Prensa Obrera · 2017

La conciencia y la organización colectiva son las mayores armas con las que cuentan los trabajadores y la juventud para luchar por una transformación social. Este verano, los jóvenes de la UJS pondremos ambas en práctica para lograr un objetivo largamente anhelado: que el campamento central de formación política regrese a la playa. Luego de más de una década en otras latitudes, este año volveremos a la costa atlántica. El destino elegido es Villa Gesell, donde nos espera un camping con capacidad para albergar a más de 2.000 personas. Allí nos reuniremos durante los feriados de carnaval, del 25 al 28 de febrero, jóvenes, estudiantes y trabajadores provenientes de todos los puntos de la provincia de Buenos Aires, de la Capital Federal y de Santa Fe, junto a delegaciones de buena parte de las provincias del país.

El propósito central de los campamentos que la UJS montará en Gesell -pero también antes en Córdoba y Santa Cruz, y después en Cuyo y Tucumán- será abordar el estudio de la Revolución Rusa en el centenario de su aniversario. Más allá del calendario, enfocaremos el análisis de los hechos desde la perspectiva que aportan para la actual etapa histórica que nos toca transitar. El lema de los campamentos es “por una salida de la juventud, los trabajadores y la izquierda” a la bancarrota capitalista que está golpeando a nuestro país y al mundo entero.

En todas las regionales, la UJS ya se lanzó a la campaña para preparar el viaje. Con ese propósito, la UJS porteña organizó un exitoso curso sobre El capital, de Marx, que en la primera clase reunió a más de 100 compañeros. Para febrero ya tienen planificado otro curso, sobre “Mujer y socialismo”. Esta actividad de formación se complementará con otras charlas y cursos que se brindarán en los diferentes locales. La provincia de Buenos Aires tiene una agenda similar. Otra pata fundamental es el trabajo en los barrios, donde miles de jóvenes están despertando a la vida política a través de la lucha junto al Polo Obrero.

Junto a la invitación personal y la distribución del folleto en parques, plazas y cursadas de verano, otro problema vital es el de los recursos. El viaje tendrá un costo de 2.000 pesos por compañero, lo que incluye traslado, hospedaje y comida por los cuatro días. Y no queremos que nadie se quede afuera por falta de dinero. Por este motivo se están organizando numerosas actividades financieras, que permitirán abaratar el precio para los compañeros que así lo necesitan. El sábado 11 de febrero ya está planificada una gran fiesta “metropolitana”, de la que participará la UJS de Capital y el Gran Buenos Aires. Un campamento masivo y exitoso en la Costa sólo podrá ser el resultado del esfuerzo y la militancia previa de toda la UJS.

¿Qué mejor instancia para estudiar los cien años de la Revolución Rusa, que hacerlo junto a miles de jóvenes, con el fresquito de la playa, a orillas del mar? El Campamento Gesell 2017 de la UJS es una oportunidad para no desaprovechar.

Un trozo sustancial de la historia de Picasso, un artista que marcó al siglo XX porque fue él mismo marcado por los acontecimientos convulsos de su tiempo, está recorrido en la muestra del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba), que permanecerá hasta el 28 de febrero: “Pablo Picasso: Más allá de la semejanza. Dibujos de la colección Musée National Pablo Picasso-París”. Son 74 dibujos confeccionados desde que el artista tenía 16 años hasta poco antes de su muerte en 1973.

Desde "Charité" (Caridad), de 1897, cuando a sus 16 años el gran artista malagueño expuso por primera vez (fue en Barcelona, y entonces incorporó su apellido materno y fue para siempre Pablo Ruiz Picasso) hasta "Mousquetaire à la guitare et tête" (Mosquetero con guitarra y cabeza), de 1972 -un año antes de su muerte-, las paredes del Mamba muestran las exploraciones de Picasso en el mundo humano. El dibujo fue el terreno en el cual Picasso desarrolló sus investigaciones artísticas; sus dibujos y bocetos fueron la base de una obra que cambió la historia del arte moderno.

En las distintas etapas de Picasso, desde aquellos bocetos adolescentes que indagan en el dolor de las personas, en sus miserias, el artista construye y deconstruye la figura humana, muestra su naturaleza animal, cambiante, enigmática, incluso monstruosa, con sus deformidades y sus potencialidades de desintegración; también su potencia creadora, transformadora, la reinvención que los hombres hacen continuamente de sí mismos. En su vida, Picasso produjo algo más de 20 mil dibujos en los que se despliega su pensamiento artístico en lápiz, grafito, carboncillo, tinta china, pastel, en un juego de formas que componen una elegía de la libertad: él también se reinventa a sí mismo.

Picasso estuvo entre los iniciadores de las vanguardias artísticas del siglo XX. Fue uno de los fundadores de una ruptura: la ruptura de la perspectiva, último estatuto renacentista vigente en el siglo XIX y los comienzos del XX. Sus figuras geométricas fragmentan líneas y superficies; crea la “perspectiva múltiple”, que representa todas las partes de un objeto en el mismo plano. En otras palabras: rompe todo compromiso con la apariencia de las cosas. Las cosas, en su manifestación, suelen parecer lo contrario de lo que realmente son -en la vida, en la economía, en la política. Por eso, en los dibujos y las pinturas de Picasso se ve una nariz de perfil, un ojo de frente: ya no hay un punto de vista único, se suprime la sensación de profundidad. Es una revolución estética de tiempos de crisis, guerras, revoluciones y enormes conmociones.

Picasso fue, con Georges Braque, el creador del cubismo, término inaugurado por el crítico francés Louis Vauxcelles, quien escribió peyorativamente de la pintura "L’Estaque", de Braque, que estaba compuesta por “pequeños cubos”. Era la herramienta expresiva que necesitaba en la etapa de su vida artística que transcurre entre 1909 y el comienzo de la Gran Guerra.

En la muestra del Mamba se ve "Buste de femme" (Busto de mujer), de 1907, una forma abstracta que se anticipa en años al Kandinsky de 1911. “Fue por entonces -diría Braque- que conocí al artista y al hombre (…) pude ver una determinación inquebrantable, un extraordinario, ardiente deseo de libertad”.

Después de la I Guerra Mundial se produciría el salto al surrealismo que, influido por la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, fue a su modo la expresión artística de un mundo que parecía volverse del revés.

Picasso, rodeado de intelectuales y aristócratas, mimado por la crítica, millonario, irascible, obsesivo, siempre disconforme con él mismo y con todo el mundo, perteneció políticamente al Partido Comunista francés y también al PC español. Intervino en los Congresos de la Paz organizados por la burocracia moscovita en 1948 (Wroclaw, Polonia), 1949 (París) y 1950 (Londres). Sin embargo, el arte de Picasso fue lo opuesto al “realismo socialista” que el Kremlin había transformado en brutalmente obligatorio para coartar toda libertad expresiva de los artistas. En Moscú le habría ido mal, muy mal.

En definitiva, vale la pena llegarse al Mamba (Avenida San Juan 350, Ciudad de Buenos Aires) para ver el recorrido de un artista excepcional.

Pablo Picasso tuvo todo lo que necesitaba para ser lo que fue.

Macri y su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, no dejan lugar a dudas. El gabinete “remozado” de Cambiemos ha debutado con una escalada en regla contra la clase obrera. Quieren recauchutar al frente burgués de sostenimiento al gobierno, previamente golpeado por un monumental empantanamiento económico y político. En pocos días, el gobierno anunció una rebaja de aportes patronales, acentuando la orientación que inauguró el menemismo, consolidó el kirchnerismo y condujo al vaciamiento de las cajas previsionales. En consonancia con ello promueven un recorte a las ya retaceadas prestaciones del Pami. Macri redobló la apuesta con un acuerdo para el supuesto “relanzamiento” del yacimiento de Vaca Muerta, que contempla un ataque completo al convenio petrolero. La suba de la bolsa saludó de inmediato los anuncios confiscatorios. Para completar el panorama, el gobierno reprimió brutalmente a los manteros de Once, otro globo de ensayo -en este caso, respecto del “control de la calle” frente a las luchas que despertará la nueva oleada ajustadora. Mientras tanto, el mismo gobierno que acusa de usurpadores a los que apelan a la venta callejera para sobrevivir protegía con palos a los grandes usurpadores -los acaparadores capitalistas de tierras en la Patagonia, ahora contra los mapuches.

Techint

La “revolución laboral” anunciada por Macri no es un plan de nuevos empleos sino una gran plataforma de ataque al derecho al trabajo de los actuales planteles obreros. El gobierno ratificó su voluntad de transformar a los planes sociales en “vouchers” (chequeras), que sus actuales beneficiarios podrían entregar a cuenta de sus sueldos a las patronales interesadas en tomarlos. De esa forma, los recursos de la “asistencia social” se convertirían en un gigantesco subsidio a las patronales, con el cual se financiarían los “retiros” (despidos encubiertos) de los trabajadores con mayor antigüedad. Quien sintetizó los objetivos oficiales fue el secretario de Empleo, Miguel Ponte, un ex Techint, que reivindicó la “naturalidad” con la que debe concebirse “la entrada y salida de un puesto de trabajo” (sic). La mención a Techint no es gratuita, si se tiene en cuenta que Dujovne ha sido por años asesor del jefe radical Ernesto Sanz, a su vez, reputado por su vínculo con el pulpo siderúrgico. No sorprende, por ello, que el nuevo ministro de Economía tenga en carpeta un paquete impositivo que toma, en lo esencial, el “pliego” que la UIA le entregó al gobierno: eliminación de los impuestos “distorsivos” (o sea, los que paga la patronal) e incluso una posible reducción del impuesto a las Ganancias. Mientras tanto, el gobierno eliminaba la devolución parcial del IVA a las compras con tarjeta, otro impuestazo al consumo. A esta altura, es una impostura presentar a Dujovne como un defensor del “equilibrio fiscal”. La reducción de aportes y las exenciones agravarán el quebranto fiscal actual, que el gobierno espera cubrir con un mayor endeudamiento, por un lado, y ajustes e impuestazos al consumo, por el otro.

Pero esta orientación no es sólo de la City bancaria. En sus anuncios de Vaca Muerta, Macri planteó que la “flexibilidad” se extienda hacia los sectores más amenazados por la competencia internacional ¡Este también es un reclamo de los “industrialistas” de la UIA! El movimiento obrero debe tomar nota que la campaña “proteccionista” de la burguesía no es una defensa del mercado interior -golpeado todos los días por la caída del salario y los despidos-, sino una extorsión sobre la clase obrera industrial, para que resigne conquistas históricas. La reforma laboral y tributaria en ciernes marca el ingreso de Techint al gabinete nacional, para reforzar la guerra contra los trabajadores. Es cierto que Dujovne planteó la perspectiva de un acuerdo con el FMI, para obtener el socorro financiero que ya no podría solventar por los medios actuales. Pero los Rocca y la burguesía nacional, que necesitan tramitar sus propios rescates, no rechazan la salida fondomonetarista, en particular, si viene acompañada de una escalada antiobrera.

La crisis de fondo continúa

Macri ha presentado al acuerdo laboral de Vaca Muerta como la llave para relanzar la producción gasífera y petrolera. Pero Vaca Muerta se empantanó, no por los “costos laborales”, sino por la crisis mundial -o sea, la sobreproducción petrolera y la caída a pique de los precios. Para remontar esa cuesta, las patronales no sólo han arrancado un convenio negrero, sino también un precio “especial” del gas que triplica al internacional, la reducción en las retenciones de exportación y un nuevo tarifazo en las naftas. Esas condiciones agravarán el dislocamiento industrial del país, y, desde luego, las tendencias inflacionarias y recesivas. Pero lo que vale para Vaca Muerta vale para todo el paquete antiobrero del gobierno: la escalada contra la clase obrera busca ‘relanzar’ al gobierno y galvanizar en torno suyo a toda la clase patronal. Pero las contradicciones de la política oficial, de cara al alcance de la bancarrota capitalista, afloran por todos lados. Las nuevas exenciones fiscales reclamadas por la UIA -y prometidas por Dujovne- agravarán el quebranto fiscal (por eso, ya han comenzado las contramarchas y vacilaciones respecto del punto). El ataque a los convenios no salvará a la patronal industrial de la competencia internacional, que viene azuzada por la crisis mundial y por los desequilibrios que genera el programa oficial (inflación en dólares, tarifazos, la carga usuraria del capital financiero). En medio de los anuncios de nuevos ajustes, progresa una crisis de gabinete de mayor alcance, cuyo telón de fondo son las secuelas del propio ajuste. En la cola de los futuros cesantes, se anota el ministro de Salud -acosado por el recorte de insumos esenciales- y el “ambientalista” Bergman, que asiste impávido a los incendios causados por la depredación capitalista y la complicidad estatal. Detrás de los anuncios contra los trabajadores, la impasse económica y política sigue su curso.

Los planteos flexibilizadores no han merecido el rechazo de la oposición massista o del FpV: los Massa o Kirchner saben muy bien que, para la base social capitalista que le disputan al gobierno, la flexibilización laboral es una cuestión de Estado. En esa línea, sus agentes en el movimiento obrero -los Daer, Acuña y compañía- se han limitado a señalar que discutirán “la situación (los convenios) en cada caso”. Han renunciado, desde el vamos, a una defensa de conjunto de las conquistas históricas de la clase obrera. Nada de esto impedirá que la escalada oficial desate una lucha encarnizada allí donde se plantee, como ya está ocurriendo, en la propia Neuquén, con los obreros de Schlumberger o Halliburton. En cualquier caso, tenemos trazado desde el vamos un 2017 de grandes enfrentamientos, luchas y desenlaces de las contradicciones explosivas que están en curso. Es todo un señalamiento para el Frente de Izquierda: la campaña electoral no será el devenir pacífico de las tendencias políticas preexistentes, sino que estará surcada por este cuadro convulsivo. Esta situación de conjunto debe colocar a la izquierda protagonizando la oposición a la escalada antiobrera, comenzando, naturalmente, con la organización obrera en defensa de los convenios y contra los despidos, en la perspectiva de la ocupación de las fábricas que despidan o suspendan, y de un plan de lucha contra la ofensiva oficial. Por medio de una intensa agitación política, es necesario denunciar la impotencia de los planes capitalistas de cara a una bancarrota internacional extendida y convocar a los trabajadores a organizarse en torno de un programa y de una salida de poder propios.

Foto: Sebastián Baracco

La caracterización que resumía la actualidad de América latina como un ocaso del “populismo” no ha resistido la prueba de los hechos. Enrique Peña Nieto, una suerte de Macri con spray, está pagando las consecuencias. México se encuentra en un estado de sublevación popular, cuando la lucha de los maestros de Oaxaca o la movilización por la masacre de Ayotzinapa siguen vivas en la conciencia de amplios sectores de las masas. Lo que se ha presentado como un gasolinazo es algo bastante más amplio, pues se extiende a aumentos del 30% promedio en la electricidad, el gas y numerosos servicios básicos -mientras la moneda sufre una desvalorización sin tregua. Peña Nieto ha decretado un tarifazo fenomenal cuando su mandato presidencial se extingue, de modo que no puede descargar responsabilidades en herencias recibidas.

El mazaso a los ingresos populares vino enseguida después de una “reforma fiscal” (a la Dujovne), que aligeró a las patronales del costo de supuestas “cargas laborales” y aumentó, para compensar, los impuestos al consumo. A esta mesa servida para la rebelión solamente le faltó la “desregulación” del mercado de los combustibles, que prometía una caída de los precios de las naftas como consecuencia, claro, de una mayor “competencia”. Lo que emergió, sin embargo, de la privatización de la estatal Pemex ha sido la cartelización de las tarifas de los combustibles -como lo han hecho CFK primero, y Macri después en Argentina. Toda una advertencia astral de principios de año para Dujovne, el sonriente Ratazzi y ni qué decir Macri -que lo miran desde el sur.

Peña Nieto supuso que alcanzaría con disimular el paquetazo en el arbolito de Navidad para pasar gato por liebre, nada menos que en México. El Estado de Veracruz es donde la resistencia al tarifazo es más intensa, como lo demostraría una huelga indefinida del transporte, como ocurre también en Michoacán, y otras parciales en numerosos sectores. También hay huelgas en Guerrero. Hay ataques a comercios, supermercados y estaciones de servicios, en los cuales participan los mismos policías que acuden a reprimir a los atacantes. Varios diarios, sin embargo, han identificado operaciones en la red que alientan con noticias falsas los saqueos, con la intención de debilitar las manifestaciones políticas que reclaman la renuncia de Peña Nieto -en especial en la capital.

La Ciudad de México es el epicentro de la movilización política, como ocurrió en Buenos Aires en 2001. La burocracia de los sindicatos mexicanos desalienta los llamados a la huelga y los piquetes de camioneros y la población. Varios voceros patronales entienden que la policía no tiene capacidad para contener el movimiento y reclama la intervención de las fuerzas armadas -previa declaración de un estado de sitio. El ingrediente que falta para preparar un helicóptero sería una quiebra en el PRI, el partido de gobierno, algo que en Argentina estuvo a cargo de Alfonsín y Duhalde (convocados por Techint), luego de que se fuera “Chacho” Alvarez. El “populista” en estos acontecimientos es Andrés Manuel López Obrador, del PRD, de centroizquierda, primero en las encuestas para las elecciones de principios de 2018. López Obrador denuncia al gobierno, como lo aconsejan los manuales, pero prefiere por sobre todo el cronograma electoral.

Una alternativa política que fuera encarnada por López Obrador pondría a las Fuerzas Armadas ante un dilema existencial: un golpe de Estado o una reconversión al populismo (contener la crisis sin el peligro de una guerra civil). México pone a prueba la teoría de la “crisis orgánica del capitalismo”, una crisis que incluiría una “crisis de poder”, pero que no transforma esa crisis en “una cuestión de poder”. Toda crisis de poder plantea, si es realmente tal, una cuestión de poder -de lo contrario, es una abstracción y una convocatoria, asimismo, a la neutralidad o a la pasividad. La debacle del plan económico de Peña Nieto y la respuesta de la rebelión popular ha abierto una nueva etapa en México, que es potencialmente revolucionaria.

La fuerte originalidad del proceso mexicano es que se desarrolla en las vísperas de la asunción de Donald Trump, que ha puesto a México en la mira de sus ataques. No ha tenido necesidad de prestar juramento para desatar una rebelión popular. La burguesía de Estados Unidos ya está tomando nota del peligro estratégico que representa Trump para ella misma -más allá de los roces de éste con los servicios de seguridad de su país y el fingido coqueteo con Putin. Es que en forma simultánea al gasolinazo, Trump obligó a Ford a levantar un proyecto de planta de armado en México (maquila), para el compacto Focus, y se cruzó con General Motors y Toyota por motivos similares, y prepara confrontaciones con Nissan y Honda.

El “modelo” mexicano, que funciona como apéndice de la cadena de producción de Estados Unidos, quedó amenazado de colapso a los ojos de todo el país. Trump ataca, en realidad, a los capitales de China y de Japón, que entran al mercado estadounidense por la vía de México, y seguramente pretende una renegociación del tratado de libre comercio de los tres países de Norteamérica para enfrentar esta rivalidad comercial. Como agente de los intereses petroleros (designó secretario de Estado al CEO de Exxon), Trump tiene el ojo puesto en la privatización de Pemex y es, por lo tanto, un responsable directo del gasolinazo. La presidencia inminente de Trump ha acelerado la crisis en México y, por lo tanto, en Estados Unidos.

Peña Nieto ha reaccionado en forma definida a esta crisis de tres bandas -su gobierno, las masas y Trump. Ha repuesto, ahora como ministro de Relaciones Exteriores, a Luis Videgaray, secretario de Hacienda hasta hace un par de meses, que tuvo que dejar su puesto por la responsabilidad que le cupo en invitar a Trump a México, durante la campaña electoral estadounidense, mientras éste insultaba a rienda suelta al pueblo mexicano y aseguraba que le iba a hacer pagar a México la construcción de un muro entre los dos países, mediante un impuesto a las remesas de los mexicanos residentes en Estados Unidos. La estadía de Trump acabó en un completo fiasco para Peña Nieto.

La reposición de Videgaray significa que el oficialismo ha decidido componer con Trump y someterse a sus exigencias. Es lo que seguramente había visualizado el Domingo Cavallo de Peña Nieto, el ex ministro de Economía Agustín Carstens, cuando decidió poner fin a sus servicios bajo muchos gobiernos previos. El nombramiento de un ministro de Trump en el gabinete mexicano equivale a una declaración de guerra al pueblo de México y ata a Trump al desenlace de la crisis mexicana. Con decenas de millones de mexicanos en Estados Unidos, Trump ha logrado incorporar a México a la crisis política que su presidencia representa para su país. Es un escenario inédito en la historia de América latina y el imperialismo yanqui.

Nos sumamos a la consigna de los trabajadores mexicanos: Fuera Peña Nieto, y planteamos una Asamblea Constituyente, que sea convocada por un comité de asambleas populares, sindicatos y comités de empresa combativos, las organizaciones campesinas y el movimiento estudiantil y de la mujer. Esa Asamblea Constituyente deberá aplicar de inmediato el programa de esas organizaciones, al mismo tiempo que desarma a las bandas paramilitares y militares, y arma a los trabajadores.

Publicado en: https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/676232189224312

Al cabo de un intenso y sistemático hostigamiento policial y judicial, el gobierno porteño logró consumar el desalojo del ex Padelai.

Las organizaciones políticas y sociales de San Telmo, La Boca y Barracas mantuvieron una vigilia junto a los vecinos, que intentaron obtener una nueva prórroga. Obtuvieron apenas unas horas más. Al caer la tarde del miércoles, reinaba la desazón y el desalojo era un hecho.

El ex Patronato de la Infancia (Padelai) es un enorme edificio histórico que ocupa una manzana en Balcarce y San Juan, corazón de San Telmo, a pocos metros de Puerto Madero y a una cuadra de la plaza Dorrego. Fue tomado por familias sin vivienda en los ’80, tras permanecer abandonado por muchos años.

Desde la intendencia de Carlos Grosso en adelante, todos los gobiernos porteños intentaron expulsarlos del inmueble. En 2003, el “progre” Aníbal Ibarra -luego devenido K- ordenó un violento desalojo policial y le entregó el edificio a la Embajada de España, que lo tuvo semiabandonado. En 2009, la Legislatura aprobó la expropiación del edificio en beneficio de la cooperativa de vecinos que lo habitan, pero nunca se concretó el traspaso. En 2011, lo reocuparon por sus propios medios.

El hostigamiento judicial y policial contra el centenar de familias que habita el ex Padelai fue sistemático. La última embestida ocurrió en abril de este año, cuando una fiscal estableció controles policiales en cada entrada y cercó con vallas una parte del predio.

El gobierno de Rodríguez Larreta tiene un alto interés en entregar el predio a los apetitos de las inmobiliarias. El desalojo judicial en los edificios de San Telmo y el incendio de los conventillos de La Boca son expresiones brutales de la expulsión de las familias trabajadoras de la zona sur de Buenos Aires.

Bajo el gobierno de Rodríguez Larreta, la entrega de la Ciudad a la especulación inmobiliaria dio un salto. Sólo en 2016, privatizó más de 200 hectáreas de suelo urbano con el voto cómplice de los bloques patronales (Lousteau y Frente para la Victoria).

El desalojo del Padelai apunta a valorizar toda la zona de San Telmo, que tiene una gran cantidad de casas tomadas. Es la señal para un copamiento inmobiliario del barrio. Esa población expulsada irá a engrosar las villas, que no paran de crecer y que ahora serán objeto de pseudourbanizaciones que no pasan de un maquillaje. Para los laburantes, no hay otra alternativa. El gobierno retacea los créditos a tasa cero del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). En vez de eso, otorga a los desalojados miserables subsidios habitacionales de unos pocos miles de pesos que no alcanzan ni para alquilar una pieza en la villa.

El Partido Obrero defiende el derecho de los trabajadores a vivir en la Ciudad contra la voracidad de los especuladores inmobiliarios.

Es necesario darle un nuevo impulso a la lucha por la vivienda.

Una multitudinaria movilización de entre 9.000 y 10.000 personas de El Bolsón y de la comarca andina recorrió las calles para expresar su repudio a la entrega de tierras al magnate inglés Joe Lewis, que está ejecutando el municipio de la mano del intendente Bruno Pogliano y sus agentes políticos, los concejales. También participó una gran cantidad de vecinos y organizaciones de Bariloche. Se sumó una importante delegación del Partido Obrero Bariloche, que desarrolló una gran agitación con volantes y Prensa Obrera, expresando nuestra posición a los vecinos bolsonenses y a la gran cantidad de turistas que visitan el pueblo. Los cánticos que lanzábamos durante la marcha fueron tomados por los manifestantes dando cuenta de su acuerdo.

La lucha del pueblo de El Bolsón contra el despótico acaparamiento de Lewis es histórica. En 2009, el pueblo se alzó contra la posible construcción de un aeropuerto; en 2013, la lucha logró frenar los loteos que ahora nuevamente se quieren ejecutar. Imperiosamente hay que profundizar esta lucha en toda la comarca andina y ganar las calles para expulsar a Lewis de la Patagonia y proceder a la expropiación de las tierras y recursos naturales bajo control de los vecinos y organizaciones sociales.

Recordamos en nuestra agitación que Lewis será quien monopolice la energía eléctrica en Bolsón, ya que la proveerá desde su usina hidroeléctrica cobrando extra (120 en vez de 75 dólares el megavatio/hora) debido al Plan Renovar.

No es sólo el Proyecto Laderas (loteo). Es también la energía eléctrica. Y también el acceso al Lago Escondido, que está clausurado por Lewis (y sus agentes).

La presencia de Lewis, Pogliano (el intendente y contador de las empresas de Lewis) y el Concejo, todos al servicio del lucro capitalista, es incompatible con la defensa del agua, la tierra y los recursos naturales.

El 29 de diciembre se dictó la segunda sentencia a Milagro Sala. Esta vez en el fuero contravencional, en la causa por los 52 días de acampe en la plaza Belgrano por la que fue detenida hace casi un año. Fueron juzgados Sala y también la Tupac Amaru, su organización, en calidad de “persona jurídica”.

Sala fue condenada a pagar una multa de 3.780 pesos, más la inhabilitación para participar de asociaciones jurídicas y políticas por tres años y la clausura de la sede de la Tupac Amaru por tres meses.

Milagro Sala estuvo detenida más de un mes por una simple contravención. Cuando se agotaron todos los plazos y las excusas para retenerla en prisión, el gobierno armó un esquema de múltiples acusaciones para prolongar su encierro. En particular, las causas iniciadas por la malversación de fondos públicos están paralizadas, porque involucran a buena parte de las contratistas y políticos de la provincia.

Para los luchadores, este fallo reviste enorme gravedad. Una causa iniciada por una protesta arroja una condena económica, aunque ínfima, combinada con una proscripción política sin precedentes.

En su alegato, Sala volvió a denunciar que es una perseguida política del gobernador Gerardo Morales. En un tramo del mismo enumeró a todas las organizaciones que participaron del acampe, pero ninguna se movilizó a los tribunales para apoyarla. Una buena parte se pasó al campo del gobierno. Ni los funcionarios K se quedaron a hacer el aguante. Curioso: vinieron a apoyarla en la causa por el escrache a Morales, pero no se quedaron a bancar la causa por el acampe (Berni mediante, a los K tampoco le gustan los cortes ni cualquier otra medida de fuerza).

La Tupac Amaru viene en un fortísimo retroceso organizativo. El gobierno de Morales se ha encargado de desguazarla y desmontar toda la infraestructura que se había organizado al amparo de los K (consultorios médicos, piletas en los barrios, etc.).

Morales despidió empleados públicos, detuvo y mandó reprimir a los municipales y trabajadores de Ledesma, descontó -por primera vez desde 1983- los días de paro decretados por los gremios nacionales, entregó el bono de fin de año más bajo del país (1.500 pesos para la mayoría de los trabajadores). La perspectiva para el año que viene es de profundización de medidas contra los trabajadores, en una provincia con 40% de empleo informal, niveles salariales por debajo de la media nacional y niveles de pobreza muy por encima de la media.

Esta condena sienta un grave precedente para todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles o de cualquier índole que pretendan enfrentar al gobierno ajustador.

El gobierno acaba de anunciar que los jubilados que perciban una jubilación equivalente a 1,5 veces la mínima -hasta 8.500 pesos mensuales- o tengan una prepaga, un automóvil de menos de diez años de antigüedad, un segundo inmueble, un yate o un avión privado, serán excluidos del subsidio social del Pami, que cubre el 100% del costo de los medicamentos.

La mención de yates, aviones privados y mansiones es una maniobra artera. Según la información consignada por el diario, los funcionarios detectaron apenas “2.495 personas con embarcaciones a su nombre, 51 con aeronaves y otras tantas con más de una propiedad de lujo”, sobre un total de 1,6 millones de beneficiarios del subsidio social. Las opciones para un jubilado que cobra 8.500 pesos son ser mantenido por sus hijos -que, según la última información del Indec, cobran salarios promedio de 8.000 pesos-, complementar sus ingresos con la renta de una propiedad a su nombre o resignarse a vivir en la extrema miseria.

De este modo, la bancarrota de la obra social previsional será endosada a jubilados que no cubren un tercio de la canasta familiar. La “reparación histórica” significó una confiscación de las actualizaciones pendientes de los haberes, por la cual centenares de miles de jubilados estaban reclamando por la vía judicial. Ahora, quienes cobran la mínima, sufrirán este zarpazo. Según La Nación (7/1), el gobierno pretende ahorrar así 1.600 millones de pesos.

Todos los partidos que gobernaron son responsables de la quiebra del Pami y del sistema previsional. Menem y Cavallo, en los años ’90, rebajaron a la mitad los aportes patronales y congelaron la indexación de las jubilaciones.

Los gobiernos K mantuvieron el régimen previsional heredado de los “neoliberales” y utilizaron las cajas del Pami y de la Anses para pagar los intereses y las amortizaciones de capital de los bonos entregados para cancelar deuda y sentencias judiciales con los jubilados. A partir de 2009, además, utilizaron los fondos de los jubilados para financiar el déficit corriente. Para los “nac & pop”, que empapelaron ambos organismos con títulos, esa deuda interna no contaba, ya que podía refinanciarse infinitamente. Hete aquí las consecuencias de ese vaciamiento.

El gobierno tiene en carpeta el aumento de la edad jubilatoria y reconvertir la jubilación en una asignación asistencial, disociada definitivamente del salario. Es lo que han “propuesto” los emisarios del FMI en su última visita, realizada en noviembre, en el marco de la auditoría estipulada en el “artículo 4” de las normas que rigen para los países que integran el organismo.

Pami para los jubilados. Ningún ajuste. Elección de la conducción por los jubilados y trabajadores de la institución. Aumento de emergencia de 6.000 pesos. Restitución del 82% móvil.

Foto: Camila Almada Meneses

Esta Campaña Financiera en Sealy estuvo estimulada por el gran triunfo clasista, del 7 de diciembre, en las elecciones de delegados. Es importante resaltar este punto ya que muchos de los compañeros que aportan en esta compaña lo hacen comprendiendo la importancia que tuvo el acompañamiento del Partido Obrero para conseguir este triunfo histórico de los trabajadores de Sealy y, por lo tanto, ven la importancia de colaborar económicamente con nuestra organización.

También en el debate estuvo planteada la necesidad de construir un partido de los trabajadores y que éste debe ser sostenido económicamente por los propios trabajadores para defender su independencia de clase.

Llevando este debate con varios compañeros se resolvió organizar una colecta en esta Campaña Financiera, la cual al día de la fecha ya cuenta con 35 aportes, número que ira creciendo en estos días, ya que quedan varios compromisos por ingresar.

Esta Campaña Financiera que está en marcha en Tempur Sealy la vemos muy valiosa, en primer lugar porque refleja también un apoyo a la comisión interna recuperada por parte de los compañeros. En segundo lugar, nos abre un importante campo de trabajo dentro de la fábrica para volver a estructurar la organización de los compañeros y la asimilación de nuevos activistas al Partido.

Esa es la tarea que debemos trazarnos de aquí en adelante.

Tras 24 horas de ocupación de la planta de Banghó, en Vicente López, la UOM y la empresa llegaron a un acuerdo en el marco de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria con todos los despedidos adentro. Los trabajadores levantaron la toma y se estableció un plan de entrenamiento productivo para una futura localización del personal en otras plantas con un pago parcial del salario. La planta está cerrada por vacaciones y el lunes se presentará la primera tanda de trabajadores para concretar el acuerdo.

El viernes 20, en medio de las vacaciones, la patronal mandó telegramas de despidos a 150 metalúrgicos, 40 trabajadores de comercio y 20 fuera de convenio, y trasladó las maquinas de ensamblaje al establecimiento que tienen en Parque Patricios. Esto, después de cuatro meses de obligar a los trabajadores a hacer doce horas diarias para liquidar el stock, mostrando una clara premeditación para llevar adelante el cierre. Algunos trabajadores habían advertido el hecho, y, sumado al goteo de despidos que en el 2016 se cobró 200 puestos más, reclamaban la necesidad de una acción para frenar la ofensiva, un reclamo desoído por la UOM.

Banghó alega que entre el 2015-2016 la venta cayó un 43% y que, ante la liberación de las licencias no automáticas y la reducción de los aranceles a 0% a la importación de tecnología, se ve obligada a cerrar la planta. Propone pagar las indemnizaciones al 50%, pretendiendo apoyarse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre procedimiento preventivo de crisis, siendo que jamás lo presentó. Aduce la incapacidad de competir con países que “carecen de reglas laborales, y que mediante el dumping bonifican fuertemente sus exportaciones”. Junto al resto de las cámaras empresariales del sector, la patronal reclama que se reduzcan los aranceles a los componentes de los equipos que se producen en sus plantas (Parque Patricios, en el promocionado Polo Tecnológico, y Vicente López). Pero, curándose en salud, han dejado en la calle a más de 200 trabajadores.

Banghó jamás se sometió a una auditoría ni mucho menos presentó sus balances. Estas medidas arbitrarias cuentan con el apoyo silencioso del Ministerio de Trabajo, que sólo luego de la ocupación convocó a una reunión para discutir con la UOM y la empresa.

La UOM no sólo no hizo nada durante los despidos producidos a lo largo de un año sino que, sabiendo lo que se venía (el día 20 de enero aparecieron declaraciones de la dueña de Banghó anunciando las cesantías) permitió que la patronal vaciara la fábrica sin dejar una máquina.

Se trata de una línea de adaptación al ajuste de las patronales. En definitiva, los industriales metalúrgicos han echado a más 20 mil trabajadores en el último año, como supo reconocer el Barba Gutiérrez, directivo del gremio.

El Partido Obrero plantea: todo y todos por la victoria en Banghó, extender la lucha a la otra planta y al movimiento obrero, en primer lugar el metalúrgico de Vicente López. Ni un despido. Que se abran los libros de la empresa a un comité electo por los trabajadores.

El 3 de febrero de 1976 los trabajadores encontraron cerradas las persianas de Clarín en las dos entradas, la de Tacuarí y la de Piedras. Había fuerte custodia policial y un refuerzo del personal de seguridad del diario. Los tipos tenían una lista de la gente que no debían dejar entrar. En total los despedidos eran 59, entre ellos toda la comisión interna compuesta por Ricardo Esparis, Oscar González, Juan José Pano, Oscar Martínez Zemborain, Carlos Dradac, un par de trabajadores de Expedición y dos de las oficinas que el diario tenía entonces en la calle Corrientes.

Los despidos eran con causa, “por atentar contra la producción y los bienes de la empresa”. No era la primera vez. En 1966, inmediatamente después del golpe de Onganía, también se había descabezado la interna integrada entonces por Eduardo Jozami y Emilio Jáuregui, asesinado por la policía en junio de 1969 durante una manifestación de repudio a la visita de Nelson Rockefeller. Los aires del Cordobazo llegaron a Clarín y en 1972 se recompuso la interna, reelegida en 1974.

Los despidos de 1976 encontraron una respuesta muy activa de los trabajadores, con asambleas que llegaron a reunir más de 200 personas en el local de la Federación de Entidades Gallegas. Se llegó incluso a parar la salida del diario mediante piquetes. Una lucha larga, que llegó casi hasta el 24 de marzo. El golpe la cortó abruptamente. Las demandas de los trabajadores no eran entonces muy distintas de las actuales. A fines de 1973 el gobierno de Juan Perón, por medio de su ministro de Trabajo, el burócrata metalúrgico Ricardo Otero, había impuesto una reforma laboral que, entre otras muchas cosas, instauraba la figura de los “contratos a término”, los contratos basura. “Es una ley peronista”, dijo entonces Otero.

Aquellos despidos fueron avalados por el Ministerio de Trabajo de Otero, que nunca dictó la conciliación obligatoria, y habían sido facilitados por la intervención gubernamental a la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA). El interventor, un tal López, de Mar del Plata, dijo que el sindicato no iba a respaldar “a internas que agitan el trapo rojo”.

Clarín ya era una avanzada en materia de “tercerizaciones” y flexibilidad laboral. En esa situación estaban los colaboradores de prensa y el equipo de motociclistas, que llevaba los avisos clasificados desde las agencias que el diario tenía distribuidas por toda la Capital Federal y el conurbano. Esos trabajadores debían facturar para recibir sus haberes. La interna descabezada en 1976 dirigió una lucha sin cuartel contra ese estado de cosas y logró el pase a planta de todos. También se consiguieron aumentos salariales importantes gracias a una conquista organizativa poderosísima: una intersindical de trabajadores de prensa y gráficos.

En febrero de 1976 la preparación del golpe avanzaba a toda marcha. El gobierno de la Triple A, de la camarilla terrorista de Isabel Perón y López Rega, se había vuelto impotente para detener la lucha de los trabajadores. Al mismo tiempo, el fracaso de la huelga general de junio-julio de 1975 había impuesto un retroceso relativo y temporario, que fue aprovechado por la gran patronal y la embajada norteamericana para preparar el asalto al poder. Clarín era parte activa de los organizadores del golpe que en marzo, nucleados en un sello llamado Apege, lanzarían un lock-out nacional abiertamente golpista. Ernestina Herrera y Héctor Magnetto necesitaban destruir la organización sindical para despedir a gusto y aplicar la legislación antiobrera del gobierno peronista, cosa que no habían podido hacer por la combatividad de sus trabajadores.

Producido el golpe, Clarín echó a 600 trabajadores sobre un total de 1.600 entre periodistas, administrativos y gráficos. Los telegramas hacían alusión a las leyes de “subversión industrial” de la dictadura, de modo que constituía riesgo de vida caminar por la calle con ellos en el bolsillo. El terror dictatorial fue trasladado rigurosamente puertas adentro por la patronal de Noble y Magnetto.

Hasta 1982, cuando a costa de varios despidos y producto de una fortísima lucha adentro y afuera del diario, la organización de los trabajadores del diario empezó a recomponerse. Pero ésa es otra parte de la historia.

La crisis mundial que se inició en 2007 no ha agotado sus efectos, ni ha desarrollado aún todas sus conclusiones históricas. Uno de sus rasgos distintivos es que tuvo lugar cuando había transcurrido una década y media de la apertura al mercado mundial de las economías de dos estados poderosos como Rusia y China. Esta apertura (una verdadera válvula de seguridad para el capitalismo), desató, al mismo tiempo, las tendencias anarquizantes del capitalismo con una intensidad sin paralelo. El estallido de la crisis asiática/rusa de 1997 y la mundial de diez años más tarde, forzó la intervención del Estado en China y en Rusia, y la aparición de gobiernos bonapartistas que arbitraran con el capital internacional. Fueron las primeras manifestaciones del antagonismo que aflora en la actualidad, en particular entre Estados Unidos y China. En el proceso quedó sepultada la ilusión de un tránsito ‘pacífico’ entre economías estatizadas y dirigidas y la economía mundial capitalista en su conjunto.

Nacionalismo

La fuerza que han cobrado las tendencias nacionalistas en Europa, así como el Brexit y la victoria de Trump, obedece al fracaso de las tentativas de reactivación económica, principalmente de Estados Unidos y la UE, por medio de los rescates estatales a los bancos. Son la expresión del agotamiento de una etapa política. El rescate mejor sucedido, el norteamericano, no ha recuperado la tasa de crecimiento potencial del PBI, o sea ni la tasa de crecimiento de la productividad, ni de la inversión, y mucho menos aún de los salarios (la demanda de consumo final). La valorización bursátil extraordinaria de las empresas tecnológicas responde a una expectativa de beneficios que no ha pasado por la prueba del mercado. La acumulación enorme de capital en efectivo en esas empresas traduce lo contrario –la ausencia de una rentabilidad adecuada que justifique inversiones significativas. La expansión de la explotación de petróleo no convencional ha sido subsidiada por una tasa de interés artificialmente baja. Es lo que olvida Trump, para su conveniencia, cuando denuncia los subsidios ocultos que provee el Estado chino a sus capitales. En su conjunto, la economía norteamericana registra un enorme crecimiento de la deuda nacional (Estado federal, Estados y municipios, bancos y empresas, familias). Es una economía potencialmente en quiebra, que se sostiene por la capacidad de emisión de la principal divisa internacional. Por otra lado, la ‘piedra preciosa’ de la ‘globalización’ –la City de Londres– enfrentaba, al momento del Brexit, un déficit internacional de pagos de casi un billón de dólares, así como una sobrevaloración de la libra y un colapso industrial (por ejemplo, la siderúrgica Tata).

A la carta

La reacción nacionalista, es importante advertirlo, no tiene un carácter uniforme: es ofensiva en Estados Unidos y defensiva en la Unión Europea, y aún más en los casos de los Estados periféricos. Lo que tienen en común es su condición de reacción política preventiva frente a las manifestaciones de la crisis política. Las condiciones de existencia de las masas se han deteriorado fuertemente en el curso de la crisis. La crisis mundial ha acentuado el antagonismo de las masas con los gobiernos habituales, en el marco del sistema democrático. Las calificadoras internacionales han incorporado el “riesgo político” en la evaluación de las perspectivas de las compañías y los Estados.

La base social de esta reacción nacionalista (nacionalismo reaccionario) es, por el momento, débil. En Europa del Este y Rusia, donde parecería más asentada, ha provocado movilizaciones de rechazo de diferente envergadura. Enfrenta la oposición de sectores de la burguesía fuertemente vinculados a las inversiones internacionales o a la tercerización internacional de su producción. Para una mayoría de la burguesía, el abandono de los métodos ‘democráticos’ resulta aún prematuro y peligroso, porque aceleraría una polarización que no ve deseable ni funcional a sus intereses. Puede operar como un incentivo para grandes movilizaciones populares en países donde la tradición histórica de lucha está presente en la conciencia cotidiana.

Bonapartismo e ‘impeachment’

Esta crisis política ha quedado expuesta en la transición de Obama a Trump: choques en el Congreso, choques con los aparatos de seguridad, choques con la gran prensa, críticas abiertas en la cúpula de la Otan y por parte del presidente saliente. También se ha caracterizado por choques entre la industria automotriz y la nueva administración acerca de México, o con la industria de alta tecnología, a la que Trump denuncia por la retención de utilidades en el exterior. En las interpelaciones en el Congreso, los ministros designados han desmentido los planteos de Trump en asuntos claves. Asistimos, antes que nada, a una división excepcional en las filas de la burguesía norteamericana.

La idea de que Trump "juega" a la confusión para descolocar a sus adversarios, no advierte las contradicciones explosivas de esta suerte de ‘juego’. El rechazo a la realización de “conferencias de prensa”, por un lado, y el rechazo al proyecto de reforma impositiva de la bancada republicana, que busca evitar la aplicación de aranceles a la importación, constituyen los primeros pasos de la instalación de un gobierno bonapartista en Estados Unidos. En efecto, los legisladores republicanos pretenden impedir la adopción de aranceles proteccionistas que desaten una guerra comercial abierta, mediante un régimen impositivo que grave las importaciones después que hubieran ingresado al mercado norteamericano, y susceptible por lo tanto de acogerse a exenciones y deducciones. Trump ha rechazada el proyecto de su bancada, en este tema crucial de su agenda, en forma pública y tajante. La tentativa bonapartista ya está planteando la cuestión del ‘impeachment’. La división de la burguesía norteamericana y la tendencia bonapartista son los aspectos fundamentales, al momento, de la crisis política en Estados Unidos.

La reacción nacionalista deja al desnudo las contradicciones de la salida a la crisis capitalista que pone el acento en la reactivación por medio de déficits fiscales y gastos enormes en obras públicas. Los defensores ‘liberales’ de esta salida, como es el caso del editor del Financial Times, Martín Wolf, no advierten la contradicción de una reactivación ‘nacional’ que aumente la demanda fuera del país en beneficio del capital extranjero en detrimento relativo del nacional. El capitalismo no admite salidas ‘coordinadas’ a la crisis. A diferencia de la crisis de los años 30 del siglo pasado, sin embargo, un cierre económico similar perjudicaría al capital norteamericano que se encuentra invertido fuera de sus fronteras. Los dividendos e intereses que el capital norteamericano remite del exterior supera el monto que tiene que pagar Estados Unidos por su deuda exterior y la remisión de utilidades del capital extranjero. Una reactivación de la obra pública en gran escala desvalorizaría, por otro lado, la deuda pública corriente en manos de bancos y financieras (aumenta las tasas de interés) –lo cual destrozaría a un capital ficticio estimado en mil billones de dólares. Cuando las estadísticas mencionan el patrimonio acumulado por el 0,1 o el 1% de los capitalistas, no agregan que se trata de capital ficticio (títulos y obligaciones del Estado y las empresas), que se encuentra extraordinariamente sobrevalorizado.

Proteccionismo: los medios y los fines

Mientras que el nacionalismo europeo plantea una defensa de los mercados nacionales o incluso de la zona euro, es incorrecto caracterizar los planteos de Trump como una defensa del mercado norteamericano. La ‘guerra comercial’ que impulsa Trump tiene por finalidad imponer la apertura de los mercados extranjeros al capital norteamericano, en especial en el caso de China. El imperialismo reclama la privatización o desmantelamiento de las empresas estatales de China, así como la apertura al capital extranjero de las Bolsas y de la negociación de la deuda pública. Esgrime el proteccionismo para arrancar concesiones absolutamente estratégicas en los mercados rivales.

Después de inundar el mercado mundial con acero y aluminio, China procura salir de esta crisis de sobreproducción, liquidando parte de estas ramas, pero también mediante la industrialización de estas materias primas, lo que se llama aumentar la escala de valor. Este choque ha alcanzado una temperatura excepcional con el desarrollo, aún incipiente, de una industria de chips y semiconductores, por parte de China. Se trata de la matriz tecnológica de los servicios industriales modernos. Por eso, Estados Unidos ha bloqueado la adquisición de empresas tecnológicas con las cuales China pretende abreviar el tiempo de gestación de esta industria. Un medio de prensa caracterizó el intento de China como un equivalente al desarrollo de la flota naval por parte de Alemania, que desató la guerra mundial en 1914. Más que una tentativa de proteccionismo aduanero convencional, Trump representa la declaración de guerra contra el proteccionismo industrial y financiero de China. Trump continúa una línea precedente, pero cambia la escala.

Europa y América

La ofensiva norteamericana sobre China cambia forzosamente las relaciones capitalistas internacionales. No puede tener lugar ‘en forma conjunta’ por parte de Estados Unidos, de un lado, y Europa, del otro, porque tiene por base una incorregible rivalidad entre Estados capitalistas. De ahí el desplante de Trump hacia la unidad europea y el saludo al Brexit. Después de todo, el Brexit desbarató el planteo del ex ministro Cameron y de la City a favor de desarrollar una relación especial con China, que se manifestó en la decisión de integrar el Banco Internacional de Desarrollo impulsado por China e incluso admitir el desmantelamiento de la siderurgia en Gran Bretaña en beneficio de China y la participación de China en la construcción de reactores nucleares –a cambio de una integración financiera de China en el mercado de Londres (convertibilidad del yuan).

A la luz de este conflicto de posiciones, se podría decir que el Brexit ha sido una suerte de golpe de Estado contra ‘el gobierno pro-chino’ de su antecesor. Theresa May, al revés, ha anunciado el deseo de establecer una “relación especial” con la Norteamérica de Trump. Anticipa de este modo la posibilidad de que el chovinismo europeo no sea otra cosa que un cambio de amo de las burguesías europeas –de Alemania hacia Estados Unidos (aliado con Putin).

La declinación de Estados Unidos

El anuncio de la ofensiva ‘comercial’ contra China ocurre cuando China se encuentra al borde de una crisis financiera enorme, que no podría ser contenida, ni menos resuelta, por una mayor intervención del Estado. En 2016, ha salido un billón de dólares en divisas, a pesar de los controles oficiales. La tenencia de deuda norteamericana por parte de China ha caído en cifras parecidas y es probable que haya sido la causa principal de la reciente suba de interés en Estados Unidos. La manifestación política de esta crisis es el acentuado bonapartismo de Xi Jinping, el presidente chino. En Davos, recientemente, Xi ha respondido a la presión de Trump con una oferta de apertura. Los nuevos desenvolvimientos políticos auguran una aceleración de la crisis en China, y en especial una crisis de su régimen político. El enfrentamiento Estados Unidos vs. China tiene lugar cuando se desarrolla una intensa fractura en la burguesía norteamericana, de un lado, y algo similar en la burocracia de China, del otro. La transición internacional en curso plantea crisis de poder en la mayoría de las principales naciones. Antes de que se plantee la posibilidad de una guerra que enfrente a Estados Unidos y a China como protagonistas principales, será necesario unificar a las burguesías y burocracias de los países respectivos y, de un modo general, trastocar el régimen político democrático que caracteriza a los Estados capitalistas avanzados.

Muchas caracterizaciones del proceso actual hacen referencia a la declinación de Estados Unidos como potencia líder del capitalismo. Esta caracterización supone el ascenso de alguna potencia rival, lo que no ocurre. Todo lo contrario: los Brics (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) han perdido vigencia; Brasil y la India han girado hacia la órbita norteamericana en sus cambios de gobierno recientes. La unidad europea atraviesa una prolongada desintegración. La profundidad de la bancarrota capitalista mundial ha acentuado la dependencia de los Estados capitalistas y restauracionistas respecto a los Estados Unidos. Es el único país que cuenta con una banca de inversión. El dólar ha alcanzado un máximo en la participación en las transacciones comerciales y financieras internacionales. La impresión de una declinación del imperialismo yanqui es una lectura distorsionada de la enorme declinación histórica del capitalismo mundial.

No nos encontramos en una fase de relevo del liderazgo mundial. Asistimos a la desintegración del bloque político de naciones capitalistas que se formó luego de la segunda guerra mundial. La zanahoria que guió la política norteamericana en esa alianza es cosa del pasado. Trump pretende inaugurar la política del garrote en el seno de lo que fue la "alianza de occidente".

¿Se ha formado una pareja?

El cortejo de Trump hacia Putin es, obviamente, una tentativa de descalificar a los regímenes democráticos capitalistas, a los que el magnate ha definido como “talk, talk, talk, but no action” (“palabrerío y ninguna acción”); en síntesis, la necesidad de ‘gobiernos fuertes’.

Es, sin embargo, un reconocimiento, por un lado, del fracaso de la tentativa de disolver a Rusia como estado multinacional o convertirla, alternativamente, en colonia económica, como intentaron Bush padre y Bill Clinton. Por el otro lado, también del rol contrarrevolucionario del régimen de Putin en el conjunto del orden internacional. Las invasiones a Afganistán e Irak, por parte de coaliciones lideradas por el Pentágono, han desatado una crisis gigantesca en Medio Oriente. El imperialismo teme el renacimiento de las revoluciones árabes y las consecuencias de la crisis desesperante de Turquía, principal base de la Otan.

La política del ‘state building’ (construir protectorados políticos ‘constitucionales’) ha concluido en un fracaso gigantesco. Fracasó asimismo el propósito de Obama de producir una “salida ordenada” de la región. La convocatoria de Trump a Putin para “combatir al terrorismo” representa, en primer lugar, el reconocimiento descarnado de este fracaso. Es también una oferta de ‘reparto de influencias’ en la región, que debe contar con el acuerdo del Estado sionista.

Por otro lado, representa una tentativa de poner a Rusia bajo la tutela norteamericana. Trump y Putin están interesados en las inversiones petroleras en el Ártico, lo cual supone, en gran medida, un acuerdo energético internacional, que incluye a Ucrania, los gasoductos (desde Siria a Chipre), y una crisis potencial con Arabia Saudita y Qatar. Esto plantea una crisis con la Unión Europea. El comando militar del Pentágono y de la Otan recela del acercamiento a Rusia y también advierte que Putin no está dispuesto a operar bajo la batuta de Trump. Lo que se presenta como una divergencia, está plagada de antagonismos.

El propósito que se atribuye a Trump de querer meter una cuña entre Rusia y China, es por ahora un espejismo. Las ‘ideas’ de Trump todavía no han demostrado consistencia, si es que ocurre alguna vez. Tiene las características de un ensayo en falso. Lo que es claro, por sobre todo, es que la bancarrota mundial ha destruido la ilusión de un reequilibrio de las relaciones capitalistas y está produciendo un realineamiento entre las principales potencias, de alcance incierto. La experiencia Trump deja vislumbrar, sin embargo, las tendencias políticas de conjunto.

El epicentro de la crisis política

La asunción de Trump ha acelerado tendencias políticas que se encontraban en pleno desarrollo. El campo principal de disputa se encuentra al interior de los Estados Unidos. Existe una división excepcional en la burguesía, sus partidos y sus instituciones. La reacción popular que ha producido a la escala de todo el país se encuentra bajo la tutela de la burguesía y pequeña burguesía liberales, que será usada para impulsar un ‘revival’ demócrata. Pero es un comienzo de lucha. La experiencia chovinista Trump (que obtuvo tres millones de votos menos que su rival) sigue a la de una presidencia negra, que fue una tentativa liberal fallida de apaciguar la crisis y los antagonismos de clase. Dos presidentes, uno negro, por un lado, y un chovinista blanco, por el otro, no dejan de representar dos recursos ‘extremos’ alternativos a una misma crisis de conjunto.

Estados Unidos se ha convertido en epicentro político de la crisis mundial, luego de haber sido su epicentro y motor económico y financiero.

Publicado en: https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/684153991765465

La lucha de los obreros de AGR ha dejado una nueva y poderosa lección en el debate de estos años respecto de los monopolios mediáticos y la libertad de expresión.

La ley de medios kirchnerista había prometido una “pluralidad de voces” que tuvo una sola y conocida consecuencia: al monopolio Clarín, la política oficial le opuso el crecimiento de algunos monopolios empresarios afines a los K, los cuales se expandieron con los generosos recursos de la pauta oficial y otras maniobras para facilitar procesos de concentración. A esa fragmentación entre corpos y “Korpos”, el kirchnerismo la presentó como la consumación de la pluralidad de voces. Hoy, las regulaciones kirchneristas –que nunca pasaron de un arbitraje entre pulpos- han sido mandadas al canasto. Pero quedaron algunos de los pulpos mediáticos que crecieron al calor de su gobierno. ¿Cómo actuaron en medio de la huelga de AGR?

A la censura previsible del grupo Clarín se sumó el silencio cabal y completo de los medios controlados por Cristóbal López, y la tímida –y burocrática- cobertura de otros, como Página 12. Esa mordaza sólo fue parcialmente superada por algunos periodistas que cuentan con producción propia, y que difundieron la huelga o la represión a la planta en sus programas. O por los trabajadores de prensa que presionaron encarnizadamente para que la noticia de la ocupación de AGR se divulgara. En “La Nación”, la decisión de la patronal de “deslinkear” una nota sobre el conflicto produjo una virtual rebelión en su redacción, que mucho de sus periodistas expresaron en las redes sociales. En Clarín, la comisión interna difundió, también por las redes, un comunicado que desenmascara y ridiculiza la “nota” que la patronal del diario publicó sobre la ocupación de AGR. En el caso de Tiempo Argentino, el diario recuperado por sus trabajadores le dio una amplia cobertura al conflicto, tanto en la edición impresa como en la web.De un modo general, la explosión del conflicto en las redes expresó la conmoción que produjo la lucha entre los trabajadores y la juventud. La campaña por las redes -que tuvo como puntal al equipo de “Prensa Obrera” digital- quebró en buena medida el cerco mediático de los pulpos.

El conflicto de AGR volvió a borrar la división entre medios macristas o prokirchneristas: por encima de ello, primó la solidaridad de clase frente a la irrupción obrera en defensa del derecho al trabajo y de sus conquistas laborales. En definitiva, unos y otros practican la precarización laboral y una política de despidos –masivos o selectivos- como telón de fondo de sus “reestructuraciones” o vaciamientos.

Como nunca, la supuesta pluralidad de voces se reveló como un mito. Los paladines de la libertad de expresión ejercieron la más brutal de las censuras. Y la batalla por el derecho a informar estuvo en manos de los trabajadores y de quienes los apoyan. La libertad de prensa volvió a mostrarse antagónica con el monopolio capitalista de los medios. El acceso irrestricto a la información y al conocimiento exige terminar con la tiranía de los pulpos, y la entrega de los medios y recursos tecnológicos a las organizaciones obreras y populares.

El ninguneo de la ‘gran’ prensa sobre la ocupación de AGR no ha podido impedir que esta gesta obrera ocupe un lugar crucial en el escenario político.

La ocupación de AGR ocurre cuando el gobierno se encuentra empeñado en una escalada de gran alcance contra la clase obrera. Después de haber empeñado todos los recursos del fisco para rescatar al capital; después de elevar la deuda pública en casi 50.000 millones de dólares, el gobierno sólo puede ofrecer como resultado un empantanamiento económico persistente -incluso el FMI le bajó los pronósticos de crecimiento para 2017, el cual no alcanzaría para compensar la declinación del año que pasó. En medio de este empantamiento, Macri busca renovar el apoyo de todas las fracciones capitalistas prometiéndoles un ataque estratégico a las conquistas de la clase obrera. Mientras los obreros de AGR cumplían su primera semana de ocupación, Macri anunciaba por decreto el cambio en el régimen de riesgos de trabajo, para virtualmente liquidar el derecho del trabajador a recurrir a la justicia laboral. El gobierno decidió imponer esta medida antiobrera con un “decretazo”, el cual, de todos modos, tendrá que someterse al veredicto de una comisión de parlamentarios oficialistas y opositores. El decretazo es un emplazamiento de Macri a pejotistas y massistas de cara a un reclamo estratégico de la gran patronal industrial. El gobierno confía -o descuenta- el apoyo de los senadores del PJ y el FPV que ya votaron en la Cámara Alta esta iniciativa antiobrera, junto con el aval del triunvirato de la CGT. El massismo, que ha criticado “la forma” (el decretazo), apoya sin embargo el “fondo”, o sea, la pretensión capitalista de reducir los costos laborales a costa de la seguridad en el trabajo. Como ya ocurriera con Ganancias y la ley “antidespidos”, el episodio de las ART volverá a demostrar la completa inconsistencia de la demagogia “social” de los opositores, cuando lo que está en juego es la agenda de la gran burguesía.

Triunvirato

La CGT, que ya dio su aval en la cuestión de las ART, discute con el gobierno un paquete laboral en torno de la supuesta “creación de nuevo empleo” -entre otras medidas, un blanqueo laboral ampliamente generoso para las patronales, el retorno de un régimen de pasantías y la aplicación de los planes sociales a cuenta del salario. Los dirigentes sindicales ‘lamentan’ que estas iniciativas “pro empleo” se produzcan en medio de despidos masivos, como ocurrió en Alpargatas San Luis, Sierra Grande, Banghó o AGR Clarín. Ello como si la política oficial no procurara otra cosa que bajar el costo del despido -lo mismo que buscaron todas las ‘reformas laborales’ en la Argentina y en el mundo. La montaña de subsidios previstos para los “nuevos” empleos servirán para que las patronales financien despidos encubiertos, bajo la forma de retiros voluntarios. La burocracia condiciona el apoyo a estos planes a que el “plantel total de trabajadores no decaiga o se eleve”, algo que no impide el relevo de unos trabajadores por otros. Ese es el meollo del conflicto de AGR, donde la patronal que despide aspira a reabrir el taller con trabajadores precarizados. En relación a las pasantías, la burocracia no cuestiona su utilización como variante disimulada de trabajo precario -sólo condiciona su aceptación a la afiliación sindical de los pasantes, o sea, a reforzar sus cajas. El triunvirato cegetista ha prolongado su tregua con el gobierno en aras de este plan laboral fraudulento, mientras los despidos masivos desfilan ante sus narices.

AGR

Es en este cuadro que el conflicto de AGR ha sacudido la estantería de la tregua, en primer lugar, por sus métodos de lucha. A la decisión despótica de la patronal de AGR contra el derecho al trabajo, sus trabajadores le opusieron la determinación colectiva de ocupar la planta, hasta que se retrotraigan los despidos. Esta decisión ha provocado una conmoción en el movimiento obrero, obligando, en primer lugar, al sindicato gráfico a convocar a un paro general. Es la ocupación, también, la que ha forzado a una burocracia apoltronada en la tregua a recibir a los huelguistas, que exigieron medidas de apoyo y el paro general de cara al conflicto y a la oleada general de despidos. Los trabajadores de AGR han hecho de la ocupación de su fábrica una gran palanca sobre los sindicatos obreros, para movilizarlos en torno de una lucha estratégica. Al mismo tiempo, le han ofrecido a toda la clase obrera un gran planteo -la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Redoblemos la campaña en apoyo a AGR en todos los sindicatos y organizaciones populares; reforcemos su fondo de huelga, los piquetes y bloqueos. La remachada oposición de la CGT a un paro general puede resultar un búmeran que haga madurar por abajo un movimiento de conjunto. Un anticipo de ello son los pronunciamiento de las CGT de varias provincias en favor de los obreros de AGR. Es necesario denunciar a fondo la complicidad antiobrera del gobierno y su Ministerio de Trabajo, que renuncian a intervenir en el conflicto a pesar de que los despidos masivos de la patronal ni siquiera se avienen a los procedimientos legales en materia de “crisis” o supuestas “pérdidas” alegadas por la patronal. El gobierno macrista apunta a convertir al país en una gran AGR. Por eso, una victoria de sus obreros no sólo golpearía los planes precarizadores de Clarín, sino también al corazón de la política oficial, cuyo único denominador común es impulsar una regresión histórica en las conquistas de la clase obrera argentina.

Foto Fede Imas

Mientras continúa la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín, se está produciendo una "huelga" por tiempo indeterminado de los trabajadores alimenticios de Prodalsa -una empresa de cien trabajadores que produce grasas y margarinas para panaderías.

A diferencia de la situación de AGR, la fábrica no amenaza con el cierre, sino que intenta despedir a un activista de la fábrica, acusándolo de haber descuidado el producto. Nada fuera de lo común (como cualquier empresa limpia a los activistas inventando causas), salvo que la empresa ofrece la reincorporación inmediata de Alejandro Romero a cambio de la renuncia del delegado Miguel Arce (reciente candidato a Tesorero por la Lista Naranja).

La acusación de la empresa es que el delegado habría retirado margarina de más con la complicidad del despedido. Pero el retiro estaba autorizado por el supervisor, por lo que la empresa tuvo que despedirlo. Como los fueros le impiden actuar sobre Miguel Arce, la empresa optó por el despido de Romero (con el evidente objetivo de negociar la reincorporación a cambio de la renuncia del delegado). La misma extorsión miserable sufrieron los trabajadores del Frigorífico Rioplatense en un conflicto reciente; la patronal despide y oferta reinstalaciones a cambio de la renuncia de los delegados.

Una particularidad del conflicto de Prodalsa es la actitud asumida por los directivos del STIA; tomaron en su totalidad la versión de la empresa ¡y reclaman la renuncia del delegado de la Naranja! En este escenario de ajuste fenomenal sobre los trabajadores alimenticios (recordemos que la Verde no consiguió bono de fin de año), la dirección del sindicato coincide plenamente con la orientación de la patronal: borrar al clasismo de las fábricas, para que el ajuste pase sin resistencia y que no tenga "costo político" para la Verde.

Linda disyuntiva se le planteó a los trabajadores de Prodalsa (y de todo el gremio): tomar partido por la causa de la empresa y el STIA y reclamar la renuncia de sus delegados, o tomar partido por sus delegados contra la empresa y el sindicato. El paro fue votado unánimemente, lo que demuestra que la actitud patoteril de los Directivos del Stia no intimida a nadie. El paro contra un despido (como en Hellmanns hace unos días) se opone a la parálisis total del STIA y la CGT que no movieron un dedo ante 250.000 cesantías y expone con claridad quiénes deberían estar a la cabeza del movimiento obrero (los clasistas) y quiénes serán sepultados por la historia (los burócratas). Los obreros de Canale, Nevares , Cresta Roja, Alpesca, Georgalos se han encontrado con la misma barrera burocrática que los de Prodalsa (el ejemplo de Bertone, que en asamblea, y por unanimidad, destituyó a los 2 delegados de la Verde y nombró a nuevos delegados "provisorios" que además fueron reconocidos por el Ministerio de Trabajo).

Como decimos en la Naranja, cada vez que los trabajadores necesitan luchar se cae la careta de la Comisión Directiva de Morán y se abren paso a nuevas experiencias clasistas. Vamos por el triunfo de la lucha de Prodalsa y por delegados clasistas en todas las fábricas del país.

El alcance de la ocupación y la resistencia obrera en AGR-Clarín puede medirse en la convocatoria a un paro del gremio gráfico después de 30 años sin realizar una acción de ese alcance. La medida de fuerza no sólo tiene su envergadura por las décadas que pasaron desde el último paro general convocado por la Federación Gráfica Bonaerense, sino porque además se convocó en medio de una larga y bochornosa tregua del conjunto de las centrales sindicales con el gobierno, a pesar de los innumerables despidos y ataques a los bolsillos de los trabajadores que se llevaron a cabo. La medida sufrió el pase de factura por los 30 años sin paros en el gremio gráfico y su efectivo cumplimiento estuvo lejos de encontrar un acatamiento total. Un punto crítico es que muchos delegados del riñón de la propia directiva del sindicato se opusieron a llevar a cabo la medida votada por el plenario de delegados. Por otro lado, la proliferación de centenares de talleres gráficos sin organización gremial puso en evidencia las dificultades que esa situación genera a la hora de dar una respuesta de conjunto a la ofensiva patronal.

En varios talleres, se puso de manifiesto la debilidad de la organización sindical. En New Press, si bien no están realizando los trabajos de AGR que llegan al taller -un hecho destacado- cumplieron el paro en forma parcial. Lo mismo en Ipesa. Aluex y Balbi no pararon. En Tobacco, los delegados afines a la directiva boicotearon el paro. En Interpack II ni la interna ni el gremio aparecieron por la planta y siguió funcionando. En Guedikian y Utilof los delegados se opusieron al paro.

El punto mas débil se produjo en los diarios. No paró ninguno. Un paro en este sector hubiese tenido un impacto capaz de colocar en otro plano el conflicto.

La Naranja Gráfica desde un primer momento luchó por darle un carácter activo al paro. Esa fue nuestra moción en el plenario de delegados. Y lo hizo activo, nomás. Por un lado, los militantes de la Naranja realizaron asambleas y garantizaron la medida en los talleres donde dirigen las comisiones internas, como Morvillo e Interpack I. Por el otro, organizaron delegaciones para realizar piquetes en las puertas de fábrica y lograr el cumplimiento de la medida en los talleres en los que la falta de organización gremial no lo permitía. Como en Arcángel Maggio, histórica gráfica del barrio de Barracas con más de 150 trabajadores, un emblema de la super explotación y flexibilidad en el gremio. El piquete logró que por primera vez en su historia esta patronal negrera tenga su planta parada por una medida de fuerza gremial; algo que calará hondo en la conciencia de los trabajadores de Maggio. Los trabajadores de S.A.I.G.R.A. y Gráfica Pinter no habían adherido al paro, pero las delegaciones de la Naranja realizaron asambleas con los trabajadores y lograron la adhesión total, parando ambas plantas.

En otros talleres, la presencia y la distribución del volante del conflicto de AGR constituyó un gran aporte para que los trabajadores decidieran abandonar sus puestos de trabajo y defender el paro del gremio, del que no habían sido anoticiados por sus propios delegados.

Destacado fue el paro en Impripost. Primero, porque es la misma patronal de Clarín. Segundo, porque los trabajadores lo garantizaron a pesar del apriete patronal. Incluso votaron un quite de colaboración cuando la empresa les anunció que si paraban les retiraba el beneficio de las viandas. La Lista Naranja apoya esta medida de los compañeros. Hay que destacar también el paro en Casa de la Moneda (ex Ciccone) y Romi, grandes talleres. Las cooperatvas Madygraf y ex Worldcolor también pararon. Valid también adhirió.

Foto: Ignacio Smith

“Hemos demostrado largamente que no es verdad que la empresa está en crisis, como dice la patronal. Acá se hacen siete revistas, libros, folletería, estamos tapados de tareas y la empresa está llevando el trabajo a otros talleres. Hemos presentado pruebas de eso al Ministerio de Trabajo, están los registros de la Afip… En cambio, la empresa no presentó ninguna prueba de la supuesta crisis ni en el Ministerio ni en la Justicia”, dice con énfasis Pablo Viñas, secretario general de la comisión interna de AGR-Clarín.

Y se pregunta él mismo:

—Ahora, si no es la crisis ¿qué es? ¿por qué hacen esto? Desde ya que pretenden avanzar contra el convenio colectivo, flexibilizar y tercerizar, y para eso necesitan destruir la organización sindical de los trabajadores. Pero aún no alcanza con decir eso: tienen un objetivo estratégico, esto no se debe a un cálculo contable sobre cómo conseguir mayor ganancia. Después de todo, para sostener este conflicto están gastando una millonada de pesos que no van a recuperar, creo, ni en diez años…

—¿De qué se trata entonces?

—Es un objetivo de mayor alcance. Empiezan acá, pero se proponen destruir los convenios en todas las empresas del grupo. La comisión interna de Canal 13 ya denunció que están violando el Estatuto del Periodista, desvían trabajos de producción a empresas tercerizadas. La redacción de Clarín abunda en pasantes a los que ni siquiera les pagan. En el taller de (la calle) Zepita (donde se imprime el diario) hay jornaleros que cobran por día trabajado y llevan 14 años en esa situación. Para allanar el camino tienen que empezar con nosotros porque este es el lugar más organizado del grupo, pero van por la precarización general del trabajo en todas las empresas que tienen.

Interviene entonces Marcelo Quinteros, secretario adjunto de la CI:

—Mirá lo que pasa en AGL (Artes Gráficas del Litoral, perteneciente también al grupo Clarín), que está en Sauce Viejo, Santa Fe. Ahí mandaron a hacer la revista Viva, que estábamos haciendo nosotros. Fuimos allá a hacer un piquete, a explicarles a los compañeros que no pueden hacer el trabajo de otro taller que está en huelga, y ellos nos dijeron que son solidarios con nosotros pero están bajo tremendo apriete de la patronal… ¡y del sindicato! Sobre todo del sindicato, que les dice: “Hay que laburar como pide la empresa, si no los van a echar a todos a la mierda”. AGL tiene una máquina diariera y ahí imprimen el diario El Litoral, de modo que los trabajadores tienen que estar bajo el convenio correspondiente a diarios. Pero los flexibilizaron, les modificaron el convenio para que puedan hacer el trabajo nuestro por la misma plata. Los obligan a carnerear bajo aprietes y ni siquiera se lo pagan.

—¿Y los trabajadores de Zepita?

—Ahí hay una comisión interna que hasta ahora ha dado la espalda a nuestra lucha influirá en las propias condiciones laborales de los gráficos del diario.

Otro miembro de la interna, Sebastián Maritán, dice a su vez:

—Esto es algo que intentan desde mucho tiempo atrás. Hace años contrataron gente de agencias, tercerizaron, pero nosotros nos organizamos y tuvieron que echar para atrás. Ahora ya venían insistiendo con que querían flexibilizar el convenio, producir más con menos gente, negociar a la baja las paritarias…

Viñas asiente y añade:

—Pero la cosa ni siquiera termina ahí. Es decir, no termina en el grupo Clarín. Esto ya es un conflicto testigo, una prueba piloto de lo que quieren aplicar en todo el país. Por eso el apoyo del gobierno a la empresa y por eso también la enorme solidaridad popular que rodea a los trabajadores de AGR. Por eso el bloqueo mediático, que ya empieza a romperse, no logró ser bloqueo informativo porque lo rompimos de entrada, porque la gente lo hizo estallar en las redes. Es como si los trabajadores argentinos tuvieran conciencia de esto, o lo intuyeran. Una especie de “conciencia inconsciente”, algo que subyace sobre la necesidad de todos de apoyar este conflicto. Aquí los compañeros han entendido esto, aquí somos plenamente conscientes de lo que se juega. Los compañeros lo dicen: “Esto nos supera, esto nos trasciende”. Más allá de nuestra necesidad de luchar y ganar en defensa de nuestra fuente de trabajo y el sustento de nuestras familias, la conciencia de lo que acá se juega para todo el movimiento obrero nos hace sentir una gran responsabilidad.

Gerardo González, miembro de la comisión interna de AGR, explica que ya en diciembre ese organismo sindical presentó ante el Ministerio de Trabajo una denuncia por los intentos empresariales de tercerizar trabajos, lo que no fue escuchado. Y, además, que en ese mismo mes AGR se llevó 16 mil bobinas guardadas en un depósito lindero a la planta.

“Explicaron que habían vendido ese predio a unos empresarios bolivianos que iban a instalar un shopping. Si buscás en Internet esa obra la encontrás anunciada, hasta hay planos y esquemas del shopping y anuncios inmobiliarios”, explica González. “Además, hicieron adelantar el trabajo de un mes. Por eso nos veíamos venir una cosa así y preparamos una respuesta”.

—Las maquinarias siguen aquí…

—Por supuesto, las máquinas siguen en la planta. Eso para ellos es un problema, porque en otros talleres no disponen de la maquinaria que hay aquí. Acá tenés una máquina en la que entra por un lado el papel en blanco y por el otro sale el material impreso, contado y empaquetado, a razón de 55 mil ejemplares por hora. Otros talleres no tienen eso.

“La solidaridad que recibimos -dice el ex delegado Gustavo Castillo- es conmovedora, nos da una fuerza enorme para seguir”.

Pablo Viñas cuenta una anécdota que da idea de la repercusión popular del conflicto.

“Un compañero -dice- llamó al banco para renegociar una deuda que tiene, para explicar que no puede pagar ahora porque Clarín lo echó. Lo derivaron a Morosos, todo muy formal. Pero cuando explicó lo que pasaba, el empleado que lo atendió dejó toda formalidad y le dijo: ‘No me digas que estoy hablando con un trabajador de AGR, no te puedo creer. Por favor no bajen los brazos, no aflojen, todos los apoyamos”.

“Cuando cortó -termina Pablo-el compañero se tuvo que sentar. Cosas así nos pasan todo el tiempo”.

Foto: Malena Estente

Las afirmaciones del fascista salteño Alfredo Olmedo respecto de la construcción de un muro en la frontera boliviana sólo han servido para disimular dos cuestiones. En primer lugar, el carácter absolutamente persecutorio –también fascistoide– del decreto macrista que modifica la ley de Migraciones; en segundo lugar, el apoyo de la supuesta “oposición” a este decretazo contra la población migrante, por un arco que va desde Sergio Massa hasta la kirchnerista Diana Conti.

El decreto no modifica la ley de Migraciones; es, en verdad, la redacción de una nueva ley que altera y extiende todos los aspectos restrictivos de la norma anterior respecto de la población extranjera.

El decreto reduce de 180 a 90 días la vigencia de las residencias precarias, cuya prórroga, añade, no “resulta residencia válida a los efectos del arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente”. Establece, por lo tanto, un sistema de prórrogas indefinidas, sujetas a la arbitrariedad de una omnipotente Dirección de Migraciones. Si el afectado introdujera un recurso judicial por la cancelación de su residencia, el Estado podrá conceder una “permanencia transitoria”, que se extinguirá cuando “se desnaturalicen (sic) los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento”. No puede haber nada más ambiguo —y sujeto a la discrecionalidad— que el término “desnaturalización”.

El decretazo impide “el ingreso al país de aquellos que tengan antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan, según las leyes argentinas, penas privativas de libertad”. En la ley original, ese impedimento se reducía a las condenas en firme con tráfico de armas, de personas, narcotráfico o lavado de dinero. Por los mismos motivos –antecedentes, condena no firme “o desnaturalización” de las razones del ingreso–, el Estado podrá disponer la salida del extranjero que ya ingresó al país. Basta, por lo tanto, un simple procesamiento, para que el Estado disponga una expulsión.

La dirección de Migraciones, sin embargo, se reserva la “admisión o permanencia excepcional” de ciertos extranjeros. Esa posibilidad, por caso, podrá “ser concedida a los que brinden en sede judicial información (sobre) alguno de los delitos contra el orden migratorio”. El decreto incorpora, por lo tanto, una suerte de “ley del (migrante) arrepentido”, donde la permanencia en el país podrá ser obtenida a cambio de delatar a otros inmigrantes.

Finalmente, el decreto incorpora un régimen de expulsión “sumarísimo” que incluye “la retención preventiva (del extranjero) en todo momento del procedimiento administrativo o del proceso judicial, hasta que se concrete la expulsión”.

El decretazo antimigratorio será complementado, según se informa, por la creación de una policía y de un fuero judicial migratorios, esto es, de un régimen especial de justicia y represión a la medida de la disposición oficial.

El zorro y las gallinas

Los opositores han apoyado esta aberración con el argumento de que “sólo se persigue a delincuentes o narcos”. Pero soslayan que el decreto otorga verdaderos superpoderes a un Estado y a unas fuerzas de represión surcadas, precisamente, por sus vínculos estructurales con el delito organizado. A caballo de este decreto, la policía –y su versión “migratoria”– tendrá amplias facultades para extorsionar a los inmigrantes con sus recursos conocidos –“plantar” pruebas, fabricar evidencias, promover falsas delaciones– y, sobre esta base, armar la peor de las extorsiones: a los migrantes, se les ofrecerán “legajos limpios” a cambio de participar en las redes delictivas que cuentan con protección estatal. Nos referimos, por un lado, al tráfico de drogas. Por el otro, a la trata de personas y el sometimiento al trabajo semiesclavo, en los sórdidos talleres clandestinos que pululan a la vista de los “inspectores” de Trabajo. Bajo la espada de Damócles de la expulsión del país, los socios estatales del delito organizado contarán con un arma de chantaje invalorable. Es esto lo que aplauden, en las últimas horas, los “demócratas” de toda laya en la Argentina.

Los apologistas del decreto reaccionario muestran a las villas porteñas y a sus pasillos oscuros como una amenaza nacional, sin decir que quienes gobiernan se han negado, durante años y décadas, a transformar a esas villas en barrios y a promover su urbanización, lo que constituiría el primer paso para erradicar a las redes delictivas que atemorizan, en primer lugar, a sus propios habitantes, sean estos argentinos o extranjeros.

Migrantes trabajadores

El control migratorio no alcanzará, por supuesto, a los “Mi Sangre” y otros jefes narco que han vivido en el Delta del Tigre y otros paraísos de la especulación inmobiliaria. Ni qué decir que el mismo régimen que ha establecido este estatuto persecutorio viene de premiar a los zares del lavado con un generoso blanqueo de capitales. La escalada antimigratoria, por lo tanto, sólo ataca a los migrantes trabajadores, para facilitar su sobreexplotación en todos los planos, los ilícitos y los “licitos”. Por eso mismo, es nefasto el otro silencio, el de la burocracia de los sindicatos y centrales obreras, que miran para otro lado frente a esta ofensiva contra la franja más explotada y precarizada de los trabajadores. Es necesario desarrollar una gran campaña política contra el decreto antimigratorio, que no es sólo una lucha democrática sino también por la unidad de todos los trabajadores –nativos y extranjeros– en defensa de sus conquistas y condiciones laborales. La persecución al extranjero sólo apunta a deprimir, todavía más, el piso de la condición de vida y de trabajo de toda la clase obrera. El programa es claro: derecho a la radicación del trabajador migrante; igualdad de condiciones en la contratación laboral; blanqueo del precarizado, con la sola denuncia de su condición laboral al Estado. Urbanización de las villas. por el carácter público y el control de los actos migratorios por parte de organizaciones obreras y de la comunidad inmigrante; que se derogue el secreto bancario, para conocer a los lavadores y sus vínculos con el aparato estatal, cárcel a las mafias capitalistas, libertad y derechos a los trabajadores de todo el continente.

Es, en principio, una manifestación de torpeza la pretensión de que México vaya a pagar el muro que ha anunciado Trump mediante un arancel del 20% a las importaciones de Estados Unidos desde ese país. Cualquiera se da cuenta de que ese impuesto lo va a pagar el consumidor norteamericano como consecuencia del aumento de los precios internos que provocará en Estados Unidos. Elaborando con mayor finura, se puede decir que afectaría los beneficios de las compañías norteamericanas si ese aumento determina un incremento de los salarios, como forma de compensar la pérdida de valor de la fuerza de trabajo. Una sustitución de producción extranjera por producción nacional, de un mercado con salarios bajos a otro de salarios mayores, también produciría un aumento de precios y un aumento de recaudación sobre esos precios, de modo que, de nuevo, serían las compañías instaladas en EEUU y no en México las que pagarían la cuenta de la construcción del muro ¿Trump escupe para arriba?

Un reequilibrio del balance comercial en perjuicio de México debería disminuir la salida de dólares de EEUU, y como consecuencia fortalecer el dólar. Un dólar más caro equivaldría a una devaluación del peso mexicano, lo cual neutralizaría el perjuicio comercial que el arancel a las importaciones podría ocasionar a las compañías que exportan desde México. De otro lado, sin embargo, penalizaría las exportaciones norteamericanas al mercado mundial en general. La factura del muro volvería a recaer en el bolsillo de los compinches capitalistas de Trump.

Como ocurre con una mayoría de países, México aplica el impuesto al valor agregado a su producción, que devuelve a las empresas que exportan. En Estados Unidos no rige el IVA y tampoco por lo tanto una devolución de este impuesto para los exportadores, que luego deberán pagarlo, sin embargo, en el mercado de destino. Un impuesto a la importación podría perjudicar a la exportación desde México, pero no cambiaría en nada el hecho de que el muro lo seguirían pagando los contribuyentes norteamericanos. La provocación de Trump -“México va a pagar”- no tendría, en apariencia, ningún sentido.

El planteo en cuestión, sin embargo, habría recibido el apoyo del establishment norteamericano, por un lado (y de la burocracia de los sindicatos norteamericanos, por el otro, a pesar de una larga historia de complicidad con la burocracia sindical de México). La posición de la cúpula republicana deja ver que el impuesto en cuestión es una extorsión política anticipada a la renegociación del tratado comercial de América del Norte (Nafta), cuando Trump pretende extraer de México concesiones sin precedentes, incluso mediante un tratado bilateral que convierta a México en un apéndice político de Estados Unidos. Esas concesiones serán, en primer lugar, convertir a México en colonia petrolera de su vecino imperialista.

El muro no es, con todo, un asunto económico, ni está dirigido principalmente contra México. El capitalismo yanqui no puede prescindir de los trabajadores inmigrantes, muy mal pagos. El secretario de Comercio de Trump es dueño de una cadena de comidas rápidas, atestada de trabajadores inmigrantes que cobran 7 dólares la hora. La campaña anti-inmigratoria es el eje de una campaña reaccionaria contra los derechos políticos en Estados Unidos -por eso viene acompañada con el ataque al derecho al aborto, la sindicalización, la escuela pública. El muro convierte a Estados Unidos en un gueto, no a México, aunque represente una línea de ataque contra toda América latina.

Trump anuncia el arancel por medio de un decreto, al igual que otro numeroso conjunto de medidas. Se perfila el gobierno de poder personal-bonapartista, que habrá de colisionar con el régimen político vigente en su totalidad.

Por el lugar que ocupa EEUU en la economía y política mundiales, la polarización que emerge con el ascenso de Trump deberá tener un alcance internacional.

Publicado en www.facebook.com/jorge.altamira.ok

La negativa del gobierno a habilitar la permanencia de la jueza Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema trajo los comentarios suspicaces del caso. Nadie dejó de recordar que los mismos macristas que reclaman la jubilación de la jueza habían puesto el grito en el cielo cuando el kirchnerismo intentó hacer lo propio con el casi centenario Carlos Fayt. Sin embargo, la intención de mandar a Highton a su casa excedería al gobierno de Cambiemos. En La Nación del miércoles 8, el editorialista Joaquín Morales Solá informa que, antes de negarle la petición a la jueza, el macrismo verificó que la prórroga en su cargo no pasaría por el Senado. A la cabeza del rechazo estaría nada menos que Miguel Pichetto, el jefe del bloque del FpV. Ocurre que, si Highton se jubila, le correspondería al FpV-PJ colocar a un nuevo miembro -ello en función de los acuerdos que en su momento permitieron la consagración de los reaccionarios Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti como nuevos integrantes de la Corte, a petición de Macri. En suma: la permanencia de Highton es una piedra en el zapato de los acuerdos políticos PRO-FpV-PJ. Esos acuerdos han modelado la formación de la nueva Corte, pero también la batería de leyes votadas este año, comenzando por el acuerdo con los fondos buitre.

El nombramiento de la nueva Corte tampoco es ajeno a la escalada de iniciativas que están en la agenda de Cambiemos: es que varias de ellas, como el decreto antimigratorio o la nueva ley de ART, piezas cruciales en el progreso de una orientación represiva y flexibilizadora, podrían muy bien ser judicializadas a causa de su inconstitucionalidad. La Corte, en ese caso, deberá actuar como garante último de un régimen empeñado en una agresión de fondo contra los trabajadores. Pero el macrismo no está blindando a la Corte en soledad, sino como parte de la coalición del ajuste que, en este año, ha permitido que pasen los despidos y los tarifazos; que las finanzas públicas queden a disposición de los usureros internacionales, y el que, como contrapartida, el salario continúe siendo confiscado por un supuesto “impuesto a las ganancias”.

Cristina Kirchner no ha dicho una palabra sobre este acuerdo estratégico entre los senadores del FpV y el gobierno -si se exceptúan las puteadas en privado a Pichetto, que sólo trascendieron a partir de las filtraciones de las escuchas judiciales. Después de todo, los K aspiran a coaligarse electoralmente con los Pichetto de todo el país: en una reciente reunión con dirigentes porteños, CFK le pidió a los K de la Ciudad que cierren filas con los pejotistas del distrito, cuyos legisladores, cuando se votan las leyes macristas, levantan la mano a favor con más entusiasmo que el propio bloque del PRO.

Las guerras de escuchas telefónicas -que los servicios han colocado a disposición de los choques preelectorales- no pueden ocultar de qué modo los ajustadores van colocando los cimientos de una Corte a su medida.

Luego de dos audiencias en el Ministerio de Trabajo por el conflicto en la alimenticia Prodalsa, y ante la persistencia de los trabajadores, se dictó la conciliación obligatoria por 20 días con la reincorporación del despedido Alejandro Romero a sus tareas habituales.

La Comisión Interna, dirigida por la Naranja, encaró la defensa del compañero Alejandro Romero -despedido injustamente- consciente de que el despido formaba parte de un ataque a la organización de los trabajadores en la fábrica.

Por unanimidad, las asambleas votaron -ante la extorsión de la empresa de “cambiar” el despido del compañero por el delegado Miguel Arce- parar 24 horas, y luego ir a la huelga indefinida hasta la reincorporación inmediata. Estas medidas de lucha resultaron decisivas.

Mientras la lucha se llevaba adelante, la actitud de la seccional del gremio de la Alimentación, fue la de justificar la ofensiva patronal, llevando adelante una campaña nacional contra la Naranja. No faltaron, por supuesto, las amenazas y el amedrentamiento físico inclusive. Esto dejó en evidencia que gremio y patronal tienen exactamente el mismo objetivo, la renuncia de los delegados genuinos de los trabajadores, la eliminación del clasismo.

Pero los trabajadores no se dejaron amedrentar, la huelga siguió firme sin reparos ante las amenazas de cierre, traslado de la empresa, etc. La tenacidad obrera pudo más.

La empresa, apresurada por producir y cumplir con sus compromisos de venta, pidió la conciliación al Ministerio de Trabajo, luego de una huelga que duró cuatro días.

La Coordinadora Sindical Clasista de la zona Sur, junto al PO, acompañó a los trabajadores de Prodalsa en las instancias ministeriales, con pintadas, pronunciamientos y una campaña mediática.

Pequeña experiencia de una gran lucha. La CGT sigue deshojando la margarita a pesar de los más de 127 mil despidos de los últimos nueve meses.

La superación de la burocracia sindical y los métodos del clasismo están a la orden del día.

Vamos por la reincorporación definitiva del compañero Alejandro Romero.

Las declaraciones del restituido funcionario macrista Juan José Gómez Centurión sobre el número de desaparecidos de la dictadura -minimizándolo a 8.000- no dejan dudas. Si se tiene en cuenta que lo mismo señaló Darío Lopérfido meses atrás, sin que ello le valiera su salida del gobierno, y si se agregan las declaraciones del propio Macri sobre la “guerra sucia”, es claro que minimizar las consecuencias de la represión dictatorial constituye una política de Estado. Centurión, además, no es un advenedizo en el mundo del macrismo: como funcionario porteño carga con el criminal incendio del galpón Iron Mountain, del que nunca pudo rendir cuentas en la Legislatura. A pesar de ello, Macri le dio la gestión de la Aduana, donde terminó sostenido a pesar de las graves denuncias en su contra. Centurión, como el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, es Macri.

En sus declaraciones, Centurión rechazó también que la represión videliana formara parte de un plan genocida -algo que no debería sorprender, si se tiene en cuenta que formó parte de la rebelión carapintada que le arrancó el punto final y la obediencia debida a los partidos que gobiernan la Argentina desde 1983 hasta hoy. La tentativa de reinstaurar el protagonismo político de las Fuerzas Armadas, de todos modos, tiene sus antecedentes en el nombramiento de un espía y partícipe del genocidio, César Milani, bajo el kirchnerismo.

Las declaraciones del ex carapintada se producen después de que Macri intentara transformar en un feriado móvil al 24 de marzo, lo que finalmente desechó en nombre de la “unión de los argentinos”; o sea, en función de evitar una deliberación política respecto del genocidio dictatorial.

La negación del genocidio como política de Estado es inseparable del reforzamiento represivo que el macrismo y sus cómplices provinciales -incluyendo a massistas y peronistas- están emprendiendo, como se vio en la salvaje escalada contra los mapuche, en la reciente represión a los obreros de AGR-Clarín, y en la tentativa de criminalización a los inmigrantes y a la juventud.

El reclamo urgente para que se vaya Gómez Centurión debe ser parte de una lucha general contra el gobierno ajustador y represivo que encabeza Mauricio Macri, y no para “preservar” a un gobierno de quien, a todas luces, no dijo un exabrupto, sino que tradujo una posición oficial.

Al cierre de esta edición, más de 800 compañeros de Capital y la provincia de Buenos Aires estaban anotados para participar del campamento de la UJS en Villa Gesell. Otro contingente se sumará desde la provincia de Santa Fe.

Además, se multiplican las iniciativas para seguir sumando compañeros y recaudar los fondos necesarios para asegurar el viaje. Hemos sacado un afiche y un folleto para recorrer los cursos de verano y las mesas de exámenes que empezaron esta semana en universidades y colegios. El sábado 11 se realizará una mega-fiesta de la UJS de Capital y el Gran Buenos Aires en la facultad de Veterinaria, y otras fiestas están planificadas para el viernes 17 y el sábado 18.

El campamento en Villa Gesell será una gran instancia de formación y de preparación política para encarar los desafíos de 2017. La tónica del año está marcada por la gran lucha de los trabajadores de AGR-Clarín que concentra, de un lado, la ofensiva ajustadora del macrismo y las patronales contra los convenios y el derecho al trabajo y, del otro, la disposición a la lucha de los trabajadores, en la medida en que se encuentran respaldados por su propia organización clasista e independiente. La nula participación de La Cámpora, Nuevo Encuentro o Patria Grande revela el entrelazamiento profundo del kirchnerismo juvenil con la burocracia sindical. Alumbra también sobre el carácter inter-capitalista de su disputa con Clarín –basada en subsidios y negocios para los Szpolski, Cristóbal López o Telefónica, nunca en reivindicaciones obreras o democráticas.

La UJS ha colaborado con la toma e impulsado pronunciamientos y colectas de la Fuba y los centros de estudiantes que dirigimos. Y nos preparamos para un (no) inicio de clases de lucha, peleando codo a codo con nuestros docentes, que enfrentan los salarios de hambre del ministro Esteban Bullrich y del conjunto de los gobernadores.

Son estas batallas las que inspirarán el programa de las listas que, a su turno, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda presentarán en todos los distritos del país. Con esta convicción, haremos del propio campamento una gran instancia de agitación de alternativa política de la izquierda:el domingo 26 organizaremos una recorrida por la playa con Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, y luego un gran acto público como parte de su gira por la costa atlántica.

El curso central sobre los 100 años de la Revolución Rusa será el gran eje del campamento. Se organizarán tres clases generales y comisiones más pequeñas para procesar los debates. El lunes 27, Vanina Biasi brindará una charla sobre el paro internacional de mujeres del próximo 8 de marzo. Gabriel Solano tendrá a su cargo la última clase del curso. En paralelo, organizaremos cursos sobre la concepción marxista del Estado y la Revolución, para los compañeros que asisten por primera vez. Además de la política y el mar, otro punto fuerte de Gesell serán las noches: ya se están organizando una noche de juegos, una noche cultural y una gran fiesta para el último día. El martes al mediodía, tras el cierre y las conclusiones, emprenderemos el regreso.

El campamento de Gesell promete ser una gran instancia en el desarrollo de la UJS. Vamos por una gran organización socialista y revolucionaria de la juventud.

Para viajar, anotate en: campamentoujs2017@gmail.com

La jornada del 24 de Marzo, que conmemorará los 41 años del golpe militar de 1976, estará cruzada por la ofensiva política del Gobierno a favor de la impunidad de los genocidas, la reconciliación con las FFAA y la reinstalación de la teoría de los dos demonios.

Ejemplos de esta ofensiva son las declaraciones de Mauricio Macri cuando dijo “no saber” cuántos fueron los desaparecidos y habló de “guerra sucia”, los decretos de “autogobierno” de las FFAA, el desfile del carapintada Aldo Rico y de los genocidas del “Operativo Independencia” también las entrevistas del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con los grupos defensores de los represores el aval político del Ministerio de Justicia al otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas condenados y su decisión de dejar de apelarlas; los dichos de Darío Lopérfido y del ex carapintada Juan José Gómez Centurión, quien propone un nuevo punto final y continúa siendo funcionario, y tantos otros.

La ofensiva gubernamental tiene su correlato en los medios de comunicación afines: desde las editoriales de La Nación apologéticas del Golpe, las columnas de Jorge Lanata y Gustavo Noriega en defensa de Lopérfido y Gómez Centurión, la campaña que se desarrolla en el programa “Intratables”, en prime time, para que los llamados “crímenes del terror guerrillero” sean declarados imprescriptibles. Este amplio operativo tiene la finalidad de avanzar en la impunidad de los genocidas y crear las condiciones para una participación activa de las fuerzas armadas en la represión interna. En momentos de una profundización de la crisis económica y social, la clase dominante y su Estado rescatan a las fuerzas represivas para ponerlas al servicio del ajuste. Al gobierno y a los apologistas de Jorge Rafael Videla y Emilio Massera la verdad histórica les importa un bledo, sólo quieren vía libre e impunidad para reprimir y hacer pasar el ajuste.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia –que agrupa a los organismos de derechos humanos, partidos de izquierdas y populares y organizaciones gremiales y estudiantiles que enfrentaron la cooptación y la represión kirchneristas– ha definido las consignas “Son 30 mil, fue genocidio”, “Seguimos luchando contra la impunidad de ayer de hoy, no a la reconciliación” y “No al ajuste, la represión y la entrega de Macri y los gobernadores”, “Perpetua a Milani” para encabezar su convocatoria a marcha a Plaza de Mayo el 24-M.

Debate

Al momento de definir las consignas del EMVyJ, se desarrolló un intenso debate en torno a la “unidad” con los grupos kirchneristas, como ocurriera el año pasado, pero ahora con diferentes actores.

Esta vez, el PCR y su escisión, la CRCR, fueron quienes promovieron la posibilidad de explorar una marcha unificada con los K. Hace apenas una semana atrás, Otto Vargas, máximo dirigente del PCR, afirmaba en una entrevista con La Nación que “una alianza con La Cámpora sería posible”. En esa línea, los compañeros propusieron retirar a “los gobernadores” de la consigna contra el ajuste y rechazaron que el reclamo de cárcel a Cesar Milani ocupe un lugar central entre las consignas de la marcha. La detención del ex jefe del ejército, esta semana, dio por tierra esta línea de acercamiento a los K.

El 24, todos a la Plaza

Este año, como en años anteriores, enfrentamos el intento de copamiento de la jornada por parte de los grupos K, que bloquean la Av. 9 de Julio impidiendo que la movilización del EMVyJ (años a año, cada vez más convocante) llegue a Plaza de Mayo para realizar su acto en horario central.

Es necesario superar estas maniobras mediante una intensa campaña política de difusión e instalación de la convocatoria del EMVyJ, de su carácter independiente y de lucha.

Preparemos una gran jornada, en Plaza de Mayo y en todos los centros políticos del país, contra el gobierno ajustador y represor de Macri y los gobernadores del ajuste.

La crónica de los diarios sobre la vuelta de las fiestas electrónicas en Costanera Norte, a un año del desastre de Time Warp, es por demás reveladora. En el boliche “Mandarine Park” se reunieron el sábado pasado 5200 jóvenes. La fiesta, según constata una periodista de La Nación, contó con un enorme despliegue de fuerzas de seguridad, personal sanitario y seguridad privada. El dispositivo incluyó a la Cruz Roja, la cual, además de sus puestos de atención, entregaba volantes “con información sobre el consumo de drogas”. El dispositivo se corresponde con las exigencias de la ley de eventos masivos que sancionó la Legislatura este año, como supuesta salida a la grave crisis política planteada por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp.

En cualquier caso, y según relata la cronista, las drogas de diseño “circulaban cómodamente por un predio que, salvo el VIP, se organizó al aire libre”. Dealers “ofrecían pastillas de éxtasis a 200 pesos”. Como saldo, “24 personas debieron ser atendidas por la Cruz Roja”, y una “tuvo que ser derivada al hospital Fernández con un cuadro de intoxicación”. La información da cuenta también de la provisión gratuita de agua en bidones para hidratar a los consumidores de pastillas, lo cual no evitaba el negocio de las botellas de agua a 50 pesos. El conjunto del “evento” transcurría bajo la vista de 26 inspectores de la Agencia de Control Comunal, también, en este caso, de acuerdo con lo que marca la ley.

Así las cosas, el escenario de Time Warp volvió a instalarse en la Costanera Norte, en esta ocasión, bajo el manto de las regulaciones estatales. Con seguridad, la línea entre la vida y la muerte para los jóvenes atendidos por la Cruz Roja o en el Fernández, fue muy delgada. Recientemente, en Santa Fe, y bajo diversos recaudos y controles, murieron dos jóvenes intoxicados en las mismas circunstancias.

Probablemente, los derechistas que lean la crónica de esta fiesta apuntarán a la inefectividad de los efectivos de seguridad o a su presencia insuficiente, para reforzar los dispositivos represivos sobre las fiestas. La crónica que citamos, sin embargo, da cuenta de una fuerte presencia de la Prefectura. La conclusión es otra: la renovada intoxicación masiva de jóvenes, en presencia de todos los agentes del Estado —policías, inspectores, agentes de salud—, sólo demuestra que el gigantesco negocio del narcotráfico transcurre como una rama más de la organización social capitalista y bajo la venia del Estado que protege sus intereses. La “zona liberada” de prefectos, empresarios y funcionarios que permitió Time Warp fue ahora ampliada, abarcando a la Legislatura porteña y a todas las instituciones del Estado.

La producción de drogas de diseño, su distribución e ingreso a los megaeventos no podría tener lugar sin ese amparo estatal. A su turno, los beneficios gigantescos de este negocio construido a costa de la vida y la salud de los jóvenes alimentan las arcas del capital financiero, muchos de cuyos bancos han sorteado la bancarrota a costa de recibir los fondos de los narcos.

La megaintoxicación de jóvenes, por lo tanto, está unida a la decadencia y descomposición capitalista. Los derechistas que miran este escenario de espanto apuntan rápidamente a “la música” o “el megaevento”. Pero como dijo un conocido locutor de radio, “no es la música”. Es el régimen social que se escuda en la fiesta masiva para dar lugar a una de sus manifestaciones más aberrantes.

Es muy abundante el material científico que da cuenta de las consecuencias letales –en lo físico y psíquico– de las llamadas “drogas de diseño”. La respuesta a esta crisis ha tenido dos vertientes principales: por un lado, la de quienes reclaman prohibiciones y reforzamientos represivos, aumentando la capacidad de extorsión del mismo Estado y fuerzas de seguridad que son cómplices de este filón de negocios y de su desarrollo. Por el otro, la miseria política de los progresistas –e incluso izquierdistas– que asumen al consumo de drogas como “dato”, del mismo modo que lo hacen con la miseria social y otras lacras del régimen actual.

Y a partir de allí, han consagrado al “control de daños” como la estación terminal de su política frente a la droga. La fiesta de este sábado es la consumación de esta línea: o sea, el escenario de la descomposición y la muerte en ciernes, bajo la mirada atenta de la Cruz Roja.

Los apologistas del `consumo responsable` se escudan en la libertad humana, como si esa libertad existiera para una juventud sometida, alternativamente, al desempleo o a la superexplotación; a la angustia y a la inseguridad de la existencia y, por lo tanto, al acoso de los dealers. El infierno de “pastillas” tiene, para el capitalismo, dos cometidos: por un lado, desarrollar un gran filón de negocios y, por el otro, destruir las energías físicas y morales de la juventud, para que éstas no se vuelquen contra el orden social existente.

Por eso mismo, la lucha contra la droga, y contra su consumo, por medios políticos, es una convocatoria a la juventud a sumarse a la lucha por una transformación social, o sea, por abatir al capitalismo y al Estado que han elevado este negocio infame a una escala industrial jamás conocida. Esto fue lo que dijimos en la Legislatura, frente a la hipocresía del “control de eventos”. Esto es lo que volvemos a decir ahora.

La virtual condonación de la deuda del grupo Macri con el Estado argentino, a raíz del caso del Correo, ha sorprendido a quienes, en verdad, no se deberían sorprender. El coro de partidos que han gobernado la Argentina desde los años 90 hasta hoy –pasando por Macri, Stolbizer, Massa y el kirchnerismo- se escandalizan frente a una medida que beneficia, no ya a los “amigos del poder”, sino a los padres y hermanos del mismo.

Pero al fin al cabo, el Correo Argentino es un retrato de la Argentina: o sea, del Estado y sus partidos como una oficina de rescate sistemático de la clase capitalista, a costa de los que viven de su trabajo.

El Correo argentino fue reestatizado en 2003. El Estado, a cuenta del kirchnerismo, se cargó con la hipoteca que le dejaron los Macri por la empresa estatal, sin resarcir en forma elemental e inmediata al Estado por los cánones que Socma le adeudaba desde hacía varios años. El Estado “nac y pop” dejó dormir esa deuda en los estrados judiciales durante más de una década. Ahora, los administradores macristas han aceptado cobrar la deuda pulverizada, en quince cuotas y con un interés misérrimo.

Pero este final del conflicto del Correo, que tanto escandaliza a los oficialistas “republicanos” y a los opositores”, es sólo una variante de la salida que todos ellos avalaron después de la bancarrota de 2001: nos referimos a la pesificación de la deuda de los grandes grupos capitalistas. Con los mismos métodos que ahora la justicia y los administradores macristas le aplican a Socma, se dispuso en 2002 la pesificación asimétrica, por la cual los grandes grupos capitalistas –de Socma a Clarín- fueron habilitados a cancelar sus pasivos en una relación 1 a 1 con el dólar, cuando la devaluación lo había llevado a 3,60$. Este impacto sobre la deuda de Socma fue recordado en estas horas por el propio ministro Aguad, después de calificar a los Macri como ‘insolventes’ para pagar lo que realmente deben por el Correo. Esa escandalosa licuación de deuda a los capitalistas fue financiada por una indexación sólo parcial a los ahorristas, y por la completa desvalorización de los salarios. De Kirchner a Massa, pasando por los Macri, todos celebraron esta enorme confiscación social, cuyos mecanismos son reiterados ahora en el nefasto acuerdo entre el Estado y el Correo. En este caso, la confiscación se sirve de las normas –también “asimétricas”- que relacionan al Estado con las corporaciones capitalistas. Los mismos que licuan sus deudas en los procesos concursales, arrancan luego del Estado indexaciones para sus contratos de servicios públicos.

El episodio del Correo trae a colación otro mecanismo de rescate del capital de la última década –a saber, las estatizaciones o nacionalizaciones kirchneristas. En 2003, al quedarse con un Correo vaciado e indultar a los vaciadores, Kirchner le prestó un precioso servicio a Franco Macri, el cual probablemente selló el sostenimiento posterior del empresario a su gobierno. Lo mismo ocurrió después en YPF o Aerolíneas, cuyas estatizaciones resarcieron o salvaron a sus vaciadores.

Tirón de orejas

El Correo le ha valido a Macri un tirón de orejas por parte de los editorialistas de “Clarín” o “La Nación”. Quieren que la recolonización del país y la escalada contra los trabajadores que le encomiendan al régimen actual no sea ‘empañada’ por la defensa de intereses particulares. Abogan por un Macri lejos de Correo, y un Trump sin la Torre Trump. Naturalmente, no abren la boca frente a los despojos institucionales del endeudamiento serial, la liquidación de leyes laborales o el cierre fraudulento de plantas o talleres por parte de los beneficiarios de todas las pesificaciones o devaluaciones de la historia –como el grupo Clarín y su taller AGR, hoy ocupado por sus obreros. Por eso, la sangre no llegará al río: por encima de los negociados del Correo, de Avianca, de las cuentas off shore del espía Arribas o los Panamá Papers, está la ofensiva contra la clase obrera. En nombre de ese objetivo de fondo, la gran burguesía cierra filas con el gabinete de Cambiemos.

De los glaciares a los valles tucumanos, de la cordillera a la costa, pasando por las sierras de Córdoba, miles de jóvenes de todo el país están participando en estos días de los campamentos organizados por la Unión de Juventudes por el Socialismo con el apoyo de la Comisión de Educación y Propaganda del PO. Los campamentos son una instancia de confraternización y recreación para quienes venimos de protagonizar en común, a lo largo de todo el año pasado, grandes luchas contra el gobierno de Macri y los gobiernos provinciales. Es un momento ideal para abocarnos a la formación política, repasando en esta oportunidad los 100 años de la Revolución Rusa. Se han realizado cursos en Santa Cruz (Los Antiguos y El Chaltén), Río Negro (Bariloche), Córdoba, Neuquén. Ahora vienen Mendoza, NOA y el central de la UJS.

Vista desde los desafíos del presente, la Revolución de Octubre retrata la vigencia de la revolución socialista en nuestra época. La declinación del orden social capitalista, y las guerras y revoluciones que este proceso engendra, no las tenemos atrás sino, por sobre todo, adelante. La UJS apuesta a transformar a miles y miles de jóvenes en luchadores conscientes, es decir, en militantes políticos. Forjar una dirección revolucionaria, socialista, de la juventud es la gran tarea que tenemos por delante. Solo un gobierno de los trabajadores podrá acabar en nuestro país con el hambre, la desocupación, la represión policial, la violencia contra las mujeres, la destrucción de la educación y la superexplotación laboral.

Es con esta mirada estratégica que los campamentos de la UJS están abordando, también, los desafíos inmediatos del 2017. El gobierno de Macri está demostrando que le queda grande la tarea de recauchutar el agotado régimen político argentino, que nunca se recuperó del estallido de 2001. Sus planes de ajuste cuentan con el apoyo de todo el arco político patronal pero chocan con la carencia de recursos políticos para la tarea que se propone. Es un escenario propicio para que irrumpa la juventud con su propia agenda, para que la izquierda y los trabajadores emerjan como alternativa política. Es ésta y no otra la perspectiva que ofrecemos al Frente de Izquierda y a la juventud de todo el país.

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La brutal crisis capitalista que sacude a Brasil, y que ya se prolonga por más de dos años, tiende a una disgregación completa del Estado, a crisis políticas cada vez más acentuadas y a una enorme miseria social de su población.

Aunque los datos oficiales de la desocupación arrojen una cifra de 12 millones de desocupados, existen registros que elevan la cantidad a unos 20 millones si se computara a todos aquellos que han abandonado la búsqueda de un empleo por desaliento o realizan changas para sobrevivir (cifras de la Confederación Nacional de la Industria publicadas en el diario O Globo del 8/2). La contracara de esta situación es una clase obrera ocupada que está soportando niveles de súper-explotación y empobrecimiento intolerables que deberán agravarse en el futuro de aprobarse en el congreso las “Reformas Laboral y de la Seguridad Social”, las cuales contemplan la flexibilización laboral, generalización de las tercerizaciones y aumento de la edad jubilatoria a 65 años para ambos sexos.

Este plan de guerra contra los trabajadores es una exigencia de toda la clase capitalista golpeada por la crisis mundial. El presidente Michel Temer pretende rescatar a la quebrada economía capitalista sobre la base de ataques sin precedentes sobre las conquistas sociales y laborales de las masas trabajadoras pauperizadas. El gobierno de Dilma Rousseff y el PT-PMDB ya había implementando previamente una “Ley de Protección del Empleo” que habilitaba a las grandes patronales a reducir de la jornada laboral recortando el 30% del salario. Era para aquellas empresas que adujeran estar pasando dificultades o crisis, mientras que, por otro lado, brindaban todo tipo de exenciones fiscales y subsidios estatales a esta misma industria pesada y a los terratenientes del agronegocio.

La creciente miseria popular hizo que la demanda por los planes sociales “Bolsa Familia” (paupérrimos 340 reales) haya saltado un 35% en 2016. Un reciente informe del Banco Mundial, al que no puede acusarse de ser catastrofista, señala que de no revertirse el cuadro recesivo del país “el número de pobres debe llegar a 21 millones de personas en 2017 de los cuales 9.4 millones estarán en la extrema pobreza” (ídem, 13/2).

La recesión de los estados más industrializados del país llevó a sus PBIs a retroceder a los niveles de 6 años atrás. La construcción civil y la industria están paralizadas y los bancos con enormes carteras de créditos morosos e incobrables (57% de las familias brasileras están endeudadas y miles de empresas y comercios han ido a la quiebra con créditos impagos).

Crisis políticas, luchas y el recurso de la intervención militar

El régimen político que nació como producto de un golpe institucional se ve jaqueado a diario por la andanada de denuncias de corrupción y saqueo de las finanzas y empresas públicas que involucran al propio Temer (mencionado 43 veces en la delación premiada de ejecutivos de Odebrecht), junto a un tercio de los senadores y diputados de la nación que están siendo investigados. Vale recordar que en nueve meses en el poder, Temer perdió seis ministros por denuncias de corrupción y otros seis se encuentran procesados. El otrora poderoso presidente del Senado Eduardo Cunha (PMDB), quien comandó el impeachment a Dilma, está preso por el desfalque a Petrobras. Desde los tres poderes del Estado se ha puesto en marcha un operativo de impunidad para frenar las investigaciones, proteger a los políticos imputados y amnistiar a los funcionarios y empresarios encarcelados.

Por otro lado, las masas golpeadas por las políticas impopulares intentan ahora abrirse un rumbo: se ve en la huelga de un mes de trabajadores estatales en Florianópolis, en las periódicas manifestaciones en Río por el salario y contra la privatización del agua, o como a fines de 2016 con las ocupaciones de 1.200 escuelas y facultades por los estudiantes contra el recorte presupuestario y las reformas (anti) educativas.

Frente a este cuadro convulsivo, el presidente se apresta a firmar un decreto de “Garantía de la ley y el Orden” que le da atribuciones para tomar medidas de seguridad excepcionales como la de movilizar al ejército en el ámbito interno para que ejerza el control social, utilizar la represión cuando el orden se encuentre “amenazado” por personas, grupos u organizaciones, así como realizar tareas de “inteligencia” e infiltración sobre estos. En el mismo sentido, el PT ya había implementado una “Ley anti-terrorista” en medio de las multitudinarias movilizaciones en contra del aumento del transporte público y el despilfarro del presupuesto en beneficio de las grandes constructoras.

Ante la amenaza de huelgas policiales en algunos estados y luego de las brutales masacres en las prisiones en el norte, Temer decretó la movilización del ejército, enviando 9 mil soldados a Rio, 3.200 a Espírito Santo y otros miles a Amazonas, Rondônia y Natal colocando a la intervención militar como único recurso disponible para afrontar cada crisis que se le abre en los estados colapsados por la bancarrota. Estamos en presencia de un régimen político extremamente débil y anti-popular (13% de aprobación ciudadana) que debe llevar a cabo un plan de guerra contra las masas y que para ello ha comenzado a emplear a las fuerzas armadas para amedrentar a aquellos que salen a luchar por salario, en defensa del empleo y contra la carestía de vida.

El PT

Lula ha comenzado una campaña dentro del PT para que se abandone la tesis “golpista” y así concentrarse en la campaña electoral del 2018 que lo llevaría a él mismo en la fórmula presidencial, eso si la operación Lava-Jato antes no lo lleva a él también a la cárcel. Otro de los cuadros partidarios, el ex alcalde de São Paulo Haddad, ya había manifestado a la prensa que “sostener que ha habido un golpe (de Temer) es un poco fuerte”. Esta posición se hizo pública en la última edición de la revista derechista “Veja”, donde en un reportaje al senador del PT y ex ministro de Lula, Humberto Costa, este confesó que existe un importante número de cuadros partidarios que proponen directamente “abandonar el discurso de la denuncia del golpe” y prepararse para las presidenciales del 2018 (Veja del 18/2). En el parlamento de Rio de Janeiro, diputados del PT aprobaron la privatización del agua a pedido del gobernador Pezão del PMDB.

Varios diputados del PT y el bloque de 12 diputados del PCdoB, su histórico aliado, votaron recientemente por el candidato de Temer, Rodrigo Maia (del oligarca DEM), para presidir la cámara de diputados. Maia es el hombre clave que comandará la votación en los próximas semanas de todas las reformas y medidas reaccionarias que el Ejecutivo envió al parlamento (laboral, jubilatoria, ajustes e impuestazos).

La CUT petista y el resto de las centrales sindicales ni siquiera amenazan con convocar a un paro nacional para enfrentar la catástrofe social que se ciñe sobre la clase obrera y las pocas medidas de lucha que convoca son aisladas y de aparato. Han dejado pasar millones de despidos sin inmutarse. De la bravuconada de su presidente Vagner Freitas de que irían a resistir con las armas en la mano el golpe contra Dilma pasaron a la más completa inmovilidad frente al ataque en regla del gobierno anti- obrero. A los trabajadores brasileños se les impone como una necesidad vital la recuperación de sus organizaciones sindicales para no continuar pagando la crisis del capital con sus sacrificios.

El PT, luego de ser arrojado del poder por sus aliados derechistas, aún pretende jugar actuar como un factor de estabilización política a través de sus parlamentarios “colaboracionistas” y de contención de los trabajadores por medio de las organizaciones sociales y sindicales que aún le son afines.

La izquierda

El PSOL ha comenzado a negociar con el PT algún tipo de acuerdo político para la elección presidencial del próximo año. Su dirección lanzó un llamamiento el 12 de febrero a la conformación de un reagrupamiento de la izquierda sobre la base de un frente que ya existe y que ellos mismo integran, el “Frente Pueblo Sin Miedo”, que nuclea nada menos que a la CUT, a decenas de movimientos sociales cooptados en su momento con prebendas por el PT. Aquí también militan la juventud del PCdoB y el gremio estudiantil UNE por ellos dirigido. A este frente con los retazos del PT lo caracteriza como “una construcción de una herramienta amplia e innovadora”. Ya en las pasadas elecciones municipales el PSOL de San Pablo llevó como candidata a Luiza Erundina, una ex ministra de Itamar Franco expulsada del PT por “neoliberal”, mientras que el candidato por Rio, Marcelo Freixo, llamaba a no “demonizar al capital privado”.

La consigna que hoy están impulsando es la de “Fuera Temer, por un plebiscito para pedir elecciones anticipadas”, una salida electora, cuando lo que correspondería ahora es llamar a levantar un congreso de trabajadores que discuta un plan de lucha nacional, llamar a ocupar las calles y lugares de trabajo, y exigir a las centrales sindicales a la huelga general para derrotar las reformas anti populares que se cocinan por estos días en el congreso reaccionario.

El PT, luego de co-gobernar por 15 años junto al PMDB y los partidos evangélicos, alimentando los grandes negocios del capital financiero, de la “patria constructora” e industrial como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierres, Itaú, Bradesco, etc. (Lula reivindicó que “nunca los bancos ganaron tanto dinero como durante mi gobierno”), ahora propone armar un “frente de izquierda”. Expulsados del poder mediante un golpe por sus ex aliados de derecha y con varios dirigentes presos por corrupción y otros desertando de sus filas, ahora buscan su sobrevivencia política mediante una alianza con los partidos de la pequeña burguesía como REDE (de la evangélica Marina Silva), del PDT (una parte de sus legisladores votaron contra Dilma en el impeachment) y del PSOL.

La izquierda brasileña sólo podrá reconstruirse sobre bases socialistas y revolucionarias, delimitándose del PT y de los partidos democratizantes para plantearse como una alternativa política independiente, colocándose como tarea inmediata la convocatoria a un congreso de trabajadores que discuta un programa y medidas de acción para enfrente la catástrofe social capitalista que amenaza con la miseria y la barbarie a nuestra clase.

La condonación de la deuda del grupo Macri con el Correo y, más recientemente, la concesión de rutas aéreas a Avianca, ha despertado la preocupación por los “conflictos de intereses”. Esto es, si el gobierno Macri debiera favorecer con sus decisiones a empresas de su propia familia. Los que presentan este prurito quieren resolver la cuadratura del círculo, o sea cómo hacer para que un gobierno capitalista no legisle y ejecute decisiones en favor de corporaciones capitalistas. Los que se “preocupan” por el Correo no tienen en cuenta al conjunto de decisiones oficiales que favorecen al grupo Macri, pero como parte de la clase social a la que pertenece –por caso, los tarifazos, las reformas negreras a la legislación laboral o la venia para el reendeudamiento internacional. Con seguridad, nos dirán que lo que se quiere evitar son las medidas que favorezcan “específicamente” a la familia del presidente. Pero, ¿cómo separar la línea entre los intereses generales y particulares? Las licuaciones de deuda en los concursos de acreedores (de eso se trató el Correo) es una práctica general que siempre ha beneficiado a la burguesía nacional. El uso del presupuesto y de las concesiones públicas para favorecer a la patria contratista ha sido otro plato preferido de esa clase social –ahora, con Socma y Calcaterra; antes, con Lázaro Báez, Cristóbal López… y también Calcaterra, según surge de la última ´batida´ de los arrepentidos de Odebrecht.

Como se ve, estos “conflictos de intereses” en el marco de un Estado capitalista resultan más difíciles de resolver que la mentada cuadratura del círculo, y los supuestos republicanos lo saben mejor que nadie. ¿Qué reclaman, entonces? Piden un régimen de mediaciones “institucionales” que disimule, en todo lo que se pueda, el carácter capitalista del gobierno capitalista. Lo que tratarán de demostrar, de aquí en adelante, es que el grupo Macri recibirá “las generales de la ley”, las cuales, en cualquier caso, siempre serán las que beneficien al 1% de la sociedad que dispone del monopolio de la banca, la gran industria, la tierra y los medios de comunicación. Los capitalistas le piden al gobierno de CEOs que enmascare su carácter social, para mejor ejercer la defensa de sus intereses de clase.

En el fondo, y al rumiar por los “conflictos de intereses”, la burguesía bebe de su propia medicina, y, sobre todo, de la decadencia del régimen político argentino. La descomposición de sus partidos históricos –el peronismo y el radicalismo- ha llevado al poder a un “armado” político peculiar, que se ha nutrido de gerentes y operadores de fondos financieros, por un lado, y de emigrados de los viejos partidos, por el otro. En eso consiste el PRO.

Lo que ocurre ahora es que la banda de Macri, Peña, Quintana y compañía no ha demostrado aún si será capaz de remontar la bancarrota económica, ni tampoco si podrá trasladarle esa quiebra a los trabajadores. A partir de allí, la “transparencia” se ha convertido en una chicana para forzar a la claque presidencial a compartir el poder, y afrontar su tarea reaccionaria a través de una coalición de partidos. Ese es el telón de fondo de este debate.

Les corresponde a los trabajadores y a la izquierda poner de manifiesto el único, verdadero e irreconciliable “conflicto de intereses”. Entre un gobierno y una clase social dispuestos a continuar saqueando el país en beneficio propio; y una clase trabajadora que debe tomar en sus manos la tarea de reorganizarlo sobre bases sociales nuevas.

Nada ha retratado mejor al gobierno “Cambiemos” que su decisión de impulsar un operativo rompehuelgas contra el reclamo nacional de los docentes. Los mismos que rechazan pagarle a los maestros un salario inicial que llegue a la línea de pobreza –hoy en los 15.000 pesos- no han vacilado en gastar recursos millonarios para orquestar una provocación a gran escala contra la huelga docente. La oferta “espontánea” de voluntarios para suplantar a los huelguistas ha sido comandada por un ex oficial de inteligencia de la dictadura, y replicada por un ejército de twitteadores pagos en un call center gubernamental. Las prioridades oficiales están claras: al empeñarse contra el reclamo docente, el gobierno le envía una clara señal a la Asociación de Bancos, a la UIA y a los fondos especulativos. Macri todavía debe probar si es capaz de cumplir con el mandato capitalista de flexibilizar a los trabajadores, ajustar a la baja los salarios privados y públicos y asegurar que el presupuesto público solvente la gran operación de reendeudamiento y fuga de capitales que está en marcha. La participación descarada de ex servicios de la dictadura en esta operación antiobrera explica otra de las campañas oficiales –la que busca la “reconciliación” con los genocidas de la dictadura. Es que Macri ya los está empleando para sus provocaciones contra los trabajadores.

En su supuesta “nueva” oferta a los docentes, el gobierno casi no ha movido el amperímetro del miserable 18%, después de un año donde la inflación fue del 41%. Es evidente que va al choque contra la huelga, y está destinando todos los recursos para ello. Para ello, quiere explotar la inconsecuencia de la dirección kirchnerista de Ctera, que ya se ha bajado del reclamo inicial del 35% de aumento.

La marcha del 7

En el segundo día de paro docente, tendrá lugar la marcha convocada por la CGT. En el telón de fondo de esta marcha, el conflicto de los maestros es uno de sus componentes. Pero también está la enorme lucha de AGR Clarín, con sus cuarenta días de ocupación de fábrica, y todo el reguero de despidos y suspensiones planteado por la crisis industrial: a los cierres de Banghó, Alpargatas San Luis y Sierra Grande, se ha sumado en las últimas horas el de las plantas de Atanor en Baradero y Río Tercero. De cara a este escenario, y si la burocracia ha echado mano de una marcha, es sólo para dilatar indefinidamente la convocatoria a un paro nacional contra los despidos y en defensa de las paritarias. Para su marcha, la CGT levanta la bandera de la “defensa de la industria nacional”, o sea, un frente común de obreros y patrones industriales. Pero el apoyo de la burocracia a los reclamos empresarios contra la importación o el atraso cambiario no ha significado que las patronales detengan ni por un segundo la ofensiva de despidos y suspensiones. Los supuestos defensores de la industria, por otra parte, no tienen empacho en convertirse en importadores después de despedir a sus planteles. Para las empresas, la supuesta defensa del “trabajo argentino” es sólo un elemento de extorsión contra las condiciones salariales o laborales. La burocracia lo sabe muy bien: pero se cuelga del reclamo patronal para no luchar por los urgentes reclamos por el salario y contra los despidos.

A despecho de esta orientación de las burocracias, la marcha será un escenario de la caldera social que se va incubando en la Argentina, comenzando naturalmente por los propios docentes.

…Y el 8 de marzo

Sólo un día después, tendrá lugar la movilización por el día internacional de la mujer trabajadora, en el marco del paro internacional de mujeres que ha sido convocado en esta oportunidad. La Argentina asistirá, de este modo, a una brutal paradoja: el movimiento de mujeres se empeñará en el paro que las cúpulas sindicales no quieren llevar adelante. Algunos dirán que los “objetivos son otros” (en este caso, el de la violencia de género y otros reclamos).

Pero ¿de verdad son otros? La escalada de violencia contra la mujer tiene lugar en un marco social definido –el del sobretrabajo de algunos y la desocupación de muchos otros; el de la descomposición de un Estado asociado a las mafias capitalistas que se sirven de la mujer para las redes de trata o el trabajo esclavo. La convocatoria a un paro –el método propio de los trabajadores- expresa una unidad entre la lucha de la mujer y la clase obrera, que es necesario hacer consciente a través de una acción política entre los trabajadores y en el movimiento de la mujer. La burocracia sindical, en su abrumadora mayoría, le ha dado un apoyo ritual a la jornada del 8, pero sin comprometerse con el paro. No quieren fisuras en la tregua indefinida que le han otorgado al gobierno.

La oposición de los Massa, Stolbizer o el kirchnerismo apenas ha asomado la cabeza frente al operativo rompehuelgas contra los maestros y, en general, frente al escenario de luchas que se despliega en marzo. En el caso del kirchnerismo, su principal preocupación es ser cobijado –de Cristina Kirchner para abajo- en las listas del pejota bonaerense, cuyos punteros municipales conspiran junto a Vidal contra los maestros. Estos vínculos políticos marcan las limitaciones insuperables de Roberto Baradel y los suyos a la hora de una lucha consecuente contra Vidal.

Nuestra política

Debajo de la losa burocrática, las jornadas del 6, 7 y 8 van a expresar las poderosas tendencias de lucha que pugnan por abrirse paso entre los trabajadores. Nuestra política es desarrollar a fondo esa tendencia, con un programa y una política. Para triunfar, la lucha docente debe poner en juego recursos tanto o más potentes que los que reunió el gobierno para derrotarla: hay que preparar la huelga general docente, hasta la satisfacción de los reclamos planteados. El 7, promovemos la concurrencia en la gran columna independiente que encabezará los compañeros de AGR Clarín, bajo el planteo de paro activo ya!; en pos de ello, promoveremos asambleas y ceses de actividades en los lugares de trabajo, abriendo la ruta del paro que la burocracia no quiere convocar; del mismo modo, llamamos a hacer del 8 de marzo una jornada de lucha integral, con paros, asambleas y manifestaciones, que unan las reivindicaciones de la mujer al conjunto de la agenda de lucha del momento. En este marzo de luchas, tenemos que colocar a la clase obrera como un factor político activo en la lucha contra el ajuste y por una salida de los trabajadores.

Foto: Bernardo Cornejo

Esa mascarada multimillonaria que es la entrega de los premios Oscar siempre ha sido, a su modo, una caja de resonancia política. En esta edición mucho más, porque sirvió para manifestar el rechazo del mundillo artístico —mejor dicho, de la elite de Hollywood— a Donald Trump.

El presentador, Jimmy Kimmel, hizo ovacionar de pie a Meryl Streep, a quien el presidente había calificado de “actriz sobrevalorada” en respuesta a las críticas que la protagonista de Kramer contra Kramer y La dama de hierro, entre tantas otras, había formulado a la política contra los inmigrantes.” El Dolby Theatre entero se paró a ovacionar a la gran actriz, quien, por otra parte, había manifestado activamente sus preferencias electorales por Hillary Clinton.

Kimmel también le dedicó ironías a la expulsión de algunos periodistas de una conferencia de prensa presidencial, corresponsales de medios que disgustan a Trump: “Si hay alguien aquí de CNN, de Los Ángeles Times o del New York Times, si trabajas con algo que tenga la palabra ‘Times’ en su nombre, incluso el Medieval Times, me gustaría pedirles que salgan del recinto ahora mismo ¿ok? No toleramos las noticias falsas”.

Por su parte, el actor mexicano Gael García Bernal señaló: “Como mexicano, como latinoamericano, como inmigrante trabajador, estoy en contra de cualquier muro que quiera separarnos”. El director iraní Ashgar Farhadi, a quien finalmente se le levantó la prohibición de ingresar a los Estados Unidos para recibir su Oscar a la mejor película extranjera por El viajante, de todos modos no asistió en repudio a esa misma medida que afecta a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

Además, varios artistas —entre ellos Barry Jenkins, Ruth Negga y Karlie Kloss— se colocaron en sus ropas un moño azul, símbolo de la American Civil Liberties Union, que se opone activamente a los ataques de Trump contra la inmigración y lo ha demandado en distintos tribunales.

Así, la entrega de los Oscar, inéditamente, se convirtió en una manifestación de rechazo a un presidente de los Estados Unidos. Trump, hostigado por movilizaciones masivas de mujeres e inmigrantes —por el momento controladas por la oposición demócrata— lo es también por un sector amplio de la burguesía imperialista norteamericana, al punto que grandes cadenas comerciales como Starbucks anunciaron que contratarán más inmigrantes. El sector de servicios en los Estados Unidos trabaja mayoritariamente con fuerza de trabajo inmigrante.

El papelón del final (por un error se entregó la estatuilla a una película y la ganadora era otra) podría derivar en otro escándalo si se comprobara que los servicios de espionaje sabotearon la entrega y provocaron la equivocación. El hecho, como se sabe, permitió las chicanas de Trump: “Se ocuparon tanto de la política que hicieron mal las cosas”, dijo.

Así, también los Oscar han expresado la división de la burguesía norteamericana y el rechazo de masas a los intentos de Trump por instaurar un régimen bonapartista y un Estado policial.

El Ministerio de Defensa emitió una resolución, publicada en el Boletín Oficial el viernes 24, que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad interior. En su articulo 5, la resolución habla de “informes socio ambientales”, un eufemismo utilizado para el espionaje interno. Citamos el fragmento del artículo en cuestión: “No procederá la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia para el cumplimiento de los extremos regulados por la presente medida. No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal de cada una de las Fuerzas Armadas”. Recordemos que por este delito fue condenado el almirante Jorge Godoy, ex jefe de la Armada en tiempos de Cristina Kirchner, a un año y ocho meses de prisión en marzo de 2015. Es tan grave el punto de los “informes socio ambientales” que se detalla abiertamente que las tres fuerzas deben “adoptar las medidas conducentes para brindar acompañamiento jurídico, patrocinio y/o la representación en juicio de todo personal que, cumpliendo sus obligaciones en un acto del servicio regulado en la presente Resolución, enfrente por ello un proceso judicial y/o administrativo”.

También abre la puerta para el uso de la fuerza por parte del Ejército ante amenazas o delitos en las zonas militares, pero no se señala ningún ejemplo que confirme la existencia de delitos o alguna amenaza.

Detrás de todo este juego de palabras y justificaciones jurídicas hay un objetivo claro: involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna. El macrismo y gran parte de la clase capitalista vislumbra la posibilidad de levantamientos populares y estallidos sociales provocados por el brutal ajuste en marcha. La ofensiva política a favor de la impunidad de los genocidas de la dictadura y la campaña alevosa en los medios de comunicación sobre la reconciliación son parte de este mismo objetivo.

Antecedentes

La resolución del ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, deroga una resolución de 2006, cuando la cartera era ocupada por Nilda Garré, y actualiza otra de 2009, cuando el ministro del área era Agustín Rossi. En una nota publicada en Página/12, se busca contrastar esta resolución del macrismo con aquellas dos que se emitieron durante el gobierno kirchnerista. Según el diario, aquellas resoluciones del kirchnerismo establecían límites para la represión interna por parte de las Fuerzas Armadas. El propio Rossi es citado en la nota como un crítico de la actual resolución, colocando al ex ministro como un defensor de las libertades democrácticas del pueblo argentino. Pero por más límites que se establezcan en el papel, el aparato de Estado no modifica los intereses de clase a los que sirve. La propia Garré organizó, cuando fue ministra, el proyecto X, un verdadero centro de espionaje interno comandado por la Gendarmería. En ese momento, el eufemismo utilizado para encubrir las tareas de espionaje y represión contra los trabajadores fue la “seguridad democrática”.

En cuanto a la política de reconciliación con las Fuerzas Armadas de la dictadura, el kirchnerismo y el entonces ministro Rossi fueron aún más lejos, nombrando a un genocida actualmente preso por delitos de lesa humanidad como César Milani (proveniente de la inteligencia militar) al frente de la fuerza.

El 24, todos a la Plaza

Esta resolución, que busca instrumentar la forma en que las Fuerzas Armadas van a operar en casos de represión interna, viene acompañada de un operativo de impunidad a favor de los genocidas y de la reconciliación con las Fuerzas Armadas. El ajuste que reclama la burguesía así lo determina. El PO y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia son conscientes de este telón de fondo. Este 24M las fuerzas nucleadas en este espacio tenemos un desafío político importante, que es movilizar a decenas de miles detrás de las banderas de lucha contra los crímenes de la dictadura y también los crímenes de la democracia, con independencia política de los distintos gobiernos de turno y del Estado, el principal violador de los Derechos Humanos y las libertades democráticas. No podemos enfrentar esta ofensiva del macrismo con los socios políticos de Milani o los que encubrieron la desaparición de Julio López. Desarrollemos una fuerte campaña explicando las características independientes y de lucha de la movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (la más convocante de la jornada año tras año).

Llenemos Plaza de Mayo y todas las plazas del país.

Son 30 mil, fue genocidio

-Abajo el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores

-Perpetua a Milani

Alrededor de 5.000 personas participaron del acto de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad por los 11 años del crimen de Paulina Lebbos.

Tanto Libres del Sur, como el Frente Popular Darío Santillán y el Partido Obrero ingresaron con enormes columnas de manifestantes. Se destacó la presencia de Adiunt la asociación de docentes

Desde las 18 hubo una radio abierta mediante la cual familiares de víctimas denunciaron la complicidad de las instituciones del Estado en este tipo de casos. Uno de los más recientes que ha conmocionado la provincia es la muerte de Facundo, un joven de 18 años que cayó al vacío desde un 8º piso, cuando se encontraba en un departamento con su novia y en circunstancias en que llegó al mismo el padre de la chica, un camaristas del fuero Laboral, y ex funcionario de José Alperovich.

Al hacer uso de la palabra, el familiar de Facundo hizo una denuncia descarnada del gobierno, la justicia y la policía, la Legislatura, y planteó que para encontrar justicia y terminar con la impunidad era necesario un levantamiento popular.

En la lista de familiares también habló Milton Domínguez, de Termas de Río Hondo, quien llamó a unir los reclamos de todos los familiares de las víctimas de la impunidad del país y que para ello era necesario concretar un encuentro nacional de familiares.

Las intervenciones de la senadora provincial del PO de Salta, Gabriela Cerrano, y del diputado nacional Pablo López le dieron mayor profundidad política a las denuncias que se venían realizando: pusieron de relieve el entrelazamiento de los gobiernos y el Estado con el crimen organizado, destacaron que la política de impunidad se pretende imponer tanto a crímenes y grandes delitos del pasado dictatorial como los ocurridos durante los últimos gobiernos “democráticos”.

Pusieron de relieve las grandes luchas que permitieron el encarcelamiento de Milani, y llamaron a unir la lucha contra ajuste y la impunidad y a darle continuidad el próximo 8 y 24 de marzo.

El cierre estuvo a cargo de Alberto Lebbos junto a María Luján Rey, referente de los familiares de la masacre de Once.

El centro de la intervención de Lebbos giró en denunciar las maniobras que se están produciendo para impedir el inicio del juicio oral por la causa de Paulina, pedido por el fiscal de instrucción Diego López Ávila. Con diversas recusaciones e inhibiciones se ha llegado a una situación inédita de que no hay jueces para conformar el tribunal que debe presidir el juicio oral. Lebbos destacó que ha pedido que los acusados nombren qué jueces quieren que los juzguen, pero que se inicie el juicio, pues la causa corre el peligro de prescripción.

Lebbos contrastó la rapidez con la que se constituyó el tribunal para juzgar a José Kobak, dirigente del Partido Obrero (que enfrentó el fraude que se consumó en la provincia en las elecciones pasadas), con los tejes y manejes respecto a la causa de Paulina, destacando que la razón de fondo estriba en que entre los procesados por encubrimiento hay varios altos ex funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la cúpula policial de la época en que desapareció y se investigó el crimen de Paulina, y que algunos de ellos anunció que iba a “hablar”. El inicio del juicio pondría en la picota a todo el régimen político provincial. Por otro andarivel, también está procesado y es inminente el pedido de elevación a juicio contra el fiscal Carlos Albaca, que tuvo a su cargo la investigación cajoneada del caso Paulina por 7 años.

Finalmente, Lebbos llamó a sumarse a la convocatoria al paro y movilización del próximo 8 de marzo.

Con el acuerdo de la directiva del Smata, la patronal automotriz General Motors licenció a 350 trabajadores por nueve meses con una rebaja salarial que se va incrementado hasta llegar a garantizar apenas el 55 por ciento del salario. Son despidos a término, ya que el acta no asegura la continuidad laboral de los suspendidos. A la vez, en el acta se menciona que la patronal habilita un proceso de retiros voluntarios.

El lunes 6, los suspendidos desarrollaron en horas de la tarde una asamblea en las puertas de la fábrica en forma conjunta con el resto de los trabajadores.

Participó la mitad del turno y se paró la planta durante una hora. Allí se votó el rechazo al acuerdo. Estuvieron ausentes tanto el Smata como la mayoría de los delegados. Solamente uno de los delegados y un núcleo de activistas están impulsando la lucha.

Comité de Lucha

Al día siguiente, martes 7, se desarrolló una nueva asamblea de los suspendidos, donde se terminó de conformar un Comité de Lucha y posteriormente un nutrido grupo de familiares y suspendidos marcharon desde el Anfiteatro de Rosario al Concejo Deliberante de la ciudad. Allí, el comité de lucha ingresó al Concejo y arrancó un compromiso verbal de los concejales de acompañar el reclamo de los trabajadores.

El miércoles, la patronal reforzó el control de la seguridad para impedir que pudieran ingresar al predio de la empresa tanto familiares como organizaciones solidarias.

Los suspendidos realizaron una agitación sobre los trabajadores de planta reforzando dos de las resoluciones de la última asamblea: la invitación a las mujeres que trabajan en la planta y a las esposas y familiares a la marcha del 8M y la convocatoria a Asamblea General el jueves 9 en el cambio de turnos.

A esta Asamblea fueron invitados organizaciones sindicales, partidos políticos y representantes parlamentarios, concejales y diputados.

El propósito de la Asamblea es que nuevamente y de manera masiva se vote el rechazo al acuerdo de despidos firmado por el Smata y se reincorpore a todos los trabajadores.

El esfuerzo que están realizando los suspendidos es enorme y han avanzado en la organización para sostener todas las iniciativas de lucha; pero están enfrentando a una patronal terriblemente antiobrera que está actuando junto a la burocracia del Smata.

Las declaraciones de apoyo, bienvenido sean, pero para torcerle el brazo a este pulpo yanki superexplotador hace falta desarrollar a fondo la lucha y los métodos de la clase obrera.

La CGT y CTA deben convocar a un paro activo regional y un plan de lucha por la reincorporación de todos los suspendidos-despedidos de General Motors y el reparto de las horas de trabajo disponible entre todos los trabajadores sin reducción salarial. Es necesario frenar los cientos de cesantías y suspensiones que se están produciendo, entre otras, en las fábricas metalúrgicas, lácteas y de comercio de la región.

Hagamos nuestra la reivindicación que enarboló el 7 marzo la rebelión de los trabajadores en la plaza de mayo. Basta de tregua. Paro regional y nacional ya!

El jueves 2, obreros de la planta gráfica AGR-Clarín estuvieron en Villa Constitución. Durante la mañana fueron entrevistados en los dos canales de cable de la ciudad y les hicieron notas en varios programas radiales. Posteriormente, tuvieron una entrevista con directivos de la seccional metalúrgica.

Al mediodía, en el cruce de los dos turnos, se realizó la colecta en la puerta de Acindar. La presencia de los compañeros fue todo un hecho político. Delegados y activistas se juntaron alrededor de los compañeros con las alcancías. Varios compañeros ya salían con el aporte en la mano. Muchos decían conocer el conflicto, en parte por la enorme lucha de los compañeros de AGR que fueron venciendo el cepo informativo y en parte por la agitación que se hizo previamente sobre la fábrica.

Fue muy importante la colaboración de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) y de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) en la preparación de la actividad. La UJS realizó volanteos en días anteriores y Cristian, de la Comisión Interna de Acindar y dirigente de la CSC regional, ayudó, con otros compañeros a instalar dentro de la fábrica el conflicto y la propia colecta a través de afiches y la distribución de la carta de los compañeros de AGR.

Una gran actividad para una gran lucha, que se coronó con la recolección de unos 9.000 pesos.

Integrantes de las Coordinadoras de ex trabajadores YPF y de Correos se reunieron en asamblea junto a integrantes de la bancada parlamentaria del PO-FIT para debatir y resolver acciones de lucha.

¿Los motivos? En el caso de los ypefianos, para que el gobierno desbloquee los pagos indemnizatorios, establecidos en la ley arrancada en 2015; en el caso de Correos, para lograr la sanción de una ley semejante, de resarcimiento económico, por el incumplimiento del pago del Programa de Propiedad Participada.

Se debatió acerca de las privatizaciones menemistas que devastaron a los trabajadores y al país. Otros presentes agregaron que todos los gobiernos que lo sucedieron continuaron con esta línea de entrega. En el caso del kirchnerismo, con la nacionalización trucha de YPF (en realidad, una reprivatización) y los pactos entreguistas con Chevron y con el salvataje de la familia Macri en oportunidad de la estatización del Correo, donde el Estado se cargó con la hipoteca que le dejaron los Macri por la empresa estatal, sin resarcir en forma elemental e inmediata al Estado por los cánones que Socma le adeudaba desde hacía varios años.

La compañera del equipo parlamentario del PO-FIT expresó que para quebrar la coalición no declarada del ajuste entre oficialismo y oposición que funciona en el Congreso, haciendo pasar leyes antiobreras que atacan derechos nodales, se necesita organizar un gran movimiento independiente de los trabajadores de Correos que haga emerger el reclamo hermanándolo con la lucha que hoy libra el movimiento obrero.

La experiencia de los ypefianos, que lograron su ley gracias a una intensa lucha y organización que acompañó el recorrido del proyecto por el Congreso, y que ahora van a medidas para lograr el pago para todos, constituye una gran experiencia para los compañeros.

Como contraste, en la asamblea se balanceó la experiencia de la Coordinadora de ex trabajadores de Gas del Estado, quienes durante 2016, lamentablemente confiaron en las promesas de los senadores para que aprueben su ley. Sólo convocaron a una asamblea y dos movilizaciones, y en medio de la embestida antiobrera el proyecto de ley cayó. La Coordinadora de ypefianos ha enviado una carta a estos compañeros para reencauzar una lucha común.

La vigorosa asamblea, desarrollada en el local del PO de Boedo, votó las siguientes resoluciones: YPF, dos movilizaciones hacia el gobierno, para arrancar el pago, y Correos, introducir mejoras en el proyecto de ley e iniciar una campaña por su aprobación, comenzando con recorridas en los despachos de diputados y la audiencia pública en la cámara, convocado por el bloque PO-FIT, el 14 de marzo en el anexo del Congreso a las 17 horas.

La asamblea finalizó con una comida y la recaudación de fondos para los compañeros del correo.

Como resultado de un enorme esfuerzo político y organizativo, que contó con la movilización de más de 150 compañeros, el Campamento de Verano de la UJS del Noroeste fue un éxito.

Se dieron cita jóvenes universitarios, terciarios, secundarios, jóvenes precarizados del Polo Obrero y compañeros del movimiento contra la impunidad. Contó con delegaciones de La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca. El autofinanciamiento total de la actividad demostró el vigor de la organización y del método de la juventud que cuando se propone un gran desafío, lo alcanza.

Una de las actividades centrales del campamento fue la charla debate de cara al próximo 8M, con la diputada provincial por Salta, Gabriela Jorge, dirigente del Plenario de Trabajadoras, quien explicó cómo hace cien años, obreras textiles de la ciudad de Petrogrado, declararon una huelga que abrió las puertas al derrocamiento del Zar y fue el inicio mismo de la Revolución Rusa. En nuestros días, más de 300 ciudades del mundo convocan a parar en el día internacional de la Mujer Trabajadora denunciando las responsabilidades del Estado en la violencia y la barbarie contra las mujeres. En la charla resolvimos llevar adelante jornadas y actividades en cada pueblo, con el propósito de desarrollar un movimiento independiente de mujeres a escala nacional que enfrente las políticas de ajuste de Macri y los gobernadores.

El cierre del campamento estuvo a cargo de nuestro compañero Claudio Del Plá, legislador salteño, quien reflexionó sobre la profunda crisis que sacude al gobierno de Macri y al conjunto de la burguesía en su “régimen a la carta”; la enorme lucha de la docencia nacional, la batalla clave que están desarrollando los gráficos de AGR-Clarín para derrotar el ajuste, se oponen completamente a la tregua de las centrales obreras que dejan pasar tarifazos y despidos. En este escenario político explicó los enormes desafíos de colocar a la izquierda revolucionaria como un factor decisivo en el desenlace de la crisis.

Además de las actividades recreativas, a lo largo de cuatro días estudiamos la vigencia histórica de la Revolución Rusa, cuando a 100 años de la primera revolución obrera triunfante el estado de senilidad del régimen capitalista abre nuevos escenarios de guerras y revoluciones en todo el mundo. Decenas de compañeros participaron, además, del curso sobre la teoría marxista del Estado.

El desarrollo del campamento ha sido una verdadera escuela revolucionaria. Los cursos se han convertido en herramientas valiosísimas para establecer una comprensión y un salto consciente en nuestra organización. Somos un sector de la juventud que abraza las banderas históricas de la clase obrera en la lucha por su emancipación. Nuestra perspectiva es superar todas las limitaciones y desarrollar una dirección revolucionaria junto a los trabajadores para abrirnos una salida política propia en el marco del desbarranque del capitalismo. De norte a sur, viva la organización socialista de la juventud.

La Federación Universitaria de Buenos Aires participó el martes pasado de la marcha organizada por las centrales obreras al Ministerio de Producción. Lo hizo en la columna independiente encabezada por los obreros de AGR Clarín, con un planteo diferenciado de la burocracia convocante. Reivindicamos la necesidad de un paro activo ya y denunciamos la complicidad de los gobernadores peronistas y kirchneristas con el ajuste de Macri. Esta posición fue adoptada por la Fuba tras un intenso debate en Junta Representativa.

Allí, la copresidencia de La Mella defendió “marchar en unidad”, disolviendo una federación estudiantil recuperada como la Fuba detrás del triunvirato de la CGT.

Esta rendición es el resultado de una línea de sumisión al kirchnerismo que, en pocos meses, sirvió para reconciliar a esta agrupación juvenil con dos pilares de la política patronal: la burocracia sindical y la Iglesia (recordemos que Patria Grande se opuso a que el próximo Encuentro Nacional de Mujeres se hiciera en la Capital, bajo la mirada atónita de la militancia).

El antecedente inmediato de este derrotero se había producido al momento de discutir el aporte de la Fuba al fondo de lucha de AGR Clarín. En ese entonces, La Mella planteó que el dinero de los estudiantes fuera depositado, no en la cuenta de los trabajadores despedidos, sino en… ¡la de la burocracia del sindicato gráfico, la misma que al día de hoy sigue habilitando la impresión de los trabajos de AGR en las empresas que dirige! Una canallada que coloca a La Mella a la derecha de los hermanos Moyano, y de tantos otros que se solidarizaron directamente con los obreros en lucha.

En la Junta Representativa de la Fuba, las posiciones de la copresidencia de la UJS -en relación con la unidad con la clase obrera en lucha y a la independencia respecto de los partidos patronales y la burocracia sindical- se abrieron paso reuniendo el apoyo de una mayoría de centros. Pero es necesario que el movimiento estudiantil tome nota de las divergencias estratégicas que cruzan a la actual conducción. La Mella empeñó sus ideas de cambio social en la expectativa de una candidatura pejotista de CKF en la provincia de Buenos Aires.

El desarrollo de un fuerte movimiento en la universidad contra el ajuste de Macri y el rectorado, en apoyo a los docentes y por todas nuestras reivindicaciones, es el mejor terreno para superar en la lucha estos planteos capitualdores.

En el marco de un fuerte operativo policial que 'sitió' el pueblo de Volcán -al punto de cortar la Ruta Nacional N° 9, que va a La Quiaca-, el presidente Mauricio Macri y el gobernador Gerardo Morales realizaron el acto de apertura del ciclo lectivo 2017, transmitido por cadena nacional para todo el país.

El Presidente aprovechó la ocasión para atacar a los docentes, calificándolos de “oportunistas”, mientras en Buenos Aires y otras provincias se desarrollaban movilizaciones multitudinarias.

El gobierno utilizó la tragedia del alud que sufrió la localidad, dos meses atrás, para atacar a la docencia que defiende sus derechos. Para el acto trabajaron en triple turno y el fin de semana para terminar de pintar la escuela y mostrar en cadena nacional “el milagro de la solidaridad”, cuando la realidad es que la recuperación del pueblo todavía está distante y falta mucho por reconstruir, empezando por el hecho de que las casas provisorias que envió el gobierno para los habitantes que perdieron todo son de placa de yeso y no resisten las inclemencias del tiempo.

Persecución a los docentes

El gobierno de Morales no escatimó recursos para desactivar el paro de los maestros, incluidas intimidaciones, listas negras, descuentos y la claudicación de las direcciones sindicales docentes. A pesar de todo, el paro fue masivo en toda la provincia.

En los días previos, el gobierno provincial montó una rabiosa campaña mediática, que incluso llegó a los medios nacionales (la senadora Silvia del Rosario Giacoppo aseguró en "Intratables" que en Jujuy no iba a haber paro). El viernes 3, el Ministerio de Trabajo de Jujuy sacó en tiempo récord una resolución llamando a la conciliación obligatoria entre la docencia y el Ministerio de Educación provincial, y estableciendo una multa de 4.000 pesos para el que incumpla la resolución.

La dirigencia gremial, a la retaguardia

El gobierno de Morales ofreció un aumento del 10% para la primera mitad del año, a cuenta de que Nación confirme los aportes y no ha convocado a ninguna nueva reunión hasta el 10 de marzo. Este modus operandi ya lo vimos el año pasado, cuando el gobierno cerró todas las paritarias estatales por decreto y descontó los días de paro. ¿De qué “paritarias abiertas” y “diálogo” hablan los funcionarios?

Tanto la dirigencia de Adep (Ctera) como de Cedems mostraron toda su inconsistencia a la hora de encarar esta lucha, cuando no su complicidad con el gobierno.

El sábado 4, la conducción de Adep (nivel medio) decidió acatar la conciliación obligatoria y esperar la reunión del 10, dando “libertad de acción” a su base. Por otra parte, la conducción de Cedems (primaria) propuso levantar el paro, pero la asamblea votó mayoritariamente parar. El lunes 6, su comisión directiva decidió acatar la conciliación y desoir el mandato de base.

El paro de los docentes jujeños fue masivo, a pesar de las amenazas del gobierno y de las direcciones claudicantes del gremio, quebrando todas las presiones en contra. Sin embargo, estuvo ausente una gran movilización, acotada a algunas pocas localidades.

Tenemos que sacar las conclusiones políticas de la jornada para encontrar una salida al impasse al que nos conduce la burocracia. Tribuna Docente Jujuy vuelca sus esfuerzos para trazar en la docencia una perspectiva de salida en medio de este cuadro de bancarrota de la dirección del movimiento, en base a un programa de defensa de la escuela pública y del salario docente.

Los reiterados pronósticos de los gúrues oficiales sobre el repunte económico que está “a punto de llegar” volvieron a recibir un cachetazo: el consumo popular en febrero cayó un 6,6%, sin que existan mayores expectativas de una recuperación en los próximos meses. Detrás del tobogán del consumo, la crisis industrial ha ingresado en una fase más aguda: a los cierres de plantas y despidos en Sancor, se suma ahora el gigante tabacalero Massalin, controlado por la British Tobacco. La multinacional reclama un “recurso preventivo de crisis” que le permita despedir y precarizar el trabajo -o sea, la ruta que abrió la patronal de Clarín en AGR. En Rosario, General Motors ha anunciado suspensiones masivas, con despidos a término para noviembre. El reguero de crisis fabriles y despidos agranda la impotencia del triunvirato cegetista, que abandonó el palco del pasado 7 en medio de reclamos de paro general y que discute, ahora, cómo marcar el paso con un paro aislado y lo más lejano posible de la gran lucha del momento -la huelga docente.

Docentes

En su segunda semana de paros, el conflicto de los docentes de todos los niveles concentra los problemas del movimiento obrero y de la propia situación política. La pretensión del gobierno de establecer un aumento del 18% ha quedado desautorizada por la inflación de febrero, que llegó al 2,5% sin intenciones de ceder, lo que anticipa una inflación superior al 25% para este año. El gobierno puede tolerar que los acuerdos privados superen en algunos puntos al techo oficial, aunque existe el antecedente de la impugnación judicial al aumento de los bancarios. Pero en cualquier caso, que ese cepo funcione contra los docentes y estatales se ha convertido en una cuestión de

Estado. Los voceros del capital financiero le exigen al gobierno un duro ajuste fiscal, para que los ingresos del Tesoro -engordados también con la inflación- sirvan de garantía a la gigantesca bicicleta financiera que sustenta el ingreso de dólares al país. La escalada contra la docencia tiene también un propósito político: el gobierno quiere exhibir una autoridad de la cual carece para salir del empantanamiento económico, la inflación creciente o las disputas al interior de la coalición oficial, relacionadas con su propia impasse. Macri, por eso, se juega a un desgaste de la huelga y a una polarización política, como ya se demostró en la fracasada tentativa de los “voluntarios” rompehuelgas. Como demostración de ello, ha sacado al ruedo a la “moralista” Carrió, que se calló la boca frente a la corruptela del

Correo, pero vocifera ahora contra los docentes bonaerenses, que perciben un salario de 13.300 pesos con 20 años de antigüedad.

En medio de la guerra a los maestros, Macri “mide” como candidato al principal verdugo de la educación pública, el ministro Bullrich. El escenario electoral oficial se prepara en medio de una guerra contra la clase obrera.

Desflecando el paro

Era previsible, en ese cuadro, que el gobierno saliera a desflecar el paro cegetista que, en cualquier caso, sigue en veremos.

El arsenal de esta operación contra una huelga nacional explota a fondo el carácter propatronal de la burocracia sindical. Por un lado, el gobierno sella en estas horas el “Vaca Muerta” de la industria automotriz, un acuerdo de metas de producción asociadas a la flexibilidad laboral en las terminales. Como ocurriera en el petróleo, la burocracia suscribirá la pérdida de conquistas sin que ello represente la menor garantía de estabilidad laboral, en medio de la caída del mercado interno y del agravamiento de la crisis brasileña. En otro plano, el gobierno le ha “regalado” a la burocracia de la UTA el retiro de la personería gremial al sindicato del Subte: aspira a una devolución de favores de Férnandez y los suyos, a la hora de debilitar el paro nacional.

Los herederos de Pedraza en la Unión

Ferroviaria, que han recibido enormes prebendas del actual gobierno, marchan en la misma dirección. El paro, si finalmente se convoca, estará cruzado por estos acuerdos y capitulaciones de la propia burocracia convocante.

En medio de la indefinición cegetista, las CTA resolvieron la convocatoria a un paro nacional y a una marcha el próximo 30 de marzo. En el cordón industrial de San Lorenzo, un conjunto de organizaciones obreras locales han convocado un plenario para debatir un plan de lucha contra los despidos y un piso salarial de 27.000 para todos los trabajadores del complejo industrial aceitero. La escalada de despidos y las paritarias están sacudiendo en profundidad al conjunto de las organizaciones obreras.

El panorama se completa con los renovados piquetes de las organizaciones de desocupados, de la mano del Polo Obrero. El evidente fraude de la “emergencia social”, que justificó la tregua de los amigos del Vaticano en favor del gobierno, anticipa nuevas y mayores jornadas de lucha piquetera.

La oposición, contra la huelga

Los diarios oficialistas presentan a este cimbronazo como el resultado de una “escalada opositora”, atribuída en primer lugar al kirchnerismo. Es un recurso para descalificar a las luchas obreras, pero que está muy lejos de la realidad. Los gobernadores pejotistas o massistas, que enfrentan también la lucha docente, son completamente solidarios con la línea ajustadora del gobierno nacional.

A medida que avanza la crisis social, los Pichetto y Massa han redoblado los llamados a la “responsabilidad” a la burocracia sindical. En este cuadro, la convocatoria de Cristina Kirchner a no sacar los pies del plato del armado pejotista tiene consecuencias de fondo en el movimiento sindical. La “Corriente Federal” kirchnerista no ha realizado la menor delimitación del triunvirato cegetista, acompañando todas sus vacilaciones en relación con la convocatoria al paro. Por su parte, los kirchneristas Yasky y Baradel transitan por la decisiva huelga docente con una política de paros intermitentes, bajo la presión de los gobernadores del FpV y el PJ (y del pejotismo que cogobierna con Vidal).

Pero la envergadura de la ofensiva oficial contra la docencia exige una respuesta de otro alcance -la huelga general que reclaman y preparan los Suteba dirigidos por la Multicolor. En el caso del subte, la Corriente Federal y el kirchnerismo “político” (La Cámpora, Nuevo Encuentro) estuvieron ausentes en la conferencia de prensa donde se anunció la tentativa de proscripción al sindicato.

El kirchnerismo porteño ha recibido la orden de Cristina de “cerrar filas” con el pejota -o sea, con los amigos de Férnandez y la UTA.

La izquierda y el movimiento obrero

La enorme crisis que se puso de manifiesto en el desenlace de la marcha sindical del pasado 7 dejó dos grandes conclusiones. Por un lado, la debacle de la burocracia sindical, atornillada a fondo con el ajuste macrista. Por el otro, la conmoción que ese ajuste ha instalado en las grandes organizaciones obreras, recorridas por un ‘sismo grado seis’. Cuando los Massa, Stolbizer y otros se probaban sus trajes de candidatos, para transitar una elección sin sobresaltos, la clase obrera ha irrumpido en la crisis. A la luz de este cuadro de conjunto, la responsabilidad de la izquierda es enorme. Por un lado, se nos impone una campaña en todos los sindicatos con un claro planteo:

el porvenir de la lucha contra el ajuste no puede ser decidido por los Daer, Acuña o Yasky. Es necesario un confederal de todas las organizaciones y centrales obreras, con representantes electos y mandatos de base, para que el paro nacional conduzca a un plan de lucha y establezca un programa claro: ningún despido, organizar la ocupación de toda planta que cierre o despida, como lo hizo AGR Clarín; paritarias con un piso del 35%, que recupere la pérdida salarial de 2016 y considere la inflación real de este año; por la victoria de la lucha docente, por un aumento de emergencia a los jubilados; salario igual a la canasta familiar, 27.000 pesos como reclaman los trabajadores del cordón de San Lorenzo. Una campaña política del Frente de Izquierda debe partir de este escenario apasionante, y concentrar una acción común -en todos los campos de la lucha política y sindical- para que la clase obrera irrumpa definitivamente en la crisis y lo haga con un programa propio.

Foto: Paula Acero Lagomarzino

Ha quedado claro que Cromañón o Time Warp no han sido circunstancias excepcionales. Es claro, también, que la parafernalia de controles, regulaciones, “leyes especiales” y otras acciones estatales desde 2004 hasta hoy han resultado inútiles. Lejos de atenuarse, las condiciones para la masacre se han amplificado. Sólo la casualidad hizo que no se repitiera con la misma magnitud lo ocurrido en aquel 30 de diciembre.

Por un lado, la circunstancia de la celebración masiva, asociada al rock, se ha prostituido en manos de los “empresarios” del espectáculo.

La fiesta se ha convertido en hacinamiento. Fatal, sí, pero rentable.

Es mejor incurrir una vez por año en los costos de un recital y reunir la facturación que dejan 300.000 personas, a distribuirlas en el curso de varios recitales. Es mejor gastar una sola vez en publicidad, vigilancia privada y otros gastos, aunque ello implique amontonar indignamente a una multitud en una ciudad sin condiciones para albergarla. A la responsabilidad del productor privado -en este caso el propio Solari- se suma la del Estado -intendentes, gobernadoresque miran para otro lado frente a la masa de jóvenes que dejarán algunos pesos en los kioscos, bares o estaciones de servicio. La ecuación fatal se combina con los dealers, que encuentran un mercado gigantesco para una producción y tráfico que no podría desenvolverse sin la complicidad del Estado. Así fue en Time Warp y en su reciente remake, cuando volvieron las rave a la Costanera Norte. La juventud, como masa de maniobra -y explotación- de capitalistas, funcionarios y traficantes.

Olavarría marca, sin duda, un punto de inflexión para la fiesta ricotera, y no sólo por el anunciado declinio físico del Indio Solari. En la música y los recitales de los Redondos asomó siempre la rebelión de los pibes sin futuro, de los que soportan cotidianamente la explotación infernal de trabajos extenuantes o mal pagos; de los que no tienen siquiera trabajo y han perdido la esperanza de tenerlo; de los que asisten al derrumbe de sus familias laburantes.

Esa rebelión, como todas, enfrenta ahora su encrucijada. Uno de los caminos es el de La Colmena -o sea, el estallido que fagocita el sistema, y lo vuelve un filón rentable para la “industria” del recital, las arcas de los municipios, los dealers y otros vampiros empresarios de los jóvenes.

Pero para esa misma rebeldía se abre otro camino: luchar contra la sociedad que nos explota bajo toda circunstancia y transformarla de raíz. Para que el trabajo deje de ser un calvario; para que la escuela y la universidad no nos expulsen, y para que la fiesta, cuando toca, sea simplemente eso, nuestra fiesta.

El 14 de marzo se realizó la audiencia convocada desde el bloque de diputados del FIT-PO y la Coordinadora de Ex trabajadores de Correo. Entre la numerosa asistencia se encontraban también los compañeros de la Coordinadora de Ypefianos, despedidos de Segba y de Entel.

Además de los diputados Soledad Sosa y Pablo López, estuvieron dando su apoyo al proyecto de ley de indemnización por el incumplimiento del pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada a los trabajadores de Encotel -pri-vatizada y concesionada al grupo Correo Argentino, formado por Soc-ma (Macri), Banco Galicia y Correo Inglés-, los diputados Juan Carlos Giordano (IS) y Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular).

Se explicó el proyecto de ley presentado a fines de 2016, donde se plantea la indemnización para más de 20.000 trabajadores y que cuenta en sus fundamentos con la denuncia sobre los Macri y la quiebra fraudulenta, que les permitió no pagar su deuda con el Estado, así como el salvataje de este grupo por parte del kirchnerismo.

Las intervenciones de los compañeros fueron valiosísimas. Se transmitió la experiencia de los ypefianos, que lograron su ley, hoy violada por el gobierno de Macri porque no paga en término a la totalidad de compañeros; se describieron los métodos de asamblea, movilización y de independencia política de todos los partidos privatizadores.

Se denunció a las privatizaciones y el rescate estatal a los monopolios como una política de Estado de todos los gobiernos, que ha llevado a la quiebra al país, al remate del patrimonio nacional y a la desocupación y precarización laboral.

El diputado Pablo López planteó que: "hay que colocar este reclamo obrero, en medio del escándalo por la condonación de la deuda a la familia Macri, con una campaña, con la movilización de la Coordinadora a nivel nacional, siguiendo los pasos de los compañeros de YPF".

Las medidas que se debatieron incluyen la movilización por el pago a los ex YPF, la semana próxima; la siguiente, radio abierta y acto por la ley de Correo, en el Congreso, y luego una movilización al edificio donde funcionó el Correo Central, además de la realización de asamblea de ex trabajadores de Segba para elaborar su ley. Se planteó la conformación de una Coordinadora de Ex Trabajadores de Empresas Estatales, en un clima muy combativo. La diputada Soledad Sosa cerró la audiencia destacando que: “Frente al desfalco capitalista planteamos a los trabajadores como alternativa política".

Marchamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la impunidad de ayer y de hoy, así como también contra el ajuste de Mauricio Macri y los gobernadores. La cita es a las 13, de Congreso a Plaza de Mayo.

Esta marcha a 41 años del golpe genocida de 1976 será una respuesta a la alevosa ofensiva del macrismo a favor de la impunidad de los genocidas y al ajuste que la administración nacional y los gobernadores (de todo signo político) aplican contra los trabajadores.

La ofensiva del gobierno por la “reconciliación” con los genocidas de la dictadura apunta a consumar el operativo político que el kirchnerismo no pudo llevar hasta el final con César Milani: reintroducir a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna, cuando se intensifican los despidos y la carestía.

Dos marchas

Este año, como ocurre desde hace más de una década, se realizarán dos marchas: una, la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agrupa a las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y estudiantiles que durante doce años enfrentamos a la represión y la cooptación K y, la otra, la de los organismos cooptados y las agrupaciones kirchneristas, que han malversado la lucha contra la impunidad para apoyar políticamente al gobierno del desfalco de los “Sueños Compartidos”, el encubrimiento de la desaparición de Julio López, el Proyecto X, la entronización del genocida Milani, la perpetua a los petroleros de Las Heras y la alianza con José Pedraza, el asesino de Mariano Ferreyra.

La convocatoria independiente y la delimitación política con la marcha kirchnerista no son caprichos sectarios. Se trata de cuestiones de fondo.

En base a estas conclusiones, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia lanzó una campaña política para instalar los términos y el horario de su convocatoria. “Son 30.000. Fue Genocidio” “Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy: no a la reconciliación”, “Abajo el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores” y “Perpetua a Milani” son las consignas que, acompañadas en redes sociales del hashtag #YoMarchoConElEMVJ, se difundirán en afiches y redes sociales.

También se resolvió una campaña de pronunciamientos de figuras públicas y personalidades que se movilicen con nosotros.

Un 24M independiente y de lucha

La convocatoria del EMVyJ denuncia los crímenes y la represión de la dictadura, y también los crímenes y la represión de la democracia. Con esa tradición de lucha vamos a enfrentar a la ofensiva macrista y a apoyar las luchas de los trabajadores, las de los docentes, de los gráficos de AGR-Clarín, de General Motors y de todo el movimiento obrero, a pesar de la tregua de la burocracia sindical. A poco más de dos semanas de la movilización del 24, impulsemos una fuerte campaña de instalación y difusión de la convocatoria del EMVyJ.

Llenemos Plaza de Mayo y todas las plazas del país.

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes!

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24 de Marzo: declaración encubridora de La Mella, Yacobitti y los decanos

En la primera sesión del Consejo Superior de la UBA se votaron el presupuesto 2017 y el calendario para renovar el conjunto de las autoridades de la universidad -consejeros, decanos y el rector. El bloque mayoritario de decanos (radicales, macristas y peronistas) se deshizo en auto-elogios al actual rector Alberto Barbieri, a cuyas “capacidades de gestión” atribuye el aumento presupuestario que permite que este año la UBA no esté en “cero” como en 2016. Esta entrada de recursos -indudablemente asociada a la lucha docente estudiantil del año pasado- sería la plataforma para la reelección al frente de la UBA del ex candidato del FpV, siempre rodeado de funcionarios de la corrupta y macrista Franja Morada. Las elecciones de claustros tendrían lugar a lo largo de todo el año para culminar en una Asamblea Universitaria el 7 de diciembre.

Ellos

El presupuesto votado no contempla aumento alguno para docentes y no docentes. Estas partidas surgirían de las negociaciones paritarias en curso -o sea que la UBA se acopla a las ofertas miserables realizadas por el gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Bien mirado, los gastos de funcionamiento apenas cubren la inflación. Lo reconoce la propia resolución aprobada al dejar en claro que el elogiado presupuesto no servirá para pagarle salario alguno a los más de 20 mil docentes ad honorem ni para realizar las obras de infraestructura que necesita la UBA. Tampoco están los fondos para el nuevo Hospital de Clínicas, anunciado con bombos y platillos a fin del año pasado.

Sin embargo, la mayoría de los decanos -incluyendo al kirchnerista Glenn Postolski, de Sociales- decidieron desligarse de la lucha docente y aprobar un presupuesto que no alcanza, a sabiendas de que sus intereses son otros: en paralelo, darán rienda suelta a la política de “recursos propios” (recortes de carreras, posgrados pagos, pasantías truchas y convenios con empresas), que conforma la verdadera “caja” de la UBA.l bloque minoritario de decanos y profesores K, que comanda Fe derico Schuster e integran las facultades de Exactas y Filosofía y Letras (ya casi nunca Sociales), no cuestionó la votación de un presupuesto sin aumentos salariales, en pleno conflicto docente, ni tampoco un calendario electoral basado en el actual régimen de cogobierno, el más antidemocrático de todas las universidades públicas del país. Por boca del decano Juan Carlos Reboreda, de Exactas, el “aguante” kirchnerista se limitó a reclamar una redistribución interna del presupuesto en función del gasto de las facultades. Según ellos mismos solicitaron, se trataría de desplazar hacia ellas el 0,4% del total… sí, la crítica K a Barbieri-Yacobitti consiste en una puja por el 0,4%. A este planteo miserable se acopló el consejero estudiantil de La Mella, que en el Superior comparte banca con La Cámpora y Nuevo Encuentro.

Y nosotros

La UJS fue la única fuerza política que estableció una crítica de fondo al Rectorado y planteó una alternativa distinta para la universidad. Rechazamos cerrar un presupuesto insuficiente y de “aumento cero” para los trabajadores, y mocionamos que la UBA se volcara en apoyo a la lucha docente reclamando, en simultáneo, los fondos necesarios para su funcionamiento, que deberían incluir a los ad honorem, a las obras y al boleto universitario gratuito (como conquistó la lucha estudiantil en la Universidad de La Plata). Exigimos también la apertura de las cuentas del Rectorado y las cajas de recursos propios, desechando todos aquellos negocios que pervierten la función de la universidad pública.

En relación al calendario electoral, propusimos que se abriera ahora mismo un período de debate de 60 días sobre el régimen de cogobierno, cuestionando un estatuto basado en el poder de un ultraminoritario claustro profesoral entrelazado con los bancos, multinacionales y gobiernos de turno. Nuestra moción planteó la necesidad de convocar a un plebiscito en toda la UBA (incluyendo al CBC, los preuniversitarios y los hospitales, que hoy no cuentan con representación democrática alguna) y, sobre esa base, a una Asamblea Universitaria extraordinaria en mayo para reformar los actuales estatutos, inalterados desde su redacción por la "fusiladora" del ’55. Además, cuestionamos que la fecha de las elecciones estudiantiles (11 al 15 de septiembre) coincidiera con el aniversario de la histórica marcha de la Noche de los Lápices y que la Asamblea Universitaria se hiciera en diciembre, cuando ya no hay clases, y en un “bunker” ajeno a la universidad y custodiado por la policía.

Convocatoria

La sesión del Consejo Superior mostró la verdadera polarización que divide a la universidad. De un lado, los personeros radical-pejoto-macristas de un régimen antidemocrático y privatista, seguidos de cerca por los decanos K y las agrupaciones que a ellos se subordinan; del otro, las necesidades de la masa de estudiantes, docentes y no docentes, cuya defensa asume la UJS-Partido Obrero. El inicio de clases tiene que servir para poner las cosas en su lugar, volcando al conjunto de los estudiantes a la lucha en defensa del salario de docentes y no docentes. Sólo así podremos aislar y derrotar al gobierno de Macri y a sus autoridades aliadas. Sólo así se abrirá una perspectiva real de desarrollo para la universidad, la docencia y la investigación pública.

Es con este objetivo que llamamos a todas las agrupaciones del movimiento estudiantil, y en especial quienes están al frente de los centros de estudiantes, a acordar la convocatoria a un Congreso Extraordinario, abierto, de la Fuba, para organizar la lucha en el inicio de este primer cuatrimestre. Un congreso de estas características permitiría abordar las divergencias estratégicas que cruzan a la actual conducción en un cuadro de deliberación colectiva y acción común de miles y miles de estudiantes. Serviría para abrir el debate en las diferentes facultades, colegios y sedes del CBC, y colocar al movimiento estudiantil en la ruta de la ocupación del Conicet, la huelga docente, las grandes movilizaciones de las últimas semanas y la del 24 de marzo.

Vamos por un Congreso Abierto de la Fuba para votar un plan de lucha unificado por el triunfo de los docentes, por el presupuesto, el boleto, la democratización del régimen universitario y todas nuestras reivindicaciones. ¡Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro!

La solidaridad con la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín ha logrado traspasar las fronteras de nuestro país y sumar importantes apoyos internacionales. A partir del llamamiento hecho por los trabajadores después de dos meses de ocupación de la fábrica, organizaciones y personalidades de diferentes países del mundo se están pronunciando. Además, se vienen organizando acciones de denuncia frente a las embajadas y consulados argentinos planteando que se atienda el reclamo de los trabajadores.

En Chile, donde la patronal viene realizando la producción que era de la planta de Pompeya, la campaña tiene una importancia especial. Allí los trabajadores de AGR le piden a la CUT (la central obrera de Chile) y a los sindicatos gráficos chilenos una colaboración fundamental: rechazar la elaboración y el traslado de la revista Viva y, en general, toda la producción que envía Clarín con el único objetivo de destruir la organización y la lucha que vienen desarrollando los trabajadores de la planta. “Vale recordar que los gráficos de RR Donnelley Chile y su sindicato ya dieron muestras de solidaridad de clase en 1997, cuando frenaron la producción de los compañeros de Editorial Atlántida, que también había sido derivada allí por otra patronal argentina para intentar carnerear una ocupación”, señala el comunicado de los compañeros. Las primeras adhesiones de dirigentes sindicales y estudiantiles en Chile (de la Confederación de Trabajadores del Sector Privado-CEPCH, del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Santo Tomás, del Centro de Estudiantes de la Utem, etc.), y el acto de denuncia de los compañeros del POR frente a la embajada, son el principio de una campaña que empalma con un ascenso de las luchas del movimiento obrero en ese país.

La solidaridad de las organizaciones de otros países de la región también es de vital importancia, ya que no se descarta que la empresa utilice en un futuro gráficas de algún país vecino. Tanto en Montevideo como en Brasilia se están preparando actos frente a las embajadas argentinas. Además, en Uruguay, el Sindicato de Artes Gráficas junto con Adeom (del PIT-CNT) enviaron un reclamo al embajador exigiendo la reincorporación de los trabajadores. En la misma línea se pronunció la Federación Unitaria de Sindicatos Bolivarianos del Estado de Carabobo (Venezuela), el Sindicato de trabajadores públicos del Ministerio de Seguridad Social, Salud y Trabajo del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil), y los principales referentes sindicales de la Prensa en Grecia. Compañeros del gremio del Caucho de México, así como otras figuras y activistas internacionales también acercaron su solidaridad.

La colaboración con el fondo de lucha es otro aporte vital con el que muchos compañeros y organizaciones de otros países pueden ayudar.

El llamado a internacionalizar esta lucha es un ejemplo de conciencia de clase. “Lo que no cuenta Clarín es que mientras los capitalistas siempre compitieron en todo el mundo, quienes tenemos tradición de solidaridad internacional somos los propios trabajadores”, dice el comunicado.

Si gana la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín será un duro golpe al intento de ajuste que el gobierno de Macri, en la misma línea que los gobiernos capitalistas de todo el mundo, intenta descargar contra la clase obrera.

¡Viva la unidad internacional de los trabajadores!

Foto: Javier Entrerriano

A veinte días del choque fatal que dejó como saldo trece muertos y que puso en evidencia una profunda negligencia patronal y estatal, el gobierno de Miguel Lifschitz está empeñado es sostener este sistema de transporte bajo las mismas condiciones que desembocaron en los fatídicos hechos de la Ruta 33.

Tras el escándalo por el destape de las condiciones en las cuales operaba Monticas (Flechabus), con una responsabilidad directa en el choque, ambos gobiernos (nacional y provincial) determinaron la “suspensión definitiva” del servicio prestado por Monticas en Santa Fe y todo el país (llegaba a algunas localidades de Córdoba). El gobernador Lifschitz se vio obligado a desplazar al subsecretario de Transporte de la provincia.

Sin embargo, cuando en los próximos días el gobierno provincial haga la nueva licitación para establecer las “nuevas” empresas que tomarán estos recorridos, dada la concentración que impera en el sector, tendremos como licitataria una nueva Monticas.

Entrelazamientos

Monticas es una de las más grandes empresas de transporte del país. Los hermanos Derudder están en el directorio de Monticas y de Las Rosas. Son dueños de Flechabus, también se los vincula con Chevallier, Empresa Argentina y General Urquiza entre otras.

Han sido beneficiados tanto por subsidios como por aumentos en los boletos, pero las condiciones del servicio (así como el estado de las rutas) es pésimo. La absoluta falta de control por parte del Estado es evidente y en los últimos días se difundió en la provincia que la empresa fue aportante de la campaña electoral del socialismo.

Párrafo aparte merece la burocracia de la UTA, que nunca denunció las extenuantes condiciones de trabajo en Monticas y la inseguridad para choferes y usuarios que implica el mal estado de las formaciones.

Los familiares y usuarios de las ciudades afectadas están dando una pelea frente a este crimen estatal-empresarial (que la concejal de Capitán Bermúdez, Jorgelina Signa, definió como el Cromañón del gobierno provincial), para el castigo a los culpables.

La formación de una comisión investigadora independiente del Estado (que evidentemente es parte implicada) podría ayudar en esa dirección.

A este sistema de transporte regido por todo tipo de negociados le oponemos el planteo de la estatización del servicio bajo control de usuarios y trabajadores.

Estadísticas oficiales desmienten que haya una caída del consumo, como afirma la ex Nobleza Piccardo, que presentó un "recurso preventivo".

La empresa, actualmente British American Tobacco, presentó este recurso ante el Ministerio de Trabajo de La Nación, con el objetivo de “readecuar” su producción a la supuesta crisis de consumo de cigarrillos.

El Cronista (15/3) avanza sobre las consecuencias de esta política patronal: “la compañía -dice- planea despidos de personal y reducción de sus actividades, afectada por una fuerte caída del consumo de cigarrillos. La decisión -agrega- pone en riesgo la continuidad laboral de las 853 personas que trabajan en sus dependencias administrativas, industriales y de distribución en San Isidro, Pilar y otras localidades alrededor del país”.

¿Crisis de consumo?

A pesar de los anuncios de crisis, el volumen de ventas en enero de 2017 fue superior en 2 millones de atados a las ventas de enero de 2016, manteniendo una recuperación después de la abrupta caída de mayo de 2016.

De hecho, en los meses anteriores al anuncio de Nobleza, el consumo creció de 142 millones de atados en octubre de 2016, pasó a 152 millones en noviembre y a 172 millones en diciembre: una recuperación del consumo que se produce, además, a pesar de un sostenido incremento de los precios.

Los números son elocuentes; la crisis de consumo no existe y muestra que el "recurso preventivo de crisis" es una maniobra para desenvolver una reducción del “costo laboral”. Pero el costo laboral está lejos de ser la causa del problema. La única crisis de consumo que tuvo la industria tabacalera, en mayo de 2016, fue consecuencia del tarifazo del gobierno de Macri, que buscó a través de un nuevo impuesto al consumo de cigarrillos, quedarse con una mayor tajada para el presupuesto. ¡La crisis por la que pasó el consumo de tabaco no tiene que ver con los trabajadores sino que es una consecuencia del descalabro económico que generan las medidas de ajuste del gobierno!

En resumen: el costo laboral no tuvo que ver con la crisis de consumo. Esta se encuentra en franca recuperación, pero aún así la empresa busca resolver una “crisis que no hay” con un ataque a las condiciones de trabajo y una reducción de la plantilla. Nobleza se pone a tono con el gobierno en la línea de la flexibilización laboral, apuntando a mantener los niveles de producción con menos trabajadores (superexplotación).

Es el mismo método que Héctor Magnetto aplica contra los obreros de AGR-Clarín: invoca una supuesta caída de la producción -que los números desmienten- para despedir a todo su plantel y retomar la producción con trabajadores precarizados, sin las conquistas actuales de los compañeros y sin organización gremial.

Programa

Hay que rechazar esta extorsión. No se debe aceptar ningún despido. Los trabajadores no sobran y no hay crisis de consumo. El problema no es el costo laboral, sino el objetivo capitalista de incrementar su ganancia. Los trabajadores de la British Tobacco deben tener acceso a toda la información sobre la realidad de la empresa y de las negociaciones en curso y no ser convidados de piedra; que se abran los libros y las cuentas de la empresa. Una comisión electa en asamblea general y responsable ante ella debe ser la encargada de llevar adelante estas funciones.

Esto debe ser sostenido en pie de lucha por todos los trabajadores de Nobleza.

En la víspera de un nuevo aniversario del golpe, en muchos lugares de trabajo y de estudio se debate a cuál convocatoria movilizarse el próximo 24. Para clarificar esta polémica, conviene remitirse a sus orígenes.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fue fundado en 1996, durante la presidencia de Menem, para organizar la movilización del vigésimo aniversario. Allí participaban casi trecientas organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, sociales y gremiales, desde Madres (Línea Fundadora) y Abuelas de Plaza de Mayo hasta las asambleas barriales, pasando por el Partido Obrero y toda la izquierda.

Durante diez años, marchamos a Plaza de Mayo con una convocatoria y documento unificados por consenso. Incluso, cuando el documento no reunía el “consenso” de todos, las organizaciones participaban de la movilización sin suscribirlo.

En 2006, sin embargo, el gobierno de Néstor Kirchner fue a fondo en la pretensión de estatizar el 24 de Marzo.

Primero, operó a través de la cooptación de dirigentes de los organismos, como lo había hecho con algunos grupos piqueteros. Designó como funcionarios a familiares de Estela Carlotto y Marta Vázquez, y comenzó a alimentar de fondos a la fundación de Madres de Plaza de Mayo, en lo que después derivaría en el escándalo de “Sueños Compartidos”.

Segundo, declaró “feriado nacional” la jornada de lucha del 24 de Marzo. El “día de la memoria” se integraría en lo sucesivo al calendario turístico.

La culminación de este operativo político pretendía convertir el acto del 30° aniversario en un acto semioficial, en Plaza de Mayo, salida al balcón incluida.

Esto fue rechazado por la abrumadora mayoría de las organizaciones convocantes al acto de Memoria, Verdad y Justicia.

En esos días, el gobierno militarizaba Las Heras para sofocar la lucha de los petroleros -Aníbal Fernández prometía “gobernar con el Código Penal en la mano”-, apuñalaba por la espalda la lucha del pueblo de Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras en la costa uruguaya, encubría el espionaje del almirante Godoy y enviaba tropas a Haití. El gobierno que pretendía apropiarse del 24 de Marzo había rechazado anular los indultos junto a las leyes de “obediencia debida” y “punto final”. El documento del acto denunciaba los crímenes y la impunidad de los genocidas y también todos estos atropellos. El operativo K había fracasado. Solamente 14 de las 356 organizaciones que integraban Memoria, Verdad y Justicia rehusaron firmarlo.

Sin embargo, en el acto, se vivieron episodios de una gravedad inusitada. Una patota de la juventud peronista copó desde temprano la cercanía al palco y se dedicó a hostigar y lanzar objetos contundentes contra los compañeros que debían leer el documento central del acto. Su objetivo era acallar las críticas al gobierno de menemistas redomados que hipócritamente se habían declarado “hijo de las Madres” un par de años antes.

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Esa fue la última vez que se realizó un acto unificado. En lo sucesivo, los organismos cooptados por los K rechazarían cualquier crítica al gobierno y subordinarían sus consignas a las necesidades políticas coyunturales del oficialismo. Las patotas de Guillermo Moreno, La Cámpora y los intendentes del PJ serían los encargados de custodiarlos.

La deriva de los gobiernos K estaría jalonada por la condena a prisión perpetua de los luchadores de Las Heras, el empleo de la Gendarmería contra las luchas obreras, el Proyecto X, la “tercerización” de la represión a través de las patotas de la burocracia sindical (Hospital Francés, Casino, Mariano Ferreyra) y la designación del genocida Milani al frente del Ejército. El intento (fallido) de apropiarse de la jornada del 24 de Marzo apuntaba a encubrir esta política represiva. Con los K fuera del gobierno, el acto de los organismos cooptados y La Cámpora pretende manipular el 24 de Marzo al servicio del “vamos a volver”.

A 41 años del golpe, el acto de los luchadores será, otra vez, el de Memoria, Verdad y Justicia. Allí estará el Partido Obrero con sus banderas.

La decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de “integrar” a los barrios Rodrigo Bueno y playón de Fraga sucede a medidas similares en la Villa 20 y a la Villa 31. Después de haber soportado diversas tentativas de expulsión, incluso por parte del propio macrismo, los habitantes de estos barrios han arrancado el derecho a permanecer en ellos y al acceso a una vivienda. La conquista alcanzada, sin embargo, debe ser caracterizada en el cuadro de la orientación general de la administración macrista: los mismos que ahora reconocen derechos a los barrios precarios han privatizado, en los últimos años, más de 200 hectáreas de tierras públicas. La política de “integración” de villas no es ajena a ese remate: de un modo general, una cuestión ha estado atada a la otra -o sea: la integración de villas aparece siempre como la justificación de algún proyecto inmobiliario o de venta de tierras públicas. Así ocurrió con la Villa 31 (que se financiará con parte del remate del Tiro Federal) y la Villa 20, que exigió la venta del 40% del ex Parque de la Ciudad. Ahora, la “integración” de Rodrigo Bueno aparece asociada al megaproyecto del grupo Irsa en la Costanera Sur, que realizará un “aporte” para la urbanización de aquel barrio. En el caso del playón de Chacarita, su propósito primario es la continuación de la avenida Triunvirato, contribuyendo a la ‘puesta en valor’ del conjunto de la zona. Las limitaciones de proyectos sociales que vienen “arrastrados” detrás de los “desarrolladores” inmobiliarios están a la vista: por caso, ello se aprecia en la baja proporción de vivienda nueva en relación con el conjunto de las necesidades habitacionales. Predomina, en cambio, la refacción cosmética. En el caso del Playón de Chacarita, el proyecto original preveía destinar una parte menor del predio en cuestión a la construcción de viviendas, reservando la mayor superficie a emprendedores privados. Nuestro bloque presentó un dictamen en disidencia, recogiendo el reclamo de vecinos y delegados en favor de que el predio de mayor porte fuera destinado a las viviendas sociales. Apoyados en la lucha de estos compañeros, logramos imponer este criterio en la versión final del proyecto, junto con varios otros reclamos -por caso, los derechos para los inquilinos villeros. En Rodrigo Bueno conseguimos introducir el derecho a que los créditos para la titularización de viviendas presenten condiciones especiales (tasa cero y plazo de treinta años).

Nada de ello, sin embargo, puede ocultar que estamos ante las concesiones “sociales” de un régimen de desalojadores. Los proyectos de “integración” no contemplan la posibilidad de que sus habitantes accedan a tasas municipales diferenciadas, de acuerdo con la condición de vivienda social. Ni qué decir que un ABL de “mercado”, en localizaciones cercanas a Colegiales o Puerto Madero (en el caso de Rodrigo Bueno) podría tornarse intolerable para muchos vecinos. A ello, naturalmente, se unen los tarifazos en la luz, el gas y otros servicios. Si el costo de la “formalización” habitacional se vuelve prohibitivo, la expulsión de estos vecinos, que nunca pudo hacerse por medio de la fuerza, podría llegar por mecanismos ‘de mercado’: los acaparadores inmobiliarios podrían hacer una oferta por las viviendas titularizadas, enviando a sus habitantes hacia la periferia de la Ciudad. Es cierto que esta salida mercantil asociaría a los vecinos que vendan sus viviendas a los beneficios de la valorización inmobiliaria. Pero ello es sólo una ilusión, que terminarán pagándola con una expulsión de la Ciudad lejos de sus lugares de trabajo o estudio. Los émulos de Mauricio Macri en América Latina han apelado a este recurso para el copamiento empresarial de numerosos barrios populares. Como toda conquista parcial bajo el capitalismo, la urbanización de estos barrios se enfrenta con el límite de una orientación social general, y ello debe ser debatido con sus delegados y compañeros más activos. Para ello, tenemos que dotarnos de un programa para atravesar el período que viene: en primer lugar, debemos exigir el control de todas las obras de ‘integración’ por parte de vecinos electos, para impedir el fraude constructivo y la improvisación que caracterizan a las urbanizaciones ‘sociales’. Por las mismas razones, toda titularización debe contar con la finalización de las obras a cargo del Estado. Luego, asegurar las conquistas arrancadas en la ley -derechos para los inquilinos y para todos los núcleos familiares. Es necesario batallar por impuestos y tarifas especiales, en oposición a cualquier situación confiscatoria. En la Legislatura, el Frente de Izquierda ha sido el portavoz de todos estos planteos, frente a los macristas y a la complacencia de la oposición K y “lousteaiana”, que ha acompañado dócilmente a los limitados proyectos oficiales. Debatamos estas conclusiones y preparemos la lucha que viene, reforzando la lucha por una alternativa política de los trabajadores en toda la Ciudad.

La jornada del 24 de Marzo encontró a la izquierda jugando el papel de furgón de cola del kirchnerismo en muchas ciudades y provincias importantes.

Las oscilaciones de sus representantes en las reuniones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en Buenos Aires anticipaban esta dispersión.

El PCR -que el año pasado sostuvo la posición independiente en el EMVyJ- este año promovió un acercamiento con los K. Llevó a fondo esta orientación en la ciudad de La Plata, durante los preparativos de la tradicional marcha que se realiza todos los años el 23 de marzo, en homenaje a los numerosos desaparecidos de la capital provincial. Allí, los “chinos” propusieron un acto unificado de la Multisectorial que nuclea a los organismos de derechos humanos independientes con los Bruera y el PJ, que no prosperó. La convocatoria independiente superó por 5 a 1 a la del kirchnerismo. Sin embargo, para subrayar su disidencia con la realización de actos separados, el PCR abandonó sus responsabilidades sobre la organización del acto, quitó su firma del documento central y se retiró de la columna de la Multisectorial antes de la lectura del documento. En Bahía Blanca, el PCR se sumó el jueves 23 a un acto “contra el negacionismo”, junto a Patria Grande, el ex intendente del FpV, Rodolfo Lópes, y otros referentes kirchneristas. En Mendoza y otras ciudades importantes, el PCR también llevó a fondo la línea de acercamiento a los K.

Por su parte, mientras en Buenos Aires viraba a una suerte de “antikirchnerismo radical”, el PTS se movilizó en Jujuy detrás de La Cámpora contra el “régimen policíaco de Morales”. Rechazaron sumarse al acto independiente, organizado por el Partido Obrero, el SEOM y otras organizaciones, con la excusa de la expulsión de Vilca del sindicato municipal, pero podría haber hecho un acto propio. En Tucumán, el PTS también defeccionó del acto independiente y marchó detrás de los organismos K bajo la coartada de no haber firmado el documento que se leyó en el acto, donde se denuncia a Milani pero no al gobierno de CFK que lo encumbró. También el PCR, el MST y las dos fracciones de la Darío Santillán se sumaron a ese acto encubridor. En cambio, el Partido Obrero y la Comisión de Familiares contra la Impunidad levantaron una tribuna en la que se leyó el documento aprobado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

El año pasado, cuando comenzó a discutirse el acto por el 40° aniversario, el PTS pujó por un “frente único anti-Macri” con los responsables de la ley Antiterrorista, el Proyecto X y de la designación de Milani. Llevaron esta orientación a fondo tras la detención de Milagro Sala, en las semanas previas, cuando acudieron a Plaza de Mayo con La Cámpora. Derrotado en el debate al interior del EMVyJ, el PTS concluyó que “no había condiciones políticas” para un acto unificado con los K, sin abandonar su seguidismo, como se demostró cuando un juez amagó con detener a Hebe de Bonafini para llevarla a declarar por el fraude de los “Sueños Compartidos” y nuevamente corrieron a mezclarse con Boudou y el “Cuervo” Larroque.

Por último, en la ciudad de Córdoba, el flamante frente MST-MAS no superó su primera prueba. Mientras el MST marchó a la convocatoria impulsada por los K y el gobierno provincial, el MAS marchó detrás de la columna independiente, pero se retiró antes de que comenzara el acto en plaza San Martín. En otras ciudades, el MST también marchó con los referentes K.

La movilización del PO

La movilización del 24 de Marzo fue la mayor del Partido Obrero del último año, después del acto del Frente de Izquierda en Atlanta.

Casi 9 mil compañeros marcharon a Plaza de Mayo -sin dudas, la más grande dentro de la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia- y más de 15 mil se movilizaron en todo el país, con columnas destacadas en Tucumán, Córdoba y Mendoza, entre otras.

La enorme movilización del Partido Obrero se cimentó en una posición política de principios: el repudio al gobierno, a su ajuste y a sus aprestos represivos; la denuncia sobre la oposición que votó en el Congreso los proyectos fundamentales del macrismo y que en las provincias que gobierna aplica el ajuste a rajatabla; la impostura del kirchnerismo, que gobernó con el Proyecto X, las leyes antiterroristas, Berni y Milani; el reclamo del paro activo nacional ya, para respaldar la lucha de los docentes, de AGR-Clarín, de Textil Neuquén y de tantas otras.

Con estos planteos defendimos el carácter independiente de la movilización frente a los bloques políticos de la “coalición del ajuste” en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y en todo el país.

Después de 45 días se levantó la huelga en “La Escondida”, la mina de cobre más grande del mundo. La mina produce el 5% del cobre mundial y el grupo accionista que la controla (BHP Billiton, de capital anglo-australiano) está entre los principales capitalistas de la minería chilena. Las pérdidas en ventas de la empresa ascendieron a 1.000 millones de dólares, pero es poco en relación a lo que había en juego.

En la negociación del convenio colectivo, la patronal había exigido un recorte de derechos laborales, prolongar la jornada laboral, contratos basura para el nuevo personal y congelamiento del salario a pesar de la inflación. Los obreros de la mina se plantaron y tomaron la fábrica durante 45 días, reclamando un aumento del 7% y la urgencia de los derechos del convenio anterior para ellos y para los futuros trabajadores que ingresen a la planta.

El sindicato cerró el conflicto mediante un ardid legal, activando un artículo del Código de Trabajo que permite postergar 18 meses la vigencia del convenio vencido. Los dirigentes gremiales sostienen que, ante la intransigencia de la empresa, la prórroga del contrato frena los intentos de avanzar sobre las conquistas laborales. Lo que el sindicato omite es que esta situación implica un congelamiento salarial de un año y medio, la renuncia al bono de compensación salarial y el descuento de los días de huelga.

La huelga se levantó a pesar de la enorme voluntad de lucha que persistía entre los trabajadores. El levantamiento del paro es un favor que la burocracia le hace al gobierno y a la patronal, cuando se empezaba a temer un efecto contagio y horas antes de que dos millones de personas coparan las calles de todo el país contra la jubilación privada.

La huelga contra una “política de Estado”

La huelga era una prueba de fuego para el gobierno de la Nueva Mayoría. En un año de elecciones, le resultaba vital poder mostrar la capacidad de contener y derrotar a los trabajadores. La huelga, además, ponía en cuestión la reforma laboral reaccionaria que empezará a regir en abril, cuyo objetivo principal es la regimentación del movimiento obrero y la reglamentación de las huelgas. La CUT y el PC, integrados al gobierno e impulsores de la reforma, no levantaron un dedo por esta lucha.

El Frente Amplio, que ganó el año pasado la intendencia de Valparaíso y quiere capitalizar el desprestigio y la bronca contra el establishment político estas elecciones, tampoco hizo nada en defensa de la huelga. En un contexto de ataque común de todo el régimen político contra los trabajadores, la omisión del FA muestra su completa adaptación a la política de ajuste en curso.

El año 2017 comenzó con un fuerte proceso de luchas y movilizaciones que cuestiona las políticas flexibilizadoras en las que están comprometidos tanto el gobierno como la oposición. Después de la impresionante huelga de “La Escondida”, los trabajadores chilenos tienen que hacer un balance y sacar una conclusión fundamental para afrontar las luchas que se vienen: necesitamos organizarnos con la máxima independencia política y construir una alternativa propia de los trabajadores.

En el décimoquinto día de paro docente se realizó una caravana en defensa de la escuela pública que colmó las calles de La Matanza.

La caravana organizada por el Suteba La Matanza (conducción Multicolor) partió casi llegando al mediodía, desde Ruta 3 y Avenida Luro, Laferrere, en donde los docentes empezaron a marchar con sus principales reclamos. A medida que se desarrollaba la movilización por la principal ruta de La Matanza, decenas de escuelas se iban sumando con sus carteles, banderas y pancartas, a una columna que llegó a alcanzar más de siete cuadras de longitud y que fue recogiendo el apoyo de los vecinos y trabajadores matanceros.

La caravana educativa contó con la presencia de un conjunto de organizaciones sindicales, como la de los trabajadores de AGR-Clarín, que continúan su lucha contra el cierre trucho de la gráfica, la Unión Ferroviaria de Haedo, con Rubén “Pollo” Sobrero y los médicos del Hospital del Km 32, entre otros. También acompañaron la movilización centros de estudiantes y organizaciones barriales, como el Polo Obrero, la CCC y Barrios de Pie.

La movilización culminó con un acto en la plaza de San Justo, donde el cierre estuvo a cargo de Romina Del Plá (secretaria general del gremio), quien llamó a redoblar la lucha con la continuidad de los paros y la movilización, ante la oferta miserable del 19% en cuotas del gobierno. También exigió al Suteba la inmediata convocatoria a un plenario provincial de delegados con mandato para colocar a toda la docencia en deliberación para quebrar el tope salarial. Esta fue la propuesta votada a mano alzada por unanimidad por mil compañeros, en la asamblea que se llevó adelante inmediatamente después del acto.

Mención aparte merece la presencia testimonial de la agrupación Celeste, que tuvo que concurrir a la movilización cuando ya no le quedó margen para realizar una actividad pararela. Luego, se borraron de una asamblea masiva para hacer una reunión raquítica de 40 docentes en el local de la CTA, en donde no se votaron medidas de lucha.

La numerosa movilización no sólo refleja el ánimo de lucha de la docencia, sino que también es el resultado del método de las asambleas sistemáticas que vienen llevando a cabo las seccionales multicolores del Suteba.

El 28 de marzo Vidal redobló las provocaciones contra la docencia en la mesa de negociación salarial y no descartó cerrar la paritaria por decreto.

Desde Tribuna Docente bregamos para enfrentar de manera consecuente el techo salarial y por llevar esta lucha a la victoria.

Vamos por el triunfo de la huelga. Si ganan los docentes, ganamos todos.

El martes 28, la Junta Representativa de la Federación Universitaria de Buenos Aires resolvió convocar a un Congreso Extraordinario en defensa de la educación pública. El cronograma arranca el miércoles 19 de abril con clases públicas frente al Rectorado, comisiones y asambleas en todas las facultades, colegios preuniversitarios y sedes del CBC. Luego, el jueves 20 están programados cinco paneles de debate centrales que abordarán los principales nudos del actual conflicto educativo, sus vínculos con la ofensiva ajustadora del gobierno y la respuesta por parte de los trabajadores de la educación, la ciencia y la universidad.

Finalmente, el viernes 21, a las 17, se realizará una asamblea general frente al Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de votar un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha a escala de toda la universidad.

La iniciativa de realizar un Congreso Abierto de la Fuba partió de la Presidencia de la UJS. La propuesta no podría ser más oportuna, cuando la UBA inicia sus clases en el medio de marchas masivas, paros docentes y clases públicas que recorren las facultades. El Congreso apunta a impulsar la deliberación colectiva y la intervención del movimiento estudiantil en este escenario, con un programa y un plan de acción en estrecha vinculación con la lucha docente. Es necesario también enfrentar la política del Consejo Superior de la UBA, que votó un presupuesto que los mismos decanos reconocen insuficiente, mientras que en paralelo sancionó un cronograma electoral para 2017 para reelegir autoridades sobre los actuales estatutos antidemocráticos, empezando por el propio rector Alberto Barbieri.

Delimitación política

Sería imposible disimular las divergencias de fondo que atraviesan a la actual conducción de la Fuba. El sector kirchnerista que comanda La Mella viene de votar una declaración encubridora por el 24 de Marzo junto al Rectorado, tras lo cual saboteó la Junta Representativa de la Fuba con el propósito de evitar una derrota en manos de la izquierda. Al final se terminaron robando la bandera de la Fuba (por segundo año consecutivo) para colocarla en la marcha K. Lejos de cualquier ocultamiento, se trata de abordar esta lucha política a la luz de las tareas del momento, promoviendo la movilización junto a los docentes y el desarrollo de un plan de lucha por todas las reivindicaciones pendientes.

En la Junta Representativa, la moción de realizar el Congreso fue aprobada por el voto de todos los centros presentes, con excepción del de Psicología. Dos de sus tres presidencias -El Brote (FpV) y Libres del Sur- se opusieron a cualquier convocatoria de la Fuba en nombre de que el “sectarismo del PO” no permite “abrir” la conducción de la Federación al ingreso de sus corrientes. ¿Acaso los K y Sur quieren repetir la frustrada experiencia de la federación cordobesa, que el año pasado, a meses de su “recuperación”, se partió al medio porque sus integrantes fueron cooptados por sectores diferentes de las camarillas universitarias? La Fuba logró atravesar incólume 15 años de lucha gracias a la defensa irrestricta, por parte de la UJS, del principio de independencia política frente a las autoridades y partidos del régimen.

Tras la convocatoria de la Junta Representativa, el movimiento estudiantil tiene ahora en sus manos la oportunidad de aprovechar el Congreso Abierto para organizarse y estructurar su propia salida a la crisis que afecta a la educación y a la universidad. Nuestros aliados son los docentes y trabajadores que salen a pelear, no los bomberos que sabotean las luchas en nombre de “castigar” al gobierno en… 2019 (¡!). Vamos con todo porque la lucha es ahora.

La jornada del 24 fue testigo de una nueva movilización de masas, que se suma a las multitudinarias concentraciones que tuvieron lugar los días 6, 7 y 8 de marzo, y a la Marcha Federal Educativa, que reunió a 400 mil personas dos días antes del 24, en lo que quizás haya sido la movilización docente más grande de la historia.

Es en ese marco que se desarrolló esta nueva movilización en el aniversario del golpe genocida de 1976. Al menos 100 mil personas acudieron a Plaza de Mayo, a los actos convocados por los organismos K y a la marcha independiente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

El carácter opositor de la jornada es un hecho irrefutable

En definitiva, este 24 de Marzo convocó el repudio a la política oficial de impunidad para los genocidas, una batalla de alcance estratégico, pues el fin último del gobierno es la reintroducción de las fuerzas armadas en tareas de represión interna, con la vista puesta en una eventual rebelión popular contra el ajuste.

En un hecho inédito en el mundo, el pueblo argentino volvió a demostrar que, a pesar de los 41 años transcurridos, varias generaciones se movilizan masivamente para exigir justicia.

La lucha contra la impunidad y la represión es estratégica para el triunfo de las luchas obreras y populares. La tenaz movilización popular fue la que abrió un curso para el juzgamiento de los genocidas y también la que llevó a la cárcel a Milani, promovido a la jefatura del Ejército por el gobierno de Cristina Kirchner.

Kirchnerismo

Como ocurre desde hace más de una década, nuevamente hubo dos convocatorias a Plaza de Mayo, que presentaron dos perspectivas políticas opuestas.

En el primer turno se realizó el acto de los organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo. Su ocupación de la plaza antes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se impuso con métodos de patota, incluyendo amenazas, y se aseguró con una fuerte movilización del aparato del PJ e intendentes afines para bloquear los accesos desde temprano.

El copamiento de la plaza en el horario central de los noticieros y de la cobertura mediática sirvió al operativo político que pretende presentar la irrupción de las movilizaciones de masas de las últimas tres semanas como resultado artificial de una polarización entre el gobierno y el aparataje K, cuando sus diputados y senadores aprobaron todas las leyes fundamentales que requirió el gobierno nacional y sus gobernadores -con Alicia K a la cabeza-, aplican a rajatabla el ajuste en sus provincias. La característica sobresaliente del acto fue el encubrimiento a las políticas kirchneristas de ayer y de hoy.

El documento leído en el acto K estuvo plagado de denuncias al gobierno de Macri, pero escondió la complicidad del FpV en las políticas del gobierno nacional. No recogió ninguna crítica a la burocracia sindical, aún cuando el texto reivindicaba un reguero de luchas, incluyendo las ocupaciones obreras de AGR-Clarín y Textil Neuquén.

En el límite del cinismo, el documento también destacó el encarcelamiento del genocida Milani, sin decir una palabra de que fue encumbrado por Cristina Kirchner. Con respecto a Julio López, desaparecido por segunda vez durante el gobierno kirchnerista, su nombre directamente fue omitido del documento de La Cámpora y compañía.

El kirchnerismo se dividió antes de empezar la jornada, ya que el sector de Hebe de Bonafini realizó un acto aparte, rodeada por Aníbal “Código Penal en la mano” Fernández, el burócrata empresario Víctor Santa María, del Suterh, y Roberto Baradel, entre otros.

Memoria, Verdad y Justicia

La convocatoria de EMVyJ contra la impunidad de ayer y de hoy, y el ajuste de Macri y los gobernadores, estuvo precedida por una intensa lucha política entre quienes defendimos una movilización independiente y otras organizaciones, como el PCR, que reflotaron la tentativa de unificar ambos actos. En muchas provincias, la izquierda efectivamente fue furgón de cola de los K (el PTS en Jujuy, el MST en Tucumán, entre otros; ver nota aparte).

El documento consensuado por más de 200 organizaciones fue una denuncia a fondo de la impunidad y la represión, tanto de la dictadura como bajo los gobiernos que la sucedieron. Fue un acto contra la política oficial y una delimitación con los K, integrantes de la “coalición del ajuste”.

El Partido Obrero defendió en todo el país la convocatoria independiente del EMVyJ y sus términos, como ocurrió en Córdoba, Neuquén, Tucumán, La Plata, Salta, Jujuy y Mar del Plata, entre otros. En la Ciudad de Buenos Aires fuimos por lejos la columna más grande del Encuentro.

La masiva movilización del 24 fue la respuesta más contundente a un gobierno que dijo que no había 30 mil desaparecidos, que niega el genocidio y también a la oposición que gobernó con Milani, con Berni y con la ley Antiterrorista.

Como hace 41 años: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

El incendio del Congreso no alcanza para hablar de ‘situaciones revolucionarias’ actuales o potenciales, mucho menos en Paraguay -sería más bien un abuso de lenguaje. La maniobra cuasi-golpista del presidente Horacio Cartes para obtener la posibilidad de la reelección por medio de un referendo, despertó naturalmente reflejos defensivos en un país que aún atraviesa por el trauma político de casi cuarenta años de dictadura de Alfredo Stroessner.

La ansiedad por seguir manejando el botín del Estado es moneda corriente en sistemas políticos que carecen de una base histórica y social necesaria para sustentar una democracia burguesa. En la última década han elegido transitar ese camino, con éxito dispar, desde el hondureño Manuel Zelaya, el nicaragüense Daniel Ortega, el boliviano Evo Morales, el venezolano Hugo Chávez hasta la argentina Cristina Fernández de Kirchner. Este afán abrumador por la reelección no autoriza, sin embargo, a poner un signo de igualdad en el contenido de cada experiencia particular. El establecimiento de gobiernos de camarillas o de características bonapartistas se traduce en intentos de perpetuación política. Sólo han escapado a esa ‘tentación’ Rafael Correa y Lula da Silvia, que de cualquier modo no se privaron de aprovechar la posibilidad de repetir que les ofrecían las constituciones respectivas de Ecuador y Brasil.

La intentona "cartesiana" de Paraguay viene con condimento, como corresponde a la gastronomía del país. Ocurre que al pseudo-golpe del Presidente asoció a una víctima del golpismo, el ex presidente Lugo, incentivado por las encuestas que lo dan al tope de las intenciones de voto en 2018. Se produjo así un romance circunstancial entre el Macri y el equivalente a CFK de Paraguay. Las víctimas de esta maniobra, las tendencias liberales y febreristas, salieron a pelear por su derecho a la pelea electoral por el botín público, sin importarles un bledo el golpe "parlamentario" que orquestaron hace cinco años para derrocar al ex obispo y ofrecer en bandeja la presidencia a un candidato de los colorados. Los choques en Asunción no fueron protagonizados por las masas, sino dirigidos por las víctimas probables del derecho a reelección. Las masas paraguayas, en especial el campesinado pero también la creciente clase obrera, han sido fuertemente golpeadas por el capital sojero en el campo, y por el capital brasileño y norteamericano en la industria.

En los últimos cinco años, la economía paraguaya tuvo un fuerte desempeño -liderada por la expansión de la soja, el endeudamiento internacional y las inversiones de Brasil y Estados Unidos. El auge fue determinado, en el plano político, por la represión implacable al movimiento campesino y por el golpe que derribó a Lugo, cuyo frente Guazú gozaba de las expectativas de las masas del campo. En el plano económico ha sido decisivo el bajo costo de la energía paraguaya, derivada de la hidroelectricidad, en contraste con la carestía de la energía de la mayor parte de América Latina y sobre todo de Brasil. La energía barata fue, precisamente, el factor que decidió contra la instalación del pulpo minero del aluminio Río Tinto, luego de una dura crisis política, cuyo monopolio del consumo eléctrico hubiera inviabilizado las inversiones industriales y agrarias del capital extranjero y, en especial, la tercerización de la industria brasileña. El stock de inversiones extranjeras directas (utilidades más nuevos aportes) alcanza al 25% del PBI de Paraguay; entre 2013 y 2015, las inversiones directas crecieron un 230 por ciento. Paraguay se ha convertido en exportador de textiles. La industria ha pasado a representar el 30% del PBI y ha habido una crecimiento significativo del proletariado.

El problema, ahora, es la amenaza que representa para este crecimiento el derrumbe de las economías de Brasil y Argentina, y el descenso del precio internacional de la soja. La burguesía paraguaya discute, frente a esto, la necesidad de una apertura comercial más allá del Mercosur, incluso una ruptura con el mismo. Esta podría estar incidiendo en la cuestión de habilitar o no las reelecciones, en especial si se suma a ello la posibilidad de que la crisis iniciada reactive las luchas agrarias con un suplemento obrero en las principales ciudades.

Que las llamaradas fugaces del Congreso no impidan ver los factores que serán realmente decisivos en los próximos años en Paraguay: los obreros y los campesinos.

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Por una diferencia mínima, el domingo 2 de abril, el candidato oficialista de Alianza País, Lenin Moreno, derrotó al opositor de derecha, el banquero Guillermo Lasso. Para algunos, el resultado desmiente que América Latina se encuentre inserta en un nuevo “ciclo” derechista o neoliberal a partir de la victoria de Macri en Argentina, seguida de la destitución de Rousseff, en Brasil y la derrota de Evo Morales en el plebiscito que convocó para obtener el derecho a otra reelección; y la paliza electoral que recibió Maduro en las últimas parlamentarias en Venezuela. El desenlace ecuatoriano estaría justificando entonces la consigna “vamos a volver”. En Ecuador, el presidente Rafael Correa había resignado la posibilidad de disputar una nueva reelección y designado un sucesor. Moreno obtuvo en su país lo que no consiguió su equivalente argentino, Daniel Scioli, ungido por Cristina Kirchner.

Ecuador, a partir del domingo 2, se ha convertido en el escenario donde se pondrá de manifiesto la diferencia de gestión de gobierno entre un Macri y un Scioli. Tendremos el lujo excepcional de asistir a un acontecimiento contrafáctico: qué gobierno habría hecho Scioli en contraposición al que hace Macri. De todos modos, no estamos ante una verdadera novedad, porque ya Lula había logrado imponer a su Scioli brasileña, Dilma, la cual había obtenido también su reelección por un margen de votos pequeño, acompañada, en el lugar de vice, por Michel Temer. La política de ajuste violento que aplicó Rousseff le valió una fuerte crisis en el PT, el descontento de los sindicatos y la pérdida del apoyo popular que aún gozaba. Estos factores pavimentaron el camino para la operación golpista que la sacó del cargo. Desde entonces, los congresistas del PT apoyan la mayoría de los proyectos de ley que envía el Ejecutivo de facto.

El sociólogo y religioso Francois Houtard, un simpatizante de Correa, destaca (ver Correio da Cidadania) en el activo de la Revolución Ciudadana la caída de la pobreza, que según la Cepal fue del 43 al 29% entre 2006 y 2014, y la salida de la indigencia de dos millones de habitantes. Añade la realización un vasto programa de obras públicas y “avances significativos” en salud y educación. Apunta, sin embargo, que “fueron realizaciones reales pero limitadas en su contenido”. En el período en cuestión, la petrolera Ecuador recibió el beneficio de un precio internacional del barril que superó los 100 dólares. Incrementó también la recaudación fiscal gracias a un cambio en los contratos petroleros: de reparto a servicios, aunque al costo -dice- de un parate en las inversiones extranjeras.

Houtard es generoso con su caracterización, porque enseguida señala que Correa llevó adelante una política de expulsión de campesinos de la tierra con la finalidad de establecer una agricultura de exportación. La pobreza rural era, al final del mandato de Correa, del 44%, y la indigencia del 19,5%. La “monocultura de exportación” implicó la destrucción masiva de florestas. Acentuó, asimismo, como en la Venezuela de Chávez, en la Argentina de Kirchner y en el Brasil de Lula, el extractivismo minero. Houtard, repetimos, un proselitista del “socialismo del siglo XXI", destaca también algo fundamental: cuando Correa comenzó a perder el apoyo de los movimientos indígenas y sociales, armó los suyos propios bajo una rigurosa regimentación del Estado. O sea, nada nuevo por aquí ni por allí.

Rafael Correa, graduado en Economía en Estados Unidos, mantuvo a rajatabla la dolarización de la moneda que había impuesto el gobierno que le precedió. El nacionalismo ecuatoriano se adaptó a la dependencia monetaria (la forma más extrema de dependencia), mientras los precios de las materias primas estaban en ascenso y las tasas de interés internacionales en retroceso. Por eso no perdió el acceso al crédito internacional a pesar de haberse visto forzado a declarar un defol en 2008 (Stratfor, 8/12/15). China fue generosa a cambio de una garantía en combustibles. La deuda externa ha aumentado en forma significativa. La situación se ha agravado, y podría convertirse en insostenible, como consecuencia del movimiento inverso: caída del precio del barril y un ascenso de tasas de interés en mercados externos.

No fue necesario esperar a la asunción de Moreno, el Scioli amazónico, para que empezara el ajuste, pues el gasto público, con énfasis en el gasto social, fue recortado en un 20%, sucesivamente, en 2015 y 2016. Con sus promesas reiteradas de "diálogo", Moreno insinúa la salida del "decisionismo" de Correa y la tentativa de acuerdos con la oposición. Correa debe haber advertido esta perspectiva cuando decidió bajarse del podio hasta 2021 y quedar como reserva última de su Revolución Ciudadana.

La izquierda de Ecuador atraviesa una crisis severa, al punto que un sector de ella llamó a votar a Lasso en segunda vuelta, contra la promesa de que liberaría a luchadores populares encarcelados por Correa. Como aún ocurre en toda América Latina, la izquierda no ha desarrollado una caracterización adecuada del nacionalismo burgués: es seguidista de él y se pasa al otro campo cuando la expectativa se convierte en decepción. No ha sido capaz de desarrollar un método de independencia política del nacionalismo, porque tampoco es la expresión o la herramienta de un proletariado consciente. Tampoco advierte el carácter de conjunto de la crisis por la que atraviesa el capitalismo y sus Estados. Busca los intersticios de una salida progresista, cuando se trata de desarrollar una orientación de poder obrera y socialista.

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La masividad del paro nacional de este jueves 6 debe ser especialmente valorada por dos razones. En primer lugar, porque debió enfrentar a un gobierno que desató una fuerte campaña rompehuelgas, de cara a la escalada de luchas que se vienen registrando desde la ocupación de AGR-Clarín hasta hoy. En pocas semanas, el gobierno Cambiemos retiró la personería gremial del sindicato del Subte y amenazó con lo propio a los docentes, en el afán de imponer una paritaria del 18% y en cuotas. También anunció “voluntarios” para reemplazar a los maestros en huelga, mientras desataba una furiosa campaña mediática para culpar a la docencia de un derrumbe de la educación pública que han perpetrado todos los gobiernos de las últimas décadas, en aras de su privatización. La concentración del 1A, propalada por redes sociales mucho más costosas que los micros que rentan las organizaciones populares para sus marchas, tuvo como eje el ataque a la huelga docente y, en general, a la protesta social contra el gobierno.

A pesar de esta virulenta campaña del gobierno, todo un sector de la clase media acompañó el paro.

A esta escalada oficial se sumó el vaciamiento del paro, en términos de acción y de programa, por parte de sus propios convocantes. El triunvirato cegetista, que había sido abucheado en Plaza de Mayo por su negativa al paro nacional, terminó convocando a desgano una jornada dominguera, sin programa definido ni perspectiva de continuidad. Para subrayar este trabajo de erosión del paro, se encargaron de convocarlo a un mes vista, librando a su suerte a las huelgas docentes, a la ocupación de AGR y otras luchas. En esa línea, una fracción de la burocracia fue todavía más lejos y cerró paritarias a la baja en vísperas del paro, como ocurrió en Comercio y UPCN Buenos Aires. El mapa del carnereaje explícito al paro tuvo en la primera fila a Armando Cavalieri, con supermercados abiertos, a los gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, a los petroleros de Neuquén y a Uatre, del macrista Venegas.

Activo y con piquetes

A despecho de esta orientación liquidadora, y bajo la presión de las luchas en curso -en primer lugar la de los docentes-, se abrió paso una tendencia a imprimirle un carácter activo a la jornada del 6. En Córdoba, en Tucumán, en Mendoza y otras capitales tuvieron lugar actos, marchas y piquetes, en algún caso con la participación de las centrales obreras. Los piquetes de los municipales jujeños se extendieron a los grandes centros industriales del interior provincial; del mismo modo, el movimiento obrero combativo de Río Negro y Neuquén confluyó en una marcha masiva sobre el puente que une a ambas provincias. En Tucumán, activistas opositores a Venegas cortaron la ruta 38 para asegurar el paro entre los trabajadores rurales. En Santa Fe, los piquetes de la CGT San Lorenzo y de los suspendidos de General Motors juegan su papel en el paro. Los piquetes que realizó la izquierda y el sindicalismo clasista en Buenos Aires, y el acto posterior que se concretó en el Obelisco, se inscriben en esa tendencia.

Así, los piquetes jugaron un doble papel. En muchos lugares aseguraron la concreción de un paro desafiado por los ataques oficiales y el carnereaje -abierto o velado- de la propia burocracia. En todos los casos, los actos y cortes expresaron la lucha por hacer del paro el peldaño de una acción mayor, en oposición a una burocracia que concibió al 6 como el canto del cisne de las luchas en curso. Fue por eso que el gobierno y sus comunicadores descerrajaron un ataque furibundo contra los piquetes y sus organizadores. Los mismos que dejaron sin trabajo a 50.000 obreros industriales en 2016 se acordaron del “derecho a trabajar”… el día del paro, sólo para oponerlo al derecho de huelga. Pero allí donde el 40% de los trabajadores está precarizado y sólo el 20% cuenta con organización gremial, el derecho de huelga es sólo un papel si se concibe como el ejercicio de un trabajador aislado. La extorsión de los monopolios capitalistas y su Estado contra el trabajador sólo puede quebrarse con la acción colectiva de los trabajadores: el piquete, por eso, es inseparable de la huelga.

Programa flexibilizador

En la conferencia de prensa donde balancearon la jornada, los dirigentes cegetistas reclamaron un cambio en la “política industrial”. Es decir que salieron del paro con el pliego de reclamos de la patronal que le reclama correcciones al gabinete macrista. La orientación de estos cambios fue anticipada por el propio gobierno, en los acuerdos firmados con la industria textil y del calzado. Estos acuerdos contemplan “una fuerte reducción de las contribuciones patronales” (El Cronista, 5/4), en la línea de las leyes “Pyme” que ya fueron aprobadas en el Congreso durante el año pasado. Es la reducción del “costo laboral” que conducirá a un mayor vaciamiento de los fondos previsionales. El massista De Mendiguren apoyó calurosamente la iniciativa, en nombre de la lucha contra “la competencia china” (ídem). La burguesía industrial se sirve de las importaciones -en muchos casos un filón que ellas mismas explotan- para extorsionar a los trabajadores a que renuncien a sus conquistas laborales y salariales. Es la línea estratégica que condujo a los pactos flexibilizadores en Vaca Muerta y al más reciente acuerdo automotriz. En nombre de los “puestos de trabajo” -que continúan en caída-, la burocracia prepara la entrega de conquistas históricas y, naturalmente, de las paritarias 2017. Ello explica la falta de horizonte, en términos de lucha, de la jornada del 6.

Desenmascarados

Como ha venido ocurriendo con las grandes movilizaciones y huelgas que tuvieron lugar en marzo, la oposición de los Massa, los pejotistas y el kirchnerismo ha optado por el perfil bajo, el silencio o la hostilidad manifiesta en relación al paro y, en particular, hacia sus expresiones más activas. Esta borrada es particularmente manifiesta en el caso del kirchnerismo. Pero esto no debe sorprender: mientras se preparaban las marchas y piquetes del 6, los docentes y estatales de Santa Cruz preparaban un piquetazo contra Alicia Kirchner, la jefa del Estado que ha decretado la miseria social generalizada para salvar a las camarillas capitalistas que vaciaron durante dos décadas el presupuesto público.

La oleada de huelgas y manifestaciones populares de las últimas semanas ha sacudido la estantería de la política oficial y de sus opositores, que esperaban organizar sin contratiempos el próximo turno electoral. La burocracia sindical, en esa línea, convocó al paro del 6 como “desahogo” (sic) y cierre de una etapa de luchas. Pero, a pesar de todos ellos, las luchas docentes y estatales, la marcha de la crisis industrial y las paritarias en puerta, en un marco sostenido de tarifazos y carestía, auguran nuevas luchas. La campaña electoral no podrá prescindir de esta transición convulsiva.

En la jornada activa del 6, los voceros políticos y sindicales del PO y de la Coordinadora Sindical Clasista hemos estado al frente de los piquetes, cortes y actos en todo el país, y actuamos defendiendo la huelga frente a los más recalcitrantes comunicadores del gobierno. No se trata de un hecho circunstancial: la lucha por una alternativa política de los trabajadores sólo puede progresar en directa conexión con las batallas de la clase obrera contra el ajuste y en defensa de sus conquistas históricas, como la que se está librando en Santa Cruz. Este es el método que hemos propuesto al FIT y a los luchadores populares: un congreso del movimiento obrero y la izquierda, para desarrollar el frente único de la clase obrera y sus organizaciones en todos los planos, y también en el electoral. En la salida del paro, una tarea central de ese frente común debe pasar por organizar la deliberación y el pronunciamiento, en todos los sindicatos, por un paro activo nacional de 36 horas y un plan de lucha hasta quebrar el ajuste.

La renuncia de Martín Lousteau a la embajada argentina en Estados Unidos, para bajar a “pelear” una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, es otra expresión de la crisis de la precaria coalición que sostiene a Macri. Pero, al mismo tiempo, delata el campo de maniobras que caracteriza a los preparativos de las elecciones de medio término.

Lousteau se va de la embajada yanqui después de haber firmado un voluminoso petitorio de compra de armas en desuso en favor del Ejército argentino, una operación tramitada en 2016 con un diputado del partido demócrata, que es un reconocido lobbysta de la industria bélica de aquel país. Lousteau se había jugado, precisamente, en favor de la victoria de los demócratas en las presidenciales del Norte. Pero este episodio turbio, del cual el embajador intentó desmarcarse, sólo sería la puntada final de su renuncia. Lousteau se fuga de Washington cuando el gobierno que representa continúa varado en la recesión económica, y las huelgas y manifestaciones inundan, con particular fuerza, la Ciudad donde pretende ser candidato. La capital del país volvió a tener, en este marzo de 2017, una huelga docente después de ocho años.

Lousteau, sin embargo, no viene a embanderarse con los docentes agredidos ni con un pueblo porteño golpeado por el peso de los impuestazos y tarifazos, que no han resuelto, sin embargo, los cortes de luz. Su renuncia, por el contrario, es una extorsión final al macrismo para que éste lo habilite a competir en una interna común en la Ciudad -en otras palabras, constituir Cambiemos en la Capital. Lousteau desafía al macrismo para ser candidato del macrismo. Si el PRO rechaza el ultimátum, el ex embajador, apoyado por la UCR y el partido “socialista”, irá por cuerda separada. Esa lista, a su turno, consagrará diputados y legisladores que buscarán prolongar el régimen de “coalición a la carta” que caracteriza tanto al gobierno de Macri como al de Rodríguez Larreta en la Ciudad. En el Congreso, los socios radicales de Lousteau le han votado al gobierno -que es su gobierno- más de cien leyes de ajuste y colonización económica a lo largo de 2016. En la Legislatura porteña, los que ingresaron con Lousteau se asociaron al macrismo en la privatización de más de 200 hectáreas de tierras públicas en el último año.

La presentación de Lousteau, en definitiva, pone de manifiesto la “crisis de gobernabilidad” que atraviesa a Cambiemos, en medio del empantanamiento económico y del progreso de la insatisfacción popular. Los discípulos de Durán Barba pretenden resolverla con mano dura y candidatos propios. Sus socios políticos -como Lousteau, Sanz o Carrió- ofrecen sus candidaturas a cambio de que Cambiemos actúe como una “real” coalición política, en el Parlamento y en el gabinete nacional. Más lejos de ellos, y detrás del reclamo de “corregir” la política económica, los Massa y el pejota-kirchnerismo se anotan en la misma orientación estratégica.

El ‘opo-oficialista’ Lousteau le ha asestado un golpe al macrismo, pero para hacerle ver que puede concurrir en su socorro. Es necesario poner de manifiesto el papel de quienes se servirán de la demagogia electoral para llevar a “chapa y pintura” a la desgastada coalición del ajuste.

En el marco de la jornada de paro regional de la CGT San Lorenzo -que contó con una importante adhesión de los obreros del Cordón Industrial y la realización de varios cortes de ruta en la zona-, el trabajador Jonathan Gardini perdió la vida al ser atropellado por un camión que atravesó el piquete en el que se encontraba. La cadena de responsabilidades que llevó al siniestro asciende hasta las patronales aceiteras de la zona y a los gobiernos provincial (del socialista Lifschitz) y local.

El hecho sucedió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando el camionero pasó el corte en el cruce de las rutas provincial 10 y nacional 11, se trasladó a la playa de la destilería, desenganchó el tanque del acoplado y volvió a alta velocidad hacia donde estaban los trabajadores, dejando un saldo de cinco heridos y un muerto. La CGT San Lorenzo ha declarado cinco días de duelo.

Aunque las patronales y los gobiernos estaban anoticiados del paro desde hacía 15 días, cuando fue resuelto en un plenario de la CGT local, no se dispuso el cese de tareas; al momento de las protestas, las banquinas del cordón estaban abarrotadas de camioneros que venían a nuestra zona a descargar. Cínicamente, la propia Cámara de la Industria Aceitera declaró a medios locales: “Veníamos advirtiendo en los últimos días que esto podía suceder“.

La responsabilidad de los gobiernos se ve también en el accionar de la policía y la Gendarmería: mientras que numerosos efectivos se hicieron presentes en los piquetes para filmar y tomar fotos de los trabajadores en protesta, no fueron capaces de organizar el tránsito y evitar esta situación.

Con su accionar persecutorio, los mandatarios se suben a la oleada de hostilidades contra los que luchan en las calles. Buscan enfrentar un importante proceso de movilización obrera: la jornada de lucha contó con bloqueos en cinco puntos del Cordón Industrial, con el reclamo de 27.000 pesos de básico y ningún despido más, y el corte de trabajadores de General Motors en el ingreso a la planta de Alvear, donde hay 350 trabajadores suspendidos, que logró frenar el ingreso a la fábrica.

Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con la familia de Jonathan Gardini y exigimos que se investiguen todas las responsabilidades frente a su muerte. No sólo debe ser detenido el camionero que manejaba el vehículo, sino que se debe avanzar sobre toda la cadena de responsabilidades, comenzando por la patronal aceitera -a la cabeza de los pulpos agroexportadores del país.

El ministro de Seguridad de la provincia y el gobierno tienen que rendir cuentas frente a las órdenes que orientaron el espionaje pero no respondieron frente al caos vehicular.

Ahora más que nunca hay que convocar a un plenario regional del sur de la provincia para que el paro del 6 de abril convocado por la CGT nacional sea un paro activo, con asambleas en cada lugar de trabajo, por el conjunto de las reivindicaciones que levantaban Jonathan y sus compañeros.

• Investigación y justicia por Jonathan Gardini

• Por 27.000 pesos de básico a todos los trabajadores de la región.

• Ni un solo despido más. Abajo el ajuste.

La jornada del 30 en el Cordón de San Lorenzo y Rosario fue un registro de las tendencias de lucha en el movimiento obrero.

Mientras se desarrollaba el paro en el Cordón, y toda la región se veía conmocionada con la muerte de un trabajador en uno de los piquetes, atropellado por un camionero; comenzaba a desarrollarse el bloqueo a las entradas de General Motors en la planta de Alvear-Rosario.

Convocado por los suspendidos y el Comité de Lucha y con el apoyo de agrupaciones sindicales y organizaciones de izquierda se hicieron dos piquetes, desde la madrugada, que impidieron el ingreso de autos y colectivos a la empresa.

El descenso de los trabajadores permitió que se les hablara, consiguiendo que ninguno entrara a trabajar y se volvieran a sus casas. El paro de la fábrica fue completo en los dos turnos, mañana y tarde.

Los rumores sobre la posibilidad de que la burocracia del Smata pudiera usar matones para romper el piquete y el paro, en esta oportunidad, quedaron en la nada. Seguramente habrá pesado el enorme desprestigio de la burocracia y la bronca de los trabajadores en la planta.

Este paro de 24 horas fue votado en una asamblea, con unos 1.400 trabajadores, realizada entre suspendidos y de planta, hecha con posterioridad al plenario de la CGT San Lorenzo.

La patronal, la burocracia del Smata y la casi totalidad del cuerpo de delegados (menos dos de ellos) que firmaron el acuerdo ruinoso que deja a 350 obreros en la calle, han apostado al desgaste, al aislamiento y los aprietes dentro de fábrica.

En semanas de conflicto no hubo, por parte de la CGT y CTA regional ni del kirchnerista Movimiento Sindical de Rosario, ninguna convocatoria a un paro regional y a un plan de lucha por la reincorporación en General Motors, ni por los despidos y suspensiones en empresas metalúrgicas y comercios de la zona.

Las asambleas conjuntas de suspendidos y trabajadores y el paro van creando mejores condiciones para la elección de representantes dentro de fábrica que puedan organizar la lucha para terminar con los aprietes, por la reincorporación de los suspendidos y la defensa de las condiciones de trabajo.

La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero impulsa la convocatoria a un plenario regional del sur de la provincia para que el paro del 6 de abril convocado por la CGT nacional sea un paro activo por el salario, contra los despidos, por la victoria de la lucha docente y de todas las luchas, y la reincorporación de los compañeros suspendidos de G. M.

Los trabajadores de la vitivinícola Fernet Branca, ubicada en el Parque Industrial de Malvinas Argentinas, obtuvieron una nueva conquista salarial por fuera de la paritaria del gremio.

Luego de las idas y vueltas del conflicto, la asamblea obrera aprobó una suma de 11 mil pesos no remunerativos (3 mil en abril, 3 mil en mayo, 2 mil en junio y 3 mil en julio) y desde agosto en adelante 2.456 pesos brutos. La empresa pagará el aumento paritario que firme el sindicato (Soeva) sobre el total del salario.

Lo relevante de este tercer incremento consecutivo (2015, 2016 y 2017) que consiguen los obreros del Fernet es que lleva el inicial del trabajador de Branca a 25.000 pesos netos, ¡¡¡mientras que el inicial del convenio vitivinícola está en 9183,65 pesos!!! Casi triplican el salario de convenio.

La medida de fuerza, un quite de colaboración (que representa una reducción de la producción total) se votó, no sin debate, entre los trabajadores: es que el escenario de ajuste, cierre de fábricas y caída del consumo ejerce una presión conservadora enorme. Aun así, los obreros se lanzaron a la lucha y una vez más, convirtieron su conflicto en tema nacional, aprovechando el fenómeno mediático para difundir la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín.

Un dato no menor, es que además del incremento salarial, los trabajadores incorporaron a sus reclamos el incremento del porcentaje por antigüedad y un incremento de la licencia por paternidad. Estos reclamos colocan a los trabajadores de Fernet Branca a la cabeza de reclamos que el Soeva ha entregado hace años.

La conducta del sindicato durante el conflicto fue la de congraciarse con la patronal; en medio de la medida de fuerza se hicieron presentes en las asambleas con el objetivo de que se levante la medida de fuerza. Las asambleas votaron un cuarto intermedio y reanudar la medida de fuerza en caso de que no se conquiste el incremento.

El balance del conflicto es demoledor; en tres años de comisión interna clasista, los trabajadores​ conquistaron un sinfín de reivindicaciones; casi triplicaron el salario de convenio y son una referencia de organización para la zona norte del Gran Buenos Aires. El paro del 6 fue votado masivamente por los trabajadores de Branca, contrastando con la adhesión "dominguera" del sindicato. Es hora de dar a conocer este ejemplo al conjunto del gremio vitivinícola, para poner en pie una nueva dirección en el Soeva, que termine con los salarios de hambre y recupere el sindicato para los trabajadores.

En la Universidad Nacional de Quilmes se realizó el 31 de marzo un exitoso festival, convocado por los centros de estudiantes y numerosas organizaciones, en apoyo a la lucha incansable que vienen dando los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense (AGR) en defensa de sus puestos de trabajo.

La jornada comenzó muy temprano con la consigna: "Si ganan los trabajadores de AGR-Clarín, ganamos todos", que se había difundido en muchísimos afiches y varias recorridas por las diferentes cursadas de la Unqui invitando al festival. Por la tarde, llegaron varios trabajadores de AGR que, acompañados por diferentes organizaciones, continuaron la recorrida, aula por aula, relatando el camino recorrido en los más de 70 días de ocupación de la planta, mostrando la revista Viva las luchas obreras, pasando las alcancías del fondo de lucha y convocando a hacer activo el paro del 6 de abril.

Los estudiantes y docentes los recibieron con gestos de apoyo, aportando al fondo, comprando la revista y culminando con una gran presencia de la comunidad educativa en el festival.

En su intervención en el festival, la consejera superior por la UJS y el Partido Obrero, Erica Avalos, celebró la visita de los trabajadores y el método de frente único para llevar a la victoria la lucha de AGR y de todas las luchas obreras. También remarcó que es necesario que el movimiento estudiantil irrumpa de la mano del movimiento obrero para conseguir todas sus reivindicaciones. Por último, llamó a hacer activo el paro del 6 de abril y sumarse a la convocatoria del Sutna y el clasismo en el Obelisco.

Compañeros: es momento de hacer una síntesis del Congreso. Creo que hemos logrado abordar una tarea extremadamente difícil: caracterizar una transición política. Por un lado, tenemos un rescate económico de los capitalistas, que está acumulando contradicciones explosivas. La Argentina va, más temprano que tarde, a una nueva crisis de deuda; entonces, se opera ese rescate y se crean las condiciones para una nueva crisis y, al mismo tiempo, ese rescate va dando lugar a choques cada vez más importantes con la clase obrera, el material sobre el cual nosotros trabajamos y buscamos unir en una conciencia política superior. Entonces viene la gran cuestión de este período convulsivo: la dirección del movimiento obrero. El metabolismo del congreso procesó está lucha al interior de los sindicatos, con las intervenciones de los compañeros del Sutna, de la Alimentación y tantos otros. La gran batalla planteada en el movimiento obrero es la lucha por recuperar comisiones internas y a los propios sindicatos. Esta transición apasionante va a sacudir la vida de las grandes organizaciones obreras y, en ese terreno, las posibilidades de desarrollo están a la vista.

Frente de Izquierda

Y en este problema de la dirección política hemos discutido extensamente el problema del Frente de Izquierda. No partimos de la nada. Hay una cuestión que está presente desde el mismo momento en que se constituyó el FIT, como frente único de la clase obrera y las corrientes socialistas y revolucionarias. Ese frente único funciona y tiene un desenvolvimiento cuando puede, en su práctica política, programa y perspectiva, identificarse claramente con los intereses inmediatos y estratégicos de la clase obrera. Si ese propósito estratégico se quiebra, se quiebra el frente único. Por eso el faccionalismo es solamente la envoltura de un planteo político de seguidismo a la burguesía, al nacionalismo, al centroizquierdismo. Nuestro planteo de que el FIT actúe como un bloque común en todos los terrenos, tiene que ver con una política de frente único como la que hemos planteado; por ejemplo, en aquel acto en Ferro (2015), donde Altamira señaló que el frente único detrás de un programa y una estrategia plantea también una cuestión de poder -ello, porque el gobierno de los trabajadores es un frente único de la clase obrera y su dirección revolucionaria para la transformación social y la conquista del poder político. Aquel acto se une al de Atlanta, donde se señaló esta perspectiva en todos nuestros discursos; luego, en los manifiestos que hemos sacado en el último período, convocando al Frente de Izquierda a actuar como un bloque en todos los terrenos y, sobre esta base, el planteo de hacer intervenir a la clase obrera en un plano político. Todo esto está presente en la iniciativa de que el FIT, junto a las listas comunes y un plan de acción común, lleve adelante a un congreso del movimiento obrero y de la izquierda.

Hilo conductor

Compañeros: un hilo conductor recorrió a todas las comisiones del Congreso. La lucha política por una estrategia revolucionaria está planteada en el FIT, pero también en un plano internacional general. Este debate al interior del Frente de Izquierda recorre, por ejemplo, a la propia Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional. En esta etapa de catástrofe capitalista, de guerras, masacres y crisis humanitarias ¿vamos a hacer emerger una dirección revolucionaria? ¿o la izquierda -incluso la que se dice revolucionaria o trotskista- va a actuar como tercer violín o apéndice menor de las formaciones de izquierda que hoy están rescatando al capital en todo el mundo? Allí donde hay una crisis social y un derrumbe capitalista, esa izquierda sólo ve una crisis de representación, y llama a actuar no contra el capitalismo y su Estado sino sobre la llamada “casta política”. Allí donde, como en Estados Unidos, está planteada la gran tarea de unir a toda la clase obrera contra el ajustador Trump ¿vamos a deslizarnos a la sociología, para separar a la clase obrera en diferentes categorías -multirraciales o nativos, jóvenes o adultos- y atribuirle sólo a algunos la capacidad de luchar? ¡No! Llamamos a la unión de toda la clase obrera, cualquiera sea su condición etaria, racial o religiosa, a unirse en torno de un programa de transición que conduzca a la lucha por la revolución socialista ¡No al populismo, aunque se vista de “radical”! Sobre esa estrategia política vamos a reconstruir la IV Internacional y ése es el mandato que se ha votado también en este Congreso.

Sí, compañeros, hubo un hilo conductor. En la Comisión de la Mujer, por ejemplo, tuvo lugar un debate extraordinario. Luchamos por un movimiento de la mujer integrado a la lucha de clases, a través de un programa y una acción para destituir a los jueces cómplices de los violentos y del Estado violento, para llevar adelante un consejo autónomo de la mujer, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por la separación de la Iglesia del Estado, es necesario desarrollar un gran movimiento de mujeres y unirlo a toda la clase obrera y a la lucha por la revolución social.

Plan de acción

Compañeros: le hemos enviado una carta al Frente de Izquierda, con un planteo integral de frente único ¡Basta de faccionalismo en las bancas! ¡Bloques comunes, cogestión parlamentaria! ¡Basta de faccionalismo en el movimiento obrero! Frente único para expulsar a la burocracia. Integremos a la clase obrera a esta lucha política: convoquemos a un congreso del movimiento obrero y de la izquierda.

Esta primera etapa de la campaña tiene contenido político y metodológico muy claro: vamos a organizar el “ejército” de los que, en pocas semanas y meses, van a ir con nosotros a la conquista del voto. A los activistas, a los elementos de vanguardia les diremos: vení con el Partido Obrero y el FIT a luchar por el congreso del movimiento obrero y de la izquierda; si te parece bien, y querés comprometerte con esta lucha y con su programa, integrá nuestra lista. Si integrás nuestra lista, hagamos una reunión en tu fábrica o en tu colegio, y vamos a conquistar el voto de tus compañeros, la voluntad política, la adhesión. Vamos a hacer de la campaña electoral un gran factor de reclutamiento político, organización y educación de la clase obrera y de su vanguardia.

¡Viva la clase obrera! ¡Viva el Partido Obrero! ¡Viva la IV Internacional! ¡Viva la lucha que tenemos por delante!

Foto: Javier Entrerriano

-¿Cuál es el análisis del DIP respecto al resultado del referéndum?

-(…) Nuestro partido siempre ha enfatizado que es un error pensar que Erdogan y el (partido oficialista) AKP son invencibles. Al contrario, los acontecimientos de los años recientes muestran que la agresividad de Erdogan y el AKP es precisamente el producto de su debilidad. La rebelión popular de Gezi Park del verano de 2013, la revuelta del pueblo kurdo en la zona kurda de Turquía en defensa del cantón de Kobane, en contra de Daesh (Estado Islámico), en octubre de 2014, la huelga salvaje de los trabajadores del metal en contra del sindicato propatronal en mayo de 2015 y el golpe de estado fallido del 15 de julio 2016, todo esto muestra que el oficialismo se ha encontrado en dificultades formidables una y otra vez. El resultado del referéndum ha significado una nueva derrota para Erdogan y el AKP. Pero para derrotar a Erdogan y al despotismo, debemos tener una posición de clase contra ellos, contra la explotación y contra el imperialismo.

Lo que diferencia la oposición del DIP a Erdogan y el AKP, respecto a otros partidos y grupos, es su posición de clase. Para derrotar al oficialismo es necesario ganarse a las grandes masas laboriosas para una oposición de clase. Una segunda prioridad en la política del DIP es su énfasis en la lucha contra el imperialismo. Después del golpe de Estado fallido del 15 de julio 2016, el DIP ha promovido su posición anti-imperialista y anti-sionista a un nivel prioritario porque es muy clara y evidente la complicidad de Estados Unidos y los países europeos en el golpe. Erdogan y el AKP se esfuerzan en posar como anti-imperialistas, mostrando a sus rivales como marionetas del imperialismo. El DIP es consciente de que la derecha turca siempre tuvo una actitud “pro-occidental”. En cambio, el DIP insiste con sus reclamos: “Fuera Turquía de la Otan”, “Cierre de la base militar de Incirlik!”, “fin de las negociaciones con la Unión Europea”, reclamos incompatibles también con el oficialismo.

-¿Cómo analizás la intervención de Erdogan en la guerra de Siria?

-Turquía se caracteriza por combinar las contradicciones de la región, del Medio Oriente, y las que se desarrollan en su propio seno. Con respeto a Siria, su vecino del sur, el DIP ha sido claro, en oposición a una multitud de corrientes trotskistas en escala mundial, que, a excepción de unos seis meses al comienzo, los acontecimientos sirios no tienen contenido revolucionario. Al contrario, es una guerra civil reaccionaria que ha creado una tragedia humana y cuyo resultado es la muerte de cientos de millares de personas y la emigración de cinco millones de sirios fuera de su país. El DIP considera reaccionaria la política de los corrientes trotskistas que aún caracterizan la situación siria (sin ninguna evidencia) como "revolución" y desvergonzadamente apoyan a la oposición siria, que son, en realidad, en general, marionetas del imperialismo y las fuerzas regionales reaccionarias como Arabia Saudita o la Turquía de Erdogan.

Es dentro de este contexto que se debe mencionar la posición del partido hacia el movimiento kurdo y los derechos del pueblo kurdo. Desde su origen, nuestro partido ha sido partidario de reconocer el derecho del pueblo kurdo a su auto-determinación. Nuestro partido también saludó la emergencia de Rojavá, en tanto entidad aparte en Siria. Sin embargo, la política actual del movimiento kurdo se mueve hacia una alianza estratégica con Estados Unidos, y es algo que hemos criticado con fuerza. Defendemos naturalmente todavía el derecho a la autodeterminación para el pueblo kurdo, pero declaramos abiertamente nuestras reservas con respecto a la línea actual, que es contraria a la fraternidad de los pueblos del Medio Oriente y también arriesga terminar como una derrota terrible para el mismo pueblo kurdo.

-¿Qué te pareció el congreso del Partido Obrero?

-En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a todos nuestros compañeros y compañeras del PO por su hospitalidad. El Congreso de PO ofreció la oportunidad de conocer tanto la política argentina como la propia del PO. La delegación del Congreso, integrada por trabajadores, trabajadoras y jóvenes, fue realmente impresionante. Es un placer para nosotros atestiguar que todas las discusiones se hicieron sobre la base de la independencia de la clase obrera (…) Nosotros, como DIP, queremos que todos los compañeros del PO sepan que apoyamos toda su lucha contra la burocracia sindical, contra el capitalismo, contra el imperialismo. Deseamos un éxito en línea con las decisiones tomadas en el Congreso. Esperamos que nuestra lucha internacionalista y socialista común, elimine los miles de kilómetros entre nosotros, y se fortalezca con la solidaridad y la lucha militante común en el período que sigue.

El 4 de junio tendrán lugar en La Rioja elecciones de renovación parcial de la Cámara de Diputados provincial. En esta oportunidad se eligen los diputados en seis departamentos y dentro de dos años en el resto. El lunes cerró el plazo de presentación de listas, y el Frente de Izquierda -conformado en esta provincia por el Partido Obrero e Izquierda Socialista- presentó lista unificada en el departamento de la capital. La lista será encabezada por Carolina Goycochea, dirigente de IS y activista docente, y tendrá en segundo término a Belén Romero, del Partido Obrero, una destacada dirigente del movimiento de mujeres y del movimiento de lucha universitaria. Justamente en estos dos terrenos es que se dieron las dos movilizaciones más grandes de la historia de La Rioja, el #NiUnaMenos de 2015, que movilizó unas 40.000 personas, y la pueblada universitaria de 2013, que movilizó a 50.000 en la capital provincial por la democratización. En ambos casos, Romero tuvo un rol destacado en la organización de esas luchas.

Cuadro político

La elección viene atravesada por la enorme crisis industrial que vive la provincia, con el cierre de la fábrica Puma en Sanagasta, más una serie de despidos y suspensiones en el sector textil que ya suman los 1.500 trabajadores afectados. Los tarifazos estallaron de forma extraordinaria, llegando boletas domiciliarias de hasta 3.000 ó 5.000 pesos. El gobierno de Casas atraviesa la crisis con una enorme disgregación al interior del PJ, que ya no es manejado en su totalidad por Beder Herrera. Además de la lista bederista, también participarán otras conformadas por el vicegobernador Bosetti, el intendente de la capital, Paredes Urquiza, y otra del kirchnerismo más bien marginal que se quedó con el sello del Frente para la Victoria. Todas estas camarillas están enfrentadas entre sí, y la seguidilla de carpetazos y operaciones previas al cierre de listas mostró su nivel de descomposición.

La “oposición” patronal fuera del PJ está representada por Fuerza Cívica Riojana (FCR versión local de Cambiemos), que también está recorrida por crisis y desprendimientos, en especial de aquellos sectores que se encandilaron con la prédica demagógica en favor de la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, o repudiando los hechos de corrupción ocurridos bajo el gobierno de Beder. Quien era el principal representante de esa coalición, el dirigente de la UCR Julio Martínez, hoy está a cargo del Ministerio de Defensa. Han abandonado el viejo discurso demagógico y actúan como una verdadera coalición, en el escenario nacional, donde los legisladores nacionales bederistas fueron los primeros en votar las leyes macristas y, en contrapartida, el FCR no se ha sonrojado en respaldar las acciones ajustadoras de Beder y Casas en la provincia. Por otro lado, nada de esto puede sorprender, puesto que peronistas y radicales han cogobernado durante décadas la provincia, funcionando como una verdadera coalición del ajuste y la entrega. Al ajuste de Macri, Casas y Beder lo aplican en la provincia y la entrega del Famatina -viejo anhelo de Beder, sólo detenido gracias a la heroica lucha de ese pueblo- Macri la impulsa desde la Casa Rosada.

El FIT irá a la campaña electoral para denunciar a esta coalición contra los intereses del pueblo trabajador de La Rioja, en favor de los grandes intereses, y a explicar la necesidad de desarrollar una alternativa política independiente que plantee claramente una salida a la crisis provincial, que contemple la defensa de la conquistas y derechos de los trabajadores, y que el costo lo paguen los capitalistas y sus partidos políticos, que se han enriquecido en todas estas décadas. Vamos a demostrar el progreso y el rol que las bancadas del FIT han jugado en denunciar e impulsar la movilización obrera y popular en todo el país frente a la política del macrismo y los gobernadores.

Plataforma

La lucha en defensa del salario y de los puestos de trabajo será puesta en el primer lugar de la agenda. Vamos a denunciar la política de defensa y encubrimiento de Milani, así como la continuidad de un aparato represivo en favor de la política de ajuste y entrega. Vamos a denunciar la entrega a las multinacionales mineras y el saqueo de los recursos, con todas sus secuelas de destrucción ambiental. Y expresar la necesidad en La Rioja y en todo el país de la convocatoria de un congreso del movimiento obrero y la izquierda, que actúe en todos los planos y terrenos como alternativa de los explotados frente a los explotadores.

Vamos a una delimitación con los intentos de instalar falsas alternativas “progresistas” o “izquierdistas”, que levantan los reclamos populares pero postulan que pueden encontrar solución dentro del actual orden social y en el marco de la crisis general que viven la provincia y el país, renunciando a cualquier lucha a fondo para derrotar las políticas vigentes.

En definitiva, vamos a una campaña para conquistar un voto de repudio a las políticas de ajuste, a la entrega económica y ambiental, al crecimiento de la violencia hacia las mujeres y los ataques a la educación pública, pues lleva consigo a los mejores representantes de las luchas en estos terrenos.

Cuando la oleada de huelgas y movilizaciones de marzo parecían alejarse en el tiempo, la pueblada de los docentes y estatales de Santa Cruz volvió a colocar en el tapete a un 2017 de luchas y convulsiones políticas. En este caso, con un componente especial: la masacre social que se está consumando contra los trabajadores de la Patagonia sur tiene como ejecutora directa a la camarilla kirchnerista, que vació a la provincia que gobernó durante 25 años en favor de los Ezquenazi, Báez, Cristóbal López y otros socios capitalistas. La imagen de Cristina Kirchner despotricando contra los trabajadores, los ataques a los “infiltrados” y al propio Partido Obrero le permitieron a todo el pueblo un saludable ejercicio de memoria: súbitamente, volvía a la palestra el gobierno de Berni, de Aníbal Fernández y de los socios de Pedraza. La crisis de Santa Cruz desenmascaró también a la burocracia sindical kirchnerista, que no movió un dedo por la represión de Alicia Kirchner. Su brazo político, el sabbatellismo, fue más lejos: condenó a las manifestaciones obreras como parte de una conspiración ‘destituyente’.

Argentina y Santa Cruz

El macrismo no iba a privarse, desde luego, de explotar la crisis patagónica para golpear políticamente al kirchnerismo. Pero lo hizo sin apartarse un milímetro de su rol ajustador y represivo: Mauricio Macri se solidarizó, no con los maestros santacruceños, sino con el clan Kirchner, cuando éste soportó el escrache de trabajadores que cobran con meses de atraso y con sus obras sociales desquiciadas. El “orden fiscal” que le reclamó Macri a la gobernadora no pasa por la incautación de los recursos malhabidos por los Ezquenazi o Lázaro Báez, sino por la liquidación de las conquistas previsionales de los santacruceños y por un plan de despidos masivos.

Por estos mismos motivos, el escenario de la crisis surpatagónica no es tan lejano al del centro del país. En estos días, los gurúes del capital financiero le han reclamado a Macri la misma purga que él pretende recetarle a Alicia Kirchner -o sea, un mega-ajuste de los gastos del Estado a costa de los trabajadores y los gastos sociales. Este es el remedio que exige el gran capital para dar cuentas de un impasse económico y de una situación financiera explosiva. Mientras las tendencias a la recesión se han agravado, la bicicleta que sostiene el ingreso de dólares al país se renueva a costos crecientes. Varios advirtieron que el Banco Central no pudo renovar totalmente el último vencimiento de los pagarés que entrega a los bancos (LEBAC), al absorber la moneda que emite, precisamente, para comprar los dólares que ingresan al país los especuladores. De cara a este cuadro, el gran capital, que ha recibido beneficios impositivos fabulosos del macrismo (y que explican buena parte de la crisis fiscal), reclama un mayor ajuste de tuerca contra los gastos sociales, mayores tarifazos y una reforma previsional de fondo, para que la Anses continúe financiando la bancarrota fiscal. Macri mira a Santa Cruz desde lejos. Pero la crisis de Santa Cruz no está tan lejos.

Preparativos electorales

No debe sorprender, por lo tanto, que el encauzamiento electoral de este cuadro convulsivo se lleve adelante con forceps, y en medio de crisis y fracturas. El primer aliado del gobierno en la tarea de aplacar la crisis social es la burocracia sindical. La cúpula de la CGT se reunió para desechar cualquier perspectiva de lucha después del paro del 6, incluso cuando el 80% de las paritarias están pendientes y cuando la crisis industrial -con su secuela de despidos- se renueva. La burocracia también “mira a las elecciones”, y se divide ferozmente en torno de sus diferentes candidatos y jefes políticos.

En cualquier caso, la posibilidad de que el gobierno de los más de 200.000 despidos y los tarifazos pueda servirse de los comicios para constituir un régimen más estable aparece cuestionada. En el distrito ‘fundacional’ del macrismo, el gobierno ha debido apelar a la francotiradora Carrió para enfrentar la candidatura de otro semioficialista -Lousteau. Esta postulación, a su turno, provocó una crisis en el radicalismo -entre los que irán con Carrió y Cambiemos, y los que van detrás del ex embajador de Macri en Estados Unidos. Los radicales también irán por cuerda separada en el Chaco, mientras que sus pares santafesinos han decidido no romper su alianza con los “socialistas” locales. Carrió, por su parte, ha decidido cobrar su candidatura reclamando mayor injerencia en las camarillas judiciales y de “servicios” que deben relevar a las que dejó el kirchnerismo. La denuncia y destitución del jefe de la “nueva” policía de la Ciudad no es ajena a esta pugna. En el interior, el oficialismo espera disimular su debilidad infiltrando candidatos en las listas pejotistas. En suma, el macrismo debe concurrir a elecciones entre las faldas de los “oficialistas críticos” y los socios provinciales del ajuste. Después de octubre, tendría que seguir apelando a los acuerdos parlamentarios para sostener a su coalición de gobierno. Mientras tanto y del lado del kirchnerismo, uno de sus voceros más recalcitrantes, Wado de Pedro, calificaba a CFK como “la mejor propuesta para 2019” (Página/12, 26/4), enviando a su jefa al Calafate. La crisis santacruceña ha mostrado a los K demasiado cercanos, en fines y métodos, a un macrismo con el cual no quiere ni puede polarizar. Mientras tanto, los intendentes del conurbano reparten sus favores entre Scioli y Randazzo. El primero regresó del ostracismo político hace pocas semanas atrás y para recomendarle a Vidal que termine el conflicto docente con un decretazo. El segundo cabalga de la mano de los sucesores de Pedraza, de aceitados vínculos con el macrismo. A través de las Paso, camporistas y otros “nacionales y populares” se colarán en las listas de los barones del conurbano.

Frente de Izquierda

El progreso de la crisis social y el carácter ajustador de las variantes que se pergeñan para las elecciones indican una posibilidad para el Frente de Izquierda, que debería explotar sobre la base de una acción integral en todos los terrenos de la lucha de clases y mediante la conformación de listas comunes, para concentrar desde ya su lucha política contra los candidatos del ajuste.

A partir de este planteo, el Partido Obrero le ha propuesto a las fuerzas del FIT la realización de un congreso del movimiento obrero y la izquierda, que sería una gran iniciativa para comprometer a la clase obrera y a su vanguardia de lucha en la batalla política que tenemos por delante. En esa comprensión hemos propuesto y defendido un 1° de Mayo socialista, internacionalista y de apoyo a las luchas obreras. En el palco del 1°, estará presente la lucha crucial por recuperar el Suteba para los docentes y dotarlo de una estrategia victoriosa para enfrentar el ajuste macrista.

También estará la lucha de Santa Cruz, que expresará de un modo incuestionable nuestra independencia política frente a la “coalición del ajuste” que se extiende desde la Casa Rosada a los gobernadores pejota-kirchneristas.

Hagamos de cada compañero que venga el 1° de Mayo un luchador por el congreso del movimiento obrero y la izquierda, para que toda la vanguardia obrera se comprometa en la tarea de colocar a la izquierda como una alternativa política.

El viernes pasado culminó el Congreso Extraordinario de la Federación Universitaria de Buenos Aires con una asamblea de más de mil estudiantes frente al Ministerio de Educación y una marcha de antorchas que llegó hasta el Obelisco, luego de pasar por la carpa docente de Ctera y expresar nuestra solidaridad por la represión sufrida a manos de la policía. Durante tres días, centenares de estudiantes pasaron por las asambleas, comisiones y paneles de debate que la Fuba montó en las diferentes facultades y sedes del CBC. Se debatió el conflicto docente a la luz de la situación política nacional, los ataques represivos ocurridos en Jujuy y Comahue, así como de la necesidad de organizar un plan de lucha para que los estudiantes intervengamos en defensa de la educación, de los trabajadores y de nuestras propias reivindicaciones. El método del congreso abierto contrastó con la parálisis de la federación nacional, en manos de Franja Morada e integrada al gobierno, que renunció a su responsabilidad de organizar a los estudiantes. Dejamos aquí las principales resoluciones y conclusiones políticas.

Un régimen antieducativo

En el debate, la UJS puso de manifiesto que el actual conflicto docente reveló la existencia en nuestro país de un régimen político antieducativo. En el Hotel Savoy, todos los gobernadores cerraron filas detrás del techo del 18% en las paritarias; el piso fue el 3% que Alicia Kirchner quiere imponer a los palazos en Santa Cruz. Denunciamos que el macrismo justifica los ataques a los docentes en nombre de una provincialización de la educación, que fue sancionada por Menem y Videla, y perpetuada por los gobiernos kirchneristas. En esa misma sintonía actúan los rectores: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que traspasó el mando de un rector radical a uno peronista (Rodolfo Tecchi de Jujuy, reivindicado por La Cámpora)- no dijo una sola palabra del reclamo docente que sacude a las universidades. Con menos prensa que en el caso de media e inicial, la lucha de los docentes universitarios lleva 16 jornadas de paro impulsadas por Conadu Histórica.

Quienes en el Congreso de la Fuba señalaron como enemigo excluyente a Macri, omitieron decir que desde los radicales de Franja Morada a los kirchneristas del Conurbano, 63 rectores de universidades nacionales acordaron con el gobierno un nuevo ciclo de contra-reformas. El desplante a los docentes, a quienes los rectores también les niegan la aplicación del convenio colectivo, tiene por detrás este gigantesco negocio universitario. El Sistema de

Reconocimiento Académico, la Coneau macrista, es la nueva hoja de ruta para devaluar títulos y acortar carreras, igualarlas a las privadas y desplazar contenidos específicos a posgrados arancelados. La privatización es la línea maestra del rector Alberto Barbieri, de la UBA, ex candidato a ministro de Educación de Scioli, que selló nuevos convenios con el Banco Santander. Afianzado en los pactos con multinacionales, Alberto Barbieri buscará este año su reelección. Su alter ego en el Ministerio de Ciencia, Lino Barañao, acaba de desconocer el acta firmada por él mismo en diciembre, que aseguraba el ingreso de 500 investigadores al sistema científico.

Qué lucha y qué dirección

A partir de esta caracterización, la UJS defendió en el congreso la necesidad de la unidad de estudiantes y docentes en un plan de lucha que golpee al gobierno y a todo el régimen antieducativo, sus gobernadores, rectores y decanos.

A propuesta nuestra, se votó la organización de una semana nacional de protesta, del 8 al 12 de mayo, con clases públicas, ocupaciones de facultades y cortes. Ante la defección de la FUA Morada, resolvimos impulsar una marcha nacional a Plaza de Mayo, en una fecha a coordinar con los sindicatos docentes. Al mismo tiempo, el miércoles 10 realizaremos una acción particular frente al Consejo Superior, por todos los reclamos de la UBA. También se resolvió la organización de una semana por los derechos de las mujeres, previa al 3 de junio, exigiendo el presupuesto necesario para que los “protocolos” ante casos de violencia de género no sean letra muerta -es decir, que existan centros de atención y prevención de esta problemática en la universidad. No partimos de cero: los estudiantes estuvimos presentes en cada una de las grandes marchas de marzo y ocupamos facultades y colegios para rechazar la represión contra los docentes.

En la asamblea general, la UJS defendió esta orientación con más de 300 compañeros, constituyéndose como agrupación en la primera minoría de la misma.

En dirección opuesta intervino el bloque Cámpora-Mella-Nuevo Encuentro, que centró su campaña en provocaciones contra la izquierda y en el reclamo de un nuevo congreso para incorporar al kirchnerismo a la conducción de la Fuba. La idea de ir de congreso en congreso refleja la renuncia de este sector a organizar un plan de lucha en serio contra Macri.

La campaña provocadora #PonéLaFecha, refiriéndose a la Fuba como una “burocracia estudiantil”, no apuntaba a concretar una acción de lucha, una marcha o una ocupación, sino a un copamiento K de la federación que ponga fin a su carácter independiente. Lejos de “unir” en la lucha contra Macri, la política de este bloque fue dividir.

De nuestra parte señalamos que quienes ajustan y reprimen docentes en Santa Cruz no van a defender a los estudiantes y docentes en la UBA. Denunciamos que la repentina preocupación de La Cámpora por la institucionalidad de la Fuba es pura hipocresía: boicotearon los congresos de 2012, 2014 y 2015, junto a Franja Morada, y en 2016 sostuvieron negociaciones con ellos a cambio de nuevos cargos en el rectorado de Barbieri (ya tienen varios). La Mella quedó completamente desdibujada detrás de esta orientación, al punto que cambió el color de sus banderas, de verde a celeste…

Manos a la obra

El Congreso de la Fuba dejó grandes resoluciones de lucha, que la UJS se esforzará por poner en práctica en los próximos días. Tanto en la UBA como en el interior del país, de Jujuy a Santa Cruz, preparamos la intervención activa del movimiento estudiantil junto a los trabajadores, contra los gobiernos del ajuste y la represión. La pelea por la dirección del movimiento estudiantil opone hoy a tres bloques: Franja Morada, el kirchnerismo y sus aliados, y la izquierda encabezada por la UJS. La resolución de esta confrontación en la Fuba requiere que los estudiantes intervengan masivamente y tomen la cuestión en sus manos. El Congreso Extraordinario permitió involucrar a miles de compañeros en el destino de la lucha educativa y de la orientación de su propia federación. Tenemos, ahora, un plan de acción que recorrer para seguir fortaleciendo una dirección independiente y de lucha para la juventud.

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PTS, sin renovación

El PTS abordó el Congreso de la Fuba haciendo la misma campaña anti-federación que vienen realizando, ininterrumpidamente, desde su recuperación en 2001 hasta el presente. Su participación en la asamblea general se redujo a catorce militantes que concurrieron a hacer un “acting”, sin intervenir en ninguna de las votaciones en juego. En las instancias previas en las facultades tampoco participaron, para luego denunciar que “falta participación”. El PTS mantiene firme su renuncia a pelear junto a la UJS por fortalecer una dirección de izquierda y de lucha en la Fuba, en oposición a Franja Morada y los K. A la política del PTS le hace falta una renovación.

La crisis política extraordinaria que atraviesa Venezuela se encuentra en un impasse que la convierte cada día en más severa. El crecimiento persistente de la belicosidad callejera deja al desnudo un inmovilismo político agudo de los dos bandos en pugna y, por supuesto, de los Estados y gobiernos que intervienen en forma abierta o subrepticia en este proceso. El gobierno chavista defiende su continuidad a fuerza de una represión estatal y para estatal cada vez más letal, con la expectativa de evitar una intervención final de las fuerzas armadas. No puede ofrecer, sin embargo, un plan político, que a esta altura de la crisis supone, como garantía, la destitución de Maduro. La oposición, dominada por la derecha "liberal", ha decidido una ocupación permanente de las calles, luego del fracaso de varias "mediaciones". Pero no ha logrado ganar la adhesión activa de las masas más pobres del país, ni parece ser esa su intención – su programa se limita al reclamo de elecciones y a una “ayuda humanitaria” internacional para atenuar la crisis de abastecimientos. Se ha cuidado muchísimo de no hacer reivindicaciones sociales de emergencia.

La clase obrera no protagoniza huelgas ni demostraciones activas.

Laberinto chavista

Los críticos de derecha del gobierno creen discernir una línea política oficial que apuntaría al establecimiento de un régimen de partido único. Esgrimen como prueba la negativa oficial a convocar a un referendo revocatorio, que es constitucional, y la postergación sin fecha de las elecciones para gobernadores e intendentes, e incluso una tentativa de clausura de hecho de la Asamblea Nacional. Este intento no prosperó, porque el cierre de la Asamblea habría privado al Estado de la garantía constitucional para contraer financiamiento externo o para privatizar, siquiera en forma parcial, propiedades del Estado, o sea que llevaría, a término, a una declaración de defol’ La pretensión de Maduro de hacer pasar un proyecto de ley de privatización de las operaciones de PDVSA en beneficio, inicialmente, de la rusa Rosfnet, fracasó. Precisamente por la necesidad que tenía de aprobación parlamentaria.

Con una deuda pública, que algunos estiman en 150 mil millones de dólares, y reservas por 10 mil millones de dólares (excluidas las tenencias de oro), la falta de rúbrica de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, conduce a la bancarrota oficial del Estado. El impasse no podría ser mayor: el chavismo no puede ignorar a la Asamblea. Venezuela, por otro lado, tiene una deuda de 40 mil millones de dólares con China, contra entrega de petróleo, cuyo contrato prevé el defol en caso de omisión de pago de un vencimiento (“cross-defol”). La deuda de Venezuela cotiza al 30% de su valor original y los seguros contra defol alcanzan al 80% de la deuda. El chavismo no podría convertirse entonces, como denuncia la derecha, en una Zimbawbe o Norcorea, sin sufrir un desplome económico y enseguida político. Tampoco podría convertirse en una Cuba por decreto, porque Cuba tiene un orden legal propio oriundo de una revolución. El concepto de "revolución bolivariana" o del "siglo XXI" no tiene, como se ve, entidad histórica.

Macrismo caribeño

La parálisis de conjunto que domina la política venezolana tiene que ver con el temor que inspira un desmantelamiento del control de masas que tiene aún el aparato estatal y para estatal del chavismo y de las fuerzas armadas. Un "macrismo" a la caribeña sería explosivo, al menos sin una ayuda internacional excepcional. El chavismo desarrolló un plan social de envergadura mediante un aparato independiente del Estado oficial, lo que explica el derrumbe del sistema de salud y educación preexistente, en beneficio de las ‘misiones’. El caso de la vivienda (¡alrededor de un millón de unidades!) representa un caso de crisis extraordinario, porque no pasó por un proceso de venta y de escrituración. Un pasaje del gobierno a la derecha pondría en entredicho la titularidad de hecho de la propiedad de estas viviendas, e incluso el desarrollo de un mercado negro. En medio de un derrumbe social excepcional, numerosos sectores populares se encuentran atados a un sistema que el Estado capitalista no puede sustentar. La propuesta de escrituración que ha hecho al menos un sector de la Mesa opositora, supondría una hipoteca que los beneficiarios no podrían soportar. El desarme de la experiencia chavista, por parte de la derecha, implica una contrarrevolución social de envergadura. No existe otra salida para las masas que un gobierno de trabajadores.

Imperialismo

Con el gobierno de Donald Trump ha entrado en revisión la política de acercamiento a Cuba y de pacificación en Colombia que había impulsado Barack Obama. El impasse venezolano está atado, por lo tanto, a un paquete internacional; en los últimos días, un conjunto de militares retirados de Estados Unidos han exhortado a Trump a no cambiar este rumbo. A esto se añade el tema de fondo del destino del petróleo venezolano, codiciado por las multinacionales de Estados Unidos y Europa, de un lado, y China y Rusia, del otro. Un cambio de régimen llevará a un cambio de manos de la propiedad de las enormes reservas de hidrocarburos de Venezuela. Todo esto explica el alcance internacional de la crisis venezolana y la repercusión que tendrá en las relaciones políticas en América Latina. El imperialismo, a corto plazo, busca explotar la crisis para hacer una ‘gran Santa Cruz’, o sea aprovechar la agonía del chavismo para reforzar a la corriente, llamémosla macrista, en el conjunto de América Latina.

Esta caracterización de conjunto debe determinar la orientación de la izquierda revolucionaria. De un lado, denunciar el carácter contrarrevolucionario de la movilización opositora, aunque esgrima reivindicaciones de carácter democrático, como el cese del gobierno por decreto y la realización de elecciones, o el fin a la represión policial y para policial. Es necesario destacar el carácter de clase del movimiento, que está dirigido por el gran capital internacional y nacional, incluso si es seguido o acompañado por sectores populares y trabajadores. Del otro lado, rechazar cualquier apoyo político a un gobierno que ha hundido a las masas populares en la desesperación por la necesidad de mantener un orden capitalista pseudo estatizado, que está completamente agotado y corrompido.

Sobre la base de estos dos planteos hay que llamar a la vanguardia de los trabajadores a construir una alternativa obrera propia, de carácter socialista. La crisis que se desarrolla en la actualidad es un episodio de un proceso de alcance más amplio, que pondrá en movimiento al conjunto de los explotados.

Furgón de cola

En el campo de la izquierda y ex izquierda del chavismo tiene lugar un proceso singular, que consiste en propiciar un entendimiento entre el chavismo y la oposición de derecha, o el seguidismo e incluso el apoyo a la movilización dirigida por la derecha. Nicky Evans, líder de Marea Socialista (emparentada con el Mst de Argentina), se ganó la semana pasada el apoyo de CNN para la propuesta de una Comisión que involucre a las partes en disputa atrás de un cronograma electoral. El PSL (que se identifica con Izquierda Socialista, integrante del FIT), luego de señalar que “la mayoría (!) de los sectores populares y trabajadores no salen aun con fuerza a protestar”, llama a “que el pueblo trabajador se una a la protesta que crece en el país desbordando (¿?) a la MUD (…) en la perspectiva estratégica de un gobierno de los trabajadores y el Pueblo” (A la Calle, 13/4).

Dirección

Esta es la línea de la izquierda democratizante y “anticapitalista” en la crisis que atraviesa Venezuela. La salida contrarrevolucionaria al derrumbe del nacionalismo militar y pequeño burgués, es presentada como “democrática”.

Es una muestra cabal de la orfandad de orientación política, para decirlo con moderación, en que se encuentran los sectores obreros activos que actúan especialmente en los sindicatos.

Sin embargo, la lucha política decisiva que deberán confrontar los trabajadores recién empieza.

Extraído de https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/736274683220062

Su jefe, el comisario José Pedro Potocar, quedó detenido por la causa judicial que investiga el manejo de las “cajas negras” policiales.

El jefe de la flamante Policía de la Ciudad, José Potocar, quedó detenido por su participación en una asociación ilícita constituida por policías federales. Esa organización se dedicaba (se dedica) a recaudar fondos ilegales entre comerciantes a cambio de “seguridad” y de proteger actividades delictivas a cambio de coimas, entre otros rubros.

Pocos días antes, Potocar había sido suspendido por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando el pedido de captura era inminente.

En este caso, la olla se destapó por una causa llevada por el fiscal José María Campagnoli, que investiga ese tipo de hechos en la Comisaría 35ª, cuando esa seccional estaba al mando del comisario Norberto Villarreal, ahora prófugo y con orden de detención dictada por la fiscalía. Esas cajas negras, producto de la protección y el encubrimiento policial al delito, funcionan en todas las comisarías de la Ciudad, traspasadas ahora a la Policía de la Ciudad. Como en la 35ª, casi todas las seccionales cobran las coimas y extorsiones por medio de las “asociaciones de amigos” de la comisaría, que hasta entregan facturas a cambio de las “contribuciones”. Y el cartelito que los comerciantes pegan en la vidriera para avisarles a los ladrones que ellos han pagado.

Villarreal llevaba un registro -ahora un elemento de prueba contundente en manos del fiscal- de cómo se distribuía “hacia arriba” el dinero de las coimas, sobre todo el de la “protección” y el que se repartían con la barra brava de River por los “trapitos” y otros rubros en las inmediaciones del Monumental los días de partidos.

Por esa causa están presos dos comisarios -aparte del prófugo Villarreal. Una de las detenidas es la entonces superiora inmediata del jefe de la 35ª, titular de la Circunscripción VII con jurisdicción sobre esa seccional, la comisaria Susana Aveni. A esa altura del expediente aparece el nombre de Potocar, que en esos días era director general de Comisarías. Desde allí, el dinero de las coimas se repartía hacia el poder político.

Hasta su nombramiento al frente de la Policía de la Ciudad, Potocar había sido director de las 54 comisarías porteñas. El gobierno destacó en su legajo, precisamente, su conocimiento del funcionamiento de las comisarías, su graduación en el FBI y su experiencia en materia de “lucha contra el narcotráfico” y control de la protesta social. En definitiva, ese esquema de corrupción funcionaba desde siempre en la Federal y se trasladó a la Policía de la Ciudad, protectora del delito y represora de maestros (por citar el caso más reciente). La ley que creó la nueva policía establecía una dirección “civil” para la fuerza, pero el ministro de Seguridad, Martín Ocampo, encontró una argucia técnica para designar a Potocar. Queda claro que Rodríguez Larreta desistió de nombrar a un civil al frente de la fuerza porque pactó con los comisarios su designación.

La condición mafiosa de la Policía Federal está en el ADN de la “nueva” Policía de la Ciudad, creada con el voto favorable de los bloques macrista, kirchnerista y de Martín Lousteau. El Frente de Izquierda se opuso a que la Ciudad recibiera ese paquete tóxico que significó entregarle la seguridad porteña a una fuerza podrida hasta la médula, con casi 500 casos de gatillo fácil desde 1983 hasta la fecha. Y no olvidamos la zona liberada en Barracas por la Federal, para que la patota de José Pedraza asesinara a Mariano Ferreyra. En definitiva, lo que había sido presentado como una “renovación policial” concluyó en un pacto entre Rodríguez Larreta y las viejas mafias policiales, que continuaron aferradas a las cajas negras y al reparto discrecional de los “adicionales”. En definitiva, la creación de la Policía de la Ciudad tenía, desde un principio, la misión de operar como un reforzamiento represivo en el centro político del país, como quedó demostrado con la represión al MST en el corte de Corrientes y Callao durante el paro nacional del 6 de abril y en el violento desalojo de la “escuela itinerante” que la Ctera instaló en Congreso.

La convivencia del macrismo con los jefes de la Federal es de larga data: basta recordar que el primer jefe de la Metropolitana fue Jorge “Fino” Palacios, destituido por el armado de un aparato de espionaje ilegal con sede en el gobierno porteño. Actualmente, Palacios está sometido a juicio por su participación en el encubrimiento del atentado a la Amia.

El caso Potocar es todo un símbolo.

La enorme lucha de los trabajadores de AGR-Clarín desde hace más de 100 días hizo irrupción el sábado 29 de abril dentro de la Feria del Libro ante miles de personas que asistían al evento. La actividad fue preparada con jornadas de difusión en la puerta del predio de La Rural, volanteos, venta de la revista Viva las luchas obreras y con un corte de calle y un acto sobre la Calzada Circular de Plaza Italia. Todos los días con la bandera de los trabajadores de AGR reclamando por su reincorporación desplegada a la vista de transeúntes y automovilistas.

El grupo Clarín es el principal sponsor de la Feria del Libro y tiene un stand en el pabellón Martínez de Hoz. En ese mismo stand los trabajadores realizaron una sentada en denuncia de los 380 despidos que el grupo llevó a cabo en la planta gráfica de Pompeya. A través de un cierre trucho, Clarín está llevando a cabo una ofensiva contra la organización gremial y el convenio colectivo de trabajo. Los trabajadores explicaron a los allí presentes la política antisindical del grupo Clarín y la complicidad del Ministerio de Trabajo y del gobierno nacional: el primero se negó a recibir a los trabajadores hasta el día de hoy y durante los 82 días de toma de la planta, y el segundo llevó a cabo un descomunal operativo represivo para desalojar a los trabajadores que estaban ocupando la planta en defensa de sus puestos de trabajo.

La simpatía popular de los visitantes a la Feria con el reclamo de los trabajadores se expresó en una significativa presencia en el stand donde se llevaba a cabo la protesta y donde la gente se sumaba a corear canciones como “se va a acabar, se va a morir, la dictadura de Clarín”; y en una masiva venta de Viva las luchas obreras. Minutos antes, los trabajadores hicieron uso de la palabra ante centenares de personas en una charla de Víctor Hugo Morales dentro de la Feria, quien les cedió unos minutos el micrófono para que inviten a los allí presentes a sumarse a la protesta. Los visitantes que sumaron su presencia solidariamente a la actividad fueron testigos de que en la gran mayoría de las publicaciones del grupo Clarín que allí se encontraban figura en su interior la leyenda “impreso en Artes Gráficas Rioplatense”, cuando ninguno de esos trabajos pasó por la planta que hoy permanece cerrada y vallada, sino que fueron tercerizados a distintos talleres, en su mayoría clandestinos y con empleados en negro y sin los derechos sindicales y laborales correspondientes.

Finalmente, la protesta se trasladó al stand de Cúspide, también perteneciente al grupo, donde hicieron oír nuevamente sus reclamos ante el público allí presente y se solidarizaron con los trabajadores precarizados de la librería. Los trabajadores hicieron un llamado a darle la espalda a todos los stands del grupo Clarín y Librerías Cúspide donde se venden ediciones que deberían estar realizando los 380 trabajadores despedidos de AGR, y llamaron a comprar la revista hecha por los trabajadores para sostener el fondo de lucha. Las protestas en la Feria del Libro continuarán hasta que el grupo Clarín decida abrir una mesa de diálogo con los trabajadores.

En los próximos días, estudiantes y docentes profundizaremos las medidas de lucha en defensa del salario y la universidad pública. El plenario de secretarios generales de la Conadu Histórica -la federación docente nacional- y el congreso extraordinario de la Fuba –la Federación Universitaria de Buenos Aires- votaron desarrollar una semana de paro y protestas entre el 8 y el 13 de mayo, que incluirá asambleas, clases públicas, cortes y ocupaciones de facultades. Para el martes 16 se está preparando una gran marcha universitaria nacional a Plaza de Mayo, que ya concitó la adhesión de numerosos gremios docentes y federaciones estudiantiles de todo el país.

¿Por qué pelean los docentes? En las cinco reuniones paritarias realizadas hasta el momento, el gobierno de Macri ofreció aumentos que van desde un 0% (¡!) hasta un 18% en cuotas. Números que están muy por detrás de la pérdida del poder adquisitivo ocurrida durante 2016 y de la inflación prevista para este año, que el propio FMI fijó en 25%. Y ni hablan de los más de 30.000 docentes ad honorem en todo el país. El macrismo hizo del ataque a los docentes un eje de su gobierno, y una prueba de fuerzas para arremeter contra las conquistas de todos los trabajadores.

La verdadera grieta

El conflicto educativo que hace meses recorre a nuestro país reveló como nunca antes la verdadera grieta que existe en la Argentina. Para sostener su techo salarial, Macri logró el apoyo del conjunto de los gobernadores. Los gobiernos apelaron a la represión contra maestros y estudiantes, sin distinción entre “neoliberales” y “nacionales y populares”. En cuestión de horas pasamos de la represión de Rodriguez Larreta a la carpa en Buenos Aires y de Gerardo Morales a los estudiantes en Jujuy, a la represión de Alicia Kirchner contra los docentes en Santa Cruz. Emergió así la verdadera grieta que divide al país entre ajustadores y ajustados.

Esta dicotomía tiene lugar al interior de la universidad: la gran diferencia entre el conflicto de 2016 y el actual es que los rectores cerraron filas con el gobierno. Luego de los choques por el nombramiento del productor de Alejandro Fantino -el “outsider” Juan Cruz Avila- el gobierno procedió a pactar con las viejas camarillas profesorales un plan de privatización a gran escala. El llamado “Plan Maestro” de Macri y Bullrich plantea adecuar al 2021 todas las carreras a un “sistema de créditos” a la chilena. En criollo: recortar contenidos en favor de los posgrados pagos, la principal vía de alimentación del corrompido régimen que presiden los rectores radicales y peronistas -verdaderos CEO de la universidad pública.

Este acuerdo incluye a las universidades kirchneristas del conurbano, que fueron pioneras en el diseño de carreras chatarra adaptadas a los estándares internacionales (Coneau).

Qué lucha

La realización de una marcha nacional vuelve a plantear la disyuntiva de 2016, cuando un sector del aparato universitario y los gremios docentes burocráticos dirigidos por el kirchnerismo resolvieron quedarse en Pizzurno, evitando un choque frontal con el gobierno. En ese entonces, la Conadu Histórica y la Fuba fueron hasta la Plaza de Mayo acompañadas por miles y miles de docentes y estudiantes. Como ocurre ahora mismo con en el disputado Suteba de Roberto Baradel, la izquierda se abre paso como canal de lucha consecuente ante la transa y las agachadas de los burócratas de turno. Para este 16, la Fuba y AGD-UBA ya han resuelto marchar a Plaza de Mayo.

Llamamos al movimiento estudiantil y docente de todo el país a seguir este rumbo de lucha marcado por la Fuba y la Conadu Histórica, única federación que va a cumplir más de 20 días de paro contra el ajuste de Macri y Bullrich. La semana de paro y la marcha nacional son la oportunidad para superar el bloqueo de la vaciada federación estudiantil nacional, la FUA, que Franja Morada asoció al macrismo. Y también de los centros y gremios kirchneristas que desdeñan la lucha docente en función de los intereses del “volveremos”.

En todo el país, pongamos la fuerza de la universidad pública en la calle para defender el salario docente y la universidad estatal pública y gratuita, por el boleto educativo gratuito y por todas nuestras reivindicaciones. Desarrollemos a fondo la organización independiente de estudiantes y docentes, que hoy como ayer es la llave para quebrar el ajuste del gobierno y los rectores.

Foto: Sebastián Baracco

El acto del 1º en la Plaza de Mayo exhibió, aún más acentuadamente que antes, las perspectivas contradictorias que recorren al Frente de Izquierda como referencia política independiente para los trabajadores. El telón de fondo de esta deliberación es el de las tareas y la estrategia que plantean el ajuste de Macri y los gobernadores, que ha conducido, principalmente desde comienzos de este año, a una vibrante reacción de la clase obrera.

Los oradores del Partido Obrero representaron -y se expresaron- en directa sintonía con esa agenda de lucha. Romina del Plá trazó un balance de la huelga docente y su conclusión política de hierro -la necesidad de recuperar los sindicatos docentes de la fracasada burocracia kirchnerista que ha demostrado su impotencia para enfrentar victoriosamente a Macri-Vidal. Miguel del Plá relató, con enorme rigor, la historia y el presente de una lucha que desenmascara la demagogia de los nacionales y populares, los cuales atacan al “ajuste macrista” mientras, en el sur, le endosan a los trabajadores el saqueo que consumaron durante 25 años en favor de los Lázaro Báez, los Ezquenazi y el propio clan presidencial.

Y finalmente, Néstor Pitrola, el principal vocero de la izquierda en la escalada de huelgas y movilizaciones que sacude al país, en el Congreso, en la calle y en los medios. Néstor presentó los dos polos del escenario político: de un lado, este panorama de luchas obreras; del otro, toda la burguesía y sus partidos apuntalando, más allá de sus diferencias, el ajuste oficial. A partir de allí, ubicó el lugar que le cabe al Frente de Izquierda: hacer de la campaña electoral que se viene un instrumento de agitación y organización para la clase obrera que lucha, desarrollando un programa ante millones de trabajadores. Esto es lo que llamamos, en las campañas de 2011 y 2013, “el rescate de la política electoral -tantas veces bastardeada por el oportunismo- para una estrategia revolucionaria”. Ese camino implica, al mismo tiempo, involucrar a los luchadores obreros en la política electoral. Por eso, volvimos a proponer la convocatoria a un congreso del movimiento obrero y la izquierda, que no es más que la fusión de una campaña electoral de izquierda con la lucha de clases. Es al servicio de esta orientación que propusimos -como en Atlanta- la presentación de listas comunes, lo que permitiría concentrar todos los esfuerzos de nuestros partidos en una batalla integral contra los ajustadores, sus partidos y sus agentes en los sindicatos.

Reivindicaciones obreras y poder

La intervención de los oradores del PTS también reconoció, hasta cierto punto, un hilo conductor común, pero en una perspectiva claramente diferente a la que acabamos de presentar. Del Caño denunció los planes flexibilizadores del gobierno de Macri. No los relacionó, sin embargo, con las enormes luchas obreras que tuvieron lugar contra ellos -por caso, la de los petroleros neuquinos o la ocupación de AGR. En cambio, se sirvió de esa denuncia para fundamentar su campaña por la jornada laboral de seis horas “por un salario que cubra la canasta familiar”. Lorena Gentile, oradora de la ex Kraft, siguió el mismo rumbo, cuando denunció la condición laboral de la mujer obrera y abogó por “una sociedad de libertad para todos y todas las trabajadoras del mundo”, sin detenerse en todos los instrumentos políticos que hacen posible la explotación del capital sobre el obrero -la acción del Estado capitalista, sus partidos y la burocracia sindical, entre otros. Desprovisto del llamado a una lucha de clases integral, la reivindicación de las seis horas asume un carácter electoral-parlamentario -o sea, es un planteo de reforma social del Estado. Pitrola señaló, acertadamente, que el capitalismo en declinación no tolera conquistas duraderas de los trabajadores. Las reivindicaciones obreras, por lo tanto, deben enlazarse con un planteo de lucha contra el Estado y por un gobierno propio de trabajadores -éste es el sentido del programa de transición de la IV Internacional.

Este mismo debate se proyectó hacia la cuestión internacional. Del Caño calificó como reformista a la izquierda europea que emergió después de la bancarrota de 2008 y las grandes crisis políticas que le sucedieron. Pero nada hay de 'reformista' en Syriza, que gerencia en Grecia el ajuste brutal que imponen la Unión Europea y el FMI. Detrás de esta concesión a los ´anticapitalistas´, existe una unidad estratégica con ellos: la negación de la catástrofe capitalista y de sus consecuencias políticas. Una expresión muy clara de este común denominador entre el PTS y los 'radicales de izquierda' es la crítica -común- a la “casta política”, que disimula a la crisis capitalista detrás de una crisis de representación. En oposición a ello, Pitrola señaló que “los Massa, Stolbizer o Macri no son una casta, representan a una clase social”.

Dos caminos para el FIT

Esta adaptación política explica, finalmente, la oposición de perspectivas en relación al Frente de Izquierda y la actual situación política. Del Caño limitó su amplitud de miras a las conquistas parlamentarias. En cambio, Miguel del Plá, en el cierre de su discurso, dejó un mensaje muy diferente: “Santa Cruz no es el pasado, es el futuro”, dijo. La masacre social que Macri exige a Alicia Kirchner es la misma que el capital financiero le reclama a Macri, y que conducirá, más temprano que tarde, a que el escenario de Santa Cruz se reproduzca a escala nacional -esto es, el de un choque de fondo entre el gobierno y la clase obrera. ,“El FIT no puede limitarse a la chapa electoral, debe prepararse para ese choque”, concluyó Miguel. De este horizonte surge una política: listas comunes, congreso del movimiento obrero y la izquierda. Del escenario trazado por Del Caño, emerge el electoralismo estrecho, y la concentración de las energías políticas en una disputa al interior del FIT. Izquierda Socialista, a su turno, llamó a evitar las Paso y a construir listas comunes en base a los resultados de 2015. Pero sólo atribuyó las posibles Paso a una disputa de nombres y cargos que se debería soslayar. Es claro, sin embargo, que el rechazo del PTS a las listas unitarias reconoce raíces políticas profundas, que deben ponerse a la luz.

“Si somos obligados a ir a las Paso, lo haremos en clave de lucha política”, dijo Pitrola. Nuestro reclamo por listas comunes y por un congreso obrero y de la izquierda continuará dirigiéndose a activistas y luchadores de la izquierda y del movimiento popular. Pero, a la vez, será parte de la plataforma de acción con la cual el Partido Obrero inicia su campaña electoral a la escala de todo el país. En oposición a la coalición del ajuste, convocamos a desarrollar a los trabajadores y a la izquierda como alternativa política.

Foto: Paula Acero

La victoria de Emmanuel Macron, un CEO de la banca recién emigrado del gobierno socialista de Francois Hollande, esconde más de lo que revela. El 66% de los sufragios que obtuvo frente a la chovinista Marine Le Pen en el balotaje del domingo pasado, es todo lo contrario de un plebiscito. Con una adhesión propia, en la primera vuelta, del 24% (en realidad, un 20% del padrón electoral), el porcentaje se reduce al 40%; en la segunda, una vez que se descuentan del padrón las abstenciones y votos blancos o anulados -un 38%. La mayor parte de sus votos del domingo tampoco son propios, pues quienes lo hicieron, buscaron evitar un triunfo del Frente Nacional. El nivel de la abstención ha sido el más alto desde 1969, y el voto en blanco o nulo, sencillamente histórico -representan a 16 millones de electores -o sea por encima de lo recogido por Le Pen. Aunque el boicot electoral en sus diversas formas incluyó a un electorado decepcionado por el desplazamiento de la derecha tradicional en el primer turno, fue promovido por una agitación generalizada de colectivos populares bajo las consignas de “Ni banqueros ni racistas”, una, y “Ni patria ni patrón”, la otra. O sea que fueron una expresión de confrontación política con los dos candidatos del capital.

Medio siglo de crisis de régimen

Es claro que el descarte, en la segunda vuelta, de los dos principales partidos de Francia, el socialista y la derecha ‘republicana’, franquea una nueva etapa de crisis del régimen político. El PS obtuvo apenas el 6,5% en la primera ronda. El ganador, Macron, es hasta cierto punto un llanero solitario, que por eso deberá improvisar la organización de su gobierno. De otro lado, la obtención de un 34% de los votos (menos del 20% del padrón), por parte del Frente Nacional, representa un progreso de una tendencia fascistizante. Su campaña anti-musulmana y anti- semita, contra la población de descendencia inmigrante del norte de África y Medio Oriente, es el punto de partida de una política de destrucción de las libertades públicas y el movimiento obrero. La decepción con relación a la expectativa electoral, sin embargo, ha desatado una fuerte crisis en el FN, entre quienes buscan un mayor acercamiento al ‘establishment’, por un lado, y quienes, por el contrario, reclaman un viraje hacia el militantismo fascista.

La crisis del régimen político francés, la V República inaugurada en el período 1958/62, es de larga data -arranca del Mayo del ‘68, que impuso la salida de su fundador, Charles de Gaulle. Se asiste, entonces, a medio siglo de combinaciones políticas de todo tipo, sea bajo la dirección de la derecha como de la izquierda. El acceso de Macron, un agente de la banca, a la presidencia forma parte de este transformismo incesante -o sea que opera bajo la dirección de la burguesía y sus fuerzas políticas. La curva de la crisis política, en Francia, sigue de cerca el desarrollo de la crisis capitalista mundial, cuya primera fase arranca precisamente de finales de los ‘60 del siglo pasado. Francia es calificada hoy por muchos analistas como “la enferma de Europa” -o sea su eslabón débil. En este contexto, el recambio en marcha enfrenta desafíos revolucionarios.

Bonapartismo y coalición a la carta

El proceso electoral francés debe culminar en junio con las elecciones parlamentarias. La composición de la Asamblea Nacional determinará en forma más precisa el método político del nuevo gobierno. Macron aspira, naturalmente, a obtener una mayoría legislativa; en el caso contrario, gobernará mediante una “coalición a la carta” como lo hace Macri con el Congreso. La consigna para esto será la “defensa de la gobernabilidad”. Desde el Partido Socialista, por un lado, y desde la derecha republicana, por el otro, ya se inscriben desertores para ofrecerse como funcionarios del nuevo gobierno -algo parecido también a la alianza selectiva de Macri con la UCR y la Coalición Cívica.

Enemigo supuesto del ‘populismo’, Macron pretende formar su lista de candidatos al Parlamento copiando al cómico italiano Bepé Grillo, el jefe de “Cinque Stelle” -o sea, mediante una selección de postulantes por medio de internet y, por mitades, cooptando a políticos tradicionales. Este ‘método’ es reivindicado, por la fuerza de las circunstancias, como más democrático que el régimen existente, cuando constituye, en realidad, una expresión de la disolución del régimen democrático: la ausencia de partidos y de programas refuerza la primacía de la manipulación política de la representación popular por el aparato y la burocracia del Estado, y refuerza la manipulación del Estado por las grandes corporaciones capitalistas. La mejor prueba de esto es el anuncio de Macron de que gobernará, en los primeros meses, por medio de “ordonnances” -o sea por decreto, al igual que Trump, quien lo hace por medio de “executive orders”.

Ajuste y lucha de clases

Macron no ha ocultado nunca que ‘viene por todo’. Por un lado, con una “reforma laboral”, por decreto, con el propósito de extender la jornada de trabajo y “reducir costos”; otorgar primacía a los convenios por empresa sobre los de rama; 120 mil despidos en la administración pública; un severo recorte de las jubilaciones y del seguro al desocupado. Es precisamente por el incumplimiento de este programa que Macron, ministro de Economía, se retiró del gobierno de Hollande y del Partido Socialista. No ha dudado en decir que pretende ejecutar el programa de precarización, flexibilización y ajuste laboral aplicado en Alemania, por los gobiernos socialistas y democristianos, en el último cuarto de siglo, y que se ha transformado en la piedra fundamental de toda la Unión Europea.

Esta declaración de guerra contra los trabajadores anuncia, sin duda, el ingreso a una etapa de aguda lucha de clases, de lo cual Macron es perfectamente consciente. Como ocurre con el macrismo, buscará comprometer a la burocracia sindical. Una parte de ella, la CFDT, ya ha dicho presente; aunque la CGT ha repudiado el ajuste que se prepara (lo mismo Fuerza Obrera), se opuso al voto en blanco y alentó el voto a Macron con la consigna de derrotar a Le Pen. La burocracia sindical va a subordinar la derrota del plan de ajuste a la defensa de la ‘gobernabilidad’. En consecuencia, en la etapa que se inicia, los trabajadores van a tener que enfrentar la cuestión de la dirección de las luchas -como, a su modo, lo demuestra la experiencia de Argentina, donde la burocracia sindical ha actuado como válvula de seguridad del macrismo. La disgregación de las fuerzas políticas y de la burocracia sindical desarrolla, al mismo tiempo, un sistema de coalición de hecho del conjunto de ellas para hacer frente a la lucha de los trabajadores y a un derrumbe político. Ninguna de las fuerzas políticas, incluida la llamada extrema izquierda, desenvuelve una alternativa a la crisis del régimen político. La resultante del paralelogramo de fuerzas en presencia es el reforzamiento de una tendencia al bonapartismo.

Contradicciones insalvables

La política del ajuste es insuficiente para sacar a Francia del marasmo, y tampoco podría prosperar sin un planteo más general frente a la crisis capitalista mundial y de la Unión Europea. Es así que Macron reclama a Alemania la adopción de un sistema de deuda pública, presupuesto y rescate bancario común de la Unión Europea. Es la condición mínima para una reactivación de la economía mediante la ampliación del gasto público, luego de los límites notorios de la política de emisión del Banco Central Europeo. Alemania, sin embargo, se opone, porque erosionaría sus ventajas comerciales frente a los Estados europeos y en el mercado mundial. Candidato del rescate de la UE, el gobierno de Macron probablemente presida su desintegración. Lo mismo ocurre con las negociaciones con Gran Bretaña por el Brexit, en la cual Macron defiende quitarle el acceso que Gran Bretaña gozaba con anterioridad al mercado financiero y comercial de la UE. El hombre de la globalización y de la universalidad acabará haciéndose cargo de un repliegue nacionalista y la liquidación de su gobierno. Una década después del derrumbe de Lehman Brothers y el estallido de la bancarrota financiera, la crisis capitalista mundial se ha tetanizado a todos los órganos nacionales e internacionales de la dominación burguesa.

Pero a medida que la crisis mundial evoluciona en forma contradictoria o irregular hacia crisis revolucionarias, la llamada extrema izquierda se adapta cada vez más a las estructuras del Estado burgués en descomposición. Cuando más se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar partidos revolucionarios, esa izquierda se apremia en la construcción de ‘partidos anticapitalistas amplios’, donde la amalgama de tendencias sustituyen a la organización basada en los programas y la acción inmediata a la estrategia política de poder de la clase obrera. El ‘anticapitalismo’ es la contraseña para amontonar bajo un mismo techo a tendencias agraviadas por la crisis capitalista, pero diferenciadas e incluso antagónicas en los objetivos políticos estratégicos. La unidad en la acción que debería ser elaborada mediante una política de frente único es travestida en estrategia, para sustituir la estrategia de poder que plantea el gobierno de los trabajadores.

Ya es costumbre de Seaboard Corporation, dueña del ingenio salteño El Tabacal, descargar una andanada de provocaciones contra sus obreros ante el inminente inicio de la zafra y las paritarias en mayo.

Sin embargo, este año la patronal norteamericana ha redoblado la apuesta. Comenzó en diciembre pasado descontando unilateralmente el “anticipo” con el que cubrió los días caídos de la huelga de 76 días del año pasado, cuando aún estaba en negociación si se los descontaba. Siguió con un pedido de exclusión de la tutela sindical y nuevas denuncias penales sobre los cuatro principales dirigentes de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), por haber “usurpado propiedad privada y dañado maquinarias” al ingresar a la fábrica ante el paro desatado espontáneamente ante esos descuentos.

También dejó de descontar por planilla las deudas de los trabajadores con el sindicato y su obra social (Ospa), generando un rojo de 5 millones de pesos al STA. Y, por último, acaba de anunciar que aplicará unilateralmente el famoso turno relevante que fue rechazado por la histórica huelga del año pasado al redundar en un descuento del 40% del salario de los trabajadores. Como si esto no fuera suficiente, los voceros de El Tabacal anunciaron además que lo harán sin ningún tipo de compensación, avasallando los derechos adquiridos de los trabajadores. Seaboard aduce que ya ha cumplido con el acuerdo del año pasado de judicializar el turno relevante y que al declararse incompetente el juez que debía definir sobre el punto, la patronal ha quedado liberada para su aplicación unilateral.

Toda esta avanzada que busca quebrar la organización obrera, tiene como primer propósito otorgar un aumento a la baja, ante el pedido de aumento salarial de un 42%, para llevar de 16.300 a 23.300 pesos el salario mínimo obrero, votado por la Federación Azucarera Regional (FAR) conformada por los ingenios de Salta y Jujuy.

El ajuste de Macri, Urtubey y Tabacal

Semejante salto en la andanada de provocaciones, sólo se explica en la confianza de esta patronal en el apoyo directo tanto del gobierno de Macri como el del gobernador Juan Manuel Urtubey. Esto quedó claro con la fuerte militarización del ingenio y la ruta nacional 50, en diciembre pasado, para quebrar el paro obrero contra los descuentos de la patronal a días de la finalización de la zafra y de las fiestas de Navidad y fin de año. Los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia no han movido un dedo ante las abundantes e ilegales prácticas desleales contra la organización gremial de los obreros de El Tabacal.

La heroica huelga de julio y agosto del año pasado derrotó el intento de Seaboard de imponer un ajuste a través del turno relevante. La imposición de dicho turno es parte de la política de contrarreforma laboral, negrera y flexibilizadora, que impulsan el conjunto de las patronales del país; por lo que la derrota decisiva de uno de los contingentes proletarios más aguerridos de los últimos diez años, sigue siendo clave en la agenda capitalista y su ajuste.

Presión obrera y crisis política

Sin embargo, no todos los sectores de la burguesía acuerdan con esta fenomenal avanzada de Tabacal. Ante el temor de una nueva respuesta obrera y de un conflicto prolongado, sectores comerciales del departamento de Orán advierten sobre las enormes pérdidas que tuvieron el año pasado. Si Seaboard perdió alrededor de 84 millones de pesos por su propio lock-out, se estiman pérdidas similares para el conjunto de la actividad económica local. A diferencia de años anteriores, se ha instalado desde ya, tanto en los medios locales como provinciales, la preocupación por un nuevo conflicto.

En este marco y bajo una crisis declarada por el reparto de candidaturas entre la tropa oficialista que dirige Diputados y el gobierno de Urtubey, el oficialismo aceptó tratar el proyecto de declaración del PO de repudio a la avanzada patronal, contraponiéndole una declaración propia que plantea un diálogo entre las partes sin denunciar la avanzada antisindical e ilegal de Seaboard y su intentona de volver a la carga con la implementación del turno relevante. Ante esta impostura, los diputados del PO sostuvimos y votamos a favor de nuestro proyecto. El Senado provincial actuó del mismo modo, mientras que el Concejo Deliberante de la capital, terminó votando nuestro proyecto sin modificaciones.

Días previos, mientras los diputados del PO propusimos recibir a los dirigentes obreros del STA para tomar sus denuncias, el oficialismo recibía además a los representantes de Tabacal, con el amigo personal de Urtubey, Horacio Aguilar, a la cabeza, quienes fueron a la cámara legislativa a “sugerir” que ésta no debía entrometerse en asuntos propios de la Justicia y del Ministerio de Trabajo.

Por la victoria de los obreros de Tabacal

En este momento, hay 900 trabajadores de los 1.600 obreros de Tabacal en actividad, el resto se incorporará al iniciar la zafra dentro de 10 ó 15 días. Sus dirigentes sindicales y la gran mayoría de los obreros, son conscientes del conflicto que se avecina. Es necesario preparar desde ya una respuesta colectiva.

El congreso de bases de la FAR se encuentra ante la necesidad de preparar una huelga general activa de toda la clase obrera azucarera y llamar a los pueblos azucareros a solidarizarse nuevamente con ellos, para derrotar una vez más a sus patronales negreras.

Cuando faltan pocas semanas para las primarias del 2 de julio (primer capítulo del calendario electoral chileno), Nueva Mayoría, la coalición de gobierno, se encuentra quebrada. La Democracia Cristiana, máximo pilar de la Concertación junto con el PS, anunció su ruptura y la presentación de una lista separada para la primera vuelta. A su vez, el ex presidente Ricardo Lagos bajó su candidatura, persuadido por los malos augurios que le daban los sondeos. Ante este derrumbe, la imagen del candidato oficial Alejandro Guillier cae en picada mientas se verifica un ascenso meteórico del Frente Amplio, un armado encabezado por ex concertacionistas con un discurso antipolítica, anticorrupción y “renovador” del elenco político gobernante.

La política antiobrera de la Nueva Mayoría

La convocatoria masiva por el fin de las AFP del 26 de marzo volvió a dejar en claro que el descontento popular domina la situación política. La marcha logró reunir más de 500 mil personas en Santiago de Chile y 2 millones en todo el país, pero el gobierno sigue sin dar respuestas e incluso amaga con una reforma regresiva que incluye el aumento de la edad jubilatoria.

Esto se combina con un ascenso de las luchas obreras. La huelga de la mina La Escondida, ocupada por sus trabajadores por casi dos meses, fue el botón de muestra de un movimiento sindical que confronta con el gobierno y empieza a abrirse camino contra la dirección burocrática del PC en la CUT. Ante el aumento en los últimos años de las huelgas ilegales, por fuera de la negociación reglada, fue pergeñada la Reforma Laboral, que habilita a los patrones a exigirle a los sindicatos que aseguren que las huelgas se hagan en condiciones en las que no afecten la producción.

En el caso del movimiento estudiantil, que no registra los niveles de movilización en la lucha por la gratuidad de años anteriores, el PC fue desplazado de la conducción de la FECh, reflejando el descontento con la política educativa de un gobierno que, para salvar el sistema de educación privada, salió a otorgar una cantidad limitada de becas que se asignan a sus universidades.

El paquete de reformas con el que viene amagando el gobierno está al servicio del rescate del andamiaje del régimen pinochetista, pero el impasse y la incapacidad de aplicar estas reformas ponen de manifiesto el completo agotamiento de dicha herencia. La crisis mundial profundiza y agudiza las tensiones económicas y sociales que atraviesa el régimen. El derrumbe de los precios del cobre produjo una caída de la recaudación fiscal y de la inversión privada, mientras que la desaceleración económica amenaza con transformarse en recesión. Las propias cifras oficiales, manipulación estadística mediante, reconocen la destrucción de más de 120 mil puestos de trabajo en el último año, además de un aumento en el trabajo precario y en negro.

La derecha y la “renovación” autonomista

Los últimos sondeos demuestran que, a pesar del desplome de la Nueva Mayoría, la derecha no logra tomar aire. Una encuesta reciente indica que el candidato derechista Sebastián Piñera, así como el candidato oficial Alejandro Guillier, cayeron en torno de los cuatro puntos de su intención de voto, quedando en un 24 y 19%, respectivamente.

La “sorpresa” de las elecciones es el ascenso meteórico del Frente Amplio. Según esa medición, su candidata Beatriz Sánchez habría dado un salto del 2% en marzo al 11% en abril, capitalizando la caída de los candidatos principales. La campaña del FA está específicamente diseñada para jugar a dos puntas, se autodefinen como un movimiento “ni de izquierda ni de derecha”, con una campaña enfocada en la lucha contra la corrupción. Los partidos que lo componen provienen en su mayoría de la Concertación, aunque también participa el Partido Liberal, una fuerza que viene del espacio de Piñera. Lejos de cuestionar las bases sociales y políticas del régimen plantean su reconstrucción bajo la batuta de un nuevo personal político, con una gestión más eficiente y, por supuesto, con el verso de una mejor distribución.

Los desafíos de la izquierda

La necesidad de una alternativa política de los trabajadores está inscripta en la situación política. La izquierda tiene el desafío de levantar el “programa de la calle”, el conjunto de las demandas y reivindicaciones que están planteadas por las luchas en las fábricas, en la juventud, en el movimiento de mujeres y en las movilizaciones de masas por el fin de las AFP, y darles un curso político. El planteo de una Asamblea Constituyente libre y soberana juega un papel central en este contexto: va dirigido a poner fin a la herencia pinochetista en todos los planos y a reorganizar al país sobre nuevas bases sociales, bajo la dirección de la clase obrera.

Ante el panorama planteado es urgente abrir el debate en el seno de la izquierda. La campaña del PTR, calcada de la del PTS en la Argentina, está completamente divorciada de la agenda planteada por las movilizaciones de masas y la lucha del movimiento obrero. El planteo de reducción de la jornada laboral o de redistribución de las ganancias (“nuestra vida vale más que sus ganancias”) , desligado de la lucha de clases en desarrollo, está concebido como un slogan electoral y no como una herramienta para intervenir en la crisis nacional en curso. La crisis de las estructuras históricas del capitalismo chileno abre la oportunidad para la izquierda de desarrollar un programa obrero y socialista, que empalme con las movilizaciones de masas y la organización obrera, para erigir a los trabajadores en alternativa de poder.

Planteamos la necesidad de una nueva dirección del movimiento obrero para luchar por un salario igual a la canasta básica familiar y el fin del trabajo precario, contra los despidos, el ajuste y la aplicación de la nueva ley de Reforma Laboral. Por la restitución inmediata de los aportes patronales, el 83% móvil y por la transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones bajo control y administración de los trabajadores para terminar con las AFP. Gratuidad de la educación pública y condonación de la deuda educativa de todas las familias afectadas; estatización bajo control de estudiantes, docentes y no-docentes de todas las instituciones privadas que cierren o se encuentren en situación de quiebra. Por un gobierno de trabajadores, único capaz de convocar una Asamblea Constituyente soberana.

Luego de la repercusión y el repudio nacional que causó el ingreso ilegal de la policía en la Universidad de Jujuy (Unju), que arrojó como saldo la detención de dos estudiantes (entre ellos el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias, que fue duramente golpeado), el gobierno de Gerardo Morales ha utilizado diversas estrategias para salir del conflicto: ha pasado de la confrontación directa a buscar un acuerdo que cierre “la grieta” con el Rectorado, que protestó por la intromisión de las fuerzas policiales.

Cuando ocurrió la agresión, diversos funcionarios avalaron y justificaron la irrupción de la policía en la facultad. Al tomar repercusión nacional el hecho, el gobernador se vio obligado a repudiar el accionar policial y buscó de esta manera reacomodarse.

Esta mini-crisis provocó la renuncia del jefe y subjefe de la policía y el procesamiento de 15 efectivos (cargos de privación ilegítima de la libertad entre otros) y del fiscal contravencional. Este hecho generó malestar entre la policía que denunció a Morales por mandarlos a hacer el “trabajo sucio” y después desentenderse. Incluso se generó una crisis entre Morales y el brazo estudiantil del radicalismo, Franja Morada, que no tuvo más remedio que criticar la irrupción policial (más adelante, la Franja se dedicó a hostigar a los estudiantes que impulsaban el movimiento de lucha contra los atropellos policiales).

La convocatoria a la sesión especial del Consejo Superior en la Facultad de Ciencias Agrarias, que contó con la participación de estudiantes, de la Fuba, Adiunju y Conadu Histórica (gremios docentes universitarios provincial y nacional, respectivamente), resolvió por unanimidad no aceptar las disculpas formales del gobernador, se propuso denunciar a los responsables del hecho y reclamar la derogación del Código Contravencional.

Frente a esta “ofensiva” universitaria, el bloque parlamentario radical sacó una solicitada en todos los medios atacando a los estudiantes, denunciando a los funcionarios universitarios y planteando que la Unju quiere “romper relaciones institucionales con el gobierno provincial”. Días después, se realizó un allanamiento a la casa del rector que rápidamente se convirtió en una notificación por una causa penal. También Franja Morada salió a atacar a los estudiantes en cada facultad.

Sin embargo, Morales decidió reorientar su política. Convocó el pasado miércoles 3 de mayo una reunión con los decanos de las cuatro facultades y el rector del a Unju en Casa de Gobierno. De la misma, salieron todos cerrando filas y dejando en el pasado el hecho en cuestión. Ninguna autoridad universitaria dijo nada sobre el planteo de derogación del Código Contravencional ni sobre la denuncia penal; y el gobernador planteó que “el aporte que hace la universidad a la comunidad jujeña es mucho”, al mismo tiempo que ratificó “el trabajo conjunto, armónico y de cooperación” (El Tribuno, 3/5). El elemento más destacado fue que el rector se comprometió a discutir con el gobierno un “protocolo de intervención” para los casos donde se ponga en riesgo la integridad de las personas o de los establecimientos: en definitiva, una habilitación de las fuerzas policiales dentro de la universidad.

Qué deja el conflicto y cómo seguir

El principal avance que deja el conflicto es que se logró instalar en la opinión pública el problema del código contravencional y su utilización para atacar cualquier tipo de manifestación. Hasta lo sucedido en Agrarias, no se había podido instalar ante la población el rol que jugaba como un instrumento de regimentación del gobierno: y eso que se había utilizado para detener a Milagro Sala por el acampe, a miembros del SEOM (municipales), para procesar a directivos del SOEAIL (sindicato azúcar Ledesma) y para reprimir a vendedores ambulantes, entre otros casos.

La UJS, juventud del Partido Obrero, caracterizó desde un inicio los límites de los planteos de los decanos y el rector, vinculados políticamente con el kirchnerismo; inclusive después de votar el pedido de derogación del código, plantearon mandarlo a la mesa de estudios jurídicos para ver si era inconstitucional o no. Lo que se buscó fue un “shock” mediático pero de ninguna manera podían ir hasta el final de los planteos.

El movimiento estudiantil debe sacar las conclusiones políticas del caso, los límites de las direcciones políticas que terminan arreglando por arriba con el radicalismo. Con esta orientación clara y la propuesta de abrir un debate con todos los luchadores, mantenemos nuestra campaña por la derogación del Código Contravencional, denunciándolo como el instrumento político del gobierno para regimentar a la juventud y a los trabajadores. Vamos por un paro activo en apoyo a los docentes que paran del 8 al 13 y a participar de la Marcha Federal Educativa.

La supuesta “unanimidad nacional” contra el fallo amnistiador de la Corte, que tuvo expresión en la ley que apresuradamente sancionó el Congreso, es un resultado -engañoso- de la crisis política desatada por la sanción del 2x1. Apenas algunos días y semanas atrás, los mismos diputados y voceros macristas que hoy ‘deploran’ el fallo de la Corte se prodigaban en todo tipo de ‘señales’ en favor de amnistiar al cuerpo de oficiales de la dictadura. Esas expresiones, que minimizaban la represión videliana, estuvieron acompañadas del pronunciamiento del Episcopado en favor de la “reconciliación” con los genocidas. El paso de la Corte también estuvo precedido de un proyecto legislativo oficial para penar con la cárcel a diferentes modalidades de la protesta social.

Es claro que la reinstalación de las Fuerzas Armadas en la represión interior se ha transformado en una cuestión de Estado. La Corte actuó bajo este mandato oficial: para encaminar esa orientación, era necesaria una rehabilitación política de los aparatos de represión -ése fue el mensaje de fondo del “2x1”. En las primeras horas del fallo, los voceros oficiales se repartían entre la justificación de la Corte o el respeto de la ‘división de poderes’. Las ‘condenas’ posteriores de Vidal, Marcos Peña y otros funcionarios sólo expresaron un recule impuesto por el fenomenal repudio popular. Pero la crisis política involucra al fallo y también a sus autores -o sea, a la propia Corte. Por eso, los personeros del régimen se empeñaron en urdir una retirada ‘ordenada’ y salvar al máximo tribunal del escándalo político. La ley votada en el Congreso excluye del beneficio de la reducción de penas a los autores de crímenes de lesa humanidad y limita esa reducción a quienes hubieran estado detenidos cuando rigió la ley del 2x1. Es un evidente recule de los amnistiadores y, al mismo tiempo, un rescate de la Corte. Carrió expresó claramente ese salvavidas, cuando señaló que, al sancionarse esta ley, quedaba demostrado que la Corte no había actuado en forma tendenciosa o ilegal al fallar el 2x1 sino porque le faltaba una ‘interpretación clara’ de la reducción de penas, que ahora sí proveía el Congreso. Para otorgarle el salvoconducto a la Corte, el régimen pagó el precio de una ley restrictiva para con los genocidas. De todos modos, su aplicación quedará en manos del mismo tribunal que falló por el 2x1; que desautorizó a la CIDH de la OEA para revisar fallos locales (2016), que revocó un fallo favorable a la vigencia de las reparaciones económicas a víctimas de la dictadura (marzo 2017) y que restringió el derecho de huelga a una atribución de los aparatos sindicales formales. En manos de esa Corte, la ley votada incluso podría ser dejada de lado, una vez más, en nombre de la aplicación de la ley más benigna. Por eso, los diputados del PO-FIT, además de denunciar las brutales limitaciones de la ley de “consenso”, insistieron con el juicio político a los tres jueces amnistiadores.

Un régimen…

La reacción popular contra el 2x1 no sólo interpela al PRO. Desenmascara también al pejota-kirchnerismo, que dio en el Senado los votos necesarios para que los jueces Rosenkrantz y Rosatti -fogoneros del 2x1- llegaran a la Corte. El aval a estos jueces también se extendió a los senadores de Stolbizer y Massa. Pero los límites del kirchnerismo para llevar adelante una escalada en regla contra el operativo amnistiador son más profundos: la recuperación de un protagonismo político de las Fuerzas Armadas tuvo como precursora a Cristina Kirchner, cuando nombró al oficial de inteligencia y ex represor César Milani al frente del Ejército. Los futuros ejecutores del protocolo antipiquetes tendrán al Proyecto X de Berni-Garré-Kirchner como antecedente de sus actuales intrigas contra el movimiento popular. El propio kirchnerismo, como gobierno provincial de Santa Cruz, se ha servido de las tropas federales para vérselas con la pueblada que encabezan los estatales y maestros del sur. Bien mirada, la indignación masiva contra el perdón a los represores se da de cabezas con quienes gobiernan o han gobernado contra la mayoría trabajadora.

…y sus límites políticos

Pero la crisis del fallo amnistiador tiene un significado más vasto, que tiene que ser visto con atención por todos los trabajadores. El gobierno necesita de un reforzamiento represivo para llevar adelante su ajuste, esto es cierto. Pero ese reforzamiento choca visceralmente con la tradición de lucha que durante décadas exigió en las calles el juicio a los genocidas. Y, más cercanamente, con la tendencia a expresar en la movilización y en la acción directa los más diversos agravios contra el pueblo, algo que desde el Argentinazo hasta hoy ningún gobierno pudo revocar. Los popes del gran capital le exigen al gobierno Cambiemos una drástica reorganización social a costa de la clase obrera. El gobierno aspira a reunir en las elecciones el mandato para llevar adelante esa escalada, que incluye, entre otras medidas, un nuevo desfalco de la Anses a costa de los jubilados, golpes brutales a los convenios colectivos de trabajo y la completa libertad para “reestructurar” empresas a costa de despidos. Los Massa, Stolbizer, Lousteau o el pejotakirchnerismo no cuestionan esta agenda, con la cual han colaborado desde el Congreso. Al presentar sus propias listas, pelearán para que el ajuste se siga llevando adelante a través de un sistema de acuerdos parlamentarios.

Por cierto, el principal instrumento del gobierno para esta escalada no es el aparato de represión, sino la burocracia sindical y sus jefes políticos, todos los cuales se preparan para la demagogia electoral, pero no quieren poner piedras en el traslado de la crisis a los trabajadores. Sin embargo, la magnitud de los choques sociales que depara el ajuste oficial excederá al cepo de la burocracia y de los partidos capitalistas. Ahí están para demostrarlo las enormes luchas de este período, como la ocupación de AGR, las huelgas docentes impulsadas por las secciones antiburocráticas, la pueblada santacruceña y las verdaderas rebeliones obreras que están desatando algunas negociaciones paritarias -petroleros, cítricolas tucumanos, azucareros del Tabacal.

Pero la posibilidad de responderle a la acción obrera y popular con todo el peso del Estado ha recibido, en esta crisis política y en la Plaza de Mayo del miércoles 10, una fenomenal desautorización. En Estados Unidos, Trump ungió a Macri como el jefe de los gobiernos continentales de ofensiva directa contra las masas. Pero de vuelta al país, el ´Trump’ argentino volvió a verificar que no ha reunido las condiciones políticas para infringirle una derrota duradera a los trabajadores.

La izquierda debe trabajar activamente sobre la herida que ha abierto esta crisis al interior de los ajustadores. Mientras la oposición que ha sido cómplice de los jueces amnistiadores se dará por satisfecha con el 10M, nosotros, en cambio, plantearemos un plan de lucha para enjuiciar a esos jueces, contra el protocolo represivo y todas las medidas de limitación al derecho a luchar. El próximo paso de este plan es la movilización convocada, con estas banderas, por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para el próximo 23 de mayo. Como ya ocurrió varias veces, la lucha democrática vuelve a ser un fantástico terreno de delimitación política entre el gran capital y sus partidos, de un lado -todos ellos colaboradores del genocidio y de su posterior impunidad- y los que defendemos las libertades democráticas para luchar por una transformación social dirigida por los trabajadores.

Foto: Paula Acero

El fallo de una mayoría de la Corte en favor de aplicar el 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad en una supuesta compensación por el período de tiempo que pasaron en prisión preventiva ha abierto una crisis en el gobierno macrista e incluso, potencialmente, una fractura política. Gabriel Sued, en La Nación, señala que “el oficialismo modificó la posición que había adoptado en un primer momento” (9/5) y “que tuvo una posición cambiante en el tema”. En efecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se habían amparado, de entrada, en el "respeto a la división de poderes”. Esta línea de presentar la sentencia como un hecho consumado deja ver la complicidad oficial. No podían haber hecho este planteo sin la orden o el aval de Macri. Dos días más tarde, sin embargo, la gobernadora Vidal sorprendió con una condena a la posibilidad de una reducción de penas a los genocidas, luego que “Macri orden(ara) ‘endurecer’ la crítica al fallo” (La Nación, 5/5). El resultado de todo esto no es un cambio de posición de principiros.

Es, por el contrario, la punta del ovillo de una nueva operación política para rescatar a la Corte, por medio de proyectos de leyes -tanto de la bancada oficialista como de las opositoras- que dejan en pie la sentencia. Lo destaca, de nuevo, Sued: “La solución política que impulsa la oposición es vista con reparos por los constitucionalistas, que consideran que será muy difícil que la Corte dé marcha atrás. Si el máximo tribunal decidió que rige el principio de la pena más benigna para todo tipo de delitos, ¿por qué aplicaría de manera retroactiva una ley que el Congreso sancione en los próximos días?”. De este modo, el rechazo al 2x1 que pudieran declarar los tribunales inferiores ante presentaciones específicas, podrá ser neutralizado por apelaciones sucesivas hasta la cima del poder judicial.

El fallo no es, como alguno pretende, un rayo en cielo sereno, porque viene con antecedentes. Uno de ellos, muy significativo, ocurrió en 2013, cuando la Corte rechazó un recurso extraordinario presentado por un fiscal contra la aceptación del 2x1 por una Cámara Federal -con el argumento capcioso de que no estaba precedido por un amplio debate judicial. La Corte avaló el recorte de la pena por medio de un procedimiento de omisión -un recurso "ingenioso", adoptado por unanimidad, con el voto de dos jueces de entonces: Eugenio Zaffaroni y Enrique Petracchi. Ese rechazo tuvo la intención de evitar una crisis en la Corte si se habilitaba el recurso con la complicidad de los jueces cristinistas. El otro antecedente es la concesión de la prisión domiciliaria, que en la práctica funciona como una liberación oculta. A partir de su nueva composición, desde abril de 2016, el tribunal decidió empeñarse más a fondo, contando con la cruzada de "reconciliación" lanzada por la Iglesia. Curiosamente, unas semanas antes del 2x1, la Corte había acordado declarar la supremacía de la jurisdicción nacional sobre las Cortes Internacionales.

El macrismo llegó al gobierno no sólo con un programa sino también con algunas "obligaciones": una deuda política en favor de una amnistía a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Es lo que ya había ocurrido con Menem y concluyó con la sanción del indulto a las Juntas. La nave insignia del grupo de presión por la amnistía ha sido el diario La Nación, de estricta obediencia clerical. El editorial de este miércoles 10 sale con los tapones de punta a defender “el sano funcionamiento del estado de derecho”. La tropa macrista tiene que navegar a través de estas presiones y contrapresiones, de una manera similar a la que ocurre en el campo económico entre quienes defienden el ajuste monetario, por un lado y los que reclaman el ajuste fiscal, por el otro. El rechazo popular inmenso a este fallo violatorio de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, acorrala políticamente al macrismo y lo pone frente a un arreglo de cuentas con sus patrocinantes políticos y confesionales. El fallo amnistiador de la Corte tiene la misma finalidad política que tuvo, en su momento, el indulto de Menem o la designación de César Milani en la jefatura del Ejército: restablecer la capacidad de acción política de las fuerzas armadas. Nadie ignora que el Pentágono norteamericano aboga por una militarización continental bajo la hipótesis de la “guerra al narcotráfico”. El fallo amnistiador tiene un contenido político y estratégico inconfundible que se busca disimular con un debate acerca de su dislate jurídico.

Todo esto explica la posición que adoptó el Comité Nacional del Partido Obrero en su reunión del fin de semana pasado, al plantear el juicio político a los jueces amnistiadores -que el bloque parlamentario PO-FIT presentó de inmediato en la mañana del lunes 7. La caracterización de nuestro partido es que Argentina asiste a un golpe de Estado de formato 'judicial', porque se trata precisamente de un ataque a las relaciones políticas impuestas por una enorme mayoría popular en la lucha por acabar con la dictadura militar. Forma parte, al menos en ese sentido, de una secuela de golpes de Estado en América Latina con el formato del "estado de derecho".

El viernes 5 se cumplieron 25 días desde que trabajadoras de limpieza despedidas ocuparon el decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue (Unco). Ese día, la dirección de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba) se hizo presente en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todas las universidades nacionales; allí presentamos un escrito en el que reclamamos la inmediata reincorporación de las 10 trabajadoras y el fin de la tercerización laboral en la universidad, y rechazamos el ingreso de la policía -que días atrás había intentado desbaratar la toma en la sede de Río Negro-, violatorio de la autonomía universitaria. El texto iba acompañado por la firma de legisladores como Marcelo Ramal y Laura Marrone, parlamentarios porteños por el Frente de Izquierda.

La toma de las trabajadoras de la UNCo pone sobre la mesa una cuestión que afecta a las universidades de todo el país. La tercerización de funciones no docentes, en el caso de las tareas de limpieza, seguridad o mantenimiento, es absolutamente habitual en las casas de estudio, como en otras dependencias estatales. Es la raíz del conflicto que, en estas horas, atraviesa al mismísimo Ministerio de Trabajo de la Nación, sumergido en este fraude laboral. El negocio de la tercerización, que permite amputar derechos laborales y beneficiar a empresas amigas -muchas veces vinculadas a los propios funcionarios-, es moneda común entre rectores y decanos, tanto sean radicales como kirchneristas o “progresistas”.

Rápidamente, la toma de las trabajadoras recibió el apoyo y la solidaridad del combativo movimiento obrero, estudiantil y popular de la Patagonia. Se destacó el acompañamiento, entre otros, de los obreros de Zanón, los sindicatos docentes recuperados, organismos de Derechos Humanos y por supuesto de la UJS, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. No fue esa la actitud de la burocracia sindical no docente de Apunc, que no sólo no acompañó a las trabajadoras despedidas sino que, a lo Pedraza, llegó a hacer una contra-toma de la facultad contra la posibilidad de que se termine la tercerización -negocio en el que está involucrada.

Durante estos 25 días de ocupación también sesionó el congreso de la federación estudiantil (FUC). La Cepa (PCR) y La Mella, que buscan presentarse como oposición a Franja Morada a nivel nacional, acordaron darse quórum mutuamente en un congreso en el que los primeros se llevaron la conducción en un bloque con el MNR (Partido Socialista), mientras los segundos quedaron en minoría en un bloque con el kirchnerismo. El congreso fue esclarecedor sobre el carácter de estas agrupaciones, ya que, a pesar de haberse realizado en plena ocupación, el 28 de abril, ninguno de los dos bloques propuso redactar una sola línea ni votar acción alguna en apoyo a la lucha de las trabajadoras despedidas. La UJS y otras agrupaciones de izquierda resolvimos retirarnos, y protagonizamos a los pocos días una marcha al Consejo Superior de la Unco.

En un comunicado sobre el conflicto, la Cepa afirma que es un error de las trabajadoras reclamar el pase a planta permanente, ya que “el objetivo de terminar con la tercerización es una lucha a mediano-largo plazo”. La agrupación del PCR, que actúa como pata estudiantil de Carlos Alberto Pescader (el decano “progre” de la facultad tomada), justifica la tercerización impuesta por las autoridades debido al “contexto de la política de ajuste del gobierno de Macri”. La realidad es que el fraude laboral viene de muy atrás, y tampoco es cierto que permita ahorrar dinero a la universidad, ya que obliga a la misma a remunerar las ganancias de las empresas negreras. La Cepa culmina presionando a las trabajadoras para que “formen una cooperativa”, incitándolas a aceptar la auto-explotación al margen del convenio no docente. En esta línea carnera y pro-patronal, reclaman que se retome el “normal desarrollo de las actividades académicas”.

La conclusión de estos 25 días de toma en Comahue es clara: la lucha contra la tercerización laboral en la universidad está a la orden del día. La defensa de las trabajadoras de limpieza de la Unco, de su lucha y sus reclamos, requiere de una federación estudiantil independiente de las autoridades.

Está convocada una marcha nacional universitaria para el martes 16 de mayo, a las 17 horas, de Congreso a Plaza de Mayo. La marcha será la conclusión de una semana de paro y protesta convocada por los gremios docentes, que se está cumpliendo con gran acatamiento en todas las universidades del país. La UBA volvió a poblarse en estos días de clases públicas, en los pasillos, en las plazas, en las estaciones de trenes y de subtes. El martes, la AGD y la Fuba protagonizamos una bicicleteada en el Obelisco contra el “bicicleteo” en la paritaria docente, que ya lleva más de 80 días sin solución. El miércoles se realizaron clases públicas frente al Rectorado, reclamando por el salario para los miles de docentes ad honorem, el respeto al convenio y el boleto gratuito para todos los estudiantes. Cuando este número de Prensa Obrera esté saliendo a la calle, los Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) estarán protagonizando una nueva jornada de lucha frente al Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT) por el cumplimiento del acta firmada tras la ocupación de diciembre.

Operativo Pizzurno

En este contexto, las reuniones entre sindicatos docentes y federaciones estudiantiles para organizar la marcha nacional del próximo martes 16 reeditaron la discusión del año pasado sobre el destino de la movilización: si Plaza de Mayo o el Palacio Pizzurno (Ministerio de Educación). La desavenencia sobre el punto, en apariencia insustancial, expresa por el contrario choques de intereses sociales y estrategias políticas opuestas.

El gobierno de Macri está interviniendo directamente en la disputa con el objetivo de desarticular el movimiento. El operativo oficial consiste en presionar a los rectores con los fondos del Fundar (4.300 millones), que el Ministerio de Esteban Bullrich maneja a discreción. Aquellos que, como ocurrió el año pasado, decidan alentar la movilización se verían privados del acceso a estos recursos.

La presión del gobierno y los rectores tuvo su impacto entre los gremios. El sindicato Fedun, enrolado en la CGT y asimilado al régimen universitario, planteó que no se moverá de Pizzurno, descartando la convocatoria que la AGD-UBA y el Congreso Extraordinario de la Fuba habíamos promovido a Plaza de Mayo. Mientras AGD y la Conadu Histórica van a cumplir 22 días de huelga, Fedun no realizó hasta el momento un solo día de paro.

Los gremios docentes y las federaciones estudiantiles dirigidas por el kirchnerismo están vacilando. En un primer momento aceptaron el límite del Palacio Pizzurno en nombre de la “unidad” con los rectores y sus gremios. Pero, luego, la decisión firme de la Fuba y AGD de avanzar hasta Plaza de Mayo los colocó en crisis. En 2016, la defensa de esa "unidad" los aisló en Pizzurno, mientras la masa se abría paso a Plaza de Mayo de la mano de las federaciones docentes y estudiantiles independientes dirigidas por la izquierda.

Hoy, las autoridades que encabezan el “operativo Pizzurno” son las que vienen de firmar con el gobierno un plan de privatización de las carreras universitarias; y ahora mismo tercerizan y despiden trabajadores de limpieza en la Universidad del Comahue. La cadena de presiones gobierno-rectores-burocracia sindical es el gran obstáculo a quebrar para derrotar el ajuste y conquistar las reivindicaciones de la universidad pública.

Vamos por la victoria

El año pasado, la decisión de marchar a Plaza de Mayo fue clave para conquistar el aumento salarial. Fue una demostración de independencia frente al régimen universitario, que presionó al gobierno y lo forzó a entregar el 35% de aumento. Lo mismo ocurrió en la toma de una semana del Conicet promovida por JCP, que logró vencer las trabas de quienes no querían chocar con el Directorio y arrancó la reincorporación de los 500 investigadores. El ajuste y la experiencia de lucha contra ese ajuste ponen al rojo vivo la grieta que desgarra por dentro a la universidad. Lejos de unificarse frente al macrismo, la universidad se divide entre los estudiantes y trabajadores que sufrimos el ajuste, y las autoridades que se valen del mismo para desarrollar sus negocios de posgrados pagos, flexibilización laboral y convenios con empresas.

Un año más tarde, el movimiento estudiantil y docente se encuentra frente a la misma disyuntiva. El crecimiento de la lucha podría lograr que hasta las federaciones de Franja Morada, que hasta el momento sólo se dedicaron a atacar las huelgas docentes, terminen plegándose a la movilización. Pero tanto ellos como el kirchnerismo, que co-gobernaron durante doce años las universidades, operan para reducir su alcance, lo cual se refleja geográficamente en el problema de la Plaza de Mayo. La UJS llama a rechazar el operativo del gobierno y la contención montada por los rectores y el régimen universitario. Para conquistar el salario, el convenio, el boleto y todas nuestras reivindicaciones copemos el 16 la Plaza del poder político junto a la Fuba, la AGD y JCP. La llave para ganar es reforzar la comprensión, la organización y la acción independiente de estudiantes y trabajadores.

El 4 y 5 de mayo se realizaron las elecciones a Comisión Interna de una de las principales siderúrgicas del país. En Acindar Villa Constitución, el método de elección es nominal, los postulantes a la Interna tienen que ser delegados y votan todos los trabajadores de planta. En la fábrica trabajan unos 2.000 metalúrgicos, la mitad son de planta y la otra mitad son de empresas tercerizadas, que también tienen su Comisión Interna.

Entrevistamos a Christian Míguez, integrante de la agrupación El Martinete de Acindar y dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista, que fue votado por el 46% de los trabajadores. “Esto es el resultado del trabajo que venimos desarrollando con la agrupación El Martinete dentro de Acindar donde, en primera instancia, hubo que romper con el macartismo instalado por la burocracia paulonista (histórico dirigente K de la UOM y de la CTA yaskista) hoy prácticamente extinta. En esta nueva etapa, con Macri en el poder y una empresa envalentonada, es vital la aplicación de políticas clasistas y los trabajadores así lo entienden. Este es un nuevo ejemplo, el cual demuestra que el trabajo desde las agrupaciones funciona. El resultado de esta elección nos posiciona muy bien para seguir impulsando nuestra política, reforzar la agrupación y seguir construyendo conciencia obrera y socialista que enfrente, tanto a las empresas como a los gobiernos antiobreros, capitalistas y entreguistas”.

Sobre la paritaria metalúrgica, Míguez nos explicó que “estamos ante una paritaria con un doble techo a romper: el 18% que busca imponer el gobierno y el 30% impuesto por la burocracia”.

“Fueron varias las seccionales que en el Congreso Nacional hicieron el planteo de ir por encima de un 40%, que es lo que realmente se perdió de salarios entre la devaluación y los tarifazos. Reclamo que no fue tomado por la dirección de la UOM que fijo así el pedido del 30%. Hoy, el ingreso mínimo global de referencia metalúrgico apenas supera los 10.000 pesos, siendo el costo de la canasta básica, según los datos oficiales, de casi 14.000. Esta paritaria fija salarios hasta marzo de 2018, lo que deja más que claro que es necesario un aumento superior al 40%”.

“El salario de los metalúrgicos quedó dentro de los más bajos de la industria y durante el kirchnerismo, más allá de que Caló hizo un seguimiento ciego, lo único que consiguió fue asegurar un convenio de hambre y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Todo, sin siquiera hacer un amague de plan de lucha. Es momento de demostrar que se los puede derrotar. Ya en la paritaria del año pasado se vieron condicionados por las bases. Son muchas las seccionales donde son elegidos cada vez más delegados y comisiones internas combativas. Debemos coordinar este surgimiento para así conseguir las seccionales y transformar a la UOM en un sindicato clasista”.

El viernes pasado, cuando las indemnizaciones que había comprometido Proteínsa (el consorcio armado entre Ovoprot, Tanacorsa y el grupo Laclau para quedarse con Cresta Roja) no aparecían en sus cuentas, los trabajadores se rebelaron y detuvieron la producción del turno tarde. Tras el fin de semana, el lunes, ambas plantas volvieron a parar. Y, luego, una asamblea ratificó la continuidad del paro en la decisiva Planta 2 hasta el viernes.

“Es que la empresa que se hizo dueña en el último período, incumplió con el pago de las indemnizaciones comprometidas ante la jueza. Tampoco avanzó con las reincorporaciones, lo que dejó sin trabajo a más de mil trabajadores”, denuncian los trabajadores.

Voceros de la patronal se acercaron a pedirles que acompañen a la empresa “en este difícil momento”, porque el gobierno les habría soltado la mano y la jueza les impide vender propiedades del grupo con las cuales tenían pensado pagar las indemnizaciones de quienes siguen trabajando.

El conflicto de Cresta Roja -iniciado hace ya tres años- sigue lejos de cerrarse; todavía la mayoría de los despedidos sigue sin poder volver a su puesto de trabajo, algo que desata permanentemente bloqueos, piquetes y paros solidarios. A esto, ahora hay que sumarle el retraso de los pagos indemnizatorios.

¿Salida macrista?

El conflicto de Cresta Roja fue elegido varias veces como “ejemplo” por el gobierno de Macri: ante el descalabro creado por la gestión de la familia Rasic (asociada directamente al kirchnerismo a través de enormes negociados con los subsidios), el gobierno se jactaba hasta hace poco tiempo de haberle encontrado una continuidad productiva a través de su entrega a Proteínsa.

Pero la salida macrista a la gestión kirchnerista ha empeorado radicalmente las condiciones de trabajo para aquellos que recuperaron sus puestos y aceptaron la reducción del salario y ha obligado a los obreros a resignar a la mayoría de sus conquistas. Aun así, con obreros mucho más baratos, ¡el consorcio Proteínsa se declara insolvente frente a las indemnizaciones y amenaza con la quiebra!

¿Y el STIA?

Un dato relevante en todo el proceso de Cresta Roja es la ausencia absoluta de la directiva del sindicato de la Alimentación -que en los últimos días viene de firmar en un 25% la paritaria de la rama avícola sin luchar ni consultar con nadie.

Las únicas apariciones del STIA son para defender como única vía los planes de la empresa: de Melenko Rasic antes y de Proteínsa en la actualidad. Los trabajadores de Cresta Roja fueron entregados por el STIA a los vaciadores.

Qué planteamos

El paro ha demostrado una inmensa capacidad de lucha de los trabajadores; tenemos que llevarla a la victoria. Si Proteínsa dice no tener plata para las indemnizaciones, reclamamos que se abran los libros de la empresa y que se vote una comisión de control obrero compuesta por representantes de todas las plantas de la empresa. Salir adelante significa cobrar todas las deudas y reincorporar a todos los trabajadores; no es presionando a la jueza o apoyando a la empresa que lo vamos a lograr, sino uniendo a todos los trabajadores -a los de afuera y a los de adentro de todas las plantasen una lucha común.

A Damián lo conocí cuando viví en el Fonavi centenario, el barrio del “sabalero” (apodo del equipo de fútbol Colón de Santa Fe), hace poco más de diez años atrás. Un día golpeó la puerta de casa, buscando hacernos una entrevista en Radio Chalet.

Recuerdo su cara joven, tímida y sincera; me preguntó si quería ir al programa, consideraba muy importante que el Partido Obrero sea escuchado por los vecinos, parecía que tenía miedo a que le dijera que no. A nosotros, por ese entonces, nadie nos invitaba a ningún medio. Se lo dije a mi compañera y me fui a otra manzana del barrio, donde también vivía Germán Lavini (ex candidato a intendente por el FIT). Fue mi primera entrevista para el PO.

De ahí en adelante, iba todas las semanas a dejarle la Prensa Obrera, subía los tres pisos por las escaleras del Fonavi y luego de enfrentarme con los interminables perros de cada piso, llegaba a la casa y nunca lo encontraba. Siempre estaba "haciendo algo”, me decía Bárbara, su compañera.

Damián siempre hacía cosas. Tenía una gran sensibilidad por los problemas sociales. Por eso estaba en uno u otro barrio enseñando fútbol a los pibes o participando en las campañas como el “hambre es un crimen” de la CTA, o laburando con la Asociación Juanito Laguna de Santa Fe y los pibes de la calle.

Su militancia barrial y social lo llevó a preguntarse y a discutir con los partidos de izquierda. Los escuchó a todos. Sus preguntas eran profundas y siempre razonaba en función de la acción práctica, como no podía ser de otra manera para un militante.

Un día llegué a la casa en plena campaña electoral para invitarlo a sumarse y lo primero que me dijo fue: “¿Trajiste un afiche?, quiero ponerlo en la puerta de casa para que el barrio sepa que está el PO”. A pesar de su inmensa afinidad, no lograba sumarse al partido, todavía no comprendía la necesidad de reunirse y planificar su actividad política en forma sistemática.

Cuando me fui del barrio lo perdí de vista un tiempo. Luego lo reencontré en el local, donde pasaba a buscar la prensa y me decía que no podía militar, que estaba trabajando con un contrato en un grupo barrial (ligado al PS) y que si se enteraban que él era del PO no lo iban a pasar a planta permanente. Muchos de sus compañeros de trabajo le decían el “trosko”, porque no podía contener sus opiniones y críticas a un partido que llegaba al gobierno de Santa Fe de la mano del gran capital y se hacía llamar "socialista".

Luego de varios años logró entrar en planta permanente y sacó a la luz todas sus ideas y firmeza política. Ingresó de lleno a la militancia revolucionaria, donde también se estaba incorporando su compañera.

Hace unos meses atrás me dijo: “no puedo creer el tiempo que perdí afuera del PO”, era la conclusión de una etapa de su vida política ligada al centroizquierdismo y el comienzo de otra. Damián es parte de la juventud que vivió el derrumbe peronista en la provincia, abrazó el pedido de cárcel al ex gobernador Carlos Reutemann por las inundaciones y tuvo expectativas en el ascenso del Frente Cívico y Social de la mano del socialismo. Así de claro, contundente, apasionado de ideas, hincha ferviente, buen padre y amigo, era nuestro querido compañero.

Cientos de pibes de diferentes barrios y militantes sociales mostraron su dolor en el multitudinario velatorio y entierro de Damián. A su familia, a Bárbara y sus hijos, los abrazamos. Contra la injusticia social y la barbarie capitalista, siempre estarás junto a nosotros. Tus compañeros de la peña de Colón, tu compañera de vida y nosotros te despedimos con el mismo grito: ¡Hasta la victoria siempre!

La única línea política que ha seguido el gobierno chavista de Nicolás Maduro desde que perdiera las elecciones a la Asamblea Nacional ha sido postergar en forma sucesiva el calendario electoral y la realización del referendo revocatorio reclamado por la oposición de la Mesa de Unidad Demorática (MUD). Esto lo convirtió en un gobierno de facto. En los hechos ignora las votaciones del Parlamento; el intento de convertirlo en un adorno presupuestario fue frenado por la fiscal general Luisa Ortega, una chavista hecha y derecha, una decisión que luego ratificó el Consejo de Seguridad Nacional. De este modo, un régimen político que se jactó durante una década por el recurso permanente a los procesos electorales y de su condición plebiscitaria, se pasó al campo contrario de la abstinencia.

En este contexto, la decisión de convocar a una Asamblea Constituyente sui generis es otro intento de esquivar las elecciones que ya debieron tener lugar para alcaldes y para gobernadores. Al mismo tiempo, aunque parece un intento de salir del inmovilismo, está reñida con la realidad. Se trata de una Constituyente que se conformaría en un 50 por ciento por representantes de las Misiones y los consejos comunales, de un lado, y por el cuerpo electoral del otro. Los opositores a esta convocatoria, que abarcan numerosos contingentes chavistas, objetan su legitimidad constitucional por otra razón añadida: que requiere, como paso previo, la realización de un referendo convocante. La convocatoria a una Constituyente por parte del presidente de la República es una contradicción insanable, sería una suerte de organismo estatizado que no pierde ese carácter porque haya conseguido el aval del Poder Electoral, que no es más que una sucursal del Ejecutivo. La fiscal general chavista ha vuelto a ocupar el lugar de opositora a este engendro. Se trata también de una apuesta peligrosa porque, dado el alcance enorme de la desintegración social, se podría convertir, ella misma, en un contrapoder al gobierno.

La derecha venezolana e internacional no perdió el tiempo en impugnar la pseudo-Constituyente de Maduro como un organismo “soviético”, porque reserva la mitad del poder constituyente a las llamadas “organizaciones de bases”. La burrada de esta caracterización no tiene paralelo: los soviets surgieron en 1917 de una revolución, y establecieron enseguida su control sobre las fuerzas armadas. Las misiones y las comunas de una decisión estatal, e incluso como brazo del aparato militar. Los soviets fueron poderes políticos independientes -contrapoder revolucionario-, las criaturas del chavismo no son independientes ni tienen un carácter político. Las misiones fueron desarrolladas por Hugo Chávez como entidades para estatales, para la realización de planes de salud, vivienda, educación, en sustitución de los organismos públicos existentes, lo cual dio lugar al deterioro de éstos y a la corrupción de las primeras en beneficio de sus ‘administradores’. El chavismo ‘puenteó’ al viejo aparato del Estado -ni siquiera intentó su transformación revolucionaria. Con las “comunas” ocurrió lo mismo, pues hicieron su aparición como agentes del aparato estatal nacional contra las gobernaciones e intendencias ganadas por la oposición. Confundir los soviets con una Constituyente estatizada es grotesco.

En noviembre de 1917, el gobierno soviético de Lenin y Trotsky disolvió una Constituyente convocada con anterioridad a la toma del poder por parte de los soviets -o sea antes de la victoria de la Revolución-, debido a la negativa de la Constituyente a reconocer el nuevo poder revolucionario. Constituyó el desenlace de un conflicto entre una revolución largamente desarrollada por los obreros y los campesinos, y una contrarrevolución que ya había intentado levantar cabeza varias veces con anterioridad. El chavismo comparte la caracterización de la oposición, porque cree que enaltece su maniobra, pero simplemente acompaña una farsa.

La derecha y el bloque que ha formado con los emigrantes del chavismo (incluida, especialmente, Marea Socialista), opone al engendro constituyente de Maduro el respeto a la Constitución bolivariana vigente, inspirada por Hugo Chávez -es decir un retorno al “status quo” anterior. Es la posición que apoya la OEA y la ‘comunidad internacional’ -incluido Mister Trump. Esto significa ofrecer la salida del ajuste a la inmensa crisis social que sacude al país.

Representa, antes que nada, el reconocimiento de las obligaciones contraídas por el gobierno chavista en materia de deuda externa y las asociaciones con el capital extranjero, así como todo el ordenamiento jurídico que encadena a la economía petrolera de Venezuela con las corporaciones extranjeras y la burguesía nacional. Sería el contexto político para reemplazar al chavismo por el macrismo, asociado al chavismo ‘aggiornado’, como ocurre en la Argentina entre el gobierno de Macri, la mayoría del Congreso y la burocracia sindical. La tendencia general de la crisis tendrá una repercusión fundamental en Cuba, pues acelerará las definiciones acerca de un paso más acelerado hacia la privatización de la economía. El esfuerzo del gobierno castrista para mantener el “status quo” en Venezuela está condenado al fracaso.

Sin embargo, tampoco la Constituyente trucha de Maduro constituye una ruptura con los contratos existentes; es, al revés, una forma bastarda de continuismo. Lo muestra el hambreamiento al que está sometiendo al pueblo para cumplir con los acreedores y capitalistas internacionales. Quienes ven en la Constituyente trucha una forma de ‘resistencia’ a la ‘restauración conservadora’, simplemente ignoran que se trata de un atajo quedantista que no lleva a ningún lado y una aceleración del derrumbe. La acción de los llamados “colectivos” contra las manifestaciones de la oposición tampoco representa una resistencia, en este caso armada, contra la contrarrevolución, porque esos “colectivos” simplemente operan a la sombra de los militares, como una fuerza paraestatal -una señal inconfundible del agotamiento del régimen chavista-, mientras las fuerzas armadas se preservan como gran árbitro en vistas a encauzar una transición que se revela inexorable.

Las sucesivas deserciones del chavismo están configurando un bloque político con la oposición que pretende operar o funcionar como Junta Consultiva de un gobierno de transición cívico-militar. Es la base de un golpe, en oposición a los sucesivos ‘autogolpes’ del madurismo. Se discierne, en las últimas semanas, una tendencia, en el oficialismo, a aislar al tándem más abroquelado, que sería la facción que conduce Diosdado Cabello y, por otro lado, la extensión de las peleas callejeras a nuevos estados -Zulia, Carabobo-, y a sectores más empobrecidos. Incluso se han producido saqueos a comercios amparados por la Guardia Nacional, que tendría la intención de recurrir a la ley Marcial. Esto pondría en el centro de la crisis a las Fuerzas Armadas, algo a lo que se han resistido a hacer, incluso en 2002, cuando por ese motivo repusieron (las unidades de paracaidistas) a Hugo Chávez en el gobierno.

En Venezuela es necesario constituir un bloque obrero y de izquierda independiente de los dos bloques capitalistas que dominan el escenario de la crisis. El derrumbe ostensible del gobierno es apenas la primera etapa de una crisis de desarrollo mucho más prolongada, que servirá al pueblo como experiencia política y que producirá el agotamiento político de las fuerzas burguesas y pequeño burguesas en presencia. La base irrevocable de la crisis venezolana es la crisis mundial -no hay más lugar para una Venezuela petrolera. La decadencia mundial obliga a una reestructuración histórica de la sociedad venezolana y de toda América Latina, incompatible con el orden capitalista y con las fuerzas políticas en presencia.

Las estimaciones periodísticas -y de quienes estuvimos en la Plaza- dan cuenta de que el pasado miércoles tuvo lugar una de las manifestaciones populares más expresivas de los últimos tiempos. Se volcaron a las calles, según los cálculos, entre 400.000 y 500.000 personas. Pero esta cifra no considera a la movilización del interior: tomando en cuenta a los 120.000 que marcharon en Córdoba y a los 70.000 que lo hicieron en Rosario, es probable que en todo el país se hayan manifestado un millón de personas. El alcance de esta movilización, naturalmente, ya se palpitaba en los días anteriores. Fue bajo esta presión que el Congreso salió a votar apresuradamente su ley “interpretativa” del 2x1. Con ello, es cierto, salió a rescatar a la Corte. Pero pagando el precio de cancelar, al menos por esa vía, una seguidilla de libertades a los genocidas.

La movilización tuvo lugar incluso cuando la ley restrictiva del 2x1 ya había sido sancionada. O sea que la multitud quiso condenar a toda una orientación de impunidad, que ha estado presente en la minimización del genocidio por parte de los funcionarios de Macri o en los pronunciamientos del Episcopado.

El 10M y la situación política

La importancia de este veredicto popular debe mirarse a la luz del conjunto de la situación política, signada por un enfrentamiento estratégico entre el Estado, sus partidos y la clase obrera. De cara al impasse de la clase capitalista, que se manifiesta en la persistencia de la recesión, en la crisis fiscal y en la multiplicación de todos los desequilibrios económicos, el gran capital emplaza al macrismo y le exige una reorganización social a costa de los trabajadores. En esa agenda reaccionaria revista una reforma previsional contra los jubilados, la progresiva privatización del hospital público, la liquidación de los convenios colectivos y, como parte de ellos, del estatuto del docente. No caben dudas que, para esta tarea, Cambiemos sabe que no está sólo: cuenta con el concurso de los partidos que, en el Congreso y en las gobernaciones, le han votado un paquete de más de cien leyes coloniales y antiobreras en 2016. Cuenta, además, con la burocracia sindical, que restauró la tregua que había interrumpido, bajo la presión obrera, el paro del 6 de abril.

Pero el gobierno es consciente que precisa del peso del aparato represivo para enfrentar todas las expresiones de lucha que superen el cepo burocrático, teniendo en cuenta la escalada antiobrera que tiene por delante. Ello explica el esfuerzo sistemático por restaurar la autoridad política de las Fuerzas Armadas. Frente a este escenario, la pueblada nacional del 10M no sólo es un golpe al 2x1: es la desautorización a una orientación de fondo, dirigida a colocar todo el peso del Estado a que las masas paguen la bancarrota del capital. Hay que inscribir esa reacción popular en una saga que atraviesa a las huelgas y marchas docentes, así como la gigantesca manifestación de la mujer, el pasado 8 de marzo. Del lado del aparato estatal, el revés del 2x1 también se suma a otras crisis del aparato de represión, como las destituciones de los jefes policiales de la Capital y de Buenos Aires.

La paradoja del 10M

Contradictoriamente, una parte importante de la multitud que se acercó a la Plaza lo hizo bajo la orientación de esos partidos de Estado, y principalmente, del kirchnerismo. Pero si esa multitud buscaba una condena concluyente a la política amnistiadora del macrismo, no la encontró en la Plaza. El documento que se leyó en el palco oficial -dominado por organismos de derechos humanos que habían sido afines al kirchnerismo- se caracterizó por su ambigüedad política. Condenaba la decisión de la Corte sin señalar lo evidente: a saber, la vinculación entre ese fallo y la política oficial. El documento se encontraba bajo la impronta de la “unidad nacional contra el 2x1”, que el gobierno comenzó a urdir cuando reculó de esta tentativa amnistiadora. Se trató, por lo tanto, de un encubrimiento del macrismo. Pero también del propio FpV, que votó en el Senado el nombramiento de los jueces amnistiadores. Momentos antes de la marcha, Estela Carlotto se fotografió con Florencio Randazzo, el hombre que ha salido a “renovar” al peronismo bonaerense de la mano de la burocracia de Pedraza y una parte -todavía menor- del aparato pejotista. El palco del acto no buscó unir a la multitud indignada contra el fallo amnistiador, sino explotar ese espíritu unitario en favor de un nuevo perdón -esta vez, a favor del gobierno y de sus aliados.

El kirchnerismo y la izquierda

Las consecuencias de esta orientación van más allá del propio 2x1 y pueden ser graves para la lucha contra la impunidad: según relata Morales Solá, Elisa Carrió se apresta a presentar un proyecto en favor de la libertad domiciliaria a los genocidas mayores de 75 años. Después del traspié del 2x1, se buscaría ahora el flanco “humanitario” para volver a beneficiarlos. Según sugiere el editorialista de La Nación, la tentativa de Carrió podría encontrar eco, incluso, en el campo “nacional y popular”. Hebe de Bonafini boicoteó la marcha con el argumento de que sus organizadores promovían un nuevo “nunca más”, desde la reivindicación de la teoría de los “dos demonios”. La autoridad para esta crítica, desde luego, queda desnaturalizada por su apoyo incondicional a otro genocida, el cristinista César Milani. Bonafini se sirvió de un argumento agudo para esconder otro disgusto: el de los cristinistas recalcitrantes, que están siendo relegados al fondo del cajón en la “unidad” que su jefa ha tejido con los caciques del pejota.

A la luz de lo anterior, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿no existe un abismo objetivo entre los que marcharon, por un lado, y los que pregonan la “unidad nacional” con los ajustadores”, del otro? La respuesta a esta pregunta abre un enorme campo de lucha política para la izquierda. En primer lugar, refuerza el acierto de haber marchado el mismo día 10 para batallar en la Plaza -y ante la enorme masa que se manifestó- por una orientación política independiente respecto de los partidos de Estado.

El lugar de la izquierda es hacer conciente ese choque objetivo, lo que exige, primero, establecer una continuidad en la lucha contra la impunidad. Seguimos la campaña por el juicio político a la Corte, que se servirá de cualquier nuevo resquicio para abrirle paso a la política amnistiadora. Es necesario unir este planteo de lucha contra la prisión domiciliaria a los genocidas, frente a los nuevos embates de Carrió. La marcha del próximo 23, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, es un peldaño para reforzar esa campaña en universidades, colegios, lugares de trabajo y barrios. La necesidad de una acción común contra la impunidad es otra razón de fondo para que el Frente de Izquierda acuerde listas comunes y concentre su acción contra los partidos y candidatos del ajuste y la impunidad.

Foto: Paula Acero

El presidente Michel Temer decidió anular, o al menos postergar, una renuncia que se daba por consumada, luego de articular una salida con las dos espadas de la economía brasileña: el presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn (ex Banco Itaú) y el ministro de Economía, Henrique Meirelles (ex ministro de Lula y ex Banco Boston). Ambos le aseguraron que podían contener el derrumbe de los mercados financieros y de cambios, lo que se puso de manifiesto, sin certezas ulteriores, al día siguiente. Sin la fuga del gabinete, porque con excepción del ministro de Cultura, también logró la permanencia del PSDB, que ocupa el Ministerio de Defensa, Temer se jugó a ganar dos semanas. Ocurre que el 6 de junio próximo debería darse a conocer el veredicto acerca de los fondos ilegales recibidos por la fórmula Rousseff-Temer en la campaña electoral de 2014. Una sentencia condenatoria lo eyectaría del Planalto de inmediato. O sea que todas las cartas siguen en la mesa. Incluso se les ha iniciado un proceso a los hermanos Batista, accionistas mayoritarios del monopolio JBS, por las operaciones a la baja que lanzaron en la Bolsa brasileña con la expectativa de aprovechar la publicidad de las conversaciones que habían mantenido con Temer en marzo pasado. La revelación de esa tertulia desató la crisis en desarrollo.

Crisis histórica

Este nuevo episodio de la crisis política brasileña ha vuelto a poner al desnudo el lugar central que ocupa en ella el destino de las grandes corporaciones del país. Desde el punto de vista de la economía, la operación Lava Jato ha apuntado a quebrar la articulación industrial armada en torno de Petrobras y el monopolio insuperable de las constructoras nacionales.

El rol del Departamentode Justicia de Estados Unidos en la delación del Lava Jato, vuelve a hacerse presente ahora con la revelación de que los hermanos Batista han decidido proceder a “la delación de las delaciones” para “arreglar con el Departamento de Justicia, el poderoso DoJ, la mudanza de la empresa a Estados Unidos, donde ya tienen 56 fábricas y realizan la mitad de las ventas globales” (Valor Económico, 19/5). El diario brasileño cierra la información con esta conclusión sensacional: “Los Batista actuaron rápido, escogiendo el camino opuesto al de la familia Odebrecht, que vio sangrar sus negocios mientras se resistía a colaborar con las investigaciones”.

Odebrecht y las otras constructoras están empeñadas ahora en delatar a todos los beneficiados por sus coimas, con el propósito de salvar los negocios y operaciones de sus compañías -hasta ahora con un resultado incierto. En Argentina, por ejemplo, la Justicia acaba de rechazar una oferta de delación de parte de Odebrecht a cambio de mantener su participación en las obras de soterramiento del Sarmiento. Al lado de la reestructuración social que ha encarado la burguesía brasileña, mediante el ataque a los derechos laborales y previsionales de los trabajadores, opera una lucha encarnizada y sangrienta acerca del destino de los llamados “campeones nacionales” de Brasil. El conglomerado del empresario ‘emergente’ Eike Batista, nave insignia de Lula y el PT, ya fue enviado a mejor vida: fue quebrado el monopolio de Petrobras. JBS emigra a Estados Unidos y Odebrecht es objeto de remate a lo largo y ancho de América Latina. La quiebra de los negocios de la construcción ha puesto en el ‘freezer’ a Unasur -que no ha sido otra cosa que su criatura política.

Todas estas ‘víctimas’ fueron las niñas mimadas del gobierno PT-PMDB, tanto bajo la jefatura de Lula como de Dilma- ‘trabajadores’ al servicio de la burguesía nacional. Para eso utilizaron los recursos fiscales del Estado y los financieros de la Caixa Federal y del BNDS -que se financia, por otra parte, con los aportes jubilatorios de los laburantes brasileños. El 21 por ciento del capital accionario de JBS se encuentra en manos del BNDS, mientras la Caixa guarda el 5 por ciento.

Todo indicaría, entonces, que una destitución de Temer desbarataría todos los arreglos hechos en el último año con las constructoras coimeras y Brasil asistiría a una enorme transferencia patrimonial entre capitales extranjeros y nacionales. Un escenario semejante pone a todas las clases sociales ante el desafío de determinar el destino del conjunto de las relaciones sociales vigentes. Ante la confiscación gigantesca que se encuentra en marcha, la consigna debe ser: expropiar a los expropiadores. A esto hay que agregar el impacto de conjunto de la crisis mundial -caída del precio de materias primas, guerras comerciales, amenazas de colapsos financieros- desde Italia a China, y la incesante crisis política norteamericana.

“Pacificar el país”

“Ahora hay que controlar la ansiedad”, habría dicho el presidente del PT, Luiz Marinho, luego de entrevistarse con Lula (Valor), como acostumbra a hacerlo Durán Barba cuando tiene que aconsejar a Macri y a Marcos Peña. La respuesta citada es instructiva, porque la crisis, por un lado, y la indignación popular por el otro, sugerirían lo contrario: que hay que volcar la ‘ansiedad’ en las calles y en una huelga general. Después de todo están en juego -también- la ‘democracia’ y la ‘transparencia’.

El frente petista Brasil Popular reclama “diretas ja”, como en 1980, pero no sabe cómo conseguirlas: si por una enmienda del Congreso, que exige las 3/5 partes de los votos, o como una sentencia que anule las elecciones de 2014 por fraudulentas. La primera opción podría llevar tiempo y la segunda es incierta. Una elección presidencial dejaría en pie al Congreso corrupto y una ‘cohabitación’ imposible. Para una senadora, Gleisi Hoffmann, las directas serían la forma de “pacificar al país”.

Al Frente Brasil Popular, las ‘diretas’ le plantearían un problema insoluble, con o sin legislativas, que es su doctrina de armar frentes con los partidos tradicionales con el pretexto de la necesidad de contar con una mayoría parlamentaria. En ese caso debería volver a pactar con los ‘chorros’. La ejecutiva petista olvida que la crisis de Brasil es producto de su propia incapacidad política, como lo ha demostrado en cuatro gestiones, para ofrecer una salida de los trabajadores. La espera de un fallo sobre las elecciones pasadas, las negociaciones para conseguir ‘diretas’ mediante una enmienda constitucional, la salida electoral y su correlato frentista con los partidos del régimen -todo esto caracteriza una política de “unión nacional” de parte de Lula y del PT.

Es probable que el Poder Judicial termine ‘cassando’, a principios de junio, a Temer, mediante la invalidez de la fórmula presidencial de 2014. En ese caso, la sucesión la determinará el Congreso, con un presidente que rescate al gabinete actual. Por la naturaleza histórica de la crisis, sin embargo, las convulsiones políticas no cesarán en absoluto.

La cuestión del momento, en Brasil, es ganar la calle en permanencia e impulsar una nueva huelga general. En estas condiciones, la convocatoria a una Constituyente libre y soberana se convertirá en un canal superior de movilización política de las masas, y podrá plantear la cuestión del poder -el gobierno de los trabajadores. En Brasil, como en toda América Latina, la solución de la cuestión de la dirección de la clase obrera es la clave para transformar las crisis repetidas en crisis de poder y revolucionarias, y en la posibilidad de un gobierno de trabajadores.

El 4 de mayo, desde la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dirigida por Horacio Pitrau (y con su firma), salió una resolución que declara “de ineficacia jurídica la elección de delegados...”, en referencia a los comicios realizados el 7 de diciembre de 2016 en la fábrica plástica Tempur Sealy. Vuelve, de este modo, a atacar a la comisión interna electa por sus trabajadores, con una complicidad absoluta de la empresa, que no recibe a la comisión interna desde que comenzó su mandato, en una actitud claramente antisindical.

Lo que más llama la atención sobre la decisión de Pitrau es que en las elecciones estuvieron presentes un veedor del Ministerio de Trabajo (el funcionario Tomas Flores), el secretario general de Uoyep -gremio plástico- de Boulogne y un miembro de la directiva de Uoyep de Capital Federal (Angel Aubel), quienes avalaron -según consta en las actas de apertura y clausura- estas elecciones. Tanto el gremio como la lista patronal avalaron y aceptaron el método de la elección y la legalidad de las dos listas que se presentaban.

El ministerio tomó un pedido de impugnación sin haberse agotado las vías asociacionales, lo que implica una irregularidad enorme en el procedimiento y un ataque al gremio plástico, que entendemos que tiene que ser rechazado. Es clara la injerencia de la empresa en la decisión ministerial.

En 2014, la comisión interna fue arrebatada por un fraude, pero así y todo no pudieron desarmar la organización que logramos los trabajadores en la fábrica. Ante un nuevo intento de fraude en julio de 2016, nos movilizamos para rechazarlo y conquistamos una nueva fecha para las elecciones. Otra vez en condiciones adversas (se incluyeron cien trabajadores que no pertenecían al establecimiento) en diciembre de ese año, los trabajadores volvimos a vencer.

El ministerio, un eslabón clave

El actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es un eslabón clave en las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno macrista, con el aval de los gobernadores. Los lazos de la familia Triaca con las patronales plásticas siguen totalmente vigentes; recordemos que su padre fue adjunto del gremio, secretario general de la CGT y ministro de Trabajo menemista.

El hoy macrista Horacio Pitrau, quien fue designado el 4 de enero de 2016 a cargo de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), fue abogado defensor de Schoklender durante el período kirchnerista en la cuestionada causa “Sueños Compartidos”, y renunció a esta defensa en 2011, tras la amenaza de éste de denunciar a funcionarios del gobierno.

A cargo de la DNAS, entre otras fechorías, avaló -como representante del ministerio- el fraude de Roberto Baradel en las recientes elecciones del Suteba.

El repudio de los trabajadores

La empresa, sabiéndose la más beneficiada con la decisión del ministerio de anular las elecciones, el viernes 5 -durante el turno tarde- salió a publicar el fallo por toda la planta con el fin de desmoralizar al conjunto de los trabajadores.

Pero la respuesta en repudio a estas acciones por parte de los compañeros no se hizo esperar. El miércoles 17, la comisión interna y los trabajadores convocaron a una asamblea general de planta del turno mañana debido al retraso de un día en el pago de la quincena y solicitaron que bajara el gerente de Recursos Humanos para que explicara el por qué del atraso y la pronta acreditación de los haberes. En esta asamblea, los compañeros cuestionaron la actitud de la empresa hacia la comisión interna. La asamblea dejó claro que a los delegados los eligieron los trabajadores y van a ser los trabajadores quienes digan cuándo lo van a dejar de ser y por medio de un gran aplauso demostraron el apoyo a su comisión interna.

La comisión interna participó del plenario general de delegados el viernes 19, llevando el rechazo de los trabajadores a la decisión del Ministerio de Trabajo, y solicitaron un pronunciamiento del gremio rechazando públicamente este fallo.

La organización de los trabajadores de Tempur Sealy está de pie y seguirá adelante en defensa de la democracia sindical y los derechos de los compañeros.

El agravamiento de la crisis política en Brasil no sólo ha colocado en la picota al usurpador Michel Temer. El Lava Jato ha estallado con toda su fuerza en la situación política argentina. Por sobre todas las cosas, ha revelado hasta qué punto quienes gobiernan o han gobernado el país saquearon al presupuesto público en favor de los intereses capitalistas.

Como es sabido, los funcionarios delatores del grupo Odebrecht revelaron a la Justicia norteamericana el pago de 35 millones de dólares de sobornos a funcionarios argentinos en los últimos años, para favorecerse en la adjudicación de obras. Desde el soterramiento del ferrocarril Sarmiento hasta las plantas potabilizadoras de AySA, pasando por los gasoductos troncales, a esos contratos se han asociado varios de los pulpos más caracterizados del país y del continente -es el caso de Camargo Correa, Benito Roggio o Cartellone. En el soterramiento, la obra más costosa, el socio local es IECSA, la constructora que pertenecía a Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. El Lava Jato, por lo tanto, no sólo golpea a los De Vido, sino también al corazón del gobierno actual y de varias administraciones provinciales. Es el caso del gasoducto cordobés que licitaron sucesivamente De la Sota y Schiaretti, y que Macri inauguró el año pasado con un casco de Odebrecht en su cabeza. El sayo le cabe también al jefe de la ex Side argentina y mano derecha del Presidente, Gustavo Arribas, el cual, según los cambistas ilegales del pulpo brasileño, tramitó diez transferencias de fondos a través de ellos.

El 1° de junio, la Justicia brasileña debería levantar el secreto de sumario respecto de los sobornos de Odebrecht en otros países, entre ellos, la Argentina. La cercanía de esta fecha, y la perspectiva explosiva de estas revelaciones, han iniciado en el país una crisis política con cuenta regresiva. Todo un régimen está discutiendo la “reducción de daños” -o sea, los términos de un encubrimiento en favor de funcionarios, gobiernos y empresarios.

Protección a dos bandas

En ese cuadro, Odebrecht le ha ofrecido a la Justicia local el ‘modelo’ de acuerdos que ya ha practicado en otros países de la región –a saber, la entrega de la información sobre coimas a funcionarios a cambio de la continuidad de sus contratos de obra pública. Los fiscales de la kirchnerista Gils Carbó, que protegen a los De Vido, alegan que la legislación argentina no permite un acuerdo con un alcance tan vasto. Pero en nombre de las trabas interpuestas por los fiscales K, el gobierno puso en marcha otra operación de encubrimiento, si se quiere, aún más alevosa: por indicaciones del propio Macri, iniciaron una negociación directa con Odebrecht de la mano del ministro de Justicia y de la jefa de la Oficina Anticorrupción, la macrista Laura Alonso. En este caso, la lista de los argentinos involucrados quedaría sometida al “filtro” de los funcionarios macristas. Pero, además, Odebrecht ofrece el pago de una ‘multa’ equivalente a los sobornos pagados, a cambio de la continuidad de sus obras -o sea, un segundo soborno para seguir expoliando el presupuesto público. La sola tentativa de poner en marcha este acuerdo escandaloso demuestra que el “republicanismo” termina donde empiezan los intereses capitalistas.

La posibilidad de que el Lava Jato golpee con más fuerza aún al gobierno Cambiemos puso en ‘estado de alerta y movilización’ a Elisa Carrió, quien ha salido a plantear una depuración selectiva del gabinete macrista y, en particular, de sus servicios de espionaje. Carrió denuncia a la segunda jefa de la ex Side, pero rescata a su jefe Gustavo Arribas, que pertenece al riñón del Presidente. Del mismo modo, no abrió la boca para reclamar la rescisión de las obras de Odebrecht. En cambio, y como lo reveló un periodista de su palo (Morales Solá), la ‘campeona de la transparencia’ se reunió con los abogados locales del pulpo brasileño, como parte de las negociaciones que éste sostuvo con el macrismo. Carrió trabaja por aminorar los daños del Lava Jato sobre el gobierno actual. Pero el rescate que tramita para Macri viene de la mano de los mismos intereses que manejan los hilos de la crisis brasileña -el Departamento de Estado norteamericano y el capital internacional.

La mano del imperialismo

No sorprende, por eso, que en la discusión sobre el rumbo del Lava Jato argentino, que ni la Justicia ni los funcionarios macristas consiguen destrabar, aparezcan voces que piden la “colaboración” de la Justicia norteamericana -la misma que ha piloteado el proceso de ‘delaciones’ de los principales popes de Odebrecht. Detrás de este reclamo, asoma la dimensión de fondo del Lava Jato en la Argentina. El periodista Carlos Burgueño acaba de poner el foco en “los préstamos que durante los últimos quince años fue entregando el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño a las principales compañías de su país para financiar su expansión por el mundo, incluyendo en la Argentina” (Ambito, 22/5). Se refiere a la compra de empresas -frigoríficos, constructoras, petroleras- y licitaciones de obras públicas, detrás de las cuales “muchos de los socios argentinos de las empresas brasileñas deberán prepararse para dar explicaciones” (ídem). Como en Brasil, el Lava Jato argentino es un ariete para desplazar a la gran burguesía del continente del botín de los recursos naturales y la obra pública, en favor del capital internacional. En Argentina, esta escalada debe abrir una crisis en el gobierno de Macri, repartido entre sus múltiples lazos -incluso familiares- con los “Odebrecht” argentinos, por un lado, y el capital financiero, por el otro. En Brasil y Argentina, la plataforma que debe hacer “viable” esta nueva recolonización es una escalada histórica contra los trabajadores y sus conquistas: convenios colectivos a la baja, ‘reforma previsional’ contra los jubilados, privatización aún mayor de la educación y la salud. Naturalmente, el aparato de represión del Estado -y sus servicios- deben alinearse con esta perspectiva. No hay que olvidar, ni por un momento, que la ‘republicana’ Carrió viene de ser la abanderada de la reconciliación con los genocidas de la dictadura.

Campaña tutelada

El escándalo Odebrecht en la Argentina debería dar lugar a una revisión completa de la obra pública, como factor de acaparamiento de los recursos públicos y de ataque a los intereses de trabajadores y consumidores. Por el contrario, los partidos y gobiernos asociados a los Odebrecht navegan entre un encubrimiento negociado y una nueva asociación corrupta -con los fondos financieros del imperialismo y sus “servicios”. La campaña electoral ha quedado bajo la tutela de estos intereses: los del ajuste y la recolonización económica. Frente a Carrió, el radicalismo presenta como supuesto opositor al ex embajador macrista en Estados Unidos -Lousteau-, cuya principal gestión residió en una operación de compra de armas a la industria bélica yanqui. Del lado del Frente Renovador, Massa, otro amigo de los “Odebrecht” argentinos, se ha agenciado a otra amiga del Departamento de Estado -Stolbizer- para tramitar su propio certificado de ‘transparencia’. Cristina Kirchner, por su parte, sería la candidata de la “unidad peronista” -o sea, un mascarón de proa de los intendentes y punteros que pactan cotidianamente el ajuste con el gobierno macrista de Vidal. En oposición a este desfile de sobornadores y sobornados, de espías y “servicios”, de entregadores del país y de sus trabajadores, el pueblo argentino ha protagonizado inmensas movilizaciones en los últimos meses.

La gran tarea del Frente de Izquierda es imprimirle un carácter consciente a esta expresión popular, con un programa y una acción en defensa de los trabajadores y de sus reivindicaciones históricas e inmediatas. La envergadura de esa lucha exige de una acción común del FIT en todos los planos y, naturalmente, también en el de las listas electorales. Con esta comprensión, el Partido Obrero lanza su campaña y sus candidatos en todo el país, contra “los candidatos de Odebrecht” y el ajuste a los trabajadores.

La Marcha Nacional Universitaria del martes pasado muestra una contradicción que vale desentrañar. En un país convulsionado por las grandes manifestaciones de marzo y las 500.000 personas que coparon Plaza de Mayo contra el 2x1 a los genocidas, la marcha de la universidad tuvo, sin embargo, menos alcance y profundidad que la del 12 de mayo del año pasado. Sería absurdo concluir que los estudiantes y docentes que se movilizaron de a miles el año pasado simplemente perdieron la voluntad de lucha o que el clima de movilización contra el gobierno no entra a la universidad ¿A qué se debe entonces este cambio?

Mientras el año pasado las autoridades universitarias impulsaron, hasta cierto punto, un choque con el gobierno, ahora asistimos a un “cierre de filas” con él. Este entendimiento se cristalizó en el Sistema de Reconocimiento Académico de Educación Superior, un acuerdo firmado por el gobierno y 75 rectores radicales, peronistas y kirchneristas para implementar un sistema de créditos como el que existe -y está llevando a la quiebra de las familias- en Estados Unidos, Europa o Chile. Para las camarillas universitarias es la oportunidad de desechar las materias que “no cotizan” en favor de los posgrados y cursos pagos -es decir, proceder a un ajuste al interior de sus casas de estudio. Macri replica con los rectores la alianza que tiene con los gobernadores del PJ-FpV, que actúan como gestores del ajuste en sus provincias.

Pizzurno o Plaza de Mayo: tregua o lucha

La pelea por el destino de la marcha del 16 puso de manifiesto esta situación. La tregua de los rectores con el gobierno incidió en el movimiento estudiantil y docente a través de los sindicatos y agrupaciones ligadas al régimen universitario. Esta tregua explica la negativa rígida de Fedun -el sindicato más integrado a los rectores- a marchar a Plaza de Mayo. Pero la tregua alcanza también a la Conadu K y a las agrupaciones estudiantiles que actúan bajo su órbita, que luego de algunas vacilaciones se quedaron en el Palacio Pizzurno. También jugaron en este terreno La Mella y el PCR, armando un bloque con La Cámpora (FULP) y el MNR (FUR), que colocó sus fichas en el acto con la burocracia docente.

Sólo la AGD y la Fuba defendieron desde un primer momento marchar al centro del poder político, planteo al que finalmente se sumó la Conadu Histórica. La Fuba, además, fue la única federación que convocó un Congreso Abierto, en el cual participaron 1.000 estudiantes que votaron marchar a Plaza de Mayo. La división de la marcha se corresponde con los diferentes roles asumidos a lo largo de la huelga docente. En estos largos tres meses de paritaria, Fedun y la Conadu K acompañaron la tregua de los rectores en detrimento del salario de sus propios afiliados. Sólo la Conadu Histórica, bajo el influjo de la izquierda y sus organizaciones de base, desarrolló un plan de paros sistemáticos (22 días de huelga) para ganar.

Sabotaje a la Fuba

Es en este cuadro que se entiende que La Mella, que co-preside la Fuba, no haya defendido el mandato de nuestro Congreso Abierto ni el lugar de la federación en la marcha. La realidad es que para esta agrupación, que se desplazó de la “izquierda independiente” al FpV, la defensa de una Fuba independiente ya no es negocio. Más aún, el carácter combativo de la federación se ha convertido en un obstáculo para su ansiada integración al aparato universitario. Por eso, La Mella sabotea las reuniones de la Junta Representativa, extorsionando con la quita del quórum cada vez que puede tratarse un punto que cuestione esta dirección. El sabotaje a la Junta Representativa equivale a un sabotaje a la Fuba misma, ya que al no haber una mayoría de delegados que pueda ganar el Congreso, la Junta Representativa es el organismo democrático donde los representantes electos en los centros pueden resolver las divergencias asegurando la unidad de acción de la federación.

La línea de sabotaje lleva a que el debate de orientaciones al interior del movimiento estudiantil sea reemplazado por la “duplicación” de banderas de la Fuba, como ocurrió el 24 de Marzo, cuando La Mella se negó a respetar el mandato de la mayoría de los centros de movilizarse junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; o el martes pasado, donde una segunda bandera de la Fuba marchó junto al bloque K-MNR para morir en Pizzurno. La campaña para “que se ponga fecha” a un nuevo Congreso es parte de este sabotaje, porque no apunta a recomponer el funcionamiento orgánico de la federación y su capacidad de acción, sino a reforzar la extorsión para integrar a La Cámpora a la conducción.

Por una dirección independiente

El balance del plan de lucha desarrollado hasta la fecha demuestra el valor estratégico de una intervención independiente de los estudiantes junto a los docentes. Toda intención de colocar al movimiento estudiantil detrás de los decanos o del kirchnerismo se ha revelado como un factor de tregua a Macri. En este cuadro, la defensa de la Fuba como herramienta de organización de los estudiantes pasa por defender su independencia política y su funcionamiento democrático. El primer paso, en este sentido, debe ser restablecer el funcionamiento regular de la Junta Representativa, donde están expresados los trece centros de estudiantes y el acatamiento de sus resoluciones.

Llamamos a todo el movimiento estudiantil a intervenir en el debate y pronunciarse. La forma positiva de enfrentar el impasse actual de la Fuba -donde ninguno de los tres principales bloques (Franja Morada, K-Mella, izquierda) logra establecer una mayoría propia- pasa por defender el funcionamiento democrático y regular de sus organismos y la unidad de acción de los estudiantes junto a los trabajadores para derrotar el ajuste de Macri y sus socios. El balance de esta experiencia se deberá plasmar en las elecciones estudiantiles en el fortalecimiento de una dirección independiente y de lucha, a la altura de las circunstancias.

La Marcha Federal Universitaria dejó un balance lamentable en relación con el accionar del PTS. Cuando la columna de Conadu Histórica y la Fuba se dirigió hacia la Plaza de Mayo, este grupo montó sucesivas provocaciones con el objetivo de ganar algún protagonismo. Al final, por redes sociales buscaron enchastrar a la conducción de la Fuba, y en particular a la UJS, difundiendo una gresca entre militantes de la Cepa y La Corriente (su reciente ruptura de la UBA), como si se tratara de militantes de nuestra agrupación. Nada que envidiarle a las operetas de los monopolios mediáticos.

El balance de la lucha universitaria es muy claro. De un lado, la UJS logró que la Fuba convocara a un Congreso Abierto y votara un plan de lucha con marcha a Plaza de Mayo contra el ajuste de Macri y los rectores (la Fuba fue la única federación estudiantil que abordó el conflicto docente de ese modo). Del otro lado, el PTS se dedicó durante semanas a repartir folletería con caras de Del Caño, ignorando por completo tanto el plan de lucha como el Congreso de la Fuba y la marcha posterior (que a último momento pretendió encabezar).

El accionar del PTS da cuenta de una forma conservadora, de aparato, de intervenir en las elecciones. La UJS y el PO defendemos un método opuesto: es necesario ligar la cuestión electoral a las luchas actuales de la juventud y los trabajadores. Por eso insistimos en la propuesta de que el Frente de Izquierda se ponga en pie de lucha con listas comunes y convoque un congreso del movimiento obrero, las mujeres y la juventud para volcar a todos los luchadores a la pelea política. Es de esta forma que lograremos desarrollar al Frente de Izquierda como alternativa de poder.

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En el encuentro en Atenas participaron organizaciones, militantes y personalidades de países europeos provenientes de Gran Bretaña, Grecia, Francia, Italia, Polonia, Finlandia, Hungría, Bulgaria, Macedonia y Bosnia. También está previstao la presencia de delegaciones de Rusia, Ucrania, Turquía y Medio Oriente, que llegaron de Palestina y Siria. El Partido Obrero se hizo presente con una delegación integrada por los compañeros Jorge Altamira y Rafael Santos.

Las tres conferencias anteriores fueron la oportunidad para abordar la situación europea e internacional y adoptar resoluciones y tomar iniciativas políticas. La Primera Conferencia se realizó en 2013, en el momento de la rebelión popular de Gezi Park (Turquía) contra Erdogan. La segunda sesionó cuando la guerra de Ucrania conmovía el continente europeo. En 2015, la Tercera Conferencia concentró su atención en los acontecimientos de Grecia, tras la capitulación del gobierno de Syriza ante la troika.

Esta Cuarta Conferencia Euromediterránea se desarrolla en momentos en que asistimos a un salto de la crisis mundial, como lo demuestran las crisis enormes en Brasil y Venezuela y la no menor que afecta al recién asumido gobierno de Trump. Un aspecto decisivo de ella es la extensión que ha alcanzado la guerra imperialista en el Medio Oriente y el principio de descuartizamiento de Siria en “zonas de seguridad”. La desintegración de la Unión Europea sigue ocupando un lugar central en la crisis mundial.

La Cuarta Conferencia abordó este cuadro internacional y procurará traducirlo en resoluciones y una acción internacional común.

Reproducimos, a continuación, la contribución elaborada por Jorge Altamira.

La bancarrota capitalista de 2007/8 señaló el ingreso a una nueva etapa en la transición histórica de la crisis mundial que se inició a finales de los años ’60. La tendencia a la disolución del capitalismo dio un salto cualitativo y ha obligado al conjunto de los principales Estados, incluidos Rusia y China, a operar un rescate financiero sin precedentes. En el transcurso de los diez años posteriores, la crisis mundial se ha apoderado de todas las estructuras sociales y políticas del capital. De un lado, ha llevado a una situación de cuasi-bancarrota a las finanzas públicas y a los bancos centrales, y a una potencial crisis monetaria. Del otro lado, ha iniciado un nuevo ciclo de crisis de regímenes políticos, tanto nacionales como internacionales, y un reforzamiento de la tendencia a las guerras. Existe una unidad sistémica e histórica en el desarrollo de la crisis. Del ‘episodio’ catastrófico de Lehman Brothers se ha pasado al comienzo de la ruptura de la Unión Europea, a la amenaza de disolución de la zona euro (crisis bancaria en Italia, las crisis del Deutsche y Commerzbank) a un principio de crisis de régimen político en Estados Unidos y a la extensión geográfica de las guerras imperialistas. La guerra comercial, que nunca ha cesado ni podría cesar en un régimen capitalista, va tomando formas más agudas y plantea la posibilidad de una dislocación del mercado mundial.

Regímenes políticos

La crisis mundial representa un momento gigantesco de ruptura histórica en la etapa de decadencia del capitalismo. Produce un cambio en la forma de la guerra de clases del capital, que se desarrolla por medio de estallidos políticos y sociales. Esto queda de manifiesto en el ascenso de Trump, que ilustra una tentativa de establecer un régimen bonapartista en Estados Unidos -o, en su defecto, desembocar en un juicio político (“impeachment”) que se podría conjugar con una irrupción excepcional de las masas norteamericanas. Otro tanto vale para el nuevo gobierno británico, que ha surgido luego del referendo del Brexit, el cual busca, por un lado, reorganizar a la City de Londres (dominada por la banca norteamericana) en la guerra financiera con la zona euro y, por el otro, representa una tentativa de arbitraje político excepcional en la crisis que se ha abierto en Gran Bretaña. La intención, por parte de Emmanuel Macron, de gobernar por medio de decretos (“ordonnances”) en los primeros cien días de gestión, es otra manifestación de la transición hacia nuevas formas de dominación política, que chocan con las normas de la democracia burguesa y el parlamentarismo, y que significan, por tanto, una quiebra en el método de cooptación de las masas al orden político capitalista.

Un cuarto siglo después de la disolución de la Unión Soviética asistimos a la disolución de las estructuras políticas montadas por el imperialismo en los últimos años y a una crisis de régimen de sus ‘democracias’ más reputadas.

Guerra comercial

La metástasis de la crisis mundial en todo el cuerpo de la sociedad burguesa se manifiesta en la crisis de la llamada globalización capitalista, que deja rendimientos decrecientes al capital. La tercerización gigantesca de la producción mundial hacia China y otras naciones, acompañada por un desarrollo financiero extraordinario, ha agotado su capacidad para detener la caída de la tasa media de beneficio internacional. La exportación de capital a China, de todos modos, nunca logró elevar en forma significativa el beneficio medio en las metrópolis respectivas. Por primera vez en mucho tiempo, la tasa de crecimiento de las producciones nacionales (que se encuentra muy por debajo de su capacidad potencial) supera a la del comercio mundial. Esta es la base económica de la propaganda proteccionista y del mantra del gasto público en infraestructura. El repliegue hacia las fronteras nacionales es, sin embargo, inviable -en muchísima mayor medida en que lo fue en la crisis de los años ’30 del siglo pasado.

La retórica nacionalista, en especial en Estados Unidos, apunta, por este motivo, en otra dirección -a presionar por una mayor apertura, comercial y financiera, de parte de China y Rusia, por un lado, de la UE (o sea, Alemania) y de naciones como India, Japón o Corea del Sur, por el otro. Esa demagogia nacionalista apunta a impulsar las condiciones de reacción política que viabilicen la emergencia de gobiernos de fuerza y eventualmente fascistas. El acercamiento de Trump a Putin y a Rusia, que denuncian sus opositores, responde a una tentativa extraordinaria -de características inciertas- para someter a la Unión Europea a una dependencia mayor de Estados Unidos y a cortar las veleidades de una independencia militar de la Unión Europea, por la que abogan varios gobiernos europeos. En caso de prosperar, convertiría a Rusia, en última instancia, en un satélite del imperialismo yanqui. La dislocación ulterior que estas presiones económicas provocarán en los mercados interiores de los países mencionados, en especial en China, se convertirán en el combustible del desarrollo de situaciones revolucionarias. Es necesaria una caracterización de conjunto, o sea histórica, de la etapa mundial en curso, para evitar conclusiones unilaterales o impresionistas a partir de hechos aislados.

Es necesario distinguir los Brexit y los Frexit, que no son otra cosa que un realineamiento imperialista frente a la crisis, de las rupturas con el euro y la Unión Europea cuando provienen de los países sometidos de Europa, como Grecia o Portugal. En estos casos hay que diferenciar también el planteo de la burguesía nativa del de las masas, como se manifestó en el referendo traicionado por Tsipras, en Grecia, en 2015. En estos casos se trata de una ruptura con el imperialismo que debemos apoyar con los métodos de la movilización de masas y la revolución proletaria, en la perspectiva de los Estados Unidos Socialistas de Europa, incluida Rusia.

Guerras imperialistas

La tendencia a la guerra, propia del imperialismo y la reacción política, no es una repetición, en la actualidad, de las guerras precedentes, del mismo modo que tampoco éstas fueron una suerte de calco de las que las antecedieron. El monopolio militar, nuclear y tecnológico abrumador de Estados Unidos excluye la posibilidad, en la próxima etapa, de una “tercera guerra mundial”. Las pseudo-burguesías que se desenvuelven en China y Rusia, en el marco de la restauración capitalista, tienen puesto su interés en una asociación con el capital mundial antes que en una guerra internacional; el armamentismo agrava la crisis fiscal de todas las naciones y agudiza la lucha de clases. Lo que tiene lugar, desde la guerra contra la Federación Yugoslava, en 1995, es, de un lado, una generalización de guerras localizadas, pero de alcance mundial, para reordenar en favor del imperialismo la quiebra de la URSS y de su glacis y, más allá, de toda la periferia mundial que sostenía su autonomía gracias al apoyo de la Unión Soviética -por ejemplo, el Medio Oriente. El objetivo político de estas guerras, el “state building” (Estados vasallos), extiende el monopolio económico del capital financiero y refuerza la presión del imperialismo para llevar la restauración capitalista en Rusia y China hasta sus consecuencias últimas. La tendencia a la guerra choca, cada vez más, con la resistencia de las masas en las metrópolis imperialistas y plantea al capital la necesidad de liquidar derechos y conquistas democráticas. Estas guerras generalizadas van a crecer como consecuencia del derrumbe que se avizora para Estados estratégicos de la región, como Arabia Saudita, que se ve afectada por la competencia del combustible no convencional de Estados Unidos y, en el caso del Estado sionista, como consecuencia del avance de un Estado apartheid.

Es necesaria una campaña mundial contra las guerras generalizadas. Para eso es necesaria una denuncia muy clara del papel reaccionario que desempeñan Putin y Rusia en las guerras del Medio Oriente, incluso en Ucrania. Esta delimitación es tanto más importante en cuanto, tomadas de conjunto, esas guerras son una respuesta de la burguesía y de la burocracia restauracionista a las revoluciones y a las tentativas revolucionarias que se han desarrollado en Medio Oriente a partir de enero de 2011 en Egipto. En el caso de la guerra contra Libia, Rusia y China formaron un frente único con Estados Unidos y la Unión Europea, para defender su tajada en la explotación del petróleo libio. Nuestras consignas principales contra estas guerras deben ser el cese de los bombardeos de Estados Unidos y Rusia en Siria y de Estados Unidos y Arabia Saudita contra Yemen y retiro de sus ejércitos; por un socorro humanitario a Siria bajo control de las organizaciones obreras; fuera el imperialismo yanqui de Irak; por el derecho a la autodeterminación de la nación kurda; fuera la colonización sionista y el sionismo -por una República Palestina laica y socialista y el derecho al retorno de la población expulsada; abajo el régimen de Erdogan, por una Turquía obrera y socialista; fuera Putin, Merkel y Trump de Ucrania, por la autonomía nacional de una Ucrania socialista.

América Latina

América Latina se destaca, en la etapa presente, por la rápida pulverización de las experiencias y gobiernos “nacionales y populares”. Todos ellos vieron la luz como consecuencia de la crisis mundial -en especial de la crisis asiática de 1997, Rusia 1998 y el hundimiento del fondo LTCM, en 2000. Fueron el instrumento de una operación de rescate del capital. Se han hundido, en el período reciente, por la misma crisis mundial. Sobrevivieron, durante un tiempo, por las derivaciones del gasto público excepcional de China en el alza del mercado de materias primas y la invasión de capitales de corto plazo que aprovecharon ese ciclo especulativo (nacionalismo parasitario). La reversión de tendencia ha sido demoledora. El bloque de los Brics ha desaparecido de la tapa de los diarios, lo mismo que la Unasur. El nacionalismo burgués latinoamericano, militar o civil, ha vuelto a fracasar, esta vez luego de una experiencia más limitada y sin necesidad de golpes militares.

Esta misma crisis mundial ha llevado a la quiebra de Puerto Rico, lo que ha reactualizado al movimiento nacional portoriqueño y disparado una crisis ”sui géneris” en Estados Unidos. La bancarrota de Puerto Rico ilustra el destino que depara a Cuba la privatización económica del gobierno castrista en Cuba.

El derrumbe ‘nacional y popular’ ha creado una situación particular. De un lado, la emergencia de gobiernos improvisados de derecha, unos por medio de elecciones (Argentina), otros de golpes de Estado “parlamentarios” (Honduras, Paraguay, Brasil). El continuismo bolivariano, como ha ocurrido en Ecuador, no altera esta caracterización, porque el sucesor de Correa deberá lidiar con la crisis económica con los mismos métodos de ‘ajuste’ que llevaron al derrumbe a Dilma Rousseff, en Brasil. El agotamiento de la experiencia chavista integra este proceso, con independencia de sus características específicas: bastó la caída del precio del petróleo para sumir a Venezuela en el caos económico.

Al lado de estos gobiernos improvisados se desarrollan luchas de masas generalizadas. Ilustra esta caracterización, en Argentina, la oposición gigantesca que ha ocasionado la tentativa de aplicar una amnistía a los personeros con condena de la dictadura pasada o las huelgas políticas femeninas contra la violencia contra la mujer. El caso de Brasil es también contundente: ha pasado de manifestaciones multitudinarias dirigidas por la derecha, hace dos años, a la mayor huelga general política hace un mes.

Los Macri y los Temer gozan, por un lado, de un respaldo masivo de la burguesía y del capital extranjero, que se manifiesta en el apoyo sistemático que reciben de los partidos de oposición, del Parlamento y de la burocracia sindical. El capital entiende que un derrumbe de estos gobiernos crearía situaciones pre-revolucionarias; en algunos casos (Lula, Kirchner), los movimientos ‘nacionales y populares’ se reservan como recurso de última instancia. Estos gobiernos derechistas organizan su viabilidad mediante la explotación de las contradicciones políticas del movimiento de las masas. Han procedido a un enorme endeudamiento internacional para financiar una salida a la crisis, que incluso a corto plazo podría llevarlos a la bancarrota. La ‘gobernabilidad’, en América Latina, se asienta, en lo fundamental, en la crisis de dirección de los explotados. Esto es muy claro en Venezuela, donde la izquierda actuó como furgón de cola del chavismo en las casi dos décadas de gobierno. El derrumbe de los gobiernos nacionalistas ha abierto un período de transición que podría desembocar en situaciones pre-revolucionarias. Es lo que ocurrirá cuando una nueva crisis de deuda y el impasse económico se combine con el desarrollo de la izquierda revolucionaria como dirección política.

El desarrollo del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y los Trabajadores pone en evidencia el acierto de una estrategia de independencia de clase como método para establecer una dirección revolucionaria. Durante los doce años del kirchnerismo, nuestro partido desenvolvió una delimitación política implacable con este gobierno nacionalista, en oposición a cualquier forma de seguidismo a una política populista o de demagogia social. La explotación sistemática de los límites y contradicciones del kirchnerismo nos acercó en forma sólida a la vanguardia obrera -naturalmente a partir de una larga trayectoria consecuente en la lucha de clases en Argentina, incluidas las dictaduras militares. El Partido Obrero y el FIT han alcanzado la mayor inserción de la historia de la izquierda revolucionaria en el movimiento obrero y la juventud, incluso en el campo electoral -con presencia en siete legislaturas provinciales, el Congreso nacional y numerosos municipios. Es el adversario político exclusivo de la burocracia en los sindicatos. El Partido Obrero ha expuesto esta experiencia en una tesis política de conjunto para América Latina.

Desarrollemos partidos revolucionarios

Un examen muy general del conjunto de la izquierda revolucionaria internacional advierte que, con el desarrollo de la crisis capitalista mundial, ella ha acentuado su adaptación política a las distintas formas de populismo, que es, en definitiva, una adaptación al Estado burgués. El objetivo estratégico del gobierno obrero y la revolución mundial ha sido sustituido por un populismo de clara reivindicación policlasista. La disolución de la URSS y la restauración capitalista en China ha sido caracterizada en términos de agotamiento del “paradigma” de la Revolución de Octubre, y el rechazo de la caracterización de la decadencia del capitalismo y la oposición a la dictadura del proletariado. Ha sido abandonada la categoría misma de estrategia y de programa, que ha sido sustituida por un movimientismo considerablemente más atrasado que el que inspiró el revisionismo socialista en el siglo XIX. Por eso, el socialismo ha sido sustituido por el anticapitalismo, el cual pone en el mismo plano de víctimas de la sociedad capitalista a varias clases sociales. La cohesión política por el ‘pluralismo’ y el partido por el movimiento o partidos “amplios”. La acción directa no se identifica con la lucha de clases del proletariado sino con llamadas acciones espontáneas de diverso alcance. Se busca la unidad a partir del mínimo común denominador de movimientos sociales contradictorios, en oposición al frente único entre organizaciones políticamente diferenciadas.

La desnaturalización política de la izquierda revolucionaria mundial lleva varias décadas y no deja de acentuarse. Se manifiesta también en la división entre quienes reclaman el retiro o de la Unión Europea (nacionalismo) y quienes reivindican una “Europa social”. En Argentina, el populismo anticapitalista tiene una historia larga, como consecuencia del peronismo -al que se pretendió convertir, durante décadas, en un socialismo revolucionario. El peronismo acabó organizando el terrorismo de Estado y preparando el terreno a la dictadura militar. Como ocurre con las experiencias no superadas por medio de la crítica, el populismo anticapitalista reaparece en el FIT a partir de un pronóstico de disolución del kirchnerismo y la necesidad de capitalizarla en su propio terreno. Combinada con una adaptación al electoralismo, como resultado de las presiones generadas por los progresos en el campo electoral, el populismo anticapitalista ha abierto una crisis en el seno del FIT. La experiencia histórica demuestra que para aprovechar el agotamiento del kirchnerismo y de la burocracia sindical es necesaria una fuerte intervención en las luchas con el método de la delimitación política socialista, clasista y revolucionaria.

La reunión de compañeros, tendencias y organizaciones en la Cuarta Conferencia Euro-Mediterránea es una excelente oportunidad para impulsar la construcción de partidos revolucionarios (al principio, en algunos casos, de núcleos pequeños) en toda Europa, incluidos Europa del Este y los Balcanes, y en Medio Oriente y, por lo tanto, a nivel mundial. La formación de partidos obreros revolucionarios representa “la crítica de las armas” a la decadencia capitalista.

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"Llamamiento para una 4ª Conferencia Euromediterránea de Emergencia"

“Si alguna vez he cantao ante panzudos patrones / he picaneao las razones profundas del pobrerío / yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones”

Atahualpa Yupanqui

(El payador perseguido)

Atahualpa Yupanqui (Héctor Roberto Chavero) fue, con Carlos Gardel, el ícono mayor de la música popular argentina. Murió hace 25 años en Nîmes, en el sur de Francia, donde había ido a actuar. Poeta y guitarrista exquisito, a su modo y con contradicciones intentó cumplir aquella sentencia que se dio a sí mismo en una de sus obras más notables: El payador perseguido (1972). Fue interpretado por artistas tan disímiles como los clásicos del folclore Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Mercedes Sosa y Horacio Guarany, entre tantos otros; por los chilenos Víctor Jara y Violeta y Angel Parra, y por Jairo, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglietto y la enorme Chavela Vargas.

Había nacido en 1908 muy lejos de Nîmes, en una posta rural en el medio del campo entre Pergamino y Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Era la suya una familia criolla de origen vasco, mesturada con indios (en su casa paterna el quechua se hablaba junto con el castellano). En la cercana Junín tuvo su único maestro: el concertista Bautista Almirón, con quien estudió guitarra. Después, cuando su familia se mudó a Tucumán, fue maestro de escuela sin título, tipógrafo, periodista y hasta boxeador. Pero, sobre todo, descubrió otros ritmos y otros instrumentos, como la caja y el arpa india, que le darían una marca artística de la que no se desprendió jamás. Tampoco se desprendería de las enseñanzas de Almirón, con quien aprendió a interpretar a maestros como Albéniz, Granados y Tárrega, y transcripciones para guitarra de obras de Schubert, Liszt, Beethoven, Bach y Schuman. Un sincretismo superior entre los músicos universales y aquellos lamentos chayeros que les escuchó tocar a los indios del norte.

Tuvo, a fines de los años ’20, un paso por Buenos Aires y no le fue bien: “Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo a mal trajinar (…) buscando de desasnarme fui pinche de escribanía / la letra chiquita hacía pa’ no malgastar sellao / y era también apretao el sueldo que recibía”, escribiría también en El payador...

En 1932, sorpresivamente para algunos, se vio involucrado en un hecho político violento: el levantamiento armado promovido en La Paz, Entre Ríos, por dos hermanos de apellido Kennedy, productores agrarios y militantes radicales, que se alzaron con algunos militares en contra del gobierno del general Agustín Pedro Justo, surgido de las elecciones fraudulentas de ese año. Fue un intento de golpe nacionalista en el que estuvieron también Gregorio Pomar y Arturo Jauretche -además, claro está, de Yupanqui. Fracasado aquel putch, el poeta buscó exilio en Montevideo, pero tampoco allí se sintió seguro. Se refugió entonces en el interior uruguayo y después en el sur de Brasil. Poco se habló después de aquel Yupanqui alzado fusil en mano contra Justo, pero él dejó testimonio de ese hecho en un poema de factura mayor: El paso de los libres.

En 1934 reingresó en la Argentina, se instaló en Rosario y tuvo por Buenos Aires, donde empezaba a ser popular, un paso mucho más afortunado que el anterior. Sin embargo, al año siguiente se radicó en Raco, un caserío 40 kilómetros al noroeste de Tafí Viejo, Tucumán, y desde allí anduvo por Salta, Catamarca, los Valles Calchaquíes, Bolivia. En 1942 se casó por segunda vez, ahora con la pianista y compositora sampedrina, de origen franco-canadiense, Nenette Pepin. Con ella vivió los siguientes 48 años. Legalmente, al menos en la Argentina, Atahualpa Yupanqui (ya se llamaba así) era bígamo, puesto que aquí no había divorcio y se casó en Montevideo.

Tiempo después ya era un militante activo del Partido Comunista. Eso le costó, durante el primer gobierno peronista, censura, cárcel y hasta tortura (los esbirros de Seguridad del Estado le rompieron la mano derecha para que no pudiera volver a tocar, pero se equivocaron: Yupanqui era zurdo). En 1949 se fue a Francia. Allí, en julio de 1950, Edith Piaf lo invitó a cantar en París y ese mismo año firmó contrato con Chant du Monde para grabar su primer disco europeo: "Minero soy".

Yupanqui se había incorporado al PC en 1945; esto es, cuando el estalinismo argentino integraba la Unión Democrática con radicales y conservadores, y hasta pedía la intervención militar norteamericana en caso de que se produjera la victoria electoral del “naziperonismo”. En su edición del 14 de julio de 1948, el periódico del PC, Orientación, publica una entrevista a Yupanqui en la que el artista dice: "Sé que el comunismo puede lograr la afirmación del hombre y la conciencia popular para vivir sin mitos, frente a la realidad de la tierra y al porvenir del país, una existencia laboriosa y digna. Lo intelectual y la creación artística deberán responder a un nuevo sentido, de levantada esperanza. Por estas razones, he ingresado al Partido Comunista. Para mejorarme como artista americano y rendir mi esfuerzo en bien de mi Patria".

En cambio, es mucho más escueta la explicación que el artista da de su ruptura con ese partido en julio de 1953. En el diario La Prensa, por entonces estatizado y dirigido por la ultraoficialista CGT, Yupanqui dice: “Con el fin de desvirtuar interpretaciones equívocas, me veo en la obligación de dejar sentado, públicamente, mi alejamiento del partido comunista, desde hace aproximadamente dos años. Que sólo me guía el anhelo de sumarme al engrandecimiento cultural de mi patria y a la difusión de los motivos musicales folclóricos de la nación argentina”.

Otra vez en El payador…, Yupanqui dice, sin duda en referencia con aquella ruptura:

Pa que cambiaran las cosas

Busqué rumbo y me perdí;

Al tiempo, cuenta me di

Y agarré por buen camino.

¡Antes que nada, argentino;

y a mi bandera seguí...!

Apenas se produjo aquella desafiliación, el régimen que lo había encarcelado, torturado y deportado le organizó un homenaje en el teatro Astral y el poeta volvió a trabajar en la Argentina.

Instalado con Nenette en Cerro Colorado (Córdoba), no dejó de hacer giras por todo el país y por el extranjero. También le puso música a las películas Horizontes de piedra (1956) y Zafra (1959), en las que también actuó (la primera está basada en su obra Cerro bayo).

Por otra parte, se debe subrayar otro hecho poco conocido: Nenette fue la compositora de gran parte de las interpretaciones más famosas de Yupanqui. Esas obras están firmadas por un poeta inexistente: Pablo del Cerro. Según explicó más tarde Yupanqui, Nenette no quiso firmarlas con su nombre porque el machismo de la época haría que fueran rechazadas si su autora era una mujer. Entre esas composiciones figuran temas enormes del repertorio de Yupanqui, como Baguala del pobrecito, Chacarera de las piedras, El arriero va, El alazán, Indiecito dormido, Payo Solá, Vidalita tucumana, Zambita del buen amor y muchas otras.

En 1976, como buena parte de la intelectualidad argentina y de todos los partidos patronales y del estalinismo criollo (y de la URSS), Yupanqui le dio un respaldo inicial al golpe de Jorge Videla y compañía. Sin embargo, casi de inmediato la dictadura prohibió la mayoría de sus temas y el artista volvió a radicarse en París.

De un modo u otro, no fueron sus andares político-partidarios los que definieron a Yupanqui sino su calidad de artista vinculado con la vida del pueblo al que perteneció. Por otra parte, antes de él, Buenos Aires y el mundo sólo conocían el folclore bonaerense -en menor medida el de Santiago del Estero-, pero Atahualpa hizo de la música de la Argentina profunda, la de nuestros pueblos originarios, un bien universal. Además, al contrario del Martín Fierro, Yupanqui resalta el vínculo del campesino con las etnias originarias: sus canciones rezuman el concepto de clase/nación. Y fueron Aníbal Troilo y Edmundo Rivero quienes tuvieron el mérito de unir esos valores folclóricos con la música urbana cuando grabaron una versión impagable de Los ejes de mi carreta.

Yupanqui murió el 23 de mayo de 1992.

El “Sistema Nacional de Reconocimiento Académico” (SNRA) de Educación Superior, anunciado por Mauricio Macri y creado por el ministro de Educación Esteban Bullrich, comenzaría su prueba piloto con su aplicación en las carreras de Ingeniería del país (Diario Alfil, 18/4).

Como se puso de manifiesto en los sucesivos encuentros de autoridades universitarias de Ingeniería, el sistema copia al aplicado en la Unión Europea a partir de 1999 mediante el “Proceso de Bolonia”, que allanó el camino a un mayor copamiento capitalista de las universidades y ha sido fuertemente resistido por el estudiantado del viejo continente.

Este modelo europeo, impulsado por la European Round Table of Industralist (un lobby de monopolios europeos como Telefónica, Renault, Nestlé, Adidas, Siemens, etc.), tiene su versión latinoamericana -con su unidad de crédito CLAR-, a la cual el macrismo también pretende homologar con la versión local.

Más de 90 universidades ya han manifestado su adhesión, incluyendo a numerosos rectores kirchneristas.

En qué consiste

El Reconocimiento de Trayecto Formativo (RTF), equivalente a la ECTS europea, consiste en una unidad de medida equivalente e “intercambiable” entre todas las universidades suscriptas al SNRA, lo que lleva a una degradación de la universidad pública, al nivelarla para abajo con la privada.

Cada unidad de crédito RTF se mide por las horas de “trabajo total” necesario que le toma al estudiante aprobar una materia, siendo una RTF igual a 27/30 horas y un año lectivo igual a 60 unidades.

En la medida en que no se distinguen en esas horas el contenido curricular especializado del contenido general, se habilita el vaciamiento de las carreras de grado, convirtiéndolas en ciclos generales rellenados de “conocimiento básico”, mientras se desplazan contenidos a posgrados y maestrías pagos. Una fase avanzada de esto es la implementación del llamado “3+2” repudiado por estudiantes en España, que transforma la carrera en tres años de contenido básico y dos años de maestría especializada con aranceles descomunales.

Estas horas tampoco corresponden a horas cátedra de un plan de estudio (presenciales), sino que abarcarían también las “no presenciales” (estudio independiente, trabajos prácticos, taller, etc.). Mientras se arguye que esto contempla una visión realista del recorrido educativo, se oculta que estas unidades crédito son la medida-precio para establecer los aranceles educativos y por eso pretenden cuantificarlas lo máximo posible (las tasas de arancel en España se miden por unidad de crédito, costando 25 euros por ECTS de valor inicial en la universidad de Madrid, por ejemplo).

Al mismo tiempo, estos créditos son la medición al momento de pedir préstamos bancarios para el pago de estudios. En Europa, la aplicación de este plan Bolonia trajo un brutal recorte de becas, siendo sustituidas por concursos y un ranking de “descuentos” en los aranceles universitarios (como ya ocurre en la Uade y otras privadas). Todo esto explica los actuales convenios entre universidades y fundaciones bancarias en la entrega de becas (como Fundación Carolina del Santander): los bancos ya comienzan a reservar sus futuros mercados.

Movimiento universitario

El “proceso de Bolonia” desató verdaderas rebeliones educativas en todo el viejo continente, con movilizaciones, huelgas y tomas de facultades. La profundización del copamiento capitalista en la universidad, como pudo verse en Europa y Estados Unidos (aquí, la deuda de estudiantes impagable alcanzó los 1,3 billones de dólares) trajo consigo exclusión y deserciones masivas y quiebras de miles de familias -y a su turno, quiebras universitarias por impagos.

La implementación del SNRA se enmarca en el anunciado “Plan Maestro”, mediante el cual el ma-crismo pretende completar las reformas regresivas en la educación de los distintos niveles para 2021. Pero la experiencia europea demuestra que antes deberá enfrentar a los docentes y estudiantes, que vienen de protagonizar grandes movilizaciones contra el ajuste educativo.

El movimiento estudiantil debe debatir a fondo el retroceso histórico de la educación superior argentina que implica este sistema de reconocimiento académico, al establecer una unidad mercancía del conocimiento humano.

La UJS estará en esta nueva etapa, como siempre, a la cabeza de la lucha contra su aplicación, por otra orientación social del sistema universitario al servicio de los trabajadores y en defensa de la universidad pública.

La marcha del caso Odebrecht en la Argentina confirma lo que señalamos en estas páginas siete días atrás (“El Lava jato en Argentina”). A saber, un encubrimiento a manos de dos bandas -una, la de las camarillas judiciales del kirchnerismo; la otra, la del gobierno macrista. El objetivo de estas operaciones cruzadas es la protección de los funcionarios y grupos capitalistas ligados a quienes gobiernan o gobernaron el país.

Del lado de los fiscales -cuya jefa es la kirchnerista Gils Carbó- está en marcha un acuerdo con la Justicia brasileña, dirigido a establecer “la forma (sic) en que Brasil va a liberar la información sobre los sobornos pagados en Buenos Aires… y cómo (sic) va a llegar esa información, (la cual) continuará secreta para la ciudadanía” (La Nación, 31/5). Estamos ante una tentativa de controlar y manipular revelaciones que no sólo serán explosivas para los De Vido y otros miembros del clan kirchnerista, sino también para el macrismo. En este último caso, se anotan Angelo Calcaterra -primo de Macri y ex socio de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento- y el actual jefe de la ex Side Gustavo Arribas, acusado de haber realizado transferencias ilegales desde Brasil por parte de los ‘cambistas’ del pulpo brasileño.

¿Qué ha hecho mientras tanto el gobierno macrista? Acelera un acuerdo con los funcionarios locales de Odebrecht “para no depender de nadie y tener información de primera mano” (ídem), o sea, manipular la información antes de que lo hagan los fiscales de Gils Carbó, y proteger de ese modo a los posibles implicados del macrismo. En esta negociación, el gobierno se encuentra con la traba de que no le pueden ofrecer a los funcionarios de Odebrecht la impunidad penal que éstos reclaman. Pero, a cambio de ello, el gobierno está dispuesto a asegurar la continuidad de las obras de este grupo capitalista en Argentina, previo pago de una multa. Se trata de una segunda coima para seguir operando en el país, en este caso, bendecida por un acuerdo institucional. No se ha escuchado decir una palabra de esta negociación turbia a Elisa Carrió. La razón es sencilla: ella misma la promovió, para que las revelaciones de Odebrecht sólo apunten a De Vido y dejen indemne a la camarilla de “Mauricio”. Tampoco ha abierto la boca Sergio Massa, cuyo socio De la Sota es quien le abrió la puerta a Odebrecht a la obra de los gasoductos cordobeses.

Contra este encubrimiento a dos (o tres) bandas -la de Macri, los K y también Massa- reclamamos que se haga pública toda la información sobre el Lava jato en Argentina; la anulación de todas las licitaciones adjudicadas al pulpo y una investigación integral a manos de una auditoría independiente de los gobiernos y camarillas judiciales que protegen a los Odebrecht.

En el reportaje que brindó a C5N, Cristina Kirchner dejó planteada su posible postulación en la provincia, encabezando un acuerdo entre el kirchnerismo y la mayoría del PJ. Los intendentes y punteros del pejota bonaerense no han encontrado, fuera de Cristina, otro candidato con mayor caudal de votos. La variante de un ‘muleto’ apoyado por CFK no ha cobrado fuerza, entre las brutales revelaciones sobre Scioli y otras figuras sin trascendencia electoral. Cristina, por su parte, trabajó durante meses para filtrar al kirchnerismo en las listas del pejota. Pero los jefes peronistas le han impuesto fuertes límites a esa inclusión. El último episodio de esa crisis se produjo cuando los barones del conurbano desertaron de un acto organizado por Máximo K, al advertir la presencia de D’Elía, Boudou y otros. En estas condiciones, la postulación de Cristina, incluso en grado de tentativa, es un recurso extremo para asegurarle a los suyos un lugar en las listas -y por lo tanto, una continuidad política. Un renunciamiento de CFK a postularse -o a apoyar explícitamente un acuerdo de unidad- podría significarle, no un “compás de espera hasta 2019”, sino su jubilación definitiva en Calafate, junto a otros que no están en edad de jubilarse (La Cámpora). En la reaparición de CFK no asoma una pujanza o reconstitución política del pejota y el kirchnerismo, sino la unión de dos necesitados.

Traidores, no

Al referirse a la conducta ante el macrismo de sus compañeros de “unidad”, los Pichetto, Gioja y otros, CFK simplemente señaló que “no estuvieron a la altura”, y rechazó de plano la categoría de “traidores” sugerida por uno de los periodistas. CFK, en definitiva, va a encabezar o bendecir la lista de los que “no estuvieron a la altura”, o sea, de quienes votaron el acuerdo con los fondos buitre, las exenciones impositivas a las patronales o el nombramiento de los jueces de la Corte que aprobaron el 2x1. La ex presidenta no hizo más que ratificar la convivencia que en este año y medio sostuvo con todos ellos. En ese tiempo, nunca existió una delimitación política sino, más bien, una división de roles. El kirchnerismo reservaba los rechazos a las leyes macristas para Diputados, donde no incidían en el desenlace de las votaciones. En cambio, esas mismas leyes eran votadas por los senadores K, sin que ello condujera a una escisión o siquiera a una crítica. En la votación de la antiobrera ley de riesgos del trabajo, los diputados ‘cristinistas’ encontraron un pretexto para ausentarse del recinto, y no levantar la mano contra una ley estratégica de la Unión Industrial, la misma que apoyó al gobierno K durante al menos una década. Al anunciar su posible postulación, la ex presidenta le lavó la cara a sus aliados pejotistas, y también a sí misma. Pero ese gesto de unidad no sólo tiene implicancias políticas sino también judiciales: en la próxima composición del Consejo de la Magistratura, donde elegirán a los jueces que decidirán el destino penal de CFK, se prueban el traje los senadores Pichetto y Urtubey. O sea que, en medio de las causas por coimas y lavado de dinero, la ex presidenta también es rehén judicial de quienes “no estuvieron a la altura”. Cristina no caracterizó a la postulación de Randazzo, pero se va a servir de ese “peligro” para justificar la unidad más extendida con el viejo elenco de punteros e intendentes prohijados entre Duhalde y Scioli.

Haz lo que yo digo

A la hora de pararse frente al actual escenario político, la ex presidenta transitó entre la ambigüedad, el autoencubrimiento y el conservadurismo. Advirtió que el gobierno podría servirse de “los fondos de la Anses para pagar la deuda”, o sea, lo que el kirchnerismo practicó durante el (mal) llamado “desendeudamiento”. Al referirse a la crisis jubilatoria en C5N, CFK recordó la baja de aportes previsionales por parte de Cavallo, la cual, en doce años de gobierno, el kirchnerismo nunca revirtió. De cara a los tarifazos y la carestía, la ex presidenta propuso como salida las ‘declaraciones de emergencia’; o sea, un régimen de medidas excepcionales que -como ella misma destacó- “no creen precedentes legales permanentes”. Es una reivindicación del régimen de emergencia que ella misma presidió y que, al agotarse, dio los primeros pasos del ajuste y la recolonización económica que hoy ejecuta “Cambiemos”.

Frente a la inflación, reivindicó a los ‘precios cuidados’ y los aprietes de Moreno, un sistema de pactos con los monopolios alimentarios que nunca impidió una carestía anual inferior al 20%. En la “emergencia tarifaria”, que también sugirió, no pidió que se revierta el régimen de internacionalización de precios de la energía en favor de los pulpos petroleros, que está en la base de los actuales tarifazos… y que ella misma puso en marcha, a partir de los pactos secretos con Chevron. CFK pidió “revisar la deuda” y denunció la espiral explosiva de la deuda del Banco Central (Lebacs). Esa escalada, sin embargo, es también una versión agravada de una política que debutó con Kicillof, después de la devaluación de 2014. Cristina no pudo presentar un plan antagónico al del macrismo, por la sencilla razón de que el rescate con el capital internacional que hoy tramita Cambiemos se inició con su propio gobierno.

El único objetivo del nacionalismo capitalista pasado a la oposición es contener y desviar la fuerte reacción popular desatada por el ajuste, y que se ha expresado en huelgas y movilizaciones obreras masivas; en la jornada del paro internacional de mujeres y en la verdadera pueblada que desató la tentativa del 2x1.

El kirchnerismo y la izquierda

Una postulación de CFK redobla el desafío de la izquierda de cara a las elecciones que se vienen. No se trata solamente de levantar una expresión y un canal para quienes vienen luchando contra los agravios de Macri y los gobernadores, sino de confrontar con el bloque que pretende explotar esa insatisfacción popular en pos de una operación de recauchutaje político. La conformación del Frente de Izquierda, en 2011, representó un acto de delimitación con el peronismo, y se abrió paso en medio de una lucha política tenaz que el Partido Obrero libró durante más de una década, que tuvo lugar en los sindicatos, en la juventud y -a partir de 2013- en el terreno parlamentario. En el plano reciente, esa batalla tuvo dos hitos enormes en la conquista del Sutna y en la maciza elección del clasismo en Suteba, que defendió sus seccionales y superó al 40% de la votación real. Esta delimitación es parte de una transición más general de la clase obrera, para superar al peronismo y desarrollar su independencia política. Hoy, esa lucha comporta un nuevo desafío, porque debe abrirse paso ante la demagogia de un nacionalismo pasado a la oposición. Para la izquierda revolucionaria, la campaña electoral debe ser un peldaño en esta batalla política estratégica -ni qué decir que esto plantea con más fuerza aún la necesidad de listas comunes y una campaña electoral común del Frente de Izquierda, para desarrollar un programa obrero y socialista de salida al ajuste capitalista. Esa campaña debería servir para que los grandes choques que se vienen con el “Temer” argentino le abran paso a un desarrollo político propio de la clase obrera argentina, y no al plato recalentado del nacionalismo.

El pasado miércoles 24 se desarrolló un acto y marcha de 500 jubilados frente al Congreso, llamado por distintas agrupaciones. Participaron compañeros de CTA de La Bancaria, Jubilados de Pie, la Corriente Federal de Jubilados, y Jubilados en Lucha, algunos ligados a los K. Las limitaciones de estos sectores es la falta de un programa de aumento de haberes que hoy debe ser ya de 9.000 pesos de emergencia a todas las categorías y por un mínimo igual a la canasta de la tercera edad hoy en 15.000. Algunos de estos agrupamientos, además, apoyaron la “reparación histórica”, que resultó una estafa para los jubilados.

Jubilados Clasistas participó de la convocatoria con un planteo propio. Nuestra intervención, junto con las compañeras de rentas vitalicias, arrancó aplausos del conjunto de los manifestantes que reclamaban hacer una convocatoria todas las semanas. Al finalizar, hicimos un cierre invitando a todos los que quedaban a movilizar nuevamente la semana siguiente.

En la actividad se vendieron muchísimos boletines de la agrupación y se consiguieron nuevas relaciones.

El mismo día, nuestra joven agrupación participó de una asamblea, invitados por los compañeros delegados del Pami central. Hubo 60 asambleístas de diferentes sectores: ATE, Sutepa, Opinión Socialista, que plantearon el tema de la paritaria y todos los problemas de organización de la obra social, prestaciones, persecución gremial, flexibilización de tareas. Intervenimos explicando el brutal ajuste contra los trabajadores y jubilados por parte de Macri y de los gobernadores, denunciamos la tregua de la CGT y remarcamos la importancia de un programa y una coordinación de las luchas. Planteamos que el Pami debe ser dirigido por trabajadores y afiliados. Nuestra intervención fue muy bien recibida. Quedamos en volver a realizar una nueva asamblea.

El miércoles 31 se llevó a cabo una nueva convocatoria en Congreso. Jubilados Clasistas levantó el planteo de un aumento de 9.000 pesos a todas las categorías, por un mínimo igual a la canasta de la tercera edad (hoy en 15.000), restitución de prestaciones en el Pami y entrega de medicamentos. Por la gestión del Pami y la Anses por sus trabajadores y afiliados.

Néstor Pitrola, diputado nacional del FIT por la provincia de Buenos Aires, participó en la sexta sección electoral de diversas actividades para impulsar la campaña por listas únicas del Frente de Izquierda y la convocatoria a un congreso del movimiento obrero y de la izquierda.

Tras una recorrida por los principales medios radiales, televisivos y gráficos en los distritos de Bahía Blanca y Punta Alta, Pitrola se reunió con trabajadores de la construcción que están impulsando el desarrollo del Sitraic en nuestra ciudad y tuvo una charla-debate ante un centenar de compañeros, acompañado por los referentes locales y precandidatos a concejal Emiliano Fabris y Natalia Betti, y a legislador provincial, Néstor Conte.

El diputado y precandidato expuso sobre el actual contexto convulsivo marcado por las masivas movilizaciones y choques sociales que genera el ajuste de Macri y los gobernadores. Llamó a “articular el protagonismo en la lucha popular con las elecciones, como uno de los ejes diferenciales del PO y del contenido que debe tener el FIT. Y, de esta forma, desarrollar la verdadera grieta de los ajustados en oposición a los ajustadores”.

Pitrola explicó que esta articulación es opuesta a considerar el FIT como un “campo de disputas internas”, por el desgaste que generan las Paso en el FIT que es “una fuerza emergente en el escenario nacional”, y que dificultaría explotar al máximo un escenario caracterizado por una crisis del régimen político. Y fue más lejos: señaló que “el FIT es fundacionalmente opuesto a las Paso, porque en ella intervienen los enemigos de clase en la designación de candidatos condicionando el voto popular mediante el poder del Estado, los grupos económicos y los medios de comunicación, propiedad de distintas fracciones capitalistas”.

Al abordar el fracaso de la política oficial indicó: “hablan de bajar el costo laboral pero el propio Indec señala que la mitad de los trabajadores ganan entre 8.500 y 11.000 pesos en promedio”. En Bahía Blanca uno de cada cuatro asalariados no llega al salario mínimo de 7.560. Y los trabajadores que cobran salarios mayores están rápidamente alcanzados por el confiscatorio impuesto a las ganancias, que -según se prevé- alcanzará este año a medio millón más de trabajadores y jubilados.

En relación con la propuesta de Massa y Stolbizer sobre eliminar el IVA para once productos de la canasta básica, Pitrola lo definió como “un parche que no va a bajar los precios, porque para ello hay que eliminar todo el IVA, que es un impuesto regresivo y perverso, y abrir los libros de las empresas formadoras de precios”.

Pitrola desmintió los falsos datos brindados por Baradel respecto de las elecciones en el Suteba, en donde la oposición antiburocrática, liderada por Romina Del Pla, hizo su mejor elección, pese al fraude de padrones (42%), y alcanzó un 80% en Bahía Blanca.

Finalmente, en relación con las divergencias estratégicas que existen al interior del FIT, Pitrola destacó que los socialistas no venimos a desenvolver un simple marketing electoral, sino una campaña desde una posición de lucha, en defensa de los trabajadores, con consignas de luchas defensivas y ofensivas en una perspectiva de poder de los trabajadores.

Bahía Blanca es una de las ciudades en donde el FIT viene recogiendo un alto porcentaje de votos, uno de los más altos en la provincia y por encima del 8% para la candidatura de diputado nacional. Nos preparamos para una batalla para fortalecer una perspectiva propia de los trabajadores frente a una miseria social que crece en todos los planos. Así, días después de la visita de Pitrola, trabajadores precarizados de cooperativas de trabajo reclamaron al gobierno de Héctor Gay el pago de salarios adeudados, y trabajadores de una importante heladería local se encuentran ocupando la empresa frente al cierre anunciado por la patronal.

A su vez, el Partido Obrero se encuentra en plena campaña por un desarrollo territorial en la amplia sexta sección, para plasmarlo en listas del Frente de Izquierda en las importantes localidades de Tres Arroyos, Punta Alta, Coronel Suárez, y también en Puán, Coronel Pringles, Villarino, Tornquist y Saavedra.

En la Cuarta Conferencia Euro-mediterránea en Atenas, realizada entre el 26 y 28 de este mes, participaron organizaciones, militantes y personalidades de países europeos y de Medio Oriente.

Una reseña, así como las conclusiones de la conferencia, serán volcadas en un próximo número.

Reproducimos, a continuación, la contribución sobre América Latina elaborada por Jorge Altamira y Rafael Santos.

América Latina asiste, hasta cierto punto, a un fenómeno excepcional. De un lado, al derrumbe de los regímenes nacionalistas burgueses y frentepopulistas que fueron empujados al poder por diferentes episodios de la crisis mundial de los '90 y por el agotamiento de las tentativas ‘neo-liberales' precedentes; por otro, a una rápida crisis (cuando no a un derrumbe) de los gobiernos de ‘ajuste' que han venido a reemplazarlos por distintos medios políticos -electorales o golpistas. En resumen, asistimos a la conjunción de la crisis de dos formas de dominación política que se sucedieron y alternaron en el último cuarto de siglo.

Desde la crisis asiática de 1997/8 hasta el comienzo de la crisis de China, en 2014, la emergencia de gobiernos de corte nacionalista fue un resultado indirecto de crisis económicas y grandes sublevaciones de masas (desde la guerra del agua hasta la insurrección de octubre de 2003 en Bolivia, varias insurrecciones en Ecuador, el ‘argentinazo' y el ‘caracazo,' luchas agrarias en Paraguay y en Honduras), o de crisis financieras y luchas populares -en particular en Brasil, como prevención política frente a potenciales situaciones prerrevo-lucionarias.

Lo peculiar del momento ulterior, actual, en particular con el desplome del gobierno golpista de Michel Temer en Brasil es la evidencia de una inviabilidad de las salidas alternativas de nuevo corte ‘neoliberal'. Esto vale también para la incipiente crisis política del gobierno de Horacio Cartes en Paraguay, las luchas que ha desatado la política del gobierno de Mauricio Macri en Argentina, un probable juicio político en Honduras y, no menos importante, el defol económico y político de Puerto Rico. Américal latina atraviesa por una experiencia singular, como es la crisis sucesiva de formas de sucesión política.

Bancarrota capitalista y América Latina

Esta crisis conjunta se manifiesta en Venezuela, donde se combinan el agotamiento completo de la experiencia chavista y la invia-

bilidad irreversible del gobierno de Nicolás Maduro, por un lado, y la impotencia de la oposición de derecha y del imperialismo para organizar una sucesión ‘indolora.' En Venezuela se ha formado un ‘gobierno de facto' que deja abierta la perspectiva de un golpe y un gobierno militar, por una parte, una cadena sucesiva de crisis que podrían derivar en el desarrollo de situaciones revolucionarias, por la otra.

La bancarrota capitalista se ha magnificado en América latina como consecuencia de su dependencia extrema del mercado mundial. Golpeada por la quiebra hipotecaria y financiera de Estados Unidos y Europa, fue alcanzada enseguida por la reactivación del mercado mundial de materias primas, como consecuencia del rescate fiscal que impulsaron en especial Estados Unidos y China. Este ‘rebote' provocó un gigantesco endeudamiento público y privado, en especial por las operaciones de ‘carry trade,' y en consecuencia el desarrollo de un endeudamiento interno hipertrofiado y usurario. La ‘recaída' ulterior de la crisis mundial -Europa en 2012 y China en 2014-, que hundió el mercado de materias primas y desató una fuga intensa de capitales, volvió a llevar a los principales países del continente a un cuadro de bancarrota efectiva o potencial. Con una deuda pública de alrededor del ciento por ciento del PBI, la crisis política en Brasil podría desatar una situación de defol. En resumen, el nacionalismo burgués llegó a su apogeo político en el ascenso de este ciclo secundario de la crisis y se derrumbó en el retroceso de ese mismo ciclo.

Nacionalismo burgués y su incapacidad histórica

Ahora, América Latina asiste a un nuevo episodio, considerablemente más grave, del largo ciclo iniciado con la crisis mexicano-argentina de 1982. Las crisis políticas en las metrópolis (Trump, Brexit, Francia, Italia) y la acentuación de la tendencia a la desintegración de la economía mundial (guerra comercial, principio de disolución de la UE y de la zona euro), solamente pueden agravar la tendencia a la crisis conjunta latinoamericana.

El nacionalismo burgués ha vuelto a demostrar su incapacidad histórica. Lo atestigua la debacle del chavismo. Ha pasado de un sistema plebiscitario a un régimen de facto y represivo. El desabastecimiento y una inflación galopante hacen las veces de medio del ‘ajuste,' cuya finalidad es el pago de la deuda externa.

La apelación a la apertura económica y al socorro financiero internacional por parte de los nuevos gobiernos de filiación derechista, se encuentra en contradicción con la tendencia a la guerra comercial internacional, por un lado, y con la crisis de sobreproducción y financiera de China por el otro. Gobiernan, en Brasil y en Argentina, sobre la base de coaliciones políticas precarias, unidas por el temor a nuevas crisis políticas, bancarrotas y alzamientos populares. Obtienen del capital financiero un socorro que potencia la crisis con el pretexto de superarla, y que representa, por sobre todo, una salida efímera para los capitales ficticios que dominan el escenario financiero internacional. No existe una corriente de inversiones productivas, por la misma razón por la que escasean en las propias metrópolis y por el impasse de conjunto del proceso de globalización.

Gobernabilidad del capital

En Brasil se manifiesta un proceso aún más extraordinario: el desmantelamiento de una parte significativa de la estructura industrial, como consecuencia de las denuncias de corrupción en gran escala montadas desde el Departamento de Justicia y el gobierno de Estados Unidos y los monopolios petroleros internacionales.

Las masas explotadas han comenzado a advertir, en América Latina, que detrás de las políticas de ‘ajuste', liquidación de derechos laborales y sociales y privatización generalizada, opera una crisis política de conjunto. Las crisis sucesivas van enseñando que no existe salida social para la mayoría popular bajo la dominación política burguesa. Es lo que emerge de la gran movilización -medio millón de personas en Buenos Aires-, contra la impunidad de los torturadores de la dictadura y de las huelgas y movilizaciones de la mujer. Es lo que emerge también de la reciente huelga general en Brasil y del comienzo de las movilizaciones para voltear a Temer y disolver el Congreso de ladrones. La ‘gobernabilidad' del capital, en estas condiciones, se asienta en el apoyo que le brinda el desplazado nacionalismo burgués -como el FpV y la burocracia sindical que apoya la gestión de Macri, o la acción de Lula y el PT, que apoyan una salida negociada en el Congreso brasileño hasta las elecciones de 2018.

La izquierda revolucionaria y sus desafíos

Esta crisis conjunta del nacionalismo burgués y de la derecha proimperialista coloca a la izquierda revolucionaria ante un desafío objetivo -en su calidad de fuerza política en presencia, en sindicatos, el movimiento femenino, la docencia y el estudiantado y la jueventud y en los lugares de trabajo y organizaciones de desocupados- y en el campo electoral y parlamentario. Para una parte de la izquierda, sin embargo, la conquista de las masas se identifica con la adaptación a la emigración defraudada del nacionalismo, en oposición a una franca política de construcción revolucionaria en base a una lucha de clases cada vez más política y más intensa. En Venezuela, la izquierda marcha con el cha-vismo disidente en torno de consignas comunes de la oposición de derecha.

La experiencia del Partido Obrero (PO) y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se ha desarrollado través de una delimitacion sistemática del kirchnerismo en el gobierno, y en una participación activa en la lucha de las masas. Es lo que ha permitido una importante visualizacion politica y la conquista de importantes posiciones sindicales, como el fuerte sindicato industrial del Neumático (Pirelli, Firestone, etc.), de fábricas de la alimentación, en la gran reciente huelga de los docentes y en ocupaciones de empresas (AGR-Clarín).

La experiencia del FIT no debe ser entendida como una reivindicación estratégica del frentismo, sino del frente único como método para impulsar la intervención de las masas. El proletariado coquistará el poder por medio de la homogei-nización política, o sea la construcción del partido obrero. El frentismo en sí mismo equivale al movimientismo, donde la acción es todo y la estrategia política nada. En el seno del FIT se expresan tendencias movimien-tistas y hasta populistas, e incluso las que apoyan movimientos contrarrevolucionarios con el pretexto de una teoría de la revolución democrática.

Los partidos ‘amplios,' como el PSOL de Brasil, siembran el confusionismo en la vanguardia de los trabajadores y son un freno a la revolución.

Al nacionalismo burgués decadente y en crisis oponemos la lucha por gobiernos obreros y campesinos y por la unidad socialista de América Latina, incluido Puerto Rico. La bancarrota de la menor de las Antillas debe servir para impulsar una gran lucha nacional en el Caribe, bajo la bandera de la unidad socialista de los pueblos caribeños. Es lo que dará. seguramente, un nuevo impulso a la Revolución Cubana.

En los últimos 15 años, la Fuba jugó un papel central en el movimiento estudiantil de nuestro país. En un cuadro de defección de la Federación Universitaria Argentina dirigida por Franja Morada, la Fuba recuperada por la izquierda estuvo a la cabeza de la lucha por la educación pública y la defensa de las grandes causas populares. Esta situación no cambió por la llegada de Macri al gobierno. Por un lado, la FUA de Franja que no impulsó ninguna lucha seria contra los gobiernos K de la Coneau, menos lo iba a hacer contra “su” gobierno. Por otro lado, las federaciones dirigidas por el PJ y el kirchnerismo siguieron el camino de la burocracia sindical peronista que pactó una tregua con Macri. Así, el papel de la Fuba fue determinante en la existencia de las dos marchas nacionales a Plaza de Mayo y el apoyo a las huelga docente.

Boicot y duplicación

En la última etapa, sin embargo, el funcionamiento regular de la Fuba se vio afectado. Primero, por el boicot de Franja Morada/Nuevo Espacio y La Cámpora a su Congreso Ordinario, lo que impide la renovación de autoridades desde hace tres años. Segundo, por el sabotaje de La Mella a la Junta Representativa de la Federación, que en la medida que no es posible realizar el Congreso constituye el órgano más democrático de la Fuba (la Junta Representativa está integrada por los presidentes de los centros de estudiantes de las trece facultades, que renovaron sus mandatos en las elecciones de 2016). El abandono por parte de la Franja y La Cámpora de la Fuba dejó la Federación en manos de siete centros, tres de ellos presididos por la UJS-PO, uno por La Mella, uno por La Corriente, uno por el MLI, y en el caso de Psicología por un frente Libres del Sur/K/Mella. La ausencia de cualquiera de estos quita el quórum a la Junta Representativa. El sabotaje de La Mella -hoy en proceso de acople al FpV- consiste en supeditar el quórum a que no se voten cuestiones opuestas a su política. Así, por ejemplo, boicotearon la Junta Representativa previa al 24 de Marzo porque una mayoría de centros había decidido participar de la marcha independiente. Previendo una votación en contra, La Mella impidió la reunión de la Representativa y mandó hacer una segunda bandera de la Fuba que marchó detrás de los K.

Esta política de vaciamiento y división de la Fuba practicada por La Mella-kirchnerismo pudimos superarla parcialmente convocando al Congreso Extraordinario de la Fuba, que organizó el plan de lucha junto a los docentes. El Congreso Extraordinario, sin embargo, volvió a enfrentar a quienes, de un lado, queremos defender una Fuba independiente que actúe como organizadora de la lucha contra el ajuste del gobierno y el Rectorado; y a quienes, del otro lado, sólo apelan a extorsiones con el único objetivo de integrar a La Cámpora a la presidencia de la Federación y colocar a la Fuba a la rastra de los decanos K-Postolski, Morgade, Reboreda, etc.

Nuestra propuesta

La pretensión de naturalizar la "duplicación” de la Fuba (dos banderas, dos políticas) es negativa, ya que diluye la principal referencia de lucha que tenemos los estudiantes y reemplaza el debate democrático en el movimiento estudiantil por las maniobras de aparato. La campaña de La Mella y La Cámpora por un "Congreso Ordinario ya" es sólo la cobertura de esta política de boicot a los centros y "duplicación". En las actuales circunstancias, un Congreso Ordinario sólo confirmaría el impasse de la Fuba, ya que ninguno de los tres bloques que existen en el movimiento estudiantil (Franja Morada, Mella-K, izquierda) logra reunir hoy una mayoría de delegados. La idea de conformar un bloque común entre la izquierda y el kirchnerismo, no sólo es irreal, sino que en la medida en que no hay un compromiso de respetar los órganos democráticos de la Fuba, sólo serviría para profundizar la “duplicación”. Tendríamos una Fuba que se moviliza contra la represión en Santa Cruz y una Fuba que se moviliza en apoyo a Alicia K. Un despropósito absoluto.

Nuestra propuesta, en este sentido, es insistir en la defensa de la Junta Representativa como órgano legítimo que debe garantizar el debate democrático y la unidad de acción de la Federación. Esto requiere un compromiso de La Mella y de los siete centros que conforman el quórum actual para respetar su funcionamiento regular y sus resoluciones, le gusten más o menos. A partir de este compromiso, proponemos que la Junta Representativa asuma el manejo integral de la Federación, votando autoridades provisorias que representen a los estudiantes hasta las próximas elecciones. De esta forma apostamos a defender la unidad de la Fuba como organización estudiantil de lucha y a que las divergencias se procesen y se salden democráticamente a partir de los mandatos de los centros. Para defender la continuidad de una Federación independiente, democrática y de lucha, son los estudiantes los que tendrán que intervenir en las próximas elecciones de septiembre. Los convocamos a apostar por las agrupaciones de izquierda y combativas, las únicas que pasaron la prueba de la defensa de la educación y la universidad pública bajo todos los gobiernos y autoridades de turno.

A un año del asesinato de Marito Salto se realizó una importante marcha en Quimilí, Santiago del Estero, a 200 kilómetros de la capital provincial. Se hizo presente una delegación de Familiares Víctimas de Impunidad, Tribuna Docente y el Partido Obrero. Se destacó la presencia de Milton Domínguez (militante del PO, hijo del trabajador de Rentas asesinado hace nueve años, Raúl Domínguez), Regina Ferreyra, (mamá de Ezequiel Melián, joven fusilado por la policía en una cancha de fútbol en 2006), Silvina Décima (Tribuna Docente), Andrea Ruiz y Nicolás Basualdo (Partido Obrero).

Marito Salto tenía 11 años cuando fue secuestrado, el 31 de mayo de 2016. Había ido a pescar a una represa, donde se encontraron su bicicleta, un balde y la caña. Según pericias, los secuestradores lo habrían drogado, violado y asfixiado hasta darle muerte. El 2 de junio, su cuerpo apareció a seis kilómetros de la represa. El torso y los brazos de Marito fueron hallados en una bolsa de consorcio. En otra estaban las piernas. Y dentro de siete bolsas de un supermercado, la cabeza. El cadáver presentaba evidencias de haber sido conservado algún tiempo en una heladera.

La principal hipótesis, que incluso ha sido enunciada por el ex juez actuante en la causa, sería que detrás del crimen mafioso estarían los narcos junto al poder político. Este andamiaje ha obstaculizado las investigaciones y está dando señales de seguridad estatal a los narcos. Hasta el momento hay dos detenidos (Sequeira y Sosa), sindicados sólo como partícipes materiales, pero no hay desde la Justicia ningún avance sobre los responsables intelectuales del crimen. No se han efectuado los imprescindibles análisis de las llamadas telefónicas entre los funcionarios que ha denunciado el ex juez actuante, y la autopsia realizada por la Justicia provincial fue muy deficitaria. La actual jueza, Rosa Falco (la misma que mantuvo preso ilegalmente al periodista opositor Juan Pablo Suárez), declara que no habría elementos que indiquen que el móvil del crimen fue político o mafioso. “Por ahora la hipótesis más fuerte es que se trató de un abuso sexual” (Infobae, 5/3).

La marcha

La semana previa a la marcha se llevaron a cabo diferentes actividades en el pueblo de Quimilí, recordando la última semana de vida del niño. El viernes 2, a las 15 horas, salieron dos columnas: una, desde la rotonda cercana a la represa donde desapareció el niño. La encabezaba una bicicleta vacía con el balde y la caña de pescar, junto a sus tías y padre. Se hicieron presentes los vecinos de Quimilí en centenares movilizados a pie, a caballo y en vehículos. Desde esta columna marchó la delegación de la comisión de familiares y el PO.

La segunda columna salió de donde se encontraron los restos de Marito, encabezada por su madre hermanitos y demás familiares. Las dos columnas se encontraron frente a la Estación de Bomberos, donde se encuentra un mural inmenso recordando que el pueblo de Quimilí pide Justicia. La gran marcha recorrió las calles del pueblo y culminó con un acto donde los familiares de Marito y la Comisión de familiares tomaron la palabra para exigir justicia por Marito Salto. Los familiares de Marito y la Comisión de familiares se comprometieron seguir esta lucha hasta obtener justicia.

En momentos en que Gran Bretaña se apresta votar por un nuevo gobierno, la crisis política ha alcanzado el punto más alto desde el referendo que debía determinar, hace cuatro años, si Escocia continuaba dentro de la Unión; y desde la decisión, por parte de Gran Bretaña, de abandonar la Unión Europea, el Brexit. Los comicios del jueves 8 son en sí mismos un hecho de excepción, pues se han adelantado en casi cuatro años a la terminación del mandato del gobierno actual. La anticipación tenía el propósito de obtener una mayoría abrumadora en la Cámara de los Comunes, para negociar, ‘desde una posición de fuerza,' las condiciones del Brexit con sus ex socios de la Unión Europea.

Brexit y adelantamiento electoral

Por esa razón, el adelanto electoral fue interpretado por la Unión Europea como una declaración de guerra, o sea como una tentativa para imponer las condiciones de Gran Bretaña en las negociaciones del retiro -lo que se conoce como un “Brexit duro”. La respuesta vino en forma inmediata: la UE expuso en forma pública la exigencia a Gran Bretaña de un monto elevado de indemnizaciones por el incumplimiento de obligaciones que producía el retiro, que se prolongarían más allá del abandono de la UE. Asimismo, sumó a este reclamo la imposición de limitaciones fortísimas para el acceso financiero de la City de Londres al mercado europeo. Este último punto, conocido como “pasaporte”, determinó un principio de éxodo de capitales financieros de Londres hacia París y Frankfurt y, más serio aún, un cambio de política de inversiones de parte de Japón y de China hacia las capitales europeas en detrimento de la capital británica. La primera ministra, Theresa May contestó insinuando la posibilidad de un retiro de la UE sin ninguna clase de negociación. Un Brexit unilateral sería una bomba atómica para el capital mundial y desataría la crisis política más aguda que se haya visto desde la Segunda Guerra Mundial. La convocatoria anticipada era también un recurso para ajustar cuentas dentro del Partido Conservador en favor de los partidarios del Brexit, en oposición a la legión que se manifestó en contra del retiro de la UE en ocasión del referendo de hace dos años. En resumen, las elecciones de este jueves fueron proyectadas para establecer un Ejecutivo fuerte con el propósito de arbitrar, por un lado, la crisis interna, y por el otro la crisis con la UE.

Certificado prematuro de muerte

La maniobra de May fue recibida en forma ambivalente por la burguesía británica y por los capitales internacionales que operan en la City. Los sondeos de opinión, sin embargo, le otorgaban una mayoría aplastante sobre el Partido Liberal y sobre el Laborista -al cual se describía en estado de disolución como consecuencia de la orientación iz-quierdizante de su secretario general, Jeremy Corbyn. El laborismo, en efecto, enfrenta una crisis terminal: Corbyn tiene el apoyo aplastante de los afiliados del partido y en especial de la juventud, al mismo tiempo que enfrenta una ruptura potencial con la ‘casta política' tradicional que cuenta con la mayoría de los parlamentarios. En este cuadro, las encuestas comenzaron a registrar, sin embargo, un aumento de la intención del voto por el laborismo, a partir de la publicación del manifiesto electoral que planteaba la nacionalización de los servicios de electricidad y del transporte, en especial de los ferrocarriles, así como un conjunto de medidas para restablecer el llamado “estado de bienestar”. El vilipendiado ‘izquierdismo' obtenía réditos electorales, como ya había ocurrido con Bernie Sanders en las elecciones norteamericanas. Por otro lado, el ala de la burguesía que se identifica con la oposición internacional a Donald Trump y que también se opuso al Brexit, ha declarado su preferencia por el voto al Partido Liberal -que había gobernado en coalición con los conservadores hasta la victoria del Brexit. Las elecciones británicas se encuentran cruzadas, al igual que lo que ocurre con las europeas, por una disputa internacional en torno de la salida de la crisis capitalista -en especial desde el ascenso de Trump en los Estados Unidos.

Los Arriba, Stiuso y Parrilli de Gran Bretaña

Cuando los sondeos dieron un achicamiento significativo de la ventaja de los conservadores sobre los laboristas -una diferencia del 4%-, quedó en evidencia el fracaso de los intentos plebiscitarios de May, aunque no una reversión de los resultados. Fue entonces que se produjeron los atentados en Manchester y Londres. La trama de estos atentados ha puesto a May contra las cuerdas -además de proyectar una enorme clarificación acerca de la relación entre el ‘terrorismo' y las grandes potencias. John Pilger, un periodista calificado del blog Counterpunch, es terminante: “Las causas de la atrocidad de Manchester (...) se han ocultado para proteger los secretos de la política exterior británica” (31/5). Ocurre que “el servicio de seguridad M15 mantuvo ‘activos' terroristas en Manchester y el gobierno no advirtió al público de la amenaza” -que ahora pretende ocultar con “la promesa de una ‘revisión' interna”.

Pilger señala: “El presunto terrorista suicida, Salman Abedi, es parte (. ) del Grupo de Combate Islámico Libio (CGIL), que floreció en Manchester y fue cultivado y utilizado por el M15 durante más de veinte años”. Esta revelación puso a May, supervisora del M15 en su condición de ex ministra del Interior, al borde de la renuncia una semana antes de las elecciones. Corbyn la exigió por otras razones -por haber reducido en veinte mil personas los servicios de seguridad. El CGIL, bautizado por los servicios como “Los chicos de Manchester”, jugó un papel instrumental para el imperialismo británico, pues participó en combate para derrocar a Gadafi en Libia y se afilió a los grupos de Al Qaeda en Siria. La complicidad de los Estados imperialistas con el “terrorismo” se revela en una faz distinta al ‘relato' oficial e incluso de algunos de izquierda: esos terroristas no son jóvenes indignados por los crímenes del imperialismo en el Medio Oriente: los más activos de ellos son agentes tolerados de ese mismo imperialismo en las guerras que se libran para ‘remodelar' los Estados de la región que no son sus incondicionales. Pilger informa que durante la guerra contra Libia, “se levantaron las órdenes de control” sobre este grupo. “El M15 -agrega- les devolvió sus pasaportes y a los agentes de contraterrorismo en el aeropuerto de Heathrow se les ordenó que les dejaran tomar sus vuelos”.

“Vos sos el terrorista”

La situación del gobierno de Gran Bretaña se presenta más comprometida aún debido a que “El año pasado -dice Pilger- el FBI (. ) advirtió al M15 que este grupo terrorista estaba buscando un ‘objetivo político' en Gran Bretaña”. Esta ‘advertencia' se conoce ahora por ‘filtraciones' del gobierno de Trump, quien luego se “disculpó” por la alcahueteada. La complicidad de Gran Bretaña con el ‘terrorismo' tiene que ver también con su alianza con Arabia Saudita, el mayor nido de terroristas del planeta y el mayor comprador de armas de Gran Bretaña. El negocio armamentista es precioso para el capital británico: “El Royal Bank of Scotland (aún en situación de quiebra luego de la bancarrota de 2008) es un importante inversor en bombas de racimo, profusamente utilizadas contra la población civil en Siria”. Todo esto destruye el ‘relato' que asocia la inmigración al terrorismo, y liga a éste, por el contrario, al capital financiero y a los Estados imperialistas. Es archiconocido que Estado Islámico fue desarrollado por Turquía, Arabia Saudita y Estados Unidos.

La supercrisis

Theresa May se vio forzada a adelantar las elecciones para obtener el poder de arbitraje en la crisis integral de Gran Bretaña -porque hay que recordar que siguen pendientes el retiro de Escocia del Reino, y el planteo de unificación de Irlanda para poder seguir en la Unión Europea. Al final del recorrido, su situación es más precaria que al comienzo; hasta podría perder frente a Corbyn -quien incluso podría anular el Brexit y proponer el retorno al status quo anterior. Corbyn ha recibido el apoyo del partido Nacionalista que gobierna Escocia. “En la política de Gran Bretaña nadie confía ahora en nadie”, titula Clarín (3/6), las declaraciones de un reputado analista inglés. La revelación de la complicidad con el terrorismo del gobierno conservador, de May en particular (como ministra del Interior) y de los servicios de inteligencia, proyecta un agravamiento extraordinario de la crisis política, más allá de las elecciones.

Jeremy Corbyn se perfila como el rescatista de última instancia.

La confirmación de que un 30% de los argentinos se encuentra en situación de pobreza, la cual continúa en crecimiento, echó un baño de realismo en el debut de la campaña electoral 2017. Los bloques políticos y partidos que ya están desplegando promesas de “políticas sociales” o “alimentarias” se topan con la obra que vienen ejecutando implacablemente desde hace décadas -a saber, la degradación de la condición laboral y social de los trabajadores.

El informe de la UCA revela, por ejemplo, que 6 millones de argentinos pasa hambre, debiendo recurrir a comedores, asistencia alimentaria u otros paliativos. Mientras tanto, Mauricio Macri, que agregó a los 11,5 millones de pobres que había dejado el kirchnerismo un millón y medio más, se ufana de convertir a la Argentina en el gran “supermercado del mundo”. El informe de la UCA, a su turno, cita a otros estudios y métodos de medición de la pobreza, sólo para corroborar las conclusiones anteriores. Otro indicador, por ejemplo, señala que en 2016, el 50% de la población habría experimentado al menos una carencia estructural (falta de alimentos, de vivienda, de cobertura social o conexión de agua) y que el 19% de la población vive “en situación de pobreza extrema, que equivale a 8,5 millones personas” (La Nación, 7/6). Los autores del estudio advierten sobre la consolidación de un “piso” de pobreza en la última década, el cual ha oscilado según la mayor o menor intensidad del asistencialismo estatal. El autor de estas estimaciones, sin embargo, advierte que es difícil que esta población “salga de esta situación de pobreza (...) por mucho que se les asignen programas sociales” (ídem). Revela, en definitiva, que el asistencialismo estatal encubre una degradación que afecta a todos los aspectos de la vida de las masas.

Clase obrera, mujeres, jóvenes, jubilados

Los datos de pobreza deben unirse a otra estimación reciente -la que señala que el 50% de los trabajadores perciben un ingreso inferior a los 9.500 pesos. Si se tiene en cuenta que la cifra necesaria para no ser pobre está en los 15.000 pesos, es muy claro que toda una porción de la clase obrera argentina, incluso con trabajo, es pobre. No estamos, por lo tanto, ante una cuestión de ‘excluidos’ o marginados. Las villas de la Ciudad de Buenos Aires, por caso, se han poblado en los últimos años, no ya del migrante sin recursos, sino de trabajadores de los más diversos gremios que ya no pueden alquilar en condiciones formales. La burbuja inmobiliaria de estos meses -acicateada por el blanqueo a los evasores- ha agravado esta tendencia al encarecimiento del techo. El salario, que venía cayendo en los últimos años del kirchnerismo, sufrió otro bajón en 2016, con paritarias que en promedio estuvieron 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación. En 2017, y frente a una carestía que no va a bajar del 27-28%, el gobierno le ha impuesto a los estatales y docentes un “techo” del 20%, muy cercano al que han aceptado las burocracias de Comercio, Uocra, UTA y otras. La presión en favor de cláusulas flexibilizadoras -presentismo, turnos americanos- en los convenios agrava la condición de sobreexplotación, ya que el salario debe conformarse a costa de la salud o del tiempo libre del trabajador, un agobio que se transmite luego a su compañera y al conjunto de la familia obrera.

Si de mujer se trata, agreguemos otra información reciente: en la Capital del país, la desocupación -que en promedio llega hoy al 9,5%- se eleva al 11,6% en el caso de las mujeres. Muchas de ellas deben salir a ofrecer su fuerza laboral, ante el despido o la caída del salario de sus compañeros. Aunque la llegada del “ni una menos” ha sido la oportunidad para que los responsables de esta crisis se floreen en los parlamentos y estudios de televisión, es claro que la miseria social acentúa la doble opresión de la mujer trabajadora. La situación es todavía más grave en la juventud, donde uno de cada cuatro jóvenes se encuentra desocupado. La reciente “Expo Joven” -armada por el gobierno con una promesa de 11.000 empleos- recibió en horas a una multitud de más de 200.000 jóvenes, que sólo se llevaron un folleto de propaganda oficial. La procesión se completa con los jubilados, cuya mínima apenas supera el 40% de la canasta de pobreza.

Macristas, kirchneristas, massistas

La difusión de estos datos ha obligado a los principales bloques electorales a improvisar “salidas” frente a la crisis social. Estas respuestas retratan, en definitiva, a quienes han gobernado para el aumento de la pobreza. La agenda del macrismo plantea, como eje, una regresión todavía mayor en la condición social de los trabajadores. Esta política ha sido pactada con una oposición que, en Diputados o el Senado, le ha votado más de cien leyes contrarias a los que trabajan. Los Massa o Cristina Kirchner tampoco protagonizaron una oposición real al tarifazo, otro de los factores que ha golpeado fuertemente la condición social de la familia obrera. No podía ser de otra manera, porque la premisa de los tarifazos -que es la privatización petrolera- hunde sus raíces en el gobierno kirchnerista, con los acuerdos con Chevron y la política de premios extraordinarios a los productores de gas. De cara al aumento de la pobreza, la “oposición” del pejota-kirchnerismo o el massismo no tienen otra respuesta que la de los remedos asistenciales, que consolidan la miseria social y sólo buscan contener una reacción de los explotados frente a la crisis. La “emergencia alimentaria” que el kirchnerismo lleva al Congreso busca reeditar el régimen de ‘precios cuidados’, que los supermercados y pulpos alimenticios pactaron a cambio de la libertad de precios para el 80 ó 90% de los productos que no entraban en esos acuerdos. Para los Massa, Randazzo o Cristina, el desempleo juvenil debe ser el pretexto para subsidiar más intensamente a las patronales, a costa de los derechos previsionales de los trabajadores y del propio fisco.

Frente a este cuadro, la izquierda tiene el desafío de utilizar la campaña electoral como un gran factor de clarificación política y organización de todas las franjas de los explotados que sufren esta degradación. El primer paso es desarrollar un programa, que debe partir de la defensa de un salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy en 27.000 pesos; el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para enfrentar los despidos y suspensiones; frente a una política social que perpetúa la miseria, planteamos el pase a planta y la estabilidad de quienes trabajan con planes en los municipios, con un ingreso equivalente al salario mínimo; frente a la crisis laboral en la juventud, planteamos un gran programa de formación con salario y condiciones laborales de convenio, con una jornada horaria compatible con el estudio; luchamos por un aumento de emergencia que lleve la jubilación mínima a 9.000 y el 82% móvil; peleamos por la declaración del suelo urbano como patrimonio social y por un plan de viviendas accesibles con créditos que no superen el 10% del ingreso familiar.

La pobreza exige un programa y una estrategia política de transformación social dirigida por los trabajadores.

El 26-28 de mayo pasado tuvo lugar la Cuarta Conferencia Euro-Mediterránea, en la ciudad de Atenas. Como ocurriera con las tres anteriores, fue organizada por el Centro Socialista Christian Rakovsky, que impulsa el Partido Obrero Revolucionaria de Grecia (EEK) y por la Red Mediterránea, en la que se encuentra asociado con el Partido Obrero Revolucionario de Turquía (DIP). La distinguió de las reuniones, plenarios y conferencias frecuentes de los partidos y luchadores de izquierda que se realizan a lo largo y ancho del planeta, el propósito de determinar una línea de acción ante la aceleración de las crisis políticas y por sobre todo las guerras que asolan ese espacio geográfico, que incluye al Medio Oriente y a Europa, y a los Balcanes y el este de Europa en particular, junto a Rusia y Ucrania. El Partido Obrero de Argentina se hizo presente con una delegación, en función de una caracterización política similar a la de los convocantes, y para hacer participar a los militantes euro-mediterráneos de la envergadura de la crisis política y las luchas de masas que se desarrolla en América Latina tomada en su conjunto.

La mayoría de los asistentes no pertenece a corrientes trotskistas, lo cual no fue óbice para que la clausura de la Conferencia fuera celebrada con el himno de la Internacional y, por iniciativa de jóvenes de Turquía, Grecia, Italia y Palestina, con el grito -en castellano- “Luchar, vencer, obreros al poder”. Un afiche de Mariano Ferreyra presidió todas las sesiones de la Conferencia. La Conferencia se situó en una reivindicación de la vigencia de la Revolución de Octubre, con ocasión de los cien años de su victoria, y de la denuncia de la Declaración Balfour, que también hace cien años, instrumentó la inmigración judía a Palestina para asegurar el control británico en el área del Canal de Suez.

Hubo una representación de Palestina -del Comité Nacional del Frente Popular por la Liberación de Palestina-, de carácter anti-imperia-lista; también de Contra la Corriente, de Ucrania, y se hizo presente en la pantalla, por Skype, un dirigente de las organizaciones armadas que luchan por la nacionalización de la industria y por una República Independiente del Donbass. Estuvieron los constructores de los consejos obreros en la huelga general de Bosnia, hace dos años, pertenecientes a cuatro organizaciones diferentes; el Movimiento por la Justicia Social de Macedonia; el Centro Banna Luka de Serbia; la revista Esmelet de Hungría; y el centro Vanna de Bulgaria. De una importancia política muy grande, hubo organizaciones que no pudieron venir por negación de la visa para viajar, pero que mandaron mensajes de adhesión política: el grupo trotskista de Azerbaiyán -adherido a la CRCI; tendencias sindicales de Kazajstán, que acaban de liderar huelgas generales; Armenia-y la Liga Comunista Revolucionaria de Japón. Por razones de espacio no mencionamos las organizaciones o grupos de Rusia, Italia, Francia, Chipre, Irán, Sudáfrica y Finlandia. En total, unos 17 países -entre militantes y personalidades y, mayoritaria-mente, grupos y organizaciones.

Planteo

Un breve recorrido por las conferencias anteriores pone en evidencia la actualidad de la catástrofe que se abate sobre el área -y el cementerio que representan las aguas del Egeo y el Mediterráneo para miles de víctimas de ella. La primera, 2013, estuvo dominada por la rebelión popular en Turquía y la potencial reapertura de las revoluciones árabes. La segunda, 2014, por la crisis de Ucrania, la ocupación de Crimea por Rusia y la formación de las milicias y las ocupaciones de empresas en el Donbass. La atención de la tercera conferencia fue ocupada, por un lado, por el derrumbe de la experiencia de gobierno de la “Izquierda Radical”, Syriza, en Grecia, y su entrega completa al capital financiero internacional y la llamada Troika y, por el otro lado, por el agravamiento de la guerra reaccionaria en Siria y las repercusiones políticas en Turquía. Las resoluciones adoptadas por estas conferencias y la acción consiguiente explican el incremento notable de asistentes a la que tuvo lugar hace dos fines de semana.

El tema de la Cuarta Conferencia fue decididamente la guerra -en el Medio Oriente, en Ucrania y, potencialmente, en el círculo explosivo de Armenia, Azerbaiyán y Kazajstán. La Conferencia caracterizó la construcción de una red económica y política a partir del estado sionista, que envuelve la explotación de yacimientos de gas y una alianza política con Egipto, Chipre, Arabia Saudita, Jordania, los emiratos del Golfo, Grecia y, por sobre todo, la participación de Turquía y de Italia, que pujan por obtener el control, uno, y el mayor beneficio, el otro, de la explotación gasífera en el mar.

De otro lado, la acentuación de la guerra imperialista contra Afganistán tendrá un impacto cada vez mayor en el espacio del Asia Central -Rusia, Irán y las naciones del Cáucaso. La organización de un frente antiimperialista internacional contra el asedio imperialista y sus crímenes de guerra, es una necesidad imperiosa. En contraste con estas conclusiones decisivas, buena parte de la izquierda mundial se reparte, por un lado entre el apoyo a las milicias proimperialistas que operan en Siria, alegando que representan la ‘revolución democrática' y, por el otro, la defensa de los regímenes despóticos y sangrientos, como el de Al Assad, y de la intervención rusa, a los que adjudican una resistencia ‘nacional y popular.'

El liderazgo internacional del bloque económico y político internacional para conquistar la región lo tiene Estados Unidos de Trump. Este representa un cambio de modalidad en la iniciativa a la guerra regional respecto al guerrerismo que esgrimió Hillary Clinton, en la reciente campaña electoral norteamericana. La diferencia fundamental entre uno y otro es que Trump apunta a preparar políticamente a Estados Unidos para la guerra, mediante la acentuación del estado policial y el establecimiento de un régimen bonapartista, y que por otro lado pretende repartir una migaja del botín de guerra con Rusia en detrimento de la Unión Europea, y convertir por esa vía a Rusia en un satélite político. La Conferencia llamó a una lucha integral contra esta alianza belicista internacional, por medio de un desarrollo de la conciencia popular, del boicot y la movilización. El representante del FPLP denunció que una afirmación de esta alianza internacional, económica, política y militar, tiene como uno de sus objetivos estratégicos barrer los obstáculos a una completa colonización de Palestina por parte del sionismo.

En el curso de la Conferencia se conoció la victoria de los miles de huelguistas palestinos de hambre, que se encuentran en las cárceles sionistas. Fue una victoria impuesta al sionismo y a sus comisarios políticos y policiales de la Autoridad Palestina. En antagonismo con la alianza imperialista en la región, ese triunfo anuncia una levantada del movimiento palestino tanto en términos nacionales como sociales -contra los planes de ajuste en Cisjordania y por el derrocamiento del gobierno gurka de la Autoridad Palestina. El delegado del FPLP, Mohamed Kha-tib, se pronunció por una política de lucha de clases al interior del espacio palestino, como condición para obtener la victoria nacional contra el opresor sionista.

"La Conferencia declaró su intención de entablar discusiones con el FPLP y otras organizaciones similares, partidos obreros y de izquierda y movimientos de masas, para establecer los términos, la composición y las tareas de esta iniciativa internacional” contra la alianza imperialista regional, económica y política, y contra la guerra imperialista.

De conjunto

La crisis política turca mereció un análisis meticuloso de la delegada más joven de la Conferencia. Señaló la precaria posición del régimen de Erdogan que ganó por un punto el referendo que consagró un régimen presidencial, al tiempo que lo perdió en todas las grandes ciudades. Advirtió de la intención de la oposición burguesa de establecer un frente nacional contra Erdogan en las siguientes elecciones presidenciales, y de la necesidad de que la izquierda revolucionaria siga un método de lucha de clases contra el despotismo oficial.

Turquía se encuentra atravesada por las contradicciones que desarrolla la guerra en Siria, oscilando en torno de la alianza con Estados Unidos para no ser desalojada del reparto del botín sirio e incluso del de Irak, en la interminable y sangrienta guerra por recuperar Mosul. La compañera, al mismo tiempo, informó de una serie de huelgas en el sector metalúrgico de Turquía.

Por Skype se escuchó un informe desde Donetsk, el este de Ucrania, que reafirmó la posición de oponer al régimen de Kiev, al que caracterizó como fascista, una república independiente y la nacionalización de la industria. Esta posición va en contra de los llamados ‘acuerdos de Minsk,' que establecen la unidad semi-federativa de Ucrania, bajo la hegemonía de la derecha, bajo la tutela de la Unión Europea y el FMI. Esos acuerdos fueron firmados entre la UE y Estados Unidos, por un lado, y Rusia, por el otro, y forman parte de una negociación global entre el Kremlin y los Estados imperialistas.

La caracterización del conjunto de Europa tuvo por eje la crisis política en Francia y la perspectiva de una lucha de masas contra el ‘ajuste' del flamante gobierno de Macron. También abarcó a los regímenes represivos de Hungría y Polonia. La síntesis señaló a la “globalización en declinación” y al ascenso del chovinismo en una crisis. En una palabra, una crisis excepcional del conjunto del proceso político y económico capitalista. Es lo que señaló Altamira, quien fue uno de los introductores del tema de la crisis mundial, junto a un texto enviado por Hillel Ticktin, editor de la revista Critique.

El tema de los refugiados fue discutido en una comisión en forma minuciosa a partir del informe de una líder de la Coordinación en apoyo a los refugiados, que es también líder de los sindicatos de la educación de Grecia. También se escuchó el informe de Katherina Matsas, dirigente del sindicalismo de la salud y coordinadora del apoyo a los refugiados. Se votó el desarrollo de un plan de acción detallado, que se resume en la integración de los refugiados a los medios urbanos de cada país, y la apertura de las fronteras.

Unidad de acción y delimitación

Repetimos: la Conferencia se distinguió por el abordaje de la crisis mundial y la guerra en términos concretos, con vistas a la acción entre corrientes de origen diverso. Se abre así una perspectiva de acercamiento político, que ocurrirá sobre bases programáticas.

Los partidos de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI) asumieron, en los días posteriores a la Conferencia, ponerse al frente de este grandiosa lucha internacionalista.

El domingo 4 se realizaron elecciones de renovación de la mitad de la Legislatura. Los legisladores surgen del voto por departamento. En esta oportunidad, se votó en siete de ellos. El peronismo se impuso en todos los departamentos. La que concitó mayor interés fue la del departamento Capital. Comparada con la elección de 2013, de similares características y donde el frente Fuerza Cívica Riojana (Cambiemos) había triunfado logrando más del 45% de los votos en esta oportunidad, apenas superó el 19% de la votación, siendo superado por dos listas identificadas con el PJ, una de ellas alineada con el ex gobernador Beder Herrera que obtuvo el 25% de los votos, y la otra, alineada con el actual intendente de la capital, Paredes Urquiza, con un poco más del 19%.

En las elecciones de 2013, el PJ fue fragmentado pero unido, a la vez, con el sistema de colectoras. De la misma manera intervino el Frente Cívico Riojano, con varias colectoras. En esta oportunidad, el PJ fue directamente dividido en cuatro listas. Que dos de ellas hayan superado a la lista identificada con Cambiemos muestra el derrumbe del macrismo, que por vía de la UCR y otras fuerzas (e inclusive personalidades “progres” agrupados en la FCR) había concitado enormes expectativas en las elecciones nacionales de 2015.

El derrumbe del voto macrista no fue al PJ en sus distintas expresiones (la suma de la votación de todas las listas identificadas con el PJ y que esta vez fueron divididas suman un caudal similar al de 2013), sino que en gran medida se abstuvo y una parte se volcó a las distintas listas identificadas con la izquierda.

El abstencionismo que en 2013 llegó al 20%, en esta oportunidad superó el 40%.

En el caso de la izquierda, tanto el PC que presentó lista propia, como Izquierda por el Frente (el frente del MST con el MAS) y el FIT acrecentaron su caudal de votación.

En ese contexto, el Frente de Izquierda realizó una elección muy buena en líneas generales, obteniendo el 1,6% en la primera elección provincial donde se presenta como tal (antes se había participado con la personería de IS).

En la última elección en la capital, habíamos obtenido el 0,9% (800 contra casi 1.400 votos en este comicio). En el marco de la campaña del FIT logramos realizar actos y convocatorias importantes que se plasmaron, también, un día antes de la elección en la marcha por Ni Una Menos, cuando los partidos del FIT movilizaron las columnas más grandes. El Partido Obrero impulsó un importante desarrollo en el interior de la provincia -Chilecito y Chamical- y abrió dos sedes en la provincia con importantes convocatorias en sus inauguraciones, realizadas durante la campaña misma.

Con estos guarismos vamos a las Paso a dar una lucha política para que el Frente de Izquierda supere el piso proscriptivo, defendiendo como en todas las provincias lo hace el Partido Obrero, el planteo de que el FIT se presente con las listas unificadas para enfrentar a los candidatos del ajuste y llame a un congreso del movimiento obrero y la izquierda.

El pasado lunes 12 se cumplió un mes desde que los docentes colombianos salieron a la huelga por mejoras salariales y edilicias, del sistema de salud y por mayor presupuesto educativo.

El 11 de mayo pasado, la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación (Fecode) comenzó una huelga indefinida. El anuncio del gobierno de extender una jornada única de clases, sin garantizar comedores ni transportes educativos, ni mejoras edi-licias en un sistema que contiene a ocho millones y medio de estudiantes, fue el disparador de esta lucha.

Aunque el gobierno impuso unilateralmente (vía decreto) un aumento salarial del 8,75% para poner fin al conflicto, la huelga continúa. En el transcurso de la huelga, tres docentes fueron asesinados.

“Nuestros alumnos tienen hambre y les damos para desayunar un mango y una galleta”, declaró Carlos Rivas, presidente de Fecode.

En este extenso mes de lucha, los docentes han realizado clases públicas, cortes de ruta, marchas locales y tres marchas federales a Bogotá.

“El gobierno dice que no hay dinero, pero no es que no tenga dinero, es que lo usan para otras cosas. El gobierno de Colombia es uno de los más corruptos de América Latina. Se ha denunciado públicamente la participación de Odebrecht en el financiamien-to de campañas presidenciales.

El único banco estatal colombiano, el Banco Agrario, le otorgó un crédito megamillonario [NdR: 40 millones de dólares] a Odebrecht cuando ya había estallado el Lava Jato. Entonces, no es que no haya plata, es que se la siguen robando”, dice Fabio Delgado Micán, escritor y docente del Instituto educativo Ricarte (Colegio Municipal de Soacha, Cundinamarca).

La administración de Juan Manuel Santos gobierna en función de los intereses de la banca, las petroleras y las mineras. Mientras tanto, casi un 30% de los colombianos se encuentra en la pobreza.

El gobierno de Santos ofreció, en primera instancia, un aumento salarial para los docentes que se encuentran bajo el decreto 1278, que son los recientemente graduados (y con salarios más bajos). Esto fue rechazado por Fecode y por los sindicatos regionales que marcharon por tercera vez en Bogotá el pasado martes 6 de junio. Más de 20.000 docentes de todo el país se movilizaron por sus reclamos, mientras el gobierno nacional anunciaba el descuento de los días de paro.

Luego de esta movilización se conquistó el aumento salarial docente para todos los sectores ratificando la continuación de la medida por las condiciones edi-licias y estructurales de todo el sistema educativo. Colombia vive un proceso de privatización de la salud y la educación que lleva más de 20 años (incluye, naturalmente, la gestión del carnicero Alvaro Uribe).

“El sistema de salud, como el sistema educativo en Colombia es mayormente privado. Lo público se reduce muchísimo. En Soacha ya no hay hospitales para las personas. Así también las instituciones educativas en todos sus niveles van desapareciendo, sólo quedan las privadas. No hay cobertura. Los maestros estamos defendiendo que no desaparezca la educación pública”, explica Fabio Delgado Micán.

Esta semana, Fecode ya anunció varias medidas que incluyen cacerolazos, movilizaciones y cortes en una huelga que ha conquistado la solidaridad del pueblo colombiano. El gobierno de Santos ha llamado al Ministerio de Trabajo para que medie, lo cual es absurdo considerando que dicho ministerio responde al Ejecutivo.

En estas últimas 48 horas, y en un cerco de los medios nacionales, Fecode ha divulgado un comunicado donde exige al Ministerio de Interior, al de Justicia y al de Derechos Humanos una inmediata respuesta por los ataques criminales que han sufrido dirigentes docentes en el marco del paro nacional. Entre el 6 y el 7 de junio fueron asesinados tres docentes a balazos, a pocas cuadras de sus lugares de trabajo, y se denuncia la desaparición de Luz Hernández Mora, docente de 29 años, luego de la movilización última en Bogotá.

Los paramilitares no se han desarticulado más que para las noticias. Siguen siendo un instrumento de la clase dominante contra los trabajadores que se levantan por sus derechos.

Todo el apoyo a la lucha de los docentes de Colombia.

A partir de las 00 horas de hoy, reclamando la actualización del convenio Complejo Oleaginoso Portuario Agroexportador (Copa), los trabajadores de las agroexportadoras han logrado un paro total de las actividades de los puertos del Cordón, a través de la huelga y de bloqueos en puerta de fábrica.

Desde uno de los bloqueos al cual asistió para solidarizarse, la concejal de Capitán Bermúdez Jorgelina Signa, del Partido Obrero, indicó: “Desde hace dos meses que la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciaria) viene dilatando el pedido de los trabajadores en relación con el Copa, inclusive desconociendo las convocatorias citadas por el propio Ministerio de Trabajo. En realidad, la cámara empresarial busca colgarse en el tren del ajuste nacional y provincial e ir por el recorte del Copa”.

“Mientras que las agroexportadoras han sido una de las más beneficiadas en el último año -continuó- con la devaluación y la quita de retenciones, la contracara es querer desconocer el Copa que a partir de 2011 permite a los trabajadores sometidos a la tercerización en la región, un piso salarial similar al de los aceiteros”.

El paro de los trabajadores del Copa empalmó con una importante asamblea en la ciudad de Fray Luis Beltrán en el marco del paro de los trabajadores estatales de Fabricaciones Militares de esa ciudad. Están denunciando el vaciamiento dentro de la fábrica, ya que cien obreros se jubilan durante este año y buscan reemplazarlos con nuevas tercerizaciones. La lucha de los obreros del Cordón es un impulso para todos los trabajadores que pelean contra el ajuste. El reclamo de la actualización de los 19.000 pesos que cobran en la actualidad a 27.000 pesos que piden los trabajadores para 2017, es una respuesta frente a la inflación, los aumentos de tarifas y las paritarias a la baja. Si ganan los trabajadores del Copa ganamos todos.

Quien lee El desierto entra en la ciudad (1942), de Roberto Arlt, encuentra una suerte de anticipación argentina de El país de las últimas cosas (1987), de Paul Auster. La Argentina de comienzos de la década de 1940 es, en la visión arltiana, un taller alucinante y alucinado en el que no se produce nada, vaciado hasta de comida, aislado de todo, incomunicado, gobernado por un César loco que se cree (y lo creen) Dios. Con La farsa de los ausentes, ahora en cartel en el teatro San Martín, Pompeyo Audivert logra ampliamente lo que se ha propuesto: transformar ese “espejo histórico” que es el teatro de Arlt en un estallido poético, en una puesta en escena conmovedora.

Se trata, en verdad, de una versión del primer acto de la farsa en cuatro actos escrita por Arlt. En ella todo es irreal y al mismo tiempo de un realismo brutal. César (Daniel Fanego) gobierna el encierro como un dios decrépito; y en un momento dice “tengo que salir al balcón a saludar a la gilada”, después de hacer sonar los acordes de la “Marcha de los Muchachos Peronistas” en una vieja máquina de escribir. Es impagable la parodia de la travesía del desierto, durante la cual César es un Moisés caricaturesco que, después de hacer salir a sus seguidores del taller vacío, los conduce hacia la nada, y cuando aquellos intentan rebelarse descubren que son irreales, apenas personajes de una farsa teatral. Lo es también el nacimiento de un Cristo (la criatura, Santiago Ríos) que vocea diarios del futuro con titulares sobre el derrocamiento de Perón, el campeonato mundial de Carlos Monzón y la muerte de Trotsky en México, que “se habría suicidado con una pica”.

Dice Pompeyo Audivert que en ese primer acto, “que inspira y dispara la versión que hoy se presenta, Arlt produce una ruptura sumamente moderna para su época y para la nuestra, una operación poética sobre las mismas coordenadas básicas que habitualmente un dramaturgo establece para definir quiénes son los personajes, qué están haciendo y dónde están temporal y espacialmente. ”. Arlt, en efecto, no sólo adelanta temáticamente al Auster de El país...; si se quiere, más aún que el peruano José María Arguedas (1911-1969), llega temprano al “boom” de la literatura latinoamericana y echa mano al que todavía no se llamaba realismo mágico. Apegado al “teatro de la crueldad” de Antonin Artaud, Audivert recrea a ese Arlt y busca romper los límites de la palabra con un lenguaje corporal de fortísimo impacto, que no pierde intensidad ni tensión durante los 120 minutos de duración de la obra.

Audivert se pregunta: “¿Quién es César? ¿Quiénes los invitados? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Y esa criatura?” Sin duda se trata de la Argentina -más específicamente de Buenos Aires-esa especie de país de las últimas cosas, pero también es el Sinaí o Nazaret en tiempos diversos y superpuestos; una farsa trágica, en fin, que más allá de las intenciones de Arlt y de Audivert obliga a preguntarse por la Argentina, por su historia (la nuestra), e impone esa obligación con un lenguaje teatral de una belleza por momentos atroz.

En un elenco impecable deben destacarse las actuaciones enormes de Daniel Fanego, Mosquito Sancineto, Roberto Carnaghi, Juan Palomino, Santiago Ríos, Andrés Mangone, Carlos Kaspar e Ivana Zacharski. Son en total una veintena de actores que componen, con sus voces, y sobre todo con sus cuerpos, ese estallido poético del que habla el director.

El secretario de Seguridad de la provincia, Paul Hofer, reconoció que el último fin de semana se realizaron operativos de control en los ómnibus urbanos en diferentes puntos de la provincia consistentes en pedirles a algunos pasajeros el DNI para hacer, con un sistema de scaneo, la averiguación de antecedentes.

El secretario planteó que son operativos de rutina que la policía provincial ya viene realizando en la capital provincial.

En el megaoperativo de este fin de semana participaron la policía de la provincia, la Federal, la policía aeroportuaria y la Gendarmería. La participación de fuerzas nacionales y de la provincia muestra que entre el gobierno de Macri y los gobernadores no solo han conformado una coalición ajustadora, sino también represiva contra la población más pobre y trabajadora.

La averiguación de antecedentes con un sistema parecido, el “digicom”, fue introducida en 1978 por la dictadura, en época del Mundial de Fútbol. Se realizaban operativos en medios de transporte, en la vía pública y bares, y se cotejaban las cédulas de identidad con el archivo de antecedentes de las personas.

En Tucumán, durante la dictadura, en 1980, se decretaron contravenciones que contemplaban el arresto por averiguación de antecedentes o por un cúmulo de hechos calificados como contravenciones. Con el retorno al régimen constitucional, en Tucu-mán se derogó lo primero, pero se dejó en pie todo el resto.

En 2010, frente a denuncias de varios hechos criminales cometidos por la policía en el marco de la ley de contravenciones, ésta fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de la Nación y por la Corte de la provincia, a pesar de lo cual el entonces gobernador José Alperovich no la dio de baja. Ahora, con Juan Manzur, no sólo la mantiene en pie, sino que con aval del gobierno nacional vuelven a la política de averiguación de antecedentes en abierta violación a la libre circulación de las personas.

El gobierno plantea que así se puede detectar a personas buscadas por la Justicia. Y pretende explotar en su favor la indignación popular por el crecimiento de la ola delictiva, pero lo cierto es que estos operativos no apuntan a combatir el delito sino a hacer habitual el despliegue de fuerzas represivas federales y de la provincia, creando al mismo tiempo un clima de intimidación a la juventud y a la clase trabajadora que es la que habitualmente usa estos medios de transporte.

La ola delictiva ha crecido porque las bandas operan con la complicidad de la misma policía e incluso de la Justicia. Así lo demuestran todos los hechos criminales ocurridos en la provincia en los últimos años.

Por la derogación de la ley de contravenciones. Por el cese de las razzias y los operativos de averiguación de antecedentes. Es necesaria una campaña de pronunciamientos y movilización para lograrlo. Están en juego los más elementales derechos democráticos.

Raya casi en el ridículo que el gobierno se jacte de haber contraído una deuda en el mercado internacional por un plazo de cien años, cuando a fuerza de refinanciaciones de intereses, e incluso de capital, Argentina ha visto crecer en espiral una deuda externa durante cincuenta años, que no tiene posibilidad de ser cancelada ni en cien o doscientos años. Lo que para un columnista de Clarín (20/6) sería nada menos que “un hecho histórico”, no es más que otra vuelta de tuerca en el sometimiento financiero a las grandes corporaciones, incluida la burguesía nacional.

La deuda centenaria, por cerca de 3 mil millones de dólares, representa monedas para una deuda pública de alrededor de 350 mil millones de dólares -que incluye la que tiene el Banco Central, de 60 mil millones de dólares (75% del PBI), pero pone de manifiesto una estrategia, que no es precisamente soberana. Ocurre que a lo largo de 2016, los Fondos de Pensión y las Compañías de Seguro internacionales enfrentaron una crisis severa con motivo de la caída de las tasas de interés de referencia, que afectaban muchísimo el rendimiento de las inversiones que realizaban con los aportes de sus suscriptores. En determinado momento, esas tasas llegaron a ser negativas. En tales circunstancias, esas entidades perdían dinero al tener que remunerar a los pensionistas o asegurados por importes superiores a los de sus inversiones. El derrumbe de las tasas de interés llegó a afectar al sistema bancario, cuando sus compromisos con los depositantes implicaban erogaciones superiores a sus inversiones en títulos de deuda pública. Es así que los principales bancos centrales empezaron a diseñar políticas para aumentar las tasas de interés y volverlas, con el tiempo, a lo que llaman la tasa “natural”.

El bono del macrista Caputo está diseñado especialmente para esas instituciones financieras, porque aseguran, nada menos que por cien años, una tasa de interés del 8%, que hoy representa mucho más que esa tasa ‘natural’. La colocación, de alrededor de 2.700 millones de dólares (fue vendida por debajo de su precio nominal, lo cual aumenta los beneficios de los inversores), representa monedas, por supuesto, pero señala una orientación enteramente determinada para beneficiar al capital internacional y para condicionar la economía argentina a los compromisos de la deuda.

La euforia fingida del gobierno apenas disimula una crisis terminal de la política de endeudamiento seguida hasta el momento. Esto se ve en el reconocimiento de que el Banco Central no puede seguir incrementando su deuda en Lebacs, que ha superado el billón de pesos, o su equivalente en 60 millones de dólares, a tasas de interés del 25% con un tipo de cambio casi fijo. Cada vez que el Banco Central (BCRA) intentó reducir la tasa de interés se insinuó una corrida al dólar. Para desmontar esta bomba neutrónica pretende ahora que el Estado asuma esa deuda en forma progresiva, mediante Letras del Tesoro (en pesos o dólares), con tasas de valor paralelo a las que paga el Banco Central. Esto significará, a término, el reconocimiento de una deuda gigantesca por parte del sector público y los contribuyentes. Dadas las sumas en juego y la volatilidad financiera -y en especial los tarifazos previstos hasta 2021-, lo más probable es que esta ‘rotación’ de una deuda a la otra concluya en un fracaso.

La contratación de la deuda a cien años es un reconocimiento de la perpetuidad de la descomunal deuda de Argentina tomada en su conjunto.

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En el último semestre de 2016, los trabajadores de Tempur Sealy protagonizaron importantes jornadas y acciones de lucha, que culminaron el 7 de diciembre con el inmenso triunfo en las elecciones de delegados, pese a que las mismas fueron armadas, por el gremio y el Ministerio de Trabajo, a la medida de las necesidades de la empresa y sus candidatos.

Un expediente con denuncias extraviado en los pasillos del Ministerio de Trabajo, un arbitrario cronograma de horario que regimentaba y dificultaba la votación, compañeros de los locales hostigados por sus supervisores y otros trasladados en los autos de éstos y en remises pagados por la empresa para que fueran a votar, fueron algunas de las maniobras que debimos enfrentar.

Pero el mismo ministerio que avaló las elecciones del 7 de diciembre a través de un funcionario de esta cartera, el 4 de marzo decidió anularlas, basándose en un pedido de impugnación realizado por la oficialista Lista Blanca. Esto, cuando los “impugnadores” no han agotado la vía asociacional, por lo cual el ministerio no debería haber hecho lugar al pedido y, ante su aceptación, el sindicato es el que debería rechazar la resolución oficial.

El papel del sindicato

Desde que se enteró de esta resolución ministerial, la comisión interna de Tempur Sealy comenzó a pedirle al Sindicato del Plástico que llevara adelante las acciones necesarias para rechazar este atropello, que ataca a la organización sindical, a la libertad y a la democracia sindical y, principalmente, a la decisión de la mayoría de los compañeros.

En un plenario de delegados, el secretario general, Alberto Murúa, expresó su preocupación sobre el tema y se manifestó, formalmente, en defensa de sus delegados. Después de esto, el cuerpo de delegados de la empresa participó en dos reuniones, una con miembros de la comisión directiva nacional y otra con secretarios seccionales del sindicato, en las que los directivos plantearon que la posición de ellos era la de “no pelearse con el Ministerio de Trabajo” -o sea acoplarse a la decisión oficial e ir contra la decisión democrática de los trabajadores.

La directiva ha dilatado la cuestión con el objetivo de que se agoten los plazos para hacer las presentaciones ante el ministerio y la Justicia y, de ese modo, llevar a la convocatoria de nuevas elecciones.

Las tareas de los trabajadores

Todas estas maniobras ponen de manifiesto la complicidad entre el Estado y las patronales para tratar de imponer a los trabajadores dirigentes sindicales que dejen pasar el pretendido recorte de las conquistas obreras. El ministerio jugó a favor de la empresa para tratar de dar un golpe a los trabajadores y, de esa manera, poder avanzar con planes de flexibilización dentro de la planta.

En este cuadro, los compañeros deben preparar las condiciones para reafirmar, apoyar y fortalecer a un cuerpo de delegados que, con firmeza, ha ido sorteando todos los escollos que le han ido poniendo para poder llevar adelante los intereses de los trabajadores.

Reclamamos al Sindicato Plástico que se pronuncie públicamente en contra de la resolución del ministerio y lleve adelante todas las acciones que sean necesarias para que se respete la legítima decisión de la mayoría de los trabajadores y la democracia sindical.

La crisis de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) se expuso como nunca antes en la paritaria 2017. El ramo principal cerró el viernes 16 en un 24% en dos cuotas (mayo 12% y septiembre 12%) con una suma no remunerativa de 2.000 pesos recién para enero de 2018 y una "cláusula gatillo" de dudosa aplicación.

El martes 13 pasado, los directivos habían rechazado la misma oferta del 24% por "miserable" (aún cuando el Plenario de delegados de la seccional Capital había votado aprobarla) y lanzaron en distintas seccionales al activismo (San Luis, Arroyito, Córdoba, Salto, Tres Arroyos) a realizar escraches para exigir un mejor aumento. La oferta rechazada el martes 13 fue firmada como un triunfo el viernes 16, dejando descolocados a los delegados que sostenían los bloqueos.

El cierre demostró, una vez más, que la Verde le huye como a la peste a desenvolver un plan de lucha, reflejó la división de la burocracia de la CGT alrededor del armado de listas para las elecciones de agosto/octubre (entre massistas, kirchneristas y randazzistas) y terminó bochornosamente con los distintos sectores de la Verde echándole la culpa del acuerdo a Daer.

Cuando la negociación se trabó, la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) debió haber convocado a nuevas medidas de fuerza (no a escraches que no afectan la producción), pero se limitó al cabildeo ministerial aviniéndose a una conciliación voluntaria que despertó la bronca entre los trabajadores.

El acuerdo dejó el inicial en 17.180 pesos de básico, que con los descuentos deja por un año más a los trabajadores alimenticios rondando la canasta de pobreza. Además, el primer tramo del aumento será "no remunerativo" por lo que una dirigencia que en su inmensa mayoría debería estar jubilada ha dejado a los jubilados de la Alimentación, ¡sin aumento hasta septiembre! Por otro lado, contrasta con el aumento de los coseguros de la obra social, que rondó el 1.000% en promedio. El acuerdo alcanzado por la Federación despertó un enorme rechazo entre los compañeros (incluidos sectores del oficialismo), que vieron con claridad la necesidad de una nueva dirección en el STIA, democrática y de lucha.

Luego de intensas maniobras contra las bases del gremio, el pasado 12 de junio, la burocracia de la Federación Papelera firmó con la Cámara de Fabricantes un acuerdo salarial de miseria, que supone un aumento anualizado de un 19% (sólo un 14% los primeros seis meses, y un 10% más a partir de octubre), muy por debajo de la inflación pronosticada, que estará por encima del 25%.

Días atrás, ante el rechazo de las bases papeleras a las negociaciones dilatadas y lo ridículo del ofrecimiento patronal, la Federación del Papel y la Cámara de Fabricantes habían solicitado una “conciliación voluntaria” en medio del paro del 1° de junio. Esta “conciliación” sirvió para desmovilizar y enfriar los ánimos de los trabajadores, creando una falsa expectativa de movilizar el 15 de junio, fecha en que se realizaría una nueva audiencia.

Con la maniobra obtuvieron el marco para mantener reuniones privadas y evitar por todos los medios la intervención de los trabajadores en las negociaciones.

El acuerdo

La medida de los salarios de hambre queda ilustrada por el básico inicial del gremio, que recién en abril de 2018 pasaría a… 55 pesos la hora.

Además de las cifras de miseria, gran parte de esto es no remunerativo -solamente se incorporan los aportes a la obra social, federación y sindicatos.

Tampoco aparece contemplado en el acuerdo ningún bono compensatorio y mucho menos una cláusula gatillo que compense el desfasaje inflacionario. Solamente se limita a convocar a una nueva reunión en enero para evaluar el índice de precios abril/diciembre, sin ningún compromiso de compensar la diferencia entre éste y lo acordado.

Se trata de salarios que le garantizan a las patronales miles y miles de trabajadores pobres, que ante el ahogo económico deben someterse a interminables jornadas laborales y a la arbitrariedad patronal en la organización del trabajo. Esta es la línea reclamada desde el empresariado y el gobierno, para descargar la crisis económica sobre los trabajadores.

Perspectivas

La agrupación opositora Gris Papelera desarrolló una gran campaña de volanteos, asambleas y movilizaciones por el reclamo de un 40%.

En la última etapa de las negociaciones advirtió y denunció oportunamente la maniobra de entrega que se preparaba y ante esto realizó un acto el 12 de junio pasado en Smurfit Kappa-Bernal, contra una nueva entrega de las paritarias, contra los salarios de hambre y por democracia sindical.

Ante lo exiguo del acuerdo planteamos que, como medida paliativa, no se descuenten los aportes sindicales, sino solamente los de obra social -mejorando así el monto percibido por los trabajadores mientras las sumas sean “no remunerativas”.

Ese mismo día, mientras las comisiones internas y los trabajadores de Kimberly y Smurfit defendían el salario en las calles, los paritarios de la Federación firmaban detrás de un escritorio y de manera inconsulta el acuerdo hambreador.

Para todos los compañeros del gremio es hora de hacer un balance sobre la realidad que nos golpea -cierres de fábricas, despidos y suspensiones, salarios de pobreza, condiciones de trabajo deplorables, un sistema de salud paupérrimo, turnos rotativos que arruinan la salud- y la responsabilidad en la misma de la burocracia, las patronales y el gobierno.

La rebelión de los choferes de UTA Córdoba muestra una tendencia que recorre los gremios de Argentina.

Recuperar sindicatos y cuerpos de delegados, desarrollar agrupaciones clasistas, concretar frentes antiburocráticos y de lucha, serán las herramientas para cerrar definitivamente la etapa del peronismo en los sindicatos y darle a estos una política de clase.

A diez días del naufragio del “Repunte”, una embarcación pesquera de 32 metros de eslora de la empresa Ostramar SA, propiedad de Luis Caputo, la Prefectura sigue buscando a siete de los doce tripulantes que habían abordado el barco en las costas de Rawson (dos de ellos fueron rescatados con vida y otros tres fallecieron). La reacción obrera no se hizo esperar: durante la mañana del martes 20 se produjo una enorme respuesta popular exigiendo justicia y la aparición de los cuerpos de los trabajadores. Los familiares de los pescadores, junto con trabajadores, se congregaron en la sede de la Prefectura tanto en Mar del Plata como en Puerto Madryn. La exigencia común fue que la Prefectura no abandone la búsqueda de los cuerpos y “que las autoridades políticas y el empresario Luis Caputo den la cara”. La movilización popular y los enfrentamientos con la Prefectura lograron arrancar al sindicato el cumplimiento efectivo de un paro por 72 horas, un hecho histórico.

El hundimiento del “Repunte” no es un rayo en el cielo sereno. En los últimos 16 años se produjeron en el país 41 naufragios, que dejaron un saldo de 86 tripulantes víctimas fatales. Según estadísticas del Centro Naval, la industria pesquera logró ocupar el primer puesto internacional (¡!) en accidentes entre 1970 y 2000.

El gobierno del intendente Carlos Arroyo (Cambiemos) se limitó a otorgar tres días de luto, una echada de lastre que intenta apaciguar el malestar popular, cuando es él mismo -junto con el Concejo Deliberante- el que permite la precariza-ción de los trabajadores pesqueros. La burocracia sindical del Sindicato de Obreros Marítimos (Somu) actuó como barrera de contención al reclamo popular en el momento en que los trabajadores exigieron, durante la protesta, que no salgan las embarcaciones durante los días de duelo.

Precarización, inseguridad y fuga de capitales

Caputo es un pulpo capitalista de la pesca, poseedor de varias embarcaciones y de cooperativas truchas fileteadoras, donde utiliza mano de obra precarizada a través de los Repro. Caputo y otros empresarios mantuvieron la mayoría de sus flotas paradas entre 2013 y 2016 para reconvertir los buques pesqueros de merluza a buques “tangoneros”, pesqueros de langostinos, ya que la “fiebre del oro rojo” llevó a la mayoría de los empresarios a lucrar con este recurso natural -debido a que la tonelada de langostino quintuplica en precio a la tonelada de merluza.

La adaptación de los barcos a este nuevo negocio produjo varios hundimientos, ya que al incorporar nuevos elementos de izaje y al aumentar el tonelaje de pesca, las embarcaciones modificaron su línea de flotación.

En 2016, las oficinas de Caputo fueron allanadas por contrabando y evasión fiscal.

La burocracia sindical, mascarón de proa de las patronales

En estos días se dieron a conocer reuniones entre el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), intercediendo por el empresario Luis Caputo y autoridades del Consejo Federal de Pesca para aprobar los permisos por inactividad del “Repunte”. Con la excusa de que los trabajadores no perdieran su trabajo mediante la rescisión de los permisos de pesca por parte del gobierno, la burocracia actuaba como un empresario más. A cambio, el Simape “conseguía” la suma de 10.000 pesos para los trabajadores cuyas embarcaciones estuviesen paradas (del salario mínimo-garantía horaria igual al costo de la canasta familiar, ni hablar).

Los gobiernos, garantes de las ganancias capitalistas

La Subsecretaría Nacional de Pesca, a través del Consejo Federal Pesquero, otorga en forma sistemática las justificaciones por inactividad -es decir, los capitalistas se valen de este recurso para mantener su flota parada (por supuestas reparaciones) y así no perder los permisos de pesca. En el caso particular del “Repunte”, el barco estuvo inactivo por tres años y, el 15 de diciembre de 2016, el Consejo le otorgó la justificación de inactividad, cuando el propietario de la embarcación todavía no había terminado la revisión ni había renovado los certificados de la Prefectura.

Las inspecciones del Ministerio de Trabajo en las plantas procesadoras pesqueras se limitan a cobrarles a las patronales 1.000 pesos por cada trabajador en negro que encuentra. Más que multa, se trata de una coima.

Una salida para los trabajadores

La masacre de los obreros marítimos, como así también la depredación de los recursos naturales, se viene llevando adelante bajo los distintos gobiernos nacionales y sus representantes locales (Pulti y Arroyo). Son éstos los que garantizan, en mar y tierra, la superexplo-tación a través de las cooperativas y las exenciones impositivas en la industria del pecado.

Planteamos la inmediata atención psicológica y económica a los familiares de los trabajadores ahogados y desaparecidos. Juicio y castigo a Luis Caputo y a los responsables de todos los organismos provinciales y nacionales, el Consejo Federal Pesquero y a la Prefectura Naval, que habilitan la salida de los barcos de los puertos. Una comisión de seguridad e higiene electa en asambleas de pescadores debe ser la que decida la salida o no de los buques desde los puertos. Apertura inmediata de los libros de la Prefectura, bajo control de los trabajadores. Nacionalización de la industria pesquera, de los puertos y del comercio exterior bajo el control de los trabajadores. ¡Ninguna confianza en las promesas de Vidal, Arroyo y la falsa oposición patronal, hay que redoblar la movilización independiente para llevar al banquillo de los acusados a todos los responsables!

Para una amplia mayoría de observadores, sin distinción de tendencias, las sanciones que anunció Trump hace unos días contra Cuba carecerían de un significado particular -incluso cuando algunos se refieren a un retorno a la “guerra fría”, lo cual es un despropósito en las condiciones posteriores a la disolución de la Unión Soviética. Trump no ha dado marcha atrás, dicen, con el reconocimiento diplomático que sellaran Obama y Raúl; tampoco con el cierre a la inmigración ilegal de cubanos; no afecta la llegada de cruceros o el tráfico aéreo ni las operaciones de turismo de Airbnb; y aunque restringe el turismo individual y prohíbe negocios con las empresas controladas por la Fuerza Armada de Cuba, parece haber excluido de las limitaciones a la gestión, por parte de la corporación Marriot, del Sheraton Hotel, en La Habana, controlado por los militares.

En esta línea de interpretación condescendiente, Trump se habría propuesto dar una satisfacción simbólica a la comunidad gusana en Miami y a quienes ofician de representantes de ella en el Congreso de Estados Unidos. Buscaría de este modo asegurarse algunos votos vitales ante la campaña que busca destituirlo por medio de un juicio político. La orden ejecutiva (decreto) que establece las restricciones debe pasar por un proceso de reglamentación a nivel ministerial, que suele demorar varios meses. La Cámara de Comercio Americana, la principal entidad empresarial de Estados Unidos, es una propulsora activa del comercio con Cuba y ha rechazado las restricciones de Trump. The Wall Street Journal advirtió que la política de Trump “cede oportunidades crecientes a otros países”.

En efecto, Brasil, Rusia y China operan activamente con el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), que está bajo el control de los militares cubanos. Cuba es una reconocida colaboradora de la administración norteamericana en relación con el combate al narcotráfico y la llamada seguridad contra el terrorismo.

¿Nada por aquí, nada por allá?

¿Mucha cáscara y pocas nueces -en la pauta de vociferar en exceso pero usar un garrote corto- como, dicen, que ocurre con el muro en la frontera con México, prometido por Trump? No se debe pasar por alto, sin embargo, que en esta ocasión Trump (como también lo hizo Obama) vuelve a recurrir al decreto ejecutivo -o sea a pasar por encima del Congreso, en una línea de poder personal. Estados Unidos desarrolla operaciones militares en Siria sin contar con una autorización del Congreso y acaba de derribar un avión militar sirio que estaba operando en su propio país. Las sanciones contra Cuba siguen, además, la pauta empleada contra otros Estados, que es forzar negociaciones favorables al imperialismo norteamericano mediante la coacción. Acaba de incrementar las sanciones contra Rusia, incluidas las corporaciones de gas de Europa que se encuentran asociadas a las rusas.

El contexto adecuado para caracterizar la acción de Trump contra Cuba es, en primer lugar, que la Isla sigue afectada por el bloqueo norteamericano, que Obama nunca levantó. El bloqueo es, por definición, una acción coactiva; las ‘sanciones' de Trump son un aval, que casi nadie ha advertido, de los republicanos y gusanos de Miami a los acuerdos de Obama y Raúl Castro. Cuando Obama reconoció el fracaso de medio siglo de bloqueo, no dijo que los objetivos norteamericanos hubieran cambiado -sólo se refirió al método. El otro aspecto es que las facilidades de negocios establecidas por esos acuerdos han fracasado en reactivar la economía de Cuba o simplemente las transacciones internacionales. “Después de haber arrancado muy fuerte, informa Le Monde (16/6), las compañías norteamericanas habrían reducido sus vuelos a la Isla (...) el PDG de Air France expresó sus dudas sobre la ocupación de los aviones” -algo que, sin embargo, es desmentido “fuertemente” por el presidente de Corsair. Cuba, además, “otorga derechos de tráfico con parsimonia”. El diario francés señala también “que la insuficiencia hotelera podría frenar el flujo de turistas”. El turismo es la fuente principal de ingresos internacionales de Cuba. La crisis de inversiones en Cuba es la palanca principal de presión a disposición del capital internacional y sus diversos Estados sobre la isla.

La oportunidad elegida por Trump para su diatriba anticubana guarda relación con la crisis en Venezuela. La entrega de petróleo a Cuba, a precios subsidiados, ha perdido regularidad y podría cesar en caso de un desenlace político favorable a la derecha en Caracas. La caída del precio internacional del petróleo ha atenuado el impacto sobre el déficit energético cubano, pero no lo ha suprimido. Maduro, el presidente de facto de Venezuela, prometió renunciar ante la Asamblea Constituyente digitada por la camarilla oficial que la convocó, lo cual dejaría abierta la posibilidad para organizar una ‘transición' de destino incierto, en especial para Cuba.

En conclusión: las ofensivas imperialistas no son ya como las de antes; ahora se desarrollan en un marco de crisis capitalista mundial y de inestabilidad de los regímenes políticos. Por eso son más agresivas -como la guerra en Asia o la exacerbación de los boicots y guerras comerciales, pero al mismo tiempo menos sólidas o consecuentes. Que Trump parezca decidido a encender la mecha en un continente en estado de explosión potencial y a envolver a Cuba en el remolino, atemoriza a numerosos sectores del ‘establishment' yanqui e internacional. Puerto Rico, la menor de las Antillas, colonia de Estados Unidos, se encuentra en un defol insoluble y en una crisis de régimen político. Todo el Caribe es una olla a presión.

Es necesario poner la crisis en curso en una perspectiva latinoamericana y mundial.

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El cierre de listas electorales dice mucho sobre la orientación que tendrá cada uno de los bloques que va a disputar las Paso y las generales de este año.

El oficialismo salió a dar batalla con sus elementos más antiobreros. Es el caso de Esteban Bullrich, el ministro de la fractura de la paritaria nacional docente y que enfrentó la gran huelga de comienzos de este año. Su candidatura no sólo es un aval a los planteos de privatización educativa y aliento a la penetración de las ONG del capital en colegios y universidades. Es también un planteo rompehuelgas contra las luchas obreras, que caracterizaron precisamente a la política oficial frente a la docencia. Más allá de Bullrich, el gobierno ha recurrido para los dos distritos principales a dos denunciantes seriales, Carrió y Ocaña. Apelarán a las denuncias como principal argumento de campaña, ante la evidencia de que no pueden reivindicar nada del gobierno Cambiemos.

CFK

Del lado de Cristina Kirchner, la candidata que pretende encarnar a la “década ganada”, no tuvo condiciones para convocar a ningún protagonista de su gobierno a que la acompañe en la lista. El mismo destino corrieron los principales líderes parlamentarios del kirchnerismo, enviados a lugares relegados de las listas o, directamente, a cuarteles de invierno.

La ex presidenta salió al ruedo con una suerte de “borrón y cuenta nueva”. En cierto modo, la Unidad Ciudadana reitera la pretensión -varias veces ensayada en el pasado- de un nuevo movimiento político. Así habían sido la “confluencia plural”, la ‘transversalidad’, los Unidos y Organizados o el Frente para la Victoria. Pero ninguna de aquellas tentativas rompió los lazos del kirchnerismo con los punteros pejotistas y la burocracia sindical. Este nuevo ensayo del ‘nuevo’ movimiento, ahora desde afuera del poder político, es una versión desteñida de las anteriores. Detrás de algunos cristinistas de fachada, subyacen los Espinoza y Scioli; en materia sindical, CFK lleva de candidato a Hugo Yasky, el responsable de dejar a la docencia inerme frente al ajuste macrista. Más abajo, las listas de concejales quedaron en manos de los intendentes pejotistas que pactaron todos los ajustes posibles con la gobernadora Vidal. En el interior, el kirchnerismo se ha disuelto como sigla electoral y concurre como segundo o tercer violín de los gobernadores pejotistas.

Algunos interpretaron que la negociación final de Cristina con Randazzo, incluso fracasada, buscó dar la señal de que todos los vasos comunicantes con el pejota están intactos. Para demostrarlo, está la interna pejota-kirchnerista de la Capital, urdida con la bendición de Cristina. Allí, sus referentes porteños terminarán intercalando cargos con los pares del PJ (y de Randazzo) en la Ciudad. Cristina Kirchner insiste en una “articulación parlamentaria opositora” para después de octubre. No ignora, sin embargo, que sus posibles socios han colaborado sistemáticamente con el macrismo en la sanción de sus leyes de ajuste. En todo este tiempo, el eje de esa coalición no declarada fue la Cámara Alta, a la cual Cristina se postula ahora. Más que un “frepaso” en ciernes, la Unión Ciudadana parece la carta de un kirchnerismo maltrecho para reinsertarse en el peronismo y, particularmente, su elenco de gobernadores. El “borrón y cuenta nueva” de la UC es aún más dudoso en términos de programa o planteos políticos: promete ‘poner un límite’ al macrismo en el Congreso, cuando sus listas llevarán a quienes no se lo pusieron hasta ahora. CFK plantea “revisar” una deuda que ella engrosó en más de 100.000 millones de dólares, luego de haber pagado casi 200.000. Sólo el Frente de Izquierda plantea la investigación y el desconocimiento de esta deuda usuaria. Cristina convoca a un “mundo del trabajo” al que golpeó, durante una década, con la precarización laboral y el impuesto al salario.

Por ahora, el mayor aliado de esta tentativa de “reinvención” kirchnerista es el propio macrismo. Pero aún con la actual realidad de tarifazos, carestía y despidos, muchos trabajadores que ya habían dejado de votar a los K no volverán a hacerlo. La pretensión de una polarización entre macrismo y kirchnerismo en la provincia tendrá que superar la realidad de un peronismo fracturado en tres, si se cuenta a Randazzo y Massa.

Dos calderas y un pacto

El jolgorio por el cierre de listas no ha podido ocultar dos cuestiones de fondo. La primera, el agravamiento de la crisis social y los ataques al movimiento obrero, con los cierres y despidos masivos en Pepsico y Atucha, entre otras plantas. En medio de un recrudecimiento de la carestía, el gobierno decretó un salario mínimo de 8.860 pesos hasta el año que viene, consolidando la situación de pobreza que envuelve al 40% de la propia clase obrera ocupada. A pesar de este nuevo vejamen, la burocracia sindical, humillada en el Consejo del Salario -y en las listas electorales de sus políticos mandantes- adelantó que no va a romper su tregua con el gobierno.

La segunda cuestión que marca el debut de la campaña es que los grandes aliados del gabinete de CEO, los fondos especulativos internacionales, han salido a mirar con lupa a la política oficial de endeudamiento que los tuvo a ellos como principales beneficiarios. Es que la deuda que engordó el macrismo en este año y medio, sumada a la hipoteca que dejó el gobierno anterior, representa una factura cercana a los dos tercios del producto bruto. Ello, sin contar a la explosiva hipoteca del Banco Central. La importancia que los círculos financieros han comenzado a darle al “resultado electoral” tiene que ver con esta gruesa factura y con los ajustes brutales que se pergeñan a modo de garantía para su pago. En esa lista figuran el zarpazo a las provincias, a las conquistas previsionales, a la educación y al hospital públicos.

Pero los “mercados” no sólo piden que las elecciones ‘mandaten’ al gobierno. Saben muy bien que, cualquiera sea el resultado de los comicios, en el futuro Congreso el macrismo continuará dependiendo de los actuales opositores. Por eso, la “preocupación” del capital financiero va dirigida a los principales bloques de oposición. En relación con el ajuste postelectoral, un ex ministro radical que apoya a Cambiemos acaba de señalar que “un shock tiene como prerrequisito una coalición con otra u otras fuerzas políticas” (Ambito, 23/6).

Con su inscripción en listas comunes en 22 provincias, el Frente de Izquierda es el único bloque independiente del régimen de ajuste e hipotecamiento nacional. Nuestro llamado al voto al FIT asume, por un lado, la defensa de todas las reivindicaciones amenazadas. Pero también reclamamos el voto de cara a la crisis nacional que se asoma, ante el prematuro agotamiento de la política del capital financiero y su gabinete. Salimos con firmeza a recabar el voto de los obreros, la mujer y la juventud, para que el convulsivo período que se viene cuente con un programa y una salida de los trabajadores.

Foto: Gus Holand

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El sábado 24, cuarenta delegados debatimos un informe de actividades, la situación provincial y un plan de intervención y desarrollo partidario. El proceso electoral y las Paso ocuparon un lugar saliente en las deliberaciones.

El debate de la situación provincial estuvo precedido por un informe que destacó el carácter convulsivo de la situación política como resultado del agravamiento de la crisis internacional y la bancarrota financiera en la Argentina.

Los partidos y frentes patronales que van a intervenir en el próximo proceso electoral van a intentar ocultar este escenario de crisis y van a desenvolver una pirotecnia discursiva ocultando a la vez que entre el gobierno nacional y el provincial en todo este tiempo, como dijo el jefe de Gabinete macrista Marcos Peña, “se formó un buen equipo de trabajo”, donde los legisladores nacionales del FpV votaron las leyes macristas, y el macrismo liberó a Manzur de todo cuestionamiento judicial por el fraude de 2015 y por las causas de corrupción por las cuales estaba imputado.

El arco político electoral

En la conferencia se caracterizó al arco político que va a intervenir en las Paso. Son cuatro frentes y dos partidos.

En el caso del Frente Justicialista de Tucumán, en forma sorpresiva fue desplazado al tercer lugar quien era número puesto: Pablo Yedlin, secretario general de la Gobernación, reemplazado por el actual vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Todo indicaba que Yedlin no movía el amperímetro, mientras Jaldo tiene articulado un poderoso aparato de punteros en buena parte del interior. Un hecho significativo es que en la interna con este frente randazzista competirán el frente Ciudadano, el massismo y hasta Pueblo Unido, con Gumersindo Parajón. Todos estos han buscado el amparo de Manzur para buscar una tabla de salvación a los procesos políticos terminales que los envuelven.

El macrismo se va a expresar con el frente Cambiemos por el Bicentenario, liderado por el titular del Plan Belgrano, José Cano (UCR). El Partido Socialista se apartó. A Libres del Sur lo apartaron de la lista y esperaría alguna prebenda compensatoria. La mitad del bussismo (con algunos legisladores y concejales) rompieron con Fuerza Republicana y se pasaron a esta alianza, porque vieron no sólo mejor futuro personal, sino también mejor futuro al reclamo de impunidad a los genocidas.

Cano ha sido llevado a una encrucijada, pues si fracasa se le termina su carrera para 2019. Apostando a su fracaso se encuentra buena parte de la dirigencia de la UCR, e inclusive sus correligionarios, que lo han denunciando como jefe de una banda corrupta en el manejo de los fondos del Plan Belgrano. Hasta Domingo Amaya, actual secretario nacional de Vivienda y ex intendente de San Miguel de Tucumán, un “PJ disidente” que acompañó a Cano en 2015 en la fórmula, ahora lo boicotea porque no fue incluido en la lista de candidatos.

El Frente Amplio está liderado por Mario Koltan, un ex dirigente del PC que luego rompió y fue funcionario de Alperovich y del gobierno K, y luego se pasó con Massa. En todo este periplo se transformó en uno de los principales empresarios de las prepagas (Boreal) de la salud. Tiene como aliado a un sector del PS, a un sector del Frente Renovador y al PTP, que no le hizo asco ir una vez mas de furgón de cola de una opción patronal.

El Frente de Izquierda está encabezado por Ariel Osatinsky, actual secretario general de Adiunt, el gremio que agrupa a la docencia universitaria. Osatinsky se ganó un lugar en la consideración popular por liderar la lucha de la docencia universitaria y apoyar reclamos de diversos sectores obreros y populares.

El arco se completa con Fuerza Republicana (bussismo) en crisis y el MST.

Las luchas y el escenario electoral

La reciente huelga de los limoneros ha sido muy aleccionadora porque tanto Manzur -Jaldo como Macri-Cano compitieron para ver qué mercado y prebendas impositivas y tarifarias se le ofrecían a los empresarios del limón para asegurarle superbeneficios, pero no dudaron en enfrentar una huelga que aun así logró arrancar el hasta ahora mayor aumento salarial en la provincia, de un 31% en una sola cuota, y que ha conmocionado al resto de los trabajadores, en especial a los azucareros que se encuentran en conciliación obligatoria con un paro de 48 horas pendiente.

Macri-Cano y Manzur-Jaldo han procedido igual con los ingenios y grandes cañeros, a los que se les ha asegurado grandes ganancias con las devaluaciones, los privilegios impositivos, la suba del cupo de etanol en las naftas, y una completa impunidad para seguir contaminando.

De la misma manera, ha preservado el régimen de impunidad existente en la provincia, e incluso ha explotado el cuadro de “inseguridad ciudadana” para proceder a una creciente militarización de la vida cotidiana.

En todo este escenario, el PO ha acompañado los reclamos obreros y a la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad en la lucha política contra este régimen antidemocrático y de atropellos permanentes a los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Desarrollo partidario

La Conferencia votó la salida de un llamamiento y una política dirigida a poner en pie decenas de comités de apoyo y abrir casas electorales. También resolvió la preparación de una audiencia pública contra la impunidad para el 8 de julio, una conferencia de la juventud provincial, una conferencia del Polo Obrero, un trabajo más molecular pero no por ello menos importante en los ingenios y citrícolas y desde ya en la UNT y la UTN, entre otras iniciativas.

Vamos a ser, sin dudarlo, la fuerza motriz del Frente de Izquierda.

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Luego de una semana de acampe y movilización, y tras una intensa asamblea, los trabajadores resolvieron por amplia mayoría (80% a favor) la ocupación de la planta para resguardarla del vaciamiento.

La decisión de la asamblea, respaldada respetuosamente por una nutrida columna de activistas que habían sido convocados, es un salto cualitativo en la lucha contra el ajuste rabioso que se lleva a cabo sobre los trabajadores de la Alimentación. Es una demostración de lucha que refuta históricamente la impotencia del STIA, invocada por la Verde para aceptar las indemnizaciones y entregar la lucha.

La ocupación representa una modificación de la relación de fuerzas entre los trabajadores y la multinacional, y debe ser sostenida, respaldada y defendida por el conjunto del vasto activismo obrero de la zona norte.

El clasismo marca una vez más, como en AGR-Clarín, una ruta de lucha; contra los cierres y los despidos, nada de indemnizaciones, ocupación de la planta y plan de lucha. Hay que redoblar la campaña por un paro nacional del STIA, juntando pronunciamientos de comisiones internas y de trabajadores para demostrar que lo que Daer no quiere hacer, lo terminarán haciendo los trabajadores.

Desde la Naranja hemos planteado desde el primer día del cierre la necesidad de ocupar la planta. La asamblea de trabajadores interpretó de la misma manera la situación y resolvió ocupar.

Solidaridad obrera

El conflicto ha recibido una importante solidaridad.

A la planta se acercaron trabajadores de diversas fábricas de la alimentación, telefónicos, gráficos, precarizados nucleados en el Polo Obrero, entre muchos otros. Los operarios de la alimenticia Lodiser, que libran en este momento una pelea reivindicativa en la fábrica, saludaron con un “aplausazo” la toma de Pepsico.

En la planta situada en Vicente López se hicieron presentes también Néstor Pitrola y Nicolás del Caño, candidatos del Frente de Izquierda a senador y diputado nacional, respectivamente, por la provincia de Buenos Aires, así como Jorge Altamira y otros referentes del FIT de Vicente López, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Pitrola afirmó que “todos somos Pepsico” y enfatizó que “nuestra campaña política será un instrumento en favor de la victoria de esta causa”.

A su turno, en asamblea con el cuerpo de delegados y otros trabajadores de Pepsico, el referente del Partido Obrero sostuvo que “no podemos permitir un cierre más, más aún cuando el único objetivo es arrasar el convenio, la escala salarial y la organización sindical de fábrica, como en este caso de traslado a Mar del Plata”, y afirmó -en polémica con la dirección del sindicato- que “la salida no es la indemnización, sino la continuidad laboral. Por ella reclamamos el paro general de todo el gremio de la Alimentación”.

¡Viva la ocupación de Pepsico! ¡No al cierre, no a los despidos! ¡Por una nueva dirección en el STIA!

Los diarios de estos días han aportado dos informaciones cruciales para entender lo que está en juego en estas elecciones de medio término. En primer lugar, recogen los anuncios que ya realizara Mauricio Macri en su encuentro de la semana pasada con empresarios chilenos: en el país cuyas relaciones económicas y sociales continúan modeladas por la impronta del pinochetismo, el Presidente anunció una batería de ‘reformas de fondo’ para después de las elecciones, a las que calificó como trascendentes ‘para los próximos veinte años de la Argentina’ (La Nación).

Aunque la información no es precisa, permite establecer a dónde se dirigen las reformas. Así, anuncian “una alteración en las condiciones laborales que pondrían en estado de guerra a los gremios”. Luego, una reforma tributaria “que elimine impuestos, aportes y contribuciones”, la cual serviría, según el diario, para “incentivar las contrataciones en blanco”. Lo que preparan, en realidad, es una acentuación del régimen menemista de liquidación de los aportes patronales a la seguridad social, lo que agravará el vaciamiento presente de las cajas jubilatorias y de las obras sociales. Como ya se demostró en el pasado, nada de esto aportó un solo puesto de trabajo ni redujo el empleo en negro, que superó al tercio de la fuerza laboral desde entonces y durante toda la década “nacional y popular”. A renglón siguiente de este vaciamiento de los aportes jubilatorios, se anuncia “una ambiciosa reforma previsional” (ídem). Según la fuente, no incluiría “por el momento” (sic) un aumento de la edad jubilatoria. En cambio, y a juzgar por un reciente intento, apuntarían a modificar negativamente el ya mezquino régimen de movilidad jubilatoria en vigencia. Por otra parte, el gobierno va por los regímenes previsionales de las provincias que todavía contemplan conquistas superiores a la de los jubilados nacionales. Precisamente, el matutino anticipa una nueva “ley de responsabilidad fiscal” con las provincias -o sea, un régimen de ajuste sobre los presupuestos distritales al cual quedarán condicionados los socorros del Tesoro nacional o las autorizaciones de deuda. En otro orden, el pacto en ciernes prevé una nueva ley de ‘financiamiento de la política’. Teniendo en cuenta que todos sus posibles firmantes recibieron dinero de Odebrecht en 2015, según lo reconocieron los propios ejecutivos del pulpo, la nueva ley apuntará a disimular y perfeccionar el flujo de aportes de los capitalistas a los partidos ‘de Estado’.

Pacto urgente

Al lado de este paquete de reformas reaccionarias se alude a un “gran acuerdo de necesidad y urgencia” para después de las elecciones de octubre. En el análisis postelectoral oficial, calculan que “aún en el mejor escenario (en el oficialismo) no contarán con las mayorías parlamentarias que desearían” (ídem). Esto conduce al planteo de un “gran acuerdo” o “convocatoria amplia”, que incluiría a los principales bloques políticos, a las centrales empresarias y a la burocracia sindical. Por esta vía, el gobierno intentaría avanzar en las medidas que hasta ahora, y ante su sola insinuación, despertaron conatos de rebelión popular, como ocurrió recientemente con los recortes a las pensiones por discapacidad. Otro periodista que confirma al acuerdo postelectoral señala que el gobierno considera que “se podrá negociar mejor con algunos de los legisladores actuales más otros que seguramente se sumarían al nuevo Congreso” (Ambito, 3/7), citando entre ellos a Martín Lousteau y Matías Tombolini, que en estas horas hacen campaña ‘opositora’ en la Ciudad de Buenos Aires.

Al querer justificar la ‘necesidad y urgencia’ de este pacto, La Nación, haciéndose eco de las posiciones oficiales, realiza toda una confesión: las reformas urgen, dice, porque “el endeudamiento externo puede volver a transformarse en una patología crónica”. Con una hipoteca que ya se acerca a las tres cuartas partes del PBI, el macrismo sabe que el futuro Congreso deberá debatir un refinanciamiento de deuda que quedará condicionado a brutales ajustes. Como se ve, la escalada antipopular nada tiene que ver con “un plan serio a veinte años”, sino con la urgencia de una nueva bancarrota nacional, resultado del saqueo del presupuesto a favor del capital financiero y de otras facciones capitalistas.

Coalición duradera

A la luz de lo anterior, queda claro que toda la presión del gran capital apunta, para después de octubre, al reforzamiento de una “coalición del ajuste”, ya no sobre la base de votaciones puntuales en el Congreso, sino de un plan estratégico de agresión a las masas. Su composición interior dependerá del resultado electoral, pero su orientación estratégica no admite dudas. Es significativo que los bloques opositores, de Massa a Cristina, coloquen el acento de su futura política parlamentaria en “ponerle un límite” al macrismo. Ello sólo significa ‘contornear’ la política de ajuste, en primer lugar, con medidas asistenciales. Pero no implica una oposición sistemática -ni mucho menos un llamado a derrotar- la escalada antiobrera y antijubilatoria. A los seguidores de Cristina, es bueno recordarles su veto al 82% móvil… ¡del salario mínimo!, bajo su presidencia.

A la luz de este anunciado “pacto del ajuste”, se refuerza la ‘necesidad y urgencia’ de votar al Frente de Izquierda en agosto y en octubre, para que el reclamo por un salario igual a la canasta familiar; por la defensa de los convenios colectivos; por el 82% móvil y la restitución de los aportes patronales confiscados por Menem-Cavallo, junto a la investigación y el desconocimiento de la deuda usuraria, constituyan un programa de oposición real al ajuste, y el punto de apoyo para poner en pie una salida de los trabajadores al hipotecamiento nacional y a la degradación de la mayoría laboriosa.

El gobierno ha salido a minimizar la escalada del dólar, incluso por boca del propio Presidente. La atribuye a “razones electorales”, las mismas que esgrimió para explicar los crecientes conflictos sociales. Como en este caso, ‘echarle la culpa a octubre’ es una forma de ocultar las enormes contradicciones y desequilibrios del programa económico oficial.

El gobierno ha dejado correr una devaluación del orden del 10% en un par de semanas. Por un lado, para conjugar el creciente déficit de la balanza comercial, especialmente con Brasil. Por el otro, para licuar un déficit fiscal que se contabiliza en pesos, pero que el gobierno paga con deuda contraída en dólares. A poco de andar, sin embargo, la devaluación envuelve al gobierno en contradicciones aún más graves. Por ejemplo, la que surge de la dolarización de las tarifas de combustibles, que ha conducido a otro naftazo y podría llevar a un reajuste en el precio del gas. (El gobierno “dolariza” a los grupos petroleros, pero desconoce, en cambio, la caída internacional de los precios del crudo.) Como consecuencia de lo anterior, la corrida del dólar ya ha desbancado todas las previsiones inflacionarias, que no bajarán del 25-28% en 2017. Por otra parte, la devaluación aumenta el peso de la deuda en dólares sobre el conjunto de la economía nacional.

Pero la devaluación de estos días debe ser vista en el cuadro más amplio de un impasse del programa económico. La venta de dólares para atesoramiento, remisión de utilidades o regalías llegó a unos 25.000 millones de dólares bajo la gestión macrista. En condiciones de una balanza comercial crecientemente deficitaria, estos dólares han sido aportados por deuda externa, que creció en unos 80.000 millones en el último año y medio. En consecuencia, el endeudamiento ha financiado la fuga de capitales -un escenario conocido en las vísperas de las grandes crisis financieras del país. La desconfianza en el rumbo oficial está presente entre uno de sus grandes favorecidos, los exportadores agropecuarios, que retienen la cosecha y liquidan un 33% menos de lo que lo hacían en este mismo período de 2016.

En estas condiciones, el gobierno no puede asegurar en qué terminaría una “libre” flotación del dólar. Por eso, saldrá a frenarla con la receta conocida: vender dólares y absorber los pesos emitidos elevando el interés que pagan las letras del Banco Central (Lebac). Pero este planteo “antiinflacionario” no sólo agravará las tendencias recesivas: comportará una nueva vuelta tuerca sobre la deuda remunerada que carga el BCRA, y que ya supera al 30% de la base monetaria. En las últimas semanas ha sido notoria la fuga de plazos fijos a los bancos en busca de las Lebacs, y de éstas al dólar. Una saturación del empapelamiento en Lebacs podría concluir en una dolarización lisa y llana, combinando una corrida cambiaria con otra bancaria.

El escenario, como se ve, es más complicado y explosivo que el de la mera “incertidumbre electoral”. Los economistas favorables al gobierno -y otros que revistan entre los supuestos ‘opositores’- colocan como salida a esta encrucijada un ajuste fiscal, que debería tener lugar para después de octubre. Lo que no señalan es que el déficit fiscal creciente se relaciona con la batería de incentivos y exenciones a grandes grupos capitalistas -agroexportadoras, mineras, gasíferas- y al crecimiento de la deuda pública. El ajuste que propugnan, en cambio, apunta a los trabajadores, a los jubilados y al conjunto de los gastos sociales.

La combinación de este déficit provocado por los incentivos al capital con una deuda explosiva traza un hilo conductor entre la economía K y la economía M. Las dos tributaron al mito del ‘desendeudamiento’, según el cual Argentina podía continuar contrayendo deuda sin mayores sobresaltos. Macristas y kirchneristas ocultaron, en verdad, que el gobierno anterior dejó unos 250.000 millones de dólares de deuda pública, computando no sólo la deuda en dólares con privados sino también la hipoteca acumulada con el BCRA, la Anses o el Banco Nación, esquilmados para convertir buena parte de la deuda externa en deuda “intraestado”. El peso de esta deuda -que representa más de dos tercios del producto bruto- está en la base de la crisis económica actual. Los cimbronazos de estos días delatan también a la oposición -en particular al kirchnerismo- que denunciaba al atraso cambiario y ahora alerta sobre “la devaluación y la carestía”. La encerrona de estas dos salidas reaccionarias demuestra que la crisis actual no tiene respuestas monetarias o cambiarias, sino que exige de una reorganización social integral, a cuenta de los intereses capitalistas que se han beneficiado con la quiebra nacional. Ello plantea la investigación y el desconocimiento de la deuda usuraria, y una recapitalización del Banco Central a costa de los especuladores.

Solamente el Frente de Izquierda plantea salir de esta encrucijada a partir de los intereses de los trabajadores y del país.

Antón Chéjov (1860-1904) llamó “Los sin padres” u “Orfandad” a su primer texto teatral, escrito entre 1878 y 1880, cuando tenía 18 años de edad. Más tarde, un sello editorial le cambió el título por “Platónov”. Rechazado por el teatro Maly, de Moscú, el original se perdió hasta que fue hallado en la caja fuerte de un banco moscovita en 1921, casi dos décadas después de la muerte del autor. Se trata, seguramente, de la obra menos representada del gran dramaturgo ruso (aunque nació en Badenweiller, en el entonces imperio alemán). Recién en 2009 se conoció una versión castellana, cuando el español Gerardo Vera, escenógrafo, director y actor de cine y teatro, la puso en escena en la sala María Guerrero, de Madrid.

Ahora, con el nombre “Parias”, una puesta acotada (dos horas) sube al escenario de la sala Casacuberta del Teatro General San Martín, dirigida por Guillermo Cacace con guión del propio Cacace y de Juan Ignacio Fernández. “En esta pieza, Chéjov mata a Shakespeare -dice el director-, pero muestra la sangre en el cuchillo”. De algún modo, indispensablemente, Cacace mata también, de un modo extraño, al mismo Chéjov, quizás en cumplimiento de aquella consigna de Antonin Artaud: “Matar a los clásicos” (“La voz de Sófocles suena potente en ‘Edipo rey’, pero demasiado suavemente en nuestra época”, explicaba el dramaturgo francés, y por eso la obra necesitaba ser recreada). Así, los personajes tenebrosos que desfilan en “Parias”, los de la decadencia de la Rusia prerrevolucionaria, visten ropa Adidas y de algún modo se “argentinizan” en una puesta tan extraña como casi toda la obra de Chéjov. Así, la decadencia de aquella Rusia imperial es de alguna manera la de la Argentina de hoy.

Cacace lo dice: “'Los parias’ intenta una territorialización ruso-argentina para esa orfandad más grande que habita nuestros días.

Orfandad preciosa pues mata las certezas. Orfandad temible porque nos aferra a una contingencia algunas veces inescrupulosa ya que no sabemos cómo andar sin padre ni madre. Orfandad en tensión...”

El personaje central, Mijaíl Platónov (lo interpreta un impecable y potentísimo Marcelo Subiotto), es un maestro rural de provincias, un hombre descreído de la vida, roto en pedazos como la sociedad en la cual deambula con su propia crueldad, una crueldad insegura que, como esa pequeña locomotora errante que marcha sin rumbo por el escenario, va al desastre, hacia el no-lugar, hacia la nada porque nada tiene salida. Platónov es una tragedia que arrastra a quienes lo rodean. Todos se van, la mujer de Platónov al suicidio y los demás a ninguna parte. El inescrupuloso Platónov no puede entenderse a sí mismo ni a los demás. El amor es un absurdo, una bobería trágica, y sólo el vodka ofrece algún refugio.

Podrá aducirse que la obra de Chéjov -ni “Platónov”, o “Parias” en la versión de Cacace- no ofrece salida alguna. En efecto así es, y tampoco se lo propone: “El papel de artista es hacer preguntas, no responderlas”, decía el dramaturgo. Y las preguntas sobre un régimen político y social en decadencia definitiva quedan formuladas en este caso de manera brutal.

Cacace pone en escena trece actores (un elenco de primerísima línea) y tres músicos de excelencia (Francisco Casares, Elena Liuni y Patricia Casares, autora, además, del diseño sonoro y de la música original). Las plateas son parte del escenario y, como en toda la obra posterior de Chéjov, la palabra no dicha, la acción que se sugiere o se imagina, suele tener mayor importancia que lo efectivamente sucedido. Cacace elige, además, una forma riesgosa de narrar, con un espacio escénico despojado en el que sólo hay unos pocos objetos y las bambalinas están al descubierto, de modo que el público puede ver a los actores aún cuando se encuentran fuera de la escena. Resulta lógico: Chéjov es él mismo un enorme riesgo. Y por cierto lo asumió: después de todo, por ejemplo, conoció el gran fracaso por el rechazo del público a su obra “La gaviota” en 1896, en San Petersburgo, y un enorme éxito con esa misma pieza dos años después, cuando la puso en escena, en Moscú, Konstatin Stanislavski, quien más tarde dirigiría otros tres clásicos chejovianos: “Tío Vania”, “Las tres hermanas” y “El jardín de los cerezos”.

Chéjov era médico (“la medicina es mi esposa legal, la literatura sólo mi amante”, solía decir) y murió a los 44 años por la tuberculosis que tempranamente le contagiaron sus pacientes. Y si Artaud es considerado el padre del teatro moderno, Chéjov es, si se quiere, su fundador; él es el primero en acudir a la “acción indirecta”, que insiste en los detalles, en la interacción entre los personajes antes que en la acción directa y la línea argumental. Y Cacace hace uso eficaz del lenguaje corporal de sus actores y de lo que él llama, irónicamente, “realismo ebrio” para desarrollar una puesta en la que adquieren mayor relevancia acontecimientos que ocurren fuera de la escena que dentro de ella. La clave suele estar en lo que no se dice, en lo implícito.

Y, si según Chéjov la función del artista es presentar preguntas, Cacace se hace la siguiente: “¿Dios, el gran padre, ha muerto? Tal vez no. Tal vez sea una expresión de deseo. Una intermitencia. Tal vez lo demoramos en estado vegetativo en algún hospital sin presupuesto. Y mientras él agoniza alguien toma su máscara y la usa para organizar el carnaval perverso que manipula miles de destinos”.

La respuesta o las respuestas, claro está, quedan a cargo del espectador.

Teatro San Martín, Sala Casacuberta. Miércoles a sábados, 20 horas.

Domingos, 19:30 horas. Entrada: 190 pesos.

El anuncio hecho por Trump de que Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París contra el cambio climático generó una larga onda de críticas. La cuestión ambiental había sido uno de los aspectos más polémicos en la campaña electoral de Trump, ya que prometía flexibilizar las regulaciones de la actividad contaminante de las empresas y salirse de los acuerdos internacionales. Según las palabras del magnate, el cambio climático es un “cuento chino” y las regulaciones ambientales un escollo para la competitividad de la industria norteamericana.

Trump se hizo eco del reclamo de una parte importante de la burguesía yanqui, que no está dispuesta a hacer las inversiones necesarias para desarrollar una producción no contaminante. El empresario del carbón, Robert Murray (de Murray Energy) fue uno de los principales financistas de la campaña del presidente. En Kentucky o Virginia, fuertemente afectados por la decadencia de la industria del carbón, Trump llegó a conseguir el 80% de los votos.

Un primer paso de esta agenda anti-ambiental de Trump fue la designación del negacionista del cambio climático Scott Pruitt como jefe de la Agencia de Protección Ambiental, quien se hizo famoso como fiscal de Oklahoma, por intentar bloquear leyes ambientales promovidas por dicha agencia (como la restricción a la emisión de mercurio o de preservación de parques nacionales). Empresas hidrocarburíferas y grupos de presión como Koch Industries, Continental Resources o Devon Energy han donado generosas sumas a la Asociación de Procuradores Generales Republicanos que Pruitt dirige.

En la actualidad, Trump ya cuenta con una batería de decretos contaminantes: la construcción de los gasoductos de Dakota Access y Keystone (un proyecto que estaba frenado por su riesgo de impacto ambiental), la atenuación de las revisiones ambientales en los proyectos de infraestructura, revisión de las protecciones a arroyos y humedales, eliminación del plan “energía limpia” y, con ello, el desmantelamiento de los límites a las emisiones de carbono a las centrales eléctricas y la minería.

El acuerdo que no fue

La cumbre en la que se firmó el acuerdo contra el cambio climático fue financiada por grandes pulpos imperialistas, muchos de ellos de un penoso legajo contaminante, como Volkswagen o corporaciones de energía nuclear. El tratado fue firmado por casi todos los países del mundo, a los que no comprometía a nada en concreto. Estaba planeado para entrar en vigencia recién a partir de 2021 y su objetivo global era evitar que la temperatura del planeta se eleve por encima de los 2°, aunque sin fijar metas ni obligaciones por país.

Por esta laxitud, muchos en el entorno del presidente recomendaban mantenerse en el acuerdo y simplemente revisar los compromisos, cambiando las metas productivas y financieras contraídas en la administración anterior. Sin embargo, Trump prefirió dar una clara señal de apoyo a las industrias como la automotriz, siderúrgica o hidrocarburífera, mostrando que ahora existe piedra libre para bajar costos a expensas de la depredación ambiental.

División capitalista

Este planteo echó leña al fuego de la crisis política norteamericana y a la división interna de la burguesía.

Desde Silicon Valley surgieron las primeras quejas, ya que las grandes empresas tecnológicas han invertido fuertemente en el desarrollo de las energías renovables. Dieciséis compañías, entre ellas Apple, Facebook, Google, Microsoft, Hewlett Packard y Morgan Stanley enviaron una carta abierta pidiendo al presidente que se mantenga en el acuerdo. Además, las energías renovables se volvieron cada vez más atractivas para un arco muy amplio de inversores, ya que su costo fue disminuyendo drásticamente.

En el plano político, asistimos a las quejas de Obama, responsable del autoabastecimiento de petróleo en Estados Unidos a partir del desarrollo ilimitado de la supercontaminante industria del fracking. Los mismos lamentos se escucharon por parte de los gobiernos de Europa, India y China, principales responsables de las emanaciones de carbono junto con Estados Unidos.

El fracaso del Acuerdo de París, como en su momento del más ambicioso Protocolo de Kioto, muestra la incapacidad del imperialismo de frenar el cambio climático y el calentamiento global. El desarrollo de la ciencia y la técnica permiten posibilidades ilimitadas de progreso en la transformación de la naturaleza de forma sustentable. Pero una planificación racional de la economía en función de las necesidades sociales sólo será posible bajo un gobierno de trabajadores.

Mientras persista la organización social capitalista y la producción se rija por el lucro y la competencia anárquica, marchamos hacia la barbarie y la autodestrucción.

A una semana de haber comenzado la zafra 2017 y en medio de la negociación paritaria, el grupo multinacional Gloria, dueño del Ingenio San Isidro (ubicado en la provincia de Salta), despidió a 50 trabajadores temporarios y eventuales, y se niega a cubrir diez vacantes producidas por jubilaciones.

Los despidos son la respuesta patronal a un paro obrero que había tenido lugar en reclamo por la demora en el ingreso de los trabajadores temporarios. Para quebrar aquel paro, el grupo Gloria impuso un lock-out el pasado 26 de junio.

Ahora, los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (Soeasi) resolvieron en asamblea un plan de lucha, que incluye paros de 24 horas los días 6, 10, 13 y 17 de julio.

Apriete patronal y complicidad estatal

Estos despidos se suman al rechazo empresario a la demanda obrera de un aumento salarial del 39%, para igualar el costo de la canasta familiar. En una clara provocación patronal, el grupo Gloria ofreció un miserable 21% como aumento... ¡hasta 2019!

Desde la bancada de diputados del Partido Obrero forzamos a que se trate en la Legislatura salteña un proyecto de declaración que repudiaba el lock-out y exigía la inmediata incorporación de los obreros que aún no habían sido tomados. El oficialismo no pudo negarse a discutir el tema, pero contrapuso un texto en el que no se critica el apriete patronal ni se exige la incorporación de los obreros; sólo plantea su “solidaridad” y solicita la “mediación” de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Este fue el proyecto que se terminó aprobando y que ya, al día siguiente, cuando se produjo una conciliación simple en donde la patronal ratificó los despidos, mostró todas sus limitaciones.

La Secretaría de Trabajo de Urtubey tampoco rechazó un lock-out patronal que tuvo el propósito de inviabilizar el derecho a huelga, ya que la patronal expulsó de sus lugares de trabajo a los obreros y no retomó actividad hasta que éstos desistieron del paro.

Esta línea es la que lleva adelante sistemáticamente Seaboard Corporation, dueña del Ingenio Tabacal, y que ha obligado a sus obreros a realizar cortes de ruta y puebladas para quebrar la intransigencia patronal y la represión del Estado.

El ajuste antiobrero de los que más ganan

El grupo Gloria, de capitales peruanos, está en expansión en Argentina. Mientras en el Ingenio San Isidro realiza inversiones por 90 millones de pesos para multiplicar su capacidad de molienda, se postula como uno de los posibles compradores del quebrado Ingenio La Esperanza. Sólo espera que el gobierno del jujeño Gerardo Morales termine de hacer un ajuste y reducción del 50% de su personal. Al igual que todos los ingenios azucareros, se ve beneficiado por la suba del precio interno del azúcar -de más del 100% en el último año-, y ante todo por la quita de las retenciones a la exportación, ya que San Isidro exporta casi la totalidad del azúcar orgánico que produce.

Como si esto fuera poco, también se ve beneficiado por la suba de un 20% del corte de las naftas con bioetanol.

Aún con las ganancias extraordinarias que está obteniendo, el grupo Gloria toma las mañas antiobreras de El Tabacal porque tiene el mismo objetivo que la multinacional norteamericana.

Además de intentar cerrar paritarias a la baja, ambas buscan quebrar la organización obrera que surgió en los últimos años en ambos ingenios y que se ha caracterizado por su combatividad y la intervención de las bases. Bajo este marco de ascenso obrero, los azucareros de Salta y Jujuy han pasado de estar muy por debajo de los salarios de la Fotia (gremial azucarera de Tucumán), a colocarse un 30% por arriba de los mismos, siendo los mejores sueldos de la actividad.

Las patronales azucareras se montan en la política de ajuste del gobierno de Macri, Morales y Urtubey, para obtener más beneficios y para seguir acaparando el mercado alimenticio a través de la quiebra de sus competidores.

El grupo Gloria estuvo señalado como un posible comprador de la quebrada Sancor.

Abajo los despidos en San Isidro

Junto a la convocatoria al paro, los obreros del Soeasi están llamando al pueblo de Campo Santo (localidad donde se ubica el ingenio) y a todo el departamento de Güemes a solidarizarse con su lucha -tal como pasó en 2014 cuando enfrentaron y derrotaron el intento de la patronal de imponer cien despidos. Las fuerzas desplegadas en la lucha contra los despidos son, a su vez, un baluarte para la conquista de su reclamo salarial en las paritarias en curso.

Para la victoria de los obreros del Ingenio San Isidro es necesario un paro de todos los ingenios de Salta y Jujuy nucleados en la Federación Azucarera Regional y un nuevo congreso para votar un plan de lucha común.

El Partido Obrero, sus militantes, sus candidatos y sus bancadas se jugarán el todo por el todo por la victoria de los obreros del Ingenio San Isidro.

Tras 164 días de lucha, 82 de ocupación y 82 de acampe, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense (AGR-Clarín) resolvimos concluir el acampe, fase final de una lucha histórica que comenzó con la ocupación de la planta. Un grupo de trabajadores continuará el reclamo judicial contra los despidos precarizadores del grupo Clarín. Se agotaron hasta el máximo de las posibilidades los objetivos de continuidad laboral, enfrentando la asociación directa de la patronal y el Estado, y el tenaz aislamiento a que sometió la lucha el conjunto de la burocracia sindical y los medios de comunicación alineados con Clarín, sin distinción ideológica.

La ocupación y la lucha en su conjunto se inscriben en las grandes gestas del gremio, como Fabril, Abril, Atlántida, La Razón, Tiempo Argentino, Interpack (que ocupó por el salario) y del conjunto del movimiento obrero.

La ocupación fue el punto fuerte de un despliegue: los piquetes de fábrica, la campaña de boicot a las publicaciones para que no se impriman y después para que no se compren, la producción de la Viva bajo control obrero, las jornadas nacionales de piquetes, el abrazo a Clarín, por el cual el diario no llegó a la mayoría del país. Las medidas golpearon duramente a un grupo empresario que se pretendía inmune y “refrescaron” ante millones de trabajadores los mejores métodos de lucha de la clase obrera, que harán falta para enfrentar el ajuste en curso. Si el cierre de AGR representa la punta de un iceberg de un ajuste que hoy se replica en Pepsico y centenares de fábricas, la ocupación de la planta mostró que si un puñado de cientos de obreros enfrentaron y golpearon a la empresa más poderosa del país, con apoyo explícito del Estado, qué no podría hacer toda la clase obrera de pie.

El cierre fue contra un colectivo obrero, que organizado con la Naranja Gráfica había recuperado decenas de conquistas y que con esa unidad dio un combate ejemplar. Pero los ataques a los puestos y condiciones de trabajo no se reducen a las fábricas organizadas con direcciones clasistas ni ocurren sólo con gobiernos de derecha. En AGR conocimos, en 2004, la militarización de la planta y despidos masivos cuando la interna era conducida por la Lista Verde y gobernaba Néstor Kirchner. Un balance de todo el proceso de AGR es fundamental para sacar conclusiones que sirvan al conjunto de la clase obrera.

Macri, Bullrich, Triaca, Clarín, un solo corazón

Al segundo día de ocupación, enfrentamos una represión ilegal que no logró sacarnos de la planta. Combatimos políticamente los intentos de desalojo y el permanente espionaje del Proyecto X, ahora de Bullrich, durante 82 días, hasta que un brutal operativo con armas de fuego logró el desalojo.

Triaca fue en todo momento el aliado de Clarín. Nunca convocó a las partes, no dictó conciliación, ni exigió recurso de crisis, simplemente se alineó con Magnetto, como un brazo de la patronal. Al contrario, ficcionó reuniones con el solo objetivo de despejar alguna arteria ocupada por los trabajadores en lucha.

Luego de la represión, las mujeres de nuestras familias formaron una comisión para sumar su apoyo organizadamente. En el marco del Ni Una Menos se plasmó otra escala de organización fabril, la de las compañeras, que se sumaron a la lucha dándole una fuerza enorme. La organización obrera había cimentado esta posibilidad desde hace años, pronunciándose en repetidas ocasiones por los derechos de la mujer.

El bloqueo de los grandes medios fue clarificador, abarcó tanto a las patronales progubernamentales como a las “opositoras” de filo kirchnerista. C5N, canal de noticias de Cristóbal López, no envió un móvil en cinco meses de lucha. Al periodista de Canal 26, que sí lo hizo, le levantaron el programa. A la hora de cercar la información sobre la ocupación de una empresa de “medios” quedó al desnudo la única grieta: los trabajadores de un lado y la coalición ajustadora del otro. La solidaridad de los trabajadores de medios garantizó que en los lugares más organizados corriera la noticia que se pretendía tapar, mostrando cómo la libertad de prensa no pasa por la libertad patronal sino por la organización de los trabajadores.

Solidaridad de clase ante la complicidad burocrática

Ante el enorme apoyo obrero y popular desplegamos el método que siempre utilizamos en la planta: el de la deliberación y la democracia sindical con nutridos plenarios obreros. Al apoyo que se daba por abajo se sumó el de los partidos y la izquierda, organizaciones de derechos humanos, abogados militantes, comisiones internas, agrupaciones sindicales y sindicatos combativos como el Sutna, aceiteros y AGD-UBA, que hicieron un enorme esfuerzo para difundir y sostener económicamente nuestro conflicto. Y el gran aporte de 400 artistas convocados por Músicos Organizados y otros sectores. Cabe destacar el enorme despliegue militante del Partido Obrero y del Polo Obrero que garantizaron el apoyo al aguante y la movilización, así como también la comida y la infraestructura hasta el último día. Al margen de militantes de base o algún legislador aislado, el FpV brilló por su ausencia, porque comparte en las provincias y municipios que gobierna el plan de ajuste de Macri y sostiene en los sindicatos la tregua que denunciamos y atacamos.

El conflicto de AGR arrancó un paro en el gremio gráfico que no se convocaba desde hacía 30 años, y otro día una movilización a Plaza de Mayo. Aunque el paro fue decretado con permanencia en los lugares de trabajo (lo que habilitó la presión patronal), la Naranja Gráfica garantizó el acatamiento en decenas de talleres con piquetes, al tiempo que frenó durante meses los trabajos que Clarín imprimía en otros talleres. Sólo Morvillo junto más de 60.000 pesos de fondo de huelga. La lista Verde, en cambio, levantó el paro a las dos horas en Ciccone, estatal, donde más importaba el mensaje a Macri y Triaca. Del mismo modo, tampoco paró la planta de Zepita, donde se imprime el diario Clarín.

El sindicato aportó al fondo de lucha, pero nunca estableció un plan de lucha por AGR ni ninguna medida para que sus trabajos no se hicieran en el gremio. Si los despidos pasan y los conflictos como el de AGR son aislados, es por la política de entrega de la burocracia sindical, expresada al extremo por la CGT y su pasividad ante el ajuste, pero también por quienes se dicen en “la resistencia” y dejan pasar paritarias a la baja.

Algunas conclusiones

Quienes participamos en la lucha de AGR-Clarín llevaremos en nuestro haber una experiencia invaluable para nuestras familias, en trabajos, en el barrio, en los lugares de estudio. Si algo hemos aprendido es a organizarnos junto a nuestros compañeros y dar la pelea, y asociar la lucha sindical a la construcción política de clase.

La toma de AGR se inscribe en un período político de despertar contra la burocracia sindical, que tuvo expresión en la corrida de su propio palco a la CGT. Nuestra lucha servirá como un jalón en la del conjunto de los trabajadores. Para obtener un triunfo definitivo, deberemos unirnos, ya no al nivel de una fábrica, ni un gremio, sino de toda la clase obrera, desterrando a la burocracia sindical, avanzando en la organización con una perspectiva política, con independencia del Estado y las patronales, para luchar por el gobierno de los propios trabajadores.

!Abajo el ajuste y la represión!

Paola Alvarez, estudiante y madre de 21 años, desapareció la madrugada del pasado 6 de mayo. Dos meses después, su mamá, su familia y amigos continúan la lucha por su aparición. Todos los miércoles y viernes, junto a la Comisión de Familiares Contra la Impunidad, se movilizan en el centro de Salta. Este último miércoles realizaron una marcha desde el barrio Palermo (zona oeste de la capital salteña) al centro de la ciudad, denunciando que la Justicia dejó de buscarla.

Este caso, al igual que todos los otros de desapariciones en la provincia, evidencia el desprecio que el Estado tiene por la vida de las mujeres. La ruta de la impunidad empieza con una policía que se niega a tomar la denuncia. Una vez que la toman, cuando ya han pasado varias horas o días, la investigación comienza tarde. Cuando empieza la investigación, las familias, como la de Paola, no pueden constituirse como querellantes -un límite antidemocrático del Código Procesal salteño. Pero la familia del principal sospechoso, Santiago Zambrani, imputado como autor del delito de homicidio, junto a sus padres como partícipes secundarios, sí tiene acceso al expediente.

Las grabaciones de las cámaras del cajero automático del barrio de Zambrani muestran que la noche de la desaparición de Paola, ella ingresó a la casa del imputado, quien la contrataba como moza para eventos, pero nunca salió. Se logró constatar que esa noche el sospechoso salió y volvió varias veces en una camioneta junto a su madre y también solo. Además, el exámen odorológico (técnica de investigación a partir de olores) indicó que Paola también estuvo en la camioneta. Al mismo tiempo, las declaraciones de los Zambrani encierran contradicciones y falsedades que se pudieron constatar.

Aunque Zambrani y su madre continúan detenidos, la investigación sigue como en el día uno. No hay datos nuevos sobre el paradero de Paola. Esto no es casual. La fuerza especial que "investiga" los casos de desapariciones es la que constituyó Urtubey luego de rechazar nuestro proyecto de ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, compuesta con los viejos miembros de la cuestionada Brigada de Investigaciones, aquella que alteró la escena del femicidio de Cintia Fernández (aún impune) y formó parte del encubrimiento del crimen de las francesas plantando pruebas falsas. El Estado, su Justicia y sus fuerzas de seguridad son responsables de que Paola y otras decenas de mujeres, jóvenes y trabajadoras continúen desaparecidas. Sostienen un régimen de impunidad que violenta permanentemente la vida de las mujeres. Las desaparecidas no aparecen ni vivas ni muertas. Hasta se juzgó por homicidio sin hallar el cuerpo, como en el caso de Marcela Mamaní, en el que la condena al "Indio" Aramayo terminó cayendo y hoy está libre.

Fortalezcamos más que nunca una lucha que termine por quebrar a la Justicia de la impunidad, puesta a dedo por Urtubey, servil a los intereses del poder político y hostil a las demandas de las mujeres y las familias pobres. Y para "que no haya otra chica como Paola", como dice su mamá, exijamos la elección y revocabilidad de jueces y fiscales por el voto popular para superar la incapacidad institucional de garantizar nuestros derechos y nuestras vidas.

¡Ni Una Menos! ¡De la violencia y la impunidad, el Estado es responsable!

El viernes 7 de julio, el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) en la Ballena Azul tuvo como preludio la lectura de un comunicado a cargo de una cellista del organismo, en representación de todos sus compañeros, explicando que se presentaban en ropa de calle reclamando a las autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación por el atraso de sus salarios frente a la escalada inflacionaria, la falta de concursos para cubrir vacantes -se cubren con trabajadores precarizados- y para denunciar que los músicos contratados cobran hasta con un año de demora y reciben honorarios muy por debajo de aquellos que cumplen la misma función y gozan de estabilidad.

La medida recibió la solidaridad de otros cuerpos estables dependientes de Cultura, como el Ballet Folklórico Nacional y el Coro Polifónico Nacional, cuyos integrantes actuaron sin usar sus característicos uniformes durante el concierto que los tuvo como participantes en la obra sinfónico-coral “El Festín de Baltasar” (William Walton).

El público manifestó su solidaridad con la OSN con un caluroso aplauso.

A pesar de la dura situación que atraviesan los trabajadores de la OSN, a partir del momento en que el maestro Carlos Vieu bajó la batuta, la orquesta demostró que pasa por un momento musical extraordinario, sólo posible gracias al enorme compromiso de sus integrantes; el programa se completó con el “Concierto Campestre”, de Washington Castro, y el “Concierto para marimba”, de Irma Urteaga, contando con solistas de fuste como el virtuoso marimbista Angel Frette y el brillante barítono Víctor Torres.

Todo el apoyo a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional.

La patronal de la empresa de calzado Dass, situada en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, ha anunciado que suspenderá a sus trabajadores en tandas de 500 hasta, por lo menos, fines de 2017. Las suspensiones rotativas suponen la quita de un porcentaje en el básico de sueldos miserables, que apenas llegan a los 10.000 pesos mensuales.

La patronal arguye que la medida responde a la caída del consumo, la apertura de las importaciones y el parate en las exportaciones a Brasil, que han profundizado la crisis en la industria del calzado. Pero mientras la empresa procede a las suspensiones, otros trabajadores hacen horas extras y ensamblan partes de zapatillas importadas.

Son los mismos argumentos utilizados por el dueño de otra fábrica del sector (GGM Calzado, sita en Las Flores), especializado en quebrar empresas, para tener parada desde hace varios meses la planta, suspendiendo a 280 trabajadores y adeudándoles tres meses de sueldo (ver nota aparte).

Las patronales (que en épocas de bonanza también pagaban salarios de hambre) lloran miseria para forzar subsidios estatales o para avanzar en una reestructuración de la rama con menos obreros y mayor superexplotación.

En Suárez, del publicitado “polo del calzado” ya no queda ni el nombre. Dass (ex Vulcabrás) empleaba hace seis años a más de 4.000 operarios, que se redujeron desde ese entonces hasta tener 1.940 actualmente. La gigantesca empresa posee una planta en la ciudad de Eldorado (Misiones), donde produce calzado deportivo para sus clientes de Private Label (Marcas Privadas) y sus tres marcas propias (Fila, Umbro y Tryon). También produce para Adidas y Reebok.

En un comunicado emitido por la empresa a principios de junio, declara que “sólo” suspender -en lugar de proceder a despidos- es una “solución onerosa y no podrá repetirse sistemáticamente”.

Cambiemos, el FpV y la burocracia

Roberto Palacio, intendente de Cambiemos, deja pasar las suspensiones masivas.

Recordemos que Palacio fue funcionario del anterior mandatario municipal, Ricardo Moccero (FpV), cuando la crisis de Gatic hizo florecer las cooperativas (un mecanismo de tercerización). Ahora, éstas también están cerrando: de 400 trabajadores en estos pequeños talleres, sólo quedan unos 50. Mariela Holxman, delegada de la gremial del calzado, Utycra, ha señalado que “no existe gente trabajando en blanco o en condiciones laborales dignas”.

Moccero es ahora legislador por la Sexta Sección bonaerense (FpV) y opositor a Palacio. Presentó un proyecto solicitando al gobierno provincial que “intervenga de manera urgente para asegurar la continuidad laboral y el normal cumplimiento del salario de los trabajadores de la fábrica de calzado” y “encontrar una solución positiva para la comunidad suarense y tomar medidas concretas que eviten un nuevo cierre de la fábrica de calzado que hoy pertenece a una firma brasileña” (Aninoticias, 8/6). Ha pasado del “polo del calzado y desocupación cero” bajo su gobierno (mediante la mencionada tercerización en pequeños talleres ahora fundidos) a mendigar subsidios oficiales para la patronal; sin hacer mención alguna a la necesidad de frenar los despidos o defender las condiciones de trabajo.

El sindicato interviniente, Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (Socaya), acordó con la empresa las suspensiones, publicitando las actas correspondientes como un triunfo: “A nivel nacional tenemos seis mil compañeros menos en su trabajo, más de cien pymes cerradas en nuestra actividad. La última fue la fábrica de Puma en San Luis. Nuestro sector está muy complicado con las importaciones, por eso queremos una solución para todo el sector”, dice la burocracia. Son voceros de la patronal.

Preparemos la ocupación

Para superar los límites que imponen la burocracia y la débil organización fabril, se hace necesario el apoyo de los trabajadores y organizaciones obreras de Suárez (papeleros, docentes, municipales, entre otros) y una asamblea autoconvocada de los trabajadores de Dass, que rechace los despidos, las suspensiones y la rebaja salarial; plantee la apertura de los libros contables de la empresa (que ha tenido una expansión a partir de 2007 que le permitió tener miles de obreros en Argentina y ser un gigante en Brasil) y el reparto de las horas de trabajo, sin reducción salarial.

Ni suspensiones ni despidos. Preparemos la ocupación de la planta y llamemos a todo el pueblo de Coronel Suárez a defender la fuente de trabajo con todos sus puestos y condiciones laborales.

Pocas personas y aún menos periodistas deben haberse dado cuenta de las primicias que publica Clarín en la página 2 de su edición del martes 25 de julio. Joseph Stalin es presentado, 64 años después de su muerte, como un cruzado de la lucha contra la corrupción cuando un régimen burocrático constituye por definición un régimen corrupto, desde que implica una capa social de privilegiados que abusa de sus ciudadanos. El columnista Alberto Amato confunde la ‘lucha contra la corrupción’ con los carpetazos del dictador para justificar sus purgas sanguinarias. Stalin no habría tenido inconveniente en contar a De Vido en su gabinete.

Que Amato proyecte una luz favorable sobre Stalin para atacar a la izquierda revolucionaria de Argentina es más que un dislate. Es el recurso del que se vale para atacar la defensa del derecho constitucional vigente para desaforar a un diputado sin que medie pedido o condena judicial. El derrumbe del sistema político vigente y de sus apologistas ha llegado al extremo de que tiene que intervenir la izquierda ‘anti-sistema’ para ejercer la defensa de los principios constitucionales. ¿Desconoce Amato, acaso, que en ausencia de un requerimiento judicial objetivo, el Congreso no puede excluir a ninguno de sus miembros y que tiene, incluso, el derecho de rechazar esa petición si arriba a la conclusión de que es arbitraria o seudo-legal?

El Partido Obrero ha hecho responsable a De Vido, en tiempo real, de las tragedias ferroviarias del país, y en particular de la de Once y del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La Secretaría de Transporte se encontraba bajo su jurisdicción ministerial. El año pasado, macristas y kirchneristas se negaron a tratar el desafuero, pedido por una orden de allanamiento contra De Vido, con la oposición de los diputados del Frente de Izquierda. Si los condenados Schiavi, ex secretario de Transporte, y Cirigliano, anterior concesionario de ferrocarriles, aún se encuentran libres es por el encubrimiento de los jueces y sus padrinos políticos. Lo mismo ocurre con los procesamientos e imputaciones a De Vido. En lugar de someter a juicio político a los jueces responsables de esta impunidad, la cohorte de la derecha argentina prefiere conculcar las disposiciones constitucionales parlamentarias.

Eso sí: en Mendoza, el gobernador Cornejo ha pedido el desafuero de los diputados y senadores del FIT por la participación que tuvieron en la última huelga de la CGT. Amato todavía no escribió nada al respecto. Tentativas similares, contra diputados del FIT, han tenido lugar en Salta y Córdoba.

La exclusión que se busca ahora, por “indignidad”, constituye un golpe parlamentario, porque carece de sustento jurídico e incluso político -esto último porque De Vido se encuentra en su banca por el voto popular. Ni qué decir que es un grosero encubrimiento del Poder Judicial. Asistimos a un maridaje entre el oficialismo y sus aliados con la Justicia corrupta. Los diarios informan en forma casi diaria acerca de las ‘operaciones’ del gobierno en los despachos judiciales. Asistimos igualmente a una extorsión: los inquisidores pretenden un certificado de dignidad. No hace tanto revistaban entre los grupos políticos que el pueblo, en la calle, reclamaba que se fueran, por motivos políticos y delictivos.

El ataque a la izquierda ha desplazado, en los últimos días, a De Vido y sus corruptelas trágicas. El gobierno y sus legisladores están desesperados por producir todos los golpes de efecto necesarios y los golpes propiamente dichos para tapar el derrumbe de su política económica, el descontento social creciente y las luchas del mundo del trabajo.

La defensa de las conquistas y las condiciones de trabajo están inscriptas en el programa de la CSC y sus agrupaciones. Con ese espíritu, Papeleros Lista Gris, recogió una inicitativa de las asambleas de Kimberly y Smurfit, de Bernal, frente a los serios problemas de salud que genera el trabajo en turnos nocturnos. La respuesta de los sindicatos y la Federación del Papel ha sido el silencio total.

En contraste, los candidatos del FIT resolvieron impulsar la elaboración de un proyecto de ley que aborde la problemática del trabajo en turnos nocturnos y contemple la reivindicación de la jubilación anticipada a los 55 años, vacaciones suplementarias, la reducción de la jornada nocturna a 6 horas y la no realización de tareas críticas en turnos nocturnos.

El tema fue ampliamente debatido con los trabajadores en la visita que Néstor Pitrola realizó a las plantas de Bernal junto a Walter Relañez, Emanuel Fernández y Sergio Díaz, todos ellos candidatos obreros del FIT y miembros de la agrupación Gris.

Mientras en el gobierno avanzan las discusiones sobre la reforma laboral reclamada por todo el empresariado -en línea con la que se ha aprobado en estos días en Brasil- toda la oposición patronal le esquiva el bulto al tema. Ni Massa, CFK o Randazzo se han pronunciado contra esta aberración.

Sólo el FIT pone como eje de su campaña electoral el rechazo a la agenda reaccionaria oficial y el acompañamiento de las luchas obreras, que se libran contra el ajuste, pese a la tregua de la burocracia sindical.

A última hora del 25 de julio y después de varias jornadas de lucha, el Ministerio de Trabajo de la Nación modificó la conciliación obligatoria que había fallado el viernes pasado, obligando al consorcio Proteínsa a otorgarle tareas normales a los despedidos. El nuevo fallo representa un paso adelante para los trabajadores, aunque no signifique aún la reincorporación definitiva, que supieron rechazar la conciliación dictada el viernes 21 que, eximiendo a la empresa de darle tareas a los despedidos, apuntaba a quebrar la unidad de la asamblea.

La madre de todas las batallas

Los medios especializados han barajado distintas hipótesis de conflicto, pero lo que no se dice es que los despidos en Cresta Roja apuntan -entre otros motivos- a desarmar la poderosa organización sindical de los trabajadores, que han respondido con medidas de fuerza ante cada atropello de la patronal. La agenda principal de los capitalistas, como en AGR-Clarín, choferes de Córdoba y Pepsico (y en la que se inscribe el proceso de desafuero de delegados en el grupo Arcor) es desarmar la resistencia obrera para poder luego descargar sin conflictos la crisis sobre los trabajadores.

El principal núcleo de despedidos está compuesto por delegados de base, electos en asambleas de sector, que se cargaron al hombro la representación de los trabajadores luego de la destitución de los delegados anteriores. La lucha contra los despidos significa una defensa de ese cuerpo delegados, que deberá desembocar necesariamente en una nueva comisión interna.

Los mejores, los únicos...

Los trabajadores de Cresta Roja respondieron de manera contundente a los despidos, recurriendo a todo su arsenal de medidas de lucha: el paro, la asamblea y los piquetes. Le reclamaron a viva voz en asamblea un paro nacional al STIA.

Desde hace un tiempo que el gobierno macrista, los empresarios y la burocracia sindical en su conjunto vienen batiendo el parche con que las empresas cierran por la combatividad obrera. ¿Pero qué mejor respuesta que la de los trabajadores de Cresta Roja? Carlos Stasiuk, delegado de sector y despedido, desenmascaró en un video que se hizo masivo la impostura del macrismo, que lejos de garantizar la fuente de trabajo, montó una opereta electoral usando a los trabajadores.

El conflicto de la ex Rasic expuso con claridad las verdaderas tendencias políticas latentes en el país; los kirchneristas la llevaron a la bancarrota, los macristas buscaron descargar esa bancarrota sobre los trabajadores, el STIA que se adapta a los planes de ajuste de la patronal y en donde los únicos garantes de la fuente de trabajo son los trabajadores y su enorme tendencia a la lucha de clases.

La lucha continúa

Finalmente, la empresa tuvo que acatar la medida y permitir el ingreso triunfal de los despedidos. Hay que preparar la lucha que se viene por la reincorporación definitiva de los despedidos; por la constitución de una comisión Interna basada en el cuerpo de delegados de sector; la lucha por el pago de las indemnizaciones y la lucha por el reingreso de todos los despedidos que aún no fueron reincorporados.

La violencia de las fuerzas que pugnan en Venezuela conduce a un desenlace previsto. La situación económica empeora irreversiblemente, el chavismo como gobierno está acabado y la alternativa es la derecha hoy articulada en brigadas de asalto asesinando bárbaramente, desde tiros hasta puñaladas y quemados, incendiando módulos de salud, buses, locales culturales, oficinas de atención al público, cuya única justificación es su odio al comunismo que, lamentablemente, asocian con el gobierno.

El gobierno está atrapado en un callejón sin salida, dando pancadas de ahogado, inclusive la represión de la GNB y la policía nacional, quienes en tiempos de normalidad o de paz, ejercen rigurosamente controles exigiendo el pago de “vacuna” o en criollo “aplicando matraca”, ahora en el enfrentamiento, son los represores de siempre, desbordados por el avance de los fascistas de la MUD. También es relevante denunciar los grupos motorizados de lumpen, ligados a mafias dirigidas por presidiarios, mal llamados colectivos, utilizados por el gobierno.

El golpe en ciernes de la derecha ya es cruento. En su fase inicial ya se perfila así a través de innumerables asesinatos. Perciben que el gobierno está acabado pero aun así no quiere entregar, y el problema no se presenta a dos manos, en medio de la pugna entre la MUD y el gobierno, sino a tres manos, es la clase trabajadora y las comunidades la que llevan la peor parte.

A la izquierda venezolana de escritorio, de redes sociales (twitter y facebook, entre otros) no le gusta la Constituyente, y prefiere mirar para otro lado, lo que termina favoreciendo a la derecha, la cual a través de su lucha contra la Constituyente -o sin Constituyente- tiene otro objetivo, imponer los intereses del capital nacional y sobre todo el extranjero llevándose lo que sea por delante.

En fin de cuentas, la Constituyente, sí se realiza, ya tiene hasta sanciones ofrecidas por varios gobiernos de derecha, y la izquierda vernácula también se la tiene jurada a la susodicha, ambos con argumentos democráticos, por demás falsos. Toda la verdad, es que la pseudo-Constituyente es el señuelo para hacer el trabajo completo, liquidar la gesta con hitos revolucionarios iniciada en 1989, aplastar todo intentode defensa o de resistencia de las masas por lo alcanzado. La izquierda abyecta que jugó su rol de desviación de toda la vida al ascenso de las masas, una vez más le sirve, de maravilla a la derecha genuina y serena.

Es necesario precisar que en Venezuela se abrió una crisis prerrevolucionaria, con altos y bajos, desde 1989, con hitos claves como la crisis política expresada en los sucesos de 2002 a 2003, hasta llegar al “llegadero”, a la debacle de una burocracia que golpeada por los vaivenes de los precios del petróleo, cuando los precios se vinieron al piso, fracasó. Los trabajadores si bien han ido perdiendo ilusiones en el populismo, no se dejan llevar por las arengas de la derecha.

Sin embargo, en todo ese período, la izquierda no trascendió al chavismo, por otro lado todavía cerca de un 30% de los venezolanos sigue al gobierno, no sin contradicciones pero sin superar esa perspectiva. Es notable la cantidad de personas que defienden “el legado de Chávez” aún cuando sabemos que no pasó de algunos avances asistencialistas que se dieron al traste al disminuir la renta petrolera.

La consigna de la Constituyente, que el gobierno de Maduro está imponiendo, fue levantada inicialmente por la derecha, aunque si bien, precisemos mayoritaria y correctamente exigida por la izquierda, hoy es a través de ella que el gobierno pretende su salvación y por lo mismo la derecha se vale de su rechazo para realizar su golpe. Por lo tanto, el fracaso de este intento golpista, es la respuesta inmediata que los trabajadores deben conseguir para evitar una salida compulsiva a la crisis económica que los termine de hundir mediante la privatización de recursos estratégicos y la destrucción del derecho laboral y de los derechos sociales. Con esto no queremos decir que el gobierno de Maduro no vaya por esa vía, y no lo combatamos como lo hacemos diariamente, pero una cosa en este momento es un populismo fracasado y otra cosa es el fascismo. Para luchar contra un golpe militar probable, también debemos hoy derrotar al fascismo.

Por ahora, no hay soluciones o salidas democráticas, sólo hay dos vías en esta encrucijada, hacia el socialismo auténtico mediante un gobierno de los trabajadores o las variantes neofascistas

En realidad, el gobierno busca alargar su agonía a través de la Constituyente, el problema se complica porque la derecha no quiso morder el peine de una constituyente y en realidad el gobierno promueve una a su medida, inclusive coaccionando a los trabajadores de la administración pública para su participación. Pero el escenario no es exactamente como pretende la MUD o como el gobierno lo desea, la derecha representada en la MUD, por sus cuatro organizaciones principales, no es homogénea y el tamaño de cada uno no supera a la del PSUV, el cual todavía tiene fuerza en los barrios de sectores de menores ingresos, en su conjunto, no integran a un 50% de la población, pero juega a favor de la MUD el descontento popular de la mayoría del país.

Por el lado de los candidatos constituyentes, no todos son oficiales, a pesar del atrevimiento del PSUV en coaccionar a personas admitidas por el ente electoral, conminándolos a declinar (aunque algunos accedieron, otros se resistieron). Tanto en lo territorial como en lo sectorial hay elementos chavistas de base que presentan propuestas no oficiales, tampoco “trotskistas” pero combativas. En particular, trabajadores y representantes de las comunidades. El método escogido por el gobierno tuvo sus yerros que supieron utilizar algunos de los postulados y lograron calificar, el monto de firmas necesarias fue evidentemente mucho menor a cualquier otra contienda electoral tradicional. Si bien fue bastante rápida, dio el tiempo y se recogieron los recaudos exigidos, los cuales contrastan con los postulados oficiales en cuanto a recursos, pero sus propuestas no quedan en vano.

Por otro lado, a pesar del método meticuloso presentado por el gobierno, hubo otros resquicios, como la intención de alcanzar la postulación como representante de un sector con un número de firmas exigido, inclusive de lejos, más factible que en la Constituyente del '99. No quiere decir esto que no será la posición oficial la que se imponga pero, 79 trabajadores de diferentes sectores, tendrán que rendirles de alguna forma cuentas a sus electores, donde algunos elegidos son nobles representantes de los trabajadores en lucha. Inclusive en el sector territorial (municipal), y en sectores de las comunas combativas.

Como bien dijo un trabajador de la Misión Barrio Adentro: “A la Asamblea Nacional Constituyente llevamos una voz de protesta no llevamos una voz de aplausos”.

Los obreros del ingenio La Esperanza lanzaron desde este lunes un paro por tiempo indeterminado en reclamo por el pago atrasado de sueldos y del aguinaldo, y contra la modificación de las condiciones laborales y la situación de los trabajadores que optaron por pasar a la administración pública en el cuadro de una reducción del personal planteada por el gobierno, entre las principales reivindicaciones. El pliego fue debatido y aprobado en asamblea.

En conferencia de prensa, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, atacó duramente a los trabajadores de La Esperanza por el paro e hizo responsable al sindicato si como consecuencia del paro no se produjera la venta del ingenio y se retiran los inversores interesados.

Vaciamiento estatal y privado

El ingenio La Esperanza supo ser un coloso en la provincia, pero actualmente sólo cultiva una fracción de sus 70.000 hectáreas. Hoy, el ingenio muele alrededor de 2.000 toneladas diarias cuando debería moler entre 5.000 y 7.000.

Su último administrador privado fue el grupo Roggio, que “arrendó” el ingenio por dos cosechas y luego se retiró. El gobierno de Fellner y un “equipo técnico” nacional y, luego, Morales, con aval de Macri, se han hecho cargo de la administración del ingenio, con resultados desastrosos.

El gobernador anunció que se iba a hacer cargo de los sueldos de los obreros hasta el 31 de diciembre de 2016, fecha límite para sellar el acuerdo con el grupo inversor que se haría cargo del ingenio. Sin embargo, todavía no hay ninguna oferta seria en la mesa. Ocurre que los capitalistas exigen, como condición para hacerse cargo del ingenio, una serie de condiciones: reducción de personal, exenciones impositivas, beneficios fiscales, etc.

El inicio de la zafra se demoró más de un mes ante la falta de recursos para poner en condiciones el ingenio y pagar los sueldos a los obreros. Hace dos semanas se largó la zafra con la tradicional misa y, sin embargo, todavía no ha salido una bolsa de azúcar de la empresa. El sindicato denuncia que la falta de inversión provocó serios problemas con las máquinas (explosión de tuberías, averías en trapiche, rotura de calderas, etc.).

El Estado provincial está cumpliendo el papel de “liquidador” de los trabajadores y de sus conquistas. Para esto se ha valido de una “ley de emergencia”, votada por todos los bloques legislativos, que habilita al Poder Ejecutivo a tomar “toda medida necesaria y suficiente” para reactivar el ingenio: esto es, retiros voluntarios bajo extorsión, pase de trabajadores a la administración pública, reforma de las condiciones laborales. En definitiva, todo un paquete de ajuste sobre los trabajadores.

La salida es con los trabajadores adentro

En un cuadro de reactivación de la producción y exportación azucarera, beneficiados por exenciones impositivas, por la suba del precio interno y por los subsidios al bioetanol, no hay excusas para el planteo ajustador de reducción de personal en el ingenio.

El Estado (nacional y provincial) es acreedor del 95% de la deuda del ingenio. Se trata, por lo tanto, de una empresa virtualmente estatizada que el gobierno pretende privatizar. Frente a este escenario, planteamos que la salida no es venderla a precio de remate sino ponerla bajo control de sus trabajadores, única vía alternativa luego de años de fracaso de gestión privada.

La producción bajo control obrero sería una fuerte palanca de desarrollo económico y social de la zona, teniendo en cuenta las 70 mil hectáreas que posee el ingenio; si es necesaria una reconversión, que sea planificada y dirigida por los propios trabajadores.

Para esto es necesario plantear que caiga la ‘ley de emergencia’ que habilita la reducción drástica de personal; que se abran los libros contables para saber cómo se utilizan los fondos que inyecta el Estado; sobre esta base, planteamos el control obrero de las cuentas y la producción para poner en funcionamiento óptimo el ingenio. Estos planteos son los que llevamos al Congreso de la Federación Azucarera Regional de Salta y Jujuy realizado en mayo y que fueron aprobados por los trabajadores: ningún despido en el Ingenio La Esperanza, derogación de las leyes de ajuste, control obrero de la producción y las finanzas del ingenio.

El congreso también votó un paro de todos los ingenios ante cualquier agravio o provocación de las patronales contra los trabajadores. Ya se registran tres -el desconocimiento de las elecciones del sindicato de Ledesma, el despido de trabajadores en San Isidro y la avanzada en La Esperanza- sin que se haya realizado ninguna medida. Por el carácter de conjunto de la avanzada, es necesaria también una respuesta de conjunto del movimiento obrero. Por eso planteamos que es necesario un segundo congreso de las FAR que discuta una salida en función de los intereses de los trabajadores.

• Abajo la ley de Emergencia 5929/16 que habilita despidos y reducción de personal.

• Control obrero de las cuentas y de la producción.

• La responsabilidad por el vaciamiento del ingenio es de los empresarios y los gobiernos de turno.

• Abajo las “apretadas” del gobernador Morales a los obreros que defienden sus fuentes de trabajo.

Con más de 600 trabajadores se realizó el mayor acto de la izquierda del distrito en años. Se destacó la numerosa delegación del Polo Obrero, directivos y delegados del Suteba Matanza, la comisión interna y activistas de Interpack, delegados de la Alimentación, de metalúrgicos y de harineros, activistas de numerosos gremios y decenas de jóvenes, en un clima de entusiasmo y avidez política, que da cuenta de la maduración política de la vanguardia obrera de la zona.

La lista de los oradores fue, en sí misma, una expresión de la fusión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero. Hablaron Romina Del Plá (secretaria general del Suteba Matanza), Miguel Bravetti (secretario general de la gráfica Interpack), Guillermo Kane (legislador mandato cumplido y candidato por la tercera sección electoral), Gabriela De La Rosa (dirigente del Polo Obrero de La Matanza) y Néstor Pitrola.

La agenda de los trabajadores

En la intervención central, Pitrola marcó un balance de la campaña y una orientación para la fase final: defender la agenda de los trabajadores cada día. Destacó al FIT como una fuerza en ascenso a escala nacional, con el reciente resultado electoral del Partido Obrero en Chaco (donde rompimos la polarización) como una expresión de ello. También expresó el contenido político de ese ascenso: una campaña electoral soldada a las luchas obreras como nunca antes, prueba de ello es el protagonismo que tuvieron el Partido Obrero y el FIT en los conflictos de toda esta etapa; la ocupación de 82 días de AGR-Clarín, la huelga docente en Buenos Aires, la huelga en UTA de Córdoba, la lucha de los petroleros de la Patagonia y la lucha contra el cierre de Pepsico. Finalmente, el hecho de realizar un acto de 650 trabajadores en el distrito de mayor tradición peronista da cuenta de este proceso político. Remarcó que el ataque del oficialismo y la prensa burguesa al Partido Obrero tiene una directa relación con que nuestra campaña electoral está al servicio de las luchas.

Caracterizó en detalle las tendencias de los realineamientos políticos y las luchas en curso, y en este sentido valoró las luchas que son derrotadas como parte de la preparación política de las grandes batallas por venir pero, a su vez, las luchas parciales que se ganan o los recortes a las ofensivas de las patronales. En este punto, explicó el ejemplo de los obreros de Cresta Roja, que frenaron momentáneamente los despidos con la huelga y el piquete en la autopista de Ezeiza.

A su vez, el ascenso del Partido Obrero está relacionado a los desplazamientos políticos. Destacó que de allí surgieron los más de 21 mil votos a la lista Multicolor que encabezó Romina Del Plá.

Finalmente, destacó el ingreso de Aurelio Díaz (obrero de la construcción de 40 años de lucha) a la Legislatura chaqueña como un proceso político de fondo. El ingreso de Aurelio expresa una transformación política de clase en los trabajadores de Chaco, con obreros que se enfrentan a la burocracia sindical, al Estado y que van por una perspectiva política de poder.

Reforma laboral

Miguel Bravetti destacó que el gobierno tiene como principal medida, para luego de octubre, una reforma laboral reaccionaria al estilo de la aprobada en Brasil. Ante este cuadro, los trabajadores también se preparan a través de grandes luchas que se van desenvolviendo en todos los terrenos; en las calles, los parlamentos, los sindicatos y, en estas semanas, en una gran preparación de cara a las elecciones primarias.

El ajuste en la provincia

Gabriela De La Rosa se refirió al cuadro de crisis social y laboral presente en La Matanza, denunció que los decenas de miles de despidos del último año se vieron simplificados por el enorme cuadro de precarización laboral montado en treinta años de gobiernos peronistas.

Guillermo Kane denunció como el PJ de la provincia, con Fernando Espinoza y Verónica Magario al frente, hicieron lobby en la Legislatura para votarle a favor los presupuestos de ajuste y endeudamiento a Vidal.

Por su parte, Romina Del Plá detalló la descomposición del Estado municipal, con hospitales que no funcionan ni tienen personal y la infraestructura derruida. Mencionó que tenemos que plantear claramente que Cristina y Magario son una falsa oposición al ajuste de Macri y Vidal. En este punto, refirió que la campaña del FIT es la única que desarrolla la agenda de los trabajadores y que un objetivo central es organizar a los luchadores para enfrentar el ajuste.

Finalizó planteando que su candidatura tiene como objetivo central estar al servicio de la lucha docente. Denunció que el gobierno prepara una serie de reformas para atacar a la educación pública, que son continuadoras de las reformas educativas del kirchnerismo.

Luego de este enorme acto, el Partido Obrero de La Matanza sale con fuerzas renovadas a militar las últimas semanas en cada barrio, en cada fábrica, hospital y escuela a luchar por el voto al FIT, un voto en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Con 370 mil habitantes,Berazategui es gobernada desde hace tres décadas por el mismo clan, del histórico barón del conurbano Juan José Mussi, y el ahora intendente, su hijo Patricio. Junto a CFK en las listas de la Unidad Ciudadana, se preparan para continuar con la precarización laboral de la mitad de su plantel municipal, sin contar a los más de 3 mil cooperativistas que limpian las calles de la ciudad con los magros sueldos que paga Nación a través del Argentina Trabaja.

Berazategui es un distrito con fábricas emblemáticas como la del vidrio Rigolleau, el parque industrial de Plátanos (con decenas de empresas dentro) y empresas como Argul, Siderar, papeleras, gráficas, alimentación, en distintos puntos de la ciudad. La precarización no es sólo cosa del Estado: en las empresas citadas hay contratos basura, con sus respectivos despidos por doquier. Hay una masa enorme de jóvenes de entre 21 y 30 y pico de años con salarios que se encuentran lejísimo de una canasta familiar. El clan Mussi ha sabido brindarle a las grandes patronales enormes exenciones de tasas municipales y dúctiles habilitaciones.

Los Mussi “blindan el distrito para frenar el avance de Cambiemos”, tituló el diario El Día. Resulta que Juan José es uno de los más acérrimos defensores de Cristina, en una tercera sección electoral, la más populosa de la provincia de Buenos Aires, con amplia hegemonía K.

Berazategui se ha distinguido en estos tiempos por el agua contaminada que paralizó las escuelas en 2016 por diez días, por los basurales sin control y el famoso “barrio de las ratas”, donde los roedores han copado directamente las viviendas de los vecinos. La falta de recursos por ser opositores a Vidal es una mera excusa mussista, pues se trata de un distrito que tiene la obra pública paralizada desde mucho más que el año y medio de mandato PRO en la provincia.

La visita de Néstor

Una extendida actividad con Pitrola en la peatonal permitió hablar con innumerables trabajadores que en medio de la ofensiva contra la izquierda por el caso De Vido, mostraron otras preocupaciones: el trabajo, la jubilación, la inflación. Sólo dos casos, en más de 40 que se detuvieron a conversar, plantearon el tema y comprendieron nuestros fundamentos.

Más tarde, Néstor se reunió con trabajadores municipales, que nos contaron el escalofriante régimen laboral de 12 horas por día por salarios de 8.500 pesos, trabajadores de las cooperativas que ganan la mitad de eso, también para la municipalidad; jóvenes fabriles que piden el fin de los turnos rotativos, docentes y jóvenes. Todos nuevos sectores que se acercan al PO en el FIT, en búsqueda de una salida.

Lógicamente, la problemática local no es el eje de la campaña en Berazategui por parte del oficialismo. Los Mussi apuntan sus cañones en el rumbo económico del gobierno nacional y Cambiemos, quienes, por otro lado, llevan a peronistas y burócratas sindicales del sindicato del vidrio en sus listas.

La intensa campaña del PO en Berazategui ha puesto en la palestra los derechos de la mujer trabajadora, con la realización de jornadas por los jardines maternales en todos los lugares de trabajo junto al Plenario de Trabajadoras, la lucha por el pase a planta permanente de todos los precarizados, la lucha contra la inseguridad de los choferes en las líneas del transporte público, la reducción del turno noche en las fábricas y el salario igual a la canasta familiar. Sergio Salgado y Claudia Molina, históricos luchadores del municipio, van por la defensa de los trabajadores para que gobierne un día la clase obrera.

En vista de la severidad de la crisis social y política en Venezuela y del derrumbe, según todas las encuestas, de la popularidad de Maduro, la realización de la elección constituyente parecería demostrar que el oficialismo aún conserva una capacidad de gobierno mayor de la que se le adjudicaba, con independencia de la veracidad del informe oficial acerca del número de los asistentes a los comicios (más de 8 millones) y de la transparencia de la votación.

Para el referente de la agrupación chavista ‘crítica’ Marea Socialista, Nicmer Evans, el anuncio es un embuste: “Maduro -dice- logrará más votos que Chávez sin gente en los centros votando ¡Estafa electoral del siglo 21!”. El rector de la Comisión Nacional Electoral, Luis Rendon, tuiteó: “Decidí no estar presente en la divulgación de resultados por inconstitucionalidad del proceso”. La derecha, de su parte, denuncia que sólo concurrieron a votar dos millones y medio de personas; en la zona este de Caracas (clase media), los centros de votación ni siquiera abrieron. Algunas consultoras que gozan de cierta reputación ponen el número de la concurrencia en tres millones.

Martín Granovsky, en Página/12, no cuestiona estos datos -más bien los admite-, cuando señala “que un gobierno desgastado por méritos ajenos y propios logró diseñar una estrategia, llevarla a cabo e introducir una nueva realidad política”. Se trata de un ‘diseño’ que contó con un despliegue descomunal de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. La elección del domingo 30 no ha servido para reconvertir al régimen de Maduro-Cabello en plebiscitario, sino que ha confirmado que es un régimen de facto en disolución.

Truchaje

Sea como fuere, no alcanza con llevar a cabo una elección constituyente -además es necesario dotarla de un objetivo. En la breve campaña que la precedió, el gobierno no adelantó ninguna medida distinta de las que ha tomado durante tres años, frente al hundimiento económico y social de Venezuela. Venezuela asiste a un derrumbe económico del 20% del PBI y a una hiperinflación que el gobierno no tiene la intención de enfrentar, porque necesita emitir billetes sin cesar para atender los subsidios sociales. Lo que podría detener la emisión es el cese de la importación de papel moneda, debido a los retrasos de su pago por el Estado.

No ha anunciado que dejará de comprimir el consumo y la atención sanitaria, que es el recurso del que se vale para pagar la deuda externa, ni tampoco que dejará de refinanciar pagos de intereses y vencimientos de deuda a costos enormes en términos financieros, o que tenga la intención de detener, para pagar esa deuda, la privatización petrolera y minera -incluida la abolición del monopolio estatal del comercio exterior de combustibles.

Una Constituyente careta, que no se propone abordar la crisis alimentaria y de salud ni revertir el defol financiero del Estado y de PDVSA, no tiene condiciones de introducir “una nueva realidad política” -salvo que se entienda por ‘novedad’ el agravamiento.

La Constituyente se instala, en oposición a la Asamblea Nacional que controla la derecha, por las peores razones: por la oposición de ésta a permitir una ‘oxigenación’ del gobierno mediante la privatización petrolera y la contratación de una mayor deuda externa. Maduro y compañía necesitan crear un marco legal que les permita seguir con estas operaciones -en primer lugar, el contrato de explotación directa de la cuenca del Orinoco en beneficio de la rusa Rosneft, incluido el derecho a exportación. Con estos mismos métodos, aspira a conservar el financiamiento de parte de China, con la cual tiene una deuda de 40 mil millones de dólares.

El problema que enfrenta para alcanzar estos objetivos es que la mayoría de los Estados capitalistas han rechazado la legalidad de la Constituyente y, por lo tanto, la viabilidad del operativo financiero que está detrás de su convocatoria. El capital financiero internacional procura imponer una ‘salida macrista’ a la crisis venezolana -apertura comercial y financiera, ajuste social, privatización integral de PDVSA-, mientras hace negociados con el ‘defol’ bolivariano.

Las sanciones votadas por el Congreso norteamericano contra Rusia y la expulsión, por parte de Rusia, de centenares de funcionarios norteamericanos acreditados en Moscú, no parecen alimentar expectativas en un acuerdo Putin-Trump que permita un rescate del régimen de Maduro.

Todas estas contradicciones explican que el gobierno de Maduro no haya explicitado siquiera si va a disolver la Asamblea Nacional de inmediato o si lo hará cuando haya confeccionado la organización constitucional de un “Estado comunal”. Este Estado, en realidad municipal, no significa el desmantelamiento del actual Estado nacional ni el reemplazo de las Fuerzas Armadas por el armamento de los trabajadores; sería un Estado vertical, muy por atrás, históricamente, a la democracia parlamentaria burguesa. Estamos ante un planteo que viene ejerciendo el chavismo desde sus primeras derrotas electorales en los estados venezolanos, para privar de poder a los gobernadores que habían sido electos.

Una demora en disolver la Asamblea Nacional debería interpretarse como el intento de crear un nuevo marco de negociación con la derecha -que no ha prosperado ni tiene visos de prosperar. En resumen, la Constituyente servirá para perder tiempo hasta un estallido final. No se ve “el diseño de una estrategia”, como pretende Granovsky.

No hay situación sin salida

Establecer, en el marco de una crisis social que empeora, un organismo deliberativo oficialista, significa instalar una caja de Pandora; fuerza a explicitar las divergencias que hasta ahora se debatían a puertas cerradas.

Aunque la información es aún precaria, los candidatos que han recibido mayor número de votos pertenecen al ala llamada ‘cubana’, entre ellos Cilia Flores, la mujer de Maduro, y Elías Jaua, ex vicepresidente (La Nación). En términos políticos representan al ala que aún admite una solución mediadora con la derecha, en oposición a la de Diosdado Cabello, partidario de la disolución inmediata de la Asamblea Nacional y de la destitución de la fiscal disidente, Luisa Ortega. La cuestión es ahora si esta divergencia se hará púbica en la Constituyente.

Más allá de esto, la cuestión es si emergerán disidencias de mayor alcance de parte de constituyentes más cercanos a la presión de la crisis social y los sectores más golpeados. El inmovilismo, a término, de la Constituyente, dejaría como única salida un golpe militar.

La inusitada prolongación de esta crisis no significa que no tiene salida; pone solamente de manifiesto el desenvolvimiento complejo de sus contradicciones, entre ellas, el atraso relativo de su comprensión por parte de las masas. Es sobre ese desenvolvimiento que debe construirse una alternativa revolucionaria, que pasa, en primer lugar, por una ruptura política completa de los trabajadores con el chavismo, única forma de derrotar una salida ‘macrista’.

En Venezuela hay numerosos dirigentes sindicales clasistas que podrían convertirse en la referencia de un polo de la clase obrera, pero están bloqueados hace mucho por los partidos de izquierda a los que pertenecen, que practicaron el seguidismo explícito al chavismo en una primera etapa, y se han pasado ahora a un frente práctico con la derecha. Esto expresa el empirismo de la izquierda democratizante -o sea la falta de estrategia, método, principios y programa.

Es el caso del Partido Socialismo y Libertad (integrado al FIT con Izquierda Socialista). De otro lado se encuentra Marea Socialista, una variante del “chavismo crítico”, entre el gobierno y la derecha, que aboga por un entendimiento ‘inter-partes’ que neutralice un peligro de guerra civil, sin plantear en absoluto un régimen de nacionalizaciones estratégicas, así como el control y gestión obreras para salir de la hecatombe económica y, por lo tanto, sin un gobierno de trabajadores.

El desarrollo de la Constituyente ficticia y la inevitabilidad de que caiga en el inmovilismo y en el fracaso debe servir para una crítica implacable del gobierno y del conjunto de su política, y para una crítica del conjunto de la situación política, al servicio de la construcción de una alternativa obrera y socialista y de un partido obrero revolucionario.

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El sistema educativo arancelado de Estados Unidos ha provocado un incremento fenomenal de la cifra de la deuda estudiantil, alcanzando ya los dos billones de dólares, debido a los enormes préstamos a los que las familias obreras deben remitirse para pagar los estudios universitarios de sus hijos.

Asimismo, este número abona -junto con la deuda hipotecaria de 8,2 billones de dólares- el incremento del endeudamiento general por parte de las familias, que alcanza ya los 12,6 billones de dólares según la Reserva Federal, acercándose cada vez más a la deuda contraída en la crisis económica de 2008.

Sobre llovido, mojado

El incremento exponencial de la deuda estudiantil muestra el fracaso del sistema educativo arancelado, y constituye uno de los principales motivos de las ofensivas bancarias con las que se topa muy tempranamente la juventud. Este régimen educativo lleva a una sobreexplotación laboral de las familias obreras, que se reflejan en padres de jóvenes universitarios con doble empleo para costear las cuotas e intereses de los préstamos -a lo que se suman recurrentes prácticas desesperadas, como la venta de óvulos o de sangre.

A su turno, la creciente desocupación lleva a que los estudiantes ya recibidos tampoco tengan la garantía de un trabajo que les permita paliar esta situación, ingresando en una espiral de endeudamiento cada vez mayor. El problema se vuelve incluso más grande cuando la misma deuda condiciona en los procesos de verificación de las empresas a la hora de acceder a un nuevo empleo, al tiempo que imposibilita el acceso a la vivienda -ya sea por no poder contraer otro crédito bancario o por el porcentaje del salario confiscado- o el acceso a los planes de ahorro jubilatorios. Ni hablar de quienes abandonan sus carreras por estos motivos, corridos además por los intereses que se suman al crédito tomado.

Aprietan las clavijas

El gobierno de Trump acompaña al capital bancario, incrementando la ferocidad de las políticas confiscatorias implementadas por Obama: actualmente los bancos no solo tienen la posibilidad de tomar parte de los salarios como devolución, sino que ahora también se les retira el tope a las comisiones que se le agregan a los préstamos, determinando intereses impagables.

La política del ex presidente de limitar la incautación de los ingresos a solo un porcentaje del mismo constituyó una ayuda ficticia, por los salarios de miseria que perciben los trabajadores.

Los dos billones de dólares adeudados por 42 millones de estudiantes norteamericanos, así como el endeudamiento familiar general de 12,6 billones de dólares, son aspectos del fin del sueño americano. Un sistema económico totalmente agotado, que pretende sobrevivir sobre la base de una enorme confiscación de los salarios y las condiciones de vida de la población trabajadora, en todos los planos.

La bancarrota capitalista, cuyo epicentro está en Estados Unidos, y sus tendencias disolventes, son incompatibles con la educación. Eso pone al rojo la necesidad de una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales.

La novela Las maldiciones, de reciente aparición, se constituye como la obra más “política” de la escritora Claudia Piñeiro, que retrata el mundo del poder desde su más plena actualidad, en la que conviven un candidato político surgido de las usinas del marketing, asesorado por expertos comunicacionales que basan sus acciones en focus group, y un entorno que no excluye al crimen para garantizar su ascenso y una investigación periodística no queda ausente de la trama.

La escena inicial muestra a Román Sabaté esperando un ómnibus para viajar hacia algún lugar en compañía de un niño, al tiempo que quita la batería del celular para no dejar rastros. Luego se sabrá -en un relato que combina voces y tiempos- que Román cumple un rol central como secretario privado en la vida de Fernando Rovira, un político con aspiraciones a ser primero gobernador y luego presidente, cuyo principal proyecto es la partición de la provincia de Buenos Aires en dos. Una de las razones del proyecto sería evitar “La maldición de Alsina”, el supuesto conjuro que impide que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires lleguen a la presidencia del país. Sobre este punto, la periodista Valentina Sureda escribe una investigación que la lleva a tender lazos con Román. La trama avanza hacia el thriller político, que incluye la misteriosa muerte, acribillada por un sicario, de la ex mujer de Rovira y la secreta partida de Román.

La novela tiene un ritmo incesante y posee un in crescendo a medida que avanza el thriller, que incluye persecuciones, pactos espurios y muestra los vericuetos de la corrupción, el pago de retornos y la financiación de los partidos tradicionales (y los de reciente aparición) mediante aportes empresariales, que cobran formas oscuras e ilegales. Parte de una cotidianeidad de los partidos burgueses que se trasluce muy bien en el texto -y que revela mecanismos que están bien a la vista, pero que parecen legítimos en una primera mirada. Un personaje central en el armado de las políticas supuestamente “desideologizadas” que propugna Rovira (cuyo partido no por nada se llama Pragma) es su asesor comunicacional, un Durán Barba que sustituye el programa y los principios por las encuestas y estudios de mercado.

En oposición a este orden de cosas, el texto rescata la figura de Adolfo Sabaté, tío de Román, que alguna vez fuera concejal por el radicalismo en una localidad del interior y que gusta repetir de memoria los discursos de su ídolo Raúl Alfonsín. Así, en la novela, la política se transforma en una contraposición de discursos; se rescata la oratoria de Alfonsín, sin señalar que su gobierno se caracterizó por el rescate del aparato represivo y judicial de la dictadura militar y en la aplicación de una “economía de guerra” contra el pueblo, bajo el mandato del FMI, que sumió a grandes masas en la penuria económica y acabó en una hiperinflación galopante. De este modo, la nostalgia por un discurso democratizante es contrapuesto a la baja politiquería -deliberadamente asemejable a la del PRO- del presente. Entre una remembranza apologista del ayer y el derrumbe de hoy, en lo que respecta a la trama política de Las maldiciones, no se vislumbra futuro.

La novela de Piñeiro atrapa al lector, mientras que la conjugación de voces y tiempos que van del presente al pasado y regresan, los apuntes de la investigación de la periodista Sureda, los giros de tuerca del argumento y un final apoteósico muestran que Piñeiro puede pasar del relato íntimo de su anterior libro, Una suerte pequeña, a un thriller político trepidante con efectividad.

Bien mirada, y en lo que respecta a los partidos del régimen, la campaña hacia las Paso ha sido una gran tentativa de ocultamiento de una crisis política y social de fondo, de alcance nacional y continental. Ese ensayo encubridor, sin embargo, no ha podido evitar que esa crisis se exprese cotidianamente, en términos de luchas y choques con las masas. La ocupación de Pepsico, desalojada el mismo día en que comenzaba ‘formalmente’ la campaña, colocó en las Paso una agenda que ya estaba presente desde comienzos de año, con AGR-Clarín, las huelgas docentes de todos los niveles, la lucha de Santa Cruz, de los choferes de Córdoba y un paro nacional que la CGT puso en juego sólo como recurso para contener esta irrupción obrera en vísperas de los comicios. La burocracia actuó, de ese modo, como agente de los candidatos patronales, los cuales, del PRO al kirchnerismo, se empeñaron en encauzar la inquietud popular en el corset de las elecciones.

A pesar de ello, las Paso no han podido desembarazarse de un escenario de luchas. Sólo la militarización de la planta impidió una nueva ocupación fabril -la de Cresta Roja. La lucha de Adidas, por su parte, es la punta visible de una escalada de cierres y despidos masivos en la industria del calzado. La clase obrera de los ingenios del NOA salió a luchar por el salario y sus conquistas laborales, primero, y ahora contra el cierre del Ingenio La Esperanza. En Santa Cruz, el ajuste salvaje contra docentes, estatales y petroleros tiene el doble sello de la administración provincial kirchnerista y del gobierno nacional.

La convocatoria de la CGT a una marcha con un mes de plazo sólo vuelve a refrendar el abismo que separa a las aspiraciones obreras de la burocracia, que apura la firma de convenios flexibilizadores en diferentes sindicatos. Pero la dilación de la burocracia ha contado con la venia de todas las fracciones burocráticas, incluyendo al kirchnerismo. Antes de ello, CFK había desechado una movilización de su corriente sindical para este 7 de agosto. El esfuerzo para que la clase obrera no intervenga en la crisis involucra a todos los bloques capitalistas que disputan estas Paso, del macrismo a “nacionales y populares”.

Crujidos por arriba

Los slogans de campaña tampoco han podido evitar los cimbronazos cada vez más agudos del programa económico oficial. En el curso de estas Paso, el peso sufría una devaluación del 15%. Los lenguaraces oficiales atribuyen la suba del dólar a la ‘inquietud electoral’, en un intento por disimular desequilibrios de fondo. A la corrida contra el peso de días atrás se volcó una fracción de especuladores que decidieron no renovar sus colocaciones en la deuda del Banco Central (Lebacs), aún cuando el gobierno había elevado su rendimiento. Para sofocar la corrida, el gobierno apeló a divisas que han ingresado a través de préstamos externos: o sea que el hiperendeudamiento está financiando la fuga de capitales, un escenario ya conocido en las vísperas de otras bancarrotas nacionales. La deuda pública roza las dos terceras partes del Producto Bruto y su refinanciación aparece cada vez más gravosa, a causa de su propio crecimiento y del escenario internacional. El comercio exterior del país, golpeado por la crisis mundial y continental, no puede proveer los recursos para reciclar esa hipoteca.

La brusca devaluación, entretanto, ha dañado prematuramente al nuevo programa de créditos hipotecarios, uno de los recursos que el gobierno esgrimía para una reactivación. El carácter potencialmente confiscatorio de estos préstamos -cuya capital y cuotas se actualizan por la inflación y no con el salario- se puso de manifiesto con la devaluación, que disparó el valor de los inmuebles. Pero la inviabilidad de esta burbuja hipotecaria daría por tierra con una reactivación de la construcción, un “brote verde” que, en ese caso, pasaría sólo a depender de la hipertrofiada deuda pública. Por otra parte, no se detiene la bancarrota industrial de los sectores más expuestos a la competencia internacional. Tampoco la de las producciones regionales, donde los incentivos oficiales -eliminación de retenciones e impuestos- han quedado en manos del capital financiero y los pulpos exportadores. Así las cosas, el escenario postelectoral semeja a la Argentina con una gran convocatoria de acreedores, donde la clase capitalista redobla la exigencia de trasladarle el fardo de la quiebra a los trabajadores. Esto explica la exigencia de una reforma laboral flexibilizadora en espejo con Brasil; de una reforma previsional que contemple un aumento ¡optativo! de la edad jubilatoria -optar entre morirse de hambre y seguir trabajando- y un salto en la degradación educativa, como lo revelan los planes para convertir al 5º año secundario en una pasantía a gusto de las empresas.

Crisis continental

Hasta donde les fue posible, los partidos capitalistas han disimulado también el alcance continental y mundial de la crisis en curso. La caída de los precios internacionales, por un lado, y el agravamiento de la guerra de rapiña por un mercado mundial en retroceso, del otro, no sólo han colocado en defol a los regímenes nacionalistas o pretendidamente progresistas del continente. También han puesto en tela de juicio a la tentativa de reemplazarlos por regímenes derechistas, que sólo podrían progresar a costa de desatar rebeliones populares aún más agudas a las que vivió el continente. En Brasil, la experiencia de Temer podría terminar bebiendo de su propia medicina -una destitución parlamentaria, en medio de las denuncias de corrupción y de su incapacidad para aplicar el programa antiobrero que exigen los ‘rescatistas’ del país. En Venezuela, la experiencia chavista ha derivado en un régimen bonapartista de facto, sostenido por una cúpula militar y una camarilla corrupta. La amañada Constituyente de Maduro no se propone tomar las medidas elementales para sacar a las masas de la penuria extrema ni oponerle un planteo de transformación social al programa de recolonización integral que propugna la derecha proimperialista. Por el contrario, aspira a dictar el estatuto de una reprivatización petrolera. Por eso mismo, las masas que salen a enfrentar la crisis no podrían tener una salida en manos de los ajustadores derechistas. Venezuela expresa un dilema que atraviesa a toda la clase obrera continental: la lucha y la necesidad de una salida propia, frente al nacionalismo fracasado y a los macristas de la región. La perspectiva estratégica que deja esta crisis es la lucha por gobiernos de trabajadores en todo el continente.

Las perspectivas políticas

Mientras los protagonistas de las Paso proyectan el futuro como el cambio progresivo y pacífico de las relaciones de fuerza parlamentarias, nosotros avizoramos un escenario de grandes choques sociales, crisis políticas e incluso de alteraciones de régimen político -ello, como consecuencia de la crisis capitalista y de la tentativa de trasladarle la factura de esa crisis a las masas. Este es el escenario continental, del que Argentina no es ajena. La tentativa de llevar adelante la expulsión sumaria de un diputado en el Congreso es sólo un anticipo y una pantalla para avanzar en un régimen de excepción para hacer pasar esta agenda antipopular y explica la oposición firme que desarrolló el Partido Obrero en este punto.

El escenario preelectoral destaca una fuerte contradicción entre la victoria que las encuestas pronostican para Cristina Kirchner, de un lado, y su completo silencio frente al progreso de la crisis nacional y continental, del otro. La jefa del kirchnerismo ha callado frente al ensayo de golpe parlamentario de la semana pasada y -ahora- frente a la propia crisis venezolana. Algunos voceros K se han despegado del gobierno de Maduro, pero sólo para auspiciar una mediación liderada por la OEA -o sea, por el “ministerio de colonias” del continente. A ello, se suma la ausencia del kirchnerismo en las grandes sociales del período, que han tenido como protagonistas al sindicalismo clasista y a la militancia y voceros del Frente de Izquierda.

El macrismo parece absorber una posible derrota de Buenos Aires, que aspira a equilibrar con victorias propias o de aliados en el interior. Pero principalmente, apostando a revertir el resultado electoral bonaerense en octubre, apelando para ello a una polarización política. A su favor, cuenta con la inconsistencia política del armado kirchnerista, que es lo que se ha puesto de manifiesto en estos grandes episodios de crisis que han atravesado las Paso.

El Frente de Izquierda, en cambio, no pasó desapercibido. Una campaña “en defensa de los trabajadores” lo encontró poniendo el cuerpo en las luchas obreras, en toda la geografía del país. La tentativa de disimular el ajuste y la impunidad hacia los corruptos con un golpe parlamentario, por otra parte, encontró a nuestros diputados en la primera fila de la lucha política y la denuncia contra los nuevos y viejos cómplices de la corrupción capitalista. Tenemos indicios de que esta intervención política y de lucha ha calado entre toda una porción de los trabajadores y la juventud, lo cual debemos refrendar estos días en la conquista del voto ‘hombre a hombre’ y de miles de fiscales.

La nota publicada en La Nación (1/8) sobre la actualidad de Pepsico (“Pepsico hoy: despidos, cierre de planta, trasladado a Mar del Plata e importación de productos de Chile”), contiene conclusiones reveladoras.

La primera es la confesión abierta de la empresa norteamericana de que el objetivo del cierre de Planta Florida es el desmantelamiento de la organización gremial: “Desde la empresa destacaron que las ventajas logísticas de esta nueva planta, más cercana a la zona de producción de papas en la provincia de Buenos Aires, junto con una posibilidad de minimizar la influencia de los delegados gremiales de izquierda, fueron los motivos que impulsaron el cierre de la operación en Florida y su traslado al polo industrial marplatense”.

Otro punto importante es la rotunda desmentida de que la empresa habría ofrecido traslados a la planta marplatense -versión que ayudó a deslizar la propia conducción del sindicato STIA- y de la versión del gobierno de que los 500 puestos no se perdían sino que se mudaban: “A la fecha no hay empleados trasladados desde Vicente López ni certezas sobre otra ola de incorporaciones que se comentó como una suerte de compensación de la merma de producción que significó la paralización y cierre de una de las dos plantas”. Hasta mayo de 2017 trabajaban en Pepsico 1.300 trabajadores (700 en Mar del Plata y 600 en Florida); en agosto, quedan solamente los 700 de Mar del Plata.

La nota expone otra confesión: Pepsico reemplaza la producción de Florida con importaciones desde Chile de chizitos, palitos, papas fritas y tostadas saborizadas.

Este artículo alcanza y sobra para verificar que el cierre de Pepsico -como antes ocurrió en AGR- tuvo por finalidad reventar la organización gremial de la planta y sus conquistas. El gobierno actuó de acuerdo con el libreto de la patronal, del cual no se apartó un milímetro, y el papel rastrero y traidor de la burocracia de Daer.

Cuando la Justicia ordenó desalojar a los trabajadores que resistían adentro de la fábrica, el gobierno macrista dispuso un megaoperativo policial para hacer cumplir la orden. Pero cuando la Justicia ordenó reinstalar a los trabajadores en sus puestos porque el cierre de la empresa era fraudulento, el gobierno cuestionó el fallo.

La respuesta de la burocracia sindical de la Alimentación a este plan antiobrero fue recomendarles a los trabajadores cobrar la mejor indemnización posible. Mucho cacareo de Daer contra la reforma laboral, pero a la hora de luchar se le queman todos los papeles. Así pasaron las masacres laborales del menemismo en los '90, cuando él estaba a cargo de la conducción de la CGT.

Las ocupaciones de AGR, Pepsico, Tecpetrol, deben reproducirse ante cada empresa que cierre o despida para defender los puestos de trabajo. La defección de la burocracia sindical es irremontable.

Asimismo, las ocupaciones demuestran ante la sociedad que somos los trabajadores los únicos interesados en el funcionamiento económico del país y refuerzan la conclusión que solamente un gobierno de trabajadores pondrá fin al ajuste interminable de la clase capitalista sobre los explotados.

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El mismo gobierno que amparó y pactó con los jueces que vienen asegurando la impunidad del ex ministro De Vido quiso arrogarse la condición de juez moral del Congreso, para avanzar en una expulsión sumaria. Pero el objetivo de esa expulsión no era terminar con un corrupto, sino avanzar en un régimen de excepción, contrario a las libertades políticas y a las garantías constitucionales. Otorgarle esas facultades excepcionales al gobierno del ajuste, los tarifazos y el hiperendeudamiento nacional hubiera constituido, de parte del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, un crimen político. Por eso, rechazamos la maniobra del macrismo.

Pero la operación oficial tiene otro flanco deleznable -la explotación política de la masacre de Once y del movimiento de familiares de las víctimas, para sus propósitos. Apenas superada la votación del pasado miércoles, los voceros de Cambiemos salieron a afirmar que dependerá de su victoria electoral en octubre la posibilidad cierta de que las corruptelas de De Vido -y principalmente la cuestión de Once- encuentren justicia en un futuro.

Con independencia de que ello no ocurrió durante el año y medio de macrismo, donde el bloque PRO jamás amagó siquiera con el juicio político a los magistrados de la impunidad, la pretensión de que un gobierno y un Congreso “fuertemente macristas” harán justicia por las víctimas de Once es una verdadera estafa política y moral. De Vido será juzgado por el mismo Poder Judicial vitalicio e inamovible que le ha asegurado una vejez tranquila a innumerables funcionarios. Pero más allá de las chicanas y argumentaciones que interponga el ex ministro para zafar de la cárcel, los límites para encontrar justicia no serán solamente judiciales.

Patria contratista, kirchnerismo y macrismo

En una indagación a fondo de la causa de Once, debería salir a la superficie un entramado que hace al corazón del capitalismo, que lucra con los fondos públicos -cosechados en base a la exacción impositiva a la población- y a la explotación directa de “sus” trabajadores. Ahora bien, ¿no es el macrismo una expresión directa y ‘pura’ de esa patria ‘contratista’? Como empresario, los vínculos de Macri con los Lázaro Báez, Cristóbal y su gobierno son mucho más que vasos comunicantes. IECSA, la empresa que pertenecía hasta hace días a Angelo Calcaterra, primo y presumible testaferro de Mauricio, era socia de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento. Según la Justicia americana que investiga el lavajato, altos gerentes de IECSA participaron del sistema de coimas para la adjudicación de la obra, ello, junto con los colegas de De Vido. Desde el gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires, el régimen de desfalco del patrimonio público a favor de capitalistas privados estuvo en la orden del día, desde la ruinosa concesión del grupo Roggio en el subte hasta las que favorecieron al grupo Caputo, que se ha quedado con el 70% del mantenimiento de los hospitales porteños. Pero el mayor saqueo de la Ciudad también fue consumado en sociedad con el kirchnerismo: nos referimos a la venta y concesiones de tierras públicas, una corruptela votada en sociedad con los legisladores del FpV y, a veces, por medio de acuerdos directos entre Cristina y Macri. Una de estas concesiones, la de Costa Salguero, armó el negocio de las ‘raves’ electrónicas, con dealers y zona liberada -o sea, el Cromañon macrista que terminó con la vida de cinco jóvenes. ¿Qué autoridad o interés pueden tener los cómplices estatales de todas estas fechorías para hacer progresar -o siquiera invocar- la causa de los asesinados en la estación de Once? El reforzamiento de este gobierno -avalando, por ejemplo, lo que hubiera constituido un golpe de Estado parlamentario- nunca puede conducir a la justicia, sino a la impunidad de los socios empresariales del kirchnerismo y del macrismo.

Cooptación

En la voluntad de hacer avanzar sus maniobras, el macrismo y Carrió, supuestos abanderados de la moralidad y la transparencia, han emulado e incluso empeorado uno de los recursos más deleznables del kirchnerismo. Nos referimos a la cooptación de movimientos y luchadores que se levantaron contra el Estado, reclamando justicia por sus hijos o familiares asesinados. Hace una década atrás, vimos cómo Hebe Bonafini terminaba entrelazada al gobierno de Schoklender, De Vido y el represor Milani. Los Carrió y Macri han reiterado ahora la historia, integrando a familiares de Once al apoyo al macrismo. Cuando los luchadores contra el Estado pierden su independencia respecto de ese mismo Estado, le restan a su movimiento el recurso fundamental para sostener consecuentemente la lucha contra la impunidad.

Por una deliberación política

Este hilo conductor entre las masacres sociales y el Estado capitalista debería dar lugar a un debate político de fondo en el Congreso -es el que promoverán los diputados del Frente de Izquierda si la Justicia pide el desafuero de De Vido, el cual, desde luego, votaremos favorablemente, pero exigiendo a la vez esta discusión de fondo, para colocar ante toda la opinión popular las raíces sociales de un régimen de saqueo e impunidad. Digamos, de paso, que la separación sumaria de De Vido hubiera apartado al Congreso de este debate, circunscribiendo a la masacre de Once a una cuestión de responsabilidades penales e individuales. Nosotros luchamos -y lucharemos- para que esas responsabilidades personales se esclarezcan y se castiguen con la cárcel: nos hemos movilizado por ello desde el primer día en que lo hicieron los familiares de sus víctimas, y cuando los Carrió o Macri callaban desde sus casas. Pero haremos de esa condena un peldaño para la lucha contra un régimen social, en el que los crímenes de Estado son el último escalón en su tarea cotidiana de opresión a la mayoría trabajadora. Llamamos a todos los luchadores contra la impunidad a una reflexión y a un balance político. Hay que apartar a los cantos de sirena de los viejos socios de la corrupción capitalista, en la comprensión de que la justicia exige un camino de lucha y movilización independiente de quienes gobiernan o gobernaron el país a cuenta de esos corruptos.

En un mes y medio se llevarán a cabo las elecciones de consejeros directivos y centros de estudiantes en todas las facultades de la UBA. Luego se votarán los decanos y, de acuerdo al calendario dispuesto por el Consejo Superior, en diciembre se elegirá al próximo rector.

Ajuste del gobierno y del Rectorado

La renovación de centros y autoridades se dará en el contexto de una intensa puja entre el gobierno y la universidad pública. Desde que asumió, Macri se abalanzó sobre el presupuesto de la universidad, lo que sólo fue frenado por grandes huelgas y movilizaciones de estudiantes, docentes y científicos. El gobierno tiene en carpeta un violento achique del Conicet y un “rediseño” de todas las carreras de grado para adecuarlas a las privadas, siguiendo los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (flexibilización curricular, precarización docente, trabajo gratuito como condición para recibirse, títulos desvalorizados y posgrados arancelados). De acuerdo con el plan Maestro presentado por el ex ministro Esteban Bullrich, esta gigantesca degradación debería estar culminada para 2021.

La campaña reeleccionista del actual rector Alberto Barbieri va en sintonía con esta ofensiva. El rector pasó de ser candidato a ministro de Educación de Scioli a las buenas migas con Cambiemos, sin solución de continuidad, siempre rodeado de funcionarios radicales partidarios por igual de Lousteau y de los negocios con la plata de la universidad. Su secretaria académica, “Cati” Nosiglia, anunció que va a poner a la UBA “a tono” con los planes del gobierno y ya firmó un convenio con la Universidad de Córdoba -cuna de las reformas macristas- para avanzar en ese sentido. Barbieri y su pata estudiantil “Nuevo Espacio” son los máximos exponentes de un Consejo Superior que acaba de aprobar su propio ajuste contra los trabajadores de la UBA: un aumentazo de las cuotas de la obra social Dosuba, que acompaña el recorte de prestaciones.

Crisis de la Fuba y cómo superarla

La ofensiva del gobierno y el Rectorado hacen más necesario que nunca la presencia de una Fuba y centros independientes, que asuman la defensa de la universidad pública, de sus estudiantes y trabajadores. Para ello, los estudiantes debemos sortear la situación actual de nuestra federación, que se encuentra en crisis debido a la cooptación de una parte de su conducción -La Mella- a las filas del PJ-kirchnerismo. Se trata de salto largamente anunciado, con antecedentes como el frente con La Cámpora en Filosofía o la alianza con los massistas de Libres del Sur en Psicología, en ambos casos para enfrentar a las agrupaciones de izquierda. A pesar de ello no dejó de provocar un sismo al interior de la propia organización.

Lejos de representar un contrapeso u oposición a Barbieri, el espacio “nacional y popular” de la UBA se encuentra él mismo fracturado por la presión del Rectorado. Es lo que ocurre en Sociales, su “bastión” en la UBA, donde el decano Postolski y su troupe sabbatellista serán desafiados por el ala K ligada a Filmus y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que reunió el apoyo entusiasta de Viamonte 444. Algo similar pasó en Medicina, donde La Cámpora cerró filas en graduados con el PJ y Nuevo Espacio, dejando patas para arriba al resto de la banda K. El bloque al cual se integra La Mella está quebrado por dentro y sus decanos vienen de votar buena parte de los convenios y presupuestos elaborados por Emiliano Yacobitti.

El desafío de las próximas elecciones es superar este cuadro logrando un reagrupamiento independiente que potencie en el plano de la Fuba y de los centros la lucha de miles de estudiantes y trabajadores contra el ajuste y la política privatista del gobierno y las autoridades. En oposición al carrerismo al interior de las estructuras del régimen, llamamos a fortalecer un movimiento estudiantil ligado a la lucha de nuestros docentes y a las grandes batallas de la clase obrera, como AGR y Pepsico, y las tantas que están por venir.

Convocatoria

La defensa de la Fuba, recuperada al calor del Argentinazo y con 16 años de lucha y apoyo a cada una de las causas populares de nuestro país, es una tarea que le cabe al conjunto de las agrupaciones que se reclaman de izquierda y defensoras de la lucha del movimiento estudiantil. La UJS, que se presentará en las trece facultades de la UBA, convoca a unir fuerzas y a pelear para reunir una mayoría de delegados en pos de este objetivo. Dirigimos este llamado a los compañeros de La Corriente de la Fadu; del Base, de Económicas, con los que construimos el MxE; a la 29 de Mayo; Poder Popular, a las fuerzas con las que componemos el Frente de Izquierda y al conjunto de las corrientes de la izquierda. Estamos ante un desafío ineludible a la hora de derrotar el ajuste que Macri y toda la clase capitalista quieren descargar sobre la juventud y los trabajadores.

El proceso de reconversión y el plan de Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) para solucionar el conflicto azucarero en La Esperanza, hasta el momento es palabra muerta. El gobernador ha planteado que es necesario desvincular 680 trabajadores para hacer efectiva la llegada de un grupo inversor privado para hacerse cargo del ingenio, pero desconoce el acta de audiencia firmada por miembros de su propio gabinete, como el ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz; el diputado Fabián Tejerina, en representación del Ingenio La Esperanza, y el secretario de Trabajo y Relaciones Laborales, Juan Ignacio Palermo, el 12 de enero pasado. En dicha acta el gobierno se compromete a satisfacer los créditos laborales de los trabajadores hasta el momento en que el inversor privado se hiciera cargo, garantizando las fuentes de trabajo de los obreros hasta la venta del ingenio.

Lo único que “cumplió” fue el pago del retiro voluntario de 70 trabajadores (aunque no en los términos acordados, ya que lo que se pagó está muy por debajo de lo que corresponde), que era uno de los puntos que se venían reclamando y que se dio luego de la importante asamblea que decidió parar.

Acciones de lucha

El lunes 24 de julio, los obreros fueron al paro por tiempo indeterminado con permanencia en la puerta de fábrica. Recién ese día, y con el paro de por medio, el gobierno depositó los 120 mil pesos (no se puede llamar indemnización) a cada obrero que aceptó el “retiro voluntario”. El martes 25 se reunió la Comisión Directiva del Sindicato (SOEA) con miembros del Ministerio de Trabajo para discutir algunos puntos de la demanda, con el objetivo de llegar a un acuerdo e ir resolviendo el conflicto con la fábrica en marcha. El gobierno no dio ninguna respuesta al reclamo de los trabajadores. Es en este marco que se resolvió movilizar hacia la ciudad de San Pedro, cabecera de la región. El miércoles 26, los trabajadores emprendieron una marcha de más de 4 kilómetros junto a vecinos, familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos políticos, etc., de la cual también participó el Partido Obrero de Jujuy.

Este tercer día de paro, entre cantos y banderas flameando, los cientos de compañeros que se dirigieron caminando desde La Esperanza hacia San Pedro (de donde proviene el 90% de los trabajadores) y las decenas de motos con sus bocinas y el paso firme y veloz que la situación ameritaba, hicieron sentir su reclamo y la exigencia al intendente Julio Bravo (UCR) que intervenga directamente en el conflicto. Mientras la gran columna obrera fue recibida por los vecinos con aplausos y muestras de solidaridad, Bravo huía del municipio para escapar de su responsabilidad de pararse del lado de los trabajadores para defender sus puestos laborales.

Conciliación obligatoria, rechazada

En este contexto, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia dictó la conciliación obligatoria y se convocó al SOEA a una audiencia para el viernes. Esta maniobra por parte del gobierno provincial es totalmente arbitraria, ya que el Estado pretende ser juez y parte en el conflicto, y sólo conmina a los obreros a volver a la fábrica sin ningún avance en las negociaciones. Esta acción refleja la orientación del gobierno, que actúa en connivencia con las patronales en esta avanzada sobre el conjunto de las conquistas de los trabajadores.

Luego del rechazo de la conciliación obligatoria por parte del SOEA, durante el cuarto día de paro se realizó una caravana en la Ruta Nacional 34 desde Arrayanal hasta la entrada a San Pedro, como otra modalidad de protesta, ante la falta de repuesta por la desafectación de los empleados de la fábrica a la jornada laboral de zafra, de mejores condiciones de trabajo y seguridad, falta de equipamiento de trabajo y ante la falta de información sobre los posibles inversores (o “inversores fantasmas”, como los llaman los obreros) y la falta de claridad sobre la situación del ingenio.

El quinto día de paro se resolvió, en asamblea, continuar con la medida por tiempo indeterminado ante la ausencia de respuestas por parte del gobierno.

El gobierno sigue tensando la cuerda y ha amenazado con no pagar los días no trabajados, incluso no pagar la quincena.

Por un segundo congreso de la FAR

En este marco, desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda planteamos nuestra completa solidaridad y disposición con los obreros, y reforzamos nuestro planteo sobre la necesidad de convocar a un segundo Congreso Azucarero de la Federación Azucarera Regional (FAR) para poder superar el aislamiento de conflictos particulares y poder discutir de conjunto qué medidas tomar entre todos los trabajadores azucareros de Jujuy y Salta para evitar los atropellos de las patronales privadas y los gobiernos que las apoyan. Ante el cuadro de avanzada sobre las conquistas laborales de las patronales azucareras es urgente la realización de una jornada de lucha del conjunto de los trabajadores de los cinco ingenios que integran la FAR. Esto le daría fuerzas a los conflictos de La Esperanza, San Isidro y de Ledesma, ya que ante estos tres ataques no se anunció ninguna medida.

Más que nunca, resulta imprescindible que el movimiento obrero del azúcar resuelva un fuerte plan de lucha en defensa de sus puestos de trabajo y de las condiciones laborales.

Se puede ganar

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda creemos que la importante marcha del 26 de julio y el apoyo de las familias es una muestra de que a esta lucha puede ganarse. Debemos desarrollar fuertemente las instancias asamblearias, confiar en la fuerza de las bases obreras, sin depositar expectativas en el gobierno ni en los partidos de la coalición del ajuste.

* Apertura de los libros. Control obrero de las finanzas y de la producción.

* Ningún despido ni desvinculación. Todos adentro.

* Liquidación de todas las sumas adeudadas a los obreros y entrega de los equipos de trabajo.

Los obreros del Ingenio La Esperanza obtuvieron una victoria sobre el gobierno, luego de un paro de más de diez días, con piquetes, cortes y movilización.

La medida de lucha llegó a un punto culminante con un corte en la ruta 34 a la altura de Arrayanal, el mismo día que el presidente Macri venía a Jujuy a apoyar a los candidatos provinciales de Cambiemos. Esta medida obligó a una reunión con el ministro de Producción y de Trabajo.

El acuerdo al que han llegado los trabajadores con el gobierno incluye el reconocimiento de horas extras a los obreros del sector campo, algo que hasta el momento era negado por el gobierno y suponía una pérdida de aproximadamente el 35% del salario, y la afectación de la totalidad del personal para la zafra 2017 o hasta la concreción de la venta del ingenio. Este es el punto más importante, ya que el Estado pretendía arrancar la zafra con 600 obreros y dejar afuera los 480 restantes, quienes habían rechazado el retiro voluntario o el pase a la administración pública.

Un gobierno que tuvo que recular

Desde el inicio del conflicto, el gobierno ha denunciado a los obreros como los responsables del estado de quiebra del ingenio y de “inviabilizar” la salida hacia la privatización. El propio gobernador Gerardo Morales ha denunciado públicamente al gremio y extorsionó por televisión a los obreros: “¿Saben cuándo van a hacer cola los grupos empresarios [para comprar el Ingenio La Esperanza]? Cuando se liquide el ingenio y no haya un solo trabajador. [Ahora] hay una sola propuesta que [abarca] a 600 trabajadores. Es eso o no tenemos comprador. Es eso o se liquida”.

Por lo pronto, el gobierno no pudo quebrar la lucha de los obreros, de los familiares y de un pueblo que levantó su reclamo y obligó a Morales a asegurar los puestos de trabajo por la zafra 2017.

El conflicto continúa

Queda claro que los obreros han ganado una batalla. Sin embargo, queda un largo camino aún. Las intenciones del gobierno y de un eventual inversionista son de reducir prácticamente a la mitad la planta de trabajadores. Esto en un marco de gran reactivación económica del sector, producto de los altos precios del azúcar y del aumento del corte del bioetanol en nafta. También sigue pendiente la discusión paritaria de este año, que se presenta como un combate, donde todas las patronales del azúcar de Salta y Jujuy están cerrando filas alrededor de un 18% (los obreros de Ledesma ya han votado en asamblea un paro de 96 horas a partir del 15 de agosto por un salario inicial de 23.300 pesos). El gremio ha planteado que hasta que no venga un grupo inversor con serias intenciones de adquirir el ingenio, no iban a soportar ninguna desvinculación; y que quieren sentarse a discutir qué cantidad de obreros deben quedar en la planta con el grupo que se muestre interesado.

Las asambleas masivas, las grandes movilizaciones y el acompañamiento del pueblo de La Esperanza y de San Pedro, demuestra que hay condiciones para obtener las reivindicaciones de los trabajadores.

En este sentido, y viendo el conjunto de ataques contra los trabajadores por parte de la patronal, es que reforzamos nuestro planteo a una convocatoria de un nuevo congreso de la Federación Azucarera Regional (FAR) que pueda discutir qué medidas tomar para enfrentar el ajuste y dar una respuesta de conjunto a este embate de la patronal.

Ningún despido ni desvinculación en La Esperanza. Derogación de la “ley de Emergencia”. Apertura de los libros. Control obrero de las finanzas y de la producción. Abajo las persecuciones.

La denuncia de la corrupción kirchnerista y la amenaza de la “vuelta al pasado”, como recursos para disimular el ajuste, la caída del salario y la crisis social, tuvieron en la Capital su mayor expresión. Allí, la candidata oficial Lilita Carrió obtuvo casi el 50% de los votos. ¿Vendaval derechista? En verdad, Carrió cultivó a fondo su condición de “oficialista-opositora”, es decir, de denunciante supuestamente objetiva. A contrapelo de ello, la “acusadora” se cuidó muy bien de rozar al macrismo: por el contrario, defendió al espía Arribas en las revelaciones sobre sus cuentas off shore, y nunca se la escuchó hablar de los Panamá Papers. Mucho menos fue percibida su defensa del fallo de la Corte a favor del 2x1 a los genocidas, aún cuando después el macrismo -bajo la presión popular- promovió derogar en el Congreso.

La victoria de Carrió dejó pedaleando en el aire al socio vergonzante del macrismo, Martín Lousteau. Este, para encubrir su apoyo de fondo al ajuste oficial, decidió llevar adelante una campaña con críticas a la gestión municipal. Pero la versión porteña de la “avenida del medio” terminó peor aún que Massa. Por su parte, con sus tres listas, el frente entre el Pejota porteño y el kirchnerismo apenas superó el 20% y estuvo por debajo de presentaciones anteriores. La pretensión de sumar votos “por izquierda”, con la incorporación de Itaí Hagman, no movió el amperímetro, y dejó a estos “izquierdistas” afuera de la lista. Era un desenlace previsible, incluso para los propios herederos de la Mella. Pero es posible que éstos utilizaran a la interna como la excusa necesaria para apoyar sin remilgos a la lista del mentor educativo de Menem y Grosso. Con un despliegue mediático y publicitario enorme, la lista de Massa en el distrito se ubicó dos décimas arriba del FIT, en el cuarto lugar.

Nuestra votación y lo que viene

La votación del Frente de Izquierda alcanzó el 3,8%, un porcentual algo inferior al que alcanzamos para diputados en las Paso anteriores. En nuestra percepción política, tenemos claro que esta votación se concentró fuertemente en los lugares de trabajo con organización sindical combativa, en las universidades y en los colegios secundarios, donde realizamos en las semanas previas una intensa campaña contra la reforma educativa reaccionaria que pretende Rodríguez Larreta. Aunque estuvimos en una relativa paridad con la lista de Luis Zamora, es difícil encontrar votos por éste en los lugares donde se procesa una experiencia de lucha y organización. Se trata, entonces, de un voto de personas aisladas, a favor de quien ha hecho del rechazo a una construcción colectiva de los trabajadores su único principio. Desde el punto de vista territorial, nuestra votación tuvo sus puntos más altos en las barriadas del centro sur de la Ciudad, como Boedo, Almagro y Balvanera. En relación a otras elecciones, tuvimos una votación superior en Soldati y Lugano, y caímos relativamente en Palermo y toda la zona norte.

La votación que alcanzamos asegura el ingreso de Myriam Bregman a la Legislatura. Deberíamos subir un punto y medio para alcanzar el de Gabriel Solano, y unos dos puntos y medio para llegar al Congreso desde la Capital. Aunque es un salto importante, ninguno de quienes nos aventajan -con excepción de Carrió- ha quedado en condiciones políticas de realizar una campaña vigorosa. Es necesario dirigirnos a todo el electorado, y confrontar las principales cuestiones de la agenda laboral y democrática con la política de los candidatos, sin excluir a Carrió. La ciudad del “Argentinazo”, de las enormes luchas educativas, de las movilizaciones gigantescas por el Ni una Menos y el 2x1 debe ser interpelada con una campaña de planteos políticos vigorosos, que hagan ver al electorado el mérito de conquistar una banca del Frente de Izquierda para el pueblo de la Capital.

Foto: Javier Entrerriano

Por amplia mayoría -537 votos sobre 697-, los trabajadores de la Planta 2 de Proteínsa destituyeron al cuerpo de delegados que venía de renovar su mandato a principios de año.

La revocatoria coincide con un proceso de alza en la organización de los trabajadores, que eligieron veedores en cada sector como representantes, y que son quienes encabezaron la lucha contra los despidos de hace tres semanas, que se encuentra en conciliación obligatoria.

Los delegados hacía un tiempo prolongado que venían en un proceso de integración con el STIA y la empresa: fueron los principales impulsores de la jugada patronal que convirtió en accionistas de la empresa a los trabajadores, y que busca evitar el correspondiente pago de las indemnizaciones (Proteínsa se hizo cargo de Cresta Roja sin poner un peso, solamente se comprometió a pagar las indemnizaciones).

El no cobro de las mimas y las nuevas promesas incumplidas, llevaron a los trabajadores a expulsar de la planta a los delegados.

La votación del 8 de agosto es la consumación de un largo proceso en el cual los delegados de sector (o veedores) actuaron como verdadera dirección de la fábrica.

La revocatoria aprobada por el 77% de la fábrica deja en claro que hay cada vez menos espacio para delegados patronales en la Alimentación y mucho menos en la combativísima Cresta Roja.

La empresa prepara un nuevo golpe: a varios delegados de sector les ha enviado telegramas intimándolos por prácticas que son habituales. El objetivo es llegar al fin de la conciliación para despedirlos definitivamente: es estratégico para la empresa que este cuerpo de veedores no se convierta en comisión interna. La patronal viene por todo y necesita delegados afines; el incendio de la Planta Incubadora intenta hacérselo pagar a los trabajadores con suspensiones de tres horas por turno.

El desafío estratégico de los mejores activistas es la construcción de una comisión interna democrática y de lucha, para enfrentar las suspensiones, la persecución y los despidos, y luchar por el pago de las indemnizaciones, así como el retorno de todos los compañeros que siguen afuera.

En un primer balance y tomando los resultados preliminares, podemos confirmar una gran elección del Frente de Izquierda en Jujuy, instalándose como la segunda lista más votada de la provincia, con un 12,5%.

Estos guarismos anuncian la posibilidad en las generales de octubre de romper el piso histórico del 5% proscriptivo de la provincia, instalar una representación obrera y socialista en la Legislatura y pelear por los lugares en los concejos.

Los picos más importantes fueron en capital (18%) y Palpalá (15%), y un escalón abajo el resto de los distritos: Ledesma (8%), San Pedro (8%), Perico-El Carmen (8%), Tilcara (9%), Humahuaca (10%).

Sólo el Frente de Izquierda ha levantado las banderas del derecho al trabajo, en blanco y con salario mínimo igual a la canasta familiar, de la juventud que quiere estudiar, de las mujeres contra la violencia que sufren y la responsabilidad del Estado, por el acceso a salud de calidad, el 82% móvil -es decir, la agenda de los más amplios sectores de la población.

Estos planteos frente al escenario político que ponía como opciones al radicalismo, que gobierna junto al Frente Renovador, y que ataca, despide y reprime; y al peronismo, que viene de gobernar la provincia durante décadas y es el responsable de llevar a la ruina a miles de familias, es lo que explica este salto fenomenal en la votación, más del doble con respecto a 2015.

La gran elección del Frente de Izquierda empalma con un cuadro político concreto: el derrumbe del kirchnerismo, que gobernó por más de una década la provincia, y el actual gobierno (UCR-FR), que ha mostrado tempranamente sus límites para ofrecer una salida a los trabajadores: pérdida de puesto de trabajo, paritarias a la baja cerradas por decreto, el intento de regimentación de las manifestaciones populares, la persecución a sindicatos y luchadores, etcétera.

Crisis en la UCR y un PJ que se divorcia de los K

El dato de la jornada, además de la gran elección del FIT, es la brutal caída de votos de Cambiemos-UCR, que lo obliga a rediscutir y modificar esquemas de cara a octubre. El gobierno manejaba datos de encuestas que le daban una intención de voto de un 50% a su lista, que lo llevó rápidamente a desprenderse de sus socios del massismo (inclusive especulaba ir con listas separadas en octubre para no darle ni un cargo provincial de más). Sin embargo, terminó sacando el 36% y el PJ quedó muy cerca con casi el 30%. Esta caída, que no pudieron ocultar ni los medios más oficialistas, se debe a los límites del propio gobierno. La pérdida de cientos de puestos de trabajo, el derrumbe de los anuncios del Plan Belgrano y los tironeos alrededor de la detención de Milagro Sala fueron factores fuertes de desgaste. Su candidato a senador, Mario Fiad, tuvo que renunciar como ministro de Salud por las movilizaciones de profesionales y reclamos contra el vaciamiento del sistema de salud provincial. A esto se le suma el malestar general por los despidos y pérdida del poder adquisitivo, conflicto en docentes, salud, estatales, la represión y persecución a los que reclaman.

El PJ logró reunir el 30% de los votos en medio de una gran interna (seis listas). Sin embargo, ninguna se manifestó como la continuadora de la línea nac&pop. La lista ganadora de la interna, encabezada por Guillermo Snopek y José Luis Martiarena, está sindicada como la “pata” peronista de Cambiemos, por su excelente relación con los dirigentes del PRO nacional (el propio Snopek ha sido un votador serial de las leyes del ajuste en el Congreso Nacional).

El massimo, que venía de ganar las elecciones presidenciales en 2015 en Jujuy y de darle el empujón final a Gerardo Morales para alcanzar la gobernación, viene en caída libre: perdió el control del PJ (intervenido por el PJ Nacional) y una serie de disputas internas lo llevaron a presentar varias listas. Sumando las tres, llegó al 12,9%, apenas superando al FIT.

Octubre, un nuevo escenario

En octubre se van a agregar a la elección las categorías provinciales: legisladores y concejales. Aquí se van a jugar el todo por el todo los aparatos de los punteros políticos y se van a volcar millonarios recursos. El desafío es poder mantener al FIT como el canal de expresión de un amplio sector de las masas que no encuentran ninguna respuesta a sus reclamos, que rechazan el ajuste, que rechazan el atropello por parte del gobierno y no encuentran contención en la oposición patronal.

Una campaña militante

La campaña del Partido Obrero y del Frente de Izquierda ha sido una campaña militante, de intervención en los procesos de lucha que se han desenvuelto en la provincia. Nos hemos preparado para dar batalla en el terreno electoral sin abandonar los conflictos que se desataron en la provincia: estuvimos junto a los obreros de los ingenios Ledesma y La Esperanza, en la crisis de la salud, estatales y docentes, en las movilizaciones contra los femicidios y la violencia de género, junto a la juventud en defensa de la educación pública y contra la represión.

El Partido Obrero va a seguir batallando, interviniendo en los conflictos, y va a redoblar sus fuerzas para llegar a octubre reforzando una alternativa política independiente de los trabajadores. Ese es nuestro compromiso.

Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista, muerto el pasado miércoles 9 a los 69 años, después de padecer una larga enfermedad, será recordado por haber encabezado el llamado “viraje a la izquierda” de esa organización, proclamado en su XVI Congreso, celebrado en 1986. Echegaray lideraba la Federación Juvenil Comunista -todavía numerosa e influyente en aquel entonces- y saltaría de allí a la secretaría general del partido, cargo que ocupó por las siguientes tres décadas.

El XVI Congreso del PC amalgamó, de manera contradictoria, una notable radicalización de su base militante -especialmente, de su juventud- con tesis políticas profundamente democratizantes. El “viraje” consistió en la reivindicación de la “democracia”, de la Unidad Popular chilena y del Frente Amplio de Uruguay, y la exploración de alianzas con sectores de la izquierda peronista y no peronista. Una década antes, el PC había apoyado, sucesivamente, al gobierno de Isabel y López Rega, a la dictadura militar de Videla y a la candidatura de Italo Luder -y más atrás, a la Unión Democrática y a Frondizi. Fue interpretado, por propios y extraños, como un giro a la izquierda.

Las tesis políticas del “viraje” -concentradas en el informe del hasta entonces secretario general, Athos Fava- combinaron la autocrítica “por haber sobrestimado a la burguesía y subestimado a la izquierda” con el compromiso de la “defensa de la democracia hasta el final” (“Frente y acción de masas por la patria liberada y el socialismo”, 4/11/86). Soplaban los nuevos tiempos del deshielo gorbachoviano. Prácticamente, toda la dirección encabezada por Athos Fava sería relevada por la generación de Echegaray.

Según Echegaray, a pesar de los horrores de la dictadura local, los jóvenes de “la Fede” estaban animados por el contexto de la revolución centroamericana. Especialmente, por el ascenso de la insurgencia sandinista en Nicaragua. Pero la política de la generación “renovadora” de Echegaray fue la de apoyar al grupo Contadora, impulsado por los gobiernos burgueses latinoamericanos -incluso del alfonsinismo y del castrismo-, que llevaría al hundimiento de la revolución nicaragüense. Dos décadas más tarde, Echegaray también colaboraría con el desarme de las FARC.

La alianza con el MAS de Nahuel Moreno y la constitución de Izquierda Unida, en 1987, no alteraría esta línea política democratizante, todo lo contrario. El programa de IU fue el de la “redistribución de la riqueza” y “la justicia social”. Esa alianza también exploraría el acercamiento a la “izquierda peronista” -la cual terminaría, en un 99%, integrada al cafierismo y al menemismo. El PC, conducido por Echegaray, participaría en lo sucesivo del Frente del Sur y del Frente Grande, con Pino Solanas y Chacho Alvarez; conocería una reedición de IU a principio de la década del año 2000 -que llevaría a Echegaray a ocupar una banca en la Legislatura porteña- y, finalmente, al Frente para la Victoria y a su actual semidisolución en el kirchnerismo. En el ínterin, el PC sufrió crisis y escisiones que fueron diezmando sus fuerzas -su secretario de organización, Jorge Pereyra, fundaría el Partido Comunista-Congreso Extraordinario; el grupo Barcesat-Mosquera, a mediados de los ’90, se fue con Chacho Alvarez y la Alianza; el banquero Carlos Heller fundó su propio partido; el también otrora dirigente de la FJC, Martín Sabbatella, formaría su propio grupo y se encaramaría a la intendencia de Morón. Con Heller y Sabbatella, Echegaray se reencontraría, finalmente, bajo el paraguas de los K.

El “viraje” izquierdista del XVI Congreso le daría al PC una sobrevida política impensada, cuando era un partido virtualmente acabado. Pero sus límites políticos y programáticos resultaron insalvables. El PC conducido por Echegaray terminó convertido en un apéndice de los gobiernos nacionalistas burgueses del continente. Sus filas, otrora numerosas, y su influencia entre la juventud y los intelectuales, antes notables, quedaron reducidas a una expresión residual.

Echegaray nació en San Juan en 1946 y comenzó a militar en su adolescencia. Su última participación electoral fue en 2015. Entonces figuró en el puesto 19 de la lista de diputados del Frente para la Victoria, acompañando la boleta presidencial de Daniel Scioli.

Los sucesores de Echegaray no gozarán del aura de aquel XVI Congreso, último estertor de una corriente política que las próximas generaciones sólo conocerán por los libros de historia.

El llamado de la UJS a formar listas por una Fuba independiente y de lucha, y para avanzar en la recuperación de los centros de estudiantes controlados por las fuerzas del Rectorado no tuvo eco por el momento al interior del Frente de Izquierda. El PTS, que hace unos meses promovía el internismo en el FIT en las Paso, ahora pretende utilizar al FIT como instrumento de división del movimiento estudiantil. Es lo que pasa en la Fadu, donde rechazan unir fuerzas para defender un centro de estudiantes de lucha, ya que estaría integrado por La Corriente (CR) que “no forma parte del FIT”. Algo similar ocurre con el veto a corrientes como el Nuevo MAS, el MST o La Dignidad, cada una con determinado peso en el activismo de diferentes facultades. Allí donde este problema no existiría, como en Derecho o Económicas, tampoco aceptan formar listas comunes, ya que ponen como condición encabezar a pesar de que en ambas facultades fueron derrotados, siempre, por la UJS. En general, lo que prevalece es una concepción de aparato que toma a las elecciones universitarias como una pre-campaña por “Nico y Myriam”, desconociendo el problema de defender las conquistas del movimiento estudiantil frente a las fuerzas del gobierno y el régimen universitario. Este esfuerzo divisionista no parece haber reflexionado acerca de que las Paso ratificaron que la fuerza del FIT radica, precisamente, en su carácter de polo político -no en la personalidad de tal o cual candidato. Llamamos al PTS a revertir esta orientación y unificar al FIT para intervenir en las peleas que el movimiento estudiantil tiene por delante.

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La desaparición de Santiago Maldonado pesa como una hipoteca irremontable sobre el gobierno de Macri, que tiene en la restauración del aparato represivo un norte estratégico de su gestión. La desaparición de Maldonado y su encubrimiento deben ser considerados en relación con esa ‘política de Estado’.

Finalmente, se enlaza con una saga represiva que debutó con el llamado ‘protocolo antipiquete’, continuó con el cuestionamiento del número de desaparecidos bajo la dictadura y los llamados a la ‘reconciliación’ con los represores; siguió con la aplicación del beneficio del 2x1 a los genocidas, la represión a los piquetes del paro del 6 de abril y los violentos desalojos en AGR-Clarín y Pepsico. La prolongada detención arbitraria de Milagro Sala -ahora domiciliaria- también se inscribe en esa línea, en la que el gobierno pretende valerse de las corruptelas de las criaturas del kirchnerismo -De Vido, la propia Sala- para justificar la instauración de un ‘estado de excepción’.

Esta política tiene una proyección internacional. La desaparición de Maldonado estuvo precedida por la detención del dirigente mapuche Facundo Jones Huala en un operativo conjunto de los Estados chileno y argentino. Las acechanzas de la Gendarmería en la Patagonia están apuntadas a asegurar la operación de las mineras, petroleras y latifundistas de tipo Benetton, que chocan recurrentemente con los mapuches, a ambos lados de la cordillera.

Como vocera del gobierno, Patricia Bullrich ha sido la principal responsable de sembrar versiones falsas sobre el rastro de Maldonado y de acusar a sus familiares y a los mapuches de entorpecer la investigación. Recién el 17 de agosto, Gendarmería aportó el nombre de los 130 efectivos que participaron del operativo, durante el cual desapareció Santiago. Un día después, el juez Otranto, a cargo de la investigación, entregó copia de la causa a los abogados de Gendarmería, a pesar de que hasta el momento no hay ningún gendarme imputado.

Con la divulgación de la identidad de Ariel Garzi, Patricia Bullrich despejó cualquier atisbo de duda sobre su rol. Garzi es un amigo de Maldonado que declaró bajo reserva de identidad que, poco después de la desaparición, mantuvo una comunicación de 22 segundos con uno de los celulares que utilizaba Santiago. Durante su alocución en el Senado, Bullrich difundió esta información junto a su nombre completo, el de sus padres y la dirección de su domicilio. En cambio, poco se sabe todavía del rastreo de la llamada.

En este cuadro, está claro que la convocatoria del gobierno a los organismos de derechos humanos para “trabajar juntos” en la búsqueda de Maldonado es un llamado a la complicidad.

Es necesario redoblar la movilización por la aparición con vida. Una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se encuentra en Esquel, provincia de Chubut, para transmitir la solidaridad de sus organizaciones a los familiares de Santiago Maldonado y a la comunidad Cushamen, perseguida por los gobiernos nacional y provincial.

También está prevista una entrevista con Jones Huala en su lugar de detención. Participan de la delegación, entre otros, el diputado nacional del FIT-PO Pablo López, la secretaria general de AGD-UBA Ileana Celotto -quien concurre además con el mandato de la Conadu Histórica-, la abogada Liliana Alaniz (Apel) y representantes de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo y el Ceprodh.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a marchar nuevamente a Plaza de Mayo por la aparición con vida de Maldonado el próximo 1° de septiembre. El Partido Obrero impulsará actos similares en todo el país.

Aparición con vida y castigo a los culpables. Fuera Bullrich.

Desde Esquel: “Patricia Bullrich no debe permanecer en su cargo” @pablosebalopez diputado nacional por el @FdeIzquierda #SantiadoMaldonado pic.twitter.com/R8evRg78Fg

— Prensa Obrera (@prensaobrera) 24 de agosto de 2017

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Delegación del Encuentro Memoria Verdad y Justicia viaja a Chubut

Los resultados de las Paso han dejado en carrera para octubre a sólo cuatro listas, entre ellas la del FIT.

El hecho que más ha impactado ha sido el triunfo de la lista de Osvaldo Jaldo (Frente Justicialista y hombre del gobernador Juan Manzur) que le sacó 200 mil votos de diferencia a la lista macrista encabezada por José Cano (Cambiemos por el Bicentenario). En números fue 494.000 (53,3%) para Jaldo contra 294.000 (el 31%) para Cano. Ha sido el triunfo del PJ más importante a nivel nacional y lo posiciona a Juan Manzur en un lugar destacado dentro de la interna de la liga de gobernadores del Pejota.

En 2015, cuando se realizó la elección que desató la pueblada contra el fraude, el resultado arrojó un saldo de 110 mil votos a favor de Manzur. En estas Paso, la diferencia se agrandó en 90 mil votos. Si se tiene presente que en 2015 Manzur había obtenido 490 mil votos y ahora Jaldo 494 mil, el aumento de la diferencias no fue producto del crecimiento del justicialismo sino del retroceso del voto macrista. Parte de éste fue a parar a Fuerza Republicana (bussismo), que en 2015 había obtenido 30 mil votos y ahora 90 mil en las Paso. Los otros 40 mil votos engrosaron los votos nulos y la abstención que crecieron en esa proporción.

El derrumbe de la alternativa macrista se veía venir. Cano no sólo fue el principal responsable de desmovilizar la pueblada contra el fraude en 2015, sino que como ministro del Plan Belgrano estuvo envuelto en un sinnúmero de casos de corrupción y las obras prometidas no se concretaron. A la par de ello, varios aliados del 2015 se abrieron de él, como ocurrió con la Asociación Bancaria o el PS. Otros, como el ex intendente de la capital y actual secretario nacional de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, que integró la fórmula a la gobernación con Cano en 2015, decidió no participar de la campaña. Pero quizás, el mayor daño provino de la propia UCR que es presidida por Cano. Varios dirigentes y legisladores no sólo boicotearon la campaña, sino que fueron quienes impulsaron las denuncias de corrupción contra Cano. Incluso la propia crisis y corruptelas en la UNT, donde había vuelto a hacer pie, lo terminó golpeando, pues no la pudo usar como un ariete de poder en el curso de la campaña.

Con ese escenario, Macri visitó dos veces la provincia para hacer campaña a favor de Cano, pero nada alcanzó.

En contraposición, Jaldo desarrolló una campaña cínicamente opositora. Cuando Manzur llamó a votar en el Congreso Nacional las leyes macristas y ha aplicado la política de ajuste en la provincia, y en todo este tiempo se ha agravado notablemente la crisis social. La demagogia ha ocultado un compromiso de fondo entre Manzur y Macri-Frigerio. La gran burguesía afincada en Tucumán, que apoya el rumbo del gobierno Cambiemos, apuesta en la provincia al gran aparato pejotista de contención y disciplinamiento sindical y social.

Manzur y Jaldo, por esto mismo, pudieron neutralizar al justicialismo disidente. En la Paso del FJ compitieron ocho listas, entre otras, una vinculada con una fracción massista; la Unidad Ciudadana vinculada con los K; otra a la JP alperovochista, y la de sectores de la burocracia sindical, entre otras. Hasta Parajón se sumó a la campaña como un Jaldista más. Desde el PJ y sus medios le dieron aire al bussismo, para que realizara una campaña derechista aunque con críticas al ajuste. Ello le funcionó, restándole votos fundamentales al macrismo.

Con el triunfo de Jaldo se ha completado la tarea de legitimarlo a Manzur. Semanas antes, lo había hecho la Corte Nacional desestimando las denuncias de fraude con el argumento del tiempo pasado y que ya había un gobierno en funciones -o sea con el argumento del hecho consumado.

El FIT

El Frente de Izquierda obtuvo 31.600 votos, un 3%, que supera en un 70% a la votación lograda en 2015, pero que fue inferior en 1.000 votos a la conquistada en las Paso de 2013. En la capital logramos un promedio del 5% y votaciones por encima del promedio en Tafí Viejo, Yerba Buena y Lules.

La campaña estuvo en gran medida sobre los hombros del PO, que encabezaba la lista con la candidatura de Ariel Osatinsky. Ariel recorrió toda la provincia y tuvo reconocimiento en los medios y en una multitud de actividades que concretamos.

Tuvimos alrededor de 700 fiscales y hemos llegado a cumplir dos objetivos fundamentales: reclutar nuevos compañeros y llegar a un nuevo piso de venta de prensa de 400 ejemplares.

Realizamos el Congreso del Polo con la participación de 400 compañeros, que fueron un motor en la campaña. También concretamos una conferencia de la juventud, dando inicio a la formación de círculos juveniles en los barrios y secundarios.

Realizamos varios actos, entre ellos en la puerta de Alpargatas y fuimos los únicos que realizamos acto de cierre de campaña

Se logró que sectores de la izquierda se volcaran en apoyo al FIT, como ocurrió con la Brecha, o las Darío Santillán, pero también un sector de la UCR y el sector del ex PC y del centroizquierda.

Durante la campaña hemos intervenido en diferentes procesos de lucha y organizamos la audiencia pública del 8 de julio que le dio impulso a la lucha contra la impunidad en particular frente a varios casos de femicidios y gatillo fácil.

Ahora, hacia octubre, importan varias cuestiones. La principal es la de ir más a fondo en desenmascarar los planes del macrismo, la política de colaboración de Manzur con esos planes capitalistas y desenmascarar a Cano en su política de colaboración con el gobierno de Manzur. Tenemos que enfrentar con una acción más intensa y más aguda los intentos de polarizar las elecciones entre alternativas ajustadoras.

Vamos a enfrentar todos estos desafíos, a reforzar al PO y a conquistar una fuerte votación a favor del FIT.

En la película La Famiglia, de Ettore Scola, un personaje interpretado por el enorme Vittorio Gassman dice con un tono actoral inigualable: “Tutte le dione siano puttane, tranne mia mamma che è una santa” (todas las mujeres son unas putas, salvo mi madre que es una santa). Dicho sea para que no se piense que sólo en el tango “las mujeres siempre son las que matan la ilusión”.

“Es una constante en el tango -dice la tanguera Patricia Barone- la de las mujeres putas salvo ‘la mamma’, la única santa. La mamma no tiene sexo, no goza, es puro sacrificio: una santa. Las demás somos una manga de putas”.

“Ahora - sigue la gran cantante- con Javier (por Javier González, su compañero del arte y de la vida) hemos preparado una programación de tango inédita, un repertorio que por primera vez en este género tiene voz de mujer. Las mujeres hablamos en estos tangos en primera persona”.

Y vaya si no:

Yo tuve un despertar de cielos tibios y tuve una sonrisa embelesada.

Con toda la inocencia del que espera no supe adivinar la puñalada.

Lejos del panfleto agitador, del recurso pobre, la tragedia de la víctima se desliza, simplemente se desliza, por ese poema de Barone con música de Javier González, el poema que le da su título al trabajo de ambos, acompañados por un grupo de músicos de excelencia. También integran el repertorio otras piezas de la dupla Barone-González, como “Pompeya no olvida” (la historia de aquella niña robada por la dictadura y buscada por su abuela), hasta llegar a “Parto” y “Complicidad” (inauguran la temática de la maternidad y el deseo sexual femenino en la poética ciudadana) y el candombe “Mañana Clara” (un homenaje a las mujeres que le dan de comer al pueblo hambreado), que laten con la gran movilización de las mujeres y el #Niunamenos.

Como dicen ellos mismos, treinta años de trayectoria artística se resumen y encuentran una suerte de síntesis “para que la mujer exprese sus desafíos históricos, sus deseos y su grito desgarrado”. Casi treinta años transcurridos desde aquel “Ser mina flor de cardo” (1990), poema de Adriana Turchetti con música de Javier, en la que la mujer se planta contra el machismo y reclama, y exige su lugar junto al hombre, no detrás de él. Casi treinta años en los cuales demasiadas cosas cambiaron, hasta Barone y González.

“Ese ‘Ser mina flor de cardo’ tiene cosas que siguen vigentes y por eso todavía lo canto -sigue Patricia- pero ya no se trata simplemente de buscar un lugar al lado del hombre, del ‘buen hombre’. En 1990 todavía era impensable todo este cambio. Así fue que el año pasado cerramos una idea, nos vimos a nosotros mismos atravesados por la historia, atravesados artísticamente por todo lo que iba pasando en la sociedad. Y nos encanta ‘infiltrar’ el drama y la tragedia de la mujer en un ámbito de tradición machista como el tango, aunque no es su única tradición”.

-Hablanos de esa tradición.

-Lo que nosotros hacemos ahora es novedoso, inédito, pero también una continuidad. El tango ha cambiado en toda su historia, nunca fue un género quieto. Nosotros mismos empezamos en 1989 con temas nuevos de otros grandes autores, de músicos enormes como Astor Piazzolla, poetas como Horacio Ferrer o González Tuñón. Todos ellos fueron grandes innovadores.

-También es un género lleno de grandes mujeres

-Sí. Hay poetisas e intérpretes excepcionales, como Eladia Blázquez. Pero fijate que ella misma es una excepción, y además no habla exactamente como mujer: “Yo me alimentaría, rumiando tangos, sobrado de alegrías, falto de mangos, porque mi fiesta es relojear desde una esquina a mi ciudad que es la más linda de las minas. Sentir que todo es mío, el sol, el aire, el limo de tu río... che, Buenos Aires... Mirá cuánta riqueza me ha brindado Dios que soy el dueño de tu voz”. Otra es María Elena Walsh con sus tangos, por ejemplo “Orquesta de señoritas” o “El 45”, en el que le canta a Hiroshima, “donde tantas pibas tenían 15 años como vos y yo”. Además, en los años ’60 hay todo un contexto social que empuja al cambio estético. Como ahora con “Palomas…”:

Algunas esposadas, otras muertas vivimos en el sur de la agonía.

Volvemos disfrazadas de palomas al útero indolente de los días.

“La mujer -sigue Patricia- habla aquí de sus deseos, de su propia vida, ‘que no te tenga que seguir el paso’. Y es la mujer que lucha, la que hace frente a la represión, las Madres de Plaza de Mayo, las que pelean en la fábrica. Y con ‘Palomas…’ nos llevamos una enorme y hermosa sorpresa: está ranqueado en cuarto lugar en La 2x4, la radio que antes era FM Tango. Es una renovación, un aire fresco novedoso”.

-En “Se dice de mí”, Tita Merello habla en primera persona…

-Así es, pero la que habla no es exactamente ella. Es un tango escrito por un hombre (Ivo Pelay, con música de Francisco Canaro) que lo escribió para Tita. Hay otros tangos en los que se trata a las putas con enorme respeto, como “La última grela”, de Piazzolla y Ferrer, pero es un respeto trágico. En la mayoría se nota la impronta de la Iglesia: si una mujer disfruta sexualmente es una puta, el goce es pecado en sí mismo. Eso empezó a cambiar con grandes poetas como Eugenio Mandrini (Buenos Aires, 1936), un hito en la historia del género. El y otra grande como María del Mar Estrella hablan del sexo sin tapujos, por ejemplo. Además son los primeros en hablar del sexo sin determinación de género: una mujer canta su amor por un hombre pero eso perfectamente se puede dar vuelta, puede ser el amor de un hombre por una mujer o por otro hombre, o de una mujer por otra mujer: es un uno en el otro.

El tango, digamos para terminar, ha vivido siempre en una permanente revolución estética e incluso ideológica. Ahora, el arte impecable de Patricia Barone y Javier González trae un hito inédito en esa revolución. Bienvenido sea.

En las Paso para diputados nacionales, el gobernador Urtubey festejó la victoria de su ex vicegobernador Zottos, que obtuvo el 37,9% de los votos como resultado de la sumatoria de todas las listas del oficialismo. Detrás le siguió el periodista derechista Martín Grande, candidato de Cambiemos, con un 24,2%; mientras que en tercer lugar -con un 17,3%- terminó el actual intendente de Tartagal, Sergio Leavy, por el Frente Ciudadano para la Victoria (FCPV). Nuestro compañero Pablo López quedó en cuarto lugar, con un 7,3%.

Sin embargo, la victoria obtenida por Zottos es precaria: como candidato individual no llega al 12% de los votos emitidos. Y nadie puede asegurar que las cinco listas restantes, perdedoras, apoyen al ganador.

La votación del periodista Martín Grande (Cambiemos), antes candidato a intendente del derechista amarillo Alfredo Olmedo, fue altísima, ganando individualmente en la capital y saliendo segundo en Orán. Sin embargo, casi el 20% de los votos de Cambiemos los proporcionó una lista radical alfonsinista que se presentó crítica tanto del macrismo como de la permanencia de la UCR en Cambiemos. Será difícil que esos votos sean mantenidos por Grande. De todos modos, la victoria electoral del macrismo a nivel nacional será utilizada como una palanca para buscar una victoria sobre Urtubey.

El cristinista Leavy (FCPV), por su parte, logró explotar a su favor la fractura de hecho del PJ, desplazado del frente oficial del que formó parte durante 10 años. Instaló que su lista sería el voto útil contra el ajuste. Un sector de la población votó a Leavy “con la nariz tapada”, ya que este y su fuerza, el Partido de la Victoria (PV), fueron históricos urtubeycistas hasta meses antes de la elección. El intendente de Tartagal tiene más de 800 trabajadores en negro y ha acompañado sin chistar el vaciamiento petrolero del norte provincial bajo los gobiernos de Cristina y Urtubey.

Por otro lado, Pablo López ha logrado una importante elección, superando los resultados tanto de las Paso como los de las generales 2015. Con el 7,35% quedó cuarto a nivel provincial y en la capital salió tercero, superando individualmente a todos los candidatos del frente urtubeycista. Sin embargo, esta votación se encuentra 3 puntos debajo de la votación obtenida en las Paso 2013, dificultando la lucha por la retención de la bancada nacional del PO-FIT salteño.

Elecciones locales

Las elecciones de cargos provinciales y municipales han seguido una dinámica diferente a la nacional, sobre todo en la capital salteña. La votación con dos sistemas el mismo día, voto papel y electrónico, junto con la enorme diáspora de candidaturas, ha aportado a la confusión de todo un sector de los votantes en favor de las múltiples listas del gobierno. En la categoría de Senador de la Capital, por ejemplo, Urtubey se consagró como ganador obteniendo un 40% más de votos que a diputados nacionales. Todo lo contrario pasó con Cambiemos y el FCPV, pero en particular con las listas del PO-FIT, dado que sacamos la mitad de los votos que obtuvimos a diputado nacional.

Para obtener ese resultado, Urtubey colocó como candidatos al periodista Adrián “Chico Malo” Valenzuela y al médico filo PRO, ex diputado nacional, Bernardo Biella. Ambos se presentaron como hombres de “afuera de la política”, al igual que Martín Grande. Urtubey explota la tendencia a la ruptura de las masas con los viejos partidos patronales. Pero, también, el bloqueo de la clase obrera para enfrentar el ajuste y superar a los partidos que lo representan, lo que ha derivado en la concentración del voto en individuos que se arrogan la lucha “contra la vieja política”. Sin embargo, la contención dentro del frente oficialista, con una política idéntica a la que repudia la población, tiene plazos cortos y será puesta a prueba rápidamente.

Urtubey ya ha comenzado a explotar su “ventaja” para avanzar con la aplicación del ajuste: al día siguiente de las Paso, y en las paritarias docentes, ofreció un aumento para el segundo semestre de un 4% en dos cuotas (en el primero el aumento fue del 16% en cuotas).

La tarea por delante

La lucha por la representación salteña en el Congreso se concentra por ahora entre los candidatos de Macri y de Urtubey. El gobernador “presidenciable” puede ser derrotado por Cambiemos si no logra disciplinar a su tropa. Por su parte, el kirchnerismo local intentará terciar en la pelea para obtener la tercera banca en juego. Sin embargo, todos ellos deberán pasar la prueba de sus contradicciones económicas y políticas.

Urtubey ha triplicado la deuda provincial, todo para financiar gastos corrientes, por lo que la crisis fiscal está apenas disimulada. La paritaria azucarera no ha sido cerrada aún. Los femicidios en aumento exponen cada vez más claramente la responsabilidad del Estado y el gobierno provincial. La crisis social en Orán y San Martín, más el abandono de las comunidades originarias, es un polvorín. Todos estos elementos ayudarán a clarificar sobre el rol y el programa de cada fuerza política ante el ajuste capitalista. La importante elección que obtuvimos en Colonia Santa Rosa y que nos coloca en la lucha por reingresar al concejo local (7%), después de la victoria de una heroica huelga municipal, es un ejemplo de esta clarificación. Algo similar sucedió en el municipio de Orán, mientras que en Rosario de Lerma y Metán hemos obtenidos buenos resultados, impulsados por nuevos contingentes del Partido Obrero en esas localidades.

Redoblaremos esfuerzos para dar el salto necesario y defender la bancada nacional de Pablo López y la senaduría de Gabriela Cerrano. Los que pretenden presentar como algo imposible ese objetivo, deben recordar que en el 2013 nuestra victoria también en principio se presentaba así. Solo debemos armarnos para esta lucha política y lanzarnos al combate.

Hay que denunciar el ajuste macrista, con el cual Grande colaborará abiertamente en caso de ser diputado nacional, y desenmascarar la impostura de los seudo opositores.

La volatilidad de una parte de nuestro voto, refleja los límites en el desarrollo de una conciencia política que se traduzca en una fuerza social organizada y actuante mayor. Defendamos los espacios conquistados en la lucha contra el ajuste y para avanzar en una salida definitiva a la crisis y el ajuste, a través de un gobierno de trabajadores.

Dos conflictos que emergieron en el inicio de este segundo cuatrimestre ilustran la situación de crisis de la UBA, a dos semanas de las elecciones de consejos directivos y centros de estudiantes.

De un lado, los docentes de la carrera de Edición que se dicta en Filosofía y Letras se movilizaron al Consejo Superior frente a una realidad desesperante: más de la mitad de sus 140 docentes trabajan sin cobrar salario, en algunos casos hace casi diez años. La crisis de la carrera, que no para de crecer en matrícula, tuvo un salto dramático en estos días: una de las principales cátedras de primer año decidió cerrar siete de trece comisiones hasta que haya una respuesta. Lejos de ser el problema de una carrera aislada, el tema de los “ad honorem” domina las grandes facultades (Económicas, Derecho, Medicina, Fadu).

Del otro lado, los 500 científicos despedidos del Conicet siguen sin que les dé una solución a sus reclamos. Ciento siete de ellos se graduaron en la UBA, pero el gobierno no garantiza los recursos para que puedan reinsertarse. De resolverse, los compañeros deberían aceptar un cargo por un salario menor al que ganaban en el Conicet (6 mil pesos menos) y sin estabilidad. El plan de achique del organismo presentado por Barañao deja sin destino en la investigación pública a las carreras sociales y humanas... -o sea, prácticamente sin destino.

Las elecciones de centros y consejos se darán en la antesala de los grandes ataques que prepara el gobierno contra la universidad para después de octubre. Algunos trascendidos hablan de un recorte de 5.000 millones para el presupuesto de 2018. En la mira están las carreras de la universidad pública, que el gobierno quiere degradar al nivel de las privadas reemplazando contenidos por trabajo precario (“prácticas pre-profesionales”). La conversión del sistema educativo, inclusive del secundario, en un proveedor de mano de obra barata es una de las llaves para imponerle al conjunto de la clase obrera una reforma laboral “a la brasileña”.

Frente al ajuste en curso y el que se viene, la universidad no ha actuado ni actuará como un cuerpo homogéneo. Este año, el rector Barbieri, que representa a la cúpula ultra-minoritaria de profesores que controla el mal llamado “co-gobierno”, arregló un presupuesto para la UBA que no contemplaba aumento alguno para los docentes ni salario para los “ad honorem”. En simultáneo, estudiantes y docentes poblábamos de clases públicas las facultades con la AGD, la Fuba y los centros combativos a la cabeza. Los decanos kirchneristas y peronistas, que conducen buena parte de las facultades, no sacaron los pies del plato y se aprestan a impulsar las reformas junto a sus pares radicales.

El termómetro de la capitulación del kirchnerismo frente al régimen universitario lo dará Sociales. Allí, mientras dos candidatos a decano se pelean por ver quién da más muestras de fe nacional y popular, todos coinciden en ir en el movimiento estudiantil -la aplastante mayoría de la facultad- detrás de la UES, la agrupación pejotista de Barbieri y Yacobitti. La Mella, que quedó afuera del acuerdo, sobreactúa sus diferencias ya que viene de compartir con esas mismas fuerzas la lista en la Ciudad (Filmus-Moreno-Hagman). En Sociales, la Mella (rebautizada “Sudestada” y van...) votaría por Postolski -el decano K actual- para “frenar a la derecha” -es decir, a sus compañeros en la Ciudad. Esta incorporación de La Mella al kirchnero-pejotismo, a pesar de ser largamente anunciada, provocó una crisis interna de magnitud.

El movimiento estudiantil tiene el desafío, en este cuadro, de defender más que nunca una federación y centros de estudiantes independientes del gobierno y las autoridades. Podemos derrotar los planes de ajuste contra la ciencia y la universidad, pero para ello necesitamos una Fuba y centros “que estén donde tienen que estar”. Esto implica superar la crisis actual de la federación, en la que uno de los componentes de su conducción fue cooptado por al PJ-kirchnerismo. Para ello, la izquierda debe lograr un salto en la universidad, valiéndose del derrumbe de las fuerzas intermedias (la famosa “avenida del medio” de los socios del ajuste macrista) que ya se verificó en las Paso.

Hagamos de las elecciones universitarias un gran pronunciamiento contra el rumbo oficial de destrucción de las conquistas obreras y populares, por una salida a la crisis nacional en los términos de la mayoría trabajadora. Y preparemos las fuerzas del movimiento estudiantil para las luchas que tenemos por delante. La UJS se jugará en esta pelea y convoca a ella a toda la izquierda, en primer lugar, a las fuerzas con las que integramos el Frente de Izquierda.

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La quiebra de la conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo), expresada por Proyecto Sociales (PS) a través de una denuncia tipo “carpetazo” contra la otra copresidencia de la UES, es el punto más alto al cual ha llegado la crisis de las autoridades de la Facultad, actualmente en guerra por el decanato.

La declaración de ruptura de PS omite lo fundamental, a saber: la denuncia sobre los 170.000 pesos (un “vuelto”) a nadie debería sorprender, siendo que la UES nunca dejó de ser la agrupación del Rectorado de Alberto Barbieri y del radical Emiliano Yacobitti en la facultad, y que hasta ayer (literalmente), pavimentaron su ascenso en la facultad. Por otra parte, no han sido precisamente los decanos kirchneristas quienes enfrentaron la política de Barbieri (ex candidato en las listas de ¡Scioli!) en la UBA sino que, muy por el contrario, son ellos mismos quienes aplican el ajuste en las siete facultades (sobre 13) que gobiernan. Lo esencial, en todo caso, es que PS hace explícito, de esta forma, su apoyo al actual decano Glenn Postolski.

Dos listas, los mismos intereses

Aunque PS quiera hacer creer ahora que sus ex compañeros de frente “le abren la puerta al Rectorado en la facultad”, lo cierto es que esa puerta ya estaba abierta desde hace rato por el propio Postolski. Fueron los kirchneristas de Sociales los que cobijaron durante años a los radicales de Ciencia Política en su lista de profesores, y su decano el que votó cada uno de los presupuestos que ahogaron a nuestra facultad. La candidatura de Carolina Mera apunta a llevar a fondo esa orientación. La facultad de los Berni y Tomada implosionó por sus propios límites y contradicciones. No estamos frente a una ruptura entre amigos/enemigos del Rectorado, sino a una pelea entre las direcciones de las diferentes carreras para ver qué sector va a capitanear una política de ajuste, contra-reformas y precarización que ninguno de los bandos cuestiona (más allá del discurso). Ambos sectores son co-responsables de la decadencia de una facultad que ofreció su “ciencia” a los pies del gobierno de turno, sin recibir a cambio más que promesas incumplidas. Es esta misma política la que explica que, afuera de la facultad, los diputados y senadores del PJ-kirchnerismo le voten a Macri los presupuestos que golpean a la ciencia y la universidad (84 leyes en total).

En este cuadro, con el kirchnerismo dividido en dos bloques que pelean por el decanato, La Mella acaba de publicar una declaración llamando a Proyecto Sociales y al Partido Obrero a conformar un frente “para defender a Sociales”, es decir, para votar la reelección de Postolski. En boca de La Mella, que viene de compartir lista con la UES (y Moreno) en “Unidad Porteña”, el llamado a la izquierda es una operación de auto-blanqueo. Los (¿ex?) chavistas de La Mella no se privaron, tampoco, de hacer lista con Mera en Ciencia Política. Ahora su objetivo, tras la ruptura del Cecso, es preparar una alianza con La Cámpora y Nuevo Encuentro, lo que dejaría en la banquina a su nuevo experimento electoral, “Sudestada”. En este punto, convocamos a la reflexión a las y los compañeros de La Dignidad y El Viejo Topo-Emergente, aún a tiempo de romper el seguidismo a una agrupación que hizo del carrerismo desenfrenado su único principio, y hoy actúa a la sombra del PJ-kirchnerismo en la Ciudad y el resto de la UBA.

Por un centro y consejeros independientes

La fractura del kirchnerismo abre una gran oportunidad para la izquierda, y una responsabilidad. La ofensiva gubernamental contra la educación y la universidad pública requieren de una respuesta a la altura de las circunstancias: una Fuba y centros de estudiantes que estén donde tienen que estar, en pie de lucha junto a los trabajadores. En la UBA, la izquierda es la única fuerza realmente independiente del régimen universitario de Barbieri y los decanos, que lucha consecuentemente por el presupuesto, la vigencia del convenio colectivo docente y la democratización del cogobierno. En Sociales, la tarea de recuperar un centro y consejeros que se planten de forma independiente a las gestiones actuales y “por venir”, no puede esperar. Por eso, desde la UJS-Partido Obrero llamamos a todas las agrupaciones de izquierda e independientes (29 de Mayo, MAS, Prisma) a converger en un gran frente de unidad y de lucha para impulsar al movimiento estudiantil de cara a los desafíos que tenemos planteados en Sociales y en el país. Ahora, en Sociales, démosle paso a la izquierda.

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Una gran movilización del Polo Obrero cruzó la Capital y también se replicó en once puntos del país contra los recortes que el gobierno nacional quería aplicar sobre los comedores populares.

Como ya ocurrió con las pensiones para discapacitados, los descuentos a jubilados o el 2x1, el gobierno probó aplicar el recorte y medir fuerzas para ver si podía imponerlo.

La respuesta del Polo hizo retroceder esta medida aún antes de que la movilización partiera de su punto de salida.

Alertados sobre la acción de lucha por las redes sociales y los comunicados públicos, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social llamaron a los compañeros de la Mesa del Polo para concretar una reunión urgente en la que se comprometieron a la restitución total de los alimentos que abastecen nuestra red de comedores y merenderos.

A la vez, se comprometieron a pagarle los ingresos por el programa Argentina Trabaja a los compañeros que han sufrido descuentos o bajas injustificadas y, en los casos que corresponda, el retroactivo desde el momento en que dejaron de cobrar.

También se acordó una solución inmediata de los compañeros que teniendo el plan AT no pueden acceder a la obra social que les corresponde.

Es una victoria de la movilización popular que impidió, ante el sólo anuncio del acampe, que le fueran arrebatados más de 70.000 kilos de alimentos a los miles de niños que concurren a nuestros comedores. El avance sobre las conquistas y el recule del gobierno ante la movilización no es novedad: se trata de un gobierno temeroso a la reacción popular y que prueba fuerzas, consciente de que tiene planteado aplicar un ajuste de mayor envergadura.

Quedan muchos reclamos pendientes, como la apertura de los programas para todos los desocupados, el trabajo genuino, el pase a planta de los precarizados y el aumento en el ingreso por los planes. Por eso se mantuvo la movilización, dirigiéndola al Ministerio de Trabajo, el que venía sin responder al reclamo de más de 300 compañeros de Construir Empleo que no cobran desde julio y otras reivindicaciones.

La movilización reunió a 5.000 compañeros en la Ciudad de Buenos Aires y se replicó en Mar del Plata, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán. Por primera vez en el último tiempo hubo una manifestación del Polo Obrero que obtuvo conquistas en Neuquén, también salimos en Tierra del Fuego, más de 1500 compañeros se movilizaron en Misiones y hubo una importante marcha en Tucumán. Párrafo aparte merece la movilización en Salta, en la ciudad de General Mosconi, una de las cunas del movimiento piquetero, en la que se acaba de refundar el Polo Obrero.

Se arrancó una reunión con el secretario de Trabajo, Miguel Ponte, quien se sorprendió por la masividad de la movilización. Se conquistó el compromiso de restitución de los programas caídos, los compañeros cobrarán a mitad de mes. También se obtuvo el compromiso de apertura de programas para jóvenes en provincias del interior.

Para culminar la jornada se votó masivamente en una asamblea general que el Polo Obrero se movilizará el próximo viernes 1° de septiembre exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de Patricia Bullrich.

Una delegación de trabajadoras de Pepsico se reunió con Cristina Fernández en la sede del Instituto Patria, para solicitarle “su apoyo para nuestra lucha”, según difundieron en un comunicado. De acuerdo con la gacetilla, al término de la reunión CFK se habría comprometido a interceder para “que los bloques del FpV apoyen la ley de expropiación de los trabajadores”.

Por su parte, las usinas de la ex presidenta dejaron trascender que, en el encuentro, se abordaron los “diferentes planes de ajuste económico aplicados en la Argentina en distintos momentos de la historia”, además del “ajuste del presente y las situación de los trabajadores que sufren por los despidos generalizados, las tarifas impagables y las crecientes dificultades para alimentar a sus familias”.

La hipocresía de Cristina Fernández deja mucha tela para cortar. Basta recordar sus furiosos ataques a la ocupación obrera de Gestamp, cuando acusó a sus trabajadores de querer “tomar el Palacio de Invierno y creen que cuanto peor mejor”, o las represiones comandadas por Sergio Berni en la Panamericana contra los trabajadores de Lear, cuando era presidenta. En aquellas ocasiones, CFK cerró filas con la burocracia de Ricardo Pignanelli (Smata), del mismo modo que el gobierno de Macri respaldó a Rodolfo Daer en el conflicto de Pepsico.

Pero la impudicia de la ex presidenta no refiere sólo al pasado, toda vez que los bloques ante los cuales se ofrece interceder apoyaron -unos más, otros menos- el centenar de leyes que viabilizaron el “ajuste del presente”.

El “apoyo” de CFK a una eventual expropiación de Pepsico es una impostura. Bajo su presidencia, perpetuó la situación precaria de las llamadas “fábricas recuperadas”, operó el rescate de los empresarios vaciadores y trabajó -a través de sus funcionarios y de la burocracia- para quebrar la organización obrera. El gobierno “nacional y popular” restó a los trabajadores de las recuperadas todo apoyo en materia de aporte de capital, garantía salarial y derechos de convenio. El kirchnerismo sancionó una ley de quiebras que refrendó este abandono por parte del Estado y circunscribió su situación a un conflicto “entre privados”. Las empresas recuperadas que no sucumbieron a la crisis y competencia capitalistas sobrevivieron como tercerizadas del capital, bajo penosas condiciones de autoexplotación de sus obreros.

Si la burguesía toleró hasta cierto punto las “gestiones obreras” como válvula transitoria al quebranto general de 2000/2001 -incluso como una chance de revalorización de ese capital quebrado- sin por ello resignar sus derechos de propiedad ante la Justicia, el veto de Macri, en diciembre de 2016, a la expropiación del Bauen fue una señal inconfundible de “fin de ciclo”. Los bloques del FpV no movieron un dedo para oponerse. Ahora, el jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, acompaña al gobierno en la postulación de Argentina para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el organismo imperialista que fija los estándares de “buenas prácticas” para el comercio mundial. ¿Acaso va a apoyar la expropiación de Pepsico?

En este punto es lícito interrogarse si para un colectivo obrero que se reivindica clasista y enfrenta una lucha en condiciones tan duras, un apoyo tramposo como el de CFK representa una ganancia o, por el contrario, introduce una confusión fenomenal. La pregunta tiene una respuesta: luego de la reunión los obreros y obreras de Pepsico no han ganado nada en su favor. El supuesto apoyo de Cristina Fernández no pasa de la mera pose, porque ella lo hace a sabiendas de que el proyecto no va a prosperar. En cambio, quien sí ganó fue la ex presidenta, que ante los ojos de la población que respalda la lucha de Pepsico, recibe por parte de sus trabajadores un certificado de ‘amistad’, siendo que durante meses de lucha ella nunca se acercó ni a la fábrica ocupada ni a la carpa montada frente al Congreso. Aunque desconocemos cómo se gestó la reunión, es evidente que los términos de la misma fueron dictados por la ex presidenta. El lugar elegido fue el Instituto Patria, su bunker electoral, y sólo con “obreras”, evitando así que se asocie a Cristina Fernández con una organización gremial opositora a los aliados históricos de la ex presidenta en el campo sindical, la burocracia que abrió paso a éste y a todos los despidos.

CFK se las arregló para promover, no un encuentro con la organización gremial interna de fábrica, sino con ‘trabajadoras’ a secas. Es la línea de campaña electoral de la ex presidenta, donde se muestra solidaria, no con los obreros en lucha y sus organizaciones, sino con personas aisladas que sufren las consecuencias del ajuste. En esos términos, la reunión no fue un episodio de la lucha de Pepsico, sino de la campaña electoral de Unidad Ciudadana.

Los compañeros y compañeras de Pepsico argumentaron que la reunión fue para pedir el apoyo al proyecto de expropiación del predio y de las instalaciones y máquinas. Sin embargo, Cristina Kirchner no ocupa banca alguna, ni en la Cámara de Diputados ni de Senadores. El pedido, entonces, podría haberse canalizado vía Héctor Recalde, el jefe de la bancada del FpV. Dicho esto, debe agregarse que el comunicado difundido por los trabajadores no establece ninguna delimitación con Cristina Fernández y su fuerza política, ni informa que en la reunión se haya desarrollado una polémica política. Esta omisión agrega a la confusión política que generó la reunión, pues borra la barrera entre quiénes son los amigos del pueblo y quiénes sus enemigos. Esta delimitación elemental es el punto de partida para cualquier desarrollo de una clase obrera con conciencia de clase. Lo contrario conduce a la desmoralización y en el extremo a la cooptación política.

Esta orientación ya se había manifestado en el debate suscitado previo a la movilización del 22 de agosto de la CGT, cuando los compañeros del PTS propusieron armar una columna común con la CTA. La propuesta ratificó el seguidismo del PTS al kirchnerismo. En los hechos, significa borrar una estrategia política independiente de la clase obrera, que en las condiciones concretas de la movilización debía plasmarse en la formación de una columna independiente de los sectores combativos y clasistas. La CTA no sólo rechazó la propuesta sino que sacó un comunicado con parte de la dirección de la CGT donde omite el reclamo del paro general.

La reunión con CFK continúa esta línea política y constituye un golpe a la campaña del Frente de Izquierda, apenas 60 días antes de las elecciones generales de octubre. La agenda de reuniones, promovida por el PTS, continuará nada menos que con Sergio Massa, el candidato de la baja de la edad de imputabilidad y la militarización de las villas. Massa se arrastró con Macri en Davos y votó a pie juntillas el pacto con los fondos buitre. Corriendo detrás de estos “apoyos”, el PTS está golpeando la campaña de diferenciación que el FIT y las fuerzas combativas de la clase obrera que se referencian en él debemos encarar hacia octubre. La lectura del PTS acerca de que hubo “dos tercios de los votos contra el ajuste” conduce a esta política criminal.

Solamente un curso de lucha independiente y sin compromisos con los agentes políticos y sindicales del ajuste abrirá una salida para Pepsico y para todas las luchas obreras y populares.

El anuncio de una ajustadísima victoria del kirchnerismo en Buenos Aires era previsible, ello después de la alevosa manipulación del gobierno en las horas posteriores al comicio. Pero Cristina Kirchner se servirá de estos resultados definitivos para relanzar su campaña con un viraje: según informan los diarios, la “segunda fase” será de la mano de los intendentes pejotistas, con quienes ha venido reuniéndose en los últimos días. La campaña “ciudadana” ha mostrado sus límites, y CFK está obligada a sincerar lo que siempre estuvo presente -a saber, que el armado de su frente político reposaba en el viejo aparato del PJ bonaerense, el mismo que viene pactando con Vidal el ajuste en los municipios. El apartamiento de la sigla partidaria en la provincia fue un episodio excepcional, ya que CFK no podía admitir que su caudillaje personal fuera desafiado en unas Paso. Pero en Capital, Santa Fe o Mendoza, el cristinismo participó desde el vamos en los armados pejotistas.

Senado

Junto con el acercamiento a los intendentes, ha comenzado a debatirse el rol de CFK en el futuro Senado: sus laderos en la Cámara alta, como el neuquino Fuentes, reclaman para Cristina la jefatura del futuro bloque del FpV. Con ello ratifica lo que habían anticipado otros voceros kirchneristas -la integración de CFK al bloque de senadores que ha sido, en este año y medio, un respaldo crucial para la aprobación de las leyes macristas. Sin embargo, los números no le son favorables para ese liderazgo: según La Nación, los senadores “no cristinistas” del FpV sumarían 25, frente a unos diez que seguirían a la ex Presidenta. La “unidad” que pregona la señora Kirchner, en este caso, la dejaría subordinada a los Pichetto. La cuestión del futuro Senado se cruza con otro punto estratégico del régimen que tendrá lugar después de octubre: el gobierno prepara una reforma fiscal cuyo eje es liberar de cargas impositivas al capital, en particular, de aquellas que dependen de los tesoros provinciales. Ello deberá compensarse con un mayor ajuste en los distritos, por un lado, y nuevos impuestos sobre el consumo, del otro. El gobierno está condicionando nuevas autorizaciones de deuda a las provincias a un nuevo pacto de “responsabilidad fiscal”, que ate a los gobernadores -y a sus representantes en el Senado- a esta nueva vuelta de tuerca contra los explotados. En el mismo paquete de negociación aparecerán aspectos de las reformas laboral y jubilatoria, con el otro actor de la crisis del peronismo que es la burocracia sindical, cuyos lazos son comunes al kirchnerismo y al resto del PJ. O sea que mientras CFK acentúa su demagogia antiaujuste, debate su rol con los mismos senadores pejotistas que conforman el núcleo de la actual -y futura- coalición del ajuste.

¿Polarización?

El resultado electoral ajustado ha servido también para reforzar una tentativa de polarización electoral, que -por ahora- celebran los dos bandos en pugna. El kirchnerismo piensa que esa polarización lo dejaría en un lugar privilegiado dentro de la disputa al interior del peronismo, ello, en medio de las derrotas de numerosos caciques históricos del pejotismo. El gobierno, por su parte, confía en que la polarización volcaría a su favor a una parte decisiva de los votos del massismo, lo que permitiría doblegar al kirchnerismo en octubre. Una derrota de los K en esos términos prepararía las condiciones para una capitulación más amplia de los “nacionales y populares” en la nueva fase del ajuste, en nombre de que “las condiciones no dan”.

La polarización, sin embargo, es sólo una de las variantes del escenario electoral. La pugna de los dos bandos, en el curso mismo de la campaña, puede tener consecuencias explosivas para ambos, en términos de choques y de disgregación política.

Por lo pronto, tenemos la crisis desatada en torno de la desaparición de Santiago Maldonado, que pone en la picota al esquema represivo armado por Macri-Bullrich. Desde el vamos, el gobierno se encontró, por un lado, con la descomposición de los aparatos tradicionales de represión -la Federal, la Bonaerense- y por el otro, con la necesidad de contar con dispositivos represivos para emprender el ajuste. Para afrontar esa contradicción, colocó a la Gendarmería como el eje del nuevo andamiaje represivo, acentuando de ese modo el lugar que había comenzado a jugar bajo Berni-Garré-Kirchner. Pero la detención-desaparición de Maldonado coloca en la picota a esa fuerza represiva. Y de un modo general, a la orientación de reinstalación de los represores que se puso de manifiesto con el decreto de autonomía de las Fuerzas Armadas de mediados del año pasado, con el 2x1, los desalojos violentos de fábricas ocupadas y otras medidas similares. Por la falta de respuestas en el caso de Maldonado, el debut de la campaña oficial podría coincidir con una crisis de gabinete. En esa línea, unimos al reclamo por la aparición con vida de Santiago el planteo de “fuera Patricia Bullrich”, responsable y encubridora de los represores.

Del lado del kirchnerismo, la campaña estará recorrida por una escalada de causas judiciales contra Cristina y su gabinete, comenzando por Julio De Vido. El juicio de Once tendrá lugar en estas semanas y volverá a colocar en la picota al entramado de negocios que tuvo como telón de fondo al vaciamiento ferroviario, a costa de los usuarios y de la precarización de sus trabajadores. El kirchnerismo, comprometido hasta la médula en esta hipoteca de muertes, sólo podrá mirar para otro lado ante esta ofensiva judicial. Es necesario que intervengamos con una política de movilización, en reclamo por el juicio y castigo a los responsables políticos que incluyen a De Vido especialmente, y destacando los múltiples vínculos que unen al régimen de corrupción y negociados que encarna aquél con los socios del macrismo, como Calcaterra y otros. El gobierno está dividido frente a la escalada judicial contra los K: los que vacilan en ir a fondo contra Cristina apuestan, por un lado, a infringirle primero una derrota electoral. Pero temen que una revulsión profunda de los chanchullos del gobierno anterior termine echando tierra -como de hecho ya ocurre- sobre el macrismo. El periodista Alconada Mon reveló que los mismos trianguladores financieros que pagaban en Brasil las coimas al clan de Vido alimentaban los giros de Gustavo Arribas, el actual jefe de espías del gobierno Cambiemos. Como se ve, la campaña electoral no será un paseo, comenzando por aquellos que pretenden monopolizarla.

El lugar del Frente de Izquierda

El escenario que aquí presentamos destaca la enorme responsabilidad política del Frente de Izquierda y de los términos de su campaña. La campaña electoral es una lucha política viva, las cosas no están preestablecidas ni congeladas en el resultado de las Paso. La tentativa de polarización debe ser enfrentada con una política de delimitación y desenmascaramiento de los bloques capitalistas en pugna. Pero muy especialmente del kirchnerismo, que se presenta ante el electorado popular como “la única opción efectiva contra el ajuste”. No se trata solamente de las conquistas parlamentarias que pretendemos defender y acrecentar, y que se pondrán en juego en estos dos meses. Se trata también del lugar que deberá jugar la izquierda y la parte más avanzada del activismo obrero en el período político que tendrá lugar después de octubre. La pretensión de llevar ese voto al kirchnerismo no sólo conduciría a una desmoralización política de los luchadores, como resultado de las propias elecciones o del curso posterior. Es, además, una operación política dirigida a borrar el intenso proceso de delimitación y lucha que tuvo lugar bajo los gobiernos kirchneristas, y que fue el escenario de conquistas de sindicatos, comisiones internas, organizaciones estudiantiles y territoriales. El origen y desarrollo del Frente de Izquierda es inseparable de ese proceso, que tuvo su momento culminante en la lucha por llevar a la cárcel a los asesinos de Mariano Ferreyra.

Esa lucha debe ponerse a prueba en esta segunda fase de la campaña electoral. La delimitación de los ajustadores macristas, del kirchnerismo y de las demás variantes capitalistas debe tener lugar en la confrontación con los grandes problemas de las masas: la reforma laboral que se prepara, los ataques jubilatorios, la tentativa de degradar la escuela secundaria, la corrupción estatal que envuelve por igual a los De Vido-Kirchner como a los Calcaterra-Macri; la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, frente a la cual no hay “grieta” entre Carrió-Bullrich y CFK. Es necesario explicar, en todos y cada uno de los puntos de la agenda popular, que sólo el voto al Frente de Izquierda le abre una perspectiva a esas reivindicaciones cruciales. Sobre esa base, tenemos que convocar a todos los votantes de quienes no pasaron las Paso -la mayoría de izquierda o centroizquierda- y también a quienes votaron por las candidaturas principales a que reexaminen su voto. La asunción de estas bases políticas de campaña, por parte del FIT, debe reforzar una política de frente único en todos los planos -spots comunes, actos y recorridas comunes en los distritos. En particular, resaltamos la importancia de convocar a un congreso o plenario del movimiento obrero y la izquierda, para discutir un programa y un curso de acción frente al ajuste que ya se viene aplicando y el paquete de medidas que se prepara y comprometer, asimismo, al activismo obrero y al clasismo en la lucha electoral. El kirchnerismo no puede ni debe infisionar los sindicatos e internas recuperadas -su “lugar sindical” es el de la burocracia que sostiene, en sus diferentes matices, un acuerdo estratégico con el gobierno del ajuste. Dirijámonos a todo el pueblo a explicar que “al ajuste, le hacemos frente con la izquierda y los trabajadores”.

Foto: Sebastián Baracco

A medida que pasan las horas, el círculo de las responsabilidades por la desaparición forzada de Santiago Maldonado se cierra inexorablemente sobre la Gendarmería, la fuerza que Patricia Bullrich dirigió al sur para aplacar los reclamos de la comunidad mapuche. El gobierno creyó que lograría disipar o al menos postergar esta crisis después de los incidentes y de la brutal represión desatada al término de la gigantesca marcha del viernes pasado. Pero el alivio le duró poco: el mismo lunes se derrumbó la versión oficial que daba a Maldonado herido o muerto en el asalto a un puesto de Benetton. Poco después, uno de los miembros de la comunidad mapuche que soportó aquella represión se presentó a la Justicia y dio testimonio de cómo vio detener y apalear a Santiago. Pudo superar el temor a declarar a partir del “gran acompañamiento del pueblo” a esta causa; de ese modo, dio cuenta del papel de la movilización popular para tirar abajo el encubrimiento.

Luego, el ministro de Gobierno de Chubut se encargó de derrumbar otro de los mitos oficiales -la presencia “sólo circunstancial” de Pablo Nocetti, el jefe de Gabinete de Bullrich, en el sur, en los días de aquella represión. El funcionario provincial, por el contrario, señaló que Nocetti mismo ordenó el operativo. La propia Gendarmería, que no quiere cargar sola el fardo de la crisis, refrendó la versión. Finalmente, llegó a la Justicia un reporte ‘oficioso’ de la Policía Federal, indicando con pelos y señales las circunstancias de la detención y, según el informe, un apaleamiento mortal a Maldonado por parte de la Gendarmería. Tirando de este caso, aflora una crisis política y una guerra al interior de los aparatos de represión del Estado y del propio gobierno. Los federales y sus agentes han encontrado la oportunidad para un ajuste de cuentas con la Gendarmería, la fuerza que los desplazó de la llamada ‘seguridad interior’ y del ‘control’ del narcotráfico. Del lado del gobierno, el ministro ‘político’ Frigerio sería favorable a una echada de lastre, que incluya el apartamiento -o al menos una bajada de perfil- de la represora Bullrich. A partir de estas revelaciones, un fiscal ha decidido investigar al Gabinete por posible encubrimiento. La crisis política está llevando a los represores al banquillo.

Crisis de Estado

La línea de un “sinceramiento” apuntaría a volcar las culpas en los “excesos” de algunos gendarmes -o sea, una maniobra para rescatar de la crisis al gobierno que ordenó la represión y montó durante treinta días un enorme operativo de encubrimiento. Dos periodistas del diario Clarín, que se han sumado a la echada de lastre, revelan esta operación. El editorialista Van der Kooy señala que el juez Otranto allanó los cuarteles de Gendarmería recién “diez días después de sucedido el incidente”, otorgando un tiempo precioso a los represores para limpiar sus huellas y, naturalmente, cerrar un pacto de silencio en torno de los hechos, lo que se hubiera dificultado con una intervención judicial inmediata. Otro periodista, Santiago Fioriti, pone de manifiesto el silencio con el cual los grandes medios buscaron aplacar la causa, supuestamente, porque “carecía de interés popular”. Pero las propias encuestas oficiales terminaron de derrumbar esa pretensión, porque la mitad de los que conocen el caso consideran al gobierno como encubridor. Aunque Macri presente ahora cualquier revelación como “prueba de que no ocultamos nada”, es claro que a ese desenlace se llegaría como resultado de una derrota del ocultamiento oficial. Es decir, de las versiones falsas, de las mentiras de Bullrich y de la mora de la Justicia. Concientes de ello, Bullrich y los suyos siguen blindando por ahora a la Gendarmería, lo que va a seguir echando nafta al fuego de la inquietud popular.

Entre agosto y octubre

La crisis de Maldonado ha derrumbado la pretensión de que entre las Paso y las elecciones generales no ocurriría otra cosa que una nueva campaña electoral. Esa campaña, que tendrá lugar, estará surcada por la crisis que ha desatado el caso de Maldonado. Por lo pronto, los candidatos oficiales, como Carrió o Bullrich, han ingresado a la condición de “desaparecidos políticos”, ello, si se exceptúan algunos tuits de Carrió que emulan las infamias de Aníbal Fernández cuando desapareció Jorge Julio López. Lo mismo ocurre con Martín Lousteau, cuya oposición alcanza para criticar la política municipal de Larreta (que sus legisladores suscriben), pero no para denunciar a un Estado y a unas fuerzas de represión a las cuales les tramitó la compra de armas desde su embajada en Washington.

El kirchnerismo ha salido a golpear al gobierno por el caso Maldonado, lo que los macristas denuncian por “aprovechamiento político”. Pero un debate a fondo sobre la cuestión, y es claro que la izquierda debe promoverlo, conduce a las responsabilidades de los “nac & pop”, que introdujeron a la Gendarmería en la represión interior. Ese debut tuvo lugar bajo Nilda Garré y Berni, en la acción de espionaje -“Proyecto X”- y represión directa a los movimientos populares, como ocurriera reiteradamente en la Panamericana. Cristina Kirchner ha justificado su maridaje con la Gendarmería señalando que “todo depende de la orientación política con que se dirija la fuerza”. Sin decirlo, está reivindicando aquellas represiones, que se ordenaron bajo la envoltura de la “seguridad democrática”.

El kirchnerismo también fue partícipe del proceso social que opera como telón de fondo de esta crisis: un acaparamiento capitalista de tierras que involucra a los Benetton y a los monopolios petroleros y mineros. El fracking tuvo su debut en los pactos secretos del kirchnerismo con Chevron, al igual que los beneficios leoninos a la minería. El caso Maldonado interpela, en definitiva, a todos los bloques políticos del capital.

Intervenir

El gobierno denuncia el “aprovechamiento electoral” de la oposición que se moviliza por Maldonado. No hay peor maniobra electoral, sin embargo, que la de quienes encubren la detención forzada para salvar un resultado en las urnas. El caso Maldonado ha desatado una crisis de Estado, pero sus premisas ya estaban presentes antes de la represión en el sur: la fractura del aparato estatal, que se traduce en una guerra entre las fuerzas de ‘seguridad’ y en las contradicciones sociales monumentales que resultan del copamiento de la Patagonia por parte del capital internacional. Más de conjunto, vuelven a plantearse los choques y rebeliones populares que tienen y tendrán lugar a partir de la pretensión de una salida ajustadora a la crisis nacional. Estos límites ya se habían puesto de manifiesto cuando se quiso poner en marcha el beneficio carcelario del 2x1 a los represores, algo que también reventó la intervención popular y obligó al gobierno a un recule apresurado en el Congreso. La crisis actual es una bofetada a todos los que auguraron una “larga noche bajo el macrismo” con el único objetivo de no luchar contra él -ello, comenzando por la burocracia de los sindicatos, lo que incluye a la que comulga o va en las listas de la Unidad Ciudadana. Por eso mismo, hay que enlazar la lucha por Maldonado con toda la agenda obrera y popular que está planteada. Una intensa campaña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores por este motivo debe enlazarse con la lucha contra la reforma laboral; la reforma educativa precarizadora de la enseñanza media, que ya ha desatado una ola de tomas y movilizaciones masivas en los secundarios porteños; por las reivindicaciones de la mujer, que enfrentan a los opresores clericales y políticos de sus reclamos. Sigamos ganando la calle por la Aparición con vida de Maldonado, Fuera Bullrich y todos los encubridores; juicio penal y político a los responsables materiales y políticos de la detención forzada. Los que levantaron el dedo acusador contra el movimiento popular están hoy en el banquillo. Desarrollemos la crisis para abrirle paso a una salida de los trabajadores.

En artículo publicado en Clarín el pasado domingo 3 refleja claramente el compromiso oficial con el encubrimiento de Gendarmería.

Según recoge el periodista entre fuentes provenientes del gobierno, se trata de una decisión “político-estratégica”. La razón es formulada de manera elocuente: “Los gendarmes que participaron del operativo en la ruta 40 lo hicieron cumpliendo una orden para desalojar una protesta” (Clarín, 3/9). “No vamos a entregar a ningún efectivo así porque sí”, advierten los funcionarios.

Lo que se concluye es que el gobierno que acusa a la oposición de “politizar” la desaparición de Maldonado es responsable de haber colocado la defensa de la Gendarmería, por encima de cualquier evidencia, como una cuestión estratégica.

Con esto se ha comprometido hasta el tuétano. En la primera línea se encuentra la ministra Patricia Bullrich. Su jefe de Gabinete, virtual viceministro, supervisó personalmente el desplazamiento de tropas para desalojar a los mapuche. La ministra ya tomó nota de que el asunto puede costarle el cargo.

Con este objetivo, el gobierno puso en marcha, a todo vapor, el accionar de provocadores a sueldo y servicios de inteligencia, como se vio en postrimerías de la marcha del viernes. Sus alcahuetes mediáticos acataron la orden de instalar un “clima de violencia” para extorsionar al electorado con vistas a octubre. La ofensiva reaccionaria se complementa con la censura a los docentes y alumnos, objetivo de una avanzada que busca ahogar el reclamo en las escuelas, y con el despliegue de los trolls en las redes sociales.

El alcance “político-estratégico” que el gobierno asigna a este operativo encubridor se vincula, obviamente, con una escalada represiva que incluye la habilitación, por ley, de la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior. Ha pasado, de los dichos de Lopérfido y Gómez Centurión, a los hechos.

La “cuestión indígena” ocupa un lugar destacado en esa agenda represiva. No se restringe a la Patagonia, donde la presencia de Gendarmería y el merodeo de los servicios de inteligencia se han vuelto cotidianos. Hace una semana, Urtubey celebraba en un acto con la Sociedad Rural salteña “el fin de los obstáculos al desarrollo”, en referencia al levantamiento de la suspensión de los desalojos campesinos.

Del “protocolo antipiquetes” a los desalojos de AGR y Pepsico, de la represión de los cortes del paro del 6 de abril al fallo del 2x1 y el decreto de autogobierno de las fuerzas armadas, derrotemos esta ofensiva reaccionaria mediante la deliberación en lugares de trabajo y estudio y una mayor organización y movilización políticas.

Los trabajadores del turno tarde de la ex Cresta Roja decidieron el martes la ocupación de la planta en reclamo del pago de las indemnizaciones.

El grupo Proteínsa -integrado por Ovoprot, Laclau y Tanacorsa- se había hecho cargo de la operación de la quebrada Cresta Roja sin pagar un peso, simplemente comprometiéndose a mantener la producción y a abonar las indemnizaciones.

Los plazos de cobro se han vencido una y mil veces y las promesas de la empresa ya no las cree nadie. Los trabajadores vuelven a realizar medidas de fuerza luego de haber conquistado la reincorporación de los despedidos el mes pasado a través de asambleas, paro y piquetes.

El conflicto de Cresta Roja pone otra vez en escena la situación crítica del STIA; al cierre de Pepsico siguió el cierre de Dulcypas; los delegados de Felfort, Mondelez y Arcor tienen proceso de desafuero; Lipo estuvo parada varios días contra los despidos, y la lista puede seguir.

El gremio es responsable de dar respuesta, por los cierres y despidos, por las indemnizaciones, por los desafueros. ¿Alguien tiene duda de que estamos ante un ataque general?

Cada día es más necesario ponerle un freno a las patronales con un paro general de la Alimentación.

¡Viva la ocupación de Cresta Roja!

La conmoción generada por los atentados en Barcelona y Cambrils dejó por unos días en segundo plano la pelea entre el gobierno español y el gobierno catalán por la realización del referéndum independentista en Cataluña convocado para el 1° de octubre. Pero la herida se reabrió rápidamente y la Generalitat (gobierno catalán) insiste en que se vote a pesar de las amenazas de Madrid.

Independentismo

El nacionalismo catalán, de larga data, resurgió con la crisis mundial y fundamentalmente con la bancarrota económica de España. La burguesía catalana salió a reclamar un mejor reparto de la torta fiscal y lo hizo aprovechando un contexto de movilizaciones masivas. Pero aunque desde 2012 la Generalitat viene cacareando con la separación de España, realizando marchas, consultas y demás, el proceso sigue un paso de tortuga.

Lo que sí avanzó a saltos es el ajuste contra el pueblo trabajador. Un estudio publicado por la Universidad Pompeu Fabra indica que el desempleo en Cataluña ronda en torno al 13% y entre los jóvenes llega a las tasas más altas de la UE junto con el resto de España, Grecia e Italia. Otros indicadores de deterioro del mercado de trabajo, como el nivel de precariedad, también se encuentran entre los más altos de la UE. De particular importancia ha sido el descenso salarial, que ha sido muy marcado entre los trabajadores con salarios bajos. Si en 2008 el 10% peor pago de la fuerza laboral percibía salarios por debajo de los 9.221 euros brutos anuales, en 2016 este 10% percibía salarios por debajo de los 7.841 euros brutos anuales (¡un descenso del 15%!).

Además, los recortes del gasto público fueron sustanciales. El gasto en educación se redujo un 17%, el gasto sanitario y de protección social un 14% y el de vivienda ¡60%! Acompañando estos recortes, hubo una privatización masiva de la gestión de los servicios públicos así como una externalización de tales servicios al sector privado. El ex-presidente de la Generalitat Artur Mas, resumía este programa antiobrero con el slogan “la austeridad nos hará fuertes”. Cabe destacar que el último eslabón en la cadena de precarización laboral, o sea quienes más vienen sufriendo el ajuste, son las comunidades de migrantes, entre las cuales los marroquíes son los más numerosos.

Junts pel Si, la actual coalición de gobierno, amalgama un amplio espectro de partidos que van desde los centro derechistas de Convergencia Democrática, en el gobierno desde hace más de dos décadas, hasta los izquierdistas de Esquerra Republicana. La realización del referéndum ha sido la prenda de la unidad bajo cuyo paraguas están cobijados incluso los anticapitalistas de la CUP, quienes aunque no formaron parte de Juts pel Si, permitieron formar gobierno y hasta firmaron un pacto de gobernabilidad. Finalmente después de varias dilaciones la fecha de la consulta fue establecida para este 1° de octubre.

Roces y confluencias

Ante el anuncio del referéndum el gobierno central puso el grito en el cielo. La secesión catalana significaría la bancarrota de una economía española endeudada por encima del 100% de su PBI, siendo que Cataluña aporta casi un 20% del producto bruto de toda España. Rajoy, desde el primer momento buscó mostrarse intransigente en la prohibición del referendum y desplegó una ofensiva legal y política enjuiciando a varios funcionarios de la Generalitat y amenazando con sanciones económicas. Pero también buscó descomprimir dejando entrever que aceptaría concederle a Cataluña un régimen tributario como el de Navarra o el País Vasco, es decir con potestad para mantener, establecer y regular sus impuestos.

Ante los atentados, ambas facciones buscaron aprovecharlos en su favor. Por el lado del gobierno central se insistió en la necesidad de la unidad con el sambenito de la lucha contra el terrorismo. La Generalitat por su parte exaltó “los valores del pueblo catalán” y consideró su respuesta a los atentados como “digna de un gobierno autónomo”. Diez días después de los atentados y faltando un mes para el 1° de octubre, tanto el presidente español como el presidente de la Generalitat, Puigdemont, abandonaron los circunloquios y volvieron a la carga: Rajoy llamó a suspender el referéndum, Puigdemont reiteró que su realización no tiene marcha atrás.

Pero, cca pesar de que muchos analistas se refieren a la confrontación entre Cataluña y Madrid como un “choque de trenes”, la enorme mayoría considera que la independencia catalana no será posible. La falta total de apoyo internacional (ni la UE ni la ONU, ni Estados Unidos avalan el proceso independentista) y el pulgar abajo de una parte importante de la burguesía y el capital financiero de Cataluña que temen por los costos que acarrearían posibles represalias por una ruptura, condicionan y obstaculizan el proceso separatista.

Además, existen entre los dos gobiernos coincidencias fundamentales. En la última movilización contra los atentados que se realizó en Barcelona, el Rey y Rajoy fueron fuertemente cuestionados (y abucheados) por la intervención española en la guerra y los negocios de armas con Arabia Saudita (reconocidos patrocinadores del terrorismo). Desde el govern no se hicieron eco de esta crítica y desalentaron como pudieron las expresiones de repudio, después de todo en materia de política internacional no existen diferencias mayores con el gobierno central: los líderes del proceso independentista lo último que quieren es salirse de la Otan o de la UE. Semanas antes del atentado había tenido lugar una huelga de controladores aéreos en el Aeropuerto del Prat, que reclamaban contra la rebaja de salarios y el recorte de personal (¡ahora se sabe que el recorte de personal de control aeroportuario se hizo con nivel de alerta 4 por posibles ataques terroristas!), pero un operativo conjunto de la policía catalana y la Guardia Civil española desactivó la huelga. El sabotaje de las luchas obreras y la imposición del ajuste está por encima de las rencillas soberanistas.

En España está planteado un problema de poder que combina una profunda crisis de régimen político (es importante recordar que casi todo el año pasado transcurrió sin que pudiera formarse gobierno) con un principio de fisura estatal. El PSOE, Podemos y otros partidos opositores coquetean con la idea de una reforma constitucional para pasar del estado autonómico a un estado de naciones. Se realice o no el plebiscito estas tensiones de fondo seguirán operando. La crisis capitalista y la tendencia a la desintegración de la Unión Europea son las fuerzas centrífugas que apuntalan todo el proceso.

Perspectiva

La cuestión nacional no puede ser disociada de los intereses sociales en pugna y la lucha de clases. Trotsky estudió el problema del nacionalismo catalán e instó al POUM a no diluirse tras la perspectiva chouvinista de la gran y pequeñoburguesía catalana. “¿Qué significado tiene el programa del separatismo? La desmembración política y económica de España, o, dicho de otro modo, la transformación de la península Ibérica en una especie de península Balcánica, con estados independientes, barreras aduaneras, con ejércitos independientes y con guerras hispánicas " independientes"... Los obreros y los campesinos de las diferentes partes de España, ¿están interesados en el desmembramiento económico del país? De ninguna manera. Precisamente por esto, es nefasto identificar la decisiva lucha por el derecho a la autodeterminación, con la propaganda separatista. Nuestro programa es la Federación Hispánica, con el elemento indispensable de unidad económica. No tenemos intención de imponer este programa a las nacionalidades oprimidas de la península con la ayuda de las armas burguesas. En este sentido, estamos sinceramente por el derecho a la autodeterminación” (La cuestión nacional en Cataluña, L. Trotsky, 1931).

Cataluña fue una de las primeras regiones europeas en industrializarse y su poderosa clase obrera, vanguardia en la revolución española, tiene un legado heroico. La tarea de la izquierda ante la crisis entre Madrid y la Generalitat es denunciar el carácter antiobrero de ambas facciones y movilizar contra el ajuste impuesto por ambos gobiernos, para que la crisis la paguen los capitalistas. Una real autodeterminación nacional catalana sólo será posible con un gobierno de trabajadores en el marco de una Federación Socialista de los Pueblos Ibéricos.

La izquierda anticapitalista de Cataluña, la CUP, tiene una fuerte impronta nacionalista -lo cual, dicho sea de paso, es una demostración de que la vocinglería anticapitalista no es sinónimo de socialismo y tampoco de gobierno obrero y dictadura proletaria. El nacionalismo anticapitalista se encuentra ahora, no a la rastra de la “hoja de ruta separatista” de Junts pel Si (Juntos por el Sí), sino a la cabeza. La CUP no integra la coalición de gobierno, aunque tiene una división interna sobre el punto, simplemente debido al brutal ataque antiobrero que lleva adelante la Generalitat, en particular a partir de la bancarrota internacional, desde 2007. No obstante esto, le dio los votos e incluso firmó un pacto de gobernabilidad “para garantizar el referéndum” y no interferir con la convocatoria prometida por el primer ministro Puigdemont y la Esquerra Republicana, de Junqueras. Con el pretexto de “allanar el camino al referéndum”, dieron al gobierno, a fines de marzo pasado, los votos que necesitaba para la aprobación del presupuesto de ajuste (“carente de contenido social”, en el léxico cupista). El nacionalismo catalán tiene un contenido histórico reaccionario, pues apunta a la balcanización de la clase obrera de las distintas nacionalidades y autonomías del Estado (monárquico) español. Es una tentativa de salir de la bancarrota capitalista mediante un poder estatal capaz de una guerra de clase integral contra los derechos de los trabajadores -que es lo que ha venido haciendo. Es una maniobra de distracción que busca atenuar la pérdida de autoridad de la burguesía catalana frente a las masas y la juventud. La IV Internacional defiende el derecho a la autodeterminación nacional, o sea a la decisión democrática del pueblo acerca de sus destinos nacionales, pero aboga por una República Socialista de España y la península Ibérica.

La ‘esquerra’ anticapitalista de Argentina

La filial catalana de Izquierda Socialista, “En Lluita”, integró la CUP durante años, en condición de tendencia, que se disolvió a finales del año pasado, cuando arreciaba la presión hacia la CUP para que se integre al gobierno catalán.

El PTS, por su lado, con la misma lógica teórica que plantea la CUP, caracteriza al referéndum convocado para el 1° de octubre, para sancionar la separación, como el final del “régimen del 78” (el pacto que sanciona la transición monárquica constitucional del franquismo) -o sea como un paso progresista que abriría paso incluso al tratamiento de los “problemas sociales”. El planteo no solamente es acertado sino además premonitorio, porque el partido de gobierno de la burguesía de Cataluña ya ha anunciado que el paso siguiente a la separación estatal será ir más a fondo aún contra los derechos de los trabajadores. La Cataluña independiente y socialmente ajustadora ya tiene pedido de reconocimiento internacional en la Unión Europea -el comité de guerra de la burguesía imperialista que acompaña el FMI. Cataluña superaría “el régimen del 78” por el “régimen de la Troika” -una curiosidad como alternativa ‘anticapitalista’. Al igual que la CUP, el PTS insta a la movilización de las masas contra las amenazas de intervención política, policial y aún militar de Rajoy contra la independencia de Cataluña (una posición excelente), pero siempre bajo el programa del separatismo. Es cierto que una Cataluña independiente se despojaría en forma residual de la monarquía, pero es más cierto aún que la lucha por la República debe servir a todo el proletariado del Estado español -unido como clase, para acabar con la monarquía por completo en el marco de una revolución socialista.

El referendo nacionalista del gobierno catalán y sus socios adolece de un defecto decisivo en materia democrática. Plantea “el derecho a decidir” por Sí o No la separación, pero no lo hace en cuanto a la forma política que adoptaría el nuevo Estado independiente. Esa decisión la ha reservado al Parlamento e incluso ha elaborado el texto relativo a la nueva estructura política. Ni convoca a un nuevo referendo sobre este asunto decisivo ni tampoco a una Asamblea Constituyente soberana.

Al PTS no se le ha ocurrido (¿podría haber sido de otro modo?) que la “caída del reaccionario régimen del 78” pueda dar lugar a un nuevo régimen reaccionario, puesto que balcaniza a la única clase potencialmente revolucionaria del espacio español. Los mismos que rechazan, por ejemplo, una ruptura de Grecia con la UE, la cual podría ser caracterizada también como “una ruptura del régimen imperialista de la burguesía europea”, adhieren con gusto a una balcanización estatal en la época de la decadencia imperialista. Hay otras fuerzas preocupadas por el agotamiento del “régimen del 78”, como el PSOE o incluso Podemos (que está dividido en cuanto a la separación), que proponen una reforma constitucional que refuerce las autonomías estatales en el marco de la monarquía y al mismo tiempo interesadas en una balcanización de la clase obrera y sus organizaciones. El punto de vista de los ‘anticapitalistas’ que integran el FIT con el Partido Obrero, los obligaría a formar tantos PTSs y tantas ISs como Estados que se escindan. A cien años de la Revolución de Octubre no han entendido que el partido históricamente más consecuente con la autodeterminación nacional, el bolchevique, construyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. La lucha contra el Estado español no debe hacerse bajo la consigna de la separación sino de la revolución permanente. Por una Federación Socialista Ibérica y por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

Organizada por los diputados del Partido Obrero-Frente de Izquierda se realizó una vibrante audiencia pública por el caso del naufragio de la embarcación pesquera “Repunte”, hundida hace casi tres meses en las cercanías de las costas de Rawson, dejando dos trabajadores sobrevivientes, tres fallecidos y siete desaparecidos.

De ella participaron treinta familiares de Mar del Plata y Chubut, quienes testimoniaron su enorme lucha y en su reclamo impugnaron todo un régimen político y social que les da la espalda: el mismo que llevó a este crimen laboral. En la audiencia participaron los diputados Pablo López, del PO-FIT; Fernanda Raverta, del FpV, y Araceli González, del Evita. Fueron parte también Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Alejandro Martínez, dirigente del PO marplatense y protagonista junto a los familiares de sus movilizaciones y luchas. Estuvieron también un concejal del FpV de Mar del Plata, trabajadores pesqueros de una agrupación del Somu de Buenos Aires, trabajadores nucleados en el Sindicato Argentino de Obreros Navales (Saon) y ATE Ensenada.

Luego de la introducción de Pablo López, que realizó un resumen de los dos pedidos de informes elaborados por la banca del PO-FIT (estado estructural del “Repunte” y actuación de la Prefectura en las tareas de rescate de las víctimas), la audiencia abrió con una carta redactada por la comisión de familiares dando cuenta de la forma en que realizan las tareas los trabajadores pesqueros y el conjunto de las acciones que están llevando adelante por la búsqueda de justicia. La exigencia de una declaración de emergencia de seguridad en la pesca, presentada en la Banca 25 del Concejo Deliberante de Mar del Plata y las recorridas por los medios periodísticos por parte de la comisión de familiares formaron parte de las iniciativas previas a la audiencia.

Los dirigentes del Partido Obrero develaron la cadena de encubrimiento del conjunto de los estamentos del Estado en este crimen social. Los 42 hundimientos y las 86 muertes de obreros pesqueros desde el año 2000 forman parte de las “1.200 muertes por accidentes de trabajo que se producen cada año en la Argentina”, denunció Pitrola. “Lo anterior tiene que ver con un régimen de impunidad patronal basado en las ART de la Muerte, que se profundizó con la ley de Cristina Kirchner impidiendo la doble vía, y que se agravó aún más con la ley de ART que impulsó Macri este año, y fue votada por los distintos bloques en el Congreso”.

También se denunció al poder político marplatense, con el intendente Carlos Arroyo a la cabeza, cuando él mismo aseguró que los trabajadores portuarios “no formaban parte de la jurisdicción municipal”. Se puso de relieve de esta forma "el lugar estratégico que ocupa la lucha de los familiares del 'Repunte' en la escena política nacional: llevar a fondo la exigencia de justicia tiene que ver también con derrotar el andamiaje estatal planteado para llevar a fondo la reforma laboral ‘a la brasileña’ que tiene en carpeta el gobierno nacional y la oposición”, marcó Jorge Altamira.

La diputada Raverta destacó el rol de las mujeres en esta lucha de los familiares, lo cual es rigurosamente cierto, pero no pudo explicar por qué siendo ellos gobierno por más de una década en Mar del Plata, en la provincia y el país, siguieron garantizando las ganancias de los pulpos pesqueros a costa de la vida de los trabajadores e ignorando el centro de trabajo en negro y fraude laboral que es el puerto marplatense. Otro debate, planteado por los diputados del massismo, se dio en torno de la renovación de la flota pesquera (marina mercante), que ya está aprobado en Senadores, y que apunta a un sistema de subsidios a las patronales pesqueras.

La audiencia funcionó como una verdadera asamblea resolutiva. En primer lugar, se votó la conformación de una comisión independiente de familiares y trabajadores para la investigación de los hundimientos y para las comisiones de seguridad e higiene; en segundo término, se resolvió que la Comisión de Asuntos Pesqueros del Congreso sesione en Mar del Plata, y por último se planteó una movilización de familiares y trabajadores que interpelen a Marcos Peña el día que se le dé tratamiento al pedido de informes en el Congreso. Pitrola planteó la política del Partido Obrero, que es también un proyecto de ley de higiene y seguridad: “Comisiones de control obrero para que ningún barco que no esté en condiciones vuelva a zarpar hacia la muerte de sus tripulantes”.

Para seguir pavimentando el camino que lleve al banquillo de los acusados a todos los responsables de este crimen social, es necesario que esta acción parlamentaria se combine con la movilización de los familiares, organizaciones de trabajadores, de la juventud y de la mujer bajo un programa de independencia de clase.

“Tal vez a este gobierno le pudo haber pasado como nos pasó a Felipe Solá y a mí con el tema de Kosteki y Santillán, que se le va la mano a un tipo”.

La declaración de Eduardo Duhalde al diario Perfil encaja perfectamente con el cambio de estrategia de Macri-Bullrich respecto de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Tras el derrumbe de las “hipótesis” oficiales -que a Santiago lo hirió de muerte un puestero, que no estuvo en Cushamen el 1° de agosto, que pasó a la clandestinidad y escapó a Chile, que lo retienen los mapuche, que es experto en artes marciales, etc.- sigue ahora la tentativa de instalar la versión del ‘gendarme’ al que se le fue la mano”.

Por supuesto, Duhalde miente. Los crímenes de Kosteki y Santillán fueron crímenes de Estado. El 26 de junio de 2002 intervinieron en la represión del Puente Pueyrredón tres fuerzas federales -Policía, Prefectura y Gendarmería-, la Bonaerense y un contingente de agentes de inteligencia que dejaron un saldo de dos muertos y más de 30 heridos con balas de plomo. La represión se extendió del Riachuelo hasta Sarandí. Al día siguiente, Clarín tituló: “La crisis causó dos nuevas muertes”, mientras los voceros del gobierno Duhalde aseguraban que los piqueteros “se mataron entre ellos”. La movilización popular y la valerosa labor de trabajadores de prensa que hicieron honor a su profesión sacaron a la luz la verdad. Duhalde pasó entonces a referirse a la “cacería atroz”. No pudo evitar el final anticipado de su gobierno, pero salvó el pellejo de los responsables políticos de la masacre.

Ahora, el macrismo está buscando su Alfredo Fanchiotti para endosarle lo ocurrido con Maldonado.

Clarín analizó la “nueva hipótesis” del gobierno en su edición del domingo 10 del siguiente modo: “La responsabilidad por el caso quedaría reducida a una, dos o a lo sumo tres personas, pero ya no sería una desaparición forzada: no hay una fuerza del Estado operando para llevarse a un civil del lugar, sino uno o dos gendarmes ocultando su delito a sus compañeros y superiores”. Y agrega una comparación que retrata el objetivo de fondo de esta operación: “Así quedó cerrado en su momento el crimen del soldado Omar Carrasco: un joven subteniente y dos soldados condenados por el asesinato de un conscripto del que sus superiores jerárquicos del cuartel no se enteraron. Aunque hubo diez militares procesados por encubrimiento, finalmente ninguno terminó condenado”.

Esta referencia al crimen de Carrasco, ocurrido en 1994, es de un cinismo atroz.

El cadáver de Carrasco fue hallado dentro del cuartel de Zapala, donde cumplía el servicio militar,un mes después de la última vez que fue visto por sus compañeros. Había sido asesinado a golpes. La escena del hallazgo había sido armada y, junto al cuerpo, había una huella de un camión Unimog. Esto nunca se investigó.

La primera “hipótesis” de los militares fue que Carrasco había desertado. Le siguieron otras igualmente falsas. Finalmente, la causa se cerró con la condena a tres milicos de menor rango.

“Como ahora Gendarmería, el Ejército comandado entonces por el general Martín Balza era un aliado estratégico clave del gobierno, encabezado entonces por el presidente Menem. El gobierno no podía darse el lujo de que quedara bajo sospecha”, recuerda un artículo del diario Río Negro (12/9), trazando un paralelismo.

Las maniobras de impunidad no han cesado. Por el contrario, son más intensas que nunca.

El gobierno ocultó la presencia de Pablo Nocetti, alto funcionario del Ministerio de Seguridad, en la conducción del operativo represivo en el que desapareció Maldonado; y arrojó todo tipo de suspicacias sobre su familia, sobre la comunidad mapuche y, ahora, sobre los testigos que acusan a los gendarmes. Los responsables de estas operaciones miserables deben rendir cuentas.

El lunes 18, a once años de la segunda desaparición de Julio López, movilicémonos a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país por López, por Santiago Maldonado y contra la impunidad de ayer y de hoy.

Julio López - Santiago Maldonado: DESAPARECIDOS

El Estado es responsable.

Bajo estas consignas, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocan a movilizarse en La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país a once años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz y otros genocidas.

La causa judicial por la desaparición de López se transformó en un monumento al encubrimiento y la impunidad. La “investigación” evitó por todos los medios avanzar sobre la pista del Estado y el aparato represivo a los que López y las víctimas de la represión de la dictadura habían denunciado en los juicios. El gobierno kirchnerista enterró su nombre bajo un manto de silencio. El colmo fue que Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, mantuvo su condición de policía bonaerense ¡hasta agosto de este año! Recientemente, a raíz de una demanda impulsada por el colectivo Justicia Ya! La Plata, el gobierno nacional recibió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reclamo para que el Estado argentino dé respuesta por la desaparición de Jorge Julio López.

Las movilizaciones del próximo 18 serán la continuidad de las movilizaciones del 24 de Marzo, contra el 2X1 y de la enorme concentración por Santiago Maldonado del 1° de septiembre. Esta movilización refuerza la lucha por la aparición con vida de Maldonado.

Impostura

Por su parte, el kirchnerismo lanzó una convocatoria propia a marchar también el 18. Llegan a esta lucha con once años de demora. Los gobiernos K tuvieron, a su turno, la responsabilidad de que se supiera la verdad, pero le dieron la espalda al reclamo por López.

CFK lanzó el planteo de que Gendarmería, ahora involucrada en la desaparición de Maldonado, es la misma que actuó bajo su gobierno y que lo que cambió ahora fue su conducción política. En este punto, el macrismo recoge la “pesada herencia” de la “seguridad democrática” y el Proyecto X de Nilda Garré; de las represiones de Sergio Berni a los trabajadores en la Panamericana y de las leyes antiterroristas aprobadas en el Congreso a instancias de los K.

Nos movilizamos a once años de la desaparición de Jorge Julio López de manera independiente, delimitando campos entre los trabajadores y los partidos del régimen, responsables de la impunidad de ayer y de hoy.

El miércoles 6, el Parlamento de Cataluña fijó para el 1° de octubre la realización de un plebiscito que debe decidir acerca del establecimiento de una república independiente en su territorio mediante la aprobación o el rechazo a la separación de Cataluña del Estado español. El gobierno de España, que encabeza Mariano Rajoy, del Partido Popular -la derecha- no perdió un segundo en movilizar a la Corte Constitucional de España, que enseguida declaró ilegal la ley catalana; también movilizó a instancias judiciales inferiores y a la Guardia Civil. Seguramente ha puesto en alerta a las Fuerzas Armadas, aunque no lo haya hecho público. El Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, una formación política relativamente reciente, oriunda de Cataluña pero incondicional del Estado español, se precipitaron en dar su apoyo al gobierno central sin el registro de la menor fisura. Abandonaron el Parlamento cuando no pudieron dilatar la sesión para facilitar una intervención anticipada del Tribunal Constitucional. Hubo once abstenciones, de variantes locales de Podemos. El conflicto nacional puso de manifiesto el conflicto político al interior de Cataluña.

No hubo que esperar demasiado para que se requisaran establecimientos vinculados con la impresión de boletas o almacenamiento de urnas, e incluso se iniciará una acción judicial contra jueces que han legitimado la ley que convoca al plebiscito - por incumplimiento de deberes de funcionario judicial (“prevaricato”). A esta ‘guerra relámpago” se sumó el presidente del Parlamento Europeo -un colega italiano del Partido Popular. El 12 de septiembre, varias centenas de miles de personas se lanzaron a las calles de Barcelona, para celebrar el día nacional catalán, la Diada. Aunque gran parte de los medios internacionales, hostiles al derecho de autodeterminación y a la separación, destacaron una disminución, que no definieron, del número de asistentes en relación con conmemoraciones anteriores, olvidaron señalar que esta vez manifestaron para apoyar un desacato, y eventualmente una rebelión, contra el Estado español.

El interés político internacional por la envergadura que está cobrando el antagonismo nacional en España es obvio. No impacta solamente en el régimen político español que fue establecido luego de la muerte de Francisco Franco (1975), sino en el conjunto de la Unión Europea, que se encuentra envuelta en varias crisis interestatales –desde el Brexit, el separatismo escocés, una reapertura del conflicto en Irlanda del Norte, nuevas crisis nacionales en los Balcanes, el enfrentamiento entre Turquía y Alemania (que cuenta con una numerosa población de origen turco), y la represión tremenda a los migrantes y a descendientes de inmigrantes de numerosas nacionalidades.

Para España, la separación representa una amenaza al “régimen político de autonomías estatales”, que contó, hace cuatro décadas, con el apoyo de la propia Cataluña. Podría llevar a España, además, a una nueva bancarrota, toda vez que Cataluña es el centro industrial del Estado español y, junto con el País Vasco, uno de sus polos financieros. La determinación de la carga respectiva de la deuda externa entre España y Cataluña, como consecuencia de una separación, sería suficiente para provocar el ‘defol’ de España, para desatar una crisis financiera internacional superior a la de 2007/8 y para determinar, como resultado, una ocupación militar del territorio catalán. Este escenario plantea la cuestión de la perspectiva general de este conflicto.

Bancarrota capitalista

Contra lo que afirma la versión u omisiones del nacionalismo, la gran burguesía de las principales nacionalidades del Estado español fue la clave de la bóveda de la construcción del “pacto de transición’ que se tejió para sortear una salida revolucionaria a la agonía del franquismo. La motivación de esa burguesía era obvia: “la transición” era la vía para integrar al conjunto del Estado español, pero en especial al capital residente en Cataluña y Vascongada al Mercado Común Europeo y, eventualmente, a la Unión Europea, en especial en alianza con la burguesía de Alemania. La ‘europeización’ del Estado español fue también el puente de plata de la ola de inversiones de España hacia América latina, financiada en la Bolsa de Madrid y en las Bolsas extranjeras por fondos norteamericanos e ingleses. Bajo la dirección inconmovible del partido Convergencia e Unió, el nacionalismo catalán fue la piedra basal de un doble unitarismo: con el Estado español y con los estados imperialistas de Europa y Estados Unidos. La bancarrota mundial reforzó la adhesión europea de los grandes bancos de toda España, porque sólo gracias al rescate del Banco de España y del Banco Central Europeo salvaron el pellejo e incluso acentuaron un proceso de concentración de capitales a costa de Cajas, Cooperativas y depositantes. El Banco de España acaba de declarar que solamente ha recuperado 3 mil de los 60 mil millones de euros que le costó el salvataje

¡Quién no se inclina ante semejante regalo!

El agotamiento de la estrategia se dejó ver en toda Europa ya en los años 90 del siglo pasado, cuando comenzaron los rechazos populares a los distintos ‘reforzamientos de la unidad europea”, que fueron puestos a votación. Hacia finales de siglo y con la bancarrota de 2007/8, el partido de la gran burguesía de Cataluña tuvo que comenzar a compartir el gobierno con otras corrientes nacionalistas e incluso partidos de izquierda españolistas, como el partido Socialista de Cataluña. En el cenit de la crisis capitalista internacional, Convergencia e Unió se rompió, al tiempo que se desarrollaba un desplazamiento mayor hacia el nacionalismo, en especial en la pequeña burguesía pauperizada por la crisis.

Este nuevo bloque se encuentra hoy representado por Junts pel si, con la Izquierda Republicana y el apoyo de la ‘anarquista’ Cup. Un corrimiento semejante se ha verificado en el conjunto de España con la aparición de Podemos (y variantes autónomas de Podemos en Cataluña) y la jefatura de Pedro Sánchez, del ala izquierda del Psoe. De otro lado, aparece la derecha liberal, Ciudadanos, en gran parte para ocupar la representación de la gran burguesía que rechaza cualquier forma de separación. O sea que se desenvuelve una polarización política en la propia Cataluña entre dos bloques de un sistema que se desintegra, y al mismo tiempo una diferenciación de clases al interior de Cataluña, que se superpone al enfrentamiento nacional y entrará, en algún momento, en contradicción con él.

El nacionalismo ha venido reclamando una mayor porción de los ingresos públicos, pues denuncia que Cataluña ha transferido 300 mil millones de euros en dos décadas al estado español. El ataque enorme que la burguesía y el gobierno de Cataluña ha descargado sobre la clase obrera no ha sido suficiente para revitalizar las ganancias e inversiones. El nacionalismo estuvo planteando, en consecuencia, hasta ahora una recaudación propia de impuestos, su propia política de subsidios, manejo de los contratos de obras públicas y gestión de los servicios, mayor margen de las relaciones internacionales, es decir un cambio institucional que, potencialmente, derivaba, como se está discutiendo ahora, en un estado autónomo.

La perspectiva de independencia de estos planteos explica el inmovilismo político de Rajoy y de la monarquía frente a la cuestión nacional, y el temor de una demolición del estado central. Por eso rechaza conceder una modificación de la Constitución de España, que amplíe la autonomía política de las naciones del Estado. La catalana y la española son dos respuestas confrontativas a una crisis capitalista internacional de conjunto –no una crisis institucional en si misma. El nacionalismo plantea la ‘balcanización’ de España; el Estado español la sujeción de las nacionalidades, sin la cual se desmoronaría como un castillo de naipes. Es lo que también advierte la UE y el Banco Central Europeo.

Autodeterminación

El gobierno de Junts pel si se las ha ingeniado para cercenar fuertemente el plebiscito de autodeterminación. Reclama el Sí para “una república de derecho, democrática y social…que respetará el derecho europeo e internacional”. O sea que condiciona el plebiscito al establecimiento de una república capitalista, incluidos todos los compromisos que sujetan a Cataluña al orden capitalista internacional. Los términos de la convocatoria definen un orden constitucional que solamente debería establecer una Asamblea especial posterior al plebiscito. La Asamblea, condicionada desde la partida, deberá pasar por varios trámites ‘participativos’ antes de su reunión, y la nueva Constitución ratificada por un referendo final. Este largo proceso queda bajo la supervisión del gobierno actual.

Cualquiera que pueda ser el impacto político del plebiscito, en función de la crisis en curso, los términos de la convocatoria desnaturalizan la autodeterminación y la futura o remota Constituyente. En todo esto hay que ver un intento final de llegar a un compromiso con el Estado central en función de la concurrencia o resultado del plebiscito.

La convocatoria no define a la mayoría que se requiere para aprobar la separación – si un porcentaje de votantes o del padrón; si fuera sólo de los votantes, el resultado quedaría asegurado si la oposición boicotea la asistencia a las urnas. Una decisión minoritaria, en el marco de una inasistencia elevada de votantes, quedaría cuestionada. Cataluña ingresaría en un impasse político colosal. Los partidos nacionalistas no han reunido una mayoría electoral absoluta en los últimos comicios parlamentarios.

Una victoria nacionalista, en las condiciones descriptas, y de crisis económicas como políticas, reforzaría el pretexto para profundizar la política reaccionaria de ‘ajuste social’ en curso, ahora en nombre de la defensa de la independencia nacional. Lejos de constituir un arma para quebrar a la monarquía y establecer la República, sería una soga al cuello del proletariado catalán y una balcanización de la clase obrera del conjunto del estado español. Ningún socialista verdadero puede pretender semejante salida. La clase obrera de Cataluña está ausente de este conflicto político, lo cual la obliga a escoger en forma atomizada, a dividirse entre el Sí y el No, o a asumir una posición de neutralidad. Los sindicatos siguen a la burocracia sindical del Estado, que es mayoritariamente monárquica ‘constitucional’ y opuesta a la autodeterminación.

Esta crisis política creciente ha dejado al flamante Podemos en el limbo, pues apoya “el derecho a decidir”, pero no una decisión de separación e independencia nacionales. Tampoco plantea ese “derecho a decidir” en la perspectiva de una República. Estamos ante un caso típico de fraseología que se remite a la defensa del orden existente, quizás con algunas modificaciones constitucionales. El republicanismo de Pablo Iglesias se limita a concurrir a las convocatorias del monarca sin ponerse corbata.

Táctica y Política

La fluidez de la crisis política obliga a determinar los planteos y consignas cuartainternacionalistas en estrecha relación con el desarrollo de los acontecimientos, que de aquí a octubre aún va a enfrentar alternativas diversas. En el marco general, hay que defender el derecho a la autodeterminación, en oposición a una salida nacionalista que balcaniza socialmente el territorio español y a los trabajadores. Planteamos, sí, la defensa del derecho a la autodeterminación, o sea el derecho a la libertad nacional, no para establecer una república burguesa regional sino una República Socialista Ibérica. Atacamos al nacionalismo en nombre de la lucha por la unidad de los trabajadores del estado español y por la unidad socialista de Europa.

En este contexto se plantean dos alternativas. De un lado, que el nacionalismo llegue a un compromiso con la monarquía y el estado español, sea mediante una dilación del plebiscito o en el curso ulterior, ni qué decir si el oficialismo es derrotado en las urnas. La configuración del plebiscito y el condicionamiento de la Constituyente apuntan a la negociación de un compromiso. En el mismo sentido va la política de aparato del nacionalismo, en oposición a la movilización o su retaceo. El nacionalismo opone a una movilización la movilización policlasista, o sea sin huelgas, sin ocupaciones de lugares de trabajo, ni siquiera de propiedad de la burguesía que defiende a la monarquía del Estado español. Es decir, con una política férrea de conciliación de clases en ‘el campo nacional’. La estrategia debe ser la denuncia de la tendencia al compromiso y a desnaturalizar el plebiscito y la Constituyente, y convertir la demanda de autodeterminación para desarrollar una lucha de clases al interior de Cataluña y de España entera.

Mientras este compromiso se negocia entre órdenes judiciales y envío de la Guardia Civil para cancelar el plebiscito, es absolutamente necesario defender, contra esta represión y contra el conjunto del régimen monárquico y centralista burgués, el derecho a la autodeterminación, incluso retaceada. Si el compromiso sucumbe y se produce un choque abierto, defenderemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña, incluida la independencia o separación, contra el ataque del aparato represivo de la monarquía del estado español.

Llamamos a los trabajadores de toda España a defender el derecho a la autodeterminación nacional, incluido el derecho a la separación, y a utilizar esta lucha como una palanca al servicio estratégico de la revolución socialista. El camino al gobierno de la clase obrera de todo el territorio ibérico, la República federativa socialista, pasa ineluctablemente por la defensa de las libertades nacionales.

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/

-¿Qué balance hacés de la paritaria del Neumático?

-En primer lugar ha sido una acción colectiva de los trabajadores del Neumático, lo que marca una enorme diferencia con los sindicatos que negocian de espaldas a los trabajadores. Comenzamos con una Asamblea General y culminamos de la misma manera. Cada acción que desenvolvimos apuntó a hacer crecer la unidad y la acción común de todos los compañeros. De esta manera preparamos las condiciones para enfrentar cualquier tipo de lucha que tuviéramos por delante. Gracias a esto pudimos cerrar una paritaria que nos coloca por encima de la inflación por segunda vez consecutiva. Es un acuerdo que nos refuerza frente a lo que viene para todo el movimiento obrero.

La paritaria del Neumático se dio en un contexto muy particular, ya a mediados de año, con el cierre de numerosas paritarias donde el gobierno había logrado imponer acuerdos que daban una media del 21 ó 22%, y los grandes gremios acordando todos por debajo del 25%. Eso fue uno de los argumentos fuertes de las patronales para tratar de bajar las expectativas de lo que había sido el inicio de la paritaria con nuestra asamblea general que había reclamado el 35%. A la vez nos planteaban que las empresas de la industria nacional estaban siendo perjudicadas por las importaciones, etc. También decían que la paritaria anterior logramos un 37% de aumento, utilizando este número para sostener que habían superado la inflación por más de 12 puntos y que la proyección inflacionaria futura era en un contexto de desaceleración de los precios. Por esto, ellos consideraban que de julio a julio correspondía un aumento del 18 ó 19%.

Nosotros nos basamos en el atraso salarial que había en el gremio, y lo demostramos poniendo de manifiesto la distancia que había entre los sueldos que cobran los compañeros con respecto a la canasta básica familiar; pedimos que se nos entregue los balances, mostramos la evolución de precios de los neumáticos y así como la baja en el precio internacional de las materias primas que se usan para la fabricación de cubiertas, los acuerdos que obtuvieron las empresas con otros países para exportar y muchos datos más que fortalecían la solides de nuestro reclamo.

-¿Qué papel jugó el gobierno?

-En el medio de la paritaria hubo elecciones a nivel nacional y las empresas aprovecharon la elección realizada por Cambiemos para de decir que había un “espaldarazo” a las posiciones económicas del gobierno y que no estaban dispuestas a aumentar la oferta. Allí fue cuando se reforzó la intensidad de las acciones gremiales que ya habían comenzado con una movilización muy grande al Ministerio de Trabajo, realizando actos en las tres fábricas en forma masiva, frente a las delegaciones regionales del ministerio e incluso con una campaña con fotos adentro de la fábrica con la leyenda “contra el atraso salarial el Sutna lucha en unidad” de la que participaron activamente los trabajadores de las tres grandes fábricas.

El gobierno actuó en todo momento como portavoz de los intereses de las patronales. El ministerio no solo planteó que no iba a permitir un aumento que superara el 25%, sino que frente a la inminencia de paros y medidas de estas características dictó la conciliación obligatoria para intentar desinflar el movimiento de lucha y la organización de los trabajadores del Neumático. Frente a esto nos dimos un plan de acción a pesar de la conciliación. Esto nos permitió llegar con mucha fuerza al final de las negociaciones y obtener un avance salarial de mucha importancia para todos los trabajadores.

-¿Qué resolvió la asamblea general del Sutna?

-Por un lado, se resolvió con entusiasmo por abrumadora mayoría la aprobación del 27% de aumento. A pesar que las demás listas llamaron a rechazar el acuerdo (incluida la lista violeta de la burocracia), solo un pequeño grupo de compañeros se pronunció en contra. Y esta resolución terminó con un gran aplauso del colectivo de los trabajadores.

La asamblea también va marcando el grado de concientización de los compañeros. En esta asamblea fue muy importante. Se avanzó en el contenido de los debates. Se discutió la reforma laboral que ahora quieren meter acá como ya la metieron en Brasil, y se hizo un pronunciamiento en rechazo. También contra el impuesto a las Ganancias. Hubo un punto específico en el cual votamos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Los trabajadores del Neumático no sólo manifestaron en cada uno de estos puntos su vocación de luchar y mantenerse en defensa de sus condiciones laborales, sus convenios colectivos, etc., también mostraron que son conscientes de lo que se viene, pero confían en su fuerza y por ello no solo se pronunciaron en forma defensiva sino que votaron un pliego de reivindicaciones para ir a conquistarlas.

-¿Qué perspectivas ves para todo el movimiento obrero?

-Aún en los tiempos más difíciles se tiene que plantear una perspectiva de avance de los trabajadores. No sólo de la defensa, de “la resistencia”, sino que los trabajadores en tanto clase social tenemos que ser conscientes de que somos los que tenemos la fuerza para cambiar esto. Tenemos que seguir diciéndole a las patronales que nosotros sabemos que podemos ganar.

El Neumático tiene una obligación, al ser un gremio clasista, antiburocrático y de lucha. Entendemos que debe marcar un camino para todos los sindicatos, esta forma democrática, participativa, con consciencia de clase. No podemos referirnos a lo que viene sin decir que la solución es acabar con la burocracia sindical, acabar con el manejo del Estado sobre los sindicatos y la necesidad de la independencia del Estado y el gobierno.

Ellos hablan de implementar soluciones para los capitalistas y a las crisis que ellos mismos se crean, cuando los trabajadores ya no tenemos más para poder sacar de nosotros mismos, de los ritmos de trabajo que vivimos en el país y las situaciones de precariedad que se tiene en cada uno de los lugares.

La perspectiva claramente es unificar a todos los trabajadores del país. Y para ello necesitamos acciones que hagan que el movimiento obrero irrumpa en la realidad política, es el momento de poner al frente de la situación política a los trabajadores. Creo que tenemos que seguir peleando por una perspectiva política independiente de los bloques patronales.

La semana pasada se realizaron las elecciones en las trece facultades de la UBA. Las listas impulsadas por el Partido Obrero y la izquierda reafirmaron sus posiciones, logrando la conducción de cuatro centros. En Farmacia, ampliamos nuestra votación alcanzando el 60%. La agrupación del Rectorado, Nuevo Espacio, se llevó la minoría desplazando del segundo puesto al frente kirchnerista integrado por Nuevo Encuentro y La Mella. En Filosofía y Letras volvimos a derrotar a este último conglomerado de fuerzas, a pesar de que en esa facultad cuenta con el apoyo activo de la decana y de los principales funcionarios. Nuestra lista se llevó tres consejeros con el 31%, mientras que El Colectivo se quedó con uno con el 26%. En Veterinaria, el Evet volvió a ganar el centro, esta vez con el 54% de los votos. La lista K La Tropilla, apalancada por las autoridades, quedo muy atrás con el 21%. Por último, en Fadu, volvimos a derrotar el intento del decano y el rectorado de hacerse con el centro. La Lista 5, que encabeza La Corriente y lleva a la UJS en la vicepresidencia, logró vencer por más de 3 puntos a la coalición de las autoridades.

Al mismo tiempo, logramos consolidar nuestra fuerza en las facultades más grandes. En la Facultad de Medicina defendimos el consejero por la minoría y ganamos la carrera de Medicina, la que más votó de toda la UBA. Allí, a pesar de que votaron 3.000 estudiantes más que en la última obligatoria, Nuevo Espacio obtuvo 4.000 votos menos que en 2015, cayendo casi 20 puntos, del 63 al 44%. El Frente se consolidó como la gran alternativa en la facultad. Cruzando Plaza Houssay, en Económicas, donde Nuevo Espacio hizo una elección plebiscitaria (67%), logramos quedarnos con el segundo lugar, desplazando de ese puesto a La Mella-SOS. La reconstitución del MxE y su presentación conjunta con el Frente de Izquierda se apoyó en un activismo que logró volver a avanzar en la facultad sobre la base de una delimitación con las agrupaciones cooptadas al kirchnerismo. En Derecho, logramos defender nuestro delegado a la Fuba, lo mismo que en Ingeniería, Agronomía y Odontología.

La crisis del kirchnerimo

El gran cambio en estas elecciones de la UBA ocurrió en la Facultad de Sociales. Allí se concentró la crisis del kirchnerismo, que se partió verticalmente desde el decanato hasta el centro de estudiantes. En ambas elecciones se impuso el sector más alineado con el rectorado de Barbieri. En un esfuerzo por agrandar al llamado “espacio reformista” (la vieja Franja Morada), el diario La Nación les anotó esa victoria como propia. Lo cierto es que la futura decana, Carolina Mera, llevó como nave insignia de campaña sus fotos con Cristina Kirchner y Daniel Filmus. En Sociales, la Franja propiamente dicha (“Nuevo Sociales”) hizo una elección marginal del 4%. Una hipotética alianza entre ambos bloques de cara a la Fuba, con la que sueña La Nación, tendrá que pasar por la prueba de una confrontación política pública. El sector de La Cámpora y Nuevo Encuentro, que hizo bandera del centro de Sociales y pretendió defenderlo en un frente con La Mella, salió duramente golpeado de la contienda. No así la izquierda, que logró recuperar terreno en la facultad. Nuestras listas volvieron a imponerse en las carreras de Comunicación y Sociología, logramos la minoría en Trabajo Social y estuvimos a 92 votos de conseguir un consejero directivo. Participaron 3.579 estudiantes de la consulta que impulsamos sobre la elección a decano, donde nuestro candidato, Eduardo Grüner, se impuso con el 45% sobre Mera (33%) y Postolski (20%).

En Psicología, el Impulso (Sur, La Mella, El Brote) perdió la mayoría estudiantil en manos de Franja Morada. Durante la campaña, en lugar de enfrentar el crecimiento del radicalismo en la facultad, el Impulso apuntó todos sus dardos contra el EPA! y el PO. Rehenes de una base derechista que alimentaron con años de campañas macartistas en nuestra contra, el Impulso terminó cediendo terreno a la derecha de verdad. Por nuestra parte, volvimos a hacer una gran elección en la facultad y por solo un punto no pudimos defender nuestro consejero directivo. En Exactas, la lista K de las autoridades logró crecer a expensas de La Mella, que cayó más de 10 puntos respecto de la última obligatoria. Nosotros crecimos 4 puntos en nuestra votación, y también lo hicimos en votos absolutos, quedando a muy pocos de mantener nuestro consejero directivo.

La “normalización” de la Fuba

Terminadas las elecciones, el Rectorado dio comienzo a una nueva campaña de difamación contra la Fuba y la izquierda. Además del diario La Nación, la ofensiva de los radicales se apoya en la Inspección General de Justicia (IGJ), que bajo la batuta de un ex Franja Morada, Sergio Brodsky -hombre de Nosiglia, Angelici y Richarte-, amenaza con intervenir a la federación. Esta “normalización” de la Fuba que reclaman con falsos argumentos sobre congresos y balances sólo tiene un único objetivo: allanar el camino para la reelección de Alberto Barbieri y conseguir un movimiento estudiantil adicto que avale las reformas que el actual

Rectorado impulsa en sintonía con el gobierno de Macri. La idea de intervenir la federación a través de la IGJ es una expresión de impotencia: a pesar de los recursos desplegados, el Rectorado no consiguió mayoría propia de delegados ni de centros en la Fuba. Por eso, la intervención macrista corre en paralelo a una política para integrar a los K vencedores de Sociales y al MLI de Ingeniería a un bloque común para desplazar a la izquierda.

Un dato no menor a tener en cuenta es que, gracias al aval de los decanos, Franja Morada pegó las boletas de centro de estudiantes a las de consejo directivo en las facultades de Económicas, Medicina y Derecho, y lo mismo hizo el MLI en Ingeniería. Esta maniobra, además de avasallar la autonomía de los centros de estudiantes -cuyas elecciones pasan a estar bajo el control de las autoridades- incrementa el peso de estas facultades en la distribución de delegados, distorsionando enormemente la proporción de las fuerzas en la Fuba. Allí donde gana la izquierda, las votaciones están diferenciadas y, por ende, la participación de los estudiantes en las elecciones de centros tiene un carácter optativo, no obligatorio.

Por un movimiento estudiantil independiente

Así las cosas, el Rectorado buscará integrar a los desprendimientos del kirchnerismo y de sectores independientes para lograr una mayoría en la Fuba y eliminar cualquier cuestionamiento a la reelección de Barbieri.

La UJS denuncia esta tentativa, que se ocultó a los estudiantes durante la campaña y pretende apoyarse en la intervención del Estado vía IGJ y una distribución de delegados distorsionada. Convocamos a todos los estudiantes que nos acompañaron con el voto a movilizarse en defensa de una federación independiente, que enfrente el ajuste y las reformas privatistas del macrismo y el Rectorado. En oposición a la reelección de Barbieri, reclamamos la democratización de los estatutos para que, a 100 años de la reforma del ’18, la dirección de la UBA vuelva a ser una representación genuina de la masa que estudia y trabaja en la universidad.

Nuestros aliados son los pibes secundarios, que ocupan sus colegios contra la destrucción de la secundaria, los investigadores del Conicet, que hacen lo propio frente a los ataques a la ciencia, y todos los que salen a luchar contra la tentativa del gobierno y la burguesía de avasallar las conquistas populares y democráticas.

Más que nunca, el lugar de la Fuba es en las calles, junto a los trabajadores.

La segunda fase de la campaña electoral plantea, tanto al Partido Obrero como al Frente de Izquierda, fuertes desafíos en todo el país. Hay que afrontarlos con la mira puesta en el próximo período cuando, por un lado, se ponga en juego la capacidad del gobierno Cambiemos para avanzar en un ajuste de mayor alcance y, por el otro, el carácter social y la orientación política de la oposición a ese ajuste.

En la provincia de Buenos Aires, la pretensión del kirchnerismo de absorber el voto opositor en aras de una polarización con el gobierno está enfrentando dificultades muy claras. La “pejotización” de la campaña de Cristina ha avanzado, al punto de condicionar su futuro político -2019- a lo que resuelvan los Gioja, Insfrán o Espinosa. Aunque bate el parche contra el ajuste, el acuerdo de fondo con quienes cogobiernan con el macrismo aflora en cada nuevo paso de la campaña ‘ciudadana’. El llamado de Daer a votar por Cristina se da en el mismo momento en que los triunviros, junto al randazzista Acuña, tejen un acuerdo con el gobierno para avanzar en la reforma laboral. La burocracia admitiría una rebaja de aportes patronales -que sufrirán los actuales y futuros jubilados- a cambio de un nuevo rescate a las desfalcadas obras sociales. En el paquete entra también el apoyo de la burocracia a un nuevo régimen de pasantías laborales, para reforzar la explotación de la juventud como mano de obra ultraprecarizada. La moneda de cambio central: la preservación del “modelo sindical” del unicato y el respaldo del Estado al sindicalismo empresarial y propatronal. El preámbulo de esta negociación antiobrera es el levantamiento de los confederales y de cualquier amague de lucha, todo lo cual fue precedido por pedidos explícitos de Cristina en el mismo sentido. Una polarización real contra el macrismo entraña una oposición de fondo a la política del ajuste. Pero la Unidad Ciudadana… con el pejota y la burocracia de los sindicatos no puede encarnarla. En este cuadro, el Frente de Izquierda debe empeñarse en una fuerte campaña de delimitación con el kirchnerismo, comenzando por las grandes organizaciones obreras. A este propósito sirve el plenario obrero en apoyo al FIT que estamos convocando para el próximo 30 de septiembre en Lanús, junto a Izquierda Socialista, y que reunirá a luchadores de todo el país contra la reforma laboral, contra el pacto Macri-burocracia y por un voto de independencia política el próximo 22 de octubre.

A partir de esta lucha, aspiramos en Buenos Aires al ingreso de Nicolás del Caño y Romina del Plá, y a la renovación de nuestra banca en la Legislatura bonaerense con Guillermo Kane, lo que podría llegar a abrir las puertas en ciertos concejos deliberantes.

En la Capital del país, cualquier atisbo de polarización ha sido liquidado en las Paso. El voto a Carrió aventajó por más de treinta puntos al kirchnerista Filmus, y en casi cuarenta a Lousteau. El voto al gobierno, sin embargo, deberá pasar la prueba de los hechos que en este tiempo sacudieron al país, comenzando por la desaparición de Santiago Maldonado. A la responsabilidad y encubrimiento posterior de Bullrich, se añade el largo silencio de la candidata Carrió, que sólo rompió para respaldar incondicionalmente a la ministra -o sea, para encubrir a los encubridores. La misma ausencia debe atribuírsele a Lousteau. La otra cuestión a tener en cuenta es la oleada de tomas de escuelas, contra una reforma de la secundaria que liquida contenidos formativos para entregar a los estudiantes como mano de obra gratuita del capital. En las Paso, desarrollamos una fuerte campaña en los colegios contra una orientación descalificadora que ya estaba presente en las reformas de la enseñanza media del gobierno anterior. Por lo tanto, no es casual que sólo el FIT rechace su contenido -el kirchnerismo sólo cuestiona su “oportunidad” o carácter inconsulto. Con sus votaciones mediocres y en declinación, el kirchnerismo y Lousteau han pagado el precio de su colaboración política con el macrismo. En este cuadro, llamamos a concentrar el voto progresista y de izquierda en el FIT. El ingreso de un diputado desde la Capital y el refuerzo de nuestra presencia en la Legislatura, con Myriam Bregman y Gabriel Solano, constituirían una poderosa palanca para que la oposición al macrismo en la Capital se reorganice sobre nuevas bases políticas, y como superación de un progresismo postrado ante el gran capital.

El interior del país

Los desafíos del Frente de Izquierda son enormes en todo el país. En Córdoba, la batalla por el 9º diputado tiene sus antecedentes en elecciones anteriores, donde el ingreso de Liliana Olivero al Congreso nos fue arrebatado por medio del fraude. En esa provincia, la campaña del FIT se va a dirigir con fuerza a las grandes concentraciones obreras, donde es necesario desarrollar a fondo los alcances de la reforma antilaboral -y el acuerdo estratégico con ella de los Schiaretti, De la Sota y sus agentes sindicales, todos ellos tributarios de la gran patronal radicada en la provincia. En Mendoza, la pelea por la quinta banca provincial estará entre el FIT y el gobierno ajustador de Cornejo.

Después de las Paso, el kirchnerismo mendocino, en sintonía con CFK, ha reforzado sus lazos con el pejota provincial, responsable de una experiencia de gobierno altamente negativa para los trabajadores. La campaña del Partido Obrero en el FIT está focalizada en grandes centros laborales, como la refinería, hospitales y escuelas. Junto al ingreso de Noelia Barbeito y Soledad Sosa, batallaremos por la renovación de la banca de Tito Fresina en la Legislatura. En Salta, el Partido Obrero luchará por renovar la banca que conquistamos en 2013 con Pablo López, así como las importantes posiciones en la Legislatura y numerosos concejos de la provincia. La ‘pejotización’ cristinista debe ser expuesta como antecedente respecto de la futura evolución del ‘partido de la victoria’ salteño, y los compromisos que más temprano que tarde terminará anudando con Urtubey. En Santa Fe vamos a luchar por renovar y acrecentar nuestra presencia en los concejos del cordón industrial de San Lorenzo. En Jujuy, la significativa votación de agosto plantea una lucha por la diputación nacional y por varios legisladores, aún cuando tendremos que enfrentar el escenario de una proliferación de listas locales. En Neuquén, la importante elección de agosto servirá de herramienta para otro objetivo en octubre -el ingreso de nuestra compañera Patricia Jure al Concejo de la capital provincial. En Santiago del Estero, el FIT luchará por renovar su banca con Andrea Ruiz. En Catamarca, la promisoria elección del PO en agosto deja abierta la chance del ingreso de nuestro compañero Pedro Saracho a la Legislatura. En Santa Cruz tenemos el desafío de reforzar una oposición trabajadora al derrumbe de la gestión kirchnerista, que el macrismo pretende explotar a su favor. En Chaco hay un ascenso del Partido Obrero que está abonado por la conquista de una banca en la elección provincial de meses atrás, y que buscaremos desarrollar con mayor fuerza aún. La campaña de agosto ha dejado posibilidades de crecimiento político en Tucumán, donde la lista que encabeza Ariel Osatinsky quedó como la única expresión diferenciada del macrismo, el pejota y la derecha bussista. En Misiones, la buena elección en las Paso nos dejó en carrera para batallar por un diputado provincial, Mario Coutuné. Con sus propias fuerzas, el Partido Obrero dará pelea en Tierra del Fuego, Chubut, Misiones, Formosa, y también en San Luis, San Juan, La Rioja y Río Negro junto a las otras fuerzas del FIT.

Perspectivas

Para reclamar el voto, el gobierno se aferra a una mezquina recuperación económica que sólo se sustenta en el endeudamiento, en el cual ha involucrado a trabajadores e incluso a jubilados. Es un sacudón de patas cortas, porque hipoteca los ingresos futuros de quienes viven de su trabajo -y vuelve a colocar en la agenda nacional la cuestión de la deuda, como ariete de un nuevo apretón de tuercas contra las masas. Días atrás, el CEO argentino de J.P. Morgan, uno de los principales agentes emisores de deuda bajo la gestión macrista, le dio al gobierno un año de plazo para “concretar las reformas de fondo”, si es que no quiere pasar por un golpe de mercado. Para los especuladores, la garantía de repago de la deuda debe estar explicitada desde ahora. Por eso, el presupuesto 2018 anticipa fuertes reducciones de subsidios a cambio de nuevos tarifazos (50% en la luz entre noviembre y febrero 2018). Pero en ese mismo reportaje, el financista remarca que la cuestión de la deuda es “política y pasa por el Congreso”, anticipando los consensos que van a unir a oficialistas con los actuales opositores en campaña. La clase capitalista, colgada de este socorro del capital internacional, cierra filas con el gabinete Cambiemos y ha relegado al banco de reserva -o a los gobiernos de provincia- a los Massa y al pejotakirchnerismo. En estos términos, la clase obrera debe ser la protagonista social y política de una oposición a esta reorganización capitalista. El plenario sindical de Lanús buscará sumar en esa dirección a miles de activistas obreros al tiempo que organizan sus luchas. El reforzamiento del voto y de la representación parlamentaria del Frente de Izquierda es un mandato en esa dirección. Por ese objetivo, empeñaremos todas las energías de acá al 22 de octubre.

Cristina Kirchner decidió, por fin, el jueves pasado, otorgar una entrevista audiovisual, que fue afectada por una interpelación mediocre. Aun así, la ex presidenta no dejó de producir definiciones políticas importantes y omisiones que no lo son menos.

El ‘tono’ que CFK empleó en la entrevista es una de esas definiciones. Cuando tuvo que enfrentar la insinuación de que sus famosas “cadenas nacionales” habían sido abusivas y hasta irritantes, la ex presidenta sólo admitió el uso de un estilo ‘enojado’ en todas ellas. Olvidó que el mismo trato daba a su secretario Parrilli o las humillaciones públicas al ex gobernador Scioli. La misma actitud adoptó con los obreros que habían ocupado Gestamp, los petroleros que cortaban la ruta 3 en la Patagonia y los docentes. “Yo me ‘enojaba’ mucho con los cortes” de los ruralistas -dijo- y con los piquetes de obreros y desocupados”. No exhibía solamente el enojo, también enviaba la Gendarmería. El “enojo” era, ante todo, un método de gobierno -para reforzar una posición de arbitraje y poder personal. El estilo ‘zen’ que adopta ahora CFK no es solamente una operación de ‘marketing’, sino que expresa el agotamiento del método de caudillaje “nacional y popular” y una adaptación al ‘estilo’ engañoso del macrismo. Abandonó el slogan: “A nuestra izquierda sólo está la pared”, para rebautizarse como peronista. CFK ya no denuncia “la restauración conservadora” sino que sugiere “frenar el ajuste” desde el Senado con los mismos que le votaron cien leyes a Macri. La burocracia sindical “peronista” ha tomado su mensaje al pie de la letra: CFK plantea añadir de dos años más a los dos años de tregua que el pejotismo y el FpV le han dado al gobierno.

Venezuela

La caracterización de que Venezuela “no es un estado de derecho” es el corazón de toda la entrevista. Es una voltereta espectacular y un reconocimiento inconfesable de fracaso político. Mientras el chavismo residual denuncia “una guerra económica” contra Venezuela, CFK denuncia la represión de Maduro -lo mismo que hacen la derecha y los Estados capitalistas. Mientras aquél reivindica la “soberanía popular” de la Asamblea Constituyente, los gobiernos capitalistas la desconocen; CFK la ignora, acompaña, desde el silencio, el boicot internacional. Tampoco denuncia el embargo financiero de Trump contra Venezuela.

Denuncia la falta de un “estado de derecho” en Venezuela, lo cual constituye una ruptura vergonzante con el chavismo, la corriente de referencia del kirchnerismo y del eje político continental de la última década. CFK evita ofrecer un balance del chavismo y del conjunto del movimiento bolivariano, tampoco lo hace respecto del ‘lulismo’ o del FpV. El entierro del chavismo es, sin embargo, la condición más importante que impone el ‘establishment’ internacional y argentino para revisar el ostracismo en que ha colocado al kirchnerismo, desde 2013. Es también la condición política para conseguir la “unidad del peronismo” que ha comulgado durante dos años con el gobierno macrista, atrás de su candidatura. Las definiciones del reportaje son una catarata de concesiones a “la restauración conservadora”.

Nisman y Netanyahu

La entrevista aborda, naturalmente, la cuestión de la muerte de Nisman y la denuncia de encubrimiento a Irán por el atentado a la Amia.

Lo singular de todo este asunto es que, al momento del reportaje, un protagonista fundamental de este asunto, si no el número uno, pasó por Argentina. Los acuerdos Macri-Netanyahu vuelven a alinear al país con el bloque imperialista que desarrolla una guerra criminal en el conjunto del Medio Oriente y aboga a partir de Trump, por una guerra con Irán. Los acuerdos reintroducen a Argentina en la guerra internacional que tiene por teatro esa región -sin olvidar, claro, que la familia Kirchner era parte del régimen de Menem cuando Argentina intervino en la “guerra del Golfo” en 1991. No solamente eso: el jefe del espionaje del kirchnerismo, Stiusso, trabajaba con la CIA y el Mossad contra Irán, antes de ser desplazado, recién a finales de 2014.

La pregunta se impone: ¿por qué la ex presidenta no denunció, precisamente cuando discute el crimen, aún no esclarecido, contra Nisman, la presencia del primer ministro sionista y sus objetivos, así como los acuerdos que se acaban de firmar entre Argentina e Israel? Esos acuerdos no se han hecho públicos, a pesar de reincorporar a la Argentina al bloque militar de la Otan en Medio Oriente. Macri se ha convertido en responsable de las consecuencias que esta alianza habrá de tener en perjuicio de Argentina.

¿El “freno al ajuste” no incluye el rechazo a los tratados que comprometen a Argentina con los Estados que libran guerras coloniales e imperialistas permanentes y con la Otan? La futura senadora, ¿no debería pronunciarse acerca de su voto cuando esos acuerdos lleguen al recinto? ¿No es claro que la consolidación de la presencia de Argentina en un bloque internacional belicista sería un respaldo poderoso al ‘ajuste’? La Unión Ciudadana, que encabeza CFK, aunque sea por omisión, ha dado un paso de acercamiento a la política internacional del macrismo.

En estas elecciones, la ex presidenta se ubica a la derecha de su gestión de gobierno y encuadra sus diferencias con la gestión macrista en un régimen de ‘unión nacional’.

“Democracia enferma”

Para Cristina Kirchner, la “democracia” en América Latina se encuentra “enferma”. Caen presidentes electos por medio de ‘golpes parlamentarios’; Maduro echa a su procuradora y reprime manifestaciones opositoras, Macri quiere hacer lo mismo con Gils Carbó y sería cómplice de la desaparición de Santiago Maldonado; en Venezuela hay presos políticos, lo mismo que Milagro Sala en Argentina; México es una suerte de Estado fallido, dominado por el narcotráfico. Esto, sin embargo, no solamente ocurre en América Latina: Trump gobierna mediante ‘excecutive orders’ y echa gente del país y destruye familias por esta vía de decretos, y el francés Macron quiere establecer con los mismos métodos -las ‘ordonnances’- la liquidación del derecho laboral y el establecimiento de “un estado de seguridad nacional”.

Aunque parece ‘radical’, CFK desarrolla una caracterización sin determinaciones sociales ni determinaciones políticas, como si estas crisis políticas se desarrollaran en el vacío -no señala la bancarrota del capitalismo ni a la burguesía decadente y parasitaria que domina los Estados, ni la subordinación al capital financiero internacional. Se trata, como es obvio, de una caracterización improvisada -es, después de todo, la culminación de una década de gobiernos, como el de ella, que alardearon de ejercitar una autonomía política sin precedentes. Hace ocho décadas que América Latina viene cruzada por golpes militares y por gobiernos civiles que se van antes de tiempo, como Alfonsín y De la Rúa -y es una caracterización autocomplaciente de quien ha perdido el gobierno. La democracia no ha echado raíces en América Latina porque ha llegado tarde al desarrollo capitalista. Querer reconstruir una democracia históricamente agotada es inviable y, en última instancia, reaccionario. Solamente un gobierno socialista de obreros y campesinos puede establecer una democracia de otro contenido social e histórico. La propuesta de reconstruir una democracia sobre las viejas bases no tiene futuro. Es un planteo de “concertación o unidad nacional”. Cristina Kirchner no ofrece “frenar el ajuste”, sino armar una componenda con los ‘ajustadores’.

Rebelión popular

CFK describe a una América Latina poschavista, nada menos, o sea el estado de descomposición en que dejaron al continente los ‘nacionales y populares’. En su momento, arribaron al gobierno para contener el derrumbe que dejaron los gobiernos ‘neoliberales’ (Menem, De la Rúa, el venezolano Carlos Andrés Pérez y sucesores, el boliviano-norteamericano Sánchez de Losada, el brasileño Henrique Cardoso), y así de seguido. De esta bancarrota no se sale para atrás, invocando la unidad de clases, sino para adelante, mediante la liquidación de las bases capitalistas parasitarias de las sociedades y Estados de América Latina.

La ex presidenta no lo entiende así, y en la entrevista se ve por qué. Allí se jacta de haber, por enésima vez, “incorporado a miles de pibes a la política”. Los ‘pibes’, en realidad, se ‘incorporaron’ en las movilizaciones que culminaron con la rebelión popular de 2001. Meterlos “en la política” fue una estrategia de cooptación de la juventud. La ‘incorporación de pibes’ desde arriba, no es revolucionaria, al revés -se convierte en revolucionaria si rompe con esa tentativa de cooptación. La primera “restauración” la hizo el kirchnerismo, la restauración ‘populista’, la restauración del orden, con retoques. El kirchnerismo ha sido durante su período de vigencia profundamente hostil a la rebelión popular, ha sido un factor de contención. La rebelión popular es la advertencia por excelencia de la caducidad del viejo orden -“las fuerzas productivas chocan con las relaciones de producción”.

La candidatura de CFK tiene un carácter conservador: unir al envejecido peronismo, unir a la sociedad, bajo la dirección de la clase capitalista responsable de su estancamiento y derrumbe. El problema para ella es que los de arriba prefieren a otros candidatos para ejecutar estos mismos menesteres.

Los trabajadores de Cresta Roja se han anotado un nuevo triunfo en su lucha por el pago de las indemnizaciones adeudadas que les corresponden por el traspaso de la empresa de Rasic Hermanos a Proteínsa.

Los obreros habían decidido no retomar tareas hasta que aquellas se pagaran y tomaron la planta durante varios días, después de ver que no se cumplían ninguna de las promesas de Proteínsa ni de la jueza ni del gobierno.

En primer lugar, fracasó una maniobra del Ministerio de Trabajo, que impulsó una votación de las propuestas de la empresa (ninguna de ellas contemplaba el pago de la indemnización) por urnas y con voto secreto. Buscaban desconocer el mandato de la asamblea obrera y darle vía libre a los supervisores, jefes y líderes para incidir a través de amenazas en la votación.

El activismo, encabezado por el cuerpo de delegados de sector de Planta II, fijó posición llamando a no votar: por no aceptar resignar la indemnización ni aceptar falsas promesas de mentirosos probados como los directivos de Proteínsa y, sobre todo, no permitir que se instale un método ajeno a la asamblea obrera.

Se llevaron las urnas y los fiscales, pero en vano: los resultados fueron demoledores. En planta I votaron sólo algunos encargados; en planta II no votó nadie. La claridad del activismo hizo fracasar la maniobra de la empresa y el Ministerio.

Después de la derrota de la votación se hizo una nueva audiencia donde la jueza se vio obligada a intimar a la empresa a pagar las indemnizaciones bajo amenaza de considerarla como “postor remiso” (una figura que puede conducir a una nueva subasta empresaria). Esa misma tarde, la empresa hizo un llamado de última hora, con una oferta superior a la que venía ofreciendo y un cronograma de pago superior al anterior y una rediscusion del pago de las indemnizaciones para diciembre.

A última hora de esa noche se hizo una asamblea en las dos plantas y se aprobó volver a trabajar.

En resumen, la derrota de la maniobra del Ministerio y la patronal, como resultado de la firme determinación de los trabajadores, obligó a un retroceso de la empresa. Aunque la crisis sigue abierta

El domingo 17 a la tarde-noche, los trabajadores reunidos en asamblea en el portón de acceso al ingenio decidieron continuar el paro por 96 horas más, hasta el viernes 22. La extensión del paro se da frente a la intransigencia de la patronal, que busca cerrar la paritaria más baja del sector.

El paro es masivo, de casi el 90% de los obreros. Se han logrado paralizar algunas líneas de producción (refinado) y en otras se redujo al mínimo la producción (alcohol). Un elemento que ha servido para la homogeneización de los trabajadores alrededor del paro es que, habiendo transcurrido la mayor parte de la zafra, no se ha cerrado la paritaria. La empresa anunció una zafra con récord de producción y pretende imponer salarios a la baja, entre otros ataques a los trabajadores, sus conquistas y su organización. Los ingenios más chicos que integran el Centro Azucarero Regional Noroeste (Carna), ya han cerrado su paritaria, alrededor del 31%, mientras los “dos colosos” (Ledesma y Tabacal) pretenden cerrar una paritaria más baja.

La patronal pretende avanzar sobre los trabajadores con el apoyo del gobierno de Gerardo Morales.

Todas las provocaciones montadas por la patronal se hacen con la connivencia y complicidad del Estado. De cara a este paro, la patronal salió a decir que los obreros iban a realizar disturbios, destrucción de bienes y extorsión, inclusive realizando denuncias penales y agitando en todos los medios. Son mentiras para no reconocer que el paro es contundente, masivo, con ollas populares, con carpas y gazebos frente al portón.

El gobierno nacional decidió intervenir en favor de Ledesma desconociendo la elección de comisión directiva que fue elegida democráticamente por los trabajadores, intentando un nuevo golpe contra la organización obrera. Este ataque se produjo en medio de la negociación paritaria, buscando quebrar a la dirección e imponer un acuerdo a la baja.

Ledesma está imponiendo acuerdos individuales entre la empresa y el obrero, desconociendo al sindicato y la organización colectiva. Este es uno de los debates de la reforma laboral antiobrera que quiere imponer el gobierno nacional para después de octubre. Se ha valido de estos acuerdos, en parte, para evitar la total paralización del ingenio en la presente huelga.

El caso de Ledesma tiene que servir de guía a todo el movimiento obrero. Una empresa con ganancias récord, que es la más avanzada del rubro, pretende rediscutir y modificar todas las condiciones de trabajo y las conquistas históricas de los obreros: acuerdo individual, paritarias a la baja, desconocimiento del gremio, etc.

Por el triunfo de los obreros

Los obreros cuentan con la solidaridad del pueblo de Ledesma. Es necesaria una campaña de pronunciamientos y acciones solidarias para contribuir a la victoria de los trabajadores. Un triunfo de los obreros de Ledesma sería un paso adelante para todos los trabajadores. Sólo con una gran organización en favor de los obreros se podrá torcer el brazo a la patronal negrera de Blaquier.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda está apoyando activamente el conflicto. El buen estado de ánimo de los trabajadores es lo que reina en las puertas del Ingenio Ledesma. Abajo los ataques y las provocaciones de la patronal y el gobierno. Por el triunfo de los obreros y la defensa de sus conquistas históricas.

Después de muchos años, La revolución traicionada, de León Trotsky, vuelve a editarse en castellano. Como bien dice Christian Rath en su prólogo, publicar este libro no es un acto neutral: no por nada se trata de una de las obras menos difundidas del gran compañero de Lenin. En principio, los “amigos de la URSS” -tan solidarios con la burocracia estalinista como enemigos de cualquier revolución proletaria que estuviera por hacerse− se encargaron de ocultarlo, de sabotear su publicación y de difamarlo luego. Más tarde fueron muchos de los proclamados “trotskistas”, deslumbrados por la “desestalinización” de los burócratas del Kremlin (después se deslumbrarían con la “perestroika” y la “glasnost”) los que prefirieron ocultar las críticas y el análisis de Trotsky al Termidor estaliniano.

Por otra parte, La revolución traicionada no es una curiosidad histórica o una inquietud académica; se trata, por el contrario, de un proceso vivo y plenamente vigente. Escrutamos el pasado en busca de respuestas que sirvan para operar en el presente, con la vista puesta en el porvenir (“es en función de la vida que interrogamos a la muerte”); dicho sea esto contra quienes pretenden enviar la obra de Trotsky (de todo el marxismo) a los anaqueles de las bibliotecas y, sobre todo, contra quienes consideran cerrada la época abierta por la Revolución de Octubre. Esta edición es, además, un homenaje al centenario de aquella revolución.

Para el grupo editor El Viejo Fantasma es un honor presentar esta nueva edición de La revolución traicionada, profusamente anotada para mejor comprensión de los sucesos y las personalidades a las que se refiere el autor.

Se consigue en Mitre 2162, Ciudad de Buenos Aires, a partir del martes 19. También en las mejores librerías de Buenos Aires o por pedido a https://www.facebook.com/alejandro.guerrero.92754. En el interior, podés pedirla en el local del PO más próximo a tu domicilio.

Una masiva asamblea de obreros decidió el martes 26 continuar el paro por 96 horas más, lo que llevará a 16 días continuos la huelga. La patronal no sólo no se ha movido de la oferta paritaria, sino que ha suspendido las negociaciones frente al paro. Los obreros reclaman obtener el acuerdo firmado por Fotia y los ingenios San Isidro y Río Grande, del 31%, lo que llevaría el salario inicial a 21.900 pesos; Ledesma ofrece 20.000 pesos de inicial y en cuotas… hasta completar en mayo de 2018.

Una nueva movilización, esta vez de más de mil personas, acompañó a los obreros en este reclamo en una marcha por el Libertador General San Martín, pasando por la plaza central y arribando a los portones del ingenio, donde hubo un acto con los secretarios generales de los sindicatos de Ledesma, Tabacal y San Isidro en apoyo a la huelga.

“No negociamos con un paro”

La patronal dice que no quiere negociar con el “chantaje” de la medida de fuerza, pero es la propia patronal la que chantajea a los trabajadores con la complicidad del gobierno nacional y provincial. Es la que ha promovido las denuncias y persecuciones a los obreros durante el conflicto anterior; la que quiere imponer una multa millonaria al gremio y la que actualmente pretende desconocer la comisión directiva, electa democráticamente por sus trabajadores. Estos avances sólo han sido contenidos por la lucha y la movilización de los trabajadores. La huelga enfrenta a una de las patronales más grandes del país, que cuenta con fuertes lazos con los gobiernos y sus instituciones.

El telón de fondo

Lo que hay de fondo en este conflicto es el interés de la empresa en producir una reestructuración, modificando las condiciones laborales y las conquistas obtenidas. En ese sentido, marca una avanzada de la reforma laboral que quiere discutir el macrismo: Ledesma hizo punta de lanza con convenios individuales, conocidos entre los obreros como “H-3”, que han sido utilizados ahora para tratar de quebrar la unidad obrera y que haya un grupo minúsculo de trabajadores produciendo.

Durante la huelga se produjo un incendio en Trapiche 3, que estaba funcionando con menos personal del necesario. La empresa está queriendo sostener la producción con menos cantidad de trabajadores, sobreexigiendo hasta el límite a los propios obreros que no paran. Ledesma pone en riesgo la salud y la vida de los obreros, en pos de maximizar sus ganancias y quebrar la huelga.

La empresa anunció una millonaria inversión para el campo y la fábrica: supercosechadoras que reemplazarán a 40 obreros cada una, y una inversión en la fábrica para obtener gas de la vinaza, lo que armaría al ingenio de un circuito completo de producción (no necesitaría provisión de gas). Todos estos avances en el próximo período van a estar sujetos a una reducción de la planta de trabajadores. Como se ve, en esta huelga se pone en juego no sólo el salario de la paritaria, sino las condiciones laborales para la próxima etapa.

La masividad de la huelga, que día a día viene sumando sectores, y la gran solidaridad popular, han bloqueado los intentos represivos del gobierno.

La salida, con los trabajadores

Hoy las dos grandes luchas en Argentina son la enorme lucha de los secundarios en la Ciudad de Buenos Aires contra la reforma antieducativa y antiobrera; y la lucha de los obreros de Ledesma. Son las que le marcan el rumbo a los trabajadores y la juventud. Un triunfo de estas luchas servirá para reforzar a los trabajadores de cara a las medidas de ajuste planeadas por el gobierno y acompañadas por los partidos tradicionales.

Una conclusión inevitable para los trabajadores es el rol y la intervención que han tenido en el conflicto los diferentes sectores políticos. Los trabajadores deben reforzar una intervención política independiente de la clase obrera y combatir el intento de subordinación hacia variantes de contención. La patronal ha tejido vínculos con todos los gobiernos de turno, con el kirchnerismo y ahora con el tándem Macri-Morales.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda viene apoyando la lucha, y participando de todas las iniciativas que acompañan la lucha de los trabajadores. Creemos fundamental extender la solidaridad en todo el pueblo e inclusive sumar otros sectores en lucha para reforzar esta enorme huelga. Un triunfo de los obreros de Ledesma reforzaría la capacidad para que los obreros de Tabacal (que tampoco cerraron su paritaria) puedan encontrar un triunfo y le daría un fenomenal impulso a todas las luchas de la región.

Si ganan los obreros de Ledesma, ganamos todos.

En las últimas semanas, el kirchnerismo sufrió dos golpes duros en la universidad. Perdió el centro de Sociales, el único que conducía en la UBA, y la dirección de la Federación Universitaria de La Plata. En ambos casos, la derrota fue precedida por la división de las agrupaciones y autoridades K; La Mella intervino en esos procesos con posiciones (aparentemente) opuestas.

En Sociales-UBA, los pibes de Itaí Hagman cerraron un frente con La Cámpora para enfrentar a la UES, la agrupación del PJ que venía de conducir con los K el centro de estudiantes. Allí, para justificar esa alianza de última hora, La Mella dijo que la UES representaba “al Rectorado de Barbieri-Yacobitti, una pata de Cambiemos en la UBA”. Era su forma de defender la continuidad del decano K Glenn Postolski.

Una semana después, en La Plata, los roles se invirtieron. En la ciudad de las diagonales, La Mella impulsó una alianza con Miles, que rompió el frente que tenía con La Cámpora para pasar a disputarse con ella la conducción de la FULP. Miles y la UES son agrupaciones “hermanas”, que comparten el Frente Universitario Nacional por la Emancipación (Fune) en la FUA.

Para justificar esta voltereta en La Plata, La Mella esgrimió la necesidad de una “unidad amplia” contra el “sectarismo” de La Cámpora. En realidad, lo que ocurrió fue que los (¿ex?) chavistas se valieron del impulso del radical Tauber, que quiere volver a presidir la UNLP y está interesado en componer un rectorado “menos ultra-K”, desplazando al camporismo. Sacar a la agrupación de Máximo K de la FULP era un paso fundamental en ese sentido.

A tono con la vocación dialoguista con el macrismo del nuevo Rectorado, La Mella bautizó su frente con Miles con el nombre “7 de Agosto”… por la marcha que las organizaciones sociales ligadas al Vaticano realizaron en el día de San Cayetano. No deja de ser notable para una corriente universitaria que debería propugnar -por definición- el desarrollo de la ciencia y el laicismo, ubicarse bajo la tutela del Papa y los santos evangelios.

Aunque las posiciones de La Mella en la UBA y la UNLP son aparentemente opuestas -“con La Cámpora contra la UES, con la UES contra La Cámpora”- hay un hilo conductor: el acomodamiento a distintas fracciones que se enfrentan como resultado de la disgregación de la camarilla universitaria que gobernó con el kirchnerismo. A esta altura, es claro que la crisis que afectó a esta organización en ocasión de su ingreso a Unidad Porteña fue sólo táctica: la pregunta era “¿cuál es la mejor manera de crecer al interior del régimen, con La Cámpora o sin La Cámpora?”. Y la respuesta “depende del caso”.

Lo que todavía sorprende es la capacidad para moldear discursos tan distintos, armados a la medida de las autoridades del lugar, sin importar que implique defender una política de alianzas antagónica a sólo 55 km de distancia.

La Bolsa de Valores ha saludado con una racha alcista los sondeos que dan cuenta de un progreso electoral del oficialismo en las elecciones del próximo 22 de octubre. La lectura más fina de estos datos, sin embargo, ayudan a explicar los artificios de ese escenario electoral. Las acciones que más han crecido están relacionadas con los servicios públicos y la energía, para los cuales el gobierno ha programado tarifazos después de las elecciones.

Por caso, las tarifas eléctricas tienen previstos aumentos de hasta el 50% entre noviembre y febrero de 2018. En el caso de las naftas, la reciente liberalización fue acompañada de un pacto con las petroleras, para contener los aumentos sólo hasta que pasen los comicios. Las expectativas electorales favorables del oficialismo, por lo tanto, cabalgan sobre la base de postergar choques sociales de carácter explosivo. Lo mismo vale para la reforma laboral que ya ha comenzado a urdirse con la burocracia sindical, y que debutaría con un megablanqueo para los capitalistas junto a una nueva rebaja en los aportes patronales.

Kirchnerismo

Pero las posibilidades de una victoria oficialista reposan también sobre otra constatación: en la estratégica provincia de Buenos Aires, la Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner no logra construir una polarización política fundada en absorber los votos de las otras variantes opositoras. Hay varias razones para ello. Por un lado, la Justicia federal ha redoblado la ofensiva sobre el ex núcleo gobernante del FpV. Al juicio a De Vido por la masacre de Once y por Río Turbio, se suma ahora el desfile del ex vice Amado Boudou por los tribunales, a causa de la apropiación de la gráfica Ciccone y de otros negociados. El kirchnerismo atribuye esta escalada judicial a una “operación política”, algo indudable a la luz del alineamiento de la mayor parte de la Justicia federal con los propósitos del gobierno. Pero para que la “operación” camine, debieron existir los desfalcos a costa del presupuesto público y de los trabajadores -ése es el caso del vaciamiento del sistema ferroviario, que hoy tiene a De Vido en el banquillo. En este desfile de imputaciones penales, el kirchnerismo bebe de su propia medicina.

Lo mismo puede decirse de otra ofensiva judicial, la que pone la mira en algunos de los exponentes de la burocracia sindical. Una parte de los burócratas advierten que el “macrismo va por los gremios”, sin poder dar cuentas de la responsabilidad que les cabe en el saqueo a los fondos sindicales. Esas corruptelas contaron siempre con la vista gorda del Estado y de las patronales, mientras la burocracia, como contrapartida, resignaba conquistas laborales. De todos modos, el objetivo de la escalada antimafiosa del macrismo es extorsionar al resto de la burocracia y someterla, sin atenuantes, a la aplicación de la reforma laboral.

Pero la incapacidad del kirchnerismo para constituir un polo de oposición popular se relaciona principalmente con sus planteamientos políticos. Cristina ha pasado de la “unidad ciudadana” a una campaña abiertamente recostada en el Pejota, el cual, a su turno, ya está haciendo planes para una reorganización post octubre que mande al kirchnerismo al archivo, o que lo subordine a la jefatura de los gobernadores. La sobreactuada furia de Miguel Pichetto en relación con la cuestión mapuche, en medio de la crisis planteada con el caso Maldonado, es toda una señal en favor de redoblar los acuerdos pro-ajuste con Macri. El alineamiento de Cristina Kirchner con ellos revela la ausencia de cualquier perspectiva transformadora, más allá de las alusiones genéricas al “ajuste” o a las advertencias de que “vienen con todo”. El apoyo del frente patronal al rescate capitalista emprendido por el macrismo ha dejado sin sustento a Massa y a Cristina, y ha desenmascarado su incapacidad para enarbolar una oposición al macrismo en base a las aspiraciones obreras o populares. Este escenario fue anticipado por las Paso en la Ciudad de Buenos Aires, donde cualquier posibilidad de polarización quedó cancelada con la abultada victoria de Carrió sobre un kirchnerismo empantanado y un Lousteau en caída libre.

Frente de Izquierda

Este escenario debe ser seguido con la mayor atención por las fuerzas del Frente de Izquierda, en las dos escasas semanas que restan de campaña electoral. La “depresión” que envuelve a los kirchneristas -y a ciertos izquierdistas- es un encubrimiento de la responsabilidad que les cabe a todos ellos en la emergencia del macrismo. Pero por debajo de la celebración anticipada de la Bolsa -y de los “nacionales y populares” desmoralizados- existe una enorme inquietud popular, la misma que la burocracia y la oposición patronal ningunean cotidianamente. Aunque el endeudamiento creciente financia en parte a la construcción pública, ello no compensa la caída de 66.000 empleos industriales en dos años. La futura reforma laboral es motivo de deliberación en fábricas y reparticiones. La juventud, por su parte, ha sido sacudida por una reforma de la escuela media que precariza la educación, para facilitar su entrega al capital como mano de obra gratuita. En un plano más general, el operativo de rescate capitalista a manos del capital internacional se enfrenta a un escenario de disgregación política internacional (¡Cataluña!), cuyo telón de fondo es el trabajo dislocador de la bancarrota capitalista trasladada a las masas.

En este cuadro, vamos a la lucha por el voto en base a un programa de reivindicaciones y a una salida estratégica. Llamamos a votar al Frente de Izquierda en defensa del salario y de todas las conquistas laborales amenazadas, del 82% móvil y de un Anses y Pami dirigido por trabajadores y jubilados; por las libertades políticas, el derecho a luchar y la aparición con vida de Santiago Maldonado; por el desconocimiento de la deuda usuraria y una reorganización social de fondo bajo la dirección de los trabajadores. Esta es la gran tarea que votó el plenario sindical que organizamos junto a Izquierda Socialista el sábado pasado, donde 3.000 compañeros votaron un rumbo de lucha contra el pacto de la CGT y Macri, el apoyo a la marcha del 12 de octubre convocada por el clasismo y una gran campaña en los lugares de trabajo por el voto al Frente de Izquierda.

A propuesta de los docentes de la carrera de Edición y de los consejeros directivos de la UJS-Partido Obrero, el próximo miércoles 11 de octubre se realizará un cese de actividades en Filo entre las 9 y las 13 horas. El objetivo es movilizar al conjunto de la facultad al Consejo Superior de la UBA (Viamonte 444) para arrancar el salario para los docentes ad honorem de la carrera.

Esta medida es un hecho histórico para una carrera que desde sus inicios sufre el ahogo presupuestario por parte de las autoridades de la UBA y de la facultad. Rehén de las peleas entre las camarillas del decanato de Filo y el Rectorado, la planta docente de la carrera de Edición sobrepasa el 50% de trabajo gratuito (ad honorem). Con una matrícula estudiantil que no para de crecer en los últimos años, la crisis que se vive en la carrera se agrava. Las materias se dictan un solo cuatrimestre y en bandas horarias imposibles para los estudiantes que trabajan, fomentando el atraso y la deserción.

Este año se produjo un punto de quiebre cuando los docentes de la cátedra “Teoría de los Medios y la Cultura” (TMC, una de las más numerosas de la carrera y de toda la facultad) resolvieron una medida drástica: cansados de trabajar sin cobrar, en algunos casos por más de diez años, dejaron de dar clases cerrando siete de los trece prácticos como acción de protesta. El próximo miércoles 11, el teórico de TMC se dictará frente a las puertas del Consejo Superior.

La respuesta del Rectorado

Desde el inicio del conflicto, la minoría estudiantil de la UJS-PO en el Consejo Superior se convirtió en la voz de los docentes y estudiantes de Edición. Allí planteamos la necesidad de una partida presupuestaria para dar respuesta a los reclamos de la carrera y regularizar a todos los docentes, en contraste con el silencio de la decana Morgade, que hace años conoce la situación pero nunca movió un dedo por Edición.

La respuesta de las autoridades del Rectorado, que venían de aceptar los presupuestos a la baja del gobierno de Macri, fue negativa. En contraposición, propusieron una suerte de “auto-ajuste”, distribuyendo partidas al interior de la facultad, de las carreras con menos matrícula a las carreras con más matrícula. La idea del rector Barbieri es crear, como ya ocurre en la Fadu, una planta docente flexible, cuyas designaciones dependan, cuatrimestre por cuatrimestre, de la demanda estudiantil. Este planteo precarizador desconoce que en Filo, lejos de “sobrar” designaciones, abundan los docentes subrentados en todas las carreras, que tienen que hacer malabares para dar clases, investigar y llegar a fin de mes.

El debate en Sociales

Esta misma política ajustadora es la que se pondrá en práctica en la Facultad de Ciencias Sociales. En esa facultad, la carrera de Relaciones del Trabajo vive una situación análoga a la de Edición, con una matrícula en ascenso, la mitad de sus docentes sin cobrar y rechazos permanentes en las inscripciones por falta de horarios y comisiones. Allí, la voz del Rectorado fue la UES, que en el Consejo Directivo de Sociales propuso un proyecto de “prioridad RT”, para que esa carrera se quede con las designaciones que se van liberando de las otras, ya sea por renuncias o jubilaciones.

Los consejeros de izquierda rechazamos este planteo mostrando que el problema no es priorizar una carrera sobre las otras, sino unir a todas ellas para reclamarle a las autoridades y al gobierno el presupuesto necesario. Por eso, propusimos que Sociales se sume al cese de Filo el próximo miércoles 11 y juntos nos movilicemos para arrancarle al Consejo Superior los salarios de Edición y RT. Tanto el bloque del decano Postolski como el de la UES, que se habían declarado una supuesta “guerra” por las elecciones, se unieron para bloquear la propuesta de la izquierda y aprobaron en común la propuesta oficial de someter a Sociales a la redistribución de la miseria.

El 11, todos al Rectorado

A contramano de la política de ajuste de las autoridades, el cese de actividades del próximo miércoles es una primera gran conquista de los docentes y estudiantes de Edición. Para aprovecharla, es necesario que seamos miles participando de las clases públicas y actividades frente al Consejo Superior. Cuando los decanos y camarillas que manejan la universidad se preparan para perpetuarse al frente de un régimen completamente antidemocrático, es necesario que estudiantes y docentes irrumpamos en la escena con nuestras propias reivindicaciones. Es con ese objetivo que el miércoles próximo el Cefyl, la Fuba y la AGD convocamos a parar Filo y copar el Rectorado por los reclamos de Edición. Un triunfo de los docentes y estudiantes de Edición en lucha será paso adelante para toda la UBA y un golpe severo para la política de ajuste y privatización que Barbieri y los decanos quieren imponer en sintonía con el gobierno.

Después de 17 días de huelga y sin ningún tipo de respuesta por parte de la empresa, el jueves 28, los obreros decidieron ir al corte de la ruta 34 para intentar por la vía de esta medida, lograr sentar a la patronal en la mesa de negociación y forzar al gobierno a tener que intervenir en esta crisis abierta. La primera respuesta oficial fue responder con una represión sobre los obreros, que fue derrotada por la movilización y la solidaridad de vecinos y los propios trabajadores.

El gobierno de Gerardo Morales ha operado en favor de los Blaquier durante todo este período. La patronal ha atacado sistemáticamente a los obreros y a su dirección, se ha valido de una justicia que le responde para desconocer a la directiva electa; ha anunciado que va a descontar todos los días de huelga.

Cambio de situación

Frente a este escenario, el viernes 29 de septiembre, el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió una resolución autorizando a las patronales de los ingenios a “abonar la oferta de recomposición salarial efectuada antes del cierre de la conciliación obligatoria por acta del 12/9/17” (resolución 761-2017); o sea, la oferta realizada por la empresa, que está por debajo de lo acordado por todos los ingenios que cerraron su paritaria (17 sobre 23 en todo el país).

Esta maniobra configura un gravísimo ataque para los trabajadores y un terrible precedente para las futuras luchas: tiene el objetivo de quebrar cualquier acción y producir un cuadro de confusión entre los trabajadores. Es el método que empleó el gobierno de Morales desde que asumió con los trabajadores estatales: hace una propuesta en paritarias, los gremios no acuerdan y la provincia liquida en función de la propuesta del gobierno (la paritaria docente, por ejemplo, no se ha cerrado y el gobierno liquida en cuotas la oferta que realizó).

El gobierno de Morales replegó las fuerzas policiales y de Gendarmería y dejó a los obreros desorientados y en un cuadro de confusión, quienes decidieron permanecer a la vera de la ruta.

Los bloques políticos patronales, con Blaquier

Todos los bloques políticos patronales cerraron filas con la patronal de Blaquier, desde el intendente Oscar Jayat (UCR), que dijo que el conflicto era una operación para desprestigiar su gestión, hasta el gobierno provincial de Cambiemos (UCR-Frente Renovador). Ninguna bancada se pronunció ni se manifestó, ni acompañó a los obreros. A último momento, algunos figurones del PJ se acercaron para “sacarse una foto”, pero no impulsaron ninguna medida para el triunfo de los obreros. Sólo el Frente de Izquierda, junto a algunas organizaciones sociales de Ledesma, ha acompañado a los obreros en cada medida que tomaron, y estuvo presente en el corte, acompañando en las marchas y asambleas.

Otro dato fue la completa ausencia del kirchnerismo en el conflicto, que viene haciendo demagogia presentándose como el “abanderado para enfrentar el ajuste” y estuvo completamente borrado. La lista de Unidad Ciudadana Jujuy, con la incorporación de Unidos y Organizados (Tupac Amaru) y la Corriente del Pueblo (Luciana Santillán), estuvo totalmente ausente de los hechos. CFK no pronunció un saludo siquiera luego de la represión a los trabajadores en la ruta. El kirchnerismo se borró, como se borra de cada lucha, porque está en la variante de que no hay que jugar un rol en ellas y sí “castigarlos en las urnas”.

La asamblea

La comisión directiva del sindicato de Ledesma convocó una reunión para el lunes 2 de octubre para explicar la maniobra del gobierno y determinar los pasos a seguir. La reunión se transformó en asamblea y por la presión de las bases se modificó de hecho el lugar: de la sede del gremio se pasó a deliberar a la orilla de la ruta. La propuesta que bajó desde la Comisión Directiva fue suspender las medidas de fuerza por un lapso de tiempo breve para negociar con la empresa, así no dar justificaciones a Ledesma que exigía el levantamiento de las medidas para negociar. Todos los delegados propusieron un cuarto intermedio de media hora para debatir con su sector.

A la vuelta, se propusieron dos mociones: seguir con las medidas de fuerza o suspender por 48 horas las medidas para intentar negociar. Ganó la propuesta de suspender las medidas de fuerza a partir del vencimiento del último paro votado (martes 3), aunque la moción de seguir con las medidas logró un 20% de los votos. El jueves 5 se convoca una nueva asamblea obrera para debatir si hubo novedades en la propuesta y si no qué medidas tomar.

El paro en Ledesma cumplía su objetivo, estaba afectando la producción de manera concreta: los trapiches funcionaban a mitad de su capacidad, se había reducido la producción de alcohol y se había paralizado completamente el refinado del azúcar. En este escenario, la maniobra del ministerio para habilitar a la patronal a liquidarle el porcentaje ofrecido por la empresa a los trabajadores generó un cuadro de confusión entre los obreros. Esto condicionó la medida de fuerza e inclusive agarró en “offside” a la directiva, que tuvo que plantear suspender la medida de fuerza para negociar con la empresa, pero claramente carece de una línea para intervenir a partir de este nuevo escenario.

En la medida en que se levanta el paro, creemos que tiene que haber una acción sobre los obreros que no pararon para ganarlos a las posiciones de lucha en la próxima etapa. La patronal se juega a quebrar la paritaria para reorganizar las condiciones de trabajo sobre la base de la precarización y flexibilización de las condiciones de trabajo, que va de la mano con la eliminación de puestos de trabajo.

Esta huelga es estratégica no sólo para toda la clase obrera azucarera de Salta y Jujuy, sino para toda la población que hoy en día sufre los ataques del gobierno a través de ajustes, despidos, precarización de las condiciones de vida, tarifazos, etc.

Para enfrentar al gobierno y al ajuste en las mejores condiciones es necesario desenvolver las máximas fuerzas populares para solidarizarse con este conflicto, por ejemplo a través de un comité de solidaridad en los lugares de trabajo, estudio y las barriadas, de pronunciamentos, etc.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda dispone sus fuerzas y actúa bajo esta orientación política.

Los trabajadores municipales organizados con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Coronel Suárez comenzaron un plan de lucha en reclamo, entre otros puntos, de un 30% de recomposición salarial. El conflicto se reabrió a principios de agosto, una vez superado el 20% de inflación que planteaba la reapertura inmediata de la paritaria, lo que fue rechazado por el intendente Roberto Palacio (Cambiemos). A esto se le sumó una mala liquidación de los aguinaldos.

Además del salario, con básicos iniciales de 7.050 pesos -muy por debajo de la canasta de pobreza- los municipales reclaman que se cumplan cláusulas del convenio colectivo de trabajo, como la entrega de los elementos de seguridad y ropa de todos los sectores, y 400 recategorizaciones.

Los trabajadores llevaron a cabo asambleas en varios sectores, como el Palacio municipal, Vialidad, en algunos casos también con ocupaciones permanentes, como en el corralón municipal y el lavadero del hospital municipal (donde pacientes y una parte de los médicos apoyan la lucha).

El intendente Palacio, quien fuera funcionario del vecinalismo del hoy randazzista Ricardo Moccero -y que sigue fielmente sus pasos en cuanto a los ataques furibundos a la lucha y organización de los municipales- se dedicó a montar una campaña de mentiras respecto de la realidad salarial de los municipales, al considerar como parte de este año un 4,17% de incremento salarial obtenido durante la última paritaria, pero que corresponde a una recomposición de 2016. La paritaria de este año logró un 20% de aumento en el primer semestre, con la cláusula de reapertura antes mencionada.

En el marco de las negociaciones en curso, los trabajadores ya conquistaron 300 recategorizaciones a efectuarse en octubre. En el tema salarial, el municipio ofreció dos alternativas, igualmente inaceptables. La primera de un miserable 5% para lo que queda del año; la otra, que excluye la anterior, de tres cuotas de sumas en negro; es decir, un mísero soborno para intentar cerrar el conflicto de cara a las elecciones, lo cual fue rechazado por todas las asambleas de los sectores.

Cuando la negociación se encaminaba a cerrar con un 5% de aumento en octubre y un 10% no remunerativo en diciembre, pero a pasar al básico en enero, el municipio retiró a último momento la oferta y luego el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Llegó la orden de no superar la pauta salarial que se pretende colocar en el presupuesto nacional -con el consenso de macristas, kirchneristas, pejotistas y massistas- en relación con una improbable inflación de entre el 10/11%. El STM ha pedido la renuncia del delegado del Ministerio de Trabajo.

La última palabra no está dicha. Los municipales suarences, de larga tradición de lucha, tienen un sindicato que se organiza en asambleas, con su cuerpo de delegados y deliberación en todos los sectores. Un gran contraste con el rol paralizante y claudicante del conjunto de la burocracia sindical de la CGT que ha dejado pasar despidos, suspensiones y se encuentra pactado la reforma laboral con Macri.

¡Viva la lucha de los municipales de Coronel Suárez!

Los obreros de Ledesma volvieron al paro por 96 horas en reclamo de aumento salarial. Tras más de quince días de huelga, los trabajadores habían suspendido las medidas la semana pasada.

El hecho que precipitó el regreso a la huelga es que el lunes 9, el Centro Azucarero Regional Noroeste Argentino (Carna) y la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores del Ingenio Ledesma (SOEAIL), junto a delegados electos en asamblea se reunieron por segunda vez para continuar con la negociación paritaria, pero las patronales volvieron a hacer una oferta miserable. Es una oferta en tres tramos y lleva el salario a inicial a 20.250 pesos, muy por debajo de lo acordado por el resto de los ingenios que integran la cámara patronal.

Esta provocación se suma a la maniobra que el Ministerio de Trabajo había orquestado contra la huelga, habilitando a la patronal a liquidar el porcentaje de aumento ofrecido a los trabajadores.

El ministerio y el gobierno de Morales juegan para los Blaquier. El ataque contra los obreros de Ledesma, que incluyó la represión contra un corte en la Ruta 34, se da en el marco de una política de ajuste general a los trabajadores. La reforma laboral anunciada para después de octubre, ya se observa en la implementación del turno relevante, en la existencia de los contratos H3 que atentan contra los convenios colectivos de trabajo y, por lo tanto, contra las condiciones laborales de los trabajadores. A su vez, hay una persecución a la comisión directiva del sindicato.

En este nuevo escenario, el PO y el Frente de Izquierda mantenemos nuestro total apoyo a los compañeros que vuelven a las medidas de fuerza, entendiendo que hay que tener confianza en los trabajadores que ya demostraron, con el paro histórico de 20 días, que las fuerzas para sostener uno de los métodos históricos de lucha de la clase obrera, sigue intacta. Ante esta situación, la otra tarea pendiente es abrir un debate con los obreros que aún no se adhirieron al paro y explicarles que lo que está en juego, no sólo es la paritaria, sino también las condiciones de trabajo, la organización sindical e inclusive los puestos de trabajo, ya que la patronal tiene en vista reducir personal en un futuro mediato; que la medida de fuerza puede torcerle el brazo a la patronal y al gobierno, y que el paro es una herramienta fundamental que tenemos los trabajadores.

Vamos por un salario inicial de 21.900 pesos. Basta de provocaciones patronales. Basta de perseguir a los que luchan.

La Izquierda Diario publicó un balance de las elecciones internas de Alicorp (ex Jabón Federal) que es muy revelador sobre la orientación del PTS en el movimiento obrero.

El resultado fue de 113 votos para la Lista Verde, ligada a la burocracia del sindicato, contra 88 de la Lista Bordó, orientada por el PTS. “Después de una década -dice Franco Villalba, autor del artículo- de una comisión interna antipatronal, combativa, independiente de la burocracia sindical y que se basaba en el método de asamblea, la mayoría de los trabajadores eligieron tener delegados representantes del sindicato”.

Según Franco, este retroceso de los trabajadores de Alicorp sería una consecuencia de las conquistas obtenidas durante esos diez años (aumentos de salarios, la efectivización de contratados, la disputa de la conducción del gremio, etc.) que fueron originando una “conciencia conservadora”, caracterizada por la idea de que “no hay que reclamar ni luchar, para que no nos saquen lo que tenemos” o incluso para ir "escalando puestos en la fábrica”.

La explicación es doblemente retrógrada: se responsabiliza a la base por la derrota, en lugar de analizar los propios errores, y se repite la vieja tesis de que los obreros son “pancistas”; es decir que sólo luchan por sus intereses materiales inmediatos (esto sin entrar a discutir la relatividad de esos avances que se mencionan).

Curiosamente -o no tanto-, la teoría del “pancismo” coincide con el argumento que el kirchnerismo utiliza para justificar su derrota en 2015 a manos de Macri.

Según el razonamiento del PTS, la satisfacción de las reivindicaciones sería un obstáculo para elevar la conciencia de clase. También se puede afirmar que condiciones de trabajo embrutecedoras dificultan la organización. Pero el problema de la conciencia de clase -y la organización en que ésta se corporiza- no se reduce al aspecto puramente material del proceso capitalista; es decir, la conciencia de clase no es un reflejo mecánico de la explotación ni de la lucha contra esa explotación sino el resultado de la acción de conjunto de la clase obrera y de un partido, depositario del programa y de la experiencia histórica.

La clave de la derrota de Alicorp está puesta en el balance aunque solapadamente: la “adaptación de los que militamos en el movimiento obrero -dice Franco- a convivir día a día” con la “pasividad e individualismo”. Es decir, la política del PTS.

Chau al “sindicalismo de base”

El artículo adelanta una segunda conclusión, de alcance más general: da por finalizado el período del -llamado por el PTS- “sindicalismo de base”, es decir “cuando con el crecimiento económico que hubo a partir de 2003 millones de jóvenes ingresaban a las fábricas”y elegían “nuevos delegados antiburocráticos” (otro saludo al kirchnerismo).

En el actual “clima conservador… cuidar lo que tenemos en forma individual, reemplazó a la fuerza de lucha y organización democrática”, dice el PTS. ¿Y AGR? ¿Y Pepsico? ¿Y el proceso que recorre la UTA? ¿Y las enormes huelgas docentes? ¿Y Cresta Roja? ¿Y El Tabacal? ¿Y los triunfos antiburocráticos, como el Sute?

En la clase obrera anida una fuerte voluntad de resistencia a la ofensiva patronal, contenida o anulada por la burocracia sindical. La ausencia de luchas de conjunto es el resultado de esa acción de las direcciones burocráticas; de las que directamente pactan con el gobierno (CGT) y de las que secundan esos pactos (CTA).

La omisión del papel de la burocracia en medio de la noche negra que describe el PTS, lo conduce inexorablemente a una connivencia con ella. Queda claro que la insistencia en que las organizaciones combativas que apoyan a Pepsico marchen con el yaskismo el 22 de agosto, no fue un derrape.

¿Qué tareas? ¿Qué desafío?

El fin del “sindicalismo de base” sería la señal para poner en pie agrupaciones clasistas, algo que -sostiene el PTS- “se nos plantea hoy como urgente, pero que siempre fue imprescindible”; o sea, que el clasismo es una opción para los momentos de retrocesos.

El PTS piensa en “los miles de trabajadores de cada fábrica que hoy votan a Nicolás del Caño y los referentes obreros como Vilca de Jujuy o Godoy de Neuquén” y en “los que quieren levantar la consigna por la aparición con vida de Santiago Maldonado… exigiendo al Sindicato de Jaboneros de Oeste (Sojo) que se ponga al frente de esta campaña”.

Pasado en limpio: seguidismo a la burocracia sindical y electoralismo desenfrenado.

Una perspectiva de combate

El Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista luchan para que el movimiento obrero, que resiste el ajuste y pugna por expulsar a la burocracia de los sindicatos, se fusione con la izquierda revolucionaria en una misma perspectiva política; la batalla electoral es sólo una parte de esta lucha.

El gran plenario obrero de Lanús en apoyo a las listas y candidatos del FIT -convocado por el PO e IS- fue un paso firme en esa dirección.

En estas elecciones, los partidos tradicionales, con la ayuda de algunos de los grandes grupos mediáticos, buscan instalarse como las únicas opciones. Pero no lo son.

Hay que decir que el 22 de octubre se votan trece diputados y treinta legisladores de la Ciudad, que no se vota simplemente a alguna figura que encabece las listas. Los partidos que han gobernado y gobiernan el país y la Ciudad pretenden monopolizar esa representación política.

También buscan ocultar que en la Ciudad el Frente de Izquierda es una de las seis listas que superaron el piso proscriptivo de las Paso y que quedamos como la fuerza de izquierda con más chances de acceder al Congreso y la Legislatura.

¿Por qué quieren ocultarlo? Porque en la Ciudad los legisladores que ha conquistado el Frente de Izquierda han sido la verdadera oposición. Hemos sido los únicos que rechazamos todas y cada una de las leyes de ajuste propuestas por el PRO y que fueron votadas alternativamente por legisladores de Unidad Porteña, de Lousteau y el Frente Renovador. Vos sabés que acompañamos nuestras palabras con los hechos. En el Congreso, en la Legislatura y en la calle, cuando hay que estar.

Somos una fuerza que crece en todo el país, que ha sido parte de innumerables peleas y reclamos de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Y no desde ahora.

En un país donde las libertades públicas han quedado severamente dañadas con la desaparición de Santiago Maldonado; en una Ciudad conmovida por una reforma educativa que recorta los contenidos pedagógicos de la escuela secundaria para entregar a los jóvenes como mano de obra gratuita a las empresas; en un futuro Congreso donde se debatirán nuestros convenios y derechos laborales, y de los jubilados y jubiladas del país, además del futuro de la salud pública, ¿quién va a ser la voz del pueblo trabajador, las mujeres y los jóvenes si no está la izquierda que no pacta ni se da vuelta?

Sabemos que muchos de los que votaron a opciones de izquierda y progresistas que no pasaron las Paso aportarán ahora su voto a la lista del FIT. Y si votaste por otras opciones, te pedimos que lo reconsideres: en estas elecciones legislativas el verdadero voto útil es para que la izquierda esté.

No permitamos que nos silencien: la Ciudad necesita diputados y diputadas, legisladores y legisladoras de izquierda.

Contamos con vos.

Cada día que pasa queda más en evidencia que España atraviesa una crisis de conjunto de su régimen político, que no es, como dijo el rey Felipe VI, “una democracia parlamentaria” sino una monarquía disfrazada por una Constitución. Franco mantuvo en hibernación la monarquía durante cuatro décadas, que se había desplomado sola en 1931, como la herramienta para asegurar la centralización del Estado luego del agotamiento de la experiencia fascista. En la crisis actual, el monarca ha expuesto su condición de jefe de las fuerzas armadas y del Estado en dos discursos definitorios acerca del separatismo catalán. A esta altura se puede decir con certeza que Rajoy y su consejo de ministros, así como el parlamento español, son hojas de parra de la monarquía. La decisión de proceder a la intervención de Cataluña, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, supone en última instancia la intervención militar, resorte del monarca.

La aplicación de ese mentado artículo no constituye un acto administrativo. El gobierno español explicó con detalle que comenzaría la intervención con el reemplazo del gobierno autonómico y la limitación de facultades del parlamento regional, y que avanzaría en todas las escalas de la administración del Estado que resistieran a la intervención, hasta completar la sustitución completa del aparato de Estado actual. Destacó que intervendría a la fuerza policial catalana (los Mossos) y que quebraría la resistencia que se manifestara dentro de ella hasta su desplazamiento por la Policía del Estado español. Esta usurpación política enorme sería respaldada, en principio, por las fuerzas armadas instaladas en el territorio catalán. No menos importante, el Estado español asumiría el control y la dirección de todos los medios de comunicación pública.

Esta bravuconada fue caracterizada en sus términos reales por la corresponsal de La Nación (22/10). “(No) está claro que el Estado español (…) esté en condiciones de llevar a cabo y tomar el control real del gobierno autonómico y sus resortes”. Añade: “Para decirlo diplomáticamente”, se protege la periodista, “la ejecución del conjunto de medidas previsto (…) acarrearía, cuando menos, serias dificultades prácticas”. Eliminado el lenguaje diplomático, la intervención a Cataluña acarrearía una dislocación estatal en el principal territorio del Estado español. Esta perspectiva explica que los medios de comunicación de la monarquía se hayan unido en reprochar a Rajoy la demora en concretar esta intervención. Admiten, de hecho, las consecuencias dislocadoras de su ejecución y, a término, de su inviabilidad. La conclusión de la corresponsal de La Nación es más aguda todavía: “Una bomba que sólo Puigdemont puede desactivar” -o sea, el nacionalismo ‘español’ ha caído bajo la dependencia del nacionalismo catalán. Puigdemont parece conocer las cartas que maneja.

División de la burguesía

Este avanzado estadío de crisis no podría haber sido alcanzado, sin embargo, sin una división de la burguesía -incluso si la envergadura del reclamo nacional en Cataluña recae en un movimiento de masas muy activo. El gobierno de Rajoy procuró meter presión en esta crisis mediante un decreto que facilita en forma descarada el cambio de sede social de las compañías dentro de España. También lanzó una campaña acerca del retiro de dinero de los bancos, incluso de una fuga de capitales y hasta de un derrumbe de las cotizaciones de las principales empresas catalanas en la Bolsa. Resultó en pura patraña.

El primero en advertirlo fue el Financial Times, que graficó que las oscilaciones bursátiles se encontraban dentro de parámetros normales. El cambio de sede social no entraña que las empresas dejen de tributar en Cataluña -es solamente un registro de escribanía. El País (19/10), uno de los mayores grupos de presión del régimen español, admite que “el pasado martes, los bancos devolvieron 17.500 millones (de euros) que habían pedido, y dejan su saldo de crédito vivo en 3.812 millones, la cifra habitual de semanas anteriores. Goldman Sachs afirma que la situación se ha tranquilizado y recuerda que los seguros de impago de deuda (Cds) de Caixa Bank y Sabadell han empeorado ligeramente, pero que están dentro de la estabilidad”. De nuevo, Goldman Sachs afirma que “a pesar de la continua volatilidad política en España, el mercado de crédito bancario se ha mantenido estable”. ¿Continuará esta ‘estabilidad’ si la monarquía decide ejecutar una intervención político-militar en Cataluña? La banca internacional e incluso el Banco Central Europeo están advirtiendo a Rajoy, en primer lugar, y a Puigdemont enseguida, que es necesario evitar una intervención que, a un cierto plazo, entrañaría la dislocación del conjunto del régimen político. Este desarrollo explica que en las vísperas del desenlace, Rajoy, en sus términos, y el gobierno catalán, en los suyos, busquen un acuerdo en base a la convocatoria de elecciones generales en Cataluña. Rajoy pone la condición de que Puigdemont renuncie a una declaración de independencia, en tanto el catalán quiere mantener la declaración en suspenso, aún sabiendo que si pierde esas elecciones, la mentada declaración habrá quedado muerta antes de nacer. Como dicen los españoles, asistimos a “un pulso” entre dos adversarios fragilizados. El presidente catalán se presentará a defender su posición ante el Senado español, que es el guardián del centralismo estatal y de la monarquía. Es claro que el nacionalismo catalán está buscando un compromiso.

El papel de Podemos

Estas últimas maniobras ‘reivindican’ la consigna de Podemos: “Parlem” (Hablemos). Los revolucionarios de la Universidad Complutense se han destacado como los bomberos de la crisis -‘salvemos a Cataluña, a España y a la monarquía de la autodestrucción’. Es la consigna del Banco Central Europeo y de la Unión Europea. Precisamente porque la cuestión catalana ha desatado una crisis de conjunto, es la oportunidad para plantear el fin a un régimen político de carácter monárquico que, como ningún otro (incluido el gobierno nacionalista catalán y la burguesía de Cataluña), ha descargado la crisis capitalista contra los trabajadores mediante una guerra de clase sistemática. A estos pichones de contrarrevolucionarios no les han salido de la boca planteos como República o Asamblea Constituyente libre y soberana.

Un nacionalismo que declara de antemano su adhesión a la Unión Europea y a su estado mayor, el BCE, es un fraude en sus propios términos. La sujeción política de Cataluña al Estado español es de orden inferior al colonialismo financiero del Banco Central Europeo y al colonialismo político-militar de la Unión Europea. Una autonomía nacional verdadera solamente es posible en un marco antagónico -una República Federativa Socialista de los pueblos Ibéricos. La ley de transición que aprobó el referendo del 1° de octubre pasado no es más que un aval al status quo de Cataluña -o sea, el status quo de los banqueros y el ‘ajuste’.

En cualquier hipótesis -compromiso o ruptura-, emerge el desarrollo de una crisis política de conjunto del Estado español. No estamos ante “una cuestión catalana” sino ante la “cuestión española”, que no ha cerrado, históricamente, la etapa del franquismo ni las grandes cuestiones planteadas por la revolución española y la guerra civil.

Esta crisis tiene lugar en el marco de una crisis fenomenal del movimiento obrero, escindido entre dos nacionalismos, por un lado, o la pasividad, por el otro, y lo mismo ocurre con la izquierda en sus diversas variantes. Con esta comprensión de conjunto, reforzamos el planteo de una República, en primer lugar, Federativa y Socialista, y en oposición a Unión Europea del capital financiero, los Estados Unidos Socialistas de Europea.

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok

En la sesión del Consejo Superior de la UBA se presentaron dos proyectos distintos por el caso de Santiago Maldonado, el de la UJS-PO y el de Nuevo Espacio/Franja Morada, que fue aprobado por los decanos.

El proyecto aprobado constaba de tres artículos, que manifestaban condolencias a la familia, ponían los recursos de la universidad al servicio de la investigación y adherían a las manifestaciones por verdad y justicia.

Al tratarse el proyecto en particular, propusimos, artículo por artículo, incorporar el reclamo de separación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su segundo, Pablo Nocetti.

Justificamos el pedido en el hecho de que Bullrich utilizó los recursos del Estado para proteger a la Gendarmería y enturbiar la causa, al punto de delatar testigos de identidad reservada. Nocetti fue el que instigó a los gendarmes a ingresar a la comunidad para perseguir a los mapuches, sin orden judicial.

El rector Barbieri, los decanos y su agrupación, Nuevo Espacio/Franja Morada, votaron tres veces consecutivas en contra de que la UBA se pronuncie sobre Bullrich y Noceti.

Toda una definición política de esta conducción de la UBA, que pretende reelegirse, acerca de que no interferirá frente a los atropellos del gobierno nacional, hoy contra Santiago, su familia y el pueblo mapuche, mañana contra la universidad pública y el conjunto de los trabajadores.

El lunes 4 de diciembre se votará al próximo rector de la UBA para el período 2018/2022. Barbieri va por la reelección con el aval del gobierno y el apoyo de la mayoría de los decanos. Para lograr este cometido se dispuso un cronograma de votaciones que culminará a fin de mes, que incluye a los decanos y a los representantes de los claustros al Consejo Superior. Todos ellos conformarán la Asamblea Universitaria, que debería realizarse en marzo pero adelantará ilegalmente su deliberación a diciembre con el único objetivo -confesado- de dificultar la participación de estudiantes y docentes al sesionar por fuera del período de clases. En estas semanas, las votaciones de decanos, tanto radicales como kirchneristas, se están sucediendo de forma sumaria y clandestina, con el mayor disimulo posible, sin debates públicos ni propuestas. Entre ambos “bloques”, muchas veces cruzados o entrelazados, existe una extendida conciencia de la necesidad de blindar al cuestionado régimen de cogobierno, absolutamente antidemocrático, de la intervención de la comunidad universitaria.

Régimen arcaico

De acuerdo con el estatuto vetusto de la UBA, redactado por los interventores de la Revolución Fusiladora en 1957, el 2% de los docentes de la UBA (profesores titulares y adjuntos regulares) posee una ciudadanía de privilegio que le otorga mayoría propia en todos los órganos de cogobierno. Los otros claustros, el de graduados -donde vota la inmensa mayoría de los docentes- y el de estudiantes -naturalmente el más masivo- están pintados. Su única función es desempatar, cuando emergen diferencias entre los profesores. El principio que rige este sistema es el de una supuesta “meritocracia” (cuestionada por los concursos amañados), como si los méritos en el plano académico fueran trasladables al terreno de las definiciones sociales, políticas y pedagógicas que exige el gobierno de la universidad. La defensa de este régimen arcaico -donde el trabajador “no docente” no tiene ni siquiera la posibilidad de participar de la elección- es una “cuestión de Estado”. Es de esta forma que se garantiza el monopolio político de una casta ligada a los grandes intereses capitalistas y los gobiernos de turno.

Sólo este régimen puede explicar el intento, hace diez años, de colocar al frente de la universidad a un funcionario de la dictadura militar como Atilio Alterini. Más cerca en el tiempo, hace cuatro años, Barbieri iniciaba su mandato nombrando al ¿ex? capo de la Side, Darío Richarte, como vicerrector. Ambas designaciones tuvieron que ser anuladas por la lucha del movimiento estudiantil-docente, encabezadas por la Fuba y la AGD. En el caso de Richarte se conjugó con la crisis de los servicios por el desplazamiento de Stiuso. De allí, el empeño actual por desplazar a la izquierda de la dirección de la principal federación estudiantil del país.

La dinámica del Rectorado, presidido por el ex candidato a ministro de Daniel Scioli, es la siguiente: la que manda es la camarilla ligada al “Coti” Nosiglia -que concentra las principales palancas con Yacobitti en Hacienda y su hermana, “Cati” Nosiglia, en la Secretaría Académica. Un grupo de decanos kirchneristas actúa bajo su órbita y garantiza una mayoría, como Luis Bruno, de Fadu, ligado a los grupos inmobiliarios; o Rodolfo Golluscio, de Agronomía, autor de convenios con Monsanto y Benetton. Todos son defensores férreos de la Coneau menemista y enemigos del convenio colectivo que protege los derechos de los docentes. Su agenda está marcada por el gobierno de Macri, en la necesidad de adaptarse a los ajustes presupuestarios y las nuevas reformas que adecúan aún más las carreras a los designios del gran capital. En estos días, el intento del rector del Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, de usar un caso de abuso para atacar la lucha de los estudiantes, retrató como nunca antes el nivel de antagonismo entre las autoridades nombradas a dedo por el Consejo Superior y la comunidad educativa de los colegios preuniversitarios.

Democratización

El movimiento por la “democratización” de la universidad, que emergió con fuerza hace diez años en la UBA y se abrió paso en el interior del país, se encuentra severamente averiado. Todo un sector, que se agrupó en torno de La Mella en los últimos años, se volcó a una política de integración al kirchnerismo. Sus decanos “aliados”, como Graciela Morgade, en Filo, o Juan Carlos Reboreda, en Exactas, defienden en beneficio propio la soberanía del ultra-minoritario claustro de profesores, que a nivel UBA conduce a la reelección de Barbieri. Para “combatir a la derecha” del Rectorado y sus manejos arbitrarios del presupuesto, estos decanos buscan su "autonomía" económica por medio de la generación de “recursos propios”, como el Laboratorio de Idiomas de Filo o los convenios de Exactas con Pan American Energy, un mecanismo que acentúa el peso de las corporaciones en la universidad. La semana pasada, La Mella se negó a que el centro de Exactas convocara a una asamblea para que el movimiento estudiantil tuviera una instancia de deliberación colectiva previa a la votación de decano. En Sociales rompió el frente que mantenía con agrupaciones de izquierda para aliarse con La Cámpora y Nuevo Encuentro, que batallaron por la reelección de Glenn Postolski con los resultados conocidos. En esa facultad, cuando gracias a la izquierda se abrió la posibilidad de que los estudiantes se pronunciaran sobre quién debía ser el futuro decano, la abrumadora mayoría votó en sentido contrario a estas agrupaciones, eligiendo a nuestro candidato Eduardo Grüner.

La parábola es clara: los que hace cuatro años fueron a tirar piedras contra la Asamblea Universitaria, hoy marchan de la mano con los decanos pretendidamente “opositores” que con sus métodos convalidan las formas y contenidos del régimen actual. Pero este deslizamiento está lejos de aplacar la lucha de los estudiantes y trabajadores de la UBA, que reemerge con fuerza -y éxito- contra los atropellos de las autoridades. La semana pasada, los docentes de Edición de Filo lograron arrancarle nuevas rentas para una carrera postergada que funciona con el 70% de sus cargos “ad honorem”; docentes y no docentes lograron hacer retroceder algunos de los “tarifazos” decretados por el Rectorado y la burocracia de Apuba en la obra social; también conquistaron que se otorgue el derecho a la licencia por violencia de género, que ahora debe extenderse a todas las universidades. La defensa de todas estas reivindicaciones tuvo, en el Consejo Superior, el apoyo incondicional de la banca de la UJS-Partido Obrero y contó con el acompañamiento de la AGD, los centros de estudiantes y comisiones internas combativas.

Campaña

La UJS convoca a todas las agrupaciones independientes y de izquierda a emprender una campaña contra la reelección de Barbieri y sus decanos. A desarrollar asambleas en los centros para discutir el punto. A cien años de la Reforma del ’18, la ofensiva del macrismo contra la universidad plantea al rojo vivo la necesidad de una nueva dirección. Derrotemos los planes de Barbieri y Franja Morada, y su intento de recolonizar la Fuba. Más que nunca llamamos a defender consejeros superiores y una federación independiente, cuya acción se base en la deliberación democrática y la lucha del movimiento estudiantil junto a los trabajadores.

La nota más destacada en la elección en Jujuy la dio el Frente de Izquierda, peleando cabeza a cabeza el segundo puesto con el PJ.

En las elecciones generales superamos la excepcional marca obtenida en las Paso alcanzando el 16,42% de los votos a nivel provincial, consagrando cuatro diputados provinciales y cinco concejales. A diputado nacional obtuvimos el 18%, a tan sólo un punto de lograr una banca. El FIT superó los 50 mil votos en las tres categorías (senador, diputados nacionales y legisladores). En la legislatura asumirán Alejandro Vilca, Natalia Morales, Iñaki Aldasoro y Eduardo Hernández.

La conquista de un bloque de legisladores de izquierda es la coronación de un proceso que nos encontró en dos oportunidades en las puertas de la Legislatura, en 2013 y 2015, en las cuales no ingresamos por el piso proscriptivo del 5% del padrón.

El derrumbe del peronismo

El frente oficialista Cambia Jujuy (UCR + PRO y aliados) hizo una elección altísima en las categorías nacionales, superando el 50% de los votos, aunque se dispersó en las categorías provinciales y municipales. Para concejales, no supera el 30% en ninguno de los distritos grandes. Esto sucede porque el gobierno se valió del viejo método de colectoras del peronismo (la lista de Morales contaba con 206 combinaciones), que suman votos “para arriba” pero dispersaban el voto en la categoría municipal. El gobierno se valió de este recurso para estirar la brecha con el peronismo, que en las Paso terminó muy parejo -35 a 30%.

El gobierno de Morales, a pesar de esta elección plebiscitaria, empezó a sentir el incremento de las movilizaciones de los trabajadores contra el ajuste. Su gobierno, al igual que ocurre a nivel nacional, se asienta en el hiperendeudamiento público. La provincia triplicó su deuda pública en menos de dos años y ha colocado los fondos coparticipables de la provincia como garantía de pago del “bono Verde” -210 millones de dólares a una tasa de 8,625% a cancelar en cinco años. Cualquier “tropezón” de la economía amenaza con hacer saltar por los aires al gobierno provincial.

Dentro del movimiento obrero, tendrá lugar la batalla por superar los problemas de definición y orientación política de sus actuales direcciones, que le han dado al gobierno de Morales una relativa estabilidad a pesar del crecimiento de las luchas, en un cuadro de tendencia a la radicalización de los trabajadores.

La gran elección del FIT arrastra el voto de todo un sector del PJ tradicional, uno de los grandes derrotados de la jornada. El peronismo cayó más de 10 puntos en relación con las Paso. Su candidato, Guillermo Snopek, pagó el costo de su alianza con el macrismo y su colaboración con el ajuste -integra el bloque en el Congreso de los diputados salteños de Urtubey. Esto se reflejó en su campaña, ausente de contenido.

El otro gran derrotado de la elección fue el Frente Renovador, el socio “peronista” de Morales, que ocupa la vicegobernación. El FR consagraría apenas dos diputados provinciales, muy ajustadamente. Recordamos que, en 2015, Massa había ganado la elección en la provincia de Jujuy. Es un retroceso que no encuentra destino final todavía.

Por su parte, Unidad Ciudadana sacó el 5% de los votos y no logró ningún cargo, excepto en Libertador, donde consagró un concejal. Su registro fue prácticamente testimonial. El Partido de la Dignidad del “Perro” Santillán obtuvo el 2% y el MST, el 0,6%. Hubo un 10% de voto en blanco.

El Frente de Izquierda

El FIT realizó una gran elección en todo el territorio, con “picos” en San Salvador, Palpalá y Libertador (Ledesma). En Libertador, la lista del FIT se encuentra ganando por escaso margen la elección, consagrando dos de los cuatro concejales. El apoyo decidido de las fuerzas del FIT a la lucha de los obreros azucareros se tradujo en un apoyo masivo del pueblo a sus listas. En los días previos a la elección, el secretario general del SOEAIL (sindicato azucarero) llamó públicamente a votar a las listas del Frente de Izquierda, y puso a disposición el sindicato para el festejo post electoral.

Algunos medios de comunicación han calificado el voto al FIT como un “voto bronca” contra el PJ.

El análisis carece de profundidad, porque ofrece como explicación aquello que debe ser explicado, a saber: por qué se eligió como “voto bronca” al FIT y no a otra de las tantas listas que se presentaron. La explicación real debería señalar que el pasaje de un sector amplio del electorado del PJ al FIT se debe a que éste proclama la necesidad de enfrentar la ofensiva patronal de los Macri y Morales, y denuncia la complicidad del pejotismo en todo el país con esta política.

La caracterización del “voto bronca” difundida por los medios no debe confundirse con el reconocimiento del raquitismo de los partidos que integran el FIT en la provincia, algo evidente que contrasta con la inmensa votación obtenida. De hecho, los partidos que integran el Frente de Izquierda juegan un papel marginal en la lucha de clases de la provincia y carecen de una penetración significativa en el proletariado y las masas explotadas. El carácter personalista que asumió la campaña detrás de la figura de Alejandro Vilca advierte el peligro de querer superar este déficit estratégico por medio del marketing electoral.

Es necesario no perder el carácter concreto de los análisis electorales, en especial cuando arrojan una tendencia ascendente. En estos casos hay que discernir si estamos ante un aprovechamiento positivo de las crisis políticas del régimen o si son la expresión directa de un ascenso en la lucha de clases, o una combinación de ambos factores, determinando el peso de cada uno. En los últimos años los ascensos electorales más destacados del Frente de Izquierda no fueron la expresión de una fuerte participación de los trabajadores en la lucha de clases. Eso le dio un carácter más precario, haciendo más factible una reversión de tendencias cuando el régimen logra superar sus propias crisis y divisiones, muchas de ellas de carácter faccional.

La formidable elección del Frente de Izquierda plantea grandes desafíos para el futuro, que se resumen en uno solo: poner en pie al movimiento obrero de la provincia como alternativa política, dotándola de una nueva dirección que luche por una salida obrera y socialista.

Con la apertura de las dos urnas cuestionadas en la elección se constató la votación por la lista del FIT, en las planillas oficiales figuraba 0 votos. En la urna 1270, la lista del FIT obtuvo 37 votos y en la urna 1379, 11 votos. Con este resultado se supera al radicalismo, que en el escrutinio definitivo anunciado por la junta electoral figuraba ganando por 2 votos, 4.889 a 4.887.

Un triunfo popular

Frente a la enorme repercusión que tuvo la denuncia de fraude en los medios y entre la población, que se preparaba para una masiva movilización, el gobernador Morales salió a pedir la apertura de las urnas, hasta ese momento negada por la Justicia. Luego de la apertura y de la constatación de la maniobra, el juez federal Cardozo atribuyó a "un error humano" el fallo en el registro de los certificados de escrutinio de las autoridades de mesa.

Para arrancar la apertura de las urnas cuestionadas, el FIT tuvo que hacer la denuncia correspondiente e ir a los medios, convocó una conferencia de prensa y una movilización el lunes 30 de octubre en Libertador. Vinieron a acompañar el reclamo y la movilización Nicolás Del Caño, electo diputado nacional por el FIT en la provincia de Buenos Aires, y Julio Quintana, diputado provincial por el Partido Obrero-FIT de Salta y dirigente nacional del PO, además de los referentes locales. También se han manifestado en contra del fraude y por el reconocimiento del triunfo del Frente de Izquierda organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, el sindicato de obreros azucareros de Ledesma y cientos de vecinos de la ciudad de Libertador y de la provincia.

No es casual que este intento de fraude se produzca en la tierra de Blaquier, quien se ha servido de los diferentes gobiernos para defender sus intereses e incrementar su imperio.

Este triunfo es un gran impulso para todos los trabajadores, especialmente para los obreros de Ledesma que vienen del triunfo de su reclamo por un aumento salarial. El reconocimiento de las elecciones sindicales, el rechazo al primer fraude a la manifestación popular que se realizó en Libertador, cuando el Ministerio de Trabajo pretendió primero desconocer el llamado a elecciones del sindicato y luego el triunfo de la Lista Gris, que encabezó la enorme huelga de más de 20 días contra un aumento salarial por debajo de acordado en el sector.

Todavía falta la oficialización del tribunal electoral permanente de la provincia, pero ya podemos asegurar un triunfo de las listas del FIT y la consagración de dos concejales en Libertador.

Las elecciones de octubre en Santiago del Estero -en las que Gerardo Zamora fue electo nuevamente gobernador, reemplazando a su esposa- tuvieron un aspecto diferencial en relación con las Paso, en las que sólo se presentaron las listas y candidatos que iban a competir por los cargos nacionales. Esta vez, el gobierno provincial hizo confluir con la elección de aquellos la votación para renovar la Gobernación, la Legislatura y más de un centenar de comisionados comunales.

Así, en la elección de octubre se presentaron más listas, obligando a una movilización mucho más intensa del aparato del Frente Cívico (una coalición del PJ mayoritario con la UCR mayoritaria) que gobierna la provincia desde hace más de una década, pues con menores porcentajes se podían acceder a los cargos en disputa para la Legislatura provincial.

A la vez, la pugna por la elección de los comisionados en las comunas del interior llevó a una suerte de interna del propio Frente Cívico, pues en muchos lugares se presentaban varias listas que, a nivel general, apoyaban el retorno de Gerardo Zamora a la gobernación pero, a nivel local, procuraban imponer sus candidatos.

Avance del zamorismo

El zamorismo se impuso por amplios márgenes: conquistó los tres diputados nacionales y 30 de los 40 cargos de diputados provinciales, junto a la mayoría de los comisionados municipales, los cuales son gobierno en localidades de hasta 2.000 habitantes. Es en el terreno de los comisionados donde se ha hecho fuerte el PJ, liderado por el vicegobernador Emilio Neder e integrante del Frente Cívico: pudo imponerse en 80 de las 137 comunas.

Incluso el Frente Cívico ganó por primera vez en Pinto, cuyo intendente es Emilio Rached, el principal referente de la UCR-Cambiemos. También triunfó sobre el massismo en la Banda, donde éste gobierna.

El zamorismo viene gobernando la provincia desde 2005. Cuenta con el apoyo de los principales grupos empresarios locales, incluidos los terratenientes que han visto que el gobierno de Zamora es la mejor garantía de sus intereses, en especial, cuando se trata de reprimir las acciones de los campesinos pobres que son expulsados de sus tierras.

Durante la campaña, Macri visitó la provincia y salió de gira con Gerardo Zamora, dándole la espalda a los candidatos y referentes locales de Cambiemos. Macri busca garantizar la pertenencia de Zamora al elenco de gobernadores socios de la política de ajuste. Zamora siempre estuvo a los pies del poder político nacional de turno, y en estos dos años no ha hecho una excepción: como diputado, ha votado la mayoría de las leyes macristas.

Es interesante destacar el papel que jugaron los grupos K. En los agrupamientos campesinos y populares (Mocase) llamaron abiertamente a votar al zamorismo para enfrentar a Macri -de hecho, en el lanzamiento de Unidad Ciudadana uno de los principales oradores fue el flamante gobernador.

La elección del FIT

El Frente de Izquierda, por su parte, no pudo renovar la banca provincial que había conquistado cuatro años atrás. Si bien la votación en las Paso a diputados nacionales (3,5%) daba margen para mantenerla, en esta se sumaron seis listas más -algunas, como el MST, lanzadas a atacar al PO y al FIT. La acción de los aparatos y el dominio casi indiviso por parte del zamorismo en gran parte del territorio provincial jugaron también como factores negativos en la pelea por mantener o ampliar los guarismos de las Paso.

No se puede dejar pasar las limitaciones del propio FIT. El hecho de que Izquierda Socialista contara con personería le permitió manejar desde el diseño de las boletas hasta la totalidad de los spots (ya habían excluido de la lista a diputados nacionales a los referentes del PO, confinándolos como suplentes). IS hizo una campaña al margen del principal objetivo, que era la posibilidad de renovar la banca. Como la lista a diputados provinciales estaba encabezada por Andrea Ruiz, dirigente del PO, fue censurada de la campaña de IS, incluso cuando la banca en juego era de carácter rotativo.

A pesar de estas dificultades, el Partido Obrero realizó una campaña con importantes logros en materia de reclutamiento, apertura del trabajo en nuevas localidades y barriadas de la capital. El Polo de Santiago ya es una fuerza con capacidad de movilización. Nuestras intervenciones en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres y en la lucha por Justicia por Santiago Maldonado nos han transformado en la principal referencia política de la izquierda en la provincia.

El 26 de octubre se rubricó el nuevo convenio colectivo de trabajo entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) y los empresarios del rubro en el Ministerio de Trabajo, coronando la avanzada contra los trabajadores que fuera anunciada en mayo, con la excusa de salvar al gigante Sancor en crisis.

La destrucción de las condiciones laborales de los lecheros que firmó la burocracia kirchnerista de Héctor Ponce fue calificada por Macri en una conferencia de prensa como un ejemplo de la reforma laboral antiobrera que quiere imponer en todos los gremios. Se trata, por tanto, de un asunto de interés para todo el movimiento obrero.

Retrocesos

La modificación en el convenio incluye el cambio en el pago que recibían los trabajadores por las horas extras de los fines de semana y feriados. Ahora, se agrega la figura del “franquista”, quien será contratado por fuera del gremio para no tener que pagar las horas extras que figuran actualmente en el convenio (que se pagan -pagaban- al 150% por encima de las horas normales).

El abogado del gremio, Alberto Coronel, afirmó que “esto no le convenía a nadie, era una locura para las empresas porque no tomaban a nadie para estas tareas” (Mundo Gremial, 25/10), dando cuenta de una burocracia sindical que se coloca como gestor y garante de las ganancias empresariales. Los paladines de la “resistencia con aguante” fueron los primeros en entregar en bandeja los derechos adquiridos.

Otras modificaciones consisten en dejar afuera del convenio al personal que no desempeña tareas comprendidas directamente con el sector lácteo -como el personal de seguridad, maestranza y comedor-; en imponer la polifuncionalidad y eliminar tanto el fraccionamiento del descuento por asistencia como incluso la totalidad del premio (según las llegadas tarde). A su turno, se extiende el período de prueba a seis meses y se pierde la posibilidad de solicitar una categoría superior por el desempeño en un reemplazo temporario. A todo esto se le suma el traslado del “bono solidario” que antes pagaban las patronales: ahora, por cada atención médica en la obra social (Ospil), los trabajadores deberán pagar de 100 a 150 pesos -por un bono que antes salía 10 pesos.

La extorsión de Sancor

En el acuerdo firmado en mayo de este año -que jamás fue anunciado a los trabajadores, ni siquiera mediante asambleas de delegados congresales como las que se hicieron en septiembre-, se extorsionó a los obreros lecheros con que este retroceso en sus condiciones laborales era la condición para un salvataje a la empresa por 450 millones de pesos. Lo cierto es que la cooperativa está completamente vaciada; de las 15 plantas quedaron sólo nueve en operación y se pasó de 4.000 empleados a 1.500.

A través de este vaciamiento se deja cerrar y fundir a los establecimientos, para que los nuevos compradores obtengan por monedas las plantas y con trabajadores flexibilizados. Así, la burocracia sindical, el cáncer del movimiento obrero, está siendo el sostén de un desmantelamiento que tiene un profundo impacto en varias localidades del interior. Coronel Moldes y Brinkmann, en Córdoba, Centeno, en Santa Fe, y Coronel Charlone, en Buenos Aires, son las cuatro plantas que están totalmente desactivadas, con las calderas apagadas.

Desde el Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista planteamos la necesidad de una campaña de asambleas obreras, plenarios de delegados y activistas por un plan de lucha hasta derrotar la reforma laboral e impedir el vaciamiento de Sancor.

El contraste no podría ser mayor. El 1° de octubre pasado, más de 2 millones de personas fueron a votar en Cataluña, desafiando el sabotaje del gobierno de Rajoy y una represión policial intensa. La concurrencia a las urnas del 43% del padrón representó una victoria política del derecho a la autodeterminación, por un lado, y de la corriente nacionalista catalana, por el otro. El objetivo declarado del nacionalismo es constituir una república independiente en el marco de la Unión Europea y de la Otan. El fin de semana reciente, sin embargo, el Estado español intervino la Generalitat sin la menor resistencia del gobierno catalán, mientras el Parlament votaba, pero en un vergonzoso sigilo, la separación de Cataluña del Reino de España. Un desmoronamiento político, que se acentuó por la partida clandestina del presidente Puigdemont a Bélgica. La justificación del ‘viaje’ para “consultar a las autoridades europeas”, agrandó la magnitud del desbarranque. En el partido de Puigdemont ya se alistan candidatos que reniegan del planteo independentista.

La debacle política del catalanismo había sido anunciada un poco antes cuando el mismo Puigdemont se manifestó dispuesto a adelantar unas elecciones generales a cambio de evitar la intervención. El adelantamiento significaba dejar de lado la declaración de la independencia y la convocatoria a una Constituyente, y proceder a la elección de un nuevo parlamento y un nuevo gobierno en los términos previos al referendo del 1° de octubre -o sea en los términos de la Constitución de la monarquía española. Quien había bregado por esta salida era el PSOE. Rajoy puso como condición que el Parlament desautorizara el plebiscito independentista, lo que de efectivizarse hubiera liquidado electoral y políticamente al nacionalismo catalán. El camino para la aceptación de la intervención del Estado, sin embargo, ya estaba trazado. La independencia no fue nunca, en realidad, un objetivo político del nacionalismo catalán, que siempre defendió la dependencia financiera de la burguesía residente del Banco Central Europeo -opuesto a la secesión.

Este desenvolvimiento de la crisis determinó que la coalición españolista de PP-PSOE-Ciudadanos también alterara sus planes. Cambió el tiempo de intervención de seis meses a cincuenta días, descontando que ayudaría a quebrar una resistencia del aparato del Estado en Cataluña. Pudo remover así, sin mayores inconvenientes, la jefatura de la policía catalana y de otros aparatos de seguridad. Los acusados por delito de sedición no podrán participar de los comicios. La intervención, además, se extenderá todo el tiempo necesario hasta la formación del nuevo gobierno. O sea que tutelará el proceso político, plagado de crisis, para la formación del nuevo gobierno.El frente catalán, sin embargo, ya ha aceptado concurrir a las elecciones. El Estado español ha obtenido una victoria política imponente y logró dar vuelta el tablero en tres semanas.

¿El fin de la crisis? Los cincuenta días que faltan para las elecciones son más que suficientes para producir nuevos episodios y giros políticos. La entrega sin pelea ha desmoralizado al frente catalanista; es incuestionable. Acepta ir a elecciones impuestas por una intervención, porque excluye cualquier otra posibilidad política. Las cuestiones de fondo, sin embargo, no han sido resueltas. Es llamativo que Ciudadanos reclame que el partido más votado del campo intervencionista tenga a su cargo la formación del próximo gobierno en caso de ganar las elecciones. Descuenta que el PP no dejará su condición de ultraminoría en Cataluña y de que el PSOE (PSC) podría sufrir un retroceso. Un resultado de estas características fragmentaría al campo españolista y repercutiría, sin duda, en la gobernabilidad del Estado. El Partido Nacionalista Vasco, por su lado, ha decidido no votar el Presupuesto 2018, en repudio a la intervención de Cataluña, lo que deja a Rajoy sin mayoría en el Congreso. Un tercer contendiente es Podemos, que atraviesa una crisis interna, incluidas las expulsiones, debido a la posición de la dirección de Iglesias a favor de un pacto entre nacionalistas catalanes y el gobierno de Rajoy. En resumen, Cataluña asiste a un proceso de implosión política, al mismo tiempo que el Estado español ha ingresado en un régimen político “de excepción”.

La defensa del derecho a la autodeterminación nacional no puede ser esgrimida en abstracto, o sea, al margen de las condiciones políticas concretas, de un lado, y de las fuerzas en presencia, del otro. Mientras la derecha catalana esgrimió este principio como una carta de negociación con el Estado español, la izquierda lo igualó a una revolución social, una torpeza enorme que disfraza el carácter de clase capitalista de una separación de Cataluña del Estado español. Desde esta página, la defensa del derecho a la autodeterminación ha sido desarrollada en la perspectiva de la unidad socialista de los pueblos ibéricos -que tienen también aspiraciones nacionales frente al Estado central. La perspectiva del socialismo debe atravesar los caminos del desarrollo político concreto y agotar las ilusiones de las falsas salidas intermedias de contenido capitalista -o sea, explotador y opresor.

El socialismo internacionalista se presenta ante las masas como un defensor consecuente de la libertad nacional -incluso en una época en que la viabilidad de los Estados nacionales se encuentra superada. La experiencia de Yugoslavia -la superbalcanización de los Balcanes- es una prueba contundente de que la creación de miniestados periféricos sirve a la opresión imperialista e incluso a la barbarie. En otra geografía del planeta, la política del nacionalismo kurdo de crear mini-estados petroleros (en Irak o Siria) está llevando a la ruina la causa nacional kurda, que solamente puede avanzar en una lucha contra el imperialismo y el sionismo, por una Federación Socialista del Medio Oriente. La nación kurda se enfrenta a una nueva frustración nacional, como la que tuvo lugar enseguida después de la Primera Guerra Mundial.

Como ocurrió con la represión del 1° de octubre, la intervención de Cataluña, por parte de la troika monárquica (PP-PSOE-Ciudadanos) y la UE, ha suscitado manifestaciones de repudio en toda España, y con ello un nuevo desarrollo político de la conciencia de los trabajadores. La crisis del Estado y el despertar de las tendencias democráticas representa una excelente oportunidad para dar un nuevo impulso a la construcción de un partido revolucionaria de la clase obrera.

Abajo la intervención a Cataluña, abajo la monarquía, por una Asamblea Constituyente libre y soberana, por la Unidad Socialista de Europa.

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/

Infobae reveló un video registrado con un celular en el cual Elisa Carrió, durante una charla proselitista, sostiene que hay “muchos” genocidas condenados “sin pruebas” y se declara partidaria de otorgarle la prisión domiciliaria a todos los represores condenados. También ensaya una defensa de la teoría de los dos demonios (“este país estaba loco”) y, así como se adjudica la autoría de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, en 2003, afirma que hubo “jóvenes militares que no podrían comprender” de qué estaban participando.

En el video, Carrió anticipa que está trabajando en un proyecto para impulsar “juicios de revisión” de las condenas dictadas contra los genocidas. Y el público, reunido en el club Harrods Gath & Chaves del barrio de Belgrano, aplaude sus palabras.

Hace tiempo que Carrió se pronuncia por el otorgamiento de las domiciliarias a los genocidas. Lo reiteró en ocasión de la ley aprobada de apuro por el Congreso para sacar a la Corte del marasmo provocado por la aplicación del 2x1 a los criminales de lesa humanidad, de la cual se le atribuye la autoría intelectual. En esa ocasión, también sostuvo que la Corte había fallado de acuerdo a derecho, al no contar con una ley aclaratoria.

Ahora, con “ley aclaratoria” vigente, Carrió vuelve a poner en agenda el indulto generalizado a los asesinos de la dictadura. Esto no hace más que confirmar que se trata de un asunto de Estado. El gobierno pretende una completa restauración política de las fuerzas armadas, un resorte fundamental para aplicar el programa de guerra contra los trabajadores y enfrentar una eventual crisis política y social.

No es casual que a pocos días del triunfo electoral oficialista, La Nación (30/10) anuncie que “quieren autorizar a las FFAA a combatir el terrorismo”. El ministerio de Defensa estaría elaborando un “proyecto de reestructuración que ´redefinirá el rol de las fuerzas militares´” que sería dado a conocer “en breve, tras el espaldarazo que recibió el gobierno en las elecciones” (ídem). Las fuerzas armadas ya participan del “combate contra el narcotráfico” brindando apoyo logístico. Ahora, la intervención de los militares argentinos en la “lucha contra el terrorismo sería bien recibida por el gobierno de Estados Unidos, en momentos en que se evalúa la realización de ejercicios militares conjuntos entre ambos países” (íbidem).

En Argentina, los únicos atentados terroristas que tuvieron lugar involucraron a los aparatos represivos locales –Embajada de Israel y Amia–, razón por la cual permanecen impunes. El ataque a la mutual judía fue utilizado hasta el cansancio al servicio de las provocaciones bélicas del imperialismo –de Menem a los K. La “lucha contra el terrorismo” simplemente anuncia una redoblada ofensiva de espionaje sobre las organizaciones populares, los movimientos sociales y la izquierda. El gobierno de Macri podrá valerse para ello de la legislación legada por los K –las mal llamadas “leyes antiterroristas.

El gobierno no ha cejado ni un instante en este rumbo represivo, que implica la impunidad de los crímenes más aberrantes cometidos en el país. Ello explica que todos los funcionarios que cuestionaron la cifra de 30 mil desaparecidos para minimizar el alcance del genocidio y revindicaron la infame teoría de los dos demonios continúan revistiendo en puestos en el Estado –Darío Lopérfido, Gómez Centurión. Frente a la movilización multitudinaria que repudió el fallo del 2x1 el gobierno reculó pero para volver por otras vías. Finalmente, el encubrimiento oficial sobre la responsabilidad de la Gendarmería en la muerte de Santiago Maldonado es inseparable de esta política.

Pero quizás lo más escandaloso de las declaraciones de Carrió fue que le pide a su auditorio no hacer pública esta política durante la campaña “para no embarrar la cancha”.

La mentada charla tuvo lugar dos días después del debate de candidatos porteños, en el cual Carrió, acorralada por Marcelo Ramal, afirmó que había “un 20% de posibilidades” de que Santiago Maldonado se encontrara “en Chile con el RIM” (por el RAM), y de sus repercusiones.

Qué fraude: hubiera sido bueno que el electorado porteño –que tantas veces colmó la Plaza de Mayo en defensa de las libertades democráticas– conociera estas intenciones a la hora de evaluar su voto.

Abajo el reforzamiento represivo del gobierno. No a la impunidad. Cárcel común y efectiva a los genocidas.

Al anunciar su plan de reformas junto a gobernadores, empresarios y dirigentes sindicales, el presidente Macri reclamó el “esfuerzo de las universidades para reducir entre todos el gasto público”.

Macri afirmó que nuestro país tendría demasiados estudiantes, docentes y universidades en relación con la cantidad de graduados. Por eso, acto seguido, con enorme cinismo, convocó a las universidades a ajustar sus gastos, como si el problema fuera reducir la matrícula y los planteles docentes al nivel de la tasa de graduación, y no al revés. En lugar de incrementar la cantidad de graduados, el gobierno de Cambiemos quiere equiparar a la baja. Por eso su reforma educativa refuerza los exámenes filtro para limitar el ingreso, mientras se reduce la participación de las universidades en el PBI, que pasó del 0,87% en 2015 al 0,77% en 2017; y lo mismo ocurrió con las becas estudiantiles, de 62.738 en 2015 a sólo 35.285 en 2017.

El Presupuesto 2018 enviado al Congreso, que Macri pretende aprobar con el aval de los gobernadores y diputados del PJ que fueron a aplaudir el discurso, contiene recortes incluso nominales en becas y programas de inclusión, áreas clave para contrarrestar la deserción. Lo mismo ocurre con los salarios docentes, el 90% del presupuesto, que viene en caída desde hace varios años y sufrirá una nueva poda. La Fuba y la Conadu Histórica realizaremos una gran manifestación en defensa de la universidad pública el próximo jueves 9 de noviembre, cuando este presupuesto se trate en el Congreso.

Decir que nuestro país tiene docentes y estudiantes de más es una provocación. Sólo en la UBA, tenemos 10 mil docentes “ad honorem” que no cobran un peso por la enorme labor que desarrollan. El gobierno nacional debería asignarles un salario. En cuanto a la cantidad de estudiantes, la realidad marca que sólo el 4% de la población puede acceder a la universidad. Luego, las propias estadísticas oficiales indican que la inmensa mayoría de los graduados no consigue trabajos calificados, al nivel de la formación obtenida. Es el problema de una Argentina entregada a la destrucción del trabajo industrial, el saqueo de los recursos naturales, la exportación de materias primas y la especulación financiera.

Como ocurre con todos los temas, el único punto fuerte del cual Macri puede agarrarse es el fracaso de la política anterior. En efecto, los planes educativos del kirchnerismo chocaron contra sus propios límites. La inyección de dinero en las universidades, en un cuadro de precarización laboral y pobreza generalizada de la juventud, no redundó en un crecimiento de la matrícula, mucho menos de la graduación. Una parte de la caja de las universidades se desvió a negocios espurios, como ocurrió con los convenios de la UTN con De Vido por las represas de Santa Cruz. Las autoridades universitarias que protagonizaron esos desfalcos giraron ahora al macrismo y trabajan codo a codo con el gobierno para aplicar sus reformas y planes de achique.

Macri trae a colación el fracaso del kirchnerismo sólo para justificar un ataque a la universidad pública. La respuesta está en manos del movimiento estudiantil y docente. El problema del déficit fiscal hay que buscarlo en el pago de la usura financiera y los beneficios y exenciones a los grandes petroleras, mineras y otros grupos económicos, no en la universidad. Al revés de lo que dice Macri, necesitamos más universidad y no menos, y transformar nuestro país sobre nuevas bases sociales.

En las recientes elecciones generalesen Tucumán compitieron cuatro listas: el Frente Justicialista, Cambiemos por el Bicentenario, Fuerza Republicana (el bussismo) y el Frente de Izquierda.

En las Paso, el Frente Justicialista encabezado por el vicegobernador Jaldo había superado por 200 mil votos a Cambiemos, encabezado por el radical José Cano. Una diferencia aplastante que si se hubiera repetido en las elecciones del 22 de octubre hubiera significado que el peronismo se llevara tres de los cuatro cargos en disputa.

En función de esta posibilidad, el macrismo cambió de estrategia y nacionalizó la campaña, destacando que se votaba a favor o en contra de Macri. Así, Cano desapareció casi totalmente de la campaña y fue sustituido por la presencia de dirigentes nacionales de Cambiemos comenzando por el propio Macri.

Bussi y la crisis del justicialismo

El Frente Justicialista finalmente ganó la elección, pero la diferencia con Cambiemos se redujo de 200 mil votos en las Paso a 140 mil. Esto le permitió a Cambiemos conquistar un segundo diputado nacional y las cosas quedaron repartidas.

La pérdida de votos del Frente Justicialista no fue a parar a Cambiemos sino a Fuerza Republicana, que logró superar los 150 mil sufragios (15%) y por 4.000 votos no logró conquistar un diputado. Lo que ocurrió es que varios intendentes, delegados comunales y legisladores que responden al ex gobernador José Alperovich habían dado la orden de votar a Bussi para que el FJ encabezado por Jaldo y apadrinado por el gobernador Manzur sólo lograra dos diputados. Como Alperovich ya anunció que en 2019 piensa volver a disputar la gobernación, no podía permitir que Manzur y Jaldo quedaran mejor posicionados.

La respuesta a esta provocación de Alperovich vino al día siguiente de la elección cuando la capital amaneció toda afichada con la consigna Manzur-Jaldo 2019, y con el desplazamiento de la conducción de la Legislatura de todos los legisladores vinculados con el ex mandatario provincial. Es una guerra de camarillas que recién comienza y que amenaza con un estallido del PJ.

Manzur y Jaldo hicieron campaña destacando que iban a defender al pueblo de Tucumán. Pero no pasaron 24 horas para que hicieran declaraciones conciliadoras hacia al gobierno nacional y su ajustazo.

Con una deuda provincial de 10.000 millones, Manzur y Jaldo están empeñados en hacer buena letra. Además, hay un cerco judicial sobre la camarilla de gobierno pejotista y el propio Manzur aparece involucrado en algunas de las causas en las que están imputados Julio De Vido y José López. Antes de fin de año podría iniciarse el juicio oral del caso Paulina Lebbos que podría poner a todo el régimen político provincial en el banquillo.

El fantasma de la pueblada contra el fraude de 2015 ha llevado a que el gobierno de Manzur tome la iniciativa de impulsar la modificación del régimen electoral provincial, pero sin eliminar los acoples, que tienen rango constitucional. Cambiemos, a su vez, se ha pronunciado a favor de los acoples pero de manera acotada. Faltan dos años para las próximas elecciones provinciales y ya se han transformado en una fuente de crisis política.

El FIT y la campaña del PO

La elección del FIT, con 46 mil votos (4,7%), es la más importante de los últimos años, sólo superada en porcentaje por los resultados que obtuvo el PO en la Constituyente de 2006.

En la capital y Yerba Buena el porcentaje superó el 6%; en Tafí Viejo, el 5%.

El FIT, y en particular el Partido Obrero, han quedado fortalecidos política y organizativamente con decenas de nuevas incorporaciones, y frentes de intervención y localidades donde se ha abierto un trabajo político.

En el debate de candidatos televisados se destacó la consistencia y superioridad de los planteos de nuestro candidato Ariel Osatinsky, que logró una importante instalación.

El PO consiguió casi 700 fiscales. Realizó importantes actividades en oportunidad de la visita de Jorge Altamira, organizó y movilizó más de 200 mujeres luchadoras al Encuentro Nacional en Chaco, y realizó una campaña especial sobre la universidad (UNT) con un importante pronunciamiento de docentes e investigadores.

La campaña estuvo ligada al proceso político y las luchas populares. El caso Maldonado dio lugar a un proceso de movilización que sirvió en su desarrollo para delimitarnos de prácticamente todas las tendencias, incluso del PTS, que cuando apareció el cuerpo y se confirmó que era el de Santiago, declaró que levantaba la campaña electoral, una adaptación a la política de todo el arco político patronal comprometido con el crimen o su encubrimiento.

En contraposición, el PO mantuvo hasta el sábado 21 su iniciativa de movilización, y el viernes 20, cuando se realizó una autoconvocatoria, ya en la veda, llamó a continuar con la movilización unitaria y planteó que la lucha por el juicio y castigo debía continuar el domingo con el voto a la izquierda y luego el lunes uniéndola al repudio al naftazo.

Los 46 mil votos, el haber quedado como cuarto bloque electoral en la provincia, es una importante base para abordar el proceso que se viene.

La presencia de los jefes de la CGT y los gobernadores en la presentación del “plan de guerra” de Macri contra trabajadores, jubilados y las provincias ha sido mucho más que un acto ceremonial. En estas horas, todos ellos avanzan junto al gobierno en la aprobación de este paquete reaccionario, cuyo núcleo, naturalmente, se encuentra en la reforma laboral.

El diario Ambito Financiero de este lunes alude a “un rápido acuerdo entre el gobierno y la CGT”, y detalla con pelos y señales la hoja de ruta de ese acuerdo. A pedido de la burocracia, el gobierno aceptaría modificar en su proyecto la redacción que presenta al “trabajo” como una “cooperación igualitaria” entre obreros y patrones -lo que aportaría la letra para que la Justicia laboral descarte cualquier principio compensatorio favorable al trabajador. Si el gobierno cede en este punto, es porque al mismo tiempo prepara una purga contra los actuales jueces laborales, para volcar a este fuero a resoluciones abiertamente propatronales sin necesidad de un cambio en la norma. Adicionalmente, el gobierno podría ceder en los plazos para la prescripción de los juicios laborales, que el proyecto original pretende acortar. La CGT podría “conseguir” también que se modifique el cronograma de reducción de los aportes patronales, en un marco general de apoyo a este amplio perdón a los empresarios. A cambio de estos cambios menores, la burocracia dejará pasar el corazón de la reforma, entre otros puntos, el recorte sustancial de las indemnizaciones, en cuyo cómputo no entrarían las horas extras, premios y otros beneficios, así como la puerta abierta a “fondos voluntarios” donde el trabajador termine pagándose de su salario su propia indemnización. El gobierno tampoco cedería en la posibilidad de que un trabajador acepte un contrato individual inferior al de su convenio, así como la rienda suelta a que la tercerización de actividades se extienda sin responsabilidades de la empresa principal.

Moyano, quien tampoco ha cuestionado a la reforma en su conjunto, está pugnando para eximir al transporte de este punto. El gobierno, por ahora, lo extorsiona con posibles carpetazos.

La negociación con la burocracia, sin embargo, no ha empezado ahora. En las reuniones previas a la publicación del proyecto oficial, ya estaban trazadas las líneas de fondo del acuerdo. A cambio de dejar pasar la andanada de medidas flexibilizadoras, la burocracia se llevaba dos cuestiones sustanciales: primero, la preservación del unicato sindical, que el gobierno ha salido a refrendar con una escalada contra los sindicatos simplemente inscriptos. Segundo, la creación de una “agencia evaluadora” de las prestaciones en las obras sociales, cuya misión será la de restringir los tratamientos más costosos y complejos. De este modo, el gobierno de la “anticorrupción” permitirá que la burocracia sindical le traslade a sus afiliados las costas del vaciamiento que perpetraron contra las obras sociales. Ese fue el acuerdo de fondo que la burocracia preparó, en todo el período previo, entregando conquistas fundamentales en varios convenios colectivos por gremio. La discusión de estos días es sólo la “letra fina” del acuerdo.

Gobernadores

Por cuerda separada, el gobierno también ha salido a asegurarse el acuerdo de los gobernadores y sus representantes parlamentarios, del Pejota, el FpV o el massismo. El anuncio simultáneo de todas las reformas -laboral, impositiva, jubilatoria- no ha sido casual. Las negociaciones en curso entrelazan a todas ellas, pero para sus participantes, el corazón de este paquete es la reforma laboral.

El gobierno, por eso, ya le adelantó a los lobbies capitalistas relacionados con la industria del vino u otras bebidas -y a los gobernadores o diputados asociados a ellos- su disposición a morigerar la carga de los impuestos internos anunciados con la reforma impositiva. La moneda de cambio será, naturalmente, el apoyo de todos ellos a la ley antiobrera en el Congreso. Del lado del gobierno, se va a compensar largamente esa concesión con otro mazazo -la modificación en el cálculo de los aumentos jubilatorios. La expresión política de este acuerdo de fondo no sólo involucra al massismo y al Pejota, sino que se extiende también al Frente para la Victoria. Alicia Kirchner, que estuvo presente en los anuncios del CCK, lleva adelante un brutal ajuste provincial en Santa Cruz en un acuerdo con el gobierno de Macri. En medio de semejante ofensiva, Cristina y los suyos han salido a invocar el “estado de derecho” en su propia defensa. Los que habían prometido ‘ponerle un freno’ al ajuste oscilan entre el desbande y la capitulación. En los antecedentes de flexibilización laboral “por gremio” se inscribe Atilra, cuya directiva se encuentra hegemonizada por la Corriente Federal del kirchnerismo.

El “plan de guerra” oficial ha servido para mostrar la completa sumisión al macrismo por parte de la oposición de cuño capitalista. Más allá de los roces menores con el gabinete, los mandantes de esa oposición, la UIA y la Asociación de Bancos han ordenado cerrar filas con el gobierno, en aras de imponer la reforma laboral.

Política de lucha

El cuadro que aquí presentamos destaca la responsabilidad del clasismo y de la izquierda para oponerle un programa (ver páginas centrales) y una política de lucha a este pacto en curso contra la clase obrera y sus conquistas históricas. Lo que tenemos planteado, en primer lugar, es un enérgico llamado a la deliberación en los lugares de trabajo y en todos los sindicatos, sobre los alcances de la reforma, sus implicancias en cada gremio y cómo la enfrentamos. Los Daer y compañía no tienen mandato para entregar, en la mesa de los ‘arreglos’ con el ministro Triaca, nuestros convenios colectivos, los derechos indemnizatorios, el salario y la estabilidad laboral. Junto al reclamo de asambleas en todas las organizaciones obreras, es necesario articular una política de movilización contra la parálisis y el pacto de los burócratas con el gobierno. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, que ha puesto en marcha una campaña contra la reforma antiobrera, ha comenzado una ronda de reuniones con sindicatos y centrales obreras para discutir un programa y una primera respuesta de lucha. La ofensiva oficial, y el compromiso de burócratas y seudoopositores con ella, abre un amplio terreno para sumar a los activistas y luchadores obreros a la pelea por una nueva dirección en los sindicatos y por una alternativa política de los trabajadores.

La charla de balance de las elecciones nacionales de La Matanza, con Romina Del Plá, se convirtió en un hecho político del distrito. Por el interés que suscitó la convocatoria, el local central resultó inadecuado y la actividad se realizó en la Plaza del Periodista.

La previsión fue acertada; casi 400 asistentes, con una enorme participación del Polo Obrero, trabajadores y delegados de varios gremios –incluyendo dos comisiones internas de plantas importantes-, una gran delegación de jóvenes que vienen de protagonizar las elecciones estudiantiles (la UJS presentó listas en cinco de siete institutos, enfrentando con éxito las listas del PJ local y ubicándose como la corriente de izquierda más desarrollada). Se destacaron especialmente los más de 70 docentes que expresan el enorme entusiasmo de la docencia matancera por el ingreso de la secretaria general de su sindicato al Congreso Nacional.

Balance electoral

El informe, complejo, fue seguido con gran atención. Comenzó señalando la importancia del voto al FIT en todo el país, no sólo por el millón doscientos mil votos, sino, sobre todo, por su contenido de rechazo a la reforma laboral, impositiva y jubilatoria, y por el escenario de polarización que se buscó instalar.

El triunfo del gobierno debe ser también comprendido correctamente, rechazando todo impresionismo (del mismo modo que nos dejamos impresionar en su momento por el 54% de CFK). Las reservas de lucha de la clase obrera, la debilidad de la burocracia cegetista y la crisis capitalista mundial marcan los límites de un resultado que el gobierno y la burguesía intentarán aprovechar al máximo contra los trabajadores.

Otro dato de enorme significación es la crisis del peronismo en todas sus variantes, pero en especial la de aquéllos que quieren jugar el papel de antiajuste (cuando le votaron 84 leyes y en el movimiento obrero firman convenios que son un anticipo de la reforma laboral, como el de Atilra).

Unidad Ciudadana que tuvo un gran sostén en el aparato del PJ matancero, gobierna el distrito en medio de la miseria, la falta de cloacas o agua potable en más del 50 por ciento de los hogares. Más allá de las luces del Metrobus, los barrios siguen incomunicados por falta de servicio nocturno. Ni qué hablar del vaciamiento de la salud y la educación públicas.

El voto al FIT en el distrito se extendió homogéneo a lo largo y ancho del distrito, con un crecimiento relativo mayor en las zonas más postergadas del distrito.

Lo que viene

Romina también se refirió en detalle al proyecto de reforma laboral “a la brasileña” y a la necesidad de organizarnos para defender los convenios y las condiciones salariales; caracterizó a la burocracia como “partícipe necesario” de este ataque a los trabajadores y, como contracara, el enorme campo de desarrollo de la izquierda clasista, en los sindicatos y en el plano político.

La jornada finalizó con un brindis por una nueva etapa de luchas.

Los militantes y simpatizantes del PO matancero -y también muchos seguidores de otras fuerzas políticas, que así lo expresaron- vemos a Romina como una “vocera de los trabajadores”, una gran militante y compañera, que llega al Congreso Nacional desde las entrañas de la clase obrera y la militancia revolucionaria, y como una conquista de todo el movimiento obrero.

“Bolshiness is back” fue el título que eligió hace unas semanas el semanario The Economist para advertir acerca de “las similitudes con el mundo que produjo la Revolución Rusa”. “El bolchevismo está de vuelta”, admite la revista, en una impensada admisión del “fantasma que recorre Europa”. En el ‘slang’ del Reino Unido, ‘bolshiness’ se aplica a las personas desafiantes y rebeldes. Interesante.

Las circunstancias similares que The Economist señala con ese pasado son, por un lado, la bancarrota financiera corriente y el estancamiento de la economía y la productividad, y las guerras internacionales que proliferan en el Medio Oriente y en el este de Europa, por el otro. Es el crecimiento del desempleo, la pobreza y vulnerabilidad laboral. La humanidad asiste a una aguda decadencia del capitalismo e incluso a la barbarie. Centenares de miles de personas sucumben por los “daños colaterales” de los misiles y pueblan de cadáveres el Mediterráneo. La revista del capital financiero enciende luces de alarma.

La Revolución de Octubre, que es lo que se conmemora este año, supera, sin embargo, a sus circunstancias. Por eso recupera un escenario que no abandonó nunca. La disolución de la Unión Soviética y su conversión en economía de mercado no ha dado lugar, 25 años después, a la esperada expansión del capitalismo sino, por el contrario, a una desintegración imparable de la Unión Europea y a la mayor crisis capitalista desde los años ’30 del siglo pasado. Ha dado lugar a Trump y a una crisis política inédita en Estados Unidos, al menos desde la guerra civil. No ha abandonado “la guerra fría” por la “paz universal”, sino que ha engendrado un estado de guerras permanentes. El reflujo que ha sufrido el proceso revolucionario mundial, desde fines de los ’70, es circunstancial. La Argentina de 2001 no es un fenómeno local. A la orden del día se encuentra de nuevo “la catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla”.

Lo que distingue históricamente a la Revolución de Octubre es su condición universal. No reemplaza a una clase explotadora por otra, sino que plantea la abolición de toda forma de explotación. No afirma un interés nacional, sino internacional. Entre su inicio, en febrero, y octubre, agota todas las formas políticas que al mundo occidental ha llevado doscientos años: desde un gobierno burgués, distintas coaliciones, un intento bonapartista, el golpe militar, un pre-parlamento y una tentativa final de régimen de “democracia pura” de partidos socialistas -los explotados son llevados a la instauración de un régimen político por completo original. A través de esta experiencia emerge un régimen revocable de consejos obreros y campesinos -donde los trabajadores deliberan y gobiernan.

Todas las formas de transición política de la democracia formal fueron incapaces de terminar con la guerra, entregar la tierra a los campesinos y establecer una Asamblea Constituyente. Lo hizo el gobierno soviético en horas y días. También revolucionó enseguida la legislación de derechos políticos y sociales -entre ellos, el divorcio, el aborto seguro, la descriminalización de la homosexualidad y el acceso de la enseñanza pública con contenidos renovados. La reacción staliniana, fruto del reflujo revolucionario y de una confiscación del poder político, barrería con estos derechos en el curso de una década. En medio de crisis internas y debates inmensos, un partido político sin parangón en la historia, de decenas de miles de miembros activos, se convirtió en herramienta decisiva para llevar la revolución a la victoria y evitó la tragedia de una salida pinochetista o hitleriana.

La universalidad de la Revolución de Octubre se resume en lo siguiente. Fue dirigida por la clase obrera en un país abrumadoramente campesino; por un partido de intelectuales en un país de analfabetos; por un partido internacionalista en un imperio de nacionalidades oprimidas; por un partido ateo en una sociedad misticista; y hasta por un partido con numerosos cuadros judíos en una sociedad fuertemente antisemita. La necesidad histórica barrió las divisiones y contingencias particulares más arraigadas.

Este es el legado de Octubre de 1917 para la época actual de bancarrotas, guerras y revoluciones.

El dato más importante de la elección en Salta fue la derrota de las listas de Urtubey a manos de las listas macristas que incluían al peronismo de Sáenz y Romero, a los radicales y a los derechistas Durand Cornejo y Martín Grande. Todos ellos, ex socios del gobierno provincial. Esta derrota se explica por la quiebra del partido Justicialista, que también benefició al “Oso” Leavy, que se pintó de kirchnerista “puro” a última hora y obtuvo la tercera banca en disputa. Pero esta derrota, más que nada, es una sentencia inapelable contra diez años de gobierno urtubeísta, en los que Salta estuvo al tope de la desocupación, el trabajo en negro, desnutrición y mortalidad infantil, la impunidad y la violencia de género.

Ajuste y crisis política

Urtubey fue el más macrista de los gobernadores justicialistas y lo pagó. La “ola amarilla” se impuso también contra él. El gobernador salteño se apoyó en el ajuste nacional, triplicó la deuda provincial a tasas usurarias y en dólares y llevó adelante sus propios tarifazos; cerró por decreto y a la baja la paritaria de los docentes y estatales e impulsó los despidos e impuestazos en los municipios con resultados dispares. También dejó pasar la cesantía de más de 400 obreros del Tabaco (Coprotab) y cerró filas con las patronales de los ingenios Tabacal y San Isidro en la ofensiva contra sus trabajadores. Los diez años de gobierno antiobrero de Urtubey fueron concluyentes para todo un sector de los trabajadores salteños.

Urtubey se puso a la cabeza de la campaña de sus candidatos convirtiendo la elección en un plebiscito a su gobierno. Con la derrota del oficialismo provincial, no sólo entró en crisis su proyecto de ser candidato a presidente en el 2019. Urtubey le pidió la renuncia a todo su gabinete y él mismo renunció a la presidencia del PJ provincial, a la vez que llamó a la “unidad y al regreso de todos los que se fueron del partido”. Romero y el “cristinista” Leavy, encabezando el PJ, saludaron ese guiño y esperan un reparto de ministerios y cargos partidarios. Así el gobernador salteño ya se está armando de una amplia mayoría en la Legislatura, para hacer aprobar una ley ómnibus que profundiza el régimen de exenciones a los capitalistas y un reforzamiento reaccionario de la capacidad de arbitraje de la secretaría de trabajo de la provincia sobre los conflictos obreros.

Nuestra elección y un balance necesario

Desde el PO salteño encaramos esta elección como parte de una lucha estratégica: planteamos la defensa de las bancadas obreras como un punto de apoyo para enfrentar el ajuste que se viene y proyectar a la clase obrera como una alternativa de poder. Bajo esta perspectiva, con Pablo López obtuvimos 53 mil votos (7,84%) a diputado nacional, superando en un 13% las Paso de agosto pasado y en un 26% las generales de 2015. Pero este crecimiento no alcanzó para retener una bancada obrera en el Congreso, quedando ésta en manos de Leavy.

A nivel provincial logramos retener un diputado con Claudio Del Plá y una banca en el Concejo capital con Cristina Foffani. Aunque crecemos un 16% (concejal) y un 42% (senador) con respecto a las Paso, no pudimos retener la senaduría de Gabriela Cerrano. En Orán también retuvimos la banca con Nelly Díaz; mientras en Colonia Santa Rosa, Rosario de Lerma, San Lorenzo y El Bordo, con muy buenas elecciones, quedamos en las puertas de los concejos.

Con estos resultados retrocedemos y perdemos bancas en relación con 2013. Nuestra victoria electoral en aquel momento abrió una verdadera crisis de poder, por el antagonismo social y político entre la agenda obrera y popular que levantamos desde el Partido Obrero y la agenda patronal y oligárquica de los Urtubey, Romero, Sáenz, Isa, los radicales y Olmedo. Con sus negocios en peligro, cerraron filas contra nuestros planteos para impedir que prosperen. Ante esta maniobra, sólo con una irrupción obrera y popular se podría haber impuesto una salida favorable a los trabajadores. Pero ésta no se produjo, primando en muchos de los que nos votaron aquella vez la ilusión de que sólo debíamos impulsar acuerdos parlamentarios con los bloques políticos patronales para hacer avanzar nuestra agenda. Esta limitación estaba presente ya en nuestro triunfo electoral, que no se había dado en un cuadro de intensificación de la lucha de clases y de la acción independiente de los trabajadores, sino que había sido el resultado de una feroz batalla política que se abrió paso ante la crisis de los partidos tradicionales. Primaba la ilusión que podíamos conquistar nuestro programa por medio de la acción parlamentaria, sin necesidad de imponerle al Estado las reivindicaciones por medio de la acción directa. Al no poder cumplirse las expectativas de progreso social que se abrieron con nuestro triunfo, se pasó rápidamente a un escenario de desilusión.

Este balance electoral es una oportunidad para profundizar el debate para determinar la capacidad que tuvimos en esta lucha política para exponer el antagonismo social existente y convocar sobre esta base a la organización e intervención política de la clase obrera para pelear por el poder.

La unidad que promueve Urtubey y que en los hechos se da entre todos ellos para viabilizar el ajuste, junto a un trabajo sistemático de oposición y delimitación política por nuestra parte, volverá a colocar en el orden del día la disyuntiva de 2013. La abordaremos reforzados con las conclusiones de esta enorme experiencia política.

La semana pasada se realizaron las asambleas de los tres claustros para elegir a los consejeros superiores de la UBA. Estos se eligen de forma indirecta, a través de los consejeros directivos de las facultades, con lo cual su resultado refleja parcialmente la relación de fuerzas en la universidad; una relación medida, claro está, bajo los estándares del antidemocrático régimen de cogobierno de la UBA, donde los llamados “profesores” constituyen el 2% de aquellos que dan clases y la masa docente sólo vota en el claustro de “graduados”, diluida por el peso de los aparatos profesionales. Es necesario sacar todas las conclusiones que se desprenden de los resultados.

Puentes al ajuste

En profesores, la novedad fue la presentación del bloque oficialista en dos listas distintas. Por un lado, se presentaron las camarillas vinculadas con la UCR-Franja Morada y, por otro, una lista que nuclea a los decanos peronistas que integran la gestión de Alberto Barbieri. No se trata, sin embargo, de una fractura del Rectorado, sino de una forma de tender puentes a los grupos que el retroceso del kirchnerismo dejó huérfanos. La reivindicación de una identidad peronista sirve como lubricante para comprometer a los decanos y camarillas K en la gestión de la UBA y en la aplicación de las reformas macristas. Hay, claro está, un factor material que opera por debajo de este “reflorecimiento ideológico” de los profesores: es la guita que bajó el gobierno para abultar los llamados “gastos de funcionamiento”. En el caso de la UBA, el Presupuesto 2018 que Macri envió al Congreso refuerza esta caja a disposición del rector y los decanos, mientras congela la planta docente y recorta fondos para hospitales y becas (el proyecto del nuevo Hospital de Clínicas, anunciado con bombos y platillos, quedó archivado hasta nuevo aviso).

Como entendieron en su momento los Kirchner, el gobierno de Cambiemos es consciente de que mantener aceitado el régimen universitario es un punto clave para arremeter contra las conquistas de la universidad pública y gratuita. Las terceras listas del centroizquierdismo K lograron mantener sus minorías, tanto en profesores como en graduados. No escapan, sin embargo, a estas políticas y prebendas: actúan como resorte de los decanatos de Exactas y Filosofía, comprometidos con el ajuste y las reformas en sus facultades.

El movimiento estudiantil

La mayoría estudiantil (tres consejeros) quedó nuevamente en manos de Nuevo Espacio-Franja Morada. La izquierda, representada por la UJS-PO, logró retener una minoría en frente con La Corriente-CR de la Fadu. Nuestros compañeros Juan Winograd, de Exactas, y Laura Alvarez, de Medicina, asumirán como titular y suplente, respectivamente. La otra minoría quedó en manos de un armado entre el Movimiento Linealmente Independiente (MLI) de Ingeniería y la UES de Sociales, al cual el Rectorado garantizó los votos para llegar al 20% necesario (ver aparte). La Mella y la Cámpora, que hace dos años habían llegado a una minoría gracias a los votos del MLI, ahora se quedaron afuera, dejando en evidencia la fragilidad del kirchnerismo arrojado a sí mismo.

Todos al Foro por la Democratización

En este cuadro, frente a la Asamblea Universitaria antidemocrática que viene a allanarle el camino al ajuste y las reformas del macrismo, el Foro por la Democratización convocado para el próximo jueves 23 en Filosofía y Letras por los estudiantes de la UJS, la Agrupación Naranja de docentes e investigadores universitarios y la Agrupación Bordó de los trabajadores no docentes es la única expresión antagónica.

En su asamblea general, la AGD ya votó marchar masivamente el 4 de diciembre contra la Asamblea Universitaria de Macri y Barbieri. Ahora, la Fuba y los centros de estudiantes tenemos que tomar la palabra. La UJS promoverá la realización de asambleas en todas las facultades para que los centros fijen posición e impulsen la campaña. Con una gran movilización política hacia la Asamblea Universitaria reforzaremos la capacidad de acción del movimiento estudiantil, docente y no docente frente a los golpes del gobierno y las autoridades.

Nada refleja con mayor contundencia el carácter del “paquetazo” oficial que las declaraciones de apoyo de los directivos de Coca-Cola, por un lado, y de bancos como el HSBC, por el otro. Aunque en ambos casos habían aparecido quejas por algunas de las medidas impositivas -el impuesto a las gaseosas o la ‘renta financiera’-, los capitalistas saben muy bien lo que está en juego. El paquete oficial es una tentativa extraordinaria por levantar la tasa de ganancia del capital, liberándolo de la carga de varios impuestos y asegurándole la liquidación de conquistas fundamentales de la clase obrera. Los subsidios fiscales a los capitalistas serán compensados con impuestazos al consumo, con despidos estatales y, en lo inmediato, con un saqueo brutal a los jubilados y al Anses. Al compás de la exigencia de los capitalistas, el PJ-FpV y el massismo, junto a sus agentes burocráticos en el movimiento obrero, extreman sus esfuerzos para acordar con el gobierno.

Pagan los jubilados y estatales

En estas horas, el gobierno y los gobernadores del PJ, el FpV, massistas y “socialistas” discutían la letra fina de un pacto fiscal con consecuencias explosivas para las provincias y sus trabajadores. El macrismo exige la eliminación gradual del impuesto a los Ingresos Brutos de las empresas que representa, en promedio, el 75% de la recaudación de los distritos. A cambio de ello, el gobierno les ofrece una mayor tajada del impuesto a las ganancias, a costa de quitársela a la Anses. Como consecuencia de ese despojo, y de la rebaja de aportes patronales que también anunció el gobierno, la caja de los jubilados sufrirá una pérdida anual de 10.000 millones de dólares. Eso explica la anunciada decisión de amputar el sistema de “movilidad” jubilatoria, condenando al 70% de los pasivos a percibir la mitad de una canasta de pobreza. En suma, los jubilados bancarán la eliminación de impuestos a los capitalistas. Pero ello no bastará para cerrar los números de las provincias: por eso, el gobierno apura un nuevo ‘pacto de responsabilidad fiscal’, que implica ajuste en los gastos sociales y despidos. En las negociaciones en curso, el gobierno habría ofrecido tomar a su cargo a las trece cajas previsionales que dependen de provincias, con regímenes jubilatorios propios.

Detrás de esta oferta ‘generosa’, se anticipa la intención de ‘armonizarlas’ de prepo -y a la baja- con los haberes nacionales. El vaciamiento en puerta de la Anses ya ha colocado en la agenda oficial el retorno de la jubilación privada, bajo la forma de un ahorro complementario para quienes pretendan superar los haberes de miseria del sistema oficial. El gobierno ha resignado ciertos impuestos que cuestionaban los lobbyes capitalistas regionales -como el gravamen al vino- pero, al mismo tiempo, anunció la intención de reducir en un 10% la planta de estatales, lo que podría implicar el despido de 70.000 trabajadores. El vencimiento de contratos de miles de precarizados en diciembre coloca a los estatales en urgente alerta.

Pagan las conquistas obreras

En el toma y daca por el reparto de los recursos impositivos, los gobernadores han colocado una cuestión decisiva en la balanza: “el apoyo decisivo de sus diputados y senadores a las reformas que el gobierno busca aprobar, como la tributaria y la laboral” (Clarín, 14/11). El principio rector del paquete oficial es trasladarle a los trabajadores el fardo del ajuste. Nada retrata mejor esta orientación que el acuerdo ‘impositivo’ en Tierra del Fuego, donde la moneda de cambio para el recorte de beneficios a la patronal electrónica… es la aceptación -por parte de la UOM fueguina- de un congelamiento salarial por dos años; o sea, de una reducción de salarios a término del 30 o 40%. Es esta misma orientación la que sigue la burocracia sindical en torno de la reforma laboral. El gobierno le ha admitido al triunvirato cegetista algunos cambios que, bien mirados, sólo apuntan a enmascarar el carácter antiobrero de la reforma. Por ejemplo, acepta incluir en el cálculo de las indemnizaciones a las comisiones -que sólo afectan a un sector particular y reducido de trabajadores- y a las horas extras ¡a sabiendas de que el proyecto prevé eliminarlas por la vía de establecer un banco de horas! El gobierno aceptaría que quien sufre cambios en sus condiciones laborales pueda recurrir a juicio, pero sin asegurarle la reposición en su puesto. Además, gobierno y burócratas discuten instituir una “mesa de diálogo permanente”, para disfrazar una pérdida de derechos laborales que quedaría consumada con la sanción de la ‘reforma’. La burocracia también promete una futura “batalla en la Justicia” en torno de aspectos de la ley que podrían dar lugar a diferentes interpretaciones. Con ello, fingen ignorar el copamiento judicial en marcha por parte del gobierno, con eje singular en el fuero laboral. En cualquier variante, en la reforma quedarán las pasantías precarizadoras para los jóvenes, el indulto a los evasores (blanqueo) y la ‘agencia de evaluación de tecnologías médicas’ para las obras sociales, dirigida a recortarle a los afiliados las prestaciones más complejas y costosas. A cambio de ese ajuste a la salud obrera, y de preservar el monopolio de la representación sindical, la burocracia ha entregado la ‘reforma’ antilaboral.

Pacto político

En su apoyo a este paquete antiobrero -incluso con sus consecuencias devastadoras para los presupuestos provinciales-, los gobernadores de la oposición expresan la dependencia mortal de pejotistas, massistas y también kirchneristas para con la clase capitalista, que está jugada a fondo con los anuncios del oficialismo. Nada de ello exime a la salida oficial de sus enormes contradicciones: el macrismo ha colocado el presupuesto público al servicio de los capitalistas, cuando ese presupuesto -y también el Banco Central y la Anses- carga con los quebrantos de la gestión anterior. La pretensión de resolver esa contradicción con un mayor endeudamiento se enfrenta, por un lado, a los límites de la hipoteca ya existente y, por el otro, a los virajes financieros que impone la crisis capitalista internacional. A despecho de ello, los “nacionales y populares” de diferente laya se han entregado de pies y manos al macrismo. El ‘respeto al mandato de las urnas’ se ha convertido en la coartada para aceptar sin rodeos a esta verdadera confiscación social. Ello no exceptúa a Cristina Kirchner y a su “unidad ciudadana”, a la cual uno de sus mayores laderos -Aníbal Fernández- acaba de declarar extinta, en nombre del retorno al Pejota.

Mal que les pese a todos ellos, el movimiento obrero está siendo recorrido por una verdadera conmoción, como lo revelan distintos plenarios de delegados o asambleas que debaten y rechazan la reforma laboral. En este cuadro, el Partido Obrero ha lanzado una campaña política en regla contra el paquetazo macrista, dirigida en primer lugar a las grandes concentraciones obreras y a los sindicatos. Como parte de ello, la Coordinadora Sindical clasista del PO se ha dirigido a diferentes organizaciones para promover una iniciativa de lucha y movilización contra la reforma, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre y que debería ser el punto de partida de un plan de acción en regla contra el paquete antiobrero. Tomemos a la acción del 6 como un punto de apoyo para redoblar el debate y la organización en todos los sindicatos y lugares de trabajo. Hagamos de esta campaña un gran factor de reagrupamiento político de los luchadores, contra el gobierno ajustador y sus cómplices.

A contrapelo del optimismo de los círculos empresariales con el progreso del paquete de reformas, la Bolsa porteña se despachó este martes con una caída superior al 4%. En varias jornadas, el Merval acumuló un descenso del 14%, fagocitándose un mes de subas continuadas. Un diario de finanzas se animó a titular “un Martes negro en la Bolsa”, rememorando a aquel martes que marcó el debut de la crisis capitalista más profunda de la historia.

A contrapelo de ese diario, los analistas financieros salieron a calmar las aguas. Por caso, entre las causas del desplome se mencionó a la fuerte caída de las acciones del Banco Macro, por las revelaciones del caso Ciccone.

También se dijo, con razón, que muchos especuladores dejaron sus posiciones en la Bolsa para colocarlas en las letras del Banco Central, habida cuenta de que la tasa de las mismas fue elevada al 29%. Los analistas calculan que quienes ingresaron dinero al país para colocarlo en Lebacs obtuvieron este año la friolera de un 11,5% de beneficio en dólares. Al fundar la baja de la Bolsa en un hecho particular, los 'expertos' buscaron aventar otra hipótesis más temida -a saber, la de una desconfianza en la marcha general de la economía macrista.

Pero cuando se tira del piolín del hecho “particular” -o sea, la suba del interés de las Lebacs, las implicancias son bien mayores. Según los observadores, el gobierno subió las tasas para aplacar una inflación que no cesa, y que se refuerza con los tarifazos e impuestazos (los cuales tendrán mayor alcance con la reforma tributaria en discusión).

La consecuencia, en este punto, es un enfriamiento del crédito y, por lo tanto, de la propia actividad económica. Pero casi nadie señaló el otro objetivo de esta suba de rendimientos de las Lebacs: asegurar la propia renovación de estas letras, de cara a la zozobra que genera el crecimiento explosivo de la deuda del Banco Central. Esa mochila alcanza hoy los 66.000 millones de dólares, y representa el 123% de la base monetaria. Además, supera en 11.300 millones a la tenencia de reservas del Banco, lo cual delata su virtual quebranto. Al elevar el interés de las letras, el propio Banco encareció el costo de reciclar este pasivo, cuyo costo anual -en términos de interés- subió ahora a 20.000 millones de dólares anuales, si se considera un tipo de cambio estable (La Nación, 15/11).

El ingreso de dólares para participar de esta especulación refuerza la revaluación del peso -y esa revaluación agrava el peso de la deuda pública medida en dólares, empezando por la del mismo Banco Central.

Pero la participación de los especuladores en esta bicicleta financiera está condicionada por otro factor -las tasas de interés internacionales. Una suba de éstas, combinada con la percepción de que las Lebacs conforman una bola de nieve insostenible, podría desatar una fuerte salida de capitales. Justamente, los analistas consideran que la suba de la tasa de los bonos a diez años del tesoro norteamericano también contribuyó a la caída de ‘nuestra’ Bolsa. En conexión con ello, otro gerente de inversiones asoció al tropezón del Merval con “la caída de los bonos basura en el mundo” (¡!) (El Cronista, 14/11), confesando, de este modo, qué calificación le dan los “inversores” al redituable mercado financiero local. El último argumento para explicar el "martes negro" es todavía más sorprendente: la “incertidumbre por el paquete de reformas que impulsó el gobierno” (ídem, 13/11). Esta afirmación puede interpretarse como una presión para que se aprueben las reformas impositiva, laboral y jubilatoria. Pero, también, como expresión de las dudas existentes en los círculos capitalistas respecto del proceso económico considerado de conjunto. El gobierno ha financiado una rebaja de impuestos a la clase capitalista con impuestazos al consumo y endeudamiento. Pero los impuestazos agravarán la inflación y golpearán a la ya débil recuperación económica, mientras que la contracción de nueva deuda se encuentra condicionada por la magnitud de la hipoteca ya contraída, y por un posible agotamiento del período de tasas de interés bajas en las finanzas internacionales. El tropezón bursátil no es la única señal de desasosiego patronal: a pesar de colocar a su hombre en el Ministerio de Agricultura, las agroexportadoras han liquidado un 12% menos de divisas en este año, porque demoran la liquidación de divisas y están reteniendo parte de la cosecha de soja. Ello contribuye a un déficit comercial que este año alcanzará los 8.000 millones de dólares, y que también se financia con endeudamiento.

Toda exageración es una versión amplificada de la realidad. Y esto le cabe al “martes negro” de la economía macrista. El sofocón, por ahora pasajero, puso de manifiesto los límites y las contradicciones de la política oficial, a la luz de una bancarrota capitalista internacional que continúa en desarrollo. Los trabajadores argentinos y sus conquistas históricas no pueden ni deben inmolarse en el altar de una política y un régimen social sin futuro.

De repetirse en la Fuba el acuerdo que el Rectorado de Barbieri-Yacobitti logró establecer con el Movimiento Linealmente Independiente (MLI) de Ingeniería y la UES de Sociales, este bloque obtendría una mayoría de siete centros de estudiantes sobre 13 en la Junta Representativa. Es lo necesario para convocar a Congreso, donde podrían reunir quórum si suman al Miles, de Medicina. Tras las elecciones del Consejo Superior, un recuadro en Clarín dio por hecho este pacto anunciando que el año que viene estas fuerzas podrían “‘recuperar’ la Federación, que está en manos de la izquierda desde el año 2002” (Clarín, 8/11).

El pasaje del MLI al Rectorado tiene sus antecedentes en el acuerdo de co-gestión con los radicales en Ingeniería. Allí, el MLI puso a varios de sus dirigentes como funcionarios de la gestión privatista de Horacio Salgado, que ahora continuará el decano Alejandro Martínez. Lejos de significar mejoras para los estudiantes, le integración del MLI implicó recortes en las becas de apuntes y nuevas reformas a las carreras en línea con la Coneau, que la conducción del centro de estudiantes (CEI) dejó pasar sin debate alguno. La co-gestión de los radicales y el MLI entregó sus mejores laboratorios a estudios de empresas como Techint, mientras los que se utilizan para cursar no tienen insumos. La deserción es récord, entre otras cosas por la falta de docentes, lo que obliga a cupos en las materias y a que cientos de estudiantes cursen bajo la forma de “condicionales”.

En las últimas elecciones estudiantiles, la gestión de Salgado y el MLI acordaron, por primera vez en la historia de la facultad, pegar las boletas de la elección del CEI con las de la elección obligatoria. Así, además de anular la independencia del centro de estudiantes, se logró distorsionar en su favor la distribución de delegados a la Fuba. Es el método fraudulento que siempre utilizó la Franja Morada en Económicas, Derecho y Medicina, para perjudicar al resto de las facultades donde tienen primacía fuerzas de izquierda u opositoras.

Franja Morada-Nuevo Espacio pretende volver el año próximo a la Federación de la mano de los “linealmente independientes”, que hace 16 años colaboraron en expulsarla. Quiere retornar con sus mismos métodos -el fraude y la corruptela de la caja universitaria para comprar grupos dispuestos a venderse-, no ya como brazo estudiantil de De la Rúa sino como pata universitaria de Macri, Bullrich y Carrió. El gobierno macrista necesita una Fuba “normalizada”, disciplinada, para aplicar sus planes de ajuste. Una suerte de “Fuba de los gordos”, como ocurre con la CGT.

El movimiento estudiantil tiene enormes reservas para combatir y derrotar esta propuesta reaccionaria. La campaña de la UJS hacia el Foro por la Democratización unificará la denuncia a los planes de Macri y Barbieri y su farsa de Asamblea Universitaria con el llamado a defender la principal conquista del movimiento estudiantil en la actual etapa: la Fuba independiente y de lucha.

En estas horas críticas en la búsqueda de los 44 tripulantes del ARA San Juan, las manifestaciones de crisis política alrededor de las responsabilidades por la desaparición del submarino son inocultables.

Ha quedado bajo la lupa el estado de la nave, de fabricación alemana, botada en junio de 1983. Las hipótesis más firmes apuntan a un problema originado en las baterías, según el último reporte del capitán del submarino, Pedro Fernández, y por ello había adelantado su regreso desde el puerto de Ushuaia a su base en Mar del Plata (Infobae, 20/11).

“Los problemas con las baterías en el TR-1700 no eran una novedad: los trae desde su diseño en Alemania, en los albores de la década de 1980, a pedido exclusivo de la Argentina, dueña de la licencia y único usuario de esta clase de submarinos. Casi desde el inicio de las operaciones, y en especial con el radical mantenimiento de media vida al que fue sometido el S-42, los inconvenientes al respecto nunca se superaron del todo” (La Nación, 22/11).

Durante su encuentro en Chapadmalal, los familiares de la tripulación increparon a Macri. “Es prácticamente un suicidio viajar en algo que es viejísimo. ¿No pueden invertir presupuesto estatal en hacer algo por comprar un submarino nuevo y evitar esto? ¿Tiene que morir alguien para cambiar?”, le reprocharon. Otras denuncias apuntaron a la demora en la implementación del protocolo de búsqueda, en un intento por ocultar la envergadura del accidente y presentarlo como un problema circunscripto al sistema de comunicaciones de la embarcación.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, asegura haberse enterado de la desaparición del submarino ARA San Juan “leyendo Infobae”, cuando ya circulaban informes internos de la Marina que daban cuenta de la interrupción de las comunicaciones con el submarino. Aguad no había sido agregado en la distribución del parte secreto remitido al jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur. Sin embargo, cuando el contralmirante Gabriel González, jefe de la base naval de Mar del Plata, desestimó que se hubieran producido llamadas satelitales provenientes del submarino, “enfureció a Defensa y al Edificio Libertador” (Clarín, 21/11).

Las operaciones de búsqueda y rescate prácticamente han quedado en manos de tropas extranjeras, especialmente estadounidenses e inglesas, incluidas embarcaciones afectadas a patrullar las Islas Malvinas. Un gobierno defensor de la autonomía nacional echaría mano a esa ayuda, pero combatiría al mismo tiempo todo intento de valerse de este accidente para promover una línea de colaboración con el imperialismo. No es lo que ocurre ahora. Los medios de prensa del colonialismo inglés, como el Times, festejan que “viejos antagonismos fueron dejados de lado”. Saben que el gobierno de Macri se valdrá del hecho para profundizar sus lazos con los países imperialistas. Semanas atrás, el gobierno hizo autorizar por el Senado la realización en territorio argentino de maniobras conjuntas con tropas yanquis, entre las que se cuentan “ejercicios avanzados de guerra antisubmarina (…) guerra antiaérea, guerra litoral y operaciones de interceptación y captura de buques mercantes para el control y prevención de ilícitos…”. Es decir, actividad militar interna. Advertimos contra cualquier intento de manipular la colaboración en la búsqueda del ARA San Juan como excusa para una mayor penetración militar imperialista en el país y en la región. En medio de la colaboración británica se conoció la noticia de que el gobierno del Reino Unido acaba de comprar un escudo de misiles para instalar en las islas Malvinas, similar al que usa Israel. El gobierno ha callado ante este avasallamiento de la soberanía nacional.

En el mismo sentido, la burguesía reclama apurar el reequipamiento de las fuerzas armadas, que el gobierno comenzó con proveedores yanquis, europeos e israelíes. La última vez que aumentó el presupuesto militar fue en 2014, cuando el genocida Milani estaba al frente del Ejército y el incremento fue destinado mayoritariamente a reforzar el área de inteligencia.

Es obvio que un rearme de la mano del imperialismo, lejos de reforzar la defensa nacional, acentuará la dependencia del país respecto de sus proveedores. Una verdadera política de defensa nacional debe partir del repudio a la deuda externa y la ruptura de todos los acuerdos coloniales que someten a la Argentina.

Nos sumamos al clamor de los familiares de la tripulación por el rescate de ésta sana y salva, lo cual no implica ninguna solidaridad con el gobierno ajustador y proimperialista que encabeza Macri.

Reclamamos el completo esclarecimiento de las responsabilidades políticas y militares que rodearon a este episodio.

La “letra chica” del pacto político entre Macri y los gobernadores recién se conoció cuando éstos se habían subido al avión, rumbo a sus provincias. Por caso, una gran confiscación a los jubilados financiará parte de la reducción generalizada de impuestos provinciales a los capitalistas. El acuerdo plantea, en los hechos, un aumento de la edad jubilatoria a los 70 años para hombres y mujeres. El carácter ‘optativo’ con que se presenta esta extensión es otro fraude, puesto que la miseria jubilatoria -que la ‘reforma’ acentúa- obligará al trabajador a extender su vida laboral si no quiere cobrar una jubilación de indigencia. Precisamente, y en relación con los aumentos de haberes, el plus “por encima de la inflación” -que los gobernadores anunciaron como gran conquista- representará sólo el 5% de lo que crezca la economía -o sea, entre 10 y 15 pesos por semestre. Más grave aún es la decisión de barrer con los regímenes jubilatorios especiales -docentes, judiciales, provinciales, luz y fuerza- que verán recortadas sus conquistas en nombre de que constituirían… “jubilaciones de privilegio”. Finalmente, la reforma prevé pagarle por debajo de la jubilación mínima a quienes se acogieron a las moratorias de los últimos años -o sea, una suerte de prestación asistencial. La firma de este despojo por parte de gobernadores de toda laya retrata la bancarrota política de la pretendida “oposición” al macrismo. Este derrumbe incluye al FpV: aunque Alicia Kirchner mandó a su vice para evitar el bochorno de esta firma, Macri exigió en las últimas horas que este pacto -que va a fondo contra los trabajadores santacruceños- tenga la rúbrica personal de la “cuñada”. En un reportaje a Clarín, el ‘socialista’ santafesino Miguel Lifschitz acaba de elevar a Macri a la estatura de un estadista con ‘sentido federal’. El ‘pacto federal’ es la piedra basal de una coalición política no declarada, pero con claro programa: un rescate capitalista a costa de la masacre de conquistas laborales y jubilatorias de las masas.

Reforma laboral

La coalición ‘de facto’ se extiende, naturalmente, al triunvirato cegetista que puso su gancho al proyecto oficial de reforma laboral. Entre otros atropellos, la firma dejó intactos al recorte de las indemnizaciones -sin aguinaldo ni bonificaciones-, a la precarización juvenil bajo la forma de pasantías y a la tercerización generalizada. Pero lo que supuestamente se sacó de la ley vendrá con los acuerdos por rama: “el gobierno apuesta ahora a que la ‘gran reforma laboral’ se materialice en las paritarias de 2018” (La Nación, 21/11). Ello implica meter en los acuerdos paritarios cuestiones como la implementación del “fondo de cese laboral”, que obligará al trabajador a financiar su propio despido. Pero también “la baja de aportes patronales para obras sociales y la revisión de cláusulas de antigüedad” (ídem). El gobierno quiere paritarias a la baja y con techos salariales, por un lado, y acompañadas por la modificación de los convenios colectivos, por el otro. Al igual que ocurre con los gobernadores, el compromiso de la burocracia sindical con el gobierno se extiende mucho más allá de las votaciones del Congreso. Al mismo tiempo, esta guerra contra la clase obrera abre todo un período de deliberación y luchas en los sindicatos y lugares de trabajo, en torno de la defensa de conquistas históricas.

La lucha contra la reforma

Es muy claro que la reforma ha desatado una conmoción en los sindicatos, lo que se advierte incluso en aquéllos más regimentados o colaboracionistas con el gobierno. Para resumirlo en una hipótesis: si la CGT convocara hoy un paro con abandono de tareas a las 10 de la mañana contra el paquete antiobrero, habría un millón de obreros y la ofensiva recibiría un golpe mortal. Eso no ocurrirá, precisamente, porque la CGT es parte activa en la elaboración y aval del paquetazo. Nuestra política es contribuir a la maduración en la masa de trabajadores, para que un rumbo de lucha se abra paso contra la dirección oficial del movimiento obrero.

La izquierda y el clasismo han tomado la delantera en articular una respuesta de lucha, que tendrá lugar cuando el proyecto antiobrero comience a tratarse en el Congreso. El Sutna, convocante e impulsor de esta iniciativa de movilización, ha resuelto también un paro general para ese día. En este cuadro, y en ocasión de esa misma jornada, una fracción de la burocracia de la CGT ha anunciado una movilización. La convocatoria está encabezada por Pablo Moyano, secretario gremial de la central, y Palazzo, de bancarios y de la kirchnerista Corriente Federal. La reunión donde se anunció este reagrupamiento estuvo tutelada por el obispo Sánchez Sorondo, revelando hasta qué punto el Vaticano ha decidido intervenir en la cuestión. Precisamente, una reunión en Roma, en los próximas días, reunirá a los “rebeldes” con Héctor Daer -uno de los responsables del pacto con el gobierno. Bergoglio y los suyos están articulando un frente de contención de la reacción obrera ante a la reforma oficial. La burocracia moyano-kirchnerista acompaña este propósito, detrás de acciones aisladas que, en el mejor de los casos, buscaría arrancar alguna concesión para sus gremios. Esa misma burocracia opositora, por otra parte, ya ha pactado convenios flexibilizadores, como ocurrió en Atilra, en la UOM fueguina o en petroleros de Santa Cruz.

Para la masacre social que plantea el paquete oficial -con despidos y mayor precarización-, el Vaticano no tiene otra receta que la de extender el dispositivo asistencial. Con ese objetivo, el avión a Roma se ha cargado también al otro triunvirato -el de la ‘economía popular’, que ha pactado su propia tregua indefinida con el gobierno macrista.

Nuestra política

La fractura de la burocracia cegetista, en cualquier caso, es una expresión distorsionada del mar de fondo que está recorriendo al movimiento obrero. Lo mismo ocurre con las CTA, en vísperas de un fin de año que podría estar acompañado por miles de despidos estatales. Para la izquierda y el clasismo está planteado un amplio escenario de intervención política y sindical, que puede explotarse favorablemente a condición de que desarrollemos un programa de lucha y delimitación respecto del pacto antiobrero y de sus cómplices políticos y sindicales. En esta tarea, el Frente de Izquierda tiene una importante responsabilidad: el 1.200.000 votos cosechados en octubre es un mandato para impulsar una campaña de lucha y de denuncia contra el pacto antiobrero de Macri, los gobernadores y la burocracia, en defensa de todas las conquistas amenazadas y para que el ajuste lo paguen los ajustadores. Ese programa plantea la defensa incondicional de las conquistas de los convenios y de los derechos indemnizatorios, junto a la lucha por el 82% móvil, contra el aumento de la edad jubilatoria y por una reorganización social dirigida por la clase obrera. Como parte de esta acción común, es necesario articular una gran columna de la izquierda y el clasismo para cuando se debata la ley antilaboral en el Senado.

Además del programa, el método con el cual preparemos e intervengamos en esa movilización debe ser todo un factor de delimitación con la burocracia, en particular, de la que posa de opositora. Reclamemos la convocatoria a asambleas y plenarios de delegados en todos los gremios, para votar la concurrencia y reforzarla con un paro activo en esa jornada, como ya lo han resuelto el Sutna, la AGD y también el sindicato del Subte. Impulsemos la coordinación zonal de todas las internas y organizaciones de lucha, para promover la concurrencia y el paro en todos lados, incluso allí donde la burocracia resuelva no movilizarse. Por un confederal de delegados de base mandatados de todo el movimiento obrero, para que la burocracia no resuelva por nosotros. Votemos la ocupación de toda fábrica o repartición que despida masivamente, y una estrategia de apoyo activo por parte del movimiento obrero combativo de la zona.

La lucha contra el paquete antiobrero recién ha comenzado y abre un amplio campo de desarrollo político y sindical para el clasismo y para la izquierda revolucionaria.

Las comisiones internas de las plantas de Knorr y Hellmann's, recientemente refrendadas por la mayoría de los trabajadores, han impulsado asambleas de planta, al finalizar la semana, para explicar el alcance de la reforma laboral.

Las seis asambleas de los tres turnos debatieron el pacto entre Macri y la CGT, los detalles técnicos de la reforma y la necesidad de que los trabajadores respondan de manera contundente, abriéndose un camino opuesto al de la burocracia sindical.

La posición de los trabajadores fue votada unánimemente: hay que rechazar la reforma laboral y movilizar el 6 de diciembre en la movilización impulsada por el Sutna y el sindicalismo combativo.

Los trabajadores abren un camino bien opuesto al que ha trazado la directiva del sindicato de la Alimentación, encabezada por Daer, que hizo un plenario para desviar la lucha al Parlamento, echándole la culpa al pueblo por haber votado a Cambiemos; y que es parte orgánica de la CGT que ya pactó la reforma con Triaca y Macri.

El jueves 23 se realizó una asamblea de fábrica en la papelera Kimberly Clark, ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires (Bernal), donde se clarificaron los ejes de la reforma laboral y se evaluó el impacto que tendrá sobre los trabajadores la pérdida de derechos indemnizatorios, el ataque al convenio colectivo, la rebaja salarial y deterioro de la estabilidad laboral.

Luego del debate, la asamblea votó por unanimidad exigir al gremio la participación de la Interna en los encuentros de delegados que la Federación del Papel está realizando, en donde se está “elaborando” un anteproyecto que reformará el convenio. Esta cuestión debe ser seguida de cerca por los trabajadores del gremio, puesto que las reformas gubernamentales que no pasen a través de la ley, serán impuestas en una segunda fase en los convenios laborales de cada gremio, con el acuerdo de la burocracia sindical. Por lo tanto, somos los delegados de base quienes resistiremos las reformas pro-patronales.

Del mismo modo, se votó solicitar una asamblea general en el sindicato, para reclamar a la dirección de la regional, un cese de tareas y movilización el día que se trate el proyecto de ley en el Congreso.

Previamente, y en el marco de la resolución de la Coordinadora Sindical Clasista de impulsar plenarios y asambleas obreras sobre la reforma laboral, Papeleros Lista Gris convocó a un plenario de la agrupación en el que participó Néstor Pitrola, quien realizó un balance electoral y contextualizó el cuadro político en el que se lanzan las reformas laboral, tributaria y previsional.

El plenario de papeleros votó sacar un boletín explicativo sobre la reforma, el cual ya está siendo colocado en las fábricas con una muy buena recepción por parte de los trabajadores.

Como quedó claro en el cierre de la asamblea desarrollada en Kimberly Clark, somos la generación obrera que tiene la responsabilidad de enfrentar a los reformadores antiobreros, puesto que nuestro futuro y el de nuestros hijos dependen de ello.

El Polo Obrero concretó, desde el pasado lunes 4, un acampe nacional piquetero en todo el país, que en Ciudad de Buenos Aires se extendió por 18 horas, para reclamarle al gobierno trabajo genuino para la juventud de los barrios más pobres del país, aumento en el conjunto de los programas sociales -que son de 4.400 pesos y han sido pulverizados por una inflación de alrededor del 25%- y, ante la ausencia de trabajo, la apertura de los programas para los desocupados.

Miles de trabajadores de los programas Argentina Trabaja reforzamos nuestra movilización ante la cerrada negativa del gobierno a atender estas demandas. El acampe piquetero se transformó con el correr de las horas en un verdadero hecho político, reuniendo a más de 10 mil compañeros en acciones de lucha en 14 puntos de la Argentina, desde Salta hasta Tierra del Fuego, y logró repercusión en casi todos los medios radiales y televisivos.

El acampe piquetero rompió el pacto de las organizaciones con el gobierno y sacó a la luz dos cuestiones fundamentales: por un lado, un aumento del hambre y la miseria, agravado por los tarifazos y una inflación galopante y, por el otro, las importantes reservas de lucha por parte de los compañeros en los distintos barrios, que no están dispuestos a dejar pasar los planes de guerra de Macri contra el pueblo. Esta afirmación es la base para darle continuidad al plan de lucha.

En la jornada central en la Avenida 9 de Julio se realizó durante las primeras horas del acampe un acto de la Coordinadora Sindical Clasista, donde tomaron la palabra Horacio Acosta, despedido de la Línea 503; Julián Asiner, presidente de la Fuba; Miguel Bravetti, gráfico de Interpack; María Tango, del Polo Obrero; Diego Eibuszyc, de la agrupación Naranja de Telefónicos; un referente de trabajadores bancarios; Guillermo Kane, legislador bonaerense por el FIT, y Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero. Los oradores reivindicaron la unidad de los ocupados y los desocupados para derrotar la reforma laboral y la reforma previsional, fuertes ataques contra los trabajadores. Se convocó a movilizar fuertemente con estas consignas el 6 de diciembre, de Congreso a Plaza de Mayo.

Finalmente, y luego de largas 18 horas de acampe, el gobierno evitó dar la cara para no responder los reclamos. Es por eso que votamos en asamblea continuar las medidas de lucha y volver con un nuevo acampe en la semana de Navidad, esta vez por 72 horas.

El llamado ‘triunvirato piquetero' continúa en la tregua con el gobierno, no organiza a los desocupados y precarizados por nuestros reclamos y se limita a pedir la receta del Vaticano para paliar la pobreza: “emergencia alimentaria”. Continúan por el camino de la “emergencia social”, que supone más precarización y que ya ha demostrado no ser un factor de reducción de la miseria.

Llamamos a romper con esta política de compromiso con el ajuste y a ganar las calles por trabajo genuino y pase a planta, aumento de los ingresos al nivel del salario mínimo vital y móvil, bono de fin de año y apertura de los programas.

El recambio parcial del Congreso nacional ha servido para poner de manifiesto el tejido de acuerdos parlamentarios que prepara el gobierno para hacer pasar sus reformas contra trabajadores y jubilados. En Diputados se ha formado un bloque pejotista “colaborador”, con los legisladores que responden, entre otros, a Urtubey, Manzur y Schiaretti. Con todos ellos, el gobierno espera sumar una treintena de votos para sus reformas. En Senadores, Pichetto ha agrupado a los pejotistas que seguirían la misma tesitura. Pero incluso con estos acuerdos, el paquete previsional y laboral todavía no está garantizado. En el caso de la ley jubilatoria, hasta estos diputados del pejotismo de las provincias exigirían introducir algún cambio a la movilidad de los haberes, lo que devolvería la ley modificada al Senado y dilataría su sanción. En la Cámara alta, mientras tanto, estos mismos “acuerdistas” -comandados por Pichetto- quieren patear el tratamiento de la reforma laboral para el año que viene. El macrismo se queja del “doble discurso” de los gobernadores: le habían asegurado un acuerdo sin fisuras para aprobar el paquetazo, y ahora tienen a sus legisladores planteando objeciones.

Conmoción

La razón de estos vaivenes legislativos, sin embargo, hay que buscarla fuera del Congreso. Una periodista oficialista citó, días atrás, que las propias encuestas del gobierno revelaban que el zarpazo previsional había golpeado políticamente a los jubilados, un sector donde el apoyo electoral a Macri había sido importante. A la mora en los resarcimientos de la mentirosa “reparación histórica”, se suma ahora el recorte en los haberes y el aumento supuestamente “voluntario” de la edad para jubilarse. Uno de los diputados del peronismo “acuerdista” confesó a La Nación que, de votar la ley previsional tal cual está, “no podría volver a mi provincia” (6/12). Otro tanto sucede con la reforma laboral, donde se han producido verdaderos ‘movimientos sísmicos’ en los sindicatos. La expresión más contundente de esta tendencia es la decisión de la UOM de Río Grande de revertir el acuerdo que había suscripto su directiva semanas atrás y que implicaba aceptar dos años de salarios congelados a cambio de una mentirosa promesa de preservación de los puestos de trabajo. Ahora, su cuerpo de delegados -con el aval de asambleas en todos los lugares de trabajo- decidió denunciar el acuerdo, lo que refrendó con un paro en la jornada nacional de lucha de este 6 de diciembre. Unos días antes, un plenario de delegados de la UOM de Quilmes emplazaba a la burocracia a abandonar la pasividad y salir a la lucha contra la reforma laboral. En ese cuadro, una delegación de los metalúrgicos quilmeños se sumó a la Plaza de Mayo de este miércoles 6. La deliberación de la reforma tampoco escapa a los sindicatos del triunvirato colaboracionista, como ocurre en la Alimentación.

Al rescate de las reformas

El escozor de ciertos diputados y senadores es inseparable de este clima popular. Pero es también una tentativa de rescate de las reformas, para hacerlas pasar por tramos o con mejoras cosméticas que no alteren su contenido antiobrero y reaccionario. Por caso, gobierno y opositores discuten la alternativa de una reforma laboral en cuotas: harían pasar el blanqueo y la rebaja de aportes patronales ahora, y dejarían para 2018 -o para los pactos “gremio por gremio”- a los cambios al convenio y condiciones de trabajo. La cuestión previsional, en cambio, es más urgente, porque el gobierno debe despojar de recursos a la Anses como garantía de los crecientes compromisos de deuda. El gobierno no quiere cambios en la ley que mandó el Senado.

La burocracia que se declara opositora al paquetazo oficial y el kirchnerismo -sindical y político- no son ajenos a este operativo de rescate de las “reformas”. Mientras los cristinistas declamaban su oposición a los ajustes, Alicia Kirchner firmaba la “responsabilidad fiscal” con Macri, un baldón contra los derechos de docentes y jubilados de Santa Cruz. Lo mismo puede decirse del elenco de intendentes que acompañó electoralmente a CFK y que pactan sus propios ajustes con el gobierno de Vidal. La jornada del 29, convocada por el moyanismo y la Corriente Federal K, no ha establecido ninguna continuidad. Los Moyano colocan la oposición a la reforma en una balanza ajena a los intereses obreros -la de los chanchullos de OCA o las operaciones delictivas de los barrabravas de Independiente.

Para que no pase

Es en este cuadro que debe valorarse la gran jornada de lucha de este 6, que involucró a numerosos sindicatos combativos en un compromiso con la CTA Autónoma y organizaciones sociales, que tuvo alcance nacional y que se desenvolvió bajo la forma de un paro activo en varias organizaciones obreras. Apenas unas horas antes, una extraordinaria jornada de lucha del Polo Obrero colocaba en la calle a las reivindicaciones de los desocupados, que soportan los tarifazos y la carestía creciente con planes congelados.

En las próximas semanas, el tratamiento parlamentario de las leyes se combinará con los anunciados despidos estatales, como ya ocurre en el Ente de Comunicaciones ocupado por sus trabajadores. El impulso del 6 debe servir para que convoquemos asambleas y plenarios en todos los sindicatos, y reforcemos la coordinación zonal de todos los que quieren luchar. El planteo es claro: para salvar los salarios, convenios y jubilaciones, debemos exigir el retiro incondicional de las leyes reaccionarias. Con esta bandera, preparemos el paro activo y una gran movilización para cuando sesione el Congreso.

Foto: Gus Holandés

Mauricio Macri se compró una misión difícil: ser el anfitrión de una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que, al igual que las rondas anteriores, ya preanuncia un nuevo fracaso, después de los pobres resultados de las rondas anteriores. La reunión en Buenos Aires, que el macrismo presentará como su “carnet de entrada al mundo”, volvió a ser el escenario de un conjunto de disputas por un mercado mundial que no sólo se mantiene bajo la impronta de la crisis inaugurada en 2007/2008. Soporta, además, la desaceleración económica y sobreinversión en China, como telón de fondo de todos los antagonismos en el comercio internacional. Por caso, la administración Trump considera que el actual sistema de solución de controversias comerciales de la OMC es “funcional” a las exportaciones de China, a las que acusa de precios predatorios. En represalia, decidió vaciar el organismo de la OMC que se ocupa de laudar sobre este tipo de litigios.

Globalización y OMC

La impasse de la OMC retrata vivamente la crisis de la llamada “globalización”, al influjo de la cual nació este organismo en los años ’90. La desaparición de la URSS y la apertura de la restauración capitalista en China abrieron ilusiones ilimitadas en una armonización internacional del comercio y las inversiones, que abriría un largo período de progreso bajo la égida de las grandes corporaciones capitalistas. La “liberalización”, sin embargo, muy pronto mostró sus contradicciones y, particularmente, el papel revulsivo de la restauración del capital en los ex Estados obreros, en el marco de un capitalismo en declinación. Un ejemplo de estas contradicciones es el acuerdo sobre liberalización de productos textiles en la propia OMC (2005), que le abrió a China una fabulosa plataforma de exportación sin barreras a los países occidentales. Una parte de la burguesía imperialista saludó esta liberalización, porque contribuía a abaratar la fuerza laboral de sus países por dos vías: proveyendo de vestimentas más baratas a sus obreros y compitiendo brutalmente con sus salarios y conquistas. Pero esta compuerta abrió la amenaza de una penetración más vasta de China, al calor de sus pretensiones de ingresar al mercado internacional en industrias más complejas. Esta tensión se expresa hoy en la negativa de Trump y la Unión Europea a que China sea declarada “economía de mercado”, lo que liberaría de las actuales objeciones al agresivo comercio del gigante asiático. El nacionalismo de Trump, sin embargo, no es defensivo. Las quejas por el llamado “comercio desleal” están colocadas en la mesa de las pretensiones expansionistas del imperialismo yanqui sobre China: el Departamento de Estado apunta a abrir la Bolsa y la banca de ese país al capital extranjero, y también a la privatización de sus industrias estratégicas. En vez de “globalización”, asistimos a la guerra de rapiña por un mercado mundial en crisis.

Plan B

En medio de esta impasse, la reunión de la OMC derivó hacia lo que algunos llaman un “plan B”, referido a las políticas de “facilitación de inversiones, comercio electrónico y de servicios”.

Detrás de estos términos se disimula el papel de la OMC como factor de opresión nacional: los supuestos “liberalizadores” no se han privado de someter al comercio de los países atrasados a un conjunto de condiciones despóticas: entre ellas, aceptar incondicionalmente el monopolio capitalista sobre la ciencia y la técnica (patentes), a través del cual los pulpos farmacéuticos han privado de salud a millones de personas. Lo mismo ocurre con las semillas modificadas, donde los “liberales” exigen la rendición incondicional ante el monopolio Monsanto. Quienes niegan al imperialismo como categoría histórica o lo ubican como una cuestión de “los tiempos de Lenin”, deberían detenerse en el régimen dictatorial y extorsivo que -a través de la OMC- un puñado de países le impone a los países más débiles del planeta.

En medio de la impasse de la OMC, Macri y Temer han intentado avanzar con su propio plan B -un acuerdo colonial y bilateral del Mercosur con la Unión Europea. Este pacto no haría sino confirmar la crisis de la OMC -los acuerdos entre bloques; en definitiva, expresan la incapacidad de una liberalización de carácter general. Precisamente, la Unión Europea concibe al acuerdo con el Mercosur como un recurso para contener el avance de China en América del Sur. Pero Macri también se quedó con las ganas de anunciar este acuerdo bilateral, que ha quedado postergado para 2018. A pesar de las concesiones de Macri-Temer al ingreso de productos industriales europeos a la región, la reciprocidad de la Unión Europea es casi nula en lo que refiere a los productos agrícolas del Mercosur. Los negociadores argentinos aceptarían reemplazar esta concesión a cambio de la difusa promesa de inversiones europeas en la región. Para ello, el tándem Macri-Temer ofrecería las rebajas impositivas y degradaciones laborales que ya están en la agenda de la Argentina y de Brasil. Un periodista de Ambito Financiero (11/12) asoció este “modelo de inversiones” al acuerdo firmado en Tierra del Fuego con la industria electrónica, donde se incluyó el compromiso sindical -luego rechazado por los delegados obreros- de aceptar un congelamiento de sueldos por dos años. Ello demuestra dos cosas: primero, que la apuesta a las “inversiones” reposa en un ataque a los trabajadores; segundo, que la ‘supuesta industria’ europea podría ser una mera armaduría o tercerizada de insumos asiáticos. Notablemente, es la misma queja que la Unión Industrial Argentina ha presentado en relación con las futuras importaciones industriales europeas, donde la preocupación “pasa por evitar que Europa triangule productos de China, India o el sudeste asiático” (Cronista, 5/12). La Unión Europea quiere sumar al Mercosur a un acuerdo para frenar a China, pero China se filtra por todos los poros del eventual acuerdo. El plan B, en definitiva, también quedó en carpeta.

Globalifóbicos

Los críticos globalifóbicos en la Argentina han señalado los aspectos coloniales y despóticos de la OMC, y advierten sobre una “liberalización que viene por todo”. Llamativamente, no se han detenido en la notoria impasse de la Organización como resultado de la crisis mundial, ni se han delimitado de los arrebatos proteccionistas de Trump o del nacionalismo europeo. Hay que recordar, por caso, los elogios tempranos de Cristina Kirchner a Trump por su “defensa del mercado interior” yanqui. Este planteo, en primer lugar, no aprecia la naturaleza reaccionaria y expansionista del proteccionismo imperialista, que busca reforzarse en la lucha por el copamiento del mercado mundial. Pero, en el plano continental, el nacionalismo burgués le opone a la “liberalización” comercial la autarquía económica y una supuesta integración regional en la cual sus gobiernos han fracasado sin atenuantes. El proteccionismo, por otra parte, es también una variante ajustadora, puesto que blande la amenaza de la competencia internacional para desvalorizar los salarios, a través de ataques a los convenios o a través de salidas devaluacionistas.

Al denunciar el carácter imperialista y antiobrero de la OMC, llamamos a una acción obrera internacional para defender las conquistas obreras amenazadas, y para abolir los acuerdos que conducen a la privatización del conocimiento, la educación y de la salud. A los imposibles acuerdos interimperialistas -que apenas enmascaran la tendencia a la rapiña y a la guerra- le oponemos la unidad internacional de los trabajadores. La crisis de la OMC demuestra la contradicción insoluble entre el desarrollo de las fuerzas productivas -que ha superado largamente el marco de las fronteras nacionales- y el carácter nacional de los Estados que actúan como gendarmes de la acumulación de capital de las corporaciones imperialistas. Esa contradicción sólo puede resolverse progresivamente mediante la superación del capital y sus Estados, y una “armonización” mundial bajo la única clase que reconoce intereses sociales comunes: la clase obrera.

El gobierno ha montado el saqueo a los jubilados con los métodos propios de un robo -o sea, a través de un golpe de mano de carácter parlamentario. Aunque estaba previsto votar la reforma previsional el 20 de diciembre, resolvieron apurar su tratamiento para la tarde de este jueves, apenas unas horas después del escandaloso trámite que aprobó la reforma “en comisión”.

Las razones del apuro son claras: temen que el repudio popular al saqueo jubilatorio gane terreno con el paso de los días. Para el 20, crecía el número de organizaciones que preparaban acciones de lucha sobre el Congreso. En las fábricas y en todos los lugares de trabajo crece la enorme conmoción causada por el robo jubilatorio.

Los esfuerzos oficiales para disimular el despojo en marcha no han prosperado. Ni los medios oficialistas han podido ocultar el robo de 100.000 millones de pesos como resultado del cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, lo que afecta también a los beneficiarios de la AUH y las asignaciones familiares. En el paquetazo oficial está también el aumento “optativo” de la edad para jubilarse, junto a una reducción de aportes patronales que agravará el desfinanciamiento de la Anses.

La contracara de esta reducción de derechos jubilatorios es el anuncio de una ampliación presupuestaria que destinará 75.000 millones de pesos adicionales para el pago de comisiones e intereses de la deuda pública. O sea, casi la misma cifra que implica el ajuste a los pasivos. Las largas parrafadas sobre la “sustentabilidad previsional” se han venido abajo: los recursos del presupuesto que dejan de sostener a los jubilados van a las manos de los acreedores internacionales. Como ocurriera bajo el kirchnerismo, los fondos de la Anses sirven al pago de la deuda usuraria. No hay que olvidar que esta reforma previsional le fue exigida al gobierno por parte del Fondo Monetario, el representante mayor de los acreedores de Argentina.

Entramado político

Aunque el gobierno ha precipitado su aprobación, el saqueo jubilatorio es el resultado de un largo entramado político que envuelve a la seudo-oposición, incluso a aquella parte que ahora se rasga las vestiduras por “los abuelos”. Los votos necesarios le serán aportados, en principio, por el flamante bloque pejotista Federal, que incluye a los diputados de varias provincias que aprobaron el pacto fiscal con el macrismo. Ese acuerdo financia la reducción de impuestos a los capitalistas con los fondos previsionales. Pero más allá de este bloque colaboracionista, el pacto fiscal, que forma un rompecabezas inseparable con el golpe a los jubilados, también fue firmado por Alicia Kirchner. En cuanto al Frente Renovador, su reducido bloque actual ya no es decisivo a la hora de los votos, lo que le permite a los massistas hacer demagogia y rechazar la ley. Pero sus diputados también contribuyeron a este entramado, al votar las leyes que habilitaron el reendeudamiento y la falsa “reparación” a los jubilados, que sólo ha resarcido a una parte menor de quienes litigaban contra el Estado -pero sí sirvió de excusa para un indulto generalizado (blanqueo) en favor de los evasores capitalistas. El golpe a los jubilados no puede juzgarse por separado de ese derrotero de hipotecamiento y beneficios impositivos al capital, del cual ha participado toda la oposición patronal. El asedio de los jueces de Comodoro Py, que se extiende desde los funcionarios kirchneristas hasta los Manzur o Schiaretti, tiene por norte reforzar la extorsión a los opositores para la aprobación de este paquete reaccionario, que debe completarse con la reforma laboral.

La puntada final al proyecto oficial se la dio nada menos que Elisa Carrió, quien se jacta de haber sido votada por la mayoría de los adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. La diputada oficialista se mostró “preocupada” por lo que resultaba evidente, a saber, que la aplicación del nuevo índice implicaría un despojo de 9 puntos porcentuales en el aumento a percibir en marzo -ello, por considerar solamente los datos de inflación del último trimestre y desestimar el ajuste de todo el semestre transcurrido. Pero, en cuestión de horas, la “preocupación” se tornó en un voto de confianza incondicional en la ley oficial. Lo cierto es que el gobierno no estaba dispuesto a mover una coma del proyecto que envió el Senado, para lograr su aprobación sumaria. En nombre de esta exigencia, Carrió se puso al frente de la maquinaria de engaño oficial y caracterizó a la ley como beneficiosa.

Los de arriba y los de abajo

Pero la decisión oficial de precipitar esta votación no sólo se relaciona con la inquietud popular, que se va a expresar con toda su fuerza en las puertas del Congreso de este jueves. El gabinete macrista mira también a los acreedores internacionales y al gran capital, que exigen garantías para el repago de un endeudamiento creciente, Macri se ha convertido en un cortesano de la OMC, del G20 y de la Unión Europea. Los resultados, por ahora, son magros o inexistentes: además de cargar con sus propias contradicciones, el macrismo enfrenta los límites de la bancarrota internacional. En ese cuadro ha resuelto ofrendarle los fondos jubilatorios al capital financiero.

Es necesario ver este cuadro de conjunto para reforzar la organización y movilización contra el paquete antiobrero. En las últimas horas, y mientras escribíamos estas líneas, crecía la determinación de concurrir al Congreso con todo este jueves, para que no pase el robo jubilatorio. Al mismo tiempo, el gobierno ha dispuesto una verdadera militarización en las cercanías del Congreso. La CGT ha convocado a movilizar a sus “cuerpos orgánicos” este jueves, y a un paro...pero recién para el viernes, si la reforma resulta votada. La burocracia toma nota del clima popular, pero en vez de parar el día mismo del tratamiento de la ley adopta una medida dilatoria y de “descompresión” de la bronca en ascenso. En cualquier caso, es necesario que empeñemos todas las fuerzas en rodear el Congreso este jueves, para impedir que pase el saqueo jubilatorio. El Partido Obrero convoca en estas horas a debatir y organizarnos en todos los lugares de trabajo, promover asambleas para resolver la concurrencia a Congreso y, allí donde sea posible, el cese de tareas con ese objetivo.

La sorpresa con que fue recibido en los círculos oficiales internacionales el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, es obviamente un caso flagrante de hipocresía. El Congreso norteamericano lo votó hace más de veinte años, en 1995, pero no se hizo efectivo por sucesivas dispensas semestrales del Poder Ejecutivo de turno. Esto descarta cualquier objeción del sistema bipartidista de Estados Unidos a la proclama de Trump, incluida la construcción de una embajada en esa ciudad milenaria.

La crítica de que ese reconocimiento pone obstáculos o entierra la posibilidad de un “acuerdo de paz” sionista-palestino es simplemente un insulto a la inteligencia: esa perspectiva se encuentra bajo tierra desde hace mucho tiempo. La confiscación de asentamientos palestinos en los territorios ocupados por Israel en la guerra de 1967, avanza de forma implacable. El acaparamiento ininterrumpido de la totalidad de la Palestina histórica ha sido complementado, por parte del régimen sionista, con la proclamación de Israel como “Estado judío”, lo cual excluye de la soberanía política a los árabes palestinos residentes en sus actuales fronteras y en especial a los que queden atrapados en las futuras.

En la arquitectura más promisoria de los “dos Estados”, la población palestina retendría un 15% de los territorios, bajo la vigilancia política y militar de Israel, incluido el control de su sistema tributario eventual. En virtud de estos hechos consumados, los sectores progresistas de Palestina y de Israel han declarado muerta su reivindicación de “dos Estados”, y la han sustituido por la de un Estado único con derechos iguales para todos los ciudadanos, que incluye el retorno de los refugiados; de lo contrario, el avance continuo de la colonización sionista crearía un sistema de “apartheid” -en alusión al que rigió durante más de medio siglo en Sudáfrica. Un futuro Estado de Israel privado de la supremacía judía no es, sin embargo, más que una ensoñación febril: esa posibilidad está condicionada a la destrucción política (revolucionaria) del sistema estatal vigente.

Intervención imperialista en ruinas

La declaración de Trump, de todos modos, pretende más de lo que es capaz de conseguir. El ciclo de intervenciones militares por parte de Estados Unidos y sus asociados en Asia Central, desde la invasión en Afganistán, en Medio Oriente, se encuentra en ruinas -y en especial en la nación afgana. Ha visto la mayor ola revolucionaria en Medio Oriente, en especial el derrocamiento de Mubarak, en Egipto, como consecuencia de una insurrección popular. Se ha visto obligado a retirar gran parte de sus fuerzas militares de la región, para enseguida anunciar nuevos refuerzos; abandonar el método de guerra abierta por el de “persecución y destrucción”, al estilo de los ‘grupos de tareas’. Enfrentado a Irán, desde la revolución iraní de 1979 y la guerra Irak-Irán, tuvo que aliarse a los ayatollah para ocupar Afganistán y luego para derrocar a Saddam Hussein, lo cual ha dejado a Irak en manos de shiítas pro-iraníes.

El fracaso de la intervención en Siria, apoyando a fuerzas armadas por la CIA, ha sido reconocido en forma oficial; Putin se ha tenido que hacer cargo de la ‘pacificación’ del país mediante bombardeos masivos. Trump ha reforzado su presencia militar en Siria con al menos dos mil soldados. Estados Unidos ha alienado la alianza con Turquía, que integra la Otan, por el apoyo a los contingentes kurdos que combaten a Bashar al Assad en Siria, y ha tenido que admitir el remedio de alianza que han establecido el turco Erdogan y el ruso Putin -lo que explica la tentativa frustrada de derrocar al ‘sultán’ de Ankara por medio de un golpe.

Más grave aún es la desintegración política del régimen saudita, que tiene a la mitad de la familia real en la cárcel, y los golpes que recibe la alianza de emiratos, por un lado, y Estados Unidos y Gran Bretaña, por el otro, en la guerra con los hutus en Yemen.

El desmoronamiento del régimen saudita encuentra sus fundamentos en las insalvables contradicciones de su economía de despilfarro petrolero, pero por sobre todo en el desarrollo catastrófico internacional en todo Medio Oriente. Lo prueba el boicot a Qatar, que explota un riquísimo yacimiento de gas con Irán, que podría derivar incluso en una guerra. Qatar financia a Hamas en Gaza, al mismo tiempo que alberga la mayor base militar norteamericana en el Golfo Pérsico.

Arabia Saudita, en las condiciones de esta crisis generalizada, se ha convertido en el aliado principal de Israel. Varios observadores aseguran que el jefe de gobierno saudita convocó a Ryadh a Abbas, cabeza de la Autoridad Palestina, para intimarlo a que admita la soberanía integral de Israel sobre Jerusalén para conseguir el mentado ‘acuerdo de paz’ y los ‘dos Estados’. El Medio Oriente ha sido convertido en un polvorín de nuevas guerras imperialistas. Involucra a territorios y países que se encuentran en la “ruta de la seda” que busca abrir China, como corredor a Europa y Asia Central.

En este contexto, la declaración de Trump debe entenderse como parte de una política de mayores intervenciones y agresiones en Medio Oriente, esta vez enfocada en un choque contra el llamado “eje Irán-Hezbollah-Siria”, que ya ha provocado una crisis política en Líbano. La cuestión palestina ha sido relegada a una política de conjunto en la crisis internacional en la región; o sea, en una carta blanca a Israel en la colonización de los territorios ocupados y en convertir estos hechos consumados en parte de una alianza política con Egipto, Arabia Saudita y los emiratos.

Impotencia de los “críticos”

La inocuidad de los adversarios de Trump queda demostrada por el presidente Macron, de Francia, que en estos días recibirá a Netanyahu para amonestarlo por no ofrecer indemnización a las víctimas de la expropiación de tierras y destrucción de viviendas en los territorios ocupados y en el este de Jerusalén. La ‘preocupación’ de Macron y otros líderes de la Unión Europea pasa por la interdicción por parte de Trump a las inversiones petroleras de sus rivales en Irán, como ocurre con la francesa Total, a la que ha amenazado con fuertes multas financieras.

Se le adjudica a Putin una bienvenida ‘estilo Kremlin’ a la proclama de Trump: según sus diplomáticos, serviría para inclinar a más Estados árabes al campo de Moscú. No debe ser lo que piensa el nuevo zar de Rusia, que sabe que la Rusia restaurada carece de los medios económicos y políticos para imponer soluciones propias. Como lo demuestran las negociaciones acerca del fin de la guerra en Siria, Putin busca afanosamente un acuerdo con Trump -más allá del Medio Oriente. Ucrania y las sanciones económicas contra Rusia están en el tope de la agenda.

Cuentan las voces malignas que Richard Nixon intentó salvar su presidencia con una oferta diplomática a Israel que le ganara el apoyo del ‘lobby’ sionista en Washington. Es la intención que algunos le atribuyen ahora a la declaración de Trump, enfrentado a la acusación de ‘conspiración’ con Rusia durante la campaña electoral norteamericana. Las inmundicias de la política burguesa juegan un rol relevante en el mundo de los carreristas de esa política. Trump estaría preocupado también con una ausencia de protagonismo de su electorado evangelista en Arizona, donde se vota para el Senado la semana que viene, debido a que el candidato del oficialismo se encuentra abrumado de denuncias de acoso sexual a mujeres jóvenes. Trump necesita ganar para dar un sustento parlamentario mayor a su gobierno, que solamente sigue en pie por la complicidad de sus adversarios.

Trump sale también en socorro de Netanyahu, acusado de latrocinios enormes, incluida su mujer, que ha motivado manifestaciones de miles de personas en varias ciudades israelíes para reclamar su enjuiciamiento y encarcelamiento.

En Palestina, el sionismo gobierna con la complicidad de las autoridades y fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, de una estrecha colaboración para perseguir a los activistas y luchadores. Para abatir la opresión sionista hay que limpiar este terreno. La conquista de la autodeterminación palestina y el regreso de los refugiados, así como la emancipación nacional y social en el Medio Oriente, depende por entero del desarrollo de conjunto de esta crisis internacional, por un lado, y de un abordaje socialista revolucionario de la vanguardia obrera, por el otro.

Apenas sancionada la ley antijubilatoria, el gobierno se ha largado a una escalada de persecución política y criminalización, tomando como blanco a la enorme gesta obrera que ganó la plaza de los Dos Congresos el lunes 18. Las acusaciones siguen el método de la intriga y la provocación, articulados entre la “justicia”, los esbirros mediáticos del macrismo y sus redactores, que no son otros que los servicios de espionaje.

La primera víctima de esta escalada ha sido Sebastían Romero, activista antiburocrático del SMmata y militante del PSTU. A partir de una fotografía donde Romero porta un mortero para arrojar pirotecnia de venta libre, se lo ha presentado como si descerrajara un arma de guerra, con la evidente intención de criminalizar su participación en la marcha de lunes. Luego, hicieron lo mismo con César Arakaki, militante del Partido Obrero que aparece, en otra foto, en medio de los enfrentamientos con la policía.

La tentativa de acusar a la izquierda y al PO constituye, por varios flancos, una gran operación de ocultamiento. En primer lugar, quieren “personalizar” o limitar el alcance de la reacción obrera y popular contra la represión policial, en la cual se involucró ampliamente la multitud que defendió, por todos los medios, el derecho a permanecer y luchar contra el saqueo previsional.

En segundo lugar, estas denuncias pretenden ocultar el grave alcance de la represión estatal contra centenares de manifestantes, que recibieron severas heridas. Entre ellas, las de nuestro compañero Roberto “Barba” Alvarez, quien perdió la visión de su ojo izquierdo. Los testimonios referidos a los abusos policiales y de la Gendarmería, tanto en la jornada del jueves 14 como en la del lunes 18, son numerosos y los estamos haciendo públicos, junto a las organizaciones de derechos humanos.

La tentativa del gobierno de poner en pie un “estado de excepción” ha estado presente en toda esta crisis. Por caso, cuando en la noche del jueves 14, con la sesión ya fracasada, Mauricio Macri amagó con imponer el robo a los jubilados a través de un decreto de necesidad y urgencia. También se inscriben en esta tendencia los ataques oficiales -que podrían llegar al pedido de juicio político-a la jueza López de Vergara, la cual, en la mañana de este lunes, dispuso que los efectivos policiales no podían portar armas de fuego. La impugnación a la jueza delata la intención oficial de apelar a los métodos represivos más brutales. En las últimas horas se ha reprimido al Ingenio La Esperanza en Jujuy (ver nota aparte), detenido a 50 huelguistas y se ha dictado orden de captura a la dirección del sindicato, mostrando la faceta de ilegalización de las organizaciones obreras de lucha. Finalmente, se ha amenazado a la izquierda con la proscripción política abierta, bajo la forma del retiro de sus personerías o fondos electorales.

La respuesta a toda esta infamia debe ser contundente:

• Abajo la represión y la persecución a los militantes, luchadores y a la izquierda.

• Investigación, juicio y castigo de todos los atropellos represivos del jueves 14 y del lunes 18.

Apenas perpetrado el robo a los jubilados, el Congreso tardó menos de un día en disponer el reparto del botín. El saqueo de 100.000 millones de pesos a los adultos mayores tendrá como contrapartida un conjunto de ventajas impositivas a los capitalistas, entre ellas, la reducción del impuesto a las Ganancias y -desde ya- la baja de los aportes patronales. El consiguiente vaciamiento de la Anses abre la puerta al retorno de la jubilación privada, bajo la forma de un haber complementario.

Entre el atraco jubilatorio y sus beneficiarios, asoma la coalición política de hecho que permitió esta gran confiscación social. Junto a Cambiemos, sumaron su voto los diputados de los gobernadores pejotistas. Pero el arco del ajuste se extiende, con matices, mucho más allá. En el Congreso, la borrada de Daniel Scioli, cuando se esperaba su voto negativo a la reforma previsional, puso de relieve qué hubiera hecho él con la cuestión previsional si era electo presidente por el kirchnerismo. Mientras tanto, un grupo de legisladores bonaerenses del FpV -electos con la boleta de Cristina- le daban quórum a la ley que cercena los derechos jubilatorios en el Banco Provincia. El plan de guerra contra las masas, anunciado por Macri apenas pasadas las elecciones, ha tenido como cómplices directos e indirectos a muchos de los que reclamaban el voto en nombre de “frenar el ajuste”.

Defraudación política, rebelión popular

Para los trabajadores, el proceso que llevó a la ley antijubilatoria ha sido un curso acelerado acerca del régimen político y social vigente, como maquinaria de engaño y explotación política de la mayoría del pueblo. Durante la campaña electoral, Marcos Peña se cansó de asegurar que “no estaba prevista reforma jubilatoria alguna”. Pero unas horas después de haberse embolsado los votos de millones de adultos, el gobierno anunció el reajuste a la baja de los haberes y la elevación de la edad jubilatoria. A los alcahuetes mediáticos que “deploran” la reacción popular contra esa estafa no se les cae una palabra de condena respecto de la inmensa violencia social y política que se ejecuta a través de las instituciones ‘representativas’ del Estado. Es este fraude lo que fue generando, lenta pero firmemente, un clima de rechazo entre los trabajadores. La percepción de que la bronca crecía llevó al gobierno a precipitar la votación el pasado jueves -pero ese golpe de mano no hizo sino precipitar una mayor inquietud popular.

Quien percibió el abismo que se abría entre el gobierno y la mayoría del pueblo fue Carrió: ante un Congreso cercado por los manifestantes y la represión feroz de la Gendarmería, la diputada del gobierno pidió levantar la sesión. Naturalmente, no para dar marcha atrás con el saqueo previsional sino para salvarlo con otro engaño -un bono miserable y por única vez a los jubilados. Sobre esta base, le reclamó a Macri refrendar el acuerdo con los gobernadores y descartar una reforma por decreto. Pero el traspié oficial del jueves no hizo más que redoblar la tendencia a la movilización: la jornada del lunes frente al Congreso orilló los 200.000 manifestantes, y puso de manifiesto una rebelión popular. En primer lugar, contra la confiscación jubilatoria del gobierno y de sus aliados. Pero también, contra la burocracia sindical: mientras la CGT convocaba a un paro “para después”, y sin la menor intención de incidir sobre la votación del

Congreso, numerosas organizaciones obreras ganaban la calle para oponerse de verdad al saqueo jubilatorio.

Cuando el gobierno apeló a la represión para desalojar la plaza, esa movilización defendió con todos los medios a su alcance el derecho a seguir luchando y a exigir el retiro de la ley. El gobierno ha lanzado ahora otra escalada -en este caso, contra militantes y trabajadores que ejercieron esa autodefensa, y contra la izquierda y el Partido Obrero. Esta “puntualización” es una tentativa de ocultar el alcance enorme y extendido de la reacción obrera contra la represión, que abarcó a las más diversas columnas sindicales. La clase obrera no quiso abandonar la lucha, a pesar de una represión encarnizada que se cobró un centenar de compañeros heridos. La profundidad de esta tendencia la reveló otra cuestión: horas después de que el asedio policial lograra el desalojo de la plaza del Congreso, la clase media de la Ciudad y del conurbano le hizo el relevo a los baleados y gaseados, protagonizando un masivo cacerolazo. Como en 2001, la tentativa de condenar y aislar a la fracción más combativa de los trabajadores era derrotada.

Implosión de la CGT

Esta intervención popular ha provocado otro estallido, el de la cúpula de la CGT. El armado del Triunvirato cegetista, articulado en torno de la colaboración con el gobierno, ingresó en terapia intensiva. La CGT no sólo dejó pasar despidos y paritarias a la baja -ha sido, además, co-redactora de la reforma laboral junto al gobierno. Cuando comenzó a crecer la reacción contra el proyecto previsional, la burocracia sindical intentó reacomodarse, pero sin apartarse un paso de su colaboración con el gobierno. Esa política del triunvirato estalló por los aires el lunes pasado: su paro tardío terminó boicoteado por todo un sector de la burocracia (en primer lugar, la UTA). Mientras tanto, la movilización al Congreso, boicoteada por la CGT, resultaba multitudinaria. El telón de fondo de esta crisis es un profundo proceso por abajo: en estos dos años de macrismo, la clase obrera ha vivido derrotas, algunas severas. Pero con la misma intensidad, y principalmente donde se ha luchado, procesó una importante experiencia con sus direcciones burocráticas. En la plaza del lunes, delegados y trabajadores de sindicatos fuertemente regimentados -como la UOM- confraternizaban y actuaban en común con las columnas de la izquierda. En ese cuadro, y más allá de sus arrestos mediáticos adentro del Congreso, el sindicalismo kirchnerista careció de protagonismo. La burocracia sólo va a “reordenar” su implosión para poner a salvo su alianza de hierro con el macrismo y los capitalistas. Para el activismo obrero y el clasismo, la crisis le imprime una enorme actualidad a la lucha por un Congreso de bases de todo el movimiento obrero. Además de oponerle un plan de lucha al plan de guerra, un Congreso de bases debería debatir un programa de salida a la crisis nacional, que parta de la defensa incondicional de las reivindicaciones amenazadas y le oponga, al ajuste oficial, un plan económico de la clase obrera.

Perspectivas

El gobierno ha logrado poner a salvo el primer peldaño de su “plan de guerra”, pero dejando jirones en el camino. Lo mismo vale para sus socios en este paquete, en cuyas provincias se han desenvuelto importantes movilizaciones de masas. El Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista no hemos sido espectadores en esta tendencia a la intervención activa de los trabajadores. La preparamos convocando al clasismo y a los sindicatos combativos a iniciativas de lucha contra el paquete oficial, como la columna independiente en la movilización del 29 de noviembre, o la gran marcha y acto que concretamos el pasado 6.

La crisis en torno de la ley previsional mostró los límites de la victoria electoral del macrismo, que en menos de dos meses terminó enfrentado con una parte importante de sus votantes. El tratamiento de la reforma laboral, a su vez, ha pasado para marzo. Los choques de estos días han acentuado la inquietud del gran capital respecto de la marcha del gobierno, en medio de la acentuación de un conjunto de contradicciones irresueltas -endeudamiento creciente, déficit comercial también en aumento, sobrevaluación cambiaria y una reactivación frenada. En este cuadro, el gobierno necesita renovar el apoyo del gran capital defendiendo a rajatablas una orientación antiobrera. Pero la capacidad política de llevarla adelante ha sido, otra vez, puesta a prueba. Iniciativa obrera; cuestionamientos por arriba; deterioro de la base electoral del gobierno y sus aliados. La lucha previsional abre un punto de inflexión en la situación política, con enormes posibilidades de desarrollo para la izquierda revolucionaria.