Prensa Obrera N° 206

¿Para qué se reúne en Mar del Plata la Conferencia de Ejércitos Americanos? Según su agenda para debatir los “métodos para combatir el terrorismo en América, utilizando las experiencias tanto militares como legales de los países del mundo que la sufren”. A renglón seguido abordará la “simbiosis” del terrorismo y el narcotráfico, la penetración “subversiva” en los medios de comunicación y de la cultura y otras yerbas parecidas. Esto ocurre, mientras los “demócratas” se pavonean con una supuesta derogación de la doctrina de seguridad nacional. Precisamente en estos días cobró fuerza la noticia que sería sancionada una ley complementaria que autorizará la utilización de las FFAA en la represión interna. Según El Cronista Comercial (6/11), este será el obsequio de la democracia que Caridi entregará a la reunión de Mar del Plata. El pretexto del narcoterrorismo ha servido para desplazar tropas norteamericanas a Bolivia y militarizar a Perú y Colombia. En todos los casos se verificó que las vinculaciones del narcotráfico son los altos mandos militares y los bancos yanquis, que son quienes mueven los narcodólares. El caso Sivak ha vuelto a probar que los contrabandos de drogas están a cargo de los ex grupos de tareas. Para el alfonsinismo, la Conferencia de Mar del Plata es una oportunidad para estrechar vínculos con el imperialismo norteamericano y reintegrar a las FFAA argentinas al dispositivo militar norteamericano. Esta es una condición que el Pentágono ha impuesto para tomar a su cargo la mediación con Gran Bretaña en relación a Malvinas. Veremos si los malvineros de Rico y Cía se pronuncian contra esta conferencia, visto su carácter de entrega de la soberanía territorial. Después de esta Conferencia volverán las operaciones militares conjuntas y los' créditos norteamericanos para reequipara las FFAA argentinas. El arte de la democracia consiste, como se ve, en esgrimir los objetivos de paz de Contadora para mejor servir de pantalla a los agresores de Centroamérica; en hablar de soberanía nacional y pactar con los que sostienen la usurpación de Malvinas; en reivindicar el estado de derecho y albergar a los que organizaron el genocidio militar; y en suscribir proclamas de paz y desarme y colaborar con quienes preparan la guerra contrarrevolucionaria continental.

¿Recién ahora comienza a esclarecerse el caso Sivak, o estamos ante la presentación de hechos que ya eran conocidos con bastante anterioridad? Todo Indica que es esto último lo que ha ocurrido. Se han detenido a los autores materiales del secuestro y del asesinato, a quienes las autoridades policiales y del gobierno conocían, en grandes líneas, desde que se produjo el secuestro de Sivak en julio de 1985. Todo indica que éstos fueron “protegidos” durante dos años por las más altas autoridades del gobierno y de la Policía, al punto que el ministro Tróccoli fue acusado por la esposa de Sivak de obstrucción de las investigaciones. Existe incluso una causa en la Fiscalía contra el ex jefe de Policía, Di Vietri, y el ex jefe de Defraudaciones y Estafas, comisario mayor Mario Fernández. Batallón 601 de Inteligencia Militar Una rápida reconstrucción de los hechos, en base a la información periodística, muestra todo esto claramente. Sivak fue secuestrado el 29 de julio de 1985. El 11 de agosto se convino en pagar el rescate. La familia comunicó el hecho a la Policía, pero ésta no apareció en el lugar, dejando que los secuestradores levantasen el botín. Dos días más tarde el abogado dé la familia Sivak viajó a Montevideo por indicación de los secuestradores. En el avión estaban tres miembros del Batallón 601 de Inteligencia Militar, que habían participado del primer secuestro de Sivak en 1979, según lo reveló una investigación posterior. A fines de 1985, el comisario Mario Fernández —por indicación de Alfonsín— encargó a un grupo del Ministerio de Defensa la investigación del caso: los designados tenían vinculación con los secuestradores; se constituyeron en un grupo extorsionador de la familia Sivak, contando con el aliciente de los ministerios del Interior y de Defensa, al punto que éstos aportaron 25.000 dólares para que la familia Sivak colocara otro tanto en manos de los extorsionadores. A mediados de mayo de 1986, la investigación volvió a cambiar de manos. Fue nombrado el subcomisario Carlos Alberto Moreschi, quien descubrió el envolvimiento de un ex oficial de Policía, Ricardo Taddei, que participó del primer secuestro de Sivak y que luego se incorporó al Batallón 601. Moreschi elevó un informe a sus superiores con la lista de los implicados. A los pocos días, el comisario Mario Fernández y el jefe de Policía Di Vietri citaron a Moreschi para apartarlo de las investigaciones (Clarín, 31/5/86). En base a estas informaciones, La Razón del 25 de mayo de 1986 decía: “La Policía Federal no debe ignorar que personal de su repartición y del Ejército Argentino (Batallón 601) fueron los autores del rapto de Osvaldo Sivak”. A los pocos días, el principal González, ayudante de Moreschi, “acusó de la comisión del secuestro del empresario Osvaldo Sivak a personal del servicio de inteligencia del Ejército y también a componentes de la policía bonaerense”. “González dijo que eran sospechosos de haber con-sumado el secuestro del empresario, José Banayas, Carlos Vivas, Arturo Piret; el teniente coronel Arias Duval, a quien identificó como primo del que fuera jefe de Coordinación Federal, y al comisario Figueroa y subcomisario Sosa, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Señaló igualmente que la investigación del secuestro estaba virtualmente resuelta, cuando se ordenó al comisario Moreschi que la abandonase. También indicó González que era de su conocimiento que en la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal se había solicitado al comisario Moreschi que ‘blanquease a los secuestradores’."(Crónica, 4/6/86). Los diarios informan ahora que la detención de Roberto Buletti, ex oficial de Policía, permitió detener a los secuestradores, todos ellos integrantes o ex integrantes de la Policía Federal. ¡Pero Buletti ya había sido denunciado por Marta Oyhanarte en octubre de 1985! El centro de operaciones de la banda estaba en Mercedes, a cargo del subcomisario Lorenzatti, delegado regional de la Policía Federal en esa ciudad. Uno de los detenidos, Lorea, autor del disparo que mató a Sivak, “sostuvo que en la delegación regional Mercedes se efectuaban reuniones con otros miembros de la banda. Uno de ellos ya ha sido identificado: es el ex oficial de la Policía Federal Ricardo Taddei, alias “El Cura”. Pero también habría entre quienes llegaban en autos Mercedes Benz y BMW otros subcomisarios que intervinieron en el anterior secuestro de Sivak” (Página 12, 10/11/87). Los datos de Lorea coinciden con lo que el comisario Moreschi había investigado un año y medio atrás: el Batallón 601 está involucrado en los secuestros. “Perejiles” y “peces gordos” Los autores materiales del secuestro y asesinato de Sivak han sido detenidos. Se trata de una banda responsable de otros secuestros y asesinatos, tráfico de drogas, contrabando. Con toda razón, el fiscal adjunto Carlos OIiveri sostuvo que se trata de “perejiles”. Las ramificaciones de este grupo en la Policía y el Ejército son vastísimas, en especial en los organismos de seguridad. Los diarios informaron que las investigaciones tuvieron un rápido giro desde la asunción del actual jefe de Policía, Juan Pirker, y desde que la causa judicial pasó a manos del juez Irurzun. Pero esto no resuelve el interrogante, de si Pirker e Irurzun se limitarán a una depuración controlada de los “perejiles”, para salvaguardara los “peces gordos”. Las declaraciones del jefe de Policía, quitando connotaciones “políticas” al secuestro criminal, revelarían las presiones dominantes para poner en caja a un grupo descontrolado y salvar a los aparatos enquistados en la cima del Estado. Por de pronto, Taddei y demás miembros del Batallón 601 (ligado a Guglielminetti) no han sido afectados. Los comisarios de Policía y los funcionarios del Ministerio del Interior, que pararon las investigaciones, tampoco. El caso Sivak es el hilo de una madeja que lleva al corazón del “narcoterrorismo”, de los ponebombas y golpistas, y hasta de grupos ligados a la patria financiera. Precisamente por esto serán preservados

El Colegio Electoral de Tucumán fue el escenario de la completa bancarrota de la política patronal democratizante. En su breve historia asistió a toda suerte de pactos a espaldas del pueblo, que culminó en un acuerdo secreto, pero no menos visible entre los “hombres de la vida” organizados en la UCR y los “hombres de la muerte” encabezados por este nuevo producto de la democracia que es Antonio Bussi —figura central del régimen de los 30.000 desaparecidos y de la patria financiera. Los primeros movimientos del minué tucumano fueron protagonizados por el gobernador, Riera, del PJ, y su anterior ministro de economía, Cirnigliaro, jefe derechista de un partido justicialista disidente, el F.A.P.. El ex jefe del Tesoro pidió el oro y el moro para que los electores de su partido aceptarán votar a José Domato, el candidato del PJ; desde 150.000 dólares en cheques posdatados hasta dos ministerios, la presidencia de una banca, la mayoría de los jefes de departamentos del Interior y una senaduría. Todo indica que el gobernador habría aceptado la extorsión, no así el candidato Domato, quien antes de suicidarse con semejante alianza ha preferido que se convoquen a nuevas elecciones, a las cuales pretende ir como jefe de una coalición con el PI, la DC y, quizás sí quizás no, el partido comunista. En este caso, Domato haría la pirueta normal en los políticos burgueses, en especial si son democratizantes, de sustituir el intento de alianza con el fascistizante Cirnigliaro por un intento de alianza con la izquierda “nacional y democrática”. Pero no solamente los justicialistas procuraron el pacto con Cirnigliaro para obtener los votos necesarios para consagrar a su candidato. También lo hicieron los radicales. Pero Raúl Chebaia tampoco pudo aceptar la extorsión del FAP porque ello podía desatar un escándalo nacional. También los problemas de puestos impidieron un acuerdo entre la UCR y el PJ, pues ambos querían llevarse la gobernación y la Intendencia de la capital, cuyo titular es nombrado por el voto de los concejales elegidos el 6 de setiembre. Estuvo ausente en todo momento la discusión de un programa para la provincia, cuya situación es sin embargo catastrófica. Esta lucha desesperada por el presupuesto provincial, demuestra que éste sería, aun en ruinas, un barril sin fondo para los apetitos de los políticos patronales. En el marco de todas estas disputas, la política del “procesista” y procesado Bussi se mantuvo firme en el propósito de impedir que el Colegio Electoral pudiera elegir gobernador, para lograr, como consecuencia de ello, la convocatoria a nuevas elecciones, pero quizás, principalmente, la intervención federal a Tucumán. La gran burguesía con intereses en Tucumán apoya ahora decididamente a Bussi, quien para conseguir semejante respaldo ha declarado con toda naturalidad que defiende, por supuesto que, a muerte, el régimen democrático. La oligarquía financiera ha encontrado su hombre y la oportunidad de hacer una brillante inversión de capital en su campaña. Explota así en beneficio propio la completa descomposición de la política democratizante. Bussi tenía, sin embargo, un escollo en su camino. De acuerdo a la constitución de la provincia el Colegio Electoral estaba obligado, en su tercera votación, a elegir gobernador entre los dos candidatos que hubieran obtenido mayores votos. Esto significaba claramente que quedaban excluidos los terceros y el voto en blanco. Bussi logró, sin embargo, que la UCR aceptara la legitimidad de los votos en blanco y la violación correspondiente de la Constitución. Al admitirse esta variante, los electores de Bussi y Cirnigliaro pudieron votar en blanco, impidiendo con esto que el candidato con mayor cantidad de votos obtuviera la mayoría absoluta que exige la constitución, lo que hizo fracasar al Colegio Electoral. Los electores radicales que aceptaron el voto en blanco lo hicieron violando una resolución en contrario de la Junta provincial de la UCR, pero con el apoyo de su candidato, Raúl Chebaia, lo cual equivale al respaldo del gobierno nacional. En una palabra, el manejo del Colegio Electoral se hizo con una montaña de violaciones. Bussi obtuvo lo que quiso: inviabilizar el Colegio Electoral. Pero no hubiera podido alcanzar este objetivo sin un acuerdo con la UCR. ¿En qué consistió este acuerdo? Sencillamente en que Bussi se ha comprometido a que sus concejales por San Miguel votarán al candidato radical para intendente. Los “estrategas” de la UCR están convencidos de que las próximas elecciones se polarizarán entre Bussi y Chebaia, entre la dictadura y la democracia, con el resultado de que se quedarán con la intendencia pactada con los dictadores y con la gobernación que obtendrían en oposición a ellos. Pero estos corruptores de la política no tienen en cuenta que en un próximo colegio electoral Bussi se puede aliar con Cirnigliario, estropeándoles la fiesta o, por sobre todo, que la crisis política provoque la intervención federal. Para evitar estos “sinsabores" se está hablando de reformar la ley electoral. No puede descartarse que el pacto Bussi-Chebaia tenga una cláusula que los comprometa a votar en el futuro Colegio Electoral al candidato que obtenga mayor número de sufragios en las próximas elecciones. La oligarquía tendría así un menú de opciones, superando la descomposición del justicialismo. Una intervención federal que hiciera el "negocio sucio" de despedir masivamente en la administración pública, le podría venir como anillo al dedo a Bussi, quien luego no tendría que ejecutar esa tarea si sale gobernador. El enlace entre Chebaia, hijo de un desaparecido, y Bussi, jefe de los victimarios, constituye la simbólica ofrenda que los políticos patronales hacen a la defensa de su propiedad y de su Estado. Tucumán es la expresión más acabada y consecuente de la descomposición del régimen democratizante a nivel nacional. El progreso electoral de Bussi es un síntoma inequívoco de que las contradicciones de la sociedad han superado la capacidad de arbitraje de la “democracia". Es precisamente esto lo que puso de relieve el fracaso del Colegio Electoral. Las masas tucumanas están hartas del macaneo democrático, quieren soluciones prácticas a la situación límite en que se encuentran. Bussi explota su imagen de “orden” y de “pago puntual de los sueldos”, y con el mismo esmero oculta que sus “soluciones prácticas" tendrán lugar sobre las espaldas de los trabajadores. La clase obrera consciente cometerá un serio error si pretende derrotar a Bussi con una política democratizante y peor, si como consecuencia natural de esta política se alinea con un frente renovador o radical. Las masas le dan la espalda a la verborragia democrática y a los políticos que la representan, más todavía después del bochornoso Colegio Electoral. Sólo una mejoría en la situación económica, a todas luces casi imposible, podría detener el ritmo de la descomposición política. Es necesario hacer la denuncia de la descomposición y de la inviabilidad del régimen democratizante. Pero esto solo no alcanza. Para que las masas desilusionadas se reagrupen en torno a sus propios intereses, en oposición a los explotadores, son necesarias consignas que impulsen un rumbo de lucha. En Tucumán hay un amplio movimiento de huelgas contra el gobierno y las patronales, y un igualmente amplio movimiento contra la burocracia sindical, que se juega la carta de la derrota del movimiento obrero. Es necesario, por lo tanto, lanzar la consigna de un inmediato impuesto a las patronales para pagar los sueldos; elevar los mínimos al nivel de subsistencia de ₳ 1.000; abrir los libros de las empresas y bancos, incluidos los estatales, para controlar la producción y los movimientos de fondos; estatizar bajo control obrero a los ingenios, para evitar su cierre, para terminar con el vaciamiento, para garantizar la zafra de cuatro meses, para que el plan de alconafta sirva a los intereses populares. Sobre la base de un programa de reivindicaciones de estas características es necesario preparar mediante la agitación y la organización la huelga general; con pronunciamientos dirigidos a los sindicatos y a la CGT y eligiendo comités de lucha en las reparticiones, empresas y fincas. En tomo a esta política es necesario llamar a un frente político común a todo el activismo de la clase obrera. Es sobre la base de la lucha que hay que plantear la intervención en la crisis política. Por un candidato común de la clase obrera contra todos los partidos patronales, es una consigna que servirá para reagrupar políticamente a la masa de activistas en lucha. La política con relación a los partidos de izquierda debe estar dictada por este objetivo. La lucha por la huelga general y por el candidato obrero contra los explotadores, debe ser impulsada mediante la formación de comités de base en los lugares de trabajo y en los barrios, de modo que el movimiento se ligue a las grandes masas, y con la perspectiva de organizar un gran congreso obrero provincial. Todos trenzaron con Bussi y Bussi trenzó con todos El fracaso de los políticos patronales para elegir gobernador de Tucumán ha provocado una enorme repulsa entre el pueblo, el cual ve en este hecho la indefinida postergación de soluciones a su desesperante situación económica. El “procesista” y procesado Bussi ha tenido la habilidad de presentarse como completamente ajeno a las distintas negociaciones que jalonaron este fracaso. El ex jefe de los grupos de tareas capitaliza así el derrumbe democratizante. La realidad, sin embargo, es que Bussi fue el actor principal de todas las sucias trenzas que se procuraron enhebrar en Tucumán. Todos los políticos democratizantes, sin excepción, recurrieron a él para conseguir el voto de sus electores. Al final, como se sabe, la trenza ganadora fue la del radical Chebaia, apoyado por Nosiglia y Alfonsín. El primero en trenzar fue Domato, apenas 24 horas después de las elecciones. Las prebendas que ofreció a Bussi no conformaron a éste, para quien no había nada mejor que el fracaso del Colegio Electoral. Domato negoció con Bussi a espaldas del PJ, y más tarde se vio obligado a publicar una solicitada “aclaratoria", porque Bussi le hizo la cama dejando trascender esas reuniones. El videliano logró así “quemar" a uno de sus oponentes democráticos. El segundo en la fila de los trenzeros fue Cirnigliaro, quien siempre se movió con la velada amenaza de un apoyo de Bussi para conseguir los votos del P.J. oficial. Las reuniones con los bussistas fueron numerosas, pero sin resultado. Como se informa en el artículo, fue el radical Chebaia quien logró ese ansiado acuerdo, pero en los términos del ex agente de Martínez de Hoz. Los políticos democráticos capitularon ante el militar derechista. De este modo agravaron la impasse de la provincia y el descontento popular. Lograron la rara hazaña de cargar sobre sus espaldas la política de Bussi. Esta experiencia elemental nos está diciendo que bajo ninguna circunstancia el movimiento obrero y la izquierda pueden ir a la rastra de los democratizantes en una pretendida lucha de éstos contra Bussi. Hay que organizar un polo obrero Independiente capaz de desenmascarar al procesado y a sus compinches democráticos. ¡Por un programa de acción! Que la Coordinadora de estatales vote y organice la huelga general En Tucumán las masas libran una lucha desesperada. La CGT, sin embargo, está completamente borrada. Se ha formado, si, una Coordinadora de Gremios Estatales manejada por la burocracia sindical, que naturalmente ha sido incapaz de impulsar enérgicamente las luchas de los trabajadores. Para quebrar esta parálisis es necesario exigir que la Coordinadora vote paros progresivos y la huelga indefinida, organizando para ello asambleas, comités de base y piquetes, los cuales deberían elegir un comité de huelga provincial, al que deberían llamar a integrar a los sindicatos y organizaciones de base de toda la provincia.

Más allá de las disputas burocráticas entre la Celeste (Garcetti) y la Verde (Arizcuren) por el control de la CTERA, ninguno de estos dos sectores vacila un minuto a la hora de unir fuerzas para reventar la lucha docente. Es así que el sábado pasado los confederales de ambas fracciones decidieron posponer medidas de fuerza hasta el próximo año, contra la expresa voluntad de los mandatos de los delegados. Mientras tanto, Salta continúa con paros de 72 hs semanales, Tucumán con 48 hs continuas, Neuquén paraba esta semana por 72 hs y Santa Fe se encuentra en paro indefinido. Las asambleas de base de la gran mayoría de las entidades, incluido el SUTEBA, se habían pronunciado la semana pasada por continuar la lucha en lo que resta de noviembre. Los docentes se enteraron por los diarios, días antes del confederal, de la propuesta de la JE de Garcetti de finalizar anticipadamente el ciclo lectivo. Pero esto era, en realidad, una simple maniobra para provocar algún acuerdo con el gobierno. Este, lejos de amedrentarse, amenazó al sector Garcetti con ilegalizar la medida, lo cual fue excusa suficiente para capitular. Arizcuren ni se tomó el trabajo de amenazar. En definitiva, más allá de las acusaciones mutuas, Arizcuren y Garcetti han coincidido en rifar los reclamos docentes en el 87, aislando a las provincias en lucha y aceptando pasivamente el congelamiento dispuesto por el gobierno. TRIBUNA DOCENTE denuncia que Garcetti y Arizcuren están preparando un nuevo congreso absolutamente proscriptivo, donde piensan repartirse los puestos sobre la base de regimentar profundamente al gremio. En oposición a esto llamamos a luchar por un congreso de unidad con delegados elegidos en asamblea por sistema proporcional y con mandatos de lucha.

La voz de la compañera doméstica Las domésticas son un objeto de la patronal y de la burocracia. No tienen sindicato, ni obra social, ni beneficios. Si deciden aportar a la Caja de Jubilación, se quedan sin sueldo. No tienen horarios. ni una garantía de sueldo mínimo. Es un gran sector explotado que requiere ser organizado. Paulina (Barrio Los Hornos, La Plata)

Una enorme desorientación reina en el movimiento secundario de la Capital. Protagonista de grandes movilizaciones a partir de 1984, ha prácticamente desaparecido a lo largo de 1987. Una situación que se explica por el completo desmoronamiento de la FES, que prácticamente ha dejado de existir. La Comisión Directiva hace mucho tiempo que no funciona por la completa parálisis del PC (mayoría), el abandono de los cargos del Mas y la renuncia reciente de los correspondientes a la UES. Franja Morada procura montar una organización al amparo de los recursos oficiales. En estas condiciones el Congreso de la FES, convocado para el próximo sábado 21, se ha convertido naturalmente en un Congreso de crisis. Se está librando una disputa sobre la representatividad de los eventuales delegados, que apenas logra ocultar la magnitud política de la impasse. Cretinismo Una parte de los activistas del PC y del PI, que están en ruptura con sus direcciones, plantean que la reconstrucción de la Federación sería una cuestión de “métodos democráticos", y no del objetivo político que la debería presidir. Por otro lado, ha surgido una serie de grupos independientes que proponen directamente excluir a las organizaciones políticas, porque solo esto permitiría que las bases secundarlas pudieran expresarse. Todos estos datos de la situación de la FES llevan a la conclusión de que, después de haber impulsado durante tres años una política de apoyo al régimen democratizante, estas mismas tendencias democratizantes quieren salvar su reputación y su monopolio organizativo pasándose al campo del apoliticismo, el cual es una forma vergonzante y miserable de la misma política de sostenimiento al régimen existente, es decir al régimen capitalista que pretende encubrir su carácter de clase con la fraseología democrática. El problema de la reorganización de la FES depende hoy, enteramente, de la política que decidan los activistas, porque sobre los hombros de éstos recaerá la tarea de ir a las escuelas para impulsar la tendencia de lucha de los estudiantes y la organización de los centros. Si se trata de la política derechista del apoliticismo, tan cara a Todos por la Patria, tendremos de nuevo una estrategia de seguidismo a los partidos patronales, qué no tienen otra política que la entrega nacional y la superexplotación. Quienes durante tres años hicieron un uso abusivo del “aparato” y de la digitación se han convertido de repente al “antiaparatismo” con la única finalidad de evitar la politización revolucionaria de la vanguardia del estudiantado. Se pasa del cretinismo burocrático al cretinismo antipartidario y antipolítico, cuya característica común es seguir en el campo democratizante burgués. Al igual que lo que ocurre con el movimiento de todas las capas explotadas, las reivindicaciones del movimiento estudiantil por la democracia y la independencia nacional, chocan con la burguesía, su Estado y sus partidos. Esto debe llevar al movimiento estudiantil a evolucionar hacia el socialismo y la revolución, a lo cual se oponen las tendencias democratizantes. La función del activismo del movimiento estudiantil no es sembrar la confusión apolítica sino dotar al movimiento de un programa y de una línea de acción conforme con él. Los compañeros que están rompiendo con el PC y el PI no pueden dar el salto atrás del democratismo apolítico, que los conduciría a corto plazo a la más completa desmoralización. La UJS llama a desembarazar al movimiento estudiantil de la tutela de la burguesía democratizante y a organizar a la FES con un programa de acción y principios revolucionarios.

De la limpieza y honestidad del acto electoral de diciembre dependerá que pueda triunfar una nueva conducción, para terminar con los acuerdos salariales humillantes, para terminar con los despidos y suspensiones, para terminar con la división del gremio y para recuperar la democracia sindical. ¡Para garantizar la fuerza y transparencia de los comicios, la Naranja logró en la última reunión de Comisión Directiva un conjunto de normas democráticas: 1)La autorización para votar y ser candidatos para los represaliados en el último periodo; 2) la posibilidad de ser candidato con 6 meses de antigüedad como afiliado, sin distinción de nacionalidades; 3) el cierre de los padrones al 15 de noviembre y 4) la votación con urnas en los talleres con más de 30 afiliados. Lo que no se consiguió fue la modificación de este Estatuto proscriptivo aprobado en 1974 por el lopezrreguismo. A esto el ongarismo se opuso obstinadamente. El control de la Junta Electoral por la Naranja es vital porque significa la única garantía de elecciones limpias y democráticas frente al monopolio de las afiliaciones y los padrones que tiene la Verde-Calipo. ¡Todos a la Federación de Box! La Asamblea General gráfica es un gigantesco desafío para el activismo y los j trabajadores nuclearios en la Naranja. La Naranja ha convocado a la movilización del gremio para concurrir el 16 a la Federación de Box, mediante asambleas previas en los talleres, y llamando a cumplir masivamente el abandono de tareas a partir del mediodía. Para esto la Naranja pone micros para garantizar la presencia de los talleres más lejanos y numerosos. La Asamblea General del 16 de noviembre en la Federación de Box es una cita de honor para todos los trabajadores gráficos, donde comenzará a definirse el futuro del Sindicato Gráfico.

El gran batacazo en las elecciones de Santa Fe lo constituyó el espectacular triunfó en Rosario de su actuar intendente, el radical Usandizaga. Consiguió atraer unos 80.000 votos, en relación al 6 de setiembre, que los sacó del PDP, el PSP, la UCD y hasta de una parte de la izquierda. Entre radicales y peronistas, se llevaron el 93% de los electores rosadnos. Naturalmente, la caída del resto de los partidos en esta ciudad fue estrepitosa. Usandizaga obtuvo la mayoría de sufragios en los barrios acomodados y del centro, donde viven los principales beneficiarios de la obra pública municipal. Estos resultados han llevado al extremo la contradicción entre los pronunciamientos electorales y la constante lucha popular contra el gobierno de Alfonsín y los gobiernos provinciales peronistas. Esta contradicción revela la crisis de dirección del movimiento popular, la cual deberá resolverse como consecuencia de la crisis del régimen democratizante y de sus partidos, y de la lucha por estructurar una vanguardia obrera revolucionaria. El Partido Obrero se presentó en once municipios, y si se exceptúa el gran retroceso operado en común con el conjunto de los partidos en Rosario, se observa un crecimiento del 50 % de los votos. El mejor resultado del P.O. se obtuvo en la ciudad capital, Santa Fe, con un crecimiento del 63 % en relación al 6 de setiembre.

Ya sobre la hora, el “flamante” bloque Ongaro-Calipo convocó para el próximo 16 de noviembre a la Asamblea General gráfica que debe aprobar la Memoria y Balance 85/86 y elegir la Junta Electoral de cara a los comicios de diciembre. Esta demora estuvo dictada por una sola preocupación: evitar la participación masiva de las bases. Los Verde-62 excluyeron del orden del día los temas más urticantes que preocupan al trabajador gráfico. Es así que estarán ausentes del temario la cuestión salarial, el anteproyecto de convenio y la ola de suspensiones y despidos que azotan al gremio. La exclusión de cualquier planteo de lucha frente a estas cuestiones vitales es una ratificación de la estrategia que sigue esta burocracia, que consiste en atomizar la resistencia obrera. Con estos métodos se pretende convertir a los despidos en factor de desmoralización, cuando debiera ser un factor de lucha. Al quitarle a la Asamblea toda vinculación con los intereses cotidianos de los trabajadores, se pretende que ésta no tenga un carácter masivo y así poder imponer una Junta Electoral burocrática. La importancia de la asamblea general A pesar de que los temas vitales del gremio no están en el orden del día, es indudable que la elección de la Junta Electoral los comprende a todos. De la limpieza y honestidad del acto electoral de diciembre dependerá que pueda triunfar una nueva conducción, para terminar con los acuerdos salariales humillantes, para terminar con los despidos y suspensiones, para terminar con la división del gremio y para recuperar la democracia sindical. ¡Para garantizar la fuerza y transparencia de los comicios, la Naranja logró en la última reunión de Comisión Directiva un conjunto de normas democráticas: 1)La autorización para votar y ser candidatos para los represaliados en el último periodo; 2) la posibilidad de ser candidato con 6 meses de antigüedad como afiliado, sin distinción de nacionalidades; 3) el cierre de los padrones al 15 de noviembre y 4) la votación con urnas en los talleres con más de 30 afiliados. Lo que no se consiguió fue la modificación de este Estatuto proscriptivo aprobado en 1974 por el lopezrreguismo. A esto el ongarismo se opuso obstinadamente. El control de la Junta Electoral por la Naranja es vital porque significa la única garantía de elecciones limpias y democráticas frente al monopolio de las afiliaciones y los padrones que tiene la Verde-Calipo. La Asamblea General gráfica es un gigantesco desafío para el activismo y los j trabajadores nuclearios en la Naranja. La Naranja ha convocado a la movilización del gremio para concurrir el 16 a la Federación de Box, mediante asambleas previas en los talleres, y llamando a cumplir masivamente el abandono de tareas a partir del mediodía. Para esto la Naranja pone micros para garantizar la presencia de los talleres más lejanos y numerosos. La Asamblea General del 16 de noviembre en la Federación de Box es una cita de honor para todos los trabajadores gráficos, donde comenzará a definirse el futuro del Sindicato Gráfico.

La asamblea general del gremio gráfico deberá considerar la Memoria y Balance presentada por la conducción ongarista. Esta Memoria consiste en un grueso volumen concebido para que nadie lo pueda leer y entregado con apenas una semana de anticipación a su consideración por la Asamblea. Esta Memoria y Balance no fue sometida a la aprobación de la Comisión Directiva del Sindicato, lo que muestra los extremos de autoritarismo y arbitrariedad con que se maneja Ongaro-Calipo. Se trata, por lo tanto, de una Memoria muy especial, pues corresponde a la Verde-62 y no al Sindicato Gráfico. Este hecho pone a la Memoria y a sus autores fuera del Estatuto. Pero más grave todavía es que Ongaro-Calipo presenta una Memoria y Balance de los años 1985-86, sin hablar una palabra de 1987, cuando ya estamos a finales del año. El Estatuto establece que las Memorias y Balances del Sindicato deben presentarse anualmente. La Asamblea no podrá discutir entonces los problemas de actualidad. La Memoria Verde-62 no habla una palabra, en sus casi ¡200 páginas!, de la brutal caída salarial ni de los vergonzosos acuerdos salariales firmados por la Verde-Calipo. Da por aprobado el anteproyecto de convenio, que no fue discutido por el gremio y que contiene puntos inaceptables como la incorporación de los encargados al gremio, la legalización de los despidos por cambio tecno-lógico, el descuento del 50% del primer aumento para el sindicato, etc. Se lava las manos de los despidos de activistas y delegados que sistemáticamente han venido realizando las patronales y oculta prolijamente el vaciamiento de la Obra Social. De la transcripción que la Memoria hace de las reuniones de Comisión Directiva, surge que los acuerdos salariales ruinosos no fueron aprobados por la Comisión Directiva, como que tampoco fueron tratados en la Directiva los principales conflictos del gremio. Es decir, que el ongarismo obró por la suya, violando la legalidad gremial. De la Memoria se desprende la total ausencia de plenarios de delegados (sólo uno en 1987) y de asambleas generales (dos en tres años). La línea política de la Memoria propugna el colaboracionismo con las patronales, cuyos reclamos de prebendas, de privatización de imprentas estatales, de rebajas aduaneras, de créditos baratos y de subsidios estatales, la Verde-Calipo hace suyos. El hilo conductor de toda la Memoria y Balance de Ongaro-Miguel es el alineamiento con el gobierno y la burocracia, pues justifica la aceptación de los decretos que suplantaron la libre negociación colectiva de los salarios y la integración de los sindicatos al Estado, inscripta en las “leyes laborales”. La Memoria llega a justificar la disolución de la Federación Gráfica Bonaerense, en 1974, efectuada a sangre y fuego por López Rega y Miguel, admitiendo el derecho que tendría para ello un gobierno constitucional. ¡Qué precio que paga Ongaro, secretario general de aquella Federación combativa, por su actual alianza con las 62! Los resultados de esta política de Ongaro allí están: caída salarial sin precedentes, despidos, pisoteo de la democracia sindical. Es necesario cambiar de política, y, por lo tanto, de dirección en el Sindicato Gráfico. El 16 de noviembre, en la asamblea, rechazando esta Memoria, y el 17 de diciembre en las urnas, votando a la Naranja.

En la mañana del 30 de octubre más de 3000 estibadores votaron en una Asamblea General la renuncia del odiado César Loza y pararon completamente el puerto hasta que el burócrata presentara esa renuncia por escrito. La asamblea había sido convocada por la burocracia para aprobar la Memoria y Balance del SUPA, pero terminó eligiendo una Comisión de Lucha. “Ganamos por homicidio", sintetizó un compañero. No era para menos, pues los trabajadores portuarios identifican a la burocracia del SUPA con los salarios miserables, con la parálisis ante la falta de “pique" (trabajo) y con las terribles condiciones de trabajo, seguridad e higiene que han causado la muerte de más de diez compañeros en lo que va del año. Entre los trabajadores del puerto. Loza es sinónimo de entrega y explotación. Sin embargo, no había terminado aún de vaciarse el Cedecom, cuando ya la burocracia derrotada en la asamblea comenzaba sus maniobras: una circular firmada por algunos miembros de la Directiva (pero no por Loza) se comprometías convocar elecciones en 90 días, pero sin decir una palabra sobre la renuncia de Loza y, obviamente, desconociendo a la Comisión de Lucha. Quiere repetir la historia A principios de 1986, César Loza comenzaba su segundo mandato al frente del SUPA, luego de haber obtenido más del 60 % de los votos. Pese a su triunfo holgado, Loza estuvo jaqueado por los trabajadores desde el comienzo. Es así que, a mediados de 1986, otra asamblea general votaba la renuncia de Loza, la que no se hizo efectiva porque el Ministerio de Trabajo salió en defensa del burócrata y anuló la asamblea por “salirse del temario". Desde ese mismo momento, cada asamblea del SUPA fue una batalla para voltear al burócrata. Entretanto, la situación de los trabaja-dores se iba agravando debido a la brutal caída salarial (el jornal pagado es de ₳ 23,- lo que significa que teniendo la “suerte” de trabajar todos los días — una verdadera rareza— se levantan ₳ 552 al mes, una tercera parte de la canasta familiar), a la terrible crisis laboral (menos de la mitad de los estibadores que concurren diariamente al Cedecom con-sigue enganche); y a las perspectivas, cada vez más cercanas, de privatización del puerto, con la secuela de despidos y pisoteo de las conquistas laborales que ello significa. Contraataque La Comisión de Lucha, elegida en la asamblea del 30 de octubre está encabezada por el PC y los renovadores. Pero no solamente no ha dado señales de vida, sino que en el paro de la CGT concurrió al acto detrás del burócrata destronado!! Ni lento ni perezoso, Loza lanzó un brutal contraataque. En un comunicado de neto corte fascista, desconoció la asamblea y su renuncia y aun la convocatoria a elecciones anticipadas en el SUPA. El Ministerio de Trabajo radical salió, naturalmente, en auxilio del burócrata: anuló la asamblea aduciendo esta vez que los veedores del Ministerio no estaban presentes. Ahora Loza ha convocado a una nueva asamblea general para el 13 de noviembre. Es indudable que prepara un gran ataque físico, terrorista contra la oposición y repetir, ampliada, la historia de 1986. Demos el golpe de gracia El activismo y los trabajadores del puerto no quieren repetir esta película. Por este motivo un sector del activismo portuario está discutiendo organizar el boicot a la asamblea de Loza por fraudulenta y gansteril. La Comisión de Lucha debe tomar esta tarea en sus manos, y convocar ella misma a una verdadera asamblea general del puerto que vote un plan de lucha por un jornal de ₳ 50, la garantía normal de 24 jornales (sin requerimiento alguno de jornadas trabajadas), el control obrero sobre las condiciones de trabajo, seguridad e higiene y contra las privatizaciones. Con el puerto de pie y movilizado, Loza no volverá jamás.

Hace quince días se realizaron elecciones de interna en la mayor obra de la construcción de La Plata —SADE—. Ganó por amplio margen la lista oficialista (orientada por Fernández, del peronismo renovador). La vanguardia de la obra se presentó dividida por la política divisionista de la dirección del PC a pesar de las tendencias contrarias en su propia base. Luego de las elecciones, la agrupación clasista Morada dirigió una carta abierta a la Verde (PC) para reabrir el debate sobre las razones que llevaron a la fragmentación del activismo antiburocrático. La carta de la Morada señala que “un simple recuento de los votos pone de relieve que, pese a los miserables acuerdos de ‘paz social' firmados por Fernández, el emblocamiento progresivo con Parías (que irá acentuándose como fruto de las crisis y realineamientos en la CGT) y las descaradas violaciones a la democracia sindical en asamblea, la mayoría de la obra no ha roto aún con esta dirección de los 25. Dirección que, por otra parte, explota y manipula el ascenso antiburocrático del 85, posando de ‘combativa’ y partidaria de la democracia sindical.” Efectivamente, hace tres años la burocracia entreguista de Cendoya había sido barrida de la seccional por una lista del Frente de Agrupaciones liderada por Fernández, en la que confluían corrientes del peronismo que hoy militan en el cafierismo y la propia Lista Verde del PC. Este movimiento, que en su momento arrastró en masa al activismo antiburocrático, formó la nueva burocracia de la UOCRA La Plata y de la propia Sade. Para la Morada, por este motivo, “desenmascarar al fernandismo (que en la regional busca articular a los 25 y al movimiento sindical peronista renovador alrededor de la UOCRA) sigue siendo un problema fundamental. No habrá superación de esta burocracia ‘vocinglera’ y democratizante sin una clara delimitación clasista frente a todos los bloques burocráticos (ubaldinismo, 25, 62), de critica implacable a sus programas de compromiso con la patronal (26 puntos de la CGT), de denuncia clara de sus limitaciones demagógicas (“moratoria”, “liberación o dependencia”) y de su CONDUCTA PRACTICA pro patronal y de componenda con la dirección podrida del ex-sargento Farías." “Los acuerdos de ‘paz social’ no son simplemente traiciones al programa del Frente de Agrupaciones fernandista (como tampoco lo es la separación de la directiva del dirigente verde Páez, consumada recientemente), sino la consecuencia de las tremendas limitaciones de un Frente que se estructuró levantando las banderas de la “oposición”, “pluralismo" y “liberación”, en oposición al clasismo (es decir a la independencia de clase frente a la patronal y sus partidos)". La Morada destaca que el planteo de la Lista Verde de “reactualizar el programa del Frente de Agrupaciones" es una capitulación y un gigantesco paso atrás. Muestra la gigantesca derechización del PC en este frente, quien se pasa así a la alianza política con los representantes, e incluso agentes, de la burguesía cafierista (la cual, por otra parte, está sólidamente ligada a los Pérez Companc-Sade). “Un frente de las agrupaciones Verde, Morada y Pollo Flores (tal cual fue reclamado una y otra vez por nosotros) —prosigue la Morada— hubiese canalizado la expresión antiburocrática de un sector importante de la obra (por separado sacamos 450 votos) y, lo que es más importante, hubiese potenciado una perspectiva clasista e independiente de Medina, Fernández y los 25. Le cabe a vuestra agrupación (como puede constatarlo cualquier militante de la Verde) la responsabilidad fundamental de haber quebrado la unidad antiburocrática. Un balance serio de Sade (y éste es imprescindible toda vez que constituye un anticipo de las elecciones de seccional) replantea la necesidad de un amplio debate entra nuestras agrupaciones sobre cuestiones vitales para los trabajadores de la UOCRA La Plata: caracterización de la conducción, programa, vigencia del clasismo oportunidad del frente único.”

Los trabajadores del Nación han estado a la cabeza de los paros bancarios y han sido los verdaderos fogoneros de este plan de lucha. La semana pasada, las asambleas de sección y de sucursales, y el propio plenario de delegados de base, votaron la profundización de las medidas. Sin embargo, esta resolución no fue tenida en cuenta por la Comisión interna —de mayoría zanolista— quien se subordinó al plan de lucha de la Bancaria, de características inferiores y desventajosas respecto del votado en el Nación. La gremial no puede ser la sucursal del zanolismo, sino la escrupulosa cumplidora de las resoluciones de asamblea. Esta distorsión debe corregirse enérgicamente, eligiendo una comisión de lucha que sea responsable ante la base. Si la lucha recae sobre los hombros de los compañeros y compañeras del Nación, también deben recaer sobre ellos las decisiones. Proponemos: una asamblea general del banco, con la presencia de los delegados de sucursales y agencias, para rechazar la conciliación y votar un plan de lucha. Llamar a una movilización del conjunto de la banca estatal, formando una coordinadora de delegados.

Al momento de escribir estas líneas, el Ministerio de Trabajo ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto bancario. La burocracia de la AB ha resuelto acatarla presurosamente y levantar todas las medidas de fuerza, sin consultar siquiera al plenario de delegados. Se trata, indudablemente, de un levantamiento “concertado” entre Zanola y el Ministerio de Trabajo. Esta era la única "salida” para los burócratas a partir de la evidencia de que la lucha se iba profundizando en la banca estatal y cooperativa, a pesar de la política de desgaste del sindicato. En el plenario de delegados generales del lunes 9 se llegó incluso a producir una fractura entre las internas zanolistas con Zanola, cuando aquéllos votaron, junto con la izquierda, una profundización del plan de lucha que establecía el cierre de los bancos por jornada entera. La gestión de la conciliación obligatoria por parte de Zanola debería ser suficiente para eliminar toda idea sobre una supuesta posición de lucha de la burocracia de las 62. La aceptación de la conciliación significa echar por la borda semanas de lucha y sacrificio de los bancarios, lo cual es inaceptable. De otro lado, procura abortar un movimiento profundamente encarnado en las bases. A partir de esto entendemos que corresponde convocar a asambleas de banco que discutan la situación y que voten tres medidas principales: 1. rechazo de la conciliación y elaboración de un plan de lucha; 2. formación de una coordinadora de delegados de los bancos estatales y cooperativos, que deberá extenderse a los bancos privados; 3. campaña por una asamblea general de seccionales del sindicato. 1. Asambleas por banco 2. Coordinadora de delegados en lucha 3. Asamblea general de seccionales

FOETRA Tráfico de pie En Foetra Capital se reunió la asamblea de Tráfico. Es uno de los sectores más postergados del gremio, tanto que el plano salarial, como por la represión que debe soportar (el caso más notorio es Internacional, donde las sanciones y amenazas son moneda corriente). La asamblea de Tráfico fue la culminación de un proceso de asambleas, reuniones y reclamos por edificios y sectores. Los compañeros de Tráfico aprobaron un pliego que reclama la actualización de adicionales (Idioma, sala de tráfico, falla de caja, turnos diagramados), el mejoramiento de las condiciones de trabajo y un aumento de emergencia de ₳ 300 para todo el gremio. La directiva de Foetra Buenos Aires impugnó el carácter resolutivo de la asamblea. Sin embargo, tuvo que comprometerse a elevar el reclamo de Tráfico a la administración de Entel. El viernes 13 se realizará una nueva asamblea en que se Informará del resultado de estas gestiones. Si no hay soluciones, esa asamblea debe votar un plan de Tráfico (quite de colaboración y plenario de delegados para sumar a la lucha a todo el gremio). Tráfico está tomando la Iniciativa contra la miseria salarial y la superexplotación y contra la parálisis de la burocracia guillanista.

La izquierda argentina, y en especial el Mas, ha hecho una reivindicación extraordinaria de la moratoria de la deuda externa decidida por Brasil hace ocho meses. Tiempo atrás el periódico del Mas graficó su apoyo al gobierno brasileño de una manera tan ingeniosa como clara: un tranvía latinoamericano que era conducido por el presidente Sarney, llevaba como pasajeros a Alan García y al ex presidente de Bolivia, Siles Suazo, con el Mas trepado en los estribos de la parte trasera del vehículo. A confesión de parte... Ciertamente, la cuestión de la moratoria brasileña se ha ido convirtiendo con el tiempo en una de las ramificaciones de la crisis financiera mundial. El krach de las Bolsas ha deteriorado la posición de los bancos acreedores como consecuencia de la devastadora caída de los precios de sus acciones. Estos bancos no tienen ahora la posibilidad mercado internacional. Cualquier moratoria de un país endeudado agrava naturalmente esta situación. Según las últimas informaciones, Brasil y los Bancos habrían llegado a un acuerdo para poner fin a la moratoria. Sin embargo, las características del acuerdo hacen pensar que un arreglo real estaría muy distante. Brasil se comprometió a congelar en un banco de Suiza una parte de los intereses que adeuda, y otro tanto harían los bancos acreedores con una parte del dinero que Brasil reclama para refinanciar la deuda. La configuración de una gran crisis financiera y política está muy clara. ¿Pero qué han sacado a favor de sí mismos los pueblos y las naciones de esta moratoria burguesa? En relación a los trabajadores las consecuencias han sido nefastas. El gobierno aprovechó la moratoria para reponer las reservas del Banco Central, reforzando las posiciones de la burguesía. Pero los trabajadores han perdido un 30% de los salarios como resultado de los “rodrigazos” o “australazos” del gobierno patronal. En otro plano, Autolatina (Ford y Volkswagen) sola ya despidió en los últimos quince días a doce mil trabajadores. Como cualquiera se lo podría imaginar, la consecuencia de todo esto es un profundo movimiento de luchas de los sindicatos brasileños. La burguesía ha utilizado la moratoria para ampliar su negociación con el imperialismo y, simultáneamente, para golpear a los trabajadores; Uno de los frutos de esta política es el desarrollo, aunque limitado, de una industria de informática nacional, que el imperialismo pretendía obstaculizar. Pero este desarrollo tiene lugar en los productos menos sofisticados tecnológicamente abriendo el mercado a IBM, por ejemplo, en la producción más compleja. A partir de aquí es indudable que se marcha hacia una asociación. El otro punto de la moratoria es la confiscación de los ingresos de los trabajadores en favor del capital. Hay, sin embargo, otro aspecto más. Los ruidos de la crisis han ocultado que, en verdad, la moratoria brasileña es un mito. El ministro de economía de Brasil, Bresse Pereira, acaba de declarar que “Brasil está pagando en concepto de intereses, de amortización de capital de la deuda y de rescate de bonos un total de 8.500 millones de dólares a sus acreedores. La suspensión de los pagos es de apenas 4.000 millones de dólares” (Jornal do Brasil, 25/10). Es decir, que la moratoria burguesa significa el pago de un tributo al capital imperialista del orden del 3,5 % del producto nacional de Brasil, o del ¡25 %! del ingreso de los trabajadores, quienes son los que realmente pagan ese tributo. Es que en Brasil el 50 % de la población solo recibe el 13 % del ingreso nacional. Es necesario desenmascarar las limitaciones de la moratoria en tanto que pretendida medida nacional; destacar asimismo que la burguesía la pone al servicio de una mayor explotación de los trabajadores en provecho propio; denunciar su carácter de maniobra para desviar la lucha de las masas de su camino independiente del capital y de la pequeña burguesía demagógicos. La moratoria brasileña es la que inspira a “nuestros” renovadores del peronismo. Domingo Cavallo, representante peronista del gran capital, acaba de propugnar una moratoria de la que queden excluidos los pagos de los intereses que corresponden a los créditos comerciales, de los créditos contraídos con organismos públicos y de los bonos o títulos emitidos por el gobierno nacional. Es decir que, al igual que en Brasil, la moratoria solo afectaría a la deuda financiera. Simultáneamente propuso la concesión de “zonas francas” al capital extranjero y nacional y la aplicación de la “capitalización” de la deuda financiera con lo cual se terminaría pagando también la parte de la deuda externa afectada a la moratoria. La madre del borrego salta aquí. La aplicación de la moratoria a la llamada deuda financiera tendría la finalidad de forzar a los acreedores a vender esa parte de la deuda a los capitalistas argentinos por debajo de su precio original (este “precio de mercado” es hoy un 65 % inferior al valor de contratación de la deuda). Los capitalistas nativos convertirían esa deuda en australes, guardándose toda o gran parte de la diferencia. En los últimos días habría existido, precisamente, una amenaza de moratoria del gobierno argentino, que habría sido disipada por el embajador norteamericano, Gildred, al conseguir que fuera aprobado un “crédito-puente” de 250 millones de dólares para Argentina. Tenemos en todo esto un síntoma de que los Alfonsín también podrían querer encubrir su política antinacional y antiobrera con la moratoria que reclaman los Ubaldinis, los Alende, Todos por la Patria y el Mas. A esta maniobra se la debe enfrentar con dos grandes consignas: salario y jubilación mínimos de ₳ 1.000 y no pago de la deuda externa.

La semana pasada estuvo a punto de producirse una importante crisis política. Durante varios días los funcionarios alfonsinistas estuvieron agitando el “fantasma” de la moratoria. El secretario de Hacienda, Mario Brodersohn, efectuó un viaje de incógnito a Brasil, a instancias de Alfonsín, para coordinar una supuesta moratoria que ni Ignacio López, ni Carlos Becerra quisieron desmentir. El detonante de todo esto fue, según Clarín (8/11/87), que “el Fondo había reclamado a la Argentina, para conceder el nuevo tramo de su crédito, un tipo de cambio más alto y una nueva baja en el salario real, dicho esto con otras palabras, por supuesto”. Alfonsín convocó entonces al embajador norteamericano Teodoro Gildred, y le hizo saber que no accedería a las nuevas exigencias del FMI. Mr. Gildred se comunicó con Washington y en horas quedó expedido el crédito puente de 500 millones de dólares. Que se haya logrado sortear esta crisis política no quiere decir que se le encontró una salida. El abortado choque con el FMI pone de relieve que las exigencias del imperialismo no han sido satisfechas con el “rodrigazo” de octubre. El norteamericano William Cline, economista de la banca acreedora, acaba de declarar en Buenos Aires que “los aumentos del dólar en setiembre y octubre fueron dispuestos como un colchón para el congelamiento actual, que con la inflación de octubre ya desapareció”. Si, según esta interpretación, el mazazo de Sourrouille se agotó en solo treinta días en términos de los intereses imperialistas, ello significa que la impasse económica del país y la impasse política del gobierno son totales. El boicot a los impuestos Otra manifestación del enorme empantanamiento que hay, es la unificación de casi todas las centrales empresarias en oposición a las medidas impositivas anunciadas en octubre. Pero sin estos impuestos el plan del gobierno está acabado. Los patrones hacen una descomunal campaña contra la “confiscación del capital productivo”, pero lo cierto es que la reforma apenas orilla el bolsillo de la gran burguesía. Los mayores impuestos se aplican al consumo, no a las ganancias, y aun los que gravan las ganancias, los patrones pueden trasladarlos a los precios. Nada menos que el asesor de la UIA, Marcelo Lascano, señaló que “los impuestos directos (ganancias, capitales, patrimonios) se pueden trasladar como costo...” al precio de los productos (Página 12, 29/10/87), pero aun así la burguesía está planteando un virtual boicot impositivo. Es por este motivo que los diputados radicales "disidentes” y justicialistas han adelantado que votarán en contra de las leyes, lo cual pone en crisis a todo el presupuesto del Tesoro, que no “cierra” ni siquiera con esas leyes. Otro dato de la completa parálisis estatal es la información de que el 50 % de los préstamos de los bancos oficiales son incobrables, una forma elegante de decir que los créditos que éstos otorgaron quedarán en los bolsillos de la burguesía. Está configurada así una crisis política excepcional. “Shock de confianza” En este cuadro, los diarios dan como un hecho la renuncia de Sourrouille. Se habla de que lo reemplazaría Machinea, del Banco Central, o un hombre tipo Roberto Alemann (ministro de Galtieri). El Cronista Comercial, en cambio. Insiste en que el “giro liberal en la conducción económica” tendría como protagonista en el Ministerio de Economía a Tróccoli o Pugliese. Tróccoli se habría reunido incluso con Alsogaray en un encuentro donde “se habrían cerrado los lineamientos generales del nuevo plan económico, que podrá ponerse en vigencia dentro de un plazo máximo de 30 días” (10/11/87). Por su parte, La Nación (5/11/87) señala que el Ministerio del Interior está trabajando para “la revisión de la política económica” y que el nombre de Tróccoli comenzó a ganar “consistencia” en la “city". Los “históricos” del radicalismo, a lo Grinspun, pasarían a ser, de este modo, los instrumentos de la gran ofensiva del FMI. Pugliese ya adelantó que primero había que diseñar la política para luego elegir al hombre. El guiso que resultaría de esto tiene ingredientes para todos los gustos: para el FMI y los banqueros, para el aparato de la UCR, para los cafieristas, que consideran a los Pugliese y Tróccoli como amigos, y ¿por qué no? para la burocracia sindical. El problema es que un guisado excesivamente condimentado puede terminar en una fenomenal indigestión. Los banqueros se han convertido en el exclusivo apoyo a Sourrouille, como se encargaron de decirlo el presidente del Banco de Boston, M. Sacerdote y Ricardo Zinn del Consejo Empresario. Sin embargo, ante la embestida que sufre el ministro se han metido de lleno en las negociaciones para imponer su alternativa en el caso de que se vaya Sourrouille. Pacto político Cualquier plan que se lance deberá ser compatibilizado con el justicialismo. Pero por aquí el pronóstico es que no habrá problemas. “No vamos a hacer olas”, se atajó rápido Guido Di Tella (Somos, 28/10). “Aunque yo sea muy crítico, prefiero que tengan éxito... Me gustaría que usted notara la moderación con que hablo, tratando de ayudar a un plan que no me gusta”. Le perdonamos a Di Tella el cinismo por su contribución a la claridad. La Nación, a su vez, señala que “Tróccoli, según Antonio Cafiero, es la personalidad radical más creíble para seguir a Sourrouille (¡qué tal!) y para Alfonsín significaría la posibilidad de contar con un político negociador capaz de salvar la enorme fractura que, tanto las postrimerías del plan Austral como el nuevo programa de ajuste que ayer promovió la gran protesta sindical y política, han causado entre la oposición y el gobierno” (5/11/87). Es decir, que en la inminente patriada fondomonetarista los Cafiero serán de la partida. Por de pronto, “en esferas próximas a Cafiero —dice el Cronista, 6/11— se subraya la buena voluntad del justicialismo y su reticencia a practicar la obstrucción parlamentaria. En buen romance, el bloque peronista de la Cámara de Diputados facilitaría el quórum para el tratamiento de estos proyectos, aunque votaría en contra. Algo parecido a lo que ocurrió con la ley de ‘obediencia debida” (y siguen las confesiones). Este es el “pacto de la gobernabilidad”. El justicialismo respaldaría la maniobra de los “históricos" del radicalismo, que es en realidad la del FMI (por algo Pugliese acaba de renegar de la política de Grinspun, motivando el elogio de Alsogaray). Estos "históricos” respaldan a Angeloz como candidato de la UCR en 1989, fracción que está dispuesta a realizar acuerdos con la Ucedé en el Colegio Electoral que designa al Presidente. El círculo queda cerrado. La burocracia sindical La burocracia está metida hasta el cuello en esta política. Por eso lanzó la consigna de “que se vaya Sourrouille” y vuelve a esgrimir para la gilada de izquierda los 26 Puntos. Las 62 y los 15 ven, naturalmente, en la crisis que se cierne, la oportunidad de superar el fracaso de la experiencia del Ministerio Alderete. El plan radical-liberal prevé precisamente armar un pacto social de hecho basado en paritarias controladas y en la sanción de las leyes laborales pero depuradas de las críticas que hicieran los empresarios. Explosiones y alternativas El problema (porque siempre hay un problema) es que este plan se lanza en medio de una colosal crisis mundial y de una creciente resistencia nacional. El guiso que se le quiere imponer al país está muy recalentado. Alfonsín quiere entrar en una política que otros países han probado que es inviable. México ha suspendido su política de pagar la deuda externa en pesos (“capitalización”), que Alfonsín impulsa ahora, luego de que se le derrumbara la Bolsa. La Thatcher tuvo que renacionalizar a la poderosa British Petroleum, luego de haber ordenado que se la privatice, porque ningún “privado” quiso poner un penique. No hay ninguna posibilidad de que Alfonsín obtenga inversiones extranjeras con ninguna clase de plan (lo dijo textualmente el presidente del Banco de Boston a Ámbito Financiero en un reportaje del 4/11); solamente provocará una especulación transitoria, cuya finalización habrá de provocar un derrumbe económico sin precedentes. El plan radical - liberal - cafierista coloca a la economía nacional a merced de la crisis mundial; significa que Argentina se convierte en una plaza financiera del capital especulativo, cuyas consecuencias serán catastróficas. La política del cafierismo es picar un poco de cada plato. Ahora se prepara a sostener el recambio de gabinete, cualquiera sea éste. Al mismo tiempo, se guarda la carta de una moratoria, que espera no tener que exigir ni aplicar. Esa moratoria sería muy parcial, pues solo afectaría a la deuda financiera, y tendría per objetivo presionar a los acreedores para que la vendan por la mitad a los “capitanes de la industria". que luego éstos la "capitalizarán" al doble. En nombre de la moratoria capitalista se seguirá hundiendo el salario real. Movimiento obrero La burocracia sindical está llevando al movimiento obrero detrás de las alternativas de la burguesía y del imperialismo. No utiliza la enorme crisis de éstos para potenciar al movimiento obrero, sino que coloca a éste como furgón de cola de los recambios derechistas y proimperialistas, con el objetivo de obtener sus propias prebendas económicas y políticas. Frente a esta situación, el Partido Obrero plantea que el problema esencial es la independencia del movimiento obrero, que en las actuales condiciones se sintetizan en dos grandes consignas de lucha: salario y jubilación mínimos de ₳ 1.000, indexables, y no pago de la deuda, consignas que significan una real reivindicación nacional y popular y destruyen el intento de la burguesía por descargar la crisis sobre el movimiento obrero y la nación.

Es inminente una crisis política. Es inminente, además, un nuevo tarifazo contra el pueblo. La voracidad capitalista no tiene límites, como tampoco la tiene la completa impotencia de los políticos patronales, de los Alfonsín o Cafiero, para expulsar del país a los saqueadores imperialistas de la nación. Los burócratas sindicales hablan de hacer un paro de 36 horas con la finalidad de “cambiar la política económica”, pero no le dicen al pueblo que la quieren reemplazar por otra ‘‘política económica” patronal, que será tan nefasta, o peor aún, que la de Sourrouille. Cafiero, Ubaldini y Miguel están negociando con Alsogaray, Tróccoli y Pugliese (¡y con el embajador norteamericano!) el plan económico de recambio. En esta misma mesa se está negociando la realización o no de un nuevo paro de la CGT. Pero con todo esto los trabajadores no vamos a ningún lado. El espectro de la ruina amenaza nuestras existencias. Es necesario un plan de los obreros, no de los patrones, y una lucha decidida para imponerlo. El destino de nuestras vidas y del país no puede ser establecido por lo explotadores. Este plan obrero debe dar una salida inmediata a la situación imposible que vivimos. Por eso su primera reivindicación debe ser que se garantice un salario mínimo de subsistencia para todo el mundo, que hoy es de ₳ 1.000.- El segundo punto es dar una salida inmediata a la situación de bancarrota nacional. Por eso debemos plantear el cese del pago de la deuda externa y el desconocimiento de todas las concesiones a la banca imperialista que figuran en los acuerdos con el FMI. La tercera cuestión es poner en marcha sin demoras un programa de reactivación económica, lo cual requiere retirar los recursos de manos de los parásitos y ponerlos en manos del pueblo. Para ello hay que confiscar a la banca y a los monopolios industriales y agrarios. La salvación del país y de los trabajadores exige una organización nacional de la producción y el ataque al sabotaje capitalista, el que se expresa en la fuga de capitales, la evasión impositiva y provisional y el fraude en las. transacciones comerciales. Para terminar con esto hay que abrir los libros de los bancos y de los monopolios y establecer el control obrero de la producción. Abramos la discusión del plan de la clase obrera en los lugares de trabajo y en los sindicatos. Exijamos a la burocracia de la CGT la convocatoria de un congreso de delegados elegidos en asambleas. Este es el camino para la organización independiente del proletariado. Pongamos en pie comités para impulsar el plan de la clase obrera, contra la bancarrota de la nación que organiza el capital. Recuadro 1 Tapa PO N° 206 Contra el estrangulamiento de la revolución nicaragüense El torniquete del imperialismo y de la burocracia rusa se sigue cerrando en tomo a la revolución nicaragüense. En tanto que Honduras sigue albergando a los "contras”, Estados Unidos los continúa financiando y Costa Rica hospeda a sus líderes, el presidente Ortega acaba de anunciar, al regresar de Moscú, que aceptaba negociar con los somocistas por intermedio del somocista monseñor Obando. Esto constituye un viraje del gobierno sandinista que ha sido claramente inducido por la burocracia del Kremlin. Se ve con toda claridad que el llamado plan de paz de Guatemala no es más que la cínica envoltura de un complot internacional contra la revolución centroamericana. No es la libertad de prensa lo que reclama, sino la libertad de empresa; no es la democracia sino el desarme del pueblo; no es la paz sino el estrangulamiento de la emancipación nacional. Las cláusulas de este acuerdo de paz se renuevan y trastocan sin cesar, porque su exclusiva finalidad política es la destrucción completa de la revolución. Recuadro 2 Tapa PO N° 206 "No hubo errores, no hubo excesos" también en Moscú, juicio y castigo a los culpables Dijimos en el número anterior de PO que la impasse económica y política del régimen burocrático en la URSS debía abrir un período revolucionario. A la conformación de esta etapa política ha contribuido profundamente la lucha de la clase obrera de otros países, Polonia en primer lugar. Los síntomas revolucionarios son ya evidentes, tanto por arriba como por abajo. Los diarios informan regularmente de paros y huelgas obreras parciales, en oposición a los intentos de imponer el trabajo a destajo, normas de productividad y reducciones salariales. En la cúspide la tensión crece de día en día. El jefe del PCUS de Moscú, Boris Yeltsin, fiel de Gorbachov, presentó su renuncia al Comité Central y acusó a aquél de “culto a la personalidad”. Lo cierto es que en los medios populares de Moscú reina una gran efervescencia. Se han emprendido incluso acciones para cerrar las tiendas y comercios que son de acceso reservado de la burocracia. Ha habido volanteadas y actos relámpagos. La población ha emprendido también acciones de resistencia contra la represión que sufrieron los juglares y artesanos moscovitas que desde hace un tiempo vienen ocupando la famosa calle Arbat. Tomándole la palabra a la demagogia gorbachiana, el pueblo soviético está reclamando la “transparencia” (glasnost) histórica. Dos recientes reuniones públicas en Moscú concluyeron en un tumultuoso enjuiciamiento al stalinismo y en el reclamo de la revisión de los fraudulentos procesos contra los líderes bolcheviques en la década del 30. Durante una conferencia en marzo pasado, en la que el profesor Yuri Borisov reivindicó a Stalin, criticando sus “abusos” y "excesos”, el auditorio reaccionó indignado, intimándolo a que diera las cifras de las victimas del stalinismo. Un mes más tarde cuando el mismo Borisov pronunció otra conferencia en la Casa Central de la Cultura, también fue interpelado por el público y hubo hasta quien denunció el caso del gran director teatral Meyerhold, torturado por la GPU quien le quebró la mano izquierda y lo obligó a beber su propia orina. En junio, una reunión de la organización de la Juventud Comunista. Komsomol, con la presencia del director del Instituto de Historia, Youri Afanasiev se transformó en una verdadera interpelación. Con la sala llena y varios centenares de personas en la calle, el orador fue bombardeado con reclamos en favor de la publicación de las obras de León Trotsky. En otro episodio de la misma reunión una persona presentó un texto para ser leído por la mesa, donde se exigía que se terminara de hablar del "culto a la personalidad", o de errores o desviaciones, y que se condenara a Stalin como culpable de crímenes contra la humanidad, erigiendo un monumento a sus víctimas. Afanasiev leyó estas palabras en voz alta y apoyó la proposición del monumento, aunque sin decir nada de la condena a Stalin. El público respondió con prolongada y rítmica ovación (de la revista austríaca Profil, 13/7, citada por Imprecor). Mientras Moscú está que hierve, el Secretariado de la IV Internacional dirigido por Ernest Mandel; ha emprendido una “campaña internacional”, secundado por el Mas de Zamora y Silvia Díaz, por la “rehabilitación penal" de las víctimas de los procesos infames. (Exigen) “al gobierno soviético reexaminar el caso de todas estas víctimas de la perversión de la justicia soviética... Estamos seguros que la inocencia de todos los acusados de los procesos de 1936-38 será, claramente establecida. Estos deben ser rehabilitados y su honor debe ser restablecido, sus familias deben ser indemnizadas y debe conocerse dónde fueron enterradas las víctimas de los procesos”. Este reclamo carece de la reivindicación levantada por el público moscovita de que se enjuicie y i castigue a la burocracia que hizo desaparecer y ejecutó a millones de personas y a miles de revolucionarios. En lugar de “juicio y castigo” se reclama la declaración de inocencia de las víctimas por parte de los verdugos. Caracterizar a los “procesos” como una “perversión de la justicia” y no como un acto criminal de la burocracia, es un completo blanqueo de ésta. La “transparencia”; gorbachoviana consiste precisamente en lo que piden mandelianos y masistas: una declaración de inocencia penal post-moxtem, para delimitar a la nueva generación de la burocracia de la vieja generación que ya está muerta y enterrada. Si a la revisión penal, pero por el juicio y castigo a todos los culpables.