nos encontramos, por lo tanto, frente a un engendro completamente reaccionario. Las tendencias que impulsan la reforma educativa de este régimen están absolutamente condicionadas por sus ataduras con el gran capital y la reacción política. Los que matan de fiambre a los docentes y someten a la educación a la peor asfixia económica de su historia no pueden encarar en este ámbito una transformación pedagógica progresiva. Llamamos a las organizaciones obreras y sindicales a denunciar el contubernio que envuelve

Este Congreso Pedagógico y a levantar las banderas democráticas de la educación —laicismo, gratuidad, autonomía— en completa oposición a los responsables del derrumbe de la enseñanza pública, la miseria popular y la entrega nacional. Reclamamos a la CTERA y a los gremios estudiantiles —cuyas direcciones han evitado pronunciarse— a proclamar el repudio a este falso "congreso” y a plantear la movilización independiente de las organizaciones de masas en todos los niveles educativos.

No está todavía claro si Caridi está completando la depuración de los “riquistas”, o si la destitución de Auel revela que no es solo la “cadena” de mandos lo que está en crisis sino el alto mando mismo. Pero lo que sí no ofrece dudas es que Caridi le está cobrando su factura al gobierno, exigiéndole que pase a los golpistas a la justicia militar, obteniendo la inminente liberación de generales con juicio abierto por “excesos” y reclamando brutalmente la amnistía.

Las palabras de Alfonsín, tras la derrota de Rico, de que "la casa estaba en orden”, tuvieron la misma consistencia que cuando las pronunció el domingo de Semana Santa. En pocos días los cimientos comenzaron a crujir de nuevo: Caridi lanzó una violenta defensa de la dictadura y de la represión, y sin solución de continuidad estalló una crisis en el alto mando, lo que puso al descubierto (y no de un modo completo) la presencia de generales “riquistas” que revistan en la cúpula. La segunda capitulación de Raúl Alfonsín llevó al procurador de la nación, el demócrata Moreno Ocampo, a reclamar el juicio militar para los sublevados del mes pasado y envalentonó a Caridi quien afirmó que “el Ejército ha ganado autoridad para insistir en una reconciliación Indispensable”, que es la forma hipócrita de exigir la amnistía.

El planteo de Caridi. reiterado ahora luego de lo de Monte Caseros, revela un agravamiento de la famosa crisis de "cadena de mandos". Es que la insistencia en un planteo que Alfonsín y Cafiero necesitan que quede congelado hasta finales del 89, solo puede responder a una presión incontrolable" dentro de las filas militares. Ni Alfonsín ganó autonomía frente a la camarilla militar luego de la derrota de Rico, ni Caridi ha avanzado en la solución de ninguna de las contradicciones que oponen a las fuerzas armadas con el régimen democratizante al que el imperialismo les exige defender y apoyar. El defenestrado general Auel ha dicho que “la conclusión de todo esto es que no se ha saneado la situación, sino que se ha agravado, se ha tomado anárquica y peligrosa” y condena a la “autodestrucción de la fuerza" (Clarín, 11/2).

La amnistía no es el único aspecto de la crisis. A través de ella se esconde una lucha por la dirección y la política de las fuerzas armadas, las cuales aún no—Han superado tampoco el vacio político dejado por la derrota en Malvinas.

Caso Astiz

La Junta de Calificaciones de la Marina ha comenzado a analizar la situación de Astiz, en base al pedido de su retiro formulado por Alfonsín, quien entretanto lo había ascendido a capitán de corbeta. Los trascendidos periodísticos aseguran que el alto mando naval renunciaría en pleno si Alfonsín insiste en su planteo, pero no está clara la posición final del presidente. El caso Astiz podría resolverse en función de intereses más amplios, porque si se produjera la eliminación del alto mando actual, podría quedar despejado el terreno de los hombres que apoyaron la acción de Malvinas , y esto serviría a los fines de reintegrar a la Marina a los operativos conjuntos con Estados Unidos (“Unitas”). ¡Lo cual le daría de hecho a las Fuerzas Armadas la “hipótesis de conflicto” que toda la burguesía reclama! Sería una solución española, donde se limaron las contradicciones con el franquismo militar integrándolo a la OTAN.

El reciente convenio entre AA y SAS sirve como ilustración de cómo los problemas de derechos humanos se manejan en función política y, mejor aún, económica. Es indudable ahora que la promesa de bajar a Astiz estuvo relacionada, en su momento, con la intención de Alfonsín de entregar a Aerolíneas en su recientemente frustrado viaje a Suecia. El negocio no debía ser importunado por las protestas contra el que mató a la chica Dagmas Hagelin.

La crisis continua

Y la crisis militar sigue. El gobierno ha perdido más autonomía frente a las cliques militares luego de lo de Monte Caseros, en cuya oportunidad maniobró en todo momento para ver de qué lado se ponía, y por sobre todo bloqueó la intervención popular.

El evidente fracaso de la política de “democratización de las fuerzas armadas" y de su “subordinación al poder civil” pone en mayor evidencia la necesidad de terminar con todos los militares comprometidos con la dictadura, establecer la elección popular de los altos mandos, extender la vigencia de los derechos democráticos a los cuarteles y establecer el armamento general de los trabajadores.

Cafiero es un gobernador desde hace 60 días, pero nadie vio una sola acción para crear los 500.00 puestos de trabajo prometidos en la campaña electoral, ni tampoco cualquier otra medida popular. El inmovilismo renovador está creando una temprana crisis política, con clara repercusión nacional y en la experiencia de los trabajadores.

Sesenta días es un período harto breve para modificar la situación objetiva de un país, no digamos ya de una provincia. Pero sesenta días es también un lapso de tiempo harto suficiente para reconocer las características de un gobierno, incluso si es provincial, y su capacidad de acción.

El balance de los dos meses de la gestión de Cafiero al frente de la provincia de Buenos Aires bordea simplemente el desastre. La impotencia del justicialismo renovador en función de gobierno se ha manifestado con una rapidez extraordinariamente mayor que la que reveló en su oportunidad el gobierno de Alfonsín.

¿Qué ha quedado de la promesa de absorber a 500.000 desocupados o subocupados mediante un plan-de obras públicas? Todavía está fresco el recuerdo del empeño que puso Cafiero en su polémica con Casella, por mostrar que ésta sería la principal realización de los renovadores. Ahora resulta que no hay dinero para semejante empresa; que el Tesoro Provincial no tiene fondos para financiar la autopista Buenos Aires-La Plata ni para ejecutar un plan de viviendas, y que el Banco Provincia no está en condiciones de ofrecer créditos baratos a la población. Si para el cafierismo estas limitaciones son insalvables, entonces se puede decir que está comprometido por el inmovilismo político y la inacción hasta diciembre de 1989, por lo menos.

“La culpa no es mía”

El justicialismo renovador aduce, como cualquiera se lo puede imaginar, que la responsabilidad por esas limitaciones la tiene el gobierno fondomonetarista de Alfonsín. Que el pago de la deuda externa y el apoyo oficial a la especulación financiera constituyen obstáculos insuperables para gobernar la provincia en beneficio de los trabajadores.

¿Pero si esto es así, porqué Cafiero ha firmado un pacto de “gobernabilidad” con Alfonsín? De acuerdo al razonamiento justicialista, hubiera sido más lógico hacer inviable la "gobernabilidad” alfonsinista mediante una decidida acción política.

¡Pero que va! Los renovadores pusieron sus votos para hacer posible la aprobación del paquete impositivo más impopular de la historia del país, como que se basa fundamentalmente en un impuestazo del 30 % a los combustibles, a los teléfonos y al gas. A esto agreguemos que el peronismo no ha ejercido ninguna clase de oposición al pago anticipado de una parte de la deuda externa, decidido hace un mes por Alfonsín en la Harpada “capitalización de la deuda externa". Este pago aumentó en unos 600 millones de australes el gasto del presupuesto. ¡Para esto sí que hay dinero! ¡Pero cómo iba Cafiero a oponerse a una operación cuyo principal beneficiario es el grupo projusticialista de Pérez Companc!

La conclusión es que los renovadores han reforzado políticamente la gestión que imputan como responsable de la imposibilidad de mantener las “promesas” que Cafiero hiciera antes del 6 de setiembre.

¿Y por casa?

¡Pero en la provincia es mucho lo que se puede hacer! “El primer estado argentino” tiene suficiente capacidad como para enfrentar al gobierno nacional e imponer en última instancia sus objetivos.

El Banco Provincia tiene dinero invertido en créditos a grandes capitalistas y latifundiarios, que los han usado para especular en el mercado financiero. Naturalmente, esta gente no los reembolsa y el Banco se los refinancia a menores tasas de interés. Se concluye de esto que no hay créditos para la vivienda porque se subsidia a los grandes ricachones. Este Banco, igualmente, es un activo tomador de créditos en Estados Unidos para financiar a los grandes pulpos, incrementando la deuda externa y su propio hipotecamiento.

Pero precisamente por su importante papel en el financiamiento de los monopolios y terratenientes, el Banco Provincia tiene una enorme palanca para controlar las operaciones de aquellos, y, terminar con la evasión impositiva que priva a la provincia de los recursos para atender a la salud, a la vivienda y a la educación. Sobre esto, sin embargo, los “antiimperialistas” funcionarios del justicialismo se hacen completamente los distraídos.

Hace pocas horas se informó que el Banco Provincia ha tomado bonos del Banco Central para financiar los agujeros del Banco de Salta. De este modo el cafierismo ingresa al “festival de bonos” de la patria financiera, incrementando el endeudamiento del Estado nacional y los consiguientes gastos del presupuesto. Entretanto, el Banco de Salta podrá, con este dinero, mantener el 80% del crédito concentrado en beneficio de 40 pulpos que operan en la provincia.

No se puede dejar de concluir que por su incapacidad y por su orientación, el cafierismo gubernamental es un factor activo en el mantenimiento y agravamiento de la situación que invoca para no cumplir con sus “promesas”

Lo que ocurre en otras provincias gobernadas por el justicialismo se perfila como una perspectiva para Buenos Aires. En Tucumán, Salta o Santa Cruz, sus gobiernos, apoyados firmemente por la renovación, han lanzado planes de reducción de salarios y despidos masivos, manteniendo abierta entre tanto la canilla de subsidios en favor de los grandes capitalistas.

“Hoy no se fía”

El inmovilismo político del cafierismo ya ha conducido a la creación de situaciones críticas y hasta explosivas.

Las ocupaciones masivas de terrenos son el aspecto más relevante. La desesperante situación de decenas de miles de trabajadores sin vivienda ha hecho explosión precisamente por el rápido agotamiento de las ilusiones en el “gobierno popular". Que esto ocurra en las primeras nueve semanas y media, es todo un síntoma y una primera advertencia. La movilización popular hace estallar las contradicciones del cafierismo y plantea una perspectiva amenazante para su futuro.

Impregnado del espíritu de “gobernabilidad” y de la "vida en democracia”, la respuesta del justicialismo a las ocupaciones fue defender la propiedad privada (incluyendo en este rubro a la propiedad fiscal). Pero los ocupantes no se bajaron del caballo ante las amenazas de expulsarlos por la fuerza. El pueblo sustituye con sus métodos los incumplimientos de las “promesas” de los gobernantes “democráticos”.

Otra advertencia al cafierismo partió del Sindicato de Luz y Fuerza de La Plata, el cual se opone a la privatización de DEBA (Dirección de Energía), la que fuera anunciada por el “justicialista” Guadagni bajo la confusa forma de una cooperativa. El sindicato se declaró en contra de someter un servicio público a la ley del beneficio privado.

Es evidente que a Cafiero no se le ha ocurrido que la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en lugar de ser su ruta a la presidencia de la Nación podría convertirse en su tumba política.

Alternativas

Claro que los renovadores pueden estar realizando un balance diferente al aquí trazado: el inmovilismo seria para ellos, la vía más barata para llegar a las elecciones de 1989.En poco tiempo más comenzará la campaña electoral, lo cual nos servirá, deben pensar, para poner en segundo plano la gestión del gobierno bonaerense (y provinciales en general) y centrar la atención sobre la situación nacional. Es decir, reeditar lo que hicieron las gobernaciones peronistas provinciales que lograron ser reelegidas el 6 de setiembre pasado.

Repetir la táctica de “caminar por la cornisa” es (naturalmente) el curso más probable que tomarán los renovadores, pero esto revela su carácter conservador y su completa impotencia frente a la crisis. Las posibilidades de esta “táctica" dependen de que el ritmo y la profundidad de la crisis económica y política no se agraven considerablemente. Como las posibilidades del alfonsinismo dependen de los mismos factores, parece claro que la situación objetiva los pone en el mismo barco.

Durante bastante tiempo, sin embargo, los renovadores amenazaron con plantear la caída de Sourrouille y la declaración de una moratoria de la deuda externa. El planteo fue completamente lógico si se tiene en cuenta que los “ajustes” de Sourrouille se han agotado en sus posibilidades de reactivación económica y de estabilización de las relaciones con la banca internacional. Un giro económico permitiría dar un poco de oxígeno a las economías provinciales y satisfacer en parte algunos reclamos populares, aunque más allá de esto una moratoria concebida para mantener en pie el régimen actual sería incapaz de evitar (y esto en breve plazo) la desorganización económica del país (como lo han mostrado Bolivia, Perú y Brasil).

El principal asesor de Cafiero, Eduardo Amadeo, ha declarado, sin embargo, que en las actuales circunstancias la moratoria es inconveniente, porque no podría ser acompañada con un adecuado plan económico basado en la “austeridad”. Se desprende de esto que para el justicialismo la moratoria debiera ser un sustituto capaz de mantener la política de caída del salario, las privatizaciones y la intensificación de la explotación de los trabajadores.

Son estos planteos los que seguramente habrán llevado al yanqui Robert Gelbard a declarar su confianza en la “oposición democrática” de argentina. Los renovadores se esfuerzan por hacer buena letra con el imperialismo norteamericano, lo cual acentúa sus limitaciones para cumplir con las “promesas” preelectorales.

Una conclusión de fondo

El temprano fracaso del cafierismo en función de gobierno, muestra la completa caducidad de los métodos, de la política y de las posibilidades democratizantes. El inmovilismo del cafierismo y el completo empantanamiento de la gestión alfonsinista están creando un vacío político que naturalmente tenderá a ser cubierto por giros bruscos desde arriba y por acciones independientes de los explotados, todo lo cual tiene la misma consecuencia de tender a la creación de una situación revolucionaria. En el curso de 1987 se operó, a veces en forma brusca y otras en forma gradual, un cambio en la situación política, que rompió el equilibrio político basado en el arbitraje del gobierno de Alfonsín, el cual ha sido reemplazado precariamente por un acuerdo incompleto con el cafierismo, respaldo del imperialismo yanqui. La necesidad imperiosa de este acuerdo inestable convierte a la impasse del cafierismo en un factor de crisis política general.

La esencia de esta crisis política gira esencialmente en la incapacidad de todos los partidos burgueses para desembarazar a la nación del estrangulamiento imperialista.

Pero esto mismo, la crisis, está creando las condiciones de una gigantesca lucha nacional que será incompatible con la “gobernabilidad'' del Estado burgués.

Hace tres meses Fermín Nuñez, preso político de la dictadura, fue puesto en libertad condicional en aplicación de la legislación vigente. Inmediatamente la gran prensa puso el grito en el cielo, iniciando una campaña contra la medida.

Hace pocos días, sin embargo, la Cámara Penal de Tucumán revocó la libertad de Nuñez, lo hizo detener nuevamente, y lo mandó preso a Villa Devoto. El "argumento" fueron los “informes” de los carceleros sobre su comportamiento en la cárcel durante la época de la dictadura. “Este preso no se ha resocializado”, fue el cargo de los guardiacárceles que la Cámara Penal hizo suyo para encarcelarlo nuevamente.

El fallo sigue al pie de la letra la orientación de la prensa reaccionaria. Para esta gente la “guerra contrarrevolucionaria” sigue en pie. Allí todo vale. "Para los Alsogaray, la violación, el estupro y el empalamiento de jóvenes y ancianos puede estar perfectamente justificado si se trata de defender el “sistema”.

La decisión de la Cámara tucumana es coherente con quienes la tomaron: todos son jueces de la época de la dictadura. El vehículo de su aplicación es el régimen democratizante, rehén del militarismo y la reacción más repodrida.

Es necesario montar, junto a las organizaciones de derechos humanos y los partidos de la izquierda una gran campaña por la liberación de Fermín Nuñez y todos los presos políticos, como parte de la lucha contra los fariseos de la democracia y los jueces del genocidio.

Ante la falta de pago de los salarios de enero y otros atrasos en los pagos, los periodistas y gráficos de La Razón resolvieron la huelga por tiempo indeterminado.

El paro tiene mucha fuerza, pero esto no quita, sino que aumenta la responsabilidad de los sindicatos frente a esta lucha.

En este punto, como no podía ser de otra manera, volvió a hacer crisis Raimundo Ongaro con la base del diario. La Lista Verde debutó en el conflicto planteando la inutilidad de las medidas de lucha, con el argumento de que éstas “agravarían la crisis de la empresa”. En la tarde del lunes 8, después de una reunión sin resultados de Ongaro con la patronal, una improvisada asamblea general le exigió un inmediato plenario de delegados gráficos. El plenario de delegados deberá votar la solidaridad práctica con la lucha de La Razón, y también tratar el conjunto de los problemas pendientes (conflictos en envases flexibles, aumento de emergencia de la escala gráfica ante el desborde inflacionario y convocatoria de asamblea general para discutir el anteproyecto de convenio y elegir los paritarios).

Centenares de familias trabajadoras ocuparon en las últimas semanas terrenos en la Provincia de Buenos Aires. Esto provocó una crisis en el cafierismo, sin política para la vivienda. Esta lucha ya logró una asignación parcial de terrenos y preanuncia una escalada mayor de ocupaciones. Se abre una batalla por el cumplimiento de la cesión de tierras, por la escrituración y la entrega de materiales para las casas. Estas reivindicaciones, comunes a todas las ocupaciones, permiten ampliar el movimiento mediante la formación de una Coordinadora de Ocupaciones.

En los primeros días de febrero un reguero de ocupaciones de tierras conmovió al gran Buenos Aires. Berna), Ciudad Evita y Cuartel Noveno de Lomas de Zamora, fueron el escenario de movilizaciones en las que mi-les de trabajadores se organizaron para tomar terrenos fiscales y deshabitados.

El hecho se produjo sesenta días después del ascenso del gobierno cafierista, durante los cuales no fue encarada ninguna solución al problema de la vivienda. Peor, durante ese tiempo el Poder Ejecutivo provincial dispuso el cese de todo tipo de obras públicas, incluidas las licitaciones de gas, luz, asfalto y construcción de casas populares. El ministro del sector, Alieto Guadagni manifestó que su cartera no tenía fondos para el techo porque el FONAVI no giraba los recursos necesarios. Se anunció, asimismo, que el Banco Hipotecario había reducido de ₳ 2.500 millones a 1600 millones su presupuesto para viviendas.

Crisis

Ante la inacción del gobierno provincial una franja de las masas tomó en sus propias manos la reivindicación de la tierra.

Inmediatamente de producidas las ocupaciones los intendentes justicialistas de La Matanza y Quilmes criticaron públicamente a los ocupantes y los amenazaron con la represión y desalojo. En La Matanza, elementos del Comando de Organización, vinculados al intendente Russo integraron grupos de choque contra los ocupantes, que los rechazaron. El intendente de Berna), Caamaño, acusó de "subversivos” a los pobladores. Desde las intendencias se adoptó la táctica de organizar a los vecinos de las zonas aledañas a las ocupaciones contra los ocupantes "para evitar que se instalen villas”. El propio Cafiero, en el diario Clarín (3-2) fue tajante: “no admitiremos estas ocupaciones ilegales que atentan contra la propiedad”.

Todo esto no prosperó por la firme posición de los ocupantes. La impasse así creada agudizó la crisis en las filas carteristas. La “mano dura” fracasó y dio paso a una nueva táctica: el Poder Ejecutivo anunció la formación de una Comisión Especial para estudiar los casos y encontrarle “una solución en 60 días”. El estado nacional ofreció, a través de Barrios Arrechea terrenos fiscales del FONAVI, cercanos al lugar.

Los Concejos Deliberantes de Matanza y particularmente de Quilmes- Bernal no se avinieron a un arreglo.

Desde las filas zonales del PJ se continuó organizando a los vecinos contra los ocupantes, acusándolos de “móviles políticos” y de querer poner en pie “aguantaderos” de ladrones.

“No hay fondos”

Que FONAVI no envía partidas para vivienda es un dato cierto. De cualquier modo, la magnitud del problema no se limita al FONAVI. Este organismo construyó el año pasado 24 mil viviendas populares en todo el país y tiene previsto, según anunció el Ministro Arrechea, la construcción de otras 40 mil para este año. Pero el déficit crece anualmente en 240 mil y la falta de vivienda nacional actual es de 3 millones trescientas mil unidades, de las cuales un millón son de la provincia de Buenos Aires. Aunque el FONAVI girase la partida asignada para Cafiero en su totalidad, a lo sumo se construirían 12 mil viviendas, lo que es una gota en el océano.

La falta de fondos obedece a la política general del país, de sometimiento al FMI, de pago de la deuda, y de recorte de todo gasto para obras populares impuesto por los usureros de Wall Street. A esa política no solo está sometido el gobierno central sino el propio Cafiero, y todo el PJ que la votó recientemente en el Congreso.

Un programa

Mientras el cafierismo afirmó, a poco de asumir, que no tenía soluciones para el problema del techo, las masas — desilusionadas en sus esperanzas— se abrieron paso mediante la acción directa, encontrando el camino que les negaba el gobierno mediante la ocupación de tierras baldías y fiscales.

El reclamo ya generalizado en todas las ocupaciones por la cesión de las tierras permite abrir las puertas para un programa común a todos los asentamientos, que, partiendo de esta base, luche por el efectivo cumplimiento de lo prometido', exigiendo la escrituración inmediata y la entrega de mate-riales por la gobernación para construir casas de ladrillo, salas de atención médica y escuelas en el lugar. Estas bases comunes, con las que se identifican todos los pobladores, permiten inscribir en el programa general de lucha la formación de una Coordinadora de Ocupaciones, constituida por las Comisiones de Delegados de cada barrio, a la que puedan irse sumando las futuras movilizaciones, que a lo largo y ancho del cordón obrero de la provincia de Buenos Aires, se abrirán paso en el próximo período.

Por cualquier lado que se mire, el país está en completa bancarrota.

Salta, Tucumán y Chaco están en cesación de pagos. Los bancos de estas Provincias no tienen dinero para rescatar los bonos que emitieron en su momento para sustituir los j australes que no tenían. Como consecuencia se han dejado de pagar los sueldos y están paralizadas las transacciones económicas.

Las obras sociales están totalmente vaciadas y algunas han comenzado a dejar de funcionar. En Santa Fe, por ejemplo, hay 32 gremios que tienen los servicios cortados. Los médicos han amenazado con cesar las prestaciones en protesta por los bajísimos honorarios que perciben. En el PAMI el gobierno tuvo que aplicar un esquema de emergencia ante la inminencia de una paralización de los servicios.

Las obras públicas y de vivienda están paralizadas. Este año se prevén construir 40.000 viviendas populares cuando el aumento anual del déficit habitacional es de 200.000, sobre un faltante de más de 3.000.000 de viviendas. Centenares de familias se han visto obligadas a ocupar tierras en la Provincia de Buenos Aires.

El gobierno está negociando la refinanciación de 3.000 millones de dólares que corresponden a los intereses de la deuda de este año. Para acceder a ello, el FMI exige una mayor devaluación del austral, nuevos aumentos en las tarifas e impuestos y una profunda desvalorización del salario. No solamente esto. Reagan mandó a su subsecretario R. Gelbard para trocar el apoyo del FMI a cambio de un completo alineamiento internacional de Argentina con Estados Unidos.

De la bancarrota al remate

El país está quebrado. Las “soluciones" que idea el gobierno pasan todas por el remate de la soberanía nacional y la superexplotación de los trabajadores. Succión permanente del salario; bonos que el Estado paga a tasas siderales y que confiscan a buena parte de la pequeña y mediana industria. Ahora, a través de la capitalización de la deuda, el gran capital nativo y extranjero troca una deuda externa sin valor por empresas nuevas o en funcionamiento, gracias a un dinero mayoritariamente puesto por el propio Estado.

Las “soluciones” de remate para Salta y Tucumán son el modelo: aumento de la edad para jubilarse, anulación de los aumentos salariales, despidos de empleados públicos, y en contrapartida, aumento del precio del azúcar, es decir, rescate de la oligarquía azucarera.

Cafiero

La casi totalidad de las provincias están gobernadas por el justicialismo y la política, que aplican no es distinta de la nacional. En Tucumán y Salta los que plantean las cesantías y el congelamiento salarial y los beneficios para la oligarquía son los gobernadores justicialistas.

Hace más de dos meses que Cafiero asumió la gobernación bonaerense y su impotencia es manifiesta. Las obras públicas están paradas, no se hace nada en materia de viviendas y menos en la creación de nuevos puestos de trabajo. Cafiero se escuda en la falta de fondos; lo mismo que dice Alfonsín. Esos fondos están no pagando la deuda externa y poniendo fin a los subsidios al capital, como los está pagando el Banco Provincia de Cafiero.

Las ocupaciones de tierra en la Provincia de Buenos Aires produjeron una crisis en el cafierismo que, de entrada, buscó enfrentarlas con la policía y los jueces. Tuvo luego que conciliar con las ocupaciones por la intransigencia de los pobladores y prometer ahora un plan Pro-Tierra que está lejos, muy lejos de solucionar el problema de los asentamientos.

En los próximos días las tendencias a la carestía y a la crisis económica se han de acentuar. La vuelta de Sourrouille de Estados Unidos traerá un nuevo “tarifazo”.

El PARTIDO OBRERO llama a los trabajadores a debatir la forma, el programa y los métodos para enfrentar todo este curso antinacional y antiobrero.

Llama a reclamar a las organizaciones sindicales la lucha por un aumento de emergencia que compense la carestía de los últimos meses. En vísperas de paritarias es necesario que los representantes sindicales sean elegidos por las bases y los anteproyectos de convenio votados en asambleas.

Llama a votar un plan de lucha contra el nuevo tarifazo.

El PARTIDO OBRERO denuncia la traición del cafierismo a los objetivos nacionales y llama a la lucha por la expulsión del FMI, del imperialismo, y el no pago de la usurera y esclavizadora deuda externa.