Prensa Obrera · 2018

Las autoridades del Ministerio de Economía bonaerense dieron la orden, el pasado 29 de diciembre, de cortar las comisiones de 40 trabajadores en el Registro de la Propiedad de la provincia. Automáticamente, los delegados de la gremial ATE convocaron a asamblea general, y 300 compañeros resolvieron tomar el edificio. La medida confluyó con otra ocupación a pocas cuadras, la de la Unidad Ejecutora Provincial dependiente de la cartera de Educación, recalentando así el clima de fin de año en La Plata.

A diferencia de Educación, donde continúa la ocupación de la UEP, en este caso la patronal pateó para adelante la decisión de la reducción de personal en el Registro. Luego de ello se levantó la toma, pero no la decisión de lucha: el año comenzó con asambleas permanentes masivas.

La lucha en el Registro continúa día a día. Mientras que las reuniones con las autoridades resultan hasta ahora infructuosas, la planta permanente se encuentra firme y homogénea en la defensa de sus compañeros, quienes brindan servicios en el organismo desde hace más de una década. El recorte de las comisiones implica un recorte de más de la mitad de los ingresos de bolsillo. Para los trabajadores, significa enviarlos a ellos y a sus familias a la indigencia.

Los estatales se ponen de pie. El 2018 verá enormes luchas contra la “armonización” del Instituto de Previsión Social (su nivelación a la baja con la Anses), contra la reforma laboral y contra las paritarias miserables del 12% de Macri-Vidal. Las bases deberán superar a sus direcciones que acatan conciliaciones obligatorias o impiden los planes de lucha unificados.

Reclamemos un plenario de delegados de base para unificar la pelea: ocupación de los lugares de trabajo ante despidos y cierres; plan de lucha hasta ganar.

Aunque hayan sorprendido incluso a una mayoría de observadores, los levantamientos populares en Irán, en la última semana, estaban potencialmente inscriptos en la crisis de régimen político que se ha desarrollado en casi dos décadas. La orientación nacionalista del régimen de los ayatollahs y sus choques con el imperialismo derivó en una política de autarquía económica que agotó rápidamente sus posibilidades y provocó un freno en el desarrollo de las fuerzas productivas. La desocupación y la inflación asumieron niveles cada vez mayores, e incluso un alcance catastrófico para la masa más pobre de la población. La salida del ‘populismo’ y la liberalización económica se convirtieron en la piedra de choque entre la mayor parte de la burguesía y el aparato estatal controlado por las camarillas clericales y el aparato militar (la guardia revolucionaria). Esta crisis dio lugar a los levantamientos populares en 2009, y a cambios políticos sucesivos, que dieron la victoria formal al grupo ‘renovador’ o ‘liberal’. En 2009, la agenda de los levantamientos fue ocupada por una agenda política con fuerte componente laico -incompatible, en última instancia, con el régimen teocrático. En Irán, un consejo de ayatollahs designa a la mayoría de los cargos parlamentarios, y dirige las fuerzas armadas y de seguridad, o sea que el país funciona como una autocracia con adornos constitucionales y paga, en consecuencia, todo el costo de mantenimiento de esta casta parasitaria.

La victoria electoral de los liberales en dos ocasiones no dio lugar, sin embargo, a ninguna modificación de régimen -tampoco con el actual presidente, Rouhani, reelecto en mayo pasado con el 57% de los votos.

Crisis internacional

La salida ‘liberal’ a la inflación y el estancamiento ‘populista’ entrañó, como en todo el mundo, una política de ‘ajuste’ y de ‘realismo económico’ (tarifazos y retiro de subsidios al consumo), que agravó la miseria popular. La expectativa de obtener financiamiento e inversiones internacionales quedó frustrada, a pesar de que ella fue la gran contrapartida que prometieron Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, a la renuncia, por parte de Irán, a proseguir con su desarrollo nuclear. Irán necesita 100 mil millones de dólares para mantener su nivel de producción actual. Las sanciones económicas contra Irán fueron levantadas en forma muy retaceada; Trump ha adoptado nuevas sanciones, en violación al acuerdo, e incluso amenazado con penalidades a la petrolera francesa Total, por los convenios que ha firmado con Irán. Arabia Saudita y los emiratos del Golfo, por otro lado, han desatado un ataque violento contra Qatar, por las inversiones que este emirato comparte con Irán en el yacimiento de gas más importante del planeta, y están desarrollando un plan de guerra, en acuerdo con Israel y Estados Unidos, para destruir la influencia de Irán en Yemen y Líbano. El nuevo jerarca saudí llegó a secuestrar al primer ministro libanés, para imponer un desalojo de Hezbollah del gobierno del Líbano. Trump no ha retribuido a Irán el papel que ha jugado en la derrota de Isis en Irak, y ahora el desarme parcial de las milicias chiítas iraquíes; tampoco la ‘pacificación’ de Siria, que permitió sacar del atolladero a la intervención militar norteamericana. Los sucesos iraníes plantean no solamente una crisis política extraordinaria, sino una crisis política internacional.

La chispa que encendió la pradera fue el aumento de tarifas de servicios públicos y del precio de los huevos, y la negligencia ante los desastres sociales producidos por varios terremotos. Subió la tarifa de nafta, que se manifestará en mayor carestía. También se han producido despidos por cierres de empresas, y corte de calles y ocupaciones de empresas. Han quebrado, asimismo, varios bancos y ‘entidades’ financieras no reguladas, que están manejadas por sectores del aparato estatal. Ha habido una confiscación de depósitos y ahorros. Se advierte en el plano económico un principio de derrumbe con alcances que no se pueden determinar. El movimiento de protesta no reconoce un liderazgo obrero, pero todavía no se han pronunciado los trabajadores del petróleo.

Reivindicaciones

El estallido arrancó en Mashhad, el feudo del opositor ‘populista’ de Rouhani, que acicateó los primeros pasos de la revuelta, pero que enseguida perdió el control de ella. La llama se extendió enseguida al resto del país. Esta rebelión se diferencia de los levantamientos de 2009, en aspectos importantes: su base es la población más pobre, no la clase media; las reivindicaciones económicas ocupan un lugar mayor; constituyen un ataque al régimen, pero incluido el gobierno ‘liberal’ de ‘reforma permanente’; carece de una dirección política establecida con anterioridad. Rouhani pretendió, al comienzo, encauzar el movimiento con promesas de ‘correcciones’ -a la Macri. La cúpula clerical ordenó una represión limitada a las fuerzas de seguridad. Los ‘reformistas’ y los ‘conservadores’ o ‘populistas’ han cerrado filas, con la conciencia de que cualquier fisura, en esta etapa, daría una señal a la revolución. Las masas en rebelión han pasado del agravio económico a la reivindicación política, con consignas contra el régimen en su conjunto. Hacen responsable al consejo de ayatollahs y a su aparato militar por acaparar la riqueza nacional a expensas del pueblo. De este modo, el sector ‘confesional’ de la población se ha convertido en el vector de lucha por la República -no islámica, por lo tanto laica. Esto ocurre en el país más politizado del Medio Oriente, con una importante tradición revolucionaria (1953, contra el golpe de la CIA; 1979, la revolución que derrocó a la monarquía).

Dada la experiencia recogida desde el aplastamiento de las revoluciones árabes de 2011, algunos ven en todo esto la mano del imperialismo. Luego del apoyo de Trump, Netanyahu y el saudita Bin Salman, la consideran un complot largamente preparado. Pero, como lo explica un especialista para nada sospechoso de simpatías por el régimen, “Los iraníes han apoyado la intervención de su país en Siria e Irak. Luego de la toma de Mosul, el Estado Islámico había amenazado con invadir Mashhad”, la cuna de la rebelión en curso. Las consignas contra el aparato militar obedecen a la corrupción, no a una oposición a la política internacional (Le Monde, 3/1). El ‘apoyo’ de Trump y sus secuaces refuerzan el sentimiento de independencia nacional, y constituyen esencialmente una provocación política contra la rebelión, incluso contra los gobiernos de la Unión Europea, que se han limitado a exigir al gobierno iraní ‘la defensa de los derechos humanos’.

La cuestión de la dirección política de esta rebelión será zanjada con el desarrollo de los acontecimientos. El pronóstico al respecto solamente puede ser condicional; el apoyo en forma incondicional de las acciones por las reivindicaciones populares y el repudio y rechazo de la represión, no deben confundirse con el apoyo a una dirección política que no conocemos. El régimen deberá operar un viraje de política económica, para no caer en un impasse mortal. Está la posibilidad, sin embargo, de que el aparato clerical busque utilizar la represión para liquidar diferencias con el ‘reformismo’ -o sea producir un golpe de Estado. Habrá un nuevo desarrollo de la crisis internacional, dado que los acontecimientos iraníes son atribuidos a la ruptura, por parte de Trump, del bloque que negoció el acuerdo político-económico-nuclear con el actual gobierno iraní.

Es claro que se abre, en Irán y en todo Medio Oriente, una nueva etapa política, que habrá de replantear todas las cuestiones que no pudieron ser zanjadas por el aplastamiento de las revoluciones árabes.

READ ENGLISH VERSION: "THE POPULAR REBELLION IN IRAN"

“Pude visitar dos veces a César Arakaki. Lo encontré muy firme, muy íntegro, muy consciente de por qué le sucede esto. Es decir, que por un lado lo colocan en una especie de balanza para reconstruir una teoría de los dos demonios frente a la represión policial y, por otro, que esto es una forma de amedrentar a cualquier movilización futura contra las leyes de ajuste de este gobierno”.

Claudia Ferrero, abogada del Partido Obrero y a cargo de la defensa de César Arakaki, preso por haber formado parte de la movilización del 18 de diciembre contra el saqueo a los jubilados, sintetizó así cuál es la situación de su defendido.

-¿De qué lo acusan exactamente?

-El juez Sergio Torres ha presentado contra él cargos importantes: lesiones gravísimas, agravadas por haber sido cometidas contra un funcionario público en concurso real, con intimidación pública, y tumulto agravado por haberlo cometido más de tres personas y contra autoridad pública.

-¿Cuáles son los hechos que provocan semejante acusación?

-El agente de policía Adrián Escobar sufrió una contusión que le hizo perder el oído, según el expediente. La acusación contra César por ese hecho no tiene sustento alguno, porque una lesión así no es compatible con los elementos que César tenía en sus manos según se le atribuye: dos pedazos de caña que en modo alguno pueden producir una lesión de ese tipo. Es más: en todas las pruebas, las fotos y los videos se observa claramente que el funcionario policial cae por el impacto de un adoquín o una piedra, y que incluso cuando ya está caído recibe más piedrazos arrojados por otros manifestantes entre quienes, obviamente, no estaba Arakaki. César no tiró piedras en ningún momento, porque precisamente sostenía con sus dos manos esos pedazos de caña.

-¿En qué elementos pretende sustentar el juez esa acusación?

-El juez Torres ha tomado como único elemento de prueba los informes de inteligencia que le hizo llegar la oficina de Ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad; y, está muy claro, la campaña mediática que pretende mostrar a César como un karateca desaforado y violento en la marcha del 18 de diciembre.

-¿Cuál es ahora la situación procesal de nuestro compañero?

-El juez le ha dictado a César la prisión preventiva aún antes de definir su situación procesal, y le niega la excarcelación aunque el compañero se presentó a derecho en cuanto tuvo conocimiento de la acusación, y volvió a hacerlo inmediatamente no bien tuvo noticia del dictado de una orden de captura contra él. Lo tienen alojado en el penal de Marcos Paz, en el pabellón 2 del módulo 3, que es precisamente el módulo de ingreso, donde se ubica a los detenidos en tránsito, que no tienen definida su situación. La negación de excarcelación ya la hemos apelado y debe ser concedida: está en manos de la Cámara de turno, integrada por dos jueces de la Sala II. Mientras tanto, reitero, César está con el ánimo alto, muy firme, muy íntegro.

La detención de nuestro compañero César Arakaki; la orden librada en el mismo sentido contra Dimas Fernando Ponce, también militante del PO, y la persecución contra otros manifestantes de la marcha del pasado 18, tienen un objetivo político definido: transformar en un hecho penal a una gigantesca demostración de lucha de la clase obrera, que copó la plaza de los Dos Congresos para rechazar una de las mayores confiscaciones a los jubilados de que se tenga memoria. La voluntad popular de que la ley no se aprobara quedó retratada en el hecho que, cuando los gases y balas de goma terminaron expulsando a los manifestantes, un masivo cacerolazo copó los barrios de la Ciudad y de todo el país para sostener a muerte el mismo reclamo. Para negar y desacreditar el alcance de este pronunciamiento popular, el gobierno y el aparato judicial cooptado por el macrismo quieren presentar a las jornadas del 14 y del 18 como parte de una conspiración minoritaria, y en nombre de ello han salido a una verdadera cacería de militantes.

Impostura

Los jueces presentan a esa cacería como un juicio genérico a los ‘actos de violencia’, donde supuestamente incluirían a los ‘excesos policiales’. Es un planteo dirigido a encubrir al Estado represor en su conjunto, el cual actuó coordinadamente contra los manifestantes. Pero, además, apenas se ha detenido a un policía, cuando los heridos como resultado de la represión estatal y las denuncias contra ellos se cuentan por decenas. Tampoco se ha echado luz sobre los infiltrados que, en las primeras horas de la tarde, desataron las provocaciones que precedieron a la represión policial. En cambio, pusieron en marcha una ‘investigación’ contra la izquierda, el Partido Obrero y sus manifestantes, echando mano de los peores métodos del espionaje político. Otro militante del PO, Lucas Sauret, fue detenido -y luego liberado- el pasado viernes, con la única ‘evidencia’ de haberse encontrado, en su Facebook, una foto junto a César Arakaki… en una actividad de la última campaña electoral. Lo mismo hicieron con Celia Burgueño, a quien los periodistas que fisgonean en la ex Side y en los juzgados la escracharon con el sólo ‘mérito’ de su vínculo de pareja con el mismo César.

Las acusaciones contra César y Fernando son tan burdas como las anteriores, aunque se pretenda lo contrario. Los dos militantes son acusados de “lesiones gravísimas” contra un policía, el cual aparece caído junto a ellos en una toma fotográfica. Pero ese agente policial fue herido por una piedra arrojada a distancia. César y Fernando, en cambio, aparecen portando cañas de las que sostienen banderas o pancartas, y que nunca podrían haberle causado esa lesión. En el momento de ese incidente, miles de personas se defendían de la represión policial con los medios que encontraban a su mano. Pero, ¿cómo condenar penalmente a una multitud de manifestantes que defiende su derecho a movilizarse? La Justicia resolvió de la peor manera esa exigencia del gobierno: armándole una acusación amañada y mentirosa al puñado de manifestantes que logró individualizar. El gobierno le ha entregado a los jueces el trabajo sucio de arremeter contra el movimiento de lucha que está enfrentando su plan de guerra, y que tiene a la izquierda y al clasismo en la primera fila. La escalada judicial se completa con otro grave atropello: aunque el compañero Arakaki se ha presentado ante la Justicia apenas su nombres sonó en los medios, el juez Torres le ha denegado la excarcelación y lo mantiene detenido. Los “garantistas” siguen el libreto del fascista fiscal Moldes, que acaba de recomendar que ‘los detenidos en manifestaciones no sean excarcelados’.

Los ataques a la izquierda y al Partido Obrero pretenden presentarnos como si hubiéramos preparado un “putch” contra la aprobación de la reforma previsional. El derrotero de huelgas y movilizaciones que impulsamos en las vísperas de esa votación demuestran, en cambio, que apostamos a una acción de conjunto de la clase obrera contra el robo jubilatorio, el cual, como lo reclamamos, debía incluir un paro activo nacional que el triunvirato cegetista nunca pretendió convocar ni organizar. Con ese objetivo, empeñamos todo nuestro esfuerzo en asegurar una presencia masiva el 18 y, por eso mismo, rechazamos y nos delimitamos de la acción de elementos provocadores que, muy temprano, pretendían que la represión abortara la llegada de cada vez más manifestantes. Cuando esa represión ocurrió, nuestros militantes, como muchísimos otros de las columnas más diversas, se defendieron de la represión para continuar manifestando. Ello vale para César, para Fernando, para Sebastián Romero, para el delegado de la UOM Matanza también citado por la Justicia, y para decenas de miles de compañeros. Detrás de una carátula ’personal’ o ‘individual’, se está construyendo un juicio contra la clase obrera que rechaza el megapaquete oficial, ello, en vísperas del mayor de los ataques a los trabajadores, la reforma laboral flexibilizadora.

Libertad a los compañeros

La imputación de los compañeros y las acusaciones a la izquierda y al PO tienen otro claro propósito. Quieren aislar de los trabajadores y de la opinión popular a quienes hemos sostenido una lucha sistemática contra el ajuste oficial. Y reforzar, por esa vía, a la burocracia sindical -cooptada por el gobierno- y a sus agentes políticos, socios más o menos directos del macrismo en las gobernaciones, intendencias y parlamentos. Pero, a contrapelo de esa intención, y de la de sus alcahuetes mediáticos, comienza a abrirse paso una intensa campaña por la libertad y el fin de la persecución a los compañeros. Una expresión de ello es el pronunciamiento de la Asociación de Actores por la libertad de César (ver página 2), donde hicieron punta nuestros compañeros de la lista de oposición; centenares de dirigentes sindicales han firmado un pronunciamiento en el mismo sentido, y el jueves 11 ha sido convocada una marcha por parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

El mismo gobierno que ha encarcelado a estos luchadores, comenzó el año 2018 con un tarifazo en el transporte y en los combustibles, los cuales sucedieron a una devaluación que golpeará sobre todos los alimentos esenciales. Las contradicciones del plan económico oficial, cada vez más evidentes, se trasladan a la población trabajadora, y la inquietud popular continúa creciendo. En ese cuadro, tenemos que enlazar la campaña por la libertad de los compañeros al gran escenario de la lucha contra todo el plan de guerra oficial. Si los arrancamos de la cárcel, será una victoria que reforzará sensiblemente esa lucha. ¡Hagamos retumbar una enorme campaña por la libertad de los compañeros a la escala de toda la Argentina!

El 22 de diciembre pasado, los trabajadores de la autopartista Stockl, ubicada en el centro del parque industrial de Almirante Brown, se encontraron con la fábrica cerrada, sin personal administrativo y con los salarios de noviembre sin cobrar. Desde ese día, están llevando adelante una lucha que marca un camino dentro y fuera del distrito de Almirante Brown.

Empezaron con actividades para compensar salarios adeudados y hoy sostienen una tenaz lucha contra el vaciamiento. Abandonados por la UOM Avellaneda, pero rodeados de la solidaridad de otros muchos sectores, iniciaron un proceso de vigilia en la fábrica para preservar instalaciones y maquinaria. Organizan asambleas abiertas junto a quienes luchan con ellos y en las que se votó, por ejemplo, una movilización al municipio y un corte estratégico en la avenida principal del parque industrial.

El proceso de vaciamiento, que comenzó a fines de noviembre con la venta de una máquina para abonar salarios, fue el puntapié inicial de un camino que hoy encuentra a 130 familias en la calle. Esta patronal negrera, durante años mantuvo trabajando a los obreros en condiciones de superexplotación, con suspensiones permanentes, con salarios adeudados y sin obra social. El municipio, más allá de su demagogia, es garante y cómplice de esta situación.

La patronal está jugando al desgaste desde que comenzó el conflicto, buscando negociar con los trabajadores una indemnización siempre y cuando acepten la venta de la totalidad de las máquinas. Es por esto, que resulta fundamental la unión entre los 130 trabajadores y sus familias para mantener viva la llama de la lucha e ir a fondo por la defensa de los puestos de trabajo. Por la reapertura de la fábrica con los 130 trabajadores adentro, cobrando los salarios adeudados y respetando el convenio.

Desde la mañana temprano del 16 de enero, los trabajadores despedidos fueron ingresando al municipio de Quilmes para exigir su reincorporación ante los despidos ordenados por el intendente Martiniano Molina.

Las acciones llevadas adelante por los trabajadores ya llevan alrededor de 15 días de paros, movilizaciones y acciones en diferentes áreas, sobre todo Niñez, el Hospital de Solano y Alumbrado.

La semana pasada una nutrida movilización convulsionó a San Francisco Solano exigiendo la reincorporación de los municipales y el cese de los despidos. Este sacudón obligó al municipio a prometer la reincorporación de sólo 30 empleados, varios delegados, de los 400 que informa ATE Quilmes.

El cocinero Molina le apura el fuego al ajuste y planea cientos de despidos más.

Más que nunca es necesario rodear de solidaridad obrera el conflicto, con un gran plenario de delegados de base de todos los gremios de Quilmes, no sólo con la perspectiva de reincorporar y frenar los despidos municipales sino para preparar el terreno de lucha contra las reformas antiobreras y derrotarlas.

¡Viva la lucha de los trabajadores municipales! ¡Reincorporación ya!

Luego de una gran campaña política, Dimas Ponce y César Arakaki fueron liberados. Varias marchas a los Tribunales de Comodoro Py y a Plaza de Mayo, y el pronunciamiento de miles de luchadores lograron arrancar de la cárcel a los compañeros que, el jueves 18 de diciembre, se movilizaron contra el saqueo jubilatorio y se defendieron frente a la brutal represión policial. El juez Torres, sin embargo, ha decidido procesarlos, con argumentos que conducen a la criminalización de los que luchan contra el ajuste y de sus organizaciones. En las últimas horas, el fiscal de la causa ha pedido incluso la revocatoria de la libertad de los compañeros. Por lo tanto, la lucha por el desprocesamiento de Dimas y el “Chino” se encuentra plenamente vigente. Reforcemos la campaña por pronunciamientos, actividades de apoyo y solidaridad en todo el país. Si lo logramos, habremos reforzado la capacidad de lucha de toda la clase obrera que hoy batalla contra los despidos y todo el plan de guerra de Macri y los gobernadores.

Aunque el auto de procesamiento del juez Torres abunda en invocaciones a los derechos humanos y al “derecho de protesta”, su texto apunta a otro objetivo: cómo sancionar la decisión de 300.000 personas de movilizarse contra el saqueo jubilatorio y de defender ese derecho en el marco de una brutal represión policial.

El texto pretende una supuesta equidistancia entre “el derecho a punición del Estado” y “el reclamo”. Es claro, sin embargo, que atribuye “al reclamo” la violencia planteada en la plaza, mientras que la policía sólo habría adoptado “distintas conductas (sic) en el marco del operativo estatal”.

Derecho de protesta

El texto presenta al derecho de protesta “como un ejercicio individual, y no colectivo”. Pero quienes se movilizaron lo hicieron en un cuadro colectivo, como parte de una clase social, de sus organizaciones sindicales y sus partidos. La protesta, como pretendido “derecho individual” sustrae a la gran marcha del 18 del escenario de la lucha de clases -el juez, en definitiva, quiere laudar como si se tratara de una reyerta entre individuos. Pero la Plaza de los Dos Congresos expresó un gigantesco conflicto entre el capital, su Estado, su Parlamento y sus fuerzas de seguridad, de un lado, y la clase trabajadora y sus organizaciones, del otro. Lo que se dirimía es el despojo de al menos 100.000 millones de pesos en un año, despóticamente sustraídos del bolsillo de los trabajadores jubilados a las arcas del capital. Para lograrlo, el Estado, el gobierno y sus seudopositores pusieron en marcha un enorme dispositivo, del cual la represión fue sólo su último eslabón. Antes de ello, tuvimos la maquinaria de engaño del proceso electoral, donde el oficialismo aseguró que “no habría reforma alguna del sistema jubilatorio”.

El juez le atribuye a la acción popular el objetivo de “perturbar el normal ejercicio de las facultades del Congreso”. No dice, naturalmente, que la principal de esas “facultades” es la de confiscar la voluntad popular de la cual, sin embargo, emana su representación política. Las manifestaciones frente al Congreso, para incidir sobre sus debates y votaciones, ponen de manifiesto la oposición de fondo entre las aspiraciones populares y los partidos del régimen. Pero a la hora de este choque, los garantistas optan por la defensa de los explotadores políticos, demostrando que lo que buscan “garantizar”, en última instancia, es el orden de cosas que liquida salarios, jubilaciones y otros derechos sociales. En el texto de procesamiento, se presenta como natural al férreo vallado que rodeó al Congreso en la sesión del 18D. Los ‘demócratas’, en última instancia, podrían defender que los “representantes del pueblo” sesionaran en secreto (para defenderse del pueblo). Es lo que ocurrió, por caso, en México, en 1992, para votar el paquete legal de reforzamiento del Estado policial.

Una acusación insostenible

Efectivamente: el derecho a la protesta fue ejercido colectivamente en aquella enorme plaza. Pero como el Código Penal no puede encarcelar clases sociales, ‘la Justicia’ va contra algunos militantes que pudieron ser individualizados en el marco de la feroz represión, con la pretensión de aleccionar a quienes se movilizan contra el ajuste. Pero en este plano, en el estrictamente penal, también han fracasado: no hay un sólo elemento que pueda asociar a Ponce y Arakaki con las heridas del policía Escobar, las cuales fueron producidas por una piedra -no por las cañas que ellos dos portaban, y con las cuales improvisaron su defensa frente a la acción policial. Pero cuando se enfrenta con su propio fracaso, la imputación del juez, que empezaba invocando responsabilidades individuales, alude ahora a “acciones colectivas”. Como no pueden sostener la acusación personal contra ellos, ahora Ponce y Arakaki, serían culpables... en tanto partícipes de la movilización. La arbitrariedad no puede ser mayor. Para justificar este aserto, se adjudica a los militantes el ser parte de una acción “coordinada” y “planificada”, para promover “disturbios”. De este punto, a la criminalización de los partidos o sindicatos que participaron del 18D, hay sólo un paso.

“Plan coordinado”

Es muy clara la lógica inversa aplicada por el juez para la conducta de los manifestantes y la de la policía. Mientras que los manifestantes habrían ejercido su autodefensa como parte de un “plan coordinado”, los policías sólo habrían cometido “excesos” individuales, dejando libre de culpa y cargo al Estado y a su orientación represiva.

Por otra parte, el escrito de Torres omite el antecedente de la fallida sesión del 14, la cual colapsó bajo el peso de una crisis política, al punto que el gobierno tuvo que comprometer la presencia física de los gobernadores que suscribieron el “pacto fiscal” para garantizar el voto de los diputados de sus provincias. Ese día, el gobierno no pudo reunir el quórum necesario para sesionar, mientras los alrededores del Congreso se convertían en una verdadera zona liberada para la represión de Gendarmería, que cometió todo tipo de atropellos.

Cualquier hipótesis en torno a un supuesto plan para “desvirtuar” la movilización debería empezar por indagar en el dispositivo represivo -oficial y paraoficial- dispuesto para el día 18, cuya finalidad era evitar que la sesión -la cual se prolongaría por 17 horas- se desarrollara con el Congreso rodeado por un millón de trabajadores, como ya se avizoraba. La infiltración y la provocación, un elemento crucial de la violencia estatal, están fuera del horizonte de miras de este fallo. (Es significativo, también, que Torres mencione la existencia de una causa conexa por “espionaje y violación de secretos del operativo de seguridad”, iniciada por el propio secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dando cuenta de una feroz interna en el propio aparato represivo.)

Los hechos

El texto es superficial y erróneo incluso en su secuencia cronológica. Ubica el inicio de los incidentes a las 14 horas y pasa a referirse, sin explicar qué ocurrió en el interín, a la agresión al policía Escobar, que se produce cerca de las 16. En realidad, las columnas de la izquierda retrocedieron ordenadamente frente a los incidentes de las 14, como aparece en el testimonio del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor. Ponce y Arakaki formaban parte de ellas. Pero apoyados en esos incidentes, la policía desató una verdadera cacería e incluso impuso un cerco sobre el conjunto de la Plaza, pasadas las 15 horas.

Entonces, centenares y miles de manifestantes ejercieron, como pudieron, su autodefensa y el derecho a continuar manifestando en la Plaza. Entre los testimonios que cita Torres, un policía grafica ese momento del siguiente modo: “se nos venía toda la multitud”. Tergiversando los hechos, sin embargo, el texto del juez conduce a la completa justificación de la represión policial.

Finalmente, se recomienda una “regulación del derecho de protesta”, el cual quedaría en manos del propio Estado que confisca jubilaciones, conspira en el Congreso y organiza la represión y el espionaje contra el movimiento popular. El juez, incluso, señala que ese protocolo debería buscar “disminuir el tiempo de protestas” (sic). Pero ¿porqué no “recomienda” en cambio que paren los atropellos a los explotados?

El fallo fraudulento que procesa a nuestros compañeros debe ser derrotado definitivamente con la movilización popular. La liberación de Ponce y Arakaki es un primer paso. Vamos por su definitivo desprocesamiento.

Después de muchos años, el Campamento de verano de la Unión de Juventudes por el Socialismo-Partido Obrero volverá a extenderse durante ocho días, del 10 al 18 de febrero en Villa Gesell. A metros del mar, el camping El Pucará invita, y más si tenemos en cuenta el precio barato de 4.000 pesos, que incluye traslado, hospedaje y comidas (hay un descuento para los que viajen en auto).

Cursos y actividades

El primer curso central aprovechará el aniversario número cien de la Reforma Universitaria. Partiremos del estudio de la Reforma del ’18, que fundó el movimiento estudiantil latinoamericano, para llegar a la gran lucha de la “Laica o Libre” y a la radicalización que se inicia con la Revolución Cubana y culmina en el Cordobazo y en el ciclo de puebladas insurgentes que recorrió nuestro país a finales de la década del ’60, en sintonía con el Mayo francés y la Primavera de Praga. Veremos el derrotero de este movimiento hasta la dictadura militar, pasando revista a la experiencia de la JP y las organizaciones guerrilleras de los ’70. La última clase, con la participación de Gabriel Solano, analizará el período que va de la Coordinadora de Franja Morada al Argentinazo, pasando por las luchas contra el menemismo y profundizando en el movimiento que dio paso a la recuperación de la Fuba y a la instalación de la izquierda revolucionaria en la principal federación del país. En paralelo al curso de la Reforma, se realizarán los tradicionales talleres sobre la concepción marxista del Estado y la Revolución.

Contaremos con la participación de Néstor Pitrola, que el domingo 11 estará al frente de un plenario de la juventud trabajadora para discutir cómo nos organizamos para enfrentar la reforma laboral.

Los campamentos de la UJS no son sólo formación, sino también instancias de acción política. Por eso, el lunes de Carnaval, cuando la ciudad esté atestada de turistas, organizaremos una caravana por la playa y montaremos un gran acto público en el centro de Gesell en el cual serán oradores Romina del Plá y Gabriel Solano, diputada nacional y legislador porteño del Partido Obrero-Frente de Izquierda. De acuerdo con lo planificado, el eje de la caravana y del acto será el reclamo de un paro activo nacional contra las reformas ajustadoras y la lucha por el desprocesamiento de nuestros compañeros César Arakaki y Fernando Dimas Ponce.

El segundo curso central, “Mujer y Socialismo”, abordará la cuestión de la opresión de la mujer. En simultáneo, la juventud del Polo Obrero desarrollará su curso. Otro plato fuerte de este segundo tramo será la charla con Jorge Altamira, que el viernes 16 desarrollará un balance a diez años de la bancarrota capitalista mundial.

Cultura y esparcimiento

Se desarrollarán también diversas actividades recreativas y culturales que pueden consultarse en internet.

El último sábado lo aprovecharemos para hacer plenarios de estudiantes secundarios, terciarios y artistas, y hacer un cierre enfocado en las principales peleas que la UJS y sus agrupaciones tienen por delante en este 2018.

Aprovechemos a fondo estos días que quedan para sumar a más y más compañeros a Gesell. Se vienen ocho días ‘pulenta’ para dar un salto en la construcción de una poderosa organización socialista de la juventud.

El pasado viernes 26, las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) confirmaron el envío de 250 telegramas de despido a auxiliares, técnicos y profesionales del instituto, que revisten con contratos precarios, algunos de ellos desde hace 20 años o más. Sin perder el tiempo, más de 500 trabajadores realizaron una asamblea de urgencia ese día y se movilizaron hacia la avenida General Paz, exigiendo que se haga público el listado de despedidos y rechazando de lleno este brutal ataque. Con carros hidrantes y motos, y apuntando directamente a los trabajadores, la Policía intentó amedrentarlos, pero el corte se extendió por más de dos horas. Luego, se votó la permanencia en el instituto, la cual fue ratificada en asambleas durante todo el fin de semana.

Todos adentro

Para el lunes 29, el planteo fue contundente: asamblea general, permanencia en el instituto y el ingreso de todos los despedidos. Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, las autoridades implementan un lock-out patronal de 72 horas y una militarización del instituto, que pretendió aislar a los trabajadores que mantienen la permanencia con el resto. La jugada falló, porque cientos de trabajadores concurrieron a la puerta del instituto, y rodeados de diputados nacionales, organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de izquierda, se realizó un acto masivo que se pronunció por la continuidad de las medidas de lucha hasta la reincorporación de todos los despedidos.

La asamblea crece

Con más de ochocientos trabajadores -de ambos lados del alambrado- se llevó adelante una nueva asamblea el martes 30, mientras las cartas documento llegaban a los hogares. En ese marco, se ratificó la permanencia, se votó una vigilia hasta el miércoles 31 y la convocatoria a una nueva asamblea. Asimismo, se creó la comisión de familiares y amigos de los despedidos. La asamblea del miércoles 31 tuvo características masivas, pero además se manifestó un principio de ruptura de los mandos medios con las autoridades de Inti: los directores de Centro firmaron un comunicado rechazando los despidos. Un gran contingente de delegados de otros organismos del Estado, referentes políticos, organizaciones y diputados se expresaron con un apoyo contundente a la lucha. Romina Del Plá, diputada nacional por el PO-FIT, colocó la perspectiva del paro activo nacional para llevar a la victoria al conjunto de luchas en curso y una movilización al centro del poder político del país. Finalmente, la asamblea votó continuar la permanencia, el paro activo e impulsar una movilización a Plaza de Mayo. Además se lanzó el fondo de lucha.

Las mentiras del gobierno

La implementación del lock-out de 72 horas por parte de las autoridades demuestra que no les interesa si el Inti funciona o no, y mucho menos los trabajadores. Enviaron un comunicado señalando que no se podrán liquidar los sueldos mientras la permanencia continuara. Para ellos, el Inti es una caja que se reparten entre las distintas camarillas gubernamentales que conviven en la dirección del instituto. Quieren sacar provecho de la tercerización de sectores, a través de empresas de su riñón, y de la privatización de los sectores que más facturan. Para hacerse de este botín, no les importa deshacerse de técnicos y profesionales especializados y calificados.

La lista de despedidos habla

Al reconstruir el criterio con el que fue armada la lista, se corrobora el plan político de la gestión. La causa no es “el exceso de licencias y faltas” de los trabajadores, como aducen. La han elaborado con la perspectiva de destruir al cuerpo de delegados de los sectores, y a un vasto sector de activistas que se ha forjado al calor de las luchas de los últimos años por salario, carrera laboral, seguridad e higiene, derechos de género y estabilidad laboral.

Derrotar a los ajustadores

La adhesión no sólo crece día a día entre los trabajadores del instituto, sino que gana simpatía popular. El gobierno de Macri se ha golpeado de frente con la lucha de un colectivo de trabajadores con vasta experiencia y fuerte organización. Cada día que pasa, la lucha del Inti se transforma en un epicentro de organización del conjunto de las luchas en curso. Desarrollemos, con la democracia sindical como método, las asambleas masivas para darle continuidad a la lucha. Por la permanencia y el paro total hasta la reincorporación del último despedido. Por un plenario de estatales nacionales y provinciales en Inti para votar un plan de lucha contra los despidos en el Estado. Por el paro general y el plan de lucha para derrotar el ajuste. Por un congreso de bases de todo el movimiento obrero. Fuera la policía del Inti.

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Los trabajadores del Hospital Posadas se encuentran en lucha contra 122 despidos. Han realizado paros y el martes 30 de enero una fuerte movilización de trabajadores del Hospital Posadas, acompañada de organizaciones solidarias, se concentró frente al Ministerio de Salud nacional para marchar luego a Modernización.

Jimena Lettieri es trabajadora del Posadas desde hace 17 años, siempre en calidad de contratada. “Es la situación de la mayoría de los compañeros -le dice a Prensa Obrera-, hay gente que lleva aquí entre 15 y 20 años de trabajo, siempre contratada: un fraude laboral escandaloso”. Jimena es, además, militante de Tribuna Estatal y ex candidata a la secretaría de ATE Morón, dirigida por el burócrata y patotero Darío Silva. Silva apareció abrazado con el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro (PRO), al tiempo que el gobierno municipal -sus trabajadores están entre los peores pagos de la provincia desde los tiempos de Martín Sabbatella- despedía a 500 empleados.

Como se ve, el problema está lejos de ser nuevo. Macri y María Eugenia Vidal simplemente han aprovechado el regalo recibido de gobiernos anteriores para no renovar contratos y dejar gente en la calle. Para eso han acudido a la fuerza física directa: “El hospital está militarizado -señala Lettieri- desde hace por lo menos un año, pero ahora hay, de manera permanente, tropas de la Policía Federal y de Gendarmería adentro del predio”. Los policías se dedicaron a hostigar la primera asamblea de los trabajadores ante los despidos, y Gendarmería impidió una manifestación sobre el kilómetro 16 del Acceso Oeste. Los movilizados fueron también golpeados por una patota sindical. Resulta obligatorio recordar, además, que el nuevo director del Posadas es Pablo Bertoldi, quien no está ahí por sus méritos profesionales sino por ser ladero de la segunda al mando de la AFI (ex Side), la represora Silvia Majdalani. Y cuando la dirección de un hospital queda en manos de un esbirro, lo demás viene por sí.

“O peor aún -sigue Lettieri- porque los patoteros fueron los mismos miembros de la comisión directiva de ATE Morón, ni siquiera ‘tercerizaron’ la represión: fueron ellos mismos, armados y con palos, a atacar a los trabajadores. Dejaron dos compañeros con heridas serias y varios contusos”. Como se ve, la burocracia es, en este caso como en otros, una fuerza de choque al servicio de la patronal. “El secretario adjunto de ATE Morón, Leonardo Cejas, le dijo a uno de sus laderos, y está en un audio, ‘quedate tranqui que vos no estás’ (entre los despedidos). Eso prueba que la burocracia estuvo entre quienes confeccionaron las listas de los que quedaban afuera”.

“Los despedidos -informa Jimena- son 122. En el hospital rige el sistema perverso de las contrataciones perpetuas, como es mi propio caso, y la gran lucha empezó cuando quisieron llevar a 12 horas diarias la jornada de trabajo de los enfermeros del turno noche. Ellos hicieron paros y asambleas, sin el sindicato o con el sindicato en contra, y finalmente su pelea logró que un amparo judicial los protegiera. Silva, en esa época, no convocó a nadie, él ya había aceptado una tregua con la dirección del hospital. Por eso ahora dice que la culpa de los actuales despidos la tienen la izquierda y Cicop”.

“Una resolución de la directiva del hospital –continúa- incluyó tres anexos: una parte de los contratados continúa en esa condición hasta el 31 de agosto y otra hasta el 31 de diciembre. Los que no están en ninguna de las dos categorías se quedan en la calle, con el contrato no renovado. Ni siquiera se mandó telegrama de despido y la resolución se dio a conocer 15 días después del hecho consumado, o sea que despidieron con retroactividad. La burocracia, a todo esto, trata de sembrar miedo con la patota, pero sobre todo confusión con su campaña macartista”.

“Además -finaliza Lettieri- los despidos constituyen una abierta persecución sindical: tienen el contrato rescindido 17 de los 23 dirigentes del Cicop, entre otros activistas sindicales”.

Esta gran lucha apenas comienza.

Foto: Camila Almada Meneses

CRONOGRAMA DE LA CARAVANA

Viernes 2, 9hs. En la puerta del INTI (General Paz 5445), para salir juntos en una gran caravana hasta 9 de Julio y Belgrano. De allí caminaremos hasta Jefatura de Gabinete, Ministerio de Producción, pasando por la Casa Rosada hasta el Ministerio de Trabajo, donde se realizará un acto y desde allí a la Sede Retiro del INTI. Paradas: 1) Villa Urquiza: Monroe y Triunvirato 2) Chacarita: Dorrego y Corrientes. 3) Corrientes y Callao. 4) Al Obelisco y de ahí a Jefatura de Gabinete, Ministerio de Producción, Casa Rosada. 5) GRAN ACTO en el Ministerio de Trabajo. 6) Sede Retiro del INTI.

La iniciativa fue resuelta en una multitudinaria asamblea. También se realizó un plenario, convocando a todas las organizaciones a golpear juntos en esta lucha. Desde el viernes 26 de enero, cuando comenzaron a enviarse los telegramas y comenzó el conflicto, entre el lock-out patronal y el paro total, hace 35 días que continúa la permanencia y el paro general. Debido a los despidos y la respuesta necesaria de los trabajadores, están siendo afectadas un grupo importante de empresas ligadas a la producción industrial, las importaciones y exportaciones. La paralización de certificación de productos y procesos, el control de normas técnicas y las evaluaciones de seguridad, está impactando en la operatoria del comercio exterior, generando faltantes de insumos y productos en los procesos productivos. En la aduana se encuentran frenados una gran cantidad de importaciones. Durante el desarrollo de esta gran lucha, el gobierno sigue su curso de fondo: tercerizar y privatizar controles, e incluso dejar exento de controles a productos del exterior.

La respuesta ante cada ataque

La orientación política del gobierno -instrumentada por el presidente Ibañez y su staff- consiste en el vaciamiento del Inti y la privatización de sus áreas rentables. Para lograr este fin, han implementado un violento ataque a las condiciones de trabajo, a la organización gremial y al activismo, que se expresa en los 258 despidos consumados. Además, las provocaciones son moneda corriente: entre ellas, la militarización -incluso en el jardín maternal-, los cambios de cerradura en los sectores, los pedidos de listas de los adherentes al paro, las amenazas de descuento de días, la ausencia de mesas de negociación, aprietes y amenazas, el envío de personal de empresas privadas para reemplazar a trabajadores en huelga, el robo de efectos personales del domicilio de una delegada, y la lista sigue. Ante esta batería de ataques patronales, la respuesta surgió siguiendo un método riguroso: asamblea general y de sectores, las cuales emiten resoluciones y se pronuncian sobre cada uno de estos puntos. Hay que destacar el rol de la Comisión de Familiares que mantuvo dos y hasta tres actividades por día, atrayendo miles de personas y jugando un rol clave en la visibilización del conflicto. Luego, la campaña sobre los medios de comunicación -que incluso penetró los medios oficialistas- y logró revertir el argumento patronal de que éramos “todos ñoquis”. Se colocó el problema de la empresa vasca Tecnalia y el escándalo de la contratación de los 93 funcionarios -muchos familiares y socios de la gestión y del ministro de Producción, Francisco Cabrera.

En este conflicto se contrapusieron dos estrategias: el lock out patronal, que tiene como norte quebrar a los trabajadores para desguazar el Instituto, y el paro general, cuyo objetivo es la defensa de los puestos de trabajo y la defensa del rol que juegan los trabajadores en el Inti.

No es un secreto que Tecnalia actúa bajo la orientación de la Unión Europea, la cual condiciona su acuerdo con el Mercosur a la “flexibilización” de los controles sobre la importación, precisamente, el rol que juegan el Inti y sus trabajadores.

Una lucha fuerte y con perspectivas

Hemos logrado construir un frente común entre los trabajadores de base, los jefes de laboratorios, los coordinadores y directores con un método y un programa claro: la reincorporación inmediata de los 258 despedidos y la defensa del instituto y sus trabajadores. Vamos con todo a la caravana de este próximo viernes 2 desde la sede central de San Martín al Ministerio de Trabajo. El sábado 3, también como moción de asamblea, se desarrollará “TecnoInti”, donde cada Centro de Investigación expondrá sus líneas de trabajo y las potencialidades del Inti para contribuir al desarrollo de la ciencia, la técnica y la industria. Luego de las jornadas del 14 y 18 de diciembre, los trabajadores han dado muestra de enormes reservas de lucha para derrotar a los ajustadores. El paro nacional activo -ya votado en una masiva asamblea de Inti- y un Plenario de Delegados con mandato de base son la posición estratégica que defendemos para quebrar el ajuste. La lucha del Inti ha demostrado cumplir con las condiciones para derrotar el plan de despidos y desguace del gobierno. Si gana el Inti, será un importante aporte al conjunto de las luchas en curso, que se verán reforzadas si hacemos retroceder al gobierno.

La caravana del INTI llega al Ministerio de Trabajo. Operativo represivo contra los trabajadores

Posted by Prensa Obrera on Friday, March 2, 2018

El plan de guerra del capital contra los trabajadores que capitanea el macrismo con los gobernadores tiene a los desocupados en la mira. A fines de enero, el gobierno dio de baja a 28 mil beneficiarios de programas de empleo a los que pagaba la mísera suma de 1.800 pesos. Desde estas páginas hicimos la convocatoria del Polo Obrero a luchar por la inmediata reincorporación, movilizando más de 10 mil compañeros en todo el país el pasado 8 de febrero.

Pero los recortes serían incluso superiores. Alrededor de 80 mil planes van a ser transferidos del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Desarrollo Social (Transición al Salario Complementario, Argentina Trabaja, entre otros) y se prevé que éste sólo pueda asumir el pago de menos de 30 mil.

El gobierno anunció estos días que el Ministerio de Desarrollo Social convertirá los planes “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” en un nuevo programa, “Hacemos Futuro”. No modificará los haberes que percibe cada monotributista social -apenas unos 4.730 pesos, un tercio de la canasta de pobreza-, pero sí las contraprestaciones. Impedirán que las cooperativas de trabajo sean destinadas a trabajos comunitarios como saneamiento y limpieza. Exigirán terminar los estudios primarios, secundarios y terciarios, lo cual contrasta con los cierres masivos de cursos y de escuelas enteras contra los que se movilizan los docentes hace semanas.

Lo que sí parece certero es que “cada uno de los 50 entes de las organizaciones (sociales que) reciben 12.000 pesos al año por cada beneficiario de un plan social, para cubrir costos administrativos, operativos e insumos que necesitan para cubrir las actividades como entes ejecutores (…) con este giro, dejarán de recibirlos” (Clarín, 25/2). Un duro golpe a la CTEP, CCC y Barrios de Pie, el Triunvirato del Vaticano que, tras firmar en 2016 la Emergencia Social con el gobierno, se convirtió en receptor de más de 60 mil de planes como ente ejecutor.

Esto es parte de un ataque más general a los trabajadores, como se ve en los despidos masivos en el Estado los techos salariales y los tarifazos.

La política del Triunvirato

En este contexto, el 15 de febrero, el Polo Obrero participó de la marcha a Plaza de Mayo durante la jornada de paro activo nacional de ATE. Planteamos la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y rechazamos las bajas de los planes.

Ese mismo día, el Triunvirato y otras organizaciones que se alinearon con él, movilizaron 40 mil trabajadores a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata junto con Schmid (CGT), Palazzo (Corriente Federal), Baradel (Suteba-CTA) y Moyano (Camioneros).

Allí reclamaron ser incorporados en la obra pública con un 25% de cooperativistas en la contratación del Estado (ctepargentina.org, 15/2). La incorporación de trabajadores precarizados en la obra pública “empalma” con la línea de flexibilización laboral del gobierno.

Ya en las movilizaciones de fin de año contra las reformas previsional y laboral, estas organizaciones chocaron con el gobierno y se sumaron a la ola de movilizaciones que conmovió al país. El Triunvirato piquetero oscila en busca de un pacto con el gobierno y se abre un interrogante frente a la crisis que provoca el ajuste en el nuevo escenario político.

El 21F tuvo al triunvirato como una de sus columnas, pero de allí no salió nada, ni Moyano ni los K, ni tampoco los oradores piqueteros, plantearon un plan de lucha ni un impulso a las que existen (Inti, Fanazul, Turbio, etcétera).

El Triunvirato vaticano fue un aliado de la unidad de la CGT (el otro triunvirato) aun cuando los burócratas apoyaron con todo la reforma laboral y la previsional y cuando la CGT estalló producto de la lucha de los trabajadores que se oponen a ella, los Cayetanos se agarraron de Moyano y dejaron al movimiento que representan sin ninguna perspectiva.

Ha quedado claro en poco tiempo que ni el pacto social por tres años, para defender un asistencialismo funcional al ajuste, ni la alianza con la burocracia sindical entregada al gobierno ajustador, son una perspectiva para los desocupados y sus organizaciones, hay que abrir un debate sobre qué política tenemos que tener los desocupados y nuestras organizaciones.

Frente único y plan de lucha

En los piquetes del 8 de febrero, el Polo Obrero levantó una orientación de frente único de las organizaciones sociales contra los 28 mil despedidos de los programas de empleo. Es una convocatoria extensiva a todo el arco del movimiento piquetero para abrir un canal de movilización y un plan de lucha que enfrente el plan de guerra del capital junto con los trabajadores ocupados que luchan contra los despidos en el Estado y en la industria, como los azucareros de los ingenios en el norte.

Los reclamos, en estas circunstancias, deben ser bien claros:

• Trabajo genuino, mediante un plan de obras públicas y viviendas.

• Por un ingreso básico para todos los desocupados no inferior del salario mínimo, vital y móvil.

• Basta de bajas en los programas de capacitación del Ministerio de Trabajo, reincorporación de todos los compañeros.

• Apertura irrestricta de todos los programas sociales.

Foto: Dionisio Dennis

A fines de diciembre pasado y comienzos de este año, Alemania se vio sacudida por una gigantesca huelga en el sector metalúrgico y automotriz que abarcó a todos los centros industriales del país. Según los principales analistas, tuvo un alcance similar (o superior) a la de 1984, bajo el período de la Alemania dividida.

Pliego reivindicativo

En los últimos tres años, los trabajadores metalúrgicos han sufrido un retroceso en el salario real de alrededor del 5,9%, la prolongación de la jornada laboral, así como el incremento de enfermedades y estrés laborales, producto del brutal régimen de producción basado en la rotación del horario de trabajo. Particularmente en la industria automotriz, actualmente se está implementando un esquema de producción de vehículos ecológicos que implica un incremento de la intensidad de producción que ha llevado a prolongar la jornada laboral de 35 horas (como está establecido en el presente convenio colectivo) a 43 horas.

La huelga giró principalmente en torno de dos ejes. El primero fue la exigencia por parte del sindicato de rama (IG Metal) de un incremento salarial por 6,8% anual frente a un 2,2% que ofrecía la “Suedwestmetall” (que nuclea a todas las cámaras empresariales del sector), además de exigir la eliminación de nuevas cláusulas de flexibilización laboral en el convenio colectivo de trabajo. El segundo fue la reducción de la jornada laboral a 28 horas semanales frente a las 35 horas de acuerdo con el convenio colectivo de trabajo.

El desarrollo de la huelga

Ante el rechazo de la cámara empresarial a la propuesta del sindicato, la medida de fuerza comenzó con un cese de actividades por 24 horas. Pero la masividad del acatamiento y de la movilización callejera en favor del pliego reivindicativo obligó a la dirección del sindicato a extender la medida de fuerza día a día, convirtiéndola en una huelga de alcance nacional.

La huelga comenzó a despertar una importante simpatía y solidaridad entre los trabajadores. Una encuesta de una consultora arrojó que alrededor del 65% de la población apoyaba la medida de reducir la jornada laboral a 28 horas. Alrededor de medio millón de operarios metalúrgicos se movilizaron por las calles de Stuttgart, Baviera, Bajo Sajonia, entre otros, y realizaron piquetes en las puertas de las fábricas para garantizar el éxito de la medida de fuerza. Además de la rama metalúrgica (unas 280 empresas), se sumaron a la huelga los operarios de la industria ferroviaria, del armamento, y operarios de grandes centros fabriles como Siemens, Robert Bosch, Volkswagen y Mercedes Benz.

Pero el elemento dinámico de la huelga fue la juventud. Existe una franja compuesta por trabajadores de 25 a 30 años “que desafían a los gerentes de recursos humanos con demandas de mejores condiciones laborales y no están de acuerdo con la estructura ‘obsoleta’ y vertical de los jefes sindicales” (Tageschau.es, 27/1). La extensión de la huelga equivalió a una pérdida aproximada de 1.000 millones de dólares para las principales compañías metalúrgicas y automotrices y el atraso en sus pedidos.

La huelga del metal no sólo unificó al conjunto de los trabajadores metalúrgicos sino que amenazó con extenderse hacia otros sectores como el textil, bebidas y de la construcción y convertirse en una huelga general nacional, lo que hubiera significado un duro revés para el gobierno de Merkel. Sin embargo, nunca estuvo en la agenda de la dirección de IG Metal imponer una derrota a la cámara empresarial y al gobierno de Merkel en defensa de las condiciones de trabajo y del convenio colectivo de trabajo, sino la búsqueda de un compromiso “racional y de equilibrio”.

¿Qué estipula el nuevo acuerdo?

El nuevo acuerdo firmado entre la cámara empresarial y el sindicato del metal fija un incremento del 4,3% y una suma de 400 euros para los trabajadores más calificados, a percibirse en un período de dos años. Los trabajadores de categoría inicial percibirán la mitad. Es decir, el acuerdo establece un aumento “raleado”, que se encuentra muy lejos de compensar el retroceso del salario real.

En cuanto a la jornada laboral, el acuerdo establece una reducción a 28 horas sólo para aquellos operarios que tengan a su cuidado hijos, ancianos y enfermos que afecten su ingreso mensual, por un plazo de dos años y con carácter opcional. La reducción de la jornada laboral, además, tiene un cupo correspondiente al 10% de la plantilla laboral de cada establecimiento fabril. De superarse dicho número, la patronal tiene la última decisión de permitir que se incremente la cantidad de operarios bajo la modalidad de las 28 horas semanales. Cabe agregar, además, que la reducción de la jornada a 28 horas es seguida por la reducción del salario, la cual fue justificada por el secretario de IG Metall del distrito de Berlín, Olivier Höbel, como “un resultado excelente” y “con horas de trabajo adecuadas para la vida y una mayor participación en la empresa (IG Metall Leipzig, 16/2). La burocracia soslaya que, además, el nuevo acuerdo permite a las patronales “ofrecer” el incremento de la jornada laboral de 35 a 40 horas semanales al conjunto de los trabajadores.

Sin embargo, un sector de las cámaras empresariales -como el sector de ingeniería y electricidad- que llama a no acatar el nuevo convenio y a “buscar acuerdos laborales por fuera de IG Metal” (The Telegraph, 5/2).

Conclusiones

Según el director de la Gesamtmetall, Rainer Dugler, “valió la pena el esfuerzo. Hemos sentado las bases para un sistema flexible de tiempo de trabajo” (BBC, 5/2). En la misma sintonía intervino el secretario general del IG Metal, Jörg Hofmann: “El acuerdo es un hito en el camino hacia un mundo de trabajo moderno y autodeterminado” (Handelsblatt, 6/2). Pero ocurre que, lejos de establecer una conquista para el conjunto de los trabajadores de la rama, el acuerdo promueve un nuevo marco de flexibilización laboral que la patronal pretenderá trasladar al resto del movimiento obrero alemán.

No obstante, la huelga del metal en Alemania debe inscribirse en el marco de una tendencia a nivel internacional de la clase obrera a luchar contra la precarización laboral y por el aumento de los salarios para enfrentar la creciente carestía y endeudamiento de las familias trabajadoras.

La vanguardia obrera debe prestar suma atención a lo ocurrido en Alemania y al rol de la burocracia metalúrgica de la IG Metal. Sus conclusiones son fundamentales a la hora de elaborar una estrategia revolucionaria para derrotar el plan de guerra del capital sobre el mundo del trabajo.

La crisis en Venezuela avanza todos los días un paso más al frente, con mayores implicancias internacionales, incluida una intervención militar.

El éxodo poblacional está alcanzando proporciones elevadas en las zonas fronterizas -o sea que va más allá de la clase media que hace filas en las embajadas. Colombia, Brasil, Perú y Ecuador han comenzado, en grado diverso, a adoptar medidas de control y restricción al ingreso de venezolanos. El colombiano Santos, que enfrenta elecciones en poco tiempo, ha comenzado a desplegar a las fuerzas armadas en las fronteras. Reclama que Maduro acepte lo que llama una “ayuda humanitaria” y la realización de “elecciones libres”. Macri no se ha detenido en estos detalles y viene planteando, desde noviembre pasado, un embargo petrolero por parte del gobierno de Trump -o sea, el cese de la compra de petróleo venezolano, por un lado, y por el otro, el corte de la venta a Venezuela de productos refinados. El embargo llevaría a Venezuela a una parálisis industrial y del transporte, y sería el preludio de una intervención militar. En la misma línea, el senador Marco Rubio, del estado de la Florida, ha convocado a un golpe militar, incluso por parte del alto mando que apoya a Maduro. Desde otros ámbitos se exige una intervención norteamericana ‘clásica’.

El tema fue meneado por Macri y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, durante el paso de éste por Buenos Aires, sin que se insinuara siquiera una queja de parte del peronismo ni del kirchnerismo. Se está desarrollando un conjunto convergente de presiones. Si el éxodo de venezolanos se incrementa o si se producen estallidos sociales mayores, como asaltos a supermercados y almacenes, algunas de estas salidas intervencionistas o golpistas se convertirían en inminentes. Ha habido un incremento, ya elevado, de delitos a mano armada e incluso de la tasa de homicidios. Cualquier salida que sea impuesta por el gobierno imperialista de Trump, con el concurso de sus vasallos, conmocionaría políticamente a América Latina y desataría, potencialmente, una polarización política de grandes alcances. No ha habido pronunciamientos, campañas ni movilizaciones de oposición a una intervención externa a Venezuela, lo cual denuncia una fuerte desmoralización política de los aliados ‘populistas’ del chavismo y también de la izquierda democratizante. Gran parte de esta última ha estado apoyando a las fuerzas ‘democráticas’ que el imperialismo ha armado y entrenado desde los Balcanes y Ucrania hasta Siria.

La situación económica de Venezuela ha empeorado de un modo considerable, y no solamente por la hiperinflación y el desabastecimiento. De acuerdo con la Opep, la producción de petróleo de PDVSA ha caído a 1,6 millones de barriles diarios, desde un nivel de dos millones hacia fines del año pasado y casi tres millones en el pasado reciente. Los servicios tecnológicos se han paralizado como consecuencia de la deuda impaga creciente a los proveedores. El precio internacional del petróleo, que llegó a cotizar a 66 dólares el barril, oscila con frecuencia y ya ha retrocedido varias veces a cerca de 50 dólares. Una parte importante de la exportación venezolana se encuentra hipotecada al pago de una elevada deuda con China. La hiperinflación se espiraliza debido a una imparable emisión monetaria. Trump ha bloqueado la posibilidad de Venezuela de refinanciar el pago de la deuda externa, incluso cuando Maduro estaba pagando por ella tasas usurarias. Una reestructuración integral de ella supone la imposición de un plan económico por parte de los acreedores y sus Estados.

La alternativa de un apoyo de Rusia es muy limitada, incluso si Maduro convino en entregar a la rusa Rosneft una parte de la cuenca del Orinoco. El gobierno residual devaluó, hace diez días, el bolívar (llamado ‘fuerte’), a cerca de 30 mil el dólar, para aumentar los ingresos de PDVSA en moneda local por sus exportaciones. No se trata, como dicen algunos, de que esta cotización aún sigue siendo baja, cuando en el mercado negro se cotiza a cerca de 300 mil. Simplemente es una medida inútil porque no restablece un equilibrio cambiario, mientras empuja los precios internos más arriba todavía. Pero tampoco es inocua, porque muestra que el gobierno está buscando una salida capitalista ‘clásica’, que le permita reanudar el pago de la deuda externa. Algunos círculos opositores aseguran que la nueva tasa de cambio podría ser adecuada si fuera acompañada con la ‘libertad de mercados’. Ingresarían dólares para arrebatar los activos baratos de Venezuela. La amplitud de la crisis pone en juego las reservas petroleras y mineras de Venezuela, cuya privatización es el botín principal del gran capital.

Elecciones adelantadas

En este marco convulsivo, la Asamblea Constituyente votó el adelantamiento de las elecciones presidenciales, condicionadas por una Junta Electoral oficialista y con los principales dirigentes opositores imposibilitados de presentarse porque se encuentran presos o proscriptos. La impugnación que recibieron de parte de Trump y la derecha latinoamericana en el gobierno, es una orden para que la oposición no se presente. El sector partidario de concurrir no consigue ponerse de acuerdo en un candidato único. En el caso inverosímil de una victoria de la oposición, debería esperar seis meses para asumir el gobierno. La campaña electoral es de 40 días. Luego de la victoria electoral, en 2015, para la Asamblea Nacional, la derecha sufre un proceso implacable de división. En la trastienda de esta división se manifiestan los choques en torno al despojo de las reservas petroleras y el destino de PDVSA. Las ‘calificadoras de riesgo’ pretenden poner en defol la deuda de PDVSA, lo que habilitaría operaciones de embargo internacional sobre sus activos.

Llamativamente, el oficialismo no irá a elecciones bajo el emblema del PSUV sino de Somos Venezuela. Maduro y su camarilla han roto con su propio partido, cuya cúpula, de todos modos, sigue bajo el control del gobierno. La movida apunta a privar de una tribuna política al chavismo disidente u opositor. Oficializa la quiebra del chavismo histórico. Es un paso hacia “la restauración conservadora”.

Estas maniobras de perpetuación de la camarilla madurista no resuelven la crisis sideral de Venezuela. Tomadas en su conjunto sólo pueden entenderse como un intento de legitimar un giro posterior de la política económica, en la línea que anticipa la mega-devaluación reciente del bolívar. El anuncio de inaugurar una moneda virtual, respaldada en las reservas petroleras, haría suponer que el gobierno tiene en carpeta el reemplazo del bolívar por una nueva moneda, cuya cotización fluctuaría con el precio del barril del petróleo. Esta reconversión monetaria supone acompañar la mega-devaluación con una apertura cambiaria. Este programa podría ser la condición que han puesto China y Rusia para dar un respaldo financiero que evite trajinar los pasillos del FMI. Un operativo de “estabilización monetaria”, sin embargo, encierra el peligro de un ajuste brutal de precios y una explosión social.

La prensa de la izquierda en Venezuela da cuenta de luchas constantes de la clase obrera contra el caos económico, el desabastecimiento y la desvalorización tanto del salario como de los ingresos del pueblo. Está ausente, sin embargo, una unidad política y un planteo político común de la izquierda y las organizaciones sindicales independientes del Estado. Está ausente, por lo tanto, una agitación política común.

Abajo el embargo y la intervención extranjera

Venezuela se enfrenta, por un lado, a un escenario de agravamiento aún mayor de la crisis y a un éxodo más intenso y, por lo tanto, a una crisis internacional y a la amenaza de embargos e intervención extranjera. En este punto se plantea una campaña de alcance internacional contra una salida liderada por el imperialismo norteamericano y europeo, y por Trump. Por otro lado, se encuentra en marcha un plan electoral fraudulento, adoptado por una camarilla con apoyo militar, acompañado por una política de ajuste y entrega, bajo control, de las reservas petroleras. La izquierda debe unirse en un frente político, junto al movimiento obrero independiente, para enfrentar ambos escenarios con un programa obrero y socialista.

La izquierda latinoamericana tiene la responsabilidad de encarar una campaña, que viene muy demorada, contra el embargo a Venezuela y una intervención militar de los Macri, Santos, Piñera -y los Macron y los Trump.

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El derrumbe de Wall Street, el viernes 2 y el lunes 5 pasados, provocó temblores en todo el sistema financiero internacional, justo cuando Donald Trump, en Estados Unidos, y Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, se jactaban del “repunte sólido” de las economías de ambos lados del Atlántico. El índice Vix, que mide la volatilidad del mercado, se destacaba por su ‘calma’; el lunes se disparó un 300%. Los bancos provocaron esta sacudida en un intento de amortiguar pérdidas.

Acelerador de partículas

En cierto momento del desplome, la Bolsa de Nueva York había caído más de 1.820 puntos, una pérdida de valor bursátil de más de un billón de dólares. La cifra, que tiene una apariencia virtual, porque en definitiva no altera el valor real de las compañías, medida por su tasa de beneficios, implica lo contrario para los capitalistas reales, que han comprado las acciones a crédito, por lo cual deben aumentar las garantías entregadas a los prestamistas con esas mismas acciones que ahora han sufrido una desvalorización espectacular. Lo que causó una impresión mayúscula fue que la mayor parte del derrumbe tuvo lugar en solamente once minutos, para seguir luego a un ritmo menor.

Aunque al lector le parezca inverosímil, el hundimiento de las Bolsas fue atribuido al aumento de los salarios en Estados Unidos, que el informe laboral del día previo había cuantificado en el 2,7%. La versión convencional le imputaba a ese aumento un carácter inflacionario, que produciría una suba en las tasas de interés y afectaría la ‘salud’ financiera de las empresas. Las tasas de los bonos a 10 años del Tesoro norteamericano ya habían subido, sin embargo, un 40%, antes del anuncio de ese aumento de salarios. Por otro lado, la aprobación por el Congreso estadounidense de una rebaja impositiva espectacular a los beneficios, ofrecía una ganga descomunal al capital para financiar esa suba salarial -al punto que compañías como Apple, Facebook o Walmart habían anticipado que pagarían bonos adicionales a sus empleados con ese dinero extra.

La Casa Blanca respondió al derrumbe con un comunicado que reivindicaba que “los fundamentos de la economía son más sólidos que nunca”. Una frase vacía, porque el ascenso de la economía capitalista se desarrolla en forma contradictoria y antagónica, que crea un escenario de sobreproducción o un punto final al aumento de la tasa de beneficios. Apple y su competidora china, Alphabet, con una cotización bursátil enorme y creciente, cayeron por encima del 10% -y del promedio del 4,6% de Wall Street. Apple registró una caída de ventas de iPhone, compensada por precios más elevados.

El desplome de estos días tiene otras explicaciones. Ocurre que el rescate del capital por parte del Estado y los bancos centrales, desde el derrumbe de 2007/8, ha permitido la supervivencia de empresas cuya ganancia operativa era inferior a los intereses de sus deudas -las que podían refinanciar, una y otra vez, a tasas cada vez menores. Un ejemplo de estas características lo acaban de ofrecer las mayores contratistas del Estado británico, que pagaban dividendos a sus accionistas por medio de préstamos bancarios, debido a la caída de sus ganancias. El gurú Lawrence Summers, secretario de Tesoro de Bill Clinton, acaba se señalar lo elemental (Financial Times, 5/2): “Los valores de los activos y los niveles de endeudamiento no pueden crecer, por tiempo indefinido, más rápido que el producto interno bruto, aún cuando la habilidad para hacerlo ha contribuido al éxito de los últimos años”.

Apple

El porcentaje de empresas que pagan dividendos por encima de sus beneficios es elevadísimo: lo hacen las más débiles y las más fuertes. En el inicio de 2018 se ha producido un aumento sideral de la tasa que pagan los llamados ‘bonos basura’. El Financial Times (21/1) señala que esta tasa ha llegado al 6,75%, por arriba de lo que paga Argentina. La suba de la cotización de las acciones ha actuado como garantía ficticia de esos ‘bonos basura’. Una de las mayores contradicciones del proceso especulativo posterior a la bancarrota de 2007/8 es que, por un lado, los bancos necesitan mayores tasas de interés para evitar una fuga de accionistas y depositantes, y por otro lado, que la suba de tasas produce el derrumbe del mercado artificial de las Bolsas.

El techo hipotético de las acciones es que los dividendos por acción igualen a la tasa de interés de los bonos públicos y privados. Para romper ese límite, las empresas cotizantes han incrementado, por un lado, el pago de dividendos tomando mayores préstamos; por el otro, han recomprado las acciones de sus compañías, cuya suba resulta en una ganancia similar. El Financial Times (Cronista, 5/2) informa que Boeing y Honeywell anunciaron programas de recompra de acciones por casi 90 mil millones de dólares desde que se acordaron las reformas (impositivas) en diciembre. Bank of America Merrill Lynch estima que de los 1,2 billones de dólares que permanecen en el extranjero, tal vez la mitad del total después de impuestos (alrededor de 450 mil millones) podría ser destinado a la recompra de acciones. Es todo este edificio de capitales y ganancias ficticias, el que amenaza venirse abajo con el desplome de las Bolsas. Han agotado los medios y recursos para valorizar el capital -que es la lógica existencial del capitalismo.

Deuda pública

Este escenario se liga al mercado especulativo más importante del planeta -el de la deuda pública, que llega en Estados Unidos a los 21 billones de dólares. Es un monto impagable, que se acrecienta con la suba de tasas de interés. Los analistas advierten el inicio de un descenso de la cotización de la deuda pública y una suba de la carga de intereses -después de medio siglo de tendencia contraria. El capital, así como los bancos centrales, deja de comprar deuda del Estado y también deuda y acciones privadas. China ha sido, en las últimas semanas, vendedora neta de títulos norteamericanos; es que ella misma necesita ese dinero para ir al rescate de inmobiliarias, bancos e industrias sobre-endeudadas y con riesgo de defol. Un analista del Financial Times observa que es difícil el remplazo de los bancos centrales por compradores privados de deuda pública, porque implica la posibilidad de pérdidas cuantiosas.

Los especuladores han hecho grandes beneficios invirtiendo dinero, que obtenían barato, en las Bolsas y mercados emergentes, que ofrecían tasas mayores de interés. Es así como Macri se endeudó por 100 mil millones de dólares en dos años, y que las Bolsas se dispararon hacia arriba. Lo ocurrido en estos días constituye un repliegue violento. El 28 de diciembre pasado advertimos lo que se venía en esta misma página (“Lo que Sturze no te contó”). El trabajo de zapa lo fue haciendo la desvalorización del dólar frente a las monedas principales y el oro, como consecuencia del déficit comercial enorme y creciente de Estados Unidos. La devaluación fue atizada por la Casa Blanca como instrumento de la guerra comercial. El Banco Central Europeo advirtió a Trump que no prosiguiera con la devaluación del dólar. La devaluación del peso argentino sigue a esta tendencia; se terminó la llamada ‘calma cambiaria’. O sea que la bala de oro de Sturze, para que entren dólares por el diferencial de rendimientos entre el mercado internacional y el de Argentina, ha pasado a mejor vida. Antes que se produjera el desplome, la devaluación ya se había comido parte de la valorización de Wall Street. El ingreso de Central Puerto y Aeropuertos Argentina 2000 a Wall Street fue un fracaso. Caputo, el ‘hermano del alma’ de Macri, sacó capital de Argentina a un precio inferior al que esperaba.

“Corrección” y crisis mundial

Algunos observadores aseguran que la caída bursátil es “una corrección” -o sea el piso para un nuevo curso ascendente. Es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones, y en especial después del derrumbe del 25%, en un solo día, en octubre de 1987. Hace 25 años tuvo lugar, sin embargo, un hecho de magnitud: en palabras del ex presidente de la Reserva Federal -“se disolvió la URSS” (y China ingresó con fuerza en el mercado mundial), lo que dio un impulso a la especulación mundial y a los derrumbes posteriores. No hay una demanda de dinero para inversiones que dé impulso a la economía (por eso no suben las tasas de interés para inversiones). El programa de infraestructura de Trump no está ni en los papeles, y el de China se repliega. El desplome bursátil confirma la vigencia de la bancarrota capitalista que se viene desarrollando desde la crisis asiática de 1997 y las sucesivas -incluido el derrumbe, en 2001, de Argentina.

El escenario estructural de la crisis en curso es la tendencia a la guerra comercial y financiera -y, por lo tanto, a la ‘guerra de monedas’.

La rebaja impositiva de Trump pretende que el dinero norteamericano en el exterior vuelva a Estados Unidos -equivale a una guerra fiscal y financiera. Todos los tratados comerciales internacionales están en disputa, en especial lo relacionado con China, cuyas inversiones externas son bloqueadas. La Bolsa es un termómetro del capital, tanto económico como político y militar. No se reduce a un modelo de transacciones financieras.

Hasta nuevo aviso, una ‘corrección’, en los próximos días o aun semanas, sería un intervalo para caídas aún mayores.

La revelación de que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue accionista de una administradora de fondos de inversión radicada en paraísos fiscales sólo agrega un elemento más a una cuestión evidente: quien ha estado cargo de todas las operaciones de la deuda pública bajo el macrismo -incluyendo la negociación ruinosa con los fondos buitre- es él mismo un personero del capital internacional. Los fondos que tienen a Caputo como socio succionan beneficios de los llamados países “emergentes”, los cuales se acrecientan a medida que el propio pago de sus deudas públicas los aproximan a la bancarrota.

La propia línea de defensa de Caputo retrata esa vinculación: al tiempo que ‘desmentía’ su condición de accionista del fondo Noctua -radicado en las islas Caimán-, el funcionario señalaba que él “sólo” (sic) era “gerente, fiduciario y administrador” del mismo. Sin embargo, la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) reveló que Caputo también era accionista. El funcionario macrista era socio de otras “sociedades de control” que, a su vez, contaban con acciones en Noctua. Este procedimiento de control “en cascada” es una clásica maniobra para borrar las huellas de los verdaderos accionistas de este tipo de fondos. Entre los clientes de Noctua, se encontraba el fondo buitre NML, el mismo que, invirtiendo 117 millones en la quebrada deuda pública argentina de 2002, consiguió que Caputo-Macri lo resarcieran con 2.400 millones en el arreglo de 2016. Pero Noctua también es uno de los 148 compradores de los bonos argentinos a 100 años, que pagan un 8% anual de intereses y que, al momento de su amortización, habrán arrancado de las arcas de Argentina siete veces más recursos de lo que representaba su monto original. En definitiva, el “bono Caputo” de 100 años fue emitido a medida de los mismos fondos especulativos que lo tuvieron como socio y administrador.

¿Ojo por ojo?

Todas estas revelaciones ya han sido objeto de presentaciones judiciales por tráfico de influencias, que “duermen” en los tribunales locales. En los últimos días, sin embargo, la condición de Caputo como socio de los buitres ha sido revelada por varias fuentes mediáticas ‘amigas’ del gobierno, comenzando por La Nación”. ¿Asistimos a un ajuste de cuentas en el seno del ‘círculo rojo’? Conviene recordar, en este punto, el traspié que ha significado para muchos inversionistas la venta de acciones de la energética Central Puerto en la bolsa americana. Semanas atrás, Nicolás Caputo -primo de Luis e histórico socio de Macri- se había desprendido de sus acciones en esta empresa, las cuales, bajo el señuelo de la próxima apertura de su cotización en Wall Street, se vendieron a un precio elevado en la City porteña. Pero la colocación en Estados Unidos fue un fiasco. Como consecuencia de ello, las acciones de Central Puerto se desplomaron en la Bolsa argentina, perjudicando a sus compradores. Por esta razón, “una ola de indignación recorrió la City” (Infobae, 8/2). El mismo perjuicio han recibido los compradores del “bono Caputo” a 100 años, los cuales se han desplomado un 15% en estos días. Los armados financieros de Caputo crujen bajo el fuego combinado del derrumbe bursátil internacional y de la desconfianza en el rumbo económico del gobierno macrista. Antes de estas denuncias, el ‘círculo rojo’ había disparado el dólar por encima de los 20 pesos. Las revelaciones sobre Caputo tienen como telón de fondo a esta “crisis por arriba”.

Otra vez la deuda

La oposición de Massa y el FpV se han lanzado sobre Caputo y piden su interpelación en el Congreso -y en algún caso su renuncia- en nombre de un “conflicto de intereses”. De ese modo, lo presentan como un caso de corrupción individual. Encubren, en primer lugar, que Caputo “es” Macri, lo que vale para las sociedades off shore y todas las operaciones financieras que los involucran. Pero más importante que ello es que la gestión Caputo está colocada en el corazón de la política del macrismo. Nos referimos al rescate financiero tramitado ante el capital internacional, que comenzó con el arreglo con los fondos buitre. El affaire Caputo coloca en el banquillo al gobierno y a la cuestión de la deuda externa usuraria, que el macrismo aumentó en más de 100.000 millones de dólares y que el kirchnerismo, al decir de su presidenta, pagó de un modo “serial”. Sin este señalamiento político, la crítica a Caputo es un acto de encubrimiento de la orientación social del gobierno Macri. Para el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, la cuestión Caputo debe servir para una acción política integral por el desconocimiento de la deuda usuraria, la cual -como se demuestra en este caso- es una hipoteca fraudulenta contra el país y sus trabajadores.

Cuando el dólar cruzó la barrera de los 19 pesos, algunos comentaristas económicos consideraron esta suba como parte de una estrategia oficial, dirigida a promover una cierta devaluación de la moneda. Un mes antes, el gabinete económico había arrancado el año anunciando una “recalibración” de la economía, mientras el dólar llegaba a los 18 y el Banco Central era obligado a una baja de las tasas de interés. Pero el viernes pasado, cuando el dólar cruzó largamente la barrera de los 20 pesos, las cosas tomaron otro cariz. El gobierno salió a vender casi 500 millones de dólares en un día para evitar una suba mayor de la divisa. Los voceros oficiales parecían emular aquel verso del gran compositor Chico Buarque: “Pálidos economistas piden calma”.

Esta corrida cambiaria, naturalmente, no fue causada por los pequeños ahorristas, mucho menos en una jornada de paro bancario. La movida fue pivoteada por grandes empresas y operadores. La conclusión es clara: la base social del macrismo toma nota del desconcierto que recorre al gabinete, de cara al agravamiento de la crisis mundial y de las contradicciones del propio programa oficial. Los recalibradores, en definitiva, están descalibrados.

Devaluación

La devaluación de la moneda viene siendo celebrada por los exportadores y por la burguesía industrial, que esperan de ese modo poner un freno a la feroz presión importadora. Pero en contrapartida, significa un golpe severo al carry trade -o sea, a la operación especulativa consistente en traer dólares de afuera, colocarlos en pesos a los elevados intereses locales y volver a retirarlos en dólares. Es claro que, con la devaluación, la previsión de recomprar los dólares ingresados a un valor más o menos estable, desaparece. Pero el segundo -y probablemente definitivo- golpe a esta bicicleta ha sido asestado por la crisis mundial: la elevación de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano, y el derrumbe bursátil que disparó, anticipa un reflujo de los fondos especulativos desde los “emergentes” y hacia el corazón del poder financiero internacional. En términos sencillos: la deuda pública argentina, que se recicla con nueva deuda, y el saldo deficitario del país con el exterior -desde el comercio hasta el turismo- se han quedado sin financiamiento. La moneda nacional, en este cuadro, es una hoja al viento. Por eso, la gran burguesía se pasa al dólar. En la misma línea, los sojeros retienen sus cosechas y abren un fuerte interrogante sobre la liquidación de divisas de los meses venideros.

Ocurre, sin embargo, que este proceso devaluatorio entra en choque con todo el andamiaje económico montado en estos dos años y que suponía un reendeudamiento fondeado en el capital internacional. Sobre esta base, el gobierno aspiraba a una estabilización inflacionaria y a una reactivación económica fundada en el crédito. En esa previsión, se ‘dolarizaron’ las tarifas de los combustibles y se fogoneó el endeudamiento de los trabajadores, cuya mayor expresión es el sistema de créditos indexados para la compra de viviendas (Unidad de Valor Adquisitivo -UVA).

La devaluación, en cambio, dispara un proceso explosivo, como ya se observa en el aumento reiterado de las naftas, el transporte y, a partir de allí, de todos los precios. Ni qué decir que el recrudecimiento inflacionario puede ser un golpe letal a los ‘nuevos’ deudores hipotecarios, a los que el gobierno pretende resarcir extendiendo los planes de amortización de sus préstamos a 40 años -o sea, con deudas a perpetuidad.

El derrumbe del financiamiento internacional, a su turno, ha conducido al gobierno a reforzar una línea de endeudamiento interno, con la emisión de títulos en pesos. Pero para proteger a los especuladores de la devaluación/inflación, los remunerará con una cláusula gatillo, con rendimientos asegurados de casi el 4% anual por encima de la inflación que se registre. Según los voceros oficiales, esta nueva escalada de deuda pública aspira a reducir la carga de la deuda del Central (Lebacs). Pero si ésta última se origina en la emisión de pesos, los cuales ahora pasarían a ser capturados por el Tesoro, la conclusión es simple: el macrismo ha retornado a la receta kirchnerista… de financiar el déficit público con emisión de pesos. Siendo ésta una deuda automáticamente indexada, la carga que se adiciona sobre la economía nacional es virtualmente equivalente a la de la deuda dolarizada. De conjunto, esta hipoteca ya supera los dos tercios del Producto Bruto, lo cual se ha acrecentado con la devaluación reciente, y los límites para continuar este empapelamiento van a aparecer más temprano que tarde.

Beneficios gatillados, salarios sólo “revisados”

Para mantener a flote su régimen económico, el gobierno ha armado un sistema de beneficios garantizados al capital cuya contrapartida, naturalmente, es una exacción mayor a los trabajadores. Mientras la carestía de esta economía “indexada” augura una inflación que muy bien podría reiterar el 25% del año 2017 -¡sólo el transporte crecerá un 66% de aquí a agosto!- el gobierno anuncia un techo del 15% para las paritarias. Mientras le asegura a los especuladores una cláusula gatillo para sus rendimientos, el gobierno y la UIA quieren mandar al archivo cualquier ajuste similar para los salarios, los cuales sólo admitirían una ambigua cláusula de “revisión” que terminará en una segura negativa a cualquier aumento posterior. Los capitalistas y el gobierno de Macri quieren paritarias “en orden” (y a la baja), cuando el desorden del régimen económico que han prohijado se torna cada vez más evidente. Es necesario que debatamos este cuadro de conjunto para oponerle un programa al desbarajuste capitalista -salario igual a la canasta familiar, indexación automática de los salarios, ningún despido, repudio de la deuda usuraria, anulación de los tarifazos- y una salida de los trabajadores, que debería ser debatida en un congreso de bases de la CGT y de todos los sindicatos. Con esta perspectiva, nos movilizamos este 15 y 21 de febrero.

La policía del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey reprimió a los obreros de El Tabacal en Irigoyen, mientras el gobernador pretexta que “gestiona” la reapertura del Ingenio San Isidro. El pueblo reaccionó masivamente con una pueblada.

La huelga general del Ingenio levantada por la conciliación obligatoria debería retomarse de inmediato, porque en vez de diálogo por la reincorporación tenemos gases y balas de goma.

Justamente, el acampe y los piquetes intermitentes enfrentan, en Orán, 181 despidos de la patronal de la Seabord Co., tras imponer a fin de año el llamado cuarto turno que implica una rebaja salarial para todos los compañeros. Es decir, que tras la flexibilización laboral han venido despidos más despidos. La industria en su conjunto ya acumula en Salta y Jujuy 1.400 despidos. Ante este cuadro una reunión de la Federación que agrupa a los cinco ingenios (FAR) resolvió una caravana el 19 de febrero que recorrerá los ingenios para terminar en un acto en el San Isidro.

Los secretarios generales azucareros y la CTA Autónoma desecharon por ahora un congreso de delegados de base que había sido votado. En su lugar habrá un plenario intergremial el 16, en los días previos a la caravana que tendrá por consigna “Ni un despido más, ni un trabajador menos”.

Los permanentes gestos conciliatorios de las direcciones sindicales han resultado en un agravamiento de la ofensiva patronal. Hay que replantear toda la estrategia obrera.

En el caso de San Isidro, el gremio aceptó de entrada una infructuosa mediación del gobierno provincial y una conciliación en el marco del procedimiento preventivo de crisis presentado por la empresa. La patronal paga los salarios de los casi 800 obreros despedidos, pero manteniendo cerrado el Ingenio mientras duren las negociaciones. En La Esperanza, 70 de los más de 300 despedidos siguen reivindicando su reincorporación. En Ledesma sólo hubo una movilización impulsada por los obreros despedidos y delegados en el pueblo de El Talar y la patronal ha logrado sumar al sindicato a una mesa de negociación para la “reducción de costos” (retiros voluntarios, productividad, etc.), dando por irreversibles los 31 despidos ya realizados. Por último, en La Mendieta, la patronal amenaza con despidos ante cualquier reclamo obrero.

Pero ¿por qué los despidos?

Todas las patronales azucareras encubren su avanzada antisindical y flexibilizadora afirmando falsamente que están en crisis. El alza de los precios del azúcar y el bioetanol, aún después de la rebaja en un 21,5% de éste último, está muy por arriba de la inflación acumulada.

Los nuevos gravámenes que deben afrontar después de la reforma fiscal y de los cuales se quejan, no llegan a revertir los beneficios de la devaluación, la suba del porcentaje de corte de la nafta con bioetanol, las exenciones impositivas y la quita de retenciones con las que se vieron beneficiadas en el último período.

En este marco, los balances contables de estas patronales son un completo fraude y por eso un sector de obreros exige la apertura de los libros contables de los ingenios, una línea contraria a la integración de mesas y conciliaciones para rebajar costos que debe ser profundizada.

La realización de un congreso de bases de la FAR, preparado con asambleas previas en cada ingenio que mandaten a los delegados gremiales para votar un plan de lucha común en unidad con los pueblos azucareros, ayudaría a revertir la desmovilización obrera y a generar las fuerzas necesarias para frenar y derrotar la avanzada patronal. En los casos extremos de cierre y despidos masivos de San Isidro y La Esperanza, es el Estado el que debe asegurar la continuidad incondicional de los ingenios con todos sus puestos de trabajo, abriendo los libros a comisiones de control obrero, pagando los salarios y recapitalizando lo que sea necesario para salvar esta industria fundamental, estratégica del norte argentino.

Por una gran movilización obrera y popular el 19 de febrero

En este cuadro es necesario preparar tanto al plenario del 16 como a la caravana del 19 próximos, desarrollando la mayor movilización obrera y popular posible. La reacción del pueblo de Irigoyen revitaliza el movimiento. Este 16 debe ser preparado para que se sumen los trabajadores estatales con sus propios reclamos (paritarias libres y que superen la inflación, pase a planta permanente, ningún despido encubierto y otras) y para que las propias bases obreras azucareras y el conjunto del pueblo comiencen a organizarse para que la caravana del 19 sea masiva, participando de su recorrido y garantizando actos en cada uno de los pueblos.

La lucha contra los despidos en la industria azucarera es un punto clave en la lucha contra el ajuste en Salta y Jujuy. Vamos por la reincorporación de todos los despedidos, por la defensa de sus organizaciones gremiales, por la defensa de sus salarios y condiciones de trabajo, para terminar con la represión.

La furiosa campaña del gobierno y sus medios aliados para desalentar la marcha convocada para el 21 de febrero está teniendo un curioso resultado. A medida que se suman al boicot nuevos integrantes de la burocracia sindical, mayor es el interés que está despertando la jornada del 21 en diferentes sectores de los trabajadores, incluso -y particularmente- en los sindicatos que resolvieron no marchar. El estigma que cargan los Gerardo Martínez, Daer y otros es ya demasiado extendido entre los trabajadores. Pero, principalmente, la movilización se ha abierto paso por el cuadro general que recorre a toda la clase obrera. De los ingenios del Norte a la mina de Río Turbio, pasando por el Inti, el Hospital Posadas o Fanazul, la escalada de despidos ha golpeado a más de 6.000 trabajadores desde comienzos de año. En medio de una devaluación y una escalada inflacionaria, que amenaza reiterar el 25% de aumento de los precios para este año, el gobierno se empeña en paritarias con un techo del 15%, sin ningún mecanismo indexatorio. Este es el telón de fondo de las movilizaciones del 15 -en el marco de un paro nacional de ATE- y del 21 de febrero.

La burocracia sindical

La marcha del 21 ha crecido en convocatoria a pesar de sus propios convocantes, comenzando por el moyanismo. Después de la implosión que produjeron las grandes jornadas del 14 y 18 de diciembre en el triunvirato cegetista, Moyano ha salido a una disputa por el control de la central obrera con las otras fracciones de la burocracia, ello, en medio de sus disputas con el gobierno en torno del futuro de la empresa OCA y de las causas judiciales que lo involucran. En su agenda antiobrera, el gobierno y el gran capital han colocado con fuerza la “flexibilización” de los trabajadores del transporte, atacando gravemente el convenio camionero. Pero los Moyano no han agitado está cuestión de cara al 21. Se adivina, con ello, que esas reivindicaciones cruciales van a ser jugadas en la mesa de sus negociaciones con Macri-Triaca, y no por medio de una lucha en serio. La otra fracción convocante, la Corriente Federal kirchnerista, también está muy distante de empeñarse en infringirle una derrota al ajuste. Un sindicato de su tribu -los aceiteros del cordón de San Lorenzo- acaba de hacer punta en materia de paritarias, firmando el 15% macrista. Mientras tanto, Yasky y Baradel renuncian a preparar a la docencia para la lucha que, con toda seguridad, desatarán los topes paritarios y los ataques al estatuto docente que se traen bajo la manga Macri y Vidal. El bancario Palazzo, también de la Corriente Federal, acaba de disculparse ante la manipulada “opinión pública” por el exabrupto (sic) de haber amenazado, en un plenario de delegados de su gremio… con una huelga general.

Los límites de la burocracia sindical se ponen de manifiesto con toda su fuerza entre los estatales, sacudidos por la mayor oleada de despidos. A pesar de sus peleas internas, tanto la fracción de ATE Nacional de Godoy como la de sus antagonistas kirchneristas comparten la hostilidad común a una política de lucha consecuente, como se demuestra en la negativa a ocupar las reparticiones que despiden o, en el caso del Posadas, siquiera a impulsar el paro general del hospital. En oposición a esa política sin futuro, sobresale la lucha del Inti, donde, por iniciativa de la agrupación clasista Naranja, se desarrolla una combativa ocupación del organismo y ahora, ante su reapertura, una masiva huelga general votada por una asamblea de más de 1.000 compañeros. La impotencia de la burocracia, incluso de los pretendidos “combativos”, tiene como contrapartida a estos enormes ejemplos de lucha.

Desbande inflacionario

Pero el esfuerzo del gobierno para reducir el alcance de la jornada del 21 debe verse también a la luz de su situación general. En pocas semanas, la pretensión de continuar endeudándose a costa del capital internacional ha sido furiosamente golpeada, por la crisis mundial (derrumbe bursátil en Wall Street) y por las propias contradicciones del plan macrista, que ha saturado de papeles de deuda a los especuladores de adentro y de afuera. La suba del dólar es una expresión de este desconcierto. Pero en una economía ‘dolarizada’, como la que montó el macrismo en favor de los pulpos petroleros, los banqueros o los acreedores de deuda, la devaluación anticipa una carestía feroz. El gobierno pretende contener esta escalada “pisando” los salarios. Se viene, por lo tanto, todo un período de deliberación y luchas al interior de los sindicatos, que van a tener en las paritarias un punto crucial.

Adónde vamos

Pero el horizonte de miras de los Moyano y compañía está muy lejos de esta perspectiva convulsiva. Por eso, es decisivo que los sindicatos combativos, las agrupaciones y activistas clasistas y la izquierda le ofrezcamos una perspectiva y un programa a quienes quieren movilizarse el 15 y 21. En primer lugar, por la reincorporación de todos los despedidos, por la ocupación de las fábricas que cierran o despiden, y que el Estado asegure la reapertura de todas las plantas -ingenios, Fanazul- que han cerrado, bajo control de los trabajadores. Nos movilizamos, también, por paritarias libres y con indexación automática de acuerdo con la inflación,por paritarios electos y mandatados por asambleas de trabajadores, y en oposición a los “techos” oficiales y sin reajuste alguno. Ninguna flexibilización ni ataque al convenio colectivo en ningún sindicato. Los que ya han pactado la reforma laboral con el gobierno - incluyendo al clan Moyano-, y se aprestan a seguir discutiendo de qué forma hacerla pasar, no pueden decidir por nosotros. Por eso, luchamos por un congreso de bases de la CGT, la CTA y de todos los sindicatos, para que sean los trabajadores los que resuelvan el destino de sus reivindicaciones y, desde luego, por el cese de la represión a los trabajadores que volvió a descargarse en estos días en la Salta de Urtubey contra los azucareros de El Tabacal.Como se aprecia, ajuste y represión son parte de una política común de Macri y los gobernadores del pacto fiscal.Con esta política somos organizadores de la gran movilización a Plaza de Mayo del 15, junto a todas las grandes luchas del momento. Son estos grandes planteos los que hacen imperioso y necesario que los sindicatos y las agrupaciones clasistas, junto a los trabajadores de todas las luchas del momento, nos agrupemos en una columna común e independiente en la marcha del próximo 21, junto al reclamo de un paro activo nacional y un plan de lucha. Este es el planteo que el Partido Obrero le ha propuesto a los partidos del Frente de Izquierda, y el que han llevado al conjunto del movimiento obrero combativo los integrantes de nuestra Coordinadora Sindical Clasista y del Polo Obrero.

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) han levantado el lock-out que mantuvieron durante diez días hábiles, luego que el mismo fuera denunciado el pasado viernes 9 por ATE ante el Ministerio de Trabajo -a partir una resolución de asamblea. La gerencia macrista tuvo la intención de quebrar la férrea permanencia de los trabajadores, que lleva tres semanas, pero no lo consiguieron.

La asamblea general compuesta por más de 1.200 científicos, técnicos y auxiliares expresó, a través de la lectura de las resoluciones de cada sector de trabajo, la experiencia acumulada en esta lucha, las conclusiones que fuimos madurando los trabajadores e incluso la anticipación de maniobras que puede llegar a intentar la golpeada patronal del instituto, como la “negociación por tandas”.

Fuera Tecnalia y el “Master Plan

El nuevo “plan maestro” confeccionado por la empresa vasca Tecnalia, representante del lobby de empresas petroleras -con Repsol a la cabeza- y bancos de la Unión Europea, también fue denunciado. Diversas intervenciones denunciaron la reestructuración armada por Tecnalia y las autoridades del instituto, que consiste en un desguace de los actuales Centros de Investigación -cada uno especializado en un sector industrial-, en la venta rápida de activos y en la privatización de sectores completos. Los despidos son una constante en este plan. Tecnalia representa la imposición de los intereses económicos y geopolíticos del capital financiero internacional y de la Unión Europea.

Las resoluciones de la asamblea

En contraste con el método seguido por la Junta Interna de ATE, que firmó un acta sin previo paso por asamblea, se votó por unanimidad: paro por 72 horas, desde el miércoles 14; participar de la movilización a Plaza de Mayo en el marco del paro nacional de ATE del jueves 15 y la conformación de una comisión negociadora compuesta por la junta interna de ATE y dos representantes de cada agrupación, integrando a los despedidos. Se mandató a la comisión para que presente el viernes 16, día en que las autoridades convocaron a la Mesa Negociadora, la reincorporación inmediata de todos los despedidos. Se exigirá, asimismo, a las autoridades que las reuniones sean en la sede central (PTM). Si hubiese una oferta de las autoridades, la misma queda ad referéndum de la siguiente asamblea, que la evaluará.

La asamblea deberá realizarse en horario laboral. También se votó la participación en el Encuentro de Trabajadores del Hospital Posadas, donde llevaremos la experiencia de lucha del Inti, el planteo de un paro activo nacional y el plan de lucha, y la necesidad de un congreso de bases de todo el movimiento obrero para quebrar el plan de ajuste de Macri. La próxima Asamblea General será lunes 19, a las 9 horas.

Los métodos que estructuran al conflicto

La permanencia de los trabajadores en el instituto, el paro general hasta la reincorporación y la asamblea general -como instancia clave de las decisiones colectivas- son los métodos con los que los trabajadores venimos desarrollando un conflicto que crece día a día. Las denuncias en los medios públicos -no sólo de los negociados que llevan adelante las autoridades-, sino del plan de desguace que pretenden implementar con Tecnalia, han representado un duro golpe para las autoridades y el ministro de Producción. La gran campaña desarrollada y los métodos de esta lucha han logrado el apoyo de universidades, investigadores (hasta cámaras empresariales, develando un principio de crisis entre las patronales) y un amplio espectro de diputados y personalidades políticas, artistas, vecinos y organizaciones sociales, de trabajadores y de la juventud. La Comisión de Familiares y Amigos, que estructura las actividades fuera del instituto, ha colaborado para que se acerquen miles de personas durante estas semanas.

La lucha del Inti demuestra también que el desarrollo de la ciencia, la técnica y la industria es un problema de clase, donde la burguesía expresa hasta el final su carácter parasitario. Ha quedado claro que los intereses de las autoridades del Inti -que despiden y mantuvieron al instituto cerrado durante dos semanas- chocan directamente con las necesidades del pueblo trabajador. El gobierno, socio del capital financiero internacional, va al desguace de un instituto con el objetivo de “flexibilizar” el control de la producción capitalista y también privatizarlo en beneficio de grupos privados. Quedamos de una vereda los trabajadores, los que defendemos el derecho al trabajo, la ciencia, la técnica y la industria. Y en el lado opuesto los vaciadores. Esta lucha tiene las condiciones para llegar a una victoria. Llamamos al conjunto de la clase trabajadora a apoyarla.

En las vísperas de las elecciones que tuvieron lugar en Italia, la expectativa de que los resultados no encallaran todavía más a la Unión Europea en otra de las crisis que la van hundiendo en forma inexorable, reposaba en la posibilidad de que surgiera de las urnas un gobierno de coalición entre el gubernamental Partido Democrático (PD) y la opositora Forza Italia, de Silvio Berlusconi. El PD había nacido de la asociación del Partido Comunista y una fracción liberal de la Democracia Cristiana, en los años ’90. Fue una versión fantasmagórica del diseño estratégico (Compromiso Histórico), con el que el stalinismo pretendía llegar al gobierno mediante un entendimiento con el Vaticano. Más prosaicamente, fue un intento de amnistiar a los políticos clericales de una pesada carga de corrupción, luego de tres décadas ininterrumpidas de gobierno, y de cooptar a la burocracia obrera al Estado burgués. La tropa que quedó afuera de este enjuague fue adquirida por el magnate mediático Silvio Berlusconi.

La gestión de Italia, en los últimos treinta años, quedó a cargo, alternativamente, de unos y otros. El gobierno que acaba de ser barrido el domingo se había convertido en un espectro de esa rotación, porque nació de una alianza entre el PD y una fracción que rompió con Forza Italia; sufrió varios golpes de palacio ulteriores; consagró a un primer ministro ‘renovador’, Mateo Renzi, sin pasar por elecciones, y cayó finalmente cuando el ‘renovador’ intentó perpetuarse por medio de un referendo. Los ungidos para salvar a Italia de una crisis que la saque de la Unión Europea quedaron, sin embargo, en el tercero y cuarto lugar, en una competencia entre cuatro fuerzas mayoritarias -con el 14 y 18 por ciento de los votos. El derrumbe del PD fue calificado como “catastrófico” por la prensa europea. El primer lugar quedó para el ‘euroescéptico’ 5 Stelle (35%) y el segundo para el nacionalismo reaccionario -la Lega (16%). Como consecuencia de esto, Italia se ha incorporado al pelotón de países que cuestionan, de uno u otro modo, la continuidad de la Unión Europea, desde el Brexit a los gobiernos nacionalistas del este de Europa, y a la derecha nacionalista de Francia, Alemania y Austria.

El ascenso espectacular de 5 Stelle, un ‘partido anti-sistema’ carente de principios, expresa el enorme voto de repudio del electorado italiano hacia las fuerzas tradicionales, que ninguna fuerza de izquierda y de las direcciones obreras fue capaz de captar. Potere al Popolo, una coalición encabezada por Rifondazione Comunista (RC), quedó relegada a la marginalidad. RC había surgido en respuesta a la disolución del Partido Comunista. El fracaso es entendible: Rifondazione Comunista integró el gobierno del PD y ejecutó su política antiobrera. Potere al Popolo justifica la política antiobrera, militarista y pro-Otan del gobierno griego de Syriza, con el cual integra un bloque en el Euro-parlamento. Para Potere al Popolo, la derechización de Syriza constituye “un sacrificio” obligado de su dirección para poder mantener a la izquierda en el gobierno. La tradición ilustre de Italia ha sufrido los estragos de su izquierda ‘anticapitalista’. La dirección del Nuevo Partido Anticapitalista de Francia le dio su total e inútil apoyo completo.

Escenario de quiebra

Italia “é il malato de Europa”, con crecimiento cero en la última década -que contrasta con casi el 30% de Alemania o el 14% promedio de la Unión Europea- lo que da, de todos modos, menos del 2% anual. La desocupación es del 12% promedio -en la juventud llega al 34%.

Tiene la deuda pública más alta de Europa -dos billones y medio de euros, que paga una tasa de interés superior a la de sus competidores. Alimenta a los bancos con pagos anuales de 350 mil millones de euros, aunque un tercio de los acreedores son extranjeros. Para salvar a una parte de sus bancos de la bancarrota se ha visto forzada a violentar la nueva ley de quiebras de la Unión Europea. La apelación a este recurso de emergencia la ha puesto en conflicto con la intención de la Comisión Europea de desarrollar una “unión bancaria” y, por lo tanto, con un pie afuera del Banco Central Europeo. Los ‘euroescépticos’ y nacionalistas que quedaron al frente en los comicios dan cuenta de esta crisis con el planteo de llamar a un referendo para salir del euro y, potencialmente, de la Unión Europea.

Xenofobia

Como ocurrió en Gran Bretaña, una de las palancas electorales más importantes de los partidos xenófobos, fue culpabilizar a la inmigración por la ruina social de Italia. El planteo, fuera de lugar en relación con la naturaleza y causa de la crisis, adelanta el pronóstico de que fracasarán en forma miserable si llegan al gobierno. Para atacar a la inmigración, la democracia italiana, mucho antes que los fascistas, ha impuesto el derecho al patrullaje aéreo de Libia y a la injerencia en su política interna y de seguridad, es decir a restablecer una política colonial y militarista. Pero ha sido, precisamente, la reconversión de Libia en colonia de los Estados imperialistas, bombardeo e invasión mediante y destrucción de su gobierno y asesinato de sus dirigentes, lo que ha desatado la llamada ‘crisis migratoria’. La crisis política de Italia, como por otra parte la de los Balcanes, el este de Europa y el área euromediterránea, azuza y agrava la crisis política catastrófica del conjunto del Medio Oriente -y en primer lugar de Turquía, primera escala de la fuga de los pueblos afectados por las guerras que manipula el imperialismo.

En medio de la crisis por la que atraviesa el Brexit y las represalias comerciales anunciadas por Trump, los observadores temen que el resultado electoral desate en Italia una fuga de capitales y la consecuente crisis bancaria. En los últimos días se ha visto una crisis de liquidez en Europa (financiamiento de corto plazo), que ha provocado un alza importante en la tasa de interés de referencia, el Libor, lo cual ha encarecido los refinanciamientos de empresas con deudas elevadas. La economía y la política en Europa se encuentran atadas con alambres.

Giro político

Asistimos a un giro político hacia la derecha en medio de una enorme crisis social y de un agotamiento de las relaciones económicas de Italia con el mercado mundial. El margen de explotación del chovinismo anti-inmigratorio como canal de desvío de la presión de las masas es ultralimitado. Una salida de derecha reclama un cambio de régimen político y este cambio de régimen está condicionado a la capacidad de ofrecer un programa de conjunto. Estos requisitos no están reunidos en Italia, dependiente por sobre todo de Alemania. Europa, en su conjunto, ha entrado en un período de grandes crisis, que es donde van a ponerse a prueba las fuerzas en presencia, y en especial de su poderosa clase obrera. En Francia y Alemania se avecinan e incluso anuncian luchas estratégicas (Macron quiere privatizar el sistema ferroviario francés). Lo que ha quedado claro es que el ‘populismo anticapitalista” y los partidos “amplios” o “plurales” no son instrumentos de clarificación, de organización ni de luchas.

La columna de 10.000 trabajadores, del viernes 2 de marzo, frente al Ministerio de Trabajo, culminando una caravana masiva, obligó al ministerio de Triaca a habilitar una reunión entre una delegación de los trabajadores y Mauricio Riafrecha, director de Análisis laboral del sector público. Allí, el funcionario reconoció que todos los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) estamos regidos por la ley de Empleo público -cualquiera sea la modalidad contractual. Además, admitió que el conflicto había alcanzado “un alto vuelo político”. Quedó el compromiso de una nueva reunión.

De este modo, la caravana tuvo el mérito de colocar el conflicto en un ámbito que hasta ahora había omitido actuar: el Ministerio de Trabajo, que debe actuar en los conflictos laborales, vino haciendo la vista gorda a 258 despidos, un lock-out de dos semanas y un paro de trece días, que continúa. Esto, para rescatar al director Javier Ibáñez y a su staff. Pero no pudieron, después de un mes de lucha y de la imponente caravana, seguir esquivando el problema. Ahora debemos exigir una mesa negociadora para esta misma semana. Somos los trabajadores los que queremos la resolución inmediata del conflicto, reincorporando a los 258.

El golpe de la caravana fue sentido por las autoridades y como respuesta decidieron nuevas provocaciones: profundizaron aún más la militarización del instituto, ordenando a la Policía cerrar con candado la puerta principal y negando el ingreso y egreso de trabajadores durante todo el fin de semana. Además, intentaron impedir con este bloqueo policial la realización de una gran iniciativa como fue TecnoInti y fracasaron nuevamente. 3000 concurrentes pasaron durante todo el sábado por la feria, brindando un apoyo total -uno más- a los trabajadores que luchan.

Una nueva semana de actividades y lucha

El fin de semana se desarrolló, en el Parque Tecnológico Migueletes (PTM), un plenario nacional de delegados de ATE-Inti. Allí se resolvió un Acampe nacional de trabajadores del Inti este 7 y 8 de marzo.

Luego del acampe vamos masivamente a la marcha por el día internacional de la mujer trabajadora.

A la par de las medidas de lucha, se conoció un audio escandaloso en el que Sara Civile, secretaria general de UPCN-Inti, anuncia y festeja que las autoridades del instituto van a “resolver las cosas a las patadas en el culo” mediante una “empresa de seguridad con 80 monos” para “poner orden en el Inti con los modos que trabajan los patovicas”. Denunciamos el rol patronal de la dirección de UPCN, que ha hecho todo lo posible, en conjunto con las autoridades, para quebrar la huelga.

Descuentos, asamblea y plan de acción

Las autoridades descontaron los días de paro a más de mil trabajadores en una verdadera confiscación del salario que en algunos casos llega al 45%, con la intención de quebrar la lucha.

En una masiva asamblea realizada el mismo día de cobro, la respuesta de los trabajadores fue contundente:

* Se ratificó el paro y la permanencia en el Parque Tecnológico Migueletes.

* La creación de un fondo de lucha especial para paliar los descuentos conformado por el aporte del equivalente a un día de trabajo de todos los compañeros que no sufrieron descuentos y aportes del Consejo Directivo Nacional y los consejos directivos provinciales de ATE, sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones.

* Ratificar el acampe federal junto a todos los centros del interior.

* Realizar una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio de Trabajo con personalidades, abogados laboralistas, diputados y dirigentes sindicales para exigir la apertura de una mesa de negociación que resuelva el conflicto.

La lucha del Inti sigue. Vamos por la reincorporación inmediata de los 258 despedidos.

Los editorialistas de los dos diarios más afines al gobierno no dejan dudas en relación al origen de la decisión oficial de habilitar el debate sobre el derecho al aborto. En La Nación, Morales Solá señala que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó “advirtió al gobierno que no estaba en condiciones de asegurar el control de la sesión especial sobre el aborto pedida por un grupo de legisladoras de varios partidos”. Una fuente oficial citada por el editorialista añade que “era preferible conducir un debate moderado que dejarlo en manos de los fánaticos” (ídem, 4/3).

Los “fanáticos” serían aquellos que, con el telón de fondo de la multitudinaria movilización del 8, procurarían sancionar o al menos debatir sobre el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en un hospital público, y de un modo gratuito y seguro. Los “moderados”, en cambio, son los bloques y lobbyes político-clericales que ahora, en nombre del debate “en comisión”, van a maniobrar contra aquel derecho.

En Clarín (5/6), Ignacio Zuleta revela que el gobierno “temió que las ligas abortistas ocupasen la calle y se pusieran al borde de lograr una sesión especial el 8 de marzo”. Hay que tomar nota de la relación (antagónica) entre esta crisis y la grandes jornadas de diciembre contra el saqueo previsional: cuando el Congreso se aprestaba a cercenar un derecho -como ocurrió el 14 y 18 con los jubilados- el gobierno acusaba a los manifestantes de “no dejarlo sesionar”. Ahora, cuando un grupo de diputadas -y una marcha multitudinaria- iban a reclamar la sanción de un derecho -al aborto legal- es el propio Congreso el que se las arregla para “no sesionar”. Nada retrata mejor al carácter reaccionario de este Estado y sus poderes que la imagen de un Congreso “con candado”, en el mismo momento en que millones de mujeres irán por un derecho crucial.

La sesión especial, acompañada de una gran movilización afuera, hubiera echado por tierra la supuesta “iniciativa positiva” del macrismo, para convertirla necesariamente en una respuesta al movimiento de mujeres en lucha y a los bloques políticos que aceptaran la sesión especial.

En cualquier caso, la conclusión es clara: si el gobierno ha tenido que abrir el debate sobre el aborto, ha sido bajo la inmensa presión del movimiento de la mujer, como ya se expresó en las movilizaciones de estos años y volverá a manifestarse el próximo jueves 8.

“Distraccionista”

Es frecuente escuchar hablar -incluso de parte de esos mismos editorialistas oficiales- del objetivo “distraccionista” de la iniciativa oficial, en medio de los despidos, la carestía y la impasse más general del gobierno macrista. Pero para que una reivindicación sirva para “desviar” o “distraer”, al menos en grado de tentativa, tuvo que ganarse antes un lugar crucial en la consideración popular. Ello ocurre con el derecho al aborto, al cual los sondeos de todas las encuestadoras -de las más a las menos oficialistas- lo dan con la aprobación mayoritaria de la población. También se ha dicho que el gobierno maniobra con el derecho al aborto para “dividir a la oposición”. Pero lo que el macrismo explota es el carácter furiosamente clerical que domina a esa oposición patronal, como se manifiesta en la posición antilegalización que va desde Cristina Kirchner a “Chiche” Duhalde, pasando por Graciela Caamaño.

A caballo de estas maniobras, el gobierno ha redoblado la apuesta y anunció “la equiparación salarial entre el hombre y la mujer”. La medida oficial podría atender algunas situaciones de discriminación salarial o de carrera, las cuales suelen afectar a los estratos gerenciales o profesionales (éste era un reclamo central del feminismo burgués del siglo XIX). Pero no puede dar cuenta de las diferencias salariales que se originan en trabajos de menor calificación, como resultado de las trabas a la formación profesional o dedicación laboral que resultan de condenar a la mujer a las tareas domésticas, o la obligan a desplegarse entre éstas últimas y el trabajo. O sea que el anuncio no subsana la situación salarial de la absoluta mayoría de las mujeres. Finalmente, el peregrino proyecto oficial pone a la misma mujer discriminada y coaccionada a controlar la pretendida “igualdad” salarial en los lugares de trabajo, una verdadera impostura.

Cómo intervenimos

Es necesario que el movimiento de la mujer -y toda la clase obrera- aprecie las contradicciones de la situación que tenemos por delante. Por un lado, es claro que si el gobierno, empujado por el vendaval de la lucha de la mujer, ha sido obligado a considerar estas reivindicaciones, no se va a privar de explotarlas en pos de una cooptación política. Esta maniobra buscará dirigirla, con toda seguridad, al feminismo liberal, que se ha empeñado en escindir a la lucha de la mujer de la lucha de clases y de todo movimiento de conjunto por la emancipación social general. Esa tentativa chocará, de todos modo, con los límites de la reaccionaria política oficial. No es un secreto que el macrismo ha colocado la reivindicación del aborto legal en un juego de extorsiones con el devaluado papa Francisco, a quien Macri amenaza con un traspié “en la propia casa” después de los varios fracasos sufridos por la diplomacia internacional vaticana. En este campo de maniobras, el oficialismo especula con un “proyecto de mínima (para) llevar a la ley la actual jurisprudencia de la Corte” (La Nación, 5/3), que autoriza a los llamados ‘abortos no punibles’. A su turno, un acuerdo “transversal” de quince diputados -pejotistas, massistas, kirchneristas y macristas- ha presentado un proyecto que prohíbe cualquier forma de aborto legal. Es necesario poner de manifiesto todas estas maniobras, y convocar a una intensa acción del movimiento de la mujer para desbaratarlas y abrirle paso, de una vez por todas, al aborto legal.

En cambio, y en nombre del carácter “distraccionista” o maniobrero de la iniciativa macrista, el arco político de las organizaciones sociales ligadas al Vaticano, el pejota-kirchnerismo y el ex maoísmo local –que es una agencia de todas las anteriores- quieren’subalternizar’ la reivindicación del aborto legal para la marcha de este 8. Con ello, protegen al clero -y a sus propíos diputados y senadores clericales- frente a la deliberación en curso respecto del derecho al aborto. Pero además, le prestan un valioso servicio al macrismo: si éste “agita” los derechos de la mujer con el propósito de ningunear a la crisis social y las luchas obreras, los “clericales y populares” han resuelto acordarse de estas luchas… pero para ningunear el derecho al aborto. Los partidarios de la “gran unidad opositora” son ellos mismos un factor de división de los explotados.

En oposición a unos y otros, las y los socialistas revolucionarios trabajamos por la unión de los dos campos en lucha, los cuales, por otra parte, nunca han dejado de estar férreamente ligados. Luchamos por un derecho al aborto legal cuyo telón de fondo es la miseria social, la violencia doméstica, la coacción laboral (donde un embarazo puede conducir a un inmediato despido), la falta de educación sexual o de recursos anticonceptivos. Por eso mismo, el derecho al aborto es inseparable de toda la agenda de lucha de los explotados –el fin de los despidos, de la precarización y flexibilidad laboral, o las paritarias con techo. Pero también, de sus métodos de lucha, el paro activo y la huelga hasta derrotar el plan de guerra oficial contra la clase obrera. La decisión de acompañar la jornada del 8 con un paro se inscribe por completo en esa línea, con la cual nos estaremos movilizando masivamente en este jueves.

Foto: Ex presidente Lula y Guilherme Boulos, candidato del PSOL.

Versión en portugués

La intervención militar en la seguridad pública de Río de Janeiro es posiblemente la manifestación más aguda de la descomposición política por la que atraviesa Brasil. La prótesis gubernamental que remplazó al gobierno de Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, recurre a manotazos de ahogado para contener una crisis que desborda en todos los planos. El despliegue de las fuerzas armadas con el propósito de combatir el narcotráfico amenaza convertir a Brasil en otro México -en un régimen de violación de derechos humanos, que ha dejado un tendal de 200 mil muertos y asesinatos. Otras numerosas ciudades brasileñas enfrentan situaciones aún peores que las de Río. La militarización es funcional al desarrollo electoral de candidatos de derecha que propugnan un régimen político de estado de sitio.

En el plano económico, la privatización generalizada de sectores estratégicos, impulsada por las denuncias contra el llamado ‘petrolao’ (cometas de Petrobras) y las coimas de Odebrecht, no han creado ninguna onda nueva de inversiones; al contrario, las calificadoras de riesgo han rebajado la deuda brasileña, que equivale a un ciento por ciento de la producción nacional.

Impasse político

Este cuadro de conjunto ha creado un acentuado impasse en la gobernabilidad del país. Los escándalos por corrupción continúan afectando a capitalistas y al personal político. Es lo que ha vuelto a ocurrir con los dueños del frigorífico JBS, el principal productor mundial de carne, y con el mismo presidente Temer, a quien han abierto las cuentas bancarias por orden de la Justicia. La proximidad de las elecciones generales, en octubre, no ha servido como válvula de salida a la crisis, sino todo lo contrario. Esto explica que algunos observadores adviertan de la posibilidad de que sean postergadas, para posibilitar un cambio del régimen político hacia el parlamentarismo. La proscripción de Lula, a quien las encuestas dan ganador en las dos vueltas electorales, no sería suficiente para arbitrar un resultado que complazca al oficialismo y a los llamados ‘inversores’. Lula ha sido condenado en dos instancias, con una pena de 12 años y medio, y enfrenta además varios otros juicios por corrupción. Los círculos gobernantes temen una transferencia de votos de Lula hacia Fernando Haddad, ex presidente del PT y ex intendente de la ciudad de São Paulo -el plan B del lulismo. Una victoria de Haddad instalaría un gobierno Dilma Rousseff bis -una salida política, aunque inocua, inaceptable para el poder actual.

El PSOL

La izquierda de este escenario político, el PSOL, no ha escapado a la crisis, ni tampoco a los métodos golpistas ‘parlamentarios’. El PSOL fue constituido después de que varios parlamentarios del PT fueran expulsados cuando se negaron a votar la reforma previsional, en el primer año del gobierno de Lula, que atacaba derechos de los jubilados del Estado. Ha sido, desde el comienzo, un aparato controlado por políticos liberales de izquierda, donde se cobijó toda la izquierda, en especial la trotskista, que lo defendía políticamente para preservarlo como paraguas electoral y vehículo parlamentario. En las elecciones municipales fue usado también por el MRT (PTS) y hace días fue admitida una escisión del PSTU -el MAIS. Ha abrigado dirigentes de orientación clerical y emigrados tardíos del PT que ejercieron funciones de Estado. En la segunda vuelta de la última elección, en 2014, apoyó la fórmula Rousseff-Temer. Antes de que el segundo se quedara con el sillón de la primera, esa fórmula había acentuado la política de ‘ajuste’ antiobrero y llevado al gabinete a banqueros de la corriente ‘neo-liberal’. Para hacerla corta, el PSOL es una agencia de izquierda del régimen político de Brasil.

Hace un par de días, el PSOL sufrió su propio golpe institucional, pero a repetición. Primero, la ‘Fundación’ del PSOL suscribió un acuerdo político con las ‘Fundaciones’ del PDT, PT y otros, cuyo programa señala la necesidad de hacer “crecer” a Brasil, con una serie de propuestas desarrollistas, casi filo macristas. El recurso a las ‘Fundaciones’ no es caprichoso, porque así se evita la consulta a los militantes de los respectivos partidos. El Frente ya ha sido bautizado de ‘Ciudadano’, y se justifica a sí mismo, como ocurre también en Argentina, como un medio para contener la vulneración de la democracia en Brasil. No plantea, sin embargo, ninguna medida concreta de contención, lo cual es coherente, porque el ejército ya fue enviado a Río bajo el gobierno de Lula -así como fueron Lula y el PT, gobernando en alianza con partidos patronales quien reanudo el ataque a los derechos previsionales que habían iniciado sus predecesores. Lo último que le pasaría por la cabeza al Frente Ciudadano sería oponerse al alto mando militar, que ya dio a entender, por medio de militares retirados, que lo tiene en la mira, incluido un veto a la victoria electoral de un candidato del PT.

Candidato lulista

El segundo episodio golpista vino enseguida, preparado por el anterior. El dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, Guilherme Boulos, un declarado lulista, se afilió al PSOL y fue ungido candidato a Presidente por la mayoría liberal de la dirección, no sin antes recibir un saludo de apoyo político del propio Lula. Enseguida lanzó su propio programa -del mismo corte desarrollista que presentaron las ‘Fundaciones’. La intención de Boulos es convertir al primer turno electoral en unas Paso con el candidato que designe el PT en el lugar de Lula. La maniobra es apoyada por los partidos patronales del Frente Ciudadano, y contaría con la presencia de candidatos del PC do Brasil y de los Verdes. Nada de esto significa que quedarían apartados del emprendimiento otros conocidísimos políticos patronales. Por ejemplo, Ciro Goméz, ex gobernador de Ceará, y Renato Calheiros, del PMDB y promotor del ‘impeachement’ contra Dilma, han acompañado a Lula en sus giras políticas.

Es claro que la estructura política brasileña se está reacomodando a puro golpe, pues no soporta el impacto de la crisis y la dislocación política y social de la cual es responsable. El trotskismo del PSOL ha reaccionado a estos dos tortazos seguidos con mucho enojo, pues pretendía que el PSOL fuera a los comicios con otro candidato, Plinio de Arruda Sampaio, un académico de prestigio, que denuncia la corrupción y el entreguismo de los gobiernos de Lula y Dilma, y se presenta como independiente, pero no se inscribe en una corriente organizada, ni tampoco de lucha de clases. El sábado próximo deberá resignar su vocación frente al golpismo compartido de Lula, Boulos y la dirección del PSOL.

¿Qué harán los trotskistas del PSOL, tanto los que se afilian al FIT de Argentina, como aquellos que responden a la Izquierda para el Cambio? Han llegado al final de un largo camino oportunista, enfocado en una construcción política a la sombra de la pequeña burguesía parlamentaria. No tienen espacio ni para retroceder. Lo más probable es que peleen una tajada en las listas para el Congreso y Municipios. No tienen derecho al pataleo, porque han cavado, con especial cuidado, su propia fosa.

Conclusiones

Las elecciones de octubre están planteadas, por parte del régimen político, como un medio para legitimar, con el voto, el golpe que desplazó a Dilma -una suerte de macrismo ‘post festum’. La incertidumbre acerca de poder alcanzar este propósito anuncia tentativas de nuevos golpes. Ninguna fuerza política de izquierda en Brasil desarrolla esta posibilidad o prevé crisis políticas todavía más severas; va a las elecciones con un cálculo electoral. La crisis en el PSOL está viciada por esta ceguera -nadie advierte a las masas que el régimen político tiene su propio plan B, que es un armado electoral que le asegure la continuidad. Entre lulistas y anti-lulistas hay solamente una pelea electoralista.

Tenemos que discutir la situación brasileña y la política de la izquierda, tanto de la democratizante, como de la que se pretende revolucionaria. Los brasileños llaman “efecto Orloff” a la resaca que sufren Brasil o Argentina después que alguno de los dos países hubo entrado, primero, en una crisis política.

A pocos días del 24 de Marzo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia atraviesa su mayor crisis desde la ruptura de los organismos cooptados por el gobierno kirchnerista, en 2006.

La razón se encuentra en la decisión del PCR y el MST, más algunos grupos menores, como “Poder Popular” -cuyos referentes integraron las listas del FIT en 2017- de avanzar en un acuerdo para unificar la convocatoria del 24 con el kirchnerismo y compartir escenario. Violentando una tradición de más de dos décadas, este sector promovió una votación inédita en la reunión plenaria, en lugar de la histórica metodología del consenso, a los fines de consumar una escisión.

El grupo rupturista pretende negociar con los K el ingreso de “dos columnas y cabeceras diferenciadas, la lectura de dos documentos que representarán a cada espacio, pero haciendo evidente el enfrentamiento común a las políticas de impunidad y represión del gobierno de Macri”. Como los K difícilmente acepten la lectura de un documento que denuncie a los gobiernos K por las leyes antiterroristas, el Proyecto X, Milani, la condena a prisión perpetua a los trabajadores de Las Heras, la represión en la Panamericana y a los pueblos originarios, la desaparición de Julio López y los más de veinte muertos en protestas, y los más de 3 mil muertos por ‘gatillo fácil’ y violencia institucional, junto a la actual participación de los gobernadores pejota-kirchneristas en el ajuste, el sector acaudillado por el PCR se encamina a meter violín en bolsa con el documento propio, para capitular en toda la línea, en aras de la ‘unidad’. Esta operación política comenzó con la cerrada oposición del PCR a incluir la denuncia de los gobernadores cómplices del ajuste macrista en la convocatoria central.

No cabe duda de que el llamado a un“enfrentamiento común a las políticas de impunidad y represión del gobierno de Macri” se ha convertido en la excusa para una defección política frente a los represores de los estatales y docentes de Santa Cruz y Tierra del Fuego, los azucareros de Salta y los pueblos originarios de la Patagonia a manos de los gobernadores del ‘pacto fiscal’.

En el caso del PCR, la escisión tiene claras connotaciones electorales. En 2017 participaron de las Paso de Unidad Porteña, compartiendo espacio con Daniel Filmus y Guillermo Moreno. Ese mismo año, los ex maoístas ya habían promovido un acercamiento con los K, que llevaron a fondo en la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. Ahora, este grupo pretende asimilarse al “frente anti-Macri” de Rossi y CFK, junto al Pejota. El décimo aniversario de los piquetes de la Sociedad Rural contra la resolución 125 los encuentra extendiendo sus brazos al kirchnerismo. Es un típico viraje de aparato, de cuño estalinista. Por otra parte, la maniobra rupturista ha resquebrajado la alianza Izquierda al Frente, ya que el Nuevo MAS rechazó el seguidismo del MST y se ha pronunciado por un acto independiente.

La pretensión de estos grupos de presentarse, en estas condiciones, como “organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia” es inaceptable. Lo que están arriesgando es la posibilidad de que, por primera vez en 22 años, no haya convocatoria del Encuentro el 24 de Marzo y, a final de cuentas, también su continuidad.

La principal característica del EMVyJ al cabo de estas dos décadas ha sido su implacable denuncia de la represión y la impunidad, desde la dictadura hasta la actualidad, junto a la reivindicación de las luchas obreras y populares. Advertimos a todas las organizaciones sinceramente interesadas en construir una gran movilización contra el ajuste y la represión, que el kirchnerismo no tolerará estas denuncias, como ya ocurrió el 24 de Marzo de 2006, cuando las barras de los intendentes agredieron a piedrazos y botellazos a los representantes del Encuentro durante la lectura del documento.

A diez días del 24 de Marzo, llamamos a todas las organizaciones que se reivindican parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a defender la realización de un acto de lucha e independencia política.

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24 DE MARZO DE LUCHA E INDEPENDIENTE

[EDITORIAL] LA IMPOTENCIA DEL PRETENDIDO "FRENTE ANTIMACRISTA"

Agustín Rossi, uno de los voceros más caracterizados del kirchnerismo, ha insistido en los últimos días con el planteo de un “gran frente opositor”, que debería abarcar “desde el Pejota unificado hasta el FIT”. Rossi se ha largado a la “avenida ancha” sin poder resolver, ni por asomo, la enorme disgregación del peronismo. De todos modos, está claro quiénes son los que dictan el libreto de esta pretendida unidad: el principal socio de Rossi en estos afanes es el titular del PJ Nacional, José Luis Gioja, un reconocido agente de las mineras y de la Barrick Gold. Gioja es un lobbista de la liga de gobernadores pejotista, a quien Rossi pretende para la ‘gran unidad’. En un reportaje que brindó a Infobae días atrás, el diputado santafesino se dirigió en particular a los gobernadores ‘que no quieren a Cristina’, confiando en traerlos a su redil: “Cambiemos le va a armar un candidato. Y si quiere competir, (el gobernador) va a tener que competir… y ante la búsqueda de los votos opositores, nos va a encontrar en el mismo camino”. El ‘frente antimacrista’ corteja, por lo tanto, a los filomacristas Urtubey o Bordet. Pero ellos, y otros gobernadores opositores, traman la separación de sus elecciones locales de las presidenciales, para pelear por su reelección sin tener que pelearse con Macri. Así las cosas, la ‘gran unidad peronista’ está por verse. Pero incluso en grado de tentativa, la propuesta de Rossi es la confesión de que el kirchnerismo, después de la derrota electoral de octubre, busca un lugar bajo el sol del pejotismo -o sea, del gran aliado del macrismo en la aplicación del ajuste oficial.

¿“Antimacrista”?

Surge de lo anterior la mayor impostura de este planteo político, esto es, la de pretender constituirse como una ‘oposición real’ o ‘antimacrista’. Los gobernadores aplican hoy el ajuste más feroz en sus provincias en nombre del pacto fiscal que firmaron con el macrismo, y que condiciona la posibilidad de endeudarse a que apliquen miseria salarial y los despidos de sus trabajadores. En la primera línea de esta ofensiva está la Santa Cruz de Alicia Kirchner, que paga 13.000 pesos a sus estatales, después de más de un año de congelamiento salarial. La jefatura policial de Santa Cruz acaba de suscribir un convenio con la Gendarmería para “controlar incidentes” en Río Turbio, donde los mineros llevan adelante una lucha encarnizada. Los senadores y diputados que responden a los gobiernos provinciales le votaron al macrismo más de cien leyes antiobreras y antinacionales, desde el acuerdo con los fondos buitre -que abrió paso al megaendeudamiento macrista- hasta el reciente saqueo a los jubilados, el cual, como todo el mundo sabe, contribuyó a los rescates financieros acordados en el ‘pacto fiscal’. La ‘unidad opositora’ es un gran taparrabos -y blanqueo- de esta complicidad política, que involucra a pejotistas y kirchneristas por igual.

2018 y 2019

Así las cosas, este incierto frente opositor (que tampoco es opositor) está más que en la nebulosa pensando en 2019. Pero mientras tanto, cumple una clara -y reaccionaria- función política: la de boicotear las urgentes y necesarias luchas que lleva adelante la clase obrera y el pueblo todo contra el ajuste oficial -los despidos en estatales y en privados; la pretensión de imponer paritarias con techo de un 15%, cuando la propia política oficial de devaluación y tarifazos empuja a la inflación muy por encima de este techo; una política represiva que incluye la reintroducción de las Fuerzas Armadas en la vida interior -o sea, la aplicación efectiva de la “ley antiterrorista” impulsada por el kirchnerismo en 2007. Para los partidarios de la ‘megaunidad opositora’, los preparativos de 2019 son la gran excusa para no enfrentar hoy los agravios del macrismo. Quien resumió como nadie esta orientación fue el propio Moyano en el palco del 21F cuando, después de no anunciar continuidad o medida de lucha alguna, llamó a ‘votar bien el año que viene’. Estos falsos antimacristas pretenden venderle a los trabajadores que el gobierno, incluso imponiendo su agenda antiobrera, podría ser derrotado en comicios el año que viene. Lo cierto es que, si el gobierno avanza efectivamente contra los trabajadores, Macri va firme por su reelección, y con el apoyo del gran capital.

Frente impotente o frente único de la clase obrera

La fuerza de un frente no reposa en la mera suma de fuerzas, sino en la decisión y firmeza con la cual está dispuesto a luchar por sus propósitos, en este caso, por una agenda obrera y popular. Cuando la “unidad” nos junta con gobernadores ajustadores y con obispos, sólo podemos parir un frente impotente. Ello es lo que ocurrió, por caso, cuando la burocracia sindical opositora, siempre en nombre de la unidad, marchó el 8M sin decir una palabra del aborto legal -la principal reivindicación de la marcha- para no “molestar” a los aliados del papa Francisco. O cuando todo un sector de la izquierda y el centroizquierda, para confluir con el kirchnerismo y el pejotismo el próximo 24 de Marzo, retira de la consigna central de la marcha la denuncia a “los gobernadores” del ajuste. En cambio, el Frente de Izquierda defendió, a través de una declaración política, la concreción de una marcha independiente.

Por su parte, un sector de la burocracia sindical de Santa Cruz -con ATE a la cabeza- ha frenado la lucha estatal en nombre de no confrontar con el gobierno provincial kirchnerista, al que presenta como víctima del macrismo. El frente opositor con los seudoopositores, como se ve, es un factor de división en la lucha contra el ajuste y por las reivindicaciones obreras y democráticas.

En oposición a esta ‘unidad impotente’, luchamos por el frente único de la clase obrera y sus organizaciones, para derrotar el plan de guerra del gobierno macrista y sus cómplices provinciales. Esta unidad, la de quienes no tienen ataduras ni compromisos con el plan de ajuste oficial, debe abrirse paso a través de una gran batalla que tendrá su centro en los sindicatos. Después del 18D, que puso de manifiesto la enorme disposición de lucha de los trabajadores y de sectores medios a enfrentar el saqueo oficial, la burocracia sindical ha redoblado su política colaboracionista -ello, para impedir una irrupción mayor contra el gobierno. Los “gordos” de la CGT, por un lado, anticipando la firma de paritarias a la baja. Los pretendidos “opositores”, del otro, clausurando la lucha en nombre del “volveremos en 2019”. Ni unos ni otros pueden decidir por nosotros: por eso, reclamamos un Congreso de delegados de base de la CGT y todas las centrales, para discutir un programa de fondo en defensa del salario y del derecho al trabajo, y plantear una salida de los trabajadores frente al saqueo y el hipotecamiento nacional al que nos condenan el macrismo y sus aliados.

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LA LUCHA POLITICA POR UN 24 DE MARZO INDEPENDIENTE

24 DE MARZO DE LUCHA E INDEPENDIENTE

Con un 74% de los votos, el candidato ‘independiente’ Vladimir Putin, consiguió otra reelección que le ofrece la oportunidad de gobernar hasta 2024. Lo viene haciendo desde el año 2000, aunque al principio rotaba entre la posición de primer ministro con los presidentes Yeltsin y Medvedev, y luego sin máscaras interpuestas.

En esta ocasión dejó de lado la lista tradicional, Rusia Unida, probablemente, dicen algunos, por la reputación en caída del lema. Algunos cables de noticias informan que la participación electoral superó la de los últimos comicios, con un 65% del padrón; otros dicen lo contrario, que se redujo al 60 por ciento. La tasa de participación importa, porque revela el grado de abstención del electorado, tanto antes como ahora.

Putin podría haber cosechado, al fin de cuentas, el voto del 44% del padrón. Si se descuentan los numerosos casos de fraude que fueron expuestos, el bonaparte ruso tendría un apoyo electoral bien por debajo de la mitad de los ciudadanos.

El diseño electoral tuvo un tufillo chavista. Putin era el exponente del nacionalismo frente a una oposición a la que se denunció “liberal”. A la hora del cierre de listas expuso su naturaleza madurista, porque excluyó de las elecciones a los candidatos “liberales” con mayor ascendiente: Alexei Navalny, el hombre con mayor reconocimiento de esa ala, llamó a boicotear los comicios.

“La alternativa Putin”

Digamos que Putin reivindica su condición de alternativa a cualquier ‘restauración conservadora’. Como defensor del ‘autoritarismo’ frente a la ‘república’, extorsiona al electorado desde el ‘campo nacional y popular’.

La semejanza no es, sin embargo, igualdad: Putin ha hecho carrera política reprimiendo en forma feroz a las nacionalidades que quedaron en las fronteras rusas luego del desmantelamiento de la URSS, e incluso que se encuentran afuera. Añádase a eso que el choque con el Reino Unido, en los últimos días, por el asesinato de un agente doble de los servicios de ambos países, arrimó un áurea mayor de nacionalismo para quien fuera agente de la KGB en los años de la “guerra fría”.

El lugar especial de Putin en las últimas décadas de Rusia es el de haber liderado la operación política de los Servicios de Seguridad para evitar la desintegración nacional del país, como se perfilaba en los primeros años de la restauración capitalista.

Algunos trotskistas esperaban que esa función hubiera sido ejercida por esos Servicios para evitar la desintegración de la URSS. Fue una de las tantas ilusiones que se manifestaron durante el período de la degeneración burocrática de Rusia.

Lo que ocurrió, en definitiva, fue un operativo despótico de contenido restauracionista, que puso a los Servicios como árbitros disciplinarios de las luchas sangrientas entre mafias y oligarquías por el acaparamiento de la propiedad estatal de la época soviética. No fue un operativo ‘constitucional’ o ‘pacífico’, sino, hasta cierto punto, una guerra civil en la cúspide, ni parcial ni relativamente ‘progresivo’, porque se limitó a sustituir el latrocinio anárquico por un latrocinio ordenado.

El régimen putinista representa, en forma más o menos directa, a la oligarquía confiscadora de Rusia. El asunto del asesinato del doble espía, en días recientes, puso de manifiesto, una vez más, las fortunas enormes que la oligarquía rusa ha lavado en la city de Londres -que, por eso, ha sido re-etiquetada como ‘Londongrado’.

La ‘guerra patria’ de Putin

En estos mismos días, la empresa de energía, EN+, ha realizado una oferta inicial de acciones en la Bolsa británica. Ni las medidas administrativas ni el aumento abusivo de las tasas de interés han podido detener la fuga de capitales de la oligarquía rusa.

En el plano internacional, la función del nuevo régimen se manifestó en Ucrania, cuando la Otan impuso allí un régimen proimperialista, a pesar de las reiteradas promesas efectuadas, desde la presidencia de Bush padre, acerca de que Ucrania pertenecía a la ‘zona de influencia’ de Rusia.

Putin respondió con la ocupación relámpago de la península de Crimea y con el sostenimiento condicional de la resistencia del este ucraniano. Esta operación elevó en forma considerable el bonapartismo nacionalista de Putin.

En septiembre de 2015 se produjo una réplica en Siria, cuando Rusia envió parte de su flota y la aviación para controlar el espacio aéreo de Siria y reforzar el apoyo de Irán y Hezbollah al régimen de Bashar al-Assad. La presión política de estos acontecimientos sobre la población rusa ha sido enorme -para algunos, incluso, una reedición de la “guerra patria” que enfrentó al nazismo.

Una oposición política socialista y revolucionaria a un régimen de estas características necesita plantar raíces muy sólidas -en primer lugar con una claridad de teoría, estrategia y programa.

Más allá de la extensión de su territorio y de la importancia de su arsenal militar, Rusia es una potencia muy menor en la economía mundial. Es, por sobre todo, exportadora de gas y de petróleo, e incapaz de financiar los gasoductos que proyectan esas exportaciones a Alemania, por el oeste, y China, por el sureste.

La reforma laboral y la guerra

Las elecciones del pasado domingo 18 transcurrieron cuando los precios de esas materias primas estaban 25% por encima del pozo en que habían caído en 2014. En 2015 sufrió una recesión enorme, de la que empezó a emerger en 2017.

La cotización del rublo y el nivel de vida de las masas cayeron en forma brutal; el salario medio oscila en los 300/400 dólares. La presión que ejerce la salida de dinero y de capital ha dado lugar a una política de tasas de interés elevadas y a un freno en el gasto social.

Rusia atraviesa una crisis brutal de inversión, que aumentó un 130% desde las ruinas del desplome de 1998, mientras el producto bruto lo hizo en alrededor del 330 por ciento. La especulación financiera, y aún más la inmobiliaria, se han llevado el escaso ahorro nacional.

Rusia crece al 1,5/2% anual, cuando debería hacerlo al 6% para empezar a salir del atraso. Por este motivo, la consigna de la oligarquía es: “Capitulemos ante la Otan para que nos levanten las sanciones económicas; reducción del gasto militar y de las operaciones militares en el exterior; política liberal y seguridad jurídica para atraer capital extranjero; ajuste fiscal y mayor flexibilización laboral”.

Putin, ‘inspirado’ por su colega Trump, ha anunciado que “estudia” una fuerte rebaja impositiva en Ganancias, con el propósito de incentivar la repatriación de capital ruso de los paraísos fiscales. El Sberbank, el mayor banco de Rusia, acaba de informar que la salida de capitales representa la amenaza más importante para la continuidad del sistema bancario de Moscú.

La guerra criminal que Rusia desarrolla en Siria no tiene futuro -Putin busca una salida. Lo demuestran las reuniones que hospedó en las ciudades de Sochi y Astrana, para organizar el reparto de Siria entre las potencias contendientes.

El resultado es que ha cedido parte del norte de Siria a Turquía, a cambio de la reconquista de la ciudad de Guta, en las vecindades de Damasco y otra parte de la misma frontera a Estados Unidos. Israel se ha adueñado de partes del sur, por medio de milicias sirias pro-sionistas. La intervención de Putin representa un costo insoportable para Rusia; los precios del gas y del petróleo vuelven a retroceder.

Después del pasado domingo, las agencias de noticias se verán frente a la tarea de hablar mucho más sobre lo que pasa adentro de Rusia.

La asamblea de trabajadores del Inti votó el último lunes diversas medidas de lucha para toda la semana. La asamblea se desarrolló sobre la comprensión colectiva de una negativa reunión con las autoridades, y de un repudio generalizado a la colocación de vallas y del ingreso de la empresa privada de seguridad Murata -favorecida con millones de pesos en los distritos PRO y aportista de la campaña de Macri.

Con los despedidos adentro del instituto y participando de la asamblea, se destacó que las autoridades -mientras piden “gestos” a los trabajadores- utilizaron la suspensión de las medidas de lucha para avanzar con un cuadro represivo dentro y fuera del Inti. En la última reunión, no sólo no sostuvieron la propuesta que habían presentado -de manera informal- a la junta interna, sino que quieren seguir reduciendo aún más el reingreso de despedidos, y además, han afirmado que no devolverán las sumas descontadas de los salarios.

Los métodos del presidente Ibáñez, y de sus asesores Zlatanoff y Luna, son los de los barrabravas. No respetan ningún tipo de acuerdo, incluso con propuestas elaboradas por ellos mismos, que tienen enormes limitaciones para los trabajadores. La informalidad en las propuestas y la ausencia del respeto por lo planteado por ellos mismos, son una constante a la que nos hemos enfrentado en un conflicto que lleva 56 días y persigue un objetivo central: llevar al Inti a un desguace para explotar sus áreas más rentables y tercerizar las restantes.

Una semana de lucha

Durante el lunes y martes siguieron las asambleas en cada sector. Las autoridades volvieron a convocar a una reunión para el martes y a último momento la pasaron para el miércoles. Ese día, una asamblea general resolvió por unanimidad medidas que profundizan el plan de lucha y que fueron votadas en cada sector: nueva asamblea para este jueves para analizar la propuesta patronal, ruidazo a dos meses de lucha contra los despidos el lunes 26, conferencia de prensa y caravana al Ministerio de Producción, recorrida en los sectores más importantes para garantizar las medidas de lucha. Todo esto con los despedidos adentro.

El viernes se hará un siluetazo, que consiste en una recorrida por los sectores donde se instala la silueta que conmemora a los desaparecidos de la Ciencia y de la Técnica, reivindicando especialmente a los dos desaparecidos del Inti. Esta es una actividad preparatoria para el 24 de Marzo, donde convocamos desde la Agrupación Naranja a participar de la marcha convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

ATE Nacional: vergonzoso levantamiento

La dirección nacional del sindicato cambió a último momento el lugar del plenario de delegados metropolitanos (se iba a realizar en Inti este jueves 22 por decisión del Consejo Directivo Nacional). En repudio a esta decisión, la asamblea resolvió exigir que se respete la determinación inicial. También se votó movilizar al plenario si finalmente el CDN insiste en hacerlo fuera del Inti. Los trabajadores están haciendo un balance integral de lo que podrían hacer los sindicatos y de cómo están jugando efectivamente. A pesar de alardear combatividad, aportan a la política de desgaste del gobierno. Por eso, la asamblea votó que ATE haga un aporte significativo para los salarios descontados e incluso conformar una comisión para ir a la seccional capital y al CDN a exigir que el sindicato contribuya económicamente para sostener la lucha, a pesar de las sumas millonarias que ingresan al sindicato desde los afiliados.

Al cierre de esta nota, avanza el ingreso efectivo de los delegados despedidos que cuentan con un fallo favorable sobre la presentación cautelar acerca de la tutela sindical. Esta es una primera victoria de la enorme lucha que desarrollamos, en el camino de reincorporación del conjunto de los despedidos. Mantendremos las medidas de fuerza con esa perspectiva.

Según algunos medios, la celebrada reducción de un 0,4% en la tasa de desocupación le ha dado fuerza al gobierno para volver a la carga con la reforma laboral. Si esto es así, el macrismo se da manija con un fraude: es que el ‘empleo’ que ha crecido es el de los cuentapropistas y ‘no registrados’. El gobierno festeja, en definitiva, a los desocupados que engrosan la lista de planes sociales (y que cobran como monotributistas) o a aquellos que, por haber sido despedidos, viven de changas y también deben facturar como ‘autónomos’.

Pero las razones reales del gobierno para retomar el plan flexibilizador son otras. En primer lugar, es una promesa a los popes de la Unión Industrial, después de la reunión con Macri. En medio de una impasse económica manifiesta, de la irrupción de importaciones y de la quiebra del financiamiento internacional barato, el gobierno sólo puede ofrecerle a las patronales industriales la promesa de un ataque frontal a las conquistas históricas de la clase obrera. En una semana signada por la visita de los emisarios de las potencias imperialistas, el representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) abrió las jornadas del G20 con el mismo reclamo, a saber, que se aceleren las reformas antiobreras y privatizadoras como condición para considerar el ingreso de Argentina a esta organización.

Pero la razón más importante para el retorno de la reforma laboral viene del otro lado -o sea, de la situación de la clase obrera y sus organizaciones. Las enormes movilizaciones de diciembre habían obligado al gobierno a cajonear provisoriamente el plan flexibilizador, por temor a una reacción obrera aún superior a la despertada por el saqueo jubilatorio. Pero por esas mismas razones -la hostilidad visceral a la acción de los trabajadores-, la burocracia sindical reforzó todavía más su colaboración con el gobierno. Después de la implosión del ‘triunvirato cegetista’ -como consecuencia de las jornadas de diciembre-, la CGT comenzó una reunificación que reposa sobre dos pilares: de un lado, el ninguneo a las luchas contra los despidos que han sacudido a los trabajadores desde comienzos de año. Del otro, la firma acelerada de paritarias a la baja -Comercio, municipales porteños, Aguas- admitiendo aumentos del 12 al 15% cuando, al compás de los tarifazos y de la devaluación, la inflación de 2018 promete volver a acercarse al 25%. En esta lista de acuerdos ruinosos figuran notorios sindicatos pejotakirchneristas, como el de los encargados porteños (Santa María) y el de los aceiteros de San Lorenzo.

A esta CGT ‘reunificada’ están confluyendo Caló, el “Barba” Gutiérrez y el bancario Palazzo, después de haber coqueteado con Moyano.

El camionero, por su parte, dilapidó la movilización del 21F invocando la principal excusa en boga para no luchar contra el plan de guerra oficial: “votar bien en 2019”. Pero el supuesto beneficiario de este mensaje, el pejotismo, es el que lleva esa misma escalada antiobrera en numerosas provincias del interior. La burocracia sindical, empeñada en cerrar la ‘herida’ de diciembre, es la que le ha dado al gobierno el aliento necesario para volver a la carga con la reforma laboral.

La fiesta de todos

Haciendo uso de un recurso remanido (y que debutó con la dictadura de Videla), el gobierno piensa darle tratamiento parlamentario al paquete de leyes antilaborales en el curso del Mundial. En la fila de las reformas, se anotan el blanqueo laboral -un verdadero indulto a los capitalistas evasores-; el plan de capacitaciones -que permitirá el empleo de jóvenes en condiciones laborales y salariales inferiores- y la llamada “Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas”. El diario La Nación recabó la opinión del burócrata de un importante gremio industrial y no dejó lugar a dudas: “Estamos tan de acuerdo con el blanqueo, las capacitaciones y la agencia médica que si es necesario levantamos las dos manos en el Congreso” (20/3). La “agencia médica” es un sistema de recorte de las prestaciones de mayor costo o complejidad y le ha sido reclamada por los burócratas al gobierno. Quieren encubrir el vaciamiento que perpetraron sobre las obras sociales que dirigen a costa de los afiliados y de sus necesidades de salud. Pero esto sólo sería el comienzo: si esa primera tanda de reformas prospera, el gobierno irá por el abaratamiento de las indemnizaciones, otra de las exigencias estratégicas de la patronal. En definitiva, el mayor objetivo de los supuestos “creadores de empleo” no es otro que el de abaratar el costo del despido.

Unos y otros

La decisión oficial de volver a la carga con la reforma antilaboral no ha merecido un minuto de preocupación por parte de aquellos que baten el parche de la “gran unidad opositora” con vistas a las elecciones de 2019. La ‘megaunidad’ no ha tenido otro resultado que el de juntar a un conjunto de dirigentes desahuciados en la provincia de otro desahuciado -el clan Rodríguez Saá. Pero, mientras tanto, la consigna de “hay 2019” sirve de excusa para dejar pasar el “ajuste 2018”. Los diputados y senadores pejotistas, todos ellos cortejados por esta ‘gran unidad’, negocian en estas horas cómo hacer pasar el paquete de leyes reaccionarias que el gobierno presentó primero bajo la forma de un mega-DNU.

Mal que le pese al gobierno y a sus socios políticos y sindicales, hará falta mucho más que un Mundial para allanar la ruta hacia 2019. Por un lado, el fantástico quebranto con el exterior y las dificultades crecientes para financiarlo, está alentando una fuga de capitales (compra de dólares), que el gobierno financia con el remate de las reservas internacionales. Pero esa sangría de divisas es insostenible en el tiempo: una nueva devaluación agravaría todavía más el peso de los tarifazos, asociados a combustibles que el gobierno ha dolarizado. En previsión de esos futuros sacudones, el gobierno ha reemplazado a las cláusulas gatillo de los acuerdos salariales por difusas “cláusulas de revisión”, que podrían terminar en la nada. Incluso este cheque en blanco, extendido generosamente por las burocracias sindicales, puede terminar siendo un factor de crisis, y alimentar el reclamo de reapertura de las paritarias. Luchas encarnizadas, como la de los despidos en el Inti y en Río Turbio, continúan en pie, mientras la crisis industrial y fiscal hace su trabajo. El cordón industrial de San Lorenzo, por caso, está sacudido por los despidos en Cargill y la incierta situación de la refinería. Pero la demostración más clara de los tiempos en curso es la huelga que paralizó este martes a la provincia de Chubut.

Miles de estatales, docentes y trabajadores privados ganaron las calles contra un gobierno que, para continuar pagando su deuda externa, está poniendo en marcha un ajuste feroz. A pocos meses de firmado, el pacto fiscal entre Macri y los gobernadores muestra su verdadera cara, y anticipa un escenario convulsivo para el conjunto del interior. Mientras tanto, el Congreso nacional es el centro de una enorme batalla que, aunque tiene en su primera fila al movimiento de la mujer, involucra a todos los trabajadores: es la pulseada por la victoria del aborto legal, que se bate contra un frente clerical “transversal”, con oficialistas y seudo-opositores.

El sindicalismo clasista y la izquierda tienen la tarea de apoyarse en estas tendencias de lucha para pelear por una acción de conjunto de las grandes organizaciones obreras contra la reforma antilaboral. El puñado de burócratas que se unifica para dejar pasar este engendro antiobrero no tiene autoridad ni mandato para decidir por toda la clase obrera. Por un Congreso de bases de la CGT, las CTAs y todos los sindicatos, por asambleas y plenarios de delegados en todos los gremios, para preparar y resolver una lucha a fondo contra la reforma antiobrera, por paritarias libres y para que no pasen los despidos.

El Partido Obrero ha atravesado, en la preparación del 25 Congreso, por un intenso período de elaboración y debate político. La cuestión internacional ha ocupado un lugar extraordinario. No podía ser de otra manera ante la agudización de la crisis mundial, que se manifiesta en guerras económicas, crisis de régimen político en numerosos países, levantamientos populares y huelgas y, por último y el más importante, en el aumento de los conflictos militares y la ampliación de los escenarios de guerras y de las calamidades humanitarias resultantes de ellas.

América Latina no escapa en absoluto a esta situación. Venezuela enfrenta la amenaza de un embargo petrolero que podría derivar en golpes militares e intervención extranjera; México, la militarización de la frontera por parte de Trump; la militarización de Río de Janeiro y de otras ciudades brasileñas y, finalmente, una anunciada instalación de bases norteamericanas en el Amazonas brasileño y ‘estaciones de monitoreo’ en la Triple Frontera. La “lucha contra el narcotráfico” o “contra el terrorismo” son esgrimidos como una hoja de parra para justificar la intervención de las fuerzas armadas en la represión interna, sin importar que se encuentra prohibida por la legislación de varios países.

El terreno de ensayo de esta estrategia de represión interna, por parte de las fuerzas armadas de América Latina, ha sido la intervención militar en Haití, en la última década y media, encabezada por los ejércitos de Brasil y Argentina, bajo la gestión anterior de los gobiernos “nacionales y populares” de CFK y Lula. La crisis de regímenes políticos acaba de conocer un último episodio con la caída del presidente de Perú y, por sobre todo, con el agravamiento de la crisis política brasileña.

Es precisamente en este contexto mundial que nuestro partido asoció el Congreso a dos iniciativas fundamentales. Por un lado, la convocatoria por parte de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI) de una conferencia internacional abierta a distintas fuerzas revolucionarias y, por el otro, a otra de la propia CRCI, sobre la base de un informe político internacional y de un balance de sus actividades. Las organizaciones que se hicieron presentes, participaron del 25 Congreso y de la elaboración de la comisión a cargo de la propuesta de una resolución internacional. En resumen, el Congreso tuvo en su agenda de debate los Informes Internacionales -uno para el Congreso y otro para la Conferencia Internacional- y un Balance de la CRCI. Este último documento confronta la experiencia y la política de la CRCI con la de otros agrupamientos políticos de la izquierda, incluso del trotskismo.

La guerra

Las tres instancias deliberativas mencionadas se abocaron al debate de la cuestión estratégica central del momento: la multiplicación de las guerras y la intensificación de los enfrentamientos. El abordaje central de la cuestión de la guerra marca ya una distinción entre el método y la perspectiva del Partido Obrero, con referencia a otras fuerzas políticas, que siguen ancladas en una posición que postula un desarrollo pacífico del capitalismo -o sea democrático y electoral.

La guerra no es otra cosa que la manifestación extrema de las contradicciones insuperables del capitalismo. Pone de manifiesto el carácter insoluble de los antagonismos de clase, por un lado y, por el otro, de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y de la economía mundial con los Estados nacionales. La bancarrota capitalista, a partir de 2007/8, puso de manifiesto el conjunto de estas contradicciones, de una parte por medio de un ataque feroz a los derechos del mundo del trabajo; del otro, mediante la intervención de los Estados nacionales en el rescate de sus respectivas burguesías. Trump no es la última etapa de un agotamiento de la llamada globalización, que estalla con aquella crisis mundial y da rienda suelta a la tendencia a la depresión económica internacional. Será seguida por nuevas crisis en la dislocación de la economía internacional. La tendencia contrarrestante a esa depresión, con la restauración del mercado y del capitalismo en China y en el territorio de la ex Unión Soviética, ha agotado sus efectos. Para el capital financiero internacional es necesario proceder a una eliminación de los obstáculos que aún están presentes en esos escenarios, lo que explica las guerras comerciales y militares. Las denominadas guerras localizadas, sea en Afganistán, Yemen, Ucrania o Siria, no son más que la expresión de un conflicto de alcance mundial.

Desde las guerras en el Golfo y en la ex Yugoslavia se diseña el horizonte estratégico de estas guerras: la colonización de los países del otrora ‘bloque socialista’ y, en el camino, el sometimiento, por parte del imperialismo yanqui, de los imperialismos menores, sea por medio de presiones económicas y políticas, sea por un conflicto armado. La competencia económica es reforzada por la militar para quebrar las resistencias a esta ofensiva. Trump ha advertido a la Unión Europea que la tentativa de crear una fuerza militar propia de la Unión Europea sería considerada ‘causus belli’. Lo mismo a China en relación con sustituir al dólar en el intercambio internacional y a los planes de construir una industria de superconductores independiente de los monopolios norteamericanos. El método seguido por el Congreso del PO y las Conferencias Internacionales ha sido destacar las relaciones recíprocas y contradictorias entre la crisis mundial, la guerra económica resultante, la tendencia a la guerra y la lucha de clases internacional.

Rusia y China

La guerra en Siria sirvió como ilustración de este conflicto mundial en los debates intensos en comisiones y plenarias. La ocupación, por parte de Turquía, del noroeste de Siria (Afrin) y el protectorado establecido por Estados Unidos en el noreste, ha convertido al norte de Siria en una suerte de base de la Otan y en una fuerte reversión de la creciente hegemonía que parecía desplegar Rusia en esta guerra. Trump y Erdogan, sin embargo, contaron para su ofensiva con la liberación del espacio aéreo por parte de Putin, cuya aviación se ocupaba al mismo tiempo de reocupar, al sur, el poblado de Ghouta, cerca de Damasco, mediante un bombardeo feroz. La alegada defensa, por parte de Putin, de la autonomía de Siria frente al imperialismo y el sionismo, ha resultado en un compromiso entre uno y otro, y en el reparto territorial del país. Con el mismo método, Israel ha ampliado su domino del sur de Siria.

China, por su lado, ha acompañado a Trump en el voto de sanciones a Corea del Norte, para intervenir como mediador en la neutralización que reclama Estados Unidos del régimen de Kim Jong-un.

Las resoluciones votadas en el Congreso del PO y en las dos conferencias posteriores han subrayado la interacción de los dos fenómenos siguientes: por un lado, el objetivo estratégico de convertir a Rusia y China en semicolonias del capital financiero internacional y, por el otro, la política de compromisos y alianzas de esos dos regímenes con el imperialismo. Las resoluciones votadas denuncian estas alianzas como una política de reforzamiento de la opresión contra todos los explotados del mundo y como un recurso de los regímenes restauracionistas para hacer frente a la crisis en sus países y a la tendencia a levantamientos obreros y populares.

Conclusiones y resoluciones

La veintena de organizaciones que participaron en la Conferencia Internacional, con su presencia o con sus documentos, se extiende de América Latina a Europa y de Medio Oriente a Rusia. Son organizaciones con historias y experiencias diferentes, que son atraídas a un debate internacional y a la necesidad de una organización internacional, como resultado de nuevas situaciones históricas y desafíos políticos inéditos. El desarrollo de los debates ha vuelto a reivindicar el método del PO y de la CRCI de reconstruir la Internacional obrera y revolucionaria mediante el debate político y la actividad resultante común de todas las organizaciones, partidos y grupos que luchan contra el orden existente en base a la lucha de clases, a la organización independiente del proletariado y a la oposición a la guerra imperialista y sus lacayos mediante la guerra de clases contra el capital y sus Estados.

En el cierre de estas actividades impresionantes, las noticias acerca de la amplitud que alcanzó la primera jornada de huelga en Francia contra la reforma laboral en ferrocarriles sirvió como una ratificación de las resoluciones discutidas. En el combate a la guerra imperialista, el enemigo se encuentra en su propio país. Una victoria del proletariado francés contra Macron sería un gran golpe contra las guerras en que se encuentra empeñado el imperialismo francés en Medio Oriente y el norte de Africa, junto al resto de sus compinches imperialistas. Reforzaría las perspectivas de una victoria de la clase obrera de Argentina con los intentos similares de Macri.

El imperialismo sabe muy bien que la prosecución de sus guerras exige el aplastamiento de sus propios pueblos por medio de Estados policiales e incluso fascistas. Esto convierte a la guerra contra la guerra imperialista en una movilización internacional.

En tanto la guerra es el recurso final y extremo del imperialismo para conservar el sistema de explotación en un régimen de barbarie, en el otro polo se levanta la revolución -la revolución socialista internacional-, que también emerge como un recurso irremplazable para aplastar a la barbarie y reorganizar a la sociedad sobre bases realmente humanas.

El gobierno celebra la firma de paritarias a la baja -15% y en cuotas- en un conjunto de gremios importantes, y hasta se animó a sacar del cajón a la meneada reforma laboral, para la cual busca el concurso de los senadores de la oposición pejotista. Pero el 15% es un porcentaje que podría consumirse en apenas siete u ocho meses, si se tiene en cuenta la secuela de devaluación y tarifazos. Ninguna paritaria de estas podría haber pasado por el cedazo de una asamblea de trabajadores. En rigor, y tras las enormes movilizaciones de diciembre, que hicieron implosionar al triunvirato cegetista, de uno en fondo los burócratas sindicales han ido arreglando con el gobierno. El eje de la reorganización de la CGT es un mayor colaboracionismo con el gobierno. La burocracia sindical teme más a la reacción de las bases obreras que al ajuste de Macri.

Moyano después del 21F está cada día más aislado. El reagrupamiento que convocó en la 9 de Julio no planteó otra perspectiva que no fuera la de “votar bien”… en 2019. El aislamiento de Moyano se ha operado desde las “62” macristas hasta la Corriente Federal del kirchnerista Palazzo, quien ha entrado en la conversación de la nueva CGT. Palazzo, justamente, está ‘dosificando’ la disposición de lucha de los bancarios contra la patronal beneficiaria de las ganancias más suculentas. Baradel y Ctera, por su parte, han descartado toda perspectiva huelguística, al punto que no hubo un paro nacional docente el día del asesinato de Fuentealba. Los paros aislados de estas dos paritarias reflejan una adaptación al recule general la burocracia.

Las luchas de la etapa, entre ellas la más determinada de todas, la huelga general con ocupación en el Inti, atraviesan un marco de aislamiento y sabotaje por parte de todas las variantes de la burocracia sindical. No hablamos sólo de la burocracia de la UOM en conflictos como Envases del Plata o Stockl, sino también de la de centroizquierda, que en ATE y la CTA Autónoma han tenido los conflictos de Fanazul, azucareros, Río Turbio, UEP, Inti, Posadas y otros.

El “frente antimacrista”, una política criminal para el movimiento obrero

Este escenario de contención está asociado a la gran función de freno y distraccionismo que cumple el llamado “frente antimacrista”, un emprendimiento que no es un frente, porque no logra reunir ni a las distintas camarillas del pejotismo ni antimacrista, porque los gobernadores y senadores del PJ son un sostén clave de la gobernabilidad del ajuste. En ese andarivel se anota la burocracia de la CGT, que no sólo firma los topes paritarios sino también convenios de flexibilidad laboral como el de ferroviarios. Por otro lado, en torno de los planes sociales se ha montado un vasto ataque conjunto a las organizaciones sociales y a la educación pública, por la vía de una mayor precarización laboral docente.

Esta política le permite al gobierno volver a la carga con la reforma laboral. Otras prioridades como la ley del mercado de capitales vuelve a Diputados, así como las reformas del Ministerio Público fiscal y del Código Procesal.

La contraofensiva macrista, tras las grandes movilizaciones de diciembre, tiene a este frente opositor en grado de tentativa, como socio menor. Del otro lado, el 8M mostró que, alrededor de reivindicaciones centrales como el derecho al aborto legal, la movilización popular puede emplazar al gobierno y al conjunto del régimen político. Ese día, el pretendido frente antimacrista reunió a toda la burocracia sindical -incluida la de centroizquierda- en una convocatoria que omitió al derecho al aborto legal, mostrando que el Vaticano opera en las sombras del operativo político “hay 2019”.

Otro tanto podemos decir del 24 de Marzo, que fue escenario de movilizaciones multitudinarias en todo el país. Como resultado de la lucha política del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Memoria, Verdad y Justicia disputó de igual a igual una Plaza de Mayo de independencia política al kirchnerismo.

Por eso la consigna central del XXV Congreso del Partido Obrero es “Por una alternativa de la clase obrera y la izquierda para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores con la movilización popular y la lucha de clases”.

Contradicciones y crisis de régimen

En este escenario, el Banco Central remató en marzo 2 mil millones de dólares de sus reservas para evitar una mayor desvalorización del peso, algo que no se podrá sostener indefinidamente. Si de devaluación se trata, digamos que las exportaciones e ingresos fiscales por la soja se han desplomado a la mitad respecto de 2017, ello, porque los pulpos y exportadores agrarios retienen la cosecha a la espera de una nueva depreciación del peso y de una baja en las retenciones. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dado su primer remezón sobre Argentina -una caída en el precio de la soja y la confirmación del bloqueo yanqui a las compras de biodiesel por un lustro- pone de manifiesto que la “amistad” Trump-Macri no está por arriba de la guerra comercial internacional, aunque hayan tenido una “deferencia” en el caso del aluminio y el acero. La burguesía argentina está en un brete: José Urtubey, hermano del más macrista de los gobernadores del Pejota y dirigente de la UIA, ha salido a reclamar “tarifa social”… para la industria. Los capitalistas no han dejado de saludar la “apertura al mundo”, pero ahora quieren que el ‘aperturista’ (Macri) sea también un rescatista.

Macri se tiene que endeudar para sostener la “gobernabilidad”, pero esa “gobernabilidad” volaría por los aires si la acumulación de deuda y la crisis mundial terminan de hundir al financiamiento internacional. Esta impasse explica la crisis política que divide crecientemente al gobierno y al régimen en su conjunto. Para que no se esfume la llegada de fondos del exterior, el macrismo fogonea un régimen de garantías extraordinarias al gran capital, que abarca desde la apertura irrestricta de la Bolsa, del mercado energético a las petroleras internacionales y, naturalmente, la reforma laboral.

Postergando el estallido de estas contradicciones, el gobierno continúa apelando al endeudamiento serial. Pero las voces que advierten sobre una crisis de deuda y un defol a término crecen entre los críticos derechistas del gobierno, al que le exigen que deje de financiar el “gradualismo” y aplique un ajuste feroz. Ese gradualismo, que los funcionarios y hasta el propio FMI continúan defendiendo, es la confesión de que las medidas de ajuste exigidas para dejar de endeudarse podrían desatar una rebelión popular. El fantasma de diciembre recorre la situación política. Una de las pruebas piloto del ajuste fiscal, la provincia de Chubut, enfrenta esta semana un paro activo estatal provincial y una crisis política aguda, que puede llevarse puesto al gobernador.

La “seguridad jurídica” para este plan exige una colonización integral de la Justicia, algo que choca con las camarillas pejotistas presentes en el elenco de jueces y en la propia Corte. La avanzada de este choque es la ‘republicana’ Carrió, a la cual, y como devolución de favores por sus denuncias a los jueces y a sus aliados políticos, le han deschavado sus chanchullos con los pasajes aéreos del Congreso. Macri, sin embargo, tiene una preocupación mayor: una escalada sobre la Justicia podría poner en peligro la coalición a la carta con los Pichetto y compañía, y dejar en el limbo a las leyes antiobreras y de recolonización económica. El operativo reeleccionista busca la continuidad del hombre más seguro del imperialismo en América Latina. Pero antes de colocarse en ‘carrera’, Macri y los suyos tendrán que pasar por la prueba de esta impasse económica y ganar una pulseada de fondo contra la clase obrera.

La clase obrera

La cuestión de las cuestiones, en este cuadro, es la respuesta de la clase obrera y sus organizaciones al ajuste de la coalición de Macri y los gobernadores pejotistas. ¿Cómo las ponemos en pie para desenvolver esta lucha? Este fue el corazón del debate y de las resoluciones de nuestro XXV Congreso del Partido Obrero. A la luz de ese interrogante, la campaña por un Congreso de bases de la CGT, la CTA y todos los sindicatos tiene un sentido claro: abrir paso a un paro activo nacional y un plan de lucha. Es decir, preparar una acción de conjunto, en la perspectiva de la huelga general, que recoja las valiosas lecciones de diciembre y el paro internacional de la mujer trabajadora. Oponemos a la burocracia el reclamo de plenarios de delegados, asambleas seccionales y todas las mediaciones necesarias. Naturalmente, la oposición a la burocracia exige un programa, desde el salario equivalente a la canasta familiar y los paritarios electos por asamblea hasta la ocupación de todo lugar que despida masivamente o cierre; el rechazo de plano a la reforma laboral y a los convenios flexibles.

Lo mismo podemos decir de la otra gran tarea colocada hoy en la agenda popular, la batalla por el aborto legal. Tenemos que involucrar en esta lucha a toda la clase obrera, la juventud y el movimiento popular. La reivindicación del aborto legal divide al kirchnerismo, coloca a la retranca a la burocracia sindical clerical y es la peste para el pejotismo tradicional. La habilitación del debate del aborto, que buscó descomprimir la bronca popular, puede ser un búmeran para el gobierno, incluso si los partidos del régimen terminaran bloqueando este reclamo que hoy conquista la mayoría de la opinión popular.

El telón de fondo de esta agenda es un nuevo estadio de la crisis mundial. Esa misma crisis capitalista, a su turno, es la que condena a los regímenes continentales de Temer o Kuczinski, el presidente peruano depuesto, a un escenario permanente de golpes, crisis intestinas y enfrentamientos agudos con las masas.

El XXV Congreso del PO ha salido con todas las fuerzas para intervenir en esta etapa política preparatoria, para que la izquierda revolucionaria sea protagonista de la lucha planteada para la clase obrera y todos los explotados. La primera tarea de las campañas votadas será proponer al FIT la convocatoria a un gran acto el 1° de Mayo en la Plaza de Mayo, del clasismo, las luchas y la izquierda, de carácter internacionalista. El movimiento huelguístico, con centro en los ferroviarios franceses, pocos meses después de que la burocracia sindical entregara al movimiento obrero a la reforma laboral de Macrón, marca el tenor de los giros bruscos del cuadro político internacional, en el que se desenvuelve la combativa clase obrera argentina.

La Comisión de juventud del XXV Congreso debatió acerca del creciente protagonismo de la juventud en la lucha contra Macri. De los cacerolazos del 18D y el #MMLPQTP a las movilizaciones de masas el 8M; de las ocupaciones contra la “Secundaria del Futuro” a la lucha de los terciarios, la movilización de la juventud argentina entronca con un fenómeno mundial. Con los estudiantes peruanos que denuncian la “ley del esclavo juvenil”, que los obliga a trabajar tres años para empresas sin remuneración; más al norte, con el multitudinario levantamiento contra el armamentismo en Estados Unidos; del otro lado del océano, con los universitarios que ocupan sus facultades en París, Toulouse y Montepellier, y se unen a la huelga de los obreros ferroviarios haciendo sobrevolar el fantasma del Mayo Francés. La convocatoria al Congreso nacional de la UJS apunta a condensar estas experiencias de lucha, debatir sus desafíos y problemas, y dotarlas de una orientación estratégica para llevarlas al triunfo.

El desafío: derrotar una política contra la juventud

Los planes del macrismo para la juventud son muy claros. Con la excusa de los que los jóvenes “nos estamos formando”, la reforma laboral nos tiene reservadas las peores condiciones de precarización y flexibilidad. Siguiendo los consejos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), el “Plan Maestro” reformatea el sistema educativo para adecuarlo a esta política, introduciendo el trabajo gratuito de los estudiantes. Con la destrucción de los terciarios, los maestros se devalúan a “facilitadores”, que penarán por la llamada “formación continua” que se paga en los posgrados universitarios. El reforzamiento represivo sobre la juventud, con la “doctrina Chocobar” del gatillo fácil y el ingreso de la policía a colegios y universidades, es el complemento natural de estos ataques a las condiciones de trabajo y estudio. La propia negación del derecho al aborto -y a la educación sexual- es un poderoso instrumento de disciplinamiento. La participación necesaria de los gobernadores y rectores “opositores” en estas medidas muestra que estamos ante una política de fondo de la clase capitalista.

El problema: superar la crisis de dirección

La movilización creciente de la juventud se cobró su primera víctima en la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Josefina Mendoza. Su voto a favor de la reforma previsional, como diputada de Cambiemos, detonó una fuerte crisis en Franja Morada que motivó el adelantamiento del Congreso de la FUA (sesionará en Rosario horas después del Congreso de la UJS). Como salida, buscarán llevar a la FUA el modelo de Nuevo Espacio en la UBA: falso “apoliticismo” para encubrir una plataforma de negociados a costa de la universidad. Frente a esta situación, agrupaciones como la Cepa y Patria Grande postulan un “frente anti-Franja/anti-Macri” en la FUA, que encabezarían la JUP (PJ) y el MNR (PS) -es decir, el gobierno de la provincia. En La Plata, sin embargo, Patria Grande viene de hacer un “frente con Franja”, donde votará a su rector Tauber a cambio de cargos (dos secretarías). El obstáculo para que se conforme este frente es la disgregación del PJ, volcado al colaboracionismo con el gobierno. En la reciente reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), todos los rectores votaron al radical-macrista Juri como presidente y un kirchnerista de la Universidad de Hurlingham, Perczick, se ubicó como vice. El “frente anti-Macri” saboteó la principal lucha de la juventud -el aborto legal- mostrando su cara clerical.

A 100 años de la Reforma, unidad obrero estudiantil

El Congreso nacional de la UJS ofrecerá una política independiente a la juventud para superar esta crisis. En lugar de los pactos con gobiernos, curas, burócratas sindicales y rectores privatistas, la alianza con los trabajadores en lucha y sus organizaciones recuperadas y clasistas, a 100 años de la Reforma Universitaria y a 50 del Mayo Francés, defendemos la unidad obrero-estudiantil como estrategia para la juventud en nuestro país y el mundo entero. La UJS le ha planteado al Frente de Izquierda el desafío de pelear por un bloque independiente en la FUA, que reúna a todas las agrupaciones que se reclaman independientes de los gobiernos y autoridades de turno.

Es un planteo para separar a los estudiantes de sus verdugos y volcar toda su energía en la batalla contra las reformas laboral y educativa, por el aborto y educación sexual, en apoyo a los docentes y estudiantes terciarios en lucha.

Organicemos los plenarios de la UJS en todas las regionales rumbo a Rosario. La organización socialista de la juventud será el resultado de estas grandes peleas que tenemos por delante.

Quiero expresar el orgullo que tenemos de haber sido, una vez más, huéspedes de un acontecimiento revolucionario internacional. Toda la historia del Partido Obrero, desde el mismo día de su fundación, está asentada en la construcción de una Internacional. La crisis de dirección de la que siempre hablamos es, esencialmente, la crisis de la organización internacional de la clase obrera. Para la superación de esta crisis nosotros nos hemos dado un método, que es el de construir y reconstruir la Internacional en una lucha política franca con las organizaciones y militantes que en todo el mundo se esfuerzan por poner en pie al proletariado, aunque sean partidos grandes o chicos.

Nosotros no estamos en una auto-construcción internacional; es decir, en una extensión de una secta política de un país a otros países. En esa lucha política, en la tribuna de hoy, ustedes han tenido a una compañera que habla en nombre de la tradición del comunismo de Rusia, que para ella sería el estalinismo, pero que hoy tiene que confrontar la destrucción total de las conquistas de la Revolución de Octubre por obra de la alianza de los estalinistas rusos que controlaban el Partido Comunista en 1989 y el imperialismo mundial; y nosotros discutimos políticamente con estos compañeros para saber si todos juntos podemos dar un salto adelante y construir una Internacional para que Rusia vuelva a ser, como lo ha sido durante un largo período histórico, el territorio de la Revolución de Octubre (...) En el blog más importante de Rusia han sido publicadas las resoluciones en la Conferencia Internacional abierta en ruso, donde exponemos las posiciones de la Cuarta Internacional (aplausos).

La guerra

La guerra y la revolución son dos extremos del estallido de la sociedad capitalista, uno reaccionario y el otro revolucionario. El imperialismo, por medio de una política de guerra, no pretende simplemente conquistar o repartirse el mercado mundial. La guerra en desarrollo es una continuidad con el pasado, pero no una repetición. El objetivo de la guerra presente es, ante todo, quebrar los obstáculos y las crisis que emergen en las naciones y territorios donde se desarrolla una restauración capitalista, y que enfrenta contradicciones internas que no pueden superar.

El período subsiguiente a la disolución de la Unión Soviética se caracterizó por una aguda desintegración y la posibilidad de la desaparición nacional. Es lo que llevó a los aparatos militares y a la burocracia a un esfuerzo por reconstruir el Estado y evitar esa desaparición, la guerra civil y la revolución. La diferencia entre los regímenes que han gobernado Rusia, al principio y después, consiste en esto: darle sentido, orden y método a la restauración capitalista por medio del Estado. Es lo que ha entrado en conflicto con el imperialismo mundial, cuyo objetivo es la colonización económica y política. Los anuncios de guerra económica, entre China y Estados Unidos, en los últimos días, lo demuestran. Es un ultimátum del imperialismo mundial a China, de que si no abre más profundamente sus mercados, sus territorios y la explotación de sus poblaciones agrarias, o sea una confiscación, va a entrar en un conflicto militar con Estados Unidos (...). La salida del imperialismo a sus contradicciones insolubles son las guerras; la de nuestras fuerzas internacionales y el de la clase obrera internacional es la revolución. Este escenario de guerra es la consecuencia de la crisis mundial.

Internacionalismo

Quiero llevar a la conciencia del Partido Obrero y a la de todos los que están interesados en esta lucha internacional, la comprensión de que esta unidad mundial, el carácter mundial de la teoría, la práctica y el programa, es la clave para organizar realmente partidos revolucionarios y transformarlos en un camino de victoria.

La IV Internacional fue fundada en 1938, han pasado 80 años; si 80 años después no existe la IV Internacional, ¿fracasó la iniciativa de su construcción? Si nosotros hicimos un congreso de la CRCI en 2004 y no hemos avanzado todo lo que hubiéramos querido avanzar, ¿quiere decir que hemos fracasado? Si Lenin fundó la Internacional en 1919 y hacia finales de 1923, después de la derrota de la revolución alemana, entró en la pendiente del zinovievismo y del estalinismo, ¿quiere decir que Lenin hizo mal en fundar la III Internacional? Hay quienes se plantean este interrogante en forma abstracta.

La Internacional es una hoja de ruta y, en ella, la unidad de la clase obrera internacional enfrenta contradicciones, antagonismos y crisis, y es en la intervención y en las conclusiones de esas crisis que se va desenvolviendo la organización internacional. Los que hoy estamos acá desenvolvimos esa lucha. Por ejemplo, nosotros y la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI) somos una corriente declaradamente catastrofista. En la construcción de la CRCI este planteamiento fue cuestionado, y, a partir de ello, también lo fueron las medidas de organización, los planteos tácticos o la prensa, que nos preparaban para una perspectiva de catástrofe. Ahora bien, los que nos cuestionaban se enteraron, en septiembre de 2008, que el capitalismo mundial había entrado en la crisis más grande de su historia; quiere decir que la perspectiva sí era catastrófica, y que había que prepararse para ella. Como consecuencia de estos planteamientos, nuestro partido ha tenido el desarrollo que ustedes conocen, y como consecuencia de los otros planteamientos, esos partidos hoy prácticamente no existen. (…) Este trabajo político internacional, no tiene un carácter administrativo sino un método político, que es el método de la formación de la vanguardia y del desarrollo de la revolución.

1968, 2018

Ahora vamos a celebrar el 50° aniversario de un ’68 que es mundial, porque aparte del levantamiento y la huelga general, con ocupaciones de fábrica en Francia, se produjo el levantamiento obrero en Checoslovaquia, el de los estudiantes mexicanos y la victoria del Ejército Revolucionario vietnamita contra los norteamericanos.

Pero ¿qué fue lo que conmovió el ’68? Que después de la Segunda Guerra Mundial, fue la primera gran manifestación de una vanguardia de la clase obrera que quería una dirección política diferente a la del estalinismo y la socialdemocracia (...). En el próximo ’68 tendremos direcciones mucho más maduras, direcciones internacionalistas que pueden llevar a la clase obrera a la victoria.

Compañeros, nosotros, en muchas oportunidades, hemos señalado que el combate principista fue lo que permitió que el Partido Obrero acumulara las fuerzas necesarias para poder producir otros avances; por ejemplo, nuestra delimitación del kirchnerismo, que ha sido extremadamente rigurosa, desde el primer día.

Ahora, echemos una mirada a América Latina en relación con este escenario mundial. Porque las crisis que están afectando al conjunto de América Latina son una manifestación de la presión imperialista, que ahora reclama el alineamiento integral del continente en el apoyo a las guerras que se van a emprender. Que la soja, los minerales, el hierro, estén en manos del imperialismo norteamericano y, por sobre todas las cosas, que las movilizaciones políticas de la clase obrera, no vayan a plantear, en las puertas de la metrópoli norteamericana, la perspectiva de una guerra independiente, de una guerra de masas, contra el imperialismo norteamericano.

Brasil

Lula va a ir preso, en una operación política golpista que nosotros hemos denunciado reiteradamente. Pero Lula es responsable de la mayor desmoralización que se haya producido en la clase obrera de América Latina que tengamos memoria. Lula gobernó para el imperialismo y para Odebrech, y fue su agente comercial en todos lados. Lula evitó declarar una huelga en defensa de Dilma Rousseff para que no se lo viera en una posición subversiva y evitó declarar una huelga en defensa de él mismo para que se no rompan definitivamente los puentes de una futura liberación o de un futuro indulto. Estos movimientos como el PT, el centroizquierdismo, el nacionalismo burgués, que se llenan la boca diciendo “trotskistas, no sean funcionales a la derecha”, son los que desmoralizan a la izquierda y a la clase obrera. ¡No han hecho una huelga contra el ajuste! Entonces, no se puede pasar por alto la enorme responsabilidad de estos partidos para entender por qué tenemos que llamar a la clase a confiar en su independencia política; de lo contrario, siempre va a ser derrotada, y el partido que dice esto es el que está llamando a luchar contra el golpe militar, político, institucional y judicial que se disfraza con la detención de Lula, para joder todavía más al proletariado y a las libertades democráticas de Brasil.

Compañeros, la conclusión fundamental es que hay que desarrollar la CRCI. Su método político ha sido reivindicado por los hechos, por eso hoy tenemos adhesiones de Azerbaiyán, la presencia de un Partido Comunista Unificado, que lucha contra Putin en Rusia, que organiza a la clase obrera y que ha votado las resoluciones de la Conferencia por la recuperación de la Unión Soviética en los términos de la Revolución de Octubre (aplausos).

Argentina

En la Argentina, la perspectiva del macrismo, la del pejotismo y la del kirchnerismo está fuertemente vinculada con este sacudón mundial. Este hombre (Macri) no puede tener grandes perspectivas en la Argentina, que presenta a un país encerrado en sí mismo en un mundo que se cae a pedazos. Entonces, en esta perspectiva mundial, obviamente, van a haber flujos, reflujos, distintas circunstancias que hay que ir verificando en la lucha, pero la tendencia de orden general es convulsiva, a la cual ni kirchneristas ni pejotistas, ni macristas, le pueden dar ninguna perspectiva.

Por este solo hecho la izquierda revolucionaria es candidata al poder en Argentina! Para tomar el poder, primero hay que ser un candidato en la pelea, y que los trabajadores lo vean como un polo y una perspectiva de poder.

El desafío que tenemos ahora es derrotar la reforma laboral e imponer el derecho al aborto. Dos grandes luchas reivindicativas, profundas, detrás de los cuales se abre un problema de poder. Con la movilización de toda la clase obrera por el derecho al aborto, que es el derecho a la salud y a la vida de la esposa del obrero, de la madre del obrero y la obrera, de las familias de los obreros. Si nosotros podemos poner el sello del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en la victoria de esa lucha, o sea el sello del proletariado, seremos, a corto plazo, candidatos al poder.

¡Adelante, compañeros!

Foto: Bernardo Cornejo

Los socios del macrismo “están cabreros”. La Coalición Cívica y la UCR vienen inundando con quejas los medios de comunicación, que se muestran solícitos en ampliar las críticas. Ahora mismo la han emprendido contra los aumentos de tarifas en ‘ingrata’ compañía con el peronismo, ladero del gobierno y el kirchnerismo. En esto hay mucho más que disputas faccionales ‘por arriba’.

La inflación, sólo un síntoma

En diciembre pasado, una conferencia de prensa convocada de apuro por parte del gobierno puso de manifiesto el agotamiento del planteo económico del oficialismo. La modificación de la llamada “meta de inflación” suscitó una corrida hacia el mercado de cambios y una devaluación del 20% del peso. La crisis dejó también al desnudo una disputa al interior del gabinete entre el secretario de Industria, Fernando Grasso, y el presidente (aún sin designación legislativa) del Banco Central, Federico Sturzenegger. Desde el exterior, el Financial Times advirtió que un corte de la ‘bicicleta financiera’ armada por el Central podía causar un encarecimiento de la deuda externa de Argentina y, en consecuencia, un principio de cesación de pagos.

El ‘recalibramiento’ de fin de 2017 ha pasado a mejor vida. La nueva ‘meta de inflación’, de un 15% anual, ha quedado superada ampliamente en un solo trimestre. El aumento desbocado de los precios no obedece, sin embargo, al aumento de las tarifas de los servicios, que en principio deberían tener un efecto contrario, deflacionario, pues amputan o confiscan los ingresos de los consumidores y, por lo tanto, la demanda. El gobierno ha financiado esta suba de precios por medio de deuda externa y la consiguiente emisión de moneda que genera, que ha alcanzado el 30% anual y financia el crédito al consumo, así como parte del gasto y de la obra pública. Con ese método ha salvado de un derrumbe de beneficios a la gran industria, que ha trasladado los mayores costos de los servicios a los precios. Claro que lo ha logrado hasta cierto punto porque, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, “crecieron los pedidos de empresas para activar el procedimiento (preventivo) de crisis” (La Nación, 15/4). Algunas patronales han ido incluso más allá, reclamando el retorno de las Repro -o sea el pago de los salarios por parte del Estado. La crisis del consumo (y la competencia del comercio electrónico y del ‘chino’) ha alcanzado al pulpo francés Carrefour, que explota a 15 mil trabajadores aunque, según algunos, afectaría al conjunto del supermercadismo, que obviamente no está dispuesto a resignar superganancias.

La inflación horada a la ‘niña bonita’ del macrismo, los créditos UVA. El recurso de alargar los plazos de rescate para aliviar la carga a los deudores ha entrado en una crisis potencial enorme, como consecuencia de la venta de esos activos, por parte de los bancos, a fondos financieros que rechazarán esa clase de compensaciones. El propósito de enchufar el muerto al Fondo de la Anses podría quebrar el sistema jubilatorio.

Impasse

La ‘meta’ del crecimiento vía exportaciones se encuentra mucho más que empantanada -el déficit comercial previsto para 2018 llegará a los 10 mil millones de dólares, el mayor de toda la historia. Ocurre que Estados Unidos ha bloqueado la importación de biodiesel de Argentina y lo mismo prevé la Unión Europea. A cambio de la compra de limones, Trump le ha impuesto la venta de carne de cerdo a la Argentina. Lo más significativo es, por lejos, ¡la importación de soja! por parte del agronegocio nacional, que la compra más barata en el mercado de Chicago, y desde antes en Paraguay. El gobierno choca con la ‘patria sojera’, su base por excelencia, que enfrenta un ‘dumping’ norteamericano después de haber sido acusada de ‘dumping’ por Estados Unidos en el choque por el biodiesel.

El ‘vigoroso crecimiento’ del PBI, que el macrismo anuncia para el año corriente, no supera el 2% y con pronóstico en baja. El déficit fiscal de 2018 se estima en casi 40 mil millones de dólares, incluso después del ‘ahorro’ que implican los tarifazos. Para los críticos ‘neo-liberales’ del macrismo, o sea los de su mismo palo, la incapacidad para reducir ese déficit obedece al abrumador endeudamiento externo -el carísimo recurso para financiarlo. No es causado por los mentados ‘gastos sociales’, sino por los negociados de los compinches financieros del gobierno.

Este impasse enorme explica la pseudocrisis que protagonizan ‘lilitos’ y radicales. Denuncian que los tarifazos ocultan arreglos, por deudas impagas, con los pulpos de servicios y petroleras. También al elevado componente de impuesto que hay en las tarifas, lo que convierte a los tarifazos en un método sigiloso de confiscación a los contribuyentes. Suponen que una prórroga de las cuotas de aumento aliviarían a los consumidores de una carga onerosa. Los tarifazos son, en realidad, una confiscación económica gigantesca, porque apuntan a lograr la dolarización del precio de los servicios, como ya ocurrió con Menem y De la Rúa. No tienen nada que ver con el costo de producción, que en gran parte se computa en pesos.

“No me muevo”

La respuesta del oficialismo a esta crisis ha sido reafirmar las famosas “metas de inflación” por un lado, y el cronograma de tarifazos por el otro. Sturzenegger advirtió, incluso, que volvería a aumentar las tasas de interés, aún cuando repite que la baja monetización de la economía argentina convierte a las tasas en inocuas. Sería otra vuelta de tuerca a la política de financiar la economía con mayor deuda externa y la emisión monetaria que tiene como contrapartida. Como Argentina debe pagar este año 30 mil millones de dólares solamente en intereses de la deuda externa, este recurso se estrecha. La Bolsa refleja la insolvencia potencial del país a través de una reducción del volumen que se transa, y que podría anunciar ventas masivas para expatriar el dinero invertido.

Este impasse no lleva solamente a un choque de astros en el campo patronal y la economía general. El desborde inflacionario ha quebrado cualquier sombra de pauta del 15% para las paritarias -que es menor porque se paga en cuotas. Ni siquiera ha prosperado un intento de dibujar un porcentaje superior en el convenio metalúrgico. Las huelgas parciales no se han hecho esperar, incluso bajo la loza pesada de la burocracia y de los ‘anti-macristas’ que apuestan al 19. La depresión económica, a su vez, se traduce en cierres y despidos, que llevan a la lucha a un sinnúmero de empresas. La tregua por tiempo indefinido acordada por la burocracia de la CGT comienza a ser horadada desde abajo. La posibilidad del gobierno de salir de esta crisis por medio de un endurecimiento político y un ajuste económico más violento, choca con las condiciones políticas cada vez más negativas que la crisis ha ido desarrollando.

En este cuadro de conjunto se ubican las consignas de paro activo nacional y congreso de bases de los sindicatos y la CGT.

El ataque criminal perpetrado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia contra Siria constituye el preludio de un nuevo ciclo de guerras internacionales imperialistas. La intención calculada de evitar una confrontación con Rusia, que controla el espacio aéreo y la mayor parte del territorio sirio, no representa otra cosa que una advertencia de acciones futuras que pueden tener lugar en cualquiera de las zonas en disputa -desde el Medio Oriente a Ucrania y Asia occidental. El bombardeo fue una suerte de ejercicio de la tecnología militar de cada lado, que se manifestó en el derribamiento de decenas de cohetes yanquis por parte de la defensa aérea suministrada por Rusia a Siria.

Nuevas guerras

En los días previos a este ataque, la prensa destacó un debate en el seno de la administración Trump acerca del alcance que debía tener esta nueva agresión. La decisión que se impuso fue calificada como la más ‘benévola’, pues excluía de los objetivos del ataque a las bases militares de Rusia y a los cuarteles o concentraciones del ejército sirio. El comunicado del Pentágono, firmado por el secretario de Defensa, James Mattis, enfatiza, con todo, sus objetivos políticos: poner fin al régimen de al-Assad en los términos del “proceso de Ginebra, de las Naciones Unidas”, algo muy distante del anunciado retorno de las tropas norteamericanas en Siria, por parte de Trump.

Como la alianza ruso-siria ha derrotado a la mayor parte de las milicias apoyadas por el imperialismo yanqui-europeo, esta premisa se convierte en el anuncio de nuevas agresiones y guerras. El Estado sionista se ha adelantado en este menester, con ataques aéreos a las bases de Hezbollah e Irán en territorio sirio y con un incremento de la expulsión de palestinos de lo que queda de sus tierras. Turquía, por su lado, enfrentada a Estados Unidos en el norte de Siria y aliada de circunstancia a Rusia, saludó la represalia del bombardeo, ya que ha apadrinado a la milicia islámica que ha sido desalojada de Guta por los ejércitos de Rusia y Siria.

El bombardeo de Siria tiene lugar también cuando el gobierno norteamericano multiplica sus presiones para modificar el acuerdo nuclear firmado con Irán, e incluso anularlo por parte de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y China. El argumento contra los defectos que tendría ese acuerdo, que paraliza por más de una década el desarrollo nuclear de Irán, es un pretexto para dejar el campo libre a las acciones agresivas de Arabia Saudita e Israel contra las luchas nacionales de los pueblos árabes. Varios periodistas especializados han caracterizado que el bombardeo de Siria, por parte del terceto criminal, sería un ultimátum de guerra dirigido a Irán.

Ataque económico estratégico

Si Putin y su mafia de oligarcas creían que el bombardeo de mutuo consentimiento contra Siria alejaba la perspectiva de una generalización de la guerra, las sanciones económicas adoptadas contra Rusia, por parte de Trump, deben haberle cambiado la opinión.

Es que el pretexto del uso de armas químicas no fue utilizado solamente para encubrir el objetivo imperialista del ataque con un manto ‘humanitario’.

El gobierno norteamericano dictó sanciones estratégicas contra personeros de Putin y, sobre todo, contra empresas rusas de envergadura internacional, enlazadas en su capital accionario y en acuerdos comerciales con grandes compañías norteamericanas, suizas y británicas. La principal afectada, la empresa de aluminio y paladio Rusal, vio caer su valor bursátil en un 50%, al principio, y luego un 18% más, y la colocó en un defol técnico por la restricción que se le impuso para renovar su enorme deuda externa. Las cotizaciones en la bolsa de Moscú se desplomaron en forma generalizada, creando una crisis enorme de liquidez. Rusal se encuentra asociada al pulpo británico Glencore, que enseguida anunció su retiro de ella. Gran Bretaña excluyó a Rusal del mercado de materias primas metálicas de Londres, provocando un aumento enorme del precio internacional del aluminio, que ha perjudicado a todas las industrias usuarias del mismo. La echó de la Bolsa, a pesar de ser una de las principales cotizantes, sin importar el perjuicio financiero que esto podría ocasionar a la City. La amenaza de quiebra de la compañía obligó al Banco Central de Rusia a crear un fondo de rescate, que carece de la profundidad necesaria para sostenerse en el tiempo. El socavamiento financiero de Rusia forma parte de una estrategia de alcance militar, que no solamente pretende una rendición en los campos en conflicto sino, a término, del conjunto de la estructura social. Todas estas acciones han derribado las cotizaciones de las divisas de Rusia y Turquía, y forzado la intervención del Banco de China. Trump se valió de las consecuencias de sus propias medidas -estas devaluaciones- para denunciar luego una guerra monetaria de parte de Rusia y de China.

China

La misma operación de bloqueo ha sido aplicada a China. Trump ha desatado una guerra económica en el campo de la tecnología de alta gama contra China. Esto ocurre en vísperas de la reunión prevista con el norcoreano Kim Jong-un, en donde China juega un rol hasta cierto punto decisivo. También, luego que Xi Jinping decidió una mayor apertura del mercado financiero chino al capital internacional, incluida la posibilidad de obtener una posición mayoritaria en bancos chinos. Es así que vetó la compra de Qualcom, un gigante de los superconductores, por parte de una empresa de Singapur, Broadcom, en cuyo capital influye Huawei, la productora de chips más importante de China. Asimismo, junto a Gran Bretaña, ha prohibido los negocios de la compañía de telecomunicaciones, ZTE, en ambos países, alegando motivos de “seguridad nacional”. Es la respuesta del imperialismo yanqui al “Programa Made in China 2025”, que pretende desarrollar la tecnología de punta, en abierta competencia con Estados Unidos -una ‘línea roja’ que Trump advirtió que China no debería pasar. Estas prohibiciones han desatado, contradictoriamente, reacciones negativas por parte del gran capital internacional, porque inviabilizan el ingreso en el mercado chino -la condición para la lucratividad del negocio. Las exigencias de la guerra han desatado un conflicto de intereses al interior de la burguesía mundial. En este sentido, los planes bélicos plantean, en forma paralela, una crisis de régimen político en las principales potencias imperialistas.

La clase obrera

Todos estos movimientos del gran capital son ocultados al proletariado mundial por sus propias organizaciones -que, en casi todos los casos, se alinean con los intereses ‘nacionales’ de sus burguesías. Pero es en esta trastienda que se encuentran las motivaciones de la guerra imperialista. El escenario de Siria es un aspecto del escenario mundial. Es imperioso que se desarrolle una clarificación en la clase obrera y la juventud.

¡Abajo el imperialismo y las guerras imperialistas!

¡Por la autonomía nacional de Siria y de todos los Estados del Medio Oriente. Por una Federación de Repúblicas Socialistas!

¡Abajo el Estado sionista, por el derecho al retorno del pueblo palestino!

Tras el asesinato de Leandro Alcaraz,chofer de la Línea 620 en Virrey del Pino, y luego del paro del lunes, la continuidad de la huelga -desafiando a la conducción de UTA- fue votada en una masiva asamblea de choferes autoconvocados de diversas líneas de La Matanza y de zona Oeste, en el kilómetro 35 de la Ruta 3.

Durante el paro del lunes ya se había sobrepasado por completo el accionar de los delegados de la UTA, que pretendían frenar la bronca contenida. Hubo piquetes durante toda la noche en General Paz y J.M. de Rosas (ex Provincias Unidas). En la manifestación que se realizó durante el mediodía en la Municipalidad de La Matanza, los delegados de la burocracia fueron insultados y tuvo que intervenir la policía local para salvarles el pellejo ante la furia de unos 400 trabajadores que reclamaban una entrevista con la intendenta, Verónica Magario. Varios choferes relataron que, en sus líneas, los trabajadores desoyeron el pedido de los delegados de hacer un paro “tranquilo en casa” y se movilizaron al kilómetro 35, donde se llegaron a reunir más de 2.500 choferes pidiendo justicia por Leandro e insultando a la dirección de la UTA por no convocar al paro general. Desde el gremio salieron a cruzar el reclamo aduciendo que era una exigencia “maligna y política”. También hubo cánticos contra el gobierno de Macri y la intendenta de La Matanza.

Los choferes dieron una pelea extraordinaria en sus lugares de trabajo y lograron garantizar la medida de fuerza, en primer lugar contra las patronales, que tuvieron que amenazar con suspensiones y despidos, y en segundo lugar, cuerpo a cuerpo, contra los delegados de la burocracia de Roberto Fernández, secretario general de la UTA, que intentaron romper la huelga.

Además de la 620, pararon decenas de líneas de la zona. El mismo martes, en el velorio de Leandro, mil choferes lo despidieron en una caravana que recorrió varios kilómetros de la ruta 3 hasta llegar a González Catán.

Ritondo y Magario

Frente al reclamo de los choferes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la colocación de botones antipánico y de unas 9.000 cámaras en los colectivos. Para implementarlo, Vidal acordó con unos diez empresarios de la Cámara de Transporte las condiciones de una línea de crédito a “tasa blanda”. Cuando estas medidas se anunciaron en la concentración que llevaban adelante los choferes en el kilómetro 35, el repudio fue general.

Por otro lado, Ritondo denunció que Magario no ejecutó el dinero enviado por la provincia a través del Fondo de Seguridad en 2016. La intendenta le retrucó en conferencia de prensa que le traspase la policía local y que “vuelva a mandar a la Gendarmería”. Magario pretende reforzar su aparato represivo, metido hasta los tuétanos en la organización del delito en el distrito, y seguir militarizando los barrios con la excusa de “cuidar a los matanceros”.

Pero la inseguridad es el subproducto de la descomposición de todo un régimen social, de la criminalización del Estado y de las mafias policiales que organizan el delito, explotando la miseria y la penetración de la droga en los barrios obreros.

La lucha de los choferes por medidas de seguridad expresa una bronca generalizada ante la absoluta desprotección que deben padecer cotidianamente durante su jornada laboral.

Un planteo para proteger a los trabajadores

Desde el Partido Obrero, apoyamos la rebelión de los choferes contra la burocracia y los gobiernos. Planteamos la instalación obligatoria de cabinas de blindaje para los choferes y cámaras en cada colectivo; que se garantice personal de seguridad a cargo de las empresas en los recorridos nocturnos y que se coloque la luminaria adecuada de los recorridos. Para garantizar el cumplimiento y monitoreo de estas medidas, proponemos la creación de un Comité de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL) conformado por delegados choferes electos por sus compañeros y una representación de usuarios con plenas facultades, para que las patronales y los gobiernos, respondan ante ellos. Estos planteos se encuentran desarrollados en un proyecto de ley que la diputada del Partido Obrero-FIT, Romina Del Plá, ha presentado en el Congreso Nacional.

La reacción obrera frente al asesinato de Alcaraz forma parte de un proceso de deliberación y de bronca entre las bases del gremio contra su dirección sindical, que viene de firmar una paritaria del 15% en cuotas y está dejando pasar un conjunto de ataques a las condiciones laborales de los choferes. Algunos de los carteles que se vieron en los piquetes y manifestaciones fueron “Fernández traidor, la sangre de un compañero no se negocia” y “Fuera Fernández de la UTA”. A la luz de este proceso se empiezan a manifestar reagrupamientos de choferes antiburocráticos y en algunas líneas se empieza a discutir la destitución de los delegados de la burocracia.

Más que nunca necesitamos instancias de deliberación en el sindicato -asambleas, plenarios y congresos de delegados con mandato de las bases- para que los trabajadores discutan colectivamente un programa, impongan un paro activo nacional y desarrollen un plan de lucha, que desenvuelva las tendencias huelguísticas que anidan en el gremio.

Por el cumplimiento de las normas de seguridad, por reabrir la paritaria firmada por Fernández y para poner en pie una nueva dirección que derrote la ofensiva capitalista de Macri y sus aliados.

La campaña hacia el Congreso Nacional de la Unión de Juventudes por el Socialismo-Partido Obrero, que tendrá lugar del 11 al 13 de mayo, se inició en el marco de grandes movilizaciones de la juventud.

Los estudiantes terciarios de la Capital protagonizaron su mayor movilización de la historia, con asambleas, vigilias y una marcha multitudinaria contra el proyecto macrista de liquidar los 29 profesorados y reemplazarlos por una universidad descalificada. En la provincia de Chubut, miles de estudiantes y docentes se movilizaron contra las restricciones que el gobierno pretende imponer al Transporte Escolar Gratuito (TEG). El contundente paro de 48 horas de los docentes universitarios -con un acatamiento superior al 80%- contó en todo el país con muestras de adhesión estudiantil. En todos los establecimientos educativos se multiplican los pañuelazos y pronunciamientos por el aborto legal, seguro y gratuito, con especial fuerza en los colegios secundarios. La consulta votada por la Fuba, la CEB, la CET y la Funa es un verdadero éxito que se replica en distintos puntos del país.

Derrotar a Macri y los gobernadores

Todas estas luchas tienen como común denominador el desafío de derrotar la política anti-juventud del gobierno de Macri y los gobiernos provinciales. La gran marcha de terciarios dejó el mandato de ir hasta el final en la lucha contra el vaciamiento de los profesorados, que se inscribe en una orientación general de degradar las carreras de formación docente y sustituirlas por la “formación continua” en posgrados pagos. Es la contraparte de la “Secundaria del Futuro”, con sus maestros precarizados y sus estudiantes haciendo pasantías gratuitas en empresas -el eslabón inicial de la reforma laboral. El golpe al boleto educativo en Chubut, a su vez, acompaña la línea de reducción de subsidios y sus consecuentes tarifazos que los gobiernos están descargando sobre los jóvenes y trabajadores de todo el país. Bajo la mirada cómplice de la mayoría de los rectores, el recorte de 3 mil millones en el presupuesto universitario está paralizando las obras de infraestructura. La disparada de la inflación carcome las ya reducidas partidas para becas y salarios, colocando en crisis paritarias como la de media e inicial, que la burocracia celeste de Ctera daba por cerrada.

El aborto y la lucha por educación sexual es otra batalla que requiere desplegar hasta el final las energías de la juventud. Los recientes acercamientos entre Macri y el Vaticano revelan la voluntad de cercenar estas demandas, cuentan para ello con el aval de la oposición pejotista y la burocracia sindical.

Del frente “anti-Franja” al frente “con-Franja”

El Congreso Nacional de la UJS debatirá cómo poner en pie una dirección consecuente para la juventud, que permita llevar todas estas batallas hasta el final. Coincidirá en Rosario el Congreso de la Federación Universitaria Argentina, completamente ausente de estas luchas y con una presidenta, Josefina Mendoza, de Franja Morada, que votó nada más y nada menos que la reforma previsional. Con declaraciones cruzadas, quienes se pretenden opositores -la JUP, el MNR, Libres del Sur, la Cepa, Patria Grande y el kirchnerismo- sólo han mostrado hasta el presente su incapacidad para formar un frente y disputar la conducción de la FUA. Esta impotencia tiene raíces políticas de fondo: todos ellos acaban de votar, en La Plata, al rector radical Tauber a cambio de algunas prebendas y contratos -por eso los carteles en la Asamblea Universitaria platense rezaban “votan todos morados”. La política de la Cepa y Patria Grande de formar un frente “anti-Franja” se trastocó en frente “con-Franja” cuando apareció sobre la mesa la posibilidad de ocupar un par de secretarías.

La capitulación de estas fuerzas frente a la ofensiva oficial es total. En el reciente Congreso de la Coordinadora de Estudiantes de Base (secundarios porteños), el kirchnerismo hizo todo lo posible para eludir un plan de lucha. Su traducción es “esperar a 2019”, como si la educación pública pudiera canjearse por nebulosas especulaciones electorales. El derrumbe continental del chavismo y los gobiernos nacionalistas abrió, para estas agrupaciones, un camino de mayor integración al régimen vigente.

Por una lucha a fondo

La juventud necesita otra orientación: un plan de lucha, ahora, contra el ajuste y los ataques de Macri y los gobernadores. En estos días, la UJS se volcará a organizar asambleas en colegios, institutos y facultades para desenvolver las enormes reservas del movimiento y conquistar los reclamos planteados. No hay mejor preparación para el futuro que un golpe certero al corazón de la ofensiva oficial.

Llamamos a poner en pie un bloque independiente de lucha en la FUA y a pelear por un plan de movilización unificado de toda la docencia y el movimiento estudiantil. En las universidades, a preparar con todo los próximos paros del 26 y 27 de abril. Por el salario, el boleto y el presupuesto; contra las reformas antieducativas y antilaborales; por el derecho al aborto legal y a la educación sexual laica y científica.

A cien años de la Reforma y a 50 del Mayo Francés, el Congreso Nacional de la UJS hará de la bandera de la unidad obrero-estudiantil una estrategia política para el presente. Fortalezcamos la organización socialista de la juventud para una lucha sin ataduras.

Las iniciativas anunciadas por el gobierno para ‘reducir el impacto’ de los aumentos de tarifas tienen un denominador común: apuntan al rescate integral de esta confiscación y, al mismo tiempo, a zafar de la crisis política generada por los aumentos continuos del gas, la luz, el agua y los peajes.

La decisión de “suspender” una parte menor de los impuestos de carácter provincial que gravan los servicios públicos, sólo ha sido ‘acatada’ por los macristas Vidal, Larreta (“por un año”) y Gerardo Morales. Macri ha amagado con una ley dirigida a “limpiar” de impuestos distritales a las boletas de servicios -a sabiendas que sería inconstitucional, tanto por decreto como por ley. Pero le serviría al gobierno para “compartir el costo político de la suba de tarifas” (Clarín, 20/4); o sea, para echarle parte del fardo al pejotismo. Mientras tanto, el gobierno ha dejado inalterado el IVA, que llega -según el caso- a gravar hasta el 27% de las boletas de servicios. Es el impuesto más confiscatorio sobre el consumo popular y tiene un peso decisivo en la recaudación de un Estado que concentra el 14% de sus recursos al pago de los intereses de la deuda pública. Macri tampoco toca el impuesto a los combustibles, que los encarece en alrededor del 25 por ciento. Y tampoco Ingresos Brutos, que es el principal impuesto provincial. El financiamiento del Estado debe correr por cuenta de los grandes capitalistas, no de los trabajadores que, en un elevadísimo porcentaje, no cubren la canasta familiar.

La especie de que la eliminación de los subsidios a los servicios públicos es necesaria para poner fin al déficit fiscal y a la emisión del dinero que lo financia es una mentira monumental. Ocurre que las tarifas dispuestas para el gas y la luz son una consecuencia del plan de precios “ascendentes” para el gas en boca de pozo, que arreglaron el gobierno y la Corte en 2016. Los valores impuestos por este acuerdo triplican los precios que rigen en el mercado norteamericano, a pesar de que los costos de extracción del shale gas o petróleo en ese mercado son similares a los de la cuenca neuquina. El encarecimiento por decreto del precio del gas en boca de pozo multiplica el costo de generación de electricidad y la tarifa, a la que se añade el IVA e Ingresos Brutos. Una periodista especializada acaba de señalar que este incentivo a la producción adicional de gas “lleva implícito un subsidio de consumidores o del propio Estado a los productores, para que superen la pereza inversora” (Cronista, 24/4). El tarifazo, justificado en nombre de la eliminación de subsidios, es un gran subsidio al capital internacional, en especial al instalado en Vaca Muerta, el único yacimiento que aumentó su producción en los últimos años.

La tarifas y la deuda

Las “calificadoras de riesgo” han seguido con lupa el tira y afloje de estos días en torno del tarifazo. La razón es sencilla: las tarifas dolarizadas operan, por un lado, como garantía de las compañías de servicios que apelan al endeudamiento internacional. Es lo que ocurrirá de aquí en más con los corredores viales, que pagarán los usuarios. Según Clarín (24/4), el sistema de participación pública privada “duplicará y hasta puede triplicar el (precio) de obras realizadas en base al método tradicional”, y que serán solventadas con peajes dolarizados y con nuevos cargos en el precio de los combustibles. Por otro lado, los impuestos que encarecen la tarifa funcionan como garantía de pago del aún mayor endeudamiento público. Todo esto ya se vivió bajo las privatizaciones de Menem-Cavallo -que saltaron por el aire en 2001. La PPP afectará, asimismo, a obras de transporte energético y de infraestructura para Vaca Muerta, todo lo cual deberá contar con el respaldo de las tarifas de gas y de luz. El llamado desarrollo energético es una operación del capital financiero. A su turno, la reducción de subsidios libera fondos del presupuesto público para el pago de la deuda externa.

El tarifazo, la oposición y la clase obrera

La crisis de estos días no es sólo un accidente o un tropiezo en el proceso político macrista. El plan en curso enfrenta una verdadera tormenta. Piénsese solamente en la suba del precio internacional del petróleo, a 75 dólares el barril, que va a repercutir en las tarifas dolarizadas. El aumento es ocasionado por la devaluación internacional del dólar; ello como consecuencia del encarecimiento de la deuda pública descomunal de Estados Unidos. Asistimos a un potencial ataque aún mayor al bolsillo de los trabajadores, a una crisis de deuda externa en perspectiva y a una crisis de financiamiento en la industria tributaria de los combustibles -en primer lugar el servicio eléctrico y gasífero. La crisis de los tarifazos expresa una impasse más general de la Argentina de Macri.

Tampoco amainarán las disputas al interior de la coalición oficial, en relación con un nuevo reparto del botín energético. Carrió, una lobbista del capital internacional, además de reclamar el rápido remate de los activos petroleros de Cristóbal López, arremete también contra el grupo Mindlin, un hijo de los K convertido al macrismo, que ha distribuido dividendos fenomenales sin haber invertido un peso en energía.

La oposición ha salido a fustigar el tarifazo a la cola de Carrió, que justifica su cruzada en el objetivo de asegurar que Macri… termine su mandato. El pejota-kirchnerismo no cuestiona este sistema confiscatorio. Cristina Kirchner, que plantea retrotraer las tarifas a enero de 2017, está hablando para las tribunas, porque el “sendero de precios” del gas que el gobierno y los jueces pactaron en 2016, lo inventó antes su propio gobierno -de la mano de Kicillof y Galluccio, en el último trienio del kirchnerismo. El massismo dice que quiere un ajuste de tarifas de acuerdo con la evolución del salario -algo que nunca se le había ocurrido en ocasión de los grandes tarifazos 2016/17.

Toda esta complicidad subraya la necesidad de que los sindicatos se pongan de pie. La burocracia es la gran muda en esta crisis, cuando se hace más necesaria que nunca la lucha por paritarias sin techo, con piso en la inflación real, y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar -que debe computar ahora la suba de tarifas.

Es necesario un Congreso de delegados mandatados por asambleas, de todos los sindicatos, sean de la CGT o la CTA, para plantear un pliego de reivindicaciones y abrir el debate en función de una reorganización social de conjunto. En primer lugar, la anulación de los tarifazos, la apertura de los libros y costos de las empresas de servicios; poniendo fin a las privatizaciones y al endeudamiento usurario; el control obrero y una contabilidad única sobre el conjunto de la economía nacional, la cual comienza por el cómputo de los propios medios de vida de los trabajadores.

Frente a las reducciones provisorias de impuestos distritales dispuestas para rescatar al tarifazo, planteamos la eliminación de todos los impuestos al consumo y el establecimiento de impuestos al gran capital. Al régimen de entrega de los recursos energéticos al capital internacional, le oponemos la nacionalización sin pago de las empresas de combustibles y energía, bajo control obrero.

Con esta línea intervenimos en el Parlamento y en las organizaciones obreras, y hacemos un llamado a las nuevas direcciones obreras, al clasismo y a la izquierda a luchar en común en esta dirección.

Apenas una semana antes de las manifestaciones populares masivas que se han desencadenado en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega recibía el premio al “mejor proyecto de inversión extranjera” (Forbes, 11/4). El “reconocimiento” tuvo lugar en el “Annual Investment Meeting, en la ciudad de Dubai, Emiratos Arabes Unidos”. La distinción inusitada para un gobierno que publicita su condición “nacional y popular” no se redujo a una celebración ocasional, porque de acuerdo con la misma información, “el proyecto de Inversión Extranjera Directa más innovador en Latinoamérica y el Caribe”, responde al “programa de inversiones PRONicaragua”, que el gobierno sandinista promueve con recursos fiscales.

La reacción enorme que suscitó en la población y en especial en la juventud universitaria, la “reforma jubilatoria” que impuso por decreto Daniel Ortega hace casi una semana, debe ser caracterizada en este contexto. La reducción de las jubilaciones en un 5%, y el aumento de los aportes personales (de 6,25 a 7%) y patronales (de 19 a 22,5%) no solamente soliviantó a los sectores populares; también provocó una ruptura del pacto de gobierno que rige desde más de una década entre la gran patronal, nucleada en el Consejo Superior de la Empresa Privada, y el oficialismo. La “reforma”, sin embargo, había sido ‘recomendada’ por el FMI para cubrir un déficit de 75 millones de dólares de la Seguridad Social. La misma Seguridad Social que presta su fondo de garantía para subvencionar el “PRONicaragua” que saludan los inversores internacionales.

“Los manifestantes fueron convocados por el poderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)”, informan las agencias a Clarín y La Nación (24/4), “que fue aliado de Ortega en sus once años de gobierno, pero que luego de la reforma del sistema de pensiones se transformó en un ente opositor”. De este modo, la gran patronal, a la que se ha sumado la Unión de Productores Agropecuarios, se ha convertido en la dirección política de la movilización popular. Forzado por la rebeldía generalizada a derogar el decreto jubilatorio, Daniel Ortega convocó “al diálogo” a los empresarios -que se dieron el gusto de rechazarlo hasta que no “se libere a todos los presos”. La Cosep fue acompañada por el clero de Nicaragua, las universidades privadas y la Embajada norteamericana. “Les abrí mi corazón y me contestaron con la billetera”, ‘reflexionó’ hace treinta años Juan Carlos Pugliese, ministro de Alfonsín, ante un inconveniente similar. Nicaragua es uno de los objetivos codiciados por China, que ha ofrecido en su momento construir un canal entre el Caribe y el Pacífico, para desagrado, provisional, de Estados Unidos.

La dirección política de las movilizaciones no es disputada por ninguna otra organización fuera del frente patronal-clerical-universitario. Este es el meollo de la situación nicaragüense. Ese frente no exige la salida de los Ortega del gobierno, porque no ha armado aún una alternativa política de reemplazo. Ha quedado planteada una transición política crucial. Los medios de comunicación se esfuerzan por presentar como positiva esta acefalía de dirección, con la intención de evitar que se produzca una diferenciación política. El frente único entre la gran patronal, por un lado, y el pueblo en la calle, por el otro, oculta la contradicción entre la clase social que apoyó al orteguismo durante diez años y una masa de trabajadores y jóvenes que dieron rienda suelta a la indignación acumulada a lo largo de la década.

La brutalidad de la represión ejercida por el orteguismo, el cual, sin embargo, recularía enseguida derogando el decreto, ha dejado al desnudo el bandidaje político del sandinismo. Es que al lado de los ataques brutales de la policía y el ejército contra los manifestantes, operaron ‘milicias’ del partido oficial, que no tienen nada que ver, por supuesto, con “el armamento de las masas”. En los hechos, gobierna en Nicaragua un régimen de partido único. Estas ‘milicias’ no son el arma de resistencia ‘nac & pop’ a la ‘ofensiva neoliberal’, sino un instrumento contra las masas y contra el esfuerzo por desarrollar una alternativa obrera independiente al gobierno patronal que galardonaron en Dubai.

El derrumbe previsional de Nicaragua deja en evidencia el rasero que iguala a los gobiernos de diferente tendencia en América Latina: la crisis sin salida de la dominación política capitalista latinoamericana, en el marco del impasse económico y político mundial. El agotamiento de los Macri y los Ortega, de los Maduro y los Kuczinski, de los Piñera y los Lula tiene la base histórica común de la decadencia capitalista.

En un marco de paros docentes y luchas crecientes del movimiento estudiantil, del 11 al 13 de mayo sesionará el congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en Rosario. La actual conducción de Franja Morada llega en crisis, golpeada por el repudio generalizado que provocó el aval de la presidenta de la FUA, Josefina Mendoza, a la reforma previsional. El ala que busca sucederla se inscriben la facción “crítica” de la UCR-Cambiemos liderada por Enrique “el Coti” Nosiglia, que la semana pasada “protestó” por los aumentos de tarifas. Los resultados son conocidos: después de tanto humo, en la reunión con Macri los “disidentes” terminaron convalidando los tarifazos mediante el pago en cuotas (con sus correspondientes tasas de interés).

En la universidad, ambas facciones de Franja Morada apoyan la “contra-reforma” privatista que impulsan el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Hugo Juri, y el gobierno nacional con el aval de los rectores. En estos días, una asamblea masiva de los estudiantes del Comahue resolvió ocupar la universidad en rechazo a la extorsión de las autoridades que amenazaron con que, de no adecuar las carreras a los nuevos estándares oficiales, los títulos perderían validez nacional. Con este chantaje, el ministro Alejandro Finocchiaro pretende disciplinar a las universidades para que aceleren la modificación de sus trayectos académicos haciéndolos equivalentes a los de las privadas. A 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, la dirección de la FUA embanderada en el “reformismo” milita en el campo de los ataques a la universidad pública -una conquista histórica del movimiento estudiantil y el pueblo argentino.

Capitulación frente al PJ

Con la excusa de oponerse a este armado, la Cepa y La Mella lanzaron una campaña para formar un frente con la JUP (PJ) y el MNR (PS). Rápidamente, la JUP aceptó el convite, a sabiendas de que la propuesta la embellece: los gobernadores del PJ votaron, junto a Josefina Mendoza, la reforma jubilatoria y el ajuste fiscal. Los rectores peronistas vienen de votar en el CIN a Juri y aprobaron en el Consejo Federal de Educación el conjunto de las contra-reformas macristas. El Congreso de la FUA se realizará en Rosario, donde el PS es gobierno hace décadas al servicio de los pooles sojeros y la superexplotación obrera. En la UBA, el MNR milita en el “espacio reformista” de Emiliano Yacobitti contra la Fuba.

La conformación efectiva de este frente está por verse. La disgregación del PJ y el alineamiento de los rectores con el gobierno son factores que le restan impulso. La Cámpora, por el momento, se mantendría al margen para no exhibir su minusvalía. Esta dificultad explica las denuncias cruzadas que semanalmente intercambian los supuestos candidatos a la unidad. Lo curioso es el esfuerzo de la Cepa y La Mella por presentar como una lucha lo que es una capitulación: el pedido de cobijo entre los brazos del PJ. Su voto por Tauber, en La Plata, no fue un paso aislado: expresa una orientación que tiene por eje el carrerismo al interior del régimen burgués.

Lucha independiente

Mientras se tejen y destejen estos armados, el movimiento estudiantil está protagonizando luchas crecientes a lo largo y ancho del país. La ocupación del Comahue fue votada en una gran asamblea contra la posición de la Cepa y La Mella, que acompañan allí también a los rectores y decanos reformadores. En la Capital, sigue en ascenso la lucha de los terciarios, que esta semana realizaron nuevas vigilias y movilizaciones contra la UniCaba -la vía para la destrucción de los profesorados. En la UBA, se tomó la Facultad de Psicología contra los ataques a la carrera de Musicoterapia, la única que existe en las universidades públicas de todo el país. En paralelo, se suceden los pañuelazos, pronunciamientos y movidas contra los códigos de vestimenta en los colegios secundarios.

La lucha de la juventud requiere de una dirección independiente del gobierno y los rectores. Con este propósito, la UJS-Partido Obrero llama a poner en pie un bloque estudiantil independiente en la FUA, que centralice a todas las agrupaciones, centros y federaciones que apuntamos los cañones a derrotar las contra-reformas de Macri y los gobernadores. Para pelear a fondo junto a nuestros docentes por el salario, el boleto educativo y contra todos los ajustes a la universidad pública. Convocamos al Frente de Izquierda y a todas las agrupaciones de izquierda, a Hagamos Lo Imposible, Cauce, Izquierda Revolucionaria, Juventud Guevarista, la 29 de Mayo, Comunismo Revolucionario, El Túnel, Lupas, Inti y a todas aquellas que se reclaman independientes y de lucha a formar una lista común y dar batalla en el próximo Congreso de la FUA.

En su visita por Bahía Blanca, Néstor Pitrola fue intensamente consultado por los medios locales sobre la explosiva crisis desatada por los tarifazos. Pitrola destacó el proyecto presentado por Romina Del Plá, en donde se plantea retrotraer las tarifas a 2016 y la apertura de los libros de las concesionarias privadas que, luego de acumular superganancias con los subsidios del kirchnerismo, ahora lo hacen con los tarifazos y la dolarización de Macri. Propuso como salida a la crisis energética la nacionalización de la industria petrolera y gasífera, bajo control de sus trabajadores, y subrayó la demagogia parlamentaria de la oposición pejotista que, olfateando el repudio popular, maniobra con rebajas parciales de impuestos y gradualismo para salvar el núcleo del tarifazo y a los Mindlin y compañía “que crecieron exponencialmente con los subsidios kirchneristas y ahora lo vuelven a hacer con los tarifazos macristas”.

También fue consultado sobre el avance del narcotráfico en la ciudad, a raíz de los numerosos y recientes casos, frente a lo cual Pitrola fue contundente: “Es mentira que el Estado esté combatiendo el narcotráfico”, ya que “no se va a la cabeza del narcotráfico, que es ir contra el lavado de dinero y el compromiso de la Justicia. Este gobierno hizo lo mismo que el anterior, hacer un blanqueo sin preguntarle a nadie de dónde venían los fondos”.

Como parte de su agenda, Pitrola visitó el acampe en el acceso al Puerto de Ingeniero White que realizan los trabajadores aceiteros de Cargill, en lucha frente a despidos y el lock-out patronal que la empresa lleva desde hace más de una semana. En este lugar de lucha tuvo espacio la jornada del 1° de Mayo, convocada por el Sindicato Aceitero, Sitraic, Suteba, CTA y también por el Frente de Izquierda. En el intercambio, los trabajadores aceiteros brindaron detalles sobre cómo está prevista la modificación del convenio colectivo en la rama, precarizando las condiciones de trabajo de acuerdo con el tamaño de las empresas, especialmente en las Pymes.

El motivo principal de la visita de Pitrola fue la exposición de las conclusiones del XXV Congreso del Partido Obrero, que se realizó en la Universidad Nacional del Sur, con la presencia de más de cien personas, entre ellas docentes de Suteba y la UNS, municipales, aceiteros (quienes brindaron un saludo e invitaron al acto del 1° de Mayo), del Sitraic y estudiantes de la UNS y terciarios. Pitrola remarcó la elaboración política del congreso a la luz de los recientes acontecimientos nacionales (fuga de capitales, crisis por tarifazos) e internacionales (golpe judicial en Brasil, masacres imperialistas en Siria).

Del debate, sobresale la tarea imperiosa de promover un “plenario obrero convocado por los sindicatos independientes en Bahía Blanca, en el camino del Congreso de delegados mandatados por las bases de la CGT, la CTA y todo el movimiento obrero”. Tareas que buscan unir a los trabajadores para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores, mediante un paro activo nacional y un plan de lucha. Pitrola opuso la independencia política de los trabajadores, al autopretendido “frente antimacrista”, que busca replegar cualquier desarrollo de las luchas en pos de que “hay 2019” en favor del PJ y el kirchnerismo.

La presencia de Pitrola en Bahía dejó tareas planteadas a la vanguardia obrera. El PO bahiense pone manos a la obra.

El viernes pasado, los jefes de Gobierno de Corea, norte y sur, anunciaron la firma inminente de un tratado de paz en una ceremonia cuya coreografía fue preparada con la meticulosidad característica del show político. Los mandamases de todo el mundo saludaron el apretón de manos de los mandatarios y la Bolsa de Seúl se adelantó al evento con subas elevadas. Hyundai Construcciones, mascarón de proa del capital sureño, se disparó un 28 por ciento, mientras bajaba la cotización de los seguros contra defol. El diario Financial Times (25/4), que registra la noticia, comenta que Hyundai es la compañía con mayor experiencia en el sector de construcción de Corea del Norte y que “ha trabajado en proyectos de alto perfil, incluido aquellos relacionados con hoteles en el sudeste, un estadio en Pyongyang y un complejo industrial próximo a la zona desmilitarizada”. Los chaebol (holdings de empresas) surcoreanos y los ‘comunistas’ norteños son viejos conocidos.

‘Fuego y furia’

Luego de dos años de ensayos misilísticos, de parte de Norcorea, con capacidad para transportar ojivas nucleares, incluso algunos de largo alcance, que podrían alcanzar la costa oeste de Estados Unidos, ¿cómo habría que interpretar este giro aparente de 180°? En este mismo período, el gobierno de Trump trasladó una armada cargada de cohetería nuclear al noreste de Asia, con la proclamada intención de desatar “el fuego y la furia” contra Corea del Norte. Logró, además, algo en principio sorprendente -que Rusia y China se asociaran a una acentuación del embargo económico contra el régimen de Kim Jong-un. En varias oportunidades, el Financial Times citó a fuentes de China que advertían de una discusión política acerca de la posibilidad de que China pudiera acompañar a Trump en un ataque a Corea del Norte. La agencia rusa de noticias, Russia Today, dio a conocer la última advertencia de Rusia: “No podemos tolerar las pruebas nucleares de Corea del Norte cerca de nuestras fronteras” (18/4). O sea que una semana antes del ‘día histórico’ en la zona desmilitarizada de la frontera, la presión a favor de la “desnuclearización” de Corea del Norte seguía sin tregua.

Trump se apresuró a festejar el encuentro entre Kim Jong-un, el norteño, y Moon Jae-in, el sureño, como la consecuencia de su política de apriete bélico y económico extremo. Un observador especializado sostiene, sin embargo, lo contrario, porque ha sido bajo el gobierno de Trump (y en la última etapa de Obama), precisamente, cuando Norcorea realizó sus ensayos militares más significativos. Por otro lado, la iniciativa adoptada por el jefe de Gobierno de Surcorea ya había sido anunciada en la campaña electoral que lo llevó a la victoria. Ha sido la orientación estratégica del centro-izquierda desde mandatos anteriores, que fue bloqueada por Estados Unidos y por crisis internacionales.

Esta estrategia, que lleva la etiqueta de Sunshine, aboga por la penetración económica en el Norte, bajo la tutela política del Estado policial en presencia. Este planteo de ‘reunificación’ de la península, que evita la unificación estatal, ganó impulso como consecuencia del hundimiento de la derecha surcoreana, opuesta al Sunshine, cuyo último gobierno terminó en la cárcel por actos de corrupción.

Capitalismo a la norcoreana

Es incuestionable, entonces, que en un marco de extorsiones internacionales excepcionales, por un lado, y amenazas de guerra y de contra guerra, por el otro, el régimen de Kim Jong-un ha acompañado la iniciativa de alcanzar un acuerdo de paz, bajo la presión de sus propios intereses sociales, como ya intentó hacerlo en el pasado. En 2009, Goldmann Sachs proyectó que el producto interno bruto de una Corea unificada podría superar los de Francia, Alemania e incluso Japón en 30 años, apuntando a la enorme riqueza mineral de Corea del Norte. La expectativa del banco acerca de una unificación era del tipo Hong Kong-China, no de la alemana.

Ese acuerdo de paz, sin embargo, requiere el apoyo de Estados Unidos y de China, incluso porque son los firmantes del armisticio que se encuentra en vigencia desde 1953, cuando finalizó la guerra de Corea. El desafío político estratégico para las masas trabajadoras del norte y del sur es la capacidad para imponer, por la vía de la movilización y la construcción de una alternativa política independiente, la autonomía política de Corea en su conjunto, frente a las presiones y condicionamientos del imperialismo yanqui, por un lado, y el restauracionismo capitalista chino, por el otro. Trump y el chino XI Jing-pin están relativamente unidos en evitar que la crisis coreana derive en un proceso autonómico.

El plato fuerte de este proceso, sin embargo, todavía no ha sido servido. Aunque el ex director de la CIA y actual secretario de Estado, Mark Pompeio, se reunió con Kim en Pyonyang hace poco, los resultados de la reunión no han sido concluyentes. Corea del Norte solamente aceptaría llegar a una “desnuclearización” cuando se cumplan todas las condiciones de un acuerdo general; Trump exige que sea el punto de partida. Para Norcorea, la ‘desnuclearización’, al final del proceso diplomático, debe incluir la clausura de las bases norteamericanas en el Sur e incluso la presencia de una armada nuclear de Estados Unidos en el noreste asiático. Todo esto es lo que deberían discutir Trump y Kim en una reunión prevista, aunque sin fecha, si es que antes se aceptan las condiciones mínimas de uno y otro. El imperialismo yanqui, con todo, no tiene una posición unificada, porque para muchos grupos de poder, la exigencia de “desnuclearización” debería ser reemplazada por un control “intrusivo” de los sitios y arsenales de Corea del Norte, de modo de no dilatar un proceso de colonización económica que pondría en acción a numerosos actores capitalistas que se encuentran opacados, en la actualidad, por la omnipresencia del régimen burocrático-policial. De acuerdo con numerosos observadores, esta variante sería la que más preocupa al régimen de Pekín, porque podría resultar en una hegemonía norteamericana en Corea del Norte.

Crisis mundial

Es bastante claro que la cuestión coreana se desenvuelve condicionada por una crisis mundial, que va desde el resurgimiento de tendencias a un crash financiero, la guerra económica y las crisis políticas en varios Estados, con el centro ocupado por los enfrentamientos de Estados Unidos, de un parte, y Rusia y China de la otra -sin minimizar los choques comerciales de Trump con la Unión Europea. En este escenario, la ruptura del tratado nuclear con Irán, firmado por todas las grandes potencias en presencia, que ha prometido Trump, ocupa un lugar relevante. No solamente atiza la guerra en el Medio Oriente, por el reclamo de que Irán se retire de Siria y del Líbano, y de que abandone el espacio geo-político que va hasta el Mediterráneo, que sería ocupado por Israel y Arabia Saudita. También significa una luz roja para la cuestión coreana, porque refuerza la desconfianza de que Trump cumpla los términos de los papeleríos que se firmen. Las negociaciones de paz, en relación con Corea, se presentan como una pulseada política que opera como el preludio de la guerra que dice querer evitar.

La diplomacia ha sido siempre un juego mafioso de las grandes potencias, pero es evidente que su degeneración ha alcanzado niveles mucho mayores desde la disolución de la URSS. Todos los acuerdos firmados por la Otan con la burocracia rusa fueron enviados al tacho de basura -desde la anexión de Alemania oriental, el bombardeo y fragmentación de Yugoslavia, el asalto a la periferia de la ex Unión Soviética, hasta la más reciente anexión virtual de Ucrania. Macron y Merkel ya han anunciado que exigirán a Irán una revisión del acuerdo, con énfasis en la contención política de Irán en las crisis de Siria, Bahrein, Qatar, Yemen, Líbano -o sea, dar satisfacción a la expansión criminal del sionismo.

Las masas y los aparatos

Una mayoría inmensa de coreanos, según encuestas, apoyan un acuerdo de paz e incluso, condicionalmente, una unificación de la península. Es indudable que son amparados en parte por el poder político, que busca un respaldo popular para su objetivo del Sunshine. En Seúl se han registrado manifestaciones masivas de jóvenes en apoyo de un acuerdo de paz, pero que podría evolucionar, a partir de las contradicciones de todo el proceso, hacia el reclamo de una unificación autónoma y democrática. Esta evolución demuestra el papel estratégico enorme que podría jugar la clase obrera, que tiene una tradición de combatividad enorme en el Sur. Un planteo a favor de una Asamblea Constituyente libremente electa en Corea en su conjunto, sería un golpe monumental al imperialismo y al restauracionismo, que se enfrentan por un nuevo reparto de Corea, y liberaría a las masas coreanas del yugo del Estado policial, que no solamente caracteriza al Norte sino también al Estado capitalista super-explotador del Sur. Una política propia de los trabajadores de Corea ofrecería una nueva perspectiva a los de Japón, cuyo régimen enfrenta una crisis política terminal y que constituye uno de los principales obstáculos a una salida autónoma, democrática y potencialmente socialista para toda la península coreana.

A fines de mayo de 1989, el juez Larrambebere ordenó el encarcelamiento de una gran parte de la dirección del Partido Obrero, de numerosos militantes y el allanamiento de locales partidarios, atribuyéndonos la responsabilidad de las movilizaciones políticas y de los ataques a supermercados que gran parte del pueblo estaba desarrollando frente a la hiperinflación desatada por el gobierno de Raúl Alfonsín. Luego de detenerme en la Casa Rosada, donde me encontraba para protestar contra estos atropellos ante ministros del gabinete, y mantenerme enseguida incomunicado durante varios días en la Jefatura de Policía, me sometió a la indagatoria del caso. En determinado momento del interrogatorio me pidió que reconociera la autenticidad de un ejemplar de nuestro periódico, que había sacado de su gaveta. Para mi gran sorpresa, denunció que las protestas populares se producían en las horas siguientes del día de su salida semanal. Ante el exabrupto, no vacilé en responderle que sabía de periódicos que habían ajustado su periodicidad a la marcha de las luchas sociales, pero no había conocido ningún caso de rebeliones populares que se hubieran adaptado al cronograma establecido de un órgano de prensa. Estábamos discutiendo acerca de Prensa Obrera, cuya edición número 1.500 el lector tiene en sus manos o en su correo. La provocación de Larrambebere ilustraba simbólicamente la influencia del órgano de propaganda del Partido Obrero.

PO, PO, PO

Prensa Obrera salió a la luz en diciembre de 1982, para hacer frente a una nueva etapa política -la salida pactada de la dictadura militar, tanto con los partidos capitalistas, el aparato estatal y las principales potencias extranjeras. No marcó, de ningún modo, una ruptura sino una continuidad. Ese mismo diciembre había salido el último número de Política Obrera, nuestra prensa clandestina, que en esa época era también el nombre de nuestra organización, ilegalizados por el decreto N° 1 de la Junta Militar -a las 7:30 horas del 24 de marzo de 1976. Como observó el corresponsal en Buenos Aires de la Folha de São Paulo”, Clóvis Rossi, nos habíamos arreglado para luchar por la legalidad de la misma sigla, PO, que se encontraba proscripta. Cuando algunos adversarios políticos del Partido Obrero se interrogan acerca de la popularidad del nombre de nuestro partido, la respuesta tiene que ver con la tenacidad para defender una continuidad política, que no es otra cosa que la continuidad de una lucha por la conquista del poder político por parte de la clase obrera y la defensa del internacionalismo proletario -o sea, la revolución mundial. En la izquierda ha sido muy frecuente el cambio del rótulo de la prensa oficial, incluso en la actualidad, lo que obedece por sobre todo a las oscilaciones políticas constantes y la adaptación sin principios a los vaivenes de situaciones políticas determinadas.

Prensa Obrera ha ejercido una influencia protagónica en la construcción política revolucionaria, como había ocurrido con Política Obrera, cuyo primer número apareció en marzo de 1964. De entrada definimos, en Política Obrera, un programa y nuestra estrategia, que se vieron confirmadas en los hechos históricos del período. A título de ejemplo, desarrollamos una polémica enérgica contra el foquismo, en defensa de una perspectiva de rebelión popular, que rápidamente validó el Cordobazo y las rebeliones provinciales sucesivas. Contra todas las fuerzas políticas en presencia, sin ninguna excepción, advertimos acerca del carácter contrarrevolucionario del retorno de Perón, que se manifestó enseguida en los golpes de Estado en las provincias, el pacto social, una legislación antiobrera, las Tres A y la militarización de la cuenca industrial del Paraná.

Nuestra prensa se lanzó, inmediatamente después, a la defensa de la huelga general de junio-julio de 1975 y a la centralización de las Coordinadoras obreras zonales. Más tarde, con la designación de Videla, como comandante en jefe del Ejército, por parte del gobierno peronista, Política Obrera desarrolló una vigorosa campaña contra el golpe militar. Es muy instructivo, aún hoy, leer nuestra caracterización de la dictadura y sus crisis sucesivas, la caracterización oportuna de su agotamiento y nuestra posición en la guerra de Malvinas.

Piqueteros, Mariano, Frente de Izquierda

Prensa Obrera ha seguido esa escuela. Sus páginas fueron decisivas en la campaña para unificar al movimiento de desocupados, desde mediados del año 2000, y contribuir al nacimiento de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que jugó un rol vital en el Argentinazo. Nuestro partido ha publicado varios libros, que registran el poderoso llamado de nuestra prensa en toda la crisis política que culmina en diciembre de 2001. Sin la autoridad ganada en aquella lucha decisiva, no tendríamos hoy “un ascenso de la izquierda”, como el que se manifiesta en lugares de trabajo, sindicatos y papeletas electorales.

Tempranamente, desde 1983, Prensa Obrera fue el órgano de excelencia a favor de un Frente de Izquierda que fuera la expresión política de la independencia de acción y organización de los trabajadores. Libró una polémica de gran alcance contra la desnaturalización de este planteo por lo que fueron el Frente del Pueblo e Izquierda Unida, las últimas tentativas democratizantes del partido Comunista, seguido por el MAS. El FIT es el resultado de una construcción política de dos décadas, que todavía no ha dicho su última palabra. Como se ve, Prensa Obrera no ha sido, y no es, simplemente un ‘diario’ -ha sido, es y debe seguir siendo el gran organizador colectivo de una estrategia obrera-socialista.

¿Quién no reconoce en Prensa Obrera al gran impulsor de la campaña para condenar a los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra, por parte de una fracción poderosa de la burocracia sindical, con íntima ligazón con el aparato estatal del gobierno kirchnerista?

Más cerca en el tiempo, Prensa Obrera fue el gran vehículo para impulsar las movilizaciones que culminarían en las jornadas de rebelión del 14 y el 18 de diciembre pasados, y que ahora mismo clarifica el alcance de la presente crisis política, con tarifazos y devaluaciones incluidos.

Independencia de la clase obrera

En los doce años del kirchnerismo, Prensa Obrera fue el canal de una crítica política vigorosa, completamente imprescindible para evitar que los trabajadores confundieran a la corriente K con la izquierda, el antiimperialismo e incluso el socialismo, y entendieran a un nuevo intento desgastado de tutela sobre la clase obrera, en plena bancarrota del capitalismo. La lucha política contra el kirchnerismo por parte de la izquierda revolucionaria y el Partido Obrero, así como la desarrollada contra el chavismo continental, es lo que ha liberado nuevas fuerzas en la clase obrera para combatir al macrismo y su lacra en América Latina, frente al pejotismo que colabora con el gobierno de la confiscación jubilatoria, la entrega económica y la destrucción del derecho laboral.

Para cerrar esta reseña selectiva, ¿cómo no valorar a Política Obrera y a Prensa Obrera en la construcción de sólidas posiciones internacionales, por ejemplo la advertencia de la bancarrota capitalista de 2007/8 -y, mucho antes, acerca de la tendencia irreversible de la burocracia ‘comunista’ hacia la restauración del capitalismo? El Partido Obrero salió sólido de la disolución de la Unión Soviética, porque nuestra prensa desarrolló con anticipación la comprensión política de estos procesos de alcance histórico. Las páginas de Política Obrera y de Prensa Obrera han sido las expositoras tenaces de la lucha para refundar la IV Internacional.

Estrategia, programa, tribuna obrera

El periódico socialista no es solamente el vector de un programa y de una estrategia revolucionaria. Debe ser también una tribuna de la clase obrera. La clase obrera arriba a conclusiones políticas consecuentes a través de la experiencia, que debe ser entendida como la unión entre la lucha, de un lado, y los planteos políticos de las fuerzas en presencia, del otro. Por eso Prensa Obrera ha tenido, es cierto que de forma irregular, un gran Correo de Lectores, polémico, por supuesto. En la etapa decisiva que se ha abierto, con evidencias de rápido agotamiento del macrismo, en toda América Latina, es necesario que la prensa sea cada vez más la tribuna de los luchadores y el espacio de polémicas revolucionarias. Más precisamente: el medio de confrontación recíproca de las experiencias de la vanguardia de la clase obrera que se empeña en encontrar la vía histórica de la revolución.

Dedicamos el ejemplar 1.500 de Prensa Obrera al compañero Luis Oviedo, el más apasionado colaborador de este periódico.

El Congreso Nacional de la Unión de Juventudes por el Socialismo se realizará los días 12 y 13 de mayo en la ciudad de Rosario, en ocasión del Congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA). La convocatoria de la UJS reunirá a miles de estudiantes, jóvenes trabajadores y activistas de las diferentes provincias del país, en un cuadro de reanimamiento de la movilización juvenil. La ofensiva del gobierno de Macri y los gobiernos provinciales contra los institutos terciarios desató una verdadera rebelión estudiantil, desde Mendoza a la Ciudad de Buenos Aires, pasando por Jujuy, Rosario y Tierra del Fuego. Junto a los terciarios, comienza a hacerse sentir la huelga de los docentes universitarios, que preparan nuevos paros para la próxima semana. El otro gran eje de este ascenso es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que se abre paso en establecimientos educativos de los puntos más distantes del país, incluyendo cada vez más a los propios colegios confesionales.

La FUA que quiere Macri

La federación nacional es la gran ausente en este movimiento. Su congreso se reducirá a votar una conducción, completamente al margen de estas peleas de la juventud. Pero Franja Morada debió tomar nota de la situación convulsiva. Desplazando a la actual presidenta de la FUA y diputada de Cambiemos, Josefina Mendoza, buscará recuperar un margen para maniobrar frente a la movilización juvenil. Como se demostró en la reciente crisis de las tarifas, la política de la UCR es hacer viable los golpes a las masas, evitando que los planes del gobierno queden truncados por la reacción popular. El gobierno para el cual trabaja Franja Morada tiene una agenda de fuertes ataques a la juventud, empezando por la propia reforma laboral. Tras los subsidios a McDonald’s para contratar jóvenes por el salario mínimo, llegan ahora las “pasantías formativas” que habilitarán a trabajar en empresas a cambio de “asignaciones estímulo” no remunerativas. Esta línea precarizadora envuelve al conjunto de la reforma del sistema educativo, que el gobierno quiere reducir y orientar a carreras cortas y descalificadas siguiendo las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los rectores -es decir, los mandantes últimos de la Franja- ya dieron su aval para esta contra-reforma y esperan exportarla a todo el continente en la Conferencia Regional de Educación Superior (Cres) convocada para junio en Córdoba.

Operativo de contención

Para desarrollar una lucha a fondo contra los ataques del gobierno, el movimiento de la juventud tiene el desafío de superar el operativo de contención dispuesto por la oposición colaboracionista. El PJ, que fue determinante a la hora de aprobar las reformas macristas en el Congreso, pretende resurgir de sus cenizas a caballo del creciente descontento popular. Tras las jornadas de diciembre, la burocracia sindical ensayó nuevos rejuntes junto al kirchnerismo y las organizaciones ligadas al papa Bergoglio bajo la consigna “hay 2019”, una pantalla para dejar pasar el “ajuste 2018”. Este salvataje a la ofensiva oficial tendrá su expresión en el Congreso de la FUA en el frente “anti-Macri/anti-Franja” que buscarán encabezar la JUP y el MNR. La Cepa y Patria Grande y otros grupos kirchneristas harían de furgón de cola de este engendro, dándole un barniz “anti-macrista” a lo que es su lisa y llana integración al régimen universitario. No hay que olvidar que fue el kirchnerismo el que rescató a las camarillas de Franja Morada del asedio de la movilización estudiantil y gobernó doce años aplicando a raja tabla la LES menemista.

La lucha es ahora

El Congreso Nacional de la UJS ofrecerá a la juventud una perspectiva independiente, para desarrollar a fondo su lucha contra los ataques oficiales. La pelea debe ser ahora y por eso nuestra consigna es la “unidad obrero estudiantil para derrotar a Macri y los gobernadores”. En el Congreso de la FUA apuntaremos a articular un bloque independiente,que pelee por un plan de lucha nacional del movimiento estudiantil junto a los docentes. Propondremos a todas las federaciones, centros y agrupaciones combativas la organización de una “contra-cumbre” a la Cres de los rectores. Nos organizaremos para seguir expandiendo la movilización de los terciarios, enfrentando los intentos de subsumirla a las negociaciones en curso entre el macrismo y la burocracia de Ctera. Vamos a multiplicar las convocatorias por el derecho al aborto legal y a la educación sexual en las escuelas, denunciando los intentos del gobierno y el Vaticano de cercenar estos reclamos al máximo posible. A 100 años de la Reforma Universitaria y a 50 del Mayo Francés, sólo la izquierda socialista y revolucionaria puede hacer una convocatoria de este tipo, reivindicando el método histórico de la unidad obrero-estudiantil como una estrategia política presente. El Congreso Nacional de la UJS es un llamado a barrer con la burocracia sindical y sus correlatos en el movimiento estudiantil, para derrotar los ataques en curso y abrir una nueva realidad política bajo la iniciativa de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

El acuerdo firmado por los paritarios establece una suba de 6% en abril y otra de 9% en julio sobre las escalas de 2017, y estipula el pase a remunerativo de 4.000 pesos acordados en la paritaria del año pasado, lo que eleva un promedio de 2,5% la base de cálculo del acuerdo de este año.

Al ser acumulativo el 15%, con la nueva base, el incremento real será de 18,5% si se toma sólo la categoría inicial, pues esos 4.000 pesos fijos disminuyen el promedio sensiblemente en las categorías superiores o donde hay actas acuerdos por empresa como ocurre en las grandes metalúrgicas. Esa es la letra fina de la paritaria de la UOM.

Sin pudor alguno, la oficina de prensa de la UOM ha mandado un comunicado de prensa señalando que “rompió el techo salarial”. Pero la verdad para los salarios metalúrgicos es otra.

Los sueldos de la UOM son uno de los más bajos de la industria. El inicial por hora, durante 2017, se ubicó en 63,17 pesos, por debajo del personal doméstico (71,05 pesos) y a la par del inicial del peón en la construcción (63,78 pesos).

Salarialmente hablando, el de la UOM es un convenio basura.

¿Por qué? Sucede que bajo la administración de Caló, se ha impuesto que el básico ya no importa, puesto que sus reclamos paritarios parten del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que es un piso salarial para todos los obreros de la UOM, que estaba en 13.565 pesos. El reclamo “paritario” de la UOM era elevar un 27% el IMGR para poder llevarlo a 17.200 pesos de bruto. El reclamo en sí era una infamia, por eso las cámaras patronales lo aceptaron sin paro alguno y, a la mera amenaza de paro, la respondieron con una conciliación obligatoria.

El ingreso mínimo garantizado será ahora de 16.800 pesos. Simplemente un sueldo de hambre.

Lo agravado del acuerdo es que, desde ahora, las paritarias de la UOM tienen incorporado una parte de trabajo a destajo (el presentismo y la producción) que forman parte del IMGR.

La implementación del IMGR no sólo se aplica en las pequeñas empresas metalúrgicas, también en las grandes metalúrgicas. En Acindar, la mitad de los trabajadores de la UOM tienen un mínimo de referencia de miles de pesos inferior al de los efectivos.

El “premio” de este acuerdo ruinoso, inconsulto y sin lucha, es 700 pesos de contribución “solidaria” para la UOM para trabajadores afiliados y no afiliados.

Está planteado repudiar la paritaria y firmar petitorios en las fábricas por la reapertura de la misma y el pago del aguinaldo entero, para paliar -al menos- una parte de la entrega de una dirección que no representa a los metalúrgicos.

El pasado fin de semana (12 y 13 de mayo) se realizó en Rosario el Congreso de la Federación Universitaria Argentina. Miles de representantes y militantes estudiantiles de todo el país se dieron cita en un momento convulsivo del país. El congreso era la oportunidad para debatir esta situación y que la FUA tomara la iniciativa para organizar al movimiento estudiantil en defensa de la universidad y de sus grandes demandas, desde el reclamo de los docentes contra el techo salarial hasta la defensa de las carreras y títulos frente a las reformas privatistas bajadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), pasando por la necesidad urgente de un boleto educativo ante los tarifazos en curso.

Nada de esto fue debatido, sin embargo, en Rosario.

El vaciamiento político de la FUA fue la política de una Franja Morada asediada por la crisis de propio gobierno. El gobernador mendocino Alfredo Cornejo, que venía de respaldar el llamado de Macri al FMI, se reunió con los pibes radicales en Rosario. Franja Morada tuvo que recalcular su estrategia después de la crisis provocada por la anterior presidenta de la FUA, Josefina Mendoza, al votar como diputada de Cambiemos la reforma previsional. Frente a la amenaza de un potencial “frente anti-Franja” que los desplazara de la FUA, los radicales apelaron a la caja de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) para disciplinar a los rectores y fragmentar a la oposición. Contra las cuerdas, Franja logró retener la federación negociando la presentación de listas de la JUP (PJ) y el MNR (del PS que gobierna Santa Fe) por separado.

El rol del kirchnerismo

El primer antecedente del triunfo de la Franja había sido la votación del presidente del consejo que reúne a los rectores de las universidades de todo el país (Consejo Interuniversitario Nacional -CIN), donde peronistas, kirchneristas y “socialistas” apoyaron al radical Hugo Juri, de Córdoba, el principal ideólogo de la contra-reforma macrista que descalifica las carreras. El segundo antecedente había sido la elección del radical Fernando Tauber en La Plata, con apoyos (retribuidos en cargos) de Miles, La Mella y La Cámpora. Ayer, el CIN en pleno debió actuar para asegurar la continuidad radical en la FUA. Quedaron pedaleando en el aire las agrupaciones nacionalistas y centroizquierdistas que durante meses venían “luchando” para que la JUP de Pichetto y Urtubey y el MNR de Lifschitz encabezaran una lista contra los radicales. El Congreso de la FUA fue un termómetro de la situación política: los macristas de la universidad están mal, pero aún cuentan con el respiro que le dan los gobernadores y rectores de la oposición patronal.

Ante el fracaso del frente “anti-Franja”, el kirchnerismo, La Mella y las agrupaciones que se alinean en el espacio “San Cayetano” (Cepa, Sur, Evita) terminaron presentando sobre la hora una lista encabezada por el Miles. El dato no es menor, ya que Miles es una “creación” del burócrata sindical Daniel Ricci, de Fedun, un dirigente peronista que durante años se dedicó a entregar todas y cada una de las reivindicaciones de los docentes universitarios a los diferentes gobiernos de turno. Sin posibilidades de ir detrás del PJ y sus rectores, estas agrupaciones se alinearon con la burocracia sindical docente.

La lista de la izquierda

El otro gran dato de la FUA fue el crecimiento de la izquierda. Nuestra lista, “La Izquierda en la FUA”, logró congregar a un gran número de agrupaciones de izquierda e independientes (UJS-PO, PTS, Izquierda Socialista, Hagamos Lo Imposible, Cauce-Marabunta, Juventud Insurgente, Nueva Opción de Luján). Crecimos un 65% en delegados respecto del congreso anterior y pasamos a ubicarnos en el cuarto lugar, por encima del MNR. La inmensa mayoría de los votos fueron aportados por la UJS, quintuplicando a la segunda fuerza del frente. Como planteó nuestro compañero Federico Casas, quien nos representará en la Junta Ejecutiva de la FUA, “nuestra lista fue la única ‘anti-macrista’, ya que llamamos a la juventud a luchar sin ataduras con los gobernadores, rectores y burócratas que colaboran con Macri”.

El congreso repitió el arsenal de maniobras utilizado por la Franja y la JUP (con mayoría propia en la Ejecutiva) para alterar y manipular la distribución de los delegados. Las truchadas abarcaron a todo el proceso, desde la presentación de actas hasta la distribución y asignación. Por caso, la Federación Universitaria de la Universidad de las Artes (Funa), constituida el año pasado y presidida por la UJS, no fue reconocida como tal. La votación de la conducción se realizó en dos tandas, una en la cual participamos un grupo de listas y otra más tarde, que Franja Morada acordó con la lista de Miles y el kirchnerismo. Esta irregularidad implicó que circularan actas con listas y resultados distintos. En Página/12, la Mella y los K denunciaron un fraude para bajar su votación y dejar a la JUP en tercer lugar, a pesar de lo cual terminaron presentándose y avalando las actas.

La UJS convoca al movimiento estudiantil a sacar las conclusiones de Rosario y superar este congreso de la FUA vaciado y corrupto. Ganemos la calle con la unidad obrero estudiantil para enterrar los planes de Macri, el FMI y todos los explotadores

Los seis millones de votos que obtuvo Maduro en la elección del pasado domingo implican un fuerte retroceso respecto de la elección constituyente del año pasado -con la reserva de que muchos observadores señalaron que sus datos estaban inflados. Incluso si se tienen en cuenta las cifras oficiales, la caída del domingo pasado fue superior al 30 por ciento. La abstención fue elevada -la menor participación desde 1958. Sobre el total del padrón, los votos por Maduro no superaron el 35%: el “chavismo plebiscitario” es un recuerdo lejano. El resultado es todavía más pobre si se considera el despliegue del clientelismo punteril, en un país asolado por la necesidad. A pesar de la instalación de 12 mil “puntos rojos” a la salida de los comicios, para escanear “los carnets de la Patria” -que permiten el acceso a una canasta de productos racionados-, el chavismo hizo la peor elección de su historia.

Incluso con estos resultados, el ‘madurismo’ es el único poder existente en Venezuela. Es un poder en manos casi exclusivas del alto mando militar. La alternativa opositora de la MUD se ha desvanecido, como consecuencia, en primer lugar, de la incapacidad para ofrecer una salida a las Fuerzas Armadas. El mando militar se encuentra acosado por denuncias de corrupción, a nivel internacional, pero más allá de esto debe cuidar que una salida traumática a la inmensa crisis por la que atraviesa Venezuela, no desate un estallido social y destruya la cohesión militar.

La oposición de derecha debería ofrecer, como alternativa política, la seguridad de un plan internacional de rescate de la economía venezolana, que se ha calculado en 200 mil millones de dólares, cuando lo que tiene enfrente son acreedores y fondos buitre que se han coaligado para obtener el lucro más alto para cuando se produzca el deseado ‘cambio de régimen’. Al mismo tiempo, Venezuela es un sitio privilegiado de la guerra económica internacional, debido a la necesidad que tiene de reestructurar y reactivar sus recursos petroleros. La Cuenca del Orinoco es disputada por las compañías norteamericanas, de un lado, y las europeas, rusas y las chinas, del otro. La última decisión de Trump, de prohibir la venta de activos venezolanos en el exterior, apunta a evitar que Maduro entregue a Rosneft -la petrolera rusa- la red de Citgo, la expendedora de petróleo de PDVSA, en Estados Unidos. El tamaño de la crisis de PDVSA se mide en el hecho que, de acuerdo con los especialistas, la suba espectacular del precio del barril del petróleo en los últimos meses obedece a la caída de la producción de Venezuela, de 2,5 a 1,5 millones de barriles diarios. Cuatro de las cinco refinerías de PDVSA se encuentran fuera de servicio y el servicio de la deuda con proveedores está paralizado.

Economía y política

Entre 2014 y 2017, la economía venezolana acumuló una contracción del 33,4%, por un lado, por la caída fenomenal del precio del petróleo en ese período; por el otro, por el desmadre de la gestión burocrática de la petrolera y del Estado; las denuncias de una corrupción fabulosa vienen de afuera como de adentro del régimen político. Las expectativas para este año no son mejores, incluso a pesar de la suba de los precios internacionales del petróleo, debido a ese desmadre. Venezuela tiene la tasa de extracción más baja del mundo: sólo es capaz de comercializar cada año el 0,5% de sus reservas probadas, a pesar de haber firmado acuerdos de asociación con el 95% de los monopolios internacionales. Más todavía que en Brasil, estos acuerdos son insatisfactorios para los monopolios -incluidos los rusos y chinos- debido a que reservan el control operacional en manos de la petrolera estatal. Las negociaciones de Maduro con Rosneft, acerca de la explotación de la cuenca del Orinoco, apuntan a poner fin a esta situación -como ya ocurre en el Arco Minero, donde las privatizaciones son irrestrictas.

PDVSA posee incumplimientos por 3 mil millones de dólares y acaba de perder un litigio por la nacionalización, hace varios años, de la empresa ConocoPhilips, por dos mil millones de dólares. La misma situación atraviesa la industria minera: se les deben 1.500 millones a compañías por expropiaciones no pagadas, algo que en el caso de la minera Rusoro ya tiene dictamen favorable en tribunales; a Crystallex, una minera canadiense, y a otras como Gold Reserve se les debe cerca de 3.000 millones más.

Los acreedores internacionales no han salido a plantear la “aceleración” de los contratos de deuda, o sea su pago integral, como consecuencia del defol. Esto la habilitaría a pedir el secuestro de propiedades y/o cargamentos de petróleo en el exterior o, incluso, el embargo de los más de 40 mil millones de dólares en activos que posee Venezuela fuera del país. Estados Unidos y la Unión Europea han prohibido la colocación de deuda de Venezuela en los mercados internacionales, pero no la negociación de la deuda existente.

Aunque sorprenda a muchos, esta deuda se transa en gran volumen y a un precio que se estima elevado (subió de 25 centavos a 33 desde febrero), debido a las expectativas en una caída del gobierno, que se calcula “en meses”. Esto sobrevendría de un embargo o bloqueo del comercio exterior de Venezuela. De acuerdo con el corresponsal de La Nación (23/5), el continuismo de Maduro “echar(on) por tierra los acercamientos secretos de los últimos meses con la administración republicana”. Como parte de estos “acercamientos”, Maduro postergó las elecciones de abril a mayo y alentó la presencia electoral de Henri Falcón, un ex del chavismo, y luego fundador de la MUD.

La derecha y el imperialismo

La derecha se encuentra en un estado de desorientación política. Es el resultado de los fracasos de las intentonas golpistas e intervencionistas del pasado, por un lado; y de la incapacidad de hacerse una base popular para vencer en las urnas al chavismo, por el otro. Henry Falcón se presentó como una falsa salida a este impasse.

Una nueva pista para la derecha venezolana podrá aparecer como consecuencia del derrumbe del madurismo. Desde antes de la campaña electoral, el gobierno dio indicios de una salida a la crisis monetaria (hiperinflación), cuando lanzó el petro -una moneda digital que tenía como garantía el barril de petróleo. Aunque los críticos la denunciaron como un intento de fugar dinero o de negociar la deuda pública a pesar de las prohibiciones, señalaba un planteo de dolarización de la economía, algo que enseguida sería el eje de campaña de Falcón. El reemplazo del bolívar por el dólar debía ir acompañado con el cese de la financiación monetaria del Tesoro, por un lado, y de los cortes de gastos sociales y la privatización integral del petróleo, por el otro. En los ambientes financieros, muchos se preguntan si el aseguramiento de la reelección de Maduro no es, precisamente, el paso previo a la dolarización. Es un punto en el cual Putin y Xi Jing Pin estarían por completo de acuerdo. El FMI y los Tesoros de los países principales serían llamados a financiar el cambio de moneda y la reestructuración del Banco Central. Sería la contraseña para un reingreso de la derecha a la cancha, pero dividida. La dolarización dejaría al desnudo la inmensa confiscación que han sufrido los trabajadores de Venezuela, a manos del gobierno ‘nacional y popular’. Es la salida que impulsa la derecha continental, que vería acompañada con una probable elección en un plazo a pactar. El ecuatoriano Correa, un K, conservó la dolarización impuesta al país por gobiernos previos, asesorados por Cavallo.

La clase obrera y la izquierda

A pesar de luchas cotidianas y peleas de todo orden, la clase obrera de Venezuela es la clase más alejada a la hora de ofrecer una salida política. La confusión que ha creado el chavismo en sus filas, a la que suma el proto-chavismo de la totalidad de la izquierda, en el ‘período revolucionario’ del régimen, ha sido pagada muy caro. La transición política que iniciará el giro de la crisis, deberá crear un nuevo escenario y nuevos realineamientos políticos. Las organizaciones obreras independientes del Estado tienen el desafío de ofrecer un programa transicional para la nueva etapa y convocar en torno de él al conjunto de la clase obrera. La crisis en Venezuela se desarrollará en un nuevo cuadro mundial y latinoamericano, como lo demuestran las crisis de Brasil, por un lado, y Nicaragua, por el otro, así como el naufragio del macrismo y las luchas obreras en Argentina.

Es necesario, como nunca, una conferencia latinoamericana de la izquierda que luche por la independencia política de los trabajadores y por la dirección política de la clase obrera. Servirá para ofrecer conclusiones de conjunto para las masas en lucha y para abrir una perspectiva antagónica al capitalismo y sus crisis.

La especie oficialista de que “lo peor pasó”, difundida en estas horas por alguno de los miembros del gabinete nacional, apunta a dar por terminada la crisis de fondo que se evidenció con la corrida cambiaria, la megadevaluación y la convocatoria al FMI. Pero, estrictamente y fuera del propio gabinete, la expectativa “optimista” ni siquiera es comprada por los propios propagandistas del macrismo. El cimbronazo de días pasados ha agravado todos los desequilibrios económicos y, naturalmente, anticipa choques sociales de enorme magnitud.

La devaluación le permitió al gobierno degradar los salarios estatales y los gastos sociales del Presupuesto. Pero ha acentuado el peso de la deuda pública externa sobre el PBI: algunas estimaciones que calculaban esta relación en el 59% hace un mes atrás, señalan ahora que se elevó al 69% con el dólar a 25 pesos (Página/12, 20/5). En el meollo de la corrida de días atrás, que no es otro que el de una crisis de deuda y, por lo tanto, de financiamiento del Estado y de la propia burguesía, la situación es hoy más aguda. El gobierno puede solazarse de que, en alguna medida, se ha licuado la deuda pública en pesos. Pero un componente fundamental de esa factura, la deuda del Banco Central (Lebac), compensa esa desvalorización con la pesada carga de intereses al 40%, el precio comprometido para que puedan renovarse estas letras. El próximo vencimiento implicará mayor capital e intereses a reciclar, si se quiere impedir una nueva corrida. No sorprende, en ese cuadro, que los “ultraliberales” vuelvan a plantear la conversión forzosa de esta deuda en títulos del Tesoro nacional. Así, los tenedores de los “ultraseguros” pagarés del Banco Central serían obligados a cambiarlos por deuda de un país en manos del FMI. Estaríamos ante una variante parcial de defol, y -cuanto menos- ante una crisis de gabinete. Por otra parte, el 63% de las (abultadas) deudas provinciales están nominadas en dólares o “linkeadas” al dólar, que es lo mismo.

Dujovne y las provincias

Precisamente, el gobierno ya atraviesa en estas horas una crisis de gabinete disimulada, con el nombramiento de Nicolás Dujovne como “ministro coordinador” del abanico de carteras ministeriales relacionadas. No es un secreto que la unificación, en manos del ministro que trata con madame Lagarde, es la aspiración de “ordenar” esa agenda económica bajo la batuta directa del Fondo Monetario. Pero las crisis políticas y choques sociales que resultarán de ello recién comienzan a verse. El gobierno ha comenzado a negociar con los gobernadores un “acuerdo nacional” que consiste, esencialmente, en “recortes para el Presupuesto 2019 y todas las políticas incluidas en esa ley: obras públicas prioritarias, planes sociales, inversiones, subsidios, empleo público” (La Nación, 20/5). Aunque se afirma que no serán tocadas las jubilaciones, se prevé revisar “regímenes especiales de jubilaciones” y pensiones de discapacidad mal otorgadas” (ídem) -o sea el latiguillo que el gobierno viene planteando para atacar conquistas jubilatorias arrancadas por diferentes gremios, así como las obtenidas por los discapacitados y las jubilaciones especiales por insalubridad, todas consideradas como “privilegios”.

Pero este ajuste sobre las provincias deberá hacerse encima de otro -el que ya está en marcha en los distritos con importantes niveles de deuda externa, como Jujuy, Chubut, Mendoza, entre otros- y que han visto crecer sustancialmente el peso de esa hipoteca después de la devaluación. La voluntad de los gobernadores de la seudo-oposición por aportar a la “gobernabilidad” del macrismo ya ha sido probada durante dos años. Hoy, está presente en la decisión de los senadores del pejota de “adormecer” o negociar el proyecto de recorte de tarifas votado por el Congreso. Ninguno de ellos ignora, sin embargo, que el “acuerdo” fondomonetarista transformará al interior en un polvorín social. Por eso han pactado eludir el Congreso en el pacto con el FMI. El gobierno se evita, de este modo, el escarnio público de tener que discutir la letra inevitablemente leonina del acuerdo, y la oposición pejotista de dejar sus huellas en esta entrega.

Otra vez las tarifas

Finalmente, la megadevaluación ha instalado una sorda crisis en el mundo de las privatizadas de la energía. Ocurre que los recientes aumentos confiscatorios en la luz y el gas -y que desataron una crisis política al interior de la propia coalición gobernante-, fueron calculados en base a un dólar del orden de los 18,50 pesos. Pero de acuerdo con el esquema organizado por el propio gobierno en 2016, los productores de gas, de combustibles líquidos y los generadores de energía arrancaron un “sendero de precios” ascendentes y dolarizados. En consecuencia, “queda descartado que en octubre las tarifas de gas puedan aumentar menos del 15%, según había anticipado Aranguren. Porque además en esa fecha, el precio del gas tiene que subir a 5,26 dólares, según el cronograma oficial, lo que a un dólar de 25 pesos, ya sumaría otro 14,5% en las facturas” (ver en www.elentrerios.com). Lo mismo ocurrirá con la electricidad, la cual, en noviembre, “debería subir un 30% por la devaluación, sin mencionar lo que se quiera trasladar al público por estos meses de desfase, más una nueva reducción de subsidios” (ídem). La magnitud de este ‘tarifazo sobre el tarifazo’ ha llevado a Macri a maniobrar. Por caso, postergó por unas semanas el aumento de las naftas que correspondía por la devaluación y la suba internacional del precio del crudo. En el caso de la energía, acaba de anunciar un subsidio de 40.000 millones de pesos para atenuar el impacto del aumento de los valores de la generación eléctrica. Va de suyo, sin embargo, que estas maniobras se dan de cabeza con el programa que exigirá el FMI. Macri se ha quedado sin financiamiento para patear hacia adelante un choque de mayor envergadura con las masas. Pero, al mismo tiempo, nunca tuvo tan pocos recursos políticos para imponerlo. La precaria “tregua” cambiari, que el gobierno pagó a precio de oro, no lo va a eximir del escenario convulsivo que ha dejado la ‘megadevaluación’.

El movimiento obrero -y en primer lugar, el clasismo y la izquierda- debe tomar cuenta de ello.

El sábado 19, el Polo Obrero realizó un plenario nacional que recogió la experiencia y el balance de nuestro desarrollo de este primer semestre 2018. La mesa reunió a 17 distritos del Gran Buenos Aires de las zonas sur, oeste, norte y La Plata, a referentes del interior de la provincia de Buenos Aires (estuvieron San Nicolás, Mar del Plata y Bahía Blanca), Chaco, Salta, Tucumán, Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y Neuquén. Por distintos problemas no pudieron llegar los responsables de San Juan y Tierra del Fuego.

Al plenario lo abrió el compañero Néstor Pitrola, con un completo informe de situación política. Pitrola remarcó que “explotó el programa económico por sus propias contradicciones. El plan de guerra de Macri sigue su camino, intentan apagar el fuego con nafta”.

La primera conclusión fue tomar iniciativas para promover la irrupción de los trabajadores, impulsando una campaña por el paro activo nacional y por un plenario de delegados de base con mandato.

Los movimientos sociales

La necesidad del frente único por las reivindicaciones frente al ataque del gobierno, a la vez que la delimitación con las otras organizaciones sociales y piqueteras, fue un punto de debate político. El triunvirato de San Cayetano discute un nuevo acuerdo con el gobierno y su inclusión en la CGT, la misma que pacta con Macri las reformas antiobreras. Es el mismo camino del “partido piquetero” anunciado por De Gennaro, que querrá venir a disputar el espacio conquistado por la izquierda (FIT-PO).

Cada regional presentó un informe de su provincia y algunas intervenciones fueron muy destacadas por la concentración de problemas políticos que se cristalizan, como por ejemplo Santiago del Estero. Allí, el gobierno provincial (Frente Cívico) está integrado por el Movimiento Evita y Barrios de Pie, y se expande en los barrios con caja y apoyo del Estado. En septiembre habrá elecciones en la capital y uno de los candidatos por el oficialismo es el dirigente de Barrios de Pie (¡!). Algo similar ocurre en Mendoza, donde esta agrupación forma parte del gobierno antiobrero de Alfredo Cornejo.

La lucha por las reivindicaciones

Un tema clave del plenario fue la lucha por al aborto legal. La compañera Silvina, del Plenario de Trabajadoras de Córdoba, intervino sobre el tema y llamó a profundizar esta agitación en todo el país. Concluimos su intervención realizando un pañuelazo.

La lucha por las reivindicaciones incluyó también la cuestión de la vivienda. En Córdoba capital (Cabildo) ganamos las viviendas para más de 130 familias con la ocupación. Formamos un cuerpo de delegados y con esta experiencia nos dimos el trabajo de abrir más de 20 barrios, que están extendiendo nuestro trabajo a toda la provincia.

El problema de las inundaciones también nos ha tenido a la cabeza de la lucha con movilización y corte de puentes; en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en Moreno, también se realizarán marchas en reclamo de asistencia integral de los damnificados por las lluvias y por un plan de obras hídricas para terminar con este flagelo.

Perspectivas

El Polo Obrero debe trabajar intensamente en la organización de las masas agredidas por el gobierno y en defensa de todas las reivindicaciones populares, desde la lucha por la tierra y la vivienda, contra los tarifazos, el reclamo de trabajo genuino y la defensa de los planes sociales ante la amenaza de las bajas y la pulverización de los ingresos por la inflación. Con el método del empadronamiento, la asamblea barrial, y la lucha piquetera en frente único, debemos abordar el desafío de ser un canal de organización de las masas contra el ajuste en unidad con los trabajadores ocupados.

Con esta caracterización, el plenario votó un programa de emergencia y un plan de resoluciones, que incluye el empadronamiento por trabajo genuino, movilización a los municipios, plan de lucha nacional junto al bloque de organizaciones y los sectores que estén dispuestos a romper la tregua, campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, participación en la marcha Ni Una Menos del 4J y movilización a la reunión del Consejo del Salario mínimo.

La sanción de la ley que recorta el último tarifazo, de un lado, y el veto que la anula, del otro, expresan un choque al interior de la “coalición del ajuste” -o sea, el régimen de agresión a las masas encabezado por Macri y los partidos de la seudo-oposición. Pero este choque revela que ese régimen ha ingresado en un acelerado proceso de disolución política y económica. Si los tarifazos dispuestos en abril pasado ya resultaban socialmente intolerables, lo que se viene después de la corrida cambiaria y el dólar a 25 pesos es un “tarifazo sobre el tarifazo”, puesto que los valores de la energía y los combustibles se encuentran dolarizados.

Sin embargo, esa misma desvalorización del peso -que empuja las tarifas hacia arriba- aún no ha concluido, y el propio FMI es su principal fogonero. En las negociaciones de estos días, los funcionarios del organismo reiteraron que “el acuerdo stand by no podrá ser utilizado para cubrir una corrida cambiaria, y mucho menos para financiarla” (Ambito, 30/5). Para ello, “el gobierno deberá comprometerse a sostener un tipo de cambio competitivo” (ídem). Sin que el rodrigazo desatado hace dos semanas haya desplegado todavía todos sus efectos, la ‘salida’ fondomonetarista anticipa un mazazo inflacionario aún superior. De cara a la inmensa convulsión que se viene, el impasse del régimen ajustador no puede ser mayor. Más allá de las chicanas al macrismo, el ultramezquino recorte al tarifazo votado por los senadores expresa el terror a una rebelión popular contra los aumentos, ello, después del antecedente de las jornadas de diciembre contra la reforma previsional. ¡El propio gobierno que veta el recorte al tarifazo ha dispuesto un congelamiento de las naftas por 60 días! Pero si este intervencionismo prospera, el gobierno dinamita sus últimas posibilidades de financiamiento internacional. Es este mismo impasse el que recorre al Macri brasileño, en estas horas, de cara a la huelga de las patronales camioneras contra los tarifazos en los combustibles. La decisión de Temer de moderar los aumentos no disipó las protestas -pero llevó al derrumbe de las acciones de Petrobras. En definitiva, el macrismo debe perpetrar la tarea devastadora del rodrigazo, pero sin los recursos políticos para llevarla hasta el final.

Bloque opositor

La naturaleza del bloque opositor que redactó el ‘recorte al tarifazo’ está retratada en su propio proyecto. La ley de Massa-Pichetto convalida los gigantescos aumentos del gas y la luz que se llevaron adelante en 2016/2017, del orden del 1.000 al 1.500%. El recorte “opositor” deja intacta esa inmensa confiscación, y a todo el sistema de privatizaciones. Sobre esa base, el gobierno transitó por intensas negociaciones con los senadores. En la decisión final del pejotismo ha pesado una cuestión política de fondo, la de demarcarse de un gobierno colapsado. Lo hicieron, claro está, a sabiendas de que el mezquino recorte tarifario sería vetado y, por lo tanto, no afectaría a la marcha general del ajuste que ellos han caucionado. Por caso, el “desplante” de los senadores ha convivido con el respaldo estratégico de todos ellos -y de sus gobernadores- al acuerdo con el Fondo Monetario, y el respaldo a que no pase por el Congreso. En su momento, el rol de estos “opositores” podría implicar también el ingreso a un gabinete de coalición o unidad nacional, si el proceso de disolución económica se reabre con dimensiones mayores y conduce a una crisis de gabinete y de régimen de alcance más general.

En otro plano, este bloque del “recorte tarifario” ha servido de pretexto para una asimilación más completa del kirchnerismo al pejotismo, subrayada en las semanas anteriores por expresiones de CFK contrarias a postularse en 2019. El pregonado “frente antimacrista”, incluso si llegara a superar las pujas de candidaturas, se encuentra liderado por los Pichetto, Massa, Urtubey o Gildo Insfrán -o sea, el elenco de socios provinciales y parlamentarios del macrismo, con un kirchnerismo acomodado a su interior. Para la burguesía, este frente constituiría una tentativa de rescate de las “conquistas” antiobreras y antinacionales cosechadas por el macrismo en estos años, desde la garantía a los acreedores internacionales -a través de un plan de refinanciamiento de la deuda externa- hasta los propios tarifazos. En el armado del pasado 25 de mayo, el kirchnerismo se preocupó muy bien de ocultar el contenido de este frente en grado de tentativa, detrás de la música, los artistas o dirigentes de derechos humanos. A contrapelo de muchas manifestantes presentes, el documento de esa “unidad opositora” ignoró la reivindicación crucial del aborto legal. Es que el Vaticano está metido hasta los tuétanos en esta operación política. El frente Vamos, que reúne a los “muertos vivos” de la centroizquierda argentina, pretende jugar de obstáculo al desarrollo de una izquierda de independencia política de la clase obrera y, a su turno, jugar como variante izquierdizante del bloque opositor de la burguesía.

Los que se prueban “el traje de 2019”, sin embargo, fingen desconocer los choques y crisis políticas que tendrán que atravesar hasta entonces, y el efecto desintegrador que tendrán esas crisis sobre los bloques políticos que contribuyan a rescatar al capital internacional y a los privatizadores.

Reacción obrera

La “unidad opositora” bajo la batuta del pejotismo ya tiene sus manifestaciones sindicales. Yasky anunció la intención de disolver su CTA en una CGT dirigida por el moyanismo y la Corriente Federal. La política de este bloque es conocida: no hacer olas hasta 2019 y contribuir a un relevo electoral a manos del peronismo. Micheli ha montado una elección de una fracción de la llamada CTA Autónoma, con el mismo derrotero, puesto que plantea la unidad con la de Yasky. Por su parte, el triunvirato “vaticano” gana las calles de la mano del Episcopado, con una política asistencial para acompañar la hambruna del ajuste fondomonetarista. Después del 21F, este bloque aisló rigurosamente a todas las luchas que se batieron contra los despidos y los techos salariales. Esta política no descarta un paro aislado, que podría tener lugar como respuesta al veto presidencial -pero carece de toda pretensión de derrotar al gobierno del FMI en base a la acción de los trabajadores.

En oposición a esta parálisis, emerge con toda su fuerza la victoria de la huelga docente neuquina, la cual, empujada por las asambleas de base, rompió los techos paritarios y arrancó la indexación del salario con el método de la huelga general y los piquetes, aún cuando su reclamo iba más allá en función de una recomposición. Un plenario de sindicatos y delegados de base, convocado en apoyo a esta huelga, sirvió de impulso final para consagrar esta victoria. Pero entroncó también con otra gran convocatoria de alcance nacional: la que realizó el Sutna a los sindicatos combativos y el clasismo, para poner en pie de lucha a los sindicatos y batallar por una nueva dirección en el movimiento obrero. Es necesario empeñar todos los esfuerzos para que este plenario, convocado para el 23 de junio, se convierta en un polo de referencia para todos los luchadores, delegados y activistas que están pugnando por abrir un rumbo de lucha frente al cepo burocrático. La lucha por un congreso de delegados mandatados por asambleas de base de todas las centrales y sindicatos es un gran planteo de recuperación de los sindicatos para una política de clase, y hacemos de ella un método para la propia convocatoria al 23, promoviendo reuniones previas y mandatos de fábricas y gremios.

La agenda inmediata tiene otro gran pilar en la lucha por el aborto legal, que se dirimirá en las próximas semanas. Una victoria de esta reivindicación crucial será un golpe a todos los partidos que han sostenido y sostienen el plan de guerra contra los trabajadores, y que -como parte de ello- son aliados de hierro del clero. Por otra parte, una victoria de esta reivindicación que acaba de arrasar en el plebiscito irlandés, reforzaría la oposición popular al régimen. Con estas banderas, marcharemos el 4J -“Ni una menos”- y el 13J al Congreso, a la sesión de Diputados.

En medio de esta enorme crisis nacional, que prepara episodios mucho más agudos, el Frente de Izquierda tiene la responsabilidad de apuntalar la acción de los luchadores y el clasismo por poner en pie a los sindicatos, y de desplegar una acción política integral que presente un programa y una salida de los trabajadores al nuevo derrumbe nacional perpetrado por el macrismo y sus cómplices.

El 11 de junio, Macri y su ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, inaugurarán en la ciudad de Córdoba la Conferencia Regional de la Educación Superior (Cres), que reunirá a rectores de universidades públicas y privadas de toda América Latina y el Caribe.

La Cres tendrá lugar en un cuadro agitado. La resolución 1254/18 del Ministerio de Educación, que se conoció la semana pasada, representa un salto cualitativo en los ataques a la universidad pública. De la noche a la mañana se amputaron brutalmente las actividades reservadas a los títulos de 37 carreras -entre ellas, Ingeniería Civil, Arquitectura, Psicología, Agronomía, Farmacia y Biología. Los colegios profesionales pusieron el grito en el cielo, pese a lo cual el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a respaldar al gobierno y se declaró co-autor de la nueva normativa. En nombre de fomentar “carreras cortas y flexibles”, la medida golpea a las históricas disciplinas y su desempeño profesional. No es casualidad que el único rector que rechazó la resolución haya sido el de la UTN, bajo la enorme presión de los ingenieros de todo el país. Es un dato fuerte para un gobierno presidido por un “colega” que ‘chamuyaba’ con jerarquizar esta carrera por encima de otras “menos útiles” (sic).

El recorte de actividades reservadas tiene un sentido claro: permitir la proliferación de carreras low cost, ultra-especializadas y dictadas en general por instituciones privadas, que en tres años habiliten a hacer algunas de las tareas por las que hasta ahora se debía cursar una carrera integral de cinco. De esta forma, se desregula el mercado profesional, dando lugar a trabajadores menos calificados que depriman el costo laboral. Con la excepción de la UTN, el aval de los rectores fue total -va desde el decano Jorge Biglieri, de Franja Morada de Psicología de la UBA, a la ultra-cristinista Sandra Torlucci, de la Universidad de las Artes- y se explica por el negocio privatista que abre la 1254. Además de servir para bajar salarios, los pseudo-profesionales low cost estarán forzados a pagar por nuevas especializaciones y pos-títulos ante los requerimientos cambiantes del mercado. Es el sueño de los “CEO-rectores”, quienes desde siempre quisieron recortar las carreras para alimentar los posgrados arancelados, la caja privada de la camarilla que parasita la universidad.

La educación (y el trabajo) made in FMI

La resolución 1254 se inspira, además, en un rediseño más profundo del sistema universitario inscripto en el Plan Maestro que Macri y Finocchiaro defenderán en la Cres ante los rectores de todo el continente. Las carreras “chatarra” (cortas y al servicio del mercado) son la esencia del nuevo “Sistema de Reconocimiento Académico” (SRA), que pretende completar el trabajo pendiente de la LES y la Coneau, aplicadas sin solución de continuidad durante las dos últimas décadas, la de los ’90 y la “ganada”. A través de la conversión de las materias por “créditos”, que plantea el SRA, se busca crear “trayectos equivalentes” que igualen a la universidad pública con la privada, con la excusa de permitir la libre movilidad de los estudiantes entre ellas. Esta convergencia está en la base de las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el FMI para la educación. Y es en lo que se comprometieron a avanzar 600 rectores reunidos la semana pasada en Salamanca por el Portal Universia, del Banco Santander. El encuentro entre el Rey de España, el secretario general de la OCDE y la presidenta del Santander estuvo presidido nada más y nada menos que por Alberto Barbieri, el rector de la UBA, que propuso a Buenos Aires como sede para el próximo cónclave universitario-financiero en 2023.

La ‘convergencia público-privada’ universitaria es el primer paso para un achique a fondo del presupuesto, en línea con la reducción del “gasto” fiscal reclamada primero por Macri, hoy por el FMI. El “Plan Maestro” se remata con el cierre de los profesorados y la sustitución del quinto año de la secundaria por trabajo (gratuito) en empresas. “Secundaria del Futuro”, “UniCaba”, “resolución 1254” y “Sistema de Reconocimiento Académico” son todas formas de descalificación de la formación, es decir, de ejecutar en el terreno educativo la reforma laboral, la otra exigencia que apuntaló la titular del FMI, ‘madame’ Lagarde. El cuento de la “preparación para el mundo del trabajo” es el intento de degradar la educación para ponerla a tono con la destrucción de los convenios colectivos y las nuevas pasantías basura que el gobierno quiere imponerle a la juventud con el aval de la burocracia sindical. Todas las variantes del capital son tributarias de esta política, como lo prueba el hecho de que la Cres estará co-dirigida por Hugo Juri, el rector radical de Córdoba, y su antecesor, el kirchnerista Francisco Tamarit.

Todos a Córdoba

El pacto contra la universidad y la educación pública que Macri y los rectores consumarán en la Cres deja por entero la defensa de nuestra formación en manos de estudiantes y docentes. La UJS-Partido Obrero, en la presidencia de la Fuba y de la Funa, convoca a todos los centros de estudiantes, federaciones y coordinadoras a pronunciarse y organizarse para viajar a Córdoba el 11 de junio, junto a los docentes de la Conadu Histórica. Vamos a la Cres a derrotar el techo salarial, por la derogación de la 1254 y contra todos los ataques a la universidad y la educación pública. La lucha es ahora.

Irlanda acaba de dar el primer paso hacia el aborto legal. El referéndum celebrado el viernes arrojó un resultado de casi un 70% a favor del Sí a la reforma de la octava enmienda constitucional que anuló ese derecho.

La juventud, donde el voto por el Sí fue aún más abrumador, se puso al hombro la campaña por la conquista del derecho al aborto legal en un país donde la influencia de la Iglesia católica es enorme.

El clima de movilización se reflejó en los miles de irlandeses residentes en el extranjero que viajaron a su país a votar, como dio cuenta el hashtag #HomeToVote. El gobierno enviaría ahora al Parlamento un proyecto que permite el aborto sin restricciones hasta las doce semanas de gestación. En 2015, un referéndum había logrado la aprobación del matrimonio igualitario.

Así como ocurre en Argentina, el movimiento de mujeres en Irlanda lleva una lucha de muchísimos años por esta reivindicación. El último 8 de marzo, por ejemplo, congregó a miles de personas, incluidos sindicatos como el ICTU, que salieron a las calles bajo la consigna “Mi cuerpo, mi elección”, exigiendo el acceso al derecho al aborto legal.

Este avance dado por el movimiento de mujeres tiene una larga historia. En 1983, una intensa campaña de la Iglesia logró la aprobación en un referéndum (por estrecho margen y con una escasa participación del electorado) de la reforma constitucional que, en nombre del “derecho a la vida del niño nonato”, prohibió el aborto. En 1992 se avanzó aún más en las restricciones con la prohibición de los viajes a los países extranjeros para abortar y, en 2002, otro referéndum ratificó la octava enmienda.

Sin embargo, la investigación que en 2009 sacó a la luz que 30.000 niños fueron abusados durante tres décadas en los orfanatos y hogares del país golpeó duramente a la Iglesia. La denuncia incluía a la Orden de las Magdalenas, donde las mujeres eran esclavizadas y obligadas a prostituirse. Esto generó un repudio generalizado de la población. En 2012, la muerte de una mujer de origen indio (Savita Halappanavar) a causa de una septicemia después de habérsele negado el aborto conmueve al país (un caso con semejanzas con el de Ana María Acevedo en Argentina). El caso de Savita obliga al gobierno a promulgar la primera ley en la historia del país que permite la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre (incluyendo la amenaza de suicidio), pero a la vez excluye a los casos de incesto, violación o malformaciones del feto. Pero lo más importante es la imposición de una pena de 14 años para las mujeres que se practiquen un aborto y para los profesionales de la salud que lleven adelante la práctica.

Todas estas restricciones que se impusieron desde el Estado en unidad con la Iglesia, claramente no impidieron que los abortos siguieran llevándose a cabo, en condiciones precarias o en el extranjero. Las mujeres trabajadoras, con enormes dificultades para costear los casi 2 mil dólares para viajar al exterior, fueron las más golpeadas por las prohibiciones.

La prohibición del derecho al aborto actúa como una gigantesca herramienta de disciplinamiento social. Las mujeres irlandesas han dado un gran paso adelante en un referéndum que capturó la atención del continente europeo y del mundo entero.

Un paquete de reformas dictadas por el Fondo Monetario Internacional generó una irrupción popular en Jordania nunca antes vista, superando en masividad incluso las movilizaciones de la Primavera Arabe de 2011-2012. Las protestas tuvieron como punto de partida la huelga general, convocada por 33 sindicatos, que paralizó el país el miércoles pasado. Desde entonces, las movilizaciones callejeras fueron tomando impulso y forzaron la dimisión del primer ministro, Al Mulki, el lunes. Alarmado por la oleada de manifestaciones, el rey Abdalá intervino en la crisis, llamó al diálogo, congeló los precios de los combustibles por un mes y encomendó la formación de un nuevo gobierno a un viejo miembro del gabinete y ex funcionario del Banco Mundial: Omar Razzaz.

A pesar de este relevo, las movilizaciones continúan y fue convocada una nueva huelga general contra las reformas. “De nada sirve cambiar las personas”, afirmó Al Obous, presidente del Consejo de Sindicatos Jordano.

FMI, tarifazo e impuesto a las ganancias

La deuda pública jordana ronda el 94% del PBI y la economía arrastra una recesión de la que no puede salir. Desde el año pasado, hundidos en su propia crisis económica, Arabia Saudita y los países del Golfo dejaron de prestar asistencia económica a Jordania. En 2016, el gobierno acordó una línea de crédito de 723 millones de dólares con el FMI, que no logró reactivar la economía ni reducir el déficit. Siguiendo las directrices del Fondo, el gobierno implementó una serie de medidas de ajuste: un recorte generalizado de subsidios que disparó los precios de la electricidad, el agua, los combustibles y, en general, de los servicios esenciales. El pan llegó a duplicar su valor. El proyecto de reforma, que fue enviado al Congreso por el dimitido Al Mulki, contemplaba una nueva suba general de impuestos, no sólo al consumo sino también al salario, rebajando los ingresos mínimos sujetos a declaración de la renta hasta los 8.000 dinares anuales (21 mil pesos argentinos mensuales).

Con una tasa de desocupación del 18,5%, una inflación que se incrementa a pesar de la recesión (y que ha llevado el costo de vida en Amán por encima del de París y el de Barcelona) y dos millones de inmigrantes sirios, iraquíes y palestinos, el paquetazo impositivo fue explosivo para una situación social intolerable.

La rebelión popular en Jordania se suma a los recientes estallidos en Túnez, Irán y Marruecos, donde también el movimiento obrero ocupó un lugar protagónico. En Gaza, las “marchas por el retorno”, que movilizan miles y miles de palestinos, se sostienen a pesar de la salvaje represión del gobierno de Netanyahu, que ya se cobró más de un centenar de vidas.

En Medio Oriente, la bancarrota capitalista no es sólo el acicate de nuevas guerras y barbarie. Las condiciones para una nueva Primavera Arabe (y una nueva Intifada) están planteadas y abren una perspectiva para los explotados.

La patronal anglo-holandesa Unilever, un pulpo capitalista con múltiples empresas en el rubro de limpieza y alimentación, despidió, el 12 de junio, a 21 trabajadores de su planta de producción de jabón en polvo de la ciudad de Gualeguaychú. Los despidos fueron comunicados de manera sorpresiva a los trabajadores, a pesar de que la producción se mantenía en los niveles habituales.

La respuesta de los trabajadores fue inmediata: paro total de actividades y permanencia en la planta en reclamo de la reincorporación. La solidaridad con los compañeros fue unánime, y el conflicto conmovió a toda la ciudad, despertando la solidaridad popular, incluida la de los trabajadores de Unilever Pilar. El Ministerio de Trabajo dictó, a última hora del 13 de junio, por pedido de la empresa, la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, por lo que los despedidos volverán momentáneamente a sus puestos de trabajo.

Los despidos en Planta Gualeguaychú son parte de un plan de ajuste general de la multinacional, que viene de despedir a 45 trabajadores de su planta jabonera de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, y de reducir drásticamente la planta de secado de alimentos en Guaymallén, Mendoza. En todas las plantas de Unilever, que dice ser una de las mejores empresas para trabajar del país, el ajuste se expresa cada día, recortando “a la Dujovne” costos en todos los ámbitos de la empresa.

La concentración de mercado que maneja Unilever en todos sus productos raya lo monopólico. Además de Skip, Axe, Comfort, Dove, Hellmann’s, Knorr, Lifebuoy, Lipton, Lux, Rexona, Sedal, Ala, Cif, Clear, Sedal, Impulse, Drive, Livopen, Savora, Maizena, Ponds, Suave, Vivere, Cica, etc., la multinacional incorpora cada año una nueva empresa: así viene de comprar la Farmaco Argentina, Carver Korea, Quala, Varela, Amora Maille. Las ganancias que gira a su casa a matriz son siderales, contrastando con su esquema de crisis que intenta aplicar en la Argentina.

La contundente respuesta de los trabajadores no debe confundir el carácter de la conciliación obligatoria con la reincorporación: durante los próximos días, la patronal operará para dividir la unidad de los trabajadores a través de arreglos y demás maniobras. Hay que seguir la lucha hasta la reincorporación definitiva de los 21 trabajadores.

La media sanción del aborto legal fue arrancada bajo la presión de una inmensa movilización popular, que le imprimió un envión decisivo al ya ascendente movimiento de la mujer en estos años. El gobierno de Macri terminó accediendo a abrir la discusión parlamentaria sobre el aborto legal en vísperas del pasado 8 de marzo. Lo hizo para zafar de una posible sesión especial del Congreso en esa fecha, que hubiera tenido lugar bajo el cerco de una movilización multitudinaria. Pero la decisión de “abrir el debate” -o sea, de fugar hacia adelante-, concluyó en el mismo punto: este miércoles, los diputados deliberaron con el telón de fondo de una movilización que algunos calculan en un millón de personas. Bajo esta presencia contundente, quedaron enterradas las maniobras del clero, el Estado y los partidos que, antes y ahora, conspiraron contra esta reivindicación fundamental.

Crisis política

El gobierno lanzó el debate sobre el aborto legal después de atravesar un verano caliente, signado por las grandes movilizaciones contra la reforma previsional y por los primeros síntomas de desbarajuste financiero. Aunque -como ya dijimos- actuó bajo el acicate de la movilización de la mujer, quería servirse del aborto legal para ‘cambiar el eje’ de la agenda política e introducir una cuña en la oposición, incluidos los movimientos sociales orgánicamente ligados al clero. Para el gobierno, este “manejo” no excluía, de ningún modo, un entierro parlamentario del proyecto, bajo el peso reaccionario de buena parte de su bancada y la del pejota-kirchnerismo.

Pero, de entonces a hoy, se ha colado la crisis política y, como nunca, la redoblada movilización de la mujer.

La corrida cambiaria y el desmadre económico llegaron cuando el aborto legal transitaba el debate en Comisión en el Congreso. Con estos episodios, se redoblaron también las presiones del clero. La transacción era clara: la Iglesia -y sus agentes- ofrecían reforzar su papel de bombero de la creciente crisis social, a cambio del bloqueo del proyecto por parte del gobierno. Algunos días atrás, se revelaron detalles del encuentro de Vidal y Stanley con el papa Francisco. “Si se llegara a estar en condiciones de imponerse -relataba este lunes el principal editorialista de La Nación- habrá que ver si no se ausenta algún legislador del PRO cuyo voto (a favor) pudiera ser decisivo para la media sanción” (La Nación, 11/6). A este nivel de conspiración habían llegado los “republicanos”, de la mano del clero.

Mientras esto ocurría, el movimiento de lucha por el aborto legal alcanzaba niveles inusitados. Las exposiciones en el Congreso trazaron un retrato brutal de la coacción que representa para la mujer el aborto clandestino y, muy principalmente, cuando se trata de las mujeres explotadas. Un capítulo especial de estos relatos le cupo a las jóvenes, que presentaron la indefensión que implica una educación sexual siempre ninguneada o malversada, para luego, en caso de embarazarse involuntariamente, terminar en las manos de los carniceros clandestinos. Como la punta de un iceberg, cada uno de estos relatos tenía por detrás a una acción movilizadora, en los barrios, en los colegios y facultades, atravesados por asambleas, debates y tomas. El 8 de marzo lo expresó cabalmente, incluso con numerosas delegaciones de mujeres fabriles. Este ascenso de la movilización de la mujer está completamente entrelazado con la crisis social y con las tendencias de lucha más vastas que se expresan todos los días. En definitiva, el aborto clandestino es el último eslabón de una cadena precedida por la miseria social, la desocupación, el hacinamiento y la violencia social en todas sus manifestaciones. Los que separan a la conquista del aborto legal de este escenario más amplio de la bancarrota social del capitalismo, sencillamente no perciben lo que ha ocurrido en la Argentina en la madrugada de este jueves.

Desenlace

En las semanas previas, varios mecanismos de desvío político fueron desbordados por la movilización de masas de la mujer. La Marcha Federal, lanzada por el trío San Cayetano en común con el Episcopado, levantó políticamente al clero reaccionario como adalid de la defensa de los pobres, junto a la centroizquierda sindical, cuando la Iglesia lanzaba su estocada final para influir sobre los resultados parlamentarios. El 4J, distintos agrupamientos al interior del movimiento de la mujer quisieron relativizar la bandera del aborto legal. Pero la Plaza de los Dos Congresos se transformó en un mar verde, a nueve días de la sesión histórica.

Las 24 horas cruciales del debate en Diputados estuvieron atravesadas por todas estas tendencias. De un lado, los pasillos parlamentarios eran pasto de múltiples versiones sobre las presiones de la Iglesia. Las listas de votos indecisos y negativos en el gobierno y sus opositores revelaba una cuestión muy clara: la hostilidad visceral de los partidos que gobiernan o han gobernado la Argentina hacia el aborto legal, como resultado de sus compromisos de hierro con el clero. Como lo reconoció la antiabortista Graciela Caamaño en su intervención de cierre, sólo el Frente de Izquierda podía exhibir una posición homogénea y principista en favor del aborto legal.

Pero a despecho de estas maquinaciones, otra lucha gigantesca se libraba, en esas horas, en la calle. En una acción nada inocente, los funcionarios de “seguridad” dividieron en dos la Plaza de los dos Congresos, para recibir -en supuesta paridad- a los abortistas y a los antiabortistas. Así, querían presentar que el reñido escenario del Congreso era la mera expresión de la que ocurría en la calle. Pero la realidad fue distinta y abrumadora. Los defensores del aborto clandestino, generosamente financiados por la Iglesia, no pudieron ni de lejos colmar el espacio que le asignaron. Entrada la noche, un puñado de fanáticos religiosos portaban sus banderas celestes. Del otro lado, la ola verde se extendía por cuadras y cuadras, con una impresionante presencia de jóvenes. Fue esta movilización contundente la que terminó desatando en el recinto una crisis política. Hacia la madrugada, el conteo de los votos indicaba una ajustada derrota del aborto legal. Este era el “resultado” imposible que debía ser informado a la multitud que se renovaba a las puertas del Congreso y que podía desatar un estallido. Si hace dos meses atrás el gobierno fantaseaba con “manipular” a la causa del aborto, ahora las cosas se presentaban de otro modo. El voto negativo, en medio de una verdadera pueblada, echaba nafta al fuego de un país sacudido por el derrumbe económico y por un acuerdo con el FMI, que pretende una verdadera masacre social. Los históricos negadores de derechos recularon, y aparecieron los votos necesarios para una victoria: después de décadas de lucha, el movimiento de la mujer le doblaba el brazo a un Estado históricamente enlazado al clero.

Conclusiones

Apenas horas después de la votación, gobierno y opositores se desviven por apropiarse de la conquista del aborto legal. Lo cierto, sin embargo, es que para todos ellos este desenlace es un revés estratégico. En el macrismo, el debate terminó promoviendo una fractura interior, la cual, en el tiempo, terminará enlazándose con otras disidencias -las que se desencadenen como resultado del desmadre económico. Las principales figuras electorales del macrismo, de Vidal o Carrió, mordieron el polvo de la derrota. Después de haber obtenido el 50% de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, Carrió atravesó el debate parlamentario en silencio, una señal, o de impotencia o de cobardía política. Afuera, las hijas de sus votantes blandían contra ella los pañuelos verdes. Del lado de la oposición, el debate trajo a colación los doce años de bloqueo del kirchnerismo en relación con el aborto legal y, por supuesto, el carácter reaccionario de sus caudillos provinciales, con diputados que, en sus discursos, hasta celebraban el oscurantismo y el atraso que oprimen a sus distritos. Nuestra compañera Romina Del Plá los denunció sin vacilar, mostrando que la oprimida mujer del interior era quien más necesitaba del derecho al aborto legal. ¿Qué decir de la Iglesia y el Vaticano, que fracasaron hasta en movilizar a sus aparatos? Muchas de las estudiantes de los colegios religiosos nutrían a las multitudes del aborto legal. La derrota del Vaticano, en el propio país del Papa, tiene un alcance internacional, y se enlaza con el resultado del reciente plebiscito de Irlanda.

En la lista de derrotados, ocupa un lugar destacado la burocracia sindical, y por partida doble. Primero, porque su clericalismo los llevó a bloquear cualquier iniciativa de movilización por este derecho. Pero después, porque desenmascaró su parálisis y complicidad respecto de los ajustadores. En un país donde los burócratas dejan pasar despidos y retrocesos en las conquistas de los trabajadores, el movimiento de la mujer -con métodos opuestos- arrancó una conquista histórica.

La media sanción del aborto legal, en definitiva, es un golpe a los aparatos y partidos que hoy, de la mano del FMI, pretenden resarcir la quiebra del país que gobernaron -o cogobernaron- a costa de una catástrofe social. Hay que apoyarse en esta victoria para reforzar la lucha contra todos los agravios del ajuste -la carestía infernal, la devaluación, los tarifazos y despidos en puerta. El régimen que quiere llevar adelante esa escalada asiste al derrumbe acelerado de su propia política, como lo demuestra la nueva corrida cambiaria y la crisis de gabinete (renuncia de Sturzenegger).

El primer paso, naturalmente, es que no bajemos los brazos en relación con el propio aborto legal: el pasaje de la ley al Senado será un nuevo escenario de presiones y maniobras contra los derechos de la mujer. Exijamos su aprobación perentoria y sin modificaciones.

Apoyémonos en esta victoria contra la opresión a la mujer -eso representa el aborto clandestino-, para ir por el fin de todas las opresiones. Sumemos a esa conclusión a las y los millones de jóvenes que, en estas horas, han despertado a la lucha.

A sólo una semana de que Sturzenegger y Dujovne anunciaran el acuerdo con el FMI como el punto de partida de una nueva “estabilización económica”, la crisis se ha llevado puesto al presidente del Banco Central. En los días previos, una nueva corrida cambiaria llevaba el dólar cerca de los 28 pesos. Mientras esto ocurría, el gobierno presentaba al FMI su “memorándum de intención”.

Allí, se confirmaba un ajuste de 250.000 millones de pesos para 2019, que buscará consumarse a través de un plan de despidos y recortes de gastos. En el capítulo de “compensaciones sociales”, el acuerdo prevé la continuidad de las asignaciones familiares y por hijo, pero no hay una palabra respecto de los actuales planes sociales. En materia de subsidios a los servicios públicos, el “memo” prevé que el 90% de la tarifa de gas y luz sea cubierto por los usuarios -o sea, nuevos tarifazos.

Ninguno de los anuncios, sin embargo, pudo frenar la corrida de estos días. Algunos la interpretaron como una consecuencia previsible -o “planificada”- de la exigencia del FMI para que el dólar “flote libremente” -o sea, de una mayor devaluación. Pero ello no explica por qué el BCRA intentó frenarla con la venta -estéril- de 700 millones de dólares en un día. El propio FMI había anunciado que destinaba 7500 millones de dólares del primer tramo del préstamo stand by para la estabilización de la moneda -o sea, para manejar el alcance de una devaluación.

En ese cuadro, la corrida sólo puede interpretarse como parte de un desbarajuste más general del programa oficial y otros datos lo confirman. Simultáneamente, se desplomaron las acciones de los bancos y de las energéticas argentinas, en Wall Street y en la bolsa local. Un analista interpretaba la primera caída como anticipo “de lo que viene para el resto de los papeles” (Cronista.com, 14/6). Las acciones de petroleras y eléctricas, por su parte, cargan con una duda “política” de fondo: la capacidad del gobierno de trasladar, a las tarifas dolarizadas, las consecuencias de la devaluación del último mes. Mientras tanto, tenía lugar un nuevo aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, con una revalorización del dólar y una nueva devaluación de las monedas de Brasil, México y Chile. La crisis argentina, por lo tanto, se enlaza con un agravamiento de la crisis financiera internacional, signada por las necesidades del Tesoro norteamericano de financiar un déficit creciente.

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En este cuadro emerge toda la debilidad del “gran” salvataje del Fondo Monetario, de cara al alcance de la bancarrota argentina y de la crisis mundial. Los 50.000 millones de dólares -que serán prestados en cuotas y condicionados al ajuste- sólo alcanzan para bancar los vencimientos de capital e intereses de la deuda, de acá a finales de 2019. El FMI, en definitiva, ha “blindado” a los acreedores de Argentina. Pero con un déficit de la cuenta corriente con el exterior del orden de los 2.000/2.500 millones de dólares por mes, Argentina necesita otros 30.000 millones más allá de los fondos del FMI. La apuesta a obtener la calificación de “mercado emergente” apunta a conseguir esos fondos a través de la reanudación de la bicicleta financiera (ingreso de fondos de corto plazo del exterior). Pero en el marco de la crisis internacional y de la precariedad del programa de rescate oficial (sujeto a un ajuste brutal contra las masas), ese financiamiento no está asegurado. En las últimas horas ha circulado otra evidencia inquietante: si, como consecuencia de todo este cuadro, los fondos que salen de las Lebacs no logran reconvertirse en nueva deuda del Tesoro, esos recursos pueden terminar echando más nafta al fuego y abrirle una compuerta a una corrida bancaria.

Los comentarios de los operadores financieros -“desconfianza”, “dudas políticas”, “prevenciones sobre la gobernabilidad”- dan cuenta de las reservas del ‘mundo financiero’ sobre la capacidad del macrismo de llevar adelante el brutal ajuste comprometido ante el FMI.

La caída de Stuzenegger pone de manifiesto las profundas grietas que corroen a los ajustadores. Hay que tomar cuenta de este escenario para ir por nuestras reivindicaciones amenazadas, y oponerle, a este régimen quebrado, una salida de los trabajadores.

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Una enorme movilización a la Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) de más de 10.000 docentes universitarios, secundarios, primarios y terciarios y de los gremios estudiantiles, sacudió a la ciudad de Montevideo. En el marco de una huelga general de 24 horas, se reclamó por incrementos presupuestarios, exigiendo un mínimo de 6% del PBI para la educación.

La jornada de lucha estuvo precedida por un plan de ocupaciones de liceos por parte del sindicato de profesores de secundaria, que continúan ahora motorizadas por los estudiantes, que han desatado una verdadera ola de ocupaciones con piquetes. También se movilizó y realizó un paro con alto acatamiento la Federación de Salud Pública.

Presupuesto del FMI

El cuadro general de esta pelea es la presentación al Parlamento del presupuesto nacional por parte del gobierno de Tabaré Vázquez el próximo 30 de junio.

Se trata de un diseño presupuestario que profundiza el endeudamiento nacional, llevándolo a casi 40.000 millones de dólares (un 70% del PBI), y mantiene enormes subsidios y exoneraciones fiscales a los sojeros, las pasteras y la banca. Como contrapartida, el peso de la recaudación estatal recae sobre los trabajadores mediante impuestos directos e indirectos al salario. El 80% de los ingresos llega por esta vía.

El Presupuesto presentado congela el gasto en salud, educación y vivienda. Los partidos del Frente Amplio ya adelantaron que lo apoyarán con su voto en el Parlamento, mientras que la oposición derechista pidió más ajuste.

El ministro de Economía, Danilo Astori, afirmó que los incrementos en el gasto serían igual a 0%, pues el objetivo número uno es bajar el déficit fiscal.

Ocurre que el nivel de endeudamiento del gobierno se encuentra en zona crítica. La devaluación de la Argentina y Brasil, el aumento de las tasas de interés de la FED y la reversión del carry trade, preanuncian un derrumbe de las finanzas estatales que han sobrevivido en base al financiamiento de capital especulativo. Junto a este derrumbe, se encuentra una crisis industrial imparable con miles de despidos y envíos al seguro de paro, como ocurre ahora en la fábrica de la multinacional Bimbo, ocupada por los trabajadores.

En una visita reciente, el FMI le exigió al gobierno continuar con los recortes del gasto público y rebaja salarial, que garantice el pago de la deuda externa y los subsidios al gran capital. El ataque a la educación y la salud pública es parte de una política de ajuste fondomonetarista. Un planteo de guerra de clases contra los trabajadores.

En Nicaragua, Brasil, Argentina y Jordania esta orientación está desatando enormes procesos de lucha y actuales o potenciales rebeliones populares. Astori y Vázquez deberían poner las barbas en remojo.

Lucha política y programa

El PIT-CNT votó un paro parcial y movilización para el próximo 28 de junio. La orientación del paro se encuentra condicionada por la caracterización política de la etapa que votó recientemente -aunque no por unanimidad- el congreso de la central de trabajadores, que señala al gobierno del Frente Amplio como parte de un ‘bloque social y político de los cambios’ junto al movimiento obrero.

Es decir, un apoyo político al FA, que opone al ascenso de gobiernos derechistas en la región. El planteo político debe ser el contrario, pues la lucha educativa y de la salud pública se oponen por el vértice, en los hechos, a esa caracterización: son una muestra del carácter fondomonetarista del gobierno del FA.

El Partido de los Trabajadores se encuentra en la primera fila de esta pelea, como parte de las direcciones sindicales y estudiantiles, impulsando la necesidad de una huelga general educativa y un plan de lucha del movimiento obrero para imponer las reivindicaciones populares y derrotar el ajuste del gobierno y el FMI.

La huelga activa de la clase obrera implica ofrecer un programa de salida inmediata: la eliminación de todos los impuestos al salario y fuertes impuestos progresivos al gran capital, la suspensión inmediata del pago de la deuda externa, el congelamiento de todos los títulos de deuda financiera en circulación y el control obrero de los bancos y de los mercados financieros y el comercio exterior, control que debe extenderse a toda empresa que cierre o despida.

En primer plano debe figurar el salario mínimo igual a la canasta familiar y el ajuste mensual de salarios y jubilaciones por inflación. La lucha que se abre debe abonar para el desarrollo de una alternativa política propia de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas.

En la semana en la que el gobierno de Macri cerró un acuerdo con el FMI que conllevará gravísimos ataques contra la universidad pública y el pueblo argentino, el Rectorado de Barbieri y la pata estudiantil de Cambiemos, Nuevo Espacio/Franja Morada, se proponen dar un golpe de mano para apoderarse de la conducción de la Fuba, la principal federación estudiantil de nuestro país. El gobierno es consciente de que disciplinar a la juventud argentina, que en estos días copó las calles por el derecho al aborto, es una tarea fundamental para hacer pasar el ajuste.

Esta ofensiva fraudulenta, orquestada de espaldas al movimiento estudiantil, solo es posible gracias al pasaje de buena parte del PJ-kirchnerismo al bando del macrismo y el Rectorado. Como ocurre a nivel nacional, donde el peronismo le garantizó al gobierno que el pacto con el FMI no pasará por el Congreso, en la UBA sus pibes se alinean para que la vieja y corrupta Franja Morada, hoy enrolada en Cambiemos, intente recuperar –tras 17 años- el control de la federación.

Fractura “anti-macrista”

Los mascarones de proa de esta Fuba de Macri y el FMI tienen nombre y apellido: el “Movimiento Linealmente Independiente” (MLI) de Ingeniería y la UES, los ex aliados de la Cámpora en Sociales. Ambas fuerzas vienen de participar del autodenominado “frente anti-macrista” que se presentó en el reciente Congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA) de Rosario. En el primer caso a través del kirchnerista “Movimiento de Participación Estudiantil” (MPE), con centro en la universidad de Córdoba. En el segundo caso en alianza con Miles, la agrupación peronista que co-dirige con la Mella la federación de La Plata y cuya definición ahora podría ser determinante en el futuro de la Fuba. En la UBA, tanto el MLI como la UES votaron la reelección de Alberto Barbieri, el rector peronista ligado al Banco Santander, recibiendo los debidos “adornos” en cargos y negocios por parte del líder de Nuevo Espacio/Franja Morada, Emiliano Yacobitti.

Congreso trucho y extorsión

Como toda tentativa reaccionaria contra el movimiento estudiantil, el congreso de Franja-MLI-UES fue convocado en la mayor clandestinidad y de forma completamente irregular. Está claro que la moción de entregar la Fuba a Cambiemos y el Rectorado no pasaría la prueba de ninguna asamblea estudiantil de la UBA. Tampoco cuentan con mayoría para eso en las comisiones directivas de los centros, un requisito que establecen los estatutos pero que quienes se jactan de querer ‘normalizar la Fuba’ no tienen empacho en violar. La convocatoria, por eso, fue realizada de la noche a la mañana, incumpliendo todos los plazos fijados por el estatuto, en una reunión de Junta Representativa que careció del quórum estipulado para sesionar.

Este carácter fraudulento del Congreso, al cual hay que sumar el “pegado” de boletas de centro a las elecciones obligatorias para las autoridades universitarias con la finalidad de incrementar la cantidad de delegados, fue denunciado desde el primer minuto por las agrupaciones de la presidencia de la Fuba. No ocurrió así con el kirchnerismo, que hasta este momento mantiene un silencio de radio sobre el punto y sobre el pasaje de sus ¿ex? compañeros al bloque del Rectorado. Esta negativa a repudiar las maniobras en curso se mantienen aún hoy, cuando el golpe franjista-macrista-pejotista ha sido lanzado a plena luz del día. En una reunión de centros y fuerzas realizada el día de ayer, la Cámpora rechazó suscribir un comunicado de denuncia, quedando así con las manos libres para todo tipo de maniobras.

Llamamiento

La UJS llama al conjunto del movimiento estudiantil y a todas las agrupaciones que se reclaman opositoras al gobierno y al Rectorado a movilizarse para derrotar el intento de copamiento de la Fuba por los representantes de las camarillas universitarias y del gobierno nacional. En estas 48 horas, es fundamental el pronunciamiento de todos los centros y agrupaciones para defender la federación de las garras de Barbieri y Cambiemos, denunciando el congreso trucho convocado por éstos. Hay que hacer sentir en la Fuba el repudio mayoritario al ajuste de Macri y el FMI que se vive en las aulas y el apoyo a las grandes causas emprendidas por la federación, desde la lucha por el salario docente a la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. Convocamos a todas las agrupaciones a formar un acuerdo para derrotar el operativo de copamiento de la Fuba, cuyo ordenamiento naturalmente deberá respetar el mandato que cada fuerza obtuvo en las elecciones estudiantiles. Advertimos contra todo intento de extorsión que apoyado en la ofensiva oficial pretenda usurpar un lugar en la Federación que no se corresponde con el voto de los estudiantes.

El sábado, ¡todas y todos a la Fuba, a defender nuestra herramienta de organización y de lucha!

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La salida de Sturzenegger del Banco Central fue sólo el debut de una crisis de gabinete cuyo alcance definitivo aún está por verse. Los que salieron no son dos ministros menores: en primer lugar, J. José Aranguren, el hombre de los pulpos petroleros que comandó la política de tarifazos brutales bajo la gestión macrista; luego, Francisco Cabrera, un funcionario del riñón del macrismo a cargo de la relación del gobierno con la burguesía industrial. Los despidos de Aranguren y Cabrera revelan que la desintegración del esquema económico oficial -incluso después del acuerdo con el FMI- está fracturando a la base social del gobierno -o sea, del gran capital.

En el plano de la política energética, la devaluación incesante instaló una verdadera bomba de tiempo en la cuestión de los tarifazos. Para el gas, por ejemplo, la combinación de la devaluación con los aumentos ya programados para su valor en “boca de pozo” implicaría un aumento del 70% en octubre. Con las refinadoras, Aranguren había pactado aumentos en las naftas -también dolarizadas- del 3% mensual, para evitar un zarpazo del 40% de un solo saque. Pero este esquema también voló por los aires en medio de la última corrida cambiaria. La inviabilidad de los tarifazos terminó con su gran ejecutor, Aranguren. ¡Pero la dolarización de tarifas era uno de los ejes del programa oficial! La imposibilidad de aplicarla integralmente es un golpe severo al régimen económico del macrismo. Por caso, buena parte de las inversiones de la propiedad ‘pública privada’ -financiada por préstamos en dólares- depende de los tarifazos, en obras asociadas a la energía o en los peajes. Ahora, Javier Iguacel “será el encargado de darle malas noticias a la industria petrolera” (La Nación, 17/6), ya que “tendrá que sentarse a negociar con el sector privado para ir más lento en los aumentos”. A su turno, la posibilidad de que ese freno parcial a los tarifazos sea compensado con mayores subsidios está cuestionada por el acuerdo con el FMI. Se abre la perspectiva de una nueva “huelga de inversiones” energéticas o, en su defecto, la tentativa de ‘arreglar’ a los pulpos petroleros con mayores concesiones de fondo y nuevas agresiones a las conquistas de los trabajadores. Para ello, el nuevo ministro Iguacel ‘acredita’ una gestión de despidos y vaciamiento en Vialidad Nacional.

Por su parte, la salida de Francisco Cabrera se produce en medio de otros choques -en este caso, entre el gobierno y la burguesía industrial. Cabrera venía discutiendo con la UIA una política de tasas de interés “preferenciales”. El tándem Caputo-Dujovne, sin embargo, le bajó el pulgar a esas gestiones de Cabrera.

El nuevo ministro de la Producción, Dante Sica, comandó la Secretaría de Industria bajo los devaluadores Duhalde y De Mendiguren. En esa línea, ya anticipó que “habrá poco lugar para un nuevo atraso del tipo de cambio real” (ídem, 17/6). La ofrenda del gobierno a la burguesía industrial es un régimen de devaluación permanente -o sea, de ataque permanente a los salarios y jubilaciones- y, desde luego, la prometida reforma laboral.

Abandono del barco

La crisis de gabinete es un intento de rescate del rodrigazo oficial y del propio acuerdo con el FMI, prematuramente golpeado por una corrida que es expresión, no de una “corrección cambiaria”, sino de la desconfianza del gran capital respecto del rumbo de la gestión macrista. La última corrida fue acompañada de un derrumbe general de las acciones de bancos y empresas de energía, en Wall Street y Buenos Aires. Las petroleras cayeron como resultado de las medidas intervencionistas sobre las tarifas, y los bancos, a su turno, por el temor de que la carrera contra el peso se convierta en una corrida bancaria.

Para retener a los tenedores de Lebacs, el gobierno tuvo que llevar la tasa de interés al 47%, agravando todavía más la recesión económica. Aún así, un 40% de esas letras no fueron renovadas. El gobierno absorberá sólo una parte de los fondos que salieron de las Lebacs, a costa de emitir títulos de deuda en condiciones leoninas. El gobierno intenta frenar una fuga de capitales protagonizada por los grandes beneficiarios del régimen macrista.

Crisis de régimen

El cambio de gabinete, en este cuadro, expresa la inadecuación del gobierno macrista a las condiciones impuestas por su derrumbe económico. Macri se enfrenta a un rodrigazo sin condiciones políticas para pilotearlo. Los mentores de la “normalización” y la “desregulación económica” están aplicando medidas de intervención y arbitraje sobre su propia base empresarial. El más importante editorialista de La Nación filtró los reclamos de los “actores económicos y políticos, incluidos algunos miembros del gabinete”, en favor de una “mayor apertura hacia adentro y hacia fuera de la coalición Cambiemos”: así, y en relación al nombramiento de Sica, le reprochan a Macri que, si era por traer a un ‘amigo de los industriales’, “hubiera aprovechado para abrirse a algún sector del PJ a cambio de votos estables en el Congreso” (ídem, 18/6). El ‘círculo rojo’ y sus voceros barajan un gobierno de unidad o salvación nacional. Los Massa y Urtubey, en tanto, apuestan a dejarle hacer el trabajo sucio a Macri, mientras se preparan para las elecciones. El kirchnerismo, por su parte, aspira a un frente con ellos. La crisis capitalista, sin embargo, podría llevarse puestas estas especulaciones, y empujar a la seudo-oposición patronal al rescate del gobierno. A este régimen sin futuro hay que oponerle una lucha en serio, en defensa de todas las reivindicaciones amenazadas y por una salida de los trabajadores a la crisis.

El golpe organizado por Franja Morada y el rector Barbieri para intentar apropiarse de la Fuba fue un fraude anunciado, como pocas veces en la historia de los fraudes. El “congreso” fue convocado con tres días de anticipación en una “Junta Representativa” sin quórum.

Faltando 48 horas para su realización, ya estaba claro que las agrupaciones vinculadas con el rectorado de la UBA no lograrían reunir a los 66 delegados necesarios para sesionar. Sólo tenían 65 delegados, pero aseguraban contar con 67. Los dos delegados sobrantes, que el sábado pasarían lisa y llanamente a falsificar, tenían nombre y apellido: Luz Assman, de Nuevo Encuentro de Económicas, y Federico Amoretti, de La Mariátegui de Filo. Ambos se presentaron personalmente en el congreso trucho para manifestar su voluntad de no dar quórum. La caja de la UBA se puso a disposición de comprar a otras personas de esas listas, que se hicieron pasar por delegados cuando no lo eran. El fraude ya contaba de antemano con garantes de peso: el Rectorado y la mayoría de los decanos, la IGJ macrista, las burocracias sindicales docentes (Aduba) y no docentes (Apuba) y el favor de los medios de comunicación oficialistas.

Sus bases políticas

Aunque se viralizó como un #FraudeMacrista, lo cierto es que el golpe de las agrupaciones de Cambiemos sólo fue posible gracias a la cooptación de sectores del PJ y el kirchnerismo. Actuaron como mascarón de proa de la operación, al punto de encabezar la lista ganadora. Así es cómo el MLI de Ingeniería, un grupo que en los últimos 24 de Marzo hacía de cordón de seguridad para Hebe de Bonafini y Aníbal Fernández, se convirtió en la presidencia de esta “segunda Fuba”. La UES de Sociales, que llegó al centro de la mano de La Cámpora y responde directamente a Daniel Filmus, ocupará la vicepresidencia. Lo mismo vale para el Miles de Medicina, que co-dirige la federación de La Plata con La Mella y cuyos delegados fueron clave para consumar la maniobra. Las tres agrupaciones venían de formar parte del supuesto “frente anti-macrista/anti-Franja” en la Federación Universitaria Argentina (FUA). Detrás de esta careta “nac&pop” se esconde una Junta Ejecutiva plagada de secretarios morados y macristas.

La primera campaña de esta “Fuba Viamonte” (por Viamonte 444, la dirección del Rectorado de la UBA) la pinta de cuerpo entero: un ataque reaccionario a la cátedra de Matemática del CBC con el objetivo echar docentes y montar una “cátedra paralela”, loteada entre la Franja y el MLI.

Resistencia y balances

Anticipándose al fraude, los 65 delegados opositores al gobierno y el Rectorado certificaron frente a escribano público que no darían quórum al congreso morado-macrista-pejotista. La heterogeneidad da cuenta por sí sola de la magnitud del fraude: desde las actuales co-presidencias de la UJS y La Mella a las agrupaciones kirchneristas y del bloque “papal” (Sur, Evita, “chinos” y otros), pasando por los partidos del Frente de Izquierda, Cauce, La Dignidad y distintos grupos independientes. Desde los K hasta el PTS, varias agrupaciones aprovecharon la oportunidad para deshacerse en balances críticos sobre la federación. Pero lo cierto es que las responsabilidades deben ser delimitadas.

En lo que a nosotros respecta, la UJS defendió sus posiciones en la UBA, lo que nos colocó nítidamente como la primera minoría de este reagrupamiento, duplicando en delegados y centros de estudiantes a la segunda fuerza (La Mella). No ocurre lo mismo con el PJ-kirchnerismo, que tiene a la parte más importante de su bloque (las dos presidencias, Ingeniería y Sociales) de estos 65 delegados jugando para la “Fuba Viamonte”. Algo similar ocurre con los delegados robados: tanto en el caso de Económicas como de Filo, la usurpación fue posible gracias a la compra de una parte de la lista (Causa y Epica, respectivamente). Pero más allá de la “compra”, el caso demuestra que las fuerzas kirchneristas o mal llamadas “anti-macristas” están “en venta” para el régimen universitario -y en esto incluimos especialmente a La Mella, como se vio en la elección de rector en La Plata. En su ceguera por achacarle la crisis de la Fuba al PO, el PTS encubre la responsabilidad de los K (y también la propia, al mantenerse ininterrumpidamente al margen de las peleas del movimiento estudiantil).

Perspectivas

El alcance de esta maniobra contra la Fuba debe medirse en relación con el ajuste que Macri pactó con el FMI y sus gravísimas consecuencias sobre la universidad pública. La Fuba fue colocada en la mira del Estado por su papel organizador y movilizador del movimiento estudiantil. Estuvo en la primera línea de la rebelión del 14 y el 18 de diciembre, mientras los dirigentes de Franja Morada aprobaban la reforma previsional en el Congreso; organizó dos asambleas generales de mujeres del movimiento estudiantil y un plebiscito a escala de todo el país por el aborto legal, en el cual participaron más de 35 mil estudiantes; se movilizó a Córdoba a enfrentar la resolución 1254 (recorte de incumbencias) y la contra-reforma de Macri y los rectores. Los mismos diarios que hoy hablan de “vaciamiento” de la Federación son los que la denunciaron como “autora intelectual” de las tomas de colegios y facultades que enfrentaron la presión de la Iglesia sobre la Cámara de Diputados en las horas decisivas del tratamiento del proyecto de aborto legal. Las únicas federaciones “vacías” son las que nacen desde las entrañas del Estado. Mal que les pese, la Fuba seguirá estando presente en cada lucha de los trabajadores y la juventud.

Además de los 65 delegados, ya ocho de trece centros de estudiantes de la UBA se pronunciaron contra el fraude, incluyendo a Sociales y Agronomía, donde las presidencias fueron desautorizadas por sus comisiones directivas. También hizo lo propio la AGD, la CEB, federaciones estudiantiles de todo el país, profesores como Eduardo Grüner, Carlos Mangone y Jorge Geffner, y personalidades de derechos humanos como Norita Cortiñas. Convocamos a una enérgica campaña de pronunciamientos en toda la UBA. Si derrotamos el fraude en la Fuba estaremos en mejores condiciones de enfrentar el saqueo que Macri y sus cómplices preparan sobre la universidad y el conjunto del pueblo argentino.

Redoblemos la movilización para derrotar este golpe del Estado y sus agrupaciones contra el mandato estudiantil.

El masivo paro general ha sido un principio de intervención colectiva de los trabajadores en la crisis política nacional. Después de la corrida cambiaria, del rodrigazo oficial y de la crisis de gabinete, la clase obrera apareció como un factor propio en el escenario político, aún con los límites brutales que le impuso al paro una burocracia sindical que colabora con el gobierno antiobrero desde su misma asunción. Estas mismas razones explican la militancia activa de la gran patronal contra el paro. La burguesía acumula distintos agravios contra el gobierno, pero le teme como a la peste a una irrupción de la clase obrera en medio del desbarranque oficial.

El paro y el pejota

Los diarios destacaron el “significativo silencio” (El Cronista, 26/6) frente al paro de la oposición pejotista, desde Insfrán a Urtubey pasando por Massa y Cristina. Este “bajo perfil” tuvo su expresión en las diferentes expresiones sindicales del peronismo. El triunvirato cegetista se limitó a informar del “cumplimiento de la medida”, sin anunciar continuidad alguna. Los dirigentes sindicales kirchneristas, a su turno, actuaron a la rastra de la CGT. Mientras ello ocurría, el pejotismo parlamentario anunciaba el inicio de negociaciones con el gobierno respecto del presupuesto 2019, a sabiendas de que se trata –ni más ni menos- que del puño y la letra del Fondo Monetario Internacional. A cambio de la preservación de algunas obras públicas, el pejotismo provincial y parlamentario está dispuesto a un consenso presupuestario que implicará, entre otras agresiones, llevar hasta el final la política de tarifazos, despidos masivos de empleados públicos precarizados, la licuación del salario de docentes y estatales y el remate del Fondo de garantía del Anses.

Pero en torno de esta negociación, se teje una trama que excede al propio presupuesto: la gran burguesía sabe que el plan fondomonetarista puede terminar con las pretensiones reeleccionistas de Macri, y comienza a debatir una “transición ordenada” a manos de quienes aseguraron su gobernabilidad en estos dos años y medio. El kirchnerismo, por su parte, aspira a una gran interna con estos gestores del ajuste, del cual es partícipe su propio gobierno en Santa Cruz.

“Emergente” sumergido

La pretendida “transición”, sin embargo, tendrá que atravesar primero por las contradicciones que deja el derrumbe económico de la gestión macrista, de un lado, y la aceleración de la crisis mundial, del otro. El gobierno celebró la declaración de Argentina como “mercado emergente”, un ‘diploma’ que sólo comenzará a regir en un año y cuya vigencia depende de que el ingreso y salida de capitales del país continúe sin traba alguna. Sólo bajo esa condición –la de fugar capitales “libremente”- los fondos especulativos podrían seguir lucrando con la bancarrota argentina. Pero esa euforia “emergente” se evaporó rápido: las acciones de las empresas locales volvieron a caer en la plaza local y en Wall Street. Por una parte, bajo el agravamiento de la guerra comercial internacional, y sus consecuencias sobre las exportaciones y las monedas de los supuestos “emergentes”. Por la otra, es significativo que la caída bursátil se encuentre encabezada por las empresas energéticas, o sea, las beneficiarias de los tarifazos que el gobierno, después de la megadevaluación, negocia postergar en el tiempo, temeroso de sus consecuencias sociales explosivas. En este cuadro, se ha desatado una guerra sorda entre productoras y distribuidoras de energía, de un lado, y de todas ellas con el gobierno, del otro, respecto de quién paga los platos rotos del plan oficial de tarifas dolarizadas. En otro plano, la desorganización económica generada por la megadevaluación ha agravado la recesión industrial. El gobierno busca defender el apoyo de la gran burguesía prometiendo sostener el peso devaluado y, principalmente, reforzando una línea de agresión contra la clase obrera. Pero el peso de la crisis capitalista –en el plano local y mundial- se despliega con toda su fuerza.

Perspectivas

A la hora de trazar un rumbo contra el plan de guerra oficial, es necesario que partamos de esta caracterización de conjunto. Enfrentamos a un gobierno fracasado, cuya política de rescate del Estado y de la gran burguesía ha acentuado la bancarrota nacional. Lejos de aportar a una estabilización, el acuerdo con el FMI es un factor de choques con su propia base social empresarial y, desde luego, de acentuación de todos los antagonismos con las masas. El paro general de este lunes expresa el progreso de esta crisis política.

A pesar del férreo trabajo de contención de la burocracia sindical, que saludó al paro del lunes como un “desahogo”, para los millones que pararon la jornada del lunes dejó planteada la cuestión de su continuidad.

En el escenario del paro se desplegaron más de 50 piquetes en todo el país, organizados por el sindicalismo clasista y la izquierda. En los piquetes del clasismo, flameó también la bandera de lucha por el aborto legal, que protagonizó un nuevo pañuelazo, ahora, contra las maniobras dilatorias que encabeza la clerical Michetti en el Senado.

Hay que llevar ahora las conclusiones del plenario del 23 y del gran paro del 25 a las grandes organizaciones obreras, para ponerlas de pie frente a la ofensiva capitalista y, en esa lucha, recuperarlas para una nueva dirección fundada en la independencia política del Estado y los partidos patronales. La batalla por un paro activo nacional de 36 horas, por un plan de lucha y la preparación de la huelga general para derrotar al plan de Macri y el FMI está completamente enlazada a la tarea de colocar a la clase obrera como protagonista de la crisis nacional, y para que pueda imprimirle a esa crisis su propia salida.

El senador Federico Pinedo es bisnieto de un intendente porteño. Su abuelo fue ministro de Hacienda de los presidentes Agustín P. Justo y Ramón Castillo -durante la Década Infame- y de José María Guido más tarde. El padre presidió, en los ’60, el bloque de diputados provinciales de la Unión Conservadora bonaerense. Y la ex esposa del actual senador es una Patrón Costas. Bingo. Un linaje sin fisuras de una clase social cuyos adolescentes varones -según coinciden historiadores, escritores y biógrafos- solían iniciar su vida sexual en las sábanas suaves del hogar familiar, violando a adolescentes muertas de miedo, las chinitas sanas que para estos fines se traía del campo.

Y después, claro, se las devolvía al campo.

Es esa marca brutal de clase la que exuda el proyecto número S-1825/18 que presentó Pinedo en compañía de Miriam Boyadjian. El objetivo confeso, adelantó el senador en Clarín el 1°/7, es desalentar la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y reemplazarla (o combinarla) con este engendro.

En el marco del debate en el Senado, del proyecto de aborto legal aprobado en Diputados y con la intención de entorpecer su aprobación en el Senado, se pusieron a la vista en el plenario de comisiones de la cámara Alta tres proyectos alternativos sobre adopción o modificación del Código Penal. Pinedo quiere crear el programa “El Estado se hace cargo y te acompaña”, por el cual éste se compromete a mantener a las mujeres embarazadas “que decidan no asumir (...) la crianza”. Literalmente “el Estado Nacional se hará cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación, de las mujeres embarazadas que decidan no asumir la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer, a los fines de salvaguardar la integridad tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer y velar por el interés superior del niño”.

Las embarazadas que sí quieren criar a sus hijos y no tienen ni habitación ni alimento, no le generan la menor preocupación al legislador, que sólo parece interesado en cuidar a las que les posibilitan capturar un bebé.

El procedimiento de adopción, en el que intervendrá un juez, será sumarísimo.

El proyecto de Pinedo viola la ley nacional de adopción. En el artículo 4 se otorga a la madre biológica la posibilidad de elegir dentro del Registro Unico de Adoptantes a la familia que se quedará con la criatura “teniendo en cuenta las tradiciones culturales y religiosas de la madre embarazada y el niño por nacer (sic)”. Este artículo abre el camino no sólo del alquiler de vientres sino del tráfico de recién nacidos ¿Acaso una mujer o niña que necesitó el Programa para sobrevivir está en condiciones de rechazar la familia que elija el juez?

Para más escándalo, Pinedo quiere que la identidad de las gestantes sea secreta y que sus nombres sólo sean accesibles con orden judicial. Como las mujeres que en los conventos del siglo XIX, para ocultar que habían pecado, dejaban subrepticiamente al bebé en una suerte de ventana de madera anclada sobre un plato giratorio, las “acompañadas” por el Estado serán mujeres sin nombre ni voz.

Pinedo quiere desconocer el artículo 595, inciso E, del Código Civil y Comercial, que garantiza a los adoptados el derecho de conocer su origen. Lo deja librado a la voluntad de la gestante, que puede elegir que se la exima de la aplicación. O sea que no quedaría registrada en ningún lugar la identidad de la madre biológica ni el destino del chico. Los adoptados tendrían vedado para siempre conocer su origen.

A la altura del artículo 8, el Programa ya alcanza el rango de disparate: “Aquellos niños que nacidos no hubiesen sido adoptados serán acogidos, alojados, alimentados, vestidos y educados a cargo del Programa creado por esta ley, en hogares de acogimiento u otros hogares infantiles de gestión pública o privada, organizados, habilitados, controlados y auditados de conformidad con las pautas que fije la reglamentación”.

Hay unos 400.000 abortos ilegales por año. Con esta ley se podría generar una legión de huérfanos institucionalizados “en hogares de acogimiento”, que bien podrían ser de gestión privada como los del cura Grassi o del Instituto Próvolo.

Del mismo modo que su jefa política, Gabriela Michetti, Pinedo aspira a sustituir con esta adopción tutelada incluso los abortos no punibles que ya contempla el Código Penal. En los considerandos se explica: “Eliminar, o por lo menos simplificar al máximo los requisitos que actualmente existen para que las mujeres opten por la entrega en adopción, es un objetivo que pretende desalentar las prácticas abortivas”.

Una vez entregado el bebé, cesa toda obligación del Estado. Como las chinitas de la oligarquía eran devueltas al campo, las donantes serán devueltas a las privaciones y a la miseria.

Es hora de mandar esta clase social al basurero de la historia.

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El anuncio del aumento de las tarifas del combustible y el querosén desataron, el pasado viernes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, una insurrección de masas. El gobierno había anunciado la entrada en vigor un tarifazo del 37% de la gasolina, de un 40% en el diesel y más de un 50% en el querosén (utilizado comúnmente para iluminar y calefaccionar los hogares). Las medidas formaban parte de un paquete de ‘ajustes’ firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero pasado.

La Policía Nacional se encontró totalmente desbordada por la magnitud del levantamiento. Un policía murió linchado y un guardia de seguridad murió calcinado dentro de su propio vehículo. Los incendios de vehículos, las barricadas y los saqueos rápidamente se extendieron por toda la capital y diferentes puntos del país.

A pesar de que el sábado, el presidente Jovenel Moïse y el primer ministro anunciaron que daban marcha atrás con los aumentos, las protestas continuaron. El domingo alcanzaron la ciudad de Cabo Haitiano (norte), Les Cayes (sur) y Malpasse (sureste), fronteriza con República Dominicana, donde fueron incendiadas las oficinas aduaneras. Los sindicatos de transportistas convocaron a una huelga para el lunes y el martes, que ha paralizado a las principales ciudades.

Bronca

Las brutales condiciones de miseria y atraso a las que son sometidas las masas haitianas no tienen parangón. Según datos de la ONU, más del 80% de la población sobrevive con menos de 2 dólares diarios y un 63% no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentos. Según estadísticas del Banco Mundial, sólo el 2% de sus habitantes gana por encima de los 10 dólares diarios.

La infraestructura ultra-precaria hace de Haití una nación extremadamente vulnerable a las catástrofes naturales. El terremoto de 2010 se cobró 300 mil vidas, el paso del huracán Matthew casi mil. Sin embargo, su vecino República Dominicana, en la misma isla, que cuenta con casi la misma cantidad de población (10 millones de habitantes), no registró ninguna muerte producto del terremoto y, aunque sufrió el paso de Matthew en menor intensidad, sólo consignó cuatro muertos.

Semejante situación social es una olla a presión. En 2004, tras el golpe de Estado perpetuado contra el gobierno de Jean-Bertrand Aristide (calificado como ‘populista’), se conformó la Minustah, una fuerza militar encabezada por tropas de Brasil (Lula) y Argentina (Néstor Kirchner) con lacolaboración de todos los países latinoamericanos, a excepción de Venezuela y Cuba, e incluso con la participación de China. El financiamiento de esta fuerza de ocupación corrió a cargo de la ONU -o sea de las potencias imperialistas. La “misión de paz” rápidamente se convirtió en el centro de la bronca popular y del repudio internacional. La Minustah protagonizó abusos de todo tipo, incluidos escándalos de explotación sexual de menores, y fue responsable una epidemia de cólera que afectó a 800 mil haitianos y provocó diez mil muertos. Esta experiencia de horrores llevó al suicidio a un general del ejército de Brasil.

Superexplotación capitalista

Haití no solamente es un paraíso de la superexplotación capitalista, concentrada en un reducido núcleo de exportadores.

El terremoto de 2010 fue aprovechado para impulsar el gran negociado la “reconstrucción”. Lo mismo ha ocurrido en Irak y es lo que figura en la agenda acerca de la “normalización política” en Siria. La “ayuda humanitaria” fue la ocasión para gigantescos hechos de corrupción y de lavado de dinero. Envolvieron a grandes grupos multinacionales, a la Cruz Roja Internacional y a los “arquitectos” del esquema -el matrimonio Clinton. Los escombros tardaron años en removerse y miles de personas que perdieron su hogar durante el terremoto siguen viviendo en campamentos de refugiados.

Una parte importante de los fondos de “reconstrucción” fue destinada a erigir nuevos hoteles de lujo para el turismo y de zonas francas industriales en condiciones de trabajo que lindan con la esclavitud. Los 30.000 trabajadores -casi dos tercios, mujeres- de las plantas que funcionan en las zonas francas se dedican fundamentalmente a la confección de vestimenta para firmas como las estadounidenses GAP, Levi’s y Walmart. Se incumplen las leyes que regulan las condiciones de trabajo, las jornadas de trabajo son extenuantes y ni siquiera se respeta el miserable salario mínimo fijado por ley de 4,84 dólares por día.

Por otro lado, la explotación de los recursos naturales no cuenta con ninguna regulación. La deforestación ya es casi absoluta (se calcula que sólo queda un 2% de superficie boscosa original). Ahora, el gobierno ha otorgado grandes exenciones impositivas a las empresas mineras para la explotación a cielo abierto. Los recursos mineros de Haití se han calculado en 20.000 millones de dólares. Inversores estadounidenses y canadienses han gastado más de 30 millones de dólares en los últimos años en perforaciones exploratorias y otras actividades relacionadas con la minería.

Miles de haitianos han emigrado a Estados Unidos y otros países, donde ofician como una reserva de mano de obra precarizada. Esto no impide que remesas que los haitianos en el exterior envían a su país representen el 22,4% de su bajísimo PBI. Sogebank, uno de los bancos más grandes, opera como agente local de Western Union y monopoliza el mercado formal de remesas, con comisiones abusivas.

Persiste el empleo generalizado de menores en el servicio doméstico, conocidos como restavèks, en su mayoría niñas. Si bien no hay cálculos precisos, algunos estiman que entre 225.000 y 300.000 niños trabajan como restavèks. A menudo, estos menores no reciben pago alguno y, por supuesto, no tienen acceso a educación. Son abusados física o sexualmente. Además, muchos menores son víctimas del tráfico de personas o utilizados en el contrabando de armas o de drogas.

El actual gobierno asumió después de un proceso eleccionario sumamente fraudulento, postergado durante dos años y en el cual participó sólo el 20% de la población. Entre otros compromisos internacionales, asumió reconstruir el ejército nacional para permitir la salida de las tropas extranjeras, cuyo financiamiento se calcula en miles de millones de dólares.

En este contexto la Minustah fue sustituida por una nueva fuerza militar de la ONU, la MINUSTJUTH, una fuerza más reducida, con la cual también colabora la Gendarmería de Argentina.

La cuestión de la dirección política

De acuerdo con la evaluación de periodistas en el terreno, la insurrección no tiene coordinación y carece de dirección política. Fue precedida, sin embargo, por una huelga general lanzada por los sindicatos, pero obviamente sin dirección estratégica. Esto significa, en primer lugar, que el “populismo” en Haití, históricamente muy fuerte entre las masas, no ha desarrollado ningún trabajo de preparación política y que está ausente en el levantamiento, en su condición de tendencia política. Es probable que sea convocado por el imperialismo, como ha ocurrido en el pasado, cuando se fue desintegrando la dictadura de los Duvalier, padre e hijo, para desviar el movimiento popular hacia “canales institucionales”. Es lo que ha ocurrido repetidamente en América Latina. Las masas haitianas están excluidas de la educación formal, pero no por ello son menos politizadas. Llevaron al gobierno al sacerdote Aristide, que fracasó en forma miserable, luego de actuar como correa de transmisión del partido Demócrata de Estados Unidos y de la familia Clinton, para poner un freno a las insurrecciones de hace dos décadas. El año pasado, los sindicatos declararon una huelga general, sin que la prensa internacional prestara la menor atención, para reclamar el aumento del salario mínimo. Por otro lado, se ha abierto una ‘grieta’ en el gobierno, cuyo ministro de Comunicaciones, desmintió al Presidente acerca de retrotraer las tarifas al nivel precedente.

La crisis de dirección de la insurrección haitiana pone de nuevo en agenda la responsabilidad política del conjunto de la izquierda de lucha de clases y de todo el activismo combativo en América Latina. Es necesario un frente único a escala continental para apoyar las insurrecciones (Haití), levantamientos populares (Nicaragua), la necesidad de una salida obrera al derrumbe social (Venezuela) y las crisis de conjunto de todos los regímenes políticos de América Latina, en la perspectiva estratégica de un gobierno de trabajadores y la Unidad Socialista de América Latina. La intervención en la crisis de conjunto de los regímenes políticos patronales en América Latina, “neo-liberales” y “populistas”, y en las luchas de los obreros y campesinos, está claramente en la agenda. La crisis mundial, por un lado, y la movilización popular, por el otro, han abierto perspectivas revolucionarias que deben ser preparadas políticamente. El gobierno actual de Haití es el resultado de elecciones fraudulentas, en las que obtuvo un cuarto de los votos.

Frente a este desplome planteamos: por gobiernos de trabajadores (obreros y campesinos) y la Unidad Socialista de América Latina.

En Haití, concretamente, se plantea: retiro inmediato de la MINUSTJUTH. Fuera las tropas argentinas de Haití. Confiscación de la gran propiedad agraria, de los monopolios de exportación y de los bancos. Por el control y la gestión obrera colectiva.

Convertir a la huelga general en indefinida. Elección de un Comité nacional de Huelga. Formación de milicias obreras y campesinas.

Al igual que el 25 de Mayo, el acto que impulsaron en el centro porteño organizaciones kirchneristas, el moyanismo y otras fuerzas partidarias de un ‘frente antimacrista’ no estuvo liderado por sus jefes políticos. En su lugar, el palco central estuvo ocupado por artistas y personalidades de derechos humanos. El documento central del acto fue leído por dos actores, mientras algunos diputados y dirigentes sindicales se mezclaban en la multitud.

Cuando están en juego definiciones políticas, en el cuadro de una gran crisis nacional, este ocultamiento tiene un significado. Los dirigentes sindicales y políticos convocantes no quisieron asumir, ante la multitud presente, una responsabilidad y un curso de acción frente al mal que denunciaban -la “condena a generaciones de argentinos a pagar los negocios de unos pocos”. Entre los que miraban el palco desde abajo, se encontraban Hugo Yasky o Pablo Moyano, líderes de reagrupamientos sindicales sin la menor pretensión de llevar adelante una acción consecuente contra el “plan fondomonetarista”. El pasado 25, los sindicatos dirigidos por moyanistas y kirchneristas acompañaron el carácter “dominguero” que le imprimió la CGT al paro general, con apenas algunas excepciones en el interior. Por el lado político, la negativa a “poner la cara” también tiene sus razones. La gran “unidad antimacrista” atrae en la voz de actores y cantantes.

Pero si se tuviera que corporizar, mostraría en el palco al arco de gobernadores pejotistas que viene ejecutando el ajuste en las provincias, al massismo que le ha votado todas las leyes antiobreras y antinacionales a Macri y, por último, a las administraciones provinciales y municipales del kirchnerismo que, desde Santa Cruz hacia arriba, no han vacilado en transferirle a sus trabajadores las consecuencias de la política nacional.

Pero, además, ese frente no podría corporizarse a través de sus dirigentes… porque se encuentra profundamente dividido. El kirchnerismo pregona la unidad con quienes, desde el pejota, ya anticiparon que no los harán de la partida. Mientras tanto, la pata derecha del ‘frente antimacrista’ en grado de tentativa discute con Macri los términos del Presupuesto 2019, el cual tendrá que incorporar los ajustes brutales exigidos por el FMI.

La (siempre pagada) deuda impagable

El documento leído por Gerardo Romano y Carolina Papaleo expresó claramente el carácter encubridor de la convocatoria. Califica a “la deuda externa contraída por el gobierno de Macri” como “ilegal e ilegítima”. Pero ¿acaso la que contrajeron otros gobiernos no tuvo este carácter? El kirchnerismo pagó casi 200.000 millones de dólares de esa “deuda odiosa”, algo de lo que se ufanó Cristina Kirchner cuando era presidenta. En su consigna central, el acto plantea el rechazo al acuerdo con el FMI, pero no el repudio al pago de la deuda.

¡Tampoco impugna directamente al gobierno que trajo al Fondo, y que será el ejecutor político del plan de hambre! La convocatoria, por lo tanto, fue inscripta en los términos de la “oposición responsable” al macrismo, que critica “la decisión de recurrir al FMI” cuando “podrían haberse explorado otros caminos” -por ejemplo, llevar adelante el mismo ajuste brutal pero a través de un gran acuerdo político. El documento leído en el palco de Avenida Belgrano y 9 de Julio levantó las principales reivindicaciones de la patronal industrial -“frenar la importación, defender a nuestras pequeñas y medianas empresas”. Pero no dice que esa patronal se resarce de la competencia externa o del elevado costo del crédito precarizando trabajadores, despidiendo a otros y buscando reducir el salario. Los “nacionales y populares” atacan al FMI, pero no sonó una sola palabra sobre la principal consecuencia que hasta ahora ha tenido el acuerdo con Mrs. Lagarde, la devaluación de la moneda, pulverizando salarios en beneficio de los capitalistas que “necesitan competir”.

En estas condiciones, la multitud que se congregó en el acto no encontró respuestas -ni un rumbo de acción- frente a su enorme inquietud política.

Como ya había ocurrido el 25M, el nacionalismo burgués intenta asumir la representación política de la nación en quiebra, sin distingos entre oprimidos y opresores. Pero esa bancarrota agudiza los antagonismos de clase: la gran “unidad antimacrista” detrás de estos ajustadores sólo podría prosperar a costa de la resignación total de los trabajadores que deben luchar por la reapertura de las paritarias, la reforma laboral, los despidos y tarifazos. Para luchar por esas reivindicaciones y por una salida de los trabajadores a la presente crisis, es necesario que desarrollemos una alternativa política y un programa propios.

Las declaraciones de Donald Trump en una conferencia de prensa conjunta con Vladimir Putin, en Helsinki, le han valido una ola de ataques sin precedentes de parte de los medios de comunicación, del partido Demócrata y de gran parte del partido Republicano, e incluso del jefe de la CIA, Dan Coats, designado por el propio Trump. A cuatro meses de las elecciones de renovación parlamentaria, la crisis política en Estados Unidos parece haber alcanzado un punto de no retorno. Trump, un macartista serial, ha denunciado que es víctima de “una caza de brujas” por el llamado “deepstate”, como se designa en Norteamérica al aparato de seguridad del Estado -CIA, FBI, NSA, y el ‘establishment’ económico y político del país. Frente a Putin y los medios internacionales, Trump había relativizado la injerencia que se le atribuye a Rusia en la elecciones presidenciales de hace dos años en Estados Unidos, y hasta admitido como válida la negación de esa injerencia y de ciberataques que le habría manifestado Putin. En menos de una hora, la CNN y el New York Times abrían su espacio para cualquiera dispuesto a calificar a Trump como “traidor a la patria” o para pedir que se lo lleve a un juicio político para destituirlo. Algunos entrevistados dieron a entender que apoyarían un golpe militar si los medios constitucionales no fueran viables.

Las excusas posteriores de Trump (“no me expresé bien”) no han atenuado la escalada en su contra, incluso porque volvió a decir que la injerencia en cuestión bien pudo ser llevada a cabo por gente ajena a Rusia. Algunos diarios internacionales caracterizaron que el mundo se encuentra ante “un derrumbe de la potencia hegemónica”.

Trump y Putin

Lo curioso, si se puede usar esta expresión, de todo este asunto, es que los medios que participaron de la conferencia de prensa no se interesaron por conocer los resultados de las discusiones entre Trump y Putin. Estados Unidos y Rusia se encuentran en ruta de colisión por la ocupación de Crimea por parte de Putin y el apoyo al movimiento de secesión en el este de Ucrania; por la presencia política de Rusia en Moldavia y regiones que se han separado de Georgia, o la situación en Chechenia; por las posturas enfrentadas, entre ambos, en la guerra criminal en Siria; por la ruptura unilateral del tratado nuclear con Irán por parte de Trump y la andanada de sanciones que ha desatado contra las compañías europeas que habían decidido invertir en el petróleo iraní; o por la evolución del principio de acuerdo de desnuclearización entre Estados Unidos y Corea del Norte y, no menos importante, el ataque de Trump a la construcción del gasoducto que debe llevar el fluido de Rusia a Alemania y al resto de la Unión Europea a través del Báltico. Hay que suponer que incluso Venezuela y Cuba debían haber estado en la agenda, debido a la presencia importante de Rusia en dos países con fuertes crisis económicas y choques con el imperialismo yanqui. En resumen, Trump ha aplicado sanciones económicas contra Rusia, que han obligado al Banco Central de Rusia a salir al rescate de bancos y compañías rusas golpeadas por esas sanciones. El tenor impuesto por los medios a la conferencia de prensa puso de manifiesto una política de boicot contra las conversaciones Trump-Putin. La conferencia de prensa escenificó una enorme crisis internacional, que corta horizontalmente al interior de cada una de las grandes potencias.

Cuando se toman en cuenta estos elementos en su conjunto, es claro que la oposición a cualquier tipo de acuerdo o acercamientos parciales de Estados Unidos con Rusia ha escalado en forma considerable. La reunión con Putin fue precedida por reuniones de Trump con presidentes de la Unión Europea y un encuentro de la Otan, en los que el norteamericano calificó de “delincuentes” a sus ‘colegas’; apoyó el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea; atacó a la primera ministra de dicho país por no optar por un Brexit duro contra Europa continental y exigió a sus pares que cuadrupliquen sus contribuciones a la Otan, en lugar de estar preparando la creación de una fuerza armada independiente. Trump fue a buscar a Rusia un acuerdo para que Putin apoye una desintegración de la Unión Europea e incluso un frente político común con los partidos europeos de ultra-derecha que abogan por eliminar el euro o poner fin a la unión política.

En este marco podría haber ofrecido una tregua política con los otros temas estratégicos en disputa y cambiar las sanciones económicas por un acceso ilimitado al mercado de bienes y de capitales de Rusia. Si vale la analogía, así como Hitler, que quería destruir a la Unión Soviética, pactó primero con Stalin, para tener las manos libres para atacar a Francia y Gran Bretaña, y de este modo asegurar sus espaldas en el oeste. Trump ha propuesto un acuerdo a Putin para quebrar la competencia europea en el mercado internacional. Es un camino plagado de crisis internacionales.

Decadencia

El núcleo de esta orientación política es el reconocimiento por parte de la camarilla de Trump y de sus defensores de la burguesía norteamericana de que Estados Unidos enfrenta una decadencia imparable, que se manifiesta por sobre todo en la crisis social del país.

Es un cuadro histórico similar al que determinó que en Gran Bretaña triunfara el Brexit o la tendencia disolvente en la Unión Europea. La crisis mundial penetra por los poros de todos los Estados capitalistas. China incluso enfrenta una crisis potencial, que se ha convertido en el tema más discutido en la prensa internacional: la quiebra del sistema bancario, formal y paralelo, que ha financiado el crecimiento de los últimos años. Esto explica que, en los últimos doce meses, hayan salido de China un billón de dólares y que sea el país donde más ha caído la Bolsa en el índice de los llamados mercados emergentes. Trump ha recurrido a medidas extraordinarias para sacar a la economía norteamericana del estancamiento -una rebaja fabulosa de impuestos a las ganancias para convertir a Estados Unidos en una suerte de paraíso fiscal que compita con el resto de la economía mundial y en especial contra la Unión Europea. Como consecuencia de esto, la deuda pública norteamericana aumentó en medio billón de dólares solamente en el primer trimestre de 2018 y ya equivale al ciento por ciento del PBI.

Robert Mueller, el hombre encargado de investigar la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas, ha imputado por la infiltración en las computadoras del partido Demócrata a la agencia rusa de seguridad (GRU), sin presentar la menor prueba material. CNN ha calificado el hecho como una “declaración de guerra”, sin aclarar cuál debía la respuesta a esta “guerra”. Putin le ha ofrecido a Mueller la posibilidad de interrogar en Moscú a los agentes imputados, por ahora sin que la CIA acuse recibo. El involucramiento del ‘deepstate’ en la crisis política en curso, la convierte en una crisis de régimen. Los Bush y los Obama, que han desatado las guerras más criminales, apelando a las mentiras y falsificaciones más groseras para justificarlas (Afganistán, Irak -con un millón de muertos- y Siria), se indignan por ciberataques que no han podido probar y pretenden escalar la crisis en nombre de la ‘democracia’. Los trabajadores deben estar alertas ante esta evolución de la crisis internacional, porque ella anida más guerras y violencias contra los pueblos.

El FMI dio a conocer los detalles del plan de ajuste que exige a la Argentina, como condición para la línea de “asistencia” (desembolsos parciales), anunciada hace más de un mes. Esta “letra chica” anticipa un cimbronazo contra trabajadores y jubilados:

• el Fondo exige el recorte de los empleados públicos “no prioritarios”, un término suficientemente vago como para meter en la bolsa a miles de trabajadores estatales. Si se tiene en cuenta la elevada precarización del empleo público -una “herencia recibida” del kirchnerismo-, el macrismo podrá servirse del mero vencimiento de contratos para dejar sin trabajo a muchos de los que hoy revistan en el Estado;

• para estos mismos estatales, el FMI receta un aumento nominal máximo del 8% en sus salarios. Por caso, y si el gobierno lograra la “hazaña” de bajar la inflación de 2019 al 17 ó 20%, ello implicaría una caída de los salarios del Estado de unos 10 puntos, a lo que se suma un 10 ó 15% de pérdida del poder adquisitivo del año en curso. De ese modo, maestros, empleados y trabajadores de la salud pública habrían perdido la cuarta parte de su salario en dos años;

• el FMI vuelve con la ‘recomendación’ de rematar el Fondo de Garantía de la Anses, para usarlo en el pago de deudas por juicios jubilatorios. Pero con ese fin, el gobierno había impulsado un megablanqueo, revelando que esos fondos se están utilizando con otros fines. El remate del Fondo de Garantía, ni qué decirlo, prepara las condiciones para una nueva reforma previsional, que eleve la edad jubilatoria y abra paso a una reprivatización del sistema;

• el texto prevé la venta de tierras públicas para cubrir las “necesidades de financiamiento” (pago de deuda). Ratifica, por lo tanto, una orientación que también viene cabalgando desde el gobierno anterior: el remate del suelo en favor de grupos privados, que se lleva adelante desde la creación de la Agencia de Bienes del Estado, bajo la administración de CFK;

• el Fondo reclama que prosiga la reducción drástica de subsidios a la energía -o sea, nuevos tarifazos en puerta. A su turno, emplaza al gobierno a avanzar en el ajuste a las provincias, del orden de los 150.000 millones de pesos para 2019.

Abriendo el paraguas

Varios observadores alertaron sobre la demora incurrida por el Fondo en dar a conocer este texto, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde el anuncio del acuerdo con el gobierno. Según parece, varios miembros de su directorio pusieron en tela de juicio la ‘sustentabilidad’ del plan de ajuste, al observar que ni el anuncio del acuerdo con el FMI había logrado frenar la corrida cambiaria y la caída de todos los activos argentinos, desde las acciones hasta los títulos públicos.

Esa desconfianza en el rumbo oficial ha quedado estampada en esta letra chica y su pronóstico sobre el supuesto rescate de Argentina.

El documento señala que “persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda” a causa de “la gran participación de la deuda en moneda extranjera” y las “grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda” (sic). El FMI no se priva de promover una brutal exacción contra trabajadores y jubilados… pero sin la menor expectativa de eximir a la Argentina de una cesación de pagos. Más bien, abre el paraguas en relación con un defol, y llama a cuidar… al propio FMI, cuya “liquidez podría quedar comprometida” por el elevado monto del programa de “socorro” a la Argentina. Con este argumento, el Fondo endurecerá las condiciones para los próximos desembolsos prometidos al país.

Los choques que se vienen

Más allá de los ataques a los trabajadores, el memorándum abre un frente de crisis al interior de la burguesía, de la coalición de gobierno y -en general- de todos los bloques capitalistas, cuando plantea frenar la baja de las retenciones al agro e incluso congelar las reducciones previstas en los aportes patronales y otras rebajas de impuestos, en nombre del ajuste fiscal. De este modo, la frazada chica de la bancarrota nacional “destapa” parcialmente a los sojeros y a la gran burguesía, en aras de asegurar el pago de la deuda. Además de augurar choques de fondo con los explotados, el plan fondomonetarista será un factor de desintegración de la base social del gobierno. Por lo pronto, una parte de la UCR -fogoneada por los gobernadores de Mendoza y Jujuy- ha salido a pedir que no sigan bajando las retenciones, entrando en choque con los radicales ligados a la ‘pampa húmeda’. La prometida reducción de ingresos brutos en las provincias, prometidas en el pacto fiscal de fines de 2017, también entró en un cono de sombras. En medio de estas tendencias disgregadoras, el FMI se preocupa por la “habilidad del gobierno para (que) las medidas que requieren sean aprobadas por el Congreso”.

El FMI advierte, entonces, sobre un posible defol político del gobierno. Y exige un acuerdo -al menos- parlamentario en torno del ajuste, que es lo que se ha empezado a tejer en las negociaciones con gobernadores respecto del Presupuesto 2019. En estas discusiones, los gobernadores defienden las prebendas de sus lobbies capitalistas, como los regímenes impositivos especiales. Pero están dispuestos a entregar el salario y el derecho al trabajo de miles de estatales, así como las conquistas previsionales de sus cajas.

Dejar hacer el “trabajo sucio”

No puede dejarse pasar, en este cuadro, el completo silencio de Cristina Kirchner en relación con el plan fondomonetarista. Muchos de sus enemigos -y también de sus aliados- lo atribuyen a una “táctica genial” para cargarle al macrismo el costo y la responsabilidad de la crisis. Pero lo que esto quiere decir, si se interpreta bien, es que el kirchnerismo no tiene la menor voluntad política de interferir en el ‘plan de guerra’ contra las masas. Los K no quieren derrotarlo, sino ofrecerse como alternativa o relevo una vez que el macrismo haya realizado el “trabajo sucio” del ajuste. En esa orientación, los K buscan alguna combinación política con el elenco de gobernadores y parlamentarios pejotistas que han caucionado al gobierno desde 2016 hasta hoy.

Pero a pesar de los que llaman a no hacer olas “hasta 2019”, la crisis nacional acelera su ritmo. El gobierno busca contener la fuga de capitales y una nueva corrida a costa de un endeudamiento recontrausurario y de muy corto plazo, lo que acentúa la recesión económica y desata los primeros síntomas de fractura en la cadena de pagos. Los nuevos tarifazos en puerta, junto a los despidos y la carestía, refuerzan la olla a presión de la insatisfacción popular.

En abierta contradicción con ello, la burocracia sindical sigue la ruta de los bloques patronales y sus diferentes modalidades de colaboración con el ajuste. El triunvirato de la CGT ha autoprorrogado su mandato para la colaboración indefinida con el gobierno. Las CTA, en sus diferentes versiones, le mandan “cartas a Mrs. Lagarde”, pero no han anunciado la menor iniciativa de lucha de cara a los despidos anunciados de estatales.

Es necesario que los trabajadores y sus organizaciones se pongan de pie para derrotar esta escalada sin futuro sobre el país y sus trabajadores. La oposición entre la escalada oficial y la pasividad de la burocracia plantea con más fuerza aún la lucha por un Congreso de delegados con mandatos de asamblea de todos los sindicatos, para resolver una lucha a fondo contra el plan de guerra de Macri y el FMI, comenzando por un paro activo de 36 horas. La bancarrota nacional, a su turno, plantea toda una agitación por una salida obrera a la crisis: repudio de la deuda usuraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior, reorganización económica integral bajo la dirección de los trabajadores.

Los trabajadores de Argentina deben mirarse en el espejo de un continente convulsionado por la crisis capitalista y la rebelión popular, empujada por las medidas de guerra contra los trabajadores, como la reforma previsional (Nicaragua) o los tarifazos (Haití, Panamá). En esa perspectiva convulsiva debe considerarse la crisis del macrismo.

La presión del ataque del gobierno y el capital sobre los trabajadores toma un carácter desesperante y todos coinciden en que recrudecerá. El Fondo Monetario Internacional es un rescatista de última instancia en la crisis financiera que provocaron el gobierno de Macri y los especuladores, cuya contrapartida será un ataque más intenso a las condiciones de vida de los trabajadores. Los gobernadores del PJ dan aliento al gobierno para que avance en este plan de guerra y ya se enfilan para votar un Presupuesto 2019 de ajuste, acorde a las exigencias del FMI. La Iglesia, en tanto, se ofrece como garante de contención social frente a las luchas a cambio del entierro del reclamo por aborto legal.

El régimen político de conjunto se alinea para descargar la crisis sobre los trabajadores. Los desocupados, el sector más vulnerable, deben dar una enérgica respuesta poniendo en pie un plan de lucha reforzando la organización en cada barrio.

La inflación pronosticada por el propio gobierno superará el 30% sobre una canasta de pobreza que, según el Indec, ya llega a los 20.000 pesos. Todavía están pendientes tarifazos y aumentos de las naftas, mientras el efecto de la devaluación del 50% de los últimos meses sigue trasladándose a los alimentos, lo cual aumenta el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos. Los planes sociales hoy representan apenas un cuarto de la canasta de pobreza y los pobres pasan a ser a indigentes en forma masiva. En este cuadro, el Banco Central llevó las tasas de interés al 60% generando una recesión económica que golpea directo a los trabajadores con el aumento de las suspensiones y los despidos, sobre una economía que tiene en desuso el 60% de la capacidad industrial instalada. Entierran, por un lado, la perspectiva de trabajo y hasta de changas para los desocupados, y por otro, las obras de viviendas e infraestructura en los barrios. Este es el contexto real del nuevo programa Hacemos Futuro, que abarca a 260.000 trabajadores desocupados, el cual prevé “capacitarlos para el mercado laboral”, responsabilizando por la falta de capacitación a los desocupados. Así la terminalidad educativa y las capacitaciones de oficio se vuelven una extorsión aberrante que apunta a producir miles de bajas en los planes sociales.

El triunvirato, la Iglesia y la contención social

En las vísperas del encuentro de Macri con Christine Lagarde, el triunvirato de San Cayetano (Ctep, Barrios de Pie, CCC) emitió una carta de rechazo al acuerdo con el FMI, firmada junto con la CGT, la CTA y el kirchnerismo. Oponen como salida un nuevo marco legal de contención social sobre la base de las cinco leyes por las que se movilizaron en la pasada Marcha Federal, tras la cual descartaron la posibilidad de un plan de lucha. Sin embargo, están en la línea del planteo del FMI que le permitió al gobierno utilizar 15.000 millones de pesos del paquete de endeudamiento en asistencia social para “evitar la conflictividad”.

El acuerdo con el Fondo Monetario “contempla la ampliación de la cantidad de beneficiarios de los planes sociales, pero a costa de un ajuste nominal promedio individual inferior a la suba prevista en los precios al consumidor” (Infobae, 22/7). Es decir que continuarán ajustando -vía inflación- el ya miserable plan social de 4.800 pesos. Por eso, el triunvirato salió con las manos vacías de la reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, hace tres semanas. Les rechazó los 3.000 pesos por única vez para todos los planes sociales y les dijo que sólo aumentarán un 10% en relación con el aumento del salario mínimo, el cual se encuentra en la mitad de la canasta de pobreza, mientras postergan la reunión del Consejo del Salario para decidir el aumento.

Con todo esto, la Marcha de San Cayetano, impulsada por la Iglesia, el Triunvirato, la CTA y sectores de la CGT para el 7 de agosto es sólo una maniobra contra la sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que se tratará en el Senado al día siguiente. No porta ningún carácter reivindicativo real.

Frente al ajuste, la CGT anunció que se prepara para “abrir comedores en los barrios” (El Cronista, 11/7). Sin embargo, deja pasar la convocatoria a un paro nacional de 36 horas para continuar el mandato de lucha que dejó el masivo paro del 25 de junio.

Programa y plan de lucha

En este escenario, el Polo Obrero va a dar la pelea en cada barrio reforzando la organización y desarrollando un plan de lucha.

Empezando por la convocatoria a multiplicar la movilización el 8 de agosto por el aborto legal, seguro y gratuito, cuando tendrá tratamiento en el Senado. Exigimos la participación de las organizaciones sociales en el Consejo del Salario y reclamamos la duplicación del salario mínimo. Frente a la inflación es imprescindible el aumento de emergencia del 30% de los planes sociales y la apertura irrestricta de los programas de empleo. La perspectiva de lucha por trabajo genuino, bajo convenio, contra la idea de contención social del FMI, Macri y la burocracia sindical es el gran punto del programa de los trabajadores desocupados de salida a la crisis. Y requiere que apuntemos a desarrollar una gran deliberación popular para postular a los trabajadores como salida política a la enorme crisis nacional, mediante un congreso nacional de delegados de la CGT, la CTA y todos los sindicatos, como lo impulsamos estratégicamente en el plenario del sindicalismo combativo una gran cantidad de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados.

Tras el receso de invierno, en el segundo cuatrimestre se realizarán las elecciones de centros de estudiantes y delegados a la Fuba en todas las facultades de la UBA. La votación tendrá lugar en un cuadro convulsivo, ya que el propio inicio de las clases está en cuestión. El ajuste del gobierno y el FMI golpea a la UBA con la complicidad del rector Alberto Barbieri y los decanos. La UJS sale a la pelea contra el intento de Franja Morada y el PJ de avasallar la organización estudiantil independiente -espionaje, fraude y represión mediante-, para poner en pie un gran bloque de la izquierda y el movimiento estudiantil combativo para pelar por centros de estudiantes y una Fuba de lucha, ligada a las grandes batallas que el pueblo argentino deberá emprender en defensa todas sus conquistas.

Achique

Las vacaciones de invierno comenzaron con noticias fuertes en Económicas. A la decisión de Vidal de echar a María Fernanda Izna, consejera directiva de Franja Morada/Nuevo Espacio -involucrada en el escándalo de los aportes truchos-, se suma la voluntad de despedir a 400 empleados por parte de la administración de Emiliano Yacobitti. Este achique sería sólo para empezar. El recorte presupuestario y la sub-ejecución de partidas ya afectó las obras que estaban planificadas en la UBA: el “nuevo Hospital de Clínicas”, anunciado con bombos y platillos por Nuevo Espacio el año pasado, pasó a mejor vida. En estas condiciones, el hachazo que promete el Presupuesto 2019 sería sencillamente brutal.

El rector Barbieri rechazó el pedido de algunos de sus pares de plegar a la UBA a un no inicio de actividades en el segundo cuatrimestre.

La camarilla franjista-pejostista, enquistada en Viamonte 444, apuesta a una negociación bilateral con el macrismo para salvar su propio status quo (los negocios). Tampoco hay reacción de los decanos kirchneristas: Barañao dio de baja a 96 guías de Exactas en Tecnópolis sin que la facultad moviera un pelo. Los que sí votaron el no inicio en la UBA son los docentes, que sólo cobraron un 5% de aumento en lo que va del año y no tienen otra oferta que llegar a un 15% en cuotas, frente a una inflación de al menos el doble.

Golpe

El golpe urdido contra la Fuba por Franja Morada, la UES y el MLI (agrupaciones de las facultades de Sociales e Ingeniería, respectivamente) es inseparable de este cuadro de ajuste a la universidad. La convocatoria a la Policía de la Ciudad para que reprima y encarcele a estudiantes, y la reactivación de una causa judicial que incluyó el accionar ilegal de servicios de inteligencia al interior de la UBA, delató un inusitado operativo de Estado para desarticular a la principal federación estudiantil del país. La debilidad relativa del macrismo estudiantil de Franja Morada, que a pesar de cambiarse el nombre (“Nuevo Espacio”) nunca logró reconstruirse de su implosión en 2001, obligó a ocultar a sus dirigentes detrás de dos agrupaciones kirchneristas. Pero los votos no alcanzaron y debieron pasar a la lisa y llana falsificación de delegados.

En las elecciones estudiantiles, estos sectores buscarán conquistar una mayoría en la Fuba que no tuvieron a la hora de armar el congreso trucho. Sin embargo, Franja Morada tendrá que vérselas con el descrédito cada vez mayor que su gobierno cosecha entre una juventud cada vez más movilizada. Su papel nulo en el principal movimiento de los últimos años, el de las mujeres y su lucha por el derecho al aborto, evidenció su condición de aparato para-estatal.

Integración

El golpe del Rectorado se apoya en la crisis que arrastra la actual conducción de la Fuba, a raíz de la progresiva integración de La Mella al kirchnerismo y al régimen universitario en general. Lejos de detenerse por el fraude y la represión, este recorrido sigue a toda máquina.

Estos sectores buscaron valerse de la ofensiva morada para presionar por un copamiento K (“anti-macrista”) de la federación. Esta orientación pretendía quebrar la tradición consecuente de la Fuba, que se caracterizó por enfrentar de forma independiente los ataques de todas las autoridades y gobiernos de turno, incluido particularmente el kirchnerista. Quienes hoy quieren “borrar delimitaciones” son los mismos que colaboran todos los días en el Congreso, las provincias, desde la Iglesia y las centrales sindicales para que se aplique la política macrista.

Estas fuerzas denuncian a sus ex compañeros de listas, pero se resisten a revisar la estrategia que los llevó hasta ese lugar. Finalmente, todos pugnan por volver a reunificarse en 2019, con la UES, el MLI y el que venga. Es lo que indica la propia experiencia en el movimiento estudiantil: en el Congreso de la FUA, La Mella, Libres del Sur y La Cámpora fueron juntos en una lista encabezada por el Miles, otra agrupación que luego puso sus delegados en el fraude morado-pejotista.

Lucha consecuente

La tarea del segundo cuatrimestre es clara: derrotar el intento de achique contra la universidad y el golpe a nuestra organización de lucha.

Esto requiere una pelea consecuente y la completa independencia respecto del gobierno y el régimen universitario. La UJS convoca a todas las agrupaciones de izquierda y al movimiento estudiantil combativo a unir fuerzas para hacer de las próximas elecciones un gran pronunciamiento contra la ofensiva de Macri, el FMI y las autoridades.

El movimiento estudiantil necesita representantes que sean garantía de lucha, y eso sólo puede proporcionarlo la izquierda, que no tiene compromisos con el régimen actual. Para ello, la propia izquierda debe dejar de “balconear” lo que pasa y aplicarse a desarrollar las tareas del movimiento estudiantil. La UJS y el Partido Obrero llaman al conjunto del Frente de Izquierda a asumir este desafío. Vamos a una gran campaña para que el movimiento estudiantil y sus banderas emerjan en la escena nacional junto a la clase obrera.

El 12 de agosto se llevarán a cabo las elecciones municipales en Santiago del Estero, en la que se van a renovar los concejos y las intendencias de casi la totalidad de los municipios de la provincia. Estas elecciones estaban previstas originalmente para septiembre, pero el gobernador Gerardo Zamora (Frente Cívico, la coalición entre la UCR, el PJ y fuerzas menores) decidió correrlas para que no coincidieran con el debate del Presupuesto nacional, que viene condicionado por el acuerdo que Macri firmó con el FMI y por el cual se va a proceder a un brutal ajuste, donde las provincias y municipios van a tener que cargar con un tercio del mismo. Zamora ha puesto la firma -al igual que durante el kirchnerismo- a todas las políticas nacionales.

De cualquier manera, los medios santiagueños ya hicieron trascender que la provincia va a sufrir un recorte de 5 mil millones. Si se tiene en cuenta que gran parte de la fuerza de trabajo depende del Estado provincial y los municipios, el pronóstico conduce a un proceso de ajuste, cosa que ya está ocurriendo con jubilaciones anticipadas, pero que se profundizarán con despidos, achique salarial y mayor precarización, todo esto en una provincia que tiene el promedio salarial más bajo el país y los índices de trabajo en negro más altos.

La precarización y la miseria salarial tiene directos beneficiarios: los grandes terratenientes, las empresas privatizadas y algunos grandes negocios en materia de obras públicas que explotan a fondo las condiciones negreras que se le ha impuesto a los trabajadores.

No sólo esto. Bajo el régimen zamorista, la provincia se ha transformado en unos de los centros de acopio y distribución de la droga, de tráfico de mujeres y de niños más importante del país, como resultado de que el gobierno provincial y las principales intendencias, la Justicia y las fuerzas de seguridad están fuertemente entrelazadas con las mafias y, en muchos casos, son ellos mismo los jefes de esas organizaciones mafiosas. Zamora ordenó a sus diputados que votaran contra el aborto legal y en la provincia la persecución y violencia institucional contra las mujeres llega al extremo de perseguir a los abogados y abogadas que se animen a defenderlas.

Como resultado de la crisis general que se vive en el país, se han producido algunos crujidos dentro del Frente Cívico que preside Zamora y con el que gobierna la provincia. A pesar de que las fuerzas patronales opositoras son raquíticas y están en crisis -ya sea Cambiemos o el massismo-, Zamora ha decidido mover todo el aparato punteril e importantes recursos públicos para perpetuar su monopolio político. Los medios han señalado que, a pesar del ajuste, el zamorismo va a gastar 100 millones de pesos en la campaña e incluso acaba de anunciar el adelanto para agosto del pago del bono aguinaldo de fin de año -de 4.000 pesos. Con esto piensa no sólo asegurarse el triunfo frente a las listas de Cambiemos o del massismo, sino que las listas apadrinadas por Zamora se impongan sobre las colectoras que se presentan dentro del Frente Cívico.

La campaña del PO

Con este escenario, sólo el Partido Obrero, que se presenta en los tres municipios (la capital, La Banda y Termas de Río Hondo) más importantes de la provincia (en el caso de la capital lo hace junto a Izquierda Socialista en el marco del Frente de Izquierda), ofrece un programa que incluye las reivindicaciones de los trabajadores de los municipios (referidas al salario, las condiciones laborales y el pase a planta), los derechos de la mujer, la obra y las finanzas públicas bajo control de los trabajadores, unidas a las reivindicaciones más generales de los trabajadores y campesinos de la provincia y el país contra el plan de guerra del macrismo y los gobernadores, y por una salida económica y política bajo la dirección de los trabajadores.

Las listas que presenta el PO están integradas por importantes luchadores de la docencia, que se destacaron en la gran huelga del 2016, por los impulsores de la lucha de los familiares víctimas de la impunidad en la provincia y por luchadores de la Salud, entre otros.

En ese marco se está desenvolviendo una importante campaña en los barrios, ferias y peatonales. El PO es gran protagonista en el movimiento de la mujer, en la juventud combativa de la universidad provincial (Unse), en algunas barriadas a través del Polo Obrero o en la docencia que es el principal gremio de la provincia.

Un reflejo del impacto que está teniendo la campaña lo dio la reciente visita de Néstor Pitrola, con la asistencia de cien compañeros a una charla que luego se tradujo en importantes llegadas en los medios.

El tramo final de la campaña, prevé la visita de Claudio del Plá a Termas y otros dirigentes del Noroeste, donde se va a proceder a dar el empuje final, a reunir a cientos de fiscales para que hasta el último minuto de este proceso electoral batallemos para reforzar el reagrupamiento de fuerzas con el Partido Obrero y la posibilidad, como ocurrió en el pasado a nivel provincial, de conquistar una representación de la izquierda en los concejos.

La segunda sesión del Encuentro internacional, convocado por la Red Euro-Mediterránea, debatió el informe general y un conjunto de resoluciones discutidas en las comisiones encargadas de abordar una gama de cuestiones planteada por ese informe, así como contribuciones de diversas delegaciones. Entre ellas, una propuesta de declaración internacional de apoyo a la lucha de las mujeres en numerosos países y, en forma específica, la movilización por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Como hemos señalado en un informe previo, el Centro Socialista Christian Rakovsky tuvo la iniciativa del Encuentro, con el apoyo de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI).

Uno de los puntos centrales del debate giró en torno de la aseveración de que la confrontación del imperialismo con Rusia y con China con vistas a la completa recolonización del espacio de los ex Estados llamados ‘socialistas’ (Rusia, China, Cuba, etc.) constituye la contradicción principal de la etapa actual de guerras económicas y militares, en relación con los otros antagonismos que se han profundizado en el último tiempo, como, por ejemplo, el que opone a Estados Unidos y la Unión Europea (UE), o Gran Bretaña y el Brexit, o con Canadá y México. En torno de este planteo se hicieron planteamientos fundamentales de parte de diversas delegaciones.

La primera es que en el combate internacional en una guerra imperialista contra estos Estados, en ningún caso corresponde el apoyo a los gobiernos bonapartistas de este espacio y que, por el contrario, se plantea la expropiación de la oligarquía de estos países, que opera como una quinta columna del capital mundial.

La otra precisión fue la necesidad de desenmascarar el rol reaccionario de Moscú y Pekín en los choques políticos y en las confrontaciones militares que tienen lugar en diversas partes del mundo, en especial en Siria y en el Medio Oriente. En tanto, de un lado, la camarilla de Putin ha desembarcado en Siria para neutralizar la intervención del imperialismo, al mismo tiempo sostiene a la clique reaccionaria de Bashar al Assad y se moviliza intensamente por alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y el sionismo, lo que no sería otra cosa que una remodelación del orden imperialista golpeado por crisis sucesivas, la crisis mundial en curso y, por sobre todo, las revoluciones árabes.

En tercer lugar, aunque no menos importante, es necesario señalar que las oligarquías de Rusia y la burguesía ascendente en China, con el apoyo de gran parte de la burocracia gobernante, buscan formar parte de esa completa recolonización del ex espacio ‘socialista’ -de ningún modo son antagonistas de este proyecto que es, en última instancia, la finalidad estratégica de la restauración capitalista.

Para desarrollar una alternativa revolucionaria es necesaria la crítica más severa al nacionalismo y a sus tutores internacionales, y la completa independencia política del proletariado y las masas.

La agudeza que ha alcanzado la discusión de este punto ha revelado el involucramiento intenso de la Red Mediterránea y de la CRCI en las crisis y en las luchas en la región, así como en la comprensión del desafío estratégico que plantea la crisis mundial en curso.

Sionismo, imperialismo, Irán

El Encuentro vinculó la ley de apartheid impuesta por Netanyahu en Israel, el reconocimiento de Jerusalén como capital única de la entidad sionista, la guerra de exterminio de Arabia Saudita, los Emiratos y Estados Unidos contra el pueblo de Yemen, las masacres a repetición contra el pueblo de Gaza, y el repudio unilateral de Trump del acuerdo de control nuclear con Irán, como parte de un plan de guerra en la región que apunta a acabar con las revoluciones en Oriente, desde la iraní de 1979 hasta las recientes revoluciones árabes.

Se destacó en el debate el plan de dominación política del bloque formado por Arabia Saudita-Israel-Egipto-Emiratos, bajo la dirección del imperialismo norteamericano, que apunta al establecimiento de un nuevo orden internacional, lo que implica un régimen de guerra permanente.

El Encuentro señaló la necesidad de desarrollar un frente revolucionario antiimperialista frente a estos planes y guerras, caracterizando, al mismo tiempo, la inmensa declinación de los movimientos nacionalistas, burgueses y pequeño-burgueses, comprometidos por décadas de capitulaciones, y la desmoralización de la izquierda frente populista y los partidos comunistas. Una lucha consecuente contra la guerra imperialista debe partir de este balance y la conclusión que emerge de él: trabajar por el desarrollo de partidos revolucionarios socialistas y una dirección revolucionaria.

El Encuentro votó como consignas inmediatas: Fuera el imperialismo de Siria, Yemen y de todo el Medio Oriente; Abajo el sionismo, apoyo total a los derechos nacionales del pueblo palestino, incluido el derecho al retorno; Por una Palestina libre, laica y socialista, en una Federación socialista de pueblos libres del Medio Oriente.

En este contexto de conjunto fue discutido el peligro de guerra en el Mediterráneo oriental, como consecuencia de la guerra económica (la disputa por los nuevos yacimientos de gas y su salida hacia Europa), así como la expansión de la Otan en los Balcanes y el asedio a Rusia. El Encuentro aprobó un llamamiento a la unidad de los trabajadores de Grecia y Turquía contra los designios de guerra de sus burguesías, que esgrimen sus ambiciones en Chipre y Macedonia. El Encuentro rechazó el acuerdo del griego Tsipras y el macedonio Zaev, que modifica el nombre de la República de Macedonia, con el pretexto de cancelar disputas nacionalistas, como el paso necesario para el ingreso de Macedonia a la Otan. El Encuentro votó un llamamiento a un acto público y a una movilización conjunta contra este acuerdo al Frente de Izquierda de Macedonia (Levica), un bloque democratizante que reúne a la inmensa mayoría de la izquierda. A pesar de la hecatombe social que la Unión Europea ha provocado en Grecia, este frente izquierdista apoya el ingreso de Macedonia a la Unión Europea, con el pretexto de que ayudaría al progreso social del pueblo macedonio.

Lejos de un paso hacia la superación de un conflicto entre Grecia y Macedonia, que se avivó como consecuencia de la destrucción imperialista de la Federación Yugoslava, este acuerdo es la simiente de nuevas guerras, a partir de la hostilidad que genera, por razones diferentes, en Turquía y Rusia.

Los refugiados, un crimen de guerra del imperialismo

El tema de los refugiados de guerra fue abordado por una dirigenta de las organizaciones de derechos humanos, involucrada a fondo en el tema. La gravedad de la situación no puede ser subestimada, mucho menos la política del imperialismo frente a ellos -después de todo no son sino las víctimas de las guerras del imperialismo en el Medio Oriente, el Norte de Africa y Ucrania.

La ‘benevolencia’ inicial es cosa del pasado -la distribución por cuotas entre los países de Europa ha sido liquidada (acuerdo de Dublin).

Los nuevos refugiados son rechazados hacia sus países, sea por medio del cierre de puertos de acogimiento, sea por medio de patrullas militares que reconducen a quienes huyen de la guerra a sus países de origen y las muertes en el mar siguen siendo numerosas. Los campamentos que han recogido a refugiados en el pasado reciente se han convertido en campos de concentración- se ha rechazado su integración a la población existente. La Unión Europea financia a Turquía para cerrar el paso de refugiados de Siria a Europa. Una parte de la izquierda europea reclama el trato humanitario a los refugiados en oposición a su integración a los países en que se encuentran, con el pretexto reaccionario de que compiten a la baja con los obreros de la nación. Las delegaciones de Turquía y de Grecia en el Encuentro señalaron las intensas actividades que desarrollan en los campamentos, a pesar de la cuarentena que se les ha impuesto contra la presencia incluso de las organizaciones de derechos humanos, con una línea política definida: fronteras abiertas, derogación de las políticas anti-inmigratorias, abolición de los campos de concentración, por grupos de autodefensa contra los grupos fascistas que atacan a los inmigrantes. Por la Unidad Socialista de Europa desde Lisboa a Vladivostok.

Los crímenes de la política inmigratoria del imperialismo yanqui en América Latina, así como la de cada uno de los Estados latinoamericanos no fueron objeto de un informe especial, pero las conclusiones no varían ni tampoco las reivindicaciones: abajo los muros, apertura de las fronteras, oposición militante a la militarización de fronteras -a cuento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (que campea libre bajo la protección de la DEA norteamericana), por la Unidad Socialista de América Latina.

La lucha de la mujer

El Encuentro votó entusiastamente una declaración de apoyo a las movilizaciones de la mujer en diversas partes del mundo y a la lucha internacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Decidió encarar una campaña en todas las geografías posibles. Una declaración que liga la lucha por los derechos femeninos con la lucha contra el Estado capitalista y la organización socialista de la mujer trabajadora. La contribución de las delegaciones de países musulmanes no es sólo importante sino decisiva -corrigieron, si se puede decir así, el carácter latinoamericano y europeo de la propuesta inicial, capturando la singularidad de la lucha de la mujer en Asia y en el espacio islámico. El punto de referencia no sólo queda marcado en la lucha heroica de la mujer iraní, porque lo mismo ocurre desde Arabia Saudita y Afganistán, hasta Turquía y Egipto. En el espacio donde domina el clero fundamentalista, el ‘modernismo’ intenta convertir los reclamos feministas en un ariete ‘democrático’ de la ofensiva imperialista. Es aquí donde el socialismo revolucionario debe desarrollar una política en gran escala por la unidad de la mujer con la clase obrera, y las revueltas populares en una lucha conjunta del proletariado y la mujer trabajadora.

La Internacional

La necesidad de la Internacional proletaria volvió a ser reivindicada. Fue subrayado, por un lado, el carácter mundial de la bancarrota capitalista y su acentuación en escala creciente y, por otro lado, la generalización de las luchas nacionales y obreras a un mayor número de países. Fue destacada la política de extorsión hacia las masas, por parte del nacionalismo burgués latinoamericano y del bonapartismo, que les advierten que una lucha de clase independiente debilitaría el frente nacional contra el imperialismo, y que pasan también de la advertencia a la represión. Es lo que ocurre en América Latina, y también en Irán, China y Rusia, entre otros. En tanto una política de desenmascaramiento del nacionalismo y el bonapartismo es absolutamente necesaria, la unidad internacionalista de la clase obrera es la única política consecuente para arrebatar la hegemonía de una y otra forma de dominación burguesa y hacer avanzar la revolución mundial.

En este Encuentro, sin embargo, quedó planteado, en el debate, la necesidad de que las delegaciones presentes en la Conferencia, así como los luchadores de la nueva generación en todo el mundo, se incorporen a la lucha por refundar la Cuarta Internacional -el futuro partido obrero de la revolución proletaria internacional. Quedó planteada, de nuevo, en el debate, que la CRCI lance una política de reclutamiento, sobre la base de la clarificación política, como ocurre con estas conferencias, y por medio del impulso a campañas de acción contra el capitalismo y su barbarie.

Se trata de una discusión que deberá concluir en un congreso mundial, que tendrá lugar en la primera parte del próximo año.

Evaluación

En lo más alto del verano en el hemisferio norte, el desarrollo del Encuentro confirmó el acierto de la convocatoria. Es que, efectivamente, los movimientos de los poderes políticos establecidos, y en particular la ofensiva de Trump, ponían en un plano de urgencia la necesidad de una respuesta de los socialistas revolucionarios y de los luchadores de vanguardia. Es todo un método político: clarificación urgente para intervenir y actuar.

El discurso de Cristina Kirchner en el Senado tuvo dos claros propósitos. El primero, encubrir el ninguneo del aborto legal bajo su mandato. El segundo, apuntalar ahora un compromiso reaccionario con el clero y los enemigos del derecho al aborto. En el medio de las dos cuestiones, la ex presidenta encubrió otra: la participación activa del kirchnerismo en la operación política que, en las últimas semanas y días, y bajo la batuta del Vaticano, se urdió para que el Senado archivara el proyecto. Cristina arrancó, precisamente, absolviendo al clero de esta conspiración política contra el aborto legal -“no culpemos a la Iglesia”. Al presentar al apoyo a la media sanción como una decisión de “todo el bloque” (FpV), Cristina ocultó la deserción de la senadora ultra K Larrabure, que viró al voto en contra en medio de una feroz campaña mediática y sin que tuviera lugar la menor delimitación o crítica por parte de su jefa política.

Formateados

Para justificar el rechazo de doce años de presidencia a la reivindicación del aborto legal, CFK utilizó un curioso recurso: presentar a esta lucha como una cuestión novedosa, a partir de la irrupción de la “marea verde”. Según Cristina, y a diferencia de lo que ocurre ahora, los setentistas habríamos sido ‘formateados’ (sic) por la mística de la revolución cubana pero “no por las cuestiones de la mujer”. Sin embargo, estas “cuestiones”, y el derecho al aborto en primer lugar, formaron parte del arsenal histórico y programático del socialismo internacional y, como tales, fueron rescatadas por la generación obrera y juvenil que irrumpió con el Cordobazo. La negación del aborto legal y de otras reivindicaciones de la mujer fue perpetrada por el nacionalismo burgués, como parte del desvío y freno que operó sobre el ascenso obrero de esos años. No olvidemos que el peronismo fue el mentor de la comunidad organizada, un planteo de carácter corporativo que incluía la Iglesia como una de sus columnas vertebrales, a la cual se le reservaba la tarea de reorganizar integralmente el país. Pero a partir de esta falsificación histórica, CFK incurrió en otra impostura más grave y reciente -la de presentar a su política respecto del aborto legal como una mera “omisión”. Mucho más que eso, su gobierno actuó activa y sistemáticamente para bloquear este derecho de la mujer. Por caso, la reforma kirchnerista del Código Civil (2014) incluyó al “inicio de la vida desde la concepción”, el gran argumento de los ‘antiderechos’ para enfrentar al aborto legal. En el Congreso de esos años no hubo “grieta” entre el macrismo y los K para bloquear el progreso del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal. Las razones de esta conducta son claras: el clero fue un pilar de hierro en el sostenimiento de los “nac y pop”. Primero, para reconstruir la autoridad del Estado bajo la batuta de los K y, en el último período, para sostener la transición política entre un gobierno en declinación y el viraje al capital internacional que culminó con Macri -y que Bergoglio sintetizaba con la frase: “Cuidemos a Cristina”.

Feminismo tardío

Para explicar su viraje hacia el aborto legal, CFK anunció una adscripción tardía al feminismo, al cual desarrolló enseguida en su faceta más conservadora. Dijo, por caso, que la violencia a la mujer se ejerce “sobre todas las clases sociales, incluso a mujeres de elevado nivel social”. Si ello está fuera de duda, la cuestión es otra, a saber, si la violencia de género y otras reivindicaciones de la mujer pueden sustraerse -o encontrar salida- fuera de la lucha por una transformación social de carácter general. CFK, en este punto, no dejó dudas: la cuestión de la mujer es “específica” y debe ser apartada de una consideración social de conjunto. O sea que puede encontrar salida en el marco del régimen social existente. La ex presidenta definió al kirchnerismo como “nacional, popular, democrático y -ahora- feminista”. El amontonamiento de calificativos retrata al nacionalismo burgués, que propugna salidas “particulares” a los agravios más diversos bajo la batuta del actual Estado y sus partidos. Pero la “unidad nacional” con los capitalistas y el clero es antagónica a la emancipación nacional, a la democracia política y a las reivindicaciones de la mujer. El socialismo, en cambio, no necesita amontonar adjetivos: la emancipación universal de toda forma de explotación libera a todos los explotados y, como parte de ellos, también a la mujer.

Pero el feminismo tardío de CFK es mucho más que una disquisición ideológica. Tiene consecuencias muy claras en lo que refiere a cómo sigue la lucha por el aborto legal: al abogar por una salida “particular” y “especifica”, Cristina sustrajo a esta lucha de la acción más general contra el régimen ajustador y la colocó, en cambio, en el terreno de un compromiso con las fuerzas “de Estado” -el clero, en primer lugar. Este fue el sentido de su llamado a buscar “alternativas” al proyecto votado en Diputados, y a discutirlas con quienes estaban votando en contra. En vez de convocar a una lucha por la victoria del aborto legal, la ex presidenta aboga por una componenda con sus enemigos. Se inscribió, de este modo, entre los que en estas horas plantean trastocar al aborto legal en una mera “despenalización”.

El movimiento gigantesco de mujeres que se puso en marcha por el aborto legal debe sacar sus conclusiones políticas. También, para esta lucha crucial, necesitamos la organización política independiente de los partidos del capital y del clero, incluso -y principalmente- cuando estos se revisten de “nacionales y populares”.

“Si no tienen qué poner, pasen música”, les pedía Sergio Maldonado a los medios reunidos en una conferencia de prensa el 19 de octubre de 2017, apenas 48 horas después del hallazgo del cuerpo de su hermano Santiago en las aguas del río Chubut, cuando todavía no había sido identificado. Habían transcurrido 78 días desde la desaparición de Santiago en el marco de una brutal represión de Gendarmería en Cushamen, durante los cuales arreciaron las operaciones mediáticas orquestadas desde el poder político para eximir a esa fuerza represiva y a los funcionarios a cargo de toda responsabilidad.

Del análisis de estas maniobras se ocupan Mariana Romano y Diego Rojas en Pasen música - El caso Santiago Maldonado en la era de la posverdad, el primer ensayo periodístico publicado que aborda el tratamiento del tema por parte de los dos principales medios de comunicación del país, La Nación y el grupo Clarín.

El libro, que disecciona cada una de esas operaciones a través de un examen exhaustivo y pormenorizado, es también una oportunidad para ver cómo el histórico entramado entre los grandes medios de comunicación y los gobiernos capitalistas se ve potenciado en sus operaciones y falsificaciones por las tecnologías digitales.

El recorrido va desde la construcción de una supuesta “guerrilla mapuche”, encarnada por el ignoto grupo RAM, como fue presentada a los televidentes por el programa de Jorge Lanata el domingo 6 de agosto de 2017, hasta la más actual, que pretende cerrar el caso bajo la pretensión de que Maldonado “se ahogó solo”. El sólo repaso de todas las “hipótesis” digitadas desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, cuyos operadores periodísticos echaron a rodar durante esos angustiantes 78 días, bastan para que el lector se agarre la cabeza, desde la negación de su presencia en el corte de la ruta 40 aquel 1° de agosto, pasando por las versiones de que había sido malherido por un puestero días antes, se había refugiado en Chile, se “sacrificó” por la causa mapuche, escapó a Entre Ríos -donde habría un pueblo en el que “todos se parecen a Maldonado”- o había sido visto por una pareja haciendo dedo rumbo a Puerto Madryn, cortándose el pelo en una peluquería de San Luis, o incluso escondido en la casa de su hermano.

El libro de Rojas y Romano problematiza esta secuencia infame en conexión con el desarrollo de la movilización popular por la aparición con vida primero y luego por el esclarecimiento de la muerte de Maldonado y el castigo a los culpables. También recoge la disputa por la agenda en las redes sociales, poniendo de relieve el accionar de trolls y ‘cyberpatrullas’, que asediaron a los familiares e intentaron contrarrestar el reclamo difundido por usuarios legítimos.

Pasen música… documenta de manera fehaciente la construcción de una trama apuntada a justificar la militarización de la Patagonia como reaseguro para los pulpos petroleros y mineros que operan en la región y que frecuentemente chocan con las comunidades mapuche. Los autores reflotan un informe del Ministerio de Seguridad, presentado el 30 de agosto de 2016, casi un año antes de la desaparición de Maldonado, que adjudicaba a la RAM un reguero de “hechos delictivos”, los cuales, según YPF, paralizaron el funcionamiento de 200 pozos. Sin ambages, el ministerio de Bullrich destaca que el carácter estratégico que la “cuestión mapuche” asume a ambos lados de la Cordillera se vio plasmado en la detención del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, al término de una reunión bilateral entre Mauricio Macri y la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Actualmente, Jones Huala está siendo sometido a un nuevo juicio de extradición. El primero fue anulado, luego de que se comprobara que los testimonios en su contra habían sido obtenidos por la policía chilena bajo tortura.

Los autores inscriben el encubrimiento del crimen de Maldonado “en una genealogía que rápidamente remite a la ignominiosa tapa de Clarín: ‘La crisis causó dos nuevas muertes’ (…) O al informe del programa “6-7-8” en la Televisión Pública que en 2010 [durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner] (…) adjudicó la autoría intelectual del crimen de Mariano Ferreyra al duhaldismo”. Esto es la relación entre el monopolio capitalista de los medios de comunicación, la impunidad del Estado y las operaciones del poder político.

Pasen música… es un aporte a una lucha -la del esclarecimiento del crimen de Santiago Maldonado- vital y urgente, bien escrito y escrupulosamente documentado.

En las elecciones municipales del 12 de agosto en la provincia de Santiago del Estero se impuso el Frente Cívico, que gobierna la provincia por medio de Gerardo Zamora. El FC triunfó en 25 de los 26 municipios en que se disputaban las intendencias y los concejos, y lo hizo con porcentajes abrumadores: en la capital, que es el municipio más importante de la provincia, obtuvo el 63% de los votos. Antes de esta elección, el FC ya gobernaba en 24 de los municipios. Ahora terminó arrebatándole a Cambiemos el municipio de Pinto. Sólo en La Banda (la segunda ciudad de la provincia) no logró triunfar el FC. Allí se impuso Mirolo, alineado con el Frente Renovador.

Si se miran superficialmente las cifras y la extensión del triunfo, daría la impresión de que en Santiago nada ha pasado desde la última elección provincial ocurrida el año pasado. Sin embargo, con una radiografía más de fondo, se pudo verificar que en la interna en el FC, que existe desde su conformación en 2005, entre el sector radical liderado por Zamora (actual gobernador) y el sector peronista liderado por Neder (actual vice), el fiel de la balanza se corrió en favor de Zamora. En varios municipios, ambas tendencias presentaron listas enfrentadas y en todos ellos triunfaron las listas zamoristas. La única posición de importancia que queda en manos de peronistas alineados con Neder es en Las Termas. Aunque Gioja haya saludado el triunfo del FC y lo haya presentado como un triunfo del peronismo, procurando seducir a Zamora que no es peronista, se trata de una impostura por cómo ocurrieron realmente los hechos.

Apenas 24 horas después de las elecciones se están produciendo denuncias cruzadas dentro del propio FC, donde la gente de Neder denuncia a los zamoristas por fraudes y los zamoristas de Las Termas lo hacen con los de Neder. En algunos casos han convocado a marchas. Es un fenómeno anticipado de descomposición de la alianza gobernante de la provincia

El de La Banda es un caso interesante porque allí el candidato a intendente por el FC, “Chueco” Blanco, estaba alineado con Neder, ante lo cual Zamora y los zamoristas de la Banda le hicieron el vacío. El resultado fue una derrota por 13 puntos de “Chueco” Blanco a manos del candidato Renovador, Mirolo, quien ya era intendente y había mostrado durante su mandato un alineamiento con la políticas del zamorismo.

Cambiemos hizo sapo. No sólo perdió la única intendencia que dirigía, sino que su principal fuerza, la UCR oficial, fue complemente desplazada de las listas por personajes que ocupan puestos en reparticiones nacionales designados a dedo y que responden al PRO. Este hecho y el desprestigio general y creciente del gobierno de Macri, hicieron el resto.

En el caso de los Renovadores, importa señalar que aparte de mantener el gobierno municipal de La Banda, se presentó como una coalición en la que convergieron el PCR y Libres del Sur, quienes pusieron la mano de obra en la campaña, abandonando cualquier principio político: se quitaron los pañuelos verdes, para no chocar con los massistas contrarios al proyecto de ley que se discutió en el Congreso Nacional.

La campaña del zamorismo

El zamorismo hizo una campaña destacando el orden fiscal de la provincia, la paz social y la “defensa de la vida desde la concepción” y, en la política más general, mantuvo un conjunto de resoluciones con las cuales hizo tabla rasa con el estatuto y la carrera docente.

Zamora dio órdenes a sus senadores para que votaran contra el proyecto en favor de la legalización del aborto.

Zamora y los zamoristas se corrieron de la crisis nacional -el FMI y el ajuste no existieron- a pesar de que durante la campaña se les anunció que Santiago va a ver recortados sus ingresos en más de 3.000 millones de pesos.

Para volcar a algún sector de trabajadores indecisos, adelantó el pago de un bono de fin de año por 5.000 pesos.

Los sectores poderosos de la obra pública (grupo Ick) y los terratenientes de la soja se mantuvieron fieles en el apoyo al régimen zamorista en los municipios, reconociendo a Zamora como el único político que hoy en la provincia puede llevar a fondo el ajuste y, a la vez, defender sus intereses.

Zamora, además de su aparato de punteros, tuvo otra pléyade de apoyos que apuntalaron la campaña del FC: las burocracias de todos los sindicatos y, más importante aún, el respaldo de la Iglesia.

Las elecciones y las luchas

El proceso de lucha de los trabajadores tuvo un pico en 2016 con la gran huelga docente de 44 días que termino reivindicativamente frustrada y el gobierno ha procurado escarmentar con persecución y con una reforma laboral anticipada, donde mediante resoluciones ha borrado el Estatuto y la carrera docente sin que el sindicato hasta ahora atinara a organizar un plan de lucha para recuperar las conquistas perdidas. Sólo los docentes agrupados en Tribuna Docente de Las Termas, que han logrado una fuerte influencia en la docencia, se mantienen como referentes y, expresión de ello, es que la lista municipal del PO en este distrito se conformó con los mejores luchadores docentes de ese proceso.

En el caso del campo, las organizaciones que en el pasado impulsaron los reclamos campesino (los Mocase) han bloqueado todos los reclamos en nombre del mal menor y han pasado a apoyar a Zamora a pesar que éste ha sido el sostén político de la expulsión de sus tierras de los pequeños campesinos e incluso de sus asesinatos.

En el campo de la gran lucha del movimiento de la mujer y a pesar de que Zamora llamó a apoyar la postura contra el proyecto en favor de la legalización de aborto, diversos movimiento feministas reivindican la política zamorista de creación de juzgados específicos -que son una nulidad frente a la enormidad de atropellos que sufren las santiagueñas a diario. A esta política de apaciguamiento se sumaron Libres del Sur y el PCR.

Desde el Plenario de Trabajadoras libramos una gran batalla, casi en solitario, por abrir un curso combativo e independiente a la lucha por los derechos de la mujer.

Nuestra campaña

En este cuadro de bloqueo, y donde el zamorismo momentáneamente mantiene el monopolio político en la provincia, sólo el Partido Obrero salió resueltamente a denunciarlo y enfrentarlo con una importante agitación. El resultado de ello es que se ganaron importantes espacios en los medios, se amplió la periferia en diversos frentes y se conquistaron más de cien fiscales en los tres municipios donde se presentó el partido.

Se debe hacer la salvedad de que en la capital se concurrió como Frente de Izquierda, aunque en la práctica sólo el Partido Obrero realizó efectivamente una campaña. Durante la misma no se pudo coordinar ninguna acción en común, ni el acto de cierre -por la negativa de Izquierda Socialista. Sólo hicieron una limitada agitación en la última semana. A la hora de la fiscalización apenas aportaron una decena de fiscales.

A pesar de estas actitudes, se logró un resultado importante, con un 3,56%, se superó al MST -que obtuvo un 2,63%- y permitió ubicar al FIT como cuarta fuerza, aunque no alcanzó para conquistar una banca.

En Las Termas, la campaña -que fue debut- tuvo impacto en un sector de la población juvenil y la docencia y se logró un 2,81%. Aquí se superó a los renovadores y a Cambiemos.

En la Banda se logró una votación más modesta, de 0,89%.

Con estos resultados, el PO ha quedado registrado como la mayor fuerza de la izquierda santiagueña, reforzado ello, además, por la capacidad de movilización e intervención en la lucha de clases provincial.

El agravamiento de la crisis nacional, el ajuste en curso, el ascenso del movimiento de la mujer son señales de la fase convulsiva en la que entra el país todo y en la que también entrará Santiago. Ahora a reclutar para terminar de capitalizar el esfuerzo realizado y enfrentar los grandes y nuevos desafíos.

Recyp Erdogan se consagró presidente de Turquía hace dos meses, con el añadido de poderes extraordinarios, sin necesidad de ir a una segunda vuelta. Como Putin, en Rusia, y Macri, en Argentina, en distinto grado, se enfrenta ahora a una ‘tormenta perfecta’ -una posible cesación de pagos, crisis bancarias incluidas, una crisis política internacional con Donald Trump y la posibilidad de acabar en un abrupto corte del mandato. La lira turca se ha desvalorizado un 50% en seis meses, con tendencia creciente, arrastrando a otras divisas, como el peso argentino, el rublo ruso, el rand sudafricano y el real brasileño, y hasta a una liquidación de la deuda pública italiana por parte de inversores internacionales. Los préstamos incobrables de la banca instalada en Turquía, que habían alcanzado un peligroso 10% del total de la cartera durante la crisis de 2010 y caído al 4% dos años más tarde, llega ahora a un porcentaje superior al 7% con tendencia alcista. Una señal roja de quiebras.

Las causas inmediatas de este derrumbe son comunes a la mayor parte de países ‘emergentes’. El rescate internacional, por parte del Estado y los bancos centrales, al capital golpeado por la crisis mundial, produjo un reciclamiento del dinero del centro a la periferia capitalista y provocó un endeudamiento extraordinario de esta última, que se ramificó en cada país por la expansión del crédito interno, especialmente orientado al consumo personal. El efecto multiplicador del endeudamiento externo es enorme. La guerra económica internacional y la política de suba de las tasas de intereses de esos mismos bancos centrales ha revertido la tendencia.

En estas nuevas condiciones, lo que distingue a Turquía es que la deuda en divisas de las compañías capitalistas supera largamente a la deuda pública -es, ella sola, de 300 mil millones de dólares, un 62% del producto bruto interno de Turquía. De acuerdo con la prensa financiera, los bancos turcos deben refinanciar, con sus acreedores extranjeros, 55 mil millones de dólares en el plazo de un año y las compañías no financieras arriba de 20 mil millones de dólares, sin considerar su endeudamiento con el sistema bancario local. La devaluación de la lira ha elevado en forma astronómica esa deuda en moneda local. Según el Financial Times, es una deuda “unhedged” -o sea, no está asegurada contra una devaluación de la moneda. El BBVA ha anunciado ya una pérdida de mil millones de dólares. La banca europea es dominante en Turquía, donde se destacan, además, el italiano Unicredit y el francés Paribas. El principal banco de Turquía, el estatal Halkbank, uno de los más golpeados por la devaluación, acaba de ser condenado a pagar una multa gigantesca, por parte de un tribunal de Nueva York, acusado de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán. La información del Banco de Basilea muestra que los prestatarios turcos deben a los bancos españoles 65 mil millones de libras esterlinas, a los franceses 30 mil millones y a los italianos 13 mil millones. Esto debe generar una crisis financiera generalizada y una devaluación en cascada de monedas, incluido el euro y la libra inglesa.

Crisis político-financiera

En oposición a la feligresía financiera local e internacional, Erdogan se ha negado a elevar las tasas de interés, buscar un acuerdo con el FMI y crear un banco especial que compre la deuda incobrable de los bancos privados y estatales. Teme como a la peste provocar una recesión económica con estas medidas y la consiguiente reacción popular; las elecciones municipales que enfrenta dentro de tres meses podrían desbaratar la victoria reciente en las presidenciales. Por otro lado, los observadores estiman que Erdogan no recurrirá a controles de cambios u otras medidas intervencionistas, dada su orientación fuertemente privatista. Es decir que se encuentra en un gigantesco impasse, aunque ataque en forma reiterada al “club de la tasa de interés”, en referencia a los bancos. Debe optar entre la crisis industrial y la hiperinflación -dos formas complementarias de la cesación de pagos y la bancarrota.

Trump ha elegido la oportunidad de esta crisis para apretar a Erdogan, que se ha alineado con Rusia en el tema de la salida a la guerra en Siria. Además, Turquía ha ocupado el noroeste de Siria, desafiando el apoyo del Pentágono a las milicias kurdas que desalojaron al Estado Islámico de esa región. Se apresta ahora a ocupar la ciudad de Iblid, con una población de 2,5 millones de personas, a lo cual se oponen tanto Estados Unidos como Rusia y Siria. Una información a cuentagotas ha dejado trascender que en la controvertida reunión reciente entre Trump y Putin, éste propuso la retirada del ejército ruso de Siria y una alianza ruso-norteamericana para “reconstruir” Siria con capitales norteamericanos y un acuerdo internacional con Israel. Una salida muy conveniente para Erdogan, que ha venido tejiendo con Putin esta propuesta desde hace dos años. Ese principio de acuerdo, sin embargo, ha sido rechazado por el Congreso de Estados Unidos, que en su lugar decidió reforzar las sanciones contra Rusia, en vigencia desde la ocupación de Crimea por parte de Putin. El acuerdo Trump-Putin se convirtió en un búmeran. En consecuencia, lejos de ofrecer un ‘socorro’ financiero a Turquía, Trump le ha impuesto un arancel del 25% a las importaciones de acero turco, que representan el 15% de las exportaciones de Turquía, agravando la tendencia a la bancarrota. El pretexto usado para las sanciones es que la devaluación abarata las exportaciones de Turquía en detrimento de la producción norteamericana. Es un caso de falacia típicamente trumpiana, esto porque las sanciones acentuarán más la devaluación de la lira.

Giro y represalias

El otro pretexto para las sanciones es la negativa de Erdogan de liberar a un pastor evangélico norteamericano, acusado por las autoridades turcas de espía. Es un diferendo que tiene más de dos años, pero que estalla muy oportunamente en esta ocasión de crisis financiera. El pastor acaba de recibir arresto domiciliario. Las razones reales para sancionar a Turquía, en medio de esta crisis en descontrol, tiene que ver con el giro internacional de Erdogan hacia Rusia, China e Irán, desde hace más de dos años, con referencia a la guerra en Siria y el conjunto de conflictos en Medio Oriente (crisis política en Irak, guerra en Yemen, sanciones contra Irán, el apartheid establecido por parte de Israel contra las poblaciones no judías). Erdogan pretende canjear la libertad del evangélico por la extradición de un pastor musulmán, que reside en Estados Unidos, al cual acusa de haber fomentado el golpe militar de 2016, que fue derrotado por Erdogan. Trump se niega al canje, simplemente porque ese golpe fue promovido efectivamente por Estados Unidos y la Unión Europea para frenar la deriva de Turquía hacia Rusia. Un intento de canje por una ciudadana turca encarcelada en Israel por colaboración con Hamas, no ha prosperado -Erdogan reclama la cabeza del jefe golpista que reside en Chicago.

El sabotaje del Congreso norteamericano al acuerdo Trump-Putin agrava la situación; también rechazó la realización un referendo en la zona de Ucrania ocupada por milicias pro-rusas, que permitiera luego levantar las sanciones económicas contra Rusia. Esas sanciones han sido reforzadas, cuando se esperaba una atenuación; Putin ha reducido la tenencia de deuda norteamericana en forma sustancial. Trump ha convertido a la crisis financiera de Turquía en un rehén, a ser canjeado por un cambio de alianzas de Erdogan o directamente su caída. No es muy diferente a lo que ocurre en Argentina, donde la intervención del FMI es usada como elemento de presión para reducir la presencia económica e internacional de China, de la cual dependen, sin embargo, no solamente las exportaciones rioplatenses sino la propia obra pública. El derrumbe financiero y la guerra económica se entrelazan abiertamente y abren paso a los golpes de Estado y a la ampliación de las guerras.

Erdogan ha hecho pública la amenaza de recurrir a Rusia, China y Qatar para hacer frente a la crisis financiera. Los límites de acción de los gobiernos de estos tres países son, sin embargo, harto limitados, porque atraviesan, a su turno, crisis financieras. El rublo y el yuan han sido alcanzados por la cadena de devaluaciones; Qatar enfrenta el boicot internacional de Arabia Saudita y los emiratos del Golfo. Qatar, por otro lado, se encuentra asociada con Irán en la explotación de la mayor reserva mundial de gas, precisamente cuando Trump ha anunciado sanciones descomunales contra Irán, que atraviesa un desplome de su economía. Esta constelación de enfrentamientos ha dado paso a la sospecha, varias veces mencionada, de que China, atacada por Estados Unidos, abandone al dólar como moneda de referencia del comercio de productos básicos, en primer lugar, el petróleo. El derrumbe de Turquía no está confinado a sus fronteras -es un verdadero conflicto mundial. Lo mismo ocurre con el derrumbe de la moneda, la deuda pública y la Bolsa de Argentina. El imperialismo representa una tendencia permanente a la guerra, pero se cocina en el fuego de la bancarrota capitalista que se acentúa en el derrumbe asiático de 1997 y cobra alcance histórico en 2007/8.

Las crisis nacionales han perdido hace mucho su carácter local, pero ahora forman parte de una guerra internacional.

La declaración de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (nada menos), le movió el piso a todos los empresarios “arrepentidos” que lo precedieron.

Ocurre que mientras sus antecesores aseguraron que el dinero que le entregaron a los emisarios de De Vido-Kirchner eran “aportes de campaña”, Wagner declaró con pelos y señales que esos fondos eran la cuota social del “club de la obra pública”.

El empresario relató al fiscal Stornelli: “Todos sabían que yo era el amigo de [Julio] De Vido. En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del Presidente [Néstor Kirchner] debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública -me dijo-, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos” (La Nación, 12/8).

“A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador”, relató el empresario al fiscal. “Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos” (ídem).

Sus palabras son un torpedo en la línea de flotación del gobierno, que empezaba a sanatear sobre una eventual reforma de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Esto era una fórmula tanto para contener a los empresarios involucrados como de acudir al rescate de María Eugenia Vidal, golpeada por el escándalo de los aportistas truchos.

Wagner estaba forzado a doblar la apuesta, en la medida que se incorporó tarde a la fila de delatores. “Cuantas más personas se suman al régimen del arrepentido, más relevante debe ser la información que aporten a la investigación judicial”, sintetizó una periodista (ídem, 13/8). En este caso, en perjuicio de quienes declararon antes. Para colmo, el beneficio de la ‘colaboración’ se cobra a la hora de la sentencia. Más de uno debe estar inquieto: en un santiamén pasarían de ser víctimas de una extorsión a integrantes de una asociación ilícita.

Por su parte, Macri no solamente debe estar preocupado por la suerte de su primo Angelo. Ocurre que el Presidente se desprendió de Isolux recién en 2007, cuando asumió como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -es decir, tres años después de iniciadas las actividades del malhadado club.

Si las investigaciones se amplían al destino de los subsidios entregados por De Vido y los K a las empresas de servicio y de transporte, como ya reclaman algunas voces, tendremos una radiografía completa de la burguesía enriquecida durante la ‘década ganada’ y, más tarde, tributaria del macrismo.

Esto recién empieza.

El temor por el incremento de la conflictividad social se repite en los diarios. Hasta el FMI lo advirtió, cuando ejecutó los primeros 15.000 millones de dólares del paquete de rescate al Estado. Es consciente del impacto en el crecimiento de pobreza y miseria del plan de ajuste que exigió a Macri y que se apresta a votar el Congreso en el Presupuesto 2019. Y todavía -todos coinciden en esto- falta lo peor del ajuste.

La semana pasada, con escasa cobertura de los grandes medios, se produjeron tres jornadas nacionales de lucha. El miércoles 22, el Polo Obrero, junto con el frente de organizaciones sociales con las que viene desarrollándose un plan de lucha por trabajo genuino y la inmediata apertura de cupos a los programas de empleo frente al hambre y la miseria, abrió la semana de piquetes con una masiva acción de lucha nacional con epicentro en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social (ver PO N° 1.516). Al día siguiente, planteando una “paritaria social y popular”, la CTA Autónoma junto a la CTA de los Trabajadores y el Frente Milagros Sala agruparon a una cantidad de organizaciones sociales movilizadas al Ministerio de Trabajo con cortes en todo el país por el aumento de los planes sociales (www.cta.org.ar, 24/8). Cerró la semana, el viernes 24, una concentración del Triunvirato “Vaticano” (Barrios de Pie, Ctep y CCC) frente al Ministerio de Trabajo también reclamando el “aumento de los planes”, contra “el ajuste” y “la inflación” (Página/12, 25/8). En el cuadro de aumento incesante de la miseria social y la perspectiva de agravamiento que admiten el propio gobierno y el FMI, se impone una acción de lucha común de todas las organizaciones de trabajadores desocupados y precarizados por el aumento inmediato del 30% y la duplicación del salario mínimo, sobre el que se computan los salarios de asistencia social.

Esto a pesar de que no hemos compartido la política de la “emergencia social”, que casi todas las organizaciones sociales defienden (según Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, “Si esto no se desborda es por el trabajo de contención de las organizaciones”) por entender que era -y es- el taparrabo de un gobierno de ataque a los trabajadores. No nos consideramos organizaciones de “contención social”, sino de lucha por los derechos de los trabajadores y por una transformación social que ponga a los trabajadores a la cabeza de todas las clases populares, pero somos partidarios del frente único de clase para hacer avanzar nuestros intereses como trabajadores. Y el fracaso de la política oficial crea un nuevo escenario. Urgente y excepcional.

Mientras la canasta de pobreza supera los 20.000 pesos, los planes sociales ni llegan a los 5.000. La expectativa de una inflación del 35% que expuso Macri no considera que el aumento de los alimentos ya alcanzó a más del 40% en lo que va del año (Ambito Financiero, 6/8). Los planes de asistencia social a los trabajadores desocupados son, contradictoriamente, los ingresos más castigados del conjunto de los asalariados.

Todas las organizaciones que se movilizaron la semana pasada tienen como planteo común, el rechazo al Fondo Monetario Internacional. Pero la política de Macri está sustentada en el rescate financiero del FMI y un ajuste que golpea brutalmente a los trabajadores. Es necesario unificar las luchas y lanzar un plan de lucha unificado.

Por todo esto, el Polo Obrero va a lanzar una propuesta a todas las organizaciones sociales para impulsar un plan de lucha y abrir un debate para discutir cómo derrotamos hoy el plan de Macri.

Nos encontramos en un punto crítico, que merece una enérgica acción de lucha. Tenemos que organizarla y abrir un debate sobre problemas políticos estratégicos para los trabajadores, ocupados y desocupados.

Es necesario poner al movimiento piquetero en las calles en una acción de lucha común empezando por las necesidades y reclamos elementales.

Cuando este número de Prensa Obrera salga a la calle, estará comenzando la gran marcha educativa en apoyo a la huelga de 190.000 docentes universitarios en todo el país. La marcha a Plaza de Mayo, con réplica en las provincias, fue precedida por tomas de facultades y colegios, marchas en el interior y, principalmente, una huelga que tronó con fuerza en todas las universidades nacionales. La pulseada de los universitarios apunta al corazón del ajuste oficial-o sea, la pretensión de salvar a los especuladores de la deuda argentina perpetrando una masacre social contra trabajadores, jubilados, la educación y la salud públicas. Días atrás, los obreros del Astillero Río Santiago protagonizaron movilizaciones masivas. En esta misma semana, la docencia bonaerense, motorizada por los Suteba combativos, desarrollaba tres jornadas de paro. Los trabajadores comienzan a abrirse paso en la crisis política planteada por el derrumbe del programa económico oficial. Es en este cuadro que la burocracia de la CGT ha anunciado un paro general para el próximo 25, que las CTA y el moyanismo acompañarán con una movilización en el día previo.

Rescate de los especuladores…

La jornada de este miércoles tuvo otro componente decisivo. El presidente Macri despertó al país con un breve e improvisado discurso, donde anunció un adelanto de fondos por parte del FMI para asegurar el “programa financiero” oficial. Pero las palabras de Macri, que apuntaban a frenar la corrida cambiaria y la fuga de capitales, fueron brutalmente desautorizadas por los especuladores: en sólo una jornada, la moneda nacional se devaluó en un 10%, llegando a 34 pesos el dólar. Es indudable que este traspié tendrá consecuencias políticas en el gabinete nacional: la base social capitalista del macrismo desconfía de la proclamada consistencia financiera oficial, y la dolarización sigue su marcha. Las razones son claras: el gobierno carece de cualquier financiamiento adicional al del Fondo. La caída de los bonos con vencimiento a 2019 ha elevado su rendimiento al 9-10% anual, una tasa de quebranto -una confesión de que los números no cierran y el Estado ni siquiera tiene cubiertos los compromisos del año que viene. De diciembre hasta hoy, los seguros contra un defol de la deuda argentina a cinco años casi triplicaron su valor. Por otra parte, las cuentas oficiales sobre el “financiamiento 2019” no contemplan las necesidades de divisas que emergen de la deuda privada, del comercio exterior y de la incesante fuga de capitales, todo lo cual puede añadir otros 30.000 millones de dólares que deberán ser provistos por el Banco Central.

A esta mochila, se añade la bomba explosiva de las Lebacs y de los títulos creados para reemplazarlas, cuya renovación no está de ningún modo garantizada (hace diez días, el gobierno sólo pudo renovar el 54% de un vencimiento de Letras del Tesoro). La frazada es demasiado corta. Si el “adelanto” del FMI se consume en rescatar a los títulos que no se renuevan -o sea, abastecer con dólares a los especuladores que dejan la deuda- la perspectiva de una cesación de pagos se acentúa. Por el lado del Tesoro, y a pesar de los brutales recortes en marcha contra trabajadores,jubilados, educación y salud públicas, el acuerdo con el Fondo también se encuentra cuestionado: en este caso, por la caída en picada de la actividad económica, que compromete la recaudación. La impotencia oficial para contener la crisis es manifiesta.

El ajuste -que funciona para golpear a los educadores y a toda la clase obrera- no rige a la hora de rescatar a los capitalistas involucrados en la causa de los cuadernos, y que conforman -de Techint a Roggio- la “crema” de la burguesía argentina. El mismo gobierno que devalúa salarios y jubilaciones no tuvo empacho en blindar a los contratistas de la obra pública -todos arrepentidos ante el juez Bonadio- con un costoso esquema de garantías bancarias y fondos públicos, con el Banco Nación a la cabeza. Este operativo se completa con la decisión del juez Bonadio de limitar sus investigaciones al año 2008. De ese modo, se pretende salvar de cualquier imputación al grupo Macri, que transfirió en ese año la empresa IECSA -involucrada en las coimas de Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento y al grupo Techint y su CEO, Paolo Rocca por sobornos realizados por la empresa en 2007. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones ha resuelto extender esta investigación al año 2005, cuando comenzaron las maniobras en torno de esta obra millonaria. La crisis de los cuadernos recién comienza, en sus alcances e implicancias.

Crisis política y maniobras

El derrumbe económico y la crisis de Estado planteada en torno del cuadernogate ha desatado una intensa deliberación al interior de los partidos capitalistas y del propio gobierno. Ha llegado a circular la versión de un adelantamiento electoral -para plebiscitar la gestión macrista antes de un mayor agravamiento de la crisis. Los que rechazan estos “extremos” admiten, en cambio, un adelantamiento en distritos cruciales -¡Buenos Aires!- para salvar a Vidal de ser arrastrada a una elección presidencial desfavorable. Varios gobernadores pejotistas quieren acoplarse a la variante del adelantamiento y reclaman la venia del gobierno a cambio de su voto por el Presupuesto de ajuste 2019. Duhalde ha lanzado la candidatura de Lavagna. Apunta a abrir la “grieta” en la patronal industrial, en medio de la recesión galopante y la competencia importadora que no ha cesado con la devaluación. La crisis de los cuadernos ha acentuado la dependencia del kirchnerismo a la unidad pejotista-Bonadio ha convertido a CFK en una rehén del Senado de Pichetto y, por supuesto, del Vaticano.

Los delfines de Cristina -como Rossi o Kicillof- ya han adelantado su “respeto” al acuerdo con el FMI. La unidad opositora se postula para gestionar el tendal del macrismo en términos de un sacrosanto respeto de los usureros internacionales. Pero la crisis se acelera y obligará a todas las clases sociales a intervenir bastante antes que lo dispone el calendario electoral de 2019. Ello no excluye, desde luego, a la izquierda. La descomposición económica, que se descarga brutalmente sobre los explotados, plantea la necesidad de una gran acción colectiva de los trabajadores para derrotar este plan de guerra, para que la crisis la paguen los capitalistas. De Techint a Roggio, de CFK-De Vido a los Macri, los responsables del derrumbe están a la vista: ¡Fuera Macri y el régimen corrupto que comparte con pejotistas y kirchneristas! Llamamos a luchar por una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que reemplace al actual poder político y ejecute las medidas elementales para poner fin al saqueo del país y de sus trabajadores: satisfacción de las reivindicaciones obreras inmediatas, repudio de la deuda usuraria, que la devaluación ha tornado aún más gravosa; nacionalización de la banca y el comercio exterior; separación de la Iglesia del Estado, para terminar con la sujeción al oscurantismo y a los enemigos del aborto legal.

Hay que abrirle paso a esta perspectiva luchando para que los trabajadores irrumpan en el escenario nacional. Después de una nueva “tregua” al gobierno, e incluso de haberse reunido con el FMI, las burocracias de la CGT y las CTA han convocado a un paro nacional. La burocracia maniobra ante la “temperatura en ascenso” y teme que la olla de indignación popular que se cuece al compás de los despidos, las suspensiones y la caída del salario termine por estallar al margen de ella. Al mismo tiempo, busca empalmar con las primeras fisuras de la clase patronal. El paro es para sus convocantes un episodio aislado y sin continuidad. Pero es también la confesión de que todos los antagonismos sociales se abren paso al compás de la crisis económica y política. Es necesario intervenir a fondo, desarrollando un programa y reclamando asambleas y plenarios de delegados para imprimirle un carácter activo en todos los sindicatos -o sea, de 36 horas y con movilización, en la perspectiva de la huelga general contra el “plan de guerra”. Así, le abrimos paso a la lucha por una salida política de los trabajadores a la crisis.

El paquete de medidas anunciadas por Dujovne-Macri para ofrendarle al FMI conlleva nuevas y graves agresiones a los trabajadores. Entre ellas, la “compactación de ministerios”, que abre la puerta de despidos -en primer lugar, de los miles de contratados y precarios que llenan las planillas del Estado. La decisión de transferir el sistema de subsidios a las provincias, por otra parte, será la antesala de mayores tarifazos en el transporte.

El gobierno ha publicitado el nuevo régimen de retenciones fijas a los exportadores agrarios e industriales como un tributo a “los que más tienen”. Lo cierto es que estas retenciones -que equivalen hoy al 10% del valor exportado- son una parte menor de los beneficios arrancados con la devaluación de la moneda, que supera el 100% desde que comenzó la corrida cambiaria. El impuesto “fijo”, además, se licúa con la devaluación y la inflación. O sea que actuará como un incentivo para que los exportadores retengan la cosecha o la liquidación de sus divisas para empujar al dólar a nuevas subas. Para vehiculizar esa extorsión al interior del gobierno -“pelearla desde adentro”, el sojero Etchevehere ha decidido quedarse en el gabinete.

Desconfianza

Pero la respuesta de los especuladores -e incluso de los aliados mediáticos del gobierno- al plan de “déficit cero” ha sido brutalmente negativa. Mientras el dólar continuó subiendo, las reservas cayeron en casi 1.000 millones de dólares en dos días. Al remate de divisas para frenar la corrida, se suma ahora el retiro de depósitos de los bancos, de casi 500 millones de dólares desde que comenzó el mes. El pretendido déficit cero ha servido para refrendar el carácter antiobrero del gobierno, pero no le abre ninguna perspectiva a su derrumbe económico y político. El déficit corriente que el gobierno pretende conjugar es apenas la quinta parte de los actuales pagos por intereses de deuda -déficit financiero-, los cuales continuarán creciendo como resultado de la propia devaluación, que ha llevado la carga de la deuda pública al 85% del PBI. Ese “ratio” de deuda puede escalar todavía más hacia fin de año, dada la recesión y caída del PBI y la tendencia alcista del dólar.

El pago o renovación de la deuda usuraria es, precisamente, lo que se encuentra en cuestión. Para 2019, y descontando los fondos del FMI, el gobierno tiene “todavía una necesidad de obtener 34.100 millones de dólares en el mercado, de los cuales 8.400 millones implican nuevo financiamiento y el resto son renovaciones” (Cronista, 5/9). Pero son las renovaciones las que están en cuestión, aunque el gobierno lo niegue. El Financial Times informa de las pérdidas cuantiosas de los fondos de inversión que sostuvieron o retornaron fondos a Argentina cuando se firmó el acuerdo con el FMI -entre ellos, Templeton, Pimco, BlackRock y Fidelity. Todos ellos compraron valores ‘locales’, a la espera de una estabilización de la moneda. Pero desde el acuerdo con el FMI hasta hoy, el dólar pasó de 24 a 40 pesos. Por eso, los analistas prevén que “nadie regresa en el corto plazo a financiar a Macri” (3/9).

A la luz de este escenario, las contradicciones del “nuevo” acuerdo que Macri-Dujovne han ido a buscar a Washington están a la vista. Además de pedir un adelanto de los fondos previstos, el gobierno quiere la venia del Fondo para utilizar esos recursos en la contención de la corrida cambiaria. ¡Pero es lo que el gobierno ha venido haciendo hasta ahora sin ningún resultado! Desde junio hasta hoy, Dujovne-Caputo rifaron el 70% de los recursos aportados por el Fondo, mientras que el riesgo país crecía de 400 a 800 puntos. El ministro argentino insistirá, por lo tanto, en una línea que ya ha fracasado, y los funcionarios del FMI lo saben. Según informan algunos, Caputo se bajó del avión a sabiendas de que el Fondo insistirá en que el valor del dólar se vaya “tan alto como lo indique el mercado” -o sea, un escenario de nuevas devaluaciones. A esta perspectiva desintegradora, el FMI le agregaría las exigencias de un remate definitivo del Fondo de Garantía de la Anses y la sanción de la reforma laboral. Algunas versiones dan cuenta de un plan de canje de títulos de deuda argentina por derechos de explotación de los yacimientos de Vaca Muerta.

Crisis política

Pero nadie ignora que la mayor objeción de los especuladores -y de buena parte de los capitalistas locales- es “política”. O sea, sobre la capacidad del golpeado gobierno Cambiemos para gestionar el descalabro de su propia política. A la desconfianza del capital financiero se suman ahora los reclamos del ‘complejo automotriz’ -que deberá aportar 500 millones de dólares anuales por retenciones- y los del capital petrolero y gasífero, para el cual la megadevaluación ha tornado inviable el régimen oficial de tarifazos. El gobierno del “gabinete chico” debe introducir medidas de arbitraje e intervención estatal sin contar con los recursos políticos para ello. Aunque ha logrado la complicidad del pejota para el Presupuesto ajustador de 2019, la magnitud de la crisis exige un compromiso más amplio -un sector de la burguesía clama ya por un “gabinete de unidad nacional”, para pilotear una conmoción social y popular en ascenso (ver editorial). La seudo-oposición mide sus pasos, pero está comprometida a fondo en el “hay 2019” -o sea, en asegurar la gobernabilidad de los ajustadores, aunque ello pudiera representar un retroceso social sin precedentes. Para poner a salvo las reivindicaciones y derechos más elementales, es necesario ponerle fin a un régimen social y político confiscatorio que ha tocado fondo.

La rebelión universitaria sigue creciendo. Al momento de escribir esta nota son cuatro las facultades que permanecen tomadas en la UBA (Filo, Sociales, Psico y Exactas). Hay más de 100 facultades tomadas en el interior del país, con puntos altos en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza y San Luis. Macri sigue ofertando migajas a los docentes con sumas en negro muy por debajo de una inflación que el propio gobierno ya proyecta al 42%. A pesar del esfuerzo de los rectores y sus agrupaciones, de Franja Morada al PJ-K, por contener y regimentar al movimiento, las asambleas, marchas y ocupaciones siguen adelante. Los gremios docentes kirchneristas levantaron el paro, pero sus bases siguen de huelga junto a la Conadu Histórica. En este marco tendrán lugar las elecciones estudiantiles de la UBA, donde los estudiantes debatirán que centros necesitan frente a la embestida de Macri y el FMI contra la universidad.

Los primeros resultados de las urnas mostraron un notorio fortalecimiento de la izquierda. No es casualidad, puesto que la izquierda, que no tiene compromisos con el régimen universitario actual, se puso al frente de la lucha para derrotar el ajuste. La semana pasada, nuestra lista en Veterinaria, el eVet-UJS, alcanzó el 72%, creciendo 20 puntos porcentuales respecto del año pasado. Las agrupaciones ligadas al gobierno y al rector Barbieri, que se puso “a disposición de Macri” en pleno conflicto, quedaron relegadas a los últimos lugares sin obtener delegados a la Fuba. La Tropilla, otrora oposición al eVet en la facultad, hoy enrolada en el kirchnerismo, tampoco pudo hacer pie. Esta semana, los estudiantes de Exactas desbarataron una maniobra de La Mella y La Cámpora para adelantar las elecciones, y votaron en asamblea postergarlas para continuar con la toma de la facultad. La semana que viene se votará en seis facultades, incluyendo las más populosas: Medicina, Económicas, Derecho, Farmacia, Ingeniería y Odontología.

Golpear a Macri y sus agrupaciones

Las facultades más grandes, dirigidas por Franja Morada/Nuevo Espacio y sus aliados, irán a las urnas bajo la conmoción del ajuste y la huelga. En Medicina y Derecho, los estudiantes pusieron en pie asambleas autoconvocadas, que ocuparon sus facultades en apoyo a los docentes a pesar del rechazo explícito de las conducciones de los centros. Cuando Nuevo Espacio de Medicina salió a repudiar la toma, una asamblea masiva de 800 estudiantes debatió cómo expulsar a los cómplices de Macri de la dirección del centro. La profundidad de la movilización obligó a estas agrupaciones a tomar definiciones, abandonando su habitual pose “apolítica”.

Esta nueva situación en la universidad golpea las perspectivas de la “Fuba” paralela (trucha) creada por Barbieri, Franja Morada y los sectores kirchnero-pejotistas que se integraron al Rectorado. En Sociales, la UES, que asumió la vicepresidencia de la “Fuba” trucha y responde directamente a Daniel Filmus, actuó como una patota para intentar impedir que se realizara una asamblea estudiantil que escapaba a su control (lo que no logró: Sociales sigue tomada). Cristian Bay, su máximo dirigente y funcionario de la gestión de la decana Mera, está denunciado por violencia de género y agresiones varias contra docentes y estudiantes.

Asamblea interestudiantil

La UJS plantea la necesidad de extender la lucha a los secundarios y terciarios, y con esa perspectiva propusimos que la Fuba organizara una gran asamblea interestudiantil, de todos los niveles, que se realizará este jueves en Plaza de Mayo. Allí propondremos la convocatoria a un congreso nacional del movimiento estudiantil y docente en lucha. Nuestra apuesta es a que la rebelión de la universidad confluya con la de todo el pueblo argentino. Por eso reclamamos que se adelante el paro de la CGT. Como en la Reforma Universitaria y en el Cordobazo, la unidad obrero-estudiantil es la que puede poner contra las cuerdas al gobierno del FMI y forzar una salida a la crisis nacional en los términos de las mayorías.

Luchar y votar

La tarea del momento es profundizar la lucha para defender la universidad y arrancarle al gobierno todos los reclamos. La dirección política que adopte el movimiento estudiantil no será indiferente para el desenlace del conflicto. Llamamos a la juventud que viene de movilizarse ininterrumpidamente, primero por la sanción del aborto legal, ahora contra la liquidación de la universidad y la ciencia, a votar masivamente a la izquierda, por centros de estudiantes de lucha, independientes del gobierno y las autoridades de turno. La política K de levantar las medidas de lucha y esperar al año 2019, para ubicarse detrás de algún candidato patronal, es un camino de derrota segura que debemos rechazar. La UJS llama a pelear ahora contra el ajuste de Macri y los rectores, para ponerle fin a los vínculos que unen a la Iglesia con el Estado y para que esta crisis nacional la paguen sus responsables: la clase capitalista que saqueó una y mil veces nuestro país. Convocamos a todo el activismo que tomó en sus manos estas luchas a unirse con la izquierda para expulsar a Macri y sus cómplices radicales y pejotistas de los centros de estudiantes. ¡Manos a la obra!

El paro nacional del próximo 25 y las movilizaciones del día previo tendrán lugar en medio de tenaces esfuerzos de la clase obrera por abrirse un rumbo en la crisis nacional, a pesar del empeño de la burocracia sindical en bloquearlo (ver artículo en páginas centrales). Pero el paro tendrá también como telón de fondo a una crisis de régimen en pleno desarrollo.

40 pesos

La venta directa de dólares por parte del Banco Central -a contrapelo de las exigencias del FMI por la “libre flotación”- no ha podido evitar que el dólar saltara la barrera de los 40 pesos. La última disparada se produjo, además, después del acuerdo con los gobernadores pejotistas para recortarles ingresos y transferirles mayores gastos a las provincias. O sea que la promesa del “déficit cero” no logró frenar la fuga de capitales. Mientras tanto, el desarme de las Lebacs avanzaba al precio altísimo de recrear una nueva bola de nieve -las usurarias letras del Tesoro- y, en perspectiva, una nueva trepada del dólar, con sus consecuencias en términos de mayor inflación. Por lo tanto, la reducción de las Lebacs, reclamada por el FMI, será bancada con nuevos zarpazos al fisco y al poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. En ese cuadro, el Banco Central volvía al nivel de reservas previo al primer desembolso del Fondo Monetario. O sea que los 15.000 millones de dólares aportados por el organismo se evaporaron, sin impedir por eso que el dólar se fuera de 24 a 40 pesos.

Este balance desastroso del acuerdo con el FMI explicaría por qué las negociaciones por un segundo acuerdo se encuentran trabadas. Por un lado, los funcionarios macristas quieren poner un tope a la devaluación; el FMI, por el contrario, un límite al uso de reservas, para que puedan servir al pago de la deuda. Pero si prevalece la “libre flotación” del Fondo, puede abrirse paso a una hiper-devaluación todavía mayor, lo que alimenta la sospecha de que el FMI podría estar buscando una dolarización

Otra vez, la deuda

Es en este contexto que la presidenta del FMI puso el dedo en “la sustentabilidad de la deuda”, una referencia evidente a una cesación de pagos. La relación deuda/PBI hoy se acerca al 80% y se encuentra -según el propio FMI- “por encima del umbral de nivel alto de riesgo” (El Cronista, 12/9). Ese porcentaje no computa la deuda externa de las provincias ni la del Banco Central. En el caso de las provincias, ya aparece el “fantasma del defol” (Clarín, 13/9). Del otro lado, la expectativa de que el dólar a 40 pesos elimine el déficit comercial y aporte un financiamiento en moneda ‘dura’ encuentra numerosos límites: los exportadores tienen libertad para dejar las divisas en cuentas del exterior; la cosecha norteamericana y los aranceles de China a la soja de Estados Unidos están tirando abajo el precio del poroto. A esta caída presiona también la devaluación del real brasileño.

La deuda externa de las grandes corporaciones privadas también cuenta, porque “el violento ajuste cambiario aumenta la exigencia de pesos para comprar los dólares necesarios para pagar intereses y capital” (Página/12, 9/9). Nada menos que Telecom acaba de resignar una emisión internacional de 1.000 millones de dólares, por falta de compradores de deuda. Esta crisis de financiamiento explica la violenta caída de la capitalización bursátil de las grandes compañías locales, unos 60.000 millones de dólares, entre las que se encuentran las energéticas, debido a los obstáculos a la dolarización de tarifas. La “quiebra del Estado”, la forma superior de la bancarrota, es acompañada por la del llamado sector privado, precisamente el que reclamaba eliminar el ‘cepo’ con la intención de endeudarse en el mercado internacional.

Dolarización y reestructuración

En este cuadro, las declaraciones de un funcionario de Trump en favor de la reimplantación de un régimen de convertibilidad para la Argentina provocaron una sacudida política, porque demostraron el carácter fuertemente condicionado del supuesto apoyo de Trump a Macri. La convertibilidad supone un dólar que cotizaría cerca de los 100 pesos, porque necesitaría, como mínimo, equiparar la base monetaria en pesos con las reservas netas del Banco Central, que son apenas de 16 mil millones de dólares. La convertibilidad o la dolarización condicionarían el crédito interno al internacional, en un momento en que éste refluye debido al aumento de la tasa de interés norteamericana y a la repatriación de capitales a Estados Unidos.

Pero la convertibilidad menemo- cavalliana no fue sólo un planteo monetario: fue precedida por una “reestructuración” de la deuda (Plan Brady) y por un remate de activos (privatizaciones). En esta línea, Macri firmó un decreto, el año pasado, que lo autoriza a ofrecer las reservas petroleras, mineras y gasíferas como garantía de nueva deuda. Un “rescate” del Tesoro norteamericano, condicionado a la convertibilidad, tendría como contrapartida a las reservas de Vaca Muerta o al litio del norte, o a la minería de Catamarca, Chubut o Santa Cruz. El plan Cavallo fue precedido también por severos ataques a la clase obrera, e impuso una desocupación del 17%. En el listado de Trump revista con seguridad un ataque decisivo a las conquistas laborales y previsionales.

En conclusión, el supuesto “rescate” yanqui implicaría un ‘ajuste’ descomunal. Pero, de otro lado, delata que la política del FMI-Macri no tiene destino, porque choca con la imposibilidad de honrar la deuda externa sin pasar por una reestructuración o un defol. A su turno, un defol de Argentina sería un “momento Lehman Brothers” para la economía mundial. Estos son los términos de la discusión dentro del FMI y el Tesoro de los Estados Unidos.

Presupuesto 2019

Precisamente, acaba de revelarse que el Presupuesto 2019 contiene una cláusula que habilita a una ‘eventual’ reestructuración de la deuda “en condiciones de mercado”, o sea, derogando la norma que obligaba a que al menos una de tres condiciones -plazo, interés, monto total- sea modificada a favor del país en caso de ‘reestructurar’. Así, se pone de manifiesto que el conjunto del Presupuesto tiene la orientación inequívoca de asegurar el pago de la deuda usuraria a costa de los trabajadores. El ítem que más crece es el del pago de los gastos financieros (intereses de deuda). A los recortes a las provincias -que deberán cargar con los subsidios al transporte o, en su defecto, habilitar a nuevos tarifazos- se suma la decisión de eliminar toda exención en el impuesto a las Ganancias, reforzando la confiscación sobre la franja de trabajadores que hoy lo paga. Y una cuestión crucial, el sostenimiento de la rebaja progresiva de aportes patronales, a término, una declaración de quiebra de la Anses.

Pero el debate del Presupuesto es también revelador sobre el carácter de la oposición pejota-kirchnerista. Después de la ‘foto’ con los gobernadores -y luego de que éstos aceptaran los puntos centrales del ajuste 2019-, los diputados y senadores pejotistas han ingresado en una negociación por la ‘letra chica’ que no toca los pilares del actual esquema económico. O sea, el acuerdo con el FMI y su mentiroso ‘déficit cero’ con el que se pretende recuperar el crédito de los especuladores internacionales. En el Congreso avanza una cuidadosa arquitectura política para que el Presupuesto de ajuste pase airoso, entre los diputados del peronismo “racional”, que lo votarán favorablemente, y aquellos que disimularán su complicidad con una abstención o ausencia del recinto, para facilitar la prevalencia del voto positivo. El kirchnerismo, que anunció su voto en contra, no se cansa de señalar que el acuerdo con el FMI “condiciona al futuro gobierno”. O sea que el “frente antimacrista” que pregona Agustín Rossi se imagina gobernando bajo la picota de ese acuerdo colonial. Una “oposición” al Presupuesto fondomonetarista que no contemple la ruptura con el Fondo es una completa impostura.

La atención de los “nacionales y populares” se ha trasladado ahora a la escalada judicial de los cuadernos (ver pág. 2), que ha dejado a Cristina como rehén de Pichetto y los senadores pejotistas, quienes podrían votar su desafuero. Como consecuencia de ello, la pretendida “resistencia al neoliberalismo” ha quedado condicionada a la extorsión del régimen judicial devenido al macrismo y de la burguesía nacional “arrepentida”.

Salida política

A contrapelo de los que calculan “con vista a 2019”, en los cenáculos del imperialismo se debate la urgencia de la crisis. No sólo se baraja la insolvencia económica de la Argentina, sino también la insolvencia política del macrismo.

Lagarde reclama una salida ‘seria’ para anticipar sus rescates financieros a Argentina -o incluso una reestructuración de la deuda impagable. Pero para el manejo de una crisis de esa envergadura recelan del gabinete “cerrado” que Macri preservó para pilotear un ‘ajuste’ que, en última instancia, luce catastrófico. El reclamo de un gabinete de “unidad nacional” tiene todas las características de un planteo de transición, para comprometer a todas las fuerzas patronales, a la larga, en alguna variante de dolarización o ultracolonización. No hay que olvidar que, Scioli primero, en la campaña de 2015, y el FMI, en el primer acuerdo, plantearon dolarizar al Banco Central, convirtiendo la deuda del Tesoro con el Banco Central en deuda internacional, cuyos dólares ingresarían al patrimonio del banco. Ahora mismo, los depósitos en pesos se están pasando a dólares o a depósitos en dólares -una dolarización que se desarrolla “al mayor ritmo de los últimos 15 años” (El Cronista, 15/9). El propósito de la convertibilidad o la dolarización sería evitar la corrida bancaria que asoma.

Con este telón de fondo, asoman las movilizaciones obreras en curso, la rebelión educativa y la lucha de la mujer, que ganará las calles el próximo 28 por el aborto legal. La clase obrera busca abrirse un rumbo propio en la crisis. Más que nunca es necesario apoyarnos en las luchas en curso para batallar por la preparación de la huelga general, un planteo que debemos hacer valer en los piquetes y movilizaciones en el curso del paro contemporizador de la burocracia del próximo 25.

La clase obrera, de todos modos, enfrenta un desafío estratégico: posicionarse frente a la crisis de conjunto y ofrecer su propia salida. Planteamos que se vayan Macri y sus cómplices provinciales y legislativos, para que asuma el poder una Asamblea Constituyente soberana, cuya primera tarea será repudiar la deuda externa impagable y usuraria, y poner en marcha una salida para que la crisis la paguen los capitalistas. La lucha por esta salida política transicional necesita de un Congreso de delegados con mandato de todas las centrales obreras y sindicatos, electos en los lugares de trabajo, para que la clase obrera se convierta en dirección política del conjunto de los trabajadores y oprimidos.

“Que la rebelión universitaria llegue a los centros de estudiantes”, titulamos hace dos semanas en “Prensa Obrera”, y así fue. La victoria de la Lista 8, encabezada por El Frente (UJS-PO) en Medicina, fue la conclusión del enorme despliegue de lucha del movimiento estudiantil y docente. El eje del triunfo fue un activismo que comenzó el año peleando por el derecho al aborto y llegó a las elecciones en medio de la huelga y las ocupaciones generalizadas de facultades. Nuestra lista logró catalizar esta experiencia de pañuelazos, asambleas y clases públicas que se sucedieron sin solución de continuidad. La campaña se militó con el pañuelo verde, símbolo de insubordinación en una facultad, cuyo secretario académico fue al Congreso a equiparar el derecho al aborto con la “desaparición forzada de personas”. Los ayudantes ad honorem, organizados junto a la AGD, muchos de ellos estudiantes avanzados, impulsaron la movilización de los recién ingresados, uniendo a las diferentes capas del movimiento estudiantil en lucha.

La agrupación Nuevo Espacio, un engendro entre el PJ de Medicina y la Franja Morada de Económicas, terminó de ganarse el odio de los estudiantes al repudiar la toma de la facultad y hostigar a la asamblea que la organizó. Fue la izquierda -y no el kirchnerismo- la que logró canalizar esta nueva situación. La huelga universitaria mostró el carácter conciliador con el macrismo de los gremios K, que levantaron el paro y firmaron un acta de espaldas al movimiento. Rectores y decanos K buscan un pacto con el gobierno similar al que sus gobernadores están negociando en torno del Presupuesto de ajuste para 2019. Los vínculos que unen a las camarillas universitarias y burocracias sindicales con el gobierno macrista quedaron expuestos ante los ojos de miles de estudiantes. Es esta experiencia la que detonó el triunfo de la izquierda en la facultad más grande de América Latina.

Chau “Fuba” paralela

La “Fuba” paralela que Nuevo Espacio y sectores del PJ-K (la UES, MLI) habían intentado montar mediante el fraude quedó herida de muerte. Ahora vuelven a ser mayoría en la Junta Representativa los centros de estudiantes opositores a Franja Morada y el rector Barbieri. La ofensiva del régimen contra la Fuba independiente y la lucha estudiantil se convirtió en un búmeran. La semana había arrancado con la Fuba en el semáforo rojo de Clarín y extensas notas “periodísticas” que aseguraban una caída de la representatividad de la izquierda. Pero el resultado fue exactamente el inverso.

El ataque a las ocupaciones y la extorsión de dar por perdido el segundo cuatrimestre fueron los puntos más altos de una ofensiva coordinada entre el Consejo Superior de la UBA y los grandes medios de comunicación. Los decanos macristas y sus agrupaciones pretendían dar cátedra de cómo luchar contra ellos. El Partido Obrero, en particular, fue colocado en la mira como el responsable de todos los conflictos, en una maniobra evidente para desplazar al enorme movimiento estudiantil-docente del centro de la escena. La respuesta vino de parte de asambleas masivas en Psicología, Filosofía y Sociales, que repudiaron los aprietes oficiales y votaron nuevas medidas de lucha allí donde se levantaron las tomas.

En las urnas, lo de Medicina no fue un hecho aislado. A la victoria de la semana anterior en Veterinaria hay que sumar el triunfo con el 52% de los votos en Farmacia y Bioquímica, el segundo lugar obtenido en Económicas y la gran elección en Derecho, donde conquistamos la secretaría que hasta este año estaba en manos del PRO. Las listas asociadas con el macrismo y el Rectorado, por el contrario, perdieron delegados en prácticamente todas las facultades.

Que la izquierda pase al frente

Pasado este primer round, el movimiento estudiantil avanzó varios casilleros y las fuerzas del gobierno y el ajuste quedaron debilitadas. Hasta el propio Clarín debió reconocer la primacía de la Fuba de izquierda en el movimiento de lucha. Como prolongación de ese movimiento, la victoria en Medicina muestra un camino a seguir. La pelea seguirá esta semana en Exactas, donde nos presentamos como alternativa a los pactos entre La Mella y La Cámpora, que se opusieron a marchar a Plaza de Mayo y encubren el ajuste que “su” decano descarga al interior de la facultad. Capítulo aparte merece la situación de Sociales, donde la UES quedó en evidencia como una patota hostil a los estudiantes y trabajadores de la facultad. La agenda electoral se completa con Filosofía, Psicología, Fadu y Agronomía.

Hay una nueva situación en la universidad que debe ser desarrollada en todas sus posibilidades revolucionarias. El movimiento estudiantil puede desplazar a los aparatos corruptos que el Estado alimenta para neutralizar su capacidad de acción. La salida no son los pactos de ajuste para llegar a 2019, sino la lucha ahora en alianza con la clase obrera para derribar todos los ataques al pueblo. La izquierda debe ofrecer esta perspectiva y no recluirse en un sectarismo conservador como hicieron el Nuevo Mas y el PTS en Medicina, el primero presentando una lista divisionista que sacó el 1% y el segundo esquivando la contienda con excusas de ocasión. La UJS-PO en Medicina desarrolló otra orientación: unir las fuerzas del activismo y la izquierda para quebrar a las agrupaciones del gobierno y las autoridades. El movimiento estudiantil está de pie y es la hora de impulsarlo a la victoria.

Si el primer acuerdo con el FMI terminó en un completo fracaso, el segundo ha debutado con una crisis política. La renuncia de Luis Caputo al Banco Central no es una anécdota ni una pelea. Concentra todos los elementos del derrumbe económico macrista. Caputo comandó las operaciones de endeudamiento del gobierno en favor de los fondos especulativos. Lo hizo bordeando los dos lados del mostrador, como lo demostraron las revelaciones sobre su participación como socio o apoderado de esos fondos en paraísos fiscales.

La última de estas operaciones fue gestada en ocasión del primer acuerdo con el FMI. Entonces, Caputo convenció a varios de los principales fondos especulativos del mundo -Templeton, BlackRock, Pimco- a traer fondos a la Argentina, bajo el señuelo de que el acuerdo aseguraría una estabilidad cambiaria y -con tasas de interés del 45%- rendimientos jugosos en dólares, al menos por un período.

De este modo, el propio Caputo quiso prolongar la vigencia del ciclo de endeudamiento macrista, el cual había sido fulminado, por un lado, por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos y, por el otro lado, por el propio hipotecamiento de la economía nacional. Pero la promesa de Caputo a sus ¿ex? socios resultó un fiasco: en apenas dos meses, el dólar subió de 24 a 40 pesos, dejándole a los especuladores un tendal de pérdidas millonarias si decidían recomprar sus divisas y dejar el país. Caputo intentó, entonces, contener la evolución del dólar para aminorarle a los fondos los daños de una salida de Argentina. Y lo hizo a costa de una nueva sangría de divisas: la “estabilidad” cambiaria de las últimas semanas se sostuvo sobre la venta de 200 a 300 millones de dólares por día. Caputo -¡y Macri!- aspiraban, en última instancia, a recrear un nuevo financiamiento internacional y darle aliento a un régimen en terapia intensiva. Naturalmente, y para que esta operación prosperara, había que arrancarle al FMI un acuerdo “generoso”, con fondos para asegurar el pago de la deuda, pero –también- para estabilizar a la moneda.

Sin embargo, el FMI les cortó el rostro: el “gran” anticipo de fondos del organismo será menor al anunciado. El FMI sólo auxilia para el pago de los vencimientos de deuda. Por lo demás, ha ratificado que el valor del dólar debe “fluctuar libremente”, o sea que la desvalorización del peso –y, por lo tanto, de los salarios y jubilaciones- debe ir tan lejos como lo indique la bancarrota argentina.

Macri aprovechó su viaje a Washington para lanzar su candidatura a la reelección. Los anfitriones lo aplaudieron, pero -a través de Lagarde- le hicieron ver que primero deberá rescatar a los acreedores de Argentina. El régimen político deberá adaptarse a esa exigencia, y no al revés. El FMI exige que la cicuta del rodrigazo sea bebida hasta el final.

Crisis mundial

Sus colegas del gabinete macrista calificaban a Caputo como el “mago”, por su capacidad para articular operaciones de financiamiento exterior. La más reputada fue la del bono a cien años, que una columnista del Financial Times caracterizó entonces como parte de “una burbuja” (ver en Prensa Obrera, 23/6/17, “Caputo Kaputt”). Se refería a la ola especulativa montada sobre los mercados “basura”, a partir de los capitales sobrantes generados por la emisión de moneda de los principales bancos centrales del mundo. Pero la magia se terminó: el ciclo de especulación e hiperendeudamiento de los llamados “emergentes” está agotado. El capital internacional refluye al ‘centro’ y deja una hipoteca que exige cobrar a costa de un salto fenomenal en las condiciones de explotación y de una amplia recolonización económica. El nuevo escenario de la crisis mundial amplifica en Argentina los choques entre las clases sociales y plantea, con más fuerza aún, la necesidad de una reorganización económica y política a costa del capital.

Movilizamos millones de personas en todo el país, desafiamos el “status quo”, hicimos visible el rol reaccionario de las iglesias católica y evangélica, y su estrecha relación con el conjunto de las fuerzas políticas gobernantes. En el Parlamento quedó en evidencia que la única fuerza sin vínculos con las iglesias es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Pusimos mucho por conquistar el aborto legal y, como demostramos con la movilización del 8A, tenemos muchas reservas de lucha para conquistar nuestros derechos y para desnudar la naturaleza de un régimen social que se vale de las reaccionarias iglesias para subsistir.

La ola verde la integramos muchas, pero algunos sectores se la jugaron a fondo, como la juventud secundaria en las provincias del norte del país, las pibas y los pibes que desafiaron a autoridades de escuelas religiosas, las mujeres piqueteras que, en los barrios y villas, desafiaron a curas y pastores, proclamando la necesidad de luchar por el aborto legal y por la educación sexual científica y laica. Para lograr el triunfo es necesario remover los obstáculos que frenaron al movimiento, al punto que este 28 de septiembre es la primera marcha masiva convocada por el movimiento de mujeres después de la traición a la voluntad popular en el Senado.

Luchar hoy

La parálisis impuesta por los sectores que subordinan al movimiento de mujeres a su juego electoral fue aprovechada por las iglesias en estos dos meses para ganar autoridad política y reforzar sus posiciones en la salud y en la educación. Eligieron los proyectos sobre educación sexual presentados por el FIT-PO como objeto de sus ataques. La Iglesia evangélica directamente solicita prohibir el Encuentro Nacional de Mujeres.

Todos los que quieren evitar que se imponga la educación sexual científica y laica se oponen a la adecuación de leyes y reglamentaciones vigentes. Los principales defensores de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) de 2006 son los más reaccionarios exponentes antiderechos. Por eso, lograron imponer un artículo que los habilitara a impartir barbaridades sin sustento científico, misóginas, homofóbicas, que reducen a hombres y mujeres a roles sociales estereotipados y pregonan la maternidad obligatoria.

Esta misma actitud tuvieron los antiderechos en el debate por el aborto legal. Fueron ellos los más acérrimos defensores del Código Civil y Comercial kirchnerista, a través del cual y en oposición a los juristas que lo hicieron, obtuvieron el artículo 19 de defensa de la existencia de vida humana desde la concepción y el 146 que le atribuye a la Iglesia católica un estatus jurídico similar al de un Estado provincial. Aunque su aprobación fue presentada en nombre de la progresía, rápidamente se convirtió en el instrumento más preciado de la reacción.

Los antiderechos, que se agrupan políticamente en la UCR, el PRO, el PJ y el kirchnerismo, han salido con una campaña contra la educación sexual #ConMisHijosNo. La ausencia de una adecuada educación, fundamental para que las y los niños detecten el abuso infantil y puedan denunciarlo, inscribe a los protagonistas en el campo del silenciamiento de las víctimas de esta epidemia nacional, que lleva a que el 20% de las mujeres hayan vivido situaciones de abuso sexual en su infancia.

Los mismos que bloquearon la legalización del aborto son los que tratan de silenciar las denuncias de abuso sexual infantil en el entorno familiar, acusando a las madres de manipular a las criaturas (con el falso síndrome de alienación parental - SAP). Los patrocinadores de las organizaciones de padres abusadores son equipos de médicos y abogados católicos, también ocupados en defender curas paidófilos las pocas veces que éstos llegan a la Justicia.

Consulta popular por el aborto legal

La lucha por el aborto legal abrió paso a una campaña más profunda: la separación de las iglesias del Estado y es central que esta campaña no sea usada para relegar la lucha por la legalización del aborto. Por el contrario, la lucha consecuente y la conquista del aborto legal serán un golpe fortísimo a la subordinación del Estado a los mandatos del clero. Proponemos la consulta popular como una forma de retomar la movilización, volver a poner en pie la lucha por el aborto legal en los barrios, lugares de trabajo y estudios, en la perspectiva de imponerle al Congreso nuestra reivindicación más sentida.

Desde el radicalismo, el PRO y el kirchnerismo, y en nombre del feminismo, se impulsa la impasse en el movimiento de mujeres para desviar las demandas hacia el incierto escenario electoral 2019.

La “sororidad” de la que hablaban resultó ser una coartada para implementar políticas de ataque a las mujeres, como el propio ajuste en curso o el recorte presupuestario para la asistencia a la mujer que se propone para 2019. Del otro lado del ajuste de Macri y los gobernadores se promueve la contención social de la Iglesia, como se ve en los movimientos sociales dirigidos por el Vaticano y hasta en la propia movilización sindical que Moyano impulsa para el 20 de octubre hacia la basílica de Luján. Hacen tiempo para llevarnos al año 2019, mientras pasan los recortes y el ajuste.

El 28S a las calles por el aborto legal

La movilización del 28 es una oportunidad de volver a las calles, recuperar las asambleas de mujeres, y con deliberación y acción retomar el rumbo de lucha callejera para concretar el aborto legal, la separación de la Iglesia del Estado y la lucha a fondo contra el ajuste hoy.

Esta crisis no se puede arrastrar hasta el año próximo. Quienes quieren esperar, no hacen más que proponer que nos traguemos más ajuste. Buscan gobernar en 2019 sobre la base de una alianza con el clero, cuya función reaccionaria es la contención social.

Rompamos estas variantes volviendo a las calles. ¡Vamos a la marcha del 28S! Consulta popular por el #Aborto Legal. Abajo el ajuste y la represión.

Nadie se engaña: la transitoria estabilización del peso alcanzada luego del nuevo acuerdo Macri-FMI tiene como contrapartida a un mayor endeudamiento usurario, por un lado, y, a un colapso económico general, del otro.

Para contener la corrida cambiaria, el Banco Central ha emitido un nuevo pagaré -“letras de liquidez”. Estas letras absorben los pesos que los bancos, también por disposición del gobierno, están obligados a inmovilizar (encajes). A cambio de sostener esta nueva bicicleta, los bancos le han arrancado al Central una tasa superior al 70% anual, armando un nuevo y jugoso negocio a costa de la bancarrota nacional. Pero el futuro de esa bola de nieve está siendo observado con cuidado. Es que la emisión total de estas nuevas Letras y su carga de intereses podrían igualar en un lapso breve a la deuda que el Banco Central cargaba por las Lebacs, y que supuestamente el gobierno -por pedido del FMI- iba a desmontar. O sea que la supuesta ‘recapitalización’ del Central no es, por ahora, más que el reemplazo de una deuda por otra. Pero, además, las nuevas letras devengan un interés bastante superior al de las viejas Lebac, adicionando una deuda que no estaba prevista en los cálculos del ‘programa financiero’ del año que viene. Hasta el oficialista Clarín señala con preocupación que los bancos asisten a una “superpoblación de Letras del Central” (2/3). Los liberales, en definitiva, han armado un régimen semicompulsivo de sostenimiento de la moneda, cuyo eventual estallido por insolvencia trasladaría de inmediato la quiebra del BCRA al conjunto del sistema bancario. Mientras tanto, los bancos han trasladado estos intereses de defol a toda la economía, conduciendo a la parálisis de todas las formas de crédito y a un agravamiento del derrumbe industrial. La suba de los intereses, a su turno, envía a la quiebra a muchos de los que se endeudaron en el pasado. Del otro lado, la depresión económica agrava la insolvencia del Tesoro, ya que pone en jaque a la recaudación de impuestos. Como se ve, la crisis de financiamiento del Estado es sólo la manifestación más visible de un dislocamiento general de las relaciones sociales capitalistas.

Esta fractura toma la forma de una crisis social gigantesca, que en las próximas semanas y meses se verá con toda su dimensión. La capacidad de consumo popular será todavía más golpeada por los tarifazos, con un nuevo aumento del 35% en el gas, del 10-18% en los trenes y de otro mazazo en las naftas, que completan un 65% en lo que va del año. Un informe de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires revela que el 30% de los inquilinos porteños están con dificultades para afrontar el alquiler y las expensas. El derrumbe industrial se ha cobrado una caída del 35% en las ventas de autos, mientras que YPF cierra pozos y desacelera la inversión en gas natural -la “estrella” del modelo oficial- por caída en la demanda energética. La mora en el pago de los servicios públicos crece exponencialmente. Hasta los gurúes del ajuste se preguntan si el plan será “social y políticamente tolerable” (El Cronista, 3/10).

Colaboración política

La presentación de este escenario catastrófico echa luz sobre el carácter de las reuniones preelectorales que en estas horas -y principalmente por parte del peronismo- se han multiplicado. La discusión en torno de un futuro “peronismo unido” es, en primer lugar, una fantástica coartada para eludir definiciones respecto de la masacre social que perpetra el macrismo, no en 2020 o 2021, sino en estos meses cruciales. Mientras lleva adelante este operativo distraccionista, el pejotismo y sus gobernadores negocian el Presupuesto 2019, a sabiendas que ya han aceptado recortes brutales -por caso, el fondo sojero o el traslado a las provincias de los subsidios al transporte. Los Massa y compañía, junto con algunos otros, critican el carácter “poco realista” del Presupuesto, exigiendo que se actualicen sus “premisas económicas generales”. Pero no cuestionan su “premisa de fondo”, que no es otra que el propio pacto con el FMI. De ese modo, preparan el terreno para un acuerdo con el macrismo. Los gobernadores llevan el karma del fantástico endeudamiento en dólares de sus provincias, que colocan a sus cajas en potencial defol. Pero por eso mismo, sólo aspiran a subirse al tren del FMI o, llegado el caso, de una reestructuración de la deuda. Por eso, ninguno de ellos cuestiona el nuevo acuerdo de Macri y Lagarde. Ello vale también para el kirchnerismo, cuya crítica al acuerdo es que “condiciona al futuro gobierno”, reconociendo así que gobernarían bajo el peso de sus condiciones coloniales. El kirchnerismo ha calificado de “peronismo amigable” (con el gobierno) al cuarteto de Massa-Urtubey-Pichetto-Schiaretti. Pero su delimitación es sólo circunstancial. Larroque, uno de los espadachines K, ha fustigado al cuarteto sólo por “discriminar a Cristina”. La “unidad opositora” que pregonan los K incluye a aquellos que le votaron más de cien leyes al macrismo.

Una salida de conjunto

La burocracia sindical, que en sus diferentes variantes es tributaria del pejotismo y el kirchnerismo, sigue ese mismo derrotero de complicidad política. Después del paro masivo del 25, no ha existido el menor signo de continuidad, ni en el averiado ‘triunvirato’ cegestista ni en sus pretendidos opositores -los Moyano o Yasky. Mientras tanto, arrecían la caída del salario, las suspensiones y los despidos. El argumento de que la depresión económica “nos impide” una respuesta obrera a la crisis es, en manos de los burócratas, un enorme autoencubrimiento. Es justamente ese derrumbe el que exige una respuesta obrera de conjunto, para no dejar librados a su suerte a los trabajadores que se enfrentan a despidos o a la pulverización de sus salarios. Pero la nueva fase de la crisis amplía el escenario de los choques sociales, que se abren -y se abrirán paso- a pesar de los burócratas. Lo revelan las movilizaciones contra el derrumbe edilicio de las escuelas (Moreno, ver página 2) y los ataques a la salud; las luchas persistentes de Río Turbio y el Astillero (ver páginas centrales), la tensión que se acumula en favor de la reapertura de paritarias. La lucha por un congreso de delegados de base con mandato es, en este cuadro, el método para enfrentar la crisis de dirección del movimiento obrero, y abrirle paso a una lucha a fondo para derrotar el plan oficial.

Este mismo método -una respuesta de carácter general- debe ser abordado frente a la crisis política considerada de conjunto. Al derrumbe económico se ha sumado otra fase de la crisis de los cuadernos, que coloca a lo más granado de la burguesía nacional (Techint) en la picota y con “consecuencias difíciles de prever”, al punto que el macrismo “considera alternativas para encapsular la crisis” (La Nación, 29/9). El desembarco del FMI ha reforzado la presión del imperialismo para que la escalada judicial pavimente un vasto copamiento económico a expensas de los “campeones nacionales” de la burguesía. El acuerdo colonial, por lo tanto, es un factor de desestabilización económica y política del régimen y de sus bases sociales.

El embargo general del país a manos de un gobierno fondomonetarista, y la tentativa de avanzar en un retroceso histórico en las condiciones sociales y laborales, plantea la necesidad y urgencia de terminar con el gobierno y el régimen de Macri-Lagarde y los ajustadores de las provincias, y su reemplazo por una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder. Esa Constituyente abordaría las medidas elementales para salvar a la nación oprimida y sus trabajadores de “la catástrofe que nos amenaza”, comenzando por el repudio de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y la defensa incondicional del salario y el derecho al trabajo.

Desarrollemos una intensa campaña política por estos objetivos.

Las elecciones estudiantiles se desarrollan en un cuadro revulsivo. El Presupuesto 2019, enviado al Congreso con el aval de los gobernadores del PJ, es un ataque violentísimo a la educación pública. Para congraciarse con el FMI, la única partida que se incrementa en términos reales es la que va a los acreedores de la deuda externa. En la universidad, el recorte se sentirá, en primer lugar, en los ya magros salarios docentes, que constituyen más de un 90% del presupuesto y a duras penas (con cifras en gris) arañarán un 25% de aumento. El monto para becas queda igual que en 2018, o sea que perderá integralmente frente a la inflación, y sigue sin haber noticia de las obras de infraestructura que fueron suspendidas este año. Los gastos de funcionamiento también se reducirán, lo que sí generó una protesta, tímida, de los rectores.

En este cuadro, las agrupaciones vinculadas con el gobierno y las autoridades buscan recolocarse intentando capitalizar el descontento que en algunas facultades generó la extensión de las ocupaciones. Es un manotazo de ahogado para evitar que se generalice en la UBA el “efecto Medicina”, donde una lista de la izquierda y el activismo logró destronar a la poderosa Nuevo Espacio, agrupación del rector Barbieri y su cajero Yacobitti. A esta reacción derechista juega sus fichas el EDI/Franja Morada en Psicología, cuyo decano salió a atacar la toma estudiantil desde el programa de Eduardo Feinmann, haciendo especial hincapié, desde ya, en la “responsabilidad del Partido Obrero”. En la misma sintonía está la UES de Sociales, también ligada al Rectorado de Barbieri, pero desde el PJ de Filmus. En su caso, se trata de tapar con acusaciones contra la toma y el PO el accionar patoteril de su principal dirigente y hasta ahora funcionario de la facultad, Cristian Bay, quien debió ser apartado por denuncias de violencia de género.

La preocupación de estas agrupaciones no tiene nada que ver con la pérdida de contenidos o la suspensión de mesas de exámenes. De Franja Morada al PJ, la burocracia estudiantil se juega en las próximas elecciones su capacidad para seguir conteniendo al movimiento estudiantil en los marcos del régimen vigente. Y de cobrar, por esta tarea, su tajada correspondiente como socia de los negociados que abre la política oficial de privatización educativa. En su contra deben enfrentarse con la conciencia más o menos extendida entre la juventud de que, lejos de constituir episodios aislados, la lucha contra el ajuste macrista recién comienza y que lo peor está por venir. La gran cuestión planteada es con qué orientación continuamos la pelea en defensa de la universidad pública y de todos los derechos de los trabajadores, que nadie puede dar por concluida. El regreso a clases en Sociales fue traumático. Muy lejos de la “normalidad” prometida por las autoridades, reencontró a los estudiantes con viejos problemas irresueltos: desde aulas hacinadas hasta ratas caminando por los pasillos.

El fuego cruzado entre el movimiento estudiantil y las agrupaciones del gobierno dejó en un lugar relegado a las agrupaciones intermedias, tanto del kirchnerismo como de la centroizquierda. Es lo que ocurrió en Psico con el Impulso, que durante los primeros días apoyó la ocupación, pero luego se dio vuelta y perdió todas las asambleas en bloque con el EDI. El antecedente es lo ocurrido en Exactas, donde a La Mella su desprecio por el movimiento de lucha casi le cuesta el centro de estudiantes. En estos casos, la ruptura política del activismo con las conducciones de los centros no tiene vuelta atrás. Algo similar ocurre en el Joaquín V. González, donde la asamblea del instituto está discutiendo presentar una lista para disputarle el centro a Patria Grande. La experiencia recorrida por el movimiento estudiantil-docente es contundente: los mejores aliados a la hora de luchar no son quienes garantizan la gobernabilidad en nombre del 2019, sino los sindicatos y centros dirigidos por la izquierda.

En este cuadro, vamos a la pelea en las cinco facultades que restan votar en la UBA. En Filo, a reforzar un centro independiente que pasó la prueba del proceso de lucha y es garantía contra el ajuste que la propia decana kirchnerista ejecuta en la facultad. En Agro, donde la decana peronista intenta por todos los medios que no se forme una lista que le dispute el centro a Línea de Agronomía Independiente (LAI), ya que potenciaría al activismo de la facultad y pondría en cuestión los convenios con empresas contaminantes firmados por la gestión. En Fadu, donde a contramano del movimiento La Corriente decidió romper el frente que teníamos hace 17 años en la facultad para irse con el kirchnerismo, que entregó la paritaria. Allí también vamos a pelear para poner en pie una lista de la izquierda y el activismo para salvar el Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseños (Ceadig) independiente. Y en Psico y Sociales a poner esos centros en sintonía con las luchas que se vienen. Hagamos realidad el terror de Feinmann y Macri: ¡que se expanda el “efecto Medicina” por toda la universidad!

De acuerdo con los últimos sondeos, los candidatos a presidente, Jair Bolsonaro, del partido Social Liberal, y Fernando Haddad, del PT, se encontrarían en un “empate técnico” del 28% en la intención de voto para el primer turno electoral que tendrá lugar el próximo domingo en Brasil. Algunas encuestas avizoran otro empate, del 40% para cada uno, para la segunda vuelta, aunque todo indicaría que, en ambos turnos, el porcentaje mayor de indecisos se inclinaría por Haddad.

“Fascismo”

Bolsonaro, un personaje ignoto, con una trayectoria irrelevante de siete años en el Congreso de la Nación, se ha convertido en el vocero fascista de un sector muy amplio de los militares en reserva y cuenta con el apoyo del alto mando del Ejército. Tiene el apoyo incuestionable de los grandes cañeros del norte de Brasil y de los latifundistas sojeros del sur y del oeste. La Federación de Industrias de São Paulo se encuentra dividida, aunque la fracción que apoya a Bolsonaro es la más numerosa. Según la publicación “Brasil Debate”, en las filas del Ejército opera una logia de “Generales Revisionistas”, que “parece reunir medios y propósitos para la disputa en las calles con la izquierda organizada”. De acuerdo con estos términos, si el perfil de Bolsonaro no se ajustase en forma estricta al del fascismo italiano, podría encajar con el falangismo español, que se terminó desarrollando como un aparato de choque ‘civil’ de las fuerzas armadas del general Francisco Franco. Los militares cuentan con casi cerca de cien candidatos al Congreso o las legislaturas, y podrían formar, con los ruralistas y los evangélicos, que se han distribuido en todos los partidos (incluso en el PSOL), una bancada mayoritaria de derecha. Es incuestionable que la base social del fascismo brasileño es harto estrecha -una ultraminoría pequeño burguesa. Pero no debe ser descartada para nada frente al peligro de que los conciliadores y capituladores de la cúpula del movimiento obrero tengan un éxito en dividir a las masas, incluso si es una parálisis temporal o parcial.

La emergencia política de este resentido social es un resultado de la enorme crisis de conjunto por la que atraviesa Brasil, y en especial del fracaso del golpe de Estado que ungió al vice de Dilma Rousseff a la presidencia. Lejos de conseguir la recuperación económica del país, los golpistas han acentuado el desplome económico y llevado a Brasil al borde un defol.

El personal político que levantó la bandera de la ética para desplazar del gobierno a Rousseff y luego condenar a Lula en la Justicia, ha acabado, él mismo, procesado o preso, y sin votantes. Los politólogos brasileños se lamentan ahora del veloz agotamiento del ‘centro’, cuyos candidatos no alcanzan los dos dígitos de las intenciones de voto. Excluyen, curiosamente, de ese ‘centro’ al PT, al que han convertido en ‘extremista’ cuando mayor es su derechización. El PT también, de acuerdo con los datos que se exhiben, ha sufrido una caída espectacular en las expectativas de los electores.

Derecha, dré

El reclamo del ex presidente Henrique Cardoso, de que los cinco candidatos del ‘centro’ desistan en beneficio de uno solo, ha caído en oídos sordos. Fue acompañado en esa exhortación sin futuro por la directiva del pulpo del tabaco, Suzano. Una parte importante de ese ‘centro’, lejos de escuchar la imploración, impulsa el voto a Bolsonaro -es lo que hace el candidato a gobernador, en São Paulo, João Doria, y Antonio Anastasia, en Minas Gerais. La ‘democracia’ brasileña prefiere a un desclasado que representa el revanchismo militar.

En lugar de llamar a las masas a movilizarse y pelear contra el candidato militar fascista, los políticos del PT buscan calmar las aprensiones con el discurso de que la mayoría militar no comulga con el fascismo ni lo apoya. Es el mensaje que ha divulgado Celso Amorim, ex ministro de Exteriores de Lula y ex de Defensa, de Rousseff. Varias semanas antes, la candidata a vice de Haddad, del Partido Comunista do Brasil, creyó oportuno recordar el carácter “industrialista” de la dictadura militar que se enseñoreó del país, de 1964 al 85.

Las mujeres marcan el camino

La manifestación más impresionante del hundimiento de todo el arco político ‘democrático’, frente al desafío de Bolsonaro, la puso de manifiesto la gran movilización de las mujeres brasileñas contra este fascistón. Ningún partido tomó la iniciativa del llamado a las calles, y menos que ninguno el PT; frente a la amenaza política de la derecha, los partidos respondieron con el apoliticismo. Como ocurre en Estados Unidos contra Trump, explotan la heterogeneidad social y política de la movilización femenina para neutralizar su proyección política. Las millones de mujeres que se concertaron en las redes y las centenares de miles, que luego desfilaron combativas en las principales ciudades, marcan el camino que de ningún modo logrará la papeleta electoral: la lucha física organizada contra las bandas del militarismo fascistizante.

Todo lo que ocurre en la víspera electoral constituye un respaldo contundente a nuestra caracterización del golpe contra Dilma como un “golpe de Estado”, no como un golpe parlamentario, porque nunca hubiera podido imponerse sin el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Descartar a éstas de una crisis política mayor es desconocer el abc del Estado moderno. Es desconocer la amnistía que han gozado los militares brasileños por sus crímenes pasados o, incluso, la vigencia de la Justicia militar para los delitos en que incurran los uniformados.

El naufragio del ‘centro’ es el testimonio más claro de que el golpe parlamentario fue una ficción o cortina de humo. El PT no desafió la destitución de su presidenta con la conciencia de que tenía la venia militar. Un nuevo gobierno del PT, con un candidato de la derecha del partido, además, será más cómplice del militarismo de lo que Lula y Dilma fueron antes de él. Quienes, en la izquierda, negaron el golpe o lo redujeron a una chiquilinada parlamentaria, deberían excusarse. Un politólogo brasileño, André Barrocal, acaba de concluir que “las elecciones de 2018 consolidan el fracaso del golpe” (de 2016), en alusión a los conspiradores parlamentarios que ahora no recogen un céntimo de los votos. El fracaso del golpe parlamentario ficticio puso de manifiesto el golpe del alto mando. Con el único recurso del tuit, el comandante en jefe del ejército, Vilas Boas, hizo anular judicialmente la designación de Lula como ministro de Dilma, un intento inútil para evitar el juicio político y asegurar que el Superior Tribunal confirmara la condena de Lula en segunda instancia. Ahora sigue tuiteando, en una suerte de pronunciamiento militar permanente.

Trump

Toda la gran prensa internacional, sin excepción, se ha pronunciado contra Bolsonaro, al igual que los líderes principales de la Unión Europea y del Partido Demócrata de Estados Unidos. Lo caracterizan, antes que como un rescate político, como una aventura que compromete la “estabilidad”, incluso a nivel continental. Fingen no advertir que esa “estabilidad” ha quedado en el pasado. No es en esa dirección que miran, sin embargo, los “Generales Revisionistas” -sino hacia Trump. De acuerdo con el informe antes citado, esa logia tiene en vista una alianza política con el imperialismo norteamericano, aunque Brasil, como Argentina, dependa cada vez más del comercio con China y sus inversiones. En cualquier caso, Trump ha dejado en claro, en la Asamblea General de la ONU, que va por una salida violenta en Venezuela, mientras otras manifestaciones señalan una unidad de propósito, en este aspecto, con el nuevo gobierno uribista de Colombia. Colombia aloja a una decena de bases militares yanquis y es pieza central del Comando Sur del Pentágono.

En la agenda de Trump figura alta también la agenda contra China. Bolsonaro puede ser colocado en este trío -o sea, que la crisis brasileña tiene una dimensión internacional definida. El ala ‘democrática’ de los gobiernos latinoamericanos, el llamado ‘grupo de Lima’, se opone a este expediente. Es, sin embargo, claro, que la crisis económica ha colocado a estos gobiernos en un impasse, como se ve en Perú, Argentina, Costa Rica, Nicaragua y, demorados, Chile y Uruguay. Todo sumado, América Latina ha entrado en forma definitiva en una bancarrota de envergadura, que pone sobre la mesa todas las opciones políticas, y cada vez más la agenda de un gobierno de trabajadores.

Trump, asimismo, se encuentra empeñado en una lucha contra el ‘populismo’ latinoamericano en general, aunque reivindique el propio, de cuño imperialista. Vería un triunfo de Haddad como un traspié para su compinche Macri, que lidia judicial y políticamente con el kirchnerismo. Las elecciones brasileñas, en definitiva, conmueven el tablero en más de un país -la mayoría en bancarrota.

“Las instituciones” - cómplices

Para desenvolver una lucha de masas -la única que puede derrotar al fascismo en ciernes-, es necesario desenmascarar sin concesiones a aquellos que proclaman la ‘paz social’ y la ‘defensa de las instituciones’. Que dicen que al fascismo se lo frena desde el Estado, no fuera ni en contra de él. No hay duda que el avance brutal de la crisis económica despertará a la lucha a masas crecientes, y lo mismo ocurrirá ante el avance golpista. Una derrota electoral de Bolsonaro, en segunda vuelta, no significaría para nada un parate a la ofensiva de la derecha militar, que se empeñará, por el contrario, en explotar las contradicciones, límites y toda la incapacidad del nuevo gobierno frente a la crisis, para dinamitar el escaso sustento político que lo acompañe.

Desenmascarar a la ‘democracia’, y a PT y a Haddad, no es, ni de lejos, lo que hace el PSOL, una suerte de falso frente de izquierda. El PSOL, que nació de una ruptura del PT, se ha convertido en su segundón del PT en estas elecciones, con un candidato a presidente ajeno al partido, impuesto por el propio Lula. El futuro Congreso brasileño, con el que pactaría, más que nunca, un presidente del PT, tendrá un carácter mucho más derechista que el actual -lo que no es poco. La corresponsal de Clarín señala, muy premonitoriamente, que la monumental reserva de 380 mil millones de dólares con que cuenta el Banco Central de Brasil, “no serán suficientes para abastecer la demanda de los capitales que se quieren evaporar”. Es que más allá del billón de dólares de deuda externa, la Bolsa de São Paulo tiene miles de millones de capitales del extranjero, lo mismo que los bancos brasileños, que financiaron en el exterior el ‘populismo crediticio’ al consumo personal.

Lucha de clases

El domingo que viene quedará diseñado el escenario del balotaje, y con ello un agravamiento del escenario de la crisis política inmediata.

Deseamos que en ese nuevo escenario, previo al segundo turno, el ejemplo de las mujeres se multiplique por millones y, por sobre todo, claro, en la clase obrera. Para ello es necesario desterrar el planteo de que el país atraviesa un impasse o disyuntiva electoral, cuando enfrenta una crisis descomunal de régimen político, incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Esa crisis política no podrá ser decidida en las urnas, sino en una lucha de clases sin tregua.

La distancia que separa los votos del ultraderechista Bolsonaro de los del resto de quienes participaron en el primer turno de las elecciones en Brasil, el pasado domingo, ha funcionado de hecho como un balotaje. Bolsonaro quedó a cuatro puntos de los necesarios para ganar la presidencia de Brasil, con cerca de cincuenta millones de sufragios -una ventaja de 18 millones de votos y dieciocho puntos porcentuales sobre el segundo, el candidato del PT, Fernando Haddad, apoyado por veintinueve millones de electores. Ninguna combinación con las restantes fuerzas políticas que fueron a las urnas podría alterar, dentro de tres semanas, el resultado favorable a la derecha. Para que eso ocurra deberían intervenir factores excepcionales.

La disputa en el balotaje

La derecha, de todos modos, necesita reforzar el aluvión de la primera vuelta -una disminución significativa de la diferencia de votos produciría un gobierno débil. Bolsonaro ya ha declarado que no tiene la intención de modificar su campaña reaccionaria para acercar votos ajenos, precisamente por la necesidad de establecer un Ejecutivo fuerte que le permita gobernar por encima del Congreso. Haddad, por el contrario, pretende que el resto de los candidatos participen de su campaña electoral, en un Frente Democrático explícito. Con ese propósito se ha reunido incluso con el derechista Alckmin, el primer preferido de la burguesía brasileña antes de cambiar presurosamente hacia Bolsonaro, y con el banquero Meirelles. Mientras el lumpen politicastro Bolsonaro apunta a acentuar su rechazo al viejo orden político, Haddad busca en ese viejo orden un salvavidas. Es difícil, sin embargo, que lo logre, pues nadie ha aceptado hasta ahora subirse a su tribuna, e incluso han demorado el anuncio de intención de voto.

El escenario político brasileño se explica por la envergadura colosal de la crisis sistémica del orden social y político de Brasil. El déficit fiscal (en especial el financiero) es del orden del 10% del PBI, alrededor de los 130 mil millones de dólares; la deuda pública supera el ciento por ciento del PBI, más de un billón de dólares; la recesión de la industria ha entrado en su cuarto año; la desocupación más la subocupación alcanza a más de treinta millones de trabajadores; Brasil tiene el índice internacional más alto de víctimas mortales de la delincuencia común; el Ejército interviene en la seguridad de varias ciudades, notablemente en Río de Janeiro. El empeoramiento de las condiciones económicas y financieras internacionales y la guerra financiera y comercial que se ha desatado entre sus principales potencias, amenazan llevar a Brasil a la cesación de pagos.

Revanchismo militar

El ascenso político de la escoria social de Brasil obedece a varios fenómenos relacionados entre sí. El de mayor relevancia es la bancarrota de la experiencia de Frente Popular, animado por el PT, que gobernó entre 2003 y 2016, en asociación estrecha con el gran capital brasileño e internacional, y con los principales partidos corruptos de la burguesía. Con el planteo de construir “campeones nacionales”, en alusión al desarrollo de compañías brasileñas asociadas a negocios internacionales, se embarcó en un enorme esquema de corrupción y en una ruinosa política de subsidios. El muy difundido apoyo económico a las familias más pobres -una migaja en este festival- pretendió operar como la hoja de parra de los grandes negociados. El segundo factor del giro político ha sido el fracaso miserable del gobierno Temer -fruto del golpe de Estado que derribó al Dilma Rousseff-, en cuanto a superar la crisis económica y crear una referencia política estable desde su seno. Lo que, por último, caracteriza a esta arremetida de la derecha es el operativo del alto mando militar, que ha ido ocupando posiciones estratégicas en el Estado -desde la recuperación del Ministerio de Defensa hasta la intervención militar en Río.

El enviado de Ambito Financiero a Brasil ha dado a conocer un detallado informe acerca de la estrategia político-militar desde 2014 (8/10). El diario El País, de España, informa que el comandante en jefe del Ejército ha impuesto a un general de reserva como asesor del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia (5/10) -el equivalente a la Corte Suprema de Argentina. Jair Bolsonaro es el instrumento político del alto mando militar -un golpe de Estado bajo ropaje electoral. El alto mando militar ha logrado reunir bajo su ala a los bloques parlamentarios del ruralismo y de las iglesias evangélicas, que se encuentran mimetizadas en frentes políticos con partidos diversos. Además, ha logrado imponer en el Congreso a unos setenta militares de la reserva. La patronal brasileña, que hace dos décadas aupó a Lula al gobierno, ha desarrollado una campaña de coacción entre los trabajadores, para contrarrestar cualquier propaganda contra Bolsonaro e incluso exigiendo el voto por el derechista a través de comunicaciones internas.

Fascismo, crisis, perspectivas

Es cierto que el apoyo a Bolsonaro es abrumador en la clases más altas y que el rechazo al derechista es también elevado, según encuesta de Ibope, entre los brasileños que ganan hasta un salario mínimo, aquéllos que apenas cursaron la primaria y la población negra. Es claro, sin embargo, que millones de trabajadores han votado al agente militar abrumados por la crisis económica y por la descomposición de la vida urbana. Brasil no es una excepción en este aspecto; el derrumbe de la izquierda tradicional y de la burocracia sindical produce una atomización de la clase obrera, que pasa a ser presa de la demagogia fascistizante. Según las primeras informaciones, el PT perdió en el ABC industrial de São Paulo y tampoco fueron elegidas sus figuras históricas: Dilma Rousseff y Fernando Pimentel en Minas Gerais, Eduardo Suplicy en São Paulo y Lindberg Farías en Río de Janeiro. No se trata, sin embargo, de una regresión de alcance histórico sino coyuntural, cuya duración dependerá de la evolución de conjunto de la crisis y de sus protagonistas políticos. La tutela militar de un gobierno electo es una operación por demás peligrosa.

La crisis económica, bajo el gobierno Bolsonaro, tendrá un alcance mayor que la que ha enfrentado Temer, por el peso de los problemas no resueltos, por un lado, y por la acentuación de la crisis mundial, por el otro. Ni la burguesía brasileña ni el Estado brasileño tienen los recursos propios para lidiar con una crisis de esta envergadura. El corresponsal del Financial Times advierte que “no está claro si el derechista que lidera el segundo turno siquiera será capaz de cumplir con lo que los mercados quieren en el caso de que se convierta en presidente” (LatAm Viva, 5/10). La madre de todas las batallas -la reforma previsional- pondrá a prueba la capacidad de todas las clases en disputa para defender sus intereses y objetivos. En la clase capitalista, y en las fuerzas armadas en especial, una privatización completa de Petrobras o la entrega de la aeronáutica Embraer a Boeing desatarán conflictos agudos. Estas privatizaciones han sido planteadas por el ministro de Economía ‘in pectore’ de Bolsonaro, Julio Guedes, un ex Banco Pactual, para reducir la deuda pública con lo que se recaude.

#EleNão

Las elecciones han puesto de manifiesto el derrumbe de las organizaciones obreras (petistas), como ya había ocurrido en ocasión del golpe contra Rousseff. Tampoco enfrentaron la reforma laboral y el ajuste llevados adelante por el gobierno Temer. Más allá de su verborragia, no advirtieron que estaba en juego una pelea contra el revanchismo militar y sus grupos de tareas, por eso no convocaron a la acción directa y a la movilización; manejaron las elecciones como un trámite burocrático. Es lo que puso en evidencia el movimiento de mujeres con la movilización, hace diez días, contra Bolsonaro, bajo la consigna #EleNão, que repetirán el 20 de octubre próximo -mientras la CUT, la UES y el MST siguen paralizadas. La política del Frente Democrático con los partidos patronales (que repudian la lucha de calles) y de la resistencia a la derecha por medios institucionales es incompatible con el pueblo en la calle. En el caso de la movilización de mujeres, estamos en presencia de un fenómeno de masas, en el desarrollo de la crisis política presente, que será el hilo conductor de los explotados en las distintas instancias de esta crisis. En esta línea de acción llamamos a los sindicatos obreros y campesinos y a la juventud, a una campaña para convocar a Congresos de delegados electos para discutir una política de lucha de clases contra el candidato fascistizante del aparato militar y su eventual gobierno.

Como partido, impulsamos la consigna y los métodos del movimiento de mujeres: #EleNão, a la calle, a la huelga, a la formación de piquetes antifascistas. No apoyamos, por lo tanto, ni a Haddad ni al PT, ni a sus políticas, nos declaramos en oposición a ellas. Adherimos e impulsamos con nuestra política la posición de votar a Haddad contra Bolsonaro -o sea, no con la política del PT sino con la política que esboza el movimiento femenino. Adoptamos esta posición como un método para desarrollar la unidad y la convergencia con el movimiento popular de mujeres, que vuelve a ganar la calle contra el fascismo.

Coherencia

El Partido Obrero ha desarrollado una política ejemplar en toda esta crisis, desde el juicio político a Rousseff, que caracterizamos como un golpe de Estado (o sea, de todas sus instituciones, especialmente el ejército), no como un golpe parlamentario o palaciego. El balotaje será una culminación provisional de este desarrollo político. En el pasado hemos llamado a votar el PT como un canal de desarrollo potencial de la clase obrera, con claras diferencias políticas con su dirección. En 1995 convocamos a votar solamente a sus candidatos obreros, debido a que Lula inauguraba una política de Frente Popular con un latifundista como vice. De ahí en adelante, dejamos de apoyar electoralmente al PT, porque se había convertido en el instrumento preferente de la burguesía -rechazamos votarlo en 2002. Nuestro llamado actual es enteramente diferente: el PT es el partido de una camarilla en descomposición, no un canal de lucha. Convocamos a votarlo contra Bolsonaro, porque es un puente con las masas que buscan, a pesar del PT, un camino de combate contra el fascismo.

Lee también: Primera vuelta: Apoyamos a la lista encabezada por Vera Lúcia

La pretensión oficial de que el escándalo de los cuadernos sólo actuaría como un ariete contra el viejo elenco de funcionarios kirchneristas se ha derrumbado definitivamente. Con la declarada “pérdida de confianza” de Carrió hacia Macri, el cuaderno-gate ha detonado en el corazón del gobierno. Las valijas de Carrió comenzaron a armarse cuando el ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó la “inconveniencia” de una eventual prisión preventiva a Cristina. Pero se afirmó después de la decisión oficial de apartar a tres altos directivos de la Afip, los cuales investigaban movimientos “extraños” en las cuentas bancarias de IECSA, la empresa que Macri transfirió a su primo Calcaterra en 2008. IECSA se encuentra involucrada en el régimen de coimas perpetrado para la adjudicación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en asociación con el grupo Odebrecht.

El gobierno argentino estuvo demorando durante un año las revelaciones de la Justicia brasileña en torno de la participación de empresas argentinas en el Lava jato. Las primeras indagaciones sobre IECSA apuntaban solamente a lo ocurrido después de 2008 -cuando los Macri se habían desprendido de ella. Pero una resolución de Cámara extendió las investigaciones al año 2005, cuando los Macri tenían las dos manos adentro. Mientras tanto, empresarios como Rocca o Mindlin, inicialmente apartados de las citaciones judiciales, comenzaban a desfilar por Comodoro Py. Un comentarista de La Nación tituló certeramente la nueva situación: “A los cuadernos los carga el diablo” (29/9).

Encapsular

La indulgencia de Garavano hacia Cristina no es un exabrupto, ya que se considera al ministro como el vocero judicial de Marcos Peña y Macri. Algunos atribuyen una decisión oficial de mantener a Cristina Kirchner en libertad a un cálculo político, o sea, favorecer una polarización electoral entre el kirchnerismo y Macri, cargando a la primera con la picota de las acusaciones, pero sin la “victimización” que implica una prisión preventiva. Todo indica, sin embargo, que la indulgencia hacia Cristina sería el mascarón de proa de una operación de mayor alcance, dirigida a contener y a encapsular a las consecuencias del cuaderno-gate en su conjunto. Esto explica, a su vez, el ataque de los kirchneristas a Carrió, en un indisimulado apoyo a Garavano. Se trata de un operativo de rescate de los empresarios de la corrupción K y M. El mismo Garavano confesó recientemente su empeño en “ayudar (sic) a las empresas que durante muchos años participaron de este mecanismo de corrupción, para que puedan reconvertirse (y) sigan con las obras públicas”. Garavano viajó semanas atrás a Estados Unidos con la funcionaria “anticorrupción” Laura Alonso, a convencer a financistas norteamericanos de que el cuaderno-gate no debía interrumpir las decisiones de financiar al programa de Participación Pública Privada (PPP), en un escenario donde las principales empresas locales que aspiran a participar se encuentran involucradas en el régimen de coimas que investiga Bonadio.

Desde entonces, el gobierno ha redactado varias disposiciones relacionadas con este indulto a la burguesía contratista: por caso, que los coimeros queden habilitados a licitar a cambio de un régimen de multas, o aquella otra que busca separar a la “persona física” de la “persona jurídica”, para que las investigaciones sobre ciertos personeros o gerentes no interrumpan los negocios capitalistas. Si el derrumbe económico ha colocado en disolución a varias de las principales instituciones del régimen capitalista, como el Banco Central, el sistema de crédito o la moneda nacional, el affaire de los cuadernos ha completado esta labor al paralizar otro de los resortes del presente régimen social -el sistema parasitario de contratos que une a la gran burguesía con las finanzas públicas.

Carrió y la Embajada

Carrió ha salido a levantar el estandarte de la transparencia y el republicanismo. Pero esa virulencia no se le conoció cuando saltaron las cuentas bancarias de Gustavo Arribas, el jefe de la Side macrista, largamente mencionado en el Lava jato brasileño. Tampoco para denunciar el reciente sobreseimiento del propio Macri en la causa de las pinchaduras telefónicas en la Ciudad. La “moralidad a medida” de Carrió es sólo un ariete del imperialismo, que juega sus propias cartas en el cuaderno-gate argentino. El ya citado comentarista de La Nación asocia esta escalada judicial al “desafío de una renovación total del establishment”, citando a continuación “la presencia de empresas extranjeras husmeando licitaciones”. Como en Brasil, la caída en desgracia de la burguesía contratista es la ocasión para el copamiento de diversos filones de negocios por parte del capital internacional. Esta cuestión, a su turno, está también presente en la mesa donde se discute un defol de la Argentina: no es un secreto que cualquier reestructuración de deuda con una intervención activa del gobierno norteamericano estará asociada a una operación más general de recolonización económica, pero también de penetración política y militar. Ello no sólo implica el desplazamiento de la burguesía nacional, sino un alineamiento más claro de la Argentina en la guerra comercial internacional entre Estados Unidos y China. Por caso, y en los mismos días en que estalló la crisis de los cuadernos, la administración Trump ‘alertó’ sobre la instalación de la base militar china en Neuquén. La bancarrota argentina ha multiplicado estos conflictos: después de haber ‘cerrado’ con el FMI, la administración macrista tramitó un nuevo auxilio de divisas entre China y el Banco Central, asociado con acuerdos comerciales. Cualquier salvavidas de Trump entrará en choque con este tipo de operaciones. La “reconfiguración” de la Argentina capitalista sólo podría operar a través de choques y crisis políticas de envergadura, que se enlazan con la propia crisis mundial.

Que se vayan

La fractura del gobierno macrista, como se ve, envuelve a todo el andamiaje social, político y judicial que sostuvo, no sólo a Cambiemos, sino a todos los regímenes y gobiernos que en las últimas décadas gobernaron en favor del endeudamiento nacional, del vaciamiento de las finanzas del Estado a favor de la patria contratista, de la explotación y precarización de los trabajadores. En medio de un derrumbe económico sin precedentes, la clase capitalista ha perdido toda autoridad política -e incluso moral- para exigir que los explotados paguen la crisis. En oposición a la tentativa de “recauchutar” al régimen y sus partidos -de Cristina a Techint, de Roggio a Macri- planteamos que se vayan, y que una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder ejecute las medidas elementales para poner fin al régimen corrupto -entre otros, nacionalizar al conjunto de la obra pública bajo control de los trabajadores, la elección de los jueces por el voto popular y el desconocimiento de los pactos económicos y militares con el imperialismo, comenzando por la fraudulenta deuda externa.

Miles de trabajadoras sindicalizadas, adolescentes, estudiantes, jubiladas, de las barriadas, artistas, llegarán este fin de semana al 33 Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. Tenemos mucho para discutir y decidir.

Saludamos a las mujeres brasileñas, las únicas que se lanzaron a las calles contra Jair Bolsonaro para advertir que #Ele Não. Y convocan a una nueva movilización para el 20 de octubre. Ellas le disputan las calles al fascismo y marcan el camino.

No ha sido fácil llegar a Chubut: la inflación, los tarifazos, los despidos, el ataque en regla contra el pueblo trabajador se acentúa contra las mujeres, las más precarizadas, las más desocupadas, las primeras despedidas. Para nosotras, se traduce en más penurias y más horas de trabajo diario.

El pacto colonial entre Macri, los gobernadores y el FMI desmantela la salud, la educación, los programas contra la violencia hacia las mujeres, contra la trata. Necesitamos definir cómo derrotar a un gobierno que está en guerra contra el pueblo trabajador e intenta -junto con los gobernadores- reservar todos los recursos del Estado al pago de la deuda usuraria que ellos mismos contrajeron.

Rechazamos la propuesta de “votar bien” dentro de un año mientras vienen facturas de luz que dejan a familias enteras viviendo a oscuras o en la calle, las escuelas se derrumban y cancelan hasta los más elementales planes de vacunación. Nuestras reivindicaciones se defienden con la huelga general y en las calles.

Cuando nos movilizamos, la tierra tiembla, es preciso que tiemble una vez más.

En 2017 arrancamos un paro general cuando todas las corrientes burocráticas decían que era imposible frenar el embate del gobierno. Este año, la lucha por la legalización del aborto movilizó a millones, mientras las burocracias decían que “no daba” o pactaban la paz social con el gobierno y se comprometían a defender la gobernabilidad con el Papa. Cientos de miles de jóvenes levantaron la bandera del aborto legal y se vistieron de verde hasta en las escuelas confesionales, mostrando el enorme descrédito de las iglesias católica y evangélicas.

Siervos de Francisco

Los responsables de que no hayamos logrado el aborto legal tienen nombre y apellido.

El voto reaccionario fue transversal a todos los partidos patronales, que andan de peregrinación al Vaticano. Hombres y mujeres del oficialismo, del PJ, del FR y del FpV. El voto vergonzante de CFK concluyó con una prueba de amor a la ccuria.

Mientras la burocracia sindical y el PJ escribían comunicados antiabortistas, las CTA y el Triunvirato Piquetero (Barrios de Pie, CCC y la CTEP) se movilizaron a San Cayetano, un día antes de la votación en el Senado. Traicionando a sus bases, las mujeres que mueren o quedan mutiladas en las cuevas del aborto clandestino, le armaron una tribuna al obispo Poli y su séquito de curas villeros.

Con las fuerzas del movimiento intactas, con las más jóvenes insistiendo en sus pañuelazos, las corrientes que dominan el movimiento de mujeres decidieron derivar la lucha a “votar bien” en el próximo turno electoral. Son las mismas corrientes que peregrinan al Vaticano e integran la Comisión Organizadora de este ENM, que pasará a la historia por haberse negado a pronunciarse por el aborto legal. Las mismas que desconocieron la votación masiva para que el ENM fuera en Buenos Aires, el corazón del poder político.

Ni “espíritu” ni “mujeres que hablan por su propia voz”: son las voceras de los partidos del régimen -o de la “izquierda” que se somete a ellos (PCR). Anteponen el beneplácito del Papa a las reivindicaciones del movimiento de mujeres.

Este escenario envalentonó a las iglesias, que avanzan contra la educación sexual laica y científica y contra el aborto no punible. Los evangélicos han llegado al extremo de pedir la suspensión del encuentro. Patotas católico-militaristas entran a los hospitales a amedrentar. El Papa llama a los médicos sicarios y asesinos. Hay que parar esta embestida clerical: son parte de las fuerzas que le dieron la victoria a Bolsonaro.

Proponemos organizar una Consulta Popular Vinculante, que vuelva a vestir de verde las calles. Unir esta lucha a la separación de la Iglesia y el Estado, y a la aplicación de una ley de educación sexual laica y científica.

No hay separación de la Iglesia y el Estado disociada de los derechos de las mujeres: el aborto legal y la ESI en primera instancia. A rezar a la Iglesia, la lucha por nuestras reivindicaciones se pelea con la huelga general y en la calle, sin componendas con el oscurantismo paidófilo que pregona la reconciliación con los genocidas.

Vamos por el paro activo y la huelga general hasta derrotar el ajuste.

Por la ocupación y puesta en funcionamiento de toda fábrica que cierre o despida.

Basta de crímenes de odio con las sexualidades disidentes. Cupo laboral trans.

Por la incautación de los bienes del clero. Ni un peso del Estado a las iglesias.

Educación sexual laica y gratuita. Aborto legal ya.

Asistencia integral a las mujeres violentadas bajo control y gestión de las organizaciones de mujeres.

Elección directa, y desde los 13 años, de la conducción del Instituto Nacional de las Mujeres.

Abajo el pacto con el FMI. Fuera Macri. Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que consagre los derechos de la mujer y la separación de la Iglesia del Estado.

Miles de trabajadoras sindicalizadas, adolescentes, estudiantes, jubiladas, de las barriadas, artistas, llegarán este fin de semana al 33 Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. Tenemos mucho para discutir y decidir.

Saludamos a las mujeres brasileñas, las únicas que se lanzaron a las calles contra Jair Bolsonaro para advertir que #Ele Não. Y convocan a una nueva movilización para el 20 de octubre. Ellas le disputan las calles al fascismo y marcan el camino.

No ha sido fácil llegar a Chubut: la inflación, los tarifazos, los despidos, el ataque en regla contra el pueblo trabajador se acentúa contra las mujeres, las más precarizadas, las más desocupadas, las primeras despedidas. Para nosotras, se traduce en más penurias y más horas de trabajo diario.

El pacto colonial entre Macri, los gobernadores y el FMI desmantela la salud, la educación, los programas contra la violencia hacia las mujeres, contra la trata. Necesitamos definir cómo derrotar a un gobierno que está en guerra contra el pueblo trabajador e intenta -junto con los gobernadores- reservar todos los recursos del Estado al pago de la deuda usuraria que ellos mismos contrajeron.

Rechazamos la propuesta de “votar bien” dentro de un año mientras vienen facturas de luz que dejan a familias enteras viviendo a oscuras o en la calle, las escuelas se derrumban y cancelan hasta los más elementales planes de vacunación. Nuestras reivindicaciones se defienden con la huelga general y en las calles.

Cuando nos movilizamos, la tierra tiembla, es preciso que tiemble una vez más.

En 2017 arrancamos un paro general cuando todas las corrientes burocráticas decían que era imposible frenar el embate del gobierno. Este año, la lucha por la legalización del aborto movilizó a millones, mientras las burocracias decían que “no daba” o pactaban la paz social con el gobierno y se comprometían a defender la gobernabilidad con el Papa. Cientos de miles de jóvenes levantaron la bandera del aborto legal y se vistieron de verde hasta en las escuelas confesionales, mostrando el enorme descrédito de las iglesias católica y evangélicas.

Siervos de Francisco

Los responsables de que no hayamos logrado el aborto legal tienen nombre y apellido.

El voto reaccionario fue transversal a todos los partidos patronales, que andan de peregrinación al Vaticano. Hombres y mujeres del oficialismo, del PJ, del FR y del FpV. El voto vergonzante de CFK concluyó con una prueba de amor a la ccuria.

Mientras la burocracia sindical y el PJ escribían comunicados antiabortistas, las CTA y el Triunvirato Piquetero (Barrios de Pie, CCC y la CTEP) se movilizaron a San Cayetano, un día antes de la votación en el Senado. Traicionando a sus bases, las mujeres que mueren o quedan mutiladas en las cuevas del aborto clandestino, le armaron una tribuna al obispo Poli y su séquito de curas villeros.

Con las fuerzas del movimiento intactas, con las más jóvenes insistiendo en sus pañuelazos, las corrientes que dominan el movimiento de mujeres decidieron derivar la lucha a “votar bien” en el próximo turno electoral. Son las mismas corrientes que peregrinan al Vaticano e integran la Comisión Organizadora de este ENM, que pasará a la historia por haberse negado a pronunciarse por el aborto legal. Las mismas que desconocieron la votación masiva para que el ENM fuera en Buenos Aires, el corazón del poder político.

Ni “espíritu” ni “mujeres que hablan por su propia voz”: son las voceras de los partidos del régimen -o de la “izquierda” que se somete a ellos (PCR). Anteponen el beneplácito del Papa a las reivindicaciones del movimiento de mujeres.

Este escenario envalentonó a las iglesias, que avanzan contra la educación sexual laica y científica y contra el aborto no punible. Los evangélicos han llegado al extremo de pedir la suspensión del encuentro. Patotas católico-militaristas entran a los hospitales a amedrentar. El Papa llama a los médicos sicarios y asesinos. Hay que parar esta embestida clerical: son parte de las fuerzas que le dieron la victoria a Bolsonaro.

Proponemos organizar una Consulta Popular Vinculante, que vuelva a vestir de verde las calles. Unir esta lucha a la separación de la Iglesia y el Estado, y a la aplicación de una ley de educación sexual laica y científica.

No hay separación de la Iglesia y el Estado disociada de los derechos de las mujeres: el aborto legal y la ESI en primera instancia. A rezar a la Iglesia, la lucha por nuestras reivindicaciones se pelea con la huelga general y en la calle, sin componendas con el oscurantismo paidófilo que pregona la reconciliación con los genocidas.

Vamos por el paro activo y la huelga general hasta derrotar el ajuste.

Por la ocupación y puesta en funcionamiento de toda fábrica que cierre o despida.

Basta de crímenes de odio con las sexualidades disidentes. Cupo laboral trans.

Por la incautación de los bienes del clero. Ni un peso del Estado a las iglesias.

Educación sexual laica y gratuita. Aborto legal ya.

Asistencia integral a las mujeres violentadas bajo control y gestión de las organizaciones de mujeres.

Elección directa, y desde los 13 años, de la conducción del Instituto Nacional de las Mujeres.

Abajo el pacto con el FMI. Fuera Macri. Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que consagre los derechos de la mujer y la separación de la Iglesia del Estado.

Las próximas dos semanas serán decisivas en el futuro de la Fuba, la principal federación estudiantil del país. La victoria de la izquierda en el centro de Medicina hirió de muerte a la “federación” paralela que Franja Morada y el rectorado de Barbieri habían montado mediante el fraude. Ahora, con las votaciones en Filosofía, Psicología, Sociales, Fadu y Agronomía los estudiantes pueden terminar de enterrar la “Fuba” trucha aliada a Cambiemos y recuperar los centros para la lucha docente-estudiantil y todas las causas que movilizan a las mujeres, los trabajadores y la juventud.

La primera tanda de elecciones, en el mes de septiembre, dio cuenta de un desplazamiento de importantes sectores del movimiento estudiantil hacia la izquierda. Las listas macristas se hundieron. Fue la conclusión a la que arribaron miles de jóvenes tras recorrer la experiencia de la marea verde y de la lucha educativa. Del “no se peleen con la Iglesia” a la entregada de la paritaria por parte de las burocracias docentes ligadas al PJ (Fedun) y el kirchnerismo (Conadu), se reveló una política consciente para dilapidar la fuerza del movimiento. Tanto desde las bancadas del Congreso como en la conducción de gremios como la AGD, la izquierda marcó otra perspectiva.

Esta es la confrontación estratégica sobre la cual deberán pronunciarse los estudiantes. La lucha en defensa de los derechos de las mujeres y de la educación pública no está solo atrás, sino sobre todo por delante. Es la amenaza que representa Bolsonaro y su plan de guerra contra los trabajadores. Es el presupuesto que Macri y los gobernadores del PJ negocian a la medida del FMI y que volverá a sacudir a la universidad. Son los pactos de Vidal con la Iglesia para bloquear la educación sexual. Es la persecución judicial sobre los activistas estudiantiles que se desató en Comahue, Córdoba y la UBA. Frente a este panorama, “esperar a 2019” solo conduce a la derrota. Es la hora, por el contrario, de recuperar los centros para una política de lucha.

En Filo, la izquierda ya presentó su lista para defender el CEFyL independiente. La decana Morgade sigue sin poder presentar a su agrupación, El Colectivo, cuando ya se vencieron todos los plazos. La Vallese (JUP) acaba de romper con este armado para ligarse a Épica, que responde al rector Barbieri. En Sociales, se formó un frente que reúne a la totalidad de las agrupaciones de izquierda, Oktubre, y que ofrece una alternativa positiva frente al desbarranque derechista y patotero de la UES. Camuflada de rosa y detrás del número 15, la Cámpora intenta esconder que fue la responsable de llevar a la UES al lugar en el que está.

En Psico, el EPA! (UJS) está peleando por un gran frente de toda la izquierda y los activistas independientes que, de constituirse, podría ganar el centro. El Impulso de los ex Libres del Sur y la Mella no pasó la prueba del movimiento de lucha y terminó abrazado al EDI/Franja Morada en las asambleas. La ruptura de Sur coloca a la actual conducción del CEP en el eje de fuerzas que este sábado peregrinarán a Luján a defender la “santa alianza” entre la burocracia sindical y el Vaticano, un cepo reaccionario contra las reivindicaciones de las mujeres. El movimiento estudiantil de Psico está para más.

En Fadu, presentamos una lista de izquierda junto a 300 candidatos independientes para enfrentar la propuesta de “kirchnerización” del Ceadig que comanda la Corriente, un puente hacia las autoridades privatistas de la facultad. En Agronomía, por último, seguimos batallando por un frente de todo el activismo que recupere el Ceaba, contra las presiones que ejerce la decana peronista Marcela Gally sobre el Fana, agrupación que la votó, para que el movimiento se disipe y se mantenga el statu quo (privatista) de la facultad.

Las agrupaciones de Macri y Barbieri llegan debilitadas a esta última tanda de elecciones y con su “Fuba” trucha bajo amenaza de extinción. A quienes quieren malversar la fuerza de las mujeres y la juventud en pactos con el régimen, respondamos con una votación maciza a la izquierda para poner en pie una dirección estudiantil a la altura del momento histórico. Ahora es cuando.

La expectativa de un “frente democrático contra el fascismo” en Brasil se desvaneció como un suspiro. Los partidos tradicionales no esperaron ni un par de horas para dar “libertad de voto” a su electorado en el segundo turno que tendrá lugar el próximo 28 de octubre. El ‘tutor’ de la democracia, Fernando Henrique Cardoso, se declaró “neutral” frente al balotaje, en tanto que el “nacionalista popular” Ciro Gomes, se fue de viaje a Europa luego de anunciar un “apoyo crítico” a Haddad, acompañado de toda clase de recriminaciones. El pronunciamiento de Cardoso, vinculado con las organizaciones de “defensa de la democracia”, que patrocina EEUU, es una fuerte indicación de la posición del Partido Demócrata de ese país y una muestra del apoyo en bloque de la burguesía norteamericana a Bolsonaro. El ex juez Barbosa, mentado alguna vez como candidato para sustituir a Lula, también restó su apoyo, incluso cuando su partido, el PSB, recibió el respaldo del PT para la gobernación de Pernambuco. El último que se puso en la fila bolsonarista fue Mauricio Macri, al aceptar una llamada de Bolsonaro, quien todavía no es el presidente electo de Brasil. La prensa de Argentina, siempre dispuesta a proclamar su ‘independencia del poder’, no hizo el menor comentario acerca de esta interferencia en las elecciones brasileñas.

Haddad gosta dos militares

Aunque pueda sorprender a más de uno, el puntapié en favor del candidato del alto mando militar, Bolsonaro, lo dio nada menos que el propio Fernando Haddad, su desafiante. El 9 de octubre pasado, cuando habían transcurrido apenas 48 horas de los comicios, “Haddad confirmó que estuvo con el comandante del ejército, general Villas Boas. ‘Fue una buena conversación’”, declaró a la Agencia Brasil.

Como todo el mundo sabe, Villas Boas ha sido el patrocinador de la destitución de Dilma Rousseff, del encarcelamiento de Lula y de la promoción de Bolsonaro. “Al ser interrogado sobre el diálogo con las fuerzas armadas”, prosigue la información, “Haddad dijo que no usa emisarios, pues él mismo y la presidenta del PT, la senadora Gleissi Hoffman (por el estado de Parana), buscan el diálogo. En la conversación con Vilas Boas, el candidato afirmó tener aprecio por las fuerzas armadas. ‘No vamos a tener un Brasil fuerte sin defender los derechos del pueblo’, afirmó. El general lo comprendió”. En oportunidad de la votación de la actual Constitución de Brasil, el PT convalidó la cláusula que determina, entre las facultades de las fuerzas armadas, defender “la ley y el orden” – o sea violentar el régimen constitucional.

El desarrollo político de la campaña por la segunda vuelta elimina cualquier incógnita acerca del ganador, más allá de lo que digan las encuestas. El conjunto de la burguesía ‘caipira’ y la totalidad del sistema político se han puesto al servicio de una victoria plebiscitaria de Bolsonaro. La consecuencia de este alineamiento es que el nuevo Congreso girará en la órbita política del futuro Presidente, en especial cuando se trata de aprobar “enmiendas constitucionales” que requiere dos tercios de los sufragios, como lo exige la madre de todas las ‘reformas’, o sea la previsional. Advirtamos, de paso, que “el candidato del PT defendió hoy la reforma de los regímenes previsionales de los Estados y los municipios. Según él, la medida es necesaria para mejorar las cuentas públicas” (Agencia Brasil). Como ocurre en Argentina, sin embargo, el agujero negro de esas cuentas no son las jubilaciones sino los intereses de la deuda pública, que redondean los cien mil millones de dólares –algo que Haddad conoce muy bien. De acuerdo con el Wall Street Journal (10/10), el buraco del déficit financiero de Brasil es insuperable.

Bonapartismo bicéfalo

A primera vista, con 52 diputados y cuatro senadores, el partido de Bolsonaro sería una minoría excesiva para dominar el Congreso. Es no tener en cuenta la desmoralización completa de las bancadas tradicionales, el PMDB y el PSDB, que han perdido la mitad de la representación política. Es no tener en cuenta tampoco a la denominada bancada del “buey, la biblia y las botas”, pro-Bolsonaro, que reúne a los ruralistas, los evangélicos y los militares, que fueron electos por medio de listas y partidos diferentes pero que forman un poderoso grupo parlamentario ‘horizontal’. En Brasil se ha desarrollado un fenómeno gigantesco de infiltración política por parte de grupos de interés poderosos, que no se declaran como tales ante el electorado. Aunque la representación de las dos primeras agrupaciones ha disminuido, la brecha ha sido colmada por el aumento de las botas, o sea, la representación militar. Lo que en apariencia se presenta como un Congreso sumiso al Ejecutivo, consagrado por su lado en forma plebiscitaria, disimula sin embargo una contradicción explosiva, porque el jefe real de la bancada de “las tres b” es el alto mando militar, no el Presidente. Si en Brasil se configurara un régimen bonapartista, sería, al menos potencialmente, un bonapartismo bicéfalo de votos y botas. El involucramiento de las fuerzas armadas en la gestión política es, salvo excepciones muy especiales, un elemento disolvente del cuerpo militar.

El tránsito político del último gobierno del PT al de Bolsonaro, con el intervalo de Temer, se ha caracterizado por sucesivos golpes de estado, enmascarados en ropaje constitucional. Lo demuestra la alteración sucesiva del régimen político –un proceso que aún no ha concluido. Es obvio que no existe en Brasil un gobierno militar oriundo de un golpe militar; existe algo todavía más sofisticado: un copamiento militar de las instituciones del Estado, a partir de la disolución y desmoralización de las fuerzas políticas tradicionales y del sistema semi-parlamentario. El ejército ejerce virtualmente el poder en Río de Janeiro, bajo la forma de la lucha contra el narcotráfico. La intervención de Río se encuentra acompañada de la acción de “grupos de tareas”, como el que mató a la concejala Marielle Franco y su chofer. Un ejemplo que la prensa brasileña no dejó de destacar es el nombramiento de un asesor militar del presidente del Superior Tribunal, por reclamo del comandante del ejército. El juez, Días Toffoli, fue llevado a esa posición por el gobierno del PT.

Un régimen civil manejado por una camarilla militar no puede ser definido como una alteración menor del sistema constitucional.

Representa, más precisamente, una transición hacia el fascismo, que debe pasar antes por crisis políticas aún mayores y por una lucha de clases de otra intensidad, según se desarrolle la crisis económica y la intervención de los trabajadores. Bolsonaro no es el producto de un movimiento de guerra civil contra la clase obrera y la democracia –que es lo que caracteriza al fascismo. Pero en el ascenso de Bolsonaro se ha ido manifestando una tendencia en esa dirección, que se combina con una acción paramilitar contra los sectores más empobrecidos, bajo el control del ejército. El refugio en definiciones esquemáticas, que esquivan la transición política, es un factor de parálisis en la lucha contra la reacción.

El defaul brasileño

El lugar excepcional de la debacle económica de Brasil se ha puesto de manifiesto en los diez días de la campaña hacia el balotaje, por las manifestaciones contradictorias de Bolsonaro acerca de la política económica de su eventual gobierno, y por otro lado de su gabinete.

Privatizaciones, sí o no, han sido objeto de polémicas en todo el espectro de camarillas que lo rodea. La privatización de Electrobras o Petrobras afectaría fuerte a la industria nacional en beneficio del rentismo de los servicios. Lo mismo vale para el Banco de Desarrollo y la Caja Federal. La unanimidad en favor de la privatización de los fondos de pensiones complementarios del sector público, no está exento de controversias, por el impacto que tendría en el financiamiento, de nuevo, de la industria y, claro, en el plan de elevar la edad jubilatoria de los trabajadores. Dado el apoyo popular que recoge el evangelismo, no sorprende que algunos resistan la ‘reforma previsional’ en su conjunto. Un aspecto central de disputa es el destino de la Amazonia, que un sector militar quiere dejar librada a los intereses ruralistas y por lo tanto a la deforestación, en nombre de la seguridad nacional. El tema desataría una crisis internacional por la alteración que produciría en el clima del planeta, más allá de la disputa con otros designios para la Amazonia. Por encima de todo esto, la crisis internacional de los países emergentes, que ven una salida masiva de capitales, que ahora afecta también a las principales bolsas del mundo, podría hundir a la poderosa Bolsa de Sao Paulo (Bovespa), y desatar una crisis que liquidaría las bases de cualquier gobierno.

Bolsonaro encuentra a Brasil en un estado mucho peor que el que encontró Macri en Argentina –si políticamente Bolsonaro representa una disyuntiva que se podría plantear en Argentina, más claro es que, económicamente, el macrismo muestra dónde puede encallar Bolsonaro a medio camino de su mandato.

América Latina, Argentina

El cambio de gobierno en Brasil transcurre en el marco de una acentuación de la crisis política en toda América Latina; es incluso, ella misma, una reacción a esa crisis. En eso consiste su repercusión en otros países. La marcha de refugiados hondureños a Estados Unidos, previo paso por Guatemala y México, convierte a Centroamérica en una réplica de Medio Oriente y África; plantea una crisis a López Obrador, que ni siquiera ha tomado posesión de la presidencia de México. Otra crisis excepcional se desarrolla en Perú, donde un presidente salido de la nada ha conseguido el encarcelamiento de Keiko Fujimori, cuyo partido domina el Congreso. La ‘paz’ con las Farc, en Colombia, se encuentra semi-derruida, en consecuencia de los asesinatos sin respiro de luchadores populares por bandas paramilitares. El rechazo de la salida al mar para Bolivia, por parte de una corte internacional, anticipa una crisis mayor en las intenciones de reelección de Evo. La lista es larga, pero en ella ocupa un lugar algo más que relevante la tendencia a la desintegración del gobierno de Macri, en medio de una fragmentación incluso superior del peronismo. El ascenso de Bolsonaro es la punta del témpano de procesos golpistas y semi-golpistas en diversos países, aunque el lugar de las fuerzas armadas difiere mucho entre algunos de ellos, y lo mismo ocurre con la intervención de la clase obrera y las fuerzas de izquierda en presencia.

La seguridad de que lo de Brasil no podría ocurrir en Argentina, por diversas razones, unas más arbitrarias y caprichosas que otras, no solo hace gala de ceguera sino también de pedantería. Animada por el Pentágono, Patricia Bullrich impulsa un ‘bolsonarismo’ rioplatense, como lo demuestran sus acciones represivas y hasta sus disputas en el gabinete. Lo más importante, sin embargo, es que Bolsonaro podría encarar una política internacional funcional a sus necesidades internas, por ejemplo armando una coalición político-militar contra Venezuela. Es incuestionable que semejante curso arriesga convertir a América Latina en una hoguera de luchas nacionales y sociales.

Sin embargo podría servir de puente hacia la represión abierta a gobiernos y regímenes que han hecho un uso limitado de ese recurso.

Una semana después del balotaje brasileño tendrán lugar las parlamentarias norteamericanas, que servirán como un termómetro, por defectuoso que fuere, de las tendencias de la crisis política en la mayor potencia capitalista del planeta.

#EleNao

Lo importante no es rechazar ‘a priori’ tal o cual posibilidad o desarrollo de la crisis política, sino hacerle frente con una estrategia y un programa de lucha socialista de clases. El apoyo político a Haddad no sirve para detener a Bolsonaro, ni electoralmente; el PT se ha adaptado a la burguesía brasileña aún antes de que se conozcan los resultados e incluso antes de las elecciones, y ha sido, más precisamente, el responsable político de este ascenso. Es una vía muerta para la clase obrera y para la democracia. Es necesario un frente de combate basado en la lucha de clases. Es lo que deben discutir los sindicatos que acaban de declarar un apoyo verbal a Haddad completamente ineficaz para luchar contra el fascismo y el ajuste.

Nuestro partido llama a marchar el próximo sábado 20 en compañía con las mujeres brasileñas que reclaman EleNao, en una línea no electoral sino de movilización. Asumimos el voto a Haddad contra Bolsonaro como un puente con todos los que buscan ya un camino de lucha por medio de la acción directa y la organización independiente.

La misa masiva que congregó, bajo la sotana de dos importantes arzobispos, al moyanismo, a buena parte del Pejota y al kirchnerismo político y sindical, desató el enojo del macrismo y de sus medios afines. “Macri y la Iglesia, nunca tan mal”, tituló el editorialista N° 1 de La Nación este lunes. Los lenguaraces del oficialismo se indignaron por la indulgencia de los obispos hacia Moyano. Desde luego, no tuvieron el mismo enojo cuando lo más granado de la clase capitalista, en ocasión del Coloquio de Idea, reclamó ser indultada frente al ‘cuaderno gate’.

El choque entre el gobierno y la Iglesia es indudable, y debe anotarse como otro de los síntomas de desagregación del régimen. Otra cosa muy distinta es atribuirles a los obispos una intención ´disolvente’ respecto del orden económico y político considerado en su conjunto. Lo que en verdad ocurre es que el clero -y en primer lugar, el Vaticano- ha tomado nota del derrumbe económico y político del gobierno, sobre el cual revolotea el fantasma de una reacción obrera y popular contra la bancarrota en curso. De cara a esa realidad, la Iglesia ha salido a trabajar en un amplio operativo preventivo, dirigido a colocar en caja a la perspectiva de una rebelión popular.

Toma y daca

Detrás de este propósito, la misa de Luján ha sido el escenario de un toma y daca muy claro entre curas y burócratas. Del lado de los primeros, los responsables de una institución golpeada por una de las movilizaciones de masas más grandes de la historia -la “marea verde” por el aborto legal- y por las denuncias más atroces de abusos sexuales, ha salido a revestirse con un barniz de reivindicaciones “antiajuste” y, en ese trabajo, reforzar su cooptación de las cúpulas sindicales y ´piqueteras´ en favor de su orientación reaccionaria.

“Algunos observaron -dice La Nación- que en la misa del sábado predominaron banderas celestes y blancas y no se vieron pañuelos verdes, (los cuales) forman parte del folklore de todas las manifestaciones”. La Iglesia, por lo tanto, sacó su tajada de los ´servicios espirituales´ que prestó en Luján. A cambio de ello, los Moyano lograron una bendición, en medio de las acusaciones extorsivas de la Justicia y el gobierno en relación con sus manejos económicos. La amenaza de un “paro en defensa propia” por parte del espacio del 21F quedó rápidamente archivada, y fue reemplazada por una misa.

Junto al intercambio de favores, Iglesia y burocracia fueron a misa detrás de un interés común: “administrar” la inquietud popular frente al crecimiento de la miseria social, los tarifazos, la caída del salario y los despidos. La colocación de los sindicatos bajo el sermón de una misa es una perspectiva antagónica a cualquier lucha en serio para derrotar al ajuste.

Relevo político

La Iglesia, sin embargo, no sólo trabaja por “adormecer” la lucha contra el gobierno. En las primeras filas del rezo de Luján, y junto a la burocracia, se encontraba un amplio espectro de dirigentes pejotistas y kirchneristas, de los intendentes a La Cámpora, de Guillermo Moreno a Daniel Scioli. La Iglesia trabaja activamente para encauzar un relevo político que no rompa los cauces de los partidos y bloques que, en el Congreso o en las provincias, acompañan la orientación estratégica de trasladarle a las masas la factura de la crisis nacional.

Dos días después de Luján, otro clerical, Felipe Solá, se candidateaba oficiosamente como presidenciable de un “panperonismo”, con afinidad con otro de los principales amigos del Papa, Juan Grabois. En el camino, se llevaron a Victoria Donda y su pañuelo verde. Los piqueteros de Libres del Sur no han tenido empacho en salir a caucionar a uno de los responsables políticos del Puente Pueyrredón, y amigo del mismo Vaticano que se empeñó a fondo para frustrar la sanción del aborto legal. Solá se prueba el traje que podría dejar vacante un agravamiento de la situación judicial de CFK, cargándose en una bolsa común al pejotismo y al kirchnerismo. Scioli también se ha anotado para esta “unidad” que ha sido bendecida en Luján el sábado pasado, y cuyo programa se adivina: mantenerse en el redil del FMI, pero discutir la “contención social”; dejar intactas las “conquistas” del macrismo en materia de entrega nacional y confiscación a las masas -Scioli saludó en Tucumán ´los avances en Vaca Muerta´. Y mantener a raya a la enorme movilización desatada contra el clero y por los derechos de las mujeres. Este fue el mensaje de Luján.

Los socios políticos y sindicales del Vaticano no pueden ni quieren derrotar a la masacre social que perpetra el macrismo. Son socios en la aprobación del Presupuesto 2019, pieza fundamental del pacto colonial con el Fondo. En oposición a esa política sin futuro, luchemos por un Congreso de bases de todas las centrales y sindicatos, para resolver un paro activo y un plan de lucha a fondo, hasta la huelga general para derrotar al gobierno fondomonetarista e imponer una Asamblea Constituyente libre y soberana, que adopte las medidas elementales para que la crisis la paguen los capitalistas y, también, el fin del Estado clerical.

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Varias horas antes de tener en la mano la aprobación del Presupuesto 2019 por parte de Diputados, el gobierno le envió un primer ‘adelanto’ a los directivos del FMI. Nos referimos a la brutal represión de los alrededores del Congreso, que terminó con la detención de 26 compañeros y numerosos heridos. Al igual que cuando se trató la reforma previsional, las fuerzas de Patricia Bullrich y de Rodríguez Larreta montaron una provocación represiva para ‘despejar’ al Congreso de la movilización popular. De todos modos, la represión no puede ocultar cuál fue la llave principal para la aprobación del Presupuesto puertas adentro del recinto: el acuerdo que selló el macrismo con los gobernadores pejotistas, permitiendo sumar los votos de la mayoría de los diputados del bloque “Argentina Federal”.

Este fue el telón de fondo que rodeó a la votación del Presupuesto 2019, después de que fuera aprobado en comisión apenas unas horas antes. La votación a marcha forzada tiene su explicación: en dos días, el directorio del FMI deberá aprobar su segunda “asistencia” a la Argentina, bajo la condición de que esté votado el Presupuesto de ajuste. Sin el aval del Fondo, oficialistas y “opositores” saben muy bien que el edificio económico del macrismo podría hundirse definitivamente. En suma, el Congreso ha votado un mero anexo del acuerdo pactado entre Nicolás Dujovne y la presidenta del FMI.

El Presupuesto consagra una reducción real de los gastos en salud y educación (-16%), ya que los ‘aumentos’ previstos estarán muy por debajo de la inflación calculada. La obra pública caerá, en términos reales, más de un 30%. Mientras tanto, los intereses de deuda llegarán a representar casi el 20% del Presupuesto total, al que se lo sigue presentando mentirosamente como de “déficit cero”. Para cerrar el acuerdo con los diputados pejotistas de provincias del interior, el gobierno presentó supuestas “concesiones” a sus reclamos, cuya verdadera función es disimular el ajuste. Por caso, les reasignaron a las provincias 6.000 millones de pesos para subsidios al transporte… ¡después de haberlas despojado de 45.000 millones por ese mismo rubro! Las verdaderas prebendas, en cambio, se las llevó la oligarquía: en las últimas horas, se preveía exceptuar la alícuota de “bienes personales” a los inmuebles rurales. Las retenciones a la soja, originalmente previstas en 33%, se redujeron al 30%. Sigue en pie la rebaja de los aportes patronales, cuya eliminación estaba prevista en el proyecto original. El Presupuesto refrenda el acuerdo entre el FMI, Macri y los gobernadores, tanto oficialistas como opositores, incluido el kirchnerismo, para transferirle a los explotados los platos rotos de la quiebra del régimen macrista. Este acuerdo, por sobre todas las cosas, tiene como punto de partida la megadevaluación y la carestía infernal, que ha hecho estragos en el bolsillo popular y los gastos sociales.

El Congreso y la calle

Pero la colaboración con el Presupuesto de ajuste no se limitó al Congreso. Aunque la movilización de este miércoles fue importante y combativa, ella recayó principalmente sobre el clasismo, las organizaciones de desocupados y la izquierda. El kirchnerismo sindical y político -incluyendo al moyanismo- movilizó con pequeñas delegaciones. La Bancaria levantó el paro que tenía previsto para este miércoles, y lo mismo ocurrió con una medida de fuerza dispuesta por Camioneros. A su vez, y aunque Ctera paró, su movilización fue exigua, con excepción de los Suteba combativos. En cambio, a ninguno de ellos les tembló el pulso cuatro días antes para concretar la misa multitudinaria de Luján, bajo la batuta de dos arzobispos. Más allá de los sermones y los llamados a la “paz social”, la movilización clerical cumplió el claro objetivo de “alternativizar” la marcha contra el Presupuesto y, a su turno, restarle fuerza. La burocracia sindical y los intendentes que pusieron los huevos en la canasta de Luján son los mismos que pegaron el faltazo a las puertas del Congreso. Este episodio es altamente educativo respecto de la función del Vaticano en la crisis política. Los obispos están empeñados en evitar una reacción obrera y popular de carácter general contra el derrumbe económico, algo que los identifica por completo con la burocracia sindical. Al mismo tiempo, trabajan para que el relevo político del macrismo no se salga del orden económico impuesto por los ajustadores.

Perspectivas

La votación de este miércoles podrá servir de salvoconducto para que el FMI libere los fondos prometidos a Macri-Dujovne. Pero ni el Presupuesto de ajuste ni el nuevo acuerdo con el Fondo reúnen las condiciones para hacer emerger al gobierno y al régimen de la crisis en curso. Los recursos aportados por el anterior acuerdo con el Fondo fueron devorados en sólo dos meses por la fuga de capitales. Hoy, esa sangría sólo se contiene en base al endeudamiento usurario del Banco Central, el cual envuelve en forma creciente a los depósitos de los bancos. Han circulado versiones sobre el cambio compulsivo de las actuales letras de liquidez -que vencen cada siete días- por bonos a mayor plazo, una medida que no podría atravesarse sin un choque con los bancos y sin una crisis política. El retorno al superávit comercial -que el gobierno ha celebrado en estos días- se ha logrado a costa del derrumbe de las importaciones de insumos, como consecuencia de la feroz recesión. El Presupuesto aprobado contribuirá a agravar ese derrumbe industrial y el de la obra pública. En otro orden, la agenda antiobrera de ese mismo Presupuesto reforzará la deliberación y tensión al interior de los sindicatos, a pesar de los esfuerzos de contención de la burocracia y sus padrinos clericales. En oposición a ellos, luchamos para que los trabajadores intervengan en la crisis con una política de lucha. A eso apunta nuestro planteo en favor de un Congreso de bases de todas las centrales y sindicatos, para resolver un inmediato paro activo, un plan de lucha y la preparación de la huelga general contra el “presupuesto de guerra” y todo el régimen ajustador.

Finalmente, la aprobación del Presupuesto es un episodio mayor de la crisis de régimen y de su fragmentación política. Al consagrar la “escribanía del FMI” -así llaman algunos al Congreso argentino-, los partidos del régimen, que invocan la representación popular, han quedado reducidos a mandaderos del capital internacional. El kirchnerismo y sus socios, que seguirán asociados al FMI si les toca gobernar, no escapan a esa condición.

Mientras se agravan los antagonismos sociales, todos los bloques políticos velan sus armas para intervenir en la crisis política. El Frente de Izquierda tiene la responsabilidad de levantar un planteo de poder y acompañarlo con una enérgica campaña y un acto público de masas, por el Congreso de bases, para que se vayan Macri y el régimen corrupto y fondomonetarista, y se convoque a una Constituyente libre y soberana que adopte las medidas urgentes para que el derrumbe de la gestión macrista lo paguen sus inspiradores -los capitalistas.

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“Bajo las balas y los gases no debe continuar la sesión”

El Superior Tribunal de Justicia -algo así como la Corte Suprema porteña- acaba de restaurar el protocolo de aborto no punible que, en diciembre de 2012, decidió a su sola firma el entonces ministro de Salud de Mauricio Macri, Jorge Lemus. En lo sucesivo, para que se efectúe un aborto no penalizado en una ciudad donde un millón de manifestantes reclamó la legalización del aborto lisa y llana, las gestantes deberán cumplir requisitos que no figuran ni en el Código Penal ni en el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que no hace otra cosa más que confirmar lo que rige en el Código desde 1921). A saber:

Los abortos no punibles en caso de violación deberán realizarse dentro de las 12 semanas. Ni el Código Penal ni el fallo FAL fijan plazos.

En los hospitales públicos, un equipo interdisciplinario deberá probar que la salud o la vida de la madre corre grave peligro, con la firma del director del hospital. El art. 86 del Código y el Fallo FAL dicen que la decisión del aborto no punible es cuestión de la embarazada y su médico.

Finalmente, las adolescentes mayores de 14 años deberán contar con la autorización de los padres para interrumpir su embarazo.

Es un pérfido ataque a los derechos de mujeres y gestantes, y especialmente de las más humildes. Muchas, después del shock de una violación, tardan más de 12 semanas en animarse a pedir ayuda. En los devastados hospitales porteños armar un “equipo interdisciplinario” es una fantasía. Exigir autorización de los padres en el caso de las adolescentes es una burla en el país con mayor tasa de embarazo adolescente de América Latina y el Caribe (Clarín, 17/10).

El fallo FAL dictaminó que esas exigencias son anticonstitucionales y ratificó que no es pertinente que la Justicia se expida ante cada aborto. Sin embargo, el STJ las restauró arguyendo que su sentencia no es de fondo sino de forma, y que quien no esté de acuerdo siempre puede apelar a la Justicia. Promueven la vía judicial porque es una estrategia clerical dilatoria muy efectiva para demorar o impedir los abortos no punibles.

El protocolo de Lemus, el más restrictivo del país, le costó el puesto en 2012 a su autor. Por tres votos a uno, con un argumento técnico, el STJ porteño ahora impugna el fallo de Cámara que lo calificó como anticonstitucional y lo restablece. Se coloca por encima del Código Penal y de pactos internacionales que reconocen el derecho a los abortos no punibles.

Todos los poderes del Estado se inclinan ante las Iglesias Católica y evangélicas en sus ataques contra las mujeres. La señal de largada la dio en julio el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ofreció la Ciudad de Buenos Aires al Sagrado Corazón de Jesús y el de su madre, la Virgen María, en el Tedeum. Días después, ecuménico, aceptó ser exorcizado por un grupo de pastores evangélicos. No está solo: la burocracia sindical presta la sede de la CGT para presentar un libro de los defensores del aborto clandestino. Los Moyano, los kirchneristas y el tridente piquetero peregrinan de San Cayetano a Luján.

Son los que responsables de la avanzada clerical: la semana pasada, militantes católicas y evangélicas, acompañadas por Marcelo Breide Obeid, un abogado vinculado con el clero y el Ejército, y el periodista Mariano Obarrio, del diario La Nación, montaron un piquete e ingresaron disfrazados de trabajadores de la salud al Hospital Rivadavia para intentar impedir la práctica de un aborto no punible. El gobierno y la Justicia miraron para otro lado.

Los derechos de las mujeres son un botín anhelado de los clericales. Hay que ganar las calles para defendernos.

Versão em português

La campaña por el balotaje en Brasil, que se dirimirá el domingo que viene, se ha desarrollado como habíamos previsto en las páginas de “Prensa Obrera”. Mientras Jair Messias Bolsonaro acentuó el carácter militarista y fascista de sus planteos políticos, Fernando Haddad, el candidato del PT, procuró acercarse al establishment político tradicional de Brasil, incluso al alto mando militar. El empeño no le deparó ningún resultado positivo, porque tanto la Bolsa como la jefatura del Ejército apoyan decididamente a Bolsonaro, financian su campaña y tutelan su programa. La campaña del PT ha sido un caso de rotunda ficción política.

Un fascista con celular

En este cuadro de conjunto, Bolsonaro aprovechó las concentraciones en su apoyo, que tuvieron lugar el domingo pasado, para exponer en forma abierta un programa fascista. Dijo que el PT y sus militantes, que reunirán, de todos modos, unos cincuenta millones de votos en la segunda vuelta, deberán elegir “entre el exilio y la cárcel”. Aseguró que barrería “a los rojos y a las organizaciones sociales” de Brasil y que establecería “una retaguardia jurídica” para proteger a la represión policial, incluido el gatillo fácil. Sostuvo que “Lula se pudrirá en la cárcel”, cuando el ex presidente tiene en trámite una apelación a su condena en el Tribunal Superior de Justicia. Para evitar cualquier duda sobre el carácter fascista de sus planteos, amenazó con sacar de circulación al diario Folha de São Paulo, que ha sido, sin embargo, un pilar en la campaña de destitución, en su momento, de Dilma Rousseff, así como de los ataques al Partido de los Trabajadores. La diatriba de Bolsonaro, que fue emitida desde su casa por medio de un celular, lejos del clima de agitación de una tribuna pública, culminó una semana de denuncias contra la campaña de noticias falsas que su entorno político desarrolló en forma masiva por las redes sociales, financiada por grandes corporaciones capitalistas brasileñas.

Todas estas bravatas vuelven a plantear la cuestión acerca del carácter fascista de Bolsonaro. Un sector heterogéneo de la izquierda, tanto política como académica, se ha esforzado por negarle a Bolsonaro esa condición. Descripciones tales como “neo-fascista” o “proto-fascista” apuntan a presentarlo como una suerte de ‘fascista institucional’, que no pretendería crear “un Estado totalitario” y que se vería forzado a actuar en un marco parlamentario de división de poderes. Se trata de caracterizaciones estáticas -o sea, que carecen de una perspectiva del proceso tomado en su conjunto. Benito Mussolini, por ejemplo, el jefe del fascismo italiano, no impuso un Estado totalitario hasta fines de 1925, cuatro años después de su ascenso al gobierno, con el pretexto de poner fin a la crisis desatada por el asesinato, en junio de 1924, del diputado socialista Giacomo Mateotti. Las leyes raciales contra la comunidad judía fueron promulgadas tardíamente, en 1938, bajo la presión de Hitler. El fascismo debe ser combatido en su nido, no después que se haya consolidado bajo la forma de un régimen bonapartista. Rodrigo Duterte, el asesino serial que gobierna Filipinas desde hace dos años con el método del gatillo fácil y los escuadrones de la muerte, reúne aún hoy un 75% de adhesión según los sondeos, aunque su régimen da señales claras de un agotamiento político.

“Construyendo poder"

El partido de Bolsonaro, el PSL, hasta ahora insignificante, obtuvo en la primera vuelta 8 millones de votos, por sí solo, y 52 parlamentarios; llegó a casi 50 millones de votos por el apoyo a su candidatura por parte de otros partidos. El ‘bolsonarismo’, como corriente, se encuentra representado en otros partidos -lo cual amplía mucho lo que sería su bancada en el nuevo Congreso. Un informe destaca (Nueva Sociedad) que “también hay otros (electos) aún desconocidos para la mayor parte del público y que salieron de las urnas con una votación aplastante en sus estados y llegaron a la Cámara con la moral alta y de la mano de Bolsonaro”. Se ha consagrado una representación transversal a los partidos (ruralismo, evangélicos, militares) que podría “garantizar la mayoría absoluta de los votos”. En estas condiciones, “no será una sorpresa que el PSL avance en un arreglo institucional con partidos menores, que ya están tímidamente bajo su órbita”. Esto podría convertirse en “el laboratorio para la creación de un nuevo partido”, de acuerdo a la Folha de São Paulo. Bolsonaro se transformaría de francotirador en el caudillo de un aparato que sería utilizado para construir una base militante. El proto o neofascismo empezaría a tomar la forma del fascismo sin prefijos.

Tanto el ruralismo como los evangélicos y militares ya transitan este camino (de los 52 diputados de Bolsonaro, veinte son policías y militares). Los asesinatos en el campo crecen todo el tiempo, como consecuencia de la lucha contra el campesinado y los trabajadores sin tierra. El evangelismo es un movimiento de masas, galvanizado por un aparato financiero poderoso y una ideología. Los militares y la policía desempañan un rol mayúsculo en la represión y en la organización y encubrimiento de los escuadrones de la muerte. Un sector del capital financiero plantea deforestar la Amazonia y privatizar su biodiversidad, para abrir paso al capital sojero y a los grandes laboratorios internacionales. Bolsonaro se ve obligado a gobernar con métodos bonapartistas, debido a las resistencias de las Fuerzas Armadas a entregar el poder a un caudillo, que acabaría copando con su gente la dirección militar. Varios electos, en especial en los estados de Paraná y Santa Catarina, son activistas jóvenes de barras militarizadas de derecha (Nueva Sociedad), incluido un jefe militar que pasó por el comando de unidades.

Caracterización

La crisis de conjunto de Brasil, así como su condición de país periférico, pueden determinar alteraciones en una perspectiva reaccionaria sin matices. Con una deuda pública del ciento por ciento del PBI y un déficit del Tesoro de 100 mil millones de dólares al año, Brasil deberá ser arrastrado por la crisis que atraviesan las naciones llamadas ‘emergentes’ y será forzado a realizar virajes o incluso cambios de política. Es lo que ha ocurrido recientemente con el turco Erdogan, que está embarcado desde hace tiempo en una retórica anti-Trump. Un nacionalista famoso, el chino Chiang Kai-sek, se vio obligado a ensayar una suerte de resistencia contra Japón, a mediados de los ’30 del siglo pasado, tiempo después de haber ejecutado una masacre mayor de militantes del Partido Comunista. La ruta del fascismo brasileño deberá atravesar por esos mismos escollos y, en particular, por las sacudidas enormes que no dejará de provocar la crisis mundial. La mejor caracterización y el mejor pronóstico político pueden convertirse en un obstáculo en lugar de servir como guía, si se presentan en forma esquemática.

La evidencia de una derrota ha desarrollado en el PT una ola de ‘autocríticas’ -como ocurre siempre bajo la impronta del hecho ya consumado. En general, apuntan a que careció de una política de unidad del llamado campo democrático, o que no profundizó “las reformas”, que nadie sabe cuáles debían haber sido. Sobre el primer ‘error’, digamos que gobernó trece años aliado a los partidos patronales tradicionales, que se aprovecharon de las ventajas de esa alianza para destituirlo de la presidencia de Brasil. En relación con lo segundo, fue Lula quien inició la era de las “reformas previsionales” y quien continuó con los pactos fiscales con los estados de la federación, que había impuesto el gobierno precedente. El propio Haddad ha prometido continuar por esa vía. Las ‘autocríticas’ democratizantes terminan siendo siempre charlatanerías y autojustificaciones. El ‘campo democrático’, en Brasil, ha asumido una posición expectante respecto a Bolsonaro; teme desairar a la burguesía y disgustar al electorado de Bolsonaro con lo que podría ser interpretado como un planteo pro-PT. En Estados Unidos, el Partido Demócrata no ha llegado todavía a ese extremo en relación con Trump, aunque acompaña la tendencia. Después de todo, Trump se ha impuesto sobre todos sus opositores dentro del Partido Republicano.

Organizar el combate en toda América Latina

Como ya ocurriera en Alemania e Italia, para ejemplificar, antes del ascenso fascista o nazi, la clase obrera de Brasil no está derrotada, pero sí desmoralizada en uno u otro grado -la etapa previa a la derrota. Por eso es necesario pegar un viraje de magnitud, que el PT, en cuanto tal, no tiene posibilidad de realizar. El planteo de la hora es “frente único contra el fascismo”, cuyo primer destinatario es el conjunto de organizaciones obreras. Es urgente la convocatoria de un Congreso de delegados electos para establecer un plan de lucha en defensa de las conquistas y de las libertades democráticas, y una organización adaptada a la necesidad de combatir a la represión y a los ataques de las bandas fascistas. Los militantes del PT deben proceder a un viraje que la dirección política de ese partido es incapaz de hacer.

Es una obligación del conjunto de la izquierda de América Latina, que combate la conciliación de clases y la integración al Estado patronal, iniciar una deliberación política. El giro en Brasil afecta al conjunto del continente y, por sobre de todo, de las masas. Los gobiernos bolivarianos van a utilizar una victoria de Bolsonaro para justificar sus propias políticas de regimentación del movimiento obrero y represión de sus luchas, con el argumento de que ellos serían una barrera al fascismo -sin reparar que utilizan sus métodos, aunque en cuadros políticos diferentes. La única barrera al fascismo es la movilización independiente de las masas. Recordemos un hecho que se menciona con frecuencia: el parlamento del Frente Popular, electo en Francia en 1936, terminó echando a la bancada comunista, encarcelando a socialistas y firmando la rendición ante la invasión alemana. La historia no se repite a la letra, pero ayuda a pensar.

Reiteramos: llamamos a votar al PT el domingo próximo, sin brindarle ningún apoyo político -y, aún más, denunciando su responsabilidad en este retroceso-, como un puente hacia todos los luchadores, cuyo fin es organizar la acción directa contra el fascismo y combatir sus métodos de guerra civil reaccionaria.

Versão em português

La campaña por el balotaje en Brasil, que se dirimirá el domingo que viene, se ha desarrollado como habíamos previsto en las páginas de “Prensa Obrera”. Mientras Jair Messias Bolsonaro acentuó el carácter militarista y fascista de sus planteos políticos, Fernando Haddad, el candidato del PT, procuró acercarse al establishment político tradicional de Brasil, incluso al alto mando militar. El empeño no le deparó ningún resultado positivo, porque tanto la Bolsa como la jefatura del Ejército apoyan decididamente a Bolsonaro, financian su campaña y tutelan su programa. La campaña del PT ha sido un caso de rotunda ficción política.

Un fascista con celular

En este cuadro de conjunto, Bolsonaro aprovechó las concentraciones en su apoyo, que tuvieron lugar el domingo pasado, para exponer en forma abierta un programa fascista. Dijo que el PT y sus militantes, que reunirán, de todos modos, unos cincuenta millones de votos en la segunda vuelta, deberán elegir “entre el exilio y la cárcel”. Aseguró que barrería “a los rojos y a las organizaciones sociales” de Brasil y que establecería “una retaguardia jurídica” para proteger a la represión policial, incluido el gatillo fácil. Sostuvo que “Lula se pudrirá en la cárcel”, cuando el ex presidente tiene en trámite una apelación a su condena en el Tribunal Superior de Justicia. Para evitar cualquier duda sobre el carácter fascista de sus planteos, amenazó con sacar de circulación al diario Folha de São Paulo, que ha sido, sin embargo, un pilar en la campaña de destitución, en su momento, de Dilma Rousseff, así como de los ataques al Partido de los Trabajadores. La diatriba de Bolsonaro, que fue emitida desde su casa por medio de un celular, lejos del clima de agitación de una tribuna pública, culminó una semana de denuncias contra la campaña de noticias falsas que su entorno político desarrolló en forma masiva por las redes sociales, financiada por grandes corporaciones capitalistas brasileñas.

Todas estas bravatas vuelven a plantear la cuestión acerca del carácter fascista de Bolsonaro. Un sector heterogéneo de la izquierda, tanto política como académica, se ha esforzado por negarle a Bolsonaro esa condición. Descripciones tales como “neo-fascista” o “proto-fascista” apuntan a presentarlo como una suerte de ‘fascista institucional’, que no pretendería crear “un Estado totalitario” y que se vería forzado a actuar en un marco parlamentario de división de poderes. Se trata de caracterizaciones estáticas -o sea, que carecen de una perspectiva del proceso tomado en su conjunto. Benito Mussolini, por ejemplo, el jefe del fascismo italiano, no impuso un Estado totalitario hasta fines de 1925, cuatro años después de su ascenso al gobierno, con el pretexto de poner fin a la crisis desatada por el asesinato, en junio de 1924, del diputado socialista Giacomo Mateotti. Las leyes raciales contra la comunidad judía fueron promulgadas tardíamente, en 1938, bajo la presión de Hitler. El fascismo debe ser combatido en su nido, no después que se haya consolidado bajo la forma de un régimen bonapartista. Rodrigo Duterte, el asesino serial que gobierna Filipinas desde hace dos años con el método del gatillo fácil y los escuadrones de la muerte, reúne aún hoy un 75% de adhesión según los sondeos, aunque su régimen da señales claras de un agotamiento político.

“Construyendo poder"

El partido de Bolsonaro, el PSL, hasta ahora insignificante, obtuvo en la primera vuelta 8 millones de votos, por sí solo, y 52 parlamentarios; llegó a casi 50 millones de votos por el apoyo a su candidatura por parte de otros partidos. El ‘bolsonarismo’, como corriente, se encuentra representado en otros partidos -lo cual amplía mucho lo que sería su bancada en el nuevo Congreso. Un informe destaca (Nueva Sociedad) que “también hay otros (electos) aún desconocidos para la mayor parte del público y que salieron de las urnas con una votación aplastante en sus estados y llegaron a la Cámara con la moral alta y de la mano de Bolsonaro”. Se ha consagrado una representación transversal a los partidos (ruralismo, evangélicos, militares) que podría “garantizar la mayoría absoluta de los votos”. En estas condiciones, “no será una sorpresa que el PSL avance en un arreglo institucional con partidos menores, que ya están tímidamente bajo su órbita”. Esto podría convertirse en “el laboratorio para la creación de un nuevo partido”, de acuerdo a la Folha de São Paulo. Bolsonaro se transformaría de francotirador en el caudillo de un aparato que sería utilizado para construir una base militante. El proto o neofascismo empezaría a tomar la forma del fascismo sin prefijos.

Tanto el ruralismo como los evangélicos y militares ya transitan este camino (de los 52 diputados de Bolsonaro, veinte son policías y militares). Los asesinatos en el campo crecen todo el tiempo, como consecuencia de la lucha contra el campesinado y los trabajadores sin tierra. El evangelismo es un movimiento de masas, galvanizado por un aparato financiero poderoso y una ideología. Los militares y la policía desempañan un rol mayúsculo en la represión y en la organización y encubrimiento de los escuadrones de la muerte. Un sector del capital financiero plantea deforestar la Amazonia y privatizar su biodiversidad, para abrir paso al capital sojero y a los grandes laboratorios internacionales. Bolsonaro se ve obligado a gobernar con métodos bonapartistas, debido a las resistencias de las Fuerzas Armadas a entregar el poder a un caudillo, que acabaría copando con su gente la dirección militar. Varios electos, en especial en los estados de Paraná y Santa Catarina, son activistas jóvenes de barras militarizadas de derecha (Nueva Sociedad), incluido un jefe militar que pasó por el comando de unidades.

Caracterización

La crisis de conjunto de Brasil, así como su condición de país periférico, pueden determinar alteraciones en una perspectiva reaccionaria sin matices. Con una deuda pública del ciento por ciento del PBI y un déficit del Tesoro de 100 mil millones de dólares al año, Brasil deberá ser arrastrado por la crisis que atraviesan las naciones llamadas ‘emergentes’ y será forzado a realizar virajes o incluso cambios de política. Es lo que ha ocurrido recientemente con el turco Erdogan, que está embarcado desde hace tiempo en una retórica anti-Trump. Un nacionalista famoso, el chino Chiang Kai-sek, se vio obligado a ensayar una suerte de resistencia contra Japón, a mediados de los ’30 del siglo pasado, tiempo después de haber ejecutado una masacre mayor de militantes del Partido Comunista. La ruta del fascismo brasileño deberá atravesar por esos mismos escollos y, en particular, por las sacudidas enormes que no dejará de provocar la crisis mundial. La mejor caracterización y el mejor pronóstico político pueden convertirse en un obstáculo en lugar de servir como guía, si se presentan en forma esquemática.

La evidencia de una derrota ha desarrollado en el PT una ola de ‘autocríticas’ -como ocurre siempre bajo la impronta del hecho ya consumado. En general, apuntan a que careció de una política de unidad del llamado campo democrático, o que no profundizó “las reformas”, que nadie sabe cuáles debían haber sido. Sobre el primer ‘error’, digamos que gobernó trece años aliado a los partidos patronales tradicionales, que se aprovecharon de las ventajas de esa alianza para destituirlo de la presidencia de Brasil. En relación con lo segundo, fue Lula quien inició la era de las “reformas previsionales” y quien continuó con los pactos fiscales con los estados de la federación, que había impuesto el gobierno precedente. El propio Haddad ha prometido continuar por esa vía. Las ‘autocríticas’ democratizantes terminan siendo siempre charlatanerías y autojustificaciones. El ‘campo democrático’, en Brasil, ha asumido una posición expectante respecto a Bolsonaro; teme desairar a la burguesía y disgustar al electorado de Bolsonaro con lo que podría ser interpretado como un planteo pro-PT. En Estados Unidos, el Partido Demócrata no ha llegado todavía a ese extremo en relación con Trump, aunque acompaña la tendencia. Después de todo, Trump se ha impuesto sobre todos sus opositores dentro del Partido Republicano.

Organizar el combate en toda América Latina

Como ya ocurriera en Alemania e Italia, para ejemplificar, antes del ascenso fascista o nazi, la clase obrera de Brasil no está derrotada, pero sí desmoralizada en uno u otro grado -la etapa previa a la derrota. Por eso es necesario pegar un viraje de magnitud, que el PT, en cuanto tal, no tiene posibilidad de realizar. El planteo de la hora es “frente único contra el fascismo”, cuyo primer destinatario es el conjunto de organizaciones obreras. Es urgente la convocatoria de un Congreso de delegados electos para establecer un plan de lucha en defensa de las conquistas y de las libertades democráticas, y una organización adaptada a la necesidad de combatir a la represión y a los ataques de las bandas fascistas. Los militantes del PT deben proceder a un viraje que la dirección política de ese partido es incapaz de hacer.

Es una obligación del conjunto de la izquierda de América Latina, que combate la conciliación de clases y la integración al Estado patronal, iniciar una deliberación política. El giro en Brasil afecta al conjunto del continente y, por sobre de todo, de las masas. Los gobiernos bolivarianos van a utilizar una victoria de Bolsonaro para justificar sus propias políticas de regimentación del movimiento obrero y represión de sus luchas, con el argumento de que ellos serían una barrera al fascismo -sin reparar que utilizan sus métodos, aunque en cuadros políticos diferentes. La única barrera al fascismo es la movilización independiente de las masas. Recordemos un hecho que se menciona con frecuencia: el parlamento del Frente Popular, electo en Francia en 1936, terminó echando a la bancada comunista, encarcelando a socialistas y firmando la rendición ante la invasión alemana. La historia no se repite a la letra, pero ayuda a pensar.

Reiteramos: llamamos a votar al PT el domingo próximo, sin brindarle ningún apoyo político -y, aún más, denunciando su responsabilidad en este retroceso-, como un puente hacia todos los luchadores, cuyo fin es organizar la acción directa contra el fascismo y combatir sus métodos de guerra civil reaccionaria.

Con la aprobación, por parte del FMI, del nuevo acuerdo con el gobierno macrista, han salido a la luz los términos del pretendido "rescate" de Argentina. Los 57.000 millones de dólares totales de la “ayuda” al país sólo existen como garantía de última instancia para el pago de la deuda externa a los acreedores internacionales. Como prueba de ello, el Fondo ya aclaró que los primeros desembolsos de dinero quedarán en una cuenta “en reserva” del Banco Central, ya que el Tesoro “no tendrá necesidades de utilizarlos para su financiamiento”.

Detrás de esta “falta de necesidad” está el brutal ajuste del gasto corriente resuelto en el Presupuesto 2019, contra la salud, la educación, la obra pública y las provincias. Con esos recursos, el Fondo tampoco quiere alimentar corridas cambiarias: por eso, el acuerdo ratifica que la tasa de interés de referencia “no debe ser inferior al 60%”. O sea que consagra la política de colapso del crédito con la cual se ha frenado en las últimas semanas la devaluación de la moneda. No sorprende, en este cuadro, que los pronósticos del FMI anticipen un derrumbe económico todavía más agudo del que habían previsto sus propios técnicos y los funcionarios oficiales.

Abriendo el paraguas

En efecto: las perspectivas que el Fondo traza para la evolución del régimen macrista se parecen más a un certificado de defunción que a un diagnóstico. El Fondo considera a la deuda argentina “sustentable, pero no con alta probabilidad” (sic). O sea que abre el paraguas frente a una crisis de deuda que conduzca a un defol concertado -“reprogramación”- o a un desbarranque aún mayor. En ese sentido, el ‘diagnóstico’ fondomonetarista se ampara repetidamente en la crisis financiera global.

Pero estos pronósticos funestos tienen un claro objetivo: abrir la puerta a una escalada todavía más grave contra trabajadores y jubilados. El informe del FMI no escatima críticas al ajuste macrista, al que califica de “baja calidad”. Sin decirlo, se refiere a que el recorte del gasto se ha fundado, hasta ahora, en la brutal devaluación de la moneda, que ha licuado los desembolsos en salarios, jubilaciones y gastos sociales. Una revaluación, se queja el Fondo, elevaría a su turno a estos gastos medidos en dólares. La receta que emerge de ello es clara: por un lado, un plan de despidos masivos en el Estado, que el gobierno buscará ejecutar parcialmente con el vencimiento de contratos precarios a fines de este año. Del otro lado, el acuerdo Macri-FMI indica “una nueva reforma del sistema de pensiones”. Este es el acuerdo colonial y antiobrero que contó con el cheque en blanco del Congreso, cuando los diputados del gobierno y el Pejota votaron el Presupuesto de ajuste. La base de estos recortes, a su turno, fue acordada con un amplio abanico de gobernadores que incluyó a Alicia Kirchner.

En la tarde en que se conoció el acuerdo, llamó la atención que los bonos argentinos nominados en dólares no experimentaran repunte alguno. Algún operador destacó que “el apetito del mercado argentino se concentra en el corto plazo”. O sea, en el aprovechamiento de la transitoria bicicleta que aportan las tasas de interés exorbitantes y el dólar por ahora estable. Los propios especuladores -al igual que el FMI- no creen en el acuerdo brutal que le han impuesto a la Argentina. Pero en nombre de este pacto sin futuro, pretenden imponerle una masacre social al país. Más que nunca: congreso de bases de las organizaciones obreras para resolver un paro activo y la preparación de la huelga general hasta derrotar el paquete fondomonetarista. Que se vayan el gobierno y el régimen entreguista, Asamblea Constituyente libre y soberana, que debe repudiar, en primer lugar, a este acuerdo colonial y a la deuda usuraria.

Con los resultados de las elecciones desarrolladas esta semana en Filosofía, Sociales, Psicología y Arquitectura y Diseño, que se sumaron a las siete facultades de la UBA que ya habían votado durante septiembre, se consolidó la tendencia a desplazar a las agrupaciones ligadas al macrismo y al Rectorado radical-pejotista de Alberto Barbieri, cuyo punto más alto se expresó con la derrota de Nuevo Espacio en Medicina.

El “efecto Medicina” llegó a Sociales, donde la UES -agrupación peronista ligada a Daniel Filmus y a la decana Carolina Mera- perdió el centro que la había catapultado a la vicepresidencia de la falsa “Fuba” morada. Otra pata de esta “federación” trucha, el derechista LAI de Agronomía, podría quebrarse esta semana en manos de un frente que reunió al activismo de la facultad. De concretarse, la “Fuba” trucha habría perdido tres de sus siete centros, un derrumbe que también se refleja en una importante merma de delegados de las agrupaciones que la impulsaron. Si a esto le sumamos la decisión de la Justicia de declarar nulas las pruebas aportadas por servicios de inteligencia en la causa armada contra la Fuba, el desaire a las maniobras apadrinadas por el gobierno y las autoridades es total y completo.

El diario Clarín, que se jugó a fondo por la falsa “Fuba”, intentó consolarse de su derrota titulando sobre un supuesto “triunfo K” en la UBA, con el único objetivo de desprestigiar a una futura renovación de autoridades en la Federación. Sin embargo, y a pesar de que su consigna era la “unidad”, lo cierto es que el kirchnerismo se presentó dividido y se esforzó por disimular su filiación. En Sociales, por caso, una fracción K se impuso sobre la otra. Algo similar ocurrió en Psico, donde una fracción pro-kirchnerista (Mella, Brote) logró retener el centro en frente con los ex Libres del Sur, mientras la lista de La Cámpora y Nuevo Encuentro sacó una votación menor. En Fadu, la Corriente sumó a Nuevo Encuentro a la lista 5 y La Cámpora se presentó aparte. A diferencia de lo que dice Clarín, tanto la 15 de Sociales (comandada por La Mella), el Impulso de Psico y la lista 5 de Fadu se presentaron como agrupaciones “des-kirchnerizadas”. Las referencias a CFK fueron nulas -al punto que evitaron identificarse con el color celeste. En los tres casos, el discurso se corrió a la izquierda para buscar atraer los votos de la ola verde y la lucha educativa. La visita de Felipe Solá a Sociales, llevado por La Cámpora en plena campaña, generó una crisis interna en la 15 y un sector salió a desmarcarse.

Un factor a tener en cuenta es que, al día martes, la Franja Morada (EDI) ganaba el centro de Psico y la UES de Sociales lograba retener. La campaña “anti-toma” -que tanto unos como otros habían desarrollado, en el primer caso con el apoyo directo del decano Jorge Biglieri y las principales cátedras de la facultad- tuvo su peso. Así, el activismo que estuvo al frente de esas medidas de lucha, a diferencia de lo que había ocurrido en Medicina, no se definió políticamente y quedó al margen de la disputa electoral. En estas circunstancias, tanto el Impulso como la 15 supieron valerse de esa polarización objetiva para movilizar a los estudiantes contra las agrupaciones del Rectorado.

Nuestras listas se mantuvieron en el tercer lugar, retrocediendo algunos puntos respecto del año pasado (del 29% a 23 en Psico y del 21% a 19 en Sociales). En Fadu, donde nos presentamos por primera vez en frente con el resto de la izquierda, alcanzamos el tercer puesto y logramos superar los 11 puntos.

No fue “el kirchnerismo”, entonces, lo que se impuso en la UBA, sino un impulso en la base estudiantil para derrotar a las agrupaciones del gobierno y el Rectorado que habían jugado en contra del movimiento de lucha. En Filo, donde la izquierda y los K sí nos enfrentamos directamente, logramos triunfar ampliando la distancia respecto de la última elección. La experiencia de Filo es fundamental porque desnuda la naturaleza ajustadora del kirchnerismo que, allí donde es gestión, se vale de la precarización de docentes y carreras enteras.

En Sociales, Psico y Fadu, el movimiento estudiantil deberá confrontar su aspiración a centros de lucha contra el macrismo con la estrategia de sus direcciones, atadas al “hay 2019” de Grabois y CFK, que promete más sujeción a los gobernadores del PJ, a la Iglesia y a la burocracia sindical.

A pesar de que todavía falta votar en una facultad, el balance de las elecciones ya muestra que el golpe de Estado del gobierno y el Rectorado contra la Fuba se convirtió en un perfecto búmeran. Tras cuatro años de impasse (2014/2017), las fuerzas opositoras podríamos volver a reunir una mayoría de centros y de delegados para renovar las autoridades de la Federación. Hay un claro mandato para avanzar en ese sentido. La UJS-PO sale de estas elecciones como la principal agrupación opositora al Rectorado, con el mayor reagrupamiento de delegados a la Fuba y la presidencia de cuatro centros. Desde ese lugar, llamamos a todas las agrupaciones, y en particular a la izquierda, a asumir la tarea de liderar un gran congreso de la Fuba para derrotar definitivamente a las agrupaciones de Macri y Barbieri en la Federación. Y, al mismo tiempo, a ampliar el campo de acción del movimiento frente a los desafíos ineludibles de lucha que tenemos por delante, tras la aprobación del Presupuesto del FMI y contra el régimen político que lo sostiene en su conjunto.

Jair Messias Bolsonaro se consagró, el 28 de octubre, presidente electo de Brasil, con una ventaja de 11 millones de votos sobre el candidato del PT, Fernando Haddad. La ola derechista de los comicios quedó también en evidencia con la victoria de João Doria, del PSDB, para gobernador del estado de São Paulo, que logró sobrellevar el retroceso que le marcaban las encuestas, con un apoyo declarado a Bolsonaro. Lo mismo ocurrió en otros estados representativos, como Río de Janeiro y en Río Grande do Sul -un ‘bastión’ del PT-, o en Minas Gerais, donde un advenedizo derrotó en el primer turno al gobernador del PT y se quedó con el estado en la segunda vuelta.

Bolsonaro ha llegado a la presidencia montado en una crisis económica y política de enorme envergadura, que primero liquidó al gobierno de Dilma Rousseff y luego al de su vicepresidente, Michel Temer, convertido en titular de gobierno mediante un golpe de Estado. El interinato de Temer acabó con todos los partidos tradicionales que integraron su gobierno, como consecuencia de la acentuación de la crisis en marcha. La crisis industrial ha dejado un ejército de desocupados formales que se aproxima a 15 millones de personas -un tendal que se suma a un desempleo fluctuante, no registrado, de proporciones enormes. El derrumbe del PT antecede mucho en el tiempo al ascenso de Bolsonaro, porque quedó de manifiesto en la violenta política de ajuste que aplicó como gobierno desde 2012 y que se manifestó en multitudinarias manifestaciones.

Una crisis política a toda velocidad

Es oportuno recordar que los llamados ministros y banqueros ‘neo-liberales’, que ahora están apuntados para integrar el gabinete de Bolsonaro, hicieron sus primeros oficios bajo los de Lula y Rousseff -Henrique Meirelles, del Banco Boston, designado en el Banco Central, y Joaquim Levy, otro banquero, como ministro de Economía en 2015. La desmoralización política que los gobiernos petistas provocaron en la masa trabajadora se expandió a partir de las pruebas de corrupción perpetradas por su gestión, en beneficio de grandes capitales -en especial las poderosas empresas de la construcción. El período de reacción política que pretende imponer Bolsonaro y la camarilla de militares pasivos y activos que lo ha promovido, no se funda en una derrota explícita de la clase obrera en lucha contra las patronales y el capital, sino en la bancarrota política y moral de su dirección. De otro modo no se explica que en las ciudades del ABC paulista, el centro de la industria automotriz y metalúrgica de la periferia de São Paulo, y cuna simbólica del PT, Bolsonaro se haya podido acercar al 70% de los votos en el reciente balotaje.

La velocidad del ascenso de Bolsonaro, que todavía a principios de año orejeaba un 20% de la intención de voto, es un testimonio de la velocidad de la crisis política. Al inicio de la campaña por la primera vuelta, la inmensa mayoría del capital financiero apostaba por el Macri paulista, Gerardo Alckmin, del PSDB (un animador del golpe contra Rousseff y sostenedor del gobierno Temer), que nunca pudo levantar vuelo a pesar de sus ‘calificados’ apoyos. La pulverización de la ‘vieja política’ pavimentó el camino de Bolsonaro, no al revés; Bolsonaro desfiló con todos los corruptos del Congreso brasileño (se calcula que abarca a un 65% de sus miembros) en el operativo de destitución de la presidenta de entonces.

Militares y banqueros

Bolsonaro mismo logró explotar el vacío político en su beneficio, no por su destreza; se vale de un lenguaje propio del bajo fondo. El pilotaje de la crisis, en especial el golpe contra Dilma y el encarcelamiento de Lula, estuvo a cargo del alto mando del Ejército y de su comandante Eduardo Vilas Boas. Lo hizo incluso en forma desembozada, a lo Trump, por medio de Twitter. Fue el alto mando el que operó el pasaje de Alckmin a Bolsonaro, incluso cuando observó que no arrancaba la candidatura del ‘laborista’ Ciro Gómes, un ‘desarrollista’, que gobernó el estado de Ceará. Varios especialistas han subrayado que la campaña de Bolsonaro en las redes sociales supone una infraestructura altamente sofisticada. Se ha configurado, en consecuencia, la junción entre el alto mando militar y un demagogo fascista, que viene de ninguna parte, de naturaleza contradictoria, en especial porque el advenedizo tiene ahora 55 millones de votos.

Para dejar en evidencia aún más estas contradicciones, Bolsonaro ha anunciado desde el inicio un gabinete compuesto, por un lado, de banqueros asociados a la actividad de fondos especulativos, como Paulo Guedes, ex mandamás del Banco Itaú, el mayor de Brasil, y por el otro, de la burocracia tecnocrática-militar, que encara la economía desde la seguridad nacional. Figura fundamental, que ocupará el ministerio de Defensa, Antonio Heleno, ha sido comandante de las tropas de ocupación de Haití, donde los ejércitos latinoamericanos se han ejercitado en el combate urbano, mientras sus Estados les tenían prohibida la inteligencia interna. Viejos zorros del capital brasileño, como Delfim Neto, ministro de Economía de la dictadura, o reputados economistas, como Nogueira Batista, se han adelantado en asegurar que este mejunje ministerial no tiene posibilidades de durar. De todos modos, The Wall Street Journal ha festejado el triunfo de Bolsonaro con la certeza de que “drenará el pantano” ‘populista’ -la consigna de la campaña de Trump.

Fascismo

El nuevo Presidente ha sido reclutado en el bajo fondo fascista, pero esto no alcanza para que su victoria establezca un régimen político fascista. Para esto hay que reunir todavía condiciones apropiadas. El crecimiento electoral le da la oportunidad de formar una bancada fuerte en el Congreso y de obtener adhesiones de los terratenientes, evangélicos y militares que han entrado por medio de otros partidos. Desarrollar una fuerza organizada propia es condición para el fascismo. Ha ganado una base electoral masiva, pero de ningún modo disponible para ser movilizada contra la clase obrera o para imponer un ajuste mediante aprietes extra-parlamentarios. La posibilidad de un ascenso fascista es todavía un asunto del futuro -que se será determinada por la crisis económica y la lucha de clases entre el capital y el Estado, de un lado, y los trabajadores del otro. Obligado por las condiciones políticas objetivas a establecer un régimen de arbitraje con características autoritarias. Bolsonaro debería conquistar una autonomía respecto a sus mandantes, el Ejército y el capital financiero. Se trata de un desenlace incierto, pavimentado de crisis políticas de diversa naturaleza.

De conjunto, sin embargo, el pasaje del régimen pseudo-democrático que se estableció en 1985 a un régimen bonapartista potencial, compartido por el Ejecutivo y el alto mando militar, constituye un retroceso histórico -una expresión de la incapacidad de la burguesía para gobernar con métodos que disimulan su dominación (democracia) y la obligación de recurrir al recurso de regímenes de excepción, que ponen al desnudo la violencia política del Estado.

Como muy bien recuerda nuestro compañero Hernán Gurián desde Río de Janeiro: “En 1990, Fernando Collor de Melo se convertía en presidente del Brasil, derrotando a Lula, del PT, en segunda vuelta. Collor, un político aventurero y casi desconocido hasta ese momento, repetía incansablemente que el Brasil no se iba a transformar en un país comunista, que ‘nuestra bandera jamás será roja’ y nunca se iba cambiar el himno nacional por “La Internacional”. Entre 1991 y 1992, el pueblo brasilero salió masivamente a las calles para poner fin a un gobierno privatizador, hambreador y represor mediante una rebelión popular. El 29 de diciembre de 1992, el gobierno de Collor CAYÓ”.

Guerra de clases

Brasil atraviesa por una crisis económica descomunal, que la burguesía quiere abordar por medio de una cirugía mayor. De ahí que plantee privatizaciones en gran escala, por unos 200 mil millones de dólares, para rescatar en forma anticipada una deuda externa bruta que supera el billón de dólares -y creciendo. Entran en el paquete numerosas empresas estatales, empezando por Petrobras y sus satélites, Electrobras, empresas de los estados federales, incluso la joya aeronáutica, Embraer.

Para ir por la eliminación del déficit fiscal, el capital financiero pretende liquidar el régimen público de reparto por otro de capitalización, de modo de convertir a los fondos privados en fuente financiera barata. Esta reforma ha llevado, en todos lados, durante la transición, a mayor déficit y mayor endeudamiento internacional. El aumento de la edad jubilatoria, otra pieza del ataque, se aplicaría a un población sin protección social: la reforma laboral aprobada bajo Temer ha impuesto el trabajo intermitente (lo que supone menores aportes previsionales) y la liquidación del derecho laboral. El equipo de Bolsonaro propone sustituir los convenios colectivos por la emisión de una tarjeta verde, donde se anotarían salarios y prestaciones, en una suerte de contrato individual -de aquí sale el ataque que los bolsonaristas han emprendido contra el aguinaldo. El movimiento obrero enfrenta el desafío de prepararse para colisiones gigantescas. Los apologistas del nuevo rumbo denuncian que Brasil tiene una economía “cerrada” y una industria incapaz de “competir”, lo cual anuncia una liquidación gigantesca del patrimonio industrial y tecnológico. La guerra de clases que desataría un plan de esta envergadura pondría en la agenda de la burguesía un pasaje al fascismo -y en la del proletariado, obligado a una lucha histórica, un pasaje a la revolución. La deforestación y sojización de la Amazonia acentuaría el régimen fascista que existe ya en el campo, bajo los gobiernos democráticos, incluso petistas.

Trump apenas le deseó “suerte” a Bolsonaro, sin que quede claro si encogió el apoyo por la proximidad de las elecciones norteamericanas o si por el convencimiento de que Brasil no se distanciará de China -por lejos, su principal socio comercial y hasta financiero. El centro del choque entre Estados Unidos y China, en América Latina, es Brasil, donde la ‘prosperidad’ del capital agrario depende del mercado de China. Detrás de Bolsonaro opera un lobby yanqui, dirigido por el senador Marcos Rubio, jefe del anticastrismo y partidario de atacar a Venezuela. Por de pronto, las Fuerzas Armadas brasileñas están negociando la instalación de bases norteamericanas en la frontera norte del país.

La burguesía yanqui, sin embargo, no está unida en esta aventura. Macri, por su lado, a través del brasileñista Dante Sica, ministro de Industria, le ha dado un apoyo contundente al fascismo ultra-fronteras: “Dará estabilidad -dijo- a Brasil” (Ambito, 13/10). Paulo Guedes, el candidato a dirigir Economía, ha adelantado, sin embargo, que congelaría el Mercosur, a favor de una “economía abierta”. La prensa ha pasado por alto que el petista Fernando Haddad, en este ambiente privatizador, había anunciado la preferencia por Persio Arida, como ministro de Economía, un Sturzenegger brasileño. La penetración de la banca norteamericana ha crecido sustantivamente en Brasil, lo que explica los candidatos que se mencionan para el gabinete y los planes económicos. Trump posiblemente no pretenda anular la relación comercial China-Brasil, pero sí valerse de esa penetración financiera para profundizar su guerra económica con China por otros medios y otras vías.

Transición política

Brasil se encuentra en una transición política que deberá mutar sucesiva y explosivamente su régimen político. El fascismo está planteado en esta transición; “hay que barrer a los rojos”, “a la cárcel o el exilio” -son las consignas de Bolsonaro. El PT y las burocracias sindicales, sumidas en una crisis profunda, han anunciado su adaptación política a la nueva situación con el planteo de la batalla parlamentaria. La izquierda brasileña, el PSOL, subida ayer en el ‘palenque’ del PT, junto a Haddad, dejó claro que no es alternativa a nada. Es necesaria otra estrategia política; no pueden haber partidos obreros o de trabajadores con direcciones y aparatos pequeño burgueses, que es el núcleo explicativo de este derrumbe político ante un aventurero sin escrúpulos. No harán frente a las grandísimas batallas de clase que tendrán lugar en este período explosivo. En estas condiciones, la convocatoria a una deliberación de la clase obrera, por medio de asambleas y congresos de delegados electos, ocupa un lugar estratégico, porque introduce la necesidad de un planteo de conjunto y de un plan de lucha debidamente preparado, en consonancia con el desafío que ha quedado planteado.

América Latina ha quedado conmovida por el desarrollo de la crisis brasileña, que no es una crisis local sino de conjunto. Lo muestra el derrumbe de Centroamérica y la migración en masa por diversos territorios. Las luchas contra la reforma previsional llevó a una prolongada huelga general en Costa Rica y a un levantamiento popular en Nicaragua, en tanto que ha abierto una lucha enorme en Argentina. La crisis brasileña, como parte de la crisis mundial y de la crisis de gobernabilidad en América Latina, está presente, en forma harto deformada, pero presente sin duda, en la batalla política que se libra en las elecciones norteamericanas del próximo 8 de noviembre. La crisis brasileña interpela a la crisis capitalista mundial, por un lado, y al conjunto de la vanguardia obrera en el mundo entero, por el otro, atravesada por una gran crisis de dirección.

Los funcionarios argentinos anuncian la futura reunión de mandatarios del G20 con invocaciones a la “globalización” y al “comercio internacional inclusivo”. A pesar de estas frases rimbombantes, la reunión que tendrá lugar en Buenos Aires entre el 30 y el 1º de diciembre próximos será el escenario de una aguda disputa internacional. El telón de fondo de esta pelea es la crisis mundial capitalista y sus más recientes manifestaciones de agravamiento. En vez del “comercio inclusivo”, la cumbre fue precedida por la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China y, de un modo general, por las restricciones que le ha impuesto Trump a las importaciones de productos industriales a otros de sus socios del G20.

En la anterior reunión del G20 en Hamburgo (2017), su declaración final hacía alusión a los esfuerzos por “reducir la capacidad ociosa” de acero. Detrás de las limitaciones al comercio, subyace una crisis de sobreinversión y sobreproducción, y una discusión encarnizada respecto de qué bloques deben hacerse cargo de esa crisis. El pretendido foro de la “globalización”, en suma, asiste a la fractura del mundo “global”.

Pero los planteos proteccionistas de Trump son apenas el punto de apoyo de una política agudamente expansionista. Detrás de las nuevas barreras comerciales a China, subyace la tentativa de someter al coloso asiático a una recolonización financiera e industrial de carácter integral. En las divergencias que preceden a la nueva reunión del G20 aparece también la cuestión del cambio climático, que no es ajena a la guerra de bloques. Trump ha liberalizado el control ambiental a los grandes capitalistas de sus “viejas” industrias, para favorecer la reducción de sus costos. En esa línea, retiró a Estados Unidos del acuerdo global sobre el cambio climático.

En la agenda del G20 de Buenos Aires aparece un destaque especial para “la cuestión del trabajo”. Cuando esta “preocupación” la traen las grandes potencias imperialistas -y las burocracias restauracionistas de China y Rusia-, ello sólo puede significar el impulso a la precarización y el ataque a las conquistas laborales -o sea, trasladarle a los trabajadores las costas de la crisis.

Detrás de la guerra comercial y de la competencia por costos ambientales y “laborales”, asoma la perspectiva de la guerra misma. La cumbre de mandatarios sólo será un episodio de la descomposición capitalista y su tendencia a la barbarie.

Trump, Bolsonaro, Macri

A la reunión de Buenos Aires concurrirá también el fascista Bolsonaro, a pesar que recién asumirá como presidente en enero. Su presencia buscará subrayar la existencia de un eje continental derechista bendecido por Trump. Pero el pasaje de las fotos y las declaraciones a los hechos deberá transitar por las contradicciones de la crisis capitalista. Como ya se demostró con Macri, la “identificación política” con Trump no eximió a la Argentina de las restricciones proteccionistas -mucho menos de la fuga de capitales y la megadevaluación disparadas por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Sin perjuicio de ello, los derechistas regionales no se privarán de redoblar los planes de colaboración militar con el imperialismo, donde la supuesta lucha contra el narcotráfico viene siendo la coartada para un reforzamiento represivo del Estado contra los explotados. En los últimos días, han recrudecido las versiones sobre la instalación de bases militares yanquis en Brasil, junto a los reclamos para que se adopten “acciones urgentes” sobre la frontera con Venezuela. De este lado del Mercosur, la victoria de Bolsonaro ha insuflado los aires de la ministra Bullrich, para reclamar, junto al pejotista Pichetto, la represión a las movilizaciones populares y la persecución a los inmigrantes. En esa línea, el macrismo ha preparado un operativo represivo inédito contra las marchas que recibirán al G20.

Contracumbre de fracasos

La cumbre del G20 será precedida por una convocatoria de nacionalistas continentales -la llamada “contracumbre”, que contará con la presencia de Dilma, Cristina Kirchner y probablemente Rafael Correa. Harán un gran acto de encubrimiento respecto de cómo los “nacionales y populares” le abrieron paso a la reacción política en cada uno de sus países. Después de haber gobernado como lobbista de la patria contratista y del capital internacional, el PT permitió que el golpismo militar y la reacción asumieran el control de la transición política que culminó, días atrás, con la victoria electoral de Bolsonaro. En Ecuador, Correa ungió como sucesor a Lenin Moreno, una suerte de “Scioli” que luego se deschavó como agente directo del imperialismo. Por su parte, Cristina Kirchner se ha servido del “efecto Bolsonaro” para reforzar sus negociaciones de “unidad” con el pejotismo que ha cogobernado -y continúa haciéndolo- con el ajustador Macri. La contracumbre del nacionalismo fracasado no puede ofrecerle ningún futuro a la lucha de los trabajadores del continente contra el imperialismo y la reacción política.

Por una intensa campaña política

En este cuadro, la presencia del G20 le plantea a la izquierda revolucionaria un doble desafío. Por un lado, es necesario desplegar una intensa clarificación y agitación política contra la cumbre imperialista y sus propósitos reaccionarios. El viernes 30 tendrá lugar una marcha general de la izquierda y diversas organizaciones sociales. Debemos prepararla con charlas y actividades de repudio en lugares de trabajo, colegios y facultades. Es la oportunidad también para convocar a los artistas revolucionarios a desplegar iniciativas en lugares públicos, que refuercen la agitación política. Una enérgica campaña es también la oportunidad de una delimitación política respecto del nacionalismo burgués y sus compromisos con el imperialismo. En esta línea, el Partido Obrero le ha propuesto a los partidos del FIT un acto en la semana previa al G20, por la expulsión del imperialismo, de los Trump-Macri-Bolsonaro y por la Unidad Socialista de América Latina.

También a pocos días del G20 -entre el 16 y el 18 de noviembre- tendrá lugar la Conferencia Latinoamericana convocada por el PO y el PT de Uruguay, junto a delegaciones de militantes y luchadores de varios otros países del continente. Será la oportunidad de debatir y resolver iniciativas de lucha y movilización política para el desarrollo de la izquierda revolucionaria en el continente.

Con 854 votos contra 666, el Frente Docente por el Cambio (Agrupación Naranja, Independientes, Rompiendo Cadenas) se impuso a la lista Unidad y Compromiso (un frente entre sectores K con el PCR) en las elecciones de Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucuman (Adiunt).

Si se suman los votos en blanco y los anulados, participó del acto eleccionario cerca del 75% del padrón electoral.

El nuevo secretario general es Diego Toscano, militante del Partido Obrero.

El FdxC ganó las vocalías en la mayoría de las facultades y de los colegios y escuelas preuniversitarias, logrando con ello tener mayoría y quórum propio en la comisión directiva, y también en el cuerpo de delegados, en que votan afiliados y no afiliados al gremio.

El FdxC llegó a la conducción de la Adiunt como la expresión organizada de la gran huelga docente de 2014 que, con sus 89 días de paro, logró traccionar una huelga nacional universitaria de varias semanas e imponerles una derrota parcial a las camarillas que gobiernan la UNT.

El FdxC en estas elecciones enfrentó a una lista alineada con quienes postulan la necesidad de poner en pie un “frente anti-Macri” para las elecciones de 2019, y en ese plano comulga con la misma orientación del actual oficialismo de Conadu Histórica.

La lista Unidad y Compromiso tuvo el apoyo activo de autoridades de diversas facultades, de la burocracia estudiantil y la neutralidad del PTS.

Campaña

A lo largo de la campaña, el eje de la lista Unidad y Compromiso estuvo puesto en atacar al Partido Obrero. Llegaron a acusar a la actual conducción de ser “demasiado revoltosa”, proponiendo el camino del “diálogo” para solucionar diversos problemas, cuando la experiencia ha demostrado que en todos los gremios esa estrategia de conciliación con los ajustadores ha llevado a la derrota a los trabajadores.

El FdxC, por su parte, hizo eje en la necesidad de defender un sindicato independiente de las autoridades y de los gobiernos para enfrentar el ajuste impulsado por el FMI: lucha por el salario, por el presupuesto universitario, por el régimen jubilatorio y por la aplicación completa del convenio colectivo de trabajo.

Presentamos un balance político del accionar del gremio al cabo de estos cuatro años, dando cuenta de las luchas y de las conquistas logradas.

A lo largo de la campaña destacamos la importancia del ultimo proceso huelguístico nacional de la docencia que sumó a una ancha franja del movimiento estudiantil y que permitió quebrar los techos salariales que durante meses el gobierno intentó imponerle a la docencia universitaria, aumentos que hubieran sido superiores, si las burocracias de los otros sindicatos y federaciones docentes universitarias no se hubieran bajado de la lucha aceptando la oferta del gobierno cuando, precisamente, la lucha revestía el carácter de una rebelión de alcance nacional.

En el curso de la campaña también se hicieron fuertes denuncias de los sueldos exorbitantes de los funcionarios universitarios, el apoyo político de la UNT al bloque peronista armado por Manzur, que fue clave en la aprobación del Presupuesto.

En la elección de 2016, en la que triunfó el FdxC, los sectores K y el PCR fueron separados, sin embargo, la suma de ambas listas superaban los logrados por el FdxC. Ese dato los empujó a unirse, pero en la política frentista una vez más se demostró que no funciona en base a la lógica matemática. En esta oportunidad, unidos retrocedieron de 742 votos, en 2016, a 666 en la reciente elección.

Las próximas luchas

Durante estos cuatro años, Adiunt defendió con tenacidad los derechos docentes y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios, impulsando acciones de conjunto como ocurrió el 6, 14 y 18 de diciembre de 2017, y en los distintos paros nacionales

La nueva conducción va a enfrentar desafíos más duros, pues en el Presupuesto votado en la Cámara de Diputados el ajuste educativo es brutal, al igual que el plan de reforma laboral que procura atomizar a fondo a los trabajadores.

Se plantean grandes tareas: defensa de las conquistas y lucha por las reivindicaciones pendientes. Impulso a una política que profundice y extienda la unidad docente-estudiantil.

A la par de ello, es necesario poner en pie una corriente en todo el NOA que luche por la recuperación de las seccionales locales para fortalecer las luchas inevitables del próximo periodo.

Por otra parte, esta victoria refuerza a la Lista Naranja nacional y también al Plenario Sindical Combativo, de cuya fundación en Lanús participaron dirigentes del FdxC.

Impulsaremos que Adiunt se transforme, frente al conjunto del movimiento sindical de la provincia, en un polo alternativo a la burocracia alineada con el gobierno de Manzur-Jaldo y a los sectores que subordinan las luchas a los resultados de las elecciones del año que viene, impulsando la necesidad de enfrentar los planes del FMI, del gobierno nacional y de los gobernadores, convocando a un congreso de base provincial para resolver un programa de conjunto de los trabajadores y las acciones de lucha a encarar.

Con 854 votos contra 666, el Frente Docente por el Cambio (Agrupación Naranja, Independientes, Rompiendo Cadenas) se impuso a la lista Unidad y Compromiso (un frente entre sectores K con el PCR) en las elecciones de Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucuman (Adiunt).

Si se suman los votos en blanco y los anulados, participó del acto eleccionario cerca del 75% del padrón electoral.

El nuevo secretario general es Diego Toscano, militante del Partido Obrero.

El FdxC ganó las vocalías en la mayoría de las facultades y de los colegios y escuelas preuniversitarias, logrando con ello tener mayoría y quórum propio en la comisión directiva, y también en el cuerpo de delegados, en que votan afiliados y no afiliados al gremio.

El FdxC llegó a la conducción de la Adiunt como la expresión organizada de la gran huelga docente de 2014 que, con sus 89 días de paro, logró traccionar una huelga nacional universitaria de varias semanas e imponerles una derrota parcial a las camarillas que gobiernan la UNT.

El FdxC en estas elecciones enfrentó a una lista alineada con quienes postulan la necesidad de poner en pie un “frente anti-Macri” para las elecciones de 2019, y en ese plano comulga con la misma orientación del actual oficialismo de Conadu Histórica.

La lista Unidad y Compromiso tuvo el apoyo activo de autoridades de diversas facultades, de la burocracia estudiantil y la neutralidad del PTS.

Campaña

A lo largo de la campaña, el eje de la lista Unidad y Compromiso estuvo puesto en atacar al Partido Obrero. Llegaron a acusar a la actual conducción de ser “demasiado revoltosa”, proponiendo el camino del “diálogo” para solucionar diversos problemas, cuando la experiencia ha demostrado que en todos los gremios esa estrategia de conciliación con los ajustadores ha llevado a la derrota a los trabajadores.

El FdxC, por su parte, hizo eje en la necesidad de defender un sindicato independiente de las autoridades y de los gobiernos para enfrentar el ajuste impulsado por el FMI: lucha por el salario, por el presupuesto universitario, por el régimen jubilatorio y por la aplicación completa del convenio colectivo de trabajo.

Presentamos un balance político del accionar del gremio al cabo de estos cuatro años, dando cuenta de las luchas y de las conquistas logradas.

A lo largo de la campaña destacamos la importancia del ultimo proceso huelguístico nacional de la docencia que sumó a una ancha franja del movimiento estudiantil y que permitió quebrar los techos salariales que durante meses el gobierno intentó imponerle a la docencia universitaria, aumentos que hubieran sido superiores, si las burocracias de los otros sindicatos y federaciones docentes universitarias no se hubieran bajado de la lucha aceptando la oferta del gobierno cuando, precisamente, la lucha revestía el carácter de una rebelión de alcance nacional.

En el curso de la campaña también se hicieron fuertes denuncias de los sueldos exorbitantes de los funcionarios universitarios, el apoyo político de la UNT al bloque peronista armado por Manzur, que fue clave en la aprobación del Presupuesto.

En la elección de 2016, en la que triunfó el FdxC, los sectores K y el PCR fueron separados, sin embargo, la suma de ambas listas superaban los logrados por el FdxC. Ese dato los empujó a unirse, pero en la política frentista una vez más se demostró que no funciona en base a la lógica matemática. En esta oportunidad, unidos retrocedieron de 742 votos, en 2016, a 666 en la reciente elección.

Las próximas luchas

Durante estos cuatro años, Adiunt defendió con tenacidad los derechos docentes y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios, impulsando acciones de conjunto como ocurrió el 6, 14 y 18 de diciembre de 2017, y en los distintos paros nacionales

La nueva conducción va a enfrentar desafíos más duros, pues en el Presupuesto votado en la Cámara de Diputados el ajuste educativo es brutal, al igual que el plan de reforma laboral que procura atomizar a fondo a los trabajadores.

Se plantean grandes tareas: defensa de las conquistas y lucha por las reivindicaciones pendientes. Impulso a una política que profundice y extienda la unidad docente-estudiantil.

A la par de ello, es necesario poner en pie una corriente en todo el NOA que luche por la recuperación de las seccionales locales para fortalecer las luchas inevitables del próximo periodo.

Por otra parte, esta victoria refuerza a la Lista Naranja nacional y también al Plenario Sindical Combativo, de cuya fundación en Lanús participaron dirigentes del FdxC.

Impulsaremos que Adiunt se transforme, frente al conjunto del movimiento sindical de la provincia, en un polo alternativo a la burocracia alineada con el gobierno de Manzur-Jaldo y a los sectores que subordinan las luchas a los resultados de las elecciones del año que viene, impulsando la necesidad de enfrentar los planes del FMI, del gobierno nacional y de los gobernadores, convocando a un congreso de base provincial para resolver un programa de conjunto de los trabajadores y las acciones de lucha a encarar.

Hace unos meses, las agrupaciones ligadas al gobierno de Cambiemos y al rector peronista Alberto Barbieri lanzaron una ofensiva política, mediática e incluso judicial contra la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Pasadas las elecciones estudiantiles en las trece facultades, la derrota de este bloque es total y completa. La última semana, Agronomía se sumó a la ola de desgracias para Nuevo Espacio y el PJ que había comenzado en Medicina y seguido en Sociales. Agro tuvo su particularidad, porque implicó la caída del LAI, una agrupación derechista -vinculada con la Sociedad Rural- que había hegemonizado el centro de estudiantes durante los últimos ¡35! años.

El derrumbe económico, la crisis del macrismo y la emergencia de los pañuelos verdes y de la huelga universitaria, se expresaron en las urnas mediatizadas por la acción de las fuerzas políticas en presencia. El nuevo panorama que se abrió en la UBA representa un claro progreso político. El fraude de Estado que se quiso orquestar contra la principal federación universitaria del país quedó frustrado por el desarrollo del movimiento que irrumpió al calor de la huelga docente. Un sector mayoritario del movimiento estudiantil se colocó del lado de sus docentes, contra el macrismo ajustador y la Franja Morada, utilizando para ello los recursos que tenía a mano. Los millones malgastados en operetas mediáticas se evaporaron en el aire.

El “anti-macrismo”

El conglomerado de fuerzas que emergió en las nuevas direcciones de los centros es altamente heterogéneo. Con la conquista de la presidencia de los centros de estudiantes de Medicina, Filosofía y Letras (en este caso compartida con el PTS), Farmacia y Veterinaria y la secretaría general de la lista ganadora en Agronomía, la UJS-PO es la principal agrupación opositora al Rectorado y al macrismo. Casi duplicamos a la segunda fuerza en la distribución de delegados a la Fuba. Detrás nuestro aparece La Mella, que logró defender Exactas (aunque nuestra lista quedó sólo a 27 votos de ganar el centro) y enhebrar distintos frentes que se impusieron en Sociales, Psico y Agro sobre las agrupaciones ligadas a Barbieri. Para lograrlo, La Mella debió girar su discurso a la izquierda, buscando erigirse como representación de un movimiento al que había torpedeado cuando la burocracia kirchnerista se lanzó a entregar la paritaria.

Esta delimitación no llegó a procesarse hasta el final en el activismo estudiantil. Agrupaciones que en el pasado apoyaron al Frente de Izquierda, como La Corriente o La Dignidad, hoy profesan una suerte de “anti-macrismo” que aspira a hacer yunta con el principal cómplice de Macri, el peronismo opositor. Esta línea llevó a la ruptura del centro en Fadu y en Sociales, y en Psico ayudó a bloquear una evolución hacia la izquierda. Ahora, la lucha política entre quienes propugnamos por un movimiento estudiantil independiente, unido a los trabajadores, y quienes se esfuerzan por conducirlo por la ruta del nacionalismo capitalista, podrá desenvolverse a una escala superior, en la propia dirección de la Fuba.

Otro dato que dejaron las elecciones es que, con la excepción de Sociales, el kirchnerismo “puro y duro” (La Cámpora/Nuevo Encuentro) no logró capitalizar el derrumbe morado. Unidos a La Mella, tanto en Filo, Farmacia y Económicas quedaron debajo de la izquierda. En Exactas fueron desplazados al tercer lugar, en Derecho al cuarto y en las otras facultades prácticamente no obtuvieron votos. En Medicina, La Cámpora está directamente enlazada a la camarilla pejotista de Carlos Rojo, virtual decano de la facultad, que acaba de erigir un monumento a la reacción: la resolución que restringe la posibilidad de ocupar cargos docentes a los médicos, en detrimento del resto de las profesiones que intervienen en el ámbito de la salud.

El Congreso de la Fuba

Junto con las elecciones de los centros de estudiantes se eligieron también los delegados para el Congreso de la Fuba. El bloque que armó la “Fuba” paralela desde el Rectorado sufrió un retroceso, que lo deja lejos de reunir quórum. Siendo una primera minoría podrían, sin embargo, alzarse con la conducción de la Fuba sobre el resto de los bloques considerados por separado. Las agrupaciones que reivindicamos la lucha universitaria desde diferentes posiciones y programas, en cambio, sumamos más delegados y tenemos condiciones para alcanzar el quórum y reunir el Congreso. Pero sólo podríamos doblegar al gobierno con una lista unificada, que incluya a la izquierda y a las distintas agrupaciones que se referencian con el nacionalismo burgués, desde La Mella hasta la Cámpora. El orden de una lista común para ganarle al macrismo y al Rectorado debe estar determinado por los delegados reunidos por cada agrupación, ya que es la representación más cabal del voto de los estudiantes recién emitido. Cualquier intento de desconocer ese resultado debe ser rechazado porque atentaría contra el mandato del movimiento estudiantil.

No se nos escapa ni por un minuto que una lista compuesta por estas agrupaciones representaría un acuerdo precario, pues incluye divergencias estratégicas irreconciliables. Pero aún así, no lo consideramos sólo necesario sino también por completo adecuado, ya que la resolución de esta lucha estratégica ofrece un mejor escenario si se realiza a partir de la derrota de la derecha macrista y del Rectorado. Por su propia naturaleza, un acuerdo de este tipo debe hacerse en la mayor claridad. Sería un error, por lo tanto, encubrir las divergencias con un programa genérico, que confundiría al movimiento estudiantil en vistas a las luchas que se avecinan y al papel de cada fuerza política en la situación nacional y universitaria. No queremos palabras vagas sino hechos. Nuestra propuesta será que se fije un programa de reivindicaciones fundamentales de la universidad y del movimiento estudiantil, y un plan de acción para obtenerlas. Junto con ello plantearemos la convocatoria a un Congreso Extraordinario para la primera quincena de abril, una vez que se hayan retomado las clases, preparado con asambleas por facultad. Sobre la metodología de la federación pondremos como condición el funcionamiento regular de sus organismos y la elaboración de actas públicas sobre las votaciones y debates. A través de este método público aspiramos a procesar las divergencias de cara a la masa estudiantil.

Las fuerzas de izquierda deben participar activamente de esta lista y reclamar que se respete la representación que han obtenido en las elecciones. Cualquier acción abstencionista sólo puede ser funcional al macrismo y al Rectorado, ya que sin lista común serían ellos quien ganen la dirección de la federación, o al nacionalismo-kirchnerismo, pues la ausencia parcial de la izquierda en una lista ganadora incrementaría el peso de ellos por encima de la votación real obtenida. Llamamos muy especialmente a las fuerzas del Frente de Izquierda a tomar esta política y a realizar una campaña común.

Se abre una nueva experiencia para el movimiento estudiantil que deberemos abordar mediante una acción que combine el impulso a la lucha contra el ajuste fondomonetarista en la universidad y la educación, la unidad con la clase obrera y una delimitación política estratégica con el nacionalismo de contenido burgués. En el desarrollo mismo de este proceso debemos apostar a que los estudiantes, por su propia experiencia, lleguen a la conclusión de la superioridad de la izquierda revolucionaria.

El triunfo en Agronomía

Las elecciones estudiantiles en la UBA culminaron con un resultado histórico en la Facultad de Agronomía. Tras 35 años de hegemonía de la Línea de Agronomía Independiente (LAI), una agrupación derechista vinculada con la Sociedad Rural, se impuso con el 54% de los votos el “Frente por una Nueva Fauba” - Lista 3. Estos fueron los resultados:

Frente por una Nueva Fauba (Fana/UJS-PO/Mella):

54,84% - 1.003 votos

LAI:

41,77% - 764 votos

ATP (La Cámpora/Nuevo Encuentro):

2,84% - 52 votos

Blancos:

0,55% - 10 votos

Bajo el título “El triunfo de Bolsonaro y las tareas de la izquierda en Latinoamérica”, Néstor Pitrola brindó una charla ante un auditorio de más de 200 trabajadores y estudiantes que colmaron el aula de la Universidad de La Matanza dispuesta para la ocasión. En rigor, Pitrola abordó desde las elecciones de medio término en Estados Unidos hasta la crisis política en Argentina.

Con respecto al impacto de la victoria de Bolsonaro para la Argentina, Pitrola señaló que “Bolsonaro anunció que va a ir por una segunda reforma laboral que elimine totalmente los convenios colectivos y, al mismo tiempo, realizar la reforma previsional que no pudo llevar adelante Temer. En la Argentina, el pacto de Macri y los gobernadores con el FMI tiene entre sus condiciones una nueva reforma previsional y la postergada reforma laboral, es decir que la unidad de Bolsonaro y Macri se da en base al ataque de los regímenes previsionales y laborales de los trabajadores”.

En relación con la situación nacional, Pitrola caracterizó que “el PJ se postula ante la burguesía como posible relevo [de Macri]. Por ello es parte del ajuste, votando el Presupuesto -Pichetto- o aplicando el ajuste allí donde gobierna -Alicia Kirchner impuso el aumento más bajo del país-; es por ello que organizan todos los mecanismos de contención, en ese derrotero se explica la misa de Luján el 20 de octubre, para paralelizar lo que debería haber sido una movilización de cientos de miles al Congreso el 24 pasado [cuando se votó el Presupuesto en Diputados]”.

“Es necesaria una vigorosa campaña del FIT desde el punto de vista de las organizaciones obreras y estudiantiles, pero también desde una salida integral que el FIT debe plantear una salida de poder. Es, en ese sentido, que planteamos la convocatoria a una Asamblea Constituyente con poder”.

Durante la madrugada del 12 de noviembre, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) inició una serie de bloqueos a los portones de las principales industrias del país. El bloqueo es en reclamo de reapertura de paritarias, ante una pérdida salarial de por lo menos 20 puntos contra la inflación.

El STIA venía de cerrar, en junio pasado y sin una sola medida de fuerza, una paritaria del 24% de aumento en tres cuotas. Cuando sólo queda por cobrar una última cuota en enero, el aumento de la paritaria fue superado ampliamente por la inflación, como explicáramos en Prensa Obrera. Este desfasaje salarial se agrava cuando se compara con el valor del salario en dólares, que fue reducido prácticamente a la mitad. Por contrapartida, los empresarios del rubro son los que más aumentaron los precios, como lo reflejaron los principales medios.

En este marco, el STIA había iniciado un escueto reclamo de reapertura de paritaria a mediados de octubre, en donde se pidió el adelanto de la cuota de enero (un 6% del salario) para noviembre; la respuesta de la cámara empresaria fue pedir tiempo hasta el 7 de noviembre para dar una respuesta. Ese mismo día, ante una enorme expectativa de los trabajadores (alimentada por una cantidad de gremios que cerraron acuerdos de reapertura cercanos al 40%), el sector empresario ni se presentó a la reunión, anunciando que el bono de 5.000 pesos acordado entre Macri y la CGT que reemplazaba cualquier discusión paritaria.

Ante esta mojada de oreja, la conducción del STIA debería haber respondido de manera contundente, convocando a plenario de delegados por seccional y votando un plan de lucha nacional por la reapertura de paritarias de todos los convenios. Los bloqueos en los portones (de sólo algunas empresas), sin la intervención de los miles de trabajadores del gremio, apuntó a conseguir una conciliación obligatoria que fue dictada ese día y acatada religiosamente por el sindicato, retomando la negociación en los marcos de la Secretaría de Trabajo ¡La misma vía muerta que eligieron en la discusión del bono de 2017! Lo que se dice, llegar a 2019 sin hacer olas.

Durante la madrugada del 12 de noviembre, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) inició una serie de bloqueos a los portones de las principales industrias del país. El bloqueo es en reclamo de reapertura de paritarias, ante una pérdida salarial de por lo menos 20 puntos contra la inflación.

El STIA venía de cerrar, en junio pasado y sin una sola medida de fuerza, una paritaria del 24% de aumento en tres cuotas. Cuando sólo queda por cobrar una última cuota en enero, el aumento de la paritaria fue superado ampliamente por la inflación, como explicáramos en Prensa Obrera. Este desfasaje salarial se agrava cuando se compara con el valor del salario en dólares, que fue reducido prácticamente a la mitad. Por contrapartida, los empresarios del rubro son los que más aumentaron los precios, como lo reflejaron los principales medios.

En este marco, el STIA había iniciado un escueto reclamo de reapertura de paritaria a mediados de octubre, en donde se pidió el adelanto de la cuota de enero (un 6% del salario) para noviembre; la respuesta de la cámara empresaria fue pedir tiempo hasta el 7 de noviembre para dar una respuesta. Ese mismo día, ante una enorme expectativa de los trabajadores (alimentada por una cantidad de gremios que cerraron acuerdos de reapertura cercanos al 40%), el sector empresario ni se presentó a la reunión, anunciando que el bono de 5.000 pesos acordado entre Macri y la CGT que reemplazaba cualquier discusión paritaria.

Ante esta mojada de oreja, la conducción del STIA debería haber respondido de manera contundente, convocando a plenario de delegados por seccional y votando un plan de lucha nacional por la reapertura de paritarias de todos los convenios. Los bloqueos en los portones (de sólo algunas empresas), sin la intervención de los miles de trabajadores del gremio, apuntó a conseguir una conciliación obligatoria que fue dictada ese día y acatada religiosamente por el sindicato, retomando la negociación en los marcos de la Secretaría de Trabajo ¡La misma vía muerta que eligieron en la discusión del bono de 2017! Lo que se dice, llegar a 2019 sin hacer olas.

La Unión de Juventudes por el Socialismo lanza la campaña por el Campamento de Verano 2019, bajo el lema “Fuera Macri y Bolsonaro, por la unidad socialista de América Latina”. Como el año pasado, volveremos a acampar a orillas del mar en Nueva Atlantis, a pocos kilómetros de Mar de Ajó. En esta oportunidad, el campamento será de seis días, aprovechando los feriados de Carnaval y volviendo para participar de la marcha del 8 de marzo. Nos valdremos de esta instancia para realizar una gran agitación en la costa junto a dirigentes del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero para convocar a participar masivamente de la marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El objetivo del campamento es reagrupar a las nuevas camadas de activistas de la juventud que despertaron a la vida política al calor de la ola verde y la rebelión universitaria. En facultades como Medicina de la UBA o Psicología de La Plata, las elecciones de centros de estudiantes sirvieron para organizar a esa extensa periferia en listas de izquierda encabezadas por la UJS. Lo mismo ocurrió en numerosos colegios y profesorados. Ahora, se trata de procesar las conclusiones del camino recorrido a la luz de los enormes desafíos políticos que tenemos por delante.

El curso central que estamos elaborando para este campamento -“El fascismo ayer, Trump y Bolsonaro hoy. Cómo enfrentamos a la derecha”- está directamente vinculado con el momento político que vive nuestro continente. Las victorias de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil volvieron a colocar a la palabra “fascismo” en el vocabulario político corriente. Al igual que Macri, estos fenómenos son la expresión de una ofensiva contra las masas que es el resultado de una crisis excepcional del régimen capitalista, que en su declinación histórica se llevó puestos a los partidos burgueses tradicionales y, en particular en América Latina, a las experiencias auto-proclamadas “nacionales y populares”.

A lo largo de los primeros cuatro días, repasaremos las características de los regímenes fascistas que emergieron en el continente europeo durante el siglo XX, y sus semejanzas y diferencias con el ascenso derechista presente. Pasaremos revista a la lucha política que León Trotsky desenvolvió contra los llamados “frentes populares” del estalinismo y la burguesía “anti-fascista”, con los cuales se pretendió estrangular la capacidad de acción independiente de la clase obrera. Esta polémica cobra enorme actualidad para confrontar con el camino de derrota que el kirchnerismo fracasado, el clero y la burocracia sindical le ofrecen a la juventud con la excusa de “la amenaza derechista”.

La política cuartainternacionalista de frente único de las organizaciones obreras y juveniles contra el capital y sus gobiernos tiene plena vigencia cuando se trata de enfrentar un régimen decadente que busca sobrevivirse a costa de una nueva ofensiva estratégica contra las masas. Sólo la acción directa de los trabajadores, las mujeres y la juventud es capaz de derrotar estos embates y abrir una nueva perspectiva histórica. Con este propósito recuperaremos la experiencia de la clase obrera argentina, organizando para el miércoles 6 una charla, “A 50 años del Cordobazo” de 1969, con protagonistas de la militancia del PO de aquella época. El jueves 7, por último, emprenderemos el regreso tras realizar plenarios que planificarán la actividad de la UJS durante el inicio de clases.

El campamento tendrá un costo de 6 mil pesos, que incluye el transporte, la estadía y todas las comidas. Para que ningún compañero se quede afuera por un problema de dinero, lanzamos desde ahora una campaña de fiestas, festivales y distintas actividades financieras para reunir colectivamente todos los recursos necesarios. Vamos a tres meses de lucha intensa en el verano para asegurar un gran campamento en marzo, que coloque un nuevo escalón en la construcción de una organización socialista y revolucionaria de la juventud.

“Tribuna Classista es, en sus orígenes, la confluencia de compañeros que rompieron con Causa Operaria (CO) cuando esa organización se alejó de la CRCI. Luego de ese rompimiento comenzamos una serie de contactos, conferencias y seminarios. Nuestro grupo defiende la CRCI y rechazamos la autoexclusión de CO de ese eje político internacional. Comenzamos nuestra extensión nacional hace cuatro años”, dijo.

Paulo Sergio, de la dirección nacional de Tribuna Classista, explica que la organización se ha extendido en el gremio bancario en Brasilia y Porto Alegre, entre los universitarios de San Pablo y entre los trabajadores del Estado en Porto Alegre.

“El proletariado brasileño no está desmoralizado por la derrota del PT, una derrota profunda; por el contrario, se ha mantenido movilizado durante todo este proceso. El surgimiento del fascismo, de la extrema derecha, es el resultado último de la política de alianzas del Partido de los Trabajadores con los partidos burgueses. La conciliación de clases ha sido el camino de la derrota”.

-¿Cuáles son ahora las posibilidades de la izquierda radical?

-Tiene la oportunidad de desarrollar una política de independencia de clase. Fíjese que el PT en los últimos días previos al segundo turno electoral hizo una campaña con movilizaciones menos que débiles, que mostraban su parálisis y su falta de respaldo en las masas.

Dieron una lucha puramente electoral y, aún desde ese punto de vista, fue raquítica.

-¿Cuál es su vínculo con Luta Pelo Socialismo?

-En esta Conferencia hemos establecido un contacto más activo, que antes no teníamos. Teníamos escaso conocimiento y ahora esperamos desarrollar acciones comunes. Aquí se ha profundizado ese vínculo, se ha profundizado la discusión. Esta Conferencia abrió una gran posibilidad para construir organizaciones de masas.

Felipe Malacco es miembro de la Coordinadora Nacional de Luta Pelo Socialismo (LPS), de Brasil. Robinson Gomes, de la misma Coordinadora, es, a su vez, presidente del Sindicato de Trabajadores de Correo de Minas Gerais.

“Nos proponemos construir la herramienta para la revolución socialista por medio de un trabajo real en el movimiento de masas, de las masas obreras y los movimientos sociales”, dice Malacco.

-¿No hacen distinción entre la clase obrera y esos movimientos?

-No, vemos entre ellos una identidad dialéctica: obreros, movimientos feministas, movimiento negro. Por ejemplo, el 80 por ciento de la clase obrera brasileña es negra, de modo que naturalmente se produce una identidad entre el movimiento proletario y de la opresión de raza.

Gomes: Hemos tenido en Brasil muy poco contacto con Tribuna Clasista. Recién aquí, en esta Conferencia, hemos tenido ocasión de conocernos más, de comenzar un debate que aún no es orgánico pero sí un paso adelante para que llegue a serlo. Por el momento, no hay un conocimiento concreto entre ambas organizaciones, por eso ésta ha sido una gran oportunidad para conocernos.

-¿Dónde tiene mayor desarrollo LPS?

-Tenemos presencia en varios estados, pero sobre todo en Minas Gerais, en Río de Janeiro y San Pablo. Ahora estamos abriendo frentes en Pará, Paraiba y Espíritu Santo.

-¿Cómo llegó el contacto con esta Conferencia?

Malacco: Por medio de una relación establecida con Jorge Altamira cuando llegó a Brasil. Con Osvaldo Coggiola teníamos un vínculo más antiguo. Nos interesa mucho establecer contactos internacionales para la lucha contra el fascismo, contra el estado de excepción que se proponen establecer Bolsonaro y otros gobiernos de la región.

Gómes: No conocíamos a la CRCI, pero sí nos declaramos trotskistas y nos proponemos contribuir a la refundación de la Internacional. Hemos encontrado en esta Conferencia una concordancia total en los análisis sobre la situación brasileña y esperamos acrecentar nuestro vínculo con los compañeros que la han organizado. Esto, para nosotros, ha sido extremadamente útil, muy clarificador.

La Conferencia Latinoamericana, reunida en Buenos Aires, caracterizó a la reunión del G20 y resolvió un curso de movilización con alcance continental.

A veinte años de su creación, el G20 asiste al dislocamiento de la llamada “globalización”, según la cual la restauración capitalista en la ex URSS y China debía dar lugar a una armonización de la economía y la política mundiales bajo la égida del capital internacional.

La cumbre de jefes de Estado, en cambio, tendrá lugar en el marco de una creciente guerra comercial, de una acentuación del militarismo y de las guerras imperialistas. Caído el telón de la “globalización” y del “fin de la historia”, emerge con toda su fuerza el rasgo dominante de la etapa histórica de la decadencia del capital, como etapa de “guerras y revoluciones”.

Guerra comercial, militarismo, ataque a los explotados

El telón de fondo de estas fracturas es la crisis mundial capitalista. En definitiva, la guerra comercial -y, en última instancia, política y militar- es una disputa respecto de qué bloques tendrán que hacerse cargo de la depuración de los capitales sobrantes, algo que sólo puede procesarse al costo de guerras y convulsiones sociales inmensas.

Los jefes que tendrán su cita en Buenos Aires, son, al mismo tiempo, los ejecutores de brutales bombardeos en Irak, Siria o Libia, destruyendo sus escasas defensas nacionales para avanzar en una mayor colonización política y financiera. La cumbre tendrá lugar en medio de una agudización de los aprestos militares de los diferentes bloques en pugna. Lo demuestran, por caso, las recientes maniobras de envergadura inédita del ejército ruso con apoyo chino; los preparativos de la Otan para “conflictos a gran escala” y los anuncios de Macron -con apoyo de Merkel- para la creación de un ejército europeo al margen de la propia Otan. La cumbre del G20 en Argentina será también el escenario de otra nefasta unidad continental -la que propugna la militarización de la mano del Departamento de Estado, en nombre del supuesto combate al narcotráfico y al terrorismo. Anticipando esta orientación, el gobierno de Macri y Bullrich han montado un gigantesco operativo de intimidación y represión con la participación de fuerzas y servicios de inteligencia extranjeros, que ya ha provocado detenciones y persecuciones políticas. La Conferencia repudió el reforzamiento represivo montado a partir de la reunión del G20.

La cumbre volverá a refractar la disputa por la cuestión del medio ambiente. Trump ha sacado a Estados Unidos del acuerdo de París, en beneficio de las “viejas” industrias de su país, que aspiran a reducir costos a expensas de la contaminación general. A caballo de este planteo, se pretende el jubileo ambiental en los países atrasados, en beneficio, en este caso, de mineras, petroleras y agroquímicas. Esta misma agenda ha empalmado con el fascista Bolsonaro, en cuyos planes aparece la desforestación del Amazonas.

Más allá de sus divergencias, los jefes imperialistas -y también los Macri o Temer- coinciden en la pretensión de descargar la crisis capitalista sobre la clase obrera y los explotados. En la agenda del G20 se encuentra la ‘universalización’ de las reformas previsionales -así como las reformas laborales antiobreras.

“Contracumbre”

La Conferencia caracterizó a la “contracumbre” de Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Rafael Correa y otros como expresión del fracaso político de los llamados “nacionales” o centroizquierdistas del continente. Es la cumbre de quienes abrieron el camino a la reacción política, y luego fueron incapaces de luchar contra los ajustes de los Macri o Temer -cuando no cómplices de su aplicación. Desde el poder, los “nacionales y populares” fueron peones de la diplomacia imperialista de Obama; en ese carácter, avalaron el golpismo continental (Zelaya, Lugo) y aportaron los efectivos para el intervencionismo militar a Haití a cuenta del imperialismo.

El nacionalismo continental suele asociar la actual fractura del orden mundial a sus invocaciones proteccionistas (“vivir con lo nuestro”). No se hacen cargo, primero, del carácter reaccionario y derechista de los antiglobalizadores, como Trump y sus émulos europeos. Y luego, del carácter necesariamente expansionista y belicista del proteccionismo imperialista. Por caso, la guerra comercial de Estados Unidos con China es sólo un peldaño en el afán de hegemonizar y completar, bajo la égida norteamericana, la restauración del capital en el gigante asiático.

En esta ocasión, sin embargo, el organizador de la reunión con CFK y Rousseff señaló que “es al propio G20 al que debería denominarse contracumbre” (La Nación, 18/11), en alusión a la fractura económica y política que dominará la reunión de los jefes de Estado. Con ello, anticipa que la reunión de los ex mandatarios del nacionalismo le opondrá a los Trump la ‘armonización internacional de intereses’. Esto no debería sorprender, si se tiene en cuenta que tanto Cristina como Dilma, cuando presidentas, participaron del G20 y votaron las conclusiones reaccionarias de sus cumbres. A la fractura económica mundial y a la guerra, nuestra Conferencia Internacional no le opuso el retorno inviable al pasado -la “globalización” capitalista-, sino una transformación social a escala continental y mundial dirigida por la clase obrera. O sea, el gobierno de trabajadores, la unidad socialista de América Latina y el socialismo internacional.

La Conferencia Latinoamericana apoyó la convocatoria a movilizarse el próximo 30 contra el G20 y llamó a organizar para esa fecha manifestaciones y actos en todos los países del continente.

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Cuando a Mauricio Macri le encomendaron la organización de la cumbre de presidentes del G20, imaginaba, con seguridad, un escenario muy diferente al actual. Tanto para el G20 como para su propio gobierno.

Si Macri guardaba alguna esperanza de que la reunión de Buenos Aires redujera en alguna medida las disidencias entre sus miembros, los últimos acontecimientos han borrado esta posibilidad. La reunión de Buenos Aires tendrá como telón de fondo la acentuación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Como “aperitivo” para la cumbre de estos días, Trump anunció la suba de aranceles a productos de China que hoy representan 200.000 millones de dólares de importaciones desde ese país. La reunión viene precedida también por el acuerdo entre la premier británica Theresa May y la Unión Europea respecto de los términos del “Brexit”, cuyo debate en el parlamento de aquel país ya ha colocado en la picota a su gobierno. Finalmente, y a horas de la “cumbre” de Buenos Aires, ha estallado un grave conflicto entre Ucrania y Rusia por el apresamiento de tres naves de aquel país. Esta crisis podría conducir a que naufrague la reunión bilateral prevista entre Trump y Putin en Buenos Aires. Mientras tanto, los negociadores y redactores de los países del G20 prevén una “breve” declaración final, que disimule los antagonismos económicos, políticos y militares. Del lado del “proteccionista” Trump, su partida de Estados Unidos hacia Argentina ha sido acompañada por el anuncio de cierre de varias plantas de General Motors en aquel país. Significativamente, los directivos de GM le achacan la crisis... al proteccionismo oficial. Es que las represalias internacionales le han cerrado mercados a este pulpo, al tiempo que se han encarecido sus importaciones. Estos anuncios, junto a la evidencia de un desinfle bursátil, anticipan el final de la frágil recuperación económica de la primera parte del gobierno Trump. Guerra comercial, militarismo y guerras lisas y llanas. Este es el escenario del G20, que tiene como anfitrión a Mauricio Macri.

Y por casa…

A este G20 en crisis, Macri no tiene para aportarle más que la realidad de un régimen quebrado, que sobrevive con el pulmotor del FMI. En los días previos a la cumbre, el gobierno Cambiemos ni siquiera pudo exhibir la “paz cambiaria” que había logrado en las últimas semanas, al costo, claro está, de remunerar a los especuladores en pesos con intereses astronómicos y -por ende- paralizar la economía.

La nueva corrida hacia el dólar ha estado acompañada por una fuerte suba del riesgo país -o sea, por la manifiesta desconfianza del capital internacional respecto del rumbo del programa económico oficial. Aún con tasas de interés superiores al 60%, los especuladores abandonan sus colocaciones en pesos. Por un lado, se teme a la bola de nieve insostenible de la nueva deuda del Banco Central, que se renueva cada siete días a un ritmo explosivo y, por el otro, está muy claro que Argentina sólo cuenta con el financiamiento ya pactado con el FMI, y del cual no quedará un peso en 2020. Finalmente, los ‘mercados’ toman nota de las encuestas favorables a Cristina Kirchner en las elecciones del año que viene. Pero la respuesta del kirchnerismo a esta corrida no se hizo esperar: a quien quiera oírlos, Kicillof y Cristina salieron a dar garantías de que no patearán el tablero del FMI y, con él, al edificio ajustador que el macrismo ha pergeñado con la excusa de evitar un default.

Pero la lista de los motivos que -según los analistas financieros- explican la fuga de capitales es más larga y sirve para radiografiar todo el alcance de la crisis de régimen. En estas horas, la crisis de los cuadernos ha llevado al procesamiento del pope mayor de la burguesía argentina, Paolo Rocca (Techint). La concurrencia de la “patria contratista” al banquillo de los acusados le ha asestado un golpe feroz a la participación de la burguesía nacional en la obra pública. Y es aquí donde vuelve a ingresar la cuestión del G20 y la lucha de buitres por la recolonización del país. Los voceros oficialistas presentan a un Macri que, aprovechando su condición de anfitrión, cerraría acuerdos ventajosos con Trump, por un lado, y el presidente chino Xi Jinping, del otro. Pero lo cierto es que el macrismo será un rehén de la guerra comercial entre los dos bloques y, naturalmente, de su propia bancarrota económica. El gobierno argentino ha anticipado acuerdos de inversión con China, entre ellos, la reactivación del proyecto para la central atómica Atucha III. A la concreción de este proyecto se encuentra condicionada la posibilidad de reducir el déficit comercial argentino con aquél país, por un lado, y de sostener la “cuenta corriente” (swap) con la cual China aporta a las reservas del Banco Central, del otro. Pero Trump ha salido al choque con estos acuerdos, señalando al gobierno argentino la “inconveniencia” de avanzar con ellos. Estados Unidos, a su turno, domina la parada en el directorio del FMI, de cuyos recursos depende no llevar a la deuda argentina -que ya representa el 90% del PBI- a la cesación de pagos. La guerra comercial internacional se ha metido de lleno en la Argentina y divide al propio gobierno: mientras “FMI” Dujovne desaconseja los préstamos chinos, el secretario de Energía pretende avanzar con ellos. La alforja del G20, como se ve, es otro factor de crisis política.

Los trabajadores

Pero en estos días, no sólo los especuladores o la burguesía industrial han colocado la lupa sobre el gobierno. El G20 también ha estado precedido por importantes intervenciones obreras, como se ha visto en el paro de Aerolíneas, en Siam, en el parazo de Firestone contra los despidos; en la gigantesca movilización de las enfermeras y enfermeros, en las movilizaciones de los colegios terciarios de Capital y Buenos Aires, así como en la enorme movilización piquetera que encabezó el Polo Obrero bajo los helicópteros norteamericanos que sobrevolaban el cielo porteño. En este cuadro, el fracaso de la superfinal entre River y Boca ha contribuido con lo suyo a la crisis política, al desnudar una aguda pugna al interior del aparato represivo del Estado -el mismo que tendrá que dar cuenta de la inquietud popular contra el ajuste. La marcha de este viernes por el G20 se inscribe en esta tendencia de lucha, de la cual, como ocurre en todos los anteriores episodios, ha desertado la burocracia sindical. Pero también ha desertado el kirchnerismo en masa, tanto político y sindical como “social”. El defol de lucha de la CGT, con la complicidad de las organizaciones sociales opositoras, abre un período importante de luchas por abajo contra la virtual tregua electoral ya en marcha. El gigantesco operativo represivo, que paralizará la Ciudad el viernes 30, apunta a presentar una ficción de “orden” o disciplina social, por parte de un gobierno crecientemente repudiado.

En definitiva, al G20 lo recibirá un anfitrión golpeado por una manifiesta crisis de régimen. Pero una y otra cosa están ligadas: la pretensión del macrismo de “subir” a la Argentina al carro del capital “global” ha quedado severamente golpeada por la crisis capitalista y el derrumbe de su “globalización”, algo que quedará expuesto en la cumbre de este viernes y sábado. En la movilización del 30 le opondremos, a la fracasada aventura macrista y a sus socios internacionales, la unidad internacional de la clase obrera y de los explotados contra los ajustes, el militarismo, las guerras y la barbarie imperialista. Saldremos con la perspectiva estratégica de gobiernos de trabajadores en nuestros países, por la Unidad Socialista de América Latina. A movilizar con todo, junto al Partido Obrero, al Frente de Izquierda y todas las organizaciones que han resuelto ganar las calles ese día.

Prensa Obrera N° 1530, disponible en la web y en PDF: debido a las imposibilidades logísticas que provoca la reunión del G20 en Buenos Aires, este número de Prensa Obrera no será impreso.

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Los nuevos presidentes electos de los centros de estudiantes de la UBA se dieron cita en el local de la Fuba, de Uriburu 920, el 5 de diciembre. El objetivo era reunir a la Junta Representativa para convocar al Congreso Ordinario de renovación de autoridades de la federación, que quedó fijado para el próximo lunes 10, a las 17 horas. La nueva composición de la Representativa reflejó el cambio de la situación política en la UBA. Tras las grandes luchas de 2018, por el aborto legal y en defensa de la universidad pública, el bloque morado-pejotista, que a mitad de año había querido usurpar la federación mediante el fraude perdió tres de los siete centros que dirigía: Medicina, Sociales y Agronomía. Hoy, las fuerzas opositoras al macrismo y al Rectorado de Barbieri cuentan con una mayoría incuestionable de nueve centros sobre 13. A tal punto es así que hasta la Nuevo Derecho, que responde al Partido Socialista de Roy Cortina, se hizo presente en la Junta Representativa avalando las actuaciones realizadas.

De dónde venimos

La convocatoria al Congreso de la Fuba pone fin a un ciclo que se inició en 2013, cuando la izquierda se impuso en la mayoría de los centros al calor del impacto que el ascenso del Frente de Izquierda provocó en la universidad. En ese entonces marcamos, sin embargo, la contradicción que implicaba que ese ascenso no tenía traducción en una movilización activa del estudiantado. En ese cuadro de impasse, no fue la izquierda sino el macrismo y los radicales los que consiguieron capitalizar para sí la retirada del gobierno de CFK y Kicillof, cuando ellos mismos empezaron el ajuste, el pacto YPF Chevron, la deuda con el Club de París y el ataque a la docencia y la educación pública.

En la universidad, la polarización Scioli-Macri en 2015 terminó de volcar al campo K a agrupaciones como La Mella, que hasta entonces se reivindicaban de una supuesta “izquierda independiente”. El fortalecimiento que la Franja Morada logró durante este período se chocó contra límites muy precisos. La izquierda, y en particular la UJS-PO, logró establecer una línea de resistencia en los centros, con grandes batallas en Veterinaria o la Fadu. Durante estos años, el kirchnerismo en retroceso se negó a apoyar a la izquierda en la Fuba, al punto de sabotear sus congresos en yunta con la Franja. Ante la impotencia para desplazar a la izquierda, los morados debieron erigir su “Fuba” fraudulenta cooptando a sectores como el MLI o la UES, que se pusieron “en venta” tras la derrota nacional del peronismo. Así y todo, y a pesar de contar con el aval del Consejo Superior y los grandes medios, no lograron superar los 65 delegados de 130 en junio de este año, por lo que debieron truchar dos delegados para esgrimir una falsa mayoría.

Quiebre

La entrada en acción de millones de mujeres, la movilización docente-estudiantil del 30 de agosto -la más grande que se tenga memoria- y su réplica en la ocupación de las facultades fueron los grandes motores que modificaron el cuadro de situación. Como telón de fondo, el vertiginoso fracaso del macrismo en levantar la bancarrota económica del país. La intensa lucha política que se vivió al calor de estos procesos entre la izquierda y el kirchnerismo no terminó de clarificarse ante los ojos de la masa estudiantil. A la hora de las elecciones, en facultades como Sociales o Psicología, las agrupaciones nacionalistas lograron disimular sus pactos con el clero contra el aborto o con los rectores contra la huelga docente. A eso contribuyó, indudablemente, el pasaje de nuevas agrupaciones de la (ex) izquierda, como La Corriente o La Dignidad, al campo “nacional y popular”, ahora bajo el mantra de una eventual vuelta de CFK. Es notable que, a pesar de esta situación, haya sido la UJS-PO la agrupación que logró colocarse como la primera fuerza opositora al Rectorado, si tomamos el peso individual de cada corriente. La izquierda revolucionaria demostró capacidad para influenciar a un movimiento de masas de la juventud y acaudillar, como ocurrió en Medicina, a miles y miles de estudiantes contra las fuerzas del gobierno y el Rectorado. Un sector del FIT, el PTS, se autoexcluyó de estos procesos, haciendo gala de un sectarismo que opera como el taparrabos de un electoralismo febril centrado en dos candidatos.

Hacia dónde vamos

La nueva Fuba que queremos poner en pie el próximo lunes reflejará las contradicciones del conjunto del proceso político. Tras derrotar a Franja Morada y el Rectorado, ni la izquierda ni el kirchnerismo podrán exhibir una mayoría propia. Será una Fuba en disputa. La nueva composición de la Junta Ejecutiva seguramente expresará la relativa paridad que existe en las direcciones de los centros y los delegados de la Fuba. Lejos de entrar en el callejón sin salida de la parálisis, el método que proponemos es abordar la crisis excepcional del país y el brutal ajuste que amenaza a la universidad y la educación pública apelando a la intervención masiva del movimiento estudiantil. Las reuniones quincenales regulares y públicas de las juntas Ejecutiva (la conducción y secretarías de la Fuba) y Representativa (las presidencias de los centros) permitirán que lo que no se salde en el debate entre las fuerzas sea colocado, dos semanas más tarde, a votación de los centros previa realización de asambleas, consultas y reuniones en las facultades. A eso apunta, también, la convocatoria a un Congreso Extraordinario en el inicio de clases del año que viene, precedido por debates, comisiones, paneles y asambleas de los centros.

El movimiento estudiantil que despertó a la vida política y derrotó a los agentes del macrismo y el Rectorado en los centros debe seguir su curso. La disputa por la dirección de este movimiento entre la izquierda socialista y revolucionaria y el nacionalismo burgués se dará ahora desde un lugar privilegiado: la propia conducción de la Fuba, para transformarla en un canal de la lucha y organización del movimiento estudiantil contra la ofensiva fondomonetarista.

La expresión grosera de un funcionario del gobierno francés sirvió para caracterizar sin pelos en la lengua la decisión oficial de suspender por seis meses un aumento del impuesto a los combustibles y conceder una suba del 3% al salario mínimo: “Si (Macron) no se bajaba los pantalones para entregar una nalga, se hubiera quedado sin las piernas” (Le Monde, 5/12). Una migaja. Todo un cuadro de crisis política e incluso hasta de inviabilidad de la actual gestión.

Sea como fuere, el ‘recule’ oficial no fue muy bien recibido por los movilizados chalecos amarillos, que ratificaron la decisión de marchar en masa el sábado próximo. Los representantes del movimiento boicotearon, asimismo, la reunión que les había ofrecido el gobierno, en oposición a cualquier conciliación: reclaman la baja de “todos los impuestos”, la formación de una “asamblea ciudadana” que supervise las medidas impositivas, un aumento del ‘poder adquisitivo’ de la población (en algunos casos aumentos de salarios y del seguro al parado) y el cese de la precariedad social (ídem, 6/9). Le Monde señala también que “el gobierno observa con inquietud el comienzo de una suma de descontento que acabe transformándose en un frente más amplio”. En efecto, el bloqueo de colegios secundarios crece en toda Francia, en oposición a una ley que limita aún más el ingreso a la universidad, en tanto que el personal de ambulancias cortó el centro de París, reclamando la suspensión de la reforma (ajuste) al financiamiento del transporte sanitario. “El año pasado -dice un estudiante- gritábamos nuestro reclamo en el vacío, hoy ya no es así”.

Contradicciones

A la reanudación de los bloqueos y las manifestaciones del viernes próximo se ha adherido la Federación de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSES), afectados por la caída de los precios del producto agrario. El planteo deja a la vista las contradicciones de los sectores sociales movilizados, porque un aumento de los precios del campo va en dirección opuesta a una recomposición del poder adquisitivo del resto; reclaman incluso un cese de las promociones de los supermercados para conseguir una participación mayor en el precio final a costa de los consumidores. La salida a esta contradicción es la apertura de los libros de los monopolios de la comercialización, incluso su estatización, para terminar con el abuso del capital contra agricultores y consumidores.

La misma contradicción se manifiesta con la reivindicación para rebajar los aportes patronales a la seguridad social y reclamar una suba en las jubilaciones; el gran capital, los grandes bancos pueden y deben aportar más. La heterogeneidad objetiva del movimiento no facilita, sin embargo, como uno podría suponer, la tarea de concesiones y apaciguamiento del gobierno, que se encuentra presionado, por otro lado, por la Comisión de la Unión Europea, la jefatura política del gran capital, para que reduzca el déficit fiscal a expensas de los trabajadores. Hay un capitalismo en quiebra que necesita el socorro del Estado -como se ve, por otra parte, en la ola de adquisiciones por parte del capital de China, financiadas por el Estado de la República Popular. A este guiso social de contradicciones se agrega el guiso político, pues al mismo tiempo que los militantes de la derecha animan las movilizaciones, en numerosos casos son expulsados por los manifestantes cuando intentan imponer sus slogans y consignas. La olla a presión del Estado francés ya no tiene la capacidad de contener la explosividad de sus contradicciones y la miseria que ha acumulado. Es la manifestación del impasse del capital a la luz del día.

CGT

En este cuadro, la CGT decidió por fin abrir la boca y poner al desnudo la amplitud de su descomposición política. Con el telón de fondo de las contradicciones y confusiones de los chalecos amarillos, decidió llamar a un paro, sí, pero para el viernes 14, no sea que se mezclen los tantos con el convocado por los chalecos y sus nuevas compañías para una semana antes. El pretexto es reclamar un aumento del salario mínimo y punto. La burocracia sindical convoca a una lucha para confrontar con los chalecos amarillos, no con el gobierno. En lugar de trazar un programa de reivindicaciones que reconcilie en una estrategia común las aspiraciones de mejora social de los estratos medios, las patronales pequeñas, los precarizados y los autónomos, por medio de un plan económico único de los trabajadores contra el monopolio capitalista, la burocracia se cuela como una fracción más en la disputa, sin el menor interés por convertir a la clase obrera en la dirección política de todos los agraviados por la crisis capitalista. Por enérgicas y convocantes que sean las movilizaciones en marcha, sus protagonistas son una representación histórica marginal en comparación con el proletariado. No están para conducir, sino para ser conducidas. Esta caracterización elemental tampoco guía la acción política del arco de la izquierda, que también ha puesto a la cabeza el reclamo de un paro por el aumento del salario mínimo. Solamente la CGT del cemento ha convocado a marchar el próximo viernes.

Descrédito

El gobierno de Macron se encuentra completamente desacreditado. A la par del aumento de los impuestos al consumo, ha reducido el impuesto a la fortuna, con el pretexto, ya poco original, de ‘incentivar’ la inversión que, naturalmente, brilla por su ausencia, debido a la crisis capitalista. Debido a la reducción, el gravamen rendirá en 2018 un poco más de mil millones de euros, cuando el año previo había recaudado 4 mil millones (¡linda forma de combatir el déficit fiscal!) Al pedido de volver al nivel impositivo precedente, respondió: “De ninguna manera (…) no sea que los ricos se subleven y nos echen del palacio de gobierno”. Detrás del jolgorio impositivo para el capital, se esconde, sin embargo, una realidad explosiva: las compañías capitalistas, endeudadas hasta el cuello, se enfrentan a una perspectiva de quiebras; el Estado tuvo que salir en su rescate en los años 2007/8, en 2010 y 2012. “Haremos todo lo que sea necesario”, fue la frase famosa de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, para evitar las quiebras.

Macron está en la cuerda floja, y no es cierto, de ningún modo, que la derecha la quiera cortar. El Frente Nacional ha asistido a todas las reuniones que convocó el gobierno para conciliar una salida. La crisis es política; varios columnistas de diarios alertan contra la posibilidad de que caiga, al fin, la V República -o sea el régimen político. La derecha evita asociarse a desatar este derrumbe.

No es la primera vez que la clase obrera se enfrenta a una explosión social que tiene por actores a otros sectores sociales. En muchos casos, y el de Francia hoy se incluye, parcialmente, entre ellos, son rebeliones contra el capital desde las categorías inferiores del capitalismo. Pero esto mismo las hace más explosivas, a costa de su consistencia. El proletariado no puede ignorarlas sin pagar un precio carísimo, pero tampoco se trata de empujarlas o apoyarlas desde atrás. Debe asumir la dirección de la salida al conjunto de la crisis política del régimen social del cual es su antagonista histórico. Un paro activo nacional de 36 horas, con un programa de reivindicaciones fundamentales y el reclamo de echar al gobierno, desataría el nudo de todas las contradicciones y encaminaría la salida en Francia y a escala de toda Europa. La bandera tricolor y “La Marsellesa” se pondrían como furgón de cola de las banderas rojas y de “La Internacional”.

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La “paz cambiaria” con la cual el macrismo pretende cerrar el año 2019 no alcanza para disimular el derrumbe económico de su gestión.

La utilización de la capacidad instalada industrial en octubre ha caído al 65%, el registro más bajo desde la bancarrota de 2002. La caída del consumo y las tasas de interés usurarias comienzan a golpear severamente a la gran patronal industrial, como se revela en la insolvencia que declaró Longvie, la fábrica de electrodomésticos.

El gobierno contrapone a este derrumbe su supuesta “solidez” para afrontar los compromisos de deuda, a partir del nuevo acuerdo con el FMI. Pero es esa pretendida solvencia la que se encuentra cuestionada por los especuladores internacionales. El riesgo país -el índice que marca la prima extraordinaria que deben pagar los bonos de la deuda argentina- ha trepado por encima de los 750 puntos, equivalente al momento más álgido de la megadevaluación de 2018.

Los voceros de los bancos y fondos de inversión atribuyen la suba del “riesgo país” a la incertidumbre electoral, por una eventual derrota de Macri a manos del kirchnerismo. Los K han respondido a esas dudas asegurando -vía Kicillof- que respetarán los acuerdos coloniales con el FMI. Pero más allá de la voluntad de quienes se autoproclamaron “pagadores seriales” de la deuda cuando les tocó gobernar, la insolvencia argentina reviste un carácter objetivo. Ello se aprecia en la curva curiosa que recorre los títulos de deuda según su fecha de vencimiento. Estos títulos tienen un rendimiento más en 2019 y pegan un fuerte salto en 2020/2021, para luego descender en los años posteriores. El pico de 2020 se debe a las “serias dudas existentes sobre el financiamiento público a partir de 2020 y, en ese sentido, que pueda haber una reestructuración de deuda post 2019” (Cronista, 11/12). La palabra “reestructuración” es el eufemismo de un defol concertado, al cual habría que arribar una vez que se utilizaron los recursos del FMI para el pago de los vencimientos de deuda en 2019.

Por este motivo, la oposición pejotista “protesta”, no por el acuerdo con Fondo, sino porque Macri prevé gastar esos recursos antes del final de su mandato, dejando al gobierno entrante a las puertas de la “reestructuración”. Pero como veremos enseguida, este debate sobre “el 2020” tiene un carácter encubridor. Por cierto, la crisis de deuda podría desatarse antes.

¿Hay 2019?

Según los funcionarios del gobierno, los fondos a aportar por el FMI en 2019 -unos 23.000 millones de dólares- representan un 54% de las necesidades de financiamiento del Estado argentino. Para la porción restante, el gobierno supone la renovación de los vencimientos de deuda. Por caso, sólo en el primer trimestre del año existen vencimientos superiores a los 20.000 millones de dólares, que el gobierno supone renovar en una proporción no inferior al 50%. Pero las hipótesis de renovación deben ser confrontadas con la presente suba del riesgo país, y la clara tendencia de los especuladores internacionales a desprenderse de títulos argentinos. La expectativa de una recesión mundial -que no dejaría afuera a los Estados Unidos- no detendría la suba de la tasa de interés en ese país, cuyo Banco Central prevé dos nuevos aumentos para 2019 (Econviews, 27/11). En este cuadro, la “dolarización de carteras” es la palabra de orden en las finanzas de Argentina, y algunos analistas prevén “una nueva corrida cambiaria para marzo de 2019” (Ambito, 10/12). El gobierno promete responder a ello con los dólares de la cosecha y de las reservas internacionales, que nominalmente se sitúan en los 50.000 millones de dólares. Pero por un lado, los exportadores están habilitados a retener en el exterior las divisas que perciben; y, por el otro, las expectativas de una nueva devaluación incentivarán como nunca a la retención de la cosecha. En lo que respecta a las reservas internacionales, cuando se descuentan los encajes bancarios, el swap de China y los fondos del FMI, los recursos genuinos del Banco Central ascienden… a 3.000 millones de dólares, equivalentes a unos 20 días de venta de divisas en el mercado cambiario. A la luz de estos datos, es claro que la suba del riesgo país no sólo envuelve a la Argentina post 2019: anticipa también un 2019 convulsivo. Este es el escenario que surcará las elecciones nacionales del año que viene y a sus 17 desdoblamientos provinciales. El golpeado régimen político de Macri, los gobernadores pejotistas y el FMI tendrá que transitar el proceso electoral bajo una bancarrota económica que no ha dicho aún su última palabra.

Con la presencia de 71 delegados, sesionó el 10 de diciembre, el Congreso Ordinario de la Federación Universitaria de Buenos Aires convocado con el aval de diez de los trece centros de estudiantes de la UBA. Nuestro compañero, Fernando Ramal, será el próximo presidente de la Fuba, cargo que compartirá con Eva Dimopulos de La Mella. La lista formada para derrotar a Nuevo Espacio/Franja Morada y sus aliados pejotistas incluyó a agrupaciones kirchneristas como La Cámpora y Nuevo Encuentro en la vicepresidencia de la federación; a Somos, el Fana y Colmena en la secretaria general y a la Corriente, Sur, la Centeno, La Dignidad y el MST en distintas secretarías. La falsa “Fuba” que las agrupaciones ligadas al rector Barbieri habían lanzado a mitad de año quedó reducida a su mínima expresión: sólo los centros de Económicas, Odontología e Ingeniería se mantuvieron al margen de esta convocatoria.

Qué Fuba

La Fuba que emerge de este Congreso será una federación en disputa. La UJS peleará desde la presidencia de la federación para darle continuidad y una perspectiva independiente, de unidad con los trabajadores, al extraordinario movimiento de la juventud que este año se levantó por el aborto legal y en defensa de la universidad y la educación pública. Quienes afirman que el acuerdo en la Fuba es un impulso “para derrotar a Macri en 2019” tienen razón. Pero también lo es para derrotar a los pañuelos celestes y el sometimiento a la Iglesia católica. Para golpear los presupuestos de ajuste votados con la complicidad del peronismo opositor, que por boca de Kicillof y CFK ya se comprometió a respetar los compromisos con el FMI. Para derrotar a la Unicaba y los planes privatistas asentados en las leyes anti-educativas defendidas por todos los gobiernos. Para movilizarse por el triunfo de los obreros de Siam o Interpack, que con su dura lucha denuncian la entrega de la burocracia sindical. Para luchar contra el gatillo fácil y sus defensores, se llamen Bullrich, Berni o Milani.

Serán los kirchneristas y sus aliados quienes deberán explicar por qué mientras en la Fuba se unen al Partido Obrero contra la Franja Morada y el PJ, en los decanatos actúan por la precarización de los docentes y en el país se ofrecen como garantía para asegurar la continuidad del régimen de la deuda externa y del vaciamiento nacional.

Liquidacionismo

En lugar de intervenir en la pelea por derrotar a la derecha macrista y disputar con el kirchnerismo la dirección de la Fuba, el PTS e Izquierda Socialista adoptaron un curso liquidacionista del movimiento estudiantil. Su presentación separada con seis delegados demuestra el desprecio por defender a la Fuba frente al gobierno y el Rectorado. Si toda la izquierda hubiera adoptado la misma política, las banderas de Nuevo Espacio/Franja Morada y la UES flamearían al frente de la Fuba, aún a pesar de perder la mitad de los centros que dirigían. El argumento con el cual se procedió a esta auto-marginación fue la necesidad de “reformar el estatuto”, como si cambiar un papel sirviera para sortear el problema de derrotar a la derecha. La modificación que se propone, “que la Fuba se maneje por asambleas”, es contradictoria con la realidad del centro de Filosofía y Letras, cuya Comisión Directiva el PTS integra, se elige de la misma forma y en la misma votación que los delegados a la Fuba, sin que el PTS haya reclamado jamás su disolución. Incluso esta fórmula basista para la federación no se aplica al interior del propio PTS, que naturalmente funciona eligiendo delegados y realizando congresos.

Nueva etapa

El triunfo de este lunes abre una nueva etapa en la Fuba. La nueva conducción, cruzada por estrategias e intereses sociales opuestos, deberá dar cuenta de una fase convulsiva del país, con un gobierno derechista en crisis, a la ofensiva contra las masas, y una creciente movilización popular, que intenta ser canalizada con un reciclaje del fracasado nacionalismo burgués. Lejos de ocultar las contradicciones de fondo que existen al interior de la dirección de la federación, la UJS se valdrá de su lugar en la presidencia de la Fuba, de los centros de Medicina, Filosofía, Veterinaria, y Farmacia y de la secretaría general de Agronomía para impulsar la deliberación del movimiento estudiantil en pos de un plan de lucha contra el ajuste fondomonetarista y por una orientación independiente de los bloques capitalistas, en unidad con la clase obrera. Con este objetivo quedó convocado un Congreso Extraordinario de la Fuba para el inicio de clases del año que viene, precedido por el llamado a asambleas en todas las facultades, sedes del CBC y colegios preuniversitarios.

Con este triunfo, la UJS revalidó 18 años de construcción revolucionaria en la dirección de la Fuba. Vamos por más.

A falta de una salida política al derrumbe de su gobierno, Emmanuel Macron juega a las imitaciones: se ha recluido en el silencio, protegido por sus tropas de asalto, para obtener una inútil expectativa por su anunciado pronunciamiento. Un De Gaulle de menor estatura. En la previa del adefesio que brotará de su boca, el último sábado llenó a Francia de policías antimotines, a razón de un represor por manifestante. Si las cifras oficiales conservan algún valor, los 120 mil policías y gendarmes empatan a los 150 mil ‘chalecos amarillos’ que salieron a la calle a lo largo del territorio de Francia. Como la caracterización oficial de la crisis es “que están en juego las instituciones”, el presidente ordenó sacarlas a la calle en masa para defenderlas. Primero gases pimienta y lacrimógenos, tanquetas y balas de goma -después vendrán las tergiversaciones políticas. La Asamblea Nacional había dado el visto bueno a la operación un día antes: “El conjunto de los diputados rindieron homenaje a las fuerzas del orden, aplaudiéndolas de pie, con excepción de los de La Francia Insumisa” (Le Monde, 7/9). El sindicato de empleados de la policía, mientras tanto, lanzaba una huelga indefinida, y en varias localidades los policías se sacaban los cascos para abrazarse con la población. Da la impresión de que Macron enfrenta obstáculos para recurrir a estos métodos con la frecuencia que impone la situación. De Gaulle, el alto, se vio obligado a renunciar más de una vez después de sus silencios.

La votación parlamentaria sobre ‘las fuerzas del orden’ comporta una diferenciación política instructiva, porque pone a la derecha (Los Republicanos y Frente Nacional) contra los ‘chalecos’. Traduce, asimismo, una diferenciación dentro de los ‘chalecos’, donde una fracción denominada “libres” quiere negociar con el gobierno. La fascistoide Marine Le Pen no dejó de vociferar contra la ‘racaille’ (chusma) cuando se enteró de una disposición de los barrios del conurbano de París de participar en las manifestaciones. Durante la semana hubo, significativamente, confraternizaciones entre ‘chalecos’ y obreros de fábricas, con inmigrantes o descendientes de ellos, e incluso una convergencia con una marcha de defensores de la lucha contra la contaminación ambiental -que Macron supuestamente estaría defendiendo con el encarecimiento de las naftas y el diésel. “La lucha en defensa del medio ambiente es también una lucha contra la desigualdad social”, explicaron. La movilización de secundarios se incrementó, con la consecuencia de un número enorme de detenidos; fueron ocupados varios edificios públicos, en varios de los cuales se declararon huelgas, y se ha anunciado una huelga de camioneros y una manifestación de propietarios agrícolas. Los ‘chalecos’ volvieron a ocupar los Campos Elíseos, la zona vedada por el Estado, que las burocracias sindicales no se cansan de respetar. El Arco de Triunfo ha dejado de ser la zona reservada para el homenaje al militarismo francés.

Bienvenidos a la retaguardia

La burocracia de los sindicatos ha decidido ponerse al frente de la defensa del gobierno. Siete centrales sindicales firmaron una declaración para “llamar a la calma” a los ‘chalecos’. Phillipe Martinez, el secretario general de la CGT fue por demás claro. “No llamamos a marchar al Eliseo ni a la dimisión de Emmanuel Macron, ni a la disolución de la Asamblea Nacional; nos inquieta el aumento de la violencia” (ídem, 8/9). Martinez juega al estadista, como la mayor parte de la izquierda y la extrema izquierda, que recela, detrás de los ‘chalecos’, una operación de la derecha. Se refugia en la necesidad de un aumento de salarios -o sea en usar esta reivindicación como moneda de cambio de un acuerdo. En lugar de trabajar sobre la delimitación que se desarrolla ya en el movimiento de ‘chalecos’, le da la espalda, entregándola efectivamente a la derecha. Reduce la carencia popular a una negociación de salarios, esto con un régimen que ha impuesto una liquidación del derecho laboral. Martinez, vista la pérdida de posiciones sindicales en las grandes empresas debido a la entrega de sus luchas, reclama a la patronal que le abra un espacio en ellas, a cambio de una contención del movimiento actual. En esta línea, la CGT ha llamado a una “jornada de acción” para el viernes próximo, claramente dirigida a convertir a la burocracia en interlocutora de una negociación con la patronal y el Estado. Es, precisamente, la convocatoria que prepara Macron, de acuerdo con lo que ha trascendido. Esta operación de pinzas contra el movimiento, de un lado de parte de la izquierda y la burocracia sindical, y del otro del gobierno, las patronales, los partidos y la Asamblea Nacional, ha sido históricamente lo que ha permitido a la extrema derecha la captura de las clases medias lanzadas a la desesperación por el capitalismo en bancarrota. La extrema izquierda coincide en la oposición al planteo de cuestionar la continuidad del gobierno y la Asamblea y en encaminar la situación a una lucha salarial (ver por ejemplo Lutte Ouvriere -7/9-o las publicaciones del NPA).

El argumento central de esta retaguardia es que la clase obrera se encuentra en reflujo y con una disposición limitada a la lucha. Esto no significa, sin embargo, que debe enterrarla todavía más en esa situación, por medio de un acuerdo con el gobierno y las patronales (una Grenelle, como se conoce a estas traiciones en Francia), ignorando a la masa de trabajadores que han perdido sus condiciones de dependencia laboral como consecuencia de la liquidación del derecho laboral. La crisis tiene un carácter social de conjunto, razón por la cual debe ir a la raíz del régimen político que la protege por medio del aparato del Estado en todas sus manifestaciones. La izquierda realmente existente presenta el planteo de poder como una ‘aventura’, donde cualquiera puede terminar pescando. Pero eso sólo lo puede producir la confusión; es decir, la negación de que hay una crisis en desarrollo. Es necesario definir las alternativas de la etapa que se abre y plantear las de la clase obrera.

¿El poder? No, gracias

A la pregunta de por qué no ‘fuera Macron, disolución de la Asamblea Nacional’, la extrema izquierda responde: “El que venga después puede ser peor”. A falta de alternativa política no se plantea siquiera construirla. Se deforma el llamado reflujo al aislar a la clase obrera de la crisis política y de las movilizaciones sociales en aumento. Hace pocos meses hubo una empeñosa huelga ferroviaria, que fue llevada a la vía muerta por su dirección. Después del Mayo francés vino ‘algo peor’, pero la izquierda luchaba por acabar con el gobierno de De Gaulle y la V República, y por un comité nacional de huelga, para imponer otra salida. Los partidos patronales opositores, incluido el FL Insumiso, plantean la disolución de la Asamblea Nacional, con la expectativa de disputar una mayoría parlamentaria, pero no ‘fuera Macron’ ni la disolución presidencial de la República. Una consigna de poder no es sinónimo de ultimátum: diseña una perspectiva y prepara el desenlace. El llamado a una huelga general con un programa definido, como el salario y la jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar y el control obrero de la producción, plantearía, objetivamente, una cuestión de poder. Imponer el programa mínimo no rescataría al gobierno; una victoria lo derribaría. Por eso la huelga debe ser desarrollada por medio de comités de huelga y comités de acción. La burocracia sindical y la izquierda han llegado hace mucho a la conclusión de que una situación revolucionaria en Francia no es previsible ni deseable. Por eso tampoco quiere la huelga general; una huelga general desarrollará todas las premisas subjetivas de una lucha por el poder.

Los corresponsales de Izquierda Diario han desarrollado un planteo curioso: democratizar a Francia, desmantelar la V República por medio de una Asamblea Nacional Unica, revocable y, como es obvio, con salario de docentes. Eso significa, sin embargo, primero una Asamblea Constituyente, que no se limite a una discusión constitucional, como emerge del planteo, sino que ejerza el poder político. En segundo lugar, el programa de una Constituyente no puede reivindicar la democracia formal sino las reivindicaciones de conjunto de los explotados; o sea, un ataque a la dominación de la burguesía. No se trata de abatir el régimen presidencial, se trata de la realización de las aspiraciones sociales de las masas. Los partidos patronales defienden la continuidad de Macron y de las ‘instituciones’. Sólo si la clase obrera toma esta reivindicación política de la Constituyente se podrá hacer realidad -o sea, que la convocará, en definitiva, un gobierno obrero.

La movilización en curso en Francia tiende a empalmarse con una movilización europea, en primer lugar en Bélgica y en España, y con una crisis política excepcional, junto a Francia y Gran Bretaña. Nos encontramos en las primeras etapas.