Prensa Obrera · 2016

El relato de la crisis que ha eclosionado con la fuga de los responsables del triple crimen de General Rodríguez tiene un hilo político que guarda una diferencia relativa con el delictivo. El kirchnerismo intentó desenvolver este ángulo de características políticas casi en forma inmediata de conocida la fuga, cuando la caracterizó como ‘un vuelto’ que abonaba el macrismo por el servicio que le habían prestado para su victoria electoral las denuncias de Martín Lanatta, que sindicaron a Aníbal Fernández como el jefe de la banda de la efedrina. Con un abono del ‘vuelto’ tan rápido, el macrismo se habría revelado como un deudor de puntualidad calvinista, al igual de lo que ocurre con los bonos que emite para saldar, a plazos diversos, los ‘muertos’ financieros que dejó el kirchnerismo -sin necesidad, claro, de un decreto de necesidad y urgencia.

En un sentido estricto, sin embargo, los promotores del operativo ‘destituyente’ contra Hannibal, que Página/12 atribuye al macrismo, se habían dado a conocer en su momento en forma pública, y no venían precisamente del macrismo. Eran las cabezas de la lista rival al ex jefe de gabinete en las Paso del FpV, que no vacilaron en responsabilizarlo por el desarrollo del narcotráfico en Argentina. Según todas las informaciones de aquel momento, el operativo contaba con el apoyo de Scioli y asimismo del Vaticano. Al papa Francisco se le ha imputado un apoyo político completo a Scioli. En el dispositivo K, por otro lado, la presencia de Hannibal formaba parte de un entramado para poner al PJ bajo la dirección de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Es así que puso la ‘ley de medios’ Sabbatella como candidato a vice y copó las listas a diputados - que hoy perturban la aprobación de un ignominioso Presupuesto de endeudamiento prolífico de la gobernadora Vidal, que apunta a la ‘compra’ de intendentes peronistas. La entrevista que logró Lanata (el Jorge) a Lanatta (el efedro) transcurrió en un escenario dominado por Scioli y Casal, su ministro de Seguridad, la Bonaerense y el Servicio Penitenciario.

Un tiro por la culata

El desenlace de estos operativos de una elección, que todo el sistema calificó de ‘transparente’, es conocido: Hannibal ganó la interna del FpV, pero perdió la gobernación y con ello le hizo perder a Scioli la presidencia. El tiro le salió por la culata a todo el pejotismo anti-K, incluido Francisco, y a la derrota del propio kirchnerismo. A la luz de todo esto, no era el macrismo el que estaba comprometido a pagar ‘vueltos’ sino el sciolismo a pagar las reparaciones por servicios cumplidos pero infructuosos. El pagaré con Lanatta y sus compinches no estaba firmado por los expertos en fuga de capitales que hoy gobiernan Argentina, sino por los apostadores al mercado de futuros amañado que estaban confiados en ganar la presidencia.

La derrota de Scioli, y por derivación del kirchnerismo, ha producido el colapso de todos los acuerdos políticos previos con los delincuentes de Quilmes-General Rodríguez. Este es el significado fundamental de la fuga y por eso constituye un episodio político fundamental de la pretendida transición que pilotea el macrismo. Más allá de cumplir con un compromiso firmado con el narcotráfico ‘nacional’, los aparatos de seguridad procuran, con la crisis que desata la fuga, una ratificación de los acuerdos con el poder político que rigieron bajo la larga dominación peronista. En función de este objetivo es verosímil que Hannibal haya participado en forma activa en crear una ‘zona liberada’ en la cárcel de General Alvear, menester en el que sabe mucho, como lo demostró en la masacre de Puente Pueyrredón y en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Es conocida la tendencia de los criminales a volver al lugar del hecho -en la masacre de Once reaparecieron los responsables del crimen contra Mariano. En un aspecto fundamental, la ‘fuga’ consentida para Lanatta y compañía se asimila a la muerte del fiscal Nisman, por las mismas razones: en este caso el colapso de los acuerdos con la ex Side, Stiuso y los ‘services’ extranjeros.

Acuerdos derrumbados

El derrumbe de los acuerdos con las mafias policiales, penitenciarias, futboleras o del juego amenaza con desenlaces políticos violentos, que podrían derribar la ‘transición’ macrista. Por eso ya están en marcha las componendas para evitarlo. Es una cuestión que divide al macrismo y al pejotismo y kirchnerismo, pero los vasos comunicantes son muy fluidos entre ellos y responden al interés de un mismo sistema social. ¿Alcanzaría el apoyo del capital internacional para bancar una purga del Estado por parte del macrismo, o suficiente para ‘persuadir’ a una parte del pejotismo para apoyar algo semejante? El conjunto de la crisis hace inviable una alternativa de depuración que podría modificar la estructura política de Argentina. Se viene ahora, entonces, la puja de canjes y concesiones recíprocas, de perdones y favores de corta duración -que no afecte los intereses en pugna hasta el comienzo de la campaña electoral de 2017. Es lo que viene ocurriendo en Brasil, con intensidad aún mayor, y el acuerdo con el chavismo ‘civilizado’ y el Ejército que propone en forma insistente el derechista Capriles en Venezuela: en Caracas acaba de ser designado un caprilista para presidir la Asamblea Nacional, enfrentado a la fracción del aún más derechista Leopoldo López.

Es tarea del Frente de Izquierda desarrollar una intensa agitación política de denuncia de estos contubernios y de los protagonistas de la disputa. El FIT debe emerger como la fuerza capaz de acabar con esta podredumbre, o sea con el Estado capitalista ‘realmente existente’.

Los diarios califican de “confusa” la situación creada a diez días de la fuga de General Alvear. Ese calificativo valdrá para la crónica policial pero no para el plano político, donde la conclusión es clara: la transición presidencial opera en medio de una completa descomposición del aparato político, judicial y de represión que ha gobernado la Argentina en las últimas décadas. Los fugados formaban parte de una fracción de ese Estado, a partir de sus vínculos con la policía provincial, punteros y barrabravas.

Ahora queda más claro que nunca que las Paso del ex oficialismo bonaerense fueron un episodio agudo en la descomposición del kirchnerismo y el pejota. En esa interna se dirimía una puja entre entre camarillas empresariales ligadas al delito organizado, la policía y las mafias carcelarias.

Pero, a medida que pasan los días, la crisis envuelve con mayor fuerza al gobierno actual. Vidal y Ritondo debutaron con un pacto con la Bonaerense y el Servicio Penitenciario, a cuyas cúpulas y destacamentos dejaron mayoritariamente intactos. Ese pacto entró en crisis al advertir que la Bonaerense jamás encontraría a sus ¿ex? socios fugados de General Alvear. Entonces, el gobierno improvisó una purga parcial que sólo ha agravado el impasse de la investigación. Los cronistas policiales atribuyen la impericia oficial a factores circunstanciales. Pero hay una razón de fondo: Cambiemos y el macrismo no son ajenos a la crisis de Estado que supuestamente pretenden remediar. Ritondo y Aníbal Fernández, brutalmente enfrentados en estos días, no sólo fueron compañeros de gabinete en el gobierno de Duhalde. Comparten, además, la afición por los barrabravas, los punteros y los burócratas sindicales. Este es el hilo conductor de los que se van y los que vienen: la defensa de un Estado y una organización social que se ha servido de la cooptación y la violencia para asegurar el saqueo de los trabajadores y del país. Yendo más arriba, el propio Macri construyó la policía porteña a partir de una red de espías y escuchas telefónicas.

Si Ritondo, Vidal o Macri no pueden con este Estado sospechado, es porque, sencillamente, forman parte de él. Esta incapacidad de fondo ha tenido en estas horas otra manifestación: después de haber intentado un pacto con la Bonaerense, con los resultados conocidos, Macri no ha tenido mejor idea que avanzar en la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad, con su cúpula y estructuras intactas. Macri-Larreta confiarán la seguridad porteña a la fuerza que liberó la zona del crimen de Mariano Ferreyra -ello, cuando la comandaba… Aníbal Fernández. El traspaso policial a la Ciudad es el preámbulo de nuevas crisis políticas en el campo de la “seguridad”.

Disciplinamiento social

Mientras Macri peroraba sobre la “lucha contra el narcotráfico”, los más informados describían cuáles eran las urgencias del gobierno en relación al traspaso policial: se refirieron al control de las calles, en función de que “se esperan meses agitados en cuanto a protestas sociales” (La Nación, 2/1). La agenda de “seguridad” oficial mira hacia el ajuste que está en curso y que recorrerá un verano caliente. A la suba de la canasta básica, empujada por la devaluación y la eliminación de las retenciones, se suma el aumento en las naftas -otro rescate a los pulpos petroleros, cuyos precios deberían bajar si siguieran los valores internacionales. Para fin de enero, se anuncian aumentos del 130% en la electricidad, que quieren ser disimulados con el desdoblamiento mensual de las facturas.

Pero estos ajustes tampoco caminan sobre tierra firme, porque la megadevaluación no ha significado un nuevo equilibrio. La patria sojera ha vuelto a retener la cosecha y presiona por una devaluación aún mayor, con más razón cuando la caída de los precios internacionales contrarresta las medidas oficiales que la beneficiaron. Pero un nuevo salto en el tipo de cambio echaría más leña a la carestía y puede provocar un descalabro económico superior. El gobierno ha evitado una corrida cambiaria, promoviendo una nueva bicicleta financiera, la cual, a su turno, alimenta la crisis industrial y las tendencias al parate económico. Los cerebros oficiales tramitan un rescate financiero internacional cuando la crisis mundial crece en intensidad.

Tembladeral político

A la luz de lo anterior, es difícil darles crédito a los charlatanes del kirchnerismo, para quienes “la derecha” se ha hecho cargo “con timón firme” de la transición política. En verdad, asistimos al primer mes de un gobierno de advenedizos, que improvisa en medio de la bancarrota económica y de un derrumbe inédito de las instituciones -Justicia, burocracia sindical, régimen de punteros- que contuvieron a las masas durante décadas. El gobierno que quiere “controlar la calle” no controla ni a la policía que debe “callejear”.

La especie de una “consolidación a la derecha”, en este cuadro, sólo apunta a cubrirle las espaldas al kirchnerismo. Los desplantes y rencillas del cristinismo apenas disimulan su compromiso de fondo con los objetivos antiobreros que el gobierno quiere ejecutar, a cuenta de la gran burguesía. En la reconfiguración del negocio mediático a costa de los periodistas, el que hace punta en los despidos es el kirchnerista Szpolski. En otro mostrador, otro ex gurka -Ricardo Echegaray- ya consiguió el aval del PRO para ser “auditor” de sus propios negociados. Mientras tanto, los intendentes pejotistas del conurbano apuran un acuerdo con Vidal, para votarle el presupuesto de superendeudamiento a cambio de algunas migajas para los municipios.

Estamos ante los primeros episodios de una etapa de convulsiones políticas y de grandes luchas. Los ajustadores tendrán que pasar por esa prueba. Para triunfar, hay que demarcarse sin vacilaciones de quienes gobernaron con Chevron, Aníbal Fernández y Cirigliano, y reforzar la batalla por nuestra independencia política.

Transcurrían los últimos días de diciembre de 2010. El entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, recorría los medios para acusar de “sabotaje” a los ferroviarios que denunciaban la precarización laboral y el vaciamiento de las líneas. Varios de ellos, como Jorge Hospital y Omar Merino, padecieron prisión a causa de esas denuncias fraudulentas.

Cinco años después, Schiavi, junto a Ricardo Jaime y los hermanos Cirigliano, fueron condenados como corresponsables o partícipes de la mayor masacre ferroviaria de la historia. En el público, varios de aquellos luchadores -junto a los familiares de las víctimas de Once- celebraban el fallo.

Entre una y otra circunstancia, no sólo 51 personas -“y un niño en gestación”, como repetía implacablemente el relator de la condena- pagaron con sus vidas el derrumbe ferroviario. Un inmenso movimiento de lucha, el de los familiares de Once, junto a los ferroviarios combativos y quienes los acompañaron, logró llevar a los Cirigliano, Jaime y Schiavi al banquillo.

Ahora, funcionarios y empresarios apelarán estas condenas en libertad, y seguirán moviendo sus recursos e influencias para obtener fallos más benignos y hasta zafar de la prisión. La Justicia de este Estado, incluso cuando bajo la presión popular condena a los poderosos, es una versión amortiguada y mezquina de los verdaderos antagonismos sociales que se ponen de manifiesto en estas crisis. Por eso mismo, el tribunal se las arregló para aplicarle una condena -aún menor- a un trabajador, el motorman de la formación que los Cirigliano habían hundido en la falta de mantenimiento y el abandono.

Pero a pesar de los límites inocultables del veredicto, por los estrados judiciales ha desfilado todo un régimen social y político. Los hermanos Cirigliano son parte de los privatizadores que rescató el kirchnerismo, a costa de los fondos públicos y de la precarización de los trabajadores. Mientras los trenes se venían abajo, los Cirigliano desviaban los subsidios para financiar un proceso de concentración en las líneas de colectivos de la zona Oeste y formar así un verdadero monopolio de transporte. Schiavi y Jaime fueron los arquitectos de ese desfalco nacional, bajo la jefatura de De Vido y los Kirchner.

Mariano Ferreyra

El gran episodio de lucha que destapó por primera vez este triángulo corrupto -los funcionarios del Estado, los empresarios y la burocracia de los sindicatos- fue el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La tercerización de ferroviarios, con la cual lucraban los Pedraza, expresaba esta malversación de fondos en el plano de las relaciones laborales. Sus socios mayores eran los Cirigliano, Roggio y otros.

En el juicio a los asesinos de Mariano, esos empresarios habían logrado zafar de toda imputación. Hoy, a la condena a Pedraza se suman los Cirigliano y algunos de los responsables políticos. El movimiento de justicia por Mariano y el de los familiares de Once se han fusionado en su lucha y en el tiempo, y la condena de estos vaciadores recoge parte de sus frutos.

Los unos y los otros

Después de la masacre de Once, el gobierno kirchnerista intentó realizar una operación quirúrgica, destinada a correr de la escena a los desprestigiados Schiavi y Cirigliano. Cuando el régimen privatizador que éstos comandaban se fundió, cambió de rostros y de socios para salvar lo principal: o sea, el saqueo capitalista del patrimonio ferroviario. Vinieron, entonces, Randazzo y sus compras millonarias a China, a costa del dislocamiento industrial y del vaciamiento de los talleres locales. La expresión de este viraje fue la “seudonacionalización” ferroviaria, que abrió un nuevo filón de negocios focalizado en el servicio de cargas. Los familiares de Once tuvieron el enorme mérito de denunciar, paso por paso, esta cosmética kirchnerista, que buscaba borrar las huellas de la masacre de febrero de 2012. En cambio, el macrismo apoyó en el Congreso a la seudoestatización ferroviaria: Randazzo fue el puente entre el kirchnerismo y el gobierno actual, que reemplazó a los Cirigliano por otros privatizadores. Mientras tanto, la precarización laboral en el ferrocarril continúa.

Como se ve, la lucha por la masacre de Once y sus implicancias retrata a un régimen social y a sus partidos, a los que gobernaron y a los que gobiernan. Por eso mismo, la jornada de hoy es parte de una lucha que no termina: en primer lugar, por la prisión efectiva de los vaciadores y responsables condenados, y para que el hilo de las responsabilidades llegue hasta el final; para que los privatizadores y sus socios -la burocracia sindical- sean definitivamente expulsados del ferrocarril y conquistemos su gestión obrera y colectiva, en función de un plan de reindustrialización bajo la dirección de los trabajadores.

La condena, aún retaceada, a un conjunto de connotados verdugos de trabajadores, es un peldaño y un aliciente para esa lucha.

La movilización de este martes hacia la sede del Grupo 23 reunió a varios centenares de trabajadores de prensa, provenientes de un amplio abanico de medios escritos, radiales y televisivos. La masividad de la marcha reflejó la enorme inquietud que recorre al gremio. En efecto: los cambios anunciados por el macrismo a la ley de Medios abren un terreno de monopolización y concentración, al permitir el ingreso de las corporaciones internacionales de comunicaciones en todas las aristas del negocio. No es un secreto que esta reconfiguración capitalista pretende fundarse en una mayor explotación de los trabajadores de prensa, habilitando a despidos abiertos o encubiertos, y a una mayor flexibilización laboral. Y reforzará la regimentación ideológica del periodista por parte de la patronal. La escalada, en este plano, recorre a todos los medios sin excepción. La “corpo” Clarín trabaja por reducir su plantel a través de retiros, mientras en los medios oficiales muchos trabajadores -que no son las “estrellas” del viejo oficialismo- temen por la cancelación de sus contratos precarios, otra herencia “nacional y popular”.

Pero significativamente, quien ha hecho punta en esta ofensiva antiobrera es un ex oficialista -el Grupo 23 de Sergio Szpolski. El dueño de Tiempo Argentino es un kirchnerista hecho y derecho, y no sólo por haber sido candidato a intendente de Tigre por el FpV. Como empresario, Szpolski se sirvió de los recursos de la pauta oficial para financiar un vasto proceso de acaparamiento de medios, incluyendo a las redituables licencias de las radios Rock and Pop, Vorterix o América. Es el mismo proceso económico que recorrió el vaciador Cirigliano, cuando utilizó los subsidios ferroviarios para adquirir líneas de colectivos y monopolizar el transporte en la zona oeste. No exageramos, por lo tanto, cuando en el acto de este martes caracterizamos a Szpolski como “el Cirigliano de los medios”.

La situación política nos ha colocado, entonces, ante esta paradoja: después de anunciar una racionalización capitalista del negocio mediático, el macrismo la puso en marcha sin tener que afrontar costos propios, ha “tercerizado” el primer paso de este trabajo sucio en manos de un adversario político.

Patrón, sí. Kirchnerista, también

En este cuadro, el acto que sirvió de cierre a la gran marcha de ayer estuvo surcado por una contradicción política. A los trabajadores que se movilizaron contra el empresario kirchnerista, los acompañaron varios y connotados kirchneristas, entre ellos, algunos diputados nacionales. Para justificarse, los ex oficialistas recurrieron a una manipulación: ahora Szpolski sería sólo “un patrón más”, al cual, “como trabajadores” enfrentamos “sin distingos”. De este modo, se apeló a una verborragia “clasista” para exonerar al kirchnerismo, como si se lo pudiera separar de los intereses sociales y camarillas capitalistas que lo encarnan. El “patrón” Szpolski creció con los recursos oficiales, su conglomerado es un producto de ese apoyo de Estado. Las “corpos” K crecieron con precarización laboral y manipulación política e ideológica de los contenidos. Pocos se han percatado -nosotros lo denunciamos en el acto- que la reforma a la ley de Medios no sólo levanta las barreras que impedían a las telefónicas comprar medios o licencias.

También las elimina para quienes decidan vender activos -es el caso de Szpolski, quien quiere sobrevivir a costa de desguazar su grupo, previa limpieza de los planteles de prensa. El kirchnerismo no existe “afuera” de estos intereses capitalistas, que rápidamente se han colgado de las reformas de Macri. En definitiva, la que anticipó la “flexibilidad de inversiones” (cuádruple play) fue la propia Cristina Kirchner con la ley Argentina Digital, la que habilitó el ingreso de las telefónicas en la TV paga.

Lo que viene

La caracterización del kirchnerismo es crucial para la lucha que se viene. La “resistencia” K a los planes macristas ha durado lo que duró la permanencia de Sabbatella en el AFSCA –unas horas. Los patrones K se han sumado a la racionalización macrista. Sus referentes políticos no lucharán contra ellos, más allá de las frases de rigor. La escalada contra los periodistas requiere de un programa y de una perspectiva política independiente: defendamos todos los puestos de trabajo, junto a las conquistas salariales y laborales. Que se abran las cuentas de Szpolski y de todas las corporaciones capitalistas. La llamada “pluralidad de voces” no es la proliferación de grupos capitalistas rivales e igualmente regimentadores. Por el contrario, partirá de la defensa de la herramienta de trabajo del periodista -el intelecto- que debe ser ejercida sin cortapisas: por el control de contenidos y la libertad de expresión plena para los trabajadores de prensa. Los periodistas ingresan en esta etapa con una gran conquista –su nuevo sindicato, que encabezó la importante movilización de ayer. Debatamos los próximos pasos -y las primeras conclusiones políticas- de esta lucha.

El martes 5 se instaló en Caracas la nueva Asamblea Nacional, que reúne una mayoría calificada de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Esta circunstancia habilita al parlamento a impugnar el régimen de gobierno por decreto que lleva adelante el Poder Ejecutivo, lo cual establece un sistema de doble poder en un sistema presidencialista. Es decir que se ha alcanzado el punto más alto posible de una crisis política en el marco de la renovación electoral del parlamento. A partir de ahora, cualquier choque institucional de relevancia desbordaría el cuadro constitucional precario. Sería el caso del anuncio, efectuado durante la inauguración, de que la Asamblea votaría una ley de amnistía que liberaría a los presos que la oposición califica de políticos, así como el levantamiento de la orden de captura para aquellos que se han marchado al exterior. Por eso, un prematuro teórico del chavismo, Heinz Dietrich, asegura que “El resultado final del proceso de transición será determinado por los militares...” (Perfil, 3/1). Esta conclusión de manual es, sin embargo, incierta, porque para eso las fuerzas armadas deberían homogeneizarse en un proyecto político nuevo -esto, en un cuadro de divisiones que refleja las que existen dentro del oficialismo, por un lado, y entre los llamados ‘escuálidos’ por Hugo Chávez, por el otro (los cuales, desde ese bautismo, ya no lo son tanto). Tampoco dice si una intervención militar del ejército “bolivariano” resultaría en un gobierno de la oficialidad chavista o procuraría proteger una salida pactada entre los llamados moderados de uno y otro lado.

La derrota última del gobierno, de todos modos, se encuentra inscripta en su reacción política ante esta crisis. Fingiendo ignorar que ha perdido la mayoría electoral como consecuencia de su responsabilidad en un caos económico que no cesa de acentuarse, ha vuelto a incurrir en chicanas institucionales para proteger sus poderes de excepción. En el pasado privó de autonomía a los Estados en manos de la oposición al adjudicar al Estado nacional decisiones de incumbencia estadual. Ahora, impugna la elección de cuatro diputados con la intención de quitarle a la oposición una mayoría calificada de dos tercios. Ha establecido, asimismo, ‘parlamentos comunales’, que algún periodista desairado se apresuró en calificar de ‘soviets’, cuando solamente se tratan de una prolongación de la camarilla gobernante. En lugar de ofrecer una salida social radical al derrumbe económico, y con esto reconquistar el apoyo y la movilización popular, el clan de Miraflores refuerza todos los días un inmovilismo suicida.

Los límites del nacionalismo militar

A diferencia del nacionalismo de los años ’70, conducido por Acción Democrática, que estatizó el petróleo para destinar la renta a promover una gigantesca especulación inmobiliaria y toda clase de corrupciones, el chavismo se distinguió por aplicarla a un enorme programa de mejoras sociales.

Pero no modificó la condición rentística de Venezuela, o sea que no apoyó el programa social en un proceso de industrialización. Pero esa industrialización tampoco hubiera sido viable sin una planificación de conjunto y, por lo tanto, sin el monopolio del comercio exterior y las ramas productivas fundamentales luego del petróleo, y sin la gestión política integral de los trabajadores. El nacionalismo militar entraña límites insalvables, incluso en sus variantes más avanzadas o radicales, pues se asienta en la expropiación política de la clase obrera. Los programas sociales chocaron con los límites de los capitales que controlan la industria del cemento y la siderurgia, o con los monopolios de las telecomunicaciones y se procedió a nacionalizar esas ramas con indemnizaciones colosales financiadas por la renta petrolera.

Lejos de la gestión obrera colectiva (plan) de la economía las empresas o fincas nacionalizadas quedaron en manos de una burocracia ligada al poder, lo cual procedió a una acumulación primitiva de capital de cuño ‘bolivariano’, o sea, a un saqueo privado de los activos estatizados. Ahora, la caída vertical del precio internacional del petróleo no solamente ha dejado desfinanciados los planes de viviendas, salud y educación: mucho peor, dejó al desnudo el vaciamiento al que fue sometida PDVSA -que enfrenta la posibilidad de un ‘defol’, esto por el tamaño de su deuda externa e interna. La caída del precio del petróleo ha paralizado la explotación de la cuenca del Orinoco, que tiene lugar en asociación con los principales monopolios internacionales -excluidos Exxon y Conoco. Maduro ha hipotecado los ingresos petroleros a un préstamo de 40 mil millones de dólares por parte de China. Incluso comparada con otra experiencia en demolición -la brasileña Petrobras- la de PDVSA es mucho más decepcionante. El colmo del parasitismo es el subsidio indiscriminado de la gasolina en el mercado interno, virtualmente gratuita, que ha servido para inundar a Venezuela de autos y para desarrollar un contrabando gigantesco de exportación. El caos económico ha derribado todas las conquistas sociales promovidas por el chavismo.

Entre golpes y autogolpes

El problema que enfrenta el gobierno de Maduro y de su eminencia gris, Diosdado Cabello, no es la derrota electoral sino su carencia de programa y la incapacidad de dotarse de ese programa, que es irrevocable. La aplicación consecuente de esta línea política conduce a un auto-golpe -o sea, a la disolución de la Asamblea Nacional por parte del Ejército. Alternativamente, podría conducir a otro golpe, pactado entre un sector del oficialismo y uno de la oposición. Una señal en esta dirección la acaba de dar el ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, que integra el bloque de conspiradores internacionales de la derecha, y que convocó a Maduro a romper con Diosdado Cabello. Finalmente, tampoco se podrían descartar golpes cruzados, que serían capitalizados por la oposición. Cualquiera de estas variantes serían reaccionarias para el proceso político venezolano y deben ser combatidas por los trabajadores.

A la luz de toda esta caracterización, la expectativa de reformar al chavismo con la consigna del retorno a los orígenes, es un callejón sin salida. Los que siguen invocando a la “masa chavista” para seguir medrando con la reforma del chavismo, ni siquiera toman nota de que una parte importante de la masa del chavismo acaba de pronunciarse con un voto a la oposición y con la abstención. Los ‘reformistas’, como el caso de Marea Socialista (MST), que plantean auditar las cuentas del gobierno como gran consigna, empujan a esa masa en un sentido contrario y a la derrota. Si el oficialismo tuviera un programa daría una batalla política para reconquistar la mayoría popular, en lugar de encerrarse en el impasse mortal de las chicanas institucionales.

En Venezuela son numerosísimos los sectores sindicales combativos. Seria decisivo que se agruparan para una intervención de carácter político con total independencia del chavismo. Un agrupamiento político clasista debería evaluar la oportunidad de una consigna de Asamblea Constituyente libre y soberana que desarrolle un programa de control obrero generalizado, en oposición al gobierno y a la oposición que es impulsada por toda la reacción internacional.

En las últimas semanas, trascendió la derogación del decreto que dejaba en planta permanente más de 100 trabajadores municipales de nuestra ciudad. Muchos de esos contratos no han sido renovados, lo que ha sido justificado como una limpieza de “ñoquis políticos” de gobiernos anteriores. Son palabras del propio intendente actual de la ciudad, a quien no le ha temblado el pulso para despedir a trabajadores con más de diez años de antigüedad.

Frente a esta situación, que se viene dando no sólo en Bermúdez sino a lo largo de todo el país, tanto macristas como peronistas han dejado un tendal de obreros en la calle.

Los despidos en nuestra ciudad son responsabilidad de ambos bloques mayoritarios. Del Frente Cívico, que mientras estuvo sentado sobre la billetera del gobierno municipal no paso a planta a sus trabajadores aludiendo que generaría un desfalco económico del municipio y luego a tres días de irse del gobierno, lanzó un decreto de planta permanente a sabiendas de que el nuevo gobierno se lo iba a revocar. La situación de precariedad es la primera razón de la vulnerabilidad de los trabajadores cesanteados o despedido. El PJ, invocando los mismos criterios que el macrismo, o los K en nombre de barrer con los ñoquis ceso una cantidad de contratos.

Desde la bancada del Partido Obrero, tanto en 2012 como en 2014, reclamamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados del municipio. Esto fue votado en contra tanto por los radicales, como por los peronistas aludiendo que las cooperativas de trabajo eran la solución. Ambos son responsables del ajuste y de la política de rehén que se tiene sobre trabajadores en negro.

Mientras los trabajadores son despedidos o cesanteados de sus puestos, los que nos gobiernan acuerdan y negocian a nuestras espaldas, ajustes y devaluaciones, la suba de la canasta básica, empujada por la devaluación y la eliminación de las retenciones, el aumento en las naftas, nuevos aumentos del 130% en la electricidad, que quieren ser disimulados con el desdoblamiento mensual de las facturas.

Abajo los despidos, el ajuste y el endeudamiento. Impulsemos asambleas en los lugares de trabajo que obliguen a la burocracia sindical a salir a pelear por el pase a planta, no a los despidos y canasta básica familiar ajustada según la inflación.

Es importante destacar la figura de Ian Murdock. Las contradicciones de su vida ejemplifican en forma extraordinaria el verdadero carácter del "software libre" como modelo de negocio capitalista. Murió el pasado 28 de diciembre, por causas que aún se desconocen, en la ciudad norteamericana de San Francisco.

Murdock fue uno de los primeros impulsores del software libre, que tiene como fin el desarrollo de la informática sin patentes privadas, y por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. Su definición está asociada al nacimiento del movimiento de software libre, encabezado por Richard Stallman y la consecuente fundación en 1985 de la Free Software Foundation, que coloca la libertad del usuario informático como un propósito ético fundamental.

Sin embargo, lo que sucede en la práctica es que si bien se pueden formar comunidades que buscan satisfacer necesidades propias con el trabajo voluntario compartido, algo facilitado sobremanera con las herramientas de comunicación en internet, sucede una y otra vez que al lograr cierta masa crítica de utilidad y desarrollo, los grandes pulpos del Big Tech (a veces disfrazados de "fundaciones" o "asociaciones") utilizan el producto y a la comunidad "libre" como gran laboratorio de pruebas gratuitas, para luego desmenuzarlos y vaciarlos (o por lo menos distorsionarlos para servir sus propios objetivos). Terminan llevándose como empleados (o ejecutivos) a sus mejores programadores para sus empresas. Esto a veces deja el proyecto con dos versiones, la "comunitaria" (vaciada, desactualizada) y la "comercial" (versión paga, con gran parte del código inaccesible).

Si bien es "software libre" el uso real tiene un costo astronómico, problema que puede agravarse bastante cuando falta documentación adecuada. El usuario debe pagar a la "asociación" o a las empresas que la forman los servicios pagos indispensable para el uso real del código del proyecto.

Por ende, el software libre nunca puede servir de "alternativa" de los modelos de negocio de los grandes monopolios de la informática de la cual forma parte inextricable.

Se trata, entonces, de una expropiación de trabajo (el código) y de una forma abierta y confesa de trabajo tercerizado, ni siquiera gremializado donde desarrolladores trabajan largas horas sin beneficios ni garantías laborales de ninguna índole. En este sentido todos los monopolios del "Big Tech", que mundialmente han echado decenas de miles de trabajadores técnicos en los últimos meses, se fijan en las comunidades del "código libre" como un repositorio inmenso de lo cual servirse para "bajar costos" y obtener laboratorios de testeo gratuito para sus productos.

Cuando todavía estaba en la Universidad de Purdue, Murdoch creó Debian, una distribución ("distro") seminal del sistema operativo Linux. Pero rápidamente pasó a ser un ejecutivo de los grandes pulpos capitalistas que hacen del mentado "código libre" parte importante de su modelo de negocios. Ian Murdoch dejó de lado su filosofía “progre” encarnado en el Manifiesto de Debian (https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/ap-manifesto.en.html), cuando todavía su gran creación aún estaba en proceso de gestación. Así fue como llegó a ser vicepresidente de Sun (ahora Oracle) donde el Debian "libre" mutó en el comercial Solaris. En este sentido también fue un pionero.

El único código libre va a ser el producto desarrollado bajo la expropiación de los medios de producción internacionales de la informática bajo control obrero.

El pasado 5 de febrero, Macri realizó su primera visita presidencial a Tucumán. Lo hizo para anunciar -en el predio del ingenio La Trinidad y ante los dueños de casa y de varias otras empresas del sector de Tucumán, Salta y Jujuy (Ledesma)- que, a partir del próximo 1º de abril, aumentará del 10 al 12 por ciento el corte de las naftas con bioetanol.

Macri se hizo presente junto con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el de Salta, Juan Manuel Urtubey y con el radical José Cano, quien dirige el denominado Plan Belgrano, mientras que el gobernador tucumano, Juan Manzur, fue ningunead por la comitiva presidencial y tuvo que ir directamente al ingenio, según indicaron medios locales.

El anuncio de la elevación del corte fue presentado por Macri como una salida a la crisis azucarera. Cano la elevó a la altura de una medida histórica. Manzur también se sumó al coro de elogios.

Todos sostienen que con esta suba del corte se va a destinar el equivalente de 260.000 toneladas de azúcar a la producción de biotetanol, lo que va a ayudar a descomprimir el problema de los excedentes de azúcar que han sido el factor que ha derrumbado el precio interno del azúcar. Como a nivel internacional ocurre un fenómeno similar, la exportación de excedentes ha sido cada vez más resistida.

La medida va a significar un alivio, pero se está muy lejos de haber superado la crisis. Los excedentes superan por lejos las 260 mil toneladas. Sólo en Tucumán, en 2015 superaron las 600 mil toneladas.

El mayor entusiasmo viene de parte del sector empresarial que ya producen bioetanol (9 de los 20 ingenios existente el país) y que procuran ampliar la producción. Contrastada con la producción azucarera, la de bioteanol tiene costos laborales menores y se vende a precios subsidiados, como ocurre con las naftas.

Por otra parte, los ingenios puramente azucareros (son 11) han declarado que pretenden ingresar al negocio reclamando que el nuevo cupo les pertenece. Y lo mismo han planteado los cañeros. El inconveniente es que no cuentan con instalaciones propias para producirlos.

Para arbitrar frente esta situación, el ministro de Energía de la Nación ha decidido convocar a una reunión para el 17 de febrero.

En este cuadro de crisis y pugnas, se ha reabierto la lucha de los obreros del ingenio San Juan a quienes se les adeudan los salarios desde el mes de setiembre del año pasado. El ingenio ha sufrido un proceso de vaciamiento y de quiebra.

Recientemente, en los tribunales, se conoció la oferta de Rochia Ferro, dueño del ingenio Florida y Cruz Alta, el segundo de la provincia y principal producto de bioetanol del país, quien planteó comprar la quiebra poniendo como condición separar a la mitad del personal mientras queel sector que quedaría empleado en la empresa debería aceptar trabajar 12 horas como jornada normal.

El interés de Rochia Ferro por el San Juan deriva del hecho de que este ingenio cuenta con importante cañaverales, o sea materia prima para producir azúcar o alcohol. Ahora, para abastecerse, Rochia Ferro debe negociar con los cañeros independientes. Hay otros ingenios que también están en crisis y que podrían quebrar o cambiar de mano o sea que vamos a un proceso convulsivo y tendiente a una mayor monopolización.

Una asamblea obrera en el ingenio San Juan rechazó la salida propuesta por Rochia Ferro y se ha planteado que el estado provincial se haga cargo del ingenio para asegurar la continuidad laboral.

Macri, Manzur, Cano, han pergeñado distintas alternativa a la crisis azucarera donde los platos rotos los deben pagar los trabajadores y los pequeños y medianos cañeros.

A esas alternativas se le debe oponer otra: defensa de los derechos laborales y salariales, incluso reclamando la estatización o provincialización de los ingenios que amenacen cerrar o despedir.

Y, como salida de fondo, una reorganización sobre otras bases, la nacionalización de las grandes fábricas y fundos cañeros bajo control obrero para que la producción azucareras y de biocombustibles esté al servicio de las mayorías laboriosas.

Los Talleres Ferroviarios de Junín, establecidos en 1886 y que hoy pertenecen al ferrocarril General San Martín,llegaron a generar miles de puestos de trabajo a la ciudad (entre 3.500 a 5.000 directos y otros tantos indirectos) e hicieron que la vida laboral girara allí en torno de esta actividad.

A partir de 1993, con la derrota de la huelga ferroviaria contra las privatizaciones, la Unión Ferroviaria (UF) impulsó las cooperativas de trabajo, dirigidas por gente de su confianza, destinadas a abaratar la mano de obra, desvincular a los trabajadores del sindicato y de cualquier proceso de lucha colectiva y brindarle una gran cantidad de negocios a la burocracia con costos ínfimos de mano de obra.

La Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín (Cottaj) que repara y construye material rodante ferroviario, inició sus actividades en marzo de 1994 con 117 asociados que invirtieron sus retiros voluntarios (indemnizaciones) como capital de trabajo.

Hoy, producto de aquella política liquidacionista, quedan 50 ferroviarios cooperativizados, otros condenados a trabajar largas jornadas cobrando el Argentina Trabaja y otros contratados por trimestre. El monotributismo reina y los salarios más altos, que rondan los 6.000 pesos, son recortados en unos 1.500 pesos por el pago del monotributo y los impuestos de Arba.

Las condiciones de trabajo son casi medievales, desarrolladas en un lugar con ratas, murciélagos y otras alimañas. La comida diaria se hace en un lugar no apto para seres humanos. Las instalaciones en general son deficientes y peligrosas para la integridad física de los trabajadores.

Los compañeros han realizado varias reuniones para analizar que hacer ya que, de tanto en tanto, la cooperativa se declara en bancarrota, amenaza con la quiebra y no paga los salariosdebido a la falta de pedidos de trabajo.

Los precarizados han iniciado una campaña de firmas solidarias dirigida al pueblo de Junín para pasar a la planta permanente del ferrocarril ya que siempre hicieron trabajo de ferroviarios para el San Martín, Ferrobaires, etc., y las tareas que realizan están incluidas en el convenio de la Unión Ferroviaria.

Los compañeros han planificado esta campaña, que también es de esclarecimiento y ya han ganado los parques y la vía pública convocando a que el pueblo de Junín los acompañe en el reclamo.

Cuando el gobierno anunció que publicaría en internet las listas de precios de los supermercados, para “que el consumidor controle”, fueron varios los que se acordaron de Guillermo Moreno. En realidad, el macrismo copiaba la receta que el ex secretario de comercio había utilizado en 2012, con los resultados conocidos. Pero si de imitar a Moreno se trata, el gobierno fue mucho más lejos: la manipulación del Indec vuelve a estar a la orden del día.

Una de las técnicas que habían sido expulsadas por Moreno, y que fuera reincorporada hace un mes, ha vuelto a ser desplazada. Graciela Bevacqua había pedido un plazo de ocho meses para armar adecuadamente el nuevo índice de precios. El gobierno había admitido ese cronograma cuando la reincorporó a su puesto. De repente, consideró que esos plazos no se condecían con las necesidades “políticas”, y la echó. Naturalmente, si éstas últimas ‘necesidades’ chocan con los procedimientos técnicos, es porque el gobierno se apresta a violar esos procedimientos -o sea, que dejamos la falsificación “nacional y popular” del índice para pasar a su adulteración “republicana”.

La razón de esta crisis debe buscarse en el desmadre de la inflación, un resultado inevitable de la propia política oficial. Mientras se elaboraba el nuevo índice, el gobierno había anunciado que apelaría al de dos provincias ‘amigas’ -San Luis y la Capital. Los ‘amigos’, sin embargo, dejaron al gobierno en pelotas, porque esos índices midieron la inflación de enero en el 6,5 y 4,1%, respectivamente, y nada menos que en vísperas del inicio de las paritarias.

A partir de lo anterior, es claro que el gobierno ha decidido precipitar el índice “Cambiemos”, en condiciones técnicas tan oscuras como las que regían bajo el Indek. Adicionalmente, trabajadores del organismo denuncian la persistencia de la patota de UPCN, que ya habría sellado un pacto con la nueva dirección. La manipulación estadística exige que continúen la regimentación laboral y los agentes de la burocracia sindical y el Estado en el Indec.

Los índices de precios que el gobierno ha tomado como “alternativos”, hasta que el Indec publique los propios, han sido lapidarios. La provincia de San Luis calculó un 6,5% de inflación en enero, y la ‘macrista’ Capital más de un 4%. La inflación acumulada del último trimestre, sobre esa base, no baja del 12%. Los opositores que producen la “inflación Congreso”, haciéndole un favor a Macri, se clavaron en el 10%. Si a la inflación de este año se le añade la de los últimos meses de 2015, ningún aumento salarial que mantenga el ya golpeado poder adquisitivo del salario debería bajar del 40. La canasta familiar alcanza los 19.000 pesos según la Universidad de Rosario. Los salarios iniciales de gremios fundamentales, sin embargo, no alcanzan a la mitad de esa cifra.

Cónclave antiobrero

Esta agenda elemental estuvo ausente en la reunión de Macri con toda la “crema” de la burocracia sindical. La reunión refrendó el pedido que Macri ya le había formulado a Moyano en privado: el compromiso de las diferentes fracciones de la burocracia con la agenda del ajuste. A cambio de ello, las cúpulas reclaman por el resarcimiento estatal a la caja de las obras sociales. La burocracia sindical, por su parte, admite la extorsión oficial sobre el impuesto a las ganancias -donde las mejoras al mínimo no imponible estarán condicionadas a que los sindicatos se “moderen” en las paritarias. Pero los cambios que se preparan para la “cuarta categoría” (asalariados), podrían ser rápidamente devorados por la inflación. Sólo los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda (ver artículo) han planteado su abolición incondicional.

El conclave de Macri con Moyano, Caló y otros ignoró por completo la cuestión de los despidos, que no es solamente patrimonio de los estatales. El observatorio de la CTA ha calculado en 25.000 los despidos privados. A ello, se suman las suspensiones en Fiat y Volkswagen. La Uocra ha perdido 85.000 puestos en el último año

Las cesantías, sin embargo, no son un “daño colateral”. La política oficial, que en más de un sentido, agrava la recesión industrial, apunta a golpear sobre la capacidad de organización de la clase obrera, de cara a las paritarias.

Paritaria “corta”

En este cuadro, es significativo que el gobierno haya habilitado a la firma de “paritarias cortas”, o sea, acuerdos sujetos a una revisión posterior “según la marcha de la inflación”. El pionero ha sido otro de los visitantes de Macri, Armando Cavalieri, en el Sindicato de Comercio, quien aceptó un incremento de sólo el 20%, con el compromiso de ‘revisar’ al cabo de seis meses. Aunque estos acuerdos dejan abierta la puerta para que la cuestión salarial se reabra en el segundo semestre, el gobierno y las patronales admitirían ese cierre precario siempre que los aumentos corran por debajo de la inflación. De esa manera quieren atravesar un semestre signado por tarifazos y probables nuevas devaluaciones. Pero también, por la escalada de despidos que se preparan en la administración pública y en la industria privada. Para la eventual “reapertura” de esas paritarias, el gobierno apuesta a que la recesión empuje a la aceptación de complementos miserables. El gobierno ha cedido en el techo salarial que pretendía originalmente en la paritaria docente. De todos modos, la nueva oferta implica un salario inicial que no llega a la mitad de la canasta familiar. Este reacomodamiento tiene como objetivo evitar un no inicio de clases y, por esa vía, aislar al resto de los estatales a la hora de debatir un aumento con ellos.

El reforzamiento represivo que debate el gobierno, desde el “protocolo” contra movilizaciones hasta el nombramiento de dos jueces reaccionarios en la Corte, apunta sin duda a este disciplinamiento social.

Reagrupamiento

Este cuadro de situación acentúa la necesidad de una deliberación del activismo obrero combativo y clasista, para establecer un programa y una política para movilizar a los grandes sindicatos obreros. El próximo 5 de marzo se concretará el encuentro del activismo antiburocrático que surgió, meses atrás, de la iniciativa que tomaron Aceiteros y la Línea 60 -dos organizaciones obreras que defendieron el salario y el derecho al trabajo apelando al método de la huelga general. El programa que debatirá este encuentro debe tener en cuenta la escalada estatal y patronal contra las paritarias, pero también la experiencia de lucha de sus protagonistas. En estos puntos, está la lucha por paritarias libres y con representantes electos, con un salario inicial igual a la canasta familiar y por un aumento del 40%; por la indexación mensual de los salarios y la abolición incondicional del impuesto a las ganancias; por la prohibición de suspensiones y despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; el 82% móvil del último mejor salario percibido y el pago inmediato de las sentencias a los jubilados, junto a la solidaridad activa con los trabajadores en lucha, de Cresta Roja, de Tiempo y el Grupo 23, entre otros. Este programa debe integrarse a la defensa del derecho a la protesta y a la movilización. La jornada del próximo 24 de marzo debe ser un pronunciamiento masivo de los activistas y luchadores en este sentido, en la marcha independiente que preparan los organismos de derechos humanos independientes junto a la izquierda.

El compromiso de hierro de los partidos capitalistas -del macrismo a los K, pasando por Massa- con la escalada antiobrera coloca al rojo vivo la cuestión de la independencia de la clase obrera frente a los agentes políticos y sindicales del ajuste, en particular, de quienes prepararon el desembarco del macrismo después de trece años de pago serial de la deuda, rescate de las privatizadas, precarización laboral y regimentación de los sindicatos.

Que el gobierno de Macri haya colocado a la inflación en “el primer lugar de las preocupaciones” suena, en primer lugar, a una impostura -ello, porque proviene de un gobierno que devaluó la moneda en un 50%, bajó las retenciones a los alimentos que se exportan y resolvió un tarifazo del 600% en la luz eléctrica. Un editorialista apuntó que “Macri necesita mostrar que lucha contra la inflación para su relación con los sindicatos” (La Nación, 14/2) -en otras palabras, busca una coartada para empujar las paritarias a la baja (el kirchnerismo también solía reforzar sus estériles controles de precios en vísperas de las negociaciones salariales).

El debate sobre la inflación, sin embargo, no se agota en esa maniobra. En el fondo, pone de manifiesto una crisis política, como lo demuestran los desplazamientos en el Indec. La pretensión de una salida ordenada y “gradual” a la bancarrota que dejó el kirchnerismo empieza a mostrar sus límites.

El gobierno celebró el levantamiento “indoloro” del cepo cambiario. Pero la liquidación de la cosecha por parte de los pulpos exportadores ha sido la mitad de la esperada. El atesoramiento de dólares y la fuga de capitales no han cesado, aunque los bancos ofrecen tasas altísimas para sus depósitos.

En estas condiciones, el gobierno mantiene las reservas internacionales a costa de seguir ‘racionando’ las importaciones y, con ello, la propia actividad industrial.

A su turno, el tarifazo ha operado contra la propia devaluación, puesto que elevó los costos en dólares de la producción local. Por eso, la patronal agraria e industrial espera otra escalada devaluatoria, lo que se ha expresado en estos días, por un lado, en un nuevo salto del dólar y, paradójicamente, en una mayor retención de los acaparadores de la cosecha, que suponen que la depreciación del peso va a continuar.

En este cuadro, el ingreso de divisas depende crucialmente de un nuevo endeudamiento externo y, por lo tanto, del acuerdo con los fondos buitre.

Pero ¿cuál sería el destino de la esperada “reapertura del crédito internacional”? Ni más ni menos que cubrir los agujeros de las finanzas públicas, cuyo déficit en 2016 será del orden de los 20.000 millones de dólares. La liga de gobernadores, senadores y diputados “nacionales y populares” darán luz verde a esta hipoteca bajo la promesa macrista de habilitar, a su turno, el endeudamiento de las provincias con el mismo fin, o sea, cubrir los agujeros de sus respectivos tesoros. Es claro que el reendeudamiento, en estos términos, sólo puede ser el anticipo de una nueva quiebra nacional.

Choques internos

Es por eso que, dentro y fuera del gobierno, una fracción capitalista emplaza a Macri a abandonar lo que llaman “gradualismo” y ejecutar un brutal ajuste fiscal -o sea, que el ingreso de fondos externos sea acompañado por una menor emisión de billetes para financiar el gasto público. Con el mismo propósito, el macrismo está absorbiendo los pesos emitidos a costa de endeudar todavía más al Banco Central. Ya en estos meses, los pagarés que emite el BCRA en favor de los bancos se han chupado buena parte del crédito, acentuando la suba de la tasa de interés, la recesión industrial y también otro factor inflacionario, ya que el consumo popular es cada vez más dependiente de las compras a crédito (tarjetas). A través del endeudamiento para el consumo inmediato (que es un resultado de la caída del salario), los trabajadores pagan un tributo cada vez mayor al capital financiero, que se vehiculiza por la caja de los supermercados.

Un ajuste fiscal en regla acentuaría la recesión económica, reforzando la extorsión contra los trabajadores que ya anticipó Prat Gay -“elijan, salarios o empleo”. Después de la confiscación inflacionaria de la devaluación y los tarifazos, la “política antiinflacionaria” deberá abrirse paso a costa de suspensiones y despidos.

Este recontraajuste, sin embargo, no sólo deberá enfrentar la resistencia obrera. También choca con las tendencias de toda una fracción del capital, que reclama un rescate. Después de reducirle los impuestos a los exportadores agrarios, el gobierno ha debido renovar la política de subsidios a los monopolios petroleros, en medio del derrumbe internacional de los precios del crudo. Ahora, suma otra mancha al agujero fiscal, la reducción de retenciones a las mineras. En medio de un cuadro de deflación mundial, Argentina tiene un gobierno “inflacionario”, a costa de socorrer a los monopolios capitalistas. Esta exigencia patronal sobre el Estado se reforzará con el agravamiento de la crisis brasileña: la devaluación del real y su derrumbe económico interior acentúan la presión exportadora de los monopolios de ese país sobre el mercado argentino. Mientras el gobierno amenaza con “abrir las importaciones” para bajar la inflación, una parte de la gran patronal exige, por el contrario, mayores medidas protectivas.

De cara a las contradicciones que plantea la crisis capitalista, los explotadores están divididos y cruzados por múltiples choques, y ellos han llegado al gabinete macrista. La clase obrera debe tomar cuenta de este cuadro convulsivo y sacar las conclusiones políticas y de lucha.

Casi mil jóvenes de todo el país participamos del campamento de la UJS. Fue una gran experiencia de encuentro y de formación política de la juventud para enfrentar la ofensiva capitalista contra los trabajadores. Lo organizamos y lo preparamos entre todos, distribuyendo las tareas y actividades, cocinando, limpiando y aportando cada cual su granito de arena. El compañero Jorge Altamira participó en los debates de las comisiones y estuvo a cargo de la clase sobre la Revolución Cubana, su colaboración fue muy importante y aportó herramientas para meternos de lleno en la discusión pre-congresal.

El tema central del curso fue elegido ante un desafío práctico: preparar nuestra intervención ante el derrumbe de los regímenes políticos en América Latina. Estudiamos y debatimos el lugar de la clase obrera en los principales procesos políticos latinoamericanos, haciendo eje en Bolivia, Cuba y Venezuela. El estudio de las experiencias nacionalistas burguesas y foquistas demuestra que no es posible sustituir a la clase obrera como sujeto político de la revolución socialista. “La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. Hoy que la crisis capitalista mundial plantea nuevas transiciones políticas consideramos que está planteada con más vigencia que nunca la perspectiva de la revolución proletaria para toda América Latina.

En este sentido es importante destacar la presencia de 30 compañeros de nuestras organizaciones hermanas del PT y La Clase de Uruguay que se sumaron al campamento y continuaron avanzando en un proceso de unidad bajo la perspectiva común de construir un Partido de Trabajadores en la Banda Oriental. El año pasado las huelgas estudiantiles y docentes golpearon con fuerza al gobierno del Frente Amplio y nuestros compañeros estuvieron a la cabeza de este movimiento (a muchos compañeros les abrieron causas que les impidieron viajar). También participó del mismo campamento un destacado dirigente estudiantil de Paraguay que asumió el compromiso de difundir las conclusiones del mismo en un país que concluyó el año sacudido por huelgas y movilizaciones unitarias de trabajadores y estudiantes. Los compañeros paraguayos y uruguayos son parte de un movimiento de la juventud que irrumpe a escala continental.

En paralelo al curso central, 200 compañeros tuvieron su primer acercamiento a la teoría marxista participando del curso del Estado y la Revolución. 65 de ellos decidieron sumarse a militar en las filas del Partido Obrero como resultado del curso. Además, durante el campamento hubo distintos plenarios que prepararon nuestra intervención en los problemas que están planteados en lo inmediato.

Las compañeras del PDT discutieron una agenda reivindicativa y política hacia el 8 de marzo, para darle continuidad a la lucha que quedo planteada con el #niunamenos en la denuncia del Estado y de todo el régimen político. También se reunió nuestra Agrupación 1969, para pensar diferentes iniciativas por la independencia política del movimiento de la diversidad, con la presentación del proyecto de inclusión laboral trans en el congreso como principal desafío y fijar una agenda para intervenir en las movilizaciones del orgullo. El plenario de estudiantes secundarios puso en marcha la campaña del 24 de Marzo; está planteada la pelea por una movilización independiente del gobierno de Macri y también del kirchnerismo, por el desmantelamiento de los aparatos represivos del Estado, contra la impunidad de ayer y de hoy.

Cerramos el campamento recordando a Micaela y Franco, que se nos fueron el año pasado pero que, como Mariano, dejaron su legado en la lucha por la revolución y el socialismo. La postal de un campamento de cientos de jóvenes que quieren cambiar el mundo y buscan darle una salida a los grandes problemas sociales, históricos y políticos de la humanidad, fue el mejor homenaje al compañero Pablo Rieznik, fundador de la UJS e inspirador de nuestra juventud.

Con 100.000 personas movilizadas en Atenas -según cifras de los organizadores- se realizó, el 4 de febrero, el tercer paro consecutivo contra las medidas de ajuste del gobierno Syriza-Anel. El objetivo era frenar la llegada del último proyecto de ajuste al Parlamento. La huelga fue convocada por los sindicatos GSEE (sector privado) y Adedy (público). Pame (Frente Militante de todos los Trabajadores), ligada al PC (KKE), realizó marchas en 76 ciudades. En todo el país se desarrollaron piquetes y ocupaciones. Decenas de gremios se plegaron. El país se paralizó.

Una nueva etapa

Fue la mayor movilización de los últimos años, incluso superior a las manifestaciones antiausteridad de 2011-12, que impulsaron el ascenso de Syriza.

De las tres huelgas generales contra el actual gobierno, esta fue la más importante, mostrando que estamos en una nueva etapa de la lucha de las masas.

Grecia tuvo una caída del 1,9% del PBI entre octubre y diciembre de 2015 (El País, 12/2). Es el sexto año consecutivo de recesión. Alexis Tsipras pretende ahorrar 1% del PBI (1,8 mil millones de euros), recortando pensiones máximas de 2,700 a 2,300 euros mensuales y la mínima, que cobran 600.000 pensionistas, a 384 euros (una reducción del 20% en comparación con el nivel de la pensión básica actual de 487 euros). Todo sin siquiera auditar el Instituto de Seguridad Social (IKA, caja de pensiones), las coberturas sociales y las aseguradoras, para ver dónde fueron a parar esos fondos. El objetivo final es reprivatizar el sistema.

Desde los medios se pretendió deslegitimar la huelga diciendo que fue hecha por la pequeñoburguesía acomodada que votó por el “Sí” en el referéndum: la llaman la “movilización de la corbata”. En la huelga se sumaron los sectores con ingresos más altos de la clase obrera afectados por la reforma.

Simultáneamente, distintas cámaras empresariales (comerciantes, pequeños productores agrarios) repudiaron la reforma impositiva, que pretende compensar la seguridad social con suba de impuestos a la mediana y pequeña industria.

Las exigencias del “Cuarteto” (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad), son una extorsión para volcar el tercer rescate internacional (memorándum) de 86 mil millones de euros.

Abajo el memorándum, por el triunfo de los trabajadores griegos.

El 18 de febrero, el Partido Obrero, junto a representantes de ATE y organizaciones sociales del distrito, tuvimos la segunda reunión con el Ejecutivo municipal a fin de avanzar en la resolución de un conjunto de reivindicaciones.

Fuimos recibidos, nuevamente, por Ruiz Díaz, el secretario de Gobierno. Menéndez no participó de la reunión porque, según nos informaron, estaba "con lo de la toma". Efectivamente, mientras más de 2.000 familias eran expulsadas brutalmente de las tierras, el intendente salía en los medios justificando el desalojo.

El Partido Obrero colocó, como primer punto, la necesidad de dar solución a los ocupantes de la toma mediante la expropiación y la urbanización de esos terrenos. Denunciamos la represión y exigimos la libertad de los vecinos detenidos.

Algunos de los reclamos planteados por las organizaciones fueron avanzar en la adjudicación de lotes con servicio en Río Alegre, módulos de trabajo y ayuda institucional para cooperativas y comedores, implementación de Unidades de Desarrollo Infantil y casas transitorias para mujeres víctimas de violencia de género, el reconocimiento de ATE como sindicato para trabajadores municipales, entre otros.

Como Partido Obrero presentamos por escrito un pliego de reivindicaciones que incluía la reincorporación de los trabajadores municipales precarizados que fueron despedidos, la defensa del hospital maternal de Pontevedra frente a su vaciamiento, y la asistencia económica y de salud para Karina Abregú, víctima de intento de femicidio.

Las repuestas del municipio son conocidas: lamentarse del estado en que encontraron las cosas, echarle la culpa a Othacehé y señalar la falta de presupuesto. Sin embargo, Merlo es uno de los que recibe mayor partida provincial. ¿Hay plata para pagar los shows en el tejadito - copiado del othacehísmo- y no hay plata para asistir a Karina Abregú, que no puede trabajar porque su ex pareja le dejó el 60% del cuerpo quemado? Por otra parte ¿Cuánta plata se necesita para reconocer a ATE en municipales o poner las maquinarias del municipio al servicio de la urbanización de las tierras? Está claro que lo que falta es voluntad política.

Plantear que "no hay plata" sin hacer públicos los balances y presupuestos, es mantener otro viejo vicio de Othacehé. Como toda solución se nos planteó el armado de nuevas reuniones con las distintas secretarías específicas para continuar con el diálogo.

La "disposición al diálogo" es utilizado por Menéndez -y por la centroizquierda claudicante que lo apoya- como argumento para diferenciarse del régimen de violencia de Othacehé. Pero la violencia radica, fundamentalmente, en los derechos violentados por la inacción. Negar el derecho a la salud con hospitales vaciados, negar el derecho a la vivienda con desalojos y represión, negar los derechos de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la asistencia alimentaria y educativa a los niños de las barriadas.

Durante la campaña Menéndez repitió la muletilla que venía a "restaurar derechos". El pueblo trabajador de Merlo deberá ir sacando sus propias conclusiones a medida que se levanta el viento que se lleva las palabras.

En 2013, cuando ya tenía 81 años, Umberto Eco dijo en Burgos -la universidad de esa ciudad le había dado el título de doctor honoris causa- que los claustros universitarios debían reservarse “a una elite”. El autor de Cómo se hace una tesis aseguró que el número de estudiantes es “excesivo” y, además, señaló “la sustitución del papel del docente en manos de Internet”. A renglón seguido, recordó que “las mejores épocas universitarias” fueron aquellas que reservaron las casas de estudios para unos pocos.

Eco añadió entonces que “el exceso de alumnos entorpece la actividad académica y aboca a las universidades a la crisis”, y agregó: “La progresiva influencia de las nuevas tecnologías ha modificado la relación de los alumnos con los profesores, especialmente desde la explosión de Internet, desde donde se puede acceder a mucha información, lo que, en parte, sustituye al docente” (Clarín, 24/5/13).

Aquellas declaraciones resultaron perturbadoras en los ambientes académicos, donde llamó la atención que Eco, como dijeron algunos, se hubiera puesto “tan reaccionario”. Intentaron rebatirlo con un griterío impotente, tan impotente como el “elitismo” del gran intelectual que no podía ver -he ahí sus límites de clase- el fondo del problema.

En principio, se trata de un problema de democracia social. Si la masividad del alumnado afectara la excelencia académica sería una cuestión secundaria: entre la excelencia y una conquista democrática del pueblo trabajador, la elección no puede ofrecer dudas para un demócrata mínimamente consecuente.

Sin embargo, eso ni siquiera es así. La universidad, en efecto, está en crisis en todo el mundo y no por el número de alumnos sino por la creciente incapacidad del capitalismo decrépito para aplicar la tecnología, los avances científicos, al proceso de la producción. El tema da para un tratamiento exhaustivo, pero por el momento veamos el ejemplo de las fibras ópticas, que jamás fueron rentables y se convirtieron, al decir del Financial Times, en “la hoguera del billón de dólares”. La ciencia avanza incesante, a pesar del “número de alumnos” y a pesar sobre todo de los obstáculos que le presenta el régimen social, pero eso no deriva siquiera en un aumento de la productividad. Por eso, en todas partes, se intenta limitar el número de alumnos, se reservan las universidades, como propone Eco, a “elites” (Harvard, por ejemplo) y se las quiere transformar cada vez más, como decía Borges, en productoras de “bestias especializadas”; al servicio, añadimos nosotros, de los pulpos imperialistas.

En otro régimen social el número de alumnos resultaría escaso y habría que buscar las maneras de incrementarlo, lo cual produciría una mayor excelencia académica. Uno de los grandes físicos del siglo XX, Robert Oppenheimer, trabajó con niños de la calle y los puso ante problemas de la física que ellos pudieron resolver en la práctica con más facilidad que la mayoría de los niños escolarizados. De esa manera, Oppenheimer quiso mostrar la cantidad de talento que la miseria echa al desperdicio.

La solución a la crisis universitaria no está en la universidad misma sino en la sociedad toda, que necesita reorganizarse, revolución mediante, sobre otras bases.

El “empate técnico” que pronosticó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, el domingo pasado por la noche, parece haber faltado a la cita, pues las últimas informaciones del lunes 22, escrutado el 80% del padrón, daba el 54,7% de los votos de rechazo a la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales.

El presidente de Bolivia pretendía hacer la ‘gran Kirchner’ -quien adelantó la fecha de elecciones parlamentarias, en 2009, para anticiparse a las consecuencias políticas que tendría una crisis económica que se perfilaba para poco más tarde. En este caso, la próxima elección presidencial recién debe tener lugar en 2020; Evo habría fracasado como le ocurriera a su oráculo. El derrumbe de los precios del petróleo y la minería, y en menor medida el gas, pronostica un cuadro de crisis, que haría inviable cualquier posibilidad de victoria plebiscitaria. Evo se jugó al plebiscito, a pesar de haber recogido la advertencia de su derrota en la ciudad de El Alto, en 2015.

El Sí a la reelección sufrió fuertes reveses en ciudadelas cautivas del MAS de Evo Morales, en contraste con lo ocurrido con las últimas presidenciales, cuando el oficialismo llegó a ganar en Santa Cruz de la Sierra, considerado bastión de la oposición de derecha. En El Alto, el distrito más importante del Altiplano y bastión del MAS (su población es un 50% superior a los distritos de Pando, Tarija y Beni), el Sí retrocedió al 57 del 70% obtenido en las presidenciales de 2014. En Cochabamba ha sufrido un desplome: perdió 62,4% a 37,6 por ciento; en el distrito minero de Potosí -60 a 40 por ciento. En resumen, Evo sufrió un retroceso enorme en los distritos que constituyen su base política. Se ha quebrado el “indigenismo”, que no se refiere a la masa agraria de Bolivia, sino a la enorme emigración campesina hacia las ciudades -por ejemplo, la construcción desde cero de El Alto. La masa ‘plurinacional’ ha menguado su apoyo al gobierno.

La larga perduración del gobierno de Evo tiene por base económica el alza espectacular de los precios internacionales de las materias primas, incluida la soja. El gobierno del MAS, por su lado, incrementó desde 2006 la participación fiscal en la renta petrolera, gracias precisamente a esos precios elevados. Contra lo que dice el relato oficial, no propició la nacionalización de los recursos minerales sino que lo rechazó -primero en un plebiscito en 2004, luego cuando expulsó del gobierno a la fracción nacionalista que encabezaba el ex ministro Solís Rada. También rechazó la implementación de una reforma agraria, esto cuando pactó con la oligarquía de la llamada “media luna”, la reforma constitucional. El boom fiscal propició una enorme especulación inmobiliaria, que encareció la cotización del suelo, y una revalorización del peso que afectó negativamente a la débil industria boliviana -a favor de un crecimiento de las actividades comerciales. El maná minero-sojero ha entrado en declinación: Brasil y Argentina empezarán a presionar por una reducción del precio del gas que les provee Bolivia.

Evo no ha perdido solamente el derecho a otra reelección: todo plebiscito entraña un veredicto sobre el gobierno en funciones. Evo y el MAS rechazan, obviamente, esta caracterización -y tiene, hasta cierto punto, razón, esto porque no existe una oposición política real ni, por lo tanto, una polarización política. El horizonte económico, sin embargo, no augura que pueda revalidar el poder, más bien lo contrario. Con los plebiscitos no se juega. Las petroleras y las mineras, como ocurre en Argentina, van a reclamar un recorte de la apropiación fiscal de la renta del sector. Con la soja, la cosa luce más atenuada, pero el cuadro que emerge del fracaso del plebiscito, envalentonará los reclamos de los grupos sojeros. Comenzarán a propiciar una reversión de la valorización del peso.

La izquierda puede alinearse con el bonapartismo popular, sin confundirse con él de ninguna manera, cuando éste se ve obligado a un choque físico con la oligarquía, pero nunca para que el bonapartismo se perpetúe en el poder y siga la estatización de las organizaciones obreras y el movimiento popular. El pasado criminal de la derecha boliviana la limita para explotar la crisis que anuncia la derrota del Sí. La izquierda revolucionaria se debe una deliberación urgente, para tomar la iniciativa y, a través de ella, recuperar las organizaciones obreras para una política de clase y para disputar la dirección política de las masas.

Los obituarios de Umberto Eco, que citan profusamente su enorme obra, han omitido sin embargo un libro que hoy es casi de colección: Historia ilustrada de los inventos, publicado en 1961 con G.B. Zorzoli. En la introducción, los autores se preguntan si el Australopithecus era ya un hombre. Y recuerdan que en algunas cavernas se habían encontrado restos de ese primate al lado de otros pertenecientes a babuinos, unos monos inferiores a los que el Australopithecus había matado con unas piedras; es decir, había separado la piedra de su contexto natural, la había abstraído para inventarle una nueva función, la función de arma. Por tanto, concluyen, el Australopithecus era un hombre “porque el hombre es el único animal que inventa”.

Fue, tal vez, el último de los grandes enciclopedistas, de aquellos que bajo la dirección de Diderot y D’Alembert proclamaron en el siglo XVIII francés la independencia y la superioridad de la razón por sobre la autoridad, la tradición y la fe. A diferencia de aquellos, sin embargo, no tuvo la confianza ilimitada en el progreso, también ilimitado, que daría la razón, aquella que sentó los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Gran Revolución. Por el contrario, el pensamiento de Eco está imbuido de cierto pesimismo -un pesimismo contradictorio, que a cada paso tropieza con su contrario.

El agnosticismo

Hijo de un padre que marchó voluntariamente a combatir en la II Guerra Mundial para defender a la Italia mussoliniana, Eco -que tal vez por eso sostuvo una posición de cierta equidistancia con la rebelión antifascista de los guerrilleros partisanos- tuvo una formación católica estricta, que luego abandonó. Llegó a un ateísmo difuso, si se permite esa idea, pero no al materialismo; fue, ante todo, un agnóstico que, como sus personajes de El péndulo de Foucault (1988), descreen de cualquier trascendencia.

Neovanguardia literaria

Ocho años antes de El péndulo de Foucault, en 1980, Eco había publicado su primera novela, El nombre de la rosa, cuando estaba cerca de cumplir 50 años. Es, seguramente, una de las grandes novelas del siglo XX. Describe una época: la Baja Edad Media del siglo XIV, y las leyes de la transformación de esa época. La describe en cosas pequeñas y medianas, por ejemplo en la invención de los anteojos; y en las grandes, en las crisis políticas de tiempos del papa Juan XXII y las guerras imperiales y por el papado. El personaje central, el benedictino Guillermo de Baskerville, es un homenaje a Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes. Con su pupilo Adso de Melk, investiga una serie de crímenes en un convento, pero esa trama central de la novela es casi una excusa. Guillermo de Baskerville habla, por ejemplo, de su vínculo intelectual con un personaje histórico real: el sacerdote nominalista Guillermo de Ockham, uno de los iniciadores del pensamiento político moderno que encontraría sus cúspides cuatro siglos después.

Eco dijo en algún momento que no habría escrito El nombre de la rosa de no haber existido el Gruppo 63, al cual él perteneció. Se trataba de un movimiento de neovanguardia literaria en búsqueda experimental de nuevas formas lingüísticas y de contenido que rompieran esquemas tradicionales. El nombre de la rosa admite por lo menos tres niveles de lecturas y, a pesar de su complejidad y de la erudición medievalista que despliega el autor (o quizá por eso) la obra alcanzó una enorme popularidad, y tuvo un éxito masivo la versión cinematográfica de Jean-Jacques Annaud. Eco explicaba aquel éxito por la posibilidad, dijo, “de que haya un público que quiere ser desafiado”.

Fue Eco, sobre todo, un develador de signos, de los secretos y trampas que suele esconder la palabra, los medios de engaño. Sus estudios profundos, indagadores, de la lingüística de Ferdinand de Saussure y otros encontraron después su expresión literaria; por ejemplo, en su última novela, Número cero, la historia de un editor que anuncia la salida de un diario que nunca llegará a publicarse, pero el solo anuncio le permite chantajear a muchos, que ése era su propósito.

Eco se sintió fascinado por las posibilidades de Internet y, al mismo tiempo, por el peligro que implica su capacidad masiva de engaño, de difusión de falsedades, al punto que, según sostenía, la prensa en papel debía dedicarse a denunciar esas falacias informáticas.

Murió en su casa de Milán. Se sabía que tenía un proyecto editorial que ya no será.

Inventó ideas hasta el último día.

Los compañeros de la vitivinícola Fernet Branca acaban de conquistar un aumento salarial interno de un 42,6% -independiente de los aumentos de la paritaria- llevando el inicial a 17.000 pesos y la efectivización del personal de agencia que hacía tareas de convenio.

Este triunfo contundente es un nuevo eslabón en la larga lista de conquistas que vienen hilando los trabajadores desde la puesta en pie de su comisión interna; que incluye un aumento salarial interno en 2014, el blanqueo de las sumas en negro, la reincorporación de despedidos, el reconocimiento de los títulos. Los delegados del fernet impusieron la agenda de los trabajadores a través de paros y piquetes, poniendo fin al verso de la “empresa familiar” italiana.

Crónica de una paliza obrera

Apenas iniciado, el conflicto ya había colocado en la agenda nacional la situación salarial de los trabajadores de Fernet Branca, con la amenaza de desabastecimiento que difundieron los delegados en un comunicado, que levantaron todos los medios del país. La noticia desencadenó una difusión masiva -generalmente bloqueada por los medios a los reclamos obreros- y puso por unos días a los reclamos de los obreros de Fernet Branca en el trend topic de las redes sociales.

Ante las primeras medidas de fuerza, la empresa recurrió rápidamente al auxilio del Ministerio de Trabajo, que le sacó las papas del fuego y dictó expresamente la conciliación obligatoria. El comunicado patronal desmintiendo el peligro del desabastecimiento no pudo detener la popularidad mediática del reclamo y prácticamente pasó desapercibido.

Igualmente, los delegados respondieron que se dedicarían durante los 20 días de tregua a preparar la huelga general con piquetes y que el primer round había dejado a la empresa al borde del knock-out. La superioridad político-organizativa de los trabajadores sobre sus explotadores se expresó en Fernet Branca hasta en los más mínimos detalles.

Pasaron los días, pero la empresa no quiso volver a la pelea. Ante un pedido de un 40% de aumento, en la última audiencia y frente a la firmeza de los delegados, terminó ofertando un 42,6% (!), cediendo integralmente a todos los reclamos. Las asambleas de planta aprobaron masivamente lo conquistado. Un triunfo en toda la línea.

Un conflicto ejemplar

El triunfo de los obreros de Branca representa un ejemplo de organización contra el ajuste que tendrá que repercutir en el corazón industrial de la zona norte bonaerense donde está ubicada. Es una demostración de que el camino para imponer la agenda de las necesidades de los trabajadores es poner en pie al movimiento obrero.

Vamos con este planteo al Encuentro Sindical del 5 de marzo.

Hay un nuevo tarifazo en marcha, esta vez en el gas. El ministro de Interior Rogelio Frigerio consideraba que debía anunciarse luego de que cierren las paritarias, obviamente para que no se tenga en cuenta a la hora de definir el salario. Pero ya anticiparon que se aplicaría desde marzo o abril. Con una triplicación de la tarifa y más, la confiscación arbitrada desde el gobierno es brutal. Para los hogares de consumos más bajos, el aumento superaría el 300%.

La duplicación del precio del gas que se paga a los productores, duplicará también el precio del combustible que queman las usinas eléctricas, llevando a un nuevo aumento de tarifas de la luz. El aumento en la canasta familiar será general, porque los capitalistas industriales trasladarán a los precios estas subas. También subirá el GNC y, con él, las tarifas de taxis y del transporte.

Pero aún antes de implementar el tarifazo, Aranguren ha echado mano a los subsidios comprometidos por el gobierno kirchnerista para rescatar a los grupos del gas. Así, el gobierno de Macri le transfirió más de 52 millones de pesos a Camuzzi Gas del Sur, la empresa que distribuye el combustible en la Patagonia, para que lo destine a cancelar su deuda con las compañías productoras de gas. La empresa no tiene la obligación de restituirlo, porque se trata de fondos girados a cuenta de un aumento de la tarifa.

Ningún tarifazo, apertura de la cuentas de las empresas, basta de parasitismo y entrega. Nacionalización integral de la industria petrolera y del gas bajo control de sus trabajadores.

Tras un mes de reuniones plenarias, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia definió las consignas y el carácter de la convocatoria para la movilización del próximo 24 de Marzo.

Las consignas que presidirán la marcha serán: “A 40 años del golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Treinta mil compañeros detenidos-desaparecidos, ¡presente! No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales”. A éstas se suman, entre otros, las denuncias contra el “protocolo” represivo y contra la campaña pro-amnistía para los represores de Lopérfido y el macrismo.

La movilización tendrá un carácter independiente de los dos bloques políticos que gobiernan el país. Esta definición política de fondo fue el resultado de una intensa lucha política al interior del Encuentro. Grupos como el MAS y el MST pretendían un acto unificado con los K. A ellos se sumó Patria Grande, aunque recién aparecieron en la última reunión plenaria del Encuentro. Por su parte, el PTS tardó 15 días en definir una posición a favor de dos actos separados. En sus intervenciones, de todos modos, insistieron en la línea de “diferenciar” entre Macri y los K a favor del kirchnerismo, autor de las leyes antiterroristas, el Proyecto X y la designación de Milani.

Finalmente, prevaleció la decisión de realizar un acto independiente. Pero resta ver de qué manera se expresará este debate durante la redacción del documento central del acto. Por nuestra parte, impulsaremos la denuncia contra el macrismo y contra los ajustes y la represión en las provincias donde gobiernan el kirchnerismo y el PJ, partiendo de los antecedentes represivos y antiobreros de los recientes gobiernos K.

Por su parte, el kirchnerismo definió que hará un acto propio para celebrar los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. Subordinados a esta decisión política, los organismos de derechos humanos K cancelaron unilateralmente el diálogo con las organizaciones del Encuentro. Se avizora un nuevo intento por apropiarse de la Plaza de Mayo, como ensayaron en años anteriores. La finalidad es desplazar al arco de organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y la izquierda que se mantuvo independiente durante los doce años de gobiernos kirchneristas.

La movilización del 24M estará signada por la visita de Obama, prevista para la misma fecha. La llegada de un representante directo del imperialismo que apoyó y financió el genocidio en coincidencia con el 40 aniversario del golpe es una verdadera provocación. Especialmente, si se tiene en cuenta que el comunicado oficial de la Casa Blanca subraya que Obama “reconocerá las contribuciones a la defensa de los derechos humanos en la región” de Mauricio Macri y buscará “incrementar la cooperación” en materia de seguridad.

Redoblemos la campaña por una gran movilización nacional.

Contra la impunidad, el ajuste y la represión de Macri y los K. Castigo a los culpables. ¡Fuera Obama!

El jueves 18, un descomunal operativo de infantería desalojó la toma de la Ruta 1003 en Merlo, donde más de 2.000 familias trabajadoras estaban, desde octubre, luchando por un pedazo de tierra.

El operativo tuvo una fuerte repercusión mediática. Hasta ahora, ningún gobierno -nacional, provincial, municipal, kirchnerista o macrista-, ha dado respuesta al reclamo por el más elemental derecho a la vivienda.

El asesinato de un niño de 8 años, por un enfrentamiento de bandas que se disputan el negocio de la droga, fue la excusa para justificar el desalojo. Encubren así la responsabilidad del Estado: la situación de irregularidad de los ocupantes y la negativa a urbanizar el barrio fue el caldo de cultivo para que recalaran las bandas narcos que, por otra parte, lo hicieron con la absoluta connivencia de la policía, destacada allí desde octubre.

“Desalojen a los narcos, no a los vecinos” fue la consigna que levantaron en ese momento las familias, mientras sus casas eran destruidas.

Menéndez con el verso de la “mesa de diálogo” no dio ninguna solución al problema habitacional. El mismo jueves, el intendente kirchnerista se paseó por todos los medios justificando el desalojo PRO.

Los medios hablaban de “desalojo pacífico”, pero la expulsión de dos mil familias pobres y la destrucción de sus pocas pertenencias es un acto de violencia flagrante. Fue además ilegal, porque se ignoró la suspensión del desalojo por 180 días dictada por un juzgado de garantías. Diego Ferreyra, delegado de la toma, fue brutalmente golpeado y detenido. Son ocho los vecinos con causa de tentativa de usurpación.

El mismo jueves, los referentes del Partido Obrero de Merlo nos entrevistamos con el Ejecutivo municipal. En primer lugar, exigimos la libertad de los vecinos detenidos. También planteamos una salida habitacional para las familias damnificadas: la expropiación de las tierras ociosas y su otorgamiento a las familias que las ocupaban a partir de un plan de urbanización, contemplado incluso por el juzgado de garantías interviniente.

El golpe sufrido no doblegó la voluntad de las familias. El domingo posterior al desalojo, una asamblea de vecinos debatió la continuidad de la lucha. La asamblea votó y llevó adelante una importante movilización al municipio el martes 23. Quedó claro para todos que las “mesas de diálogo” son estériles si no hay detrás de ellas una movilización popular que le arranque al gobierno un derecho que debe, pero no quiere, garantizar.

“Queremos hacer el elogio histórico del piquete, de aquel movimiento piquetero que tanto luchó y sufrió la pérdida de compañeros, pero acá no se trata de reprimir piquetes sino de suprimir el derecho a cualquier movilización, el derecho a la lucha, y el derecho a la lucha es el que hace posibles todos los demás derechos. Ocurre que entramos de lleno en la crisis, y habrá más despidos y más ataques a conquistas históricas de los trabajadores. Este protocolo represivo es otra cara de ese ajuste”, dijo el diputado nacional Néstor Pitrola en el mediodía del 22 de febrero, durante la audiencia convocada por el PO-FIT para debatir la norma represiva que Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dictaron sin debate parlamentario.

Pitrola añadió que ese protocolo es una continuidad de la ley antiterrorista del kirchnerismo, que en su momento los legisladores del PRO aplaudieron de pie. Avanza en imponer más coacción, reinstala la figura del desacato y establece la de asociación ilícita por razones políticas, todo en los términos de la ley antiterrorista. “Es más, el procedimiento contra Milagro Sala, del todo ilegal e ilegítimo, se hace en los términos de esa ley: instigación al tumulto, desobediencia a la autoridad”.

El diputado del PO hizo una convocatoria a plegarse masivamente a la convocatoria a la movilización de estatales del miércoles 24, la primera gran prueba de fuerza política a la que deberá hacer frente el protocolo de la represión. “ATE -indicó- no debe concurrir a la reunión con la ministra Bullrich para ‘adecuar’ la movilización”. Ni el Cordobazo ni el 20 de diciembre de 2001, ni ninguna de las grandes luchas populares de la Argentina pidieron permiso”.

A su turno, la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT) sostuvo también que la huelga con movilización de estatales, este miércoles 24 de febrero, es “una encrucijada” porque debe demostrar en la calle la ilegitimidad del protocolo represivo. “Las fuerzas de seguridad regulan su propia actuación -añadió- y la policía decide cuándo hay delito”.

Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo (línea Fundadora) señaló también una continuidad: “Esto yo lo viví cuando me pusieron en el Proyecto X y tuve que declarar ante un fiscal”. Nora Cortiñas agregó que también ella estuvo en el Proyecto X y nunca logró que le explicaran por qué. “Si con esto (por el protocolo) piensan que nos van a sacar de la calle, no nos conocen”.

La audiencia pública también señaló que el protocolo constituye una limitación inadmisible a la libertad de prensa, al imponer un “corralito” desde el cual, y sólo desde el cual, los periodistas podrán cubrir una manifestación. “Tato” Dodero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) dijo que, “en cuanto trabajadores que nos movilizamos por nuestros derechos, desde ya rechazamos absolutamente este protocolo (...) Muchas veces en oposición a la línea de los patrones, hemos logrado develar crímenes cometidos por la represión”.

En el mismo sentido, Vanina Kosteki recordó que “con ese corralito, no hubiéramos tenido condenas por el asesinato de Maxi (Maximiliano Kosteki) y Darío (Santillán)”.

El legislador porteño Marcelo Ramal (PO-FIT) señaló que el protocolo “ya se aplicó en la represión a la murga de la Villa 1-11-14. Según Gendarmería, los murgueros obstruían el paso de la propia Gendarmería y por eso les dispararon a mansalva”. Por su lado, la diputada nacional Soledad Sosa (PO-FIT) recordó que en su provincia, Mendoza, se arrancó una ley contra los megamineros envenenadores mediante la ocupación física de la Legislatura.

Por último, Christian Paletti, delegado de los trabajadores de Metrovías, dijo: “Nosotros ya tenemos nuestro protocolo, es la ley 4472, que en sus artículos 21 y 22 obliga a avisar con 48 horas de anticipación sobre cualquier medida gremial, no se pueden afectar los servicios ni la recaudación y se imponen fuertes multas al sindicato. Durante los paros de 2006, la Federal bajó con la Guardia de Infantería al taller Rancagua y tiraron gases y balas de goma ahí abajo, en el túnel. Nosotros apagamos las luces y aprovechamos nuestro conocimiento del lugar. Nos defendimos con lo que teníamos a mano, y les aseguro que el temor se lo trasladamos a ellos”.

El masivo paro estatal del 24 ha dejado conclusiones políticas de fondo, más allá de una adhesión que superó los cálculos -y la orientación- de sus propios organizadores. El paro recogió la adhesión y simpatía de una clase obrera golpeada por la carestía, los despidos estatales y privados y la persistencia del impuesto al salario. Ello se tradujo en las columnas de los sindicatos y comisiones internas que también pararon y se movilizaron, bajo la acción del clasismo. Pero el 24 también representó un golpe monumental al protocolo represivo de Bullrich-Macri: las “reglamentaciones” redactadas por los burócratas oficiales sencillamente sucumbieron ante la masividad de las columnas de trabajadores -el gobierno debía optar entre una represión abierta, sin la menor condición política para ejercer, o la contemplación de las columnas, que es lo que finalmente hizo. A sólo sesenta días de su asunción, la clase obrera hizo valer un pronunciamiento claro contra la agenda ajustadora y procapitalista del gobierno.

Crisis política

Esta irrupción obrera se produce en medio de una crisis política del gobierno “Cambiemos”. El “rodrigazo” en cuotas o “gradual”-devaluación primero y tarifazo después- terminó sacando a la superficie todas las contradicciones de la quiebra nacional. Para resarcirse del tarifazo, la patronal industrial y agraria reclama otra devaluación, un planteo que se acentúa con la caída de los precios internacionales y el derrumbe de la economía brasileña. La cosecha continúa siendo acaparada, a la espera de una devaluación mayor. Por el mismo motivo, la fuga de capitales y las reservas internacionales han vuelto a drenar. “Gradualmente”, se configura el escenario de una corrida cambiaria.

El desmadre económico acentúa las urgencias oficiales para lograr un socorro financiero internacional. Pero ese auxilio está condicionado al arreglo con los fondos buitre, cuya factura superará los 15.000 millones de dólares. Cuando se suma esa deuda al conjunto de las hipotecas pendientes, se tiene que la deuda argentina se acerca a la mitad de su Producto Bruto, muy por arriba del “desendeudamiento” celebrado por igual por kirchneristas y los actuales oficialistas.

Pero el rescate financiero conducirá a nuevas contradicciones. El gobierno deberá emitir moneda como contraparte de los dólares que ingresen, o sea que el reendeudamiento también será inflacionario.

A partir de este cuadro, un sector de la burguesía y del propio gobierno ha salido a criticar el “gradualismo” y reclama un ajuste fiscal a fondo (tarifazos de todos los servicios y el transporte, despidos masivos en la administración pública) como preludio de un nuevo endeudamiento. Quieren deflacionar la economía por medio de una recesión, cuyo objetivo inmediato sería liquidar el capital sobrante y producir una desvalorización histórica de la fuerza de trabajo, en este caso, por la vía de golpear la capacidad de acción de la clase obrera.

Pacto buitre

Es claro, a partir de lo anterior, que el acuerdo con los buitres sería la piedra angular del nuevo régimen político que quiere poner en pie el macrismo. Los buitres más recalcitrantes exigen que el Congreso derogue primero las leyes cerrojo y de pago soberano como condición para finiquitar un acuerdo. O sea que es el capital financiero quien está diseñando los términos del nuevo régimen político en Argentina. Las diferentes muestras de gobernabilidad que han brindado el kirchnerismo y el pejotismo en estos sesenta días son el anticipo del compromiso político en ciernes para cerrar el acuerdo con los buitres. Por lo pronto, los gobernadores pejotistas -con Urtubey a la cabeza- lo apoyan sin reservas, ya que dependen de él para habilitar una escalada de endeudamiento de sus provincias.

De este modo, el “bonapartismo de verano” que representaba el régimen de los decretazos le abre paso a una coalición de “acuerdos a medida”, según la agenda de la crisis. Es claro que estos acuerdos funcionan sobre la base de componendas y trenzas extraparlamentarias, convirtiendo al Congreso en una mera escribanía. Detrás del folklore de las plazas del aguante, los camporistas mantienen sus lazos politicos y parlamentarios con los gobernadores del ajuste y se han disciplinado a una “normalización” del pejota que tendrá como cabeza a Barrick Gioja.

La izquierda

La huelga y las manifestaciones de este 24 han sacudido esta modorra de pactos, así como la pretensión de confinar la crisis política a un supuesto conflicto entre macristas y kirchneristas. La plaza de este 24 exhibió la verdadera grieta: de un lado, los trabajadores cesanteados o precarizados; del otro, los gobiernos ajustadores, de Macri a Alicia Kirchner, pasando por el massista Morales y los intendentes camporistas del conurbano. Pero más allá de los despidos, la agenda de la clase obrera está sacudida por la crisis de la paritaria docente, donde las marchas y contramarchas oficiales delatan el terror del gobierno a que el ciclo lectivo se inaugure con un paro general docente; por el fiasco del impuesto al salario, donde el decreto macrista ha terminado incorporando miles de trabajadores a esta confiscación, y, naturalmente, por la carestía, que mete mayor presión al conjunto de las paritarias.

La izquierda debe tomar nota de este cuadro y tomar la iniciativa, por medio de una enérgica agitación política. Es necesario explicar a fondo la dimensión nacional e internacional de la crisis en curso, no sólo para que la clase obrera defienda sus conquistas amenazadas sino también para que se erija en alternativa política.

La acción parlamentaria tiene que apuntalar ese objetivo. Una instancia de esta lucha se planteará el 1º de marzo, cuando se inauguren las sesiones ordinarias. Teniendo en cuenta la revulsión popular que provocan los tarifazos, la carestía, el arreglo con los buitres, la estafa del impuesto a las ganancias y el protocolo represivo, nuestros parlamentarios se retirarán de la sesión inicial como expresión de rechazo al paquetazo oficial, al “pacto buitre” y al compromiso de los bloques opositores con el mismo. Convocamos a las fuerzas del FIT y al conjunto de la izquierda a realizar actos y manifestaciones frente al Congreso y a las legislaturas, para expresar ese rechazo y levantar un programa de reivindicaciones populares.

El 18 de febrero, el Partido Obrero, junto a representantes de ATE y organizaciones sociales del distrito, tuvimos la segunda reunión con el Ejecutivo municipal a fin de avanzar en la resolución de un conjunto de reivindicaciones.

El intendente, Gustavo Menéndez, una vez más no dio la cara. No participó de la reunión porque, según nos informaron, estaba "con lo de la toma". Fuimos recibidos, nuevamente, por Ruiz Díaz, uno de sus secretarios. Efectivamente, mientras más de 2.000 familias eran expulsadas brutalmente de las tierras, Menéndez salía en los medios justificando el desalojo.

Desde el Partido Obrero colocamos como primer punto la necesidad de dar solución a los ocupantes de la toma mediante la expropiación y la urbanización de esos terrenos. Denunciamos la represión y exigimos la libertad de los vecinos detenidos.

Avanzar en la adjudicación de lotes con servicio en Río Alegre; módulos de trabajo y ayuda institucional para cooperativas y comedores; implementación de Unidades de Desarrollo Infantil y casas transitorias para mujeres víctimas de violencia de género; el reconocimiento de ATE como sindicato para trabajadores municipales. Estos fueron algunos de los reclamos planteados por las organizaciones.

Como Partido Obrero presentamos por escrito un pliego de reivindicaciones que incluía la reincorporación de los trabajadores municipales precarizados que fueron despedidos, la defensa del hospital materno-infantil de Pontevedra frente a su vaciamiento y la asistencia económica y también de salud para Karina Abregú, víctima de intento de femicidio.

Las repuestas del municipio se repiten: se lamentan del estado en que lo encontraron y le echan la culpa a Othacehé.

También argumentan no tener presupuesto, pero Merlo es uno de los que recibe mayor partida provincial en acuerdo con Vidal. ¿Hay plata para pagar shows costosos -algo copiado de la intendencia anterior- y no para asistir a Karina Abregú, que no puede trabajar porque su ex pareja le dejó el 60% del cuerpo quemado? Por otra parte, ¿cuánta plata se necesita para reconocer a ATE en municipales o poner las maquinarias del municipio al servicio de la urbanización de las tierras? Está claro que lo que falta es voluntad política.

Plantear que "no hay plata" sin hacer públicos los balances y presupuestos es mantener otro viejo vicio de Othacehé.

Como toda solución se nos planteó el armado de nuevas reuniones con las distintas secretarías específicas para continuar con el diálogo.

Menéndez -y el centroizquierda claudicante que lo apoya- utiliza esa faceta dialoguista como argumento sólo para diferenciarse del régimen de violencia de Othacehé. Pero ya apeló a ella para el desalojo violento de la toma. Además, se sigue negando el derecho a la salud, al trabajo, a la asistencia alimentaria y educativa a los niños de las barriadas.

La muletilla de campaña de Menéndez era decir que venía a "restaurar derechos". El pueblo trabajador de Merlo irá sacando sus propias conclusiones a medida que se levanta el viento que se lleva las palabras.

Trabajadores del Conicet de Necochea y Quequén, pertenecientes a cuatro lugares de trabajo diferentes (la Estación Hidrobiológica Puerto Quequén, el Area Arqueología Antropología de la Municipalidad de Necochea, el Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana de la Unicen y el Area de Historia Americana y Argentina de la Universidad Nacional del Sur), nos reunimos en asamblea el lunes 8 de febrero.

Asimismo, fuimos partícipes de ella investigadores (de planta permanente y becarios), técnicos y personal administrativo, afiliados de ATE, UPCN y compañeros sin afiliación gremial. Se trató de una verdadera asamblea de base.

La reunión fue convocada en el marco de la enorme ola de despidos, que se ha dado particularmente luego de que el director del Conicet declarara a los medios de comunicación que el organismo era “inviable” y entregara al denominado “Ministerio de Modernización” el listado de los trabajadores del organismo.

Esto se da en el marco del decreto presidencial por el cual el gobierno se encuentra revisando y rescindiendo una elevada cantidad de contratos y concursos de estatales de los últimos tres años. Los trabajadores de Ciencia y Técnica nos convocamos en asamblea y nos declaramos en estado de alerta. Votamos un cronograma de asambleas periódicas que nos permitan tomar las acciones pertinentes frente a esta coyuntura.

En los debates, destacamos la importancia de que los trabajadores del Conicet de todas las áreas desarrollemos acciones en común, fomentando las convocatorias a asambleas por lugares de trabajo en todas las regiones del país, para elevar los niveles de organización frente a los múltiples reclamos que tenemos.

Asimismo, planteamos la necesidad de expresar nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos y los medios más eficaces para revertir la situación e impedir que este proceso continúe extendiéndose. Para el caso particular de nuestro organismo, consideramos pertinente que acompañen a las tradicionales movilizaciones, las actividades de divulgación científica (ciclos, ferias y charlas), que nos permitan difundir nuestro trabajo y mostrar la importancia de la investigación científica.

Esta asamblea representa un logro enorme, que se suma al trabajo realizado por los compañeros de Jóvenes Científicos Precarizados y ATE-Conicet, en un sector de los trabajadores que posee un grado ínfimo de afiliación sindical, que no posee convenio colectivo de trabajo, que no discute paritarias y que desarrolla sus actividades en un elevado grado de precarización laboral, que incluye el no reconocimiento de los derechos laborales básicos para los becarios.

Para avanzar en la resolución de estos problemas, los trabajadores de ciencia y técnica debemos organizar un gran congreso, que nos permita centralizar y organizar la lucha a escala nacional.

La primera asamblea del año de la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de YPF, realizada en Buenos Aires, contó con buena concurrencia y desarrolló un amplio debate político. Decidió movilizarse el 1° de marzo, junto a los diputados del PO-FIT, para reclamar el pago de las deudas aprobado por el Congreso y que aún no se hizo efectivo.

Es que el gobierno kirchnerista se fue sin abonarlas y el de Macri tiene detenidos los trámites, sugiriendo que empezarían a pagar en junio.

Sin embargo, ya han emitido bonos por 2.000 millones de dólares para las petroleras por el subsidio al gas, cuando el “logro” de las privatizadas es haber perdido el autoabastecimiento petrolero y gasífero.

Macri ha blindado de la inflación la deuda con las petroleras y penaliza con la misma inflación, la deuda con los trabajadores de YPF, despedidos con la privatización menemista.

La asamblea votó en línea con el camino iniciado por la movilización y el paro de estatales del 24 de febrero: movilizarse el 1° de marzo, junto a los diputados del PO-FIT, para reclamar el pago ya, buscando la firma de los diputados para una entrevista con el Ministerio de Economía y lanzar la campaña por el proyecto de ley de resarcimiento jubilatorio, con una audiencia el 5 de abril en el Congreso. La idea es convocar a todos los trabajadores de las ex empresas del Estado, que aún deben lograr la sanción definitiva de sus leyes.

En Neuquén, luego de una asamblea en Cutral Có, se resolvió que una delegación concurra el 1° de marzo a la Legislatura provincial por un proyecto de comunicación a favor del pago inmediato a los ex ypefianos que presentará la legisladora Patricia Jure. Ya se ha logrado la votación por unanimidad a la presentada en Salta por Claudio del Pla y seguirá ese camino Mendoza, donde los ypefianos estuvieron junto a ATE en la movilización del 24 de febrero.

La marcha independiente del 24 de Marzo también contará con la participación de la Coordinadora de ypefianos.

El “plan de labor parlamentaria” del Congreso fue redactado en Nueva York, en las oficinas del juez Griesa. Hace dos semanas atrás, el juez había permitido que Argentina volviera a cumplir con sus pagos de deuda con quienes se acogieron a los canjes anteriores si el Congreso derogaba las llamadas “leyes cerrojo”. Para ser más claro, Griesa fijó como cierre de negociaciones al 29 de febrero -o sea, un día antes de la inauguración del año legislativo. Ahora, alcanzado el acuerdo con el fondo de Paul Singer, se ha fijado la fecha límite del 14 de abril para su pago -o sea, el plazo necesario para que Diputados y Senadores pongan el gancho. Un comentarista político destacó que, para convencer a Griesa a que destrabe el litigio, el negociador del macrismo le explicó “la renta extraordinaria que obtendrían los holdouts”, o sea, que tuvo el ‘mérito’ de detallarle la magnitud de la entrega nacional. En el acuerdo cerrado el lunes pasado, el Fondo de Paul Singer recibirá el 100% del capital de bonos defolteados que fueron comprados a una cifra entre cinco y diez veces inferior a su valor de emisión. Por una deuda de 5.900 millones a los buitres más duros, el gobierno le reconocerá 4.800 millones, o sea, casi el 80% de lo demandado. Los litigantes obtendrán en promedio quince veces más de lo que “invirtieron” por estos bonos. En su conjunto, la cancelación de toda la deuda con los buitres -incluyendo a acreedores italianos y otros bonos emitidos en euros- demandará unos 8.000 millones de dólares. Pero para cancelar al contado la hipoteca, Argentina emitirá bonos de deuda a una tasa estimada en el 7% anual. Teniendo en cuenta los intereses a pagar, y la necesidad de emitir un valor nominal de títulos superior a la deuda a cancelar, aquella factura podría elevarse a más del doble. El Congreso se apresta a refrendar el acuerdo más leonino en la larga historia de la deuda usuraria.

Primero, el ajuste

Alfonso Prat Gay, el ex empleado del banco que financiará esta operación leonina, justificó el acuerdo sosteniendo que los préstamos que aparecerían después de cerrar con los buitres evitarían un “ajuste brutal”. Con ello, ha pretendido asociar el reendeudamiento a un pretendido ‘gradualismo’. Sin embargo, los voceros financieros ya han advertido que la nueva deuda está atada a la “cuestión fiscal”, o sea que el ajuste debe preceder a los nuevos préstamos. Los ´gradualistas´ deberán exhibir, con miles de despidos y nuevos tarifazos, las garantías que ofrece Argentina para volver a endeudarse.

En los mismos días en que se avanzaba con el pacto buitre, el FMI volvió a incluir en sus informes los reportes sobre la economía argentina. El paso siguiente será la adhesión del país al régimen de “intercambio informativo” (artículo IV). Es el puntapié inicial para un monitoreo del ajuste por parte del capital financiero. Al interior de Argentina, el gobierno replicará esta vigilancia contra las provincias, como condición para habilitar a su propio reendeudamiento. El futuro régimen de coparticipación, por lo tanto, será otra criatura del acuerdo con Griesa y el capital financiero.

El gobierno se lanza con desesperación a este acuerdo leonino -y al socorro financiero que espera alcanzar con él- cuando la pretensión de una salida ordenada o gradual del régimen económico anterior hace agua. El dólar supera los dieciséis pesos y el gobierno acentúa la suba de intereses -y la recesión- para contener la sangría de divisas. Pero la tabla de salvación del capital financiero será todavía más pesada, y acarreará mayores desequilibrios económicos y crisis políticas.

Cuando la sede del gobierno argentino termina de trasladarse a Washington y Nueva York, y el Poder Ejecutivo ajusta su política a la que se le dicta desde el despacho del juez Thomas Griesa, resulta lógico que el giro espectacular que se le ha dado al caso Nisman encuentre su centro en Antonio Stiuso (alias “Jaime” o “Stiller”), un hombre que se jacta de tener oficina propia en el edificio central de la CIA, en Langley.

Aún así, o precisamente por eso, la espectacularidad esconde el vacío: todo es un montaje, una puesta en escena para aumentar el aislamiento de la camarilla kirchnerista y apretar el cerco contra ella. La causa Nisman, ahora en manos de la Justicia federal, no se resolverá porque ninguno de los supuestos investigadores está dispuesto a abrir los archivos de las cuevas de espionaje -en primer lugar la Side, o SI-, donde se entretejen crímenes y conspiraciones contra el pueblo. Por el contrario, el regreso en triunfo de “Stiller” indica que el nuevo gobierno ha reanudado los pactos del anterior con viejos servicios, herederos de la dictadura militar (se debe recordar que, en su momento, fue Néstor Kirchner el que puso a Stiuso a trabajar en la causa Amia junto con Nisman). También esta arista del asunto tiene una lógica de hierro: si se abren esos archivos, van presos hasta los investigadores.

La nueva coreografía comenzó cuando el fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, consideró que Nisman fue asesinado y, en consecuencia, la causa debía pasar al fuero federal. El dictamen del fiscal tiene una lógica técnica contundente: de las pericias hechas en el país y en el extranjero se desprende que la pistola Bersa Thunder.22 de la que salió la bala que mató a Nisman produce al dispararse una fuerte emanación de gases de pólvora, pero la mano de la víctima no tiene rastro alguno; por lo tanto, Nisman no disparó. Y si no disparó, diría el maestro Perogrullo, es obvio que le disparó otro. Es decir, fue asesinado. Pero Sáenz va más allá y sostiene que la causa del homicidio fue la denuncia de Nisman por el memorando con Irán. Es una suposición puramente política, al gusto del gobierno y de la embajada israelí.

Sáenz, uno de los impulsores de la marcha del 18 de febrero del año pasado por Nisman, o el juez Claudio Bonadío -citó a la ex Presidenta, como se sabe, por el caso del fraude con la venta de dólares a futuro- ya no están solos. Ahora también Ariel Lijo aprieta el acelerador en el caso Hotesur. En otras palabras: se extiende el corrimiento del Poder Judicial hacia las tibiezas del nuevo poder político. Pero volvamos a Nisman.

Las “garantías” de Stiuso

Apenas producido el dictamen de Sáenz se supo del regreso de Stiuso, quien dijo que ahora tiene “garantías” dadas por el nuevo gobierno. En otras palabras: Macri lo trajo, lo cual indica cuál será su política en materia de espionaje. El Proyecto X, producto de la desconfianza de Cristina Kirchner en una Side desintegrada, se revierte ahora a sus orígenes. La cueva tétrica de 25 de Mayo y Rivadavia vuelve a conocer días de esplendor.

Terminado el largo testimonio de Stiuso (17 horas) la jueza Fabiana Palmaghini, que persistentemente había negado la teoría del asesinato y se empeñó en negar el traspaso de la causa a un juzgado federal, como pedían las querellas, se declaró incompetente. Palmaghini aceptó sin más la tesis de Stiuso: a Nisman lo mataron y el crimen fue encubierto por CFK, Carlos Zannini y Aníbal Fernández, e involucró también a Cristóbal López. La jueza, ahora sí, se apartó del caso y lo trasladó, de súbito, al fuero federal. Además, denunció penalmente a la fiscal Viviana Fein, cosa que le permitirá al macrismo volver a la carga contra la jefa de los fiscales, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Todo a pedir de boca del gobierno.

Este caso hiede por cualquiera de sus costados. Stiuso y Nisman, por instrucciones de Néstor Kirchner, fueron en su momento los encargados de pergeñar la teoría de inculpamiento de Irán en el atentado a la Amia, al punto que se desechó cualquier otra línea de investigación. Como alguna vez admitió el propio Nisman, las fuentes de información que usaron para ese propósito fueron los informes que les suministraban la CIA, el FBI, el Mosad israelí e incluso las centrales de espionaje británica y alemana. Cuando se firmó el memorando con Irán, todo ese armado se resquebrajó. Desde entonces, la interna de la Side y de las fuerzas de seguridad se transformó en un intercambio brutal de “carpetazos” y hasta de plomo caliente, como se vio en el asesinato de Pedro Viale, “el Lauchón”, mano derecha de Stiuso en la Side y colaborador directo de un antiguo conocido de Macri: el proxeneta Raúl Martins, dueño de varios cabarulos de prostitución y drogas en la Argentina y en América central. (Según la hija de Martins, Lorena, su padre es un fuerte aportante a las campañas de Macri).

Que se abran los archivos de la Side y de todos los servicios de inteligencia, que se disuelvan de inmediato esas cuevas de conspiradores contra el pueblo. Es, sin duda, un aspecto importante del sentido que deberá tener este 24 de Marzo.

El viernes 26, al cumplirse diez años del crimen de Paulina Lebbos, se concretó una gran jornada de lucha, convocada por la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad de Tucumán.

Fueron miles las personas que se concentraron en la Plaza Independencia soportando, primero, un tremendo calor y luego el aguacero que inundó algunos barrios de la capital.

El Partido Obrero participó con una masiva columna encabezada por el diputado nacional por Salta, Pablo López, las diputadas provinciales Patricia Jure (Neuquén), Andrea Ruiz (Santiago del Estero) y la senadora provincial Gabriela Cerrano (Salta).

Estuvieron presentes delegaciones de familiares que luchan contra la impunidad de Salta, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Jujuy, provincia de Buenos Aires e inundados de La Plata. María Luján Rey, referente de los Familiares de las Víctimas de la Masacre de Once, también fue parte de esta jornada de lucha.

El Partido Obrero, por medio de una declaración, carteles y pancartas llevó la denuncia sobre las decisiones judiciales a favor de Pedraza. Alberto Lebbos y María Luján Rey denunciaron desde el escenario este golpe de impunidad en favor del asesino de Mariano.

La jornada tuvo diferentes instancias. La más importante se dio en la Plaza Independencia cuando, desde las 18 horas y de manera incesante, se habilitó una radio abierta en la que decenas y decenas de familiares, mayoritariamente de Tucumán pero también de todas las delegaciones del país que se hicieron presentes, denunciaron sus casos. Como luego resumió Lebbos, en su discurso de cierre, todos los casos denunciados estaban impunes porque el poder político -ya sea a través de sus gobiernos, sus policías, sus justicias- estaba vinculado directa o indirectamente con ellos, poniendo de relieve que la impunidad no era una excepción tucumana, sino extendida a todo el país.

En sus discursos, los familiares destacaron el apoyo del PO de Tucumán y de sus dirigentes en la lucha por justicia en la que estaban empeñados. El PO realizó varias charlas, mesas-debate, un gran festival el domingo 21 que reunió más de 1.000 personas y comprometió a importantes bandas y grupos artísticos con la convocatoria del 26 y, luego, con la organización de las delegaciones presentes en el acto.

En diferentes discursos, los familiares destacaron la importancia de haber dado el paso de organizarse para sostener sus luchas. Otros fueron más lejos y señalaron la necesidad de hacerlo en todo el país, un desafío que ha quedado planteado.

Varios familiares hicieron reflexiones políticas. A la hora de presentar sus casos no vacilaron en denunciar a los gobiernos K, nacional y provinciales. Pero también en destacar que, a pesar de sus expectativas de cambios, rápidamente advirtieron que con el nuevo gobierno las cosas seguían igual o incluso peor. Una familiar de Santiago señaló que su provincia está gobernada por una camarilla vinculada con los peores crímenes y asociada al delito. Su gobierno, radical, fue socio del kirchnerismo, y ahora se ha transformado en socio de Macri. Por lo tanto, nada cambiará.

Lebbos, en su discurso de cierre, destacó el valor de la lucha y la organización y que gracias a ello muchos casos habían podido avanzar judicialmente. Pero también enfatizó que, gracias a la organización, muchos familiares habían madurado en su comprensión de la realidad.

La muletilla electoral de Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, fue que venía a “restaurar derechos”. No se refería a los derechos de la mujer trabajadora.

En enero, Menéndez fue convocante y suscribió, junto a otros intendentes, el Pacto de San Antonio de Padua. Afirmó que el objetivo era “gobernar siguiendo los llamados del papa Francisco”. Plantea así no sólo la destrucción del Estado laico, sino el alineamiento con la Iglesia católica, institución con un largo prontuario de crímenes contra las mujeres.

Entre los compromisos asumidos por el pacto figura “combatir la violencia de género” y “proteger la vida humana desde la concepción”. En línea con el Código Civil reaccionario de Cristina Kirchner, el pacto de Menéndez apunta a mantener el aborto en la clandestinidad con su secuela de muerte, sobre todo entre mujeres pobres. La penalización del aborto es además un instrumento de disciplinamiento social.

Su política no sólo atenta contra las mujeres que deciden no ser madres. El vaciamiento de los dos hospitales materno infantiles del distrito atenta contra la vida de madres y niños. El intento de achique del hospital maternal de Pontevedra sólo fue revertido por la acción inmediata de los vecinos.

En el Chutro, Menéndez anunció el cese de las horas extra y anticipó despidos mediante la revisión del personal contratado. En el Hospital Eva Perón, el personal denuncia que se busca implementar un sistema de arancelamiento.

Las “jornadas de reflexión sobre violencia de género” son un gesto para la tribuna. A la hora de dar respuestas concretas el municipio ejerce su propia violencia contra las mujeres. Karina Abregú, víctima de intento de femicidio, denuncia que ante sus solicitudes de contención médica y económica sólo obtuvo desidia y prepotencia.

En la reunión que dirigentes locales del Partido Obrero de Merlo tuvimos con el Ejecutivo municipal solicitamos la asistencia para Karina, quien no puede trabajar porque su ex pareja le dejó el 60% del cuerpo quemado. El Estado, que lejos de evitar la violencia de género también la ejerce, debe dar asistencia económica a las víctimas.

Como se ve, 90 días le han alcanzado a Menéndez para desenvolver toda una línea de ataque contra las mujeres. Este 8 de marzo, en el día internacional de la Mujer Trabajadora, levantamos más que nunca la bandera de la independencia política, contra las variantes clericales macristas y kirchneristas.

Los trabajadores de la vitivinícola Menoyo, en Munro, votaron en la asamblea del jueves 25 un paro total de actividades con bloqueo de la Avenida Mitre, reclamando la reincorporación de 19 despedidos por afiliarse al sindicato.

Los compañeros recurrieron al Soeva para poder elegir delegados, ante las condiciones de miseria salarial, jornadas de 24 horas (con dos descansos de media hora), ausencia de comedor y cámaras que son utilizadas para vigilar a los trabajadores, entre otros atropellos.

El Soeva fue conmovido en los últimos días por la conquista del 42,6% de aumento salarial de los trabajadores de Fernet Branca, lo que llevó el inicial a 17.000 pesos. La misma contrasta con el básico menor a 7.000 pesos que rige el convenio, a la medida de la tradición superexplotadora de los bodegueros del Cuyo. Un básico de 7.000 pesos “necesita” que en las fábricas no haya delegados.

José Menoyo, dueño de la fábrica de vinagres y condimentos, fue presidente del Concejo Deliberante de Vicente López por el Frente para la Victoria. La “resistencia kirchnerista” se expresa en Menoyo contra la organización de los trabajadores.

El Partido Obrero reclama la reincorporación de todos los trabajadores -efectivos y contratados-, la inmediata elección de delegados de planta para luchar contra la miseria salarial y las condiciones de superexplotación.

Por la puesta en pie de los trabajadores vitivinícolas.

El Acuerdo Transpacífico (TPP) fue un tratado firmado el año pasado principalmente entre Estados Unidos y Japón, aunque abarca a doce países. Dicho pacto está dirigido contra China, en una clara posición de enfrentamiento comercial.

La apertura comercial, y el ingreso de un número de multinacionales que promueven el acuerdo, tiene el objetivo de generar una mayor concentración capitalista, lo cual motivaría el desmantelamiento de ramas industriales y despidos a mansalva.

Pacto secreto

Las cláusulas que contiene el documento firmado por los países miembros del TPP han sido ocultadas a la opinión pública. Esto se debe a que se trata de un tratado que lesiona la soberanía nacional de los países firmantes, en especial los puntos referidos a la apertura comercial y la conformación de “zonas francas” de explotación económica.

Las “zonas francas” se encuentran legalizadas en países como China, Vietnam, México y lugares del Caribe. Allí, se permite todo atropello a las condiciones laborales: la prolongación de la jornada laboral, la reducción de los salarios, la vulneración de la organización interna de los trabajadores, etc.

El ingreso de Corea del Sur al TPP trae consigo un plan de reformas laborales: “Los capitales extranjeros y nacionales (como Hyundai y Samsung) estarán habilitados, con estas reformas, a despedir trabajadores permanentes indiscriminadamente (…) y podrán acrecentar la contratación del personal tercerizado. Intenta, también (…) reducir la capacidad de negociación de los sindicatos” (PO N˚ 1.398).

Otro punto, que no es menor, es la creación de leyes, “protocolos” y medidas de seguridad contra la “alteración el orden”. Es decir, permite un paquete legislativo que va desde la instalación de bases y radares militares hasta las detenciones arbitrarias, el cercenamiento de libertades democráticas y la creación de un cuerpo dirigido a reprimir la protesta social.

Mercosur

El Mercosur es la prueba cabal de que los compromisos de libre comercio fomentan la tercerización, la competencia ruinosa entre los trabajadores y el avance sobre las conquistas laborales, a partir de la desregulación de la legislación protectora del trabajo vigente en cada país.

Los pulpos automotrices, que actualmente utilizan al Mercosur para la “exacción fiscal”, llaman a suscribirse al TPP o acuerdos de libre comercio con esa perspectiva. El fin es atacar la organización colectiva de los trabajadores para obtener un “salto en la productividad”.

El rechazo del TPP

El Acuerdo Transpacífico debe ser de interés para todo el movimiento obrero. No solamente pone en riesgo sus conquistas laborales y su organización, sino que profundiza la vulneración de los intereses nacionales y los pone en enfrentamiento con sus países vecinos.

El rechazo del TPP debe incluir la denuncia sobre el carácter del Mercosur y de la burguesía latinoamericana, que lejos de propiciar un desarrollo autónomo y una industrialización de la región ha perpetuado el atraso y la concentración de los recursos continentales en los monopolios y el capital financieros. Esta tarea queda en manos de la clase obrera y sus organizaciones revolucionarias.

El empresario Marcelo Mindlin, dueño de Edenor y uno de los principales responsables de los cortes de luz y beneficiado con el reciente tarifazo, anunció que su holding Pampa Energía, tiene avanzadas las negociaciones para comprar la filial argentina de Petrobras por 1.200 millones de dólares.

El gobierno macrista le autorizó a Edenor un aumento en la tarifa de la luz del 700%, mientras la empresa dejaba a medio millón de personas sin electricidad, con la excusa de que sus ingresos no les alcanzaban como para invertir en las obras necesarias para evitar los cortes que, dicen, con la ayuda del tarifazo, se superarían dentro de un año.

Pero la solvencia de Mindlin queda al descubierto con los millones que Pampa Energía tiene a disposición para realizar la compra del 67% de Petrobras Argentina (Pesa), incorporando así yacimientos, estaciones de servicio, destilería, petroquímicas, centrales de energía y más participación en Transportadora Gas del Sur.

El pulpo de Mildlin era ya la mayor empresa integrada del país, con Edenor, Transener (transporte de electricidad), TGS y generadoras. Constituyó su emporio energético gracias a los subsidios directos que le fueron otorgados durante los años de gobierno K, en los que no invirtió ni un peso y llevó a un deterioro mayúsculo al sistema eléctrico argentino.

Ahora sigue creciendo alimentado por el tarifazo, otorgado por Aranguren y Macri.

Emergencia energética es el nombre que se le ha puesto al desfalco, no hay ni siquiera planes de obras. Para salir de la crisis energética hay que nacionalizar sin pago a todas las compañías, bajo control de sus trabajadores y abrir sus cuentas.

Las elecciones parlamentarias en la República de Irlanda potenciaron la crisis política que sufre el país. Los partidos que sostuvieron al régimen luego de la guerra civil y la ocupación británica hace casi 100 años, cayeron en el apoyo popular; y la posibilidad de formar un gobierno estable es cada vez más improbable. El partido pro-austeridad gobernante, Fine Gael, perdió 30 diputados de los 138 del parlamento, y sólo obtuvo 47 (26% de los votos). El laborismo, que formó una coalición con Fine Gael, cayó al 6,6%, la peor elección en su historia, una tendencia que ni el propio Jeremy Corbyn pudo revertir. Es muy difícil que Edna Kenny (Fine Gael) obtenga los votos necesarios para formar gobierno, aunque apuesta a lo mismo que los españoles del PP y el PSOE, a una gran coalición. El otro histórico partido de centroderecha es Fianna Fail, el mismo que rescató a los bancos irlandeses y comenzó una política de austeridad en 2008, y que sólo alcanzó el 24,3%. Esto significa que entre las tres principales fuerzas apenas pasaron el 55% de los votos totales. La clase obrera no creyó en la prometida recuperación de Irlanda, uno de los países más endeudados, desiguales y con mayor precarización laboral de la OCDE.

El dato político es el ascenso de los partidos independientes y de izquierda. El independentista Sinn Fein obtuvo el 14% y 28 diputados; mientras que la coalición entre el frente “People Before Profit” y el SWP obtuvieron el 4% y cinco diputados. Su campaña se basó en el reclamo por el derecho al agua, en contra de los desalojos masivos realizados por el gobierno de Edna Kenny, y contra la privatización del sistema de salud y educación. El nuevo Partido Social Demócrata (SDP) obtuvo tres diputados. La ICTU (principal confederación irlandesa), que nuclea 600.000 miembros, declaró su apoyo a los partidos independentistas y de izquierda. La secretaria Patricia King dijo que los “resultados muestran una clara división izquierda-derecha en nuestro sistema político en términos de apoyo a los derechos laborales” (22/2).

La renuncia de Miguel Galuccio a la presidencia de YPF coincidió con la decisión de la Justicia de que se hiciera público el acuerdo de la petrolera con Chevron. El último acto de Galuccio fue defender a rajatablas el carácter secreto del acuerdo, escudándose en el carácter de YPF como “empresa de derecho privado”. Los que se llenaron la boca con la “recuperación de la petrolera de bandera” se toparon, una vez más, con la realidad de una reprivatización. Para completar el cuadro, la republicana Laura Alonso apoyó cerradamente la decisión de Galuccio. O sea que la ex diputada PRO debutó en su cargo “anticorrupción” amparando una conspiración económica contra el país.

Detrás de la renuncia de Galuccio, sin embargo, hay otras razones de fondo. La petrolera viene barranca abajo, con una caída en el 50% de sus ganancias en el último ejercicio. El porvenir venturoso que auguraba la explotación no convencional se ha derrumbado junto a los precios internacionales del crudo. En vez de anunciar nuevos proyectos, Galuccio anticipó días atrás un panorama de recortes y despidos.

Pero no es ése el único baldón: desde la seudoestatización de YPF, el endeudamiento de la petrolera pasó de 2.000 a 7.000 millones de dólares. Algunos sospechan que cuando el gobierno kirchnerista “andaba desesperado de dólares, la petrolera se convirtió en uno de sus aliados” (La Nación, 9/3). O sea que Galuccio, por cuenta del gobierno K, sometió a la petrolera a la misma práctica perpetrada por Martínez Hoz en los años de la dictadura: endeudarla en función de los intereses oficiales.

Galuccio y su saga -acuerdo con Chevron, libertad cambiaria, tarifazos en los combustibles, endeudamiento- representó la tentativa de los “nacionales y populares” de comandar ellos mismos el viraje hacia el capital internacional. Esta orientación chocó con la marcha de la crisis capitalista: con la caída de los precios internacionales, el endeudamiento ypefiano se quedó sin garantías. Para afrontar la deuda, la petrolera prepara un ajuste.

La experiencia YPF-Galuccio fue una versión anticipada del régimen económico que ahora intenta poner en pie el macrismo. El fracaso de la “nueva” YPF adelanta, por lo tanto, los límites brutales del gobierno Cambiemos y de su orientación económica, en el cuadro de la crisis mundial.

La decisión del gobierno de postergar la sesión de Diputados que debe sancionar la ley exigida por el juez Thomas Griesa no obedece a una necesidad por alcanzar el quórum o los votos mínimos necesarios para ello. Esas voluntades ya se reunieron, desde que Massa y el bloque justicialista disidente aceptaron el dictamen oficial a cambio de algunas modificaciones de carácter cosmético.

El gobierno postergó la sesión porque espera sumar un apoyo todavía más numeroso de acá al martes, a costa de hundir el cuchillo a fondo sobre el pejota y el kirchnerismo. José Luis “Barrick” Gioja, el aspirante a presidente de la “unidad” peronista, ya instruyó a sus diputados a apoyar el pacto buitre. Lo mismo pasa con el gobernador de Entre Ríos, mientras el tucumano Manzur está tratando de convencer a sus diputados. A todos estos opositores, Macri les hizo saber que el pacto con los buitres debía votarse sin condiciones, y así será. Las “modificaciones” introducidas por Massa apenas apuntan a disimular la entrega: por caso, un “límite” al endeudamiento que coincide, con pelos y señales, con el monto de deuda que el gobierno precisa para pagarle a los buitres.

El kirchnerismo “duro”, por su parte, ya entregó las armas en la Cámara de Senadores, que es donde sus votos importan. Así lo dio a entender Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina, cuando pidió a los diputados K que le dieran quórum a la ley Griesa. Pero lo que mejor retrata el derrumbe camporista es su dictamen de oposición a la propuesta oficial: a la oferta de Prat Gay -que ofrenda a los buitres beneficios de entre el 1.000 y 1.500%- Kicillof le contrapone… un 10% menos. Kicillof y los suyos cargan con su propio derrotero entreguista, jalonado por el pago al Club de París, a Repsol y por varias tentativas frustradas de arreglo con Paul Singer y los suyos.

En las últimas horas, varios kirchneristas han advertido que el acuerdo con los holdouts podría terminar en nuevos litigios de deuda, ya sea por parte de otros buitres que habían cerrado por cifras menores -por caso, los bonistas italianos- o de quienes habían aceptado los canjes de deuda. Si después de cerrar el acuerdo con los buitres el gobierno y el Congreso se desayunan con un nuevo Griesa, asistiríamos a una crisis política y financiera de marca mayor. En cualquier caso, será el resultado inevitable de la renuncia a la soberanía nacional en la cuestión de la deuda, que Kirchner y Lavagna convalidaron con el canje de 2005. En materia de humillaciones al Estado argentino y a sus poderes, convertidos en una oficina de registro de los fallos extranjeros, todavía no está dicha la última palabra.

Crisis capitalista

Lo que mueve a la legión de diputados y senadores a firmar el arreglo colonial es la expectativa de tramitar el rescate financiero de sus provincias quebradas. Mientras los economistas afines a los bancos auguran un porvenir venturoso de “inversiones”, los gobernadores esperan emitir deuda en dólares para afrontar los sueldos y aguinaldos del segundo semestre. Pero el quebranto del fisco es apenas la manifestación de una crisis capitalista general, que asoma en el balance de los primeros tres meses de macrismo. La reducción de impuestos al capital sojero o a las mineras ha reducido la recaudación, sin revertir una declinación económica que viene empujada por la crisis mundial y continental -derrumbe de los precios de la soja y el petróleo, colapso económico y político de Brasil. Sólo en lo que va de 2016 se han caído 100.000 puestos de trabajo, entre los despidos estatales y los privados. La devaluación del dólar no ha frenado la sangría de divisas, que sólo se modera a costa de ofrecerle a los especuladores tasas usurarias y de agravar, por lo tanto, la recesión. La primera operación de deuda del gobierno ha sido un “blindaje” de 5.000 millones de dólares del Banco Central, de los cuales ya se fueron 1.500 en febrero. O sea que quienes liquidaron una parte de la cosecha en diciembre y le “aportaron” sus dólares al gobierno, ahora los recompran gracias a esta operación de deuda. El reendeudamiento oficial no financia la inversión, como dicen sus defensores, sino la fuga de capitales.

Luchas y desplazamientos políticos

Sólo para este año, el macrismo contempla la emisión en pesos del equivalente a 30.000 millones de dólares para financiar estos quebrantos. Las nuevas deudas a tramitar por las provincias suman otros 3.000 millones. Si se tiene en cuenta la deuda preexistente -que el kirchnerismo dejó en 250.000 millones de dólares- Argentina carece de garantías para solventar estas nuevas hipotecas (la industria petrolera estatal y el conjunto de las empresas de servicios públicos ya fueron rematadas bajo el menemato). El único respaldo para un endeudamiento mayor son los presupuestos presentes y futuros, sometidos al cedazo de un ajuste brutal. Con ese fin, el gobierno se apresta a “reformular” el Presupuesto 2016 mientras se acerca al Fondo Monetario, el gran auditor mundial de los ajustes. El rescate financiero no reemplaza al ajuste, como pretende venderlo Prat Gay. El ajuste es la precondición de ese rescate, al cual se han colgado con desesperación el conjunto de la burguesía argentina y sus partidos.

La ley Griesa inaugurará una etapa de grandes choques entre las clases sociales y desplazamientos políticos de fondo. La aprobación del acuerdo colonial reduce a los partidos históricos de la Argentina a la condición de notarios del capital financiero -después de haber sepultado cualquier resabio o referencia de carácter nacional.Denunciamos este pacto de fondo del gobierno y el Congreso con el capital financiero; que la cuestión se someta a un referéndum, junto con el conjunto de la deuda usuraria; por su investigación integral, lo que debe llevar a su desconocimiento, por su carácter usurario y delictivo. Estas medidas elementales para poner fin a una sangría de cuatro décadas, unidas a la nacionalización de la banca y el comercio exterior, permitirán reorientar el ahorro nacional a la reconstrucción económica del país bajo la dirección de sus trabajadores.

La izquierda tiene la responsabilidad y el desafío de acaudillar la lucha contra el régimen entreguista y antiobrero que quiere ponerse en pie a partir de la ley buitres. Esa respuesta obrera ha comenzado a tener expresión vibrante en Santiago, en Santa Cruz y en Mendoza, como extensión del gran paro nacional de ATE del pasado 24, y se manifestó también en la masiva movilización por los derechos de la mujer del pasado martes 8. Con ese impulso, nos preparamos para la gran movilización del próximo 24 de Marzo.

Ahora, cuando Stiuso se ve obligado a salir a la luz pública, queda claro por qué tanto le convenía la oscuridad. Este hombre, que durante décadas ha sido un instrumento y a la vez ha tenido de rehenes a tantos políticos de la burguesía argentina, es un personaje de una mediocridad sorprendente y un extorsionador (puede dar fe Luis Moreno Ocampo, que recibió de Stiuso un “carpetazo” por la cabeza, al aire, en un programa de televisión). Con él queda a la luz la condición mafiosa del personal político del Estado argentino, fiel expresión de la burguesía que lo mandata. Las “operaciones” que Stiuso y Alberto Nisman hicieron en la causa Amia por cuenta de Néstor Kirchner no son más que un refrito de informes que les suministraban la CIA, el Mossad israelí y los servicios de inteligencia de Alemania e Inglaterra.

El hecho de que Stiuso sea la punta de lanza de las acusaciones gubernamentales contra sus antecesores es parte de la disgregación de la camarilla K, de la cual este espía era una pieza clave. Como se recordará, él fue el encargado de organizar, por instrucciones de Kirchner, “una Gestapo, una Side paralela”, como denunció en su momento el ex ministro kirchnerista Gustavo Béliz en sede judicial.

En definitiva: Stiuso es el personaje traído por Macri para organizar otro apriete, otra vuelta al nudo del cerco judicial contra los K. Pero la catadura del elegido para esa operación, develada por sus apariciones públicas, pone en crisis a la operación misma. Por otra parte, todo el armado no tiene otro propósito que la simple extorsión: por ahora, la amenaza de encarcelar a Cristina Kirchner es un arma de presión en favor de la “gobernabilidad” buitre.

La necesidad del ocultamiento

La crisis que deriva de la muerte de Nisman es un gran escenario de ocultamientos, de los dos lados del mostrador. Sólo por mencionar un caso, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, impidió que se revisaran las computadoras del fiscal con el argumento de “preservar su privacidad”. Algo oculta también ella.

Mucho más ocultan Sergio Berni, la fiscal Viviana Fein y el personal de Prefectura que intervino en la escena del crimen, dedicados a destruir evidencias sistemáticamente. Algo oculta Diego Lagomarsino, proveedor del arma que mató al fiscal, porque no quiere que la causa pase al fuero federal. Y ni hablar de Stiuso, que reparte “carpetazos” por televisión para que no hablen de él. Las 17 horas del testimonio de Stiuso no sirven para nada en términos jurídicos. Lo admitió su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, al declarar que su cliente “no había aportado pruebas, sino una interpretación” (La Nación, 7/3). Por lo demás, lo payasesco de toda la operación hace imposible cualquier condena seria, más allá de las extorsiones políticas mencionadas. Pero seguramente en la interna macrista algunos ya les estarán reprochando la audacia a quienes pergeñaron este retorno de Stiuso: a nadie conviene, por ejemplo, que se develen los vínculos de Nisman con el propio Stiuso, con los espías Alberto Mazzino y Fernando Pocino (es el que aparece en una foto con Hebe de Bonafini durante la primera represión al Indoamericano). Elisa Carrió, por ejemplo, dice que el entregador de Nisman fue Stiuso.

Siempre se debe recordar que el macrismo es una bolsa de gatos. Y todo puede empeorar cuando empiecen a volar otros “carpetazos”, como, por ejemplo, el de la proximidad de Stiuso con lavadores de dinero vinculados con la camarilla macrista que dirige Boca Juniors. Las carpetas van pero también vuelven y a veces se hacen plomo caliente, como cuando la Bonaerense asesinó a tiros a Pedro “el Lauchón” Viale, agente de la Side, mano derecha de Stiuso y empleado de un viejo amigo de Macri: el proxeneta Raúl Martins. El Estado argentino y sus funcionarios más encumbrados hieden por todos sus costados.

Entretanto, la apelación de Lagomarsino al pase de la causa al fuero federal obliga a que intervenga la Cámara del Crimen. Se trata de otra instancia de negociaciones espurias.

Otra vez: los trabajadores necesitan librarse de esas cuevas de conspiraciones contra el pueblo que son los servicios de inteligencia. Su disolución y la inmediata apertura de sus archivos han de ser consignas en este 24 de Marzo, significativo como el que más.

Nuevamente, como en los años anteriores, los organismos K anunciaron el horario de su acto cuando la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia ya había sido lanzada.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. y Familiares concentrarán a las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar a Plaza de Mayo. La convocatoria del EMVyJ había sido anunciada para las 14.30 desde Congreso. Nuevamente, el ingreso a la Plaza será motivo de una disputa física y política.

Como en los años anteriores, el objetivo del kirchnerismo es apropiarse de la Plaza y marginar a los organismos independientes y a la izquierda combativa agrupada en el Encuentro. Detrás de la fachada de Abuelas, se encuentran La Cámpora y otros grupos políticos K que manipulan el 40 aniversario del golpe genocida para agitar el “vamos a volver” del gobierno de las leyes antiterroristas, el Proyecto X y Milani. Lanzaron especulaciones sobre la posible reaparición pública de CFK en el acto.

El acto de Abuelas tiene como consigna “a 40 años del golpe genocida, todos a la Plaza” y se propone “recordar” el nuevo aniversario. Ni una palabra de la lucha contra el ajuste y los despidos que aplican tanto el gobierno nacional como los gobernadores e intendentes peronistas.

Consultada por la posibilidad de que este año hubiera una sola marcha, junto a los partidos de izquierda, Estela Carlotto contestó: “Se pensó esa posibilidad. No se pudo. Nosotros no vamos a hablar mal de Cristina ni de Néstor” (Página/12, 6/3). Vale señalar que una parte de la izquierda (el MST, el MAS, el PTS) estaba dispuesta a “no hablar mal” de las gestiones K -es decir, a deponer las denuncias vigentes sobre su carácter represivo y antiobrero- en aras del “frente único” anti-Macri. A esta altura resulta evidente que los K no están dispuestos a emprender ninguna lucha, como lo demuestran el ajuste brutal que Alicia Kirchner está aplicando en Santa Cruz y la deserción de la burocracia, en todas sus variantes, de la defensa del salario y los puestos de trabajo. Por otra parte, el kirchnerismo reclama una subordinación política completa, como lo ha demostrado en la campaña por la liberación de Milagro Sala. Como gesto de buena voluntad, el PTS y otros grupos se avinieron a participar en actos donde la exaltación política de la Tupac Amaru fue la nota excluyente.

La convocatoria K tampoco menciona la presencia de Obama en el país para esa fecha. La Cámpora no ha emprendido ninguna agitación al respecto. En definitiva, su oposición al acuerdo con los fondos buitre es una puesta en escena. Su principal preocupación es no verse excluidos del PJ, cuyos gobernadores apoyarán el acuerdo de manera compacta.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia procesó estos debates durante varias semanas, en las que se discutió la preparación del acto. Finalmente, definió como las consignas principales del acto el reclamo de cárcel común y efectiva a los genocidas, “contra la impunidad de ayer y de hoy”, “fuera Obama” y “no al ajuste de Macri y los gobiernos provinciales”. La posición que alentaba un acto unificado con los K fue derrotada. Ahora, la lucha política se trasladará la elaboración del documento que presidirá el acto. Defenderemos la denuncia contra Macri y sus antecedentes K.

Pongamos en pie una tribuna de lucha contra el ajuste y el “protocolo” represivo en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país.

Con una lista de 20 talleres, con representación de diarios, editorial, packaging, cooperativas, talleres chicos y grandes; encabezada por los secretarios generales de cuatro de los talleres y grupos económicos más grandes del mercado editorial (Interpack del grupo Zupan, AGR-Clarín, Ipesa y Morvillo & QuadGraphics), de los cuales integran la lista el 100 por ciento de sus cuerpos de delegados, la Lista Naranja se presenta como una fuerte alternativa ante la anquilosada Lista Verde.

La Verde cuenta con el secretario general del gremio, Raymundo Ongaro, quien con 92 años, ocupa ese lugar desde 1967. La “renovación” propuesta para esta elección por el oficialismo, Héctor Amichetti, ya superó la edad jubilatoria y hace más de cuarenta años que no pisa un taller.

A pesar de un prehistórico pasado combativo, desde hace décadas la fe de Ongaro en la colaboración de clases lo llevó muy lejos: apoyó a Menem y al indulto, lo que le valió el repudio de las Madres de Plaza de Mayo; fue pionero en la desregulación de las obras sociales tomando un crédito del Banco Mundial, y luego de la privatización de la jubilación, convirtiendo al sindicato en vendedor de la AFJP Activa del grupo Clarín. Luego celebró con De la Rúa exenciones impositivas a las patronales en un acto “inmortalizado” junto a “la piba” Patricia Burlich, por entonces ministra de Trabajo.

Con Kirchner postró al gremio en las paritarias y saludó el impuesto al salario, modorra que sacudimos desde la oposición con enormes movilizaciones que incluso tiraron la “pauta” para arriba.

Ahora, con un sindicato en la oposición, que asevera estar en “la resistencia”, los trabajadores ya han tenido un pantallazo: ante la negativa de la Faiga (cámara patronal) de acordar un bono de fin de año, no impulsaron ni siquiera asambleas en los talleres; por eso pega fuerte la noticia de que en varias fabricas que dirige la Naranja hemos obtenidos bonos que van de los 4 mil a los 6.300 pesos.

La “democracia” de la Verde

Un capítulo aparte son las maniobras de la Verde y su Junta Electoral contra la Naranja. Desde su presentación, hombres de la Verde han “apretado” cobardemente a mujeres de nuestra lista, llegando a amenazarlas con represalias con la obra social o la ayuda a cooperativas. Así, forzaron la renuncia de compañeras que han sido reemplazadas por nuevas candidatas, que se suman a la lista cumpliendo así con requisitos “extra” estatuarios, dado que nuestra lista ya estaba oficializada.

El contraste es fuerte con la “voluntad democrática” que la Verde demostró con la Bordó- PTS para habilitar la presentación de una “lista” que cuenta con un solo delegado, es encabezada por una cooperativa, con un secretario adjunto que perdió el taller a manos de la burocracia y que tiene por objetivo restarle votos a la Naranja que se presenta como alternativa en el gremio.

La denuncia de una supuesta “proscripción”, formulada por el PTS una semana antes de la presentación de listas, no fue más que el taparrabos para disimular un acuerdo con la burocracia, finalmente sin una sola medida de lucha, tal como figura en un acta firmada entre la Verde, su Junta Electoral y la Bordó, quienes supuestamente “proscribían” se pronunciaron por escrito a favor de dejar de lado requisitos legales, para facilitar la presentación de la Bordó.

La única opción es La Naranja

La Naranja se postula para dirigir el sindicato contra el ajuste patronal, de Macri y los gobernadores e intendentes del FpV, defendiendo un programa que en gran parte ya hemos hecho carne donde dirigimos las comisiones internas; con la efectivización de contratados, los bonos de fin de año, el salario básico por encima de la canasta familiar, la lucha por la estabilidad laboral, y el método de la democracia sindical, luchando por una perspectiva política propia de los trabajadores, lo cual tiene su máxima expresión en la candidatura a primer congresal del dirigente histórico del gremio y diputado nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola.

¡Vamos por el desarrollo de la alternativa clasista en el gremio gráfico! Taller por taller y obrero por obrero; porque si pudimos todo esto en nuestros talleres, mucho más podremos poniendo a todo el gremio en pie.

Luego del cierre de la paritaria docente en un 35% para el sueldo inicial, los sindicatos sciolistas bonaerenses UPCN y Salud Pública, entre otros, se aprestan a firmar un acuerdo del 15% en tres cuotas hasta julio. La intención macrista de imponer un techo del 25% anual, llega de la mano de las conducciones gremiales oficialistas del gobierno anterior.

Esta es la “resistencia con aguante” del arco peronista, incluidas sus variantes kirchneristas. Mientras tanto, la oleada de despidos es realmente resistida por los trabajadores: Educación, Legislatura, Desarrollo Social y Derechos Humanos ya han logrado la reincorporación de sus contratados y ahora están en plena pelea en el Ministerio de Agroindustria.

El parazo del 24 de febrero de ATE nacional, también fue bloqueado por el ala kirchnerista del gremio. En el plenario de secretarios generales plantearon parar recién en marzo o abril, mientras ya arreciaban los 20 mil despidos, no convocaron activamente a los estatales provinciales ni municipales en los lugares donde dirigen el gremio, salvo en Capital Federal, y esto ante la enorme presión de los trabajadores de cada repartición de la administración central.

Con esta misma política, la seccional ATE Ensenada, que alberga al poderoso movimiento obrero del Astillero Río Santiago, no movilizó a Plaza de Mayo y lo hizo tibiamente en la del lunes siguiente hacia la gobernación.

En los lugares de trabajo hay una enorme deliberación política. Se debate entre el rechazo general a la entrega de UPCN y la expectativa de que Cambiemos modifique algo de los reclamos pendientes tras 28 años de gobierno peronista en la provincia.

En este debate es crucial la intervención del clasismo, con su método y su programa. Los trabajadores paramos y marchamos por nuestros salarios, gobierne quien gobierne y llevamos a las asambleas y plenarios la votación de cada una de las medidas que han convocado desde la CGT de Moyano hasta la CTA Autónoma.

El próximo miércoles 9 de marzo, ATE junto a judiciales y Cicop, convoca a parar y movilizar en La Plata. Las asambleas en hospitales y reparticiones públicas tienen que expandirse como reguero de pólvora para que los trabajadores podamos superar a las viejas burocracias sindicales, anquilosadas en el poder.

El cierre burocrático de la peor paritaria de todas será un capítulo que sumará leña a un proceso que recién comienza en estatales. Tres mil trabajadores provinciales se afiliaron a ATE en lo que va del año y dos mil se desafilaron de UPCN. Una transición interesante, que obliga a ir por una nueva dirección, clasista, combativa, con medidas de fuerza hasta ganar como en Mendoza, Coronel Suárez y Educación sede de La Plata.

Por el pase a planta permanente de todos los precarizados, por un salario igual a la canasta familiar indexado por inflación, por los 10 mil pesos para la categoría inicial, y por paritarios electos en asamblea.

El 23 de marzo, en el Colegio de Abogados de La Plata, la gobernadora María Vidal ha convocado a una audiencia pública cuyo objetivo es hacer pasar un aumento del 150% en la tarifa de los servicios de agua y cloacas de La Plata y en el interior de la provincia, que afectará a millones de habitantes.

Este nuevo tarifazo se da en el marco del rechazo de Aguas Bonaerenses (Absa), que se ha negado a acatar el fallo judicial ratificado en noviembre de 2014 por la Suprema Corte de Justicia bonaerense que obliga a devolver a los usuarios 2.000 millones de pesos de un tarifazo anterior aplicado en 2012 y rechazado por la Justicia.

Absa, en los últimos ocho años, ha operado como una caja negra de Scioli y de sus socios de la Comisión Directiva del Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (Sosba), quienes a través de Mako SA y 5 de Setiembre SA tercerizaron las obras sin pasar por proceso alguno de licitación y varios otros negocios ilícitos.

Scioli y ahora Vidal, mediante auditorías, dibujaron un déficit anual de más de 1.000 millones de pesos. Los estudios encargados por el nuevo gobierno “están sospechados de ser una cortina de humo” (Hoy, 10/3). Así “la herencia recibida” y el quebranto por “la falta de inversiones y mantenimiento alcanza a las 77 plantas depuradoras cloacales y a 18 plantas potabilizadoras, entre ellas la de Punta Lara (Donato Gerardi) que cumplió 60 años y su vida útil era para 30”. El informe indica “cuadrillas desmanteladas y cañerías con más de 100 años de uso”, a esto se suma “un gasto extraordinario por roturas de bombas, andamiajes en deterioro y mayor consumo de potabilizantes, mientras otro tema acuciante son los desbordes cloacales”.

Apoyándose en el escenario en llamas aportado por sus informantes, Vidal pretende decretar la emergencia hídrica, apoyada por el intendente Héctor Gay, de Bahía Blanca, quien indicó “que para que la intervención (de Absa) tenga lugar se deberá aprobar la emergencia en Infraestructura en la provincia. Es que, según fuentes del Ejecutivo, el plan de la gobernadora es inyectar fondos obtenidos vía endeudamiento para la inversión en las redes de agua potable y cloacas” (La Verdad, Junín, 18/12/15). Esta jugada evitaría el proceso de control licitatorio y la gobernadora apuraría un plan de inversiones por más de 5.400 millones de pesos mediante créditos de la Corporación Andina de Fomento.

Otra definición política de Vidal en Absa ha sido la designación como presidente de Rafael Sardella, quien viene de ser parte orgánica de una caja negra llamada Correo Argentino e imputado por el fraude al Estado de las “consolidadoras”, negocio en el que respondió a Franco Macri y a Julio De Vido.

Un lacerante interrogante que va a sobrevolar la audiencia pública del 23 de marzo es si Vidal seguirá adelante con la adjudicación trucha de la obra de ampliación de la planta potabilizadora de Punta Lara que le fue otorgada por Scioli en 2012 a Mekorot (empresa israelí acusada de graves violaciones a los derechos humanos en la Franja de Gaza), luego de una polémica licitación hecha a su medida. La compulsa de precios se hizo sobre un plan de obra que había diseñado previamente la empresa israelí que no prevé reemplazar (como corresponde) primero la red de distribución que tiene más de cien años.

Por agua potable en cantidad y calidad sin arsénico, salinización ni contaminación por metales pesados.

Que se abran los libros contables de Absa y la gobernación, auditados por las comisiones de vecinos, usuarios y la asamblea de trabajadores de Absa.

Hay que poner a Absa, a las obras de infraestructura (licitación-adjudicación-seguimiento y final de obra) y a los créditos (su obtención, manejo y aplicación) bajo control de las comisiones de usuarios y de la asamblea de trabajadores de Absa.

Luego de cuatro días de debate, formación política y camaradería, el 7 de marzo finalizó el campamento de la UJS de La Rioja, Catamarca y Tucumán en los valles tucumanos de El Mollar.

Junto al campamento realizado en Salta a mediados de febrero, con compañeros de esa provincia y de Jujuy, culminamos con una gran instancia de deliberación de la juventud del NOA sobre América latina y el fracaso de las experiencias nacionalistas y centroizquierdistas como así también acerca de la teoría del Estado y las perspectivas de la revolución. Entre las dos convocatorias se han reunido cien compañeros aproximadamente.

De esos cien jóvenes luchadores se destacan experiencias políticas muy diversas, como el caso de los compañeros universitarios de La Rioja, quienes luego de las enormes movilizaciones por la destitución del vitalicio rector Enrique Tello Roldán y la democratización de la Unlar pasaron a construir el Partido Obrero de esa provincia, en la comprensión de la necesidad de un partido revolucionario de la clase obrera para derrotar al régimen de camarillas universitarias como parte de una lucha por la emancipación de los trabajadores argentinos. También el caso de la delegación de Salta, donde a pesar de la temprana edad, ya tenemos jóvenes que se están transformando en voceros políticos del pueblo salteño.

En el caso de Tucumán y Catamarca la delegación constata una extensión del trabajo político de la UJS en casi todas las facultades de la UNT y del ascenso de la izquierda, con la conquista de posiciones en la universidad de Catamarca. Esta inserción plantea enormes posibilidades y batallas en una región fuertemente afectada por el desastre ambiental y social provocado por Alumbrera y por la crisis capitalista y la caída de los precios de los minerales. Por caso del papel jugado por las expresiones como el kirchnerismo abordadas en el curso, los compañeros de Jujuy han sido testigos del papel de regimentación política dentro del movimiento obrero y sindical de la provincia de la organización paraestatal de Milagro Sala.

Esta instancia de formación y deliberación ha sido enormemente fructífera y ha dejado planteada la estructuración de nuestra organización a escala del NOA como parte de la lucha contra el ajuste macrista y de los gobernadores kirchneristas de la región sobre los trabajadores y la juventud.

En Bahía Blanca se movilizaron 200 compañeros convocados por la Coordinadora Estudiantil por el Boleto, organismo que centraliza la lucha con todos los centros y activistas.

Participaron centros de BByF, Humanidades y Derecho de la UNS, terciarios como el Conservatorio de Música, Danza y el Instituto Avanza. También lo hicieron secundarios agrupados en el centro del ex colegio nacional y el Normal.

También se movilizaron vecinos de Cabildo (localidad cercana) que pelean por tener una tarifa accesible y con las frecuencias correspondientes.

La jornada arrancó con una gran cobertura mediática donde nos encargamos de señalar todas las acciones desenvueltas desde 2006, cuando el boleto para secundarios fue arrebatado bajo el gobierno comunal del destituido Rodolfo Lopes (PJ), hasta la movilización del año pasado que obtuvo la unanimidad en el concejo deliberante para adherir al régimen de boleto gratuito para todos los estudiantes.

Al mismo tiempo, pusimos de relieve que el reciente tarifazo en el boleto promovido por el intendente Héctor Gay (Cambiemos) era una estafa al pueblo ya que había sido implementado luego de un estudio de costos que no ni siquiera fue presentado a la Comisión de Usuarios Testigos y al poco tiempo de conocerse una estafa millonaria vinculada a tarjetas magnéticas con saldo infinito. Como hicieran los gobiernos anteriores (FpV y Massa), premian a las empresas, que reciben subsidios estatales, con comprobados casos de corrupción, pero que apelan al boletazo en forma sistemática y niegan este derecho elemental a los estudiantes bahienses.

Esta movilización es un puntapié muy importante puesto que aún no comenzaron las clases en los terciarios ni en la universidad. En muchas escuelas no hay clases por la presencia de ratas, mientras Vidal recorta el cupo de comedores escolares y persiste una infraestructura ruinosa. Como hiciera el ex intendente massista, Gay ha deslizado la posibilidad de manotear el fondo educativo no para el boleto gratuito, sino para financiar el “beneficio” que existe actualmente para los estudiantes.

Vamos por extender esta campaña a todas las escuelas e instituciones educativas de la ciudad, para hacer realidad el boleto gratuito que estamos obteniendo con la lucha y sorteando la traba del conjunto de las fuerzas políticas tradicionales, que se aprestan a pagarle miles de millones a los fondos buitres. En esta tarea está comprometida la UJS bahiense.

El 7 de marzo, la Coordinadora de Ex Trabajadores de Gas del Estado realizó su primera asamblea del año, a la que concurrieron más de 320 compañeros.

Más allá de la preocupación por registrarse en el padrón auto organizado, los asistentes votaron instalar en el Congreso Nacional la lucha por la sanción de su ley, a través de su propia movilización, ya que el parlamento está tratando la agenda que le interesa a los buitres.

La mesa dio un informe sobre cómo se logró la media sanción de Diputados, hacia fin del año anterior, con asambleas, movilizaciones al Congreso mientras sesionaban los diputados, también a las privatizadas Metrogas y Gas Natural, recogiendo el apoyo de sus trabajadores, con recorridas por los despachos, no sólo para que se trate la ley sino también para modificar el proyecto original, con su propia propuesta.

Finalmente, se consiguió la media sanción (sin el quórum del macrismo y la mayoría de sus fuerzas aliadas) sobre el proyecto del FpV con algunas de las propuestas planteadas por los trabajadores. Pero el diputado Juan Pais (FpV) -autor del proyecto original- no quiso modificar la fecha de corte. A consecuencia de ello, quedan excluidos alrededor de 1.000 trabajadores despedidos en el proceso de privatización. Aun así, el kirchnerismo tampoco lo llevó al recinto de senadores para sancionar la ley, antes de finalizar su gobierno.

Con esa experiencia y la de los ex trabajadores de YPF que lograron su ley y continúan movilizándose por el pago y por el resarcimiento jubilatorio, se plantea la confianza exclusiva en un camino de lucha independiente. La mesa de dirección de esta Coordinadora tiene la responsabilidad de organizar lo votado en asamblea y colocarle una pronta fecha a la movilización.

No es con una gestión en los despachos que se va a lograr la ley: los legisladores de los partidos patronales están para votar el pago a los buitres. Abrirse paso en ese terreno implica desplegar las propias fuerzas y explotar las crisis de las fuerzas patronales. Y no restringirnos a las conversaciones en las oficinas. Lo demuestran una enorme cantidad de experiencias: las huelgas de los trabajadores del subte para arrancar las 6 horas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que doblegaron el veto del jefe de Gobierno.

La asamblea aplaudió las intervenciones de la mesa que, delimitándose de los partidos del gobierno, plantearon: si los senadores modifican el proyecto colocaremos el cambio de la fecha de corte y en caso contrario desarrollaremos un proyecto de ley para la inclusión de los compañeros. Integrantes de la mesa agradecieron al PO-FIT y a su banca, en la persona de Pablo López, por la intervención en defensa de las modificaciones que beneficiaban a todos los ex trabajadores.

El aplauso rotundo a la lucha, de los cientos de trabajadores presentes, marca el camino.

Es un eufemismo hablar de "crisis" para referirse a una tragedia histórica. Esto se aplica tanto a lo que sucede ahora como a lo que en general se llama "crisis migratoria", en relación a la gigantesca migración en masa cuyo pico fue en 2015 y continúa, o quizás incluso está aumentando, en 2016. Nos referimos al éxodo de un millón de personas: mujeres, niños, ancianos y hombres más jóvenes, principalmente de Siria, de Afganistán y de otros países del Medio Oriente y de África del Norte (Mena, por sus siglas en inglés) que están en guerra y que sufren una gran descomposición social. En un intento desesperado por sobrevivir, estas personas se dirigen a la Unión Europea -o, más bien, a la "fortaleza" que es Europa. La gran mayoría lo hace a través de Grecia y cientos de personas mueren en el intento, en el mar Egeo, en el Mediterráneo o en la ruta de los Balcanes.

La dimensión de esta tragedia se puede ver en las frívolas cifras que da el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o, incluso, la Oficina Europea de Policía (Europol).

En 2015 hubo 856.000 casos de migración por mar. En enero de 2016, hubo 60.000 casos en solo un mes que entraron a Grecia, a pesar del mal clima y las tormentas. En dos días, el 17 y 18 de febrero, entraron entre 4.600 y 4.800 personas. En la semana del 12 al 18 de febrero, fueron 11.790. En el primer mes de 2016, se reportaron 403 muertes en el mar Egeo, la mayoría, niños.

El destino de los niños es el aspecto más brutal de esta tragedia. Según la Europol, de más o menos 270.000 menores que entraron en Europa en 2015, más de 10.000 desaparecieron y cayeron en manos de bandas de traficantes y redes de prostitución infantil. Sin embargo, no apareció ningún niño ni se desmanteló ninguna red de trata, lo cual demuestra la indiferencia criminal, o, dicho más sutilmente, la "negligencia benigna", o incluso la falta de protección por parte de las autoridades estatales correspondientes. Mientras tanto, el tráfico de personas, especialmente de niños y chicas muy jóvenes, se ha convertido en un negocio muy lucrativo: en la segunda mitad de 2015, los traficantes hicieron una ganancia de aproximadamente 3.000 millones de euros, según la Europol.

Una manifestación típica de la actitud del Estado europeo hacia los refugiados en general, y hacia los niños en particular, es la siguiente: según un informe de la Acnur, "el 15 de febrero de 2016, las autoridades austriacas le informaron a la policía de Eslovenia que a los niños que no estén acompañados o que estén separados de sus padres y que no pidan asilo en Austria ni expresen su interés en pedir asilo en Alemania, se los llevará a Eslovenia, independientemente de si los acogen familias o no".

De las miles de personas que todos los días intentan entrar a Europa a través de Grecia, aquellos "suertudos" que logran eludir la muerte en el mar y las operaciones para repeler la entrada llevadas a cabo por las fuerzas policiales, por la agencia Frontex de la Unión Europea y, muy pronto, por las patrullas de la Otan, continúan su odisea como reclusos en los nuevos campos de concentración militarizados, mal llamados "puestos de control fronterizos" y "campos de traslado". Cuando llegue el momento, aquellos que estén autorizados a continuar su travesía en los Balcanes, en dirección al norte y al oeste de Europa, deberán atravesar una jungla llena de obstáculos y riesgos. Deben moverse en condiciones sumamente inhumanas, sin comida ni refugio, bajo la lluvia y con climas fríos, teniendo que frenar en todas las fronteras, desde Eidomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia, hasta Alemania, donde los estados locales, con el respaldo de la Unión Europea, levantaron vallas electrificadas con alambres de púas. Además, sufren una represión brutal por parte de la policía antidisturbios, explotación por parte de las mafias y ataques terroristas que ejecutan bandas locales y tropas de asalto fascistas.

Los refugiados ya no se enfrentan solamente a la "fortaleza" europea como en años o décadas anteriores de migraciones en masa, sino a una Unión Europea que se desintegra rápidamente por divisiones nacionalistas antagónicas.

Los "planes" que fomentaban la Unión Europea y Alemania a mediados de 2015 para el "manejo de las oleadas migratorias", el "reparto proporcional de refugiados", etc. fallaron rotundamente. Todos los países de la Unión Europea comenzaron a tomar medidas unilaterales, restablecieron los controles fronterizos y desmantelaron, poco a poco, el espacio de Schengen, que era un área libre de controles para los ciudadanos de la UE. Después de la adopción del euro, la moneda corriente de Europa, Schengen fue el segundo pilar y gran "logro" de la integración capitalista europea, y ahora se desmorona.

La autoridad de Alemania como la fuerza motriz de la economía europea y de Angela Merkel como la personificación de la supremacía política en Europa, se convirtieron en cosa del pasado después del verano (en el hemisferio norte) de 2015. Incluso fracasó el pacto Merkel-Erdogan, que establecía la entrega de 3.000 millones de euros a Turquía y la promesa de renegociar su entrada a la UE, con el fin de amortiguar las oleadas de refugiados de Siria y del Medio Oriente. Una muestra reciente y muy significativa de que Berlín y Bruselas perdieron el control, fue una reunión en Viena realizada inmediatamente después de la cumbre de la Unión Europea del 18 y 19 de febrero de 2016. Austria convocó a nueve países balcánicos (Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia, Macedonia, Croacia, Serbia y Eslovenia), ignorando completamente las deliberaciones de la cumbre de la UE del día anterior. Lo que pomposamente llamaron "conferencia para manejar en conjunto la migración" fue en realidad para promover un cierre de facto de la ruta de los Balcanes y una exclusión de facto de Grecia del espacio de Shengen, por medio del cierre de sus fronteras con los países vecinos que no pertenecen al Schengen, en principio, con Macedonia. Una autoridad de la UE hizo un comentario de mal gusto sobre que fue "un intento improvisado de reconstruir un nuevo imperio austrohúngaro". El Acnur advierte sobre un "posible caos". El ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, Nikos Kotzias, se quedó claramente corto cuando habló de un "acto unilateral y poco amigable".

La "crisis migratoria" interactúa con todas las contradicciones inconclusas de una Unión Europea que quedó vulnerable y frágil después de la crisis capitalista mundial de 2008, con una economía estancada, una deuda soberana sin resolver, con una crisis bancaria, con la zona euro en grandes problemas, con los trabajadores y las clases populares que ya sufrieron por años el desempleo crónico en masa y brutales ajustes.

Las fuerzas centrífugas se reforzaron en toda la UE. Después del peligro que supone una salida de Grecia de la zona euro, que siempre es posible, la perspectiva de una salida de Gran Bretaña cristaliza la crisis de la Unión Europea en su conjunto.

Todas las heridas históricas del continente, posteriores a la caída del muro de Berlín y al colapso de la Unión Soviética, se abrieron nuevamente, como lo demuestra de forma dramática la situación en Ucrania.

Al principio, el impacto de la crisis capitalista mundial reveló una enorme grieta y desequilibrios en la UE y en la zona euro entre el norte y el sur; ahora, la "crisis migratoria" muestra la grieta entre Europa occidental y Europa del este, con el grupo Visegrád (Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia) desafiando a Alemania en su propia zona de influencia en "Mitteleuropa" (Europa central).

Las oleadas de refugiados se encuentran en Europa con un panorama social totalmente cambiado por la crisis sistémica-estructural del capitalismo, lo cual trae nuevos cambios dramáticos en el panorama político de todo Europa, y esto no excluye a su núcleo duro, la mismísima Alemania.

Grecia es un microcosmos de la gran crisis de la UE. Al ser el eslabón débil y el chivo expiatorio de la zona euro, y por ser la puerta de entrada de la oleada de migrantes desde el Medio Oriente, Grecia se convierte en el punto de partida de la desintegración de espacio Schengen- ¡y se lo culpa por eso! La valla de la Unión Europea en la frontera de Macedonia fue, incluso antes del "acto unilateral" de Austria, una medida para atrapar a los refugiados en Grecia, que, además de ser un país empobrecido y en quiebra, también se transformaría en una "caja negra" para las víctimas "indeseables" de las guerras y de la destrucción que orquestó el "civilizado" occidente, no solo los Estados Unidos sino también la misma Unión Europea, como en Siria y en Libia.

Las presiones de la UE sobre Grecia para que cree "puestos de control fronterizos" y "campos de traslado para inmigrantes", tienen un solo propósito: posibilitarle a los otros países europeos que manden a los refugiados de vuelta a Grecia, considerado el primer país de entrada, conforme a lo dispuesto por la Convención de Dublin, de la cual se excluyó a Grecia de facto en el 2011 por las condiciones inhumanas en los lugares de detención para los inmigrantes, como es el caso del centro de reclusión de Amygdaleza.

Hasta ahora, en Grecia hay 10.000 lugares para refugiados cerca de Atenas y otros 2000 en Tesalónica. Según el gobierno de Grecia, incluso si unos pocos miles se asientan en este país quebrado económicamente, no habría esperanzas para ellos, y mucho menos para los cientos de miles o más que los países de la UE pretenden atrapar o expulsar a la "caja negra" griega.

Si se implementan estos planes inhumanos, Grecia, obviamente, se convertirá en un "cementerio de almas", como dijo Yannis Mouzalas, el ministro de migraciones de Grecia, a esta altura, acertadamente.

Es probable que esta barbarie europea, "blanca" y "cristiana" no signifique nada en un continente donde hay campos de concentración, como Buchenwald, que se abrieron nuevamente para los refugiados estos últimos años; en un continente donde el estado danés aprueba una ley nazi para confiscar el dinero y las joyas de aquellos que buscan asilo político; donde las autoridades noruegas deportan inmigrantes a la frontera del Ártico; donde los justicieros suecos persiguen a los inmigrantes; y donde mafias atacan a caravanas de refugiados en la República Checa, en Alemania, en Grecia, en Hungría y en Gran Bretaña. Estos ataques no son hechos aislados, no son acciones "espontáneas" de individuos o grupos "políticamente confundidos", "desorientados" o ultra conservadores. Son el producto tóxico de la xenofobia y el racismo fomentado por el Estado, especialmente por políticos burgueses que le dan prioridad a su reelección por sobre la vida humana. Ellos y sus políticas son responsables en primer lugar por el ascenso de la extrema derecha en Europa, del Frente Nacional de Marine Le Pen, de Alternativa para Alemania, del movimiento islamófobo Pegida o de los pro-nazi "Amanecer Dorado".

En el caso de Grecia, es notable como, a pesar de las condiciones sociales desastrosas, se ha desarrollado un movimiento popular de solidaridad hacia los refugiados, un movimiento muy poderoso que se formó desde "abajo", sumado a movilizaciones constantes contra la xenofobia, contra la represión del Estado de los inmigrantes y contra las mafias fascistas de "Amanecer Dorado".

No es un accidente que las autoridades estatales, al igual que la UE y la Otan rechacen e intenten evitar y/o prohibir cualquier contacto o fraternización entre redes de solidaridad del pueblo y organizaciones de trabajadores con los refugiados. Esto lo hacen militarizando los "puestos de control" y los campos de refugiados y autorizando el contacto solamente con ONG oficiales y financiadas por los medios "convencionales".

Junto con la militarización del "manejo de la crisis migratoria", llega ahora una acontecimiento incluso más siniestro: el despliegue de fuerzas de la Otan en el Egeo y en las fronteras de Turquía y Grecia, con el consentimiento de la UE, y de los gobiernos de Tsipras y de Erdogan. El fin es, aparentemente, controlar los flujos migratorios, bajo la excusa de combatir el "contrabando" y "superar las debilidades de los controles locales de ambos Estados".

Esta militarización/Otanización del Egeo y de las fronteras de Turquía y Grecia abre una nueva etapa, y más peligrosa. El objetivo real no se limita a frenar las imparables oleadas migratorias. Se está erigiendo un frente amplio y represivo de las fuerzas de la Otan desde el mar Báltico hasta el Mar Negro y el Mediterráneo. Europa y el mundo han entrado en una fase post Guerra Fría. De hecho, con el despliegue de las fuerzas de la Otan en esta zona neurálgica, se fusiona el frente de confrontación en Europa del este (Ucrania) con las guerras del Medio Oriente, donde están involucrados tanto Rusia como la Otan.

La crisis de desintegración en la UE se suma al caos del Medio Oriente con las consecuencias más impredecibles, explosivas y peligrosas.

Europa se enfrenta no sólo a una profunda crisis social, económica y política: el impasse de la UE sumado a una "crisis migratoria" sin precedentes, la deja en una encrucijada, en un momento decisivo.

Bajo las condiciones actuales de una insoluble crisis capitalista mundial, que se agravará muchísimo en el próximo período, ni la Unión Europea ni las oleadas de refugiados pudieron encontrar una solución. Ambas crisis se interrelacionan y encuentran su origen en la globalización capitalista y su implosión de 2007-2008.

La presente Gran Migración es completamente diferente a otras oleadas migratorias del pasado, que surgieron a raíz de la escasez de medios de vida y las oportunidades en los centros de expansión económica, y particularmente en los centros de expansión industrial en los siglos XIX y XX, fueron un factor de atracción para los inmigrantes. Ahora, la Gran Migración se ubica en un contexto de sobreacumulación de capital, de desindustrialización en los países capitalistas más avanzados y una depresión creciente.

El "desplazamiento de gente y el problema de refugiados más grande desde el fin de la segunda guerra mundial", como se lo describe oficialmente, surge cuando las condiciones de vida de los refugiados fueron destruidas a causa de una globalización capitalista muy desarrollada y de guerras brutales; y después por la implosión de aquella globalización, con todas sus implicancias sociales, políticas y geopolíticas. "La peor crisis desde el crack de 1929 y la Gran Depresión de los años 30", según las mismas fuentes oficiales.

Esta implosión que produjo "la peor crisis desde el crack de 1929 y la Gran Depresión de los años 30" y "el desplazamiento de gente y el problema de refugiados más grande" que hay ahora, es el fundamento histórico-material que tienen en común. Una solución real debe enfrentar esta base en todas sus expresiones para arrancar de raíz las causas de esta catástrofe, las causas sociales sistémicas de las guerras, de los desplazamientos, del desempleo masivo, de la pobreza, del racismo y de la xenofobia.

Con esta orientación estratégica, las fuerzas de emancipación deben unirse y luchar:

-por tirar abajo las vallas, los campos de concentración de refugiados y todas las leyes antiinmigrantes; -por la construcción de redes de solidaridad por todo Europa con los refugiados para que se vinculen con las organizaciones populares y con los trabajadores de Europa; resistir ante la criminalización de la militancia o el trabajo solidario del pueblo; -contra la xenofobia, el racismo, la extrema derecha y las mafias fascistas; -para terminar con las guerras imperialistas, las guerras 'proxy' y las divisiones reaccionarias en fracciones étnicas y religiosas en Siria y en el Medio Oriente -por la disolución de la Otan, de sus bases militares y de su maquinaria de guerra; -por tirar abajo la "fortaleza" europea del gran capital.

Europa está en una encrucijada: o termina enterrada bajo las ruinas del fracaso de la Unión Europea, que se desintegra por divisiones nacionalistas al servicio de los intereses de la clase dominante o se unifica en base a nuevas relaciones sociales, con un carácter socialista e internacionalista, que incluiría la incorporación de los refugiados y de las víctimas de la misma bancarrota mundial de un capitalismo en decadencia.

Ahora más que nunca, la advertencia de Rosa Luxemburgo es urgente y vital:

¡Socialismo mundial o barbarie!

25 de febrero de 2016

“¿Pusieron a Roncaglia? No te puedo creer. Es una señal fuerte para Jaime (Stiuso), porque él lo hizo comisario cuando no le daban los años”. El asombro del agente de la AFI (ex Side), quedó impreso en la nota periodística (Clarín, 12/3). La misma fuente habla de los vínculos del nuevo jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, no sólo con Antonio “Jaime” Stiuso; también con Pedro “Lauchón” Viale, mano derecha de Stiuso en la Side y asesinado por el grupo Halcón de la Bonaerense cuando estalló una interna por cuestiones de drogas, desarmaderos de autos robados y operativos fraguados. Jorge Rodríguez, un ex agente del Ministerio de Seguridad, denunció a Roncaglia por “robo de bienes y sustancias, coimas, gastos de comidas del personal, reparaciones de vehículos y arreglos edilicios, horas extras y comida y vacunas para los perros” (ídem).

El nuevo jefe de la Federal, como se ve, hace honor a las tradiciones de la fuerza. También a la política de espionaje de Mauricio Macri, recostado en el viejo aparato de la SIDE, heredado de la dictadura, que comandaba Stiuso; es decir, repite la alianza que en su momento anudó Néstor Kirchner con los resultados conocidos.

Como gato entre la leña, Roncaglia intentó despegarse de Stiuso y dijo que el espía “no es mi amigo” (Urgente24; 16/3), pero nadie dijo que lo fuera; y que Stiuso “no tuvo nada que ver con mi nombramiento” (ídem), pero tampoco en ese caso se dijo que “Jaime” lo hiciera designar jefe de policía, sino que lo hizo ascender a comisario “cuando no le daban los años”. Por su lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyó los cargos contra Roncaglia “a que hay gente que no lo quiere”. Todo un argumento, como se ve.

La interna policial

El jefe renunciante, Román Di Santo, perdió una interna feroz derivada del caso Nisman y del traspaso de lo más sustancioso de la Federal a la Ciudad de Buenos Aires; esto es, la fusión con la Metropolitana de las 54 comisarías de la PFA, con sus patotas de calle y las divisiones de Homicidios y Robos y Hurtos, al punto que personal de la (¿ex?) Federal se entrena en el Instituto de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana. Es más: los diarios ya hablan de “tensiones” por ese asunto entre el gobierno nacional y el de la CABA, de modo que el asunto golpea de lleno en las grietas internas del macrismo. La crisis política se desenvuelve imparable, y en la policía eso se siente de un modo particular.

La interna en la Federal la perdió Di Santo con quien es y seguirá siendo el hombre más poderoso de la fuerza: el comisario general Guillermo Calviño, jefe de la omnipotente Superintendencia de Seguridad Metropolitana que controla las comisarías de la CABA. “Calviño tiene la calle, y el que tiene la calle tiene el poder”, dice una fuente policial citada por esa misma nota de Clarín. Es una pelea mafiosa por el control del territorio. Calviño, que no disimula su proximidad política con Macri, está citado para el 14 de abril por el juez Sebastián Casanello, quien tiene a su cargo una denuncia contra el jefe policial por haber encubierto a dos efectivos que coimearon a un dealer y le robaron una bolsa con marihuana.

Di Santo estaba en la cuerda floja desde el día en que Alberto Nisman apareció tirado en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza. En principio porque él tenía diez hombres asignados a la custodia del fiscal, que debían protegerlo durante las 24 horas todos los días; pues bien, ninguno de ellos estaba con Nisman cuando le llegó el tiro del final. Además, Di Santo estuvo con Sergio Berni, la fiscal Viviana Fein y personal de su propia fuerza y de Prefectura en la casa de la víctima, o sea que fue uno de los que se dedicaron a contaminar la escena del crimen y arruinar evidencias.

Sin embargo, no es por eso que la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y querellante en la causa, carga contra Di Santo, sino por la difusión de fotos íntimas que el fiscal muerto guardaba en sus electrónicos. Esos aparatos fueron procesados por gente de Apoyo Técnico de la Federal, y de allí se filtraron para la campaña contra Nisman que en su momento organizó el kirchnerismo. Ahora, se dice que esas filtraciones fueron una maniobra (¿de Calviño?) para voltear a Di Santo. Si así fue, lo lograron.

En definitiva, la caída del jefe y del subjefe de la Federal (Héctor Tebes, reemplazado por la comisaria mayor Ester Franco, que viene de Asuntos Internos y luego Violencia Familiar) son recursos de crisis. Apuntan a un reamado mafioso de la Federal para ponerla bajo control político del gobierno, pero esto no hace más que reavivar las internas dentro de la policía y del propio gobierno.

Ahora, los 17 mil federales que se fusionan con la Metropolitana -una policía militarizada y particularmente brutal- se dedicarán, claro está, a su función natural de organizar el delito, pero sobre todo a responder a las necesidades gubernamentales de reprimir a los trabajadores que se alzan contra los despidos, la carestía y los tarifazos. En otras palabras: de llevar a la práctica la aplicación de la ley antiterrorista del kirchnerismo y del protocolo macrista.

La movilización del 24 de Marzo tiene una vigencia extraordinaria por varias razones.

La primera de ellas es que, a 40 años de ocurrido el golpe, el genocidio continúa impune.

Fue necesaria una movilización popular incesante durante la dictadura, y luego contra las maniobras -leyes de impunidad, indultos- de todos los gobiernos que le sucedieron, para que al cabo de casi tres décadas hubiera algo parecido a “juicio y castigo”.

Como se ha dicho ya mil veces, estos juicios iniciados en 2006 se desarrollan a cuentagotas. Juzgan a algunos jerarcas y a un puñado de represores identificados por sobrevivientes y familiares y sus resultados son mezquinos en relación con la magnitud de los crímenes de que son acusados. Desde la Corte y desde el gobierno de Macri se alienta abiertamente la generalización del beneficio de la “prisión domiciliaria” para los genocidas.

Miles de militares y policías que actuaron bajo la dictadura aún continúan en funciones. Sin ir más lejos, dos connotados exponentes de aquella generación son “Jaimito” Stiuso y César Milani, protagonistas de la guerra de camarillas y servicios de inteligencia que eclosionó públicamente con la muerte del fiscal Nisman. La perpetuación del aparato represivo formado en la Escuela de las Américas, en los planes Conintes y Cóndor, en la Doctrina de la Seguridad Nacional y la “guerra contra la subversión”, está en la base de su putrefacción actual.

Todos los gobiernos recurrieron a sus servicios para enfrentar crisis políticas. Alfonsín, tras aplastar el copamiento del cuartel de La Tablada, para respaldar el estado de sitio contra los saqueos provocados por la hiperinflación. Menem se asoció para el contrabando de armas y para reprimir las puebladas en Santiago del Estero, Cutral Có y el norte de Salta. De la Rúa recurrió a la Side y a los escuadrones de la Federal para cometer un baño de sangre contra el Argentinazo. Duhalde hizo lo propio en la Masacre de Avellaneda. Los K montaron un aparato de inteligencia con sede en Campo de Mayo para espiar a las organizaciones obreras y populares e involucraron decididamente a la Gendarmería y a las Fuerzas Armadas en la “lucha contra el narcotráfico”, en sintonía con los lineamientos del Departamento de Estado yanqui.

En la víspera de este 40° aniversario, volvemos a denunciar la complicidad de la burguesía, de sus partidos, de la Iglesia y del imperialismo con el golpe genocida.

La movilización del 24 de Marzo es una caja de resonancia de los reclamos democráticos y sociales de los trabajadores y la juventud. El kirchnerismo intentó estatizarla a través de la cooptación de organismos de derechos humanos y declaró feriado el 24. El frente único de organismos y partidos de izquierda reunido en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia defendió durante todos estos años su independencia frente al Estado. Una divergencia estratégica, que este año nuevamente se expresará en la disputa por la Plaza.

En el acto del Encuentro, la lucha de los 30.000 desaparecidos será reivindicada junto a las luchas actuales que enfrentan al ajuste y la represión del gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Vamos a Plaza de Mayo a respaldar a los obreros de Cresta Roja, a los municipales de La Plata, a los docentes de Santiago del Estero, a los trabajadores de la construcción y los municipales de Santa Cruz; a los compañeros de ATE Mendoza procesados; a repudiar el “protocolo” represivo de Macri-Bullrich y los gobernadores y a las leyes antiterroristas de los K. Vamos en apoyo a las luchas de estatales, bancarios, metalúrgicos y periodistas contra los despidos.

A 40 años del golpe genocida, movilicémonos contra la impunidad de ayer y de hoy. Abajo el pacto buitre. Fuera Obama.

Ni olvido ni perdón.

El PT surgió en el escenario político de Brasil como consecuencia de la descomposición del régimen militar que había sido establecido en 1964 y como consecuencia de un fuerte desarrollo de la clase obrera. Este desenvolvimiento fue acompañado por la emergencia de numerosos sindicatos independientes y la creación de la Central Unica de Trabajadores. Constituyó, por todo esto, la mayor tentativa de desarrollar un partido obrero independiente en América Latina en décadas, incluso con la fuerte traba potencial que implicaba el establecimiento de una dirección política constituida por una burocracia sindical en formación aliada a una pequeña burguesía que se estaba reconvirtiendo del stalinismo y del castrismo.

La llegada del PT al gobierno fue del todo singular. Aunque había atravesado un ‘período de prueba’ en la gestión de gobernaciones y municipios, el PT se vio obligado a adoptar un procedimiento excepcional para ser aceptado como partido de gobierno. El propio Lula se encargó de advertir a los delegados del Congreso Nacional reunido a principios de 2002 que si deseaban ocupar el Palacio del Planalto en las elecciones de ese año, debían estar dispuestos a “tragarse sapos”. El primero fue, indudablemente, el requerimiento de la compañía, como candidato a vicepresidente, de un empresario textil, evangélico y fundador de un partido de la derecha brasileña. No fue, con todo, el sapo más grande. Cuando el presidente en funciones, Fernando Henrique Cardoso, reclamó el apoyo del FMI para hacer frente a la enorme crisis económica que había comenzado en 1999, el FMI puso como condición que el acuerdo fuera firmado por los partidos que competían en la elección. Lula aceptó con entusiasmo esta extorsión, ofreciendo el primer caso de un partido que sustituía su programa por un programa confeccionado por la principal institución del capital financiero internacional. Para ser rigurosos es necesario destacar, sin embargo, que esta línea de tragarse sapos venía de antes: el hecho más importante es la paz social que había firmado Lula con los terratenientes y el capital sojero de Brasil, en un país donde la cuestión agraria es conocidamente explosiva.

Ya en el gobierno, el PT dio varios pasos adicionales. El primero, enseguida de asumir, fue la firma, por parte de Lula y el presidente del Citibank, de un pacto financiero para que la banca norteamericana levantara el bloqueo a los créditos destinados a financiar la exportación de Brasil -12 mil millones de dólares de aquellos años (lo explica William Rhodes en el Financial Times del 24/6/04). De inmediato, designó para presidir el Banco Central a un altísimo funcionario del Bank of Boston, Henrique Mireilles. El gabinete apuntado para la gestión incorporó a ministros designados por el PMDB, así como a numerosísimos funcionarios en distintas reparticiones del Estado. El PMDB no solamente es el mayor partido de la burguesía brasileña sino también una criatura sobreviviente de la dictadura militar. Es también la agrupación más corrompida (“fisiológica”, en la “giria” local) de la política brasileña. Aunque la prensa y la opinión pública hablaran del “gobierno del PT”, no era el caso obviamente: era un gobierno capitalista de coalición con la burguesía y la derecha del país. El programa antiobrero que aplicó enseguida provocó la escisión de un número importante de legisladores y la formación del PSOL, una coalición de agrupaciones que se había ‘tragado todos los sapos’ precedentes.

En este cuadro estalla el primer gran episodio de corrupción: el llamado “mensalão”, por el cual se utilizaba dinero público para conseguir los votos de la bancada del PMDB, en casos no necesariamente controvertidos, para aprobar los proyectos del gobierno; el lubricante de la coalición con la burguesía era la corruptela. No obstante esto, quienes hoy aseguran que la corrupción es común tanto a la derecha como a la izquierda, en aquellos momentos saludaban el ‘liderazgo’ de Lula y la supuesta elevación de la misérrima población brasileña a la categoría de “clase media C”. El mensalão produjo las primeras bajas en el gobierno, cuando la Justicia condenó al número dos del PT, Jose Dirceu, un ex guerrillero castrista devenido en un ‘realpolitiker’ del capitalismo. Lo instructivo de todo esto -si se lo puede llamar así- es que la corrupción se instaló en el nuevo gobierno desde el principio, como un mecanismo que habilitaba el funcionamiento de un régimen de coalición con la burguesía nacional. De aquellos polvos vienen estos lodos que ahora parecen comprometer la continuidad del gobierno de Dilma Rousseff. El mecanismo del poder se ha puesto en reversa: los votos del PMDB se han convertido ahora en árbitros de un juicio político contra la Presidenta -que, por otra parte, tampoco es oriunda del PT sino del PDT, un partido nacionalista que había quedado confinado al estado de Rio Grande do Sul.

Petrobras, Oderbrecht, Eike Batista

Como lo admite con descaro toda la prensa, las coimas de Petrobras vienen de lejos; afecta al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (un ex izquierdista y famoso intelectual convertido en agente del Departamento de Estado de Estados Unidos) y al padre del actual presidente de la constructora y empresa de ingeniería Oderbrecht. El destape de la corrupción ahora es la consecuencia del choque violento de intereses contrapuestos en la burguesía brasileña y en el capital internacional.

Los gobiernos ‘petistas’ habían convertido a Petrobras y a las constructoras (y también a la minera Vale) en el pivote de un desarrollo industrial de Brasil. La explotación de los yacimientos pre-sal mediante enormes inversiones y el monopolio operativo de Petrobras pretendía desarrollar una periferia industrial relevante, sea de servicios tecnológicos como de refinerías y producciones derivadas del petróleo. Este plan entró rápidamente en conflicto tanto con las petroleras internacionales, que reclamaban licitaciones abiertas de explotación, como con los accionistas internacionales de Petrobras, que cuestionaban la rentabilidad de las inversiones, así como el recorte de los dividendos en beneficio de las inversiones. Es así que a medida que la actividad de Petrobras crecía, su cotización en la Bolsa de Nueva York caía; hoy, en el pozo de la crisis, es un 80% inferior a su punto más alto. En el marco de este plan, el gobierno de Lula intentó crear una burguesía petrolera nacional, mediante fuertes concesiones y apoyos financieros a un aventurero, Eike Batista, el cual se lanzó a un incesante acaparamiento de empresas mediante deudas. La primera señal del derrumbe que se desarrolla en la actualidad fue la declaración de quiebra de Batista y toda su red de empresas, agobiado por un endeudamiento que no podía renovar ante los síntomas de crisis en el mercado petrolero internacional. La revelación pública de las coimas de Petrobras interviene cuando la caída estrepitosa de los precios internacionales del petróleo invalida la tentativa industrializadora, ya que priva a la petrolera de capacidad de inversión. Petrobras ha comenzado a malvender activos en gran escala, por un lado para pagar deudas, pero también para asegurar la continuidad de sus proyectos más relevantes. En Nueva York, los accionistas de Petrobras reclaman un resarcimiento por el dinero sustraído a las utilidades por las coimas. Hace tres semanas, Dilma dio el paso más duro: eliminó el monopolio de Petrobras como operadora de los yacimientos pre-sal -la principal exigencia del capital financiero internacional y ¡de las bancadas aliadas del PT! La Presidenta asegura que no va a renunciar, bajo ninguna circunstancia, pero ya ha renunciado a los objetivos básicos de su gobierno. Las constructoras brasileñas se encuentran entre las más importantes del planeta. Lula ha sido su principal lobbista en el país y en el exterior. Coimeado o no, su rol como líder obrero ha quedado completamente desnaturalizado -es un gerente de las firmas capitalistas. Oderbrecht, Andrada Gutierrez, Camargo Correa y otras no solamente se beneficiaron de los contratos de obras de Petrobras, por los cuales han pagado coimas a diestra y siniestra. Gran parte de la política exterior de Brasil se atuvo a los intereses de ellas. Lula se adelantó a Obama en la obtención de concesiones en Cuba para las constructoras brasileñas -lo cual lo convierte en un ariete de la privatización de empresas en Cuba y de la ruptura del monopolio del comercio exterior de la Isla. Lo mismo en Venezuela, Nicaragua, Bolivia o El Salvador, que tienen en común su condición bolivariana. El cabo electoral de Lula, João Santana (que también lo fue de De la Sota y Duhalde) organizó las campaña electorales en esos países en función de los intereses de Brasil. Brasil dirigió la campaña electoral de Ollanta Humala, el cual se había comprometido a otorgar la concesión de las construcciones de rutas y oleoductos hacia el Pacífico a Oderbrecht. La corrupción social y política de la dirección y el aparato del PT es considerablemente mayor que la que deriva de las coimas que le son imputadas. Es lo que simplemente olvidan quienes salen a defender a una organización que se declara políticamente de los trabajadores. La camarilla petista ha trabajado con dedicación para destruir la condición clasista de la izquierda y el movimiento obrero en América Latina. En las elecciones para elegir la representación obrera en el Consejo de Petrobras, hace tres semanas, el sindicato de la CUT fue derrotado por una improvisada lista independiente. Los obreros de la petrolera perciben que el gobierno de Rousseff está destruyendo a Petrobras y cediendo a la presión financiera internacional, con el único pretexto de salvar su propio pellejo. El potencial de derrumbe económico que encierra el desmantelamiento de Petrobras y de las propias constructoras podría llevar a Brasil rápidamente a una situación pre-revolucionaria.

El golpe

La destitución de Dilma Rousseff es reclamada por todos los sectores capitalistas que han chocado con el gobierno en los últimos años. No han conseguido todavía reunir, sin embargo, una mayoría parlamentaria para proceder al juicio político de la Presidenta, porque las consecuencias serían muy graves para otros intereses tanto o más poderosos. Una gran parte de los destituyentes parlamentarios enfrentan procesos de corrupción a igual título que los funcionarios del gobierno o los dirigentes del PT. En la burguesía se teme, por sobre todo, el estallido de una rebelión popular, que sería la consecuencia del vacío de poder que podría producir una transición precaria, y de los planes de ajuste que aplicaría un nuevo gobierno. Los ajustes petistas ya han producido casi dos millones de despidos o suspensiones. Puede sorprender que la burguesía industrial de São Paulo sea abiertamente golpista, en contraste con el silencio relativo del capital sojero -el cual está recibiendo los beneficios de una gran devaluación de la moneda, el real.

Ocurre que esta burguesía industrial ha sido marginada de las tentativas de industrialización de Lula, porque quedó expuesta a la competencia demoledora de China -una gran aliada de Petrobras y las constructoras. Las grandes acerías brasileñas encabezan la campaña internacional para penalizar la exportación siderúrgica de China. La burguesía paulista reclama la sanción de una “ley compasiva”, que blinde el capital de las empresas de los perjuicios que ocasionen los ejecutivos de ellas (Ambito, 10/3). De lo contrario, arguyen, podría venirse abajo el patrimonio de numerosas compañías. El paso siguiente sería la absolución o la disminución de penas por parte de los tribunales de apelaciones o la Corte Suprema.

La charlatanería característica en estos casos, atribuye a la independencia de la Justicia el conocimiento y la sanción de la corrupción. Esa Justicia, en realidad, está sustituyendo la aportación de pruebas materiales de los delitos por un sistema de coacción penal que ofrece rebaja de penas y arrestos domiciliarios a quienes confiesen responsabilidades y delaten a supuestos cómplices. Semejante procedimiento sería fácilmente cuestionado en una apelación, incluyendo un cambio en la opinión de los nuevos jueces. La Justicia es un poder del Estado, que en ningún caso irá contra el poder de ese Estado. Mauricio Oderbrecht, el presidente del conglomerado, ha dicho que apelará su condena a 19 años, porque el expediente abundaría en delaciones y estaría carente de pruebas. La llamada “ley del arrepentido” otorga poderes discrecionales a jueces, investigadores y policías contra los derechos ciudadanos.

No se puede dejar fuera de foco la implicancia internacional que tendría un desplazamiento del gobierno de Dilma. Aceleraría el proceso para poner fin al gobierno de Maduro, en especial por el impacto que tendría en las fuerzas armadas de Venezuela un ‘golpe blanco’ en Brasil. En Uruguay, se está desarrollando en torno a acusaciones de corrupción en la petrolera estatal Ancap, un proceso similar al de Brasil. Por último, sería un espaldarazo al gobierno ‘buitre’ de Macri. La desvalorización enorme que ha sufrido la Bolsa de São Paulo es un bocado de cardenal para los bancos y fondos de cobertura internacionales; Brasil se vería obligada también a renegociar la deuda pública. El aguijón de la crisis lo constituye, sin sombra de duda, la voracidad del capital internacional para lograr un nuevo reparto de patrimonios y capitales en Brasil. La deuda externa de Brasil, pública (80% del PBI) y privada (70% del PBI) es de 3 billones de dólares.

El movimiento obrero

El domingo 13 está prevista lo que sería una gran manifestación a favor del juicio político para destituir a Dilma. La dirección del PMDB se encuentra atenta a los resultados para determinar si se retira del gobierno e inviabiliza de este modo la gestión de Rousseff y lograr una renuncia que evite el ‘impeachment’. No existe ninguna posibilidad, sin embargo, de que estas manifestaciones atraigan a la masa del pueblo pobre y trabajador, que conoce bien a sus inspiradores. No sería, sin embargo, la primera vez que cae un gobierno por presión de un movimiento civil minoritario. Es significativo que a los organismos convocantes les importe poco que el encargado del juicio político a la Presidenta sea el Congreso más corrompido de la historia brasileña.

Frente a la amenaza de golpe a cargo de un parlamento de corruptos, el PT se encuentra ‘groggy’, debido a su complicidad evidente con el favoritismo a los conglomerados capitalistas y la corrupción, y como consecuencia de su complicidad con la política de despidos masivos que asola Brasil. La única oposición a la salida capitalista catastrófica a la crisis en curso, incluida la oposición a un golpe ‘blanco’, es la que puede partir de la clase obrera. Por eso entendemos que lo que se encuentra a la orden del día es el llamado a un congreso de trabajadores, electos en lugares de trabajo y en asambleas, para lanzar una movilización contra despidos y suspensiones, contra el desmantelamiento o privatización de empresas del Estado y contra cualquier salida golpista de parte de un Congreso de delincuentes políticos y económicos. La reivindicación de una Asamblea Constituyente no tendría otra implicancia que poner fin al gobierno de Dilma Rousseff, lo cual, en el momento actual, potencia la agitación golpista. Solamente cuando la clase obrera haya reunido las condiciones mínimas de movilización para poder pelear por su propia salida a la crisis, esa reivindicación podría ser una herramienta de lucha. No es aceptable ninguna forma de frente único de hecho con la movilización golpista. La iniciativa de un Congreso obrero de delegados, que debería ser dirigida a todos los sindicatos y comisiones de fábrica de la CUT, podría ser adoptada conjuntamente por la central sindical combativa, Conlutas, y por la izquierda constituida por el PSOL y el PSTU. Este congreso se convertiría en punto de polarización de los trabajadores en el caso de que prospere un ‘impeachment’ y con él una situación de mayor crisis económica y política. Brasil vive una circunstancia singular donde gobierno y golpistas rivalizan en el tamaño de su debilidad política y la carencia de apoyo político propio.

(Nota publicada el 12/03 en: https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/?fref=ts)

Foto: Sebastián Baracco

El 24 en la Plaza hubo dos actos claramente diferenciados, como lo tuvieron que reconocer todos los medios de comunicación –salvo Clarín, que omitió hasta la crónica de la jornada.

El acto de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora e H.I.J.O.S., realizado al mediodía, convocó a La Cámpora, Luis D´Elía, Martín Sabbatella y Axel Kicilloff, entre otras agrupaciones y ex funcionarios K. La burocracia de las cinco “centrales sindicales” –que el día anterior habían compartido un seminario en Foetra que cerraron Estela de Carlotto y Horacio Verbitsky- fue saludada desde el documento que se leyó en el palco. El amigo de la yuta y de los traficantes de efedrina, Aníbal Fernández, y el patotero del Indec, Guillermo Moreno, desfilaron junto a Hebe de Bonafini.

La hegemonía kirchnerista del acto era innegociable, como señaló la titular de Abuelas en un reportaje en Página/12. ¿Por qué no un acto conjunto con la izquierda?, le preguntó el periodista. “Porque no vamos a hablar mal de Néstor y Cristina” respondió Carlotto.

El documento que animó el acto de los organismos K fue un panegírico del “país que teníamos, integrado a la Patria Grande y con un Estado para el pueblo”. Los ex funcionarios del gobierno de los “pagadores seriales” de deuda externa en el que los capitalistas y banqueros “la levantaron con pala” aplaudieron a rabiar. “No olvidamos los asesinatos de Kosteki, Santillán y Mariano Ferreyra”, pronunciaron desde la tribuna delante de ‘Hanníbal’, el ex vocero de Duhalde durante la masacre de Avellaneda y encubridor de la zona liberada en Barracas.

“Resulta importante resaltar que entre las preocupaciones del nuevo gobierno (el de Macri) no estuvo la de derogar una ley que no puede seguir en vigencia: la Ley Antiterrorista. ¿Será que la usará con el protocolo de represión de la protesta social?”. El colmo del cinismo. ¿Será que se olvidaron que su aprobación fue una iniciativa del gobierno kirchnerista, cuando atacaba las huelgas docentes, reclamaba “leyes antipiquete” y saludaba la condena a prisión perpetua a los petroleros de Las Heras?

El acto encabezado por Abuelas estuvo claramente colocado al servicio del operativo “Vamos a volver”. Los diputados del FpV que se “opusieron” al acuerdo con los fondos buitre para pichulear algunos dólares a sabiendas de que su bancada de senadores lo aprobaría sin chistar, aprovecharon la lavada de cara. El nombre de Barack Obama no fue ni siquiera mencionado.

En contrapartida, la impresionante columna del Encuentro Memoria Verdad y Justicia –que recién pudo ingresar a la Plaza bien entrada la tarde, tras sortear varios “tapones” de organizaciones nac&pop- fue directo al hueso: contra la impunidad de ayer y de hoy, fuera Obama de Argentina, abajo el ajuste y la represión de Macri y los gobiernos provinciales.

El documento central del acto -consensuado por dos centenares de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales y estudiantiles- denunció extensamente los atropellos del macrismo y de los gobernadores e intendentes peronistas y también los antecedentes en materia de entrega –Ciadi, Club de París, Repsol- y represión de los gobiernos kirchneristas.

La movilización independiente del Encuentro fue precedida por dos meses de intenso debate político. La cuestión central se resumía en torno a qué actitud adoptar frente al kirchnerismo. El EMVyJ es un amplio frente único de organizaciones populares combativas y preservó su independencia durante una década de gobiernos K. Un sector de la izquierda –el MAS, el MST y otros grupos- se mostró partidaria de un acto unificado, lo cual significaba rifar esa trayectoria, soslayando las críticas y denuncias a los K tanto por sus gobiernos como por su rol actual. No se trató de un dislate sino de un debate estratégico. Hasta el mismo 24, el MST continuó llamando a un “acto unificado” a expensas de la agitación por el acto del Encuentro. Por su parte, el PTS se resignó a que no “existían condiciones políticas” para un acto común, pero mantuvo hasta la exageración la línea de seguidismo a los K por Milagro Sala.

Nuestro partido y Apel defendieron desde el primer día la realización de un acto independiente. Mantuvimos esa posición de principios desde el primer día y hasta la última coma del documento consensuado. La imponente columna del Partido Obrero se construyó sobre bases políticas macizas.

Convirtamos a la izquierda y a la clase obrera en la alternativa al ajuste de Macri y los gobernadores.

Nota publicada en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/544618909052308:0

La crisis brasileña tiene en vilo a toda América Latina, y más allá. The Wall Street Journal la describe, en su edición de hoy, moderadamente, como “un precipicio económico, en medio de un caos político”. Fue el tema principal en las reuniones entre Obama y Macri –al menos según lo cuenta Clarín. Un colapso de Brasil forzaría al macrismo a sacar de la gaveta el Plan B, que no tiene.

Bancarrota

El diario de las finanzas norteamericanas advierte de un deuda pública de u$s 1 billón, que el año que viene alcanzaría el 80% del PBI. Se alarma por una deuda privada de cerca de u$s300 mil millones, cuyo servicio está creciendo a razón de un 14% cada año. Petrobras, sin embargo, tiene, ella sola, una deuda (paraestatal) de u$s150 mil millones, a septiembre pasado, “una de las mayores deudas corporativas del mundo” (Valor, 23/3). Pero no es todo: tiene deudas fiscales por R$160 mil millones y otras laborales por R$20 mil millones –o sea unos u$s 60 mil millones adicionales. La cotización del capital accionario de la empresa ha retrocedido un 85%, a poco más de u$s20 mil millones. “A final de 2015, informa WSJ, 54.1 millones de brasileños se habían atrasado en los pagos de cerca de u$s60 mil millones en préstamos”. Con este endeudamiento se fogoneó el consumo ‘nacional y popular’ también entre nuestros vecinos. Al derrumbe de la inversión se asocia un retroceso espectacular del consumo personal y la posibilidad de quiebras bancarias. La calificadora S&P ha rebajado a la categoría de ‘defol’ a Usiminas –una alianza entre Nippon Steel y Tenaris, nada menos. Los despidos recientes alcanzan a un millón de trabajadores y la desocupación ha superado el 10% de la población activa.

De acuerdo a un estudio (Valor, 23/3), Petrobras no tiene forma de pagar su deuda: “ha sido salvada por el gong, o mejor, por los aportes del Banco de Desarrollo de China, a cambio de la entrega de petróleo a precios preferenciales. Lo que significa que si el precio del petróleo no se recupera rápidamente, serán necesarios más aportes de China”. Esta conclusión suena optimista, primero porque, con este acuerdo, Petrobras hipoteca una gran parte de sus ingresos futuros y, segundo, porque el rescate chino significa que Brasil seguirá importando acero de China y dictando la sentencia final para la defolteada siderurgia que opera en Brasil. Petrobras no podría siquiera refinanciar una salida a la deuda impagable, debido a que no le está permitido acogerse a la ley de quiebras por su condición de empresa con mayoría estatal, o sea que no puede ofrecer como garantía un eventual remate judicial de sus activos. Petrobras ha perdido u$s10 mil millones de dólares en el último trimestre del año pasado – “sin que se vea la luz al final del túnel” (ídem). En esta situación, debería ser capitalizada con recursos fiscales, de parte de un Estado que se encuentra él mismo quebrado. El Club de Ingeniería de Brasil advierte acerca de “una destrucción de empresas nacionales”.

De acuerdo a Valor, “desde el cambio de comando de la estatal, a inicios de 2015, fueron hechas diversas gestiones en el mercado sobre un modelo de asociación con el sector privado para BR Distribuidora” – la subsidiaria principal de Petrobras. El ‘modelo’ es curioso: se vendería una parte minoritaria del capital de la empresa, pero con un descuento del 40 por ciento y un sistema que otorgaría el voto mayoritario al sector privado, que pasa así a dirigir la compañía. Es el gobierno actual el que ha tomado la iniciativa del remate del patrimonio nacional, que reclama la oposición y el capital financiero. En el Senado, mientras tanto, los oficialistas mudados en opositores y la oposición tradicional van más lejos: quieren sustituir el régimen de participación de beneficios en explotaciones petroleras con mayoría de Petrobras por el un sistema de concesiones a los monopolio privados. El golpismo (parlamentario, judicial, mediático, financiero) es el resultante de la crisis política, no su causa. Las denuncias de corrupción y los arrestos y condenas de los implicados no son más que una manifestación de la disputa por los despojos de la bancarrota de la economía. Hay una contradicción insoluble entre la necesidad de una salida a la quiebra capitalista, de un lado, y el gobierno y el régimen político vigente, por el otro.

El piloto y los pasajeros

Que la crisis abarca al conjunto del régimen político queda de manifiesto en las encuestas, que muestran un repudio a oficialistas y opositores. La ciudadanía, incluida una parte importante de los trabajadores, no advierte, sin embargo, que el comando de la salida política se encuentra en manos de la fracción que aboga por el derrocamiento del gobierno, o sea por los golpistas. La decisión de apurar el juicio político a la Presidenta obedece a la necesidad de producir un recambio de gobierno antes que lleguen las citaciones judiciales a los líderes del golpe – el vicepresidente o el presidente de la Cámara de Diputados.

También impulsa la urgencia el desenvolvimiento del proceso judicial. De una parte, porque el presidente e incluso el directorio de Odebrecht han decidido sumarse a la llamada “delación premiada”, con la finalidad de obtener una reducción de penas para el dueño de la constructora y para blindar a la compañía de los prejuicios patrimoniales que le provocará su responsabilidad en el sistema de coimas, incluido el descubrimiento de una contabilidad paralela. Odebrecht reclama una ley de indulgencia que la zafe de la responsabilidad patrimonial. Las informaciones que aporte Odebrecht serían letales para el oficialismo y para Dilma y Lula – sus socios más estrechos. De otro lado, la acción judicial se ha descarrilado con la filtración de escuchas telefónicas de la Presidenta del país, por parte del juez de la causa y del propio Ministerio Público. La Corte Suprema tiene ahora un pretexto excelente para anular las actuaciones judiciales y poner el encausamiento bajo su control. Un editorial del diario financiero Valor concluye que con un gobierno de Temer “prosegurían las tentativas de frenar las investigaciones y de las penas, porque amenazan a decenas de políticos. Cuando el Legislativo reanude su actividad un frente suprapartidario podrá votar leyes que encuadren el Lava Jato y anulen parte de sus efectos. Fue una conjunción de este tipo que impidió el desenvolvimiento de la operación Manos Limpias (en Italia)”. En Italia, los jueces de las causas anti-corrupción acabaron incriminados en centenares de procesos judiciales. Cambio de gobierno, ley de indulgencia para las empresas capitalistas, limitación de los procesos judiciales –el sistema político patronal tiene trazada su hoja de ruta. El golpe es presentado como la única vía para salvar a los corruptos. Toda una paradoja, ¿no?

Es el régimen político

Lo más importante de ese GPS es el remate del patrimonio en bancarrota y el ajuste. Delfim Neto, ex zar económico de la dictadura, y Arminio Fraga, ex presidente del Banco Central, ya tienen elaborado un plan bajo la presidencia de Michel Temer – el vice en funciones. Descartan que la Corte Suprema le tire un salvavidas a Dilma y autorice la designación de Lula como jefe de gabinete. Si esto ocurriera, Brasil podría asistir a un derrumbe bursátil fenomenal y al hundimiento de su moneda; un golpe de mercado. La supremacía que ha alcanzado la Corte con relación a los otros poderes del Estado, pone en evidencia la disolución avanzada del régimen político. Una fracción de la burguesía, Aécio Neves y Marina Silva, reclaman elecciones generales, como una suerte de salida indolora a la debacle del gobierno como del Congreso. Pero incluso esto necesita de un gobierno de transición con un plan elemental de gobierno.

El proceso brasileño pone de manifiesto que el aspecto central de la etapa política actual es una crisis vertical de poder – antes que “un cambio de ciclo”. El capital procura instalar “gobiernos de ajuste”, pero no ha reunido aún ni los medios económicos ni los políticos de su proyecto. Brasil ilustra el carácter de toda la crisis que se ha apoderado de América Latina y la operación de socorro emprendida por Obama –que naturalmente debe empezar por Cuba. En Brasil se desarrolla un enfrentamiento brutal entre fracciones capitalistas, con un trámite necesariamente golpista. En la agenda del capital figura un ajuste extraordinario contra las masas. El eje de ese ajuste, estimado en la parte fiscal en R$145 mil millones (u$s40 mil millones), es el golpe contra las jubilaciones, esto para rescatar a la Previsión Social como fuente de financiamiento del capital. Ningún trabajador puede alinearse con el golpe, alegando la corrupción existente, ni siquiera la neutralidad; tampoco puede apoyar al gobierno de turno, que transa todos los días con el golpismo para demorar su caída o para conseguir un espacio en el proceso ulterior.

Por eso es necesario un Congreso de Trabajadores que habilite un planteo independiente de la clase obrera y un plan de lucha.

El posible lanzamiento de Uber, una aplicación para celulares que permite conectar a usuarios de taxis o remises con una flota virtual de choferes previamente inscriptos, ha desatado polvareda. Es la misma inquietud que despertó en todas las capitales del mundo donde desembarcó esta empresa, enfrentando a los taxistas, a sus empresarios y sindicatos.

La reacción no sorprende: detrás de la idílica presentación de una red de pasajeros y choferes conectados en el ciberespacio, Uber no es otra cosa que una gigantesca plataforma de tercerización laboral y trabajo precario. En Montevideo, donde el servicio desembarcó hace unos meses, los choferes de los vehículos revistan como “terceros contratantes independientes”, sin ningún vínculo laboral con Uber. La firma virtual no se hace cargo de las eventuales costas por accidentes, que deben ser afrontadas por el propio chofer mediante el pago de un seguro. Ni hablar de las cargas sociales o previsionales. Lo mismo vale para el pasajero, en relación a la confiabilidad del servicio. Las condiciones de Uber son rigurosas a la hora de fijar sus propias comisiones y tarifas básicas. Pero nada se dice sobre las condiciones laborales del “emprendedor independiente”, como llama la empresa a los choferes que se anotan. Cuando el pasajero se conecta, desconoce si concurrirá un “emprendedor” que carga, por ejemplo, con catorce horas consecutivas de trabajo. O si se trata de alguien que transporta pasajeros como “changa”, y sobrelleva una jornada laboral entera en otra ocupación. Pero el sobretrabajo es incentivado por la propia Uber, ya que califica a sus choferes con puntuaciones de acuerdo al grado de cumplimiento respecto de los requerimientos de viajes. Esos puntajes están disponibles para el pasajero que pide un auto a Uber. De ese modo, aquel chofer que no responda a un pedido –por cansancio o saturación- corre el riesgo de perder puntos y, por lo tanto, futuros clientes. La superexplotación no sólo hace peligrar la vida y la salud del chofer, sino también la de los propios pasajeros. Como ocurre en todos los ámbitos del proceso de trabajo en el capitalismo, la tecnología no alivia la intensidad o la duración de la jornada sino que, por el contrario, termina acentuando el grado de explotación absoluta del trabajador.

La otra pesadilla

Como en otros lugares del mundo, el lanzamiento de Uber ha despertado reacciones airadas de los sindicatos de taxis. Llama la atención, sin embargo, que numerosos choferes –o ex choferes- hayan concurrido esperanzados a la convocatoria de Uber. La explicación debe buscarse en las condiciones laborales de infierno que asolan al taxista de nuestra Ciudad. Aunque el chofer recibe un sueldo en blanco, con cargas sociales y previsionales, se trata sólo de una mascarada, pues su verdadero ingreso está condicionado a un acuerdo laboral negrero. Nos referimos al “alquiler” del vehículo, por el cual el chofer paga a la empresa una suma diaria por el uso del auto. Esa suma suele representar cerca de ocho horas de jornada. Sólo cuando supera el monto de ese “alquiler”, el chofer comienza a trabajar para “pagar” su sueldo. De ese modo, y para cubrir un ingreso que difícilmente llegue a la canasta familiar, el taxista trabaja 12 horas por día o más. Todos los estudios relacionados con la seguridad en el transporte urbano indican que los choferes de cualquier servicio -colectivo, taxi, subte- no deberían extender la jornada más allá de las seis horas, para la seguridad propia y de los pasajeros.

Que este sistema laboral manifiestamente ilegal subsista, sólo se explica por la connivencia del Sindicato de Taxistas. No es un secreto que entre los propietarios de las “mandatarias” de taxis -las empresas que agrupan a grandes flotas de vehículos-, están los mismos burócratas sindicales que avalan este régimen negrero. Por eso, no sorprendió que su principal dirigente –Viviani- se mostrara dispuesto a “negociar” con Uber las condiciones del servicio. Como en otros lugares del mundo, la burocracia exigirá que la ciberempresa se equipare con las mandatarias en términos impositivos o reglamentarios (licencias), o sea, reclamará en su carácter de patrón. En cambio, nada se dice de las condiciones laborales –ni de los actuales taxistas, ni de los futuros choferes “emprendedores”.

La cuestión de Uber debe servir para una deliberación sobre todo el régimen laboral en el transporte, que debe incluir a sus actuales trabajadores y modalidades. La pirámide de prioridades debe construirse, no a partir de las mandatarias o cibermonopolios, sino de las necesidades y la seguridad de trabajadores y usuarios. Ello significa, en primer lugar, asegurar un salario que cubra el costo de la canasta familiar en seis horas de jornada, o en el cálculo de un kilometraje equivalente; abolir todas las formas de trabajo a destajo, las actuales y las “virtuales” en preparación. Sobre esta base, todas las innovaciones tecnológicas podrían contribuir al trabajador y al usuario. El costo del servicio no debe ser reducido a costa de la vida de los choferes, sino de las comisiones y beneficios abusivos de mandatarias, de sus burócratas cómplices, de las automotrices, bancos y monopolios de combustibles, todos los cuales engordan el costo del transporte a costa del pueblo.

Este es nuestro planteo.

Más de 300 obreros de la destilería Refinor y de sus tercerizadas, organizaron una combativa huelga de dos días y frenaron los despidos, que son parte de un nuevo ciclo de desindustrialización.

N es un trabajador que cuenta la experiencia a Prensa Obrera

N: Refinor es una privatizada de lo que fue YPF, se la entregaron a Pérez Companc que vendió su parte a Petrobras. También son dueños de Refinor Pluspetrol e YPF S.A. Todos desinvirtieron y agotaron el petróleo, desgastando a la zona norte de Salta. Allí, procesamos el gas rico que se importa de Bolivia y lo bombeamos al poliducto que va a Córdoba. Desde el año pasado se sucedieron despidos, cambiaron gerente, los que tallan son los que vienen de Petrobras, que también tienen negocios en Bolivia. Este mes, largaron el rumor que Pampa Energy (del empresario Mindlin NdR) había comprado su parte a Petrobras. Los compañeros que vivieron la privatización de YPF advirtieron que iban a intentar despedir para “limpiarla” antes de entregarla. Así fue, armaron listas para el retiro y en marzo llegaron los telegramas para continuar con el achique. Mientras regía la conciliación obligatoria, la empresa presionó a algunos compañeros para que acepten el retiro. Pero un grupo denunció esta situación. La experiencia vivida y la actitud de estos compañeros, nos llevó a unirnos, a obligar al sindicato corrupto (Romero de Privados de Gas y Petroleo NdR) y salimos al paro. Ganamos cuando delegados combativos plantearon que pararíamos la planta compresora del gas de Bolivia. Todos sabemos que esto no termina acá, porque van a usar los intentos de despidos para chantajearnos en las paritarias, y no sólo eso: hoy todo Vespucio está apoyando la lucha de la tercerizada Tecmec, porque cuando termine la conciliación vuelven los despidos. Acá hay responsabilidad del gobierno K que dio una vuelta de tuerca con la privatización de YPF y el de Macri que viene por más. Urtubey se acomoda: primero con Cristina, ahora con Macri. Necesitamos que esto se conozca en todo el país.

Mientras Obama vino al país, a reforzar el pacto buitre que financia la fuga de capitales y se desarrolla la rapiña capitalista, para quedarse con los activos de Petrobras y profundizar el vaciamiento petrolero de Salta, los compañeros demuestran, con su huelga que paró los primeros despidos, que hay un camino de defensa de los trabajadores y del patrimonio nacional.

La movilización del 24 de Marzo estuvo precedida por un nuevo sacudón al gobierno del ex funcionario de la dictadura militar Carlos Arroyo. Giri, el estratega político y económico del nuevo intendente, fue arrestado por desviar más de 20 millones de pesos del astillero Río Santiago. La supuesta política transparente del intendente se ve golpeada una vez más, luego del primer escándalo de su gestión, marcado por la renuncia de su secretario de seguridad.

En este marco, signado también por los despidos encubiertos en el municipio, el freno económico y los despidos en el puerto, el comercio y la construcción, las burocracias sindicales jugaron todo un papel, definiéndose, en muchos casos, por una de las variantes que lleva adelante el ajuste en Mar del Plata; el FpV acaba de dar su voto positivo al presupuesto de Cambiemos. Mientras Luz y Fuerza evitó una definición y marchó con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia en Buenos Aires, la Celeste de Suteba, APU, Adum, la Verde de ATE, y la CTA “autónoma” engrosaron la columna de la movilización oficial, coordinada por el kirchnerismo. El trasfondo de esta convocatoria fue “que vuelva Cristina” y con ella, Scioli, Pulti y los negociados de Aldrey Iglesias. El PCR, Patria Grande, Libres del Sur y el Nuevo Mas se adhirieron a la excusa del frente antimacrista y fueron a la rastra del nacionalismo burgués.

El Partido Obrero junto con otras organizaciones movilizó en forma independiente contra el pacto buitre, el protocolo represivo y la provocadora visita del representante del imperialismo, Obama. Con HIJOS encabezando, y más de 300 compañeros del Partido Obrero, la movilización independiente llenó más de cuatro cuadras de largo. En la columna del Partido, se destacaron los compañeros del Polo Obrero que vienen de una movilización enmarcada en un plan de lucha nacional contra la desocupación, los docentes de Tribuna que se preparan para recuperar el Suteba, y una gran delegación de la UJS, además de los compañeros estatales, textiles, municipales, entre otros.

Bajo la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, se leyó un documento que puso de manifiesto las características del ajuste tanto a nivel nacional como a nivel local.

El Partido Obrero fue un puntal fundamental en el sostenimiento de la movilización independiente en la ciudad. Desde hace cuatro años que esta convocatoria se repite, nucleándose alrededor de HIJOS que, en 2012, partió aguas con la movilización oficial. Sin embargo, este año varias agrupaciones de izquierda y centroizquierda dieron el portazo y rompieron la multisectorial que organizaba el acto independiente de los partidos patronales. El Partido Obrero se opuso a la deformación que supone el frente antimacrista y rechazó cualquier compromiso político con ajustadores. Insistimos en la necesidad de una movilización que abra un canal político para la clase obrera que enfrenta a Macri, a la burocracia sindical que le garantiza una tibia paz social y al kirchnerismo que sancionó la bancarrota del Estado que hoy profundiza Cambiemos.

Por su parte, el PTS cuestionó hasta último momento los términos de la movilización independiente, primero mediante una indefinición sobre la necesidad de un acto sin el kirchnerismo, y luego rechazando una delimitación del propio kirchnerismo en torno al papel de complicidad con el ajuste macrista. Esta peligrosa adaptación pudo ser superada por la férrea posición del Partido Obrero de defender la convocatoria central del EMVJ.

En esta etapa de transición política, la única posición que abre un camino para la construcción de una oposición al macrismo y a la reconstrucción del nacionalismo burgués implica, como primera condición, la delimitación implacable del kirchnerismo.

El 24 de Marzo se movilizó con el Partido Obrero una gran delegación de familiares que luchan contra la impunidad.

En reuniones previas preparatorias de la movilización, los familiares arribaron a la conclusión de que en todos sus casos el garante de la impunidad es el mismísimo Estado, con todos sus elementos, como en el caso de Darío Avalos, como el de Mariano Ferreyra, la responsabilidad de la burocracia sindical y sus patotas con total connivencia policial, amedrentando a los trabajadores para hacer pasar las políticas de ajuste. En el caso de Silvia y Yamila Rosso, víctimas de femicidio en manos de un asesino que ya tenía cientos de denuncias, el de Nicolás Vázquez e Ismael Sosa asesinados por la policía, el de Adrian Novillo, Diego Cabo y Nicolás Pacheco, asesinados producto de las zonas liberadas para los negocios de la noche, narcotráfico y barrabravas, y los inundados de la plata, víctimas de la especulación inmobiliaria y falta de obra pública.

Los familiares, movilizados contra la impunidad estatal de ayer y de hoy, se preparan para un año de lucha y fuertes denuncias contra el reforzamiento del aparato represivo, la violencia hacia la mujer, la criminalización de la juventud y la protesta y la justicia para cada uno de sus familiares.

La oportunidad de una convocatoria del Frente de Izquierda a las organizaciones obreras clasistas a un acto en Plaza de Mayo el próximo primero tiene razones políticas claras.

En primer lugar, es necesario responder, con un programa y una movilización obrera, a la escalada ajustadora de Macri y los gobernadores, que en estos días ha tenido nuevas expresiones. A los despidos de los primeros 90 días de gobierno, podrían sumarse decenas de miles de trabajadores en las próximas semanas. El vencimiento de contratos en la administración estatal, por un lado, y el agravamiento de la recesión industrial, por el otro, pavimentan ese camino.

Los despidos son un arma contra las paritarias, que el Estado y las patronales pugnan por ubicar muy por debajo de la inflación real o prevista. Mientras tanto, se anuncian tarifazos del 400 al 600% en el agua y el gas, para seguir la saga que benefició a los vaciadores del servicio eléctrico.

Ante semejante agresión, las distintas fracciones de la burocracia sindical no han atinado más que a una marcha testimonial para el próximo 29 de abril, que ni siquiera se dirigirá al centro del poder político.

Un acto de la izquierda y los luchadores en la Plaza de Mayo, por el contrario, será un llamado para poner en pie de lucha a los sindicatos, a partir de la iniciativa de las direcciones, delegados y comisiones internas antiburocráticas.

Pero esa acción de lucha debe establecer un claro señalamiento político: es necesario colocar a la clase obrera como oposición política al gobierno ajustador, y como alternativa de poder frente a la crisis que, más temprano que tarde, alumbrará esta nueva tentativa por trasladarle a los trabajadores la bancarrota nacional. Como nunca, esa cuestión estratégica debe ser subrayada: es que el nacionalismo burgués decadente, ya fuera del gobierno, pretende reconstruir su autoridad ante los explotados presentándose como opositor al macrismo. Los K, sin embargo, ejecutan el ajuste allí donde gobiernan (Santa Cruz, Tierra del Fuego) y han repartido roles en el Congreso para que pase el pacto buitre.

Por eso mismo, y junto a la lucha y un programa contra el ajuste en marcha, una convocatoria a la Plaza de Mayo debe denunciar este rol impostor del kirchnerismo y llamar a la clase obrera a un frente único de lucha contra el Estado capitalista y sus partidos, sean los que gobiernan en el país o en las diferentes provincias. Contra estos ajustadores, debemos poner en pie una oposición obrera y socialista. El Frente de Izquierda ha conquistado un lugar entre los trabajadores como canal de independencia política -ese lugar no puede dilapidarse en un “frente antimacrista” que colocaría a la izquierda detrás de otra fracción de los ajustadores.

Con estas premisas políticas, el Partido Obrero llama a las fuerzas del Frente de Izquierda a concretar una convocatoria a las organizaciones que apoyaron al FIT, a los sindicatos, internas y delegados clasistas a un primero de mayo por las reivindicaciones urgentes –basta de despidos y suspensiones, abajo el tarifazo, por paritarias libres, derogación del impuesto al salario; abajo el tarifazo y el protocolo represivo- , contra el ajuste de Macri y los gobernadores, por la independencia obrera, el gobierno de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.

En el marco del 40˚ aniversario del golpe militar, el primero bajo el gobierno de Macri-Gerardo Morales, se produjo en la provincia la tradicional movilización y acto convocado por Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, agregando una intensa jornada cultural de dos días, culminando con un acto en la plaza de la Memoria. Un tema que está en debate es la posibilidad de que la Justicia consagre la impunidad final para Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y su mano derecha, Alberto Lemos, vinculados y procesados por la colaboración durante la última dictadura militar en el secuestro de cientos de compañeros en Ledesma.

La discusión para la organización de la jornada es la que se viene dando en las últimas manifestaciones: la lucha por la independencia política, la delimitación tanto del gobierno de Macri-Morales, como del kirchnerismo que ha gobernado los últimos doce años. En este sentido, las organizaciones convocantes decidieron adherir a las consignas del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y se enteraron del duro debate a su interior para defender el carácter independiente de la movilización.

Participaron organizaciones sociales como Avelino Bazan, Tupaj Katari, Norte Libre; de derechos humanos, el Partido Obrero, la Darío Santillán, el Partido de la Dignidad. Consideramos, por un lado, participar de la jornada que reivindicaba los planteos y consignas de EMVJ, y una clara delimitación del gobierno y del kirchnerismo.

La jornada se unió a un plan de lucha iniciado por el Seom, ATSA y otros gremios del Frente de Gremios Estatales, que están luchando contra despidos y suspensiones, así como en discusión de la paritaria. Hubo una participación muy importante de trabajadores despedidos de la cadena de supermercados Tunuyán, vaciada por la patronal.

La otra marcha

Los compañeros del PTS decidieron hacer un acto aparte y marchar luego con la Tupac Amaru. El acto fue convocado por una coordinadora que integra el PTS, el PC y la directiva de Adiunju (cuya dirección K mantuvo el gremio por escaso margen en las pasadas elecciones frente a una lista independiente e integran la lista K que perdió en Conadu Histórica con la lista presentada por la izquierda), entre otras. Desconocemos si la coordinadora adhirió formalmente a los planteos del EMVJ, como plantearon, pero una adhesión no borra ni tapa todo lo actuado bajo más de una década “ganada”, como fue el sostenimiento de Milani, la ley Antiterrorista y el Proyecto X. A la marcha se agregaron columnas de organismos de derechos humanos como Madres, H.I.J.O.S. Jujuy, el Movimiento Evita y La Cámpora.

Sorprende La Izquierda Diario cuando dice que fueron la ‘única’ organización de izquierda: era una marcha rabiosamente kirchnerista. Todo el resto de la izquierda en Jujuy participó de la otra marcha.

El desafío planteado para la izquierda y el movimiento obrero en la provincia sigue signado por la delimitación política del nacionalismo burgués, lo que va a permitir una intervención independiente. Hay que sacar las conclusiones políticas. La lucha contra la impunidad de ayer y de hoy requiere de la más absoluta independencia frente a los gobiernos patronales de turno y los que pasaron, si quiere arrancar justicia.

El miércoles 30 comenzó el alegato de Justicia Ya! en el tercer juicio oral de la llamada “megacausa Esma”.

Justicia Ya! es una querella colectiva, integrada por los organismos de derechos humanos independientes y otras organizaciones referenciadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. La integran la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA y el Comité de Acción Jurídica de la CTA, entre otros.

Por la cantidad de casos -nada menos que 789 compañeros y compañeras-, éste es el juicio de mayor envergadura de los realizados hasta ahora por los crímenes de la dictadura militar. Entre otros, se encuentran los casos de Rodolfo Walsh y Carlos “Sueco” Lorkipanidse (sobreviviente, militante de AEDD); el de los padres de Victoria y María Isabel Prigione Greco (Hijos La Plata) y los de los militantes de Política Obrera Laura Dabas, Gustavo Grassi y Susana Granica. Además, en el curso de las audiencias, se identificaron al menos un centenar de casos nuevos, entre los que se encuentran los de Marcelo Arias y Fernando Sánchez, quienes fueron importantes dirigentes de la organización que luego pasaría a llamarse Partido Obrero.

El juicio comenzó en noviembre de 2012. Se realizaron 190 audiencias y declararon 800 testigos (además, un millar de declaraciones fueron agregadas por lectura). En el banquillo de los acusados se encuentran 56 genocidas; entre ellos, “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Julio Poch y el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemann. Por otra parte, esta es la primera vez que son juzgados los llamados “vuelos de la muerte”.

El alegato de Justicia Ya!, a cargo de Liliana Alaniz (Apel), está previsto para los días 30 y 31 de marzo y 4 de abril, a partir de las 9:30 de la mañana, en los tribunales de Comodoro Py. Las audiencias son públicas para mayores de 18 años. Requiere presentación del DNI.

La criminalidad de la Policía Bonaerense ya no se limita a la organización del delito y el gatillo fácil, ahora también matan a la gente atropellándola con los patrulleros. Hubo tres casos en 40 días, en los que asesinaron de esa manera a una anciana, a un niño y a un joven que dormía en su habitación. Esa policía patrulla con camionetas disfuncionales para la tarea, aunque seguramente muy funcionales en materia de “retornos” cuando las compraron; además, Scioli incorporó efectivos a mansalva sin requisitos mínimos. Ahora hay una crisis política (una más) por la puja entre la Bonaerense y la gobernadora, María Eugenia Vidal, junto con su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quienes han comenzado la “reforma” policial que necesitan; Sergio Massa, que de arreglos con la policía sabe mucho, advirtió: “La van a reformar a ella”.

La “reforma” (la enésima en veinte años) consistiría en cambiar la cúpula, dar de baja efectivos, reducir el número de superintendencias y modificar el régimen de ascensos, entre otros detalles. Un esquema repetido y fracasado. Los aparatos políticos están entrelazados con la policía y, por lo tanto, con el narcotráfico, las redes de trata, la prostitución, el juego clandestino y los desarmaderos de autos robados, entre muchos otros rubros, y de ese entrelazamiento se nutren y se financian. La “reforma” empeorará las cosas en cuanto dispondrá el traspaso progresivo de la policía a los municipios, algo que comenzó a suceder hace tiempo. Se reforzará más aún el vínculo policial con los punteros y las intendencias, que centralizan el delito con las comisarías.

Otro punto de conflicto será el reequipamiento policial, que servirá, por supuesto, para mejorar la organización de delito y la represión a los barrios, a la juventud y a los trabajadores, pero además generará una disputa fortísima por el presupuesto (pueden preguntarle a Massa, que también sabe de eso: véase si no el negociado jugosísimo que armó en Tigre con las cámaras de seguridad y otros elementos).

Entretanto, la Bonaerense se dispone a negociar la “reforma” a su mejor estilo: amenazas de secuestro a los hijos de Ritondo, un robo violento al intendente de La Plata, advertencias a la gobernadora (se mudará a una unidad militar), avisos de bombas (por ahora falsos) y zonas liberadas. En la jerga lumpen-policial, eso se llama “pudrir la calle”. Ahora, incluso, un agrupamiento denominado “Policías Argentinos Unidos” anuncia un “paro y sirenazo” el 2 de abril en la provincia. En este contexto, es una convocatoria puramente sediciosa y extorsionadora.

El gobierno provincial no quiere “reformar” la policía para mejorar la seguridad de la población, es imposible reformar en ese sentido a la Bonaerense.

Quiere poner bajo su control a la policía para negociar desde una mejor posición el manejo de la provincia con el aparato mafioso de los intendentes, y para aceitar los mecanismos represivos ante los tiempos convulsos que ya llegan. Corresponde insistir: en materia de seguridad, el Estado y su aparato de represión son el mayor de los problemas.

Del 28 de marzo al 8 de abril, la Fuba organizará un plebiscito sobre el acuerdo con los fondos buitre. La iniciativa surge de una propuesta de la UJS, con el propósito de fomentar una gran deliberación sobre el pacto colonial que pagaremos a costa de más ajuste a la educación y a los trabajadores. El plebiscito, además, interpela a los estudiantes sobre la necesidad de investigar la deuda y convocar a un referéndum popular vinculante para definir sobre su destino. La juventud del Partido Obrero tomará en sus manos la campaña para desarrollar el plebiscito en facultades, colegios e institutos de todo el país. Editamos un folleto explicativo sobre la deuda y los fondos buitre para contribuir al debate. El arranque del plebiscito es promisorio: sólo el primer día, más de 400 estudiantes votaron en la Facultad de Sociales de la UBA. En estas dos semanas, apuntamos a recoger el repudio de miles y miles de jóvenes a este acuerdo que macristas y kirchneristas se aprestan a aprobar en el Senado. La campaña, que culminará con un escrutinio público en Plaza Houssay, servirá para preparar la respuesta del movimiento estudiantil ante los planes de ajuste de Macri y las autoridades.

Foto: Sebastián Baracco

La resolución política aprobada condensó tres meses de debate en todos los círculos y comités del partido, junto con el que se desarrolló en una comisión específica y en el plenario del Congreso.

La resolución caracteriza que “el derrumbe del kirchnerismo, que es parte del agotamiento del nacionalismo continental en sus diferentes variantes, ha dado lugar a una tentativa derechista de carácter precario, que deberá vérselas con una clase obrera y un movimiento popular que nunca pudo ser doblegado en la etapa anterior, y que desarrolló fuertes tendencias de independencia política”.

El régimen político que quiere poner en pie el macrismo está condicionado, en primer lugar, por la bancarrota económica. Los primeros 90 días de gobierno echaron por tierra la pretensión de una “transición ordenada”: la devaluación, el tarifazo y los rescates de diferentes grupos capitalistas condujeron al desmadre inflacionario, que el gobierno contiene a costa de agravar la recesión. En estas condiciones, el macrismo y todos los partidos de la burguesía se han precipitado al pacto buitre, en la expectativa de un rescate a manos del capital internacional. La pretendida “salida al mundo”, sin embargo, se produce en medio de un agravamiento de la crisis capitalista, en el mundo y en el continente. El Congreso se detuvo en la dimensión de la bancarrota de Brasil, signada por un dislocamiento industrial sin precedentes. En medio de un derrumbe de las materias primas y del comercio internacional, la garantía de repago del reendeudamiento que tramita el macrismo debe ser un ajuste brutal y una mayor entrega nacional.

El régimen político que deberá llevar adelante este ajuste se caracteriza por su precariedad. Los acuerdos “a pedido” que han comenzado a transitar por el Congreso se han obtenido al precio de una intensa disgregación del peronismo. El pejota de Urtubey y otros gobernadores se reorganiza al compás de su sometimiento al macrismo. El kirchnerismo ha aceptado participar en la normalización pejotista bajo la tutela de Barrick-Gioja o, en su variante de “máxima”, candidateando a Scioli. En los últimos días, incluso, ganó puntos la versión de que PJ preferiría ser intervenido por la Justicia, como un recurso último para encubrir una fragmentación. La fragilidad de este régimen de acuerdos circunstanciales no se compadece con la envergadura de la crisis.

La clase obrera y la izquierda

El rescate en curso plantea una reconfiguración de todas las relaciones sociales, y conducirá a una conmoción en la clase obrera y sus organizaciones.

La pretensión de la burocracia de “pasar el otoño” con acuerdos precarios -a costa de los trabajadores contratados, de suspensiones o retiros voluntarios- ya está mostrando sus límites brutales. La iniciativa del activismo debe dirigirse a la masa de los trabajadores y a las diferentes fases de maduración de los movimientos de lucha. La pasividad de la burocracia no debe enfrentarse con el ultimatismo, sino con un trabajo de orientación y organización de los activistas que prepare las mejores condiciones para una lucha de conjunto. Este es el valor del planteo por congresos obreros de sindicatos, delegados de base y activistas, que en algunas provincias podrían tener concreción efectiva. Este mismo cuadro de deliberación se plantea en la juventud, en el movimiento de la mujer, de jubilados y desocupados. En todos los casos, debatimos iniciativas específicas y un programa.

El Frente de Izquierda

El pasaje del kirchnerismo a la oposición, ha vuelto a colocar al rojo vivo la cuestión que históricamente ha dividido aguas en la izquierda argentina, la de su delimitación respecto del nacionalismo burgués. En estos 90 días de gobierno de Macri, el kirchnerismo ha mostrado su condición de partido del ajuste, como ocurre con las gobernaciones de Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). A despecho de ello, el kirchnerismo pretende levantarse como oposición popular al gobierno macrista. Detrás de la demagogia opositora, se quiere clausurar la tendencia a la independencia política de los trabajadores que se desarrolló bajo el kirchnerismo, y que se expresó en el desarrollo del Frente de Izquierda. Disolver a la izquierda en el nacionalismo, bajo el pretexto de la “lucha contra el macrismo”, es una política doblemente criminal. Primero, porque entregaríamos las luchas obreras a manos de otros ajustadores -los K. Luego, porque comportaría un retroceso monumental en relación a las conquistas políticas alcanzadas por la izquierda en el período anterior. En nuestra resolución, “concebimos al frente único para desarrollar la lucha de clases contra el Estado capitalista, y no como ‘frente antimacrista’ que disuelve a la izquierda en la oposición kirchnerista al macrismo. En oposición al gobierno ajustador, llamamos a reforzar una oposición obrera y socialista”.

Etapa y tareas

El Congreso consideró los diferentes escenarios de la crisis. El gobierno ha presentado a la operación de reendeudamiento como una forma de “gradualizar” el ajuste. Temen que un “rodrigazo” en regla acelere un proceso de liquidación o quiebra de capitales sobrantes y, por el otro, precipite una rebelión popular. La “financiación del ajuste” podría dilatar en el tiempo estas contradicciones, pero al precio de su reaparición con contornos más explosivos. Para el macrismo, el acuerdo con los buitres puede ser un punto de partida, pero está lejos de asegurar por sí mismo una capacidad de gobernar. La legión de mandatarios que ha visitado la Argentina (desde Hollande a Obama) es una tentativa de apuntalamiento de un gobierno precario por parte del imperialismo, para utilizarlo como ariete derechista frente al derrumbe de los gobiernos nacionalistas de la región.

En definitiva, la actual transición opera en medio del derrumbe del régimen político considerado en su conjunto. El desarrollo de estas tendencias puede conducir a una situación prerrevolucionaria y a una crisis de poder, donde el régimen de coalición a la carta dé paso a un gobierno de coalición e incluso a una salida anticipada del gobierno. La gran tarea, en esa perspectiva, es convertir a la clase obrera en alternativa de poder. De allí la consigna que aprobó el Congreso: “Transformemos a la clase obrera y a la izquierda en alternativa política al régimen ajustador de Macri y los gobernadores”. El Partido Obrero salió de su XXIII Congreso con una estrategia y un plan de acción.

El gobierno de Macri venía levantando los decibeles sobre los desfalcos de Lázaro Báez, Cristobal López o Ricardo Jaime con dos propósitos definidos. Por un lado, acentuar la extorsión sobre el kirchnerismo y el pejota para lograr los acuerdos parlamentarios exigidos por el juez Griesa. Por el otro, justificar la escalada de tarifazos y ajustes de estos días, en nombre de la “herencia recibida”. O sea, en vez de abrir las cuentas de los Jaime, Cirigliano y compañía, traspasarle el fardo de sus negociados a los trabajadores y a la población.

Pero el pase de facturas ha sufrido en estas horas un giro inesperado. Un consorcio internacional de periodistas ha revelado un tendal de empresas off shore radicadas en el paraíso fiscal de Panamá, para evadir impuestos, depositar coimas o fugar capitales de los más diversos países del mundo. De Putin a Cameron, del premier de Islandia a Brasil (incluyendo en este caso a petistas y opositores), todos están involucrados. En Argentina, el consorcio de periodistas investigadores incluyó a La Nación y Canal 13, con la previsible intención de encontrar fondos ocultos de la camarilla K. Efectivamente, aparecieron 'empresas' del grupo Indalo y del secretario privado de Kirchner. Pero además, saltó a la luz una empresa off shore del grupo Macri, que tiene al presidente en su directorio. Las aclaraciones oficiales oscurecen: la empresa, según MM, estaba destinada a realizar “inversiones en Brasil”. Pero, ¿por qué no las hizo desde Argentina? La creación de una firma off shore sólo se explica para evadir las leyes fiscales de Brasil y de Argentina –o sea, 'blanquear' dinero negro en Brasil y volver a “ennegrecer” los beneficios obtenidos, vía Panamá. La cruzada “anticorrupción” ha terminado con los cruzados en el banquillo.

Fuga de capitales y deuda externa

Bien mirado, Macri ha actuado como lo que es –un empresario argentino de 'pura cepa'. Las firmas off shore son el recurso característico para la fuga de capitales que practica desde hace décadas la burguesía argentina. La nave insigne de 'nuestros' patrones, el grupo Techint, tiene su sede central ¡en Luxemburgo!, el más reputado paraíso fiscal de Europa. Actualmente, se calcula que los capitales argentinos en el exterior rondarían los 350.000 millones de dólares, casi el doble de la deuda pública nominada en moneda dura. Históricamente, esa fuga ha estado asociada a la formación de la deuda externa: por caso, el grupo Macri –con sus afiliadas Socma y Sevel- es recordado por los “autopréstamos” que realizaba desde las cuevas “off shore” a sus empresas, utilizando como testaferros a bancos internacionales. Esas “deudas” luego fueron estatizadas (Cavallo de los '80) o bien pesificadas (Cavallo de fines de los '90). En los últimos años, también se fugaron capitales apelando a la compra de títulos de deuda pública y su reventa posterior en las bolsas internacionales, para hacerse de dólares y burlar los cepos oficiales. En suma: la existencia de empresas off shore ha vuelto a demostrar que la burguesía 'nacional' es una de las principales acreedoras de la deuda externa argentina. La burguesía y el capital financiero ya se han cobrado varias veces esa deuda, como lo revelan sus fondos cuantiosos en el exterior. Sin embargo, continúan reclamando sobre el país una hipoteca que equivale al menos a la mitad de su producto bruto.

De la fuga al blanqueo

Pero las cuentas sucias de los Macri, Lázaro Báez, López o Rocca son episodios menores en un fenómeno que es inseparable de la bancarrota capitalista –nos referimos a la criminalización de las finanzas internacionales. Desde la quiebra de Lehman Brothers (2008) hasta hoy, los fondos que los grandes bancos del mundo han recirculado desde y hacia los paraísos fiscales se han más que duplicado. La razón es clara: para rescatarse a sí mismos, los bancos han salido a capturar los recursos del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción estatal. Sólo al banco Wells Fargo, se le descubrieron fondos de los narcos mexicanos equivalentes a todo el PBI de ese país. La plata de la burguesía argentina y las comisiones de sus políticos, al igual que las del Petrolao –y las de quienes denunciaron al Petrolao- se han sumado a esa bolsa negra.

El gobierno de “Cambiemos” ya pergeña una salida para los tenedores de la plata off shore. El tan mentado 'ingreso de capitales' podría tener la forma de un blanqueo de dinero negro. Los dólares podrían blanquearse por títulos de deuda, y éstos por activos nacionales. Aunque buena parte del patrimonio fue rematado por el menemato, queda un “bocado de cardenal”: las tierras públicas, comenzando por las de la Ciudad de Buenos Aires. Con ese fin, el macrismo y los K han acordado en la legislatura porteña la formación de una “Agencia de Bienes”, cuya cartera de privatizaciones superaría los 10.000 millones de dólares. En este operativo, y para no traicionar su propia historia, es probable que los privatizadores se “presten” a sí mismos, engrosen la deuda externa y luego se la transfieran al Estado, en ocasión de la próxima bancarrota nacional. La riña en los tribunales federales, que se ha agudizado en estas horas, es una lucha para ver qué fracción de los lavadores-evasores se impondrá sobre la otra. Pero por eso mismo, podría también concluir en un encubrimiento recíproco, en aras de poner a salvo los enormes negociados que se relacionan con la quiebra del país.

Unos y otros

El movimiento obrero y todos los luchadores deben discutir las conclusiones de fondo que deja el Panamá Leaks, incluso en el plano continental. En Brasil, las revelaciones off shore han salpicado a la camarilla gubernamental involucrada en el Petrolao. ¡Pero también ha revelado las operaciones ilegales del principal destituyente del país, el presidente de la Cámara de Diputados! Los Macri de América Latina, que pretendían dar cuenta del derrumbe de los gobiernos nacionalistas, son ellos también parte de la crisis que tiene como telón de fondo a la fuga de capitales y el agravamiento de la polarización social en todo el continente. Asistimos, no a un “fin de ciclo”, sino al derrumbe de regímenes políticos enteros.

En Argentina, los que vienen a imponer despidos, el tarifazo y la liquidación de las paritarias acaban de recibir un golpe monumental en su autoridad política. Los ajustadores están flojos de papeles, y hay que hacérselos saber. Que se abran las cuentas de los Macri, Rocca y toda la burguesía argentina; basta de pagar la deuda usuraria; Macri y todos los involucrados en el Panamá Leaks deben comparecer en el Congreso; reorganicemos al país sobre nuevas bases. Desarrollemos a la izquierda y a la clase obrera como alternativa política, contra los partidos y el régimen del vaciamiento nacional.

Los trabajadores de Unilever Pilar iniciaron medidas de fuerza escalonadas, comenzando con paros de 2 horas por turno, por un pliego de reivindicaciones. La adhesión al paro es total y es impulsada por las comisiones internas y el creciente activismo de ambas plantas.

El principal reclamo de los trabajadores es la defensa del descanso del fin de semana. Desde hace muchos años, como consecuencia de la flexibilización laboral, son obligados a prestar tareas los días de descanso. Esta situación alcanza al conjunto del gremio (por dar un ejemplo, en Bimbo y en Granix se trabaja obligatoriamente los domingos, incluidos los días de elecciones). Durante el 2014 los trabajadores de Knorr conquistaron el “sábado a la tarde en casa” con una medida que duró más de dos semanas; este años el reclamo conjunto es que los domingos a la noche no se trabaje, sin afectar el salario.

El segundo reclamo es una suma puente hasta paritarias de 5.000 pesos por mes, como compensación por el desmadre inflacionario –que como demostraron los informes de Arcor y Molinos, representa un enorme beneficio para las alimenticias. La empresa ofreció una suma de 4.000 pesos por mes –para marzo y abril- pero con la intención de atarla a una paz social insostenible.

El tercer reclamo es que la empresa absorba el Impuesto a las Ganancias. A fines del año pasado, Unilever se vio obligada a reintegrar todo lo descontado a unos quince trabajadores por haber consignado erróneamente los descuentos, lo que abrió una intensa agitación entre los trabajadores más antiguos. En la última reunión la empresa reconoció que se trata de un “impuesto al salario” y manifestó tener grandes expectativas de que salgan los proyectos alternativos de Massa, incluso el de Pitrola… Pero de absorberlo, ni hablemos.

El cuarto y último reclamo es la incorporación de un servicio de chárter para el personal de Zona Oeste, que asiste a un “Tarifazo” que incluye peajes y combustibles.

El paro de los alimenticios de Unilever se inscribe en un gremio convulsionado por la inmensa lucha de Cresta Roja, por los paros en Bimbo, Riera y Stani y por la quiebra inminente del Grupo Canale. Es una demostración de la capacidad de lucha de los trabajadores contra el ajuste, frente a la parálisis de las direcciones sindicales.

Unilever es un pulpo anglo-holandés gigantesco, tanto en el rubro alimenticio como de higiene personal. Tiene sucursales en todo el mundo, donde monopoliza una cantidad enorme de mercados entre sus primeras, segundas y terceras marcas. (Axe, Skip, Ala, Ades, Lipton, Knorr, Hellmann´s, Rik, Dove, etc.). Las ganancias de este monopolio son siderales, por lo que todas sus amenazas de que el paro la desestabiiliza son tomadas a modo de broma por los trabajadores.

La empresa solicitó una plazo de 3 meses más de “comprensión” para evaluar reclamos que ya cumplieron varios años de espera, lo que desató la bronca de los trabajadores que votaron masivamente por la medida -sumadas las asambleas de Hellmann´s y Knorr, se emitieron 512 votos a favor y 11 en contra. La masividad del paro, respaldada en los votos y en las demostraciones, son la base para nuestra victoria.

Desde que en enero un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires avaló que la policía pueda requerir documentos y requisar pertenencias personales a los transeúntes por “portación de rostro”, centenares de jóvenes fueron sometidos al verdugueo de metropolitanos y federales como en la época de los edictos policiales.

El fallo de la Corte porteña revocó dos fallos de primera instancia que habían anulado un operativo en el que un hombre fue detenido en la estación Constitución, después de que le fuera requerida su identificación y él mismo admitiera que portaba un arma de fuego. Al legitimar este procedimiento, la policía se encuentra nuevamente con las manos liberadas para demorar “sospechosos” en la vía pública. El fallo de la Justicia porteña se encuentra apelado y será examinado por la Corte Suprema de la Nación.

Detrás de las “nuevas-viejas” prácticas policiales se encuentra el aval también del poder político, que agita el fantasma de la “inseguridad” para reforzar el control policial de la calle, junto al “protocolo” represivo. Obviamente, también constituye un espaldarazo a la institución policial, unida indisolublemente al crimen organizado a lo largo y ancho del país.

La decisión del máximo tribunal de la Ciudad coincide con los 25 años del crimen de Walter Bulacio. Walter tenía 16 años cuando fue detenido en la entrada del estadio Obras poco antes de un recital de Los Redonditos de Ricota. Murió pocos días después, debido a un aneurisma provocado por los golpes que recibió en la comisaría. Su caso se convirtió en un emblema de la lucha contra los abusos policiales. El comisario responsable fue condenado recién 22 años después a una pena de tres años de prisión en suspenso.

Las movilizaciones por justicia para Walter -que tuvieron un gran impacto en la juventud de aquella época- derivaron tiempo después en la derogación de los edictos policiales, que autorizaban todo tipo de detenciones arbitrarias y otorgaban a la policía facultades propias de los jueces. Los viejos edictos, sin embargo, fueron reemplazados por “códigos contravencionales” y otros reglamentos represivos que continúan otorgando amplias facultades para que la policía actúe a discreción en el “control de la calle”. El gobierno de Macri quiere “reconciliar” a la ciudadanía con la omnipresencia de la policía y de las fuerzas de seguridad, aunque su mirada no está puesta en carteristas y arrebatadores sino en las luchas contra el ajuste y los despidos.

Por su parte, los gobiernos K organizaron “Jornadas contra la Violencia Institucional”, que fueron el taparrabo de la continuidad de la policía brava tanto en Capital como provincia. De los 4.644 casos de “gatillo fácil” y muertes en cárceles y comisarías, 3.070 corresponden a los gobiernos kirchneristas, según el informe de la Correpi correspondiente al año 2015. Los K fueron, además, los responsables de saturar los barrios del sur de la Ciudad y del conurbano con Gendarmería y Prefectura. Durante la campaña, Daniel Scioli se comprometió públicamente a ejecutar el traspaso de la Federal a la Ciudad, en caso de resultar electo presidente. La “seguridad democrática” de los nac & pop consistió en el desarrollo de los programas de espionaje y delación como el Proyecto X.

En este cuadro, los compañeros de Correpi -abogados militantes de la causa por el crimen de Bulacio- lanzaron la convocatoria a organizar una gran marcha a Plaza de Mayo contra las detenciones arbitrarias y los abusos policiales al cumplirse estos 25 años. Es una lucha que mantiene toda su vigencia.

Desde el Partido Obrero y Apel aportaremos nuestro impulso a esta iniciativa.

La escalada de carpetazos -entre las revelaciones de la empresa off shore de Macri y la detención de Lázaro Báez- pone de manifiesto una aguda contradicción política.

Por un lado han quedado expuestas las razones de fondo de la bancarrota nacional, que no es otra que el saqueo sistemático de la clase obrera y el presupuesto público en beneficio de la clase capitalista. La empresa off shore de Macri delata la práctica sistemática de toda la burguesía “nacional”: la fuga de capitales. Parte de esa fuga se ha convertido luego en deuda externa, que en sucesivas oportunidades fue estatizada y, por lo tanto, endosada a los trabajadores. La burguesía argentina acumula en el exterior un patrimonio que supera largamente al de toda la deuda pública argentina, y es en buena medida una de sus principales acreedoras.

A su turno, la guerra de carpetas saca a la luz el vaciamiento perpetrado por Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime y otros, que se valieron de los presupuestos de la obra pública, las privatizaciones o las concesiones estatales para conformar un patrimonio a costa de la precarización obrera (¡tercerizaciones ferroviarias!) y el desquicio de los servicios públicos, como se demostró en la masacre de Once o el vaciamiento sistemático de las líneas de transporte. Ante la interrupción del flujo de fondos del presupuesto, los vaciadores K no tardaron un minuto en trasladarle el fardo a los trabajadores, como ocurrió con los compañeros del Grupo 23 o los miles de obreros de la constructora Austral en Santa Cruz.

La factura, a los trabajadores

Pero la contradicción reside en que la gigantesca factura de este desfalco no está siendo afrontada por quienes lo perpetraron, sino que es trasladada a los trabajadores. Ese es el propósito central del gobierno de “Cambiemos” y sus acuerdos con el pejota y el kirchnerismo. La inmensa hipoteca de la deuda externa, que será acrecentada después de los acuerdos con los buitres, quiere ser bancada con un ajuste brutal contra el salario, los gastos sociales y el derecho al trabajo de decenas de miles de estatales. Los desaguisados de Jaime, De Vido y compañía, que desviaron los subsidios para sus cajas paralelas, no han sido siquiera investigados. Al comentar el tarifazo en el transporte, un periodista especializado de La Nación ha debido preguntarse “si efectivamente los costos del sistema son los reales o están cargados de anabólicos” (1/4): pero a renglón siguiente, él mismo se responde que los “anabólicos” son “un esquema de costos promedio que dio ganancias millonarias a las grandes empresas de colectivos” (ídem). Ahora, ese régimen de beneficios garantizados será sustentado con tarifas duplicadas.

El carpetazo omite esa cuestión de fondo. Es que su función política es justificar el ajuste y el tarifazo, bajo el argumento de que los sucesivos desfalcos “no dejan otra alternativa”. La detención de Báez es el preámbulo de la indagatoria a Cristina Kirchner, llamada a declarar el próximo 13. La guerra de carpetas, en ese cuadro, sirve a que los ajustadores promuevan una falsa polarización política. La agenda del ajuste -y las luchas obreras que desata- quiere ser desplazada del centro de la situación política -ello, cuando llegan nuevos despidos en el Estado y arrecian las suspensiones en la gran industria.

Mientras el gobierno y sus agentes redoblan sus acusaciones a la camarilla kirchnerista, los k buscarán promover una movilización en su defensa el próximo 13. Para el pueblo que vive de su trabajo, la encerrona es evidente. Los acusadores del kirchnerismo no tienen ningún planteo para aliviar al pueblo de los tarifazos o la carga del impuesto al salario -¡ni siquiera de la propia corrupción, que envuelve también a los Macri off shore!”. Del lado del kirchnerismo, no se trata de una convocatoria para rechazar los ajustes o los despidos. Es un llamado para defender a una claque corrupta, fracasada y también ajustadora, como lo revelan las reformas estatales reaccionarias de Alicia Kirchner en Santa Cruz o Rosana Bertone en Tierra del Fuego.

Una salida de los trabajadores

A la luz de todo lo anterior, es necesario que los trabajadores pasemos en limpio la crisis de los carpetazos en función de nuestros intereses inmediatos y estratégicos. El régimen que ha salido a reclamarnos sacrificios, en la Nación y las provincias, ha revelado su completa falta de autoridad política para hacerlo. Detrás de la enorme bancarrota nacional, está la fuga de capitales y el desfalco del presupuesto que han perpetrado por igual los Macri, Báez o Kirchner. Los trabajadores no tenemos porqué pagar la factura. Para ello, es necesario colocar al programa y la lucha de la clase obrera en el primer plano de la crisis nacional. Es el camino que están recorriendo los docentes santiagueños y mendocinos, los estatales de Tierra del Fuego y de los grandes ministerios nacionales; es lo que reveló por abajo el paro nacional docente del lunes pasado. El programa es claro: anular el tarifazo, abrir las cuentas de todas las concesiones estatales; confiscar los bienes mal habidos de las camarillas empresarias ligadas a las privatizaciones y la obra pública, sobre esa base, reincorporar a los trabajadores despedidos en el Estado y la obra pública; desconocer la deuda usuraria, abrir las cuentas de los Macri, Techint de los bancos y cerealeras -lo que pondrá de manifiesto sus operaciones contra el patrimonio público; ningún despido, paritarias libres e indexación automática de acuerdo a la inflación. Pongamos en pie de lucha a nuestras organizaciones obreras, para que la crisis la paguen los vaciadores. Con este planteo, redoblemos el reclamo por un paro nacional y preparemos un gran 1˚ de Mayo de lucha, obrero y socialista en la Plaza de Mayo.

Desde un comienzo, la campaña naranja empalmó con la lucha salarial, primero con el bono de fin de año y luego con las paritarias, poniendo de relieve que La Naranja es todo un factor en la lucha de los trabajadores gráficos; lo cual la coloca, objetivamente, como una alternativa.

Desde fin del año pasado, la directiva verde bajó a todos los delegados la información de que se encontraba discutiendo un bono de fin de año de 6.000 pesos, luego que sería en cuotas y, finalmente, impotentes, informaron que la Cámara patronal ya ni siquiera iba a las reuniones. La respuesta de la burocracia frente a este “desplante” fue nula; por ello, generó un gran impacto en el gremio la noticia de que en varios talleres dirigidos por La Naranja se habían obtenido bonos de entre 4.000 y 6.300 pesos.

La agrupación lanzó una campaña de spots y calcos que vienen siendo muy comentados en las fábricas, destacando que nuestro programa no es un objetivo lejano, sino una realidad que La Naranja conquistó y defiende en varios talleres. Algo que vale para la lucha por un salario mínimo igual a la canasta familiar, contra los despidos y por la estabilidad laboral, contra la precarización, por la defensa del convenio y las condiciones de trabajo, marcando un contraste enorme con la Verde, que es un verdadero colador para los despidos y que ha dejado una escala salarial que parte de los 8.000 pesos y queda -en su más alta categoría- debajo de la canasta familiar (ni hablar de sus socios de la Bordó).

Y si algo faltaba para terminar de mostrar que el programa de La Naranja no se queda en los papeles, vino la enorme movilización protagonizada por las fábricas, donde se impulsó el paro y la movilización masiva por un aumento del 45 por ciento y contra las negociaciones de espaldas a la base del gremio.

La movilización se convocó en 24 horas, al enterarnos que ese día había una reunión con la cámara patronal y que el sindicato, por primera vez en años llamaba a manifestar, pero en su caso por el... 28 por ciento en seis meses.

La columna Naranja, que superó en número -y ni hablar en combatividad- a la del oficialismo, fue un “aire fresco” para el conjunto de los talleres del gremio donde no cierra el reclamo oficial.

Para enfrentar el ajuste patronal

En este contexto de intensa intervención en la lucha salarial y planteando la lucha contra los despidos, la militancia de la lista llega con su agitación a casi cien fábricas por semana, lo cual se amplía con las redes sociales; mientras, con sus delegados y activistas pone en práctica su consigna principal: "para enfrentar el ajuste patronal".

La Verde, muy por el contrario, mientras dice estar "en la resistencia" se adapta a las paritarias cortas que impulsan Macri y la UIA para darle un golpe al salario en un segundo semestre recesivo. Reclamando un 28 por ciento, mientras la inflación desde las paritarias pasadas supera el 40.

Es que la burocracia ongarista es una expresión más de la política kirchnerista, que intenta ubicarse como oposición a Macri, mientras ejecutan el ajuste con los gobernadores, aportan la mayor parte de los votos para el pacto buitre, y en el movimiento obrero dejan pasar el ajuste.

La lucha por la organización y los votos a la Lista Naranja es parte de la lucha por constituir a la clase obrera y la izquierda como una alternativa, desnudando las falsas "resistencias" de los gobernadores del FpV y la burocracia sindical; la lucha clasista contra el ajuste y por las paritarias nos ubican defendiendo este programa en la acción.

El sábado 2 se registró un nuevo femicidio en la provincia. Salta ya tiene cuatro casos de femicidios en lo que va del año, dos de ellos a manos de policías. Como ocurriera en otros casos, el femicida es un policía que se valió del arma reglamentaria para cometer el hecho.

Vuelve a ponerse de relieve la responsabilidad de la cabeza de la fuerza de seguridad en garantizar impunidad a los violentos. Es por esto que miembros de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, junto a otras organizaciones políticas y de Derechos Humanos, piden la inmediata renuncia del jefe de policía, Marcelo Lami.

El femicidio de Jessica Sarapura, de 25 años, vuelve a poner en cuestión la impunidad y el encubrimiento con el que cuentan los violentos en la policía, que llevado a fondo permite eluso del arma reglamentaria para cometer crímenes. Es que como lo demostraron los dos casos de este año y los tres registrados el año pasado, la policía no toma ninguna medida contra quienes tienen denuncias por violencia de género.

En 2015 se registraron denuncias previas a los femicidios de Marlene Herrera y Claudia. Incluso, como hacen muchas mujeres, solicitaron a jefes y comisarios que, por lo menos, trasladen a los violentos a otra ciudad para terminar con el acoso, pero no fueron escuchadas. En ninguno de estos casos las autoridades policiales procedieron a dar de baja, a detener ni a retirarles el arma reglamentaria a los policías denunciados.

La descomposición de la fuerza policial es total: escándalos por narcotráfico, torturas para “conseguir responsables, casos de ‘gatillo fácil’, apremios ilegales y, sin dudas, esto termina traduciéndose en sus propios hogares”. Cínicamente, el gobernador, por su parte, en el discurso inaugural de las sesiones legislativas, dijo hacer todo lo posible para combatir la violencia que sufrimos las mujeres. Al tiempo que encabeza una política de entrega nacional y de ajuste brutal contra el pueblo, refuerza las fuerzas de seguridad y les garantiza una mayor impunidad.

En este cuadro, el jefe de policía, Lami, hizo nuevas declaraciones justificando a los violentos: “es una lástima que se use el arma reglamentaria para cuestiones personales” o “los problemas personales son ajenos a la labor de la policía”. La violencia hacia la mujer no puede ser abordada como un problema privado y aislado. El femicida actúa con total conciencia de lo que hace y de la impunidad con la que cuenta. El policía violento debe ser dado de baja.

Ahora el oficialismo anuncia la modificación de la Carta Orgánica de la Policía para que a los policías que tengan denuncias por violencia le retiren el arma. Pero esto no es más que otro espejismo: una institución que está plagada de descomposición y de funcionarios que legitiman la violencia hacia la mujer no puede curarse a sí misma.

Por esto, es que exigiremosla inmediata renuncia de Lami y del ministro de Seguridad, responsables políticos de la impunidad de la policía. En el camino de reforzar la organización de la mujer contra esta barbarie. Vamos por una organización, electa y conformada por las mujeres, que le imponga al estado sus reivindicaciones y el fin de la impunidad.

El debate en la Comisión de la Juventud del XXIII Congreso del Partido giró en torno a la convocatoria al próximo Congreso Nacional de la UJS. La fecha escogida, 28 y 29 mayo, coloca la iniciativa en el centro del primer cuatrimestre. La coincidencia con el aniversario del Cordobazo destaca nuestra estrategia política: unir a la juventud con la clase obrera, transformándola en alternativa de poder al régimen del ajuste y la entrega nacional.

La convocatoria al Congreso en una necesidad de la juventud. Es imperioso darle un canal de expresión organizada a la enorme deliberación política que desató el ascenso del macrismo y sus primeros cien días de carestía, despidos y tarifazos. La caída de convenios y contratos y la suba descomunal de precios y tarifas golpea directamente al corazón de la juventud precarizada. La consigna del boleto educativo gratuito se está imponiendo en colegios y facultades y ya suscitó movilizaciones en Plaza de Mayo, La Plata y distintos puntos del país.

La Comisión debatió acerca de la debilidad del macrismo en la juventud. El propósito de animar una “juventud PRO” está fatalmente condicionado por las características de un grupo empresarial improvisado, cuya ideología radica en las Islas Bahamas y las cuentas offshore. El gobierno tendrá que valerse de las estructuras viciadas de Franja Morada y el peronismo de derecha para viabilizar su política. Las viejas camarillas universitarias, sostenidas a fuerza de convenios y recursos propios durante la última década, ya están girando hacia la Casa Rosada.

El kirchnerismo enfrenta este proceso, que es el resultado de su propio fracaso, con una fuerte disgregación política. Unidos y Organizados no pudo formar columna el 24 de marzo: sus agrupaciones están divididas entre el peronismo colaboracionista (Movimiento Evita) y la defensa exasperada de la procesada camarilla K (La Cámpora). Esto ya provocó crisis en los centros que dirigen; en Sociales de la UBA, por caso, La UES se alineó con el sector de Bossio y se presentó en la lista del Consejo Superior de Franja Morada.

El papel de bloqueo que estas agrupaciones alimentadas por el Estado pretendieron jugar frente a la radicalización juvenil de 2001 y los sucesivos “estudiantazos”, continúa ahora bajo el gobierno Macri. La verborragia opositora no alcanza para ocultar que lo que prima es la dependencia de las autoridades, intendentes y gobernadores del FpV, metidos hasta el cogote en el ajuste. La Cámpora, que llegó al exabrupto de postular a Insfrán-Moreno para dirigir al PJ, no levantó la voz frente a la represión, los despidos y las huelgas que recorren Santa Cruz, Tierra del Fuego y Santiago del Estero.

La izquierda que tiene por política el acople con el kirchnerismo en disgregación se conforma ella misma como factor de freno. Patria Grande cometió un crimen de “leso movimiento estudiantil” al apoyar al rectorado privatista de Tamarit en la Universidad de Córdoba. La usurpación de la bandera de la Fuba para marchar el 24 de Marzo con La Cámpora y Aníbal Fernández revela un camino sin retorno. El ocaso de los gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas en América Latina es la “caída del Muro de Berlín” para la izquierda chavista.

El ajuste del Macri y los gobiernos provinciales pondrá a prueba a las direcciones del movimiento de la juventud. Se abre una etapa de luchas y transición en el movimiento estudiantil. El Congreso Nacional de la UJS es, antes que nada, una instancia de reagrupamiento y movilización política. En los próximos días estará en la calle el manifiesto y el afiche de convocatoria. Nos proponemos una campaña de plenarios y asambleas para interesar a activistas y agrupaciones en barrios, facultades y colegios de todo el país.

El financiamiento no es un tema menor, y requerirá una rigurosa planificación de aportes, colectas, fiestas e iniciativas para garantizar el viaje de todos. Pongamos a la UJS al frente de la lucha de la juventud contra el gobierno del ajuste, los buitres y el protocolo. Llevemos a la práctica la gran tarea que el Cordobazo dejó pendiente: desarrollar la unidad obrera-estudiantil en una poderosa organización socialista de masas de la juventud.

La candidata a Secretaria General de la lista nacional Bermellón e integrante de la directiva provincial de ATE Mendoza visitó las ciudades de Trelew y Rawson por una invitación cursada por decenas de delegados de ATE Chubut.

En su intensa gira, Raquel Blas se interiorizó en reuniones y en una asamblea con más de 40 delegados de la mayoría de los sectores provinciales de la actual situación de ATE Chubut.

La asamblea con la directiva y decenas de delegados, desarrolló un altísimo nivel de debate sobre cuál debe ser la estrategia del movimiento obrero en esta etapa y cómo debe ser la práctica de la democracia sindical.

La asamblea dejó expresada por parte de los delegados de la pesca, de educación, de salud, de ministerios y de decenas de reparticiones del Estado un profundo repudio a la actual intervención del sindicato provincial y el reclamo masivo de los delegados para que se difundiera nacionalmente el retiro de la intervención provincial y que se devuelva el sindicato a sus legítimos representantes emanados de la ultima elección.

Raquel Blas, por su parte, desarrolló el proceso que se vive en ATE Mendoza, que llevó al alineamiento de ATE Mendoza con los sectores de lucha y combativos del movimiento obrero y con la defensa de la democracia sindical. Conclusiones que además la llevaron a ser parte de la agrupación Tribuna Estatal nacional de ATE y a integrar la Coordinadota Sindical Clasista. En resumen, la lucha contra la burocracia sindical y por una nueva dirección del movimiento obrero, lo que supone superar en la CTA el fracaso degennarista, que apoyó al gobierno de la Alianza y luego al kirchnerismo, lo que lo llevó a la fractura.

Raquel Blas expresó además su compromiso y el de sus compañeros de ATE Mendoza a generalizar la lucha contra los despidos en el Estado a través de un plan de lucha nacional hasta lograr la reincorporación de todos los despedidos y a luchar por congresos de base, como acaba de realizar ATE Mendoza junto al Sute (docentes) y otros gremios y por un congreso de bases nacional de ATE. Y a brindar toda la colaboración necesaria para la normalización de este enorme sindicato provincial, y que el mismo sea restituido a sus legítimos representantes. Y los instó a que defiendan paritarios en todas las reparticiones votados en asamblea como único mandato válido ante estas paritarias.

La asamblea fue un enorme paso de solidaridad de clase. Hay ahora que profundizar las conclusiones y dar nuevos pasos, en la lucha por un ATE de clase e independiente de los políticos patronales.

El juez Víctor Manuel Pérez hizo lugar al pedido de la fiscal María de las Mecerdes Carrizo -que luego se jubiló- de elevar la causa por la cual José “Pepe” Kobak y otros vecinos de la localidad de Los Ralos están acusados de haber cometido robo y otros delitos.

Recordemos que Kobak fue detenido junto con otros vecinos el 23 de agosto, día de las elecciones provinciales, cuando en una escuela de la localidad una banda, con el aval policial que le liberó la entrada y la huida, ingresó y se robó varias urnas para luego quemarlas. Bajo esas circunstancias, Kobak, que fue el primero en denunciar estos hechos, fue detenido ilegalmente, golpeado, por un tiempo secuestrado y finalmente aparecido en la Brigada de Investigaciones de la zona este. Otros compañeros del PO fueron ferozmente reprimidos y golpeados, como ocurrió con la hermana de José, Lidia Kobak, a quien le rompieron un brazo, de lo cual aún no se ha podido recuperar. Otras compañeras sufrieron golpes y balinazos.

Los hechos de Los Ralos se inscribieron dentro del accionar del gobierno para garantizar el triunfo de Juan Manzur mediante un fraude escandaloso que suscitó una pueblada durante diez días, reclamando la nulidad de las elecciones. En el caso de “Pepe” y otros compañeros que se opusieron al fraude y al robo de urnas, la respuesta fue la represión y ahora la provocación judicial.

Ante la detención de “Pepe”, el Partido Obrero llevó adelante una campaña nacional logrando que se lo liberara, pero sin que se lo absolviera. Es más, el proceso siguió y se llegó al caso antijurídico de que la fiscal a cargo de la causa, al fijar su dictamen, lo hizo dictando condena sobre “Pepe” y los hermanos Navarro, otros dos compañeros imputados en la misma causa. Este fallo de la fiscal pudo revocarse, de la misma manera que la resolución de la Junta Electoral que había decidido proscribir a “Pepe” de presentarse en las elecciones complementarias que se convocaron de los padrones de las urnas robadas.

Ahora tenemos que enfrentar este fallo arbitrario del juez Pérez, que sin ninguna acción investigativa seria y sólo con los testimonios de los policías que actuaron ilegalmente en el procedimiento, accede a elevar a juicio en lugar de absolver a los imputados por falta de pruebas. Los abogados del PO han apelado esta decisión. A su vez, el martes 12, el Partido Obrero tucumano comenzaba una campaña con un acto en confluencia con la marcha de la Comisión de Familiares para reclamar la absolución de “Pepe” y demás imputados y que vamos a continuar hasta lograr la absolución.

Durante 2015 y lo que va de 2016, el sector de la pesca sufrió el despido de 600 trabajadores, la mayoría de ellos vinculados con las flotas fresqueras y a las empresas que se encargan del procesamiento del pescado en tierra. A principios de 2015, Argenpesca SA cerró sus puertas con un saldo de 200 familias en la calle, con una miserable indemnización que en promedio rondó los 12.000 pesos. En Argenpesca reinaba el trabajo precario mediante cooperativas truchas con trabajo infantil y jornadas que superaban las 14 horas, todo esto avalado por el Soip y el gobierno de Pulti. A mediados de 2015, el Frigorífico Bermejo y la Planta Procesadora Pesquera “Costa Brava” despidieron más de 130 trabajadores. En lo que va de 2016 se produjeron nuevos despidos, esta vez fueron 260 en total, provenientes de los frigoríficos Centauro y Mattera y de la Planta Pesquera “El Tigre”. A los despidos se suma la precarización laboral: de los 9.000 trabajadores de las plantas fileteras sólo 3.500 se encuentran bajo relación de dependencia, muchos de ellos con convenios Pyme y empleados de comercio.

El intendente de Cambiemos Arroyo, durante marzo de este año, creó el “Concejo Municipal Pesquero”, donde se reunió con los sindicatos locales (en particular el Soip) y las cámaras empresarias de la pesca. En esas reuniones, las patronales exigieron al municipio, en particular la Cámara de Frigoríficos Exportadores (cuyas empresas emplean mayormente obreros de las cooperativas), una bolsa de trabajo eventual controlada por el Soip “para atender el pico de demanda que tiene el sector” -es decir, más precarización. Las reuniones de las cámaras empresarias con Arroyo tuvieron un solo objetivo: exigirle que interceda ante gobierno nacional para exigir una mayor devaluación “que pueda absorber los aumentos en el precio del gasoil y de los salarios de los trabajadores de la pesca”. Claro, el pretexto de los empresarios para los despidos es la inflación y el “retraso cambiario”. ¿Pero de qué crisis hablan los empresarios? Los dos primeros meses de este 2016 muestran un leve descenso en los desembarques (2%), pero las exportaciones subieron un 27,8% en divisas y del 20,1% en volumen (Informe de Coyuntura el Departamento de Economía de la Subsecretaría de Pesca). El 95% de lo que se pesca, se exporta. Las exorbitantes ganancias de los empresarios fueron apuntaladas por las políticas de los Pulti y ahora Arroyo: el actual gobierno (como el anterior) prorrogó hasta diciembre de 2016, la vigencia de los planes Programa de Recuperación Productiva ( Repro), en la que el Estado se hace cargo ¡del 50% de los salarios!

En un cuadro general de tarifazos al transporte, aumento de los impuestos y servicios del 400%, 120.000 despidos (en el sector público y privado) y una inflación proyectada para este año del 45%, los empresarios del pescado en Mar del Plata también buscan maximizar sus ganancias a costa de los trabajadores.

El Partido Obrero llama a todos los trabajadores de la pesca a lanzar una campaña al interior de lugares de trabajo, asambleas y plenarios de delegados en los sindicatos del pescado, por un paro que inicie un plan de lucha de todo el sector de la pesca. Proponemos: plena vigencia del convenio 161/75, basta de despidos y suspensiones de los trabajadores del pescado, ocupación de las plantas procesadoras ante la amenaza de cierre, salario mínimo (con garantía horaria) igual al costo de la canasta familiar (16.000 pesos), basta de tercerización laboral.

La Unión Soviética se colocó nuevamente en el centro del debate literario mundial: Svetlana Alexiévich, escritora y periodista bielorrusa, se llevó el premio Nobel de Literatura 2015. Dos de sus libros acaban de ser editados en Argentina.

Alexiévich (1948) dedicó su extensa carrera a retratar la vida de los habitantes de los ex estados soviéticos. Su fundamento narrativo se apoya en buscar las marcas y las huellas del paso del tiempo en un pueblo que, hacedor del hecho fundamental de la historia contemporánea, se vio luego traicionado por el estalinismo que lo conduciría a la derrota.

La anciana bielorrusa se destaca en la crónica, un género con origen en el periodismo que se inmiscuyó en la literatura para producir algunos de los textos centrales del siglo pasado. El galardón que le otorgaron a Alexiévich es un reconocimiento tardío a un género vigente. En Argentina, la crónica cosechó libros muy importantes: de "Operación Masacre", de Rodolfo Walsh, a "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?", de Diego Rojas. Alexiévich escribe: “Cada vez me convierto más en una gran oreja que escucha a otra persona. 'Leo' la voz”.

Ahora se editaron, por primera vez en español, sus libros "La guerra no tiene rostro de mujer" (1985) y "Voces de Chernóbil" (1997). En ambos textos, la narradora utiliza una misma operación: transcribe -para luego seleccionar- horas y horas de cintas de cassette que recopiló por años en su grabadora de periodista. No es la voz autorizada de la escritora la que narra los hechos, sino sus propios protagonistas: los trabajadores y trabajadoras que discurren frente a la grabadora. La cronista escucha, selecciona, ordena, recorta, transcribe. En Latinoamérica esta fórmula había ya generado un libro central, "La noche de Tlatelolco" (1971), de la mexicana Elena Poniatowsca, que tradujo al papel las voces de estudiantes, campesinos, obreros y profesores durante la revuelta social que acabó en una represión feroz en Tlatelolco en 1968.

En el caso de "Voces de Chernóbil", Alexiévich deja hablar a los habitantes de las cercanías de la central nuclear que explotó el 26 de abril de 1986 y produjo la barbarie. Al momento de su aparición, el libro fue inmediatamente censurado en Bielorrusia. Por su lado, "La guerra..." es el relato de más de 200 mujeres que pertenecieron al Ejército Rojo, especialmente en el período de la Segunda Guerra Mundial. La autora se embarca en el destejido de la historia de estas mujeres que -siempre ausentes de los grandes relatos de la Historia, prohibidas y censuradas de cualquier panteón- cumplieron una función clave en el ejército soviético, no sólo como enfermeras o manteniendo los lazos de cohesión social, sino como francotiradoras, almirantes, soldados sin más, que con valentía tomaban las armas. Un millón de mujeres participaron del ejército que en el 17 hizo la revolución.

La escritora, en ese sentido, busca indicar que la revolución y su devenir -como todos los grandes acontecimientos históricos- suele estar contada desde la perspectiva de los grandes héroes. Su mirada, en cambio, es la de narrar y reivindicar esas historias mínimas, estas voces perdidas, la mayoría de ellas críticas del estalinismo: el adoctrinamiento, la censura (hay todo un tramo dedicado a la censura de sus propios textos), la represión, son elementos que están presentes en el relato. Sus textos son el tejido de un relato colectivo, la formación elevada de una narración popular. Su voz es el resultado de las voces que reproduce.

La editorial que ha publicado estos dos libros en español, publicará este año dos textos más de Alexiévich: "Los chicos de latón" o "Los chicos del zinc", un conjunto de historias que se formulan sobre la guerra entre Rusia y Afganistán. Fue un libro que intentaron callar: en 1993, los tribunales obligaron al periódico "Komsomólskaya Prav­da" a rectificar fragmentos que había reproducido en sus distintas ediciones (El País, 30/11/15). Y también "Los últimos testigos", sobre la ola de suicidios de personas que no toleraron la caída del Muro.

“Respeto el mundo ruso de la literatura y la ciencia, pero no el mundo ruso de Stalin y Putin", dijo la escritora tras ganar el Nobel. Agregó: “El escritor ruso está acostumbrado desde hace tiempo a vivir en la oposición”. Alexiévich no sólo es crítica del mandatario de Rusia, sino también del régimen del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, aliado de Putin. Así, la premiación de Alexiévich por parte de la academia suiza, parece ser un golpe por elevación a Moscú. Hoy, la escritora -cuyo padre era comunista y ella misma una partidaria del modelo soviético hasta 1988- plantea un discurso ligado a una desilusión respecto al socialismo (“Nadie tiene energía para una nueva revolución”, dijo), resultado de su experiencia vívida del estalinismo en la URSS.

Independientemente de estas lecturas, la obra se defiende con un peso específico propio y opera como un punto de clarificación política sobre la descomposición del primer Estado obrero de la humanidad.

Finalmente, el juez federal Norberto Oyarbide presentó su renuncia. Fue como parte de un acuerdo con el gobierno, que pretende “renovar” el fuero federal bajo su tónica. La renuncia le permitiría a Oyarbide sortear los pedidos de juicio político que tiene pendientes en el Consejo de la Magistratura y cobrar la jubilación de magistrado, superior a los 100 mil pesos por mes.

Para esto, Mauricio Macri debe aceptar su dimisión. Esto ha provocado una crisis con sus aliados, la UCR y Elisa Carrió. Ambos le reclamaron públicamente que la rechace y habilite la continuidad del proceso en su contra. Carrió atribuye el pacto con Oyarbide a las operaciones judiciales del empresario del juego y presidente de Boca, Daniel Angelici, con fuertes nexos en Tribunales. El trasfondo es la disputa entre socios por el copamiento del poder judicial, en el marco de las denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que afectan a todos los bloques políticos capitalistas.

La impunidad de Oyarbide es inaceptable. De principio a fin, su trayectoria es un emblema de la corrupción endémica que recorre al poder judicial.

En la década del 90, al poco de tiempo de asumir en el fuero federal, salió a la luz su sociedad con las redes de prostíbulos de la Ciudad, a los cuales cobraba abultadas comisiones a cambio de garantizar su protección.

Prestó servicios a todos los gobiernos de turno, de Menem a los Kirchner, que lo blindaron políticamente ante las reiteradas denuncias en su contra.

Sin embargo, hace un mes, el Consejo de la Magistratura lo citó para declarar en el marco de una denuncia por mal desempeño por levantar el allanamiento a una financiera tras el pedido de Carlos Liuzzi, la mano derecha del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini. Según los medios de comunicación, eso determinó que sellara finalmente el acuerdo con MM (El Cronista, 8/4).

Cuarenta y cinco días antes de formalizar su renuncia, Oyarbide sobreseyó a dos jueces procesados junto a José Pedraza en la “causa de las coimas”. Fue su último servicio a impunidad de los poderosos.

Desde el Partido Obrero, exigimos juicio político y destitución para Norberto Oyarbide.

En la misma semana de la anunciada renuncia de Oyarbide, el Consejo de la Magistratura desestimó el enjuiciamiento del juez federal de Quilmes, Luis Armella.

En 2012, Armella había sido apartado por la Corte Suprema de la causa por el saneamiento del Riachuelo, sospechado de haber beneficiado a empresas de sus familiares con la contratación de obras de limpieza de la cuenca. Las razones invocadas por el Consejo para la desestimación del jury contra Armella fueron puramente formales: el “vencimiento del plazo” de las denuncias.

Este hecho ilustra por sí mismo el carácter del Consejo de la Magistratura: una rosca entre bloques políticos patronales, la corporación judicial y los grandes estudios de abogados, funcional a la impunidad.

Su continuidad en el cargo debe detonar el alerta de todos los luchadores.

Recordemos que, en diciembre de 2010, Armella armó la causa contra los militantes ferroviarios del Partido Obrero, Jorge Hospital y Omar Merino por los incidentes que la burocracia sindical fogoneó en Constitución para desacreditar un corte de vías que los trabajadores tercerizados del Roca realizaban en Avellaneda. Habían trascurrido dos meses desde el asesinato de Mariano Ferreyra y el ministerio de Trabajo se negaba a satisfacer ninguno de sus reclamos. El gobierno de CFK dio entonces la orden política de criminalizar al PO durante una conferencia de prensa de la ministra Nilda Garré; por su parte, Horacio Verbitsky escribió el “relato oficial” de las imputaciones contra el PO en Página/12; y el juez Armella montó la causa judicial y ordenó detener a Hospital y Merino. Fueron luego excarcelados en medio de una gran movilización popular. Por supuesto, la causa judicial en su contra no avanzó un centímetro debido a la inexistencia de delito y al repudio generalizado.

Fuera Armella. Elección y revocatoria de jueces y fiscales mediante el voto popular.

Más de 150 trabajadores de la empresa Metal 1 pertenecientes a los gremios de la construcción y petroleros privados están en lucha por salarios adeudados y condiciones de trabajo (ropa, transporte, almuerzo).

Metal 1, vinculada a ex funcionarios del PJ del gobierno de Lafalla (años '90), se declaró en convocatoria de acreedores y parte de su producción está siendo absorbida por la empresa Tomio, vinculada con funcionarios radicales. Esta absorción no contempla a los obreros, que ven peligrar su fuente de trabajo. Ambas empresas tercerizan trabajos para YPF. Frente al incumplimiento de la patronal de Metal 1, YPF ha actuado como cómplice y se ha desentendido de su carácter de responsable solidario.

El 7 de abril, la entrada a la destilería de Luján de Cuyo permaneció bloqueada por decenas de compañeros desde la madrugada hasta el mediodía. Una delegación de compañeros del Partido Obrero se hizo presente al inicio del bloqueo, entablando diálogo con trabajadores y delegados, que expresaron su agradecimiento y su voluntad de seguir adelante con la lucha. Distinta fue la actitud de los dirigentes de la Uocra, que al enterarse que se trataba de militantes del PO, se acercaron a los compañeros para pedirles que se retiraran. La preocupación de la burocracia de la Uocra no es el triunfo de la lucha.

En el marco de la caída del precio del crudo, YPF ha comenzado a descargar el ajuste sobre los trabajadores tercerizados de la compañía.

Metal 1 tiene en carpeta el cierre y el despido de los 150 compañeros. Pero no es la única: la empresa Aesa también ha comenzado con suspensiones.

Se impone preparar el rechazo a los planes patronales, exigir el pago de lo adeudado y la ocupación de la empresa en caso de que despida.

En el país de los tarifazos, los despidos masivos y la entrega a los fondos buitre, la reaparición pública de Cristina Kirchner fue esencialmente un acto en defensa personal, después de ser indagada judicialmente por las operaciones con el dólar futuro. La ex presidenta, sin embargo, no le dedicó una palabra a este negociado de los últimos meses de su gobierno, que aseguró a un puñado de bancos y monopolios cerealeros el reconocimiento de un dólar a sólo diez pesos para marzo o abril de este año, a sabiendas de que tanto Scioli como Macri pergeñaban una devaluación. De este modo, los K premiaron con un beneficio de unos 80.000 millones de pesos a quienes en aquel momento fugaban sus divisas o retenían la cosecha. El macrismo, que convalidó este desfalco, debería estar sentado en el banquillo a igual título que el gobierno K.

La omisión del “dólar futuro” no ha sido una casualidad, porque retrata a la actual transición política: la factura de la quiebra nacional, que es el resultado de una expoliación de los recursos públicos en beneficio de los capitalistas (eso fue el kirchnerismo), quiere ser trasladada ahora a trabajadores, jubilados y consumidores (en esto consiste el macrismo).

En su discurso, Cristina Kirchner aseguró que los Macri siempre vivieron del Estado, al cual, sin embargo, “atacan”. La ex presidenta no le reprocha al titular de los Panamá Papers su condición de ‘patria contratista’, sino su viraje al ‘antiestatismo’. La queja de la ex presidenta vale para el conjunto de la burguesía argentina, que se benefició de las estatizaciones de deuda y otros rescates a costa del presupuesto público bajo la década “nacional y popular”. Macri, Caputo y Calcaterra, en este punto, están sentados en el mismo bondi que Cristóbal López, Lázaro Báez o Ezquenazi. Cristina Kirchner se alegró de la aparición de la ruta del dinero M, pero sin poder agregar una palabra en su descargo -o sea, de la ruta del dinero K. Detrás de la supuesta “grieta” entre kirchnerismo y macrismo, que el acto de Comodoro Py buscó recrear, asoma un mismo saqueo -el de la clase capitalista que fugó 400.000 millones de dólares y que hoy se proclama acreedora del país.

Frente Ciudadano

Esto explica porqué, en el largo y verborrágico discurso que pretendió ser un “balance de estos 120 días”, Cristina Kirchner no le dedicó una palabra al arreglo con los fondos buitre, precisamente, la piedra fundacional del actual régimen. El ajuste brutal que está en curso es la garantía para la operación de reendeudamiento y rescate financiero que tramita el gobierno. Invocar a los tarifazos y despidos, como hizo Cristina, en el cuadro de esa omisión, es pura demagogia. El silencio de CFK nos refiere al discurso de Máximo K en la sesión de diputados que votó el pacto buitre, y donde pidió “suerte” y “comprensión” para los negociadores argentinos con el juez Griesa. El discurso de Cristina podría ser aplaudido por Pichetto, Alperovich o cualquiera de los senadores que votó la ley Griesa. Por añadidura, CFK reivindicó su pertenencia “al Partido Justicialista”. La ex presidenta se rodeó de “La Cámpora” y “Unidos Y Organizados”, pero no sacó los pies del plato. El discurso se inscribió plenamente en la ‘normalización’ del PJ bajo el alero de Barrick Gioja, Insfrán, Scioli y todos los gobernadores “nacionales y populares” que hoy ejecutan el ajuste en sus provincias. CFK llamó a servirse del Congreso para “corregir lo que deba ser corregido”; esto es, una línea de apaciguamiento (y a la vez compromiso parlamentario) con el ajuste.

En este cuadro, el Frente Ciudadano que propugnó CFK podría ser un mensaje dirigido al vasto frente patronal que sostiene a Cambiemos, pero que podría crujir bajo las contradicciones explosivas que plantea la crisis económica y la recolonización exigida por el capital financiero. Pero del lado de los explotados, las contradicciones del pretendido “Frente Ciudadano” son insuperables. ¿Lo integrará Alicia Kirchner, represora y ajustadora de los trabajadores santacruceños? En la noche anterior a la comparecencia a Comodoro Py, otra kirchnerista, la gobernadora Bertone, tercerizaba la represión a los estatales fueguinos apelando a la patota del sindicato de Camioneros. Es el recurso que se cobró la vida de Mariano Ferreyra, cuando la burocracia aseguraba la tercerización y los contratos precarios que usufructuaba la asociación ilícita de los Kirchner, Jaime, Pedraza y Cirigliano.

Cristina pidió un frente en base a preguntarnos “cómo estamos hoy”. Pero omitió decir que el macrismo reunió votos de trabajadores que en aquel momento también se preguntaban “cómo estamos” (con los K). La precarización laboral, la carestía, la confiscación del impuesto al salario y la incipiente recesión -o sea, la tentativa kirchnerista de emprender ella misma el viraje al ajuste y al capital internacional- es lo que abrió el camino a la victoria del macrismo.

Construyamos otra polarización

Cristina Kirchner buscó presentar al cerco judicial en su contra como parte de una ofensiva continental contra “gobiernos nacionales y populares”.

Pero, como en Brasil, la “trenza político-judicial-mediática” que ella denuncia se ha servido de las monumentales evidencias que dan cuenta de una camarilla de negocios -no de una transformación social. Más allá del intento de autodefensa judicial, hay que tomar nota de los objetivos políticos de este 13A. Estamos ante una tentativa tardía y degradada de recauchutar al “movimiento nacional”; o sea, a la subordinación de la clase obrera al nacionalismo burgués -ello, en nombre de la oposición al macrismo.

El kirchnerismo quiere explotar el incipiente descontento popular que tiene lugar en el marco de los despidos, de la recesión o los tarifazos.

Para la oposición obrera y popular al macrismo, que ya se está desplegando en el marco del ajuste, sería sencillamente criminal confundir los actos de autodefensa de una camarilla desprestigiada con la lucha contra el ajuste. Es necesario que desarrollemos otra “grieta”, otra polarización política: la que separa a los trabajadores de los ajustadores capitalistas y sus partidos, que han consentido un nuevo hipotecamiento del país en beneficio del capital financiero. En su reaparición pública, Cristina Kirchner no se salió de ese consenso reaccionario. Desarrollemos a los trabajadores y a la izquierda como alternativa política.

Una de las revelaciones del Panamá Papers apunta a Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de Macri en la Ciudad. Figura como apoderado de la firma Mercier Internacional SA creada en mayo de 2010. A dos meses de su creación, Mercier le otorgó un poder al ministro Grindetti para operar sus cuentas bancarias en el banco suizo Clariden Leu AG, una filial del banco Credit Suisse.

Estas revelaciones echan luz sobre la cuestionada colocación de deuda que realizó la Ciudad en 2010, a través de los Bonos Tango serie 08. Para la intermediación de esta operación, el gobierno de la Ciudad eligió en forma directa -sin mediar concurso público ni licitación- al banco Crédit Suisse y a la consultora KBR, dirigida por Edgardo Srodek, hombre vinculado con el PRO, jefe de la campaña en la provincia de Buenos Aires en 2005, aportante en la campaña de 2007 y primo del diputado provincial Jorge Srodek (PRO).

Con el Bono Tango 08, el Gobierno de la Ciudad tomó deuda por 475 millones de dólares que la Legislatura había autorizado para la extensión del subte. La tasa del bono fue del 12,5%, un valor verdaderamente exorbitante. Pero a pesar del apuro por tomar este préstamo a semejante costo, las obras no estaban siquiera licitadas. Como resultado de ello, los fondos se convirtieron a pesos, se compraron letras del Tesoro y se abrió un plazo fijo en el Banco Ciudad, que pagaba la mitad de la tasa de interés a la cual fue tomado el dinero.

Por este préstamo costoso y extemporáneo, la comisión pagada fue abusivamente alta, del 2% del monto del préstamo (unos 10 millones de dólares). Se trataba de una comisión hasta ocho veces más alta de la que ofrecían otros bancos por operaciones similares. Nada menos que Ricardo López Murphy, insospechado de animosidad con el PRO, calificó la operación de este modo: “la tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente” (La Nación, 19/12/10).

En aquel momento, ni la Justicia ni la Legislatura pudieron explicar las motivaciones de esta operación ruinosa. Pero las revelaciones conocidas en estos días muy bien podrían cerrar el círculo. En efecto: los fondos del Bono Tango 08 ingresaron al tesoro de la Ciudad el 6 de abril de 2010. Como vimos, sólo un mes después, el 19 de mayo, está registrada la inscripción de la empresa offshore Mercier International en Panamá. El 15 de julio de 2010, la sociedad offshore Mercier le otorgó al entonces secretario de Hacienda Grindetti un poder para abrir y manejar una cuenta en el banco Clariden Leu AG de Suiza, el cual pertenece... al Credit Suisse. Si -como dice Grindetti- la sociedad offshore careció de movimiento económico posterior, entonces su único objetivo fue el de dotar de “personería” a la cuenta abierta en Suiza. En suma: tres meses después de una controvertida operación financiera en beneficio del banco Credit Suisse, Grindetti -entonces ministro de Hacienda- abrió una cuenta en un banco asociado o perteneciente al Credit Suisse. Si le añadimos a ello la participación de una consultora local desconocida -liderada por un operador y ex jefe de campaña del PRO- hay fuertes motivos para considerar o sospechar que los beneficiarios financieros internacionales de esta operación “retornaron” al partido gobernante y a sus personeros, parte de las jugosas comisiones e intereses recibidos.

Luego de estas operaciones la Ciudad triplicó su endeudamiento en dólares. Sin embargo, la inversión en infraestructura se mantuvo constante, lo que habilita a presumir que estamos frente a una operatoria repetida en posteriores operaciones de deuda. Por la gravedad de las denuncias y los funcionarios implicados, el Frente de Izquierda pidió la creación de una comisión investigadora de la Legislatura.

Un conjunto de organizaciones antirrepresivas y estudiantiles, partidos de izquierda, sindicatos y colectivos sociales y culturales participamos de la convocatoria de la Correpi para impulsar una campaña nacional contra las detenciones arbitrarias y los abusos policiales.

El puntapié inicial será una movilización a Plaza de Mayo el próximo 22 de abril, cuando se cumplan 25 años del asesinato de Walter Bulacio. Su caso es un emblema de la lucha contra los atropellos policiales. Walter fue detenido por una razzia policial en las cercanías del estadio Obras, durante un recital de los Redonditos de Ricota. Murió pocos días después, debido a los golpes recibidos en la comisaría.

En los últimos meses, en el marco del ajuste de Macri y los gobernadores, tanto desde el poder político como judicial se reforzaron las facultades policiales para detener arbitrariamente y requisar sus pertenencias personales. Un fallo de principios de año del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, legitimando estas prácticas, y luego el de la Corte Suprema que habilitó el uso de las picanas portátiles Taser, avalaron la legalidad de un régimen permanente de “libertad vigilada” contra la juventud y los trabajadores. “Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o para identificar”, denuncia la Correpi, que desde hace 20 años lleva un relevamiento sistemático de casos.

Hasta 2015 se registraron más de 4.600 asesinados en democracia por gatillo fácil y tortura a manos de la policía. La mitad de ellos ocurrieron bajo los gobiernos K. Especialmente, en territorio bonaerense, durante la gestión de Daniel Scioli. Los gobiernos “populares” de Néstor y Cristina además batieron récords en materia de asesinados por luchar, persecuciones judiciales (petroleros de Las Heras), espionaje contra organizaciones populares (Proyecto X) y legislación represiva (leyes antiterroristas). La “doctrina de seguridad democrática” y las “jornadas contra la violencia institucional” fueron la mascarada de estas políticas. El ajuste y la entrega a los buitres no aparecieron de un día para el otro, tampoco la represión.

La necesidad de impulsar una movilización contra estos atropellos es evidente. Debe conjugarse con la lucha contra el “protocolo” represivo de Macri-Bullrich y los gobernadores. Lo que está en el centro de la cuestión es la libertad de organización y lucha de la juventud y los trabajadores contra el ataque capitalista a sus condiciones de vida.

Impulsemos en el movimiento estudiantil y entre la juventud trabajadora una gran movilización contra las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil y el “protocolo” represivo.

Después de una semana de paro con bloqueos de los portones por nuestras cuatro reivindicaciones -domingo a la noche en casa, suma puente, que la empresa absorba el Impuesto a las Ganancias y el chárter a zona oeste-, el Ministerio de Trabajo de Pilar intervino en la huelga de los trabajadores de Unilever, dictando la conciliación obligatoria por 15 días hábiles.

La intervención de la autoridad laboral apareció en el punto más alto del conflicto, después que las asambleas votaran casi unánimemente pasar a cuatro horas por turno, después de que fracasara el intento patronal de desalojar los bloqueos de los portones y que la planta de Ades, cuyos delegados se bajaron del reclamo, a pesar de que fueron votados mayoritariamente por urnas, terminó parada por falta de insumos.

La conciliación estuvo a punto de ser rechazada por los delegados de Hellmann's y Knorr, porque la empresa no se comprometía a abonar la suma puente de 8.000 pesos netos que había ofrecido anteriormente con la condición de que no se hagan medidas de fuerza, compromiso que finalmente asumió.

El conflicto recogió una impresionante solidaridad obrera, del Parque Industrial de Pilar, de la zona norte y, por sobre todo, de fábricas alimenticias que sufren iguales o peores regímenes de turno.

En menos de un mes, los trabajadores de Unilever planta La Rioja replicaron los reclamos, planificaron un conflicto idéntico (con la única diferencia de que reclaman el "sábado a la tarde en casa", en vez del domingo a la noche) y están a punto de ganarlo.

La moral de los trabajadores de Unilever Pilar está más alta que nunca. El conflicto fue tomado como propio por el conjunto de la fábrica, que militó el conflicto tanto como los delegados. La flamante Interna de Hellmann's fijó domicilio en la planta desde el principio hasta el final del primer round; pasaron la primera prueba de la lucha con nota sobresaliente.

El conflicto demostró fehacientemente que se puede librar una lucha ofensiva en medio del ajuste. Ante una burocracia sindical que no tiene respuestas para nadie, el parazo de Unilever Pilar es una respuesta contundente del clasismo. El camino para derrotar a los "ajustadores offshore" es la huelga general.

Vamos a ganar.

El 14 de abril se realizarán las elecciones de Ecotrans, los choferes de esta gran empresa de más de 1.300 trabajadores tendrán la oportunidad de dar un enorme paso al frente en la defensa de su fuente del trabajo, y hacerse fuertes frente los intentos de vaciamiento y desguace de parte de la empresa.

El grupo Cirigliano (un mimado del kirchnerismo) sigue recibiendo, bajo el gobierno de Macri, millones de pesos en subsidios del Estado en el transporte automotor, aun cuando fue desplazado de los ferrocarriles por la inmensa crisis que produjeron los vaciamientos ferroviarios con las masacres de Once y Flores.

A pesar de todo esto, los Cirigliano siguen con la misma política de siempre, no reinvierten en repuestos ni en nuevas unidades, lo que ha motivado una enorme lucha y resistencia de la mayoría de los delegados de Ecotrans.

La dirección de la UTA, que nada ha hecho contra el intento de vaciamiento y desguace de la empresa, sí trabaja activamente desde hace años (con el amparo del Ministerio de Trabajo) por desarmar el histórico cuerpo de delegados que dirige Ecotrans desde hace más de veinte años.

En los últimos procesos electorales, artificialmente, la dirección de la UTA ha dividido la forma de elegir delegados primero en tres líneas, después en cuatro y este año en cinco líneas separadas cuando todos los choferes pertenecen a la misma empresa. Con este procedimiento, de división artificial, lograron una minoría de delegados afines a la política de Roberto Fernández, que trabaja por afuera de la mayoría del cuerpo de delegados.

Pero los trabajadores de Ecotrans ya tienen una enorme experiencia en cómo luchar contra las patronales y contra esta política de la burocracia sindical. Salieron victoriosos del vaciamiento de la ex TDO (Transportes del Oeste) manteniendo unido el cuerpo de delegados, estableciendo un control obrero y la defensa de todos los puestos de trabajo y enfrentando los intentos de desguace.

Con luchas, con movilizaciones, con el método de la defensa de las asambleas y el ejercicio de la democracia sindical, han manteniendo un cuerpo de delegados que tiene una historia y una tradición de lucha en el gremio.

El voto a la Lista Unidad es un mandato para defender todas las conquistas laborales, la estabilidad laboral, el respeto por el convenio, el respeto por las condiciones de trabajo, la defensa de la democracia sindical y un mandato para luchar contra los intentos de desguace o vaciamientos de Ecotrans.

Todo el apoyo a los luchadores de Ecotrans.

Este lunes 11 de abril, la Comisión de familiares que luchan contra la impunidad hicieron una enorme actividad y corte total en la Estación de Lanus, exigiendo justicia.

Hace un mes, Diego Cabo, bombero de la localidad de Wilde, fue asesinado cuando intentaba evitar que le roben la camioneta en los alrededores de la comisaria 9 de Caraza.

Diego es víctima de una zona liberada estratégicamente por la policía para garantizar los negocios de las autopartes, narcotráfico y robos. La policía dice conocer a los asesinos pero que no puede encontrarlos. Entre las decenas de pancartas que exigían justicia, resaltaban las que exigían la apertura y el control de los libros de la comisaría por los vecinos en cada barrio. Exigimos saber quien entra y quien sale de las comisarías, los prontuarios de los comisarios, de los jefes de calle y toda la fuerza, a donde van a parar las armas secuestradas que reingresan por la propia policía al mismo circuito y queremos saber donde están los prófugos.

El pedido de justicia por Diego fue acompañado por muchísimos familiares de casos de todo tipo, como la familia de Dario Avalos, asesinado por una patota de la Uocra con la complicidad de la policía y la empresa, la familia de Silvia y Yamila Rosso victimas de un femicidio cobarde por un buchon de la policía, la de Nicolás López asesinado por los patovicas de un boliche, y Nicolás Vazquez victima del gatillo fácil, la familia de Adrian Novillo asesinado por una patota a la salida de un boliche y muchos familiares mas que se acercaban a preguntar y a dejar un papel que el nombre del suyo.

Todos estos familiares entienden el reclamo de Justicia por Diego como propio porque en todos los casos hay un elemento que se repite, la responsabilidad del Estado y todos sus elementos como garantes de la impunidad.

Todo el aparato estatal está puesto al servicio los negocios de los boliches, autopartes, narcotráfico, trata, cajas sindicales y precarizacion laboral y los trabajadores no nos resignamos a perder a nuestros seres queridos en post de esos negociados.

Los familiares que luchamos contra la impunidad vamos por Justicia por Diego y nos preparamos para ir con todo al juicio por jurado por Dario Ávalos, para ir a exigir la extradición del asesino de Silvia y Yamila y una movilización a la fiscalía para exigir justicia para Nicolás López, como parte de una gran agenda que recién empieza.

¡Basta de impunidad! ¡El Estado es responsable!

El 23 de junio se realizarán las elecciones de consejeros estudiantes en todas las regionales de la UTN del país. Los estudiantes votaremos nuestros representantes para los próximos dos años en todos los órganos de cogobierno de la universidad (Consejo Superior Nacional, consejos directivos regionales y consejos departamentales).

Cambio de Variable, la agrupación de la UJS y el Partido Obrero en la Universidad Tecnológica Nacional, plantea la formación de listas únicas para enfrentar a las agrupaciones de las autoridades y el gobierno.

Durante todos estos años las autoridades han llevado adelante una orientación privatista en la UTN: vaciamiento de las carreras de grado, proliferación de posgrados y cursos de extensión pagos, ingresos eliminatorios, pasantías gratuitas e injerencia de las grandes empresas en los planes de estudio (Monsanto, Barrick Gold, Volkswagen, Microsoft, etc).

Para avanzar con esto contaron con la colaboración activa del Feti (PJ) y Franja Morada (UCR), quienes monopolizan los consejos y la federación universitaria tecnológica.

Nos lanzamos por el armado de una lista nacional, así como para presentarnos en consejo directivo y departamentales de la regional Capital Federal. Vamos a una fuerte campaña por la juntada de avales y el armado de candidaturas de Cambio de Variable, que deben servir como reagrupamiento político de estudiantes para enfrentar al Feti y Franja Morada en las elecciones.

Pongamos de pie al movimiento estudiantil de la UTN para enfrentar el ajuste de Macri y las autoridades. ¡Manos a la obra!

El llamado a declaración indagatoria del ex rector kirchnerista de la UNT, Juan Cerisola, y de un grupo de ex funcionarios, entre ellos el ex diputado nacional por la UCR, Luis Sacca, en una causa en la que se investiga el manejo de los fondos provenientes de minera La Alumbrera (de la que la UNT es socia en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio -Ymad) ha abierto una crisis política de alcances provinciales e incluso nacionales.

Las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) pusieron en evidencia no sólo que hubo sobreprecios en numerosas obras realizadas entre 2006-2009 sino que la UNT violó la ley de Obras Públicas para poder adjudicar esas obras de un modo discrecional. Además, se investiga la comisión de otros delitos, como el cobro de intereses a través de la colocación de estos fondos en el circuito de la especulación financiera. Un verdadero calco del sistema de sobreprecios y robos que montaron los K Lázaro Baez, Lopez y compañía.

En búsqueda de impunidad, el ex rector y el ex diputado nacional de la UCR Sacca, amenazaron con rebolear la media y entre otras cosas, exponer la complicidad de la UCR y del actual “ministro” macrista (director del Plan Belgrano), José Cano, con el manejo turbio de estos fondos, en lo que refiere al financiamiento de su campaña electoral para diputado. También amenazó con exponer responsabilidades y chanchullos del conjunto de las camarillas universitarias. Es claro que Cerisola o Sacca no quieren quedar como chivo expiatorio y cargar con todas las culpas de la asociación ilícita que ha venido gobernando la UNT en todos estos años. Ante posibles derivaciones de esta crisis, la actual conducción de la UNT abrió una nueva causa (sólo contra una funcionaria de menor rango), preparando el terreno para futuras maniobras y pactos. La actual rectora, Bardón, fue la vicerrectora de Cerisola durante su mandato y no puede estar al margen de todos estos negociados y debe ser también investigada.

La Justicia federal, por su lado, opera en medio de contradicciones debido al entrelazamiento de algunos camaristas, fiscales y jueces con diversas camarillas universitarias (el actual presidente de la Cámara Federal fue consejero superior de Cerisola, por ejemplo) y a la disputa de diversas fracciones en su seno. La lentitud de las causas que se siguen por contaminación y corrupción de la UNT-Ymad da cuenta también de un alineamiento con la minería contaminante.

Para avanzar contra el vaciamiento y la corrupción, es necesario que toda la comunidad universitaria tome cartas en el asunto, como lo está haciendo Adiunt, que reclama que se abran los libros y se constituya una Comisión Investigadora Independiente, elegida democráticamente por docentes, estudiantes y no docentes, para que se aboque a la investigación integral de los negociados con los fondos provenientes de Ymad.

La consigna de la inmediata ruptura del vínculo que UNT-Bajo La Alumbrera es más actual que nunca.

La derrota de Beder en las últimas elecciones a diputado nacional y el triunfo de Macri en el balotaje provocaron un terremoto político en el PJ riojano, que se tradujo en el viraje y toda su camarilla virará convergiendo con el macrismo. Beder junto a su aliada del FpV, Tere Madera, fueron de los primeros en integrarse al bloque pejotista encabezado por Bossio. Desde entonces, el gobierno local actúa como colectora del gobierno macrista.

Este realineamiento del PJ riojano, encabezado por Beder, se produce en circunstancias en que la autoridad política del propio Beder se encuentra completamente erosionada, agravada con las denuncias de abusos sobre menores.

El gobierno de Casas se encuentra envuelto en una gran crisis y quebranto fiscal que se prolonga a los municipios y a la actividad privada, y que en todos los ámbitos pretenden resolverlo mediante ajustes contra los trabajadores. Los despidos están a la orden del día. En el caso de los obreros de la construcción, el 70% de la mano de obra se encuentra desocupada.

En diciembre, los trabajadores del municipio de la capital salieron a la lucha frente a los despidos masivos. La lucha hizo detonar una crisis en el Concejo llevando a que el bloque del pejota impulsara un pedido de juicio político del intendente K, Paredes Urquiza, cuando sólo llevaba semanas de gobierno. El pedido de juicio estaba encabezado por su propio viceintendente Felipe Alvarez. La crisis se saldó con la reincorporación de la mayoría de los municipales, pero abrió un cuadro de enfrentamiento en el Concejo Deliberante. Paredes Urquiza, para seguir sosteniendo la intendencia, tuvo que virar y apoyarse en los bloques de los partidos que integran Cambiemos a nivel nacional, lo que vino acompañado de un escándalo por la revelación de un audio donde se escuchaba al líder de la bancada del PRO ofreciendo coimas a una concejal de un ala del PJ para unirse a un interbloque favorable al kirchnerista Paredes. El escándalo concluyó con la renuncia del concejal del PRO, cuando ya se había aprobado el llamado a juicio político con el voto favorable del propio PRO, UCR y demás. Así como la “oposición” macrista tuvo su escándalo en el Concejo, el PJ hizo lo propio en la Legislatura, donde los diputados a la hora de discutir los cargos internos se realizaron todo tipo de acusaciones, evidenciando los enfrentamientos de camarilla entre los partidarios del vicegobernador con los del gobernador.

Todos estos culebrones son la radiografía de un régimen en descomposición y en pleno proceso de disgregación.

En todo este escenario, el descontento popular ha crecido pero por el momento sólo se ha traducido en reclamos parciales. Las burocracias están jugadas a defender sus privilegios bloqueando cualquier acción de conjunto de los trabajadores.

En enero, una huelga de más de veinte días de los choferes de transporte público finalmente fue derrotada mediante un gigantesco operativo de desalojo del corte que realizaban a la salida de colectivos.

El 4 de abril el paro docente fue masivo.

Luego de ello, las acciones de lucha más importantes tuvieron que ver con el rechazo a la política prominera de Macri con una marcha de alrededor de 2.000 personas y la de familiares en lucha contra la impunidad.

Las asambleas ambientales están en pleno proceso de ebullición, pues habían abierto grandes ilusiones en la dirigencia de Fuerza Cívica Riojana (el Cambiemos local), quienes habían prometido una defensa irrestricta de las banderas contra la megaminería, contra el saqueo y en defensa del medio ambiente. La política macrista es todo lo contrario, y el FCR se tuvo que sacar la careta muy rápidamente con honrosas excepciones de algunos dirigentes que tomaron distancias y hasta rompieron con esta coalición en favor del ajuste y las grandes corporaciones mineras.

La bronca popular ha crecido frente a los tarifazos que hacen la vida imposible. Recientemente, hubo una movilización contra los aumentos de luz, y lo peculiar de la misma fue que dos referentes del FCR fueron echados de la concentración.

Ahora, todos los bloques políticos evidenciaron nuevamente su carácter ajustador con la aprobación de un nuevo tarifazo al transporte que contó con el apoyo tanto del FpV como del macrismo.

Frente a este contexto, de crisis del régimen político y de ofensiva de conjunto contra la población laboriosa, las respuestas parciales que se han venido dando, tienen que apuntalar el reclamos de una respuesta de conjunto: es necesario un paro provincial por el salario, los puestos de trabajo, en defensa del Famatina y los recursos naturales, y por todas las reivindicaciones que vienen motorizando la reacción obrera y popular.

El Partido Obrero se plantea la lucha por poner, también en La Rioja, a la clase obrera y a la izquierda como alternativa política al régimen ajustador.

El sábado 9 de abril se dio a conocer el caso de Nicolás Zárate, a través de un audio de su mamá, Fernanda Portuense, que fue enviado masivamente por WhatsApp, en donde relataba con voz desgarradora lo que le había sucedido la noche anterior a su hijo.

Nicolás había asistido al boliche Diva, concurrido mayoritariamente por personas de la comunidad LGBTI. Al salir, tomó un taxi en la puerta del boliche, de la empresa Centro Taxi. En el trayecto se subió una persona que en un momento paró para comprar una cerveza. Ya dentro del taxi, Nico fue convidado a tomar un trago, a partir de lo cual perdió el conocimiento. Nico apareció tirado, golpeado en una ruta de las afuera de la capital de Tucumán. Evidentemente, lo habían drogado y secuestrado. Un representante de la comunidad LGBTI señaló: “creemos que es una persecución al género, porque hay dos personas que se solidarizaron conmigo y tienen casos con las mismas características, incluso con la misma empresa de taxis”.

Nico sigue internado por las lesiones que sufrió. Su madre decidió hacer público el hecho. Llamó a marchar el martes 12 junto a la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad. A la convocatoria concurrieron también distintas organizaciones del colectivo LGBTI. Al culminar la marcha, Fernanda, la mamá de Nico denunció que tuvo que imponerse para que le tomaran la denuncia, que la empresa de taxi no da respuesta y que no va a parar de luchar para que su caso no quede impune.

El caso de Nicolás no es un hecho aislado. Como señaló otro miembro de la comunidad LGBTI, “está el caso de un chico de 17 años, en Miramar, activista LGTBIQP, que fue secuestrado por policías, torturado y amenazado de muerte. En La Plata, compañeras trans denunciaron también que la policía las están persiguiendo y golpeando. En Salta, las compañeras trans no tienen el apoyo de nadie, pero están saliendo solas y con carteles a denunciar a la policía”.

Desde la agrupación LGBTI 1969 nos solidarizamos con Nicolás y su mamá, y vamos a seguir impulsando la organización y la movilización popular para que este caso no quede impune y no permitir ningún ataque homofóbico más.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, acaba de aumentar el subsidio a las petroleras del negocio gasífero al conceder un aumento del precio del gas natural en boca de pozo. Se trata del fluido destinado a la generación eléctrica y al uso industrial, domiciliario y para GNC. El nuevo precio para generación eléctrica ronda los U$S 5/MM BTU y está definido por cuenca, con el valor más alto para Neuquén.

Con este aumento en boca de pozo, el BTU “criollo” supera el precio del gas que se importa de Bolivia y de otros países vía buques metaneros. De esta manera, el gobierno “del cambio” sigue y extiende la política del gobierno anterior, de subsidios a las petroleras con aumentos de tarifas de combustibles (naftas y GNC) y ahora extendido al gas domiciliario, garrafas (casi tres millones de hogares utilizan la llamada “garrafa social”), electricidad, etc. Es la vía por la cual se rescata los negociados capitalistas: se aporta a la renta petrolera en beneficio de los pulpos frente a la baja de los precios internacionales del crudo y el gas. El precario equilibrio financiero que pudo haber logrado el gobierno con la reducción de los subsidios estatales para las transportadoras y distribuidoras de gas y de electricidad, -reemplazado por el aumento de tarifas-, se ve amenazado con la suba de estos subsidios destinados sobre todo a YPF y PAE.

Aranguren también pagará a esas petroleras privadas 2.000 millones de dólares por la deuda de los planes de origen CFK de subsidios al gas y también al petróleo. Además de continuar con los reembolsos por exportaciones desde Comodoro y Santa Cruz que sostenía Cristina, que no sólo benefician a YPF y Bulgheroni, sino también a BP (del que es accionista Shell y la china Sinopec).

¿Esto estimulará las famosas inversiones para explotar el tan mentado boom del shale y tight gas o, al menos revertir la baja en su producción?

Télam publicó a principio de año que los productores de gas estimaban que un precio de U$S 4,7/MM BTU era un precio razonable pero “requerirá un incentivo mayor para continuar el desarrollo del shale”. Además, para aumentar la producción no sólo se necesitan más pozos –como en el caso del petróleo– sino también una infraestructura mucho más costosa de la que no hay ni un cartel indicador.

Los planes de Aranguren de “liberar el mercado petrolero” contemplan compensar a jugadores (capitalistas) de distintas maneras, con privilegios muy fuertes para los monopolios petroleros.

La burguesía industrial ha emitido quejidos: Agueera, la asociación de grandes usuarios de electricidad, que agrupa a empresas del calibre de Acindar, Aluar, Arcor, Loma Negra y Profertil, entre otros, plantearon: “Queremos que el Ejecutivo subsidie el precio de la energía durante el invierno para que el incremento del costo de generación no se traslade a la industria” y amenaza con despidos. Que tampoco han logrado contener en la industria petrolera, con los subsidios especiales en la provincia de Chubut: luego que los cobran, las compañías vuelven a la carga con los despidos.

El impacto de este nuevo aumento en el gas natural, para la población será brutal: aumenta la garrafa consumida en los hogares más pobres y en provincias como Formosa, Chaco, Entre Ríos, etc. que no tiene aún gasoductos. La garrafa de 10 kg ya se fue a $150 y se esperan más aumentos. También aumentó el GNC que era la alternativa barata a la nafta. El gas propano butano que se usa en la petroquímica para fabricar plásticos, herbicidas, fibras sintéticas, etc. se obtiene del gas natural por lo tanto llevará a un aumento del costo de vida. Por otra parte: ¿El aumento del gas para generación eléctrica no provocará nuevos reclamos en el sector eléctrico para un nuevo aumento de tarifas?. Es lo que acaba de admitir el ministro Aranguren, incluso contradiciendo al ministro Pratt Gay en un reciente almuerzo con empresarios: “la revisión tarifaria integral de luz y gas se discutirán antes de fin de año” (La Nación 16/4/2016). Macri no sólo no tiene una política para remediar la inflación, sino que es su motor.

Más que nunca abajo el tarifazo, nacionalización de toda la industria energética bajo control de los trabajadores, como parte de una re organización social dirigida por la clase obrera.

El PTS ha acentuado su política sectaria en la UNT. Actúan al margen de la docencia y no participan en las acciones de lucha de la ConaduH y Adiunt, dándole la espalda al gremio más importante dirigido por la izquierda y el clasismo de la provincia. De la misma manera actúan frente a los reclamos del movimiento estudiantil. Frente a las próximas elecciones estudiantiles y ante el debate frentista adoptaron una postura claramente divisionista reclamando cargos en las listas fuera de la realidad, o directamente adoptando posturas extorsivas de exclusión de agrupaciones combativas

De esta manera, nuestras divergencias resultan evidentes, ya que mientras nuestra preocupación es desarrollar la solidaridad por el triunfo de la lucha docente y la lucha por la expulsión de la burocracia estudiantil de los centros, la suya es estructurar un aparato sobre la base de la autoconstrucción.

El 16 de Mayo se realizarán las elecciones de consejeros directivos estudiantiles de las 13 facultades de la UNT. En 9 de ellas también se renovarán las comisiones directivas de los centros.

Las elecciones se van a realizar en un cuadro de crisis y descomposición del gobierno universitario que preside la Rectora Bardón, quien el año pasado se pronunció públicamente a favor de Scioli en las elecciones presidenciales. Funcionarios del actual gobierno de la UNT y de los gobiernos precedentes están imputados por malversación de fondos provenientes del YMAD. Lo que se está en juego son 353 millones de pesos destinado a la obra universitaria en el periodo 2006-2009. Entre los imputados se encuentran el ex rector Cerisola y el ex diputado de la UCR Luis Sacca.

Tanto Cerisola como Sacca han amenazado con prender el ventilador, lo que pondría en evidencia que la UNT estuvo gobernada por una asociación ilícita.

El avance de la causa está generando nuevos “carpetazos”. Asuntos jurídicos, por orden de Bardón, ha denunciado la desaparición “lisa y llana” de otros $77 millones que, según algunos periodistas, habrían sido destinados al financiamiento de las campañas de la UCR provincial y en especial la campaña de José Cano a la gobernación, quien es el actual director del Plan Belgrano del gobierno de Macri.

La contrapartida de todos estos negociados y desvíos de fondos es el vaciamiento y derrumbe de la UNT, expresado en el hecho de que se ha dejado de abonar la becas estudiantiles, los anuncios de que si no llegan refuerzos presupuestarios no se llegarían a completar el pago de los sueldo a finales de año, y el desquicio edilicio y de equipamiento. Clases donde los estudiantes se tienen que sentar en el suelo, o el descalabro edilicio, la suspensión de obras, etc.

Las autoridades han acentuado en todas las casas de estudios las medidas limitacionistas (aranceles, exámenes de ingreso, correlativas filtro, etc.) por medio de las cuales miles de chicos son directamente expulsados de la UNT

En este escenario, Franja Morada quien dirige la mayoría de los centros y representación en los consejos directivos, es el principal instrumento en el movimiento estudiantil para desorganizar y bloquear cualquier reclamo. Para sostener esta política, la Franja y sus colectoras son beneficiarias de fondos millonarios con los cuales pueden realizar su acción de aparato y prebendas de todo tipo para comprar la voluntad del estudiantado. La Cámpora y las agrupaciones vinculas al PJ están en completa retirada.

Desde la UJS hemos planteado a las agrupaciones de izquierda y combativa la conformación de un frente independiente del gobierno y las autoridades. Este llamado se tradujo en la conformación de una lista frentista con la CEPA en psicología y derecho. En el caso de filo, el frente también lo integra la Darío Santillán.

La UJS, ya sea a través de estas listas frentistas, o junto a importante luchadores se presenta en 9 facultades. A partir de esto hemos iniciado una intensa campaña de agitación política para impulsar junto a la docencia actualmente en lucha, el reclamo de la apertura de las cuentas de la UNT, la ruptura de la asociación con los monopolios mineros, la formación de una comisión investigadora independiente. Junto con ellos planteamos una agenda reivindicativa contra la política de ajuste: pago inmediato y actualizado de las becas, eliminación de todas las medidas limitacionistas, unidad con la docencia en lucha por la satisfacción de sus reclamos salariales y laborales, triplicación del presupuesto, democratización de la UNT

En la Villa 20 de Lugano, estudiantes de todas las facultades de la UBA y vecinos de la villa nos juntamos para arrancar con las prácticas interdisciplinarias de la UJS. Las prácticas se realizarán en los barrios más carenciados de la Capital Federal, en un contexto nacional dramático: según un informe de la UCA en los últimos tres meses la pobreza creció un 34%. Las prácticas son una experiencia de formación académica, social y política. Estudiantes, docentes y graduados de todas las facultades ponemos nuestro conocimiento al servicio de quienes más lo necesitan, atendiendo los problemas más acuciantes y colaborando con la lucha y la organización de los vecinos.

Marcelo Ramal participó de esta primer reunión y comentó la lucha que la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda viene dando en el sur de la ciudad por vivienda, educación y salud. Denunció los negociados del gobierno con las grandes corporaciones que buscan privatizar las tierras fiscales y transformar las villas en un gueto. Los diferentes talleres que forman parte de las prácticas van a trabajar codo a codo con la bancada de Ramal para brindar nuevas herramientas en la lucha por una verdadera urbanización de las villas.

Ya están disponibles los boletines y afiches para convocar en todos los colegios, institutos y universidades a participar de esta experiencia formativa, solidaria y de lucha.

Talleres: Violencia de Género / Criminalización de la juventud y gatillo fácil /

Saneamiento Ambiental / Bienestar Animal y Tenencia Responsable / Cine Militante / Asesorías Jurídicas / Postas saludables / Confección de Estadísticas

La lucha por el boleto educativo se transformó en un catalizador del descontento de la juventud frente a las medidas ajustadoras del gobierno Macri. En Capital, tuvo lugar una masiva auto-convocatoria a Plaza de Mayo. La Fuba inició una campaña por el boleto con un petitorio que tuvo amplia repercusión en facultades y el CBC. La coordinadora de secundarios organizó un corte en Acoyte y Rivadavia, también masivo, que nucleó a una decena de colegios de la zona. Una asamblea de más de 400 estudiantes de Filosofía y Letras convocó a una marcha para el jueves 21, de Pizzurno a la Legislatura porteña, que se estará desarrollando cuando este número salga a la calle. La Fuba, secundarios y gremios docentes se plegaron a la movilización.

En la Legislatura comenzó el tratamiento de los proyectos. El de Marcelo Ramal, presentado hace ya dos años, plantea el boleto educativo gratuito para estudiantes y docentes de todos los niveles, en todos los medios de transporte. El financiamiento del boleto está a cargo de las patronales, que no pueden transferirlo al precio de la tarifa. Es esto último lo que omite el proyecto del Frente Para la Victoria, presentado por Pablo Ferreyra, que evita chocar con las empresas privatizadas que recibieron subsidios millonarios durante los gobiernos K –sin jamás implementar el boleto educativo. El macrismo, por su parte, tiene proyecto propio a través del legislador Ferraro de la CC, un ex Franja Morada que plantea incorporar a los estudiantes a la “tarifa social” del subte. Nuevo Espacio difunde este proyecto en la UBA, que no tiene otro propósito que echar lastre para contener el ascenso del movimiento de lucha.

Con el auspicio de la Celeste de UTE, las agrupaciones K y Patria Grande pusieron en marcha una “Multisectorial por el Boleto”. La primera definición fue excluir a los sindicatos docentes combativos de la Capital, como Ademys y AGD-UBA. La segunda, montar una foto con Carlos Tomada, el cómplice de Jaime, Schiavi y Pedraza en el desguace del transporte público y la tercerización de sus trabajadores. Rechazamos la malversación de la reivindicación del boleto para hacer seguidismo a los políticos capitalistas, amigos de la patota sindical y enemigos de la juventud trabajadora.

La UJS se encuentra empeñada en una campaña para desarrollar el movimiento por el boleto, organizando zonales que unifiquen las acciones de lucha a partir de los mandatos de colegios y facultades. Impulsamos un congreso de la coordinadora de secundarios y una nueva marcha el 6, coincidiendo con provincia. Plantearemos a la Fuba la organización de una jornada nacional de lucha por el boleto para ese día, cuyas condiciones están dadas por los aumentos violentos del transporte en el interior. En Rosario, la lucha contra el boletazo ya dio lugar a la formación de una nueva coordinadora secundaria. La emergencia de un movimiento nacional, a partir del reclamo del boleto, es el mejor terreno posible para desarrollar la campaña hacia el Congreso de la UJS, por una organización socialista y revolucionaria de la juventud.

A medida que pasan las horas y se suman revelaciones, es claro que Costa Salguero ha sido una masacre contra la juventud, urdida entre narcocapitalistas y el Estado. Mientras los narcos actuaban con completa impunidad vendiendo drogas ‘de diseño’ a los asistentes, los organizadores de la fiesta montaban otro negocio fenomenal -el de la venta de agua envasada a quienes necesitaban hidratarse. Para reforzar esa venta a precios absurdos, y según declararon varios testigos, los grifos de los baños fueron cerrados. A esta altura, la única duda que cabe es si narcos y “organizadores” se complementaron en la intoxicación de miles de jóvenes o, si, sencillamente, constituían una única organización criminal. Semejante acción no fue detectada por los funcionarios de la “Agencia de Control” macrista. Mientras éstos sostienen que la fiesta se desarrollaba “normalmente”, quienes declararon ante la fiscalía denunciaron hacinamiento, sobreocupación del lugar y un calor sofocante. Respecto del número de asistentes, los funcionarios sostienen que respetaba la capacidad del lugar. Pero ¿quiénes proporcionaron la información sobre la cantidad de concurrentes?

Nada menos que los propios organizadores, a través de una declaración jurada. O sea que el gobierno de Rodríguez Larreta le creyó a los mismos que perpetraron el crimen contra los jóvenes.

Zona liberada

Patricia Bullrich ha pretendido justificar a la Prefectura, encargada de la seguridad de Costa Salguero, con el argumento de que “si iban más allá los iban a acusar de intromisión represiva”. Pero las cosas son al revés: la prefectura fue mucho “más allá”, sólo que involucrándose a fondo en los hechos que condujeron a las cinco muertes.

El juez de la causa debió apartar a esta fuerza de la investigación por las fuertes sospechas de connivencia con los narcos. Los testimonios indican que en el curso de la fiesta fueron encontradas bolsas con las pastillas letales, que los prefectos sólo las entregaron al día siguiente -o sea, cuando ya habían ocurrido las muertes y el escándalo público. Según informa Clarín, la Prefectura prestó vigilancia especial bajo el sistema de los adicionales, pagados por los organizadores de la fiesta. Si esto es así, es claro que actuaron, no en función de los intereses de los asistentes, sino de los narcoempresarios. Esta connivencia echa luz sobre el régimen de adicionales de todas las fuerzas represivas, un sistema de privatización de la seguridad que protege a sus mandantes capitalistas.

Zona franca

La consumación de este escenario criminal es el desenlace de una larga historia de concesiones irregulares, en beneficio de grupos capitalistas. Las tierras de Costa Salguero fueron cedidas a la Ciudad como espacio verde público, donde sólo podía existir un parque o un polideportivo. A despecho de ello, las tierras fueron apropiadas para el armado de megaeventos. Por ese motivo, en 2009, un juez clausuró estas instalaciones. Pero el gobierno de Macri desconoció las clausuras y le otorgó habilitaciones a los concesionarios ilegales. En el directorio de Costa Salguero, ocupa un lugar central Fernando Polledo, esposo de la actual vicepresidenta PRO de la Legislatura. El macrismo hizo de Costa Salguero un reducto preferido de sus cónclaves políticos. En esta crisis y en estas muertes, el Estado y el poder político están comprometidos hasta los tuétanos.

De Larreta para abajo,juicio y castigo

Cuanto más se agrava la responsabilidad de empresarios, funcionarios y fuerzas de “seguridad”, mayor es el esfuerzo de todos ellos -y de sus agentes políticos- por autoindultarse y pasarle la pelota a otro de los involucrados. Se ha instalado una crisis política, acentuada por la presencia del PRO en todos los repliegues del negocio. Patricia Bullrich responsabiliza a “la Ciudad”, mientras sus funcionarios le echan el fardo a los prefectos. Todos ellos, en cambio, coinciden en sentar a la juventud en el banquillo, como verdadero y último responsable (“toma pastillas el que quiere”). Pero Costa Salguero ha sido una maqueta del capitalismo en descomposición, que recurre al narcotráfico para rescatar sus propias finanzas -naturalmente, en complicidad con el Estado. Para ello, no vacila en envenenar a los jóvenes, e incluso llevarlos a la muerte. Los macristas llaman a “no politizar Costa Salguero”. Pero se trata justamente de esto, de sacar todas las conclusiones políticas: exigimos la interpelación de los funcionarios responsables, de Rodríguez Larreta y Bullrich para abajo; como ocurriera con Ibarra, les cabe el juicio político. Llamamos a la juventud trabajadora y estudiantil a luchar por el juicio y castigo a todos los responsables políticos y empresariales de este nuevo crimen contra la juventud.

La decisión de alcanzar una colocación de 10.000 Prensa Obrera en mano y a través de suscripciones ha sido objeto de un importante debate en el XXIII Congreso del PO, y continúa siéndolo en todos los comités y círculos. Ahora, en conexión con los planes precisos de colocación que estamos desarrollando. Es necesario darle a este debate toda su dimensión.

De un modo extendido, la tradición revolucionaria de vertebrar la acción política en torno de un periódico regular -el “organizador colectivo” de Lenin- ha sido dejada de lado por la izquierda, incluso en un plano internacional. Este abandono nada tiene que ver con razones tecnológicas -por caso, la existencia de Internet, redes sociales o medios masivos de comunicación. Por un lado, porque todos estos recursos potencian y amplían el interés en nuestros planteos, que luego pueden dar lugar a un desarrollo político y organizativo. En los últimos meses, desde nuestra página web y desde las redes sociales, hemos logrado sensibles avances en este punto. El sitio www.po.org.ar, con contenidos diarios, ha registrado un franco avance en términos de números de visitas. Todo esto debe servir para reforzar la calidad y el alcance de nuestra prensa impresa.

Periódico y programa

Cuando el periódico deja de ser el eje de una acción política revolucionaria, lo que se ha abandonado no es una “modalidad de llegada”, sino la pretensión de atraer a los trabajadores en torno de los planteos estratégicos. Pero es esto lo que ocurre con la mayoría de la izquierda mundial -incluso la que proviene o reivindica al trotskismo-, a saber, que ha renunciado a desarrollarse en torno de un programa revolucionario, lo que quiere ser sustituido por diferentes planteos de carácter democratizante. Una de las expresiones más agudas de esta renuncia es el desconocimiento de las crisis -cada vez más intensas y recurrentes- como manifestaciones del capitalismo en declinación. La izquierda que ha perdido noción del carácter catastrófico de la época militar detrás de las “ondas” impuestas por la opinión pública, dominada, a su vez, por los diferentes rescatistas del capital. Esa militancia debe ser necesariamente episódica, y siempre adaptada al lenguaje y los alcances superficiales de quienes se han resignado a “transparentar” al actual Estado. Los que actúan sobre estas premisas suelen encontrarse, periódicamente, con los escombros de sus propias y endebles construcciones políticas.

Periódico y debate

En la lucha revolucionaria, la pelea por una prensa, desde su redacción a la colocación, es una batalla “contra la corriente”; es decir, contra la opinión dominante que el régimen social vigente impone, incluso -y principalmente- sobre los trabajadores, sometidos a la sobreexplotación y al envenenamiento político y cultural que ejercen los medios masivos dominados por los monopolios capitalistas. Es natural, en ese cuadro, que una prensa revolucionaria se enfrente a esos prejuicios. La mera colocación de Prensa Obrera -ni qué decir de su lectura sistemática- plantea un choque, una contradicción entre el difusor y el lector. Esa contradicción debe ser superada por medio del debate, de la explicación y discusión de los contenidos. En torno de la prensa “explicada” (debatida), se plantea el salto del lector desde el interés o la mera curiosidad hacia la convicción. La campaña que lanzamos, por lo tanto, es un camino para interesar y ganar a nuestros planteos estratégicos a miles de trabajadores y jóvenes.

Periódico orientado

Por eso mismo, con la campaña por los primeros 10.000 Prensa Obrera orienta a dónde queremos progresar con mayor profundidad en la conquista de nuevos lectores sistemáticos y suscriptores -naturalmente, entre las grandes concentraciones de trabajadores y jóvenes. Para este objetivo, contamos con una autoridad y conocimiento popular muy superior al del pasado, lo que nos habilita a abordar a muchísimos compañeros, no ya como una opción combativa o de lucha, sino también como alternativa política. Ese papel debe valorarse en el conjunto de la crisis política, entre el derrumbe de la anterior experiencia nacionalista y las brutales limitaciones del macrismo para encaminar la bancarrota económica y la crisis de régimen. Ese es el escenario riquísimo bajo el cual la izquierda revolucionaria tendrá que desarrollarse como alternativa. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda han conquistado tribunas masivas para esta lucha, las cuales nos permiten llegar a millones de trabajadores casi en forma cotidiana. En ese escenario, nos planteamos la tarea de comprometer a una porción cada vez mayor de ellos en torno de un programa y una estrategia . Vamos por este primer peldaño, por estas primeras 10.000 Prensa Obrera.

El martes 19, en medio de un paro nacional de ATE, el centro de la ciudad fue escenario de movilizaciones masivas y reclamos obreros. Se movilizaron los estatales, el movimiento piquetero, los docentes de Ademys, los universitarios de la AGB-UBA, los Suteba combativos que fueron al paro con más del 70% de adhesión -a pesar de que la burocracia de la Ctera recorrió las escuelas para desarmarlo. Los docentes iniciaron la marcha con un acto en la Casa de Tierra del Fuego, apoyando la aguerrida lucha de los docentes fueguinos. El mismo día se movilizó la Uocra por los despidos en Atucha II, Zárate, al Ministerio de Trabajo y se mantenía el acampe bancario frente al Banco Central.

13 kilómetros bajo la lluvia

La marcha a pata y pulmón de las organizaciones piqueteras sumó unos 10.000 compañeros y sus columnas vistieron de lucha la “city porteña” y demostraron que existe una inmensa decisión de combate: a pesar del temporal, los trabajadores desocupados y precarizados de los barrios recorrieron 13 kilómetros, desde Liniers hasta el Ministerio de Trabajo, para presentar sus reclamos.

Expuso la situación social extrema y ofició de respuesta a la insignificancia de los “anuncios sociales” de Macri.

Esta acción forma parte de un plan de lucha por aumento en la retribución a los compañeros de las cooperativas, los programas sociales y la exigencia de puestos de trabajo. La situación se ha agravado por los despidos recientes y por la pérdida de las changas que lograban los compañeros.

Los puestos de las cooperativas se han visto reducidos desde 2009 porque los que cayeron por jubilaciones, mudanzas, etc., no fueron renovados, sufrieron una “poda” del 30%. Se está reclamando levantar esos cupos para paliar la situación y ya se han empadronado a miles y miles.

Con el piquetazo del 16 de marzo de por medio, la primer conquista fue un aumento en la retribución del 20% y algunos cupos para Argentina Trabaja, de conjunto totalmente insuficiente. Los planes han sido congelados desde hace 17 meses y hasta dos años. Los desocupados son el sector más golpeado por el rescate macrista de los negociados capitalistas K.

El Polo Obrero plantea a las organizaciones piqueteras, obreras y de lucha, la necesidad de un paro nacional contra el ajuste.

Acampe de bancarios frente al Banco Central

Las movilizaciones rodearon, de hecho, el acampe frente al Banco Central, otro punto de lucha. Los compañeros explicaron allí que nunca antes se habían movilizado tantos bancarios como la movilización del 13 de abril. “El jueves y viernes hay paro y movilización: vamos a firmar, dejar los puestos y movilizarnos para reclamar la reincorporación de los despedidos”, plantearon. Los otros reclamos: el aumento de salario: “el sindicato dice un 30%”, la derogación del impuesto a las ganancias que ahora tiene un mínimo de 18.000 pesos. “Corresponde ir al paro nacional, el 29 es un primer paso pero no me gusta el lugar al que convocan las centrales (el Monumento al Trabajo). Para la huelga hace falta unificar las centrales sindicales: vemos el 29 como un inicio para el paro general porque aún son pocos los gremios que están movilizados”.

La nota publicada en Prensa Obrera N°1.405: “¿Cierra Veladero?” supone un retroceso en las posiciones y la elaboración del Partido Obrero respecto de la megaminería a cielo abierto, sus consecuencias y la salida al problema de este tipo de industria extractivista y destructiva. El Partido plantea al final de la nota y como salida a la posibilidad del cierre de la mina -demandado por los ambientalistas de la provincia y del país-: “El reclamo central podría ser una intervención a la mina con una gestión bajo control de comités de trabajadores y de las poblaciones vecinas, que asegure las condiciones tanto de seguridad de los trabajadores como de protección medioambiental”. Sin embargo, esta propuesta no sólo se contrapone al movimiento real de lucha de la ciudadanía de las localidades afectadas por el emprendimiento megaminero de Veladero y sus derrames de cianuro, sino que intenta desconocer el carácter de la megaminería a cielo abierto.

¿Es necesario contabilizar otra vez las calamidades que la megaminería a cielo abierto reserva para las tierras donde se establece -que quedan yermas? Antes, habría que señalar que su método responde al final de las posibilidades del extractivismo manual, humano, del pico que busca el filón minero; se trata de la búsqueda de la resaca de aquella extracción histórica. Por eso, entonces, destruye montañas mediante la explosión de capas geológicas que luego serán sometidas a la separación del metal de la tierra, mediante su inmersión en grandes piletas, cuyo eje disociador será el cianuro. La destrucción de montañas mediante explosiones gigantescas supone, además, la pérdida de un ecosistema zoobotánico y hasta incluso histórico a través de la dinamita. La separación del metal de la tierra implica el uso de gigantescas cantidades de agua combinadas con cianuro para que se produzca el proceso de separación de ambas materias. El estudio de Javier Rodríguez Pardo, publicado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial llamado: “¿Existe una minería posible?” http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc54/inti6.php, indica en su capítulo acerca de las megamineras que en el caso de Veladero consume el total de toda la producción de la central atómica de Atucha. Es decir, una de las principales plantas estratégicas de energía de la nación se encuentra al servicio de la Barrick por entero. No sólo eso: consume agua que luego queda inutilizada e impotabilizable en cantidades ingentes. Y no termina allí: usa toneladas por día de cianuro para realizar el proceso de separación de los restos montañosos de los metales buscados. Cianuro que provocó la contaminación de los ríos en las localidades aledañas a Veladero. Y además de todo esto la megaminera a cielo abierto Veladero se encuentra enclavada en una zona de glaciares que hoy sufren un desgaste que conduce a su extinción -a la vez que viola la ley de Glaciares, que prohíbe la instalación de este tipo de emprendimientos en sus alrededores.

No hay forma de una megaminería a cielo abierto no contaminante, sea bajo control obrero o burgués. Por eso, es necesario retomar la propuesta de la diputada Soledad Sosa de prohibición de la minería contaminante y señalar el camino de la reconversión de la estructura industrial de Veladero -y de todo emprendimiento de megaminería a cielo abierto- hacia un proyecto estratégico de los intereses nacionales, que bien podría ser conducido hacia la industria ferroviaria -y que permitiría que no se pierda ni un puesto de trabajo de los actuales. De otro modo, estaríamos en presencia de un retroceso en las posiciones del Partido sobre este asunto esencial.

El pasado martes 19 de abril se dieron a conocer de forma simultánea tres nuevos casos sobre abuso sexual y probable trata de personas en Reconquista, en el norte de Santa Fe.

Estando a pocos meses del escandaloso caso de la joven de 19 años, del Departamento de Vera del norte santafesino, quien, engañada, fue llevada a la alcaidía a encontrarse con su padre abusador, para ser obligada a levantar la denuncia que lo tenía preso, se destapan en estos días situaciones igualmente escandalosas.

El propio subsecretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional de Reconquista reconoció que “los departamentos de Vera, General Obligado y parte de San Javier manifiestan cifras preocupantes de delitos contra la integridad sexual y la violencia de género” y especificó que "la tasa es muy alta en relación con la cantidad de habitantes”.

Está en la mira el director de la Escuela Primaria de Avellaneda, Lucio Cipre, quien fue detenido por estar acusado de abusar a dos menores de edad pertenecientes al Hogar “Doña Pina” de Reconquista, que alberga a niñas de entre 4 a 18 años con problemas familiares, un centro completamente desfinanciado, con trabajadores ad honorem que recurren a la beneficencia y a las donaciones para funcionar, pese a que depende de la provincia. Profesionales de la localidad señalaron que “Cipre trasladaba adolescentes al Puerto de Reconquista”.

El segundo caso es el del cura párroco Néstor Monzón, acusado de cometer delitos sexuales contra dos menores de edad de 3 y 5 años. La denuncia la realizó la madre de la niña de 3 años en el Centro de Orientación de Víctimas, al realizarle los estudios a la menor se confirmó que tiene desgarro del himen y padece HPV, enfermedad de transmisión sexual. Esto generó que el Obispado de Reconquista se pusiera a disposición de encontrar “la verdad”, una maniobra de ocultamiento dada las evidencias del caso.

El tercero es el de una niña de 12 años de la ciudad de Reconquista, que transita un embarazo de 26 semanas producto del abuso sexual de su progenitor, quien confesó el hecho.

Pese a este cuadro abrumador de abusos y violencia contra las niñas y mujeres, nada se ha escuchado respecto de las medidas que adoptará el gobierno provincial sobre todos estos hechos.La subsecretaria de Políticas de Género provincial a cargo de Gabriela Sosa, de Libres del Sur, no ha realizado ni una conferencia de prensa en el norte santafesino para abordar esta catarata de denuncias.

Según las estadísticas,Santa Fe es desde hace unos años una de las provincias con el índice más alto de femicidios, como lo demostró el caso de Chiara Páez de Rufino, cuyo caso fue la chispa final que abrió paso a la movilización masiva por Ni una Menos el pasado 3 de junio.

La descomposición social, el vaciamiento de la salud, la súper explotación laboral, la ruta del tráfico de personas y la prostitución en el principal corredor sojero y de puertos privados del país, coloca a la mujer en un estado de vulnerabilidad total.

En esta provincia se desarrollará el próximo Encuentro Nacional de Mujeres. Hasta ahora, la Comisión Organizadora no ha tomado posición frente a estos hechos aberrantes, así como no lo hizo frente al asesinato de la asistente escolar de ATE Rosario a principios de año. Ante nuestro pedido respondieron que es “una posición política y las posiciones políticas dividen, y el ENM es un espacio unificador de todas”. Chatarra “progresista”, ya que las políticas que dividen al movimiento de mujeres es la colaboración de clases con un gobierno que responde a los intereses de los pulpos cerealeros y el complejo agroexportador.

De cara al próximo 3 de junio, desde el Plenario de Trabajadoras, impulsaremos una movilización independiente de los gobiernos, el Estado y la iglesia que reclame:

¡Abajo el ajuste de Macri y el gobierno provincial!

¡Bastas de femicidios! Abajo los abusos en el norte santafesino y en toda la provincia.

Por la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres, con fondos propios e independiente del Estado y sus gobiernos para luchar por la vida y por las condiciones de vida de las mujeres de este país.

El 18 de abril comenzó el juicio oral y público por el crimen de Ismael Lucena, asesinado por la policía en noviembre de 2011, así como por las lesiones provocadas a su amigo Marcelo López.

Los hechos ocurrieron cuando los dos jóvenes volvían a su casa caminando en la localidad de Las Talitas (departamento de Tafí Viejo), porque habían perdido el colectivo. En esas circunstancias fueron perseguidos por dos agentes que se encontraban vestidos de civil. Creyendo que iban a ser asaltados, los jóvenes corrieron pidiendo auxilio a los vecinos. En una casa lograron que los vecinos llamaran a la policía pero mientras aguardaban en una galería fueron alcanzados por los asesinos, quienes los golpearon salvajemente. Ismael recibió un golpe mortal en la cabeza con la pistola de uno de ellos. Cuando llegaron los policías de una comisaría cercana, los jóvenes fueron detenidos y obligados a firmar un acta, a cambio de que pudieran ir a su casa. En el acta declaraban que habían sido asaltados. A Ismael lo llevaron caminando a la comisaría porque sangraba mucho e iba a ensuciar el auto. Luego los abandonaron en un dispensario cercano.

La lucha que llevaron sus familiares con el acompañamiento de distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, permitió llegar al juicio haciendo visible la política de gatillo fácil y violencia policial en la provincia.

La tortura está institucionalizada en las comisarías, todavía sigue vigente la ley de contravenciones de la última dictadura, un instrumento valorado por las fuerzas represivas y el poder político para realizar detenciones y apremios ilegales contra el pueblo y la juventud.

El 18 de abril, en la apertura del juicio, se realizó una concentración en la puerta de Tribunales. La sala donde se desarrollaron las audiencias siempre están colmadas con la participación de representantes de las distintas organizaciones.

Este lunes 25 se presentarán los alegatos y posiblemente se dicte la sentencia.

Desde el Partido Obrero exigimos perpetua a los policías asesinos y penas máximas para los que participaron en las maniobras de encubrimiento.

El 16 de mayo se van a realizar las elecciones de consejeros estudiantiles en todas las facultades y de renovación de las direcciones de los centros en 9 de ellas.

Las elecciones cobran una importancia descomunal, pues se van a realizar en medio de la mayor crisis de la UNT de las últimas décadas.

La UNT vivió una década de bonanza por los ingresos proveniente de su asociación con Minera La Alumbrera. Ahora, este emprendimiento minero se ha agotado y esos ingresos extras ya no existen, dejando al descubierto la miseria presupuestaria por un lado y por otro, que con esos fondos mineros se realizaron enormes negociados y corruptelas de todo tipo.

Estos negociados han salido a luz. Varios funcionarios -entre ellos el ex Rector Cerisola y el ex diputado nacional de la UCR, Sacca-, están imputados en la justicia Federal por malversar esos fondos, poniendo al descubierto toda una organización que, a través de contrataciones con sobreprecios, han desviado fondos y abierto cuentas secretas o fondos volcados en mesas de dineros.

Mientras tanto, no se están pagando las becas de estudio, tampoco el equipamiento de las aulas (por eso en veterinaria los estudiantes se tienen que sentar en el suelo para recibir las clases o rendir los exámenes), el hacinamiento es moneda corriente (sobre todo en el Centro Prebicsh) y se ha suspendido toda la obra universitaria.

No solo eso. Las autoridades pretenden resolver la crisis presupuestaria con mayores aranceles, medidas limitacionistas y bajos salarios en el caso de la docencia.

Estamos frente a un derrumbe y descomposición completa del gobierno universitario.

Ante este escenario, Franja Morada, quie dirigen la mayoría de los Centros y la Federación actúa como agente de las autoridades. No abre la boca sobre los actos de corrupción porque ellos mismos fueron beneficiarios de esos manejos corruptos. Atacan a la docencia que lucha, y bloquean cualquier reclamo estudiantil.

La contracara de todo esto es la conducta de la docencia agrupada en ADIUNT que con una conducción combativa, ha salido resueltamente a enfrentar el vaciamiento de la universidad y defender sus derechos; a reclamar que se abran las cuentas y se forme una Comisión Investigadora independiente para desmantelar a todas las camarillas delictivas que han hundido la UNT.

Es un ejemplo que el movimiento estudiantil debe imitar y a donde debe confluir.

La unidad docente-estudiantil está más vigente y es más necesaria que nunca.

Es la vía para impedir el ajuste antieducativo; para lograr que se aumente el presupuesto y se desarrolle un plan de obras acorde a nuestras necesidades; para que se equipen las carreras y obligar a que paguen las becas y salarios dignos; para que se eliminen todos los mecanismos limitacionistas como así también los bonos y aranceles.

En definitiva, en la vía para recuperar en forma irrestricta el derecho de los estudiantes a estudiar y el de los docentes a enseñar en condiciones dignas.

La UJS ha llamado a todos los estudiantes a reflexionar sobre todos estos hechos y a sumarse activamente en la lucha por la recuperación de los centros y por consejeros que sean independientes de los gobiernos y de las autoridades universitarias de turno; para que tenga vigencia la más plena democracia estudiantil y que a través de asambleas los estudiantes sean los que decidan los pasos a seguir para defender sus derechos.

El PTS, un bloqueo para la recuperación de los centros

A partir del llamado a conformar un frente de todos los agrupamientos independientes de las camarillas y el gobierno, el PTS, con consideraciones sectarias y pretensiones desmedidas, fuera de toda realidad, decidieron hacer rancho aparte. Preocupados por encumbrar a su aparato estudiantil y no por ver cual era el mejor terreno para recuperar los centros en manos de la burocracia franjista, te

¿En qué consistió el fraude?

Urnas con votos sin sacar del sobre, urnas con sobres sin firmar, resultados que se “cantaban” en el escrutinio final según lo “informado” por los presidentes de mesa, pero que al abrir las urnas no contaban con planilla de escrutinio, urnas sin padrón de votantes, o donde los votantes marcados como tales no guardaban relación alguna con la cantidad de sobres y votos computados, éstas fueron sólo algunas de las numerosas metodologías utilizadas para arrebatar fraudulentamente la minoría a la Lista Naranja en las últimas elecciones del gremio gráfico.

A la irregular votación de los jubilados, que responden a la Verde (luego la mayoria de los jubilados no conserva la afiliación), que deberían votar sólo la comisión de jubilados, y de los empleados de la Obra Social, que deberían estar afiliados a Utedyc y tener delegados en su lugar de trabajo, en esta elección se sumó el beneplácito de la Lista Verde a otorgar concesiones, que jamás otorgó ni otorgará a la Naranja Grafica, a la Bordó del PTS para que pudieran presentar una tercera lista que dividiera una pequeña parte del voto opositor.

Sin embargo, todos estos factores no alcanzaron. Para arrebatarnos la minoría hizo falta que instrumenten otra batería de maniobras fraudulentas y que finalmente dieran vuelta urnas enteras. Todo lo cual ha sido denunciado en un extenso y detallado escrito de impugnación en el que reclamamos nuevas elecciones, anulación de las urnas truchas y el reconocimiento del porcentaje que nos corresponde, de la minoría y de nuestros ocho congresales.

La primer maniobra el propio día del escrutinio pasó por los ilegales cambios de horarios de votación, modificados en tres oportunidades, primero tres días antes de la elecciones, nuevamente a las 48 horas y finalmente ocho horas antes de que se iniciara la primera urna, lo cual tenía el claro objetivo de descalabrar cualquier esquema organizado de una fiscalización que no cuenta con el día pago para la oposición, luego esos horarios en muchos talleres tampoco se cumplieron generando un descalabro aún mayor, la otra consecuencia de estas maniobras es haber dejado a muchos trabajadores gráficos sin derecho a emitir su voto, por la falta de información respecto de los horarios de votación.

Los números del fraude

Pero la mayor irregularidad, el corazón del fraude pasó por el hecho de que en clara violación al estatuto, durante la elección no se hizo firmar constancia alguna a los votantes, de este modo en las urnas donde no pudimos fiscalizar, en gran medida por los cambios horarios, no hay manera de saber, realmente quién votó, así en el grupo de estas urnas truchas, la votación de la Naranja cae de un 21% que obtiene en el resto de las urnas (entre las que están los bastiones de la Verde como la Obra Social), a un sorprendente 3%, la Bordó cae de un 5 a un 1,7% y la Verde crece a un 92,9%.

Es de este “submundo” de urnas truchas, que quedaron fuera del alcance de nuestra fiscalización, es que los apoderados naranjas, en soledad, reclamaron la apertura de una cantidad, encontrándose con las situaciones escandalosas mencionados al principio de esta nota, de todo lo cual fueron testigos, no sólo los representantes de la Verde, sino también los veedores del Ministerio de Trabajo y los apoderados de la Bordó, que inexplicablemente, no conformes con no haber pedido una sola apertura de urnas, apoyaron dos urnas sin padrón, incluyendo la más trucha de las urnas, que era la llamada “suplementaria”, donde votaban personas que no estaban en el padrón con una autorización firmada... por la propia Verde.

Si además de las urnas no fiscalizadas, se anulan el conjunto de urnas con graves y concretas irregularidades denunciadas en nuestra impugnación, la votación de la Naranja crece del fraudulento resultado del 16,2% -informado por la burocracia- al 24,5%, la Bordó pasa del 5 al 6,9% y la Verde baja de un 77,2 a un 67%. Estamos claramente ante un robo. Por ello, la Naranja está impugnando toda la elección ante en el sindicato, en los próximos días lo hará ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia, desarrollará una campaña pública contra el fraude, seguirá denunciando como serviles a la burocracia a aquéllos que los avalen, e impulsará la movilización política y gremial contra el fraude, por nuevas elecciones y por el reconocimiento de la minoría.

La ley “antidespidos” que avanzaba en el Senado en la tarde de este miércoles fue presentada como un desafío a Macri, quien volvió a reclamar contra cualquier restricción a las cesantías. Pero lo que hicieron los senadores peronistas es arrimar un paso hacia esa exigencia del gobierno y de toda la clase capitalista. Un senador opositor confesó que “tuvimos que poner primera y marcar la cancha, para no chocarnos después con el proyecto de diputados” (Ambito Financiero, 27/4). O sea que los senadores kirchneristas aceleraron la sesión para primerear a los diputados y obligarlos a debatir en base a un proyecto aún más limitado que el “dictamen” resuelto en la cámara baja -con el único voto en disidencia del PO-FIT (ver artículo). El proyecto del Senado acorta la prohibición de despidos a sólo seis meses y, como ya ocurría con el dictamen de kirchneristas y massistas en Diputados, el trabajador podría cambiar el despido por una doble indemnización. Además, “la ley sólo regirá para el sector privado” (Clarín, 27/4) -los senadores peronistas protegen así a sus gobiernos cesanteadores- y no será retroactiva. Pero el massismo -y una parte de los senadores del PJ- reclaman también eximir a las Pymes de los alcances del proyecto. Bajo esta denominación, revistan las empresas de hasta 200 trabajadores, el 70% de la fuerza laboral del país. Si el proyecto sólo rige para las grandes empresas y habilita a la doble indemnización, estaría igualando al mecanismo que éstas utilizan para desprenderse de trabajadores -los retiros voluntarios.

La amansadora parlamentaria contra el derecho al trabajo no terminaría ahí. El gobierno confía en “dormir” la iniciativa cuando llegue a Diputados, incluso para evitarse el veto presidencial. “Sobran ejemplos de iniciativas que quedaron cajoneadas durante el kirchnerismo, tras la aprobación de una Cámara”, señala Ambito Financiero (27/4) al anticipar el congelamiento del proyecto. Además, el macrismo ha conseguido el apoyo de Massa para una ley de empleo joven, un régimen de contratación laboral subsidiada por el Estado que actuará como incentivo para que las patronales se desembarazacen de trabajadores con mayor antigüedad y remuneración.

Burocracia sindical

Esta “media sanción” (cuya segunda “media” podría no llegar nunca) es la cosecha que ha logrado la burocracia sindical al cabo de un mes de peregrinación por las oficinas del Congreso. Cuando el número de despidos acumulados en el primer trimestre superaba largamente los 100.000, los Moyano, Caló, Yasky y compañía decidieron disimular su compromiso de fondo con el ajuste oficial reclamándole una legislación “protectiva” a los mismos bloques políticos que venían de votar el pacto buitre -precisamente, el punto de apoyo para un reforzamiento del ajuste. En aquella reunión de diputados con la CGT, fueron los parlamentarios del PO en el Frente de Izquierda quienes advirtieron que no sería el Congreso ajustador el dique contra los despidos, sino la acción directiva y colectiva de los trabajadores. El trámite parlamentario fue la coartada de la burocracia para el inmovilismo, mientras los despidos y suspensiones arrecian en la industria y en las reparticiones. La burocracia es una pata crucial de la coalición política que pretende armar el macrismo, para llevar adelante una reorganización social a costa de la clase obrera.

Crisis capitalista, fragilidad política

La marcha de la crisis capitalista, sin embargo, tiene un alcance muy superior a los compromisos precarios de la burocracia para seguir tirando.

Mientras Macri promete la ‘creación de empleo’, el gran capital reclama libertad para seguir despidiendo y degradar todavía más las relaciones laborales. El derrumbe de Brasil golpea sobre las terminales automotrices y las autopartistas y muchas otras industrias derivadas. Días atrás, el pope Ratazzi, de Fiat, que tiene a 1.500 trabajadores suspendidos, reclamó una nueva devaluación, de cara a la agudización de la competencia internacional y el aumento de los costos provocados por el tarifazo. Pero un sacudón cambiario se daría de patadas con la presente bicicleta financiera, armada sobre una devaluación inferior a la tasa de interés usuraria que remunera a los “inversores”. Por detrás de la común voluntad ajustadora, la marcha de la crisis agudiza los enfrentamientos entre los capitalistas y sus bloques. Aunque Macri logró emplazar a Massa y al PJ en la cuestión de los despidos, la impasse económica le pone límites muy claros a la tentativa oficial de armar una coalición de gobierno estable.

La clase obrera

Finalmente, en la frágil coalición del ajuste hay que inscribir a Cristina Kirchner, cuyo mensaje a la tropa propia es la de preservar la “unidad” con los Gioja, Scioli y los senadores que han votado el pacto buitre. Los límites de la camarilla K para acaudillar una oposición popular al macrismo está dictada por su propia naturaleza ajustadora (Santa Cruz), y por el temor a dar con sus huesos en la cárcel.

En oposición a los culebrones del Congreso, sectores muy importantes de la clase obrera han salido a defender sus reivindicaciones a través de una lucha decidida. Es el caso del vigoroso paro bancario, que terminó derrotando la intransigencia patronal, de la huelga docente universitaria, de las extraordinarias huelgas y puebladas que protagonizan los estatales y docentes santacruceños, fueguinos, mendocinos y santiagueños, entre otros. La movilización de este viernes 29, concebida para evitar un paro, terminará recogiendo en las calles esa enorme inquietud obrera.

En este cuadro, nos movilizamos el 29 junto a los sindicatos y cuerpos de delegados del clasismo y de la izquierda, en una columna que reclamará el paro nacional contra los despidos, los tarifazos y por el salario. El 1 ganamos la Plaza de Mayo, como viene haciéndolo la izquierda desde hace más de una década, en defensa de todas las reivindicaciones amenazadas y de una alternativa política propia -el Frente de Izquierda- frente a los partidos y el régimen de los despidos masivos.

Definitivamente, la muerte de cinco jóvenes en Costa Salguero ha cobrado la envergadura de una crisis política. Es que la asociación entre capitalistas del espectáculo y narcotraficantes tuvo como tercera pata al propio Estado, cuya complicidad se agrava a medida que pasan las horas y se suman evidencias. Los funcionarios de la Agencia de ‘Control’ de la Ciudad aseguraron que había 10.500 asistentes. Pero resulta que había más de 20.000, lo que explica el hacinamiento y el calor sofocante. La Justicia debió allanar las oficinas de esa agencia, buscando información que estaría siendo ocultada. Por su parte, la ministra Bullrich salió a defender a la Prefectura. Pero poco después, salió a la luz la complicidad de esta fuerza con los narcos, al punto de facilitar una verdadera “zona liberada”.

Con el desastre de Costa Salguero culmina la larga historia de una concesión irregular. Sus terrenos fueron cedidos a la Ciudad para que fueran espacios verdes públicos, pero el Estado los entregó a capitalistas privados. Como jefe de Gobierno, Macri desconoció fallos judiciales contra estas concesiones irregulares y permitió que siguieran operando. La Justicia investiga ahora si estas concesiones no estaban asociadas a los beneficios extraordinarios de las fiestas electrónicas.

Encubrimiento opositor

La sesión del jueves pasado en la Legislatura estuvo precedida por esta crisis. Se colocó a votación un pedido de informes “consensuado” entre el macrismo y los bloques de la oposición. Pero la tardía solicitud de informes llegaba cuando ya era evidente la falsificación de datos por parte de los propios funcionarios. El pedido de “informes” no tenía otro propósito que el de patear para adelante la crisis en curso (el gobierno se tomará varias semanas para responderlo). Nuestro bloque denunció la maniobra, y fuimos los únicos en no acompañarlo. Reclamamos la presencia de Rodríguez Larreta en el recinto, para que dé cuentas de la responsabilidad política del Estado en este crimen contra cinco jóvenes.

Los hechos de Costa Salguero delatan todo el entramado del Estado con los negocios capitalistas de la Ciudad, del mismo modo que ocurriera con Cromañón. Nos referimos a las concesiones irregulares con el espacio público, a la indefensión de la juventud en función del lucro empresario; a la connivencia de las fuerzas de seguridad del Estado con los grupos capitalistas e incluso con el delito organizado. Por lo tanto, no estamos sólo ante una cuestión penal, sino ante una crisis política originada en la orientación social del Estado.

Lo que está planteado, por lo tanto, es que el máximo responsable del Estado -el jefe de Gobierno- sea interpelado e investigado. Nuestro reclamo es el juicio político a Horacio Rodríguez Larreta. En el Congreso, nuestros diputados Soledad Sosa y Pablo López han pedido la interpelación a Bullrich, para que responda por la “zona liberada” urdida por la Prefectura.

Llamamos al pueblo de la Ciudad a movilizarse por estos objetivos. Rechazamos la tentativa de servirse de esta crisis para perseguir y culpabilizar a la juventud; por el contrario, convocamos a la juventud a luchar para sentar en el banquillo a los funcionarios y a sus narco-socios. Una vez más, el Estado es responsable.

Foto: Javier Entrerriano

El pasaje de “Prensa Obrera” en el seno del movimiento obrero y los jóvenes tuvo importantes avances.

Decenas de docentes se han suscripto en la primera semana. Sobre un plan que supera los 800 docentes en el conurbano y Capital, los compañeros de La Matanza han dado un primer paso con un alto pasaje en el gremio que está a la cabeza de la lucha docente, desde la dirección multicolor de la seccional de Suteba.

En la movilización por el boleto educativo, la UJS realizó un exitoso piqueteo, entre jóvenes y docentes universitarios.

Por su lado, los gráficos y los trabajadores estatales avanzan en sus planes de suscripciones y pasaje en mano en talleres y dependencias, tomando como base los artículos de balance de la elección y la lucha contra los despidos.

Todos los equipos partidarios están terminando sus planes de pasaje en mano y abriendo debates en todos los frentes, explicando la importancia de la clarificación política mediante el análisis marxista de la realidad.

A continuación, la campaña relatada por sus protagonistas.

En La Matanza, los docentes vamos por las 200 prensas

En el distrito más numeroso dirigido por la Multicolor, donde gobierna el PJ, la prensa cobra un rol central en la lucha política contra el nacionalismo burgués y la burocracia kirchnerista de Roberto Baradel.

Los docentes de La Matanza planificamos un objetivo de pasaje de más de 200 prensas, que incluye a una parte importante del activismo, la suscripción de la totalidad de internos y la extensión de la red de suscripciones externas que tenemos actualmente.

La primera semana de campaña elaboramos los planes de venta y salimos rápidamente a la colocación de la prensa Nº 1.404 que contenía en sus páginas centrales el planteamiento de que el paro nacional convocado por la Ctera debía ser el inicio de un plan de lucha, y artículos sobre los conflictos docentes en Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Se colocaron 150 periódicos, lo que representó un salto importante respecto del número anterior.

“Prensa Obrera” y la construcción del partido

Tenemos planteado el desafío de dar un nuevo salto en nuestro desarrollo partidario en la docencia, luego de los puntos de inflexión de 2011, en pleno cuadro de ascenso de la izquierda, y en 2013, en la conquista de la seccional del Suteba; con el periódico como eje de reclutamiento.

En las próximas semanas tenemos el objetivo de llegar a las 180 prensas, al calor de la lucha por un paro nacional de todo el movimiento obrero contra el ajuste de Macri y los gobernadores y de una gran agitación hacia el 1º de Mayo. En este marco, el pasaje de prensa debe ser acompañado por un debate sobre la necesidad de constituir a la clase obrera en alternativa política y al FIT en su expresión política.

¡Manos a la obra!

La muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica de Costa Salguero ha reflotado el debate sobre el consumo de drogas en el país. Es cierto, por un lado, que se ha exacerbado esta polémica con un propósito encubridor. En efecto: pretende desplazarse el debate sobre la protección y complicidad del Estado para con los narcoempresarios (de eso se trata Time Warp) por una deliberación acerca de las consecuencias físicas o síquicas de la droga sobre las personas. Quieren ocultar una crisis política detrás de un debate médico, o incluso farmacológico. De allí, a la culpabilización de los propios jóvenes consumidores o adictos, hay solo un paso.

Pero si se mira bien, este mismo escamoteo aparece cuando se debate la cuestión “general” del consumo de drogas. O sea, la negativa a inscribir ese consumo en las condiciones generales de la vida social bajo el capitalismo, en su fase de descomposición. La supuesta “libertad individual” para discernir sobre el consumo de drogas es una ficción, cuando los jóvenes son sometidos a gigantescos operativos empresariales como el que se montó en Costa Salguero. Con seguridad, la crisis de Time Warp volverá a reforzar las acciones represivas del Estado contra los consumidores de droga, los únicos que son sentados al banquillo. Mientras tanto, el organizador de Time Warp-un empresario con larga historia como concesionario del Estado porteño- decidió él cuándo concurrir a la justicia, después de permanecer una semana prófugo. Mientras se pone en la mira a los jóvenes, salta la impunidad de los narcoempresarios que, al tiempo que vendían una droga que convoca a la búsqueda desesperada de hidratación, armaron otro negocio lucrativo con la venta de agua.

En vez de poner de manifiesto esta trama de impunidad con claras responsabilidades estatales, los ´comunicadores´ se han lanzado a propagandizar el llamado “consumo responsable” o “control de daños” al consumo de drogas. Esta tendencia, extendida en varios países europeos, naturaliza el narconegocio y la drogadicción en los jóvenes, en nombre de campañas explicativas e instancias de ´control de calidad´ sobre los estupefacientes en venta. En varios países de Europa, se instalan puestos de control en las puertas de las rave (fiestas electrónicas) para examinar la pureza de las pastillas de diseño. La municipalidad de Rosario acaba de anunciar la puesta en marcha de este régimen, y el propio Horacio Rodríguez Larreta informó de un proyecto similar en la Ciudad. De la megaintoxicación offshore en Costa Salguero, avanzamos a la bendición estatal del meganegocio de las drogas de diseño.

Capitalismo, izquierda y legalización

El planteo del “control de daños” se inscribe en una tendencia internacional en favor del blanqueo de la producción y consumo de drogas, que fogonean un grupo definido de voceros y corporaciones. De Lehman Brothers (2008) para acá, el dinero del narcotráfico ha jugado todo un papel en el rescate del capital en quiebra. Lo ha demostrado el escándalo del banco Wachovia Wells Fargo, que blanqueó fondos del narco mexicano equivalentes a todo el producto bruto de este país para zafar de su quiebra. Un sector del capital quiere 'transparentar' estos mecanismos de rescate, para percibir impuestos del narconegocio y sustraerlo del mundo de los paraísos fiscales y bancas “off shore”. Nada de esto eximirá a la droga de sus consecuencias de fondo sobre millones de jóvenes, en términos de embrutecimiento, degradación física y sicológica. El “control de daños” es un régimen de asimilación controlada al consumo de drogas en masa. Del mismo modo que el capitalismo atiende al desempleo crónico con los raseros universales de pobreza (AUH), aspira a administrar ´ordenadamente´ la sujeción de la juventud al narcoflagelo. Si esta posición domina a la opinión pública pretendidamente “progresista”, es inconcebible entre quienes se reclaman de la izquierda revolucionaria. Pero en la sesión de la Legislatura porteña que debatió el tema Time Warp, el “consumo responsable” fue reivindicado, no por los diputados de las fuerzas del régimen, sino por el diputado del PTS. Nuestra banca, por el contrario, llamó a la juventud a levantarse contra el narcoEstado, y a defender su conciencia y su lucidez para luchar por una transformación social. Nuestra lucha por la despenalización -y por el desmantelamiento del aparato represivo entrelazado orgánicamente con el narcotráfico- no puede confundirse con la apología de la droga, que busca liquidar a la juventud como factor transformador de una organización social que, para sobrevivir, criminaliza sus propias finanzas y ramas económicas.

La campaña de convocatoria al Congreso Nacional de la UJS se desarrolla en un contexto de alza de la lucha docente-estudiantil en la universidad. La situación no es para menos: el ministro Bullrich declaró que el boleto educativo “no es prioridad” de su gobierno, pero lo mismo ocurre con los salarios docentes y no docentes y hasta el presupuesto universitario. En estos días, la UBA ganó la portada de los principales diarios porque el rector Alberto Barbieri aseguró que los fondos no alcanzan ni para pagar la luz. La semana de paro nacional de la Conadu Histórica se acata en la UBA con cientos de clases públicas y cortes en facultades y sedes del CBC. Al cierre de esta edición, las autoridades aprobaron un presupuesto “provisorio” en el Consejo Superior, hasta agosto, con el rechazo de la Fuba y la AGD-UBA. Este presupuesto, que fue sancionado por la mayoría kirchnerista en el Congreso en octubre pasado y que ahora ejecuta el macrismo, prevé un aumento del 0% para los gastos de funcionamiento.

Docentes y estudiantes vs. ajustadores

La lucha docente-estudiantil hizo emerger la verdadera “grieta” que divide a la universidad. De un lado estudiantes y trabajadores; del otro los ajustadores del gobierno y las autoridades. El cero presupuestario viene en sintonía con el recorte salarial que Bullrich pretende imponerle a los docentes. De negociación en negociación, el ministro retiró la oferta -ya inaceptable- de un 25% en cuotas para plantear un 15% hasta octubre. Pero la respuesta de docentes y autoridades fue completamente antagónica.

Los primeros, organizados en Conadu Histórica, rechazaron la oferta del gobierno como una provocación y ya protagonizaron 10 días de paro nacional. Las autoridades, por el contrario, votaron en el Consejo Superior el presupuesto de ajuste. Barbieri y su cuestionado secretario de Hacienda, Emiliano Yacobitti, negocian con el gobierno las condiciones de su aplicación.

Las consecuencias ya se viven en la UBA: “sinceramiento” de las cuotas de la obra social -Dosuba-, paralización de las obras en las facultades, más presión por la generación de “recursos propios”. El decano de Medicina, que trabaja en tándem con el Ministerio de Educación, ya advirtió que la partida de 700 millones para el Clínicas estará condicionada al despido de centenares de contratados.

Un indicador del dramatismo que adquiere la situación es el paro convocado para este viernes 29 por la burocracia no docente de Jorge Anró, que tuvo que acordarse del salario y la “gravísima crisis” de los hospitales universitarios.

Debate en el movimiento estudiantil

La ofensiva del gobierno y las autoridades dividió aguas en el movimiento estudiantil. Los consejeros de Nuevo Espacio (UCR-Franja Morada) aprobaron el presupuesto sin chistar y dejaron en manos de Barbieri las “gestiones” para conseguir los fondos que “su” gobierno le niega a la universidad. Con ellos estuvieron los K de La UES de Sociales, que en la Junta Representativa de la Fuba se pronunciaron en contra de que la Federación se movilizara al Rectorado. Para La UES -que votó al sciolista Barbieri y formó lista con Franja en el Superior- “no hay que desviar la lucha contra Macri”. Pero La UES y La Cámpora, que co-dirigen el centro de Sociales, no convocaron a asamblea alguna en la facultad ni contra Macri ni contra nadie…

La organización de los cortes y clases públicas junto a los docentes corrió por cuenta exclusiva de la izquierda y la Fuba. Hacia el interior de la Federación, no obstante, conviven estrategias opuestas. La Mella (Patria Grande) ha proclamado que su política es la unidad con el kirchnerismo, que en la UBA está representado por los decanos de Exactas, Sociales y Filosofía y por la burocracia sindical yaskista de Feduba.

Atar al movimiento estudiantil a estos intereses es criminal. Los decanos K no luchan por un aumento presupuestario -que fue votado por sus propios diputados y senadores- sino por una mejor tajada para sus facultades en la distribución de la UBA. Una rapiña de caja entre camarillas. Por el lado de Feduba, carga con una historia de entregas de la docencia, incluyendo la reciente paritaria por 16 meses. La “articulación” con Feduba llegó a un caso extremo en Exactas, donde la presidenta del Centro de Estudiantes militante de La Mella carnereó el paro en el CBC, que era acatado masivamente por los docentes.

Todos al Congreso Nacional de la UJS

La UJS defiende el desarrollo a fondo del movimiento de lucha y por eso estuvimos al frente de la pelea por el salario docente, el boleto educativo y el presupuesto en todas las facultades y los CBC. Nuestra estrategia es el frente único de los estudiantes y trabajadores en lucha, que ya llevó a la victoria a los pibes y docentes del colegio Carlos Pellegrini. Defendemos la autonomía de la Fuba respecto de todas las variantes del régimen, que es la mayor conquista del movimiento estudiantil en la etapa precedente. La independencia política y la unidad con los trabajadores son las claves para una lucha sin ataduras de la juventud contra el ajuste de Bullrich-Macri y el Rectorado. Para desarrollar esta perspectiva llamamos a participar de los plenarios, debates y actividades que durante mayo prepararán el Congreso Nacional de la UJS.

El debate en la Fuba sobre la marcha de las cinco centrales del 29 de abril fue aleccionador sobre las consecuencias políticas del “frente anti-macrista” que postulan La Mella y los K. Ambos se opusieron a la propuesta de la UJS de movilizar con la columna independiente del sindicalismo clasista y una bandera en reclamo por un “paro nacional contra el ajuste”.

Los que hasta ayer nos denunciaban por “marchar con Moyano y Barrionuevo”, votaron ahora marchar con ellos, pero de forma indiferenciada. El “frente anti-macrista” somete a las organizaciones de lucha del movimiento estudiantil a las direcciones burocráticas traidoras, enemigas de la clase obrera.

El 13 de abril, 40.000 empleados de Massachussetts y Virginia (representados por los Sindicatos de Comunicaciones CWA y IBEW) comenzaron una huelga por tiempo indeterminado contra Verizon. Las negociaciones afectan también a 80.000 jubilados (por el sistema de salud -health care), que se organizan al lado de los trabajadores. Es la huelga más importante en Estados Unidos en los últimos años.

Verizon, el gigante de telecomunicaciones norteamericano, famoso por la precarización laboral y la evasión impositiva, dejó por diez meses sin contrato a miles de trabajadores. Durante ese lapso, los trabajadores enfrentaron 5.000 despidos y suspensiones, desnudando el objetivo de la caída de los contratos. La empresa amenazó con nuevas relocalizaciones para extorsionar a los trabajadores con mayor flexibilidad horaria y de tareas, eliminación de vacaciones y licencias por maternidad, así como salarios y pensiones más bajas. Planean mover las oficinas a estados con salarios mínimos menores.

La empresa es acusada de evadir impuestos entre 2008 y 2013 (en ese mismo período tuvo 42.500 millones de dólares en ganancias), pagando por debajo las cargas sociales de los trabajadores. Ahorró 21.000 millones de dólares en los últimos ocho años y el año pasado compró AOL en 4.400 millones de dólares. En Europa convirtió las ganancias en deudas, para evadir impuestos.

Verizon no cumplió con las promesas de ampliar FIOS (banda ancha a millones de clientes ), pero quiere seguir desangrando a los trabajadores que instalan sus servicios.

Es un botón de muestra del fracaso de la política económica de Obama, que sólo generó mayor precarización y pérdida de beneficios para los trabajadores, así como descontento social generalizado.

Tanto Hillary Clinton como Bernie Sanders tuvieron que bajar a los piquetes para tratar de ganarse el apoyo de los huelguistas. Los trabajadores de Verizon lograron imponer una agenda obrera de lucha contra despidos y precarización laboral en el momento más álgido y disputado de la campaña.

También el 14, miles de trabajadores de Mc’Donalds en todo el país se movilizaron por un salario mínimo de 15 dólares. Esto se suma a la protesta de los docentes y los trabajadores del acero y la industria automotriz -gravemente afectados por la crisis mundial. Estados Unidos es un reguero de piquetes y movilizaciones.

Los trabajadores pasteleros de Bonmasé, que se dedica a la producción de budines para Carrefour, volvieron a elegir a su combativa Comisión Interna por 60 votos contra 45, a pesar de una intensa campaña de parte de la empresa en favor de la otra lista.

Bonmasé es una típica empresa del Parque Industrial de Pilar: paga un salario miserable, somete a jornadas extensas a los trabajadores, que deben realizar sus tareas soportando temperaturas altísimas y, cuando reclaman por sus derechos, los amenaza con despidos o directamente con el cierre.

El joven activismo tomó partido en defensa de su Comisión Interna, desechando la fantasía de que “delegados afines a Recursos Humanos iban a conseguir mejoras inmediatas”. Apenas terminó la elección, se realizaron asambleas en las cuales se votó un pliego de reivindicaciones para presentarle a la patronal: categorizaciones, refrigeración del ambiente, extensión de los descansos, entrega de productos a los trabajadores y el pago de un viático, que será reclamado apenas suba la producción.

Los delegados también reclamarán por la elección de un tercer delegado, que corresponde porque se trabaja en tres turnos, pero la empresa no quiere reconocerlo.

El triunfo de la lista clasista en Bonmasé se inscribe en un creciente proceso de organización independiente de los trabajadores del Parque, que se desarrolla como respuesta a la parálisis de las direcciones sindicales en la lucha contra el ajuste de las patronales y el gobierno.

Las comisiones internas de Kimberly Clark y Smurfit Kappa, de la agrupación Papeleros/Lista Gris, llevamos adelante un gran proceso de movilización y lucha en defensa de nuestras paritarias. Realizamos volanteos, pegatina de afiches, asambleas en las fábricas, presentamos 200 firmas a los paritarios y llevamos adelante una importante marcha por las calles de Bernal.

También fuimos a la lucha por el reclamo de una gratificación de $4.500 en abril. Este reclamo fue conquistado en Smurfit Kappa con un contundente quite de colaboración de dos días.

En Kimberly Clark fueron ocho días con quite de colaboración, donde no faltó el apriete patronal y la intención de poner en marcha las líneas con personal jerárquico. Esta provocación hizo que se profundizara la lucha.

Ante la firmeza de los trabajadores, la patronal recurrió al Ministerio de Trabajo, quien dictó la conciliación obligatoria, que está ahora en desarrollo. Los trabajadores coparon los portones del Ministerio con corte del tránsito y una ruidosa agitación cantando consignas.

Las presentaciones patronales ante el Ministerio desenmascaran sus pretensiones ajustadoras. Reclaman manos libres para imponer un régimen carcelario, precarizar el trabajo, establecer la polifuncionalidad y avanzar sobre nuestras conquistas, como ya lo hacen en otras plantas.

La firmeza de los trabajadores traccionó el acompañamiento del Sindicato y la Federación de Trabajadores del Papel. Tras ponerle un límite a la patronal ajustadora, se abre ahora un período de negociación sobre nuestros reclamos actuales y pendientes.

Mantenemos nuestros reclamos del 40% anual y un bono de emergencia de $10.000 apoyados en estas medidas de los papeleros que expresan las reservas de lucha que existen en el gremio, a contramano del cierre inconsulto del 20% semestral por parte de la dirección del sindicato.

Más de 1.200 docentes, padres, alumnos y trabajadores de Ensenada se movilizaron la semana pasada para repudiar el derrumbe de las escuelas. El detonante para ponerle el cuerpo al reclamo fue la situación calamitosa de la Escuela Primaria 6 de Punta Lara, que se encuentra en obra desde finales de 2015, mientras la obra debería haberse culminado antes de iniciar este ciclo lectivo. La situación es intolerable. Maestras, cuyo baño es químico, trabajan con el techo aún en ruinas; y las clases se dictan intercaladas -dos días un ciclo y tres el otro.

La situación de la EP 6 no es ajena a todas las escuelas de esta ciudad bonaerense. Es normal la falta de agua y, por lo tanto, de higiene; la rotura de ventanas y, entonces el frío matinal y vespertino; paredes y techos en pésimas condiciones.

La enorme movilización del miércoles 27 de abril fue, entonces, producto del hartazgo que tiene toda la comunidad educativa ante una crisis educativa de fondo que sufren los hijos de los trabajadores. Resulta que el municipio, que maneja fondos millonarios para educación (tan sólo en 2015 recibió 10 millones de Fondo Educativo), es incapaz de presentar rendiciones de cuentas de la inversión realizada. Mientras, las escuelas continúan su cuesta abajo.

El Industrial

A esta situación general se sumó el abrazo al Industrial, la escuela emblema de Ensenada, que sufrió un devastador incendio el día previo. El abrazo convocó a unas 700 personas entre alumnos, docentes y padres del colegio; y un dato relevante es que casi todos los estudiantes de la escuela se movilizaron luego uniendo el Industrial con la EP 6. Es que, además del drama del incendio, los propios chicos venían denunciando que la escuela se inundaba cada vez que llovía, que faltaban insumos en talleres y que los baños estaban colapsados.

El acompañamiento a la enorme movilización por la EP 6 por parte de los chicos del Industrial fue resultado de un profundo debate político dentro de los secundarios de la escuela y la ciudad. El kirchnerismo local, dirigido por el concejal Nicolás Secco, intentó operar para dividir a los estudiantes de los docentes. La razón es sencilla: toman nota que un movimiento estudiantil en la calle, organizado y luchando por la educación es incontrolable para una fuerza social cuya función es la regimentación de la juventud y del movimiento obrero.

En el camino del ensenadazo

La enorme movilización unificó una serie de problemáticas que tienen a toda la región en el centro de la deliberación. La crisis de la educación no es sólo edilicia. Los docentes reclaman un salario básico mínimo de 12.000 pesos, que permita llevar los ingresos por cargo al valor del costo de vida; los auxiliares, que también movilizaron, vienen de rechazar la paritaria del 15%, que el gobierno acaba de ser obligado a reabrir.

También acompañaron los médicos de la Cicop, que están en lucha por su propia paritaria. Docentes del Astillero Río Santiago, junto a estudiantes de esa escuela, acompañaron la movilización. Los propios obreros del ARS están luchando por su salario, contra el impuesto al sueldo y por la reinversión tecnológica. En YPF se está discutiendo cómo enfrentar los despidos.

El ajuste, que todo el régimen político lleva adelante contra los trabajadores, hace avanzar rápidamente la experiencia de los trabajadores y la juventud. Los límites del kirchnerismo, que en Ensenada es gestión, para enfrentar al gobierno de Macri-Vidal ya fueron vistos por los secundarios del Industrial y serán parte de la deliberación que el movimiento obrero de la ciudad y región deberá darse en esta nueva etapa.

Una importante movilización, con más de 800 trabajadores, se llevó a cabo en Bahía Blanca el pasado 29 de abril, en el marco de la convocatoria realizada por la CTA. Fue destacada la participación de docentes y estatales organizados por el Suteba y ATE. También formaron parte Judiciales y Aduns, que tuvo una semana muy intensa de actividades en el marco del plan de lucha y paro impulsados por la Conadu Histórica.

El 19 de abril, una asamblea conjunta de los gremios de la CTA impulsó la movilización para este 29 y se pronunció en apoyo a todas las luchas provinciales en curso, como las de Mendoza, Santa Cruz y, especialmente, las de Tierra del Fuego.

Seguidismo claudicante vs plan de lucha contra el ajuste

En el cierre de la movilización, se sumó una columna de la Uocra (CGT) -menor a la de la CTA-, y se “improvisó” un acto en el que hablaron los titulares de la CGT y de la CTA, que fue copado por la Uocra en la línea del “vamos a volver”, destacando incluso la presencia de dirigentes del FpV. Anticipando esta orientación, previamente la secretaria general de ATE (Verde) había participado de un acto en la propia CGT.

Esta subordinación a la Uocra (CGT) conduce a la derrota. La burocracia de las “cinco centrales” está a muerte contra un plan de lucha. La subordinación en el acto es la conclusión natural de la negativa previa de la mayoría de la conducción de la CTA local a impulsar una movilización independiente bajo la consigna del Paro Nacional.

El “vamos a volver” del kirchnerismo-PJ muestra que su objetivo no es la lucha de los trabajadores, sino las próximas elecciones legislativas, mientras el ajuste se desarrolla ahora mismo, con el soporte de gobernadores y los legisladores K.

El Partido Obrero llama a desarrollar un frente único de los trabajadores contra el ajuste y pelear por hacer realidad un paro nacional y un plan de lucha. Con esa orientación intervenimos en todas las asambleas previas al 29, incluida la de la CTA local, que ahora tiene planteado desarrollar un nuevo plenario y darle forma a un plan de lucha unificado

El 1° de Mayo ganamos nuevamente las calles contra el ajuste, por un paro nacional y por una alternativa política de los trabajadores con el Frente de Izquierda.

Según los mentideros periodísticos, Macri no encuentra espías de confianza en ninguno de los servicios de inteligencia de ninguna de las fuerzas de seguridad o militares. Por eso habría decidido concentrar toda la tarea de espionaje en el titular de la Agencia FederaI de Investigaciones (AFI, ex Side), Gustavo Arribas. Sin embargo, cuatro meses después de haberlos designado, el gobierno aún no envió al Senado los pliegos de los nuevos jefes de la AFI, tal como lo dispone la Ley de Inteligencia. La razón es simple: tanto Arribas como su segunda, Silvia Majdalani, no tienen antecedentes sino prontuarios. Con ellos, el espionaje estatal queda en manos de una camarilla empresarial delictiva. De espionaje no saben nada, pero se respaldan en el viejo aparato de Antonio Stiuso y Francisco Larcher, apadrinado en su momento por los K y ahora por el macrismo. Son espías todo terreno.

Majdalani está investigada por el fiscal Federico Delgado debido a presuntas maniobras de lavado de dinero y por sus vinculaciones con tres empresas off-shore en Panamá. Tres, a falta de una. Miembro de la bancada del Pro, estuvo durante el kirchnerismo en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las actividades de inteligencia, y dejó que ese organismo simplemente dejara de funcionar. O sea que no siguió nada y permitió que los espías K hicieran lo que les diera la gana. No es de extrañar, porque ella misma estuvo (está) entrelazada con las correrías de “Paco” Larcher, ex número dos de la Side (“señor 8”), ex hombre de confianza de Néstor Kirchner y otro que se hizo multimillonario durante la “década ganada”.

Mejor aún es el prontuario de Arribas. Empresario del fútbol, representante de jugadores, es compinche desde hace muchos años de las maniobras fraudulentas en Boca con los pases de jugadores. Es amigo íntimo del Presidente, que lo llama “el Negro”. Radicado hasta hace poco en San Pablo, su empresa más conocida (tiene varias, dedicadas entre otras cosas a negocios inmobiliarios y publicidad) es HAZ Brasil, con la que negocia transferencias de futbolistas. Uno de los abogados de HAZ estuvo imputado por lavado de dinero con los pases de Carlos Tévez y Javier Macherano al Corinthians, pero el caso más sonado, que involucra directamente a Arribas, es la triangulación de la frustrada transferencia de Jonathan Calleri al Inter. Calleri pasó primero por Deportivo Maldonado, de la segunda división de Uruguay, un club pantalla dedicado únicamente a fraguar contratos y lavar dinero. Uno de los actuales socios de Arribas en esos mejunjes, Fernando Hidalgo, para no ser menos que nadie tiene también su empresa off-shore en Panamá.

Sobre el Deportivo Maldonado, la agencia Bloomberg informó que se trata de una sociedad anónima deportiva (SAD) manejada por el empresario británico Malcom Caine. Según Bloomberg, Caine ganó 10 millones de dólares por la compra de tres futbolistas que jamás jugaron en Maldonado. Fue el caso de Calleri, quien, adquirido su pase por ese club-pantalla, iba directamente al Internazionale de Milán sin necesidad de pisar Montevideo. Ese pase, finalmente, se cayó porque la maniobra quedó en evidencia y el Inter temió una sanción de la FIFA. Finalmente, el jugador terminó en el Bologna. En otras palabras: Caine, Arribas, Angelici (¿y Macri?) estafaron a Boca y a la Afip.

En manos de esta gente ha quedado el espionaje del Estado argentino. La ex Side es una unidad de negocios delictivos y, sustentada su actividad en el viejo aparato de espías profesionales (y mafiosos) heredado de la dictadura, señala con ello el grado de descomposición al que se ha llegado. Es necesidad de los trabajadores que se disuelvan esas cuevas de conspiraciones contra el pueblo y negociados clandestinos.

En el marco del XXVIII Congreso Ordinario de Delegados del Sindicato de la Alimentación (STIA) de San Luis las comisiones internas de Bagley Villa Mercedes, Arcor Estirenos y Mondelez, opositoras a la dirigencia Verde, plantearon la no aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al año 2015, al observar el incremento de un 1.000 % en el punto referido a préstamos a afiliados.

Es la primera vez que se produce un rechazo en veintisiete años de aprobación de los balances anuales a libro cerrado.

Durante el año 2014, la institución destinó a esta área una suma que apenas superaba el millón de pesos. El último año pasado superó los 10.500.000 pesos.

Lo llamativo es que en la Memoria del año 2015, la conducción Verde explicó que, como consecuencia de la crisis económica por la que atravesaba el país así como también la obra social del sindicato debieron suspender, entre otras tantas actividades, los préstamos a afiliados. Lo que fue corroborado en los hechos, ya que a muchos trabajadores de la alimentación se le denegaron préstamos invocando el mismo argumento.

El frente de oposición a la conducción Verde, frente a esta duda razonable y las respuestas evasivas por parte de los dirigentes a los pedidos de aclaración, llamó a rechazar el balance correspondiente al año 2015, quedando a la espera de la próxima instancia, que es la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien es el encargado de realizar las auditorías contables necesarias.

La oposición está integrada por delegados y activistas combativos independientes de Mondelez, Arcor y Bagley. Los delegados y el activismo de las últimas dos impulsaron la lista Azul y Blanca en las elecciones directivas de 2014, perdiendo en una reñida votación por 9 votos y ganando las principales fábricas.

El rechazo a la Memoria y Balance oficialista es la expresión de un fuerte rechazo a la conducción dialoguista de la Verde del STIA, y refuerza una orientación antiburocrática para todo el activismo de la Alimentación.

Belén, hace dos años, asistió al Hospital Avellaneda de Tucumán con un aborto espontáneo en curso. En lugar de recibir la asistencia sanitaria que necesitaba, fue denunciada en una clara violación del secreto profesional y ejercicio de violencia obstétrica. Recibió tratos crueles y se dio intervención a la policía, permitiendo que la revisen agentes durante su internación. Desde entonces fue mantenida presa y la condenó a ocho años de prisión bajo la carátula de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” sin reunir pruebas.

Los fundamentos de la sentencia contra Belén se iban a leer el 3 de mayo. Ese día, se realizó una importante concentración en la puerta de Tribunales exigiendo su inmediata libertad. Frente a la presión de la movilización, la Justicia decidió no dar lugar a la lectura y sólo entregar los fundamentos por escrito. Durante la concentración, Soledad Deza, la abogada de Belén, presentó el pedido de inmediata excarcelación.

El acceso a los fundamentos de la sentencia permitió corroborar todos los atropellos cometidos contra Belén e incluso sumar nuevas denuncias.

Existen grandes contradicciones en los registros y testimonios de los efectores de salud que nunca fueron investigados. La acusación está basada en un feto encontrado en el hospital, pero el horario en que fue encontrado es anterior al ingreso de Belén: “En foja 12 del informe N° 990 del expediente policial del reconocimiento médico legal practicado por la doctora Claudia Sueldo el 21 de marzo de 2014 se indica que el feto encontrado fue rescatado por la partera a las 3 de la mañana. Otro informe incorporado como prueba respalda esta versión. Sin embargo, Belén ingresó al hospital a las 3,50 horas según el propio fallo, 50 minutos después de haber sido encontrado el feto” (APA, 4/5/16). Al feto no sólo no se le realizó el examen de ADN, sino que directamente se perdió. Los jueces basan la condena en los argumentos de la defensa técnica ejercida por una defensora oficial, quien no negó la comisión del delito por parte de Belén, sino que argumentó que lo hizo de manera inconsciente.

Como parte de la campaña por la libertad de Belén, a propuesta del Plenario de Trabajadores, se está impulsando un pronunciamiento conjunto de las organizaciones de mujeres, derechos humanos, sociales y políticas; nuestra diputada nacional Soledad Sosa presentó un proyecto de resolución exigiendo su inmediata libertad y la nulidad de la sentencia y nos seguiremos movilizando hasta lograrlo.

Los anuncios de Macri volvieron a poner de manifiesto la “grieta” que divide a las universidades, señalada desde estas páginas en reiteradas oportunidades. La partida de 500 millones de pesos, equivalente al 1% del presupuesto, sirvió para contentar a los rectores, pero está muy lejos de resolver los problemas de la universidad. Alberto Barbieri, rector de la UBA y ex candidato a ministro de Educación del FpV, se mostró “esperanzado” (Clarín, 3/5) y rápidamente cerró filas con el gobierno. Muy distinta fue la actitud para con los docentes, a quienes el ministro Bullrich había ofrecido, el día anterior, un 0,6% más el 15% fijado como pauta de aumento para 2016, al que se agregaría otro 16% en enero de 2017. Una burla inaceptable que implica una reducción del poder adquisitivo de proporciones enormes, cuando la inflación de abril alcanzó el 7%. La misma situación afecta a los trabajadores no docentes, que protagonizarán este jueves una nueva jornada de paro nacional, como no ocurría desde el año 2001.

Los 500 millones, distribuidos entre las 53 universidades nacionales, son una gota en el océano del ajuste. El reforzamiento de los denominados “gastos de funcionamiento”, que no representan más que un 5% del presupuesto de las facultades, sigue muy por detrás de la inflación. Estos fondos apenas alcanzarían para cubrir los aumentos de los servicios, mientras se paralizan obras de infraestructura, se recortan cargos docentes, se congelan las becas y se reduce el financiamiento para investigación. El gobierno prepara un nuevo tarifazo en el subte, mientras en provincia el gobierno de Vidal se sigue negando a implementar el boleto gratuito, incumpliendo con la ley. Toda una manifestación de “principios” por parte de quienes aseguraron que pagarían la estafa del dólar futuro “porque los contratos hay que cumplirlos”.

El gobierno buscó y encontró en las autoridades –representantes de la minoría privilegiada que maneja el antidemocrático “cogobierno”- un punto de apoyo para arremeter contra la mayoría que estudia y trabaja en la universidad. Esto vale para Aníbal Jozami integrante de Carta Abierta, rector de la Universidad de Tres de Febrero, que festejó “la revalorización de la universidad pública” por parte de Macri (¡!). La respuesta de los docentes no se hizo esperar. Conadu Histórica ratificó su plan de lucha con una semana de paro del 9 al 14 de mayo. El martes 10 se organizarán cortes y clases públicas en todo el país y, el jueves 12, estudiantes, docentes y no docentes marcharemos por nuestras reivindicaciones: 45% de aumento salarial, presupuesto y boleto educativo gratuito. El plenario de la UJS de la UBA, realizado el 1° de Mayo con el objetivo de lanzar la campaña hacia el Congreso Nacional del 28 y 29 de mayo, votó impulsar asambleas y la ocupación de las facultades.

Los K, un freno

Los anuncios del gobierno apuntan a apagar el fuego de un movimiento que sigue expandiéndose de universidad en universidad. En la UBA se multiplicaron las “autoconvocatorias” en aquellas facultades, como Derecho o Económicas, cuyos centros, conducidos por Franja Morada, responden directamente al gobierno y al Rectorado. Pero la misma situación se produjo en Sociales, donde el centro dirigido por La Cámpora y el PJ le dio la espalda al conflicto. Sus representantes habían aprobado en el Consejo Superior el presupuesto de ajuste presentado por Barbieri y Emiliano Yacobitti, el secretario de Hacienda de Franja Morada. A iniciativa de la UJS, la izquierda de la facultad organizó una asamblea que reunió a más de 400 estudiantes. La masividad de la convocatoria obligó a la conducción del centro a intervenir. El repudio a los K fue generalizado, lo mismo que el apoyo y las muestras de solidaridad con los docentes. En Sociales la cantidad de clases públicas fue récord. El centro terminó convocando a una “asamblea ordinaria” para la otra semana, con el único objetivo de plegarse al movimiento para mejor regimentarlo. En los centros conducidos por La Mella (Patria Grande), donde la línea es el “frente único” con los decanos y agrupaciones K, tampoco están convocadas asambleas.

Podemos ganar

El gobierno de Macri no tiene la capacidad para liquidar la universidad pública. Su política económica está produciendo contradicciones explosivas. Su única fuerza radica en la capitulación de la oposición peronista y kirchnerista, que prestó sus votos para aprobar el pacto con los buitres y utiliza sus posiciones burocráticas en los sindicatos para desarticular y contener la bronca del movimiento obrero. La universidad puede ganar esta pelea. La condición es que superemos las trabas que imponen las autoridades y las corrientes conservadoras que les son tributarias. El desafío es volcar toda la fuerza del movimiento estudiantil, docente y no docente. Esta es la orientación que guía a la UJS, que votó en su plenario intervenir en todas las asambleas y auto-convocatorias de esta semana con el objetivo de vertebrar un plan de lucha a fondo. A propuesta nuestra, el viernes 6 la Fuba pondrá micros para viajar a La Plata y participar de la gran marcha por el boleto. Del 9 al 14 de mayo promovemos la ocupación de las facultades, con vigilias, cortes y clases públicas. El jueves 12 protagonizaremos una gran marcha, que será replicada con acciones de lucha en todo el país. Solo los socialistas, que no tenemos compromisos con este régimen, tenemos las manos libres para impulsar a fondo la lucha por la educación pública. Esta es la fuerza que impulsa la campaña al Congreso Nacional de la UJS.

La Diputada Gabriela Jorge y la Senadora Gabriela Cerrano se reunieron con representantes del Observatorio de Violencia hacia la Mujer, donde plantearon la necesidad del tratamiento de una agenda inmediata sobre los derechos de las mujeres.

El Observatorio fue creado por Urtubey para disimular su rabiosa política contra los derechos de las mujeres. Esta política incluye uno de los decretos más retrógrados con relación a la reglamentación del aborto no punible, la educación religiosa obligatoria en el sistema educativo público, la exclusividad de educación religiosa en profesiones claves tales como el Derecho, y la designación de jueces misóginos sin atenuantes. El “observatorio” está integrado por miembros de la Multisectorial de la Mujer de la provincia, docentes universitarias, militantes de Libres del Sur que integran el gobierno provincial, del Partido Socialista y del Frente Grande.

Aborto No Punible y Fertilización Asistida

Las parlamentarias del Partido Obrero plantearon la urgencia de la creación un Protocolo Provincial de Aborto No Punible que supere la actual reglamentación restrictiva y reaccionaria implementada por Urtubey, la cual atenta contra el derecho de la mujer a acceder a un aborto no punible en caso de violación, por razones de cuidado de salud de la gestante o por inviabilidad del feto. A su vez, plantearon la necesidad acuciante de la adhesión de la Provincia a la Ley de Fertilización Asistida. Actualmente, aunque existe dicho instrumento legal, se impide a la mujer trabajadora acceder a él en los hospitales públicos, al que concurren a causa de los altos costos que tienen en la salud privada. El Estado salteño no garantiza el derecho de las mujeres pobres a ser madres cuando lo desean, ni tampoco el derecho a no serlo.

#LibertadParaBelén y rechazo a Robbio Saravia como Juez

Frente al reclamo que crece entre el movimiento de mujeres por la libertad para Belén y el reclamo de la nulidad de la condena, las parlamentarias del PO propusieron un pronunciamiento inmediato de dicha institución. El caso de Belén, una joven tucumana acusada de abortar, es un claro intento de criminalización de las mujeres pobres y muestra el tutelaje de la iglesia sobre la justicia y la salud pública.

Las legisladoras, Cerrano y Jorge, demandaron un pronunciamiento en contra de la postulación de Robbio Saravia para Juez en lo Contencioso Administrativo. Saravia tiene denuncias de violencia familiar que son de público conocimiento. Su postulación y su posible nombramiento no hacen más que legitimar la violencia hacia las mujeres en nuestra provincia.

Las respuestas del Observatorio

En todos los casos, las integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, contestaron que el organismo como institución no puede pronunciarse en “casos particulares”. Pero la Senadora Cerrano y la Diputada Jorge pusieron de relieve que en diciembre pasado el Observatorio se pronunció en defensa de la Intendente Vega de Cerrillos, ante agresiones públicas que aquella había recibido. Pero no actuó de igual manera cuando esa misma intendenta encarceló apenas un mes después a siete trabajadoras a las que previamente había despedido. El Observatorio apoya al poder de turno, no a las mujeres que son discriminadas y atacadas por el Estado.

La justificación de enemigos de los derechos de las mujeres por parte de las integrantes del Observatorio fue muy lejos. Rechazaron repudiar la postulación como juez de Robbio Saravia, ya que “hay muchos igual a él en la Justicia”. Las integrantes del Observatorio terminan siendo ellas mismas promotoras de personajes oscuros como Gabriela Buabsé, quien fue ascendida a Fiscal luego de haber culpado a una nena de 9 años que fue violada y a su madre, ya que según su informe la pequeña víctima “no se muestra como niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo” (El Tribuno 12/2012). Al día de hoy el “Observatorio” no ha reclamado la separación como fiscal ni ha “observado” el daño que esta funcionaria le inflige a las mujeres salteñas.

Las respuestas del Observatorio a los planteos de las bancas del Partido Obrero ponen de relieve la verdadera grieta -entre el poder político y económico y las mujeres pobres de nuestra provincia. Es el responsable de esta situación es del gobierno y sus organismos satélites, creados para embellecer esta políticas.

Fuera Robbio Saravia

Luego de esta discusión y de las denuncias públicas de nuestras parlamentarias , sumado al repudio popular que generó, el gobernador debió retirar el pliego de Robbio Saravia, un importante logro de quienes defendemos a fondo los derechos de las mujeres en nuestra provincia.

Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero, impulsamos la elección de un organismo propio de las mujeres, electo por el padrón femenino desde los 13 años de edad, que tenga independencia política de los gobiernos de turno e independencia presupuestaria para impulsar políticas de defensa de las mujeres, denunciar las designaciones de jueces que ejercen impunemente su poder contra las mujeres pobres y en favor de la minoría que detenta el poder económico y social política y religiosa, en las provincias y en el país.

El PRO y la UCR han impuesto en el Concejo Deliberante la adhesión a la ley provincial de Vidal.

"Estamos ante un colapso en la infraestructura", dijo una concejala del PRO. Coincidimos en el diagnóstico, basta ver el hospital Cetrángolo, la maternidad Santa Rosa, escuelas como la Primaria 5 o la Técnica 4, la situación habitacional y la falta de cloacas de los barrios La Loma y Las Flores, por citar ejemplos.

Pero la ley votada es opuesta a los reclamos del pueblo. Tiene como único objetivo saltarse todos los organismos de control en materia de licitaciones y compras. Es una ley que sólo beneficia a la patria contratista de amigos del gobierno y a la corrupción municipal y provincial con los sobreprecios y retornos.

Necesitamos un relevamiento del estado edilicio de las escuelas y hospitales, un verdadero plan de viviendas que termine con el hacinamiento en los barrios, obras estructurales que terminen definitivamente con las inundaciones, bajo el control y la fiscalización de vecinos trabajadores en las contrataciones y compras.

El 5 de mayo se realizó la primera audiencia de la megacausa “Operativo Independencia”, el mayor juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Tucumán. En la misma hay diecinueve imputados -todos ellos ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad- por delitos cometidos contra 270 víctimas. Se estima que el juicio se extenderá por más de un año, la fiscalía tiene anotados 1.500 testigos.

A diferencia de los juicios anteriores, que se organizaban según el centro clandestino de detención, éste tiene la particularidad de referenciarse según las fechas en que sucedieron los hechos, por lo cual forman parte de la causa distintos centros, entre ellos el de la “La Escuelita” de Famaillá, primer centro de detención, torturas, violaciones y exterminio del país.

El Operativo Independencia fue impulsado bajo el gobierno de Isabel Perón un 5 de febrero de 1975, por medio del decreto 261/75, con el objetivo de "neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos". Fue rubricado por el presidente interino Italo Luder, junto a los ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ya que “Isabelita” se encontraba de licencia, y ratificado por el Congreso de la Nación. A partir de ese momento se abrió paso a la intervención masiva de las Fuerzas Armadas (Ejército y Fuerza Aérea) y otras como la Gendarmería y la Policía Federal, militarizando la provincia.

El operativo estaba formalmente dirigido a aniquilar a un foco guerrillero rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero la represión se extendió más allá para terminar concentrándose sobre el activismo y los dirigentes obreros, especialmente azucareros. Durante todo ese período la población tucumana vivió bajo el toque de queda y el estado de sitio. Según figura en la mega causa, el 7% de las víctimas de la represión de Estado fueron integrantes del ERP-PRT o de Montoneros, mientras que un 50% eran obreros azucareros. El resto, empleados públicos, artistas, intelectuales, estudiantes.

El Operativo Independencia se extendió hasta 1977. En su primera fase estuvo dirigido por el general Acdel Vilas y a partir de diciembre de1975 pasó el mando de Antonio Bussi, que fue beneficiado por el Punto Final bajo la presidencia de Ricardo Alfonsín y terminó siendo gobernador de la provincia en el período 1995 y 1999 bajo la presidencia de Menem.

El Operativo Independencia fue un eslabón clave en la preparación del golpe de Estado de ’76. El gobierno constitucional de la provincia estaba pintado, las decisiones principales eran tomadas por las fuerzas armadas que impusieron un régimen de terror y de completa impunidad en sus accionar.

Con posterioridad a la transformación de la Escuela Diego Rojas en la siniestra “Escuelita” de Famaillá, por donde pasaron más de 1.500 detenidos, se fueron abriendo otros centros clandestinos hasta llegar a 30, según datos oficiales. Algunos medios estiman que fueron 80 los centros de exterminio que operaron en la provincia.

La megacausa en curso sólo contempla a una parte de las víctimas. Se calcula que hasta el golpe fueron más de 700 las desapariciones y muchas más las víctimas de detenciones y torturas que lograron sobrevivir. Tampoco están contempla a las víctimas del Operativo ya en el período dictatorial, entre ellos el ex soldado Alberto Ledo, cuyo caso debería llevar al banquillo a César Milani, jefe del Ejército bajo el kirchnerismo.

El número de imputados es irrisorio. Si bien muchos represores han fallecidos, fueron miles los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que intervinieron en la represión genocida. La fiscalía no involucró en la causa a ningún responsable civil.

La gran ausente por decisión de los jueces es María Estela Martínez de Perón, que no fue imputada y tampoco será citada como testigo, a pesar a su responsabilidad política indelegable. Persistir en la impunidad de Isabel y de Juan Domingo Perón sobre los crímenes de la Triple A y del Operativo Independencia es en éste una política de Estado.

El Partido Obrero se movilizó junto a otras organizaciones de izquierda y familiares se frente al tribunal el día de la audiencia. Por los 30.000 compañeros, reforcemos nuestra lucha por memoria, verdad y justicia, contra la impunidad de ayer y hoy.

El naftazo dispuesto por el ministro Juan José Aranguren ha colocado al rojo vivo todas las contradicciones del “programa” económico. Aranguren subió los combustibles un 10% al día siguiente de que el Banco Central “ratificara” una inflación del 25% para este año. Incluso con una desaceleración -que está por verse-, es difícil que la inflación anual no supere el 45%. Aranguren, además, dejó la puerta abierta a nuevos naftazos, de acuerdo a lo que ocurra con el tipo de cambio y el precio del petróleo. Como lobbista liso y llano de los intereses petroleros, el hombre anticipó la dolarización definitiva de los combustibles. Pero el precio del petróleo está en alza, y el propio aumento de las naftas reavivó los reclamos cambiarios de la burguesía exportadora. La “patria sojera” denuncia que el aumento de sus costos se ha devorado la baja de las retenciones (La Nación, 5/5). La UIA, por su parte, afirma que “la paridad entre el peso y el real es la de 1998-2001” (ídem, 24/4) -o sea, la que precedió a la megadevaluación de Duhalde. El naftazo acicatea la devaluación, pero una nueva devaluación provocaría otro naftazo. La tesis de un “reacomodamiento de precios” -y de una estabilización posterior- hace agua por todos lados. La inflación expresa el estallido de todas las contradicciones acumuladas, que están lejos de encontrar un equilibrio.

Bicicleta financiera y recesión

Pero una nueva devaluación le asestaría un golpe letal a la bicicleta financiera que el gobierno ha reforzado en torno de la deuda del Banco Central con la banca privada, y que alcanza los 40.000 millones de dólares. La renovación de estas Lebac, que se realiza a una tasa cercana al 38% anual, es la base de una rentable bicicleta, que explica el único ‘ingreso de capitales’ logrado por la administración Cambiemos hasta hoy. Los especuladores cambian dólares por pesos para colocarlos en Lebac, con la expectativa de volver a comprar divisas a un valor estable para dentro de seis meses. Esta operación, que algunos califican como “la renta más alta del planeta”, encarece el conjunto del crédito y ha agravado la recesión económica. Es claro que esta bicicleta volaría por los aires en caso de una nueva devaluación. Mientras una parte de los analistas asegura que “el atraso cambiario llegó para quedarse” (Cronista, 5/5), el agravamiento de la crisis brasileña acentúa los reclamos devaluatorios de la burguesía exportadora. Después de un 60% de derrumbe del peso, el déficit comercial con el exterior persiste, y sólo se redujo por la brusca contracción de las importaciones, como consecuencia de la menor actividad económica. El consumo ha caído en los primeros meses del año, y el producto bruto retrocederá no menos del 2% en 2016. La “lluvia de inversiones” no existe, como lo revela el fiasco de los anuncios de Vale en Mendoza.

Déficit fiscal y endeudamiento

En este cuadro, una fracción del gabinete -y de la propia burguesía- plantea salir de la deuda explosiva del Central en base a un ajuste fiscal de características brutales. Aunque el gobierno paralizó por completo a la obra pública y despidió a trabajadores precarizados, sufre por otro lado una caída de los ingresos del fisco, como resultado de la baja de las retenciones y otros beneficios a los grupos capitalistas. Sólo para cubrir el déficit fiscal, el gobierno prevé una emisión de deuda de 37.000 millones de dólares. Nuevamente, y como en los años del kirchnerismo, un aportante compulsivo a este financiamiento será la Anses, pero percibiendo la mitad del rendimiento que obtendrán los bancos que financiaron el pago a los fondos buitre. El fisco también quiere financiarse con parte de los ahorros que se encuentran en el “colchón”, que se ha reforzado bajo su mandato: 3.700 millones de dólares fueron atesorados en el primer trimestre, ¡y después de que el gobierno se endeudara en 5.000 millones para reforzar las reservas del Central! El derrumbe del crédito y del consumo privado delatan que el conjunto del ahorro nacional sostiene la refinanciación de la deuda pública, por un lado, o permanece atesorado, por el otro. La renta extraordinaria que perciben los especuladores es característica de los períodos previos a una declaración de quiebra. Algunos anticipan que la deuda del Central con los bancos podría ser canjeada por títulos del Tesoro (una reedición del plan Bonex de 1990). Pero esta medida compulsiva desacreditaría al “gobierno de los mercados”, y sería el preámbulo de una crisis política.

Sin rumbo

A la luz de lo anterior, se comprende que la “dinámica del gabinete (haya) tomado la forma de todos contra todos” (Cronista, 6/5). La guerra del gabinete tiene su correlato en los enfrentamientos al interior de la clase capitalista. El lobby automotriz, autopartista y una parte de la “patria contratista” reclaman contra el acero caro de Techint. Techint, por su parte, culpa de sus costos a la devaluación del real, y-sin decirlo-se suma a las quejas del ‘atraso cambiario’. Lo mismo ocurre con las “economías regionales” (Alto Valle).

Esta guerra revela la incapacidad del Estado para hacerse cargo del conjunto de los rescates que reclama la clase capitalista. La pretensión de trasladar el costo de este rescate a la clase obrera deberá pasar la prueba de luchas de fondo y rebeliones populares, como se avizora en los episodios de Tierra del Fuego o Comodoro Rivadavia. Mucho antes de lo previsto, el gabinete de los CEO podría sufrir el destino que ellos mismos le han deparado a más de 150.000 trabajadores cesanteados.

El lunes 9, el Movimiento Evita desarrolló su cuarto “encuentro nacional contra la violencia institucional”. En los años anteriores, estos encuentros eran encabezados por los funcionarios de Cristina, es decir por los mismos responsables de la violencia institucional que se decía querer combatir. Con toda razón la izquierda y los sectores combativos denunciaban la impostura que estaba detrás de estos eventos.

En esta oportunidad, y ya con el kirchnerismo fuera del gobierno, la novedad consistió en la decisión de los organizadores de invitar a la izquierda. Los motivos de ello se pueden deducir: tratar de presentar al kirchnerismo como la cabeza de un frente progresista contra el macrismo, que incluya a la izquierda como fuerza subordinada. Para concretar este propósito, el kirchnerismo seleccionó en la izquierda a la fuerza política que le parece más a fin. Esto explica la presencia del PTS y Myriam Bregman, algo que no ha sido aleatorio. Después de todo, el PTS ha actuado en votaciones importantes del Congreso como segundo violín del kirchnerismo.

El lugar que se le otorgó al PTS fue el panel central, rotulado “Acuerdo Nacional por el Derecho a Protestar”. Junto con Myriam Bregman estuvo Leonardo Grosso (diputado del FpV, organizador del encuentro), Horacio Verbitsky, Remo Carlotto, Sandra Rodríguez y Victoria Donda, entre otros. Nito Artaza, quien no pudo acudir a la cita, envió sus saludos y convocó a defender un “proyecto nacional y popular inclusivo”.

El “acuerdo” concluyó en una reivindicación de la “doctrina de seguridad democrática” que el tándem Verbitsky-Garré arrimó a los gobiernos K (incluido el llamado Proyecto X) y convocó a volver a un aparato represivo “continente y no reaccionario”. Nunca hay que perder la capacidad de asombro: hace menos de seis meses concluyeron más de una década de gobierno que se destacó por batir el récord de asesinados en protestas, establecer condenas a prisión perpetua contra luchadores, montar una maquinaria de espionaje sobre las organizaciones populares, sancionar leyes “antiterroristas” solicitadas por el Pentágono, tercerizar la represión a través de las patotas de la burocracia sindical, tener por vocero a uno de los responsables de la masacre de Avellaneda, nombrar a un carapintada al frente de la Secretaría de Seguridad y a un genocida al frente del Ejército.

La participación de Bregman estuvo dentro de los parámetros requeridos por los organizadores. Durante su intervención habló de la continuidad del aparato represivo de la dictadura, de Julio López, del Proyecto X, del artículo 194 y de Milani sin mencionar ni una sola vez a los gobiernos de Néstor y Cristina. Tampoco desarrolló una crítica a la mentada “seguridad democrática”, que es la doctrina “moderna” del imperialismo. Infiltración, espionaje, intercepción de comunicaciones. En eso consiste el sistema “continente”.

La adaptación de Bregman al auditorio dominado por la militancia kirchnerista -ad honorem y rentada- llegó al extremo de no mencionar la represión en Tierra del Fuego, a cargo de una gobernadora del FpV ni mucho menos la de Alicia Kirchner en Santa Cruz. En cambio, Bregman sí mencionó la detención de Milagro Sala, pero sin establecer ninguna delimitación, precisamente en un ámbito donde Sala es reivindicada políticamente. Si de “violencia institucional” se trata, la Tupac Amaru es un emblema de tercerización de la “violencia institucional”, alimentada con fondos públicos. Esto lo hemos señalado decenas de veces en los debates con el PTS, cuando rechazaron impulsar una movilización independiente de los K por la liberación de Sala.

El franeleo del PTS con Verbitsky no puede escudarse en la defensa del “derecho a protestar”, la cual requiere la acción directa de los trabajadores y no el coqueteo con el kirchnerismo. Les recordamos a los lectores que Verbitsky fue directamente responsable de la detención de los ferroviarios del PO y compañeros de Mariano Ferreyra en diciembre de 2010, a quienes acusó de promover los disturbios en la estación Constitución. Esta maniobra, urdida junto a Nilda Garré, ocurrió cuando Pedraza aún estaba en libertad.

La dócil participación de Bregman en el encuentro promovido por el Movimiento Evita es otra manifestación del seguidismo del PTS a la pandilla kichnerista.

Este jueves 12 de mayo, sindicatos docentes y federaciones estudiantiles de todo el país realizaremos una gran marcha en defensa de la educación y de la universidad pública. Por primera vez, desde los recortes de López Murphy en 2001, la movilización reunirá a la totalidad de los gremios universitarios, e incluso a rectores y autoridades de diversas facultades. La iniciativa se encuentra enmarcada en la semana de paro nacional decretada por la Conadu Histórica, con centenares y centenares de clases públicas, cortes y asambleas a lo largo y ancho del país. En la UBA, los estudiantes ocuparon la facultad de Filosofía y Letras en apoyo a la lucha -medida que se levantará para participar de la marcha.

A pesar de que los reclamos son elementales y urgentes -salario, presupuesto, boleto educativo-, la realización de la movilización requirió toda una lucha política. La UJS, en la conducción de la Fuba, y la Naranja, en la conducción de AGD y la Conadu Histórica, fuimos sus impulsores. Uno de los primeros escollos a superar fue la política de La Mella (Patria Grande), que subordinaba cualquier iniciativa de lucha al acuerdo de las burocracias docentes y agrupaciones K. Proponían postergar la movilización al 20 de mayo, supuesta fecha de “consenso” -alejada de la semana de paro de la Conadu Histórica. La FUA de Franja Morada, propuso, sin miramientos, que la marcha se realizara en junio -dándole suficiente aire a “su” gobierno para derrotar a los docentes.

Finalmente, el Congreso Extraordinario de Conadu Histórica votó la fecha del 12, que se terminó imponiendo por la fuerza de la necesidad en todas las universidades del país. El debate, entonces, se trasladó al destino de la movilización. Las burocracias docentes y no docentes se plegaron con la condición de que culminara con un acto regimentado en el Ministerio de Educación. La “despolitización” de la marcha no tenía el propósito de destacar el reclamo salarial -varias veces entregado por esos sindicatos-, sino de dejar a salvo los acuerdos que tejieron los rectores con la Casa Rosada pocos días atrás. Lo mismo había ocurrido en la marcha por el boleto en La Plata, cuando los K se negaron a ir a la Gobernación de Vidal -con el “consenso”, también allí, de Patria Grande y alguna parte de la izquierda.

La marcha retratará el quiebre de todo un sector del aparato universitario, que se movilizará ahogado bajo la política del gobierno. Pero, al mismo tiempo, se presentará la tentativa de ese aparato corrompido por subordinar a sus intereses al movimiento de lucha de estudiantes y trabajadores. El pejotismo y los K no quieren interferir en la gobernabilidad del ajuste, mientras posan de abanderados de los reclamos que negaron cuando eran gobierno. En las asambleas de Filosofía y Letras, La Cámpora votó en contra de la ocupación, allí también, junto a Patria Grande. Pero no les alcanzó.

Las asambleas de Filo, así como todas las que se realizaron en la UBA, ratificaron que el destino de la marcha sea la Plaza de Mayo, el centro del poder político ajustador.

Conclusión

El jueves marcharemos de Houssay al Ministerio de Educación, y de allí a Plaza de Mayo, donde la Conadu Histórica, la Fuba y el conjunto de las agrupaciones combativas montaremos un acto por el triunfo de la lucha universitaria. Su concreción es una primera victoria del movimiento, que derrotó los bloqueos que emergieron contra su desarrollo, y en particular de la política consecuente que desenvolvimos los estudiantes y docentes del Partido Obrero. La protección política que la “izquierda seguidista” brinda al kirchnerismo, en nombre de la “unidad”, no potencia al movimiento, sino que sacrifica sus energías en honor a los compromisos con el ajuste que mantienen autoridades y burócratas con el gobierno. El propio desarrollo del movimiento confirma la necesidad de poner en pie una poderosa corriente socialista y revolucionaria de la juventud, que ligue su lucha a la de los trabajadores y levante una alternativa independiente al régimen de los ajustadores. Es el objetivo del Congreso Nacional de la UJS, que sesionará el 28 y 29 de mayo en la Facultad de Medicina de la UBA. Desarrollemos estas conclusiones en plenarios y asambleas para multiplicar la convocatoria al Congreso.

Más de 60.000 trabajadores pararon el viernes 6 durante doce horas, prácticamente todo Comodoro Rivadavia. El detonante fue el despido de más de 2.000 trabajadores de la industria del petróleo y la amenaza patronal de ir por más.

Los obreros petroleros de PAE (en Cerro Dragón), Tecpetrol (de Techint) y también YPF, fueron el eje de la medida, a la que se sumaron los camioneros y los agremiados en la Uocra y la UOM, empleados por las tercerizadas de los pulpos. Pero, en verdad, paró toda la ciudad, porque se sumaron los docentes, los empleados de comercio, bancarios, estatales de ATE, Salud, médicos, choferes de taxis, de gas privado y de Luz y Fuerza, afectados también por los despidos.

Una movilización de casi 20.000 personas se concentró entre las rutas 3 y 26, en un acto convocado por la burocracia de los sindicatos y por el intendente Linares, del FpV. A partir de la huelga, se puso en marcha una parte de la actividad petrolera que se encontraba paralizada. PAE ya restituyó tres equipos de producción y fijó un cronograma hasta completar diez más de perforación y un total de 41.

Las petroleras no sólo no cumplieron su parte en el acuerdo que firmaron con Macri, Frigerio y Das Neves, por el cual reciben 4.250.000 pesos diarios en conceptos de subsidios - pagados con el naftazo- y que supuestamente los obligaba a detener los despidos hasta el 31 de agosto y a “subir” los equipos que habían sacado de producción, sino que recrudecieron su política cesanteadora. Para ello, apelaron a retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, reducción de horas de trabajo y quitas del 30% del salario (Tecpetrol). Además, las tercerizadas despiden y cuando las reemplazan por nuevas contratistas sólo toman una parte del personal, dejando sin trabajo al 20%. Las pymes, que emplean gasistas, metalúrgicos, soldadores, despiden por decantación. Por día dejan a más de 50 trabajadores en la calle y los petroleros saben que en un par de meses, al no subir los equipos (sin ponerlos a producir), quedarán sin trabajo.

La burocracia sindical -con todo el aparato político municipal y provincial- llamó a este segundo paro y movilización del año porque el malestar y la presión de los obreros por los despidos, el impuesto al salario y el pésimo acuerdo salarial (sumas en negro actualmente en 6.000 pesos) iba en aumento, arriesgando su control sobre los trabajadores. ¡Nadie olvida a los combativos Dragones!

Se desarrolló todo un entramado entre el camporista Avila, de Petroleros Privados; Linares, el intendente K de Comodoro; Taboada, de Camioneros (Moyano) y Das Neves, el gobernador de Chubut, para que la reacción obrera fuera contenida y no se lleve puesta, como mínimo, la cabeza de Avila (tiene elecciones en el sindicato en dos meses). Das Neves es uno de los acusados en la causa de coimas de Cerro Dragón, de los Bulgheroni, dueños de PAE. La intimación a esta compañía para que suba los equipos fue, claramente, para evitarle males mayores. Por otra parte, Das Neves le entregó a Avila la empresa provincial Petrominera, colocándolo como interventor para que le garantice la paz social. El intendente Linares, que precariza en el municipio con becarios en negro, no podía estar ausente en esta entente.

En el acto, tanto Avila como Taboada amenazaron con un paro indeterminado si no suben los equipos y luego firmaron la paz social. ¡Pero los despidos no han parado desde enero, cuando se realizó el primer “comodorazo”! Lo que sí avanzó fue el acuerdo para subsidiar a las petroleras. La burocracia actúa como lobista de los pulpos petroleros, no de los obreros cuyo derecho al trabajo está siendo violado todos los días. Ninguno de los burócratas K o moyanistas plantearon abrir la paritaria petrolera por una urgente recomposición salarial, frente a la escalada inflacionaria. Mucho menos, la perspectiva de una huelga general hasta quebrar el ajuste y los despidos.

El “comodorazo” es un síntoma poderoso de la crisis nacional y de la disposición de la clase obrera a intervenir en defensa de sus conquistas amenazadas. Como en todo el país, esa disposición de lucha necesita abrirse camino con un programa y una perspectiva política propios, en oposición a la burocracia sindical y los partidos entrelazados con los monopolios petroleros.

La Lista Verde de Rodolfo Daer retuvo la dirección del STIA Capital, por 3.022 votos -según los datos del propio oficialismo- contra 755 de la Bordó y 282 de la Azul y Blanca.

La Bordó denuncia que con procedimientos fraudulentos -cambios de horarios de las urnas, impedir el ingreso de fiscales opositores, votaciones del 100% del padrón donde no llegan fiscales opositores- la Verde intenta despojarla de la minoría.

La Verde se encuentra en un cuadro de crisis y resquebrajamientos en todo el país - y el STIA Capital no es la excepción. Prueba de ello es el abandono total de la defensa de los trabajadores del grupo Canale en Cuyo, de Alpesca en Chubut y de Cresta Roja en la zona sur de Buenos Aires. Más reciente es el abandono del ya de por sí insuficiente reclamo de 16.500 pesos al inicial votado por el Plenario de Congresales (lo que representaba un 48% de incremento salarial) para bajarse a 15.000 pesos al inicial (menos de un 35%), abandono que se hizo antes de hacer una hora de paro.

Si se tiene en cuenta que la Lista Bordó en la elecciones de 2012 -integrada también por quienes componen hoy la Celeste y Blanca- había alcanzado un 40% de los votos y ganado en 15 fábricas, la votación de la Bordó -perdiendo en sus “bastiones” como Stani, Pepsico y Felfort- representa un fuerte retroceso.

Nuestra crítica principal la política de la oposición está relacionada con un problema de método, que es crucial para el clasismo en su desarrollo en el movimiento obrero: la ausencia de una verdadera política de Frente Unico contra la burocracia de la Verde. Esto supone unificar para la acción combatiendo todo faccionalismo.

La división de la oposición antiburocrática le allanó el camino de la victoria a Daer. El argumento que esgrime la Bordó de que la Celeste y Blanca “es verde, amiga de Wasiejko en el Sutna y traidores a la lucha de 2009” es un subterfugio; se opone a su propia práctica en 2012 -cuando la Celeste y Blanca ya era acusada de Verde, ya era amiga de Wasiejko y ya se había bajado de la huelga de 2009, y aun así integraron una lista común.

Otra expresión de esa ausencia de Frente Único es el rol de las internas de la Bordó (principalmente en Kraft) y de la Transparente en Felfort de no adherir a los paros nacionales convocados por la Federación Alimenticia, con el argumento de que son “inconsultos”. No impulsar a los trabajadores a la huelga los privó de una experiencia de lucha clave, y le quitó la enorme autoridad que la Bordó tenía ganada frente al conjunto del gremio en la huelga de 2009. Esta política conservadora fue impotente frente a los despidos y las tercerizaciones.

También la votación expresó que estamos ante un sindicato prácticamente vaciado de afiliados, algo que es promovido de conjunto por la burocracia sindical y contra lo cual el clasismo, si quiere echar a la burocracia, tiene que tener una de sus principales batallas. La no afiliación al gremio expresa el descontento con la burocracia, pero también expresa la ausencia de una política para enfrentarla.

El desplome de la Celeste y Blanca en Kraft (169 contra 262 de la Bordó y 246 la Verde) y su elección marginal en todo el gremio demuestra que la ausencia de política -o el discurso antipartidos- podrá servir para ganar circunstancialmente una elección, pero que es indefectiblemente un factor de desorganización en el movimiento obrero.

El triunfo de la Verde tiene pies de barro. La burocracia, sus prácticas y su política no tiene base entre los trabajadores, que quieren enfrentar el ajuste.

Es necesario que el activismo saque las conclusiones correctas de este retroceso de la oposición en el STIA Capital, para derrotar a Daer y para poner en pie una poderosa oposición en todo el gremio de la Alimentación.

El Guernica, de Pablo Picasso, está en exhibición permanente en la Fundación del Museo de la Reina Sofía, en Madrid. El patrono de esa fundación es el muy católico y monárquico millonario Santiago de Torres Sanahúja, propietario, entre otras muchas cosas, de la galería MS, que funcionó desde 2004 hasta el verano boreal de 2012. Ese año, la MS y su dueño quedaron en la mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española por lavar dinero mediante transacciones con obras de arte. Socio de Torres Sanahúja es David Marjaliza, uno de los principales imputados en la llamada “red Púnica”, aquel entramado de corrupción que hundió en la crisis al gobierno de Mariano Rajoy.

En aquel momento quedó a la vista un mecanismo que se conocía desde mucho tiempo antes: el dinero de las “comisiones” (coimas), que grandes empresas como la energética francesa Cofely pagaban a políticos españoles para arreglar sus negocios, era reingresado en el circuito legal mediante la compra de obras de arte que se pagan, o simulan hacerlo, a un precio muy superior a su cotización estimada. Lo mismo ocurre con dinero procedente del narcotráfico, de la evasión de impuestos o de cualquier otro origen ilegal. Las obras de arte son ideales para eso porque, después de todo ¿cuánto vale, por ejemplo, una pintura artística? Vale exactamente lo que un coleccionista esté dispuesto a pagar por ella, no rige en ese ámbito la ley del valor.

Además, esas transacciones no pagan impuestos: cualquiera puede entrar en cualquier aeropuerto con un Rembrandt arrollado en un estuche sin que nadie le diga nada, aunque en verdad está ingresando un buen par de decenas de millones de dólares.

Los bancos, siempre los bancos

Según los entendidos, el comercio de obras de arte es uno de los mecanismos de lavado de dinero más usados después de las operaciones inmobiliarias. También tiene su importante lugar en ese punto la compra-venta de contratos de deportistas profesionales, en especial jugadores de fútbol y basquetbolistas. Por supuesto, todos esos mecanismos resultarían imposibles sin la complicidad activa de los bancos por medio de los cuales se efectúan las transacciones. En materia de dinero ilegal y lavado, los bancos son los verdaderos grandes dueños del negocio.

La agencia EFE informó hace unos meses que el dinero lavado en España procede básicamente del narcotráfico y, en menor medida, del comercio ilegal de armas y de la evasión impositiva. Por su lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos considera que España es “la mejor lavandería de Europa”. Washington no puede referirse al territorio norteamericano, claro está, porque en ese caso debería admitir que el principal centro lavador de dinero del mundo es, precisamente, Estados Unidos.

Otro modo de lavar dinero con obras de arte es el de las subastas fraudulentas. Un supuesto vendedor saca a la venta, falsamente, una obra de arte. En una puja simulada, un cómplice ofrece determinado monto y se lleva la obra. Luego, terminado el simulacro, la devuelve y cobra su comisión. Menos complicadas aún son las cosas en el ambiente de los marchantes y de las personas que compran y venden obras artísticas con más reservas. En esos ámbitos los controles son mucho menores o no existen.

La burguesía crea un mundo su imagen y semejanza, y no puede el arte librarse de esa ley. Está reservado a los artistas, y al pueblo trabajador que defiende la cultura y la civilización, el organizar la rebelión de las obras de arte contra su condición mercantil. Por otra parte, en su decadencia, en su última etapa de descomposición, el capitalismo se vuelve abiertamente delictivo. Por eso, también la lucha por la libertad del arte es lucha contra la dictadura de los banqueros, de las mafias capitalistas.

Por primera vez en doce años, el principal sindicato de los educadores tucumanos (Atep) tendrá elecciones “normales”: la junta electoral oficializó a las cuatro listas que se presentan.

Además de la propia burocracia (Lista Morada y Blanca), se presentan dos listas (la Dorada y la Lista Verde-Roja-Azul), que son desprendimientos del viejo tronco burocrático que encabezó César Zelayarán durante veinte años. Ambas formulan un planteamiento de “democratización” del gremio, limitado a la alternancia y al cambio de estatuto.

Estos sectores fueron contrarios a la lucha autoconvocada de 2014 y, en general, a toda lucha. Ninguno plantea la independencia de Atep del gobierno.

Son listas no apoyadas en la organización combativa de la docencia, sino en la colaboración con diversos aparatos políticos patronales (UCR-macrismo, PJ opositor).

En contraposición con ellas, se presenta la única lista verdaderamente opositora a la burocracia, la Rosa-Marrón-Naranja, expresión de los sectores combativos que, desde hace varios años, vienen luchando por poner en pie a la docencia tucumana.

La lista está integrada por más de 150 docentes que, en su gran mayoría, participaron en la gran autoconvocatoria de 2014, que logró movilizar de un modo independiente a varios miles de docentes y está encabezada por Raquel Grassino, principal dirigente de esa lucha, militante de Tribuna Docente y del PO y agrupa a diversas tendencias y luchadores: Tribuna Docente (PO), la Agrupación Marrón (PTS) y la Lista Naranja (vinculada con la Darío Santillán).

La lista está conformada sobre la base de un programa de independencia del Estado y de los gobiernos de turno. Propone impulsar, en primer lugar, la lucha por la reapertura de la paritaria y un salario igual a la canasta familiar, el fin de las intervenciones de las Juntas de Clasificación y el curro que desde ahí están haciendo en contra de los docentes y la democratización de la vida gremial, terminando con el unicato sindical.

Pero nuestro planteamiento de democratización no es ni declamativo ni formal, es un planteo de organización de la docencia en cuerpos de delegados y redes de escuelas, que será nuestro método en la campaña electoral.

Las elecciones son el domingo 26 de junio. La lucha para conquistar el voto a la lista “de los Autoconvocados” debe ir acompañada de una campaña de empadronamiento y organización. Manos a la obra.

Hasta poco después de la muerte de Hugo Chávez, el régimen político de Venezuela se jactaba del apoyo mayoritario que recibía de la población a través de numerosas convocatorias electorales. Conformaba de ese modo un sistema bonapartista clásico, casi una copia del modelo original que se desplegó en Europa hace unos doscientos años. La base social de ese bonapartismo estaba constituida por una inmensa masa pobre que vivía en los intersticios del sistema económico rentista del país, y de una gran parte del proletariado de la industria. Cuando en 2008 perdió un referendo acerca de la reforma de la Constitución por una diferencia realmente mínima, el chavismo hizo cuestión de respetar escrupulosamente el resultado por la razón, fundamental, de que contrariarlo habría significado socavar el principio mismo de su régimen político. La contracara del chavismo plebiscitario era la oposición minoritaria, que el oficialismo bautizó por eso como “escuálida”.

De facto

El contraste con la situación presente no podría ser más abismal. El chavismo perdió en forma aplastante las últimas elecciones parlamentarias y desde entonces no ha hecho más que violentar la autonomía de la Asamblea Nacional a fuerza de decretos y de decisiones del Poder Judicial. El gobierno plebiscitario ha dejado de existir y sobrevive solamente por el apoyo del estado mayor de las fuerzas armadas. La semana pasada, la Corte de Justicia comenzó a intervenir en el reglamento de la Asamblea Nacional, que ha sido privada, en el camino, de la posibilidad de interpelar y objetar ministros e incluso de intervenir en la designación del presidente del Banco Central. Mediante procesos judiciales capciosos, el dúo Maduro-Cabello ha neutralizado a la nueva asamblea, esto con el apoyo militar. Mientras en Brasil, una mayoría parlamentaria abandona el apoyo a su propio gobierno para armar un juicio político a la Presidenta en una clara conspiración con los grandes bancos y la gran industria, en Venezuela también se desarrolla un golpe de Estado pero, en este caso, del Poder Ejecutivo y su camarilla contra el parlamento dominado por una mayoría que fue elegida por representar la oposición política (de derecha) al régimen, instalado y ratificado durante quince años por medio de procedimientos refrendarios.

El pasaje del bonapartismo plebiscitario al bonapartismo de facto marca la disolución indetenible de la etapa política bolivariana. En los últimos días se ha acentuado la acción de la diplomacia internacional y del Vaticano por estructurar una salida consensuada del régimen chavista. Resurge entonces el tema del golpismo, en este caso el ‘auto-golpe’, desde el campo militar chavista, para armar un gobierno de transición con la oposición ‘macrista’ tradicional. Es lo que informa el corresponsal de La Nación (4/5), con nombre y apellido. El plan económico de este golpe común de chavistas y escuálidos, fue formulado varias veces por el dueño de la mayor empresa de Venezuela, Polar, que aseguró que el capital internacional estaba dispuesto a cooperar en un plan de rescate financiero, incluida una reestructuración de la deuda externa. El cacareo acerca del retorno definitivo y completo de la democracia en América Latina debería dar cuenta de la serie de golpes de Estado que inauguró el derrocamiento del hondureño Zelaya y que ahora se apodera de Brasil y Venezuela, luego de su paso por Guatemala y Paraguay. En Venezuela, sin embargo, un autogolpe de la camarilla actual está condenado al fracaso -solamente aceleraría el pasaje del gobierno de facto al gobierno de transición. Estas evidencias concluyentes de la crisis de dominación burguesa en América Latina auguran la inevitabilidad del surgimiento de situaciones pre-revolucionarias con alcance condicionado a la calidad de la estrategia política de la izquierda socialista.

Experiencia agotadísima

El pasaje de un régimen político a otro expresa, sin duda, el completo colapso de la economía de Venezuela, cuyo carácter rentístico-minero se acentuó a lo largo de la etapa chavista. En oposición a un programa de industrialización comandada por el Estado, el chavismo volcó una parte significativa de la renta petrolera en el desarrollo de programas sociales, cuya envergadura es proporcional a la incapacidad de mantener esos programas a lo largo del tiempo sobre la base de la estructura económica vigente. Otra gran parte se desvió hacia el latrocinio oficial, disfrazado en la necesidad de desarrollar una ‘boliburguesía’ -a la Lázaro Báez, Cristóbal López, Electroingeniería o Pampa Energía, asociada al capital chino o ruso. La asociación con el capital extranjero para explotar la cuenca del Orinoco no produjo resultados significativos como consecuencia del rechazo de los monopolios internacionales (incluidos los chinos y los rusos) a cooperar con una explotación comandada por la empresa estatal. Se posicionaron en la cuenca para anotar las reservas de hidrocarburos en las Bolsas donde cotizan sus acciones y para ser beneficiarias de un eventual giro privatizador -casi un calco de lo que ha ocurrido en Brasil.

La economía chavista sucumbió mucho antes de la caída de los precios del petróleo, a medida que las elevadas cotizaciones de la década pasada se trasladaron progresivamente a las refinadoras, las empresas de servicios tecnológicos y los bancos. El derrumbe del precio internacional sólo le dio el tiro de gracia: PDVSA tiene una deuda impagable de alrededor de 50 mil millones de dólares, mientras las reservas del Banco Central apenas superan los 10 mil millones de dólares. Un ‘defol’ podría tener lugar con un vencimiento en octubre próximo. Agotados los recursos financieros excepcionales, Venezuela se ve hoy incapacitada para mantener el flujo de importaciones del que depende el conjunto de su economía. El desabastecimiento está demoliendo la vida social. El oficialismo cifra su última esperanza en que un rebote del precio internacional del petróleo le abra una posibilidad de volver al endeudamiento internacional -una quimera. Una crisis adicional, aunque de envergadura, acosa al programa de viviendas, con un creciente reclamo de escrituración, que funcionaría como la apertura de un enorme mercado inmobiliario. Pero, con el hundimiento del chavismo, a los adjudicatarios ya no les alcanza la protección oficial incluso han empezado a enfrentarla abiertamente. El “plan arraigo” se convierte así en su contrario: en el reclamo de un ‘plan’ de privatización que la derecha apoya con gran entusiasmo.

Crisis y oportunidades

La oposición logró hace pocos días una victoria importante al reunir casi dos millones de firmas para promover un referendo revocatorio del mandato de Maduro. Aunque el oficialismo reconoció el procedimiento, que la prensa internacional atribuye a la presión de varios países y del Papa, se dice que dilataría el proceso hasta enero, cuando la revocatoria podría destituir a Maduro pero sin convocar a nuevas elecciones, o sea transfiriendo el mando al vice, que para esa fecha podría ser Diosdado Cabello, el jefe de la camarilla militar, que no se avendría a aceptar la salida de un gobierno de transición. Venezuela se encuentra en la fase final de una ruptura política.

Los cinco meses de macrismo, en Argentina, demuestran que las transiciones de los llamados gobiernos ‘populistas’ a la derecha financiera se caracterizan por una acentuación de las contradicciones económicas, una agudización de la lucha de clases y una tendencia a la crisis política. Sólo para quienes el ‘populismo’ es la única alternativa popular, esta transición es caracterizada como una ‘derrota’, y no como una oportunidad política obrera y socialista. Es desde este estadio más elevado de la crisis de dominación como debe abordarse la nueva etapa. Un referendo revocatorio bajo la presidencia de Maduro es inviable; solamente queda el autogolpe y la disolución de la Asamblea Nacional o el golpe de transición. La clase obrera de Venezuela necesita una política de la izquierda a partir de este escenario. La crisis deberá atravesar numerosas etapas y nuevos desafíos para la izquierda. La oportunidad de un congreso obrero y de la izquierda para plantear una salida de conjunto y un plan de lucha frente a la catástrofe económica está a la vista. En oposición al gobierno y a los autogolpes y golpes pactados, reclamemos una asamblea constituyente libre y soberana convocada por un gobierno de trabajadores. Es un planteo para reunir las fuerzas de clase y de la izquierda, y por esa vía desarrollar una alternativa obrera y socialista a la crisis.

Nota extraída de https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/560228490824683

Tras una semana de plan de lucha, los trabajadores de AGR-Clarín obtuvimos un triunfo, elevando el ingreso que tendremos durante el año por encima del porcentaje pautado por la burocracia gráfica.

Además del 25 por ciento semestral firmado por el sindicato, obtuvimos 17.100 pesos en tickets que se cobrarán en tres tramos, 4.000 en junio, 4.000 en julio y 9.100 pesos en diciembre. Por otro lado, logramos el reingreso de contratados que habían sido cortados, a pesar de contar con una antigüedad superior a otros compañeros; de este modo hacemos respetar un criterio de antigüedad que impida la discriminación o el favoritismo de encargados; también se logró un principio de bolsa de trabajo y otros reclamos.

La lucha salarial comenzó con la pelea en la paritaria general, la cual fue subordinada por la burocracia ongarista -que se dice en “la resistencia- al criterio de las paritarias “cortas” de Macri; con la movilización de la Naranja, que superó la de la propia Verde, se logró destrabar una paritaria en la que las patronales estaban “plantadas” en el 20 por ciento y elevar esa cifra al 25. AGR-Clarín fue el taller que más movilizó en esa jornada, unos 200 compañeros.

Tras la firma de la paritaria general, comenzó la lucha por adicionales en la empresa; los trabajadores rechazábamos que el Grupo Clarín, que ha aumentado un 90 por ciento el precio de tapa del diario y un 46 por ciento el de la revista Genios, y que presenta balances donde figura un aumento del 117 por ciento de sus ganancias en 2015, pretendiera “conformarnos” con un 25.

Votamos un quite de colaboración, se comenzaron a suceder asambleas, y el propio día en que la patronal formuló la propuesta que se aprobó, se hizo una intensa campaña de prensa y nos disponíamos a marchar a la puerta de la Feria del Libro para visibilizar el reclamo. Mientras la Asamblea General sesionaba, estaban los micros dispuestos en la puerta para continuar el plan de lucha votado.

El límite del acuerdo es que no logramos un aumento del básico tal como pretendíamos; como lo expresó con claridad el informe a la asamblea general de la propia Comisión Interna. Sin embargo, en el contexto de retroceso de la situación de los trabajadores gráficos, fruto de la crisis y el conservadurismo de la burocracia sindical que deja pasar golpes patronales en numerosas empresas, el acuerdo arribado fue tomado como un triunfo y aprobado por amplia mayoría.

Los trabajadores de AGR-Clarín pusieron de relieve que el ajuste se enfrenta integralmente, defendiendo la estabilidad laboral pero también el salario, echando por tierra los argumentos de las más variadas burocracias sindicales, que en nombre de los despidos entregan el salario. Los trabajadores salimos a pelear la defensa de nuestros ingresos, y con la unidad y la lucha logramos defenderlos, y fortalecer, una vez más, nuestra organización.

El cuento “La Madre Especial” de Erma Bombeck (1927-1996) narra cómo imagina que Dios bendice a las madres dándoles un hijo con discapacidades. La realidad es que esa persona mal llamada "discapacitada" no sólo no llegará a ser jugador de fútbol o una bailarina del Bolshoi, sino que deberá superar más barreras que cualquier persona y quizá tenga más frustraciones en la vida.

Es un error etiquetar a alguien que convive con discapacidades como “especial” o “con capacidades diferentes” para no ser discriminatorio porque nosotros también somos seres humanos, por lo cual tenemos derecho a los mismos sentimientos y necesidades que todo el mundo.

Las etiquetas “especial” y “con capacidades diferentes” esconden la quita de la autonomía de las personas con discapacidades con intención de excluirlas, porque no pueden mantener el ritmo de producción en el sistema laboral que requieren las patronales. El trabajador pierde su autonomía no precisamente al ser despedido sino con el sólo hecho de estar regimentado por la burocracia sindical.

En la actualidad no se cumplen las leyes (nacional 22.431 y provincial 10.592) ni el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que obligan a las dependencias del Estado y empresas mixtas a contratar un 4 y un 5 por ciento, respectivamente, de su personal a trabajadores con discapacidades. Corresponde destacar que el impulsor de la modificación del ya mencionado artículo, en 2004, fue el entonces legislador del Partido Obrero Jorge Altamira.

Las personas con discapacidades son un gasto para el capitalismo y las prepagas les niegan la cobertura, mientras las obras sociales muchas veces no cubren los tratamientos que les pondrían mejorar la calidad de vida.

Para obtener cobertura médica por discapacidad se necesita una pensión por invalidez, que permite entrar en el programa Incluir Salud (ex Profe) o, en su defecto, puede tener Pami si alguno de sus padres (o tutores) son jubilados. A esta situación hay que agregarle que la persona que se quiera jubilar por invalidez, en términos generales no puede estar amparado por ningún beneficio asistencial (asignación universal por hijo, por ejemplo) ni disponer de bienes (ni siquiera su familia) y tampoco contar con familiares obligados a su manutención.

En otras palabras: no somos especiales ni tenemos capacidades diferentes, salvo los límites de nuestras discapacidades que nos obligan a entrenarnos desde pequeños para luego poder manejarnos en la vida con mayor facilidad.

Docentes, jóvenes trabajadores y estudiantes, vecinos y trabajadores de las autopartistas y otras fábricas que caracterizan a Escobar se reunieron este sábado 14 para escuchar a Jorge Altamira.

Además de responder preguntas y desarrollar la caracterización del PO, tanto del gobierno de Mauricio Macri como del golpe en Brasil, Altamira planteó la necesidad de impulsar coordinadoras fabriles para desenvolver la lucha contra el ajuste y la huelga general.

El dirigente llamó a los presentes, y a la militancia en general, a multiplicar las charlas y debates con trabajadores y jóvenes del distrito para que la izquierda sea un canal en el reagrupamiento de los trabajadores. Destacó que es necesario para luchar por sus reivindicaciones frente a las falsas propuestas de la oposición política pro-patronal.

¿Qué hacemos los trabajadores cuando no tenemos nada de nada? ¿Cuándo tu vecino, y el vecino de tu vecino están en la misma situación? ¿Cuándo tenés todo por hacer, con todas las capacidades, conocimientos y ni a tus hijos podés dar de comer? Organizar a los desorganizados: esa es la cuestión que bien muestra la obra “El movimiento”.

Dramaturgia: Laura Sbdar, Ezequiel Murmis.

Actúan: Enrique Biondini, Valeria Blanc, Valentina Britos, Nicolás Mauro, Juan Esteban Montoya, María Pía Poveda, Verónica Volman.

Escenografía: Rodrigo Díaz Ahl.

Diseño sonoro: Martín Ameconi, Luciana Morelli

En: La materia: Malabia 1077, Capital Federal, los sábados a las 22.

La obra teatral de Laura Sbdar y Ezequiel Murmis se propone abordar las contradicciones a las que se enfrentó el movimiento piquetero desde su auge, durante la rebelión popular de 2001, hasta el proceso de cooptación y represión (combinadas las dos cosas) vivido antes (presidencia Eduardo Duhalde) y durante el kirchnerismo.

El espectador se encuentra con una realidad que tiene vigencia histórica y también actual, porque el movimiento piquetero, a pesar de los ataques recibidos por parte del Estado, la Iglesia, la burocracia sindical y punteros de diversos pelajes, además de asesinatos y encarcelamientos, sigue presente en la escena política.

La puesta abunda en situaciones de alto impacto: desde el detalle de no poder bañarte por diez días hasta la tragedia de perder un bebé por no poder parirlo; o qué pasa cuando uno de los miembros de la asamblea consigue trabajo, o qué ocurre con el amor cuando la pareja de dos organizadores se rompe al diluirse esa fuerza intensa que vivieron en común.

Sbdar pone en el tapete las dificultades que tuvo el movimiento, que fue parte de un fenómeno más vasto aún: el de las asambleas nacionales piqueteras, ausentes en la obra. Quizás es un interrogante, que da para una segunda parte, sobre qué pasó con los desocupados que pasaron a las fábricas o a puestos estatales o docentes, y que hoy son protagonistas del proceso de recuperación de sindicatos; es decir, de la evolución de parte de ese activismo que hizo su experiencia en las barriadas piqueteras de todo el país. O el ascenso de la izquierda (incipiente) como no se veía desde hacía décadas en nuestro país.

Para el debate: la obra, subrepticiamente, sugiere la derrota del movimiento piquetero. Ya que próximas batallas recogerán esa experiencia histórica, metida en la combativa clase obrera argentina, su historia es testimonio vivo.

Esposas... es una metáfora sobre las complejidades del mundo contemporáneo (...) un hecho previo -del pasado- ilumina las modulaciones de un presente caótico, e un capitalismo que en su descomposición no puede enterse sino como un sistema que perdió su sentido

“¡Quiero un papel protagónico!”, dice la pequeña a su madre, una y otra vez. La pequeña también es guardia de seguridad en la Rumania soviética. Y la madre es la esposa del dictador rumano, estalinista. En Esposas de dictadores I -la obra del dramaturgo alemán René Pollesch que dirige en su versión argentina Luciano Cáceres, más conocido aquí como actor- nada es lo que parece.

Luego de un atentado para asesinarla a ella y su marido, la esposa del dictador (Leonor Manso) decide buscar entre sus sirvientas y empleadas una doble que esté dispuesta a asimilarse con su vida. Ella, de paso, podrá despuntar su pasión actoral, que confunde sistemáticamente con su propia vida. La desconfianza minará los lazos entre todos los personajes que, sin embargo, aislados en la cumbre del poder, no podrá más que ser el único sentimiento que los cohesione en su atrincheramiento en los palacios burocráticos de la descompuesta Europa del Este aún en órbita soviética.

En la obra, estrenada recientemente en el Centro Cultural San Martín, se superponen y alternan, una detrás de otra, capas de significados tan variados como los recursos utilizados en la representación dramática. La complejidad del mundo representado se refleja en la propia producción material de la obra.

La dramaturgia de Pollesch es hija predilecta de la caída del Muro y la reunificación alemana. Luego del derrumbe estalinista, la Alemania unida enfrentó la duda sobre qué hacer con el deficitario y decadente sistema teatral del Este. Una de las principales salas era la Volskbuhne (Escena del Pueblo). Frente a la disyuntiva entre el cierre y la continuidad se eligió seguir adelante. La decisión apuntaba a una renovación estética y para dirigir el teatro se designó al joven e innovador Franz Castorff, precursor del denominado “teatro posdramático”. Uno de los seguidores de esa corriente fue el propio Pollesch, que rápidamente ascendió a la fama como director de vanguardia, trasgresor y rupturista. Aquel joven, formado en la sociología y la filosofía, se hizo cargo de una de las salas satélite del viejo teatro soviético (La Nación, 22/3). Se lo asocia al mote de “teatro no representacional”: sin diálogos lógicos, sin personajes estables, sin conflicto o nudo tal como el teatro más tradicional lo entiende.

Esposas... es una metáfora sobre las complejidades del mundo contemporáneo. Pero lo es desde una perspectiva en que un hecho previo -del pasado- ilumina las modulaciones de un presente caótico, un capitalismo que en su descomposición no puede sino entenderse como un sistema que perdió su sentido, donde los estímulos que circulan no tienen significados propios sino que son máscaras superpuestas de la ruina que intenta ocultar.

El entramado de representaciones se exacerba en la obra con un sistema de cámaras en vivo, con camarógrafos que interrumpen las escenas, se visten y transforman, actúan: una obra que, en sus sucesivas vestimentas, no deja de desnudarse; es una obra donde se muestran los modos de producción teatral, todo aquello que en una escenificación tradicional suele ocultarse. Esta particularidad tiene además su inscripción política más potente: en el teatro de Pollesch se corrobora la premisa marxista de que la ideología es una falsa conciencia.

Mientras el juez Claudio Bonadio ordenó el procesamiento de Cristina Kirchner por la causa del dólar a futuro, y el “cerco judicial” a los K avanza en distintos frentes, funcionarios del gobierno prefieren darle un corte a las persecuciones penales a Lázaro Báez y compañía “porque estas cosas no se sabe dónde terminan y, sobre todo, en quiénes terminan” (Clarín, 7/5). Más claro, agua: los señores prefieren, razonablemente, curarse en salud.

Báez y su familia son dueños de 212 propiedades, más de 400 mil hectáreas en total. Ese dato alcanza por sí solo para indicar que durante la década kirchnerista hubo un método de saqueo sistemático a las arcas del Estado, una operatoria mafiosa que empieza a develarse en ¿toda? su magnitud.

Seguramente, algo similar se encontraría si se investigaran las actividades de Cristóbal López o Rudy Ulloa. La “burguesía nacional reconstruida” de los Kirchner es una asociación delictiva a gran escala.

Las derivaciones y los alcances de todo esto son por el momento impredecibles, pero algo es seguro: su resolución no se producirá en el terreno judicial sino en el de la política. También pueden preverse los límites que encontrará este remedo de “mani pulite” argentino. Veamos.

Parte de la plata robada por los Kirchner iba a Lázaro Báez mediante la contratación de obra pública, y Báez la devolvía por diversos mecanismos (el alquiler de habitaciones hoteleras que no se ocupaban, por ejemplo). En muchísimos casos esas obras ni siquiera se hicieron, se contrataban únicamente para que Báez cobrara los adelantos y “retornara” el dinero a la familia Kirchner.

Asociación ilícita M-K

En el caso de las represas Kirchner y Cepernic (su construcción está detenida desde hace cuatro meses) Báez se presentó a la licitación asociado con la empresa Iecsa, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, aunque en ese caso perdió con otros “burgueses reconstruidos”: Enrique Pescarmona y Eduardo Eurnekian, en sociedad con el grupo brasileño Camargo Correa.

Calcaterra y Nicolás Caputo (beneficiado con más de 1.000 millones de dólares en obra pública por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión macrista, y el negocio va en crecimiento exponencial) son “los Báez” del Presidente. Báez y Calcaterra también intervinieron juntos en el negociado del Gasoducto del Norte, en una licitación amañada por Julio de Vido.

Hay más, mucho más. La compañía aérea provincial Aero Chaco, por ejemplo, liquidada durante la gobernación de Jorge Capitanich. Cuando se produjo el desguace, Báez le compró aviones a precio vil. En esa época, las rutas que cubría Aero Chaco pasaron a Mac Air, la empresa de aviación de los Macri, vendida poco después a Avianca (las rutas chaqueñas mejoraron en mucho su cotización).

Ahora, la sociedad Calcaterra-Macri-K ha tenido una mala noticia: mientras la ex Presidenta declaraba en el despacho de Claudio Bonadio, la Sala IV de la Cámara de Casación decidía reabrir el caso Skanska, la compañía sueca que pagó coimas abultadas a funcionarios kirchneristas y emitió facturas falsas por muchos millones de pesos. Pues bien, una de las empresas más comprometidas en aquel escándalo es precisamente Iecsa, propiedad de Calcaterra.

Los límites políticos de la investigación empiezan a avizorarse. El fiscal Guillermo Marijuan ya mostró su primer recule: “No amerita detener a Martín Báez”, le dijo a la prensa. La mujer de Báez había amenazado, en su momento (luego se desdijo, seguramente después de recibir algún llamado), que si detienen a su hijo “Lázaro habla, y si no habla él voy a hablar yo”. Es un pacto mafioso: la libertad de Martín Báez a cambio del silencio de su padre.

Esto es un pozo negro de profundidad todavía desconocida, pero está claro que el pueblo trabajador no puede permitir que la Argentina siga gobernada por semejante sumidero.

Foto: Javier Entrerriano

No nos equivocamos cuando pronosticamos que el Congreso Nacional de la UJS -que se realizará este 28 y 29 de mayo en la Facultad de Medicina- tendría lugar en el contexto de grandes luchas. La marcha universitaria, y popular, de más de 70 mil personas que copó el centro porteño el jueves pasado fue la expresión más alta de una tendencia que recorre al conjunto del movimiento estudiantil y la juventud. Se trató de una verdadera pueblada educativa, como no se veía en muchos años, motorizada por el empuje de la huelga docente que puso en pie la dirección combativa de la Conadu Histórica.

Los miles y miles de manifestantes que llegaron hasta la Plaza de Mayo superaron los mecanismos de contención montados por el kirchnerismo, que restringió su protesta al Ministerio de Educación. La batalla política por el destino final de la movilización se decidió en los días previos, cuando masivas asambleas estudiantiles votaron abrumadoramente por llevar el reclamo hasta la Casa Rosada; o sea, al centro del poder político que ejecuta el ajuste, los tarifazos y el ataque a la universidad pública. La fuerza motriz de esta lucha política fueron la Fuba y la Conadu Histórica, sin las cuales no se hubiera logrado que la Plaza de Mayo desborde de denuncias contra los funcionarios que prometieron el desfinanciamiento de las universidades del conurbano, avalaron el fallo contra el ingreso irrestricto y señalaron que el boleto educativo no es prioridad ni está en la agenda del gobierno.

El desarrollo irrefrenable del movimiento de lucha hizo saltar por los aires todos los mecanismos de contención y regimentación, corporizados en los rectores y aparatos burocráticos oficialistas y ex oficialistas. El rector peronista de la UBA, Alberto Barbieri, y su agrupación Nuevo Espacio (Franja Morada), difundieron el día previo la mentira de un aumento de 500 millones para la UBA, con el único objetivo de desmovilizar. En realidad, se trataba de la subejecución de una partida para hospitales ya presupuestada en 2015, que implica aumento 0 (cero) para el Hospital de Clínicas -que sigue en estado vegetativo. Así y todo Franja Morada no tuvo más remedio que plegarse a la movilización bajo el peligro de quedar en el campo de Macri -como en 2001 había quedado en el de De la Rúa.

La cobardía del kirchnerismo, que rechazó sistemáticamente ir a la Plaza de Mayo, desoyendo el mandado de las asambleas de los centros que ellos mismos dirigen, se explica por su integración a las camarillas profesorales que dirigen las universidades y las burocracias de los sindicatos docentes y no docentes. Después de todo, como denunciamos desde Plaza de Mayo, el presupuesto que Macri ejecuta es el elaborado y votado por Kicillof y compañía cuando aún eran gobierno. La Cámpora no cuestiona la orientación privatista de la universidad que supone los convenios con multinacionales y las decenas de miles de docentes “ad honorem”. En Sociales, las asambleas y la toma de la facultad se concretaron contra el centro K.

En facultades que no dirigen, como Filo, también se opusieron a la ocupación, que fue masiva y ganó la atención de los grandes medios.

La izquierda no abordó la movilización de forma homogénea. La Mella-Patria Grande evitó pronunciarse por marchar a Plaza de Mayo. Su línea fue mantener los compromisos con decanos y agrupaciones K hasta el último minuto -se desplazaron a la Plaza una vez que constataron que la concurrencia era masiva. El papel de furgón de cola del kirchnerismo ya había tenido su antecedente negativo en La Plata, donde los acuerdos con los K bloquearon una marcha unitaria por el boleto a la Gobernación y llevaron a la división del movimiento.

El Congreso de la UJS debatirá a fondo las conclusiones de estas primeras luchas contra el gobierno macrista y votará resoluciones para profundizar este ascenso de la juventud. Ocupará un lugar central la campaña por la defensa de la de la Fuba y la Fulp como federaciones independientes y de lucha, contra el lastre que implica esta política de sometimiento al nacionalismo de Chevron y Lázaro Báez.

La pueblada universitaria, como los levantamientos de la Patagonia (Comodoro, Tierra del Fuego, Santa Cruz), desmienten la versión interesada que asimilaba la derrota de Scioli y el FpV a una derrota de las masas. La juventud y los trabajadores están poniéndose de pie y pueden quebrar el ajuste en curso. La condición es estructurar una dirección independiente, sin ataduras con el régimen, que despliegue todas las energías que anidan en el movimiento. A este objetivo estratégico apunta el Congreso Nacional de la UJS, que reunirá a miles en el aniversario del Cordobazo. Por la organización revolucionaria y socialista de la juventud.

Entrevistamos a la esposa de un compañero petrolero

-¿Cómo arrancaron la jornada de lucha los obreros petroleros?

-Los delegados de (Jorge “Loma”) Avila, de petroleros, no llevan las acciones contra tantos despidos, entonces los obreros hacen retención de servicios con alguna excusa: porque no tienen las camperas, el trailer no tiene agua, etc. Esa es la presión de la base que no se ve. Les han dicho: “No te vamos a salir”. Y un día perdido significan 100.000 dólares para PAE. Si Avila no convocaba, el petrolero iba a ir por su propia cuenta. En realidad, esto está pendiente porque Avila no va a solucionar los problemas: firmó la paz social por tres o cuatro equipos, ¿y lo demás? Los despidos no pararon, los trabajadores de las empresas que están con piquetes dicen: “Nos cagamos en la paz social”.

-¿Cómo ves el panorama de las petroleras?

-DLS es la mayor empresa de servicios de PAE, y presentó quiebra. La empresa mayor del grupo, la noruega Acher, va a absorberla pero sólo con el 80% de los trabajadores. Ellos no quieren pagar la crisis. Lo del subsidio a la exportación de PAE es una fuga de capitales, porque el Estado le paga por lo que exportan, y ellos se llevan los dólares, al exterior.

Hablamos con un trabajador de Comercio, empleado en un supermercado de Chubut

-Cuál es la situación de los trabajadores de comercio en la provincia?

-Las leyes que favorecen a los obreros son ínfimas y los empresarios las desplazan permanentemente. Nosotros, en el mismo supermercado, sacamos sueldo a cuenta trabajamos para comer, como esclavos. Ya hace dos años, hicimos un planteamiento a la empresa. Y reaccionó echando a dos delegados, pero ahora nos juntamos todos.

-¿Cómo participaron el 6?

-Nuestro sindicato sólo adhería moralmente. Le dijimos al delegado que eran unos cagones y quedaríamos como cobardes, porque esto es algo histórico. El delegado dijo: “Vos tenés que hacer lo que te dice el sindicato”. Pero los obligamos a adherir moral y efectivamente, no fuimos a trabajar. No dejamos entrar a nadie a trabajar y 50, de los 150 de la plantilla total, nos fuimos a la ruta.

-¿Qué opinás de la paz social de Avila?

-Conozco el paño de la clase empresarial y los sindicatos, sé que se está politizando. Y el empresariado lo está enmarañando. El sindicato tendría que haber sacado el paro para marcar la cancha. Sacar el paro nacional.

“La crisis petrolera la enfrentamos entre todos” dice un cartel al ingreso a la ciudad de Comodoro Rivadavia, colocado por el intendente kirchnerista Carlos Linares. El “todos” incluye a los pulpos petroleros y a los gobiernos de la provincia y de la ciudad. Es un planteo engañoso, porque son los obreros petroleros los que, superando la división en decenas de sindicatos que les provocó la privatización de los ’90, y convocando al resto de trabajadores, organizaron el paro activo que conmovió la ciudad el 6 de mayo.

Esta jornada significó un avance respecto del anterior paro activo, ocurrido en enero, cuando las propias compañías llevaban a la movilización las listas de los obreros que iban a participar, porque querían negociar el subsidio con el nuevo gobierno de Macri-Aranguren. Bulgheroni (dueño de PAE) logró que sigan subvencionando el barril criollo y la exportación del crudo Escalante, como ya lo habían hecho Cristina-Kicillof. La suspensión de los despidos y el reestablecimiento de los equipos de producción, acordado en febrero, no fue cumplido por los pulpos petroleros ni sus empresas satélite.

El descontento obrero hizo que la burocracia sindical llamara al nuevo paro activo.

La burocracia y los pulpos

Esta vez, las petroleras amenazaron a los obreros, para impedir su concurrencia y la burocracia de los sindicatos -que no pudo evitar la huelga, trató de evitar la movilización. Esa medida logró que PAE, la petrolera más importante de Comodoro, reestableciera la producción en cuatro torres. Pero, Jorge “Loma” Avila, secretario general del sindicato de petroleros, firmó la paz social y levantó el paro de 72 horas anunciado durante la movilización. Una nueva medida de fuerza hubiera podido lograr triunfos más contundentes sobre los despidos. Nuevamente, los trabajadores enfrentaron esta agachada y recurrieron al piquete en las empresas -las del grupo Lufkin-, y allí triunfaron con la reincorporación de los 47 despedidos. Y siguen este método en SP y Metropet (contratistas de YPF), y desde el lunes en DLS, la contratista más importante de PAE que presentó quiebra.

Carlos Gómez, legislador del FpV y burócrata petrolero, le echa la culpa a los neuquinos, porque los equipos que YPF sube en Neuquén los levantan de la Cuenca de San Jorge. Pero es que la sola amenaza de una pueblada en Neuquén -aún en boca del senador del MPN y secretario general de los petroleros de esa zona (Guillermo Pereyra)- fue lo que produjo esta reacción de YPF. Avila se ha reunido con el gobierno nacional sin la más mínima declaración, mientras los obreros combaten en los piquetes y con retención de servicios el incumplimiento de la patronal: Enap, de Sicpetrol, levantó otro equipo afectando a 600 trabajadores.

El Partido Obrero desarrolla una campaña en esta enorme concentración obrera, atravesada por todo tipo de luchas, también en la educación (ver artículo en página 10). Los compañeros reciben muy ávidos Prensa Obrera, que presenta el método de la huelga y la movilización para parar los despidos y manifiestan su interés en organizarse con el PO.

Una marcha de alrededor de 3.000 docentes universitarios, no docentes, estudiantes, gremios y trabajadores en defensa de la educación pública, recorrió las calles de Comodoro el 16 de mayo, en el mismo camino que la gran marcha educativa de Buenos Aires. La movilización salió de la universidad y llegó hasta la plaza Roca, donde se realizó un acto.

Dos de sus principales oradores dan su testimonio.

Gloria Herrera, secretaria general de ADU, sindicato de docentes universitarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Conadu Histórica: “Estuvimos el 6 como sindicato, con un grupo de docentes. En la misma Marcha Educativa de Buenos Aires se hizo referencia a la jornada de lucha. No puede ser que el gobierno recorte el presupuesto a la universidad, mientras da dinero a las mineras, al campo. A fines de febrero comenzaron nuestras paritarias, estamos en mayo ya vamos por la séptima reunión. Hicimos varios paros y la comisión directiva desarrolló una campaña en los centros de estudiantes para que apoyen las medidas. Es importante defender la educación pública para que los hijos de los obreros puedan llegar a la universidad”.

Matías Silvera, secretario de acción gremial de la Federación Universitaria Patagónica: “Comodoro es hoy un centro de lucha obrera y estudiantil. Se sumaron los colegios pre universitarios -el CUT está de paro hace más de 20 días- , el Instituto de Educación Física, los no docentes. Vamos a defender la educación pública sea el gobierno que sea, no pedimos nada nuevo. Le hablo a la clase política, a los sindicatos que vean lo que están haciendo porque falta presupuesto y falta el boleto gratuito. Les decimos que no se metan con la educación pública".

Un estudiante expresó su discrepancia con la presencia de funcionarios políticos (intendente Carlos Linares) y de la universidad, y pidió que se retiren, provocando el aplauso de todos. El Partido Obrero estuvo presente, con una adhesión contra el ajuste del gobierno nacional, los gobernadores y la burocracia sindical, y con Prensa Obrera, que fue adquirida por muchos de los movilizados.

Este viernes 13 de mayo, en el marco de la campaña nacional por la Libertad para Belén, llegó a Tucumán una delegación integrada por Soledad Sosa, diputada nacional; Vanina Biasi, dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero; Gabriela Jorge, diputada por la provincia de Salta, y Lucía Salazar, dirigente del PDT de Río Cuarto y actual candidata a intendente; para apoyar el reclamo nacional de Libertad para Belén.

Se realizó una conferencia de prensa cubierta por los principales medios de la provincia, explicando los alcances del fallo contra Belén y la importancia de fortalecer la campaña por su libertad. Se mostró cómo la violencia institucional que se ejerció y se ejerce contra Belén constituye una clara política para aleccionar a las mujeres. El armado del fallo es expresión también de la Justicia alperovichista y su continuidad con Marzur, responsable del encubrimiento sistemático a todos los atropellos del poder, algo que se vio con claridad en el caso de Paulina Lebbos.

Cerca del mediodía se participó de la concentración en Tribunales, convocada por las organizaciones de mujeres para acompañar el pedido de nulidad de la sentencia realizado por la actual defensora de Belén, la abogada Soledad Deza. Este paso es fundamental en la lucha por la libertad de Belén, ya que inicia la pelea para lograr que se revea el fallo y se la absuelva. También se reclamó por el cese de la prisión preventiva, pedido realizado el 3 de mayo también por su abogada, y que la Cámara todavía contestó.

Por la tarde visitaron a Belén en el penal con el acompañamiento de su abogada, Soledad Deza, para transmitirle todo el apoyo y contarle las iniciativas que se están tomando a nivel nacional para lograr su libertad. En medio de las circunstancias crueles que Belén atraviesa mostró fortaleza y mucha integridad para encarar esta lucha que sabe que no es fácil. Hizo extensivo el agradecimiento a todas las mujeres y personas que sin conocerla la apoyan y que saber eso la fortalece para seguir. “Somos su voz afuera”, dijo. Las militantes del movimiento de mujeres le propusieron dirigir una carta al conjunto de las mujeres que el próximo 3 de junio saldrán a las calles por su caso y el de todas las mujeres violentadas por este régimen social.

A la tarde se realizó una mesa panel con la temática “Violencia institucional contra la mujer. El caso de Belén y la lucha por su libertad” con una nutrida concurrencia. Soledad Deza, su abogada, explicó uno a uno los atropellos del Estado contra Belén y el estado de la causa. Planteó que, si este fallo pasa, se reforzará la clandestinidad del aborto y la disyuntiva que les queda a las mujeres pobres que recurran a un aborto es la cárcel o la muerte. Soledad Sosa mostró que las instancias judiciales y las iniciativas parlamentarias que se van a tomar deben estar respaldas por la movilización y la lucha en las calles llamando a redoblar los esfuerzos este 28 de mayo, día de lucha por la salud de las mujeres, y en este 3 de junio en el #NiUnaMenos. Vanina Biasi explicó la función de disciplinamiento social por parte del Estado hacia las mujeres y cómo el fallo pretende colocar un antecedente de jurisprudencia reaccionaria contra las mujeres.

Esta campaña la continuaremos con la organización de una audiencia pública en el Congreso por la Libertad de Belén y la realización de charlas, actos y movilizaciones.

“En los últimos meses muchos compañeros, cronistas, movileros de otros medios, han quedado literalmente en la calle. Insisto con esto porque los periodistas queremos preguntar pero para preguntar necesitamos trabajar. Mi solidaridad con todos ellos”. Fue parte del discurso de Mario Massaccesi al recibir su Martín Fierro al mejor cronista/movilero. No fue el único: también el humorista Sebastián Presta (Duro de Domar), el guionista Pablo Ramos (Historia de un Clan) y el panelista Jonatan Viale recordaron a los colegas sin trabajo.

Sin embargo, como era de esperar, casi toda la atención de la noche se la llevó Jorge Lanata y el grupo de kirchneristas, conducido por Daniel Fanego, que lo chifló e insultó desde la mesa 43, en el fondo del salón.

Lanata les agradeció a Héctor Magnetto, José Aranda y compañía porque “PPT nunca hubiera podido salir al aire sin un canal que lo bancara periodística y técnicamente, y le diera libertad total para salir”. Así, la “libertad de prensa” depende del arbitrio de los patrones, de los dueños de los pulpos capitalistas de la comunicación.

La “libertad de prensa” está reservada a los grandes propietarios; ellos, y solo ellos, tienen “el derecho” de decidir qué se emite y qué no. Lanata hizo el elogio del periodismo empresarial, que por supuesto no defiende verdad alguna sino sus intereses y únicamente sus intereses.

Por otra parte, Lanata sostuvo que “en general, a los países les va mal por todos los que nunca dicen nada” en referencia a las “mayorías silenciosas”. El periodista se valió de la enorme tribuna que representa el evento, para lanzar una exhortación a los votantes de Macri, a exteriorizar su respaldo al gobierno. Aunque no fue una cadena nacional al estilo clásico, se trató de una variante de ella, que se valió del monopolio ejercido por los grupos empresarios de los medios de comunicación. De todos modos, la exhortación es tardía. Lanata se ha impuesto a sí mismo la tarea quijotesca de revitalizar a un gobierno cuyo capital político se viene consumiendo aceleradamente. Pretende prolongar artificialmente los efectos de la victoria de Macri, cuya imagen se viene desmoronando en forma proporcional al ajuste y su secuela de inflación y tarifazos.

Lanata volvió a atacar al “periodismo militante”, a aprovechar el armado mediático corrompido del kirchnerismo para atacar en general a la militancia y al periodismo que va más allá de “las dudas”, del periodismo de investigación que, en efecto, duda y desconfía de sus propias fuentes, que chequea y verifica pero, además, busca transformar en acción, en praxis, los resultados de sus investigaciones. Lanata ignora ex profeso la historia del periodismo desde la aparición del primer periódico de masas durante el primer cuarto del siglo XIX: The North Star (La Estrella del Norte), publicado por obreros cartistas. El primer mass media de la historia fue un periódico obrero, los grandes medios de la burguesía fueron una respuesta a ese fenómeno. La historia del gran periodismo es, sí, la del periodismo militante que se propone transformar la realidad que analiza y sobre la que informa.

Por último, “la grieta” de la que habló Lanata es otra falacia, una falsificación. El kirchnerismo no abrió grieta alguna; por el contrario, vino a cerrar la grieta abierta por el Argentinazo, la que abre todos los días la lucha obrera contra el ajuste y los atropellos patronales.

El régimen represivo turco liderado por Tayyip Erdogan envió a juicio a seis mujeres militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP) por haber convocado al día internacional de la Mujer (8 de Marzo) en solidaridad con las mujeres kurdas brutalmente masacradas y perseguidas por las fuerzas de seguridad de Turquía.

El 6 de marzo, las militantes del DIP se encontraban repartiendo panfletos que denunciaban la represión estatal sobre el pueblo kurdo, e invitando a las mujeres a unirse a la movilización en Corlu, una ciudad industrial al este de Estambul. Estas mujeres, internacionalistas y revolucionarias, son acusadas de realizar “propaganda terrorista” por el Estado turco -que utiliza todos los medios a su disposición para llevar adelante una guerra civil contra el pueblo kurdo y la clase obrera turca. El terrorismo es de Erdogan y de su régimen de excepción, responsable de las masacres de Suruc (20 de julio) y Ankara (10 de octubre), y del sitio sobre Kobane. Precisamente, el panfleto del DIP denunciaba que el año pasado las fuerzas de seguridad estatales habían violado, matado y arrastrado el cuerpo desnudo de la guerrillera kurda Ekin Van en la ciudad de Varto, en medio de la campaña de Erdogan para propagar el terror en la población. Las militantes detenidas se solidarizaban con la causa kurda y con la lucha de las mujeres kurdas.

El DIP llamó a convocar, a lo largo y ancho del país, grupos de autodefensas compuestos de mujeres que enfrenten la violencia del Estado. También hizo una convocatoria internacional a “todas las fuerzas que luchan contra la opresión de la mujer y por los legítimos derechos del pueblo kurdo, a expresar su solidaridad, de la manera que les parezca apropiada, a los defensores de este caso antes de la sesión de apertura de la corte de Assize en Corlu, el próximo jueves 26 de mayo”.

La Cámara Penal que condenó sin pruebas a Belén denegó el cese de su prisión preventiva. Belén lleva dos años presa, acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía luego de que asistiera con un aborto en curso al Hospital de Clínicas Avellaneda, en Tucumán. Fue condenada a 8 años de prisión sin prueba fehaciente de lo que se le imputa (ver “Exitosa audiencia por la libertad para Belén”).

La denegación del cese de la prisión preventiva no sorprende ya que dos de los jueces que la integran habían hecho declaraciones públicas defendiendo la sentencia y presentando a Belén como una asesina. También hicieron colgar el fallo con el verdadero nombre de Belén en la página del poder judicial, atropello que fue denunciado por su abogada, logrando que lo retiren.

El ensañamiento contra Belén se muestra una vez más en los fundamentos de la negación de libertad. La cámara sostiene que hay peligro de fuga porque sus padres son propietarios de una pequeña casa en una barriada, y que por lo tanto ella no sería tan pobre y tendría medios para escapar. Muy lejos de esta condición, en cambio, los padres de Belén son trabajadores precarios, empleada doméstica y herrero, y con mucho sacrificio accedieron a tener su vivienda. Soledad Deza, su abogada, apelará obviamente esta decisión.

Como parte de la campaña este 27 de mayo, en el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, desde la Mesa por #LibertadParaBelen se convoca a una marcha a las 18 hs que partirá de Tribunales a Plaza Independencia. También el 3 de junio se levantará la bandera de Belén.

Desde el Plenario de Trabajadoras vamos a realizar distintas charlas y actividades en las facultades y barrios para lograr una gran movilización este 27 de mayo.

Al cabo de 27 meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal N° 6 dictó la primera condena por las muertes provocadas en los alrededores de la Plaza de Mayo por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Fueron juzgados cuatro homicidios, dos tentativas y las lesiones provocadas a otras 117 personas. Transcurridos 15 años de los hechos, las penas dictadas resultan irrisorias. Por otra parte, el ex presidente Fernando de la Rúa, máximo responsable de la represión, ni siquiera pasó por el banquillo de los acusados.

Los jueces condenaron al ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, a penas de cuatro años y nueve meses de cárcel más nueve años de inhabilitación y cuatro años de prisión, respectivamente, por hallarlos culpables de los “homicidios culposos” de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón, tres de los cuatro homicidios que llegaron a la instancia de juicio oral. Otros policías, de distinta jerarquía, recibieron penas similares.

De los 17 acusados, seis fueron absueltos y dos sobreseídos. Mathov fue el único funcionario que llegó al juicio oral y fue condenado. De la Rúa había sido sobreseído mucho tiempo antes, mientras que el ex ministro del Interior, Ramón Mestre, también imputado, falleció en 2003.

El monto de las penas se encuentra en sintonía con lo solicitado por la fiscalía y por la querella representada por el Cels. Para todos ellos, Mathov y los funcionarios policiales fueron responsables de haber ordenado la represión que luego “no controlaron”.

La realidad es que durante la rebelión popular del 19 y 20, en los alrededores de la Plaza de Mayo actuaron verdaderos escuadrones de la muerte. Los choques con los manifestantes comenzaron en la noche del 19, ya declarado el Estado de Sitio, y continuaron el 20 desde temprano, cuando la caballería embistió contra la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. El gobierno actuó a sangre y fuego para impedir que una multitud llegara a la Plaza. La feroz represión fue una decisión política deliberada, el último manotazo del gobierno de la Alianza para permanecer en el poder, y tuvo alcance nacional: 38 muertos en todo el país. El gobierno de la Alianza debutó matando a dos compañeros en el puente de Corrientes-Resistencia. Se fue como llegó. La impunidad de De la Rúa –como la de Duhalde por la masacre de Avellaneda- son cuestiones de Estado, porque para este régimen, por norma, la represión es una decisión política no judiciable. Sobre todo, cuando se trata de una rebelión popular.

Los ex funcionarios del gobierno de De la Rúa se repartieron casi por mitades entre el kirchnerismo y el macrismo y no pocos pivotearon entre ambos frentes políticos.

A 15 años del Argentinazo, la masacre sigue impune.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y su secretario de Hacienda, Daniel Guibelalde, se jactaron de haber impuesto un aumento unilateral de los salarios a los municipales de “otro 15% como todos los años” (Noticias del 17/5).

Las nuevas escalas salariales para los municipales suponen que, dentro de 90 días, cuando comience a regir la imposición del Ejecutivo, los empleados temporarios (contratados), de 48 horas de trabajo semanales, van a cobrar, ¡con el aumento!, 4.220 pesos; los de 44 horas, 3.891,90 pesos; los de 40 horas, 3.564,80 pesos; los de 35 horas, 3.155,20 pesos y, los de 30 horas, 2.745,95 pesos.

Por su parte, los efectivos de 48 horas semanales de trabajo pasarán a cobrar, en septiembre, 4.694,80 pesos; los de 44 horas, 4.300,22 pesos; los de 40 horas, 3.965,66 pesos; los de 35 horas, 3.479,96 pesos y, los de 30 horas, 3024,25 pesos.

Bancarios y aceiteros tienen un mínimo de 20.000 pesos que es el valor de una canasta familiar y que, además, lo cobran ahora y no dentro de 90 días.

Los salarios municipales, con el aumento, están incluso muy por debajo del mísero Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy es de 6.060 pesos y que los empresarios, el gobierno y la burocracia sindical, acordaron aumentar, en tres tramos, hasta llegar a 8.060 pesos en enero próximo.

La política de agresión a los municipales seguida por el intendente está atada al acuerdo del congelamiento de la ley de Paritarias provincial para los municipales acordado entre la gobernadora María Eugenia Vidal, intendentes y gobernadores del FpV, que son quienes aplican el ajuste más rabioso en provincias y localidades.

“La grieta” la cicatrizan el macrismo y los nac&pop en torno a los ataques sobre los trabajadores, que el FpV y Macri llevan adelante en forma conjunta.

En el contexto de hambre para “todos y todas” -diseminado entre los municipales del interior de la provincia de Buenos Aires-, es vergonzoso el silencio de la oposición dentro de los concejos deliberantes, que no ha cuestionado la violación de leyes laborales en vigencia, como la de Paritarias, vulnerada porque no existió tal paritaria en los distritos. Los ejecutivos no se reunieron ni siquiera formalmente con sus sindicatos afines.

Tampoco han dicho nada sobre los extendidos incumplimientos, por parte de los ejecutivos municipales, de la ley que establece el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Los funcionarios del oficialismo y de la oposición actúan fuera de la ley. Las deudas salariales son retroactivas y deberán ser resarcidas a los trabajadores municipales desde cuando se inició la violación en el pago del salario mínimo.

¡Basta de salarios de hambre!

Convocatoria a paritarias municipales sin techo y con paritarios elegidos en asambleas.

Los trabajadores y la izquierda deben convertirse en una alternativa política frente a una oposición y un oficialismo aliados en el ajuste.

“Ha vuelto” (Er Ist Wieder Da)

Origen: Alemania (2015)

Director: David Wnendt

Guión; Timur Vermes

Intérpretes: Oliver Massucci, Fabian Busch, Christoph Maria Herbst, Katja Riemann.

Productores: Mythos Film / Clausen Wöbke Putz Filmproduktion /Constantin Film Produktion

“Ha vuelto” (2015), película dirigida por David Wnendt y basada en la novela del escritor Timur Vermes, cuenta la resurrección de Adolf Hitler en la Alemania actual. Es una comedia filmada en un formato que busca aparecer como documental, que combina situaciones graciosas con una interesante profundidad. Se ve, al comienzo de la película, a un Hitler desorientado en la cola de una lavandería, o dibujando retratos de transeúntes para reunir dinero porque quedó varado junto a su compañero de viaje, un reportero fracasado que busca reencauzar su carrera, en su recorrida por el país.

Pero a la par de las escenas cómicas, se muestran elementos de la sociedad actual que podrían entenderse como síntomas de una gran crisis social. Por ejemplo, habiéndose Hitler informado sobre el año en el que se encontraba, busca actuar políticamente. Hace un trabajo de hormiga, habla con personas a lo largo del país hasta que logra aparecer en televisión y consigue allí un gran éxito. Nadie lo toma muy en serio, pero esete Hitler siglo XXI va adquiriendo su fama como cómico televisivo. En este punto debe destacarse que la fortaleza de la comedia radica en no presentar una caricatura de Hitler: los discursos que hacen reír al público no están “guionados” para causar gracia; por el contrario, el revivido dictador los dice con toda seriedad. Así, en sus apariciones habla de cuestiones de la Alemania actual, se despacha contra la TV basura y contra los inmigrantes, y declara que el partido político al cual él apoyaría en la actualidad es el Verde (ecologista), porque son “los únicos que se preocupan por la tierra alemana.”

El film busca dar cuenta del racismo y la derechización creciente en la sociedad alemana, de la alienación de las personas a partir del consumo masivo de programas de televisión sin contenido y de cómo todos esos ingredientes pueden permitir el ascenso de un nuevo dictador, casi sin que nadie se dé cuenta ni intente evitarlo. En ese punto se observa la debilidad en el film, ya que no busca entender el ascenso del nazismo en Alemania, y del fascismo en general, ni antes ni ahora, como producto de la agudización de las crisis, los conflictos sociales y los choques entre las clases y sus partidos. El nazismo alemán es inentendible sin las revoluciones alemanas fracasadas en el período 1919-23, la crisis mundial iniciada en 1929 y la hiperinflación alemana de 1933, pasando por la política criminal del estalinismo alemán, que permitió la victoria del Partido Nacionalsocialista.

Esa complejidad no es tenida en cuenta por “Ha Vuelto”, y el único factor explicativo del ascenso de nuevos Hitler en el siglo XXI se reduce al individuo, la propaganda y la gente acrítica. No obstante, es un film que muestra cómo la barbarie va subiendo escalones ante la crisis capitalista. Barbarie cuyas consecuencias podemos ver en el crecimiento de los grupos neonazis, en los ataques a inmigrantes y refugiados que buscan en Europa la salida a la crisis social en sus países de origen. La comedia está bien planteada porque, a su modo, muestra la catástrofe capitalista para quien quiera verla.

El tarifazo de Macri-Aranguren ha sufrido un primer recule: el gobierno anunció un tope en el aumento de la tarifa del gas, que no podrá superar el 400 por ciento para las provincias patagónicas y La Pampa, cuando el promedio de aumentos anunciados era allí del 1.200 por ciento.

El anuncio llega después de que el gobierno se viera obligado a otra seguidilla de excepciones -clubes y otras entidades- al aumento. El mismo Aranguren declaró el fracaso de su política cuando dijo que hay 3 millones de hogares alcanzados por la tarifa social, lo que demuestra la inviabilidad del aumento. Y aún falta que lleguen las facturas de junio, que serán impagables. La crisis provocada por el tarifazo casi le cuesta la cabeza a

Aranguren, al punto que el mismo Marcos Peña tuvo que desmentir la renuncia del titular de Energía.

Los gobernadores patagónicos debieron reclamar medidas ante el temor a una rebelión contra las subas en el gas, que provocaron autoconvocatorias, movilizaciones y petitorios principalmente en Río Negro y Neuquén. En Tierra del Fuego, el sindicato de petroleros anunció que el 1° de junio cortaría el suministro del gas hacia todo el país; en Santa Cruz y Chubut, la justicia hizo lugar a los amparos presentados, suspendiendo el tarifazo. El tarifazo del gas en la Patagonia fue más alto que en el resto del país porque no se le había aplicado el aumento que CFK había dispuesto en 2014. Pero los nuevos valores -con incrementos del 2.000 por ciento- constituyen un golpe letal a numerosas actividades y han provocado una fractura en el frente patronal. Por caso, un hotel que pagaba 5.000 pesos por el gas ahora debe pagar 70.000. En cualquier caso, nada iguala el alcance que tiene este masazo sobre los trabajadores: hay unos 4.000 petroleros y trabajadores de gremios subsidiarios suspendidos, y cobran un 40 por ciento de su salario.

La combinación de despidos y reducción de salarios con tarifazos se vuelve intolerable.

La reunión de Aranguren con los gobernadores sólo fijó un tope para la tarifa domiciliaria, mientras habilitó a financiar en cuotas el 50 por ciento de las facturas de gas de industrias y comercios. Nada de esto resuelve la crisis, en la medida que las tarifas ahora “sólo” se han quintuplicado.

En favor de los pulpos

Macri y Aranguren han tomado toda una cadena de medidas que benefician a los pulpos petroleros y a los capitalistas amigos de los K: Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, adquirió finalmente los activos de Petrobras en Argentina, gracias a los subsidios y los tarifazos. En esa línea están los subsidios al petróleo por encima del precio internacional, el pago del gas a un valor más caro que el que se importa de Bolivia, y el aumento del 31 por ciento en las naftas

La suspensión del subsidio a las distribuidoras de gas y a la electricidad no ha servido siquiera para revertir el déficit fiscal –apenas ha compensado la eliminación de las retenciones al agro y mineras, entre otros beneficios a los capitalistas.

El rescate de los negociados de los privatizadores -eso es en definitiva el tarifazo- lleva al hundimiento de la economía del país y de los hogares de los trabajadores. Abajo el tarifazo, apertura de las cuentas de todas las empresas de la cadena energética, nacionalización bajo control de los trabajadores de toda la industria de electricidad, petróleo y gas.

La Junta Representativa de la Fuba convocó al Congreso de renovación de autoridades para el 14 de junio. El Congreso de la Fuba es una parada estratégica para el movimiento estudiantil combativo que acaba de protagonizar la pueblada educativa y continua en pie de lucha contra el ajuste macrista. La Fuba, junto con la Conadu Histórica, es el canal de expresión e impulso de la rebelión universitaria. Esto no es fortuito, sino que se corresponde con la conducción independiente del gobierno y las autoridades que hace 15 años dirige la Federación. La defensa de una Federación independiente y de lucha es, por lo tanto, una tarea de primer orden para los que queremos derrotar el ajuste en la universidad.

El papel de la Fuba

Tres hechos, antes, durante y después de la gran marcha del 12 de mayo, marcaron la importancia de tener una Fuba independiente. El primero fue la maniobra del rectorado de Barbieri, codirigido por elementos del PJ y Cambiemos, que anunció el miércoles 11 un “aumento” falso de 500 millones de pesos para la UBA, cuando se trataba de la ejecución (sub-ejecución, en realidad) de partidas ya presupuestadas. Inmediatamente Nuevo Espacio-Franja Morada difundió un flyer donde afirmaba que habíamos “ganado” y la crisis presupuestaria estaba resuelta. Es decir, un favor a Macri llamando a no movilizarse -cuando ese presupuesto implica, por ejemplo, una nueva condena contra el Hospital de Clínicas. El hecho que algunos de los centros dirigidos por Nuevo Espacio de todas formas hayan participado de la marcha sólo expresa su necesidad de camuflarse con el movimiento para no perder los centros de estudiantes como ocurrió en 2001, cuando Franja quedó asociada a De la Rúa. La Fuba, por el contrario, denunció la maniobra y llamó a reforzar la movilización. El segundo fue el intento de las gestiones y burocracias sindicales kirchneristas de que la marcha culminara en el Ministerio de Educación y no fuera a la Plaza de Mayo. La lucha política de la Fuba junto con la Conadu Histórica fue decisiva para que la lucha universitaria llegara al centro del poder político. El tercero es la continuidad del plan de lucha resuelta por la Federación, cuando aún quedan muchos reclamos sin respuesta como el boleto educativo. La Fuba está convocando a una Asamblea Interestudiantil frente al Ministerio de Educación para el miércoles 1 de junio y prepara una gran columna estudiantil para la marcha por Ni Una Menos.

Los bloques

El Congreso de la Fuba parte de una contradicción: mientras el movimiento estudiantil se rebela contra el gobierno de Macri, existe el riesgo de que el gobierno de Macri se apropie de la Federación que impulsa esa rebelión. Esto se explica por la correlación de fuerzas que dejaron las elecciones del año pasado. El bloque de la izquierda que actualmente conduce la Fuba es el que más centros dirige (6 de 13) pero no reúne un quórum propio de delegados que le asegure su victoria. Del otro lado, las agrupaciones de Cambiemos y el rectorado, encabezadas por Nuevo Espacio, dirigen 5 centros y podrían llegar -a partir de la distorsión que implica el pegado con las elecciones obligatorias- a reunir un gran número de delegados aunque tampoco tienen quórum para ganar.

El kirchnerismo, a pesar de ser una fuerza minoritaria, volverá a tener un peso decisivo en el Congreso. La conducción del centro de Sociales está partida entre un sector alineado con Nuevo Espacio y el rectorado (La UES) y La Cámpora alineada al decano Postolski. La conducción del Centro de Ingeniería (el MLI) está en un proceso de integración a la gestión radical de la facultad. El kirchnerismo universitario no escapa al cuadro general de sometimiento al PJ y componendas con el macrismo. No olvidemos que Barbieri era “su” Ministro de Educación. Los K, que pretenden hegemonizar la oposición a Macri, no tienen ni las condiciones políticas ni la fuerza para encabezar esta oposición en la UBA.

Nuestro planteo

En este contexto, el kirchnerismo tendrá que decidir. Por Macri-Nuevo Espacio o por una conducción de izquierda en la Fuba. La UJS emprenderá una gran campaña para mostrar lo que está en juego y llamar a todas las fuerzas a aportar sus delegados para derrotar a Macri y al rectorado. Nuestro planteo apunta a propinar una derrota a los ajustadores y defender una Fuba independiente y de lucha, desenvolviendo las contradicciones del kirchnerismo. Es lo contrario de lo que plantea La Mella (Patria Grande), que pugna por un bloque político común -imposible- con los K. Rechazamos la política de catapultar al kirchnerismo a la conducción de la Federación (“triple presidencia”). Implicaría diluir el carácter combativo de la Fuba en una especie de “frente ciudadano” con una fracción de las autoridades y de la burguesía, reforzando el parcelamiento de la Federación.

El Congreso de la Fuba además de votar a la conducción, va a ser una instancia de deliberación y de organización del movimiento estudiantil. Con paneles y comisiones de debate en todas las facultades buscaremos esclarecer los campos en disputa y hacer del Congreso una gran movilización política que golpee al régimen ajustador. En paralelo a la elección de autoridades, el 14 se desarrollará un plenario general para votar un programa y un plan de acción y al día siguiente, aniversario de la Reforma del 18, volveremos a protagonizar una marchar educativa a Plaza de Mayo junto a los docentes. Vamos por el boleto, por el ingreso irrestricto, por el presupuesto y por todos los reclamos.

Varios delegados nos vimos sorprendidos ante la convocatoria al plenario, ya que en diferentes congresos se lo había pedido y nunca se realizaba. “Tal vez la ola de despidos y suspensiones los hizo volver a querer ser la histórica UOM de Villa Constitución”, nos preguntábamos.

Lamentablemente, el plenario no fue tal. Sólo fue un acto prokirchnerista tratando de mostrar músculo invitando a múltiples sindicatos, legisladores del FPV.

Sólo hicieron uso de la palabra quienes estaban en la mesa. No hubo lista de oradores y mucho menos debate. No se hizo referencia a la paritaria entregada por Antonio Caló o al cierre de Paraná Metal. Tal vez por la presencia en la mesa de Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de la Nación.

Si bien se pronunciaron a favor del paro general, este no sería contra los despidos o contra la política anti-obrera llevada adelante por el gobierno nacional sino en contra del veto de Macri y en favor de la ley antidespidos del Senado. Mostraron así la crisis política y la connivencia con el poder de turno de las direcciones sindicales que, mediante el trámite de una ley que nunca saldría, obviaron hacer lo que deberian estar haciendo para que no haya un solo despido.

Debemos defender los puestos de trabajo con una lucha en conjunto, con un gran paro general protagonizado no por las distintas burocracias sino por los delegados, comisiones internas y comisiones directivas clasistas.

Construyamos el paro general desde cada uno de los lugares de trabajo, tomemos el ejemplo de los compañeros del Neumático que, mediante una política clasista, ganaron el sindicato derrotando a la burocracia y al faccionalismo.

Hoy la pelota está en la cancha del clasismo.

Todo indica que la lucha de gangsters por el control del fútbol argentino terminará en un acuerdo. Resulta útil, sin embargo, analizar en qué consiste el botín en disputa, más allá del resultado de la pugna entre el sector que lleva de figurón a Marcelo Tinelli (River, Boca, San Lorenzo, Racing) por un lado y, por otro, el de Hugo Moyano (Independiente) y su yerno Claudio “Chiqui” Tapia (Barracas Central y casi todo el ascenso).

La piedra de toque es la organización de una Súper Liga empresarial (se discute si funcionará dentro de la AFA o afuera de ella), que implicará la colonización del fútbol argentino por camarillas empresariales y pulpos extranjeros: un paso decidido de transición hacia un sistema de sociedades anónimas como el que rige en la mayor parte de Europa. El acuerdo que ahora se discute, como se ha publicado en los medios, colocaría a Tinelli al frente de la Liga y dejaría una AFA “residual” a cargo de la programación del seleccionado y del ascenso (de la comercialización y el marketing de la Selección también se haría cargo Tinelli). La crisis, sin embargo, sigue abierta: es que el macrismo recela de darle al camionero y capo de Independiente el manejo de la AFA, aún cuando ésta quede reducida al manejo de los torneos locales. El diario El País, de España, habla de “guerra abierta” entre los dirigentes del fútbol de la Argentina, mientras emisarios del gobierno y de “los cuatro grandes” viajan a Europa para negociar una intervención a la AFA que no provoque sanciones por parte de la FIFA. Moyano, por su parte, ha respondido a las hostilidades de Tinelli (y Macri?) con la amenaza de un “paro del fútbol”. En función del gigantesco negocio en juego, estaría dispuesto a las “medidas de fuerza” que no estuvo dispuesto a hacer por los despidos.

Esto se discute en medio de una crisis de profundidad sorprendente: la AFA libró, en solo dos meses, casi quinientos cheques sin fondos por 73 millones de pesos, y el cuerpo técnico del Seleccionado no cobra sus sueldos desde hace siete meses.

La “CEOcracia” en el fútbol

El más claro expositor del asunto fue Daniel Angelici, capomafia del juego y titular de Boca: “El presidente de la Liga va a ser un CEO, un profesional” (Infobae, 20/5). Angelici tuvo el mérito de decir con todas las letras de qué se trata: “En esta Súper Liga, más allá de profesionalizarnos, vamos a discutir de dinero y yo defiendo los intereses de Boca. Nosotros somos de los clubes que más generamos”. Es cierto, de dinero se trata. De mucho dinero. La única gran mentira de Angelici es que él defienda los intereses de Boca. Ni él defiende a Boca ni su aliado Rodolfo D’Onofrio defiende a River. Ellos representan intereses de camarillas empresariales que buscan repartirse un negocio enorme, y sólo en función de eso les interesan sus clubes.

El monto de dinero en juego tiene una magnitud por el momento desconocida hasta por los protagonistas de la lucha mafiosa que se libra en estas horas. A los derechos de televisación y publicidad (sólo por la ropa del Seleccionado, Adidas paga 32 millones de euros y se intenta renegociar por más) se añaden los de las apuestas en el fútbol, un negocio con el que quería quedarse Cristóbal López pero ahora es Angelici el que pretende morder un pastel que aún no entró en el horno.

Debe añadirse que el conflicto no es en modo alguno puramente interno. El desembarco de Barack Obama en Buenos Aires y Bariloche fue otro motivo de inquietud en la calle Viamonte y en las oficinas de Clarín y de Torneos y Competencias. Es que en el Air Force One llegaron también dos emisarios del magnate Ted Turner, propietario del pulpo televisivo internacional. Los yanquis se reunieron con el gobierno de las intenciones de Turner (Imagen Satelital SA en la Argentina) de ofrecer hasta 1.700 millones de pesos por la transmisión de los partidos de Primera División, e incluso de quedarse con un pedazo de lo ya comprado por Clarín y TyC; es decir los torneos del ascenso, la Copa Argentina, los amistosos del Seleccionado y los partidos por las eliminatorias para Rusia 2018. Turner también quiere comprar Telefé y C5N.

Por otra parte, la Súper Liga se jugará de agosto a agosto; es decir en coincidencia con los campeonatos europeos, lo cual facilitará la comercialización del fútbol local y hará confluir las temporadas de pases. En otras palabras: la colonización se completa. Lo que antaño se llamaba “el semillero” del fútbol argentino es ahora una incubadora, que ya permite a niños de 13 años emigrar a Europa, como fue el caso de Lionel Messi. Los clubes, que tuvieron en el pasado una función progresiva de vida social entre vecinos y simpatizantes, quedarán reducidos a la servidumbre respecto de los dueños del negocio. Las camarillas capitalistas que los gobiernan, y suelen hipotecarlos utilizando la venta de jugadores como garantía, seguirán siendo las socias menores de sus desfalcos, sostenidos a costa de esquilmar a socios y simpatizantes. Una metáfora de la Argentina del endeudamiento crónico y las bancarrotas regulares. Como también ocurre en el país, la quiebra de la AFA querrá ser resarcida con un operativo de recolonización a gran escala.

Así, el fútbol se ha convertido en un botín mafioso de capitalistas criollos, burócratas sindicales y pulpos imperialistas. Es tiempo de que socios y simpatizantes del fútbol tomen el asunto en sus manos para terminar con este despojo.

Nota extraída de https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/567721356742063

Hace un par de días, Donald Trump, el candidato virtual del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, volvió a mover los titulares, pero esta vez ‘a la Rodriguez Saá’: dijo que tenía la intención de reestructurar la deuda pública del país. Añadió que aprovecharía una caída en la cotización de la deuda en los mercados, para efectuar una recompra parcial. Como antecedente de una maniobra semejante, citó sus propios negocios - que han consistido en forzar a sus acreedores a aceptar descuentos o quitas. Colocó, así, como a la distraída, una bomba de tiempo en los mercados financieros, aunque sin poner en marcha el mecanismo del reloj. ¿Trump es, como dicen sus adversarios, un “political troll”?

Defol

La deuda del gobierno de Estados Unidos está arriba de los u$s14 billones y la del conjunto de la Unión es de u$s20 billones; representa casi un 90% y más de un 120%, respectivamente, de un PBI calculado en u$s16billones. Este nivel de hipotecamiento no ha servido para mover a la economía y nunca fue concebido para emprender un rescate de la infraestructura pública en ruinas. Para atacar estas ‘materias pendientes’, Trump pretende recortar impuestos e impulsar un plan de obras públicas que redundarían en un déficit fiscal de u$s10 billones en la próxima década. El acreedor principal del Estado es, como ocurre en Argentina, el Banco Central, pero le siguen China, Japón y Arabia Saudita, y una enorme tropa de fondos financieros. La sola victoria electoral de Trump desataría una ola de ventas de la deuda norteamericana y una caída fuerte de su cotización -además de la devaluación del dólar y el encarecimiento financiero. Convertiría a la crisis fiscal en financiera. Sería en ese escenario que Trump haría efectiva su maniobra de recompra de la deuda a precios de saldo, sin esperar, como ocurrió en Argentina, la invasión de los ‘fondos buitres’. Trump tendría la ventaja adicional, por supuesto, de que re-compraría la deuda mediante la emisión de la propia moneda.

Esta breve descripción pone en evidencia que en Estados Unidos se ha impuesto una candidatura electoral alternativa de carácter proteccionista y nacionalista. Trump ha ganado, sin embargo, las primarias de un partido que representa, por el contrario, el ala extrema del liberalismo económico y de la ‘globalización’. Plantea poner fin a la tercerización a otros países de la producción norteamericana, a la que incluso pretende ‘castigar’ con barreras arancelarias. Citó el caso de la fábrica Carrier, que anunció el traslado de la mayor parte de sus plantas a México. Como sacado de un libreto K-K, el hombre es un ‘mercado-internista’. Aseguró que reitraría a Estados Unidos del Nafta (el acuerdo comercial con México y Canadá). Con esta estrategia política, Trump asegura que Estados Unidos pasaría de un crecimiento menor al 2% anual a otro del 6%, y que por esta vía solucionaría la recesión industrial, la baja calidad del empleo, los problemas fiscales y el peso elevado de la deuda pública. Ha anunciado que penalizaría las importaciones de China, lo cual explica su posición ‘defolteadora’ con la deuda pública que tiene a China entre los principales acreedores. Con estos supuestos económicos, Trump ha insinuado, en forma repetida, que revisaría las alianzas internacionales de Estados Unidos, y que incluso entraría en una pseudo alianza con Rusia frente a la Unión Europea. Ha amenazado a esta última con un desmantelamiento de la Otan, si no contribuye en mucha mayor medida a los gastos de esa alianza militar. No está pensando en dejar a Europa a la deriva sino en convertirla en un protectorado; lo prueba la penetración norteamericana en Europa del este, el Báltico y Ucrania. Ha amenazado a Japón con discontinuar la alianza militar si no abre en mayor medida su economía.

Los planteos de Trump dejan al desnudo, antes que nada, el impasse del capitalismo norteamericano y del conjunto de la economía mundial. Trump se atreve a atacar el tejido económico internacional por la simple razón de que ese tejido se encuentra en proceso de fragmentación. La economía mundial es demasiado chica para absorber la enorme sobreproducción de China, que está llevando al cierre de la siderurgia en Gran Bretaña, Francia y España. Lo mismo ocurre con la posibilidad de que la economía y los Tesoros nacionales puedan seguir valorizando un capital financiero internacional (ficticio) que supera holgadamente los mil billones de dólares.

Trump surge en la línea del antiguo Tea Party, pero no se queda en los límites de una ‘filosofía’ neo-liberal unida a la violencia. La Otan se ha convertido en un simple paraguas norteamericano. El mundo asiste a una gigantesca intervención norteamericana enteramente unilateral, que tampoco se limita a las invasiones u ocupaciones militares tradicionales, puesto que se vale de la cibernética, el manejo de ejércitos extranjeros, un sistema de asesinatos por medio de drones y una parafernalia de medios de intervención, como el golpe en Brasil, que fue preparado luego de un largo período de espionaje de la administración y empresas brasileñas. La confrontación con China tampoco es un invento de Trump: las sanciones contra las importaciones chinas están en vigencia en Estados Unidos; se ha firmado un tratado con las naciones del Pacífico (en especial Japón) para presionar a China a abrir sus puertas financieras y comerciales; hay escaramuzas militares en el mar de China. La llamada ‘comunidad internacional’ resiste ahora el otorgamiento a China del status de economía de mercado, para que no se acoja a los beneficios comerciales de la Organización Mundial de Comercio.

Las contradicciones de los planteos de Trump son, sin embargo, flagrantes y no se limitan a la fantasía de pretender que el capital se repliegue sobre sus fronteras nacionales. Los capitales norteamericanos e internacionales del gas y el petróleo no van a poner en peligro la posibilidad de exportar el ‘shale gas’ a Europa y Asia, ni el gas natural a México. Apple no va a dejar de subcontratar con Foxconn en China el armado de sus ‘iPhones’. Antes que ir a una guerra por el comercio del acero, el capital internacional preferirá redimensionar el comercio internacional (como ya lo hizo con calzados y textiles) y dejar la siderurgia a China (una industria madura) y escalar la tecnología de última generación. Incluso la industria automotriz tradicional podría convertirse en chatarra con la emergencia del auto a batería y la conducción automatizada. El matrimonio de Ford con Apple está consumado. La agenda proteccionista de Trump es limitada. En el caso de los bancos es claramente ‘internacionalista’: rechaza la regulación (Frank-Dodds) que exige un reforzamiento de sus capitales con relación a sus negocios (porque son “muy grandes para quebrar”), para librarlos de cualquier cadena en la disputa del mercado financiero internacional - ¡como ya viene ocurriendo!

El antagonismo entre la economía mundial, por un lado, y los estados nacionales, por el otro, vuelve a cobrar una agudeza colosal; es lo que refleja la metrópoli propia del imperialismo. En numerosos países, la política burguesa tradicional es sustituida por los Trumps, con éxito variado. Citemos a casi todos los países de Europa, donde el ‘trumpismo’ proclama un más fantasioso retorno a las fronteras nacionales. El europeísmo ha perdido varios referendos y esto ocurre al interior de los estados como Gran Bretaña y España. Asistimos a la desintegración del orden posterior a la disolución de la Unión Soviética.

La economía política de Tump supone una política nacionalista y por lo tanto, en última instancia, una movilización de masas. Al asunto de la vigencia del fascismo se añade el de la polarización política, que en general es precursora de los fenómenos fascistas. La cuestión migratoria o la racial no puede sustituir, para la gestación de un fenómeno fascista, a la polarización entre capital y trabajo. El aumento de las privaciones y la miseria de las masas tampoco es lo mismo que la polarización política -para ello aquella miseria debe convertirse en lucha de clases. En Estados Unidos ha avanzado en forma implacable la represión en todas sus formas y la militarización de la policía. Trump representa una reacción defensiva del aparato de represión, incluida la justicia, ante la elección de autoridades municipales progresistas, migrantes o negras, y ante la movilización creciente de estos sectores. Esta pelea fundamental ha ocupado parte de la campaña electoral, que se manifestó en los choques entre militantes del campo de los ‘indignados’ y los guardias del magnate. El fenomenal ascenso de Bernie Sanders prefigura una tendencia a la polarización política, pero para que ésta domine el escenario será necesaria la intervención en la lucha de la clase obrera norteamericana en todos sus componentes.

Las primarias han dejado al desnudo la desintegración de los partidos capitalistas históricos de Estados Unidos. La crisis del partido republicano podría ser terminal e incluso plantea una crisis del régimen político del país. Trump representa la victoria de una camarilla y de un caudillo -de un candidato al bonapartismo. Esto plantea un derrocamiento del ‘establishment’ del partido y, más allá, una confrontación de la base parlamentaria de este partido con Trump en el caso de una victoria republicana. Una contradicción, en suma, entre un Ejecutivo con tendencias bonapartistas, por un lado, y un parlamento (incluidos los representantes demócratas) que sigue representando al conjunto de la burguesía norteamericana. Una victoria de Hillary Clinton alteraría este escenario en términos de grado. Estados Unidos podría ingresar en un sistema de cuatro partidos, como ocurre en la actualidad en España. Esta situación convertiría al parlamentarismo norteamericano en un campo de disputas diseminado.

No debería sorprender que Estados Unidos encare la crisis a lo búfalo.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, anunció con bombos y platillos un “Plan del Bicentenario de la Independencia”, eufemismo para contrabandear un endeudamiento de hasta 350 millones de dólares, que representará una estafa de envergadura histórica y un hipotecamiento colonial y usurario.

La reivindicación que hizo Urtubey del pacto con los fondos buitre así lo delata porque esto fue la llave que abrió la posibilidad de semejante endeudamiento, omitiendo que la festejada “vuelta a los mercados” no evitó que la Argentina se endeude a tasas usurarias, propias de una economía en bancarrota. Las tasas que deberá pagar Salta serán aún mayores (arriba del 8%, similar a las que se pagan actualmente por la deuda previa al arreglo buitre). Para colmo, garantizan jurisdicción internacional para eventuales litigios, reeditando potencialmente la extorsión de jueces como Thomas Griesa y de usureros extranjeros como los buitres.

Unidos por la deuda y en la estafa al pueblo

Este hipotecamiento debe ser avalado ahora por la legislatura y el oficialismo busca un tratamiento exprés. Romeristas, macristas y massistas sólo atinan a pedir precisiones sobre las obras y los plazos de realización, compartiendo la política oficial. La disposición de Urtubey, de que las intendencias determinen el uso del 20% de este endeudamiento, atenuó las pugnas por recursos que ponían en crisis su propio bloque, a la vez que disciplinó a la oposición patronal.

El proyecto del Ejecutivo no determina plazos de endeudamiento y anuncia un plan genérico de obras sin determinar cantidad, localización y plazo de realización. Urtubey aprendió muy bien con el Fondo de Reparación Histórica para el norte provincial, creado en 2008, que es mejor no dar mayores detalles, ya que de las 175 prometidas sólo se completaron 86 y se agotaron los recursos. Como ya pasó con el FRH, esta hipoteca no significará ningún plus de obras, sino que reemplazará la obra pública regular que debería fijarse en los presupuestos anuales. El Banco Macro y la patria contratista serán nuevamente los beneficiarios principales de esta deuda y las obras para la población seguirán siendo una promesa.

Salvavidas de plomo

En sólo cinco meses la deuda pública provincial se multiplica en más de un 240%. Urtubey endeudará a los salteños por más de 7.200 millones de pesos, pues ya se tomó un crédito de Nación por 800 millones y emitió letras de tesorería por 1.400 millones. Todo a tasas variables y superiores al 38%. Esta es su salida a una dislocación económica causada por su propia política de eximición y subsidios al capital. Las medidas del macrismo que Urtubey reivindica, produjeron un agujero fiscal de 1.500 millones y ahora la devolución del 15% de coparticipación adeudada desde hace al menos 15 años por Nación, no será una recuperación real de fondos y ni un plus de recursos, apenas alcanzará a cubrir una parte del actual déficit fiscal.

Para pagar esta nueva hipoteca el gobierno intentará hacer “caja” a través de la profundización del ajuste que ya está en curso con despidos en los municipios, parate de la obra pública, tarifazos e impuestazos.

Los parlamentarios del PO rechazaremos esta política antiobrera de endeudamientos usurarios, que ya fracasó en el pasado para dar salida a la crisis que sufre la provincia y el país. Plantearemos la necesidad de un gravamen extraordinario y de emergencia a los grandes grupos capitalistas que operan en la provincia y que obtuvieron ganancias multimillonarias sin mover un dedo, gracias a la devaluación y la eximiciones impositivas y subsidios que prohijaron Mauricio Macri y Urtubey.

La desidia con la que los funcionarios de Cornejo tratan el colapso del zoológico es alarmante, dicen que la única vía para evitar la muerte de los animales es la aprobación del proyecto de ley de construcción del ecoparque. Este implica el cierre del zoo y el envío de los animales exóticos a "otros lugares", la castración e incluso la eutanasia (luego de los cuestionamientos de organizaciones científicas, eliminaron esta última palabra del proyecto).

Algunos grupos que dicen defender los derechos de los animales han impulsado este proyecto, pero participan del negocio de granjas privadas y, se sospecha, de cotos de caza. Sobre esto no hay ningún tipo de control. En los últimos meses no han ingresado animales al zoo, lo que es inusual, y se confirmó que varios animales del cerrado zoo de San Rafael, entre ellos un águila en peligro de extinción, fueron a dar a una reserva de la Fundación Cullunche en San Carlos, violando toda la legislación sobre el tema.

En este contexto se ha producido la muerte masiva de animales, y desde el gobierno se pretende responsabilizar a "los trabajadores sindicalizados, que se la pasan haciendo denuncias en vez de trabajar" (Mariana Caram, Directora del zoo).

Efectivamente, son los trabajadores representados en ATE los que desde hace años vienen denunciando el abandono y desfinanciamiento, que hoy la gestión de "Cambia Mendoza" ha llevado a límites increíbles.

Una primera oleada de animales muertos alertó sobre el proveedor de fardos de pastos, a través de los cuales se habría producido una intoxicación, el gobierno no solo no cambió de proveedor, sino que durante semanas no proveyó de alimento balanceado a los animales. Tampoco construyó ni amplió los recintos para la adecuada permanencia de distintas especies que ahora frente a las lluvias se encuentran abarrotadas en el barro, lo que impide que se puedan alimentar adecuadamente y se producen muertes por los escasos recursos para sobrevivir.

Desde diciembre se encuentra rota la puerta del frigorífico donde se guardan los alimentos perecederos. En los últimos 6 meses han muerto por causas evitables cerca de 60 animales.

El gobierno ha impedido el ingreso del público, pero permite el ingreso de grupos pro-ecoparque para provocar a los trabajadores. Los trabajadores están en pie de guerra en defensa de los animales.

En la legislatura hemos presentado un pedido de informe y en los próximos días presentaremos dos proyectos de ley. Uno para la creación del BioParque como unidad científica que significa un hospital, refugio y preservación de especies en peligro de extinción. El otro para prohibir los cotos de casa y limitar las granjas privadas. Tambien exigimos la renuncia de los funcionarios del área.

Repudiamos las acusaciones contra los trabajadores que son los que día a día ponen su empeño, muchas veces sin tener siquiera los elementos de bioseguridad adecuados, y acompañamos sus denuncias y su lucha para que se destinen los recursos presupuestarios necesarios para poner fin a esta masacre de animales.

La exclusión de funcionarios del blanqueo impositivo ha sido presentada como una “garantía de transparencia” o de “rechazo a la corrupción”. En realidad, asistimos a un blanqueo del blanqueo, o sea, a la pretensión de imprimirle un barniz ‘ético’ a este rescate integral de la clase capitalista, protagonista orgánica de la evasión de impuestos y de la fuga de capitales del país. Para ella, el beneficio del blanqueo será sin excepciones e incluirá a la patria contratista, o sea, a quienes coimearon a los funcionarios supuestamente excluidos del blanqueo. Mauricio Macri, que está de los dos lados del mostrador, hizo punta, revelando la lógica de esta operación de rescate. El hombre traerá un millón y medio de dólares de las Bahamas para colocarlos en Letras de Tesoro, las cuales rinden tres veces más que cualquier colocación de una plaza financiera del ‘primer mundo’. El jefe de Estado, como muchos otros especuladores, va a lucrar con la quiebra del país, que es el resultado de una década de pago serial de la deuda externa. Una de las variantes del blanqueo, precisamente, incluye la posibilidad de que el evasor se “redima” comprando títulos de la deuda pública, o sea, pasando de evasor o acreedor del Estado argentino.

Aunque el blanqueo excluirá a los funcionarios de la camarilla kirchnerista desde 2011, sus principales personeros ya se encuentran bajo proceso judicial, con la cual difícilmente hubieran podido acogerse. En cambio, los gobernadores del Pejota y el FpV se llevarán una preciosa tajada de la ley “ómnibus” -la devolución progresiva de los fondos de coparticipación que venían siendo transferidos a la Anses. De este modo, el despojo impositivo de las provincias -que es el resultado del pago de la deuda pública y de los propios desfalcos de sus gobiernos- será resarcido con los fondos jubilatorios. Los Schiaretti-De la Sota, Alperovich-Manzur (¡y la familia Kirchner en Santa Cruz!) han recibido de este modo su propio “blanqueo”. La contrapartida de esa ‘devolución’ de fondos es el cumplimiento de los ajustes provinciales, algo que la kirchnerista fueguina Rosana Bertone está llevando adelante a sangre y fuego. La otra coartada del blanqueo es un “resarcimiento” a jubilados, que implica desconocer el 70% de la deuda que el Estado tiene con ellos. Para que ese default parcial sea aceptado, los jubilados serán extorsionados con el hambre y con su propio horizonte de vida, el mismo chantaje que aplicaban el kirchnerismo y la Justicia sobre ellos. Este pago retaceado servirá de caballo de Troya para una reforma previsional -el propio Macri acaba de anticipar el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres.

Coalición bendita

Con esta operación política y financiera, Macri aspira a refrendar el apoyo de la clase capitalista a su gobierno, y ensayar un acuerdo político más estable con el pejota y las camarillas de gobernadores provinciales. Así, el mismo régimen que prometía transparencia avanza a un acuerdo político fundado en la amnistía de los evasores capitalistas. Del anuncio del mani pulite (manos limpias), pasamos a la ley del mani sporche (manos sucias). El pejotismo-kirchnerismo transita por este acuerdo del ajuste, el cual tuvo su primer puntapié en el voto favorable al pacto buitre por parte de sus senadores. Además del ataque a los derechos jubilatorios, esta coalición en grado de tentativa debería avanzar con una reforma laboral antiobrera, cuya coartada será el “primer empleo” y el “fomento a las pymes”. Para esta escalada, el gobierno tramita la bendición del Vaticano, a cuyo plan de catequización de las escuelas medias -“Scholas Ocurrentes”- acaba de destinar un subsidio millonario. El debate sobre la pobreza, que los voceros del Vaticano agitan en estos días, no apunta contra sus raíces: la desocupación creciente, la caída del salario, los tarifazos. La Iglesia, en cambio, quiere liderar un operativo asistencial dirigido a contener la rebelión de los más oprimidos al despojo en marcha. En esa coalición ‘bendita’, ya se ha anotado parte del kirchnerismo, como el movimiento Evita.

Fermento popular

Pero el esfuerzo desesperado del macrismo para recauchutar su régimen es tan intenso como el progreso de la impasse económica y el descontento popular. La “lluvia de dólares” se ha reducido a un operativo de reendeudamiento, que prepara a término una nueva cesación de pagos. La recesión económica -24% de caída en la construcción durante el mes pasado- es, a esta altura, una estrategia política para que la desocupación habilite un ataque a fondo sobre las conquistas laborales de la clase obrera. Entre los integrantes de la “coalición bendita”, la burocracia sindical ocupa un lugar central. Por eso, renunció a luchar contra los despidos, en nombre de una salida parlamentaria que ni siquiera defendió a la hora de su veto.

A contrapelo de este compromiso de fondo con el ajuste, el fermento de la intervención popular por abajo se multiplica. El desalojo brutal de los luchadores fueguinos ha reavivado la lucha de sus docentes y estatales. La huelga petrolera del sur delata la esterilidad de la “paz social” que los burócratas sindicales patagónicos firmaron con los pulpos subsidiados. En otro plano, el rechazo a los tarifazos ha devenido en una crisis política, donde la Justicia intenta terciar entre la confiscación oficial y la rebelión de ciudades enteras. Los ajustadores -y la coalición que intentan urdir- tendrán que vérselas con esta enorme conmoción social y el panorama de luchas que se incrementará como resultado de su política. Este proceso apasionante supera por completo al kirchnerismo, que se debate entre el pejotismo (y la convivencia con Macri) y los tribunales. Impulsemos en todos lados asambleas, autoconvocatorias y la coordinación de acciones de lucha por el programa planteado: ningún despido ni suspensión; salario igual a la canasta familiar, hoy en 20.500 pesos; 82% móvil y aumento de emergencia para los jubilados; anular el tarifazo. Contra la coalición de los evasores, desarrollemos, con la lucha y la delimitación de campos, la alternativa política de los trabajadores.

En un plenario realizado el viernes 27, los petroleros de la Cuenca de San Jorge, agrupados en los sindicatos de Petróleo y Gas Privado de Chubut y Santa Cruz y Jerárquicos, lanzaron un paro indefinido a partir de las 0 horas del sábado 28, por la baja de 28 equipos de la empresa YPF. Esta baja significa una disminución del 40% de la actividad y más despidos.

A la medida se le sumó un bloqueo a la planta de despacho de combustibles en Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia por parte del sindicato de Camioneros, contra el despido de 20 trabajadores.

El paro, que tiene una adhesión total, muestra una férrea y tenaz voluntad de lucha. Los petroleros se movilizaron al costado de la ruta y empieza a escasear el combustible en Comodoro.

El mensaje que convocó a los petroleros a su plenario, decía: “Estado de alerta, retención y corte de ruta, pese a lo que se firmó”. Porque esta nueva huelga ocurre a pocos días del paro activo bautizado Comodorazo, contra la petrolera PAE.

En ese momento y con 15.000 trabajadores movilizados, se logró que PAE subiera equipos, frenando despidos. Jorge Avila y Claudio Vidal, secretarios generales de los sindicatos petroleros habían firmado el 6 de mayo la paz social. A los pocos días se sucedieron los despidos en las empresas del grupo Lufkin y en Sipetrol, llevando a los trabajadores de esas compañías a bloquearlas con piquetes, ya sin la movilización y la huelga de conjunto.

Con la paz social, la burocracia sindical quiso contener la organización propia de los trabajadores, así como la continuidad de las medidas capaces de lograr una victoria rotunda.

Este nuevo paro indefinido se da en medio de las negociaciones paritarias, donde Avila y Vidal han planteado un 40% de aumento. Las compañías, no sólo ofrecen porcentajes menores y en cuotas, sino que quieren lograr una rebaja salarial.

Hasta ahora se ha establecido una suma puente de 8.000 pesos, pero los pulpos petroleros quieren cambiar el régimen laboral, para pasarlo de dos turnos de doce a tres de ocho horas. De esta manera, se bajaría el salario, porque se eliminarían los ítems que la burocracia sindical negoció por afuera del básico y no se cobrarían horas extras. Este problema no está planteado dentro del reclamo de la burocracia sindical K de Avila y Vidal.

Los pulpos petroleros están en pie de guerra contra los trabajadores. Los acusan de causar pérdidas millonarias, cuando sólo gracias a la acción obrera se reactivó la producción.

Las compañías bajan selectivamente la actividad aún cuando el Estado las subsidia. El periódico Inversor On Line tituló un artículo reciente: “Tras el aumento (naftas), las petroleras ganan más que en Estados Unidos”. Sipetrol acaba de adquirir a la chilena ArPetrol por 9 millones de dólares, mientras despide “por la crisis”.

Por su parte, YPF, que despide con argumentos idénticos, le dará a Pampa Energía un préstamo garantizado para la adquisición de áreas que eran de Petrobras.

La huelga petrolera debe triunfar contra la rapiña de las compañías. Por la prohibición de despidos y la reincorporación de todos los cesanteados, repartiendo las horas de trabajo sin afectar salarios. Por un aumento del 40% ya en el básico, la anulación del impuesto al salario, y la apertura de las cuentas de las empresas.

Cerca de 2.000 jóvenes participaron del Congreso Nacional de la UJS. De Tierra del Fuego a Jujuy, compañeros de 22 provincias asistieron gracias a un enorme esfuerzo militante previo para reunir los recursos y financiar el viaje. Fueron dos jornadas intensas de debate político, que incluyeron una gran manifestación, bajo la lluvia, a la torre de lujo donde cumple su condena José Pedraza. Tras el informe de apertura, el Congreso se organizó en 15 comisiones que sesionaron durante la tarde del sábado. El domingo, el Congreso se volvió a reunir en plenario general para escuchar a Jorge Altamira, aprobar las resoluciones de las comisiones y votar la nueva Mesa Nacional de la UJS.

El debate

El debate central del congreso giró en torno a cómo desarrollar una juventud revolucionaria en la etapa política actual. Las medidas ajustadoras de Macri han movilizado a la juventud. El aumento del transporte y los tempranos ataques a la docencia y la universidad pública desataron una reacción estudiantil como no se veía en años. Y son sólo el comienzo.

El congreso caracterizó que el programa que se esforzará por aplicar Macri conduce a un choque directo contra la juventud y a la emergencia de un ciclo de luchas y movilizaciones. El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solicitado por el gobierno, implica una vuelta de tuerca más en la privatización educativa. El primer paso ya fue dado, al convalidar el fallo judicial a favor de los exámenes de ingreso en la Universidad. Combinado con esto, el gobierno está comprometido en aplicar un “plan de empleo joven”, que no es otra cosa que más flexibilidad laboral y salarios de miseria. Se trata de un plan de guerra, que plantea quién pagará la crisis: si los trabajadores y la juventud, o los capitalistas.

La ofensiva macrista pone a prueba los programas y la política de las distintas tendencias y agrupamientos. En la medida en que Macri lleva adelante el ajuste que reclama el conjunto de la clase capitalista, la existencia de un gobierno de derecha no justifica para unir a todas las tendencias y agrupaciones que militan en el movimiento popular y de la juventud, como sostienen quienes plantean el “frente único anti-macrista”. Ocurre que este planteo clásico del oportunismo omite que muchas agrupaciones, aún declarándose opositoras, son tributarias de la política capitalista. Y que, por ello, oscilan en aplicar ellas mismas el ajuste capitalista o en participar de ciertas luchas para desviarlas, en función de sus propios objetivos de clase. Es lo que ocurre con La Cámpora, que ejecuta el ajuste en Santa Cruz, mientras interviene en la marcha universitaria, pero para representar los intereses de las camarillas universitarias privatizadoras.

El Congreso discutió en profundidad esta situación, destacando que la política de frente único debe tener una base de clase, para luchar contra el gobierno y las patronales. A partir de esta estrategia llamamos a todos las fuerzas y agrupaciones que participan de la lucha de la juventud a concretar una política de frente único. Con esta política nos dirigimos a muchos agrupamientos, que oscilan entre la izquierda revolucionaria y el kirchnerismo, convocándolos a sumarse a una lucha independiente y de unidad con la clase obrera.

Aunque el kirchnerismo está en un proceso agudo de descomposición, el factor de confusión que aún juega se debe fundamentalmente a las propias limitaciones que tienen muchas agrupaciones juveniles, que carecen de una delimitación sistemática del nacionalismo. Por esta razones, el congreso consideró la importancia de que la delimitación con el kirchnerismo siga una línea estratégica, mostrando que los Milani o los Lázaro Báez no son desvíos circunstanciales del camino ‘nacional y popular’ correcto, sino el fin inevitable de una estrategia basada en reconstruir la burguesía nacional y la autoridad política del Estado cuestionado y golpeado por la rebelión popular del Argentinazo.

La forma simple de resumir esta cuestión es la siguiente: en oposición al “frente ciudadano” que propicia el kirchnerismo, levantamos la estrategia del Frente de Izquierda, como expresión independiente de la clase obrera y de la juventud.

Las resoluciones

A la luz de este análisis resolvimos editar masivamente una “Carta abierta a la juventud que lucha”, con el objetivo de desenvolver esta polémica. Nuestro punto de vista fue verificado en las experiencias de lucha de estos meses, cuando el “frente ciudadano” de La Cámpora, los rectores y la burocracia docente saboteó el masivo acto educativo en Plaza de Mayo. Para presentar esta Carta resolvimos impulsar una campaña de mesas redondas, convocando a otras fuerzas políticas para abrir un debate sobre qué estrategia tiene que desarrollar la juventud.

También se destacó que el trabajo con la Carta debe servir para desenvolver el reclutamiento a la UJS. Nos propusimos que los casi 2.000 compañeros presentes debatan con la Carta con otros 2.000 jóvenes, para convocarlos a integrar la UJS. ¡Qué cada compañero se transforme en un agitador y un organizador! El desarrollo de una juventud revolucionaria requiere de un método político y de organización, de formación de cuadros y de lucha ideológica. La salida de un material de lucha teórica quedó planteado como uno de los grandes desafíos a encarar.

Esta lucha se expresará ahora en los congresos de las federaciones y en las elecciones de centros. Resolvimos una intensa campaña en defensa de la independencia de la Fuba, cuyo congreso será el martes 14 de junio. La propuesta de Patria Grande de enfrentar al macrismo de Nuevo Espacio llevando al kirchnerismo a la presidencia de la Federación es un contrasentido que se da de patadas con la lucha que acabamos de protagonizar. Lo único que aseguraría es el desprestigio de la Fuba y la abolición de la principal herramienta de lucha recuperada por el movimiento estudiantil.

Una polémica similar se presenta para el Congreso de la FUA, que Franja Morada programó para el 25 y 26 de junio en Rosario. Allí, el “frente ciudadano” que postulan Patria Grande y el PCR alcanzaría, además de los K, al MNR -es decir, al gobierno de Santa Fe. No se entiende por qué, con la misma lógica, el frente no incluye también al PJ y hasta a la propia Franja. El Congreso de la UJS votó impulsar un Encuentro Nacional de Estudiantes, en paralelo al congreso burocrático de la FUA, para resolver un plan de lucha y presentar una lista sin compromisos con los rectores y gobiernos.

Vamos por más

El principal mérito del congreso fue profundizar la conciencia socialista de la propia UJS, dotándola de un método político adecuado y de un plan de acción. La construcción de una juventud revolucionaria es una actividad consciente, que demanda un estudio de la situación histórica y de las tareas que se derivan de ella. El desarrollo del factor subjetivo no es otra cosa que la conciencia histórica de que la enorme bancarrota capitalista que enfrentamos reclama la transición a un gobierno de los trabajadores.

El PTS ha lanzado una batería de infamias contra nuestra compañera Sandra Cóceres, delegada de la fábrica La Virginia de Santa Fe, acusándola de colaborar políticamente con la burocracia. Para ello ha recurrido a tareas de espionaje, hurgando en su Facebook en búsqueda de fotos y otros elementos 'probatorios'.

La infamia del PTS salta a la vista con sólo leer con cuidado el artículo de Izquierda Diario. Allí se afirma que Sandra Cóceres llegó a la comisión interna integrando la Lista Verde, por “canalizar la bronca” contra la burocracia sindical que maneja la seccional Rosario del Sindicato. ¿Cuál es la acusación, entonces? ¿O no había que integrar la lista que canalizaba la bronca de los trabajadores contra la burocracia sindical?

A continuación, Izquierda Diario afirma que los sectores de la Lista Verde que se referencian en la conducción de la burocracia del sindicato Buenos Aires de Rodolfo Daer ocultaron frente a los trabajadores esta relación durante un tiempo. Esto prueba, a pesar del PTS, que a los ojos de los obreros se trató de un triunfo de una lista combativa y antiburocrática. Sandra, como luchadora de la fábrica, participó de esa experiencia del propio colectivo obrero. ¡Sólo una secta podría haber adoptado una política distinta!

El PTS cree que resuelve el pleito aportando una foto de Sandra con la pechera de la Lista Verde. Pero el método policíaco se revela como lo que es, una bolsa de estiércol, cuando a continuación el propio artículo informa que la nueva interna se dividió en dos sectores, dejando de un lado el sector ligado a Daer, que reveló su verdadera filiación, y el sector ligado a Sandra.

Para que se entienda: el mismo artículo que denuncia a nuestra compañera por estar con la burocracia, afirma que ella participó de una lista que canalizó la bronca obrera contra la burocracia y que luego la nueva interna se dividió entre el sector combativo y el sector de la burocracia de la Verde. Claro que la Izquierda Diario omitió lo más importante: que en las próximas elecciones de comisión interna, la lista de los luchadores estará encabezada por Sandra.

¿No queda claro una actividad ex-tra-o-rdi-na-ria de Sandra, que cuando incluso no era del PO decidió correctamente intervenir en una lista que canalizó la “bronca de los trabajadores” y que luego continuó la pelea armando su propio bloque dentro de la Comisión Interna preparando una lista combativa para las próximas elecciones? La astucia de clase que desplegó Sandra la coloca a la cabeza de la generación de luchadores que transitan el camino hacia el clasismo, y aún más, a la construcción de un partido de la clase obrera. Las compañeras y compañeros que realizan esta experiencia son la levadura de la revolución, transformándose en la vanguardia de la clase, al abrir caminos para contingentes obreros enteros.

La acusación del PTS, tan infundada como faccional, sólo persigue el propósito de ocultar su retroceso en el movimiento obrero, que crece en forma directamente proporcional a su electoralismo. Pero advertimos que el ataque a Sandra, y compañeras y compañeros de ese calibre, profundizará el retroceso que se ha evidenciado en el último período.

El fútbol, y con él la AFA, es un negocio multimillonario que ahora promete expandirse hasta extremos por el momento imprevistos. Pero, además y sobre todo, es un fortísimo factor de poder político. Ese aspecto, el del poder político, debe necesariamente tenerse en cuenta para empezar a entender el conflicto que corroe en estas horas al fútbol argentino y a la AFA, de hecho intervenida por el gobierno.

La designación de veedores, y la suspensión de las elecciones para elegir al nuevo titular de la AFA, no se debe a las “irregularidades” que consignan la jueza María Servini de Cubría (ella tiene veedores allí desde hace meses) y la Inspección General de Justicia (IGJ). Esas irregularidades se conocen desde siempre. Lo que empuja al gobierno a intervenir es el hecho de que Hugo Moyano parecía tener los votos suficientes para quedarse con la presidencia de la AFA, y Macri decidió no permitir que eso suceda.

Para saber quién es quién: el titular de la IGJ es Sergio Brodsky, un empleado de Daniel Angelici, quien, a su vez, es una pieza clave de Macri en el fútbol y en el Poder Judicial. Y el vicepresidente tercero de Boca es Darío Richarte, ex subjefe de la Side, ex vicerrector de la UBA y también “operador” del oficialismo en Tribunales.

El fútbol comienza a recorrer una transición entre dos regímenes, y eso se ve en los clubes. Quilmes, por citar un caso, está en una crisis muy grave; el intendente, Martiniano Molina (PRO), quiere sacar del club a Aníbal Fernández y al clan de los Meiszner. Fernández, entonces, se alía con su viejo enemigo Moyano. En otras palabras: los realineamientos y las alianzas en el fútbol se entrecruzan con los de la política nacional e incluso con la posición internacional del gobierno. Se debe recordar que con Barack Obama llegaron emisarios de Ted Turner (Imagen Satelital SA en la Argentina), un pulpo interesado en ser parte decisiva de la colonización (véase PO N 1.412, “La colonización del fútbol argentino”). El propio Moyano defiende intereses políticos, además de los vinculados directamente con el fútbol. Después de todo, él no dirige un club chico, Independiente no tendrá un lugar menor en la Superliga cualquiera sea el resultado de esta pugna. Pero el del jefe camionero es un aparato de punteros, barrabravas y burócratas que se juegan mucho en la interna peronista. La presidencia de la AFA implica un resorte fundamental en términos de recursos y patotas. No puede permitirse la pérdida de posiciones. Macri tampoco.

Negociaciones internacionales

Sin tapujos, el Presidente ha tomado el asunto en sus manos personalmente. El sábado 28 habló por teleconferencia con el titular de la Fifa, Gianni Infantino, para discutir con él la “normalización” de la AFA. Era necesario porque, como se sabe, la Fifa no tolera intervenciones gubernamentales en sus asociaciones adheridas, y puede incluso disponer la desafiliación temporaria de las entidades que se encuentren en esa situación. La Fifa es rigurosa en ese punto puesto que ella misma es un organismo imperialista y mafioso, y necesita autarquía (la irrupción del gran capital norteamericano en el fútbol derivó en el conflicto que terminó con medio ejecutivo de la Fifa en prisión, véase hasta qué punto llega esa lucha).

Por su lado, Angelici, y su colega de River, Rodolfo D’Onofrio, trabajan con funcionarios del gobierno e incluso con Macri, en la redacción de una carta a la Fifa para proponer una “comisión normalizadora” de la AFA en vez de una intervención directa. Es más, una primera versión de esa carta ya fue leída por Infantino, que le hizo algunas observaciones (¡!). Paralelamente, el gobierno chantajea con designar interventora de la AFA a Graciela Ocaña, una enemiga directa de Moyano, aunque tal vez ese recurso se vuelva innecesario después del fracaso moyanista en la reunión de Ejecutivo del martes 31, que en los hechos aceptó la suspensión de las elecciones en la AFA; es decir, la intervención light, aparentemente acordada por el gobierno con el titular de la Fifa.

Se trata de una pelea feroz entre mafiosos por un negocio tan enorme como sucio, y de una pugna política que se desenvuelve a costa de una expoliación adicional al pueblo trabajador argentino, en su condición de socio o simpatizante de los clubes.

“Se parece mucho más a un Nureyev que a un peleador de tabernas”

Norman Mailer

“¡Cassius Clay!”, gritó el oficial a cargo del centro de reclutamiento de Houston. Nadie se incorporó. Dos veces más repitió el hombre su llamado, pero Muhammad Ali permaneció sentado. Transcurría el año 1966, en plena guerra de Vietnam. Cuando un juzgado citó al entonces campeón mundial de los pesados para que respondiera por su negativa a incorporarse al servicio militar, él envió una carta que entre otras cosas decía:

“¿Por qué habría de disparar yo un fusil contra los vietnamitas? Ellos nunca me han llamado nigger, nunca me colgaron de un árbol, nunca me lanzaron sus perros. Si he de morir ha de ser aquí… ¡Ustedes son mis enemigos!”

Amigo de Malcom X, el luchador negro que proclamaba el combate armado contra la opresión de su pueblo y llamaba “Tío Tom” al pacifista Martin Luther King, Ali había nacido en 1942 con el nombre de Cassius Marcellus Clay: “Mi nombre de esclavo”. Ali jamás permitía que lo llamaran “Cassius Clay”, y su rival Ernie Terrell lo supo cuando pelearon en 1967. Terrell, durante los días previos a la pelea y en el pesaje, insistentemente lo llamó “Clay”. El combate fue para él un martirio. Ali no quiso noquearlo y en cambio lo castigó tenazmente durante 15 rounds mientras a cada golpe le gritaba: “¿Cómo me llamo?” “¿Cuál es mi nombre?”

Esa rebelión contra la convocatoria a las armas tuvo para él consecuencias directas e inmediatas: un tribunal lo condenó a cinco años de prisión -quedó libre bajo fianza- y a pagar una multa de 10 mil dólares. Una hora después de la sentencia, le fueron quitados los títulos de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Comisión Atlética de Nueva York. También se le quitó la licencia para boxear y le fue retirado el pasaporte. Esa postura de Ali contra la guerra precedió a la de la mayoría de los organismos de derechos civiles: Martin Luther King, por ejemplo, solo un año después repudió la invasión a Vietnam, cuando se multiplicaban las bolsas con cadáveres norteamericanos y las manifestaciones antibelicistas; y, desde ya, crecía la popularidad de Muhammad Ali por aquella actitud.

Boxeo y lucha política

Las manifestaciones contra la guerra coincidían con una lucha política intensa dentro del pueblo afroamericano. Ali había tomado su nombre en homenaje a Elijah Muhammad, líder de Nación Islámica, el grupo al que también pertenecía, conflictivamente, Malcom X. Hubo allí rupturas y separaciones que involucraron al campeón pesado, pero en cualquier caso la lucha contra la discriminación racial y contra la agresión norteamericana a Vietnam estuvo en el comienzo impetuoso de la penetración islámica, a nivel de masas, en territorio de los Estados Unidos. Y el papel de Ali en aquellos hechos no fue menor, favorecido obviamente por su enorme popularidad. Ya antes de negarse a servir en las fuerzas armadas, había hecho una gira, en 1964, por diversos países de África, desde Ghana a Egipto, en medio de guerras independentistas y de liberación nacional.

Cuando volvió a boxear en 1970, después de que la Corte Suprema aceptara su alegato de objeción de conciencia para cumplir sus obligaciones militares, ya no era el mismo boxísticamente. Había perdido la velocidad que sustentaba su estilo, pero sería entonces, ya disminuido, cuando alcanzaría su magnitud más grandiosa, cuando libraría esas batallas feroces contra George Foreman, Ken Norton o aquellas tres peleas históricas contra Joe Frazier.

Políticamente tampoco era el mismo. En 1969, mientras estaba suspendido, había roto con Nación Islámica. Continuó siempre su defensa de los derechos civiles del pueblo negro, pero ahora con una actitud más moderada, más proclive a la que había sostenido Martin Luther King que a la de Malcom X; por lo demás, ya ambos líderes negros habían sido asesinados, Malcom en 1965 y Luther King en 1968. Antes de ese regreso habrían sido impensables las reuniones que luego tuvo con James Carter y Ronald Reagan, o que George W. Bush lo condecorara.

Fue, con toda seguridad, el mejor boxeador de todos los tiempos. Podía tener la agilidad, la elegancia, velocidad y eficacia de un Ray Robinson o un Ray Leonard, pero él era peso pesado y el campeón mundial de los pesados bien puede ser considerado el hombre más fuerte del mundo. Y si el hombre más fuerte del mundo se parece más a un Nureyev que a un peleador de tabernas, se sobreentiende que se está ante alguien único.

Y la historia política de los Estados Unidos, y la del pueblo negro por su liberación, guardarán para él el registro de aquel latigazo público: “¡Ustedes son mis enemigos!”.

Hasta siempre, campeón.

En Tucumán, la jornada del Ni Una Menos, a pesar del mal tiempo, reunió a unas 3000 personas.

Las noticias durante esa semana estuvieron plagadas de diversos hechos que tuvieron como victimas a mujeres pobres, como el brutal asesinato de Milagros, una niña de 12 años del interior de la provincia, que fue violada y asesinada por la expareja de su madre. O los datos brindados por una fiscala de la justicia provincial acerca de que en el centro judicial de la Capital, entre 13 y el 29 de mayo tuvo que atender a 26 casos de abusos, o sea más de uno por día y solo en la capital, reconociendo que ocurren muchos casos más que no llegan a ser denunciados.

En contraposición, se le dio gran publicidad a la condena a 9 años de cárcel a Aydé Amaya quien terminó matando a su exmarido, como un último recurso frente a recurrentes acciones de violencia sobre ella y sus hijos. En el fallo, los jueces sostuvieron que le atenuaron la condena por ser victima de violencia de género, mostrando todo el cinismo de una institución que no hizo nada frente a las reiteradas denuncias realizada por Aydé.

A todo ese cuadro, se sumó la condena a Belén a 8 años de prisión por el sólo de haber asistido a un hospital con un aborto espontáneo, un caso alrededor del cual se viene desarrollando una enérgica campaña nacional para lograr la anulación del fallo y por lo tanto su libertad.

Todo este escenario se hizo escuchar en la concentración frente a la casa de gobierno. Allí hicieron uso de la palabra las referentes de las organizaciones convocantes pero también varios familiares de casos de femicidios y otros como Soledad Deza, abogada defensora de Belén, Alberto Lebbos, Susana Trimarco

La jornada estuvo recorrida por una intensa lucha política.

Por un lado, estuvo el intento por parte del PCR, MST y Libre del Sur de limitar la jornada a la denuncia de casos de femicidios, dando comienzo al acto antes del horario acordado y antes que llegara la columna de la Mesa por la Libertad de Belén, que finalmente, cuando ingresó a la plaza Independencia, logró que el reclamo por la libertad de Belén pasara a ser unos de los ejes centrales de los discursos de varias oradoras.

En la jornada hicieron su aparición los sectores kirchneristas, quienes intentaron meter la consigna por libertad a Milagros Salas pero no tuvieron ningún eco e incluso quedaron al descubierto cuando los familiares de víctimas denunciaron al gobierno pasado y actual.

Desde el Plenario de Trabajadoras intervenimos con una importante columna, cuyo armado estuvo precedido de charlas, mesas redondas y asambleas, y planteamos como salida la organización independiente del Estado y los partidos del régimen.

El viernes 3/6 se reunieron con Vidal 19 conducciones de gremios estatales, de cara a la reapertura de paritarias del segundo semestre. Recordemos que las conducciones de UPCN y la Fegepba acordaron un 15% para la primer parte del año. Sin ningún tipo de debate ni deliberación con los trabajadores, estos sindicatos -desde ATE Ensenada hasta Salud Publica entre otros- hablaron de un aumento de alrededor del 19%.

Estas direcciones gremiales, sciolistas en el gobierno anterior, entraron en sintonía con el discurso del 'segundo semestre' macrista de “lluvia de inversiones”, además de la “inflación que va a bajar drásticamente" (sic). Lo cierto es que Vidal, junto a esta burocracia sindical, armó esta mesa de diálogo preocupada por el “costo político y gremial importante” (El Día, 4/6/16), que les significó el acuerdo a la baja. Una mesa de “diálogo” destinada pura y exclusivamente a impedir el reguero de paros y movilizaciones que resultaron desde febrero a junio en la provincia.

La reapertura de la paritaria de hace un mes, impuesta por la justicia, no sólo fue un fiasco por la falta de oferta del gobierno, sino por la nula convocatoria de movilizar hacia ellas por parte del todos los gremios estatales, incluida la “combativa” ATE de “Cachorro” Godoy.

Ahora, el segundo semestre ha llegado, es necesario preparar una reapertura que logre definitivamente superar la inflación, que está provocando una carestía cercana a la crisis de 2001 entre los estatales.

Plan de lucha en nuestras manos

En el enorme proceso huelguístico de judiciales, y profesionales de la salud, el activismo logró que se voten plenarios de delegados de base, al igual que en el congreso ordinario de ATE provincia, y en varios casos para que se realicen de manera conjunta con todos los gremios del Estado, así quedó de manifiesto una voluntad de lucha, que claramente es encorsetada por todas las variantes de las conducciones sindicales, desde el centro-izquierda al kirchnerismo.

Esta realidad pone en el tapete la necesidad de tomar el plan de lucha en nuestras manos. Desde las juntas internas y seccionales combativas, impulsar la pelea por un aumento del 30% para el famoso segundo semestre.

Superar la entrega de los sindicatos amarillos, y el impasse de ATE tendrá que ser una tarea de los trabajadores, imponiendo desde abajo lo que se niega a hacer desde arriba.

El 25 de mayo fue asesinada Guadalupe Medina, una nena de tan sólo 12 años y habitante de una villa santafesina. Su cuerpo fue encontrado en el piso de una casilla, con signos de abuso sexual y estrangulamiento además de claras marcas de resistencia por parte de la menor.

Los autores del femicidio están vinculados con la banda narco del “Pandu”, de Rosario, que sojuzga al barrio con la complicidad de la policía y el amparo del poder político. El jefe de la banda se encuentra hoy en prisión por el asesinato de otro joven, Javier Barquilla.

La mamá de Guadalupe buscó amparo en el Estado cuando vio que su hija se encontraba cercana a esta banda. En la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia le respondieron que no podían hacer nada si no había situaciones de “peligro concreto”. Días después, Guadalupe aparece brutalmente asesinada.

Desocupación, mercado negro, precariedad

La provincia sojera de Santa Fe tiene el 55% de su población femenina sin empleo, los puertos privados sobre el Paraná habilitan un mercado en negro del narcotráfico, el juego y la precaridad laboral, junto a la prostitución y, por consiguiente, la trata de personas. La vulnerabilidad de las mujeres en la patria sojera es brutal, y así lo indican las propias estadísticas que ya contabilizan 16 casos de femicidios en la región. El propio subsecretario Penal de la Fiscalía de Reconquista el Norte Santafesino manifiesta las cifras más altas de delito sexual en relación a su población.

El Frente Progresista, más allá de la “demagogia de cara al #NiUnaMenos o de su participación regimentadora en el próximo Encuentro Nacional de Mujeres, es responsable de este cuadro de agresión a las mujeres. Guadalupe es la expresión más acabada del trío nefasto de drogas, policía y complicidad política a la que se enfrentan nuestras niñas y mujeres, siendo las de las barriadas más pobres las más vulnerables.

Mientras el gobierno nacional introduce diariamente un brutal ajuste, el Frente Cívico y sus fuerzas políticas hacen lo propio en Santa Fe, permitiendo despidos, suspensiones y aumento de los servicios y generando desequilibrios y penurias en las familias obreras.

Las mujeres debemos organizarnos de forma independiente del Estado y sus partidos.

*Por el desmantelamiento de las fuerzas represivas. Por una organización de vecinos independiente, por una fuerza de seguridad bajo control de los vecinos y las organizaciones de derechos humanos y por la elección popular de los jueces.

*Nacionalización de los puertos privados de Santa Fe.

Justicia por Guadalupe Medina! Cárcel efectiva para sus asesino y juicio y castigo a todos los responsables!

La paritaria que abarca a la mayoría de los petroleros de los yacimientos (30.000), regimentada principalmente por las burocracias kirchneristas de Jorge Avila y Claudio Vidal en Chubut y Santa Cruz, y la moyanista de Guillermo Pereyra en Neuquén, reclaman el 40% y la reactivación de la actividad. Sin embargo, para estas conducciones son promesas en el agua. Avila y Vidal, del sindicato de petroleros privados, acataron la conciliación obligatoria y levantaron el paro que se había iniciado el sábado 28. En Neuquén, la burocracia levantó el último paro convocado, hace 15 días, y las patronales exigen el procedimiento de crisis y la reducción de la jornada laboral -tres turnos de ocho horas.

Un compañero de Comodoro le dijo a Prensa Obrera que, en el caso de Chubut, la burocracia “va por una suma puente de 10.000 pesos, el gobierno puso tope de 6.000 y negociaron 8.500. No se tiene ninguna certeza, lo que se sabe es que el convenio paritario no se discute y lo que van a aceptar es este monto puente hasta octubre; o sea, que nos quieren endulzar, como hace dos años con el bono y la paritaria después resulta anual, a la baja, inferior a la inflación. Esta vez como máximo será de 32%. Esta semana es clave también para la suba de los equipos”.

El compañero José Maidana, obrero de Oleosur, contratista de YPF en Las Heras, Santa Cruz, dijo: “después de 43 días de huelga por un despido y por el reclamo de aumento en el ticket de 15 a 183 pesos tuvimos que aceptar la conciliación obligatoria y gracias a los piquetes logramos el compromiso del pago de los días caídos”.

La baja de la actividad petrolera se debate en la propia paritaria. Avila denuncia que quieren privatizar a YPF, como si no fuera ya una empresa privada que especula bajando equipos en Santa Cruz y, por otro lado, coloca 163 millones de dólares con la chilena Enap Sipetrol en Magallanes.

Paritaria mísera y “paz social”

En medio de este tembladeral, la burocracia de la Federación Argentina del Petróleo, dirigida por Alberto Roberti (PJ) cerró la paritaria en refinerías el 1 de junio por un aumento del 20%, hasta septiembre, y una suma en negro por única vez de 14.000 pesos. El acuerdo está muy por debajo de la inflación. El acta especifica en dos oportunidades el compromiso de la paz social para “la normal producción de las refinerías” y establece, para el sindicato, el pago por “buenos servicios” de 19.000 pesos por trabajador. El acuerdo significó el levantamiento de la huelga en las refinerías, luego de tres meses de desgaste sin propuestas salariales y sin medidas, y no puso en debate la amenaza a los puestos de trabajo en Refinor de Salta y la destilería de San Lorenzo, ambas en franco proceso de vaciamiento. El acuerdo “premia” a las refinadoras argentinas YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil que hoy tienen un margen bruto de más de 30 dólares por barril de crudo procesado, superior al de Estados Unidos de 10 dólares, según la consultora Montamat.

La paritaria petrolera entra en una etapa decisiva. Saboteada por la burocracia y en medio de debates sobre la situación de la subsidiada y vaciada industria petrolera, está precedida y atravesada por huelgas de todo tipo e impulsada por la aplicación del tarifazo, que actúa como un revulsivo en toda la Patagonia.

En las vísperas de la realización del Congreso Ordinario de renovación de autoridades de la Fuba, convocado para el próximo martes 14 de junio, se ha producido un pacto entre Nuevo Espacio-Franja Morada y La Cámpora.

El acuerdo consiste en lo siguiente: los delegados de La Cámpora le darían quórum a Nuevo Espacio, la agrupación del secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Yacobitti, para desplazar a la conducción combativa de la Fuba.

A cambio de ese favor, los radicales de Nuevo Espacio se comprometerían a mantener, o incluso incrementar, la presencia de funcionarios camporistas en el actual Rectorado de la UBA, bajo el comando de Alberto Barbieri.

Estamos frente a un intento desesperado por parte de La Cámpora de hacerse con una caja de financiamiento después de perder el manejo del gobierno nacional. Tras años de sabotear los congresos de la Federación, La Cámpora regresaría a la Fuba con el único propósito de entregarle la presidencia a los aliados de Mauricio Macri.

La Cámpora justifica este pacto podrido con la coartada de que sus delegados ingresarían al Congreso con el supuesto objetivo de formar una presidencia tripartita entre la UJS-PO, La Cámpora y Patria Grande. Pero saben muy bien que el PO rechaza cogobernar la Fuba con los representantes del gobierno de Chevron, el pago serial de la deuda y el 35% de precarización laboral.

El trasfondo de este acuerdo en la Fuba excede los contratos en el Rectorado. Barbieri, quien hasta hace muy poco era señalado como candidato a ministro de Educación de Daniel Scioli, dio su aval para el proyecto de privatización, a 30 años, de la Plaza Houssay, que macristas, radicales y kirchneristas votaron la semana pasada en la Legislatura porteña.

Alertamos a todo el movimiento estudiantil sobre esta operación corrupta en curso, que incluye la compra de delegados para imponer la voluntad del

Rectorado y el gobierno en el Congreso de la Fuba. Convocamos a todos los estudiantes a intervenir en el congreso para garantizar la independencia y la integridad de nuestra Federación.

Sabemos que hay agrupaciones del espacio kirchnerista que se oponen al pacto con Nuevo Espacio y el macrismo. Las llamamos a que rechacen públicamente ese acuerdo y aporten sus delegados para el triunfo de la actual conducción de la Fuba, que ha luchado y lucha incondicionalmente por los intereses de estudiantes y trabajadores.

Tal como sucedió el año pasado, este 3J los bahienses se volcaron masivamente a la calle. Lo hicieron impulsados por el pedido de Justicia por Micaela, luego de 35 días con más de una centenar de movilizaciones pidiendo por su aparición y en donde el municipio mostro la hilacha al fracasar rotundamente en encontrarla.

El inicio de este 3J se hizo mediante la lectura de un documento contundente de denuncia sobre las responsabilidades del Estado en los femicidios, violencia hacia la mujer, desarrollo de redes de trata y prostitución. En particular, sobre las fuerzas políticas que votaron recientemente “emergencias de género” o “clausura de cabarets”, que fueron medidas completamente estériles. A su vez, el documento llamo a luchar contra el ajuste de Macri y los gobernadores, repudiando en especial la represión hecha por la gobernadora de Tierra del Fuego.

Con la presencia de más de 4000 personas, sobre el cierre tomaron la palabra familiares de Micaela Ortega y Katherine Moscoso, entre otros, que denunciaron la irresponsabilidad y complicidad del Estado. A su vez, el reclamo por la reciente excarcelación de Pablo Cuchan, quien descuartizó e incineró a Luciana Moretti y el pedido de aparición con vida de Andrea Esnaola.

Se destacó la presencia organizada de más de 300 estudiantes terciarios del Avanza y, a su vez, la última asamblea de Suteba que votó participar, incluyendo el reclamo de licencia por violencia de genero.

El Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero participo activamente de la preparación del documento y del acto, en donde se desenvolvió una polémica abierta con el resto de las corrientes, feministas y de la izquierda, respecto a una negativa a destacar el rol del Estado en el flagelo de los femicidios y de las fuerzas políticas burguesas que lo sostienen. Durante la movilización, se vendieron más de 140 Prensa Obrera. Nos preparamos para asistir masivamente al próximo Encuentro Nacional de Mujeres, bajo la perspectiva de una organización autónoma de las mujeres del Estado y las patronales.

Foto: Federico I.

El llamado machismo comporta una discriminación y una descalificación de la mujer por parte del hombre, que está inscripta de un modo diferente en la estructura de la sociedad de que se trate. En el caso histórico actual es el capitalismo, aunque diferenciado por las peculiaridades históricas propias de cada nación, que pueden llegar a ser enormes. Esa discriminación tiene lugar en el trabajo, en la vida doméstica y, más precisamente, en la familia, ella misma un producto social que ha variado enormemente en el tiempo y entre sociedades dentro de un mismo tiempo histórico. Es una forma de opresión que la corriente histórica del marxismo ha establecido desde su comienzo -o sea, mucho antes de que apareciera la literatura sobre la cuestión de género. La posición subalterna de la mujer respecto del hombre cumple siempre una función social, de la cual el discurso cultural no es más que su manifestación ideológica. Por eso, la cuestión de la opresión de la mujer es de naturaleza clasista: sirve a la reproducción del sistema dominante. La mujer no sufre esa opresión de un modo homogéneo, ni siquiera lo percibe de la misma manera: no es lo mismo la ladera de Donald Trump que una trabajadora de Egipto o Arabia Saudita, o una trabajadora negra en Estados Unidos y en otros países. Trabajadora, mujer y negra, puede resumir una triple opresión social de la condición femenina.

Los únicos que hemos escrito y agitado acerca de la discriminación de la obrera, no solamente por parte de la patronal sino por los obreros, sea en el lugar de trabajo, pero por sobre todo en la familia, hemos sido los del Partido Obrero. La clase obrera no solamente reproduce la ideología de la clase dominante, sino la práctica social, incluso en forma más grosera o brutal, por las limitaciones de la condición de la opresión proletaria y la miseria social correspondiente. Allí donde la mayor parte de la izquierda levanta un programa penal para la violencia contra la mujer y el femicidio, nuestro partido defiende la sanción de medidas de protección de la mujer por parte del Estado, acompañadas por el control de su ejecución por las propias mujeres, por la organización independiente de la mujer y, por sobre todo, por la lucha teórica y práctica contra la violencia hacia la mujer en el seno de la clase obrera. Es decir, por romper la barrera que bloquea la unidad política efectiva de las mujeres, jóvenes y hombres de la clase proletaria. La lucha contra la opresión contra la mujer es una lucha de clases: si la clase obrera quiere emanciparse del capital, debe dar una lucha interna en su propia clase para emanciparse del machismo o, mucho mejor, de la opresión de sus compañeras de clase dentro de la propia clase de proletarios. Este es el punto de divergencia entre el marxismo, por un lado, y las corrientes democratizantes, por el otro. Como diría Elsa Bornemann, una divergencia grande como un elefante.

Para los marxistas, el programa del socialismo y el programa de la mujer trabajadora es un programa de emancipación general, un programa de emancipación humana, esto porque el proletariado no podría lograr su emancipación fuera de una emancipación universal. Para el democratizante, meter la lucha de clases en la cuestión de la mujer es estrecharla; el democratizante propugna una suma programática algebraica de las reivindicaciones que se expresan en las otras clases sociales, que estarían oprimidas por un rasero común. Una mujer de la burguesía ¿votaría a favor de un impuesto al capital para que todas las empresas tengan guarderías para las trabajadoras? Mientras que la mujer obrera no podría emanciparse sin un cambio de la condición asalariada de los trabajadores, en las otras clases sociales la emancipación es concebida y planteada, si esto fuera posible, en el marco de una sociedad explotadora.

La trata de personas con fines de explotación social representa un cambio en calidad en lo que se refiere a la posición subalterna de la mujer. Supera el cafishiaje, como la gran producción supera a la pequeña. Es un comercio en gran escala con métodos de lesa humanidad. Del mismo modo que Marx distinguió al trabajo asalariado de otras formas de remuneración del trabajo en el pasado, no es lo mismo el machismo que sobrevive en las sucesivas sociedades de clase, que la explotación económica en masa de la mujer, donde el ‘valor de uso’ sería el sexual. La trata se encuentra animada por la protección internacional que goza de los Estados, o sea por una conveniencia oficial, y por una tasa de beneficio superior a la media del capital. Esto no es ya machismo, que, en cuanto tal, y como ha ocurrido con la remuneración del trabajo, ha atravesado formaciones sociales de las más diversas en la historia. Se trata de un bandolerismo capitalista armado contra la mujer y las masas -porque las masas tienen hijas, mujeres, madres, primas y amigas- algo que parece olvidarse. Está asociado con un gran negocio mundial, que es el turismo, cuya cadena económica incluye el transporte, la hotelería, el circuito gastronómico, los prostíbulos, el comercio minorista y hasta la especulación en divisas. ¡Qué tal! Interviene incluso el clero, como se ha denunciado en el interior del país. No podría desarrollarse sin la intervención de numerosas instituciones del Estado, en primer lugar las represivas. La trata es la manifestación del capitalismo en su completa descomposición, como las guerras de exterminio del imperialismo. Es una expresión de la barbarie.

Bastó esta advertencia contra la explotación en escala industrial de la mujer, para que se levantaran enojos en la red de Twitter, por parte de gente molesta por meter al capital en una cuestión que sería un coto cerrado del tema de género, y socialmente transversal. Entre los incomodados figuran notorios izquierdistas, que se caracterizan por su capacidad de adaptación a las presiones e incluso a las modas del momento. Estos sujetos no tienen el menor inconveniente en usar métodos lúmpenes. El punto es que, en lugar de recoger la advertencia sobre la dimensión de barbarie de la explotación sexual capitalista de la mujer, mucha/os han saltado como leche hirviendo cuando leyeron la palabra capitalismo. La trata involucra a la totalidad del sistema existente, en sus más variadas relaciones, incluido el poder del Estado. En la lucha para que no muera ninguna mujer más, debe figurar en forma destacada la lucha contra el capitalismo, que nutre la explotación capitalista sexual de la mujer, y de su Estado.

Aquí también, por sobre todo, que la crisis la paguen los capitalistas.

Luego de la huelga que paralizó por completo la planta termoplástica Argul durante cinco días contra el despido del compañero candidato a delegado, la patronal suspendió a cinco trabajadores más, con goce de haberes, durante el período de la conciliación obligatoria. Mientras los 240 obreros de la fábrica recibían los “sermones” de la patronal por bloquear la planta “como un delito grave”, los trabajadores continuaban organizándose por el derecho a sindicalizarse y preparando el paro si la empresa no reincorporaba a los compañeros al finalizar la conciliación.

Finalmente, la patronal no tuvo más remedio que otorgar el derecho básico de tener su comisión interna. La afiliación masiva al sindicato plástico ya era una realidad contundente. Se reincorporaron cinco de los seis compañeros y la continuidad del otro compañero quedó supeditada a la aceptación de una doble indemnización.

Ya homologado el acuerdo en el Ministerio de Trabajo, el 10 de junio se realizarán las elecciones de la interna, luego de décadas de que no se respete el convenio, de cesantías sistemáticas, sobre todo a aquellos que intentaran organizarse.

En esta lucha, los compañeros hicieron un acelerado aprendizaje clasista, del método de la asamblea, del paro indefinido y de su independencia frente a la conducción del gremio.

Una nueva etapa se abre ahora en la planta, que cuenta con un personal compuesto por jóvenes trabajadores luchadores, que han superado el impasse de décadas de la conducción del gremio plástico de la provincia. En simultáneo con el desenlace de la lucha de Argul, los plásticos de Mascardi cortaban la autopista de Ezeiza y, a pesar del desalojo policial, también lograban la reincorporación de los compañeros despedidos.

Los trabajadores plásticos de la zona sur tienen por delante la necesidad de coordinar y organizarse para la lucha. Las patronales del sector se caracterizan por ser unas de las más negreras de la industria y atacan con despidos cada vez que los compañeros intentan sindicalizarse.

La patronal de Argul tiene una larga experiencia explotadora, pero una nueva generación de compañeros combativos ha surgido en la fábrica. Ahora vamos por la victoria en las elecciones de comisión interna.

El 14 de mayo de 1970, hace 46 años, los obreros de Fiat Concord ocuparon la planta con rehenes exigiendo la renuncia de la burocracia de la planta y el reconocimiento a una comisión provisoria electa. Luego de 48 horas de toma, en una planta rodeada por estudiantes, trabajadores y vecinos, obtuvieron la renuncia firmada de cada uno de los burócratas y el llamado a elecciones. El 3 de junio los trabajadores de Fiat Materfer hicieron lo mismo y obtuvieron su propia victoria. En dos semanas y por la vía de la acción directa la burocracia sindical fue barrida en dos de las concentraciones obreras más importante de Córdoba, conmovida un año antes por el Cordobazo.

Toda historia se escribe desde el presente. ¿A qué viene rememorar el hecho? Cuarenta y seis años atrás, la recuperación de los sindicatos de las empresas Fiat fue una victoria política contra la dictadura, pero también contra el peronismo y la burocracia sindical. Es lo que explica el grito que dominó las calles de Córdoba el 29 de mayo de 1969: “y luche y luche, no deje de luchar, por un gobierno obrero, obrero y popular”.

Perón, luego de abandonar sin lucha el gobierno ante el golpe militar de septiembre de 1955, apoyó a todos los gobiernos que se sucedieron: el pacto Perón-Frondizi, Onganía “soldado de la patria”. Al unísono, la burocracia sindical buscó integrar los sindicatos al Estado. El Cordobazo fue una movilización obrera revolucionaria que planteó la lucha contra la estatización sindical. Apoyándose en su larga experiencia, el movimiento obrero fue consciente de que sólo expulsando a la burocracia de los sindicatos podía convertir a éstos en verdaderas ciudadelas de combate. Decenas y decenas de comisiones internas y cuerpos de delegados fueron recuperados y los trabajadores comenzaron a seleccionar una nueva dirección. Se creó, de este modo, un campo fértil para el asentamiento en el seno del proletariado de corrientes que se reclamaban de la lucha de clases.

Hoy, el movimiento obrero asiste a un nuevo despertar del clasismo y los problemas que enfrentó el activismo de aquella época merecen volver a ser analizados.

El Congreso que no se debe olvidar

Contra lo que quiso hacer creer el peronismo y la burocracia, el dominio absoluto y monolítico que mantenía el nacionalismo burgués sobre el movimiento obrero comenzó a quebrarse desde la Libertadora y, en particular, con el golpe militar de 1966 (Onganía) y el fracaso del paro burocrático del 1º de marzo de 1967, que dejó el terreno de lucha contra la dictadura en manos de activistas que se organizaron en forma independiente de la burocracia y el peronismo.

Esta corriente se expresó en el Congreso de agosto de 1971, convocado por las direcciones de Sitrac y Sitram para constituir una tendencia nacional clasista. “Es una importante tarea de las organizaciones sindicales clasistas y revolucionarias luchar por la independencia gremial y contra cualquier injerencia estatal y patronal en los sindicatos, bregando por la derogación del actual régimen legal de asociaciones profesionales (ley 14.455 y decretos reglamentarios) y de toda legislación que interfiera y anule el derecho de huelga y acción gremial directa (leyes de conciliación y arbitraje…)”, planteaba el proyecto de declaración de los sindicatos clasistas1.

En el Congreso se hizo presente la casi totalidad de las internas, cuerpos de delegados, “provisorias” y agrupaciones que estaban protagonizando una verdadera revolución dentro y fuera de los sindicatos. Esta asamblea histórica del movimiento obrero fracasó en sus objetivos, pero dejó como saldo la declaración presentada por los sindicatos clasistas, que es una defensa de principios sindicales revolucionarios, un rechazo a la colaboración de clases del sindicalismo peronista y una “notoria reanudación con los lazos históricos del marxismo (que) coloca los cimientos básicos sobre los cuales puede construirse, en el combate, la corriente sindical clasista”2, como planteó nuestro periódico.

El planteo de los sindicatos clasistas, por su contenido y su método -convocatoria a un congreso para debatirlo-, constituyó una franca superación de todos los programas producidos desde el surgimiento del peronismo y, en particular, de todos aquellos que la izquierda reivindica como antecedentes validos de un “sindicalismo de liberación” -La Falda (1957), Huerta Grande (1962) y CGT de los Argentinos (1968). Todos ellos condenan la lucha nacional a la dirección de la burguesía nativa y plantean la integración de los sindicatos al Estado, razón por la cual fueron votados por los secretarios generales de la CGT de la época, es decir la burocracia sindical.

En cambio, la Declaración de Sitrac y Sitram planteó el carácter “inseparable” de las luchas de la liberación nacional y social, llamó a enfrentar al imperialismo y a la burguesía nacional -“socia menor” dice el proyecto- a través de luchas “dirigidas por el proletariado y las incipientes organizaciones políticas revolucionarias independientes de la burguesía”.

Al plantear que “los sindicatos y la CGT deben ser los organismos de la unidad proletaria en torno a sus intereses de clase” definió dos cuestiones decisivas referidas al sindicalismo revolucionario: el frente único de clase y el principio de la lucha de clases. Superó el planteo de los sindicatos paralelos -una posición que fuera enarbolada por estas direcciones durante el Viborazo- llamando a la recuperación de los sindicatos actuales y reales.

El proyecto admitía que “el sindicato debía tomar determinadas posiciones políticas coincidentes con los intereses históricos del proletariado” aunque no se definía por la principal posición de un sindicato que se asume en este lugar: el gobierno de los trabajadores. Las corrientes sindicales impulsadas por el PO plantearon que el “gobierno de las organizaciones obreras” debía incorporarse a la declaración.

Peronismo

La declaración hace una concesión al peronismo, al caracterizar el 17 de octubre como “levantamiento histórico” sin explicar que se trató de una movilización de masas contra la oligarquía pro yanqui pero subordinada al nacionalismo burgués. Aún así es una reivindicación histórica del movimiento obrero incluso bajo el peronismo -“la gran huelga azucarera del ’49” no es pasada por alto. En una parte identifica “las variadas formas de violencia organizada de los oprimidos” con el desarrollo de la rebelión popular -una reivindicación atenuada de los grupos foquistas. El PO planteó una delimitación de este accionar, por cuanto la existencia de grupos pequeño burgueses armados no era una expresión de la radicalización obrera sino de su insuficiencia, de la crisis de dirección. De cualquier modo, en el contexto de todo el documento, los planteos foquistas eran realmente limitados.

Quién votó

En el Congreso las agrupaciones Vanguardia Obrera Mecánica, Vanguardia Metalúrgica y Trinchera Textil, agrupaciones orientadas por el PO, votaron su apoyo a la declaración presentada por las direcciones clasistas, como fundamento a la constitución de una tendencia clasista nacional. No lo hicieron los sectores peronistas asistentes al Congreso -Peronismo de Base-, no podría haberlo hecho la JP o el PC que, junto a los gremios independientes orientados por Tosco, no fueron y lo sabotearon. Tampoco las agrupaciones maoístas (VC y PCR), que retiraron su apoyo al documento de base, o el PRT-EC que planteó no ponerlo a la firma. Una política que los colocaba como rehenes de la izquierda peronista, una conducta que se repetiría en el plenario de Villa Constitución de abril del ’74. La conducta del PRT La Verdad (Moreno) esta relatado en su historia oficial: “la tendencia del Banco Nación (orientada por el PRT-LV, coincidiendo con Sitrac-Sitram supeditó la discusión política a la coordinación de medidas de organización y trabajo, para evitar la ruptura del plenario”3. Es decir tampoco la hizo suya.

¿Quiénes la votaron? Los representantes del PO. “A la luz de todas las polémicas pasadas, los que con mayor legitimidad podíamos votar por este documento eran los trotskistas: y lo votamos”2.

Corría el año ’71 y estaba en marcha el Gran Acuerdo Nacional (GAN). Ante la crisis abierta con el Cordobazo, el gran capital apeló a su último recurso -el regreso de Perón y el peronismo- para derrotar a la clase obrera y recomponer su dominación. Esta política contó con la colaboración de los aparatos mayoritarios (JP y PC), correa de transmisión de “izquierda” de la burguesía en el seno de las masas. El no voto a la Declaración de Sitrac y Sitram estaba guiado por esta tendencia. Meses después los sindicatos clasistas eran disueltos por la dictadura militar, que actuó con la anuencia en pleno de la burocracia sindical y con las espaldas cubiertas por el GAN.

1. Publicado en Política Obrera Nº 96, 7/9/71.

2. Idem anterior.

3. Ernesto González: El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina, Tomo 4, Fundación Pluma, Buenos Aires, 2006.

El viernes 9 de junio, Telenoche emitió un informe sobre el aumento de la cantidad de familias que concurren a los comedores escolares y comunitarios en Merlo.

Como parte del informe entrevistaron a la directora de la EP 50, de uno de los barrios más carenciados del distrito, quien reconoció que en su escuela comen 400 chicos, pero el cupo que tiene es de 219.

De inmediato, la presidenta del Consejo Escolar, María Jose Barrionuevo, hizo una publicación en su facebook. Lejos de indignarse por la lacerante realidad, cargó las tintas contra la directora del colegio a quien acusó de tener "intencionalidad de desacreditar" al Consejo Escolar.

Barrionuevo reconoció que los cupos no se incrementaron y, sin embargo, hizo eje en el hecho de que la directora no habría mandado "una nota planteando su [sic] situación". ¿El Consejo Escolar no sabe cuál es la situación de los comedores escolares en el distrito? ¿No sabe que, además de insuficientes, los cupos son miserables (12,60 pesos por chico) y nutricionalmente deficitarios? ¿No sabe que "su" situación es la que se vive en toda la provincia y a nivel nacional?.

Barrionuevo agregó que no admite "las denuncias por televisión o redes sociales", pero ella misma utiliza su facebook y su lugar de poder para atacar a una directora que se limitó a señalar un dato de la realidad. Lamentable, sobre todo, viniendo de una gestión que llegó al poder con el discurso de que en Merlo volvía la libertad de expresión.

El ataque personal busca ocultar las responsabilidades políticas en relación con el vaciamiento educativo. El gobierno de Menéndez se pasó los primeros seis meses echándole la culpa a Othacehé por todos los déficits distritales, para terminar exculpándolo porque ahora resulta que el problema del vaciamiento educativo (y hospitalario y del transporte, etc.) es responsabilidad de la provincia. De tal suerte que el hambre de los niños de Merlo no puede ser resuelto por el intendente ¡por una cuestión jurisdiccional! Un disparate.

Por otra parte, no escuchamos ningún planteo de Menéndez a Macri cuando vino a una escuela a entregar 30 (miserables) netbooks. Menéndez tampoco llevó ninguna denuncia ante el ministro de Educación Esteban Bullrich con quien se reunió el 3 de junio para dirimir la interna de camarillas que se disputan el Rectorado de la UNO.

¿Acaso el municipio no cuenta con presupuesto para hacer frente a un problema tan sensible? No lo sabemos. El presupuesto municipal sigue igual de oculto que durante el régimen de Othacehé.

Párrafo aparte merece Libres del Sur, quienes participaron del programa de Telenoche. Ante la Publicación de Barrionuevo el referente de Libres del Sur, Rosendo Martinez, se encargó de aclarar que el informe "en ningún momento se refiere a una problemática local" ¡Como si la nota no hubiera sido realizada en Merlo!. Repitiendo la justificacion jurisdiccional de Barrionuevo, Martinez agregó que "la provincia desfinancia la educación". Por último, para que no queden dudas de la total adaptación de Libres del Sur al gobierno de Menéndez, añadió que hay "áreas del Municipio [que] trabajan muy bien (...) hoy el Consejo Escolar es el área de gestión más presente".

El vaciamiento educativo y la carestía creciente de las familias trabajadoras tiene responsables políticos concretos en todos los niveles jurisdiccionales. Menéndez, del FPV, viabiliza en Merlo el ajuste macrista. El hambre del pueblo también es su responsabilidad.

Con un cacerolazo en la puerta de la empresa de gas Camuzzi, en Necochea se puso en pie un movimiento que busca frenar el tarifazo. Planteado el reclamo frente a los capitalistas que buscan zafar de la crisis con aumentos brutales que alcanzan el 1.000% (sí, mil por ciento, es decir, facturas que pasaron de 100 a 1.000 pesos), el Partido Obrero junto con los vecinos nos movilizamos a la municipalidad, adonde nos dirigimos cortando el tránsito, sumándose los vecinos con bocinazos y expresiones de apoyo. Los vecinos fueron recibidos por el secretario del intendente, Facundo López, uno de los pocos que logró una reunión personal con el ministro de industria. Aunque aseguraron que las “gestiones” buscaban detener el aumento, es evidente que los esfuerzos estuvieron colocados en recategorizar a Necochea como “zona fría” (quitándola de la “zona pampeana”, a la que pertenece actualmente), para que el tarifazo no sea “tan alto”, pero se ejecute al fin.

De todas maneras, las perspectivas de estas gestiones no parecen tener un resultado en el corto plazo, dado que, tal como nos informó a los delegados del movimiento el secretario de gobierno en una reunión, el municipio presentó un amparo conjunto para detener el aumento. Dicha presentación tuvo como justificación un argumento legalista: que no se habían llevado a cabo los pasos exigidos por la Constitución para aplicar el aumento.

En la reunión, planteamos que los amparos tenían una aplicación tardía, frente a un problema urgente, y que, por otro lado, no resultaban en una solución de fondo, dado que tienen una vigencia acotada, en caso de ser aprobados. Asimismo, expresamos el reclamo de muchos vecinos de las dificultades para solicitar la tarifa social, exigiendo al Municipio que se tomen las medidas necesarias para que todos quienes actualmente cumplen los requisitos para tener tarifa social, la obtengan automáticamente, sin necesidad de probar su pobreza frente a los burócratas de la Anses y gas Camuzzi. Finalmente, planteamos, frente a los intentos kirchneristas de conformar una “multisectorial ciudadana”, que estamos frente a una cuestión de clase: los capitalistas, representados por el Estado, buscan que los trabajadores paguemos la crisis.

Vamos, en Necochea y en todo el país, por una coordinadora que unifique las distintas reivindicaciones del movimiento popular para golpear juntos con un plan de lucha para retrotraer las tarifas al 1° de enero, que se abran los libros contables de las empresas de servicios bajo control de los trabajadores.

La multitudinaria jornada del #Niunamenos el pasado 3 de junio volvió a poner en primer plano político la cuestión relativa a la violencia de género, y todas las políticas contra la mujer que, lejos de alivianarse en el último año después de la primera movilización, se agravaron en todos sus puntos. La predisposición popular a salir a la calle por este tema quedó reforzada e incluso engrandecida. Luego de la marcha, salieron voces críticas a un twit de Altamira (ver notas) en el que decía que la trata no es un problema de machismo sino de la organización social.

Un repaso por las concepciones del profesor británico Terry Eagleton, de amplio renombre en el campo intelectual mundial, podría, quizás, servir y sumar como aporte a esta polémica.

En su libro de 2011 “Por qué Marx tiene razón”, desmonta diez concepciones típicas sobre el marxismo del sentido común que intentan desacreditarlo en sus premisas, y una de ellas es que los nuevos movimientos sociales (apoyados sobre la etnia, el género, las colonias, etc.) sustituyeron al marxismo por “tener conceptos anticuados como la clase”.

Como él mismo indica: “Ambas historias (la del patriarcado y la sociedad de clases) están tan estrechamente relacionadas en la práctica que costaría imaginar el derrocamiento de una de esas dos instituciones sin que ello generara tremendas ondas expansivas que desestabilizaran la otra”.

Algunas corrientes izquierdistas olvidan, en su afán de fingir una cierta “flexibilidad” en su programa, un punto básico cuando se trata de cualquier tema social que es historizar. Al historizar, Eagleton descubre que, si bien una es anterior a la otra, la violencia machista y el capitalismo parten de un mismo trayecto explotador.

Lejos de fetichizar concepciones y sustraerlos de la dinámica social más amplia, el marxismo debe estudiar los procesos sobre los que se posa la explotación capitalista e identificar la importancia de que, en definitiva, la lucha de clases es el motor de la historia.

Hay que entender los vaivenes históricos y la tendencia social capitalista para comprender la crisis de la familia en el marco del agotamiento histórico del capital, para no cometer el error de identificar las perspectivas “culturales” como las predominantes. Sigue Eagleton: “El conflicto entre las grandes empresas trasnacionales y la mano de obra mal pagada, étnica y en muchos casos, femenina, al sur del planeta es una cuestión de clase en el sentido marxista del término (…) Las mujeres siempre han formado una parte sustancial de la fuerza de trabajo y nunca ha sido fácil desligar la opresión racial de la explotación económica. Los llamados nuevos movimientos sociales tienen muy poco de novedoso en su mayoría”. Será por eso, que mucho antes que el feminismo posestructuralista de la década del ‘60 en los países occidentales, el marxismo, el bolchevismo y la revolución rusa tuvieron un foco de primer orden puesto en los problemas de “género”, tales como la regulación laboral, el divorcio o el aborto legal.

Dicho todo esto, no hay que olvidar que, además del contenido específico del debate -que siempre es bienvenido- es una costumbre del PTS “debatir al interior” del Frente de izquierda. Esta actitud es fácilmente trasportable a otras referencias (ejemplo, ver en Milagro Sala una “luchadora”, o coquetear con el kirchnerismo en un frente antimacrista).

No nos debe sorprender, entonces, que una de las manifestaciones más apasionantes de la lucha de clases de las últimas décadas como lo fue el movimiento piquetero, tenga en sus mujeres uno de sus capítulos fundamentales (contra la división de trabajo machista y contra la concepción burguesa de familia) (Rath, 2004).

“Los cortes se iban a producir no por las facturas impagas, sino porque no hay gas. Vamos al colapso”, dijo el ministro Aranguren a empresarios del vidrio, cerámica, teatros y cines, que se reunieron con él porque las tarifas de luz y gas hacen inviables sus actividades. El gobierno nacional pidió a las industrias que, desde el 8 de junio pasado, redujeran a cero el consumo de gas, para afrontar la demanda domiciliaria y de las instituciones que lo requieran. Con bajas temperaturas se depende de la importación de Bolivia, que ha disminuido, y de la de GNL, que llega en barcos, con dificultades por el clima.

Esta situación es producto de la destrucción progresiva y sistemática de la industria energética, del petróleo y el gas, y la depredación de los recursos naturales, en pos de la ganancia de los pulpos petroleros y energéticos.

En el caso del gas -desde 2001 es la principal fuente energética para consumo directo y para la generación de electricidad-, a partir de 2004 se redujo su producción y la exportación, y creció considerablemente la importación, tanto la proveniente de Bolivia y como la del GNL.

Entre 2002 y 2012 hubo una drástica caída en el stock de reservas probadas de gas. En 2013, la relación reservas/producción alcanzó un valor crítico de 7,9 años. La falta de reposición de reservas se debió a la disminución de los pozos exploratorios en el período 2000‐2010. Durante el lapso que va de 1990 a 1999 se realizaban, en promedio, un total de 96 pozos exploratorios de petróleo y gas por año , mientras que entre los años 2000 y 2010, se redujeron a menos de la mitad (44 pozos por año).

Se bajó la reposición de reservas de un 160% de la producción a únicamente un 12%. La productividad media por pozo se redujo a la mitad desde el año 2000. Todo esto ocurrió con la privatización menemista de YPF, y se agudizó durante los años de administración de Repsol, a la que el kirchnerismo indemnizó por este vaciamiento, Congreso mediante.

Las demás petroleras como Total, PAE y Petrobras, principales productoras de gas, tampoco invirtieron en exploración (etapa menos rentable) y se llevaron los subsidios de la era K, que al día de hoy se mantienen para el gas en boca de pozo. La salida del gobierno de Cristina a esta crisis, semiabortada por la caída de los precios del petróleo, fue la de entregarle la explotación de los yacimientos no convencionales a Chevron, fracking y ley de hidrocarburos mediante.

Con enormes prebendas, algunas de conocimiento público y otras secretas. De Vido y Kicillof agregaron a esta estafa el pago de sobreprecios en las operaciones de importación de GNL, y por eso se encuentran ahora acusados por el gobierno de Macri en una causa judicial.

Pero esto no supone que haya un cambio. Como en el “pasa manos” del negociado del dólar a futuro, el gobierno de Macri sigue la misma línea que el de Cristina. No hay ninguna salida para el problema de la producción. Todo lo contrario, hay baja de equipos de producción y perforación, continúan las importaciones, agregándose las compras a Chile, donde el que está acusado de pagar sobreprecios es Aranguren, accionista de Shell.

Y así como hubo cláusulas secretas en el pacto Chevron-YPF, los contratos de Enarsa, con la chilena Solgas para comprar gas al alto precio de 6,90 dólares el millón de BTU, tienen una cláusula de estricta confidencialidad y reserva, con tribunales en Nueva York, al mejor estilo Chevron. Esta empresa, del grupo Suez, está asociada con Shell para construir centrales termoeléctricas.

La UIA también reclama porque -después de un semestre- no existe un plan de energía para convocar inversiones y superar la crisis que dejó De Vido.

Aranguren, cuando anunció los primeros tarifazos, los justificó porque eran un “sinceramiento”, que traería ahorro e inversiones, lo cual se ha demostrado como una total mentira. El único plan que tiene el gobierno es rescatar los negociados de los monopolios del gas, a través de subsidios y sobreprecios. Es decir, depredar nuestro salario, la industria y los recursos del país.

Hay que reclamar la apertura de las cuentas de las empresas, que se den a conocer las cláusulas secretas y que se investigue a los organismos estatales involucrados en los sobreprecios. Nacionalización total de la industria hidrocarburífera y de toda la cadena energética, bajo control obrero, para implementar un plan energético al servicio de la población y la industrialización del país.

La crisis desatada por la detención in fraganti del ex secretario de Obras Públicas José López estalla en el corazón del kirchnerismo. Pero sus consecuencias se proyectan al conjunto del régimen político.

La figura de López atraviesa al kirchnerismo desde que gobernaba Santa Cruz hasta hoy, siempre asociada a concesiones o contratos de la obra pública, desde planes de vivienda hasta tendido de rutas. Con seguridad, los millones subrepticios que intentó esconder son apenas una muestra del vasto sistema de “retornos” urdido en favor de diferentes grupos capitalistas, y no sólo de Lázaro Báez. La primera corruptela que involucra a López es la adjudicación de los gasoductos del sur en favor del grupo internacional Skanska (2008). En aquel momento, el episodio fue paulatinamente enterrado tanto en el plano mediático como en el judicial, cuando del “modelo” todavía se servían las diferentes fracciones capitalistas.

López es el Ricardo Jaime de los “señores del cemento”. Allí donde el desquicio ferroviario parió la masacre de Once, en este caso asistimos al derrumbe del sistema vial o al agravamiento del déficit habitacional. A este régimen sistemático de desfalco del presupuesto público y confiscación de la mayoría trabajadora, el kirchnerismo y sus voceros lo llamaron “la reconstrucción de la burguesía nacional”.

Crisis política

Pero la burda caída de José López también agarra con la guardia baja al macrismo. La corruptela de los “barones de la obra pública” estalla horas antes de que Cambiemos y sus opositores voten un amplísimo indulto en favor de la clase capitalista argentina, que ha fugado capitales o evadido con la complicidad de los tres poderes del Estado. La exclusión de funcionarios o ex funcionarios del blanqueo sólo ha servido para disimular la inclusión completa del conjunto de estos evasores capitalistas, a cambio de penalidades ínfimas y de la garantía de eximirlos a futuro de los impuestos que gravan la riqueza. A López le tocan las rejas, pero a sus jefes capitalistas les toca el blanqueo. Entre ellos no sólo están los empresarios amigos: también hay que incluir a los macristas Calcaterra o Caputo, cuyos negocios con el Estado los asociaron, en más de una oportunidad, con Lázaro Báez.

Entre las atribuciones de López figuraba el manejo de la ex obras sanitarias, donde “era el encargado de armar las licitaciones de infraestructura” (Clarín, 15/6). Pero en vez de abrir las cuentas de esa caja negra, el gobierno ha aplicado un monumental tarifazo sobre el agua. El macrismo hace aspavientos con la corrupción tK, pero le ha trasladado los costos del desfalco al pueblo argentino. Lo mismo ocurre con el gas, la luz o el transporte.

La detención de López coloca también una carga explosiva sobre la coalición política que pretendía fundarse a partir de la ley de megablanqueo, junto a los gobernadores y senadores pejotistas y kirchneristas. Para no interferir en ese “consenso de las manos sucias”, el macrismo llegó al punto de demorar el pedido de desafuero de De Vido, que sólo promovió cuando el escándalo de López había estallado.

Pero la ruta del dinero de la obra pública salpica a todos estos nuevos socios de Macri, comenzando por la provincia de Tucumán. Es que López era socio de Alperovich, e incluso pretendió ser su sucesor, lo que finalmente logró Manzur. Hoy, Alperovich-Manzur están en la fila de los “amigos de Cambiemos”. El escándalo del monasterio también puso de manifiesto un conjunto de vínculos entre la camarilla K y la jerarquía de la Iglesia. Durante la “década ganada”, la familiaridad con los obispos transó el silencio de éstos a cambio de preservar las prerrogativas clericales.

En definitiva, la coalición del ajuste, el blanqueo y los fondos buitre está poblada de unos cuantos “López”.

Kirchnerismo

El intento del kirchnerismo por despegarse de López no duró un suspiro. Después de autorreivindicarse por haber promovido “la exclusión de funcionarios del blanqueo”, el bloque de diputados del FpV votó… contra el desafuero de De Vido. En cualquier caso: si los kirchneristas se deslindan del kirchnerismo -es lo que está ocurriendo aceleradamente en estas horas- asistimos entonces a su demolición política. La pretensión de explotar el fermento popular a favor del “volveremos” ha sufrido un golpe letal. El Frente Ciudadano queda reducido a una coartada, ni siquiera política, sino judicial. El derrumbe tiene que ser todavía más agudo para los chavistas o ex izquierdistas que descubrieron tardíamente al kirchnerismo, con el único propósito de bloquear una evolución política independiente de los trabajadores.

El macrismo querrá servirse de “las bolsas de López” para correr el eje de la conmoción popular planteada por los tarifazos, la recesión, la carestía y los despidos, y reforzar la tesis de la “herencia recibida”. Detrás de este episodio, sin embargo, afloran conclusiones mucho más profundas: quieren ajustarnos en beneficio de los nuevos -y viejos- socios de López. Respondamos como los controladores aéreos, las organizaciones de desocupados, los compañeros de Ecotrans, los de la Línea B del subte, o sea, con una lucha decidida. Con la misma determinación, tenemos que dirigirnos a los trabajadores y a la juventud para superar al nacionalismo corrupto y fracasado y desarrollar una alternativa política de los trabajadores.

Una oleada de luchas contra el tarifazo, sobre todo el del gas, ha golpeado al gobierno. Movilizaciones masivas en la Patagonia, las marchas de las frazadas en Mendoza y la provincia de Buenos Aires, la masiva movilización en defensa de los clubes de barrio en Lomas de Zamora. El movimiento piquetero marchó el 10 de junio enarbolando la consigna “Abajo el tarifazo”.

Las presentaciones de amparos, impulsadas por gobernadores e intendentes patagónicos para suspender el tarifazo del gas, buscaron ganar tiempo y desviar hacia la justicia la movilización popular en sus territorios. El objetivo fue reencauzar el tarifazo, amortiguando sus alcances, para preservar el ajuste. Ahora, dan marcha atrás incluso con las cautelares. Luego que el gobierno nacional otorgara una serie de excepciones al tarifazo y retrocediera en el porcentaje al 400% para los hogares y 500% para industria y comercio, Das Neves anuncia que ha llegado la hora de retirar los amparos.

De esta manera, quieren dar cauce a un tarifazo que sigue siendo un porcentaje de aumento exorbitante y quizás le permita al gobierno esquivar un posible conflicto con la Corte Suprema. Ya se anunció que se incrementarán las tarifas en 2017 y la propia resolución que pone el tope, vence en diciembre.

Aranguren echó mano al mecanismo de aumento que implementó Kicillof para junio de 2014. La tarifa que el hombre de la Shell vuelve a poner en vigencia es la del 31 de marzo de 2016, es decir la misma que venía del gobierno de Cristina y a ésta se le aplica el tope del 400%. La vieja resolución aumentaba las facturas a todos los hogares que no redujeran en un 20% el consumo, con respecto al mismo bimestre/mes del año anterior. Desde marzo de 2014 hay que consumir cada año un 20% menos de gas para que no aplique el tarifazo K, que ha llegado a valores superiores al 700%. Con dos años de aplicación, esa mecánica supone un perfecto tarifazo para todos los usuarios.

Vía el incremento de las tarifas la población debe pagar de su salario 8.000 millones de dólares que es una parte de los subsidios que perciben las privatizadas de la energía y los pulpos petroleros del gas.

El gobierno ha tenido un traspié: organicemos en profundidad el movimiento de lucha por la nulidad de los tarifazos.

Cristina Kirchner ha salido a criticar la “emergencia jubilatoria” de Cambiemos. En vez de denunciar que es una monumental extorsión a los trabajadores pasivos, a los que obliga a renunciar al 70% de sus acreencias con el Estado, la ex presidenta crítica al macrismo… por dispendioso. El texto en el que fundamenta su crítica pertenece a Emmanuel Agis, un ex funcionario suyo que hace una defensa cerrada de la política previsional del kirchnerismo. Pero, a la vez, el trabajo de Agis es un compendio de todos los lugares comunes de los voceros del gran capital contra los derechos jubilatorios.

Moratoria y haberes

Agis reivindica la “cobertura casi total” que alcanzó el universo de jubilados bajo el kirchnerismo. Lo que Agis oculta es que los beneficiarios de esa moratoria percibieron una jubilación absolutamente degradada: el haber mínimo del año 2003 era en términos reales el más bajo de los últimos treinta años -la mitad de la mínima que regía... en 1972. El kirchnerismo extendió este haber de miseria hacia quienes no contaban con aportes suficientes, como resultado de la precarización laboral extendida. Pero, en vez de cargarle el costo de la moratoria a los evasores de aportes -la clase capitalista-, se financió con la propia caja de los jubilados y, como contrapartida, “universalizó” la miseria previsional. Mientras la jubilación mínima se extendía al 75% de los pasivos, la porción restante asistía al desconocimiento de sus reajustes. No se trataba de una improvisación, sino del objetivo estratégico de las reformas jubilatorias del capitalismo: la transformación del haber previsional en una pensión asistencial, completamente desligada del salario percibido por el pasivo cuando se encontraba en actividad.

Salario y jubilaciones

Es ese concepto reaccionario el que Agis desarrolla sin tapujos, al afirmar que “en un sistema solidario como el nuestro las jubilaciones no tienen nada que ver con la trayectoria laboral del jubilado” (¡!) Agis ignora -o finge ignorar- que la jubilación es una conquista histórica de la clase obrera -el derecho del trabajador a que la clase capitalista sostenga la reproducción material y moral de la fuerza de trabajo a lo largo del conjunto de su vida, y no solamente durante su vida laboral. Por esta cuestión, la clase obrera argentina libró importantísimas jornadas de lucha -una huelga general en 1924 rechazó la pretensión de imponer un aporte obrero a las cajas previsionales y también la injerencia del Estado en las mismas, algo que estos luchadores, premonitoriamente, advirtieron como la pretensión de su uso para el pago de la deuda pública. Cuando ese Estado universalizó derechos previsionales, lo hizo a cambio de imponerle a los trabajadores el sostenimiento creciente de sus propias jubilaciones, y de servirse irrestrictamente de sus recursos en beneficio del Estados mismo y de los capitalistas. Para Agis, el carácter solidario del sistema previsional no consistiría en el derecho colectivo de la clase obrera a percibir un haber relacionado con su salario en actividad (82% móvil). No: para el camporista, el sistema de “reparto” “reparte” las migajas que dejan las cajas previsionales entre el conjunto de los jubilados, luego de que el Estado y el capital se hayan servido de ellas a discreción. Para aumentar la confusión, Agis identifica a los sistemas previsionales que asocian los haberes con el salario del activo con las “lógicas de capitalización individual”. ¡Nada que ver! La capitalización desliga al haber jubilatorio de cualquier derecho o ingreso definido, el cual queda condicionado a los rendimientos de un fondo de pensión y, por lo tanto, de los avatares de la especulación financiera. Para el kirchnerismo, la “solidaridad previsional” es la legalización del saqueo de las cajas jubilatorias por parte del Estado capitalista. Por el contrario, nosotros luchamos para que la Anses y sus recursos estén bajo el control de trabajadores y jubilados electos. Si esos fondos no son suficientes para garantizar los derechos jubilatorios, el Estado, como representante general de los empleadores -o sea, de quienes han evadido o fundado su acumulación en el trabajo no retribuido a los actuales jubilados- el que debe asegurar los recursos para garantizar esos derechos.

Una AFJP estatal

Toda esta operación confusionista apunta a reivindicar al sistema jubilatorio del kirchnerismo, a partir del momento en que fueron estatizadas las AFJP. Pero esa estatización no instituyó un sistema de reparto. Los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) fueron destinados, en sus dos terceras partes, al sostenimiento de la deuda pública y, en particular, a su pago con acreedores del exterior (el supuesto “desendeudamiento”). Del lado de las jubilaciones, se instituyó una movilidad cuya actualización está asociada, entre otras variables, a los ingresos de la seguridad social, los cuales se encuentran condicionados a la marcha general de la economía capitalista y -como vimos- de los avatares financieros del “fondo de garantía”.

Estamos ante un sistema “único” de capitalización, que no remunera a los jubilados de acuerdo a derechos previsionales definidos. A este régimen parasitario, Agis lo denomina “un fondo para el mejoramiento de la seguridad social y la economía del país”. Pero un Fondo previsional jamás podría jugar ese papel en un régimen social que toleró la fuga de la totalidad del superávit comercial y pagó 200.000 millones de dólares de una deuda usuraria y varias veces pagada. Lejos de “asegurar los puestos de trabajo (y aportes) futuros”, la succión de recursos para el pago de la deuda fue un activo factor de socavamiento de la (sic) “sustentabilidad previsional”. Esa “sustentabilidad” exigiría, en primer lugar, que la mayoría trabajadora asuma los resortes fundamentales de la economía nacional, mediante la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Ello, como primer paso para que el conjunto del ahorro nacional sea aplicado a las necesidades de la mayoría. Nada de esto formó parte, jamás, del horizonte político y social del kirchnerismo.

El camporista nos recuerda que los recursos del FGS sostienen también a la Asignación Universal por Hijo y a otras prestaciones asistenciales. O sea, que el aumento de la polarización social provocado por su gobierno fue bancado por los propios trabajadores a través de los fondos de la Anses. Agis critica a la ley de Cambiemos, no por confiscatoria de derechos jubilatorios adquiridos, sino porque “sólo beneficia al 30% de los jubilados que más cobran”. Naturalmente, no propone nada en beneficio del 70% de los jubilados restantes, los que perciben la mínima. Para justificar su ataque a los supuestos “privilegiados”, pone como ejemplo al caso Badaro, y al haber “exorbitante” que percibiría hoy “gracias a los fallos jubilatorios”. Pero el seguidor de Kicillof, una vez más, oculta la realidad. Badaro se jubiló como capitán de ultramar, y si llegó a percibir 50.000 pesos de haber, es porque un trabajador en actividad en su cargo cobraba más de 80.000 pesos. Naturalmente, no es el caso de la abrumadora mayoría de los jubilados en litigio.

La furia de estos kirchneristas hacia los trabajadores que perciben salarios relacionados con una elevada calificación o formación laboral sólo se equipara con su silencio hacia los De Vido, Jaime y demás “privilegiados”, los cuales conforman, no una aristocracia laboral, sino una aristocracia delincuencial, ligada a la clase capitalista que lucra con los contratos del Estado.

El gran olvido

Agis ni siquiera menciona las verdaderas cuestiones que han derrumbado la “sustentabilidad” previsional -a saber, el trabajo precario y la reducción de las contribuciones perpetrada por el menemismo, y que su gobierno mantuvo en pie. La devolución de esas contribuciones sustraídas a los trabajadores ascenderían hoy a 280.000 millones de pesos anuales, casi el 40% de los actuales recursos del Fondo de Sustentabilidad. Ni qué decir que el blanqueo -no de la clase capitalista, sino del enorme porcentaje de trabajadores que están en negro- aportaría recursos todavía superiores. Con su silencio respecto de la reforma laboral noventista, el camporista consiente -y hace propios- los ataques de Menem y Cavallo al sistema previsional argentino.

La ley ómnibus del macrismo y sus aliados debe ser combatida sin miramientos por el movimiento popular: es doblemente extorsiva; primero, porque obliga al jubilado a renunciar a derechos reconocidos judicialmente a cambio del reconocimiento de una parte menor de esos derechos; segundo, porque asocia ese resarcimiento mínimo a un blanqueo general de los capitalistas evasores. Quienes han preparado el terreno para esa extorsión han sido, por un lado, el gobierno anterior, que desconoció durante años los aumentos jubilatorios, apeló los fallos judiciales e incluso vetó una ley que establecía el 82% ¡del salario mínimo! para la jubilación mínima. Por el otro, la Corte Suprema, que rechazó la extensión automática de sus fallos al conjunto de los jubilados involucrados. Ahora bien, el “aporte” de CFK y los suyos a la lucha contra la emergencia previsional macrista parece salido del cerebro de Cavallo, Melconian o Espert. El kirchnerismo vuelve a revelarse como una fuerza del ajuste. También para la lucha contra la destrucción jubilatoria, es necesario desarrollar una alternativa política de los trabajadores.

Al cierre de esta edición miles de estudiantes y docentes marchaban a Plaza de Mayo en el aniversario de la Reforma de 1918. La movilización, encabezada por la Fuba, la Conadu Histórica, AGD-UBA, Adunlu, Ademys y los secundarios de la CEB, es una continuidad de la gran marcha educativa del 12 de mayo, cuando los reclamos fundamentales de la educación pública siguen sin respuesta.

Era sabido que Franja Morada no iba a participar de la marcha. Sin embargo, fue llamativa la ausencia de La Mella, La Cámpora y el resto de las agrupaciones kirchneristas. Finalizado el Congreso de la Fuba, estas agrupaciones sacaron un volante común atacando al Partido Obrero por boicotear el frente de unidad con los K. Como respuesta, ellos resolvieron boicotear la lucha de estudiantes y docentes. Todo un debut para esta suerte de Frente Ciudadano que, como ya dijimos, es un gol para el macrismo.

Desde comienzos de mayo se desarrolla en Tucumán el megajuicio Operativo Independencia: 20 imputados, más de 270 víctimas y más de 1.000 testigos. Muchas voces se alzaron ante la exclusión de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón de una causa que la tiene como principal responsable.

A comienzos de 1975, el gobierno peronista de Isabel Martínez envió el Ejército a ocupar la provincia de Tucumán con la excusa de combatir un foco guerrillero del ERP.

Miles de soldados fueron desplegados en toda la provincia y se pusieron en pie decenas de campos de concentración. Unos días más tarde, ocuparon también Villa Constitución (Santa Fe).

Estos operativos formaban parte de un intento desesperado del gobierno peronista por derrotar la insurgencia obrera que había comenzado en 1969, que no habían logrado detener ni la vuelta de Perón en 1973 ni la represión paraestatal de su gobierno. El peronismo apelaba a las Fuerzas Armadas como “último recurso”, pues las enormes huelgas azucareras de Tucumán y metalúrgicas de Villa Constitución, en septiembre de 1974, habían hundido el Pacto Social. Las luchas de la clase obrera cobraron toda su expresión con la huelga general de junio-julio de 1975 que enfrentó al Rodrigazo.

La apelación al Ejército implicaba reconocer el fracaso del gobierno peronista en derrotar al activismo obrero y un salto de calidad en el curso contrarrevolucionario de las clases dominantes. Proyectaba a las Fuerzas Armadas como árbitro final de la crisis.

Para muchos investigadores, por la aplicación de un plan terrorista sobre la población en general, por el asesinato masivo de activistas, por la existencia de campos de concentración y tortura, el Operativo Independencia fue un adelanto del plan sistemático de genocidio luego desarrollado a escala nacional por la dictadura.

De los tucumanazos al antitucumanazo

Desde 1965, Tucumán vivía un cuadro convulsivo como producto de la crisis de la industria azucarera. La sangría social que provocaría el cierre de once ingenios en 1966 puso a sus trabajadores en pie de lucha pese al carácter conciliador de sus direcciones sindicales enroladas en la CGT de los Argentinos. Entre 1969 y 1972 sucedieron tres enormes levantamientos populares.

La ocupación militar de 1975 tuvo como función preventiva evitar un cuarto tucumanazo: la huelga azucarera de 1974, más allá de la traición de Atilio Santillán y de la burocracia de la Fotia, había mostrado hasta qué punto la clase obrera tucumana conservaba fuerzas para la lucha. En esa oportunidad, una huelga general de 15 días, con piquetes, marchas y actos masivos, pese a la represión, a la ilegalización de la Fotia y a las bandas parapoliciales, había sacudido a la población tucumana y puesto en alerta a la oligarquía azucarera, que prestó toda su colaboración y recursos a la ocupación militar.

El ejército ocupó la provincia todo el año ’75 y el ’76. Luego del 24 de marzo se prolongó, ya bajo la dictadura. En diciembre de 1975, el general Vilas, primer responsable del Operativo, fue reemplazado por Domingo Bussi, quien después del 24 de marzo se convertiría en gobernador militar de la provincia. Pero en el período aún constitucional las Fuerzas Armadas ya habían asumido la conducción real de la provincia. Todos los partidos burgueses, las cámaras empresarias, los medios de comunicación, las direcciones sindicales del peronismo, diversas organizaciones de la sociedad civil y hasta el Partido Comunista, apoyaron el Operativo Independencia.

A diferencia del Operativo Serpiente Roja, que fue resistido con una huelga heroica de la clase obrera de Villa Constitución durante casi dos meses, el Operativo Independencia logró el objetivo de inmovilizar a la clase obrera tucumana. Hubo resistencias de distintos tipos, pero el entreguismo de las conducciones conciliadoras y el despiste general del foquismo llevaron a la clase obrera tucumana a un callejón sin salida.

No se puede dejar de señalar aquí el papel del PRT-ERP, el cual por entonces tenía influencia en varios ingenios y entre la juventud tucumana. La constitución de un “foco rural” guerrillero no sólo era un foco aislado de la insurgencia obrera y popular, sino que pretendía constituir una dirección por encima del movimiento de masas y, como tal, opuesto a la evolución, maduración, conciencia y organización de un movimiento de lucha con la tradición existente en la provincia del norte. El “foco” -que, como tal fue un fracaso- fue un factor de confusión entre la población y fue utilizado como pretexto para un operativo de intimidación de las masas. Esto, sin dejar de considerar que la alternativa política del PRT era un frente popular con sectores de la misma burguesía.

Política Obrera, que en aquella época era en la provincia un pequeño núcleo de activistas obreros y de estudiantes organizados, fue la única organización que planteó la consigna de “Fuera el ejército, que la Fotia llame a un congreso de delegados de todos los gremios en conflicto para encarar la resistencia unificada de todo el movimiento obrero regional contra la presencia militar, contra la intervención militar a la provincia y por las reivindicaciones de los explotados”. Con este planteo se llamó a concretar un frente único a la JP, al PC y al PST. Con diferentes argumentos, pero coincidentes en sostener una política de colaboración de clases con el gobierno y los partidos burgueses, todos lo rechazaron.

Las paradojas de la política muchas veces son crueles. El Operativo Independencia fue decretado por el gobierno de Isabel, pero el que puso la firma fue Italo Luder, en su interinato. En 1983, las principales corrientes políticas que protagonizaron los tucumanazos (PC, PCR, JP) llamaron a votar por él.

La experiencia de aquel período ha dejado huellas imborrables en la memoria de los trabajadores tucumanos que el juicio ha vuelto a reabrir. Apoyándonos en la tradición combativa de aquellas generaciones de luchadores, hoy la cuestión clave pasa, nuevamente, por superar al nacionalismo burgués agotado y decadente y estructurar una alternativa política independiente -o sea obrera y socialista.

Una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sería la “tormenta perfecta” (The Economist, 21/4) y amenazaría con la lisa y llana destrucción de la UE.

El premier británico David Cameron negoció un paquete de medidas con Bruselas y anunció para el 23 de junio el referéndum, confiado en una victoria del “Remain” (permanecer en la Unión Europea). Hoy, las posiciones se acercan y la salida de la UE (Brexit) estaría sacando una leve ventaja. El G7, en su última cumbre mundial, manifestó que el Brexit puede reflotar la crisis mundial en una escala superior.

Crisis capitalista

Las tendencias separatistas han crecido en Europa en forma proporcional al desarrollo de la bancarrota capitalista. Gran Bretaña no es la excepción.

En el Reino Unido estamos asistiendo a un severo ajuste dirigido a descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores. Uno de los blancos fundamentales es el recorte de la asistencia social y, en particular, los beneficios sociales que vienen recibiendo inmigrantes. Este problema se ha venido agravando: la migración neta en 2015 (diferencia entre los que vienen y los que se van) alcanzó la cifra récord de 333.000, cuando la promesa del Ejecutivo era reducirla por debajo de los 100.000. Esta situación ha incentivado las presiones a romper los compromisos establecidos en Bruselas y que atan a Gran Bretaña en el marco de la UE, en referencia a los inmigrantes y residentes europeos que se trasladan al Reino Unido. Cameron estuvo negociando con la UE una “flexibilización” de esas normas, pero eso ha sido insuficiente para disipar las tendencias escisionistas.

La bancarrota capitalista, asimismo, ha potenciado las rivalidades económicas y comerciales. Una de las principales disputas se libra en el campo de las finanzas. La City de Londres es el centro financiero de la moneda única (euro), pero fuera del territorio de la zona euro y de sus regulaciones, sumado al hecho de que imprime libras esterlinas. Los euros son capturados por las entidades financieras londinenses, que tienen la potestad de comprar o vender en euros a través de títulos o bonos defolteados (clearing). Este negocio de los “eurobonos” es un negocio disputado por Frankfurt. El gobierno de Cameron amenaza con que una salida de la UE significaría el corte del grifo de los eurobonos y la relocalización de la plaza financiera.

El Banco Central Europeo (BCE) trató de detener la compensación y liquidación de operaciones en euros de Londres en favor de las “clearing houses” de Frankfurt. Pero los británicos ganaron la pulseada en la Corte, y pueden continuar con ese negocio de intermediación especulativa. La UE analiza una unión bancaria de la zona del euro que podría marginar al Reino Unido y también un impuesto sobre las transacciones financieras, mientras que Reino Unido quiere menos restricciones para especular con el dinero y bonos del BCE.

Reino Unido es la puerta para la colonización de Europa por el capital de Estados Unidos, de allí la presión de Obama en favor del “Remain”. Sin embargo, la Comisión Europea rechaza los acuerdos TTIP firmados entre GB y Estados Unidos hace tres años, porque son el mascarón de proa del desembarco de las multinacionales norteamericanas. Aunque Estados Unidos se opone a la intervención en los mercados monetarios, Obama había defendido un “desarme arancelario” para Europa, y un Brexit sería un freno a esa política (ídem).

Los bloques y el Brexit

Una victoria del “Leave” (dejar la UE) significaría una estocada de muerte para Cameron y para su partido. En Gibraltar, pieza clave del imperialismo británico, amenazan con unirse a España si hay Brexit. Escocia también advierte sobre un nuevo referéndum. Cada vez son más los diputados conservadores que apoyan la salida de la UE (128 de 330) y la burguesía británica está partida.

Cameron lidera la campaña, pero es el blanco de severas críticas mientras cae su popularidad al mínimo histórico de un premier en el Reino Unido. El Confederación Industrial Británica (CBI) prefiere la permanencia, mientras que la Cámara de Comercio está dividida y el “Leave” gana terreno (Independent, 24/5). La City apoya mayoritariamente la campaña por el “Reman” (Financial Times, 22/5) y amenaza con que el PBI caería varios puntos en caso de Brexit.

Boris Johnson, ex alcalde de Londres, enfrenta a Cameron no sólo por el Brexit, sino por la dirección del partido y las próximas presidenciales. Johnson critica las regulaciones europeas y apadrina a “Vote Leave” y “Britain Stronger in Europe”, que engloban a sectores que van desde el Ukip hasta figuras de centroizquierda como George Galloway (Respect).

Del lado laborista, Jeremy Corbyn se ha convertido en la última esperanza de la campaña por quedarse (“Your Referendum”, inspirado en la campaña de “proximidad” de Bernie Sanders). Corbyn dijo que “quedarse en la UE le dejará al próximo gobierno laborista más posibilidades de influir sobre la política económica europea” (The Guardian, 28/5). Sin embargo, ha participado poco en la campaña, por las contradicciones que le genera estar del lado de la banca y de la elite económica. Corbyn defiende ahora la “austeridad” de la UE contra la cual hizo campaña el año pasado y defiende sus regulaciones de ajuste como si defendieran el empleo.

El partido Verde, Plaid Cymru, el Partido Socialista Escocés (SSP), Sinn Fein y Yanis Varoufakis se pliegan por izquierda a los laboristas, contra el abandono y “colapso” de la UE. La salida que proponen es profundizar la crisis fiscal para rescatar al capital de la crisis, a la vez que pone a la clase obrera a la rastra del capital europeo.

Los que apoyan el “Leave” dicen que GB comercia cada vez más con China y menos con la UE-28, y que no necesita la unión para hacerlo. Esa es la posición compartida por un sector de la izquierda que, mostrando también su grado de adaptación al imperialismo, apoya el TTIP como salida: “Afuera de la UE, Gran Bretaña puede negociar acuerdos mutuamente benéficos con otros países tales como el Acuerdo Trans Atlántico de Inversión [TTIP] con Estados Unidos” (leftleave.org, 23/4). El TTIP es el mascarón de proa del capital norteamericano (The Guardian, 7/5). “LeftLeave” es apoyado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (SWP), Counterfire y el PC (CPGP). Sin embargo, esta salida es una variante del seguidismo a la burguesía británica.

Conclusión

La izquierda debe oponer un planteo propio y explotar la situación creada para desarrollar una fuerza revolucionaria. Ninguno de los bloques políticos representa una salida para las masas trabajadoras, sino que subordinan a la clase obrera a alguna de las alternativas de la burguesía. A dichas alternativas -todas ellas, ajustadoras-, hay que oponerle un programa y una salida para que la crisis la paguen los capitalistas. Esto debe darse en el cuadro de la lucha por gobiernos de trabajadores, por una federación socialista de Gran Bretaña e Irlanda y por los estados unidos socialistas de Europa.

Omar Siddiqui Mateen era un ciudadano norteamericano, con permiso del Estado norteamericano para portar armamento de guerra (era guardia de seguridad privado). Mateen compró legalmente el fusil de asalto AR15, usado por el Ejército de los Estados Unidos, para cometer la masacre. Ni siquiera tenía contacto orgánico alguno con los terroristas fascistas de Estado Islámico. En síntesis: el ataque contra la discoteca gay Pulse no llegó desde afuera, a diferencia del 11S. Este atentado llegó desde el interior profundo de la descomposición de una franja importante de la sociedad norteamericana.

Grandes centros industriales como Detroit convertidos en ruinas, millones de nuevos homeless desde la crisis hipotecaria, empobrecimiento abrupto de sectores amplios de las clases medias; en fin, la crisis internacional que aún tiene su epicentro en los Estados Unidos ha acelerado las tendencias al fascismo presentes desde antiguo en ese país, sobre todo en sus manifestaciones de homofobia y racismo. En muchas ocasiones los llamados “crímenes de odio” ni siquiera se dirigen a una minoría específica: abundan los lunáticos que masacran clientes en un supermercado, o a sus compañeros de colegio o de universidad o simplemente a peatones.

Parte de esa descomposición es la emergencia de Donald Trump, la bestia que ha ganado la candidatura presidencial por el Partido Republicano.

Trump aprovecha la carnicería de Orlando para acentuar sus posturas xenófobas y contra la inmigración. Propone incluso prohibir la entrada en territorio norteamericano de personas de religión musulmana o procedentes de países inamistosos para con los Estados Unidos. Todo eso servirá para acentuar el carácter policial del Estado yanqui y disciplinar por el terror a la sociedad norteamericana, especialmente a los trabajadores, con vista a la crisis social en curso. Pero será inútil para impedir masacres como la de Pulse. La fuente del terror está adentro, y tiene su raíz en la disgregación social. Sólo durante 2015 “hubo en los Estados Unidos 372 balaceras masivas, que mataron a un total de 475 personas e hirieron a 1.870” (Página/12, 13/6).

Hillary Clinton, por su parte, propone una mayor vigilancia para detectar a “lobos solitarios” como Siddiqui Matten y mayores controles a la venta de armas para quien registre antecedentes. Clinton, la principal alternativa del imperialismo ante la transición presidencial, ofrece otra variante de reforzamiento del Estado policial y del espionaje contra sus propios ciudadanos.

No es la “cultura”, es la descomposición capitalista

La homofobia manifestada atrozmente en Orlando no deviene de tendencias individuales o “culturales”: es el resultado de una acción política y estatal de carácter esencialmente persecutoria.

Cuando aún era precandidato presidencial republicano, Ted Cruz, acompañado por el gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y buena parte de la plana mayor de su partido, asistió a una conferencia del pastor Kevin Swanson, que pide la pena de muerte para los homosexuales por ser éstos opuestos a “la ley de Dios”. El padre de Saddiqui Mateen, al justificar moralmente lo hecho por su hijo, declaró que “Dios en persona castigará a los homosexuales”, y explicó que el asesino de Pulse se había “indignado” al ver a dos hombres que se besaban en un lugar público. Carolina del Norte y Mississippi han dictado leyes contra los homosexuales, que llegan al extremo de restringirles el uso de los baños públicos.

La crisis generada por la carnicería de Orlando ha reavivado, además, el debate sobre el control del uso de armas. Trump defiende la norma constitucional que reconoce el derecho de los ciudadanos al armamento, pero para promover un mercado libre que ha permitido la formación de milicias fascistas y terroristas y ha armado a lunáticos como Mateen. Clinton sostiene, en cambio, el “monopolio de la fuerza” para un Estado imperialista, militarizado hasta los huesos, cuyas fuerzas represivas no guardan fronteras con los elementos fascistoides.

Por supuesto, esas tendencias no son las únicas que se observan en los Estados Unidos. La enorme elección hecha por el precandidato Bernie Sanders señala, aun de manera deformada, la posibilidad de dar un canal organizativo a las tendencias contrarias. Es preciso que a la derecha radical de Donald Trump se le oponga su contrario, una izquierda también radical para barrer la basura descompuesta del imperialismo en crisis.

Foto: Ignacio Smith

El Congreso Ordinario de la Fuba, convocado para el martes 14, no pudo renovar autoridades por falta de quórum. Ninguna lista logró reunir los 66 delegados necesarios para sesionar.

Esto expresó, en primer lugar, el fracaso de la política del Rectorado de Alberto Barbieri, que se había jugado a fondo para desplazar a la actual conducción combativa de la Fuba. Los decanos querían terminar con una Federación que es un factor de lucha contra sus negociados privatistas, por la gratuidad de los posgrados -la gran “caja” de la corporación universitaria- y por el salario para los más de 15 mil docentes ad honorem de la UBA. Para este objetivo, intentaron un acercamiento al kirchnerismo, ya sea para reunir los votos necesarios del quórum o incluso para una lista común. Para ésta, incluso, ya había varios postulantes que eran del agrado de franjistas y kirchneristas. Después de todo, en varias facultades, bajo el rótulo de “Nuevo Espacio”, conviven radicales y peronistas en una única agrupación. En la mesa de negociaciones se puso la continuidad de los contratos que La Cámpora tiene en el Rectorado, e incluso el concurso para profesor titular del ex ministro de Economía Axel Kicillof -cuestionado por la Facultad de Económicas. Como frutilla del postre, y en tanto garantía para avanzar en esa dirección, el Consejo Superior convocó a la Inspección General de Justicia (IGJ) a “fiscalizar” el funcionamiento del Congreso. Una intromisión directa del Estado en la organización estudiantil. La IGJ está conducida por Sergio Brodsky, un militante de Franja Morada, ex funcionario de Derecho, quien actúa como mano derecha de Angelici y el espía Darío Richarte.

La mayoría de los centros de estudiantes votaron en la Junta Representativa de la Fuba el rechazo a la intervención de la IGJ -con la notable excepción del Centro de Sociales, conducido por el kirchnerismo.

La campaña de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS), curso por curso, de denuncia del pacto Franja-K y el pronunciamiento masivo de los estudiantes en asambleas y comisiones bloquearon la posibilidad de que este pacto se llevara adelante. Pusimos en conocimiento de los estudiantes las reuniones clandestinas entre La Cámpora y el rector, y las prebendas que estaban traficando entre sí. Esto produjo una crisis y hasta una división entre las agrupaciones kirchneristas e independientes, muchas de las cuales se delimitaron de La Cámpora.

La Mella, agente de La Cámpora

El Congreso expresó, a su turno, las divergencias estratégicas que recorren a la actual conducción de la Fuba. La Mella-Patria Grande se reveló en todo momento como un agente del camporismo. Mientras La Cámpora negociaba con Barbieri, y el Centro de Estudiantes de Sociales avalaba la intervención de la IGJ, La Mella hizo todo lo que estaba a su alcance para llevar a La Cámpora a la presidencia de la federación. Decían que de esa manera se lograría “la unidad” para derrotar al macrismo, cuando está claro que el gigantesco desprestigio que implicaría la integración de los K a la dirección de la Fuba era el mejor favor que el movimiento estudiantil podía hacerle a la Franja y al gobierno. De parte de los K, su pedido de una triple presidencia representaba un intento por someter a la izquierda revolucionaria, y a las organizaciones recuperadas por los estudiantes, a los dictámenes de una fuerza que gobernó, y aún gobierna Santa Cruz, Tierra del Fuego y varias provincias más, al servicio de los grupos capitalistas, ajustando y reprimiendo a los trabajadores.

Nuestra campaña contra esa triple presidencia fue clave, también, para desmontar este intento de copamiento político de la federación. Como nuestras diferencias con el kirchnerismo son radicales, de fondo, propusimos un acuerdo de carácter técnico, para derrotar la lista de Nuevo Espacio-Franja Morada, y que luego cada fuerza obtuviera para sí una representación proporcional a la cantidad de delegados que reuniera: la izquierda en la conducción, los K en la oposición. Nuestra campaña caló tan hondo que La Cámpora fue reculando a lo largo de los días, bajándose del planteo de la presidencia a la vicepresidencia, algo que rechazamos de igual modo. Ante este recule La Mella-Patria Grande no incrementó la presión para doblegar al kirchnerismo, sino que salió a su rescate, acusando al PO de “sectario”. La Mella no quería revalidar un frente político con la juventud del Partido Obrero, que dejara a los K en el lugar que le corresponde a la oposición. Su consigna fue a“con La Cámpora a la cabeza o nada”, revelando que, antes que la derrota de la derecha en la Fuba, su política es la formación de una coalición política común con los hijos de De Vido y Lázaro Báez: el Frente Ciudadano que CFK reclamó desde Comodoro Py.

Cómo seguimos

La UJS libró estas batallas políticas para defender los intentos -tanto externos como internos- por desmantelar el carácter independiente de la Fuba prácticamente en soledad. El resto de los partidos del Frente de Izquierda tiró la toalla antes de empezar, y su política frente al Congreso se limitó a atacar al Partido Obrero. Su planteo de “presentar una lista del FIT” conducía directamente al triunfo de Franja Morada -una deducción elemental que ocultan a su militancia y nunca se atrevieron a poner por escrito. Este planteo vergonzante de entrega de la Fuba es la contracara de su marginalidad política -la “lista FIT”, sin la UJS-PO, reunía entre el 3 y el 4% de los delegados del Congreso.

El balance de la lucha política librada en torno al Congreso dejó una conclusión clara: existen enormes reservas de lucha entre los estudiantes que hicieron posible la defensa de la independencia de la Fuba, incluso a pesar de la acción decidida del Rectorado y de la capitulación de un sector de la conducción a los planteos del kirchnerismo. El desafío de la UJS es explotar al máximo las posibilidades de esta tendencia de lucha, que ya tuvo su expresión en la huelga universitaria y la gran marcha educativa del 12 de mayo. Vamos, ahora, a la pelea en cada facultad por el balance del Congreso, fortaleciendo las agrupaciones de la UJS y preparando la formación de las listas independientes y combativas para las próximas elecciones de centros de estudiantes, que tendrán lugar en el segundo cuatrimestre. La lucha continúa.

Las seis mujeres militantes del DIP fueron absueltas gracias a la enorme campaña nacional e internacional desenvuelta. Estaban acusadas de terrorismo por haberse manifestado en favor de las mujeres kurdas que luchan contra el Estado Islámico y contra el Estado turco, y por haber convocado a la movilización internacional del Día de la Mujer (8 de marzo), denunciando las masacres de Turquía contra las mujeres kurdas y contra los derechos de las mujeres en general.

Esta es una gran victoria política y legal de la lucha contra la opresión estatal turca y del gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Es una victoria de la clase obrera turca y del pueblo kurdo. El Estado turco viene realizando una persecución sistemática a todos aquellos que ponen en cuestionamiento sus métodos de guerra civil interna, y ha enjuiciado desde luchadores populares hasta periodistas y opositores al régimen.

La absolución se decidió 2 a 1, con un juez evidentemente hostil que votó culpable, y que durante todo el juicio mostró animadversión con los procedimientos y las acusadas. La fiscalía, con toda probabilidad, va a apelar la decisión y el caso irá a la Corte de Casación. Así que no todo está decidido todavía, pero se ha ganado la batalla principal.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP), integrante de la CRCI, ha demostrado haber superado con firmeza y determinación esta prueba política y legal. La defensa por el equipo de abogados y la firmeza política de las acusadas (todas ellas de entre 19 y 35 años) fue impresionante. La intervención de la portavoz, Armagan, fue impecable. Y los jueces tuvieron que retroceder ante el apoyo internacional que recibieron las acusadas.

Saludamos este triunfo.

La UJS-PO se alzó como primera fuerza en las elecciones estudiantiles de consejeros al co-gobierno en la Facultad de Humanidades de la UNCa. De esta manera, conseguimos ampliar nuestras posiciones con un bloque de dos consejeros directivos y un consejero superior. Obtuvimos 218 votos, superando por un estrecho margen a Franja Morada (211 votos) y el peronismo (184), quienes consiguieron dos y un cargos para el Directivo, respectivamente.

Este resultado es el producto de una intensa lucha política abierta por la huelga impulsada por Conadu Histórica. El rol activo que tuvimos en las clases públicas fue un factor fundamental que se tradujo en una fuerte adhesión en todas las carreras y nos vinculó con referentes estudiantiles que conformaron la delegación al Congreso de la UJS y, finalmente, se sumaron a nuestras listas.

Este año se renuevan, bajo sistema de elección indirecta, los cargos de decano y rector. El proceso electoral contó con la defección temprana de la lista de La Güemes (kirchneristas), lo que allanó el camino para que el R.U. -orientada por el intendente capitalino Raúl Jalil y rector Flavio Fama- entrara a la disputa como única variante del PJ y se hiciera de cuantiosos recursos con el fin de cooptar a los estudiantes. Franja Morada, por su parte, viene de crisis internas que la llevaron a un retroceso político.

Ambas fuerzas están comprometidas con candidatas al decanato -Vargas y Breppe, respectivamente- que, a su vez, apoyan la reelección de Fama. Algo similar ocurre en Salud, Derecho y Económicas. Es la evidencia de que peronistas y radicales funcionan como agentes de la privatización y el derrumbe de la UNCa.

La UJS abre una perspectiva

El avance electoral de la UJS coincide con el aumento de los arancelamientos, una crisis edilicia y la parálisis de las obras en curso, la destrucción de los planes de estudios y la insuficiencia de becas. El acuerdo presupuestario de ajuste firmado por Fama y Macri proyecta el agravamiento de las actuales condiciones.

En los próximos días se definirá la fecha de la Asamblea Universitaria, que augura una reelección cerrada. La UJS presentará una oposición directa a quienes representan la degradación de la Universidad.

Con este triunfo viene la responsabilidad de ampliar la influencia de la izquierda revolucionaria en el movimiento estudiantil y constituirnos como fuerza en cada Facultad, con un programa. Por la defensa de la gratuidad, el rechazo de los fondos de La Alumbrera y las contaminantes. Financiamiento único del Estado. Apertura de los libros de la Universidad. Aumento de emergencia del presupuesto universitario. Y por la democratización del co-gobierno.

El domingo falleció, a la edad de 99 años, Ricardo Obregón Cano, quien fuera gobernador de Córdoba entre el 25 de mayo de 1973 y el 28 de febrero de 1974, cuando fue depuesto por el golpe de Estado policial conocido como el “Navarrazo”, por el nombre del jefe de la Policía de Córdoba, el teniente coronel Antonio Domingo Navarro.

Los golpes de Estado provinciales propiciados por Perón

A partir de la renuncia de Cámpora, el 13 de julio de 1973, los sectores de la derecha peronista consolidaron sus posiciones y desplazaron a los funcionarios relacionados con el peronismo de izquierda, entre ellos a los gobernadores provinciales que habían recibido su apoyo. El primer desplazado fue Antenor Gauna, de la provincia de Formosa, en noviembre de 1973; le siguió el gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, en enero de 1974, reemplazado por su vice Victorio Calabró luego del ataque del ERP a la guarnición de Azul, y el proceso continuó en Córdoba con la destitución del gobernador Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López en marzo de 1974.

Las ilusiones de Tosco en el “peronismo de izquierda”

Rucci y Miguel, los máximos dirigentes de la burocracia sindical peronista a nivel nacional, habían propugnado que se colocara a Alejo Simó, el dirigente local de la UOM y referente de los “ortodoxos”, en la fórmula del Frejuli o como candidato a vicegobernador, como había sucedido en muchas otras provincias, junto con el candidato a gobernador apoyado por la JP y Montoneros, Ricardo Obregón Cano. Sin embargo, lo pactado en el resto del país no pudo negociarse en Córdoba. Obregón Cano y sus partidarios de la rama juvenil del peronismo insistieron en que el representante de la rama gremial del peronismo en la boleta fuera Atilio López, dirigente de la UTA y cabeza de los “legalistas”. La fórmula Obregón Cano-López por el Frejuli, designada el 19 de diciembre 1972, fue apoyada por Tosco, en el marco de su acercamiento al peronismo y de su distanciamiento del clasismo representado en aquel entonces por el Smata conducido por René Salamanca.

Todo este coqueteo resultó en vano: en la convención nacional de las 62 Organizaciones realizada en julio de 1973 en la colonia de vacaciones “Augusto Timoteo Vandor” de la UOM, presidida por Lorenzo Miguel, en Valle Hermoso, en las sierras cordobesas, Atilio López se alineó con las 62 Organizaciones en el marco de la “campaña verticalista” de Perón para alinear al movimiento obrero detrás de la burocracia sindical y del acatamiento al “Pacto Social”. En enero de 1974, López firmó con los burócratas “ortodoxos” el acuerdo de unificación de las 62 Organizaciones que formalizaba la ruptura entre los “legalistas” y la izquierda de Tosco (ligado al PC) y Salamanca (ligado al PCR), a la que buscaban desplazar de la CGT cordobesa.

Un gobierno patronal

Una vez en el gobierno, las nuevas autoridades definieron una política de que se plasmó, entre otras acciones, en la composición del gabinete con figuras provenientes de partidos moderados, en la elección de uno de los máximos dirigentes de la Democracia Cristiana como senador nacional del Frejuli y en la suscripción con los legisladores radicales de una “acta de compromiso” en el que dejaron sentada una política de colaboración.

Una nota de Política Obrera publicada inmediatamente después del “Navarrazo” se titula “Obregón Cano: Balance de un gobierno patronal” y hace un balance de “la conducta del gobierno cordobés ante el movimiento obrero y sus luchas” (los conflictos en Fiat, IME, los empleados públicos, UTA, los docentes privados, los choques con los ganaderos en torno al precio de la carne, etc.) para llegar a la siguiente conclusión: “Obregón Cano reflejaba la fase camporista-democrática, superada por la burguesía con el viraje introducido con el golpe del 13 de julio (renuncia de Cámpora). A partir de aquí, el gobierno provincial se adaptó a la ofensiva derechista, para no sucumbir. En realidad, creó las condiciones para una caída más estrepitosa y sin gloria. (…) Las direcciones mayoritarias del movimiento obrero cordobés apoyaron al gobierno provincial. (…) Apoyando a Obregón no afirmaron al movimiento obrero, cedieron posiciones a la derecha y condujeron a una brutal desmoralización y derrota. El resultado está a la vista y se llama: Anticordobazo” (Política Obrera N° 187, 6 de marzo de 1974).

El conflicto policial y el Navarrazo

La misma nota de Política Obrera recordaba que el teniente coronel Antonio Domingo Navarro revistó como oficial de inteligencia en el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, que el interventor federal Helvio Guozden lo designó jefe de policía, y que cuando Obregón Cano asumió como gobernador dejó a Navarro en su puesto. La nota concluía: “Tenemos aquí esbozada una verdadera radiografía del gobierno de Obregón Cano. En ocho meses, y contando con una movilización importante de los trabajadores más aguerridos del país, fue incapaz de depurar los brazos represivos. La adaptación a la derecha terminó por hundirlo”.

El conflicto policial comenzó con la aprobación de la ley que suspendía el decreto-ley N° 5302 por el que se ponía en comisión al personal de la policía, anunciando la reorganización de sus cuadros y la reincorporación de los cesanteados en 1955. En octubre de 1973, la Legislatura provincial aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que modificaba la Ley Orgánica de la Policía. La nueva ley suspendía hasta el 31 de marzo de 1974 la estabilidad asegurada por la Ley Orgánica y dejaba en manos del Ejecutivo el nombramiento de personal policial “en el grado y con el destino que juzgue oportuno”. El rechazo a la medida provino tanto del cuerpo policial (a través de amenazas a diputados, atentados domiciliarios, y la toma de la Legislatura y el Banco Social) como de la bancada radical. El 3 de enero comenzó a aplicar la legislación de octubre, en virtud de la cual quedaron cesantes 25 jefes y oficiales, y pasaron a retiro decenas de comisarios, oficiales y suboficiales. El descontento policial se agudizó cuando, en enero de 1974, 19 agentes y oficiales fueron procesados judicialmente por la muerte de cinco cooperativistas, miembros de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (Faca).

El anti-Cordobazo (27 de febrero de 1974)

En febrero de 1974, el presidente Perón, frente a los integrantes de la Mesa Directiva de las 62 Organizaciones nacionales y del Secretariado General de la CGT, calificó a Córdoba como un “foco de infección”: “El problema reside en que dicen que hay infiltrados dentro del gobierno (de Obregón Cano), pero no es necesario pelear para sacar a los infiltrados”. Acusar a los infiltrados de “brotes enfermos” que venían a perturbar el cuerpo sano del verdadero justicialismo fue una luz verde para que los sectores de la derecha peronista y sindical iniciaran el ataque al gobierno provincial.

El estado de inquietud se agravó con la publicación, en el diario La Voz del Interior, de una carta del ex subjefe de policía de la provincia, teniente coronel Julián Andrés Chiappe, en la que acusaba a Antonio Navarro de mantener reuniones clandestinas para conspirar contra el gobierno provincial y de una serie de escándalos de corrupción. De hecho, las reuniones de Navarro con dirigentes peronistas opositores al gobierno provincial -entre ellos, los miembros de la agrupación interna liderada por Julio Antún y algunos dirigentes de las 62 Organizaciones “ortodoxas”- eran conocidas desde hacía tiempo.

El 27 de febrero de 1974, Obregón Cano ordenó el relevo del jefe de policía, a lo que éste respondió con el acuartelamiento. Los jefes del Cuerpo de Bomberos, el Comando Radioeléctrico y la Guardia de Infantería lo apoyaron. La policía copó las tres radios cordobesas y comenzó a difundir comunicados en apoyo al golpe de Estado policial. Grupos armados identificados con brazaletes celestes y blancos, y comandados por la Juventud Sindical Peronista comenzaban a patrullar las calles céntricas de la ciudad. Esa misma tarde, empezaron a llegar adhesiones a Navarro. El vespertino "Córdoba" publicó una solicitada firmada por los gremios integrantes de las 62 Organizaciones “ortodoxas” y las agrupaciones del “Comando 26 de Septiembre José Ignacio Rucci”, en la que se calificaba a Obregón Cano, Atilio López y su “camarilla de bolches y traidores” como “enemigos del pueblo” y “cipayos enquistados en la provincia”, y se llamaba a defender a la policía de Córdoba del “zarpazo antinacional”: “No permitiremos que la benemérita institución policial sea manoseada por elementos infiltrados al servicio del marxismo internacional, que lo único que pretenden es crear caos y discordia entre los argentinos”.

Navarro ocupó la sede oficial del gobierno provincial y detuvo al gobernador, al vicegobernador, al ministro de gobierno Erio Bonetto, al ministro de Bienestar Social Antonio Loinbardich y más de un centenar de funcionarios y dirigentes gremiales. Fueron allanados domicilios particulares y estallaron artefactos explosivos en las casas de algunos detenidos, entre ellas la del ministro de Gobierno, y en el local sindical del Smata.

Ante la ausencia del presidente de la Cámara de Senadores, le correspondió a Mario Dante Agodino, presidente de la Cámara de Diputados, asumir como gobernador de la provincia con el apoyo del bloque de legisladores del Frejuli y la UCR. El 1º de marzo de 1974, Agodino firmó un decreto convocando a elecciones para “completar el proceso tendiente a la normalización institucional” y dio por terminadas las funciones de los ministros de Gobierno, Economía y Hacienda y Bienestar Social, quienes fueron reemplazados por Alejandro Mosquera, Oscar Eduardo Valdez y Raúl Bercovich Rodríguez, todos ellos provenientes del espectro opositor a Obregón Cano.

También el 1º de marzo de 1974, el juez federal Zamboni Ledesma decretó la libertad de los gobernantes detenidos. Una vez liberados, dieron a conocer un comunicado en el que procedían a reasumir el Poder Ejecutivo, pero sus posibilidades concretas dependían de la actitud que asumiera el gobierno nacional, que le dio la espalda.

La primera respuesta formal fue el proyecto de intervención al Poder Ejecutivo provincial enviado por Perón al Congreso de la Nación el 1º de marzo de 1974. Los objetivos eran claros: no restituir a las autoridades electas. Perón convalidó así el golpe de Navarro, y el 8 de marzo de 1974 Obregón Cano y Atilio López presentaron su renuncia.

Balbín y Perón llegaron a un acuerdo durante una entrevista que mantuvieron el 2 de marzo de 1974. En esa ocasión, el máximo dirigente radical declaró que la situación política provincial se había modificado y que, en su opinión, Obregón Cano no reasumiría sus funciones. Tiempo después, Navarro fue “premiado” con un cargo en el consulado argentino en Barcelona a través de un decreto reservado.

El rol contrarrevolucionario del retorno de Perón

El movimiento obrero cordobés era por aquellos años la vanguardia de la clase obrera argentina, y sus luchas ya habían derrocado a dos dictaduras a nivel nacional: el Cordobazo del 29 de mayo de 1969 puso fin al gobierno de Onganía, de la misma manera que el “Viborazo” del 16 de marzo de 1971 lo hizo con el gobierno de Levingston. ¿Por qué no pudo entonces parar en febrero de 1974 un golpe de Estado policial a nivel provincial? La respuesta está en el rol contrarrevolucionario del retorno de Perón, y en el papel que éste jugó para paralizar al movimiento obrero y a la izquierda que albergaba ilusiones en su gobierno.

Derrotar la asonada policial con una huelga general hubiera significado para la JP y para los sindicatos combativos llevar adelante una huelga contra Perón. Política Obrera caracterizó al “Navarrazo” como el “anti-Cordobazo” porque la clase obrera cordobesa, y por extensión la de todo el país, sufrió una derrota mayúscula ante la pasividad y la entrega de quienes participaron del Cordobazo, los cuales confiaban en el rol de mediador de Perón y su gobierno. La JP no resistió por obediencia a Perón (como ya había ocurrido antes) y no lo caracterizó como un golpe de Estado, de la misma manera que muchas corrientes políticas hoy en día se niegan a caracterizar lo sucedido en Brasil como un golpe, debido a la preservación de la “continuidad institucional”. El aval de la Rosada al asalto policial no fue abierto, pero consolidó un régimen de golpes de Estado; lo avalaron las Fuerzas Armadas y lo reforzó a la Triple A -un escuadrón de la muerte con base en el Ministerio de Bienestar Social de López Rega, otro producto directo del regreso de Perón.

Perón también convalidó el golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973. Tres meses después del “Navarrazo”, el 16 de mayo de 1974, Perón dio personalmente la bienvenida, en la base aérea de Morón, al dictador chileno Pinochet y declaró que “nuestras relaciones con Chile son excelentes”. Luego de la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, su esposa y sucesora como presidente María Estela Martínez de Perón condecoró a Pinochet con la Gran Cruz de la Orden de Mayo al Mérito Militar, y el 5 de febrero de 1975 aprobó por decreto el gobierno militar en Tucumán conocido como el “Operativo Independencia”.

En otras palabras, fue la falta de delimitación política del movimiento obrero del nacionalismo burgués la que lo llevó a una impasse y a una eventual derrota de envergadura histórica -la misma falta de delimitación política que gran parte de la izquierda argentina hoy se empeña en revivir en la forma de un “frente anti-Macri” con los restos descompuestos del peronismo.

Después de ocho años, la crisis política ha devuelto a la tapa de los diarios el triple crimen de General Rodríguez y sus derivados, como el negociado de obras sociales sindicales con medicamentos adulterados. Aquel caso fue convenientemente tapado por otros escándalos y porque el juez Ariel Lijo tardó ocho años en llamar a indagatoria a los imputados, cosa que hizo recién en marzo de este año. Otros encubridores sistemáticos de esas estafas criminales contra la salud del pueblo fueron el fiscal bonaerense Juan Bidone y la procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, ex defensora de Aníbal Fernández en otras causas penales. Falbo fue denunciada por aquel encubrimiento y esa denuncia está en el despacho de Sandra Arroyo Salgado, quien, según Elisa Carrió, la deja dormir por presiones de Sergio Massa y de dos caudillos del PRO bonaerense: Gustavo Posse y Jorge Macri. Carrió debe saber de qué habla, puesto que es socia política del PRO y de Cambiemos. En este punto, conviene recordar que María Eugenia Vidal ha armado una suerte de pacto permanente con Massa, de modo que las denuncias de Carrió apuntan a la línea de flotación de la gobernación bonaerense.

Pero el caso Pérez Corradi trae otras “reminiscencias”: por ejemplo, la del financista Néstor Lorenzo, dueño de una cadena de droguerías vinculadas con la causa de los medicamentos adulterados, que involucró a la burocracia sindical al punto de haber llevado a la cárcel a Juan José Zanola durante dos años. En 2007, y con el fruto de estos negocios, se aportaron fondos a la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos. El recaudador de esos recursos, Héctor Capaccioli, entonces superintendente de Salud de la Nación, se definía él mismo como “soldado de Alberto Fernández”, hoy portavoz de Massa. La ruta de Pérez Corradi, como se ve, más que ruta es una autopista.

Ahora, aquella bomba de tiempo que se desactivó en 2008/2009 amenaza de nuevo con una explosión, por la detención de Ibar Pérez Corradi, a quien algunos consideran el instigador del triple crimen de General Rodríguez, cometido en agosto de 2008. Entonces, los cadáveres de tres empresarios farmacéuticos vinculados con el tráfico ilegal de efedrina aparecieron acribillados a tiros. Sin embargo, los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por aquel crimen, fugados y recapturados poco después en un episodio peor que confuso, aseguran que Pérez Corradi sólo es un empleado de Aníbal Fernández.

La protección, la caída

Hasta hace muy poco, nadie buscaba a Pérez Corradi, que tiene “muy buenos amigos en la Side y en la Bonaerense” (La Nación, 20/6). Gendarmería dejó trascender que había alertado a Sergio Berni sobre la presencia de Pérez Corradi en Paraguay, pero el entonces secretario de Seguridad nada hizo. Ahora ¿quién lo detuvo? Contra lo que dice Patricia Bullrich, la AFI no buscó a Pérez Corradi. Ella se enteró de la detención porque la llamó el ministro del Interior paraguayo, no por la AFI. Se trate o no de una detención pactada con el propio Pérez Corradi, es evidente que la “seguridad” argentina actúa por cuenta y orden de la DEA, que “administra” el narcotráfico continental de acuerdo con los intereses de la penetración política y económica yanqui en la región. Como parte de este operativo, estaría la “reubicación” de Antonio “Jaime” Stiuso en la ex Side.

La detención de Corradi podría terminar de demoler a otro flanco de la camarilla kirchnerista: la de Aníbal Fernández y su ex compañero de fórmula, Martín Sabbatella. Fernández, se sabe, es un provocador profesional contra el movimiento popular (Darío y Maxi, Mariano Ferreyra, detención del “Pollo” Sobrero).. Y hay más: la caída de Pérez Corradi golpea también a varios de los nuevos amigos o socios de Macri -los de la “oposición responsable”- y a franjas amplias de la burocracia sindical. El “mani pulite” argentino choca con las tendencias disolutorias del régimen político.

Bajo la dirección de Franja Morada, la FUA se convirtió en una dependencia de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y los rectores, ajena a toda lucha del movimiento estudiantil. La Franja peleó al interior de Cambiemos por el control de la SPU, que había retenido en los doce años de gobiernos kirchneristas. Desde allí tejió el cogobierno radical-K de las universidades, que alimentó los negocios de la camarilla universitaria sobre la base de la acreditación de las carreras a la Coneau, la degradación de los títulos, los posgrados arancelados y los convenios con grandes empresas.

En estos años, los llamados “recursos propios” fueron la fuente de toda clase de corruptelas, como las que saltaron a la luz en el vaciado Hospital de Clínicas de la UBA -involucrando a la primera plana de la dirigencia morada. Por eso no exageramos si decimos que Franja Morada es López y es Calcaterra en la universidad. Representa a la camarilla que se enriqueció convirtiendo a las universidades en verdaderas cajas negras. Bajo la mirada cómplice de la SPU, las casas de estudio fueron usadas por las empresas y el Estado para toda clase de “triangulaciones”, que habilitaron el lavado de dinero y la evasión de impuestos y cargas laborales. No debe sorprender que Darío Richarte, el ex Side que fue vicerrector de la UBA por la Franja, haya sido el primer abogado del mismísimo José López -también de De Vido y Amado Boudou. Hace pocos días, el mismo Richarte, actualmente al frente de la IGJ macrista, quiso intervenir el Congreso de la Fuba, pero fue derrotado por el movimiento estudiantil.

Estos negociados involucraron especialmente a los rectores peronistas, alineados con el FpV, y hoy garantes de la “gobernabilidad” de Cambiemos. Su pata estudiantil, la JUP, negociará con Franja un Congreso de rutina, sin mención alguna a estos desfalcos ni al ajuste que golpea a las universidades y a la juventud. En este punto, el balance de la experiencia de estos años no deja lugar a dudas: el cogobierno radical-K sirvió para darle nueva vida a los López de la universidad y a sus representantes estudiantiles, Franja Morada y el PJ en primer lugar. El camporismo quedó demolido como un fenómeno residual, bajo el peso de sus propias fechorías. Volverán a sabotear el Congreso de la FUA para disimular su marginalidad; pero la “FUA paralela”, creada por CFK y Larroque en Casa Rosada, está fundida y varios de integrantes regresarán al redil oficial.

Furgón de cola

El pasaje de Franja al macrismo es coherente con esta trayectoria que señalamos y anuncia una ofensiva en regla contra la educación pública. En estas condiciones, es necesario levantar en la FUA una lista independiente de toda esta podredumbre, que reagrupe al activismo que fue protagonista de la huelga universitaria, las marchas y clases públicas, y que sirva para preparar un segundo cuatrimestre lucha. Esta orientación, sin embargo, no es defendida homogéneamente por las corrientes de izquierda. El PCR, Sur y La Mella han planteado la formación de un “gran frente anti-Franja”, que integre al sector del kirchnerismo que concurrirá a Rosario y a los “socialistas”del MNR. Es decir, al gobierno ajustador de Santa Cruz y al narco-gobierno de Santa Fe. La excusa sería “disputar la secretaría general”. El carácter de este frente se puso rápidamente de manifiesto cuando todas estas agrupaciones rechazaron la propuesta de la UJS de organizar, en el marco del Congreso de la FUA, un encuentro nacional de federaciones y centros de estudiantes combativos para darle continuidad al plan de lucha.

El seguidismo a las fuerzas patronales ya expuso sus consecuencias en la experiencia de este cuatrimestre. El 12 de mayo, los campeones de la “unidad contra Macri” rechazaron movilizarse a la Plaza de Mayo, en lo que fue la marcha estudiantil más masiva de los últimos años. Después, en la movilización educativa que se realizó hace sólo una semana, La Mella y los K pegaron el faltazo, poniendo de relieve el verdadero sentido del “Frente Ciudadano” que horas antes quisieron formar en el Congreso de la Fuba. En Chaco, la federación -que el PCR dirige junto a una fracción del PJ- se opone a la toma contra el aumento del comedor que están llevando adelante los estudiantes con el apoyo decidido de la UJS.

El destino de este frente no depende ya de la izquierda que se propone como “furgón de cola”, sino de la capacidad de los K y el MNR para congeniar una lista común -que por ahora rechazan. La juventud del Partido Obrero, UJS, denuncia esta política que convierte a los militantes de izquierda en espectadores de las negociaciones entre facciones rivales del capital. Como este frente puede fracasar, ya que nada asegura que el MNR y los K se pongan de acuerdo, esta izquierda ha desempolvado un “plan B”, llamando a formar un frente con agrupaciones combativas. Pero impulsarían este frente sólo en el caso de que no prospere su política. Denunciamos este seguidismo a la política capitalista y reclamamos un pronunciamiento político categórico sobre qué frente y qué política debe seguir el movimiento estudiantil. De otro modo, el frente no expresará la unidad de acción para la lucha, sino que será la cobertura circunstancial de quienes mantienen una política de conciliación. La independencia política del movimiento estudiantil de toda corriente capitalista no puede ser el “plan B”, ni el hijo putativo de una política de seguidismo al MNR y a los K.

Convocatoria

Mientras los López y los Macri se unen para votar blanqueos, ajustes y tarifazos, es necesario que estudiantes y trabajadores nos unifiquemos en una lucha y una política propia. Rechazamos el sometimiento a las fuerzas políticas que gobernaron y gobiernan provincias enteras al servicio de los grupos capitalistas, ajustando y reprimiendo a los trabajadores. Impugnamos que esta sea una vía para enfrentar a Franja Morada y al macrismo, como se ve en el sabotaje a la lucha estudiantil que practican sus progenitores.

Como defendimos en el reciente Congreso de la Fuba, la UJS llama a recuperar los centros y federaciones estudiantiles para una política independiente. Convocamos a todas las agrupaciones de izquierda y corrientes combativas del movimiento estudiantil a formar una lista en la FUA, sin compromisos con autoridades ni gobiernos. Vamos por una lista de lucha, que abra paso a la juventud y al movimiento obrero para derrotar los ataques de Macri y de todos los ajustadores.

La visita de Romina del Plá le dio un impulso al desarrollo de la Coordinadora Sindical Clasista en la provincia y a la campaña de la lista antiburocratica Rosa-Marrón-Naranja de Atep (el principal gremio docente de la provincia), que se presenta como única alternativa de los luchadores y el clasismo en las elecciones del próximo domingo 26 de junio.

En la conferencia de prensa se efectuaron fuertes denuncias sobre la conducción burocrática de Toledo (en el sillón desde hace 27 años). Por su entreguismo sistemático de los salarios y las principales conquistas de la docencia y por la transformación del gremio en una asociación lucrativa a partir de la organización de cursos carísimos.

La conferencia fue cubierta por varios medios de difusión masivos, por ello Toledo no pudo ignorar las denuncias efectuadas y tuvo que responder.

Entramos en la última semana de campaña con una fuerte polémica, que ha colocado a la lista multicolor combativa como la única y real oposición (se presentan otras dos listas con el apoyo de parte de la UCR y el massismo). Esto mismo se vio reflejado en el importante plenario de Tribuna Docente, que se realizó a la tarde en la sede del PO, en la que participaron numerosos activistas con los cuales se debatieron las tareas y los ejes del último tramo de la campaña en curso.

A la noche, realizamos una cena, en la que se hicieron presentes dirigentes de varios sindicatos (Adiunt, Sitre, Madera, Citrus, activistas y delegados de los obreros del surco de Fotia, de la construcción, los dirigentes de los jubilados de la Plaza, etc.).

La actividad con Romina ha proseguido con varias reuniones y asambleas: locro el 18 de junio en la sede central, plenario en Leales, reunión con los obreros del ingenio San Juan y varias más que se han planificado en los próximos días, lo que asegurará una importante y representativa delegación obrera y sindical de Tucumán en la Conferencia Nacional de la CSC.

La actividad petrolera en la Patagonia ha caído más del 40% y las empresas dicen que sobran 20.000 puestos de trabajo. En Vaca Muerta YPF levantó 20 equipos, en Chubut y Santa Cruz otros 28 y ha anunciado el levantamiento de 14 más. Sólo estas acciones afectan unos 5.000 puestos de trabajo.

Hay en la Patagonia 3.500 trabajadores suspendidos, con reducción salarial y el despido en puerta. La mayoría de estos salarios los paga YPF, duplicando el subsidio a los pulpos petroleros, ya que reciben además el subsidio en el precio del crudo.

Las negociaciones paritarias entre los pulpos petroleros, el gobierno y la burocracia sindical de Chubut y Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, han sido postergadas de nuevo, para la semana próxima. Involucran a 40.000 trabajadores. Los sindicatos plantearon un 40% de aumento y una suma puente, pero la oferta es un 25, con reducción de salario y de la jornada laboral de 12 a 8 horas, para quitar sumas por fuera del básico y horas extras y sin garantía por los puestos de trabajo.

Pereyra, Avila y Vidal arrastran al fracaso

Guillermo Pereyra es el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, senador del MPN y miembro de la CGT moyanista. A principio de año, ya con el panorama de despidos y crisis petrolera, sostuvo la política de Macri, cuya candidatura respaldó, dejando claro que no convocaría a ninguna medida de lucha. Aceptó el recurso de crisis que favoreció a los pulpos petroleros para despedir. Amagó con dos paros que levantó antes de que se cumplieran, por nada. Declara su acuerdo con el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, y reivindica su línea directa con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Energía, Juan José Aranguren.

Jorge Ávila y Claudio Vidal, secretarios generales de los sindicatos de petroleros privados de Chubut y de Santa Cruz, respectivamente, son kirchneristas. En enero de 2016 acordaron con el gobierno de Macri despejar el panorama de conflictividad, garantizando el mantenimiento del subsidio que había otorgado CFK a las empresas. Actúan en conjunto con el gobernador de los Bulgheroni, Mario Das Neves, quien dijo “haber concretado una solución", cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y Triaca le garantizaron el subsidio a PAE y el recorte masivo de horas extras. PAE debía a cambio, hacer inversiones, subir equipos y no despedir, cosa que no hizo.

Sólo se respetaron los subsidios a los pulpos, mientras continuaron los despidos por “goteo”, retiros voluntarios y jubilaciones. Los equipos recién se subieron parcialmente cuando Avila se vio obligado a convocar a la huelga del 6 de mayo, donde todo Comodoro paró contra los despidos. Aún así hubo otro paro petrolero, porque los obreros se vieron obligados a luchar en cada empresa, inclusive con piquetes y bloqueos.

La burocracia sindical petrolera, tanto macrista-moyanista como kirchnerista, nos arrastra al fracaso.

Construyamos una alternativa

En la base petrolera además de malestar hay iniciativas. En Neuquén se ha organizado la Agrupación Obreros del Petróleo (AOP). Su página de Facebook es una de las vías públicas en que difunde planteos y se conecta con obreros de otras provincias. Allí manifiestan el repudio a Pereyra.

En Chubut, las elecciones sindicales que se convocaron, son un terreno de batalla entre las fracciones de la burocracia, porque las bases no quieren votar a Avila y tiene chances Mansilla, su ex socio.

En Santa Cruz, dos obreros petroleros declaran: “El sindicato se ha armado con patotas que aprietan compañeros, ha usado al aparato estatal de Santa Cruz. Con Alicia Kirchner sólo se realizaron huelgas aisladas, como la de AEA, Oleosur o San Antonio, pero siempre en respaldo hacia las empresas, el sindicato realiza maniobras para levantar las medidas con arreglos inferiores o soltándoles la mano como se lo hizo con Huinoil”.

El planteo de la AOP da la alternativa al fracaso de la paritaria: “¡Que no decidan por nosotros! ¡Decidamos los trabajadores! 40% de aumento de bolsillo al básico, ni despidos ni suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar salario, apertura de los libros contables de las empresas y ocupación de toda empresa que despida. Luchemos por una nueva dirección en nuestro gremio”.

La Junta Electoral oficializó la Lista Naranja en el STIA -sindicato de la alimentación- de la provincia de Buenos Aires. Con más de 50 candidatos y 1.200 avales de 25 fábricas de la provincia conseguidos, a pesar de que la Verde “bajó” la orden de que ningún trabajador nos avalara, superamos holgadamente las trabas estatutarias, presentando lista completa en todas las categorías.

La presentación de la Lista Naranja coincide con el descontento mayoritario que el acuerdo salarial cerrado por la Federación dejó entre los trabajadores. Del reclamo inicial del 48% votado en el Congreso de Delegados de la Federación, se terminó cerrando en un 36,5% de incremento salarial, a pagar en dos cuotas; la primera en mayo (del 22%) y la restante en noviembre de (14,5%). Anualizado da un 29,25%, es decir dentro de los límites que plantea el macrismo y lejísimo del incremento del costo de vida (la inflación de 2016 ya llega a 42%) y que deja el salario inicial por debajo de los 14.000 pesos hasta noviembre -cuando el costo de la canasta familiar ya ronda los 22.000 pesos. El dialoguismo de la Verde y su coqueteo con el macrismo es pagado por los trabajadores.

Sumado a esto, la desorientación política de la Verde de Luis Morán (secretario general) es ejemplar; del kirchnerismo inicial se pasó a apoyar a Massa, hasta que su candidato naufragó en Capital; de ahí volvieron al kirchnerismo críticamente, llamando a votar a Domínguez; luego de que éste perdiera, llamaron a votar a Aníbal y Scioli... Y como no se podía esperar otra cosa, Morán anunció hace unos días en Pilar su acercamiento al macrismo. Este acercamiento se expresa concretamente en la adaptación común de ambos a los planes patronales en Cresta Roja, consistentes en despidos, rebajas salariales y precarización laboral, disfrazadas de “reactivación ejemplar”. El macrismo no tiene otra agenda que la de descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores, y la Verde de STIA no tiene otro plan que apoyar la agenda de las patronales. Las coincidencias no podían ser mayores.

Una lista para el activismo

La Naranja ingresa a la campaña electoral con una Lista Verde cada vez más desgastada, porque su condición de dialoguista y conciliadora se opone con la necesidad de lucha de los trabajadores del gremio ante un ajuste en curso que arrecia contra las condiciones de vida de los trabajadores. El escenario del tarifazo y la crisis industrial -que golpea ya al conjunto de las pequeñas y medianas empresas- acelerará la experiencia de los trabajadores con la Verde, y nuestra lista tiene que apuntar a ser un canal que la oriente hacia posiciones clasistas.

La difusión de un programa de lucha contra el ajuste para el STIA despertó el interés de un sector importantísimo de activistas, que garantizaron la juntada de avales para la presentación de la lista. Nuestra postura en defensa de un salario igual al costo de la canasta familiar, de los puestos de trabajo, del descanso del fin de semana -tal vez el reclamo más sentido a lo largo y ancho del país-, por la discusión de un nuevo convenio y por la abolición del Impuesto a las Ganancias son una agenda de lucha para el STIA bonaerense, pero también una referencia para el numeroso activismo opositor a la Verde del país.

Tenemos por delante una tarea tan compleja como estratégica: difundir las posiciones del clasismo en las más de 200 fábricas que componen el gremio, en más de cien distritos de la provincia, apuntando a darle una expresión en las elecciones del 6 de septiembre a la enorme tendencia a la lucha que recorre el gremio, desde la lucha de Cresta Roja por los puestos de trabajo, de Bimbo contra los despidos, de Riera por las condiciones de trabajo, de Unilever por el descanso de los domingos y que, de conjunto, quedó demostrada en la adhesión generalizada a los paros por salario de esta semana.

Manos a la obra.

Como siempre ocurre, cuando un revolucionario nos deja, no puede sino provocar emociones de diverso tipo, especialmente en aquéllos que, como en mi caso, compartimos militancia y lucha. Antonio se vinculó con Política Obrera durante la dictadura militar -o sea, en la época más difícil y hasta heroica de las que ha recorrido la construcción partidaria.

Lo conocí cuando me trasladé a Tucumán. Antonio ya era parte del núcleo partidario con el que, a principios del ’83, nos lanzamos a recorrer barrios y pueblos, y obtuvimos la primera personería electoral del Partido Obrero en el país.

Fue un período de mucho sacrificio, pero Antonio los aguantaba todos. Tiempo después, a fines del ’85, Antonio, con su compañera Raquel, también militante partidaria, se trasladaron a Belén, en Catamarca, y allá también, con ellos, se inició el proceso de construcción del PO.

En Belén, Antonio comenzó su carrera docente, que a partir del ’96 iba a continuar en la capital provincial. En todos esos años, Antonio fue un puntal en la construcción de la regional partidaria, donde Antonio fue decisivo y en esa condición se transformó, en distintos momentos, en el dirigente provincial y fue candidato destacado en varias elecciones.

En esas fases de cansancio y vacilaciones, donde la voluntad parece ceder, Antonio, nunca perdió las perspectivas. Para él, había que luchar, si la revolución iba a tener una dirección que la llevara a la victoria, ésa sería el Partido Obrero y así se mantuvo hasta el último día.

Un abrazo afectuoso a sus hijos León, Julio, Agustín y Lucía; a su ex compañera Raquel, y a todos sus compañeros y amigos.

Los trabajadores de Unilever Planta La Rioja vienen de elegir nuevos delegados el año pasado. La nueva Comisión Interna, apenas tomó contacto con el clasismo de Unilever-Planta Pilar, replicó uno por uno los reclamos y los métodos de lucha. La solidaridad obrera en este caso no se expresó con fotos de apoyo, sino en abrir un proceso de organización por los mismos reclamos.

Sumaron al reclamo de una suma puente hasta las paritarias alimenticias (vencidas en abril) el reclamo del "Sábado a la Tarde en Casa", un reclamo extraordinariamente sentido en todo el gremio alimenticio, que es sometido al Convenio Mantecol (6 días de trabajo por uno de descanso) o al Régimen de Trabajo por Equipos que permite a las empresas obligar a los trabajadores a prestar tareas los fines de semana. Ni hablar de fábricas como Bimbo o Granix, en las que la semana comienza los días domingo y en las que ni siquiera se respeta los días de elecciones o festivos.

Ante el primer rechazo, las asambleas votaron masivamente iniciar un plan de lucha comenzando con un quite de colaboración y votando paros de 2 horas por turno en caso de que la empresa persistiera con la negativa.

Las asambleas de la planta riojana se hicieron al calor de la huelga con piquetes de los trabajadores de Unilever Pilar por los "Domingos a la Noche en Casa", cosa que envalentonó notablemente a una asamblea que nunca había parado.

La empresa vio venir la rebelión inminente, y tiró la toalla antes de pelear: 3.500 pesos de suma puente y Sábado a la Tarde en Casa a partir de junio.

Un triunfazo que abre camino al clasismo en La Rioja y deja planteada la necesidad de un Comité de Empresa en todas las Unilever de país, para luchar todos unidos por nuestras reivindicaciones.

La lucha ofensiva de los trabajadores de La Rioja demuestra hasta qué punto está madura la necesidad de una lucha general contra el ajuste, los despidos y la precarización laboral.

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/581441995369999

Como dicen los angloparlantes, el Brexit ha sido “an accident waiting to happen” -un accidente a la caza de su oportunidad. David Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña, contrarió la advertencia que le fue hecha desde varios sectores acerca del peligro de un referendo para determinar la permanencia o el retiro de la Unión Europea. Prevaleció su obstinación a que sin un apoyo plebiscitario no podría hacer frente a los problemas crecientes que enfrenta la economía británica y la City de Londres – y a la crisis que ya había generado en el partido conservador.

Recordemos que “las deudas de corto plazo de los bancos y entidades basadas en Gran Bretaña llegan al 755% del PBI, según informa la calificadora S&P, el porcentaje más alto a escala mundial. La mayor parte de esta deuda está denominada en dólares o euros que el Banco de Inglaterra no puede imprimir, y depende de los mercados de capitales mayoristas”. Este escenario se nubla aún más debido a un déficit de cuenta corriente del 7%, lo que redunda en un incremento de la deuda externa de 130 mil millones de libras esterlinas, a lo que se suma una deuda pública del 86% del PBI. Estos datos ponen de manifiesto una contradicción sencillamente terminal: la economía británica tiene la plaza financiera internacional más importante del mundo, o sea superior a Wall Street en colocaciones externas, con activos que constituyen cinco veces el valor del PBI, unos u$s 10 billones, pero carece de una moneda de reserva que pueda operar como seguro para el conjunto del sistema financiero.

La City de Londres es una ficción financiera, de carácter completamente parasitario. Con un agravante: que tampoco podría recurrir a una devaluación de la moneda, porque desataría una guerra comercial, en primer lugar con su principal mercado, la Unión Europea, y agravaría la hipoteca financiera externa en moneda doméstica. El viernes último, la libra y las acciones de los bancos ingleses o con fuertes negocios en Europa fueron hundidas por una fuga de capitales, a pesar de la inyección de fondos del Bank of England y de los canjes de monedas activados con la Federal Reserve de Estados Unidos.

Londres vs Inglaterra y Gran Bretaña

Este cuadro crítico explica el reiterado intento del canciller del Tesoro, John Osborne, de producir un violento ajuste presupuestario en medio de un crecimiento nulo; el PBI, además, había sido sobrevalorado en 18 mil millones de libras (Financial Times, 14/3). La tentativa ajustadora enfrentó una resistencia de la bancada conservadora, y sólo sirvió para acentuar la división del partido gobernante. Puso de relieve la contradicción de los intereses de la City con Inglaterra y el conjunto de Gran Bretaña. La mayor siderúrgica radicada en Gran Bretaña fue sacrificada al mercado de valores londinense, completamente indispuesto a bloquear la competencia del acero de China. Esto y las quiebras de las grandes cadenas minoristas operaron como la última gota de agua contra un ajuste que acicateaba la caldera social.

Por estas razones, la ratificación de la permanencia en la UE, por medio del voto popular, se presentaba como un fórceps plebiscitario a ser aplicado contra la democracia parlamentaria radicada en Westminster. La división del propio gabinete sobre el asunto ponía en cuestión el régimen de gobierno de Comité, el ejecutivo del parlamentarismo. La victoria del Brexit representa entonces una crisis colosal de carácter político. El electorado rechazó el maridaje del ajuste entre la City y la UE. Es un revés para los dos lados de la mesa. La zona euro atraviesa una crisis monumental, con la mayor parte de su sistema bancario plagado de activos incobrables (Aristóbulo de Juan, ex director del Banco de España, en El País, 15/4), una deflación irresistible y el fracaso de todas las políticas de incentivo monetario del Banco Central Europeo. El Brexit anticipa la desintegración de la zona euro.

Vacío y lucha de clases

La espectacularidad de la crisis se manifiesta en la renuencia de Cameron a aplicar la decisión del referendo, que ha dejado para octubre. Se habla incluso de la convocatoria a otro referendo. Boris Johnson, ex alcalde de Londres y líder del “brexismo”, salió rápido a pedir evitar con los apresuramientos, en coincidencia con Cameron. La dilación de la renuncia de Cameron (que haría efectiva en octubre), resulta insostenible, en especial porque la UE exige iniciar enseguida el proceso de separación. El vacío gubernamental se advierte también en la decisión de Escocia de convocar a un nuevo referendo para separarse de Inglaterra. Todo esto ya lo habíamos advertido en la entrada a este face, de fecha 15 de junio. El Brexit ha reabierto la cuestión de una unidad de Irlanda apadrinada por la UE.

Nadie disputa que la derecha comandó la campaña, con un eje chovinista que procuraba disimular la crisis de la City de Londres –con la excepción quizás del Telegraph, un diario de derecha que no dejó de lado el tema económico de la separación. La derecha de la UE aplaudió naturalmente el resultado, e incluso Trump y Putin. El desarrollo ulterior de la crisis despejará este espejismo de ascenso derechista, en especial por el incremento de luchas obreras en los últimos años.

En Francia, por ejemplo, el progreso del Frente Nacional enfrenta ahora una gran movilización obrera contra la contra reforma laboral. El recule de Johnson respecto a un retiro inmediato es una muestra que la derecha no puede gestionar la crisis. Sobre llovido, mojado, el derrumbe ha afectado al partido Laborista, que apoyó oficialmente el Brexit, aunque con divisiones, y fue ignorado por su electorado. No hay que confundir el Grexit de una nación oprimida con el Brexit de una nación imperialista, aunque lo más importante sea la dirección política que encabece aquel retiro.

Bye, bye Macri

La economía estadounidense será muy afectada por esta crisis. El ascenso del dólar, que ocurrirá por la fuga de capitales de otros centros financieros y de las naciones más débiles, debilitará el comercio exterior norteamericano y acentuará las tendencias recesivas. La banca central ha agotado el empleo de recursos para reactivar la economía.

De un modo general, todo esto afectará negativamente el comercio y las finanzas de los países de América Latina. Macri y Prat Gay han decido poner buena cara, pero solamente para la tribuna. La colocación de deuda externa no podrá proseguir, mientras el déficit fiscal supera cómodo el dejado por Kicillof. La versión de que el gobierno Macri ofrece seguridad para atraer inversores en este cuadro, es una fantasía. Ha quedado demostrada nuestra tesis, expuesta en forma reiterada, de que el macrismo no ha reunido las condiciones o recursos, sean financieros, económicos y políticos, para su política de ajuste y desguace de derechos sociales.

La crisis capitalista mundial pone un límite infranqueable al pastiche económico macrista, que está sumiendo en la miseria a sectores crecientes de los trabajadores.

El 26 de junio se cumplieron 14 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación Avellaneda. El Partido Obrero y el Polo Obrero nos hicimos presentes desde el sábado 25 en el festival y acto en la estación, y el domingo 26 subimos al puente Pueyrredón junto a las organizaciones de la izquierda y del movimiento piquetero para leer un documento acordado en el marco del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

El valor del documento común residió en denunciar la impunidad de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda durante estos 14 años; doce de los cuales transcurrieron bajo los gobiernos kirchneristas. También, en haber recogido las luchas contra el ajuste y la represión que se desarrollan actualmente en todo el país.

El documento marcó que la impunidad ha sido una política de Estado. La causa federal que debe investigar las responsabilidades políticas de la masacre duerme en los cajones del despacho del juez Lijo. Néstor Kirchner –que llegó al gobierno de la mano de Eduardo Duhalde- propuso la conformación de una comisión investigadora bajo la condición de que las organizaciones abandonáramos la movilización. Su objetivo era cooptar a las organizaciones del movimiento piquetero y lavarle la cara a los responsables políticos. Los Aníbal Fernández, Atanasoff, Solá, Soria y compañía se reciclaron como funcionarios y ministros bajo su gobierno.

La jornada del 26 de junio del 2002, resuelta en una Asamblea Nacional Piquetera, fue una enorme manifestación de los trabajadores contra el ajuste de Duhalde. La represión estuvo al servicio de la defensa de los intereses de los capitalistas, que se valieron de la devaluación para endosarle el costo de la crisis capitalista al pueblo.

Del mismo modo, el ajuste actual golpea fuertemente a los trabajadores con más de 150.000 despidos, una inflación que supera el 40% y un tarifazo en los servicios públicos y el transporte. El reforzamiento represivo impulsado por el gobierno Macri (vigencia de las leyes antiterroristas, protocolo antipiquetes, colaboración del Ejército con las fuerzas de seguridad del imperialismo, entre otros) busca apuntalar este programa antiobrero. El documento se pronunció contra el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores, incluidos los kirchneristas, como Bertone en Tierra del Fuego o Alicia Kirchner en Santa Cruz.

El acto finalizó con unas emotivas palabras de Alberto Santillán, papá de Darío, y de Vanina Kosteki, hermana de Maxi. Ambos reivindicaron la movilización popular como el camino para encontrar justicia y que vayan presos todos los responsables. También señalaron a los compañeros caídos como referentes de la juventud que se organiza para enfrentar este régimen podrido de explotación y saqueo; en este punto, Vanina hizo referencia al compañero Mariano Ferreyra.

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, presentes

¡Ahora y siempre!

La huelga nacional petrolera que se desarrolló masivamente el lunes 27 en todo el país y continuó en Chubut, Santa Cruz y Mendoza hasta el martes 28, fue boicoteada primero por Guillermo Pereyra (petroleros Neuquén), que levantó el segundo día de paro en Neuquén. El conflicto continúa porque el aumento del 30% decretado por el gobierno es insuficiente, porque no se garantizan los puestos de trabajo y por el subsidio a las petroleras. Las reuniones de la paritaria siguen y ha quedado en suspenso el paro del lunes 4 de julio en la Cuenca de San Jorge.

La masiva huelga, por el 40% de aumento salarial, una suma puente de 50.000 pesos, la suba de equipos y el freno a los despidos fue arrancada por los paros de mayo de todo Comodoro, el posterior paro petrolero en Chubut y Santa Cruz y la presión obrera sobre los delegados. La semana anterior al paro, los “viejos” de Pecom -tercerizada de Pan American Energy- bloquearon la planta durante 48 horas contra 380 despidos. Las acciones contra los despidos no han cesado en la cuenca de San Jorge.

El levantamiento y la “suspensión”

Pereyra saludó que el Ministerio de Trabajo haya intervenido y rebajó el reclamo al 30% de aquí a fin de año. Se deja ver que negoció este acuerdo con el gobierno, cuando en este gremio se juega gran parte de la batalla para golpear al conjunto de los trabajadores a través de los despidos masivos.

Abierta esta huella, Jorge Avila, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut planteó levantar la extensión del paro (previsto por 72 horas) siendo que el incremento alcanza sólo a los trabajadores de los yacimientos, deja afuera a los obreros que están suspendidos y se aplica sólo a los básicos. Presentó la negociación con el gobierno como positiva porque el Ministerio habría dado un paso atrás con una norma de flexibilización.

Los pulpos petroleros quieren reducir puestos de trabajo (hasta 20 mil), bajar el salario pasando de turnos de 12 a 8 horas, y flexibilizar las normas de seguridad para evitar cualquier freno de la actividad por inclemencias climáticas, como parte del esquema de una “paritaria por productividad”.

Según Clarín, “Jorge Avila planteará sobre la mesa de negociación en unanimidad con las operadoras: un incentivo a la exportación para que el barril de crudo que tocó los 30 dólares, se equipare con el del mercado interno que se encuentra en 54,9 dólares. Esta medida implicaría unos 500 millones de dólares para el Estado nacional” (28/7).

Esta burocracia sindical K está alineada tras los subsidios en la Cuenca de San Jorge, desde ese lugar critica las importaciones de Aranguren que benefician a la Shell y defiende a la “nacionalizada YPF”. Mientras Pereyra está alineado con el gobierno nacional y el Ceo de la Shell, Aranguren.

Asambleas

Compañeros de Comodoro manifiestan que: “los delegados tratamos de dirigir el problema hacia las operadoras, cortar allí. El trabajador va y después la comisión directiva carnerea y tira para atrás… mientras hay 2.000 viejos listos para echar. Y el lunes los 300 viejos de Pecom pueden quedar en la calle”.

La burocracia sindical no ha podido aún cerrar el acuerdo por el límite impuesto por los trabajadores. Corresponde defender el proceso huelguístico nacional, exigir la convocatoria a asambleas para tratar (y rechazar) la propuesta del gobierno y debatir un plan de lucha hasta arrancar el pliego original y la reactivación a costa de las ganancias de los pulpos.

A raíz del choque de trenes del 30 de junio en Chacabuco (estación Rawson, provincia de Buenos Aires), la Subsecretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura bonaerense decidió suspender todos los servicios de Ferrobaires para preservar la seguridad de usuarios y operarios.

Mediante un comunicado extemporáneo -ya que el estado de abandono se arrastra hace un cuarto de siglo-, la CNRT y la AGN calificaron de “crítico el estado de la empresa y deficiente el estado de vías y material rodante”.

El informe de la AGN señala “La mayoría de las unidades poseían kilometrajes que excedían lo recomendado, y se acumularon reparaciones no realizadas equivalentes a 83.040.000 kilómetros de exceso, lo cual demuestra el mal estado y avanzado deterioro del parque ferroviario que prestaba servicios”. “No sólo el material rodante estaba deteriorado sino también la infraestructura de vías, señalamientos y telecomunicaciones, debido a la nula inversión en mantenimiento”.

Esto no es una novedad, sino que debería ser parte de la carátula de procesamiento a las autoridades salientes y a los concesionarios.

En el marco del accidente, apareció un decreto que anuncia obras públicas destinadas a los ferrocarriles.

El soterramiento de las vías del Sarmiento demandará 45 mil millones de pesos. Otras obras previstas (viaductos, electrificación y puesta en valor de diversas líneas) tendrán recursos por 23 mil millones de pesos. En total, tomando en cuenta otras obras menores, el monto para proyectos ferroviarios suma 83.114 millones de pesos.

En el festival de los créditos internacionales junto a la deuda pública contraída juegan un fuerte papel parientes y contratistas amigos. “El mayor desembolso está destinado al soterramiento del Sarmiento, donde participan de la italiana Ghella, la brasileña Odebrecht (cuyo titular está detenido por sobreprecios) y IECSA, de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri” (Inforieles, 25/6).

Luego del accidente ha saltado la liebre; Vidal había establecido un convenio de tercerización para alquilar locomotoras a una UTE conformada por contratistas K: las empresas CPCSA y Solana SRL, ligadas a Cristóbal López y Lázaro Báez.

Estas empresas están acusadas de ser responsables de la instalación de durmientes de cemento que se fisuraron, lo que derivó en la paralización de los trenes a Mar del Plata. De acuerdo al relevamiento e inspecciones en las obras, se detectaron 14.479 durmientes quebrados en el corredor Buenos Aires-Mar del Plata, provistos por la empresa Solana SRL-Dhasa. Estos datos fueron suministrados mediante pruebas de aptitud realizadas por la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Laboratorio de Materiales y Estructuras de la UNLP, el Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados, la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Civil, el Inti y el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras.

Según especialistas, el recambio de durmientes averiados podría demandar hasta dos años de trabajo, para lo cual se deberán invertir cerca de 73 millones de pesos.

En la investigación iniciada por los contratos de alquiler de material rodante de Ferrobaires a las empresas Solana, CPC Ingeniería y Ferroexpreso Pampeano, se descubrieron cuatro nuevos contratos ocultos. Hay seis compañías privadas a las que se les alquilan locomotoras. Y cuatro de ellas que le restan operatividad a Ferrobaires: Ferrosur; Industria Ferroviaria Dycasa; Super Cemento (Franco Macri); Marcalba. Con las tercerizaciones a toda vela, las formaciones de Ferrobaires se oxidan en Kilo 4, por falta de mantenimiento.

Solana SRL que tiene contratos millonarios con Ferrobaires, aún no abonó ni la primera cuota de una deuda de más de 2.000.000 de pesos con la empresa estatal (Hoy, 14/6).

Otro dato de la negligencia con que el gobierno de Vidal tomó Ferrobaires es que el titular nombrado es el coronel de Caballería (RE) Fernando Diotti, un inexperto en temas ferroviarios.

Cientos de obreros de la UF y La Fraternidad se movilizaron el 1° de julio a Constitución y a Temperley para exigir a sus sindicatos la defensa de los puestos de trabajo ante el larguísimo vaciamiento desenvuelto por menemistas, nac&pop y UCR/PRO.

Que se abran los libros de Ferrobaires bajo control obrero.

Juzgar y encarcelar a los vaciadores del presente y del pasado.

“Son las tres de la tarde”, dice casi en un susurro el hombre, el obrero, detrás del paredón de la fábrica. La hora es una advertencia: media hora más tarde, a las 3 y media del 7 de enero de 1919, empezaría la peor masacre callejera cometida hasta entonces en la Argentina contra el movimiento obrero. Peor sería la carnicería de 1921, apenas un par de años más tarde, en la Patagonia Sangrienta. Ambos crímenes fueron cometidos por cuenta y cargo del radical Hipólito Yrigoyen, primer Presidente “nacional y popular” y el primero elegido por la reforma electoral de 1912 que impuso el voto universal y secreto.

La improvisación puesta en escena por Andrés Mangone y un magnífico elenco consiste, en efecto, en “Ecos de la Semana Trágica”. Son una veintena de actrices y actores que se asomaron a uno de los horrores de nuestra historia para devolverlo y recrearlo, como ellos mismos dicen, “a partir de una serie de dispositivos formales de intervención del espacio y el tiempo”. El espacio y el tiempo se entremezclan en la obra, en un tratamiento dramático impactante, para que los ecos de hace casi un siglo lleguen hasta nosotros, hasta nuestros días. Vasena, “el inglés” que había comprado la fábrica, los fascistas de la Liga Patriótica organizados por el gobierno radical, pasan por la escena en una composición con toques fantásticos y, al mismo tiempo, realista hasta la atrocidad.

Cuando, después de un intervalo, un actor y dos actrices componen “El antiedipo”, puede tenerse la impresión de que se trata de otra obra, ajena a la primera. Solo es una impresión, si se indaga en la puesta se tiene la continuidad desde aquella Semana Trágica hasta el escarbar en el texto de Gilles Deleuze y Félix Guattari. El incesto es allí parte de una locura más general, más extendida, la alienación de todo un régimen social que se intuye en la tragedia de los personajes.

Mangone y sus compañeros lo señalan bien al referirse a su propia obra:

“…en realidad hemos descripto máscaras…

“¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué nos han puesto acá…?

“Estamos otra vez ante la nada, sumergidos en la marejada del silencio.

“Con mecánicas de flotación, la escena nómade busca derivar en nuevos territorios de ardor e intensidad.

“Noche espesa… hambre y sed de humanidad”.

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) volverá a estar en manos de Flavio Fama. Fue electo por tercera vez como rector de la UNCa el 29 de junio pasado con los votos de Franja Morada (UCR-PRO) y el PJ.

De esta manera, continuará quién promovió los mecanismos de privatización, la injerencia de la Iglesia y la regimentación del movimiento estudiantil durante ocho años.

En las facultades, un pacto explicito

Las camarillas que gobiernan la UNCa definieron su continuidad a espadas de toda la comunidad educativa: se valen del mecanismo de elección indirecta para perpetuarse y convalidar el régimen privatista.

En el caso de las facultades de Derecho, Salud y Económicas, el PJ acompañó la reelección de las camarillas de Franja Morada, mientras que en Humanidades colaboraron con el voto para que la UCR volviera al decanato luego de cuatro años del gobierno K.

La UJS, por el contrario, denunció los acuerdos entre las camarillas y las agrupaciones residuales del kirchnerismo que van por la continuidad del ajuste en las facultades y que provocará el agravamiento de los aranceles, la crisis edilicia y el vaciamiento de los planes de estudio.

Una asamblea de privatizadores y oscurantistas

Las autoridades surgidas de las elecciones generales celebraron un pacto de cogobierno y una asamblea donde las voces de los estudiantes y los reclamos más sentidos brillaron por su ausencia.

Con la elección exprés de Fama pretendieron zafar del escandaloso acuerdo con el Obispado y la instalación de la Pastoral Universitaria en el campus universitario. No sólo un retroceso histórico para el desarrollo del conocimiento científico y una provocación a quienes luchan contra los curas violadores y por el aborto legal. También es la inserción del clero en los negociados existentes en la universidad a partir de La Alumbrera, el Plan Belgrano y los convenios con las corporaciones privadas.

Al mismo tiempo que se imputa a funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán por malversación de fondos del Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad), que puso de manifiesto los negociados de las camarillas, resulta significativo que no se haya presentado ningún tipo de balances de cuentas de la UNCa.

Sin dudas, esta asamblea que eligió a Fama tiene carácter reaccionario tanto en su forma como en su contenido; fue copada por los representantes de los intereses hostiles a la universidad pública, laica y gratuita. La representación de estas camarillas es la consecuencia de un régimen electoral que le da más de la mitad de los puestos directivos a un pequeño sector del claustro profesoral que tienen en como denominador común el hacer de la universidad una caja para sus negociados.

Una perspectiva en el movimiento estudiantil catamarqueño

La intervención del bloque de Consejero de la UJS cuestionó la legitimidad de la asamblea con una moción de orden que planteó su disolución para abrir paso a un proceso de democratización en base a la inclusión y deliberación de las grandes mayorías. La propuesta de la juventud del PO fue rechazada por el conjunto de la asamblea, Franja Morada y PJ, votando en contra.

Las conclusiones inmediatas refuerzan la necesidad de estructurar agrupamientos en cada unidad académica, sobre la base de la independencia política de la juventud. La lucha por expulsar a los agentes del capital de la universidad y colocarla al servicio de la clase obrera es la lucha contra el régimen capitalista que sostiene las actuales condiciones. Este es el camino para conquistar la democratización de la UNCa.

El segundo cuatrimestre tendrá elecciones de Centros de Estudiantes por facultad. La UJS se prepara para una nueva lucha política con el objetivo de recuperar el Centro de Humanidades.

En su exposición en la Universidad Nacional de Tucumán, Altamira destacó que “cuando una nación trata a los banqueros internacionales con mayor privilegio que a los ciudadanos que la construyeron, queda claro que es una colonia”.

Casi 350 personas llenaron el aula central de la Facultad de Derecho de la UNT para escuchar la charla de Jorge Altamira, “El Bicentenario y la Argentina de hoy”. Los medios de comunicación reflejaron ampliamente la visita, advirtiendo su carácter polémico en relación con el conjunto de los actos “oficiales”: es que en una provincia bombardeada con “festejos” y el pavoneo de la plana mayor del Estado rindiendo homenaje a la Independencia (jueces, diputados, ministros, rectores), el Partido Obrero alzó una voz firme para dejar en claro que el carácter colonial del país se mantiene 200 años después.

La declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816 -explicó Altamira en la charla- se dio en una encrucijada histórica particular: mientras se luchaba por terminar con la dominación española en América del Sur, avanzaba la penetración del pujante capitalismo inglés, desarrollando un colonialismo de nuevo tipo que sería determinante de todo el proceso político posterior al Congreso de Tucumán: la división del territorio oriental, la incapacidad para formar un Estado Nacional, las guerras civiles, la consolidación del puerto de Buenos Aires bajo el gobierno de Rosas y, muy especialmente, la guerra contra el Paraguay, en 1865, que consagró la división de los Estados del sur en función de los intereses británicos.

Altamira contrastó el carácter contrarrevolucionario de esa guerra y que dio lugar a la balcanización de América de Sur, con el carácter revolucionario de la guerra que, para la misma época, se desarrolló en América del Norte, que puso fin a la esclavitud y dio lugar a los Estados Unidos.

El fenómeno de fondo

Altamira hizo eje en la necesidad de captar el fenómeno de fondo que marca este bicentenario. La clase social que conduce el país, la burguesía argentina, es la misma en los últimos 200 años. Aunque su fisonomía ha cambiado -obviamente- con el desarrollo histórico, no sus intereses. Bajo su conducción, Argentina se declaró independiente, pero se mantuvo como colonia, girando en torno de los intereses del capital extranjero, al que burguesía argentina está aliada de un modo estructural. Pero, en 1816, el capitalismo al cual se orientaba la burguesía argentina, era un capitalismo naciente. Hoy, en cambio, es un capitalismo moribundo y no desarrolla ningún interés social progresivo, sino la sangría de las masas. Un ejemplo claro es el caso de los fondos buitre y los jubilados: “Cuando una nación trata a los banqueros internacionales con mayor privilegio que a los ciudadanos que la construyeron, queda claro que es una colonia”.

La independencia nacional se va a alcanzar en una perspectiva socialista, en unidad con los trabajadores de todo el mundo y con la consigna de la unidad socialista de América Latina.

Un pueblo perdido en medio de la llanura pampeana. Una pareja dueña de un circo de variedades, un cura párroco, un peón; un fenómeno (“la niña foca”) y una madre que vuelve después de 20 años, componen la obra dirigida por Rubén Szuchmacher y la dramaturgia de Diego Manso que puede verse en el Teatro Payró (San Martín 766, CABA) de jueves a domingo.

Todas las cosas… es una puesta reveladora y de gran despliegue, no sólo por lo diverso de los actores sino también por la extensión: dos horas y cuarto de teatro, teatro y más teatro. Del mejor.

Las logradas composiciones trasladan desde el primer momento a ese remoto pueblo pampeano del que todos quieren salir, pero con dinero, para no vivir las miserables vidas, y sostener la ilusión burguesa de lo que nunca fueron. La pareja dueña del circo, Sancho (Horacio Acosta) patrón venido a menos que pretenderá salvarse cambiando pesos por dólares; Iberia (Ingrid Pelicori), sexagenaria que añora época dorada de su juventud en canciones heredadas de la España franquista; el cura (Iván Moschner) fiel representante de su institución y sospechado de abusos a niños, intentará reivindicarse ante el Vaticano consagrando a la “niña foca” (Paloma Contreras) como candidata a la beatificación. Para eso “habrá que sacrificarla”. El peón (Juan Santiago) intentará a su vez reivindicarse saliéndose del círculo de perversión y transformado en una pieza importante de una la trama llena de intrigas y ribetes inesperados. Una madre (Fabiana Falcón) que vendrá a salvar y redimirse de un pasado de abandono en el intento de subsanarlo. Todo este cuadro dinámico y atractivo, conforman una obra que tiene varias aristas a ver por lo reivindicable del texto y la dirección de la realización: su carácter popular y de un lenguaje que no cae en el costumbrismo. Tiene el suspenso y lo desgarrador de la tragicomedia.

El director y el dramaturgo logran en la diversidad de los personajes poner en el tapete lo reaccionario de las búsquedas pequeño burguesas.

Soledad Sosa desplegó una intensa actividad en Tucumán. Además de impulsar la campaña por la libertad de Belén y la anulación de su sentencia y de formar parte de la delegación que la visitó en el penal, Soledad presidió un plenario de nuestra agrupación 1969 para organizar la campaña por la ley de inclusión laboral trans que impulsamos en la Cámara de Diputados de la Nación. Participaron distintos referentes del colectivo LGTBI de la provincia que se interesaron y vinieron a debatir distintas iniciativas para hacer avanzar su tratamiento.

Soledad explicó la necesidad e importancia de la difusión del proyecto y de la organización y movilización para arrancarla. También hizo hincapié en la imprescindible unidad de la clase trabajadora frente al ajuste y el ataque a las condiciones de trabajo que están sufriendo los trabajadores. Como conclusión de este encuentro se acordó una campaña de difusión del proyecto, empezando por el pronunciamiento de sindicatos y organizaciones sociales y el compromiso de participar en la audiencia pública nacional que en poco tiempo organizaremos en el Congreso Nacional.

El regreso de Cristina no le dio al kirchnerismo siquiera para un acto en lugar cerrado. En verdad, a la ex presidenta no le alcanzó ni para una entrevista televisiva presencial. El reportaje que le hizo el periodista Navarro sólo tuvo lugar por teléfono. Esa comunicación “a distancia” fue la mejor metáfora de una retirada política. La ex presidenta desplegó alguna energía para defender a su gobierno con los argumentos conocidos. Así, reivindicó una reestatización de YPF que llegó después de haber tolerado su vaciamiento en manos de Repsol y del empresario K, Eskenazi, y que dio lugar, una vez reestatizada, a otra variante de vaciamiento. Esta vez, a través de un megaendeudamiento que pretendió sustentar la asociación con Chevron. Cristina Kirchner presentó en público las discutibles coartadas que piensa sostener ante los estrados judiciales, el verdadero motivo de su comparecencia en Buenos Aires.

Pero el dato político más significativo del telereportaje es la moderación extrema que exhibió ante el macrismo, más allá de los consabidos lamentos por “la gente que tiene dificultades para pagar las boletas de gas” (no se sabe si incluye en ese listado a los docentes y estatales de Santa Cruz, que han librado una lucha titánica contra las tentativas ajustadoras de su cuñada Alicia Kirchner).

Dejarlos gobernar

CFK se pronunció por una “oposición que deje gobernar”, lo que contrapuso al obstruccionismo que habrían ejercido, según ella, los actuales integrantes de Cambiemos durante la década pasada. (Anotemos, de paso, que esos “destituyentes” aprobaron todas las operaciones de deuda pública del gobierno K, entre otras leyes que constituyeron la viga maestra de su gobierno). Cristina se colocó en el campo de la oposición constructiva y deseó que al gobierno le “vaya bien”, a sabiendas que ello sólo puede ocurrir como resultado de que las consecuencias confiscatorias de la devaluación, los tarifazos y los despidos le sean impuestas definitivamente a la población trabajadora.

En el programa “El Destape” del agitador Navarro, la palabra de Cristina se pareció a un bálsamo. Por su boca, sonaron el discurso de Pichetto y de Gioja -o sea, de los que participaron del sistema de acuerdos que habilitó al pacto buitre primero y al blanqueo después. En el medio, esa oposición “constructiva” votó testimonialmente una ley “antidespidos”, pero no movió un dedo para rechazar el veto que luego le propinó Macri. Hay que apuntar, de paso, que ni ahora ni en su primera visita a Buenos Aires CFK criticó el acuerdo con los fondos buitre.

La teleconferencia alumbra, por lo tanto, sobre el desgranamiento del Frente para la Victoria, que algunos presentan como una escisión “orgánica” entre pejotismo y kirchnerismo. Si los seguidores más estrechos de Cristina no han votado las leyes estratégicas del macrismo, sólo lo hicieron para preservar alguna cuota de demagogia de cara a la población que aún los sigue (Kicillof calificó a la ley ómnibus de blanqueo a los evasores como “bien intencionada”, pero criticó su “instrumentación”). El kirchnerismo duro no ha decidido ninguna distancia, ni política ni de ningún otro tipo, con los llamados pejotistas, luego de que éstos acordaran parlamentariamente con el macrismo. Por el contrario, son éstos los que decidieron abandonar a su suerte a La Cámpora y a la camarilla kirchnerista. Ahora, el mensaje de Cristina es claro: si los K logran sortear en libertad las imputaciones judiciales, se postulan para ser parte de la “gobernabilidad del ajuste” o, si ese fuere su lugar, para acompañar a ese sistemas de acuerdos desde su casa. “Tengo hija, tengo amigos”, dijo la ex presidenta sobre los motivos de su viaje. Hace algunas semanas atrás, sus seguidores fantaseaban un acto con ella en la Plaza de Mayo, en ocasión del 9 de julio.

Pejota

Si la diferenciación del kirchnerismo duro no es más que un desmoronamiento -eso reflejó la teleconferencia- las cosas no son demasiado diferentes del lado del pejotismo. La pretensión de que la depuración de los K daría lugar a la emergencia de un “pejota poderoso” está lejos de la realidad. Por lo pronto, la anunciada reunión de reunificación peronista -bajo la batuta de “Barrick” Gioja- debió ser cancelada sin fecha. Por un lado, la pretensión de poder reunir a una cantidad de dirigentes y gobernadores “sin prontuario” está abiertamente cuestionada: la ruta de la obra pública K y el desfalco del presupuesto público involucra por igual a los Manzur, Gioja y también Urtubey. Por el otro, todas estas camarillas provinciales están mucho más preocupadas en salvar sus presupuestos quebrados -y en pactar por separado con Macri- que en reagruparse políticamente. La hipótesis de una “reconstrucción peronista” -como resultado de la debacle K- no tiene en cuenta que el kirchnerismo y su descomposición han sido un episodio de la declinación histórica del peronismo. El camporismo tardío de los K no superó el horizonte de los López y De Vido. Por los tribunales no desfilan casos aislados de corrupción, sino los personeros de un régimen político y económico que saqueó los fondos públicos para una nueva -y fracasada- tentativa de rescate capitalista.

2017

Como resultado de esta desagregación política ya está en marcha una negociación entre el gobierno nacional y varios gobernadores pejotistas, para armar listas comunes en 2017. Aunque una variante de este tipo podrá ser justificada con las gastadas banderas de la “unidad nacional”, lo cierto es que dejará expuestas las debilidades de unos y otros. El kirchnerismo, luego de haber servido de salvoconducto del pejotismo, ahora queda reducido a su mínima expresión, cuando ese pejotismo abandona el barco. El silencio de Cristina sobre estos movimientos muestra que aún espera ser aceptada por el pejotismo. Mientras algunos hablan de un ‘frente anti-macrista’ con los K, éstos siguen atados al carro de los Gioja, Urtubey y Pichetto.

Como todos los martes, este martes 5 se realizó una nueva marcha de Familiares Víctimas de la Impunidad, encabezada por Alberto Lebbos. Luego de dar la vuelta a la plaza y completar la lectura de los casos impunes, Lebbos, agradeció -como lo hace habitualmente- el apoyo de los presentes a la lucha de la Comisión, pero de manera especial destacó que, habiendo en la provincia más de 200 parlamentarios nacionales, sólo tres: Pitrola, López y Soledad Sosa, estaban presentes en la marcha. “Los otros -dijo- seguro están yendo a la joda en unos de los lugares más caros de la provincia, que el gobierno de Manzur organizó para agasajar a las delegaciones”. Posteriormente, invitó a cada uno de los diputados del Partido Obrero a hacer uso de la palabra. El último fue Pitrola, quien señaló que el PO no iba a ninguna cena ni agasajo promovido por un gobierno fraudulento y responsable de la impunidad, y entre otros del encubrimiento del crimen de Paulina. Pitrola destacó que la presencia de la bancada del PO en Tucumán era para desarrollar en la asamblea legislativa el punto de vista socialista frente al Bicentenario y para encabezar el acto que el miércoles 6 el PO convoca frente a la Casa Histórica.

Todo el trabajo de Claudia Ferrero, la abogada y militante de Apel y del Partido Obrero que representó a la familia fue crucial para lograr estas condenas.

Su alegato desnudó frente a los ojos de los doce jurados las responsabilidades políticas y el entramado de negociados que se cobró la vida de Darío.

Claudia describió frente al jurado la lucha librada desde la Comisión de Familiares y Amigos de Darío Avalos para conseguir el video de las cámaras de seguridad del municipio, que tardó un año y medio en aparecer.

El alegato fue contundente hasta el detalle, al momento de describir el plan criminal y la huida desesperada de los trabajadores frente a la emboscada de la patota, destruyendo la teoría de la “espontaneidad” y el “homicidio en riña” que sostenían los defensores.

“Si resuelven condenarlos por un homicidio en riña, no podremos ir por Walter Leguizamón”, explicó nuestra compañera. El secretario general de la Uocra Lomas de Zamora “fue a defender a los tiros el negocio de las coimas que los empresarios pagan para que el sindicato haga la vista gorda frente a las condiciones de trabajo de los obreros . De cada cien trabajadores de la construcción, diez no vuelven a sus casas. Esa es la verdadera corrupción que mata”.

Anticipándose a los artilugios que la defensa presentaría a su turno, Claudia señaló a los jurados un antecede clave: “si van a buscar antecedentes de casos como éste, se van a encontrar con el de Mariano Ferreyra, por el cual fue condenado José Pedraza”. También denunció a Gerardo Martínez, el jefe de la patota de la Uocra y ex agente de inteligencia de la dictadura militar.

Fue la claridad y la contundencia de la denuncia sobre las responsabilidades de cada uno de los acusados lo que consiguió que el jurado fallará condenando a la patota, a pesar de las maniobras y el desgaste.

Foto: Sebastián Baracco

Los matones que destrozaron la redacción de Tiempo Argentino y los estudios de Radio América actuaron con total impunidad. Fueron desalojados por los mismos trabajadores frente a la inacción policial.

No es la primera vez que Martínez Rojas -supuesto nuevo dueño de la empresa, porque nunca pudo mostrar un documento que lo acredite- irrumpe violentamente. Ya lo había hecho en los estudios de la radio meses atrás.

La cobertura policial y de parte de la fiscalía que recibieron él y sus matones, mientras destruían todo a su paso, es fundamentalmente política. Se condice, claro, con el blindaje judicial que gozan los vaciadores Szpolski-Garfunkel, que embolsaron millones de pesos en pauta oficial durante el kichnerismo y se borraron adeudando salarios y aguinaldos. Por su parte, el nuevo gobierno lleva cumplido medio año de gestión ignorando olímpicamente los reclamos de los compañeros.

La patronal del Grupo 23 -del que formaban parte Tiempo y Radio América- es una rosca que reúne a operadores kirchneristas y macristas. Además de Szpolski y Garfunkel, la integran Darío Richarte y Francisco Javier Fernández. Richarte fue número 2 de la Side en el gobierno de la Alianza y, hasta hace poco, vicerrector de la UBA. Ahora ocupa una de las vicepresidencias de Boca Jrs. en el equipo de conducción de Daniel Angelici, puntero histórico del PRO en los pasillos de Comodoro Py. Y Fernández fue el principal operador oficioso de CFK en el fuero federal.

Este dream team contó con "la inestimable gestión operativa del contador Juan José Galea, que antes y después de ser director financiero de la empresa tuvo un cargo similar en la Side -antes- y en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ahora-" (La Nación, 4/7).

El próximo 14 de julio, los trabajadores de Tiempo y Radio América convocan junto al Sipreba a una marcha a Plaza de Mayo para reclamar seguridad para los trabajadores, castigo a los responsables de los destrozos y que el gobierno aporte los recursos necesarios para que el diario pueda publicarse con normalidad y los trabajadores cobren los salarios de convenio.

Movilicémonos en defensa de los laburantes, contra los vaciadores de ayer y de hoy.

Las elecciones estudiantiles de la UBA, que tendrán lugar a lo largo del segundo cuatrimestre, presentan una gran batalla política. El conjunto de las fuerzas políticas del país intervendrá para definir el destino de las organizaciones estudiantiles, en un cuadro de crisis en la universidad pública.

Macrismo encubierto

Una incógnita del proceso electoral es hasta qué punto impactará el proceso de lucha del primer cuatrimestre, que al calor de la huelga docente movilizó a centenares de miles de estudiantes contra el gobierno de Macri. Esta lucha modificó un escenario que en los últimos años se había caracterizado por el reflujo del movimiento estudiantil. Las agrupaciones “del orden” ligadas al Rectorado, se habían visto favorecidas por ese proceso -los radical-pejoto-macristas de “Nuevo Espacio”, en primer lugar. Es desde ese lugar que montaron sus intentos por recuperar la Fuba, que este año incluyeron hasta la intervención de la IGJ de la mano de Richarte y Angelici.

Frente al nuevo cuadro creado por la irrupción docente-estudiantil, Nuevo Espacio adoptó una política preventiva. Buscó camuflarse como parte del movimiento, concurriendo a las marchas y enarbolando algunas reivindicaciones como el boleto estudiantil. Por sobre todo, evitaron quedar pegados al macrismo y su política de ajuste y tarifazos. Pero este operativo de disimulo choca contra la realidad del ajuste que las propias autoridades y Nuevo Espacio ejecutan al interior de la UBA: la facultad de Yacobitti, Económicas, acaba subir el estacionamiento un 350%; en la de Richarte, Derecho, los posgrados son tan caros que los estudiantes prefieren cursarlos en universidades privadas.

Kirchnerismo(s)

El kirchnerismo enfrenta las elecciones en un cuadro de retroceso y dispersión similar al que atraviesa a nivel nacional. La duda es qué ocurrirá en Sociales, donde su triunfo el año pasado se basó en un frente que reunió desde La Cámpora y Unidos y Organizados hasta La UES, una variante derechista dependiente del Rectorado. ¿Se romperán o seguirán juntos? En las últimas elecciones de consejeros superiores, La UES dio sus votos a la lista de Franja Morada, mientras que La Cámpora se presentó junto a La Mella. Podrían existir variantes intermedias, como una alianza de La UES con el Evita, Miles u otros grupos en peregrinación hacia el massismo. Lo que es seguro es que la fuerza de las asambleas y tomas estudiantiles, de un lado, y la descomposición imparable del kirchnerismo, del otro, plantean objetivamente el desafío de recuperar el centro.

Quien trabaja en sentido contrario es La Mella, que recientemente pugnó por llevar a La Cámpora a la presidencia de la Fuba. Lo que no pudo concretar en Buenos Aires, por la oposición de la UJS-PO, lo hizo en Rosario, formando lista con el Evita en el Congreso de la FUA. Esta semana, el centro de Psicología, que preside junto a El Brote-FpV y Sur, se retiró de la reunión de la Junta Representativa de la Fuba en tándem con el centro K de Sociales. Un boicot contra la organización estudiantil, por parte de agrupaciones cada vez más asimiladas a los bloques políticos patronales. La kirchnerización que propone La Mella es por completo funcional a Franja Morada y el Rectorado, que a lo mejor que podrían aspirar es a una oposición estudiantil entrelazada con los Szpolski, Báez y López.

Nuestra política

La UJS enfrentará estas elecciones como parte de la pelea por poner en pie una dirección socialista y revolucionaria de la juventud. Tenemos el desafío de hacer retroceder a las agrupaciones derechistas ligadas al macrismo y al Rectorado. En simultáneo, derrotar el intento de someter al movimiento estudiantil y a la izquierda a una fuerza en descomposición como el kirchnerismo. Convocamos a todas las agrupaciones que concuerden con esta perspectiva a formar un frente único para presentar listas que expresen este contenido de defensa consecuente de la universidad pública, sus estudiantes y trabajadores. Vamos a la batalla, en las trece facultades de la UBA, para defender, ahora en las urnas, la independencia y la lucha del movimiento estudiantil.

Tabaré Vázquez acelera el ajuste fiscal: aumentan los impuestos al salario, se recortan gastos en educación y se privatizan obras públicas, además de negociar salarios a la baja. Retracción de la economía. Fuerte respuesta obrera.

Durante el último mes el gobierno de Vázquez aceleró la propuesta de un fuerte ajuste fiscal sobre el presupuesto público -que se discutirá en el Parlamento en las próximas semanas-, mediante incrementos de impuestos a los salarios, recortes de gastos en educación y salud, y privatización de las obras públicas. El paquete se completa con una política de rebaja salarial en las negociaciones colectivas que tendrán lugar durante el segundo semestre, donde los gremios de la construcción, comercio e industria deberán enfrentar la unidad de las cámaras patronales y el gobierno.

El marco de este fiscalazo es una retracción imparable de la economía nacional, donde hay una verdadera huelga de inversores: en el último trimestre las inversiones y exportaciones cayeron un 25%, como consecuencia de la deflación mundial de los precios de las materias primas y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Como salida a este cuadro de derrumbe, Vázquez coincidió con Macri en acelerar la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea para abrir mercados a las exportaciones. El Brexit y la disgregación de la UE hundió esa fantasía y profundizó en los últimos días la fuga de capitales y la devaluación.

La crisis golpea las finanzas estatales, cuyo déficit se ha disparado en el último año al igual que la deuda pública. Uruguay entra al circuito de la crisis de deuda y la bancarrota estatal que sacude a América Latina. Cuando aún deben pagarse 7.000 millones de dólares en los canjes de deuda en lo que resta del año, las agencias calificadoras de riesgo Standar’s and Poor’s y Moody’s declararon que el ajuste presentado por el gobierno es insuficiente para mantener el “grado inversor” -una exigencia similar a la realizada a Dilma Rousseff en 2015. Danilo Astori, ministro de Economía, ya anunció que vendrán nuevos recortes al gasto. Quieren impedir un cambio de frente de la burguesía hacia la derecha blanqui-colorada. Por ello, el gobierno del FA se alinea con la política de Temer y Macri para descargar la crisis sobre los trabajadores.

El Frente Amplio

Con un ojo en Brasil, Pepe Mujica afirmó que la bancada del MPP votará “lo que decida Tabaré” en materia presupuestal para garantizar la gobernabilidad. Por otro lado, el anuncio del ajuste despertó una tibia crítica por parte de sectores del Frente Amplio como el Partido Comunista, el PVP y del PS, que en pocos días terminaron acordando la propuesta del gobierno.

Estos mismos sectores proponen medidas contra-cíclicas en oposición a las llamadas “políticas neoliberales” de ajuste del astorismo. Sin embargo, el planteo de la izquierda keynesiana no cuestiona el crecimiento del endeudamiento público y el pago de la deuda externa, ni plantea terminar con los subsidios y exoneraciones al capital ni los impuestos al salario. Es decir, que la ‘distribución de la riqueza’ es un verso. Se trata de una política de rescate estatal al capital contra los trabajadores, cuya intervención tiene como objetivo sostener la ganancia capitalista. La ‘izquierda’ del FA se adapta al viraje derechista del gobierno. Sin embargo, esta adaptación agota los recursos políticos de colaboración de clases del Frente Amplio para hacer frente a los próximos ajustes que inevitablemente la crisis le depara. Como síntoma, el diputado Oscar Andrade, del PC, renunció a su banca para dirigir (contener) el gremio de la construcción que se encamina hacia una lucha de grandes proporciones en las paritarias. Andrade busca cerrar la grieta que se abre entre el movimiento obrero, el FA y el gobierno.

Movimiento obrero

En este cuadro, la dirección del PIT-CNT, la central obrera, votó dos paros generales. El primero se realizó el 29 de junio, con una movilización que conmocionó Montevideo, donde participaron casi 10.000 trabajadores. El segundo se realizará el próximo 14 de julio. Sucede que, por abajo, comienza a irrumpir un proceso de movilización contra los despidos, la rebaja salarial y el ajuste fiscal que se opone por el vértice a la política de Vázquez. Se ha abierto una deliberación en el movimiento obrero sobre las salidas a la crisis. Las direcciones sindicales afines al gobierno marcan el paso, con una orientación programática que exige mayor intervención estatal para que “la crisis no la paguen los trabajadores”. Se trata de un camino sin salida en el marco de bancarrota que envuelve al propio Estado. La deliberación respecto de un programa para enfrentar el ajuste y desenvolver una alternativa anticapitalista y de independencia de clase se encuentra en el centro de las tareas de la izquierda revolucionaria y del movimiento obrero.

La Conferencia Latinoamericana que se realizará en Montevideo el próximo 15, 16 y 17 de julio se inscribe en este cuadro convulsivo que sacude a Uruguay y América Latina.

La paritaria de los obreros del ingenio Tabacal, iniciada en mayo, se encuentra en un punto decisivo. Ante el paro de brazos caídos para rechazar la imposición por la fuerza de un “turno relevante”, que recorta un 37% de los jornales que se les pagan a los obreros, la patronal norteamericana (Seaboard Co.) decidió ir hasta el final con la seguidilla de provocaciones: desalojó a los obreros, estableció su tercer lock-out, anunció el descuento de los días caídos, apretó a trabajadores y denunció penalmente a Martín Olivera, secretario general del sindicato azucarero, y a Simón Tolaba, miembro de la comisión directiva. Ninguna de estas provocaciones logró quebrar la resistencia obrera, que se manifiesta en “aguantes” en el portón de la fábrica.

Este nuevo turno es la culminación de todo un proceso de reformas laborales y productivas que Tabacal viene imponiendo desde hace un par de años, tanto en la fábrica como en el campo -reforzando una tendencia a la reducción del personal. Según el sindicato, solamente en fábrica hay más de 150 trabajadores sin puestos de trabajo definidos; mientras en el campo, la tecnologización del sistema de riego amenaza con reducir drásticamente la mano de obra diez a uno. Los obreros temporarios pasaron a trabajar hasta tres meses menos y, sólo este año, se jubilaron 40 obreros de planta permanente sin que sean reemplazados. El turno relevante reforzará la explotación laboral al reducir el personal que cubre diferentes tareas y sectores. A la par, avanza la tercerización de áreas completas, como transporte y mantenimiento.

Desde que Seaboard compró el ingenio, se perdieron más de 7.000 puestos de trabajo. Tabacal de ningún modo puede invocar una crisis para imponer sus medidas. Está invirtiendo 450 millones de pesos en una nueva planta de biocombustible, que además procesará sorgo y maíz, y para esta zafra espera nuevamente una producción récord.

La encrucijada obrera

Hasta ahora, los obreros levantaron cuatro veces el paro por tiempo indeterminado votado hace mes y medio. Esta orientación es impulsada por la dirección del gremio. Pero, en el tiempo transcurrido, sólo se acrecentaron las provocaciones y la confianza patronal de poder ir a fondo: luego del fracaso en imponer el turno relevante mediante acuerdos individuales, anunció públicamente la aplicación desde el 1 de julio.

Ante este cuadro, el Ministerio de Trabajo provincial convocó a una conciliación desde el 4 de julio, pero no obliga a Tabacal a retrotraer ninguna de sus provocaciones y coloca al gremio y a los obreros en la expectativa de que Seaboard se digne a restituir las negociaciones, en vez de discutir medidas de fuerza. No se puede esperar otra cosa del gobierno que hoy ha militarizado el ingenio en favor de la patronal yanqui.

El conjunto de los militantes del Partido Obrero estamos volcados a reforzar la lucha de los obreros de Tabacal impulsando pronunciamientos obreros y desarrollando iniciativas de solidaridad sobre el pueblo de Orán. Con nuestras bancadas denunciamos el lock-out, exigimos el retiro de la policía de Urtubey del ingenio y la satisfacción del pliego exigido por los obreros. Nuestra concejal Nelly Díaz impulsa una resolución del Concejo Deliberante de Orán en el mismo sentido.

El Brexit arrastró finalmente al Primer Ministro David Cameron, que había ganado holgadamente el año pasado la elección general. La ministra del interior, Theresa May, se convierte en la nueva Primer Ministro de Gran Bretaña. Su candidatura fue la única que quedó en pie luego de un proceso de “descartes” desde el 23 de junio. Logró juntar el apoyo del 60% de los diputados conservadores (BBC, 11/7).

Aunque May respaldó la campaña por quedarse, paradójicamente será quien garantice la “desconexión” con la UE e intente pilotear las crisis abiertas. Su última competidora era Andrea Leadsom, favorable a la salida y por ello candidata “natural” al cargo. Pero Leadsom realizó comentarios controversiales y fue desplazada. May dijo que “Brexit significa Brexit” y descartó un segundo Referéndum.

En un discurso demagógico, May –la esposa de un banquero– dijo que “bajo mi liderazgo, el partido Conservador se pondrá –completamente, absolutamente, inequívocamente– al servicio de los trabajadores” (The Guardian, 11/7). Y recalcó que abriría la discusión para la participación de los trabajadores en las empresas.

Esta declaración –sorprendente en boca de una líder conservadora- muestra la preocupación de la burguesía frente al inmenso malestar de los trabajadores británicos por el descalabro económico. Pero May es en verdad la abanderada de la lucha contra el salario mínimo, de la reforma laboral antiobrera y la reducción de impuestos a los millonarios.

May luchó como ministra por reforzar los controles fronterizos y fue criticada por querer expulsar inmigrantes. El año pasado exigió a la UE que establezca “sitios de refugiados” (verdaderos campos de concentración) en África del Norte para efectivizar el “retorno” (expulsión) de los inmigrantes. Ahora ni siquiera los inmigrantes (trabajadores) europeos están a salvo en Gran Bretaña. May expresa una línea claramente antiobrera.

Una crisis política de conjunto

Boris Johnson, una de las cabezas conservadoras visibles de la campaña por el Leave (irse de la UE), renunció al liderazgo del partido tras no recibir el apoyo suficiente. El fascista Nigel Farage (Ukip) también renunció al partido, luego de encabezar la campaña por el Brexit.

Pero la crisis ha llegado también al partido Laborista. Angela Eagle intenta disputar la dirección del partido a Jeremy Corbyn. De los 230 diputados laboristas, 172 se oponen a Corbyn, sin embargo, el laborismo reclutó 100.000 nuevos miembros desde el Brexit (The Economist, 9/7). La derecha del partido puede dividirlo en caso de no poder barrer con Corbyn, debilitándolo y profundizando la crisis del conjunto del régimen político.

La crisis política abarca tanto a ‘europeístas’ como a ‘nacionalistas’.

Ruptura de Gran Bretaña y Europa

El Brexit ha profundizado todas las tendencias a la disgregación: de la Unión Europea; pero también del propio Reino Unido, dado que Escocia estudia la posibilidad de un nuevo referéndum independentista para unirse a la UE y dado que Irlanda del Norte también podría apartarse del reino, apostando a una reunificación con Irlanda.

Aunque algunos han comparado a May con Thatcher, se trata de su versión devaluada en el cuadro de la bancarrota capitalista.

La renuncia del jefe del bloque de Unidos y Organizados, Germán Noro, sobrino del marido de Milagro Sala, Raúl Noro, fue un cimbronazo político para una organización, la Tupac Amaru.

Noro fue siempre un delfín de punteros políticos peronistas y vivió acomodado en el Estado: pasó por el Ministerio de Salud, fue asesor en el Parlamento jujeño, funcionario en la Municipalidad del Carmen, ocupó un cargo en el Inadi y finalmente accedió a la Legislatura en 2013.

Luego de la renuncia de Milagro Sala a su banca legislativa provincial, para acceder a la que tiene como diputada del Parlasur, Noro ocupó la presidencia del bloque. No sólo resultó llamativa la renuncia, sino su destino. Ha pasado a formar parte del bloque de Marcelo Llanos, otrora aliado al kirchnerismo, hoy aliado al vicegobernador, Haquim.

Este hecho ha provocado el repudio contra Noro y la aplicación del mote de “traidor” por parte de algunos de sus ex compañeros, como el diputado Esquivel, quien declaró: "es fácil llevarse una banca y venderla al mejor postor. Hoy se sienta con los carceleros de Milagro" (El Tribuno, 8/7).

No es el primer diputado del frente Unidos y Organizados que se pasa al oficialismo. Ya lo habían hecho, si bien desde “bloques unipersonales”, el diputado Cayo y el concejal Bejarano, ambos de la organización ODIJ, los primeros en romper con Sala, durante el acampe en plaza Belgrano.

La diputada Mabel Balconte también renunció a Unidos y Organizados luego de su detención por una denuncia de desvío de fondos de la Tupac Amaru. Balconte es hoy una de las principales denunciantes de Milagro Sala, a la que acusa como responsable política de desvíos millonarios, que incluyen las “valijas” de plata hasta la Quinta de Olivos y al propio Máximo K recibiéndolas allá. Del bloque de seis diputados que tenían, hoy sólo quedan tres: Juan Manuel Esquivel, María Ester Mamaní y Ariel Ruarte.

“Nunca fui Tupaquero”. Con estas palabras, se desmarcó el diputado Noro en las entrevistas. En su intento de justificar su alejamiento, planteó que la base política del frente Unidos y Organizados ha desaparecido. “El movimiento Evita se fue hasta del kirchnerismo; Forja se fue del frente, como también Renovación Cívica y La Red de Organizaciones Sociales” (programa “La Balanza”, 8/7). Y también pidió que se realice una auditoría para ver si se realizaron todas las obras que se comprometió la organización y por las que recibió el dinero.

Refundación que no refundó nada

El mes pasado se realizó en la provincia el congreso de “refundación” de la Tupac Amaru. Se proponía discutir como intervenir bajo el nuevo escenario, como volver a “patear” las calles. El mismo se caracterizó por el intento de cubrir con presencia de delegaciones de afuera, las grandes ausencias locales, desde dirigentes políticos del movimiento (Noro estuvo ausente) a los seguidores y militancia de base.

El encuentro terminó votando tibias medidas para reclamar la libertad de Milagro Sala, así como un pedido al Congreso Nacional para que intervenga la Justicia de Jujuy (NdR: el bloque K ya había solicitado anteriormente la intervención federal de la provincia).

Está en discusión como van a seguir funcionando algunas instalaciones de la Tupac, como la bloquera, la fábrica textil, el terciario (este año todavía no comenzó primer año y hay presiones para cerrar carreras). El gobierno de Morales aprovecha la disgregación para cerrar acuerdos con dirigentes con la política del garrote y la zanahoria.

La debacle

Destacamos el rol de la Tupac Amaru, desde que salió a la palestra, como un intento de hacer pasar la “sintonía fina” a los trabajadores en Jujuy (PO N° 1.245).

Esta mención sirve para sacar a relucir el debate acerca del rol que tuvo Milagro Sala y su organización en la provincia, primero como movimiento reivindicativo, luego como un apéndice del Estado que recibía millonarias sumas de manera discrecional. Y, finalmente, como partido político que buscó ser un “tapón” para contener a miles de trabajadores hastiados del bipartidismo que gobernó la provincia durante los últimos 30 años y que la dejaron en ruinas.

A la luz de esta experiencia, decimos que no hay ni puede haber atajos. La salida para los trabajadores y el pueblo jujeño es el desarrollo de una alternativa política independiente. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, ponemos todo nuestro empeño en esta tarea.

La Justicia federal tucumana procesó al ex rector de la UNT, Juan Cerisola, al ex funcionario y ex diputado nacional de la UCR, Luis Sacca y a otros dos funcionarios universitarios más, en la causa en la que se investigan hechos de corrupción con los millonarios fondos que esta universidad recibía de su sociedad con Minera La Alumbrera (Ymad).

Estas noticias causaron una enorme conmoción, sólo atenuadas por los festejos del Bicentenario y el inicio del receso académico.

La Justicia federal tiene esta causa desde hace años. Estos procesamientos se dan el marco de la ola de detenciones de ex funcionarios del anterior gobierno K y las denuncias que involucran a los del actual gobierno.

Estas detenciones se dan en un marco de fuerte división a nivel del cuerpo de decanos y consejeros superiores que reflejan anticipadamente la fuerte lucha que se está desarrollando por la sucesión de la rectora K, Alicia Bardón, entre dos fracciones que se han alineado de un modo general con el macrismo.

Si se tiene en cuenta que la actual rectora era la vice de Cerisola y que Sacca era una de las figuras de la UCR vinculada con la actual conducción radical que encabeza Cano, la crisis de la UNT, no sólo refleja la disgregación y descomposición del gobierno universitario, sino que golpea en la mandíbula al Acuerdo por el Bicentenario, el frente radical-macrista que le disputó la gobernación a Manzur.

La relación mafiosa entre la UNT y La Alumbrera y los casos de corrupción, no han sorprendido a la docencia combativa de Adiunt ni a los sectores combativos del movimiento estudiantil que, desde hace años, vienen denunciando la existencia de estos hechos y que, cuando llegaron a la Justicia, dieron lugar a numerosas acciones.

Este año, en reiteradas oportunidades, Adiunt protestó frente a las puertas del juzgado federal reclamando que se ponga fin a las dilaciones en las diversas causas en las que se investigaban estos delitos, así como también exigiendo ser querellantes en ellas.

Estos procesamientos tienen un carácter limitado, pues se refieren al destino que le dieron a fondos provenientes de la Alumbrera destinados a la obra pública universitaria en un período de tres años (2009-2012) y que fueron investigados por la Sigen. A pesar del carácter limitado de la investigación, el procesamiento de los funcionarios abren una vía para desarrollar una campaña de orden más general, para que se abran las cuentas de la UNT, para que se investigue todo el proceso de asociación de la UNT con la Alumbrera y más que nunca para que se concrete la ruptura del vínculo con La Alumbrera y el reclamo, al margen de lo que pueda desenvolverse en el marco judicial, de una Comisión Investigadora Independiente, elegida democráticamente por docentes, estudiantes y no docentes, que se aboque a la investigación integral de los negociados con los fondos Ymad.

El Ministerio de Finanzas y Hacienda sólo ha pagado la indemnización a 200 ex trabajadores de YPF, sobre un total de 20.000 presentaciones. Esta indemnización corresponde a la ley publicada en mayo de 2015, por el incumplimiento del Programa de Propiedad Participada de parte del Estado. La deuda ya tiene 25 años y se generó cuando Repsol no reconoció sus derechos a los trabajadores cesanteados con la privatización menemista.

El bloque de diputados del PO-FIT, junto a la Coordinadora de Ex Trabajadores de YPF, presentó un proyecto de ley que indemnizaba por 90 mil dólares y que obligó al kirchnerismo, a través de una campaña nacional desarrollada desde agosto de 2014, a reflotar viejos proyectos empolvados. De todo eso resultó la ley 27133, que establece una indemnización parcial.

El ministerio de Prat Gay dice, luego de seis meses de reclamos, que no se puede establecer fecha de pago, colocando el problema en los juicios que obligados por la necesidad, iniciaron los ex trabajadores, a los que se les exige el desistimiento por vía judicial, cuestión que significa más dilaciones y costos por el pago a los estudios jurídicos. Por otro lado, la ley establece en su art. 7º que en los casos que no hicieron juicios, el cumplimiento tiene un plazo de 120 días hábiles, que tampoco cumplen. En la reunión con altos funcionarios del ministerio, que se logró por el anuncio de la Coordinadora de permanecer en el edificio hasta ser atendidos, reconocieron que en más de seis meses sólo pagaron al 1% de los que se presentaron.

Frente al reclamo de que asuman los costos por los juicios iniciados por los ex trabajadores, se excusan diciendo que el Estado no puede hacerse cargo porque es parte en la contienda. Pero dos leyes sancionadas por este mismo Estado reconocen su responsabilidad y, sin embargo, los que deben correr con los costos son los trabajadores. Tampoco responden al pedido de que a cada trabajador se le dé vista de los cálculos de su propia liquidación. El pago de los intereses de los bonos no compensa todas las quitas por la caída de las acciones, por los descuentos ajustados, por la inflación y la devaluación.

Todo en el ministerio es una caja negra que maneja la plata de los compañeros con absoluta arbitrariedad, dictatorialmente.

La Coordinadora y la banca del PO-FIT seguirán movilizándose y realizando todas las medidas para que hasta el último ex ypefiano cobre esta deuda.

En la última semana de junio se realizaron las elecciones de consejeros en la UTN, en las cuales participaron 35.000 estudiantes de las 30 regionales que existen en el país.

La agrupación de la UJS -Cambio de Variable- se presentó por primera vez a nivel nacional para claustro estudiantil (siendo la única lista de izquierda) y obtuvo el 2% de los votos.

El resultado nacional colocó a Franja Morada en primer lugar por un estrecho margen (3%) arriba de la agrupación del rector peronista de la UTN (Feti). Sin embargo, la agrupación del rector Brotto venció localmente en 17 regionales, obteniendo la mayoría de consejeros directivos (locales) para continuar a la cabeza del rectorado para la próxima asamblea universitaria.

La lista del kirchnerismo duro (FTN) logró conservar las regionales que conduce (Santa Cruz, La Plata, Avellaneda y Venado Tuerto) en un marco de denuncias a sus decanos por casos de corrupción asociados a Alicia Kirchner y De Vido.

Como denominador común, en cada regional de la UTN triunfó el aparato de las agrupaciones ligadas a las autoridades locales. Cada bloque "oficialista", tanto de Cambiemos como de FPV, recurrió al ocultamiento de su corriente política detrás de una campaña de "gestión" y "apartidaria".

La izquierda en la UTN

Este año, Cambio de Variable (UJS PO) presentó su propia lista a consejo superior siendo la única lista de izquierda nacional en la UTN. Este logro fue producto de una gran pelea política de la UJS organizada en todo el país para conseguir candidatos de siete regionales distintas (Buenos Aires, Avellaneda, La Plata, Delta, Pacheco, Córdoba y Bahía Blanca), juntar más de 2.000 avales de diferentes regionales y sortear cada maniobra de impugnación de las autoridades.

En su campaña, Cambio de Variable se lanzó a una lucha política marcando la verdadera grieta con las otras cinco agrupaciones pertenecientes al FpV y Cambiemos (Feti, Franja Morada, FTN, Unete y MNR).

Por un lado, estas agrupaciones que siguen la misma receta de ajuste en cada UTN que dirigen (vaciamiento académico, negocios con posgrados pagos, asociación con empresas, trabajo precario bajo forma de pasantía y convenios de corrupción con funcionarios). Por otro, quienes nos organizamos por la triplicación presupuestaria, la defensa de los planes de las carreras tecnológicas y la autonomía universitaria contra los empresarios.

En este debut tuvimos un resultado destacado en las regionales Delta/Campana (segundo lugar), Bahía Blanca (tercer lugar), Avellaneda (cuarto lugar) y una alta votación en General Pacheco. Las sorpresas fueron Mendoza y Resistencia, donde tuvimos una votación significativa a pesar de no estar presentes como agrupación.

A raíz de estos resultados, se plantea el objetivo de convertir a la izquierda y a Cambio de Variable en una alternativa política para los estudiantes tecnológicos. Las votaciones obtenidas deben servir como puntapié al armado de nuevas agrupaciones de Cambio de Variable a lo largo del próximo cuatrimestre. Para este fin es que elaboraremos el primer número de la revista nacional de la UJS "Cambio de Variable" como herramienta de organización y defensa de la UTN en todo el país.

En un país donde los trabajadores percibieron aumentos de salarios del 30% en el mejor de los casos, el gobierno quiso presentar como una concesión graciosa la decisión de que los tarifazos del gas “solamente” lleguen al 400 por ciento. Pero las triplicaciones o cuadruplicaciones de boletas alcanzan también a la luz y al agua. Para muchas familias, la suma de todos estos servicios se acerca a sus ingresos mensuales. Por ese motivo, la llegada de boletas de gas con aumentos del 700 ó 1.000 por ciento generó una verdadera conmoción. Las oficinas de Metrogas y otras distribuidoras fueron el escenario de mitines espontáneos. A la amenaza de un defol popular en el pago de las boletas, se sumó la posibilidad de una rebelión todavía mayor cuando los privatizadores se dispusieran a cortar los servicios impagos. De cara a ese horizonte turbulento, la improvisada echada de lastre del gobierno es una tentativa de poner a salvo al conjunto de los tarifazos.

Como nunca antes, emergió el verdadero alcance del ajuste que ejecutan el macrismo y los gobernadores, y que empuja a un retroceso histórico en las condiciones de vida de los trabajadores. “O pagamos el gas o comemos”, la pancarta que apareció en varios de los últimos frazadazos, resume el meollo de la cuestión. Pero las idas y vueltas oficiales en torno de esta crisis sacaron a luz otra cuestión de fondo: los límites políticos de los ajustadores para alcanzar sus objetivos. Al gobierno no le alcanzaron los decretazos de Aranguren. Tuvo que apelar a maniobras políticas, por temor a una rebelión popular.

Justicia

Este cuadro político explica la intensa intervención de la Justicia, desde los juzgados de provincia hasta la propia Corte. No son los fallos los que desataron la crisis, sino al revés. Fue la Justicia la que tuvo que arbitrar, ante una crisis que ponía en cuestión la autoridad del Estado para llevar adelante el ajuste. Ahora, la Corte ha dispuesto un “pedido de datos” al gobierno, postergando cualquier resolución para agosto. En el ínterin, el gobierno tratará que se revierta el fallo de la Cámara platense que suspendió los aumentos, en nombre de que las medidas oficiales de “atenuar” el tarifazo dejarían sin sustento la determinación de los jueces. El gobierno también aceptó realizar una audiencia pública hacia octubre, algo que también reclamó la Justicia y cuya concreción el gobierno pretendía evitar, para no someter el tarifazo a una deliberación política. De todos modos, las audiencias no son vinculantes, por lo que no podrán torcer el rumbo de los aumentos confiscatorios. Su concreción servirá para superar las objeciones de la Justicia y legitimar los tarifazos. Según La Nación del 9 de julio, esta salida fue pactada entre Macri y Lorenzetti, mientras engullían empanadas tucumanas en los festejos bicentenarios. La Corte, por lo tanto, sale a garantir la “gobernabilidad” del ajuste. Es lo mismo que hicieron Massa y otros opositores, que amenazaron con iniciativas legislativas para suspender los aumentos y terminaron aplaudiendo de pie al tarifazo de “sólo” el 400 por ciento. Mientras tanto, el kirchnerismo y el pejota patalean por el gas, cuya tarifa es nacional. Pero no dicen una palabra de los tarifazos eléctricos o del agua, que sus diferentes gobiernos concedieron a las distribuidoras provinciales.

Rescatar a quién

Los apologistas del tarifazo aducen que ya no existen condiciones para “seguir subsidiando el consumo de energía”. Con ello, mienten por partida doble. Primero, porque los subsidios y tarifas bajas del kirchnerismo sólo viabilizaron salarios bajos, ello, en beneficio de los patrones que los pagaban. Segundo, porque los actuales tarifazos están dirigidos a subsidiar a los monopolios petroleros y gasíferos, que obtienen por los recursos extraídos precios muy superiores a los internacionales. CFK-Kicillof primero y Macri-Aranguren después, reconocieron a los productores de gas un precio que duplica -y en algunos casos triplica- a los valores de referencia en la región. Este esquema de rescate a los capitalistas se ha acentuado con el desplome de los precios internacionales de los hidrocarburos. Un capítulo particular de este salvataje es la propia YPF, responsable del 30 por ciento de la producción local de gas, y que acumuló una deuda de más de 7.000 millones de dólares para financiar sus fracasadas aventuras con Chevron. El tarifazo apunta también a afrontar esa enorme hipoteca.

El kirchnerismo antes y el macrismo ahora han impuesto una estatización “sui generis” y parasitaria de la actividad petrolera, donde los recursos públicos y los consumidores sostienen a quienes vaciaron las reservas de petróleo y gas a lo largo de décadas. A ese rescate estatal de los pulpos, nosotros le oponemos el rescate del patrimonio energético del país a costa de los vaciadores: que se abran los libros de las empresas, que se investiguen todas las operaciones de desvíos de subsidios en estos años.

Para justificar los tarifazos, el gobierno ha levantado el espantajo de la escasez de gas, acusando a los trabajadores de “derrochar energía”. Pero el despilfarro de recursos es inseparable de la gestión capitalista, que, por ejemplo, subsidia la depredación minera -hiperconsumidora de energía-, mientras victimiza a la población. La crisis actual exige una planificación de la energía en función de los intereses de la mayoría, lo que plantea la renacionalización integral de los recursos bajo control obrero.

En su defensa de los aumentos, el gobierno tampoco se privó de un argumento “kirchnerista”: los que recibieron boletas de 3.000 ó 4.000 pesos, dice, serían privilegiados… frente al 40 por ciento de la población que no tiene gas de red. Pero, ¿qué hizo el gobierno por la masa popular que consume gas de garrafa? Solamente llevarla a precios prohibitivos, mientras ofrece una garrafa “social” a cuentagotas y de dudosa calidad. Es necesario exigir a los Estados, en todos sus niveles, la provisión de garrafas a 50 pesos para las barriadas. Este reclamo, junto a la anulación definitiva del tarifazo y la auditoría integral a los pulpos petroleros, está presente en el proyecto que los diputados del PO-FIT presentaron en el Congreso.

Iniciativa de lucha

A la luz de todo este cuadro, es claro que la derrota del tarifazo exige una enérgica iniciativa de lucha. Los Moyano, Caló y compañía han desertado de ella de antemano: cuando las patronales de los servicios públicos condicionaron la marcha de las paritarias a la convalidación de los tarifazos, las burocracias sindicales consintieron y fueron cómplices. De todos modos, los trabajadores petroleros o del transporte recibieron sólo las migajas de los aumentos tarifarios.

Una vez más, tenemos planteada la necesidad de una acción independiente de los burócratas y de los partidos del ajuste. Con este planteo, nos movilizamos el pasado martes a los Tribunales y también lo hicimos en varias otras capitales del país. Esa lucha debe unirse al conjunto de reivindicaciones en juego, como la reapertura de las paritarias, el fin de los despidos y del impuesto al salario. Con ese objetivo, proponemos al conjunto del sindicalismo clasista, a las organizaciones de desocupados independientes del Estado y a los centros y federaciones estudiantiles de lucha, concretar una gran movilización contra el tarifazo y por todas las reivindicaciones en juego, que resulte precedida por asambleas, actos y agitaciones en todos lados. También en esta lucha es necesario que los trabajadores y la izquierda se conviertan en alternativa.

Foto: Nacho Smith

El movimiento de derechos humanos perdió a uno de sus mejores luchadores. Enrique “Cachito” Fukman fue hallado muerto esta mañana en su casa. Tenía 59 años. Todavía se desconocen las causas de su fallecimiento.

Cachito -como lo llamábamos todos- fue uno de los fundadores de Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, junto a Adriana Calvo y el “Sueco” Carlos Lordkipanidse, su compañero más inseparable. El “Sueco” y “Cachito” compartieron cautiverio en la Esma.

Militante de tiempo completo, su papel como articulador del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia será difícil de reemplazar. Fue un defensor intachable de la independencia del movimiento de derechos humanos frente al Estado, desde la ruptura con los organismos cooptados por el kirchnerismo en 2006 hasta el último 24 de Marzo, en el que se puso al frente de la columna del EMVyJ independiente de los K. Cada 24, durante todos estos años, lo tuvo como uno de sus principales organizadores. Los luchadores de todo el país lo quisieron entrañablemente. Llevó su solidaridad y su apoyo a cada pelea de los explotados. Una de sus últimas participaciones fue durante el juicio por el crimen de Darío Avalos, en Lomas de Zamora. Allí escribió un comunicado firmado por los organismos de derechos humanos que fue clave para desbaratar las maniobras de los defensores de la patota de la Uocra.

“Cachito” militó en la JP Montoneros. Lo secuestraron el 18 de noviembre de 1978 en Avenida La Plata y San Juan, y lo trasladaron a la Esma. Lo liberaron recién el 18 de febrero de 1980.

Tras largos meses de torturas sin doblegarse, uno de sus verdugos lo citó. “Esto no puede ser, que vos no conozcas a nadie que podamos chupar”, le dijo. Los milicos se convencieron de que lo podían “recuperar”, como llamaban en la jerga a quienes creían que podían hacer colaborar con ellos. Lo mandaron a trabajar a la “pecera” de la Esma, donde los compañeros secuestrados eran sometidos a trabajo esclavo. Allí continuó su resistencia contra la dictadura. Apenas liberado, fue uno de los más activos luchadores por el juicio y castigo a los genocidas.

Fue testigo en el Juicio a las Juntas en 1985, atestiguó en 1997 ante el juez Baltazar Garzón y fue querellante en la causa contra Ricardo Miguel Cavallo que se tramita en España. Cuando se reabrieron los juicios en el país, jugó un rol excepcional como testigo, como querellante, como luchador denunciando sistemáticamente delante de sus propios verdugos, las atrocidades cometidas por los genocidas.

En la “megacausa” Esma, su caso fue juzgado en 2010, pero continuó declarando como testigo en otros tramos.

Asistió a todos los juicios, declaró cuantas veces fue necesario.

Compañero y amigo, te despedimos con el puño en alto.

Hasta la victoria. Siempre.

sí calificó Mauricio Macri a los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América durante una entrevista que brindó en Berlín a la prensa argentina, en el marco de su gira por la Unión Europea.

Consultado por el ataque que sufrieron los trabajadores del ex Grupo 23, Macri afirmó “me alegra que la Justicia esté interviniendo, como también intervino antes para pedir el desalojo del edificio. O sea, está mal cualquier tipo de usurpación. Me parece peor todavía con el ejercicio de la violencia, pero claramente nadie tiene derecho a usurpar lo que no es de uno” (La Nación, 7/7). Repreguntado si se refería a los periodistas que vienen sosteniendo la continuidad del medio, contestó “claro, claro”.

Las definiciones de Macri finalmente explican la complicidad policial con la patota de Martínez Rojas, el supuesto nuevo dueño del medio. La custodia franqueó el paso a los matones, que durante largas horas se dedicaron con total impunidad a destruir todo a su paso. La fiscal no quiso mover un dedo. Fueron los mismos trabajadores los que finalmente los desalojaron.

El aserto presidencial también explica por qué el gobierno hace oídos sordos a los reclamos de los laburantes y les retacea el desembolso de 82 millones de pesos de pauta oficial adeudados al ex Grupo 23 para cubrir los salarios, aguinaldos e indemnizaciones que Sergio Szpolski dejó impagos cuando se borró. Ahora, la Afip revela que Szpolski además evadió durante años el pago de cargas sociales de sus trabajadores, acumulando una deuda previsional de 85 millones de pesos. Junto al caso de Cristóbal López -que se financiaba guardándose el IVA- son dos exponentes del parasitismo de la “burguesía nacional” reconstruida por el kirchnerismo.

Pero los dichos de Macri apuntan más allá todavía. Conllevan toda una advertencia, en momentos que la crisis coloca nuevamente la ocupación de toda planta que cierre o despida en el orden del día. Incluso en casos como el de Tiempo, cuando el vaciamiento empresario es evidente y archiconocido.

La Cámara de Diputados aprobó por 197 votos la llamada “ley de autopartes”, que otorga beneficios fiscales a las terminales automotrices y de maquinarias agrícolas que compren autopartes nacionales. Los únicos votos en contra fueron los de los diputados electos por el Frente de Izquierda. Nuestro bloque presentó su propio dictamen, que establece todo un programa en defensa de los puestos de trabajo y la producción. El proyecto impulsado por el

Smata, en cambio, reunió el apoyo de todos los bloques patronales.

En concreto, la ley aprobada por Diputados prevé un régimen de incentivos y premios a los empresarios de las terminales automotrices. Los gerentes de VW de Córdoba lo consideraron “conveniente porque nos da más competitividad”. En criollo, aumenta las ganancias de la empresa, sin agregar ningún empleo ni proteger los puestos actuales. La estabilidad de los trabajadores queda relegada a un “compromiso” de las patronales que adhieran voluntariamente, en la línea del acta que Macri firmó con las grandes patronales antes del veto de la ley antidespidos.

Las empresas apuntan a bajar los costos laborales mediante ritmos de producción más intensos y reducción de salarios. Existe una tendencia generalizada a reemplazar a los compañeros con mayor antigüedad y calificación por otros más jóvenes, en condiciones precarias y salarios menores. El proyecto premia a las patronales que incorporen nueva tecnología, pero las innovaciones tecnológicas, si no son compensadas con un aumento de los volúmenes de producción, se traducen en nuevos despidos.

Industria concentrada

El proyecto del Smata está revestido con el argumento de proteger la producción nacional. Sin embargo, en la industria autopartista, la producción mundial se concentra cada vez más en manos de diez grandes empresas (entre las que se encuentran Pilkington y Lear, por ejemplo), que dominan el mercado y fijan los precios de comercialización. La producción automotriz, por lo tanto, es una plataforma integrada: las multinacionales deciden dónde y cómo producir en función de las ventajas arancelarias, cambiarias, impositivas, laborales y logísticas que obtienen en cada país del Mercosur.

Durante el debate parlamentario, Néstor Pitrola defendió un dictamen propio, que plantea la prohibición de los despidos hasta 2017 con garantía sumarísima de reinstalación; la reducción horaria sin afectar el salario. La apertura de los libros de las empresas bajo control de una comisión obrera electa, que puede coincidir o no con su representación sindical, y de las cuentas de las financieras dependientes de las automotrices, que muchas veces son el vehículo para el lavado de ganancias.

Ante el estado crítico de la industria automotriz: garantizar la continuidad bajo gestión obrera y que las patronales respondan con su patrimonio personal, el reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario y la reconversión de la fabricación de vehículos de transporte público y vagones ante la caída de la venta de autos.

El último acuerdo firmado por Jorge Avalos y Claudio Vidal -secretarios de los sindicatos del Petróleo y del Gas Privado de Chubut y Santa Cruz- significó un aumento del 30% y una suma fija de 20.000 pesos, ambos en cuotas, incluyendo a los suspendidos -que son allí alrededor de 1.400. Se firmó luego de anunciar un paro con piquetes y con la gendarmería en los yacimientos. Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, firmó previamente, con el Ministerio de Trabajo, también del 30%, con una suma fija menor (15.000 pesos), excluyendo a los suspendidos por baja de equipos y atado a la productividad. Para firmar estas resoluciones, Pereyra dividió el paro nacional del 27 de junio, reduciéndolo en su cuenca a 24 horas.

Este último acuerdo era inaceptable para los trabajadores de Chubut y Santa Cruz, que venían de huelgas como la del 6 de mayo, en el que paró toda Comodoro Rivadavia y logró la suba de equipos de PAE. La burocracia del sur patagónico llegó a un acuerdo algo más presentable.

También se quitó el condicionamiento explícito, por productividad y hay un compromiso no escrito de pagar los días caídos. Hasta aquí el lastre que tiraron el gobierno y las petroleras, y lo que pudo presentar la burocracia “nacional y popular” como un avance.

El aumento se percibe en tres cuotas, es 30% sobre el básico y algunos ítems. En julio se cobrará un 18%, la última cuota recién en enero de 2017 y la de la suma fija en octubre. Además quedó vigente la resolución que forma una comisión de empresas y sindicatos para aplicar la productividad en 30 días. El confuso “compromiso” de no despedir está unido al de “competitividad” de las empresas. Además sólo firmaron el acuerdo las operadoras y no la cámara que agrupa a las contratistas: habrá despidos no sólo por goteo.

El acuerdo es hasta el 31 de diciembre. El mismo Avila anunció que después de esa fecha el gobierno tiene la intención de ir al “libre mercado”. Ya los “viejos” de Oleosur, en Las Heras, están nuevamente en lucha, por despidos. Tanto la burocracia sindical macrista, como la kirchnerista, es incapaz de llevar adelante la lucha contra el ajuste de Macri.

Más que nunca, asambleas para anular las resoluciones. No a los acuerdos a nuestras espaldas, decidamos los trabajadores. Aumento salarial del 40% de bolsillo al básico, no a los despidos y las suspensiones, abajo el “proceso de reestructuración productiva”.

Hasta el momento, en AGR-Clarín llevamos recolectados 54 aportes y seguramente superemos los 60. Es una campaña financiera popular, con decenas de trabajadores conscientes del rol que ha jugado el Partido Obrero en la organización de la fábrica y en la lucha del movimiento obrero, y ha contado con la colaboración de la comisión interna para su recolección.

Nuestro método fue hacer una campaña más masiva que en años anteriores, exponiendo el problema a equipos de máquinas enteros, mostrando la diferencia con el sostenimiento de los partidos patronales, que se mantienen con fondos de los narcos (efedrina) y los grandes empresarios, para quienes, en definitiva, finalmente gobiernan. Y planteando la necesidad de sostener al Partido Obrero.Luego de hablar con grupos de compañeros, se establecieron compromisos individuales que, en muchos casos, fueron superados con creces.

Destacamos la conciencia y la solidaridad de las decenas de compañeros que aportaron, muchos de los cuales se anotaron para aportar mensualmente, ya que aprovechamos la campaña, para explicar la necesidad de sostener al Partido Obrero cotidianamente. Saludamos esta expresión de conciencia y solidaridad de los compañeros. Todavía no llegamos a toda la fábrica, la seguiremos recorriendo para la recolección de aportes.

En todos los lugares de trabajo y estudio donde el PO tiene una presencia dirigente se debe extender este método “popular” de campaña financiera, para que todos los trabajadores vayan tomando en sus manos la necesidad de construir y sostener a nuestro propio partido.

Clara Zetkin nació el 5 de julio de 1858 en la Baja Sajonia. Protagonista de medio siglo de historia del socialismo y de la clase obrera; constructora de la II y de la III Internacional; amiga de Engels, de Luxemburgo y de Lenin, durante su vida Zetkin vio nacer y hundirse varios mundos.

Zetkin interviene en la creación de la II Internacional, en París. Participa en la elaboración de los documentos y como delegada de las socialistas berlinesas. En su informe al Congreso fundacional (1889) define como impostergable ganar las obreras al socialismo y exige que los partidos socialistas asuman la lucha por los derechos políticos de las mujeres.

Es época de un desarrollo importante del movimiento sufragista, integrado por mujeres de las clases acomodadas cuyas exigencias “no van más allá de la igualdad política y jurídica con sus padres, hermanos, maridos”.

La II Internacional imprime una orientación de clase a la lucha por los derechos políticos de la mujer. El voto femenino, proclama, debe incorporarse al programa de la socialdemocracia como la lucha por la igualdad salarial o la protección de la madre obrera (licencia por parto, lactancia, etc.). Esta posición genera resistencias. Dice Zetkin: “La II Internacional toleró que las organizaciones inglesas lucharan durante años por la introducción de un derecho de voto femenino restringido... permitió que el partido belga y, más tarde, el austríaco se negasen a incluir, en las grandes luchas por el derecho de voto, la reivindicación del sufragio universal femenino” (“Directrices para el movimiento comunista femenino”).

“La Igualdad” y el Día de la Mujer Trabajadora

En 1890, Zetkin vuelve a Alemania. Durante 25 años será la directora del periódico de las socialistas Die Gleichheit (“La igualdad”), que pasa en una década de 4.000 a 100.000 ejemplares. Hasta la I Guerra Mundial, participa en todos los congresos de la II Internacional impulsando los derechos de la mujer y combatiendo el creciente reformismo de la socialdemocracia.

En 1907, la I Conferencia de la Internacional Socialista de Mujeres elige un secretariado internacional, que encabeza Zetkin. Las norteamericanas proponen fijar un Día de la Mujer Trabajadora. En la siguiente Conferencia (Copenhague) se vota su carácter internacional. Años después se fijará el 8 de marzo como una fecha de origen socialista y proletario. No feminista. No de conciliación de clases.

Las sufragistas

Zetkin suele ser definida como “feminista socialista”, confusión que revela un desconocimiento total de sus posiciones. Dice Zetkin: “La lucha de emancipación de la mujer proletaria no puede ser una lucha similar a la que desarrolla la mujer burguesa contra el hombre de su clase; por el contrario, la suya es una lucha que va unida a la del hombre de su clase contra la clase de los capitalistas (...) El objetivo final de su lucha no es la libre concurrencia con el hombre, sino la conquista del poder político por parte del proletariado. La mujer proletaria combate codo a codo con el hombre de su clase contra la sociedad capitalista (...) ¿Cuáles son las conclusiones prácticas para llevar nuestra agitación entre las mujeres? (...) El principio-guía debe ser el siguiente: ninguna agitación específicamente feminista, sino agitación socialista entre las mujeres. Nuestra agitación entre las mujeres no incluye tareas especiales. Las reformas que se deben conseguir para las mujeres en el seno del sistema social existente ya están incluidas en el programa mínimo de nuestro partido (…) La inclusión de las grandes masas de mujeres proletarias en la lucha de liberación del proletariado es una de las premisas necesarias para la victoria de las ideas socialistas, para la construcción de la sociedad socialista”.

Contra el reformismo

En la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Basilea (1912), Zetkin es la vocera revolucionaria contra la guerra que se avecina: “Las mujeres socialistas de todos los países, en unión inseparable con la Internacional Socialista, combaten contra la guerra. La guerra moderna significa destrucción y matanzas masivas. Pero la guerra sólo es la extensión de la matanza que el capitalismo desata a toda hora todos los días contra los proletarios (…) El conflicto armado amenaza destruir todo los que las madres enseñan a sus hijos sobre la solidaridad y la comunidad internacional. Las mujeres pueden instilar en sus hijos profundos sentimientos contra la guerra, pero esto no significa que las mujeres no quieran hacer sacrificios. Saben que es necesario luchar y morir en la lucha por la libertad. La batalla contra la guerra, igual que la batalla por la libertad, no puede librarse sin las mujeres”. Clara Zetkin concluye su discurso en un grito que taladra la conciencia de la época: “Kriegdem Krieg” (Guerra a la Guerra). Se colocaba en la vereda opuesta de la socialdemocracia, pasada al campo de las burguesías nacionales.

La guerra también trastorna al movimiento sufragista. Inglesas y francesas, infladas de patriotismo, actúan como fuerza de choque contra los mitines pacifistas o derrotistas revolucionarios. Emmeline Punkhurst y otras británicas viajan a Rusia durante el gobierno de Kerenski a hacer propaganda contra los bolcheviques.

La III Internacional

Zetkin es fervorosa defensora de la revolución de Octubre y una de las fundadoras de la Liga Espartaquista. Pero las jornadas revolucionarias de enero de 1919 concluirán con el asesinato de sus más entrañables camaradas: Luxemburgo, Liebknecht y Jogiches y la muerte de Franz Mehring. En 1920, Zetkin viaja por primera vez a la URSS. Comienza un diálogo con Lenin que cristalizará en las tesis sobre la cuestión de la mujer que fueran presentadas al III Congreso del Komintern.

El Tercer Congreso (1921) consolidó las concepciones marxistas sobre la emancipación de la mujer y su papel en la lucha por el socialismo. Zetkin, respaldada por Lenin y Trotsky, redacta esas resoluciones. Las tesis -discute con Lenin- “deben subrayar con rigor que la verdadera emancipación de la mujer solo es posible a través del comunismo. Es preciso esclarecer profundamente el nexo indisoluble entre la situación de la mujer como persona y miembro de la sociedad y la propiedad privada sobre los medios de producción. Así delimitaremos con toda precisión los campos entre nosotros y el movimiento burgués por la ‘emancipación de la mujer’”.

E insiste: “Una comunista es miembro del partido tanto como el comunista. Tienen los mismos derechos y deberes.

Sin embargo, no debemos cerrar los ojos a los hechos. El partido debe contar con organismos (comisiones, comités, secciones o como se los quiera llamar) con el objetivo específico de despertar a las amplias masas de mujeres” (ídem). Zetkin celebra el despertar de “miles de campesinas pobres y obreras (…) que han comenzado a rebelarse contra el doble yugo del hombre y del capital”.

Zetkin está al frente del secretariado para el trabajo entre las mujeres de la Komintern, pero la muerte de Lenin y la creciente burocratización de la URSS debilitan hasta la extinción al Movimiento de Mujeres Comunistas. Comienza a ser una figura decorativa a la que, en 1928, León Trotsky define como “una vieja señora respetable (la que en otro tiempo fue Clara Zetkin)”, víctima del método favorito de Stalin: “confiar las tareas indignas a personas de una dignidad indiscutible”.

La anciana honorable guarda para su vida un cierre a toda orquesta: el 30 de agosto de 1932, enferma y medio ciega, inaugura las sesiones del Reichstag en su condición de legisladora más anciana. Enfrente de Goering y 50 nazis uniformados, reclama “un frente proletario entre comunistas y socialdemócratas contra el nazifascismo” (Stalin señalaba como enemigo principal a los socialistas) y expresa su esperanza de “dar inicio, como miembro más antiguo, al primer congreso de consejos obreros de la Alemania soviética”.

El ascenso de Hitler la devuelve a la URSS, donde muere el 22 de junio de 1933.

El sábado 16 de julio se dio un gran impulso a la estructuración del Plenario de Trabajadoras en la Zona Norte. Desarrollamos el curso de la opresión y lucha de la mujer trabajadora con más de 60 compañeros. Contamos con una de las fundadoras de la agrupación de mujeres del Partido Obrero, Olga Cristóbal, como oradora. El curso hace un repaso por la historia del lugar que ocupo la mujer. Comenzando en las primeras sociedades primitivas donde surge el matriarcado. Una relación social que le daba un protagonismo a la mujer en cada clan y presentaba una maternidad social y colectiva.

A medida que las sociedades comienzan a dividirse en clases sociales por la aparición de un excedente en la producción, la mujer sufrirá un ataque feroz sobre su lugar en la sociedad. Durante los siglos medievales serán perseguidas y asesinadas gran cantidad de mujeres. El cristianismo entiende que la mujer es el diablo. Es la que origina el pecado. Con la avanzada de la revolución francesa las mujeres van al frente exigiendo pan. Entrado el capitalismo la mujer sufrirá una doble opresión. Ira a trabajar a la fábrica por un salario menor al del hombre y trabajara además en las tareas domésticas.

La gran conclusión del curso es que la génesis de la opresión de la mujer es el surgimiento de la sociedad de clases. Se entiende entonces que su liberación será cuando se supere la sociedad de clases. Los trabajadores del INTI, los jóvenes, docentes y vecinos de los barrios que estuvieron presentes se fueron con muchas iniciativas para organizar a las mujeres por todas las reivindicaciones y para luchar contra el ajuste de Macri y los gobernadores. Comenzamos así una gran campaña hacia Rosario.

El gobierno anunció una supuesta “inversión” de los Bulgheroni, dueños de Pan American Energy (PAE), por 1.400 millones de dólares, destinada a la exploración y producción de hidrocarburos en varias cuencas del país. ¿Por qué supuesta? Porque lo que recibirán como subsidios, sólo en 2016, supera a esa cifra. En el portal Informador Público, Alieto Guadagni explica que el gasto en el que incurre el Estado para subvencionar a estas petroleras supera por amplio margen al invertido en cuatro millones de Asignaciones Universales por Hijo, en 2016. Bulgheroni ha sido el principal impulsor entre los privados de una “ayuda” estatal millonaria al sector; para ello, se calcula que el Estado desembolsará entre 3.500 y 5.000 millones de dólares en 2016.

Una de las primeras medidas de Macri fue renovar el sobreprecio en gas y petróleo para los pulpos petroleros, que ya les otorgaba el gobierno de Cristina Kirchner. Todo sustentado con el tarifazo en el gas y la nafta. Macri echa la culpa de la crisis energética y el tarifazo al “derroche” de la población mientras sostiene a los parásitos petroleros, que vaciaron el país de los recursos naturales, fugaron divisas y son responsables de la pérdida del autoabastecimiento. Con los Bulgheroni forman una gran familia, de la que Mario Das Neves, gobernador de Chubut, es el padrino. Ambos están involucrados en una causa, junto con De Vido por coimas en la extensión de la explotación del principal yacimiento del país: Cerro Dragón, ubicado en esa provincia. No nos olvidemos tampoco, que Das Neves mantiene una muy buena relación con Massa.

Por otra parte, PAE ha bajado la actividad de sus yacimientos. Los trabajadores petroleros tuvieron que parar Comodoro Rivadavia, junto con los demás trabajadores de la ciudad, para que PAE subiera (pusiera a funcionar) algunos los equipos, por los que se había comprometido, cuando en febrero Macri le dio el subsidio millonario. Y aún hay muchos trabajadores suspendidos con rebaja salarial del orden del 50%.

El anuncio de las falsas inversiones aparece en medio del cacerolazo contra el tarifazo, como una forma de contener la creciente bronca popular contra el gobierno.

Abajo el tarifazo, por una industrialización e inversión real, que se abran las cuentas de los pulpos petroleros, hay que sacarle el control a los capitalistas y su saqueo de recursos y divisas, la industria petrolera debe nacionalizarse bajo control obrero y así invertir genuinamente

Los docentes de Merlo que trabajan para el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Fines) se movilizaron el viernes 14 de julio para alertar que el ajuste del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal pone en peligro la continuidad del programa educativo.

En principio, la alarma se enciende porque en Merlo no hay un cronograma de inicio de clases, ni de actos públicos, ni sedes confirmadas para el segundo período. Son alrededor de 700 los docentes afectados por esta situación que empeora la precarización laboral sufrida durante el gobierno kirchnerista.

Los programas especiales como el Fines imponen contratos basura que ignoran los derechos contemplados en el Estatuto Docente. Se violenta la estabilidad laboral, la antigüedad, la desfavorabilidad, las licencias por enfermedad, embarazo, examen, entre otros.

La modalidad flexibilizadora habilitó el manejo de los programas como prebenda de clientelismo político, y la adjudicación del orden de mérito es arbitraria y queda en manos de los punteros locales.

El intendente Gustavo Menéndez intenta cooptar la movilización docente porque está en juego la caja de los programas. Muchas de las comisiones se desarrollan en las Sociedades de Fomento que, tras la derrota de Raúl Othacehé, se alinearon con Menéndez. El discurso progre de "llegar desde otro lugar" encubre el funcionamiento de las comisiones en lugares carentes de condiciones y a merced de los punteros. Legitima además el ajuste en educación, ya que el Estado se ahorra garantizar la apertura de las escuelas en el turno noche y el nombramiento de los auxiliares y directivos necesarios.

Estas modalidades de contratación son un retroceso en las condiciones laborales de todos los trabajadores de la educación. Su implementación contó con la complicidad de la conducción Celeste del Suteba adaptada al gobierno kirchnerista y que ahora busca lavarse la cara. La reciente sindicalización de los docentes de Fines, de cara a las elecciones del Suteba en 2017, no exime a la Celeste de su responsabilidad en el avance de la precarización educativa.

Frente al ajuste de Macri-Vidal está planteada una lucha de conjunto de toda la docencia. El Plenario Provincial de Delegados con mandatos de escuela, impulsado por las seccionales multicolor del Suteba, resolvió el no inicio con paro de 48 horas por reapertura de paritarias y todos los reclamos pendientes. Llamamos a los docentes de los Fines a sumarse a esta lucha.

El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, anunció que el gobierno impulsará una Ley Nacional de Mecenazgo que tomará de modelo la vigente en la Ciudad de Buenos Aires desde hace siete años. Esa legislación porteña permite descontar de impuestos los “aportes a emprendimientos culturales”. Como antecedente se encuentra un proyecto muy similar presentado en setiembre de 2015 por los diputados Alejandro Abraham y Anabel Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria. Toda una continuidad también en este plano.

Aún no se conoce el texto del proyecto macrista, pero La Nación (17/6) adelantó que se dará prioridad a la figura del “patrocinador” por sobre la del “benefactor”. La primera descuenta de impuestos el 50% de lo transferido al proyecto artístico y, a cambio, el aportante queda autorizado a publicitar su aporte. El “benefactor”, en cambio, podrá descargar de sus impuestos el 100% de su contribución y permanecerá en el anonimato.

En la Ciudad de Buenos Aires, desde 2007, la Ley de Mecenazgo autoriza a las empresas a descargar de Ingresos Brutos hasta el 10% de sus contribuciones a proyectos culturales. En 2015 se descontaron de impuestos, en total, 200 millones de pesos (La Nación, 25/4). Entre las compañías aportantes figuran Mercedez Benz, que ya tiene asignada una sala en el Museo Nacional de Bellas Artes; la fundación American Express y la del Banco Itaú, entre otras. Desde tiempo atrás esos pulpos “se entusiasman en el impulso de una ley nacional de mecenazgo” (El Cronista, 15/4/15).

Aquella ley, aprovechada y exprimida por la gestión macrista en la Ciudad, fue aprobada cuando Jorge Telerman era jefe de Gobierno. Telerman, empresario de la cultura y miembro de la banda responsable de Cromañón, es director del Complejo Teatral Buenos Aires (pasó del estalinismo al centroizquierda, luego al duhaldismo, al kirchnerismo y ahora al macrismo) y sostiene desde hace muchos años que la cultura debe producir “beneficios económicos, no sólo goce espiritual” (radar, 17/oct/1999).

La Ciudad de Buenos Aires es, por el momento, el único distrito del país que tiene una ley de mecenazgo. En ella, la alícuota que se puede descargar pasó del 2 al 10% en 2015, medida saludada por los capitalistas de la cultura. “Instituciones como el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y la Fundación Proa, son algunos de los más reconocidos receptores de esos fondos” (El Cronista, 15/4/15). El consejo que regentea la aprobación de proyectos a ser financiados se elige a dedo -es decir, lo eligen los propietarios del negocio.

Bajo este régimen, asimismo, el Estado deriva en el mecenazgo privado acciones que le son propias, determinando que sean las empresas las que regulan las acciones culturales y se constituyan como transmisoras de ideología (Prensa Obrera, 3/12/15).

Fondo Nacional de las Artes y los bancos

La nueva presidenta del Fondo Nacional de las Artes (FNA), Carolina Biquard, es la esposa del titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, lo cual sugiere toda una trama de negocios familiares. Biquard es la creadora de la Fundación Compromiso, a la que “aportan” un número importante de bancos y empresas de primera línea. El FNA administra ahora un fondo de 80 millones de pesos, según lo anunciado por el ministro Avelluto.

Ahora bien ¿para que se utiliza ese dinero? Por ejemplo “para financiar el proyecto de puesta a punto de la casa de Rufino de Elizalde, proyectada por el arquitecto Alejandro Bustillo para Victoria Ocampo en el corazón de barrio Parque, y comprada por Amalia Fortabat cuando era presidenta del FNA. Allí vivieron la modelo Claudia Sánchez y el publicista Nono Pugliese, y más tarde el actual presidente Mauricio Macri” (Télam, 14/4).

Esta perspectiva privatizadora de la cultura exige que se le contraponga un programa. No a la ley de Mecenazgo. Por el acceso gratuito a la cultura y el arte.

Las mesas-debate de la Conferencia Latinoamericana fueron una instancia de intercambio y discusión política muy importante.

La primera mesa fue “Uruguay ante la crisis”. Compuesta por Nicolás Marrero, dirigente del PT, Daniel Olesker, economista y dirigente del Partido Socialista (ministro de Salud pública del gobierno de Mujica) y Wiliamm Yohai, periodista especialista en Economía.

El debate giró en torno al alcance de la crisis en Uruguay y la responsabilidad del gobierno en ella. Olesker defendió la política social y económica del gobierno (impuestos al salarios y al consumo incluidos) pero reconoció la desindustrialización y la condición rentista de Uruguay. Si bien Yohai fue muy crítico del FA, coincidió con Olesker en la necesidad de gravar la renta para subsidiar y favorecer la ganancia capitalista. Ambos consideraron la inversión capitalista como la principal vía de desarrollo nacional. Nicolás Marrero, del PT, cuestionó la orientación ajustadora del gobierno frenteamplista y señaló que la izquierda tiene que orientarse bajo un programa anticapitalista ante la crisis: eliminar el impuesto al salario (en el debate los defensores del gobierno del FA plantearon mantener (atenuado) el impuesto al salario) y gravar al capital. No pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y los recursos estratégicos. Expropiar toda empresa que cierre o despida. No estamos frente a un agotamiento de modelo, sino del sistema.

La mesa sobre Programas del Movimiento Obrero estuvo compuesta por Néstor Pitrola y referentes sindicales de Chile (dirigente del sindicato de trabajadores de la Universidad), Uruguay (Marcel Slamovitz dirigente de la Federación Nacional de Profesores - FENAPES) y Brasil (Antonino Giordano, dirigente de la oposición bancaria de Brasilia).

En dicho panel, se debatió la reforma laboral en el país trasandino y la situación del movimiento brasileño ante la aguda crisis política. Pitrola explicó la transición que experimenta el movimiento obrero en Argentina, con un avance del clasismo que se refleja en el triunfo en el sindicato nacional de Neumático (Sutna), el progreso en los sindicatos de trabajadores estatales, docentes universitarios y construcción, entre otros. La III Conferencia impulsada por la Coordinadora Sindical Clasista contó con representantes de 96 gremios y planteó la lucha por un congreso de bases del movimiento obrero.

En la Mesa “América Latina en la encrucijada” participaron Osvaldo Coggiola (Brasil), Rafael Santos (PO Argentina), Gustavo López de la Unidad Popular de Uruguay y Oscar Andrade, ex diputado del FA por el Partido Comunista y dirigente del Sunca (construcción).

En la mesa se debatió la crisis del PT brasileño, impotente para enfrentar el golpe, al que le abrió el camino desarrollando un creciente ajuste contra los trabajadores. Esto ha significado una ruptura, particularmente entre las nuevas generaciones de obreros y estudiantes que salen a luchar. También fue motivo de debate el profundo ajuste que lleva adelante el gobierno uruguayo y el nivel de organización y conciencia alcanzado por el movimiento obrero en ese país. Para el ex diputado y dirigente del PC Uruguayo, secretario del Sunca, la batalla hay que darla dentro del Frente Amplio y, particularmente, en el plano ideológico. Los trabajadores no han madurado aún para una lucha por el socialismo.

Rafael Santos, del PO, denunció la posición del PC de Uruguay, que sacó una declaración disculpándose por su apoyo al paro del 14 de julio. Se trata de profundizar la lucha y derrotar los planes de ajuste del gobierno frenteamplista. Cuestionó la defensa del gran capital por parte de gobiernos ‘nacionalistas’ y frentepopulistas de la región y defendió la perspectiva de la unidad socialista de América Latina, una tarea que deben tomar en sus manos los trabajadores.

Las tres mesas redondas que ocuparon toda la jornada, fueron seguidas con mucha atención, preguntas del público y debate.

Los partidarios del gobierno anterior sostienen que, de haber ganado las elecciones, “de ninguna manera hubieran aplicado el tarifazo”. Con esa afirmación, ocultan que la redolarización de las tarifas de energía y combustibles comenzó bajo la era CFK-Kicillof-Gallucio. En efecto: después de haber consentido el vaciamiento de YPF a manos de Repsol y del empresario amigo Ezquenazi, el kirchnerismo reestatizó parcialmente a YPF para sellar una alianza estratégica con el pulpo Chevron, cuyo núcleo consistió en la “internacionalización” de los precios de los combustibles.

En los dos años que siguieron a la reestatización, los precios de las naftas aumentaron un 85%. Pero no sólo eso: Kicillof-Galuccio pusieron en marcha el programa “gas plus”, por el cual aumentaron en alrededor de un 60% el precio del gas en boca de pozo pagado a los concesionarios privados. Argentina registra hoy contratos que cotizan el gas de los nuevos yacimientos a 7,50 dólares la unidad calórica, un valor que triplica a su precio de referencia en América del Norte. Recientemente, Aranguren-Macri subieron el precio del gas de los yacimientos viejos en un 100%. Mientras los precios se duplican o triplican, los verdaderos costos de extracción, e incluso la magnitud de las reservas de hidrocarburos, continúan siendo un secreto celosamente guardado por los monopolios privados. Esto explica la negativa cerrada a publicitar el contrato de YPF con Chevron, una decisión que compartieron el kirchnerismo, el macrismo y la Corte Suprema de Justicia.

Aunque el kirchnerismo no aumentó directamente la factura del gas, sostuvo esa remuneración a los monopolios gasíferos a través de subsidios crecientes. Un nuevo capítulo de este rescate comienza a escribirse cuando, en 2015, los precios del petróleo y el gas se desplomaron en el mercado internacional. Entonces, el gobierno K sostuvo los valores anteriores en favor de los productores de hidrocarburos, llegando a pagar por el petróleo hasta el doble del precio internacional. Esta política, sostenida en nombre de la “producción y el empleo”, no sacó del parate a la producción petrolera ni, por supuesto, a sus trabajadores, que soportaron suspensiones y despidos en masa.

Escasez provocada

Con el tarifazo, el macrismo no ha hecho sino trasladar a las facturas de gas y luz este gigantesco rescate en favor del capital. Para justificar el megatarifazo, el gobierno alega que “no hay gas”, e incluso que se han agotado las posibilidades técnicas de importarlo. La tarifa, por lo tanto, no obedecería a un cálculo de costos previo, sino que apuntaría sólo a desalentar el consumo. Pero lo que no dicen es que este mismo “precio de escasez” es el que el gobierno reconoce en los contratos de gas, y que ese precio no guarda relación alguna con los costos de extracción del recurso, tampoco con la tasa media de beneficio del capital. De este modo, los mismos pulpos que provocaron la escasez de gas -como resultado de una prolongada huelga de inversiones- se benefician ahora de ella, cuando el gobierno los premia reconociendo la extracción de hidrocarburos con un valor exorbitante. Los “neoliberales” -y también los “nac y pop”- han justificado su política con el argumento de que, en una economía mercantil, “nadie sacaría el gas a un valor inferior a lo que cuesta importarlo”.

Pero a diferencia de cualquier bien perteneciente a productores privados, el petróleo y el gas corresponden al dominio estatal: si el Estado acepta un precio “de mercado” para su extracción, ello significa que el Estado cede la totalidad de la renta gasífera a los capitalistas privados. Pero además, y desde que cayeron los precios internacionales, los valores pagados a los pulpos representan otro resarcimiento adicional, incluso por encima de tales precios. Semejante nivel de rescate de los monopolios petroleros sólo puede progresar en base a una confiscación a gran escala, por eso la resistencia popular al tarifazo.

Estado y parasitismo

Sostener esta exacción en nombre del “incentivo a la producción privada” es otra impostura, en este caso, ‘neoliberal’. La vasta corriente de subsidios al capital revela que la industria energética ha sido sometida a una estatización peculiar y de contenido capitalista. A través de la mediación del Estado, los recursos de trabajadores y consumidores sostienen los beneficios extraordinarios de un conjunto de parásitos. Infinitamente más certera y económica resultaría la estatización de los hidrocarburos dispuesta por un gobierno de trabajadores, que explotaría las condiciones ventajosas de explotación de los recursos para una industrialización integral. La primera tarea de esta gestión obrera sería una auditoría integral de las reservas de energía y de sus costos, lo que pondría de manifiesto el prolongado desfalco de los pulpos petroleros contra el país -con la complicidad de ‘neoliberales’ y ‘nacionales y populares’.

Tras los fastos del Bicentenario, una nueva editorial PRO-dictadura de La Nación tocó un punto sensible de la agenda política del gobierno: ¿Macri está dispuesto a impulsar el rearme político y operativo de las Fuerzas Armadas, como insinuaron los desfiles militares del 9 de Julio?

De los desfiles del 9 de Julio participaron “héroes” de la “guerra antisubversiva” -como insiste en llamar la patronal del diario al genocidio de la última dictadura- de la talla de Aldo Rico y los “veteranos” del Operativo Independencia, que masacraron al activismo obrero y estudiantil de Tucumán durante el gobierno de Isabel Perón.

El “programa” para recuperar las Fuerzas Armadas, postula La Nación en su editorial del 14 de julio, “debe incluir la reconciliación y la superación de los sentimientos antimilitares” y el fin del “tratamiento judicial asimétrico (…) de los hechos de la guerra antisubversiva que nuestro país vivió en los años setenta”. Es decir, coloca la impunidad de los genocidas como un requisito.

Reforzamiento militar

Para satisfacción de los Mitre, el mismo diario anuncia el lunes que las cosas están pasando de los desfiles a los hechos con el lanzamiento del plan “fronteras seguras”, que incluye mayores controles y “mayor apoyo de Interpol” en pasos fronterizos y aeropuertos.

“El sistema permite chequear con tiempo no sólo la identidad de los pasajeros que ingresarán en la Argentina antes de las 32 horas, sino que también detalla con quiénes viajan, qué tipo de comida piden en el vuelo y otras características del pasajero” (La Nación, 18/7).

“La instrumentación de la nueva base de datos de Interpol ya se aplicó en un plan piloto en la terminal de Buquebus del puerto de Buenos Aires. Sobre unos 4.000 casos registrados en una semana se detectó al menos 14 personas con ‘antecedentes críticos’”. La cifra parece exorbitante: ¿un caso de “antecedentes críticos” cada 285 pasajeros?

En la misma edición, La Nación informa que “el gobierno decidió incrementar los contactos internacionales en cuestiones de seguridad. Regresó primero la capacitación policial en los Estados Unidos -interrumpida por el episodio de la incautación de material en Ezeiza encabezada por el ex canciller Héctor Timerman- y se avanzó también en acuerdos para entrenamientos con Israel. Otro paso se dará a partir de la próxima semana: se reabrirán las agregadurías de las fuerzas de seguridad en el exterior”.

Según una investigación de los periodistas de Tiempo Argentino, funcionarios del Ministerio de Defensa trabajan en secreto en una norma que permitirá a los militares realizar tareas contra delitos “transnacionales”. El objetivo final sería “dotar a las Fuerzas Armadas de facultades para que puedan realizar tareas de inteligencia y seguridad doméstica” (Tiempo Argentino, 17/7).

Asignatura pendiente

La reposición de las Fuerzas Armadas -quebradas políticamente tras la dictadura por el fracaso de Malvinas y las movilizaciones contra la impunidad del genocidio- es un objetivo que persiguieron todos los gobiernos constitucionales. El gobierno de Macri persigue, como todos los anteriores, el anhelo de contar con el Ejército como respaldo último ante una crisis social de envergadura.

Pero todo esto no comenzó con Macri. Sin ir más lejos, los militares ya habían desfilado en el otro Bicentenario, el de la Revolución de Mayo, bajo el gobierno de CFK.

Macri no inventó tampoco el “reforzamiento” de las fronteras en nombre de “la lucha contra el narcotráfico”. Desde 2011, se despliega en el límite con Bolivia y Paraguay el operativo “Escudo Norte”, en el cual el Ejército brinda “apoyo logístico”. Fue prorrogado por Macri apenas asumió.

La “colaboración internacional” nunca se interrumpió. Argentina participa con tropas en las “misiones de paz” en Haití y Sudán, a las órdenes de la ONU.

Finalmente, el “reequipamiento” de las Fuerzas Armadas, nobleza obliga, también comenzó en el gobierno de CFK. Estuvo a cargo de César Milani -otro combatiente de la “guerra antisubversiva”-, que tuvo asignado para ello un abultado presupuesto con el cual tejió negocios con proveedores yanquis, europeos e israelíes.

Macri pretende avanzar en la completa subordinación de la defensa nacional a las políticas del imperialismo e involucrar a las fuerzas armadas en la represión interna. La “lucha contra el narcotráfico” es la cobertura de este operativo reaccionario.

Mauricio Macri participó apenas unos minutos del acto oficial por el 22 aniversario del atentado a la Amia.

La presencia del Presidente fue fugaz. Se retiró antes de que comenzaran los discursos de los familiares, argumentando cuestiones de agenda. Lo más probable es que sus asesores le hayan aconsejado esquivar posibles críticas por su sociedad con el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, que actualmente es juzgado por el encubrimiento del atentado. En 2009, Macri había designado a Palacios al frente de la Metropolitana. Lo defendió con uñas y dientes ante los cuestionamientos, hasta que salió a luz que Palacios había tejido toda una red de espionaje con sede en el gobierno porteño. Recién entonces Mauricio entregó su alfil. Este año, ya electo Presidente, Macri logró su propio sobreseimiento definitivo en esa causa.

La dirigencia sionista recibió la presencia de Macri con beneplácito. También la restauración de la línea “investigativa” de Stiuso-Nisman contra Irán, apuntalada ahora por el regreso de “Jaime” al servicio oficioso del espionaje local (“Este trabajo nunca se deja”, le dijo hace poco a una periodista de La Nación).

Sin embargo, los fiscales que están revisando la causa señalan en un informe oficial “que había miles de documentos mal conservados y sin mirar, un cuerpo sin dedos y testigos que nadie escuchó” (Clarín, 18/7). El mérito es del tándem Nisman-Stiuso. Durante la década que estuvieron al frente de las “investigaciones”, no aportaron un gramo de verdad sobre la autoría del atentado. Mucho menos sobre las conexiones locales que posibilitaron su ejecución y luego lo encubrieron.

La CIA y el Mossad

La acusación de Stiuso-Nisman contra Irán se basó en supuestos informes clasificados provistos por la CIA y el Mossad. La “causa Amia” fue manipulada durante todos estos años en función de los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano. En el plano local, en 2006, Néstor Kirchner se valió de ese argumento para hacer aprobar las leyes “antiterroristas” que reclamaba el Departamento de Estado.

Cuando el kirchnerismo quiso aportar el “memorándum” a la saga de negociaciones que los yanquis abrieron con el gobierno iraní, la plana mayor de la ex Side -temerosa por la posibilidad de terminar pagando los platos rotos- se pasó al juego de la oposición. Especialmente al de Sergio Massa. La respuesta del gobierno K fue promover el ascenso de un genocida, César Milani, proveniente de la estructura de inteligencia militar, al frente del Ejército.

En el pasado reciente, cuando eran oposición, los bloques parlamentarios que hoy integran Cambiemos coquetearon con la posibilidad de constituir una “comisión investigadora independiente”, pero luego lo relegaron al olvido. La manipulación y el encubrimiento son cuestión de Estado.

El atentado a la Amia fue sistemáticamente utilizado para acentuar la penetración de los servicios de espionaje yanquis y sionistas en el aparato represivo local y para justificar las provocaciones del imperialismo en Medio Oriente.

De “Fino” Palacios a Nisman; de Stiuso a Milani. Se cumplen 22 años de encubrimiento e impunidad.

Desde hace algún tiempo, sobrevuela una conclusión entre los activistas que componemos la Naranja. Y es que le llegó la hora a la burocracia sindical. Quienes más conciencia parecen tener de la situación son los propios burócratas, lo que explica por qué la patota de la Verde nos impidió hacer nuestra campaña hace unos días en Capitán Sarmiento.

La parálisis del STIA (provincia de Buenos Aires) no puede ser mayor ante el ajuste. Son macristas en los hechos porque son la clave para que pase el ajuste. Inflen o no globos amarillos. Pero la respuesta de los trabajadores no se hace esperar. Los obreros de Bertone Hermanos, en Rojas, protagonizaron una rebelión contra el atraso en los pagos y el cierre total del peladero. A tal punto hay una crisis de dirección que la primera medida de la huelga fue votar una comisión de representantes de la asamblea.

En Riera-Kiskali, el avance de la patronal llegó al punto de impedir a los trabajadores ir al baño libremente. No es una situación que sólo suceda en Riera. Pero esta semana explotó la huelga ante las suspensiones "por exceso de descanso".

En Gate Gourmet, la patronal despidió a dos referentes del reclamo por el pase a Camioneros. Ante la respuesta de los trabajadores, la empresa se vio obligada a retroceder y reincorporarlos.

El panorama de despidos, cierres, ajuste y atrasos salariales se generaliza por todo el gremio, y la respuesta de la Verde es siempre adaptarse a los planes patronales.

Por una nueva dirección

La representación gremial de los trabajadores está bloqueada por la permanencia de la Verde al frente del sindicato. El convenio colectivo avala una representación menor de la que establece la Ley de Asociaciones Profesionales. Así sucede de que en fábricas de más de mil trabajadores no tienen más de siete o nueve delegados.

A esta ausencia de representación, se le suma que STIA Provincia de Buenos Aires no tiene seccionales, por lo que los trabajadores lejanos a Quilmes deben conformarse con las delegaciones, que no son votadas por nadie. Todas las demás provincias (Mendoza, Córdoba, Santa Fe) están divididas en seccionales, pero Buenos Aires no. Es un estatuto cárcel para perpetuar a Luis Morán al frente del sindicato.

El plenario de delegados fue convertido por la Verde en un teatro vacío de debate. Capital, Córdoba, San Luis, convocaron plenarios para discutir la paritaria. Pero Buenos Aires no. La democracia, más allá de la patota, es algo lejano a nuestro sindicato, y eso repercute en la calidad de la representación.

La Lista Naranja promueve una reforma inmediata del Estatuto para democratizar el STIA; defendemos una representación de como mínimo un delegado cada 50, la creación de ocho seccionales que funcionen con plenarios de delegados mensuales.

Reclamaremos a la Junta Electoral la difusión de los padrones que son ocultados a la oposición y al conjunto del gremio. Reclamamos que la Comisión Directiva se haga cargo del crédito gremial de los fiscales para que se pueda hacer una elección democrática.

Se va a acabar...

La Verde marcha a contrapelo de la historia. La rebelión popular en curso no sólo dará cuenta del gobierno de Macri y su ajuste, sino que va a barrer a la burocracia sindical de la CGT y los sindicatos.

Más firmes que nunca, vamos con la Naranja a hacer historia.

La frustrada intentona golpista de un sector de las Fuerzas Armadas contra el presidente Recep Tayyip Erdogan se saldó con casi 300 muertos (más de 160 civiles), 1.500 heridos, 3.000 militares detenidos (70 generales) y 2.800 jueces desplazados. El gobierno, apoyado en el sector leal del ejército, la policía y los servicios de inteligencia, pudo recuperar el mando en menos de 24 horas.

Turquía es una potencia militar estratégica en Medio Oriente (con un ejército de 700 mil efectivos) y un gendarme regional del imperialismo. La amenaza de que la inestabilidad creada en el país potencie todos los desequilibrios regionales llevó a las potencias (Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea) a encendidos llamados a conservar la estabilidad política.

La fractura interior

Si bien Erdogan se ha visto beneficiado con una compleja -y hasta contradictoria- red de acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea, y ahora también con Rusia, tiene su talón de Aquiles en una profunda fractura del aparato estatal que el golpe dejó en evidencia. El régimen que debe cumplir un papel de gendarme regional del imperialismo enfrenta una crisis interna.

Erdogan responsabilizó del golpe a Fetullah Güllen, un ex aliado -también islamista- que se encuentra exiliado en Estados Unidos. Lo acusó de manejar un “Estado paralelo” desde las sombras y apuntó también a los Estados Unidos, al que reclamó la extradición de Güllen. Contradictoriamente, el sector de las Fuerzas Armadas que se levantó se reclama laico, mientras Erdogan, como Gülen, fue pionero en apuntalar la islamización del régimen.

Crisis capitalista

Turquía no es ajena a la bancarrota económica mundial: viene de una escalada devaluatoria e inflacionaria, y de un aumento de las tasas de interés, que galopan sobre la crisis internacional y el Brexit, y afectan el consumo y a la industria doméstica. Los roces con sectores de la gran burguesía han crecido porque sus deudas dolarizadas se convirtieron en impagables.

Erdogan tiene la tarea titánica de pilotear enormes contradicciones y tensiones internacionales en este escenario de fractura estatal. El Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP, parte de la CRCI) ha señalado, en una declaración, que la burguesía se encuentra dividida entre un ala pro-occidental y un ala islamista, una división histórica que Erdogan supuestamente venía a “superar”, y advierte sobre el peligro de una “sirianización” del país.

Después de imponerse en las elecciones del año pasado, Erdogan anunció una reforma constitucional para convertir al régimen político turco en presidencialista. El reforzamiento de un régimen de poder personal apunta a sostener su precario arbitraje interno e incluso regional.

Perspectivas

Existen numerosas lecturas acerca de los motivos del golpe, que surgen del enredado cuadro descrito.

Hay quienes sostienen que se trataría de un autogolpe. Erdogan necesitaría una “demostración de autoridad” para cabalgar sobre las contradicciones internas y externas. Por lo menos, así lo denuncia Gülen desde Estados Unidos (The Guardian, 16/7).

Otra lectura sostenida por los kurdos, es que el gobierno dejó correr el golpe -sabiendo que fracasaría- para barrer con la fracción “gullenista” (BBC, 16/7) y estar en mejores condiciones de avanzar en su plan de establecer un régimen presidencialista, reforzando las características bonapartistas del régimen.

Cualquiera de las variantes deja en evidencia la profunda crisis del Estado turco.

Lo que sí está claro es que Erdogan intentará servirse del golpe para reforzar el camino del autoritarismo y la represión política, previa purga militar y judicial.

La crisis turca, en el epicentro geográfico y político de las contradicciones interimperialistas, revela el tránsito vertiginoso de la bancarrota capitalista a convulsiones políticas nacionales e internacionales. El movimiento obrero turco, en unidad con los independentistas kurdos, sistemáticamente atacados por Erdogan, son los únicos que pueden dar una salida frente al hundimiento del Estado y la bancarrota del imperialismo.

Desde febrero pasado, 50 genocidas condenados por los crímenes de la dictadura fueron enviados de la cárcel a sus casas (Clarín, 24/7). “Es cumplir la ley”, lo defendió el ministro de Justicia Garavano. Por los crímenes de la dictadura hay sólo 500 represores presos en cárceles comunes. La política oficial es mandarlos a todos a sus casas.

Está claro que la presencia de Aldo Rico y los “veteranos” del Operativo Independencia en los desfiles del Bicentenario no fueron casuales. Forman parte de una política. El gobierno apura la "prisión domiciliaria" a los genocidas, al mismo tiempo que refuerza el reequipamiento de las fuerzas armadas y los acuerdos de cooperación con los servicios de inteligencia imperialistas.

Ya bajo el kirchnerismo, el 40 por ciento de los represores condenados fueron enviados en sus casas, por "razones de salud" o por haber superado los 70 años de edad. Actualmente, los represores presos tienen en promedio 73 años. Entre los beneficiados más recientemente se encuentra el ex comisario Miguel Etchecolatz.

Según datos del CELS, actualmente hay 292 represores condenados cumpliendo prisión efectiva; 205 milicos en "prisión domiciliaria"; 279 cumpliendo prisión preventiva en la cárcel y otros 226 cumpliéndola en sus domicilios.

Cámaras patronales desconocen la paritaria. Mientras tanto las empresas, sobre todo YPF, siguen parando equipos. La "paz social" de la burocracia.

Luego de varias reuniones entre las cámaras empresariales del petróleo (operadoras y tercerizadas), el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut y de Santa Cruz y el Ministerio de Trabajo, tanto Jorge Avila como Claudio Vidal (secretarios generales de los gremios petroleros del sur), anunciaron el estado de alerta y movilización en sus sindicatos desde el lunes 25, porque no se llegó a un acuerdo y las reuniones pasaron a cuarto intermedio.

Los puntos de conflicto son:

1. La paritaria, que se firmó hace menos de un mes, no fue aceptada por la Ceope, que es la cámara de las empresas de servicios de las operadoras (tercerizadas). La Ceope sólo quiere pagar lo acordado en las resoluciones del Ministerio de Trabajo, dictadas por Guillermo Pereyra, el burócrata sindical de los petroleros de la Cuenca Neuquina: 5.000 pesos menos de suma fija. Los obreros de las empresas de servicios cobrarían menos que los de las operadoras, aun bajo el mismo convenio.

2. Mientras la burocracia sindical firmó la paz social, las operadoras, sobre todo YPF, siguen bajando equipos. Hay 250 trabajadores en riesgo por la baja de siete equipos, en Comodoro. Y sostienen que “sobran” 3.500 puestos de trabajo. Desde la “crisis petrolera” (la baja del precio internacional con sobreprecios internos a costa del naftazo y del tarifazo) ya bajaron 51 equipos en la Cuenca de San Jorge. Hay despidos en Manpetrol (inclusive delegados), SP (responsable de los equipos de producción de YPF) está al borde de la quiebra, es decir al borde de despedir sin indemnización, y sin intenciones de que YPF contrate a otra empresa por la desinversión.

3. La burocracia sindical firmó la reestructuración productiva, en la paritaria, tanto en San Jorge como en Neuquén, por lo tanto estas reuniones que han estado teniendo, son parte de la aplicación de la baja salarial por reducción de jornada. También, las compañías quieren quitar las horas taxi, que compensan las largas distancias de los hogares obreros hasta el campo petrolero. La vida del petrolero es una tortura entre los riesgos, como los que corren en los equipos de perforación y por las largas jornadas que viven alejados de la familia. Los peores males sociales los tiene como víctimas. La reducción de la jornada bajo control patronal (mayores ritmos de trabajo) va a agudizar todo esto, agregándole la baja salarial.

Los servicios de la burocracia

Los camporistas Avila y Vidal, y el macrista Pereyra, han sido la herramienta del gobierno para evitar que las luchas de los obreros petroleros logren parar su política de mazazo a los trabajadores. Avila y Vidal están en el aprieto de resguardar los intereses de las compañías (sobre todo los de Pan American Energy -PAE- de Bulgheroni, a quién no se cansan de alabar) y contener a las bases petroleras que no aceptan los atropellos. Por eso “tiran” el estado de alerta. Esta burocracia sindical discontinuó las medidas, firmó la paz social y el acuerdo del 30% en cuotas, con inflación del 45% anual. Su pertenencia a partidos patronales (FpV) ha permitido que se mantuviera y agravara la propia privatización menemista que impuso la fragmentación y tercerización de la industria y el vaciamiento de YPF, por endeudamiento a altas tasas y desembolsos para asegurar el negociado a su “socio” Chevron. Y la política de rescate por sobreprecios que desemboca en el tarifazo.

Es vital para la clase obrera, que las luchas de los petroleros logren triunfar. Más que nunca asamblea para organizar un plan de lucha por la reincorporación de los despedidos, prohibición de despidos, anulación de la reestructuración productiva y por la reducción de la jornada laboral, bajo control obrero, sin bajar el salario. Por la aplicación del mejor convenio a todos los petroleros, y por su ajuste según la inflación.

El emprendimiento turístico “El tren del desarrollo” en Santiago del Estero ha resultado una estafa al pueblo. El actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dio vía libre a la continuidad del contrato con Solana SRL, ligada a Cristóbal López.

El tren, con un recorrido de 8 kilómetros entre tres estaciones, tendrá capacidad para 80 pasajeros y correrá a una velocidad de 40 kilómetros por hora en un recorrido turístico. Las múltiples irregularidades incluyen un desembolso que roza los 1.000 millones de pesos contra un monto contractual -ya abultado- de alrededor de 125 millones según la licitación aprobada en el Consejo Provincial de Vialidad (Visión Santiago, 22/6).

Las denuncias presentadas ante la justicia señalaron que el costo es irracional: 12,5 millones de dólares por kilómetro, cuando el tren bala que se desplaza a 300 kilómetros por hora tiene un costo de 2,5 millones de dólares por kilómetro.

En tanto, el material rodante -dos trenes livianos para transportar pasajeros y una unidad motriz de repuesto- fue provisto por la empresa Tecnotren. Según Crónica Ferroviaria (21/4), “los coches motores Tecnotren nunca fueron una solución para el transporte ferroviario (…) en la provincia de Entre Ríos prácticamente ya no funciona ninguno y en Santa Fe ese material está parado”.

En definitiva, cambia el gobierno, pero el negociado continúa.

El nivel de manipulación y el despotismo político del gobierno se acrecientan al ritmo del impasse económico y la crisis social. Del Proyecto X y la plataforma de propaganda montada por la camarilla kirchnerista con “Fútbol para Todos”, pasamos ahora al uso de la base informática de la Anses para la construcción de una red gigantesca de publicidad oficial. Apenas unos días antes, el gobierno había lanzado a miles de twitteros truchos contra Marcelo Tinelli, para forzarlo a bajar los decibeles de sus sátiras al Presidente del tarifazo. En auxilio de Macri salió al ruedo un satirizado anterior: Fernando de la Rúa. La palabra de quien dejó la Rosada en medio de una bancarrota económica y una rebelión popular sonó, en parte, a defensa del gobierno; en parte, a presagio.

Hasta los fondos financieros que saludaban meses atrás a la Argentina como “tierra de oportunidades”, recomiendan ahora “cautela” respecto de la deuda pública argentina (Ambito, 26/7). Entre las cosas que ha copiado del kirchnerismo, el gobierno calcula el déficit fiscal incorporando como ingresos los recursos previsionales, para disimular la envergadura del quebranto. Lo cierto es que el rojo real del fisco será del 7% del producto bruto en 2016 -o sea, unos 35.000 millones de dólares. El blanqueo aportaría, en el mejor de los casos, la quinta parte de esa suma. La escalada de endeudamiento llevó al neoliberal Juan Carlos De Pablo a calcular servicios de deuda por 20.000 millones de dólares en los próximos años y a preguntarse si “no debíamos prepararnos para un nuevo defol” (“Animales Sueltos”). Los que, desde afuera o adentro del gobierno, reclaman contener la hipoteca con un ajuste fiscal violento, se han topado con la crisis de los tarifazos, donde la Justicia apenas contiene la procesión popular que va por dentro de las grandes ciudades y barriadas del país. Es lo que acaba de suceder en la Ciudad de Buenos Aires, con el freno judicial a un aumento exorbitante del subte. La pretensión de una baja en la inflación -otra de las promesas del mítico “segundo semestre”- parece irse al tacho, entre las consecuencias del tarifazo y los aumentazos de la gran patronal alimenticia, como ocurre en estas horas con el aceite comestible. La escalada de precios ha instalado, con mayor fuerza aún, al reclamo por la reapertura de las paritarias.

El gobierno pretende salir de este impasse económico con un nuevo blindaje político, servido por los gobernadores del pejota y los emigrados del kirchnerismo. Los socios de “bolsones” López, como el gobernador tucumano, Juan Manzur, hacen fila para formar parte de una nueva coalición oficial. Estos acuerdos, sin embargo, plantean otros flancos de crisis. El gobierno condiciona los rescates económicos a planes de ajuste de los gobernadores, lo que multiplicará los choques sociales a escala nacional. Luego, si el acercamiento de Macri a los gobernadores acelera la disolución del kirchnerismo, también hace crujir a Cambiemos, con un radicalismo que anuncia ir a las Paso o con listas propias en 2017. El desnorte económico alimenta todos los factores de disgregación política.

Contención

A la luz de lo anterior, es claro que el cacerolazo del 14 sólo fue un botón de muestra de la crisis social en curso. En esta olla a presión, el papel de contención de la burocracia sindical ocupa un lugar crucial. La “unidad” que discuten Barrionuevo, Caló y Moyano es precaria, con tres cabezas y ha dejado afuera a varios. Pero, principalmente, no tiene como referencia a la agenda urgente del movimiento obrero; sólo se debaten cuáles serán los términos de un compromiso duradero con el gobierno. La famosa “central única” está condicionada a los diversos arreglos y extorsiones que cada burocracia sostiene con el Estado, donde la impunidad y el dinero de las obras sociales corren a cambio de la parálisis de las organizaciones obreras frente al ajuste. Los jefes sindicales, por otra parte, actúan a cuenta de sus mandantes políticos, sean Massa, Scioli o Gioja, que discuten sobre su propio lugar en la “coalición del ajuste”. A su turno, Yasky ha postergado sin fecha su “marcha federal”, con la excusa de sumar a una CGT que está cada vez más escindida e inmovilizada. La jefa de la CTA Yasky, Cristina Kirchner, también está concentrada en una agenda personal: la del rescate de sus múltiples causas judiciales.

Independencia política

La cuestión de la lucha y la estrategia política recorre también a las organizaciones sociales, piqueteras y a la izquierda. Un conjunto de movimientos sociales ligados a la llamada “economía popular” y la CCC se movilizarán el próximo 7, desde la Iglesia de San Cayetano a Plaza de Mayo, sin siquiera llevar un programa definido de reivindicaciones. La marcha busca la bendición del Vaticano a un armado político que podría anclarse a los socios seudoprogresistas del macrismo, como Stolbizer o incluso Massa. El progreso de la crisis empuja a los jefes de los grandes bloques capitalistas a reforzar sus patas “sociales” a través de la cooptación política. Allí concurren también los antiguos socios del kirchnerismo, como el Movimiento Evita.

En este cuadro, la marcha resuelta para el próximo 9 por un conjunto de sindicatos clasistas, organizaciones piqueteras y partidos del Frente de Izquierda contra el tarifazo y por todas las reivindicaciones obreras, adquiere toda una dimensión política. Por un lado, sale a romper el inmovilismo de las burocracias sindicales con una acción de lucha. Pero esta determinación es, en última instancia, inseparable de una estrategia política. Salir a la acción contra el gobierno ajustador es inseparable de la lucha por una alternativa política de los trabajadores, frente al compromiso de los bloques políticos capitalistas -y sus agentes sindicales- con el ajuste. La crisis temprana del gobierno macrista es un baldón para quienes auguraban un “ciclo derechista” ya consolidado en Argentina y América Latina, ello para justificar su propio retiro a cuarteles de invierno (o a los tribunales penales). En la lucha por las grandes reivindicaciones en juego, y en la presentación de una salida propia y anticapitalista a la crisis, tenemos la tarea de desarrollar a la clase obrera y a la izquierda como alternativa política.

Una línea une las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos de Menem y el nombramiento de Milani al frente del Ejército: el afán de los gobiernos constitucionales de turno de contar con el apoyo de las fuerzas armadas.

Con el Juicio a las Juntas, Alfonsín circunscribió las responsabilidades a cinco o seis militares; Menem los indultó, De la Rúa rechazó su extradición a Europa. Cristina se ilusionó con dar vuelta la hoja de los juicios -que abarcan a una parte minoritaria de los represores y dejan impunes a sus cómplices civiles- antes del final de su mandato. Ahora Macri quiere mandar a los genocidas a sus casas.

Es un paso ineludible para restaurar la autoridad de las fuerzas armadas. Ante la crisis, los militares son el último recurso de la “democracia” frente a la “conmoción social”.

El caso argentino es peculiar, porque el fracaso de la dictadura y el movimiento de derechos humanos local -que enlazó la lucha contra la impunidad de la dictadura con la lucha contra el “gatillo fácil”, las redes de trata y la criminalización de la protesta de las democracias- pesan sobre ella como una hipoteca. A Duhalde, la masacre de Avellaneda le costó el gobierno.

Una política definida

Las editoriales pro-amnistía de La Nación, el “exabrupto” de Lopérfido sobre los 30 mil desparecidos, las entrevistas del secretario de Derechos Humanos Avruj con los familiares de los milicos “víctimas del terrorismo”, los desfiles del Bicentenario, entre otros, conforman una política definida. En la lista habría que incluir, además, la invitación de “Piter” Robledo a los nazis del partido Bandera Vecinal -con arraigados vínculos en el aparato represivo- y otros simbolismos, como la reivindicación oficial del prólogo original que Ernesto Sábato escribió para el Nunca Más, fundacional de la “teoría de los dos demonios”. Hasta en la Plaza de la Memoria, en Tecnópolis, el gobierno borró toda referencia a la lucha de los organismos de derechos humanos y a la cifra de los 30 mil.

Patricia Bullrich, el ministro de Defensa y el Estado Mayor Conjunto vienen manteniendo discretas reuniones en el marco de la “emergencia de seguridad” que declaró el gobierno a principio de año. Este giro está acompañado con anuncios y medidas concretas, como el “protocolo represivo” de Bullrich-Macri y el reforzamiento de las detenciones arbitrarias de la policía en la vía pública (ídem, 23/7); la reanudación de los intercambios con el FBI y la DEA y la mayor penetración de Interpol en el control de las fronteras y puntos de acceso al país. Empalma con el regreso de “Jaime” Stiuso y la restauración de la “pista iraní” de Nisman, la CIA y el Mossad por el atentado a la Amia y “la preocupación oficial por posibles objetivos del terrorismo en el país” (Clarín, ídem), porque la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” es la vía predilecta de la militarización fronteras adentro y de la penetración de los servicios de inteligencia extranjeros.

Desde las gestiones K, tropas argentinas integran las misiones de la ONU en Haití y Sudán y prestan “apoyo logístico” en las fronteras (operativo “Escudo Norte”). En el mismo sentido deben apuntarse las leyes antiterroristas del kirchnerismo. Por otra parte, la incorporación de las fuerzas armadas a tareas de “seguridad interior” -en general, en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”- figuró en las campañas electorales de Massa y Scioli-Berni.

El macrismo apura esta restauración reaccionaria para apuntalar sus planes de ajuste contra los trabajadores.

Las conjeturas respecto de una posible detención de Cristina Kirchner han terminado sumando a la propia ex presidenta. En un reportaje a corresponsales extranjeros, atribuyó una eventual detención a su condición de peronista, o, según ella, a sus “políticas en defensa del salario o de la inclusión social”. CFK, sin embargo, no ha podido rebatir ninguna de las impugnaciones o evidencias que la colocan a la cabeza de un gigantesco operativo de vaciamiento del presupuesto, las reservas energéticas y conquistas laborales en favor de un conjunto de intereses capitalistas. Al referirse a la crisis de energía, Cristina reivindica la década de “estufas y acondicionadores para todos” coincidiendo, curiosamente, con las razones de Mauricio Macri (el dispendio de consumo). Argentina, sin embargo, se queda sin gas y sin petróleo después de un largo periplo de sometimiento a los privatizadores. El kirchnerismo mantuvo a Repsol en YPF durante siete años, y asoció a un empresario “amigo” -Ezquenazi- a la política de succión de dividendos que llevaba adelante la petrolera española. En el sur, entregó a Bulgheroni y a British Petroleum el yacimiento de Cerro Dragón a perpetuidad, sin que ello sirviera para ampliar la producción o las reservas. Sobre el fracaso de esta orientación, se perpetraron dos negocios aún más leoninos: por un lado, la importación de energía con sobreprecios del 30%; del otro, la asociación secreta con el pulpo Chevron, para una experiencia de extracción de gas no convencional que se hundió con los precios internacionales de los hidrocarburos, pero que dejó a YPF fuertemente endeudada. Mauricio Macri acaba de decirle al periodista Alejandro Fantino que si “Aranguren hubiera sido ministro de Energía, otra sería nuestra situación”. Pero el CEO de Shell, ¿hubiera sido tan diferente a los K respecto de Repsol, BP o Chevron? Si de importación de gas se trata, acaba de debutar con una operación de compra a Chile tan cuestionada como las de De Vido y compañía.

Esta “comunión” de intereses sociales es la que “complejiza” la escalada judicial que podría terminar con Cristina presa. En el entramado de negocios entre el Estado y la patria contratista, los vasos comunicantes del kirchnerismo y el macrismo se confunden sin solución de continuidad. Los contratos de Obra Pública de “Lopecito” tienen en la lista de beneficiarios a los Báez, pero también a los Calcaterra y Caputo, a través de diversas asociaciones y “uniones transitorias de empresas”. Esta cruza de intereses es la base económica que unió tantas veces, en la Legislatura porteña, a macristas y kirchneristas detrás de negocios inmobiliarios, megaobras y operaciones de deuda, a lo largo de los ocho años de gobierno PRO en la Ciudad.

Los opositores a Cristina, ¿temen a “Cristina presa”? Algunos comentaristas asocian ese supuesto temor al argumento alambicado de que Macri no quisiera victimizar a quien podría constituirse en su principal opositora. Al kirchnerismo no le disgusta este argumento, que embellece a la jefa procesada. Lo cierto es que las causas judiciales acompañan la desintegración del kirchnerismo (no su fortalecimiento), como lo atestiguan los numerosos pases de bando de dirigentes, punteros e intendentes hacia el pejotismo o al massismo. Las apariciones políticas de CFK se han reducido, en este cuadro, a verdaderos actos en defensa propia, no a enarbolar una oposición política.

La burguesía argentina y su “círculo rojo” temen, en cambio, a que la propagación de causas judiciales llegue bien más lejos que a la camarilla K. No es un secreto que la ley del arrepentido ha desatado la zozobra de los grupos contratistas asociados a la Cámara de la Construcción. Temen que una ola de delaciones premiadas conduzca, más temprano que tarde, a meter en cana a los Odebrecht argentinos. En este cuadro, debe entenderse el cajoneo de esta ley en el Senado. Otra expresión de las consecuencias impensadas de la onda propagatoria son las revelaciones de Pérez Corradi, el cual, después de denunciar a Aníbal Fernández, ha involucrado también al autor intelectual de “Cambiemos”, el radical Ernesto Sanz. En este caso, por haber aceitado con centenares de miles de pesos el movimiento de jueces en la causa de la efedrina. En los últimos días, el remedo de ‘mani pulite’ se abatió sobre Gabriela Michetti, cuyo encanutamiento de pesos y dólares, descubierto a raíz de un robo, no parece demasiado diferente al que le costó el puesto y una condena a la ex ministra K Felisa Miceli. Pero más grave aún es que la escalada de denuncias amenaza el éxito de la principal operación de autorescate del gobierno macrista: el blanqueo de capitales, o sea, la legalización del conjunto de los desfalcos que los capitalistas y sus agentes perpetraron contra los trabajadores y contra el país.

En un reportaje con Luis Majul, Sergio Schocklender justificó a la corrupción estatal-capitalista como el mecanismo “habitual” de financiamiento de los partidos de Estado. El ex socio de “Sueños Compartidos” agregó que la distracción personal de fondos era una consecuencia inevitable -y económicamente menor- de aquel entrelazamiento. La escalada de denuncias, en definitiva, amenaza con sacar a la luz de la opinión popular a la naturaleza clasista del Estado, como una junta de burócratas y operadores de los intereses capitalistas. Saliendo al cruce de ello, el macrismo prepara una reforma del “financiamiento de la política”, que legalice el sostenimiento empresario a los partidos. Los apóstoles de la transparencia y la ética, de este modo, estarían sincerando a sus aparatos como vulgares agencias del capital financiero o la patria contratista.

Las idas y vueltas en torno de “Cristina presa” demuestran, una vez más, que la crisis de Estado y la bancarrota económica y política envuelve a todo el régimen. La superación de la corruptela estatal- capitalista exige otra organización social, el control obrero del conjunto de las operaciones económicas y la dirección del proceso económico por parte de la mayoría trabajadora.

La facción de la CTA que encabezan Víctor De Gennaro y "Cachorro" Godoy promovieron una mesa de debate sobre "el sindicalismo que viene". Participaron Godoy, en representación de ATE; "Tato" Dondero, del Sipreba; Daniel Yofra, de los aceiteros; Luis Tiscornia, de la Conadu Histórica; Martín Olivera, del sindicato azucarero, y Esteban Castro, del CTEP (Movimiento Evita). De Gennaro coordinó la charla.

Los anfitriones marcaron el eje del debate en torno de "la necesidad de vincular al movimiento obrero a un partido popular".

"El fin del neoliberalismo significó el inicio de una etapa nueva que no fue, porque no se cambió de fondo lo que había que cambiar", dijo Godoy, que intentó justificar el papel de la CTA en la creación de la Alianza y convocó a "construir una fuerza para superar lo que no se pudo en 2001".

El objetivo de De Gennaro-Godoy es promover una nueva coalición centroizquierdista. La "centralidad" de la clase obrera que predican es para la tribuna. Su planteo no parte de un balance de la descomposición de la centroizquierda como espacio político ni tampoco del proceso que condujo a la ruptura de la CTA. Una vez más, sus dirigentes intentan colocar a la central a remolque de proyectos políticos de contenido capitalista.

Desde el derrumbe del gobierno de De la Rúa a esta parte, la CTA -en sus dos variantes- ensayó alianzas políticas con Carlos Heller y el Banco Credicoop, con la Federación Agraria y la Mesa de Enlace, con Pino Solanas y Luis Juez, con Martín Sabbatella y Aníbal Fernández. En el pasado reciente, la CTA se dividió en mitades, una detrás de los gobiernos K y otra detrás del capital agrario. Ahora, se ve amenazada por la posibilidad de una nueva división. Ocurre que el sector de la "CTA Autónoma" alineado con Pablo Micheli -enfrentado a De Gennaro- sigue de cerca el acercamiento de la centroizquierda de Stolbizer y Libres del Sur a Sergio Massa.

El seguidismo a los políticos patronales nos ha costado sangre, sudor y lágrimas a los trabajadores.

Luego de una dura lucha, se está cerrando el acuerdo paritario entre el Ingenio Ledesma y el sindicato azucarero.

Según el convenio suscripto, el salario de un trabajador del ingenio alcanzará los 13.700 pesos de básico en mayo de 2017 y 16.066 pesos en mano, por debajo del acuerdo conquistado por los trabajadores del Ingenio San Isidro. Restan cerrar aún las negociaciones sobre las condiciones de trabajo. Las discusiones continuarán sin medidas de fuerza que las respalden.

Los trabajadores del ingenio sufrieron la represión del gobernador Gerardo Morales, que encaró la derrota de la huelga como una cuestión de Estado. Hasta la víspera, el sindicato mantuvo expectativas en que el gobierno iba a mediar a favor de los trabajadores. Por el contrario, Morales reprimió la movilización de obreros que pretendía tomar la zona de la planta de gas para paralizar la producción y obligar a la patronal a sentarse a negociar. Luego, con el conflicto ya cerrado, pretende aplicar multas de 6.000 pesos a cada obrero que cortó la ruta, y ha atacado al fiscal federal por no haber desalojado el corte con la policía. Por su parte, la empresa anunció que no pagará "los salarios caídos de los empleados que se plegaron al paro sin acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la provincia de Jujuy" (www.las24horasdejujuy.com.ar).

Balance

El levantamiento de las medidas de fuerza se produce tras una semana de corte de ruta, al finalizar la marcha por la Noche del Apagón, el jueves 21. Ese día se movilizaron casi diez mil personas, que sumaron a las consignas de la marcha la solidaridad con la huelga azucarera.

La dirección del sindicato convocó a una asamblea en el corte para informar que los paritarios reunidos con la patronal y el ministro de Trabajo acordaron levantar el paro y el piquete y volver a trabajar, a cambio del compromiso de la patronal de no tomar represalias y seguir negociando la paritaria -pero con la empresa funcionando al cien por ciento. Este es el marco en el que se continúa discutiendo el resto del petitorio de los obreros de Ledesma.

Los ingenios en Salta y Jujuy han librado en el último período luchas aisladas en cada región. La federación azucarera, los integra a todos, no ha convocado a un plan de lucha general, a pesar de la arremetida de todas las patronales para modificar las condiciones de trabajo.

Una lucha de conjunto hubiera establecido otra correlación de fuerzas. Del mismo modo, en el caso de la lucha de Ledesma, hubiera sido clave una campaña dirigida a la población. No la hubo. Recién pasados seis días de corte hubo una movilización autoconvocada de familiares de los obreros, que reunió a 300 personas que marcharon por la ciudad buscando la solidaridad con el conflicto. Tampoco se garantizó la logística necesaria en el piquete para una medida que se prolongaría en el tiempo (baños químicos, carpas, elementos para combatir el frío, etc.), además de la comida. El desgaste jugó a favor de la empresa y el gobierno.

Llamamos a todos los trabajadores a hacer un balance y sacar las conclusiones necesarias, sobre la base de esta experiencia, para reforzar la lucha contra el ajuste.

A las fuerzas armadas de Turquía no les fue tan bien como a sus colegas de Egipto en el verano boreal de 2013. El golpe militar egipcio contra el gobierno electo de los Hermanos Musulmanes (HM) del presidente Mohamad Morsi fue ejecutado por un mando unificado, que se montó a su vez en un descontento creciente con el gobierno islamista e incluso en una oleada de movilizaciones. La asonada de hace dos semanas en Turquía, aunque encabezada por un tercio del generalato, se desarrolló, en cambio, por afuera de la cadena de mandos, contra un gobierno que conserva un fuerte aparato político y cuenta todavía con un fuerte apoyo en la mitad de la población. El contraste entre el desenlace en un caso y en el otro pone en evidencia un salto fenomenal en el desarrollo de la crisis en el Medio Oriente y dentro de los países de la región; las derivaciones no van a tardar en manifestarse.

En Turquía, el aparato político oficial movilizó a sus grupos civiles armados, los cuales enfrentaron a los golpistas en las calles con la asistencia de la policía -que posee un fuerte armamento militar. El desarrollo de los acontecimientos alentó la participación de sectores populares oficialistas. La división de las fuerzas armadas tuvo su correlato en el terreno internacional: las cancillerías occidentales demoraron una definición al desarrollo de los acontecimientos, y cuando con posterioridad saludaron la victoria del gobierno ‘democráticamente electo’, evitaron mencionar a su titular -el presidente Recep Tayyip Erdogan.

A partir de la derrota del golpe, Erdogan desató una represión furiosa contra sus oponentes (50 mil destituciones en las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la educación, entre otros) y declaró un ‘estado de emergencia’ que le otorga la suma del poder público. El golpe derivó en un contragolpe, y la posibilidad de que se instaure una dictadura militar dio paso al establecimiento de una dictadura de virtual partido único. Los sindicatos combativos y el movimiento nacional kurdo se mantuvieron al margen del choque en desarrollo. Lo mismo ocurrió con la izquierda, incluso si algunos grupos de ella sacaron de las gavetas el manual anti-golpista y se pronunciaron con excesiva premura “en defensa de la democracia”.

Aprendiz de brujo

La conclusión más general que se desprende de lo ocurrido es que Turquía se ha convertido en una víctima de la crisis internacional de la cual pretendía sacar provecho. La ‘década ganada’ de gobierno islámico turco se ha convertido en una pesadilla. El planteo fundacional del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), el partido oficial, consistía en ofrecer un puente entre el islamismo y la ‘democracia’, como la forma política adecuada para la estabilidad internacional del Medio Oriente. En última instancia, esto implicaba un acuerdo estratégico con el sionismo de parte de todos o la mayoría de los Estados árabes e Irán. La base económica del planteo consistía en hacer avanzar los intereses de la burguesía turca en la región, en especial por el fracaso de las negociaciones para incorporar a Turquía a la Unión Europea. La precariedad de esta pretensión quedó primero expuesta como consecuencia de la invasión de Bush y compañía a Irak, y se expresó en la prohibición de Turquía al paso de las tropas norteamericanas por su territorio. El impasse criminal de la ocupación de Irak llevó a Turquía a negociar un acuerdo con el gobierno kurdo en el norte del país, así como un floreciente negocio de importación de petróleo. Esto abrió un marco de negociación con el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) -el partido kurdo que lucha en el territorio de mayoría kurda en Turquía.

La llamada ‘primavera árabe’ pareció inscribirse positivamente en este desarrollo cuando dio lugar al gobierno de los HM en Egipto, pero se dio vuelta con el derrocamiento de este gobierno y el comienzo de la guerra en Siria. Erdogan rompe su alianza con Bashar al Assad, con el objetivo de instalar un protectorado turco en ese país. En esta línea alienta la intervención de Isis en esta guerra, que se extiende a Irak. La tentativa de hacer avanzar los intereses de Turquía por encima de la estrategia de la ‘coalición occidental’ en esta guerra, enfrenta un revés gigantesco cuando las milicias kurdas del norte de Siria comienzan a manifestarse como la única fuerza efectiva en la lucha contra el llamado estado islámico. El apoyo político y militar del PKK a estas milicias quiebra la línea del acuerdo con éste en el marco de un Estado turco unitario; Erdogan reanuda los bombardeos del Kurdistán y comienza a hostigar al partido pro-kurdo de Turquía, el HDP (Partido Democrático de los Pueblos).

La guerra en Siria reabre el mayor problema histórico del régimen turco después de la disolución del Imperio Otomano: la posibilidad de la unión nacional de todos los territorios kurdos -en Irak, Irán, Siria y la propia Turquía. Previsiblemente, los kurdos en estos países aseguran que no los guía otro objetivo que la autonomía política dentro de los Estados existentes. Por razones de eficacia militar, Obama decide también apoyar en forma material a las milicias kurdas en Siria. Las premisas de una ruptura de Turquía con la Otan evolucionan con rapidez, lo cual no es menor de parte de quien aloja su principal base militar en la zona y tiene el segundo ejército en términos numéricos. Estados Unidos, a su vez, también comienza negociaciones con Putin, quien para ese tiempo había desplegado a su ejército y a su fuerza aérea para apoyar a Bashar al-Assad.

Este cúmulo de contradicciones estalla en resultados adversos para la política de Erdogan y por lo tanto para su régimen político. En las vísperas del golpe, el presidente turco pega una volantazo de primera: anuncia la disposición a negociar con Bashar al-Assad; se disculpa ante Putin por haber derribado (intencionalmente) un caza ruso; y hace las paces con su ex mayor aliado, Israel, que lo había agraviado con el asalto a una nave turca que llevaba ayuda humanitaria a la población desguarnecida de Gaza. Según la información circulante, estas paces incluyen la explotación de gas en el Mediterráneo, lo cual implica a Chipre y la posibilidad de resolver la crisis con Grecia y la UE en la Isla.

La nave no va

O sea que el golpe frustrado ha tenido lugar en momentos en que Erdogan intentaba estabilizar un navío que marchaba a los tumbos en una crisis de amplio alcance internacional. Lo demuestra la cuestión de los refugiados en Europa y las acciones terroristas de ciudadanos musulmanes en Francia y Alemania, en medio de una bancarrota capitalista sin precedentes. Se trata de la población nacida en Europa que ha protagonizado enormes revueltas contra la miseria social en las periferias de ciudades como París.

Todo esto ocurre, además, cuando Donald Trump y el partido Republicano anuncian una política chovinista y amenazas contra estados de la Otan, como los bálticos, y cuando estalla el Brexit. La envergadura del impasse desatado por el Brexit queda demostrada por la declarada dificultad e incluso imposibilidad de llevarlo adelante, como ya lo están declarando el nuevo gobierno de Gran Bretaña, de un lado, y Alemania, del otro. Una mirada de conjunto lleva a la conclusión que se han roto las bisagras de contención de la bancarrota económica y que la crisis mundial ingresa en una nueva etapa. Los Emiratos del Golfo han sido sacudidos por la caída enorme del precio del petróleo crudo, al punto que han comenzado huelgas en empresas, como la saudí Aramco. En la convención republicana se estableció dividir a los grandes bancos -un reconocimiento de que, una década más tarde, incluso los norteamericanos serían insolventes. En la eurozona se ha decidido violentar las normas recientes de rescate bancario, en el caso de Italia, y volver al salvataje con deuda estatal, que en todos los países supera holgadamente el ciento por ciento. El M5E (Movimiento 5 Estrellas) de Italia, partidario de salir de la eurozona, se ha pasado a la posición contraria, aterrorizado por la posibilidad de la quiebra bancaria en la península. La ruptura de las bisagras económicas de una gran crisis, es una confesión de la inadecuación del orden político establecido. Es lo que estalla con el Brexit y la amenaza de desintegración político-militar de Turquía, y de sus relaciones internacionales. Un ‘Turxit’ como una mayor crisis de Turquía con la Otan, sería demoledor.

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/592268030954062

El gobierno aduce que la supresión de Fútbol para Todos permitirá ahorrarle al Estado los 2.500 millones de pesos empleados hasta ahora para sostener la actividad, y que ese dinero podrá destinarse a educación o salud. Es mentira. En principio, porque las idas y venidas con la Superliga, y las luchas internas e internacionales por el control del torneo, han obligado a postergarlo hasta el año que viene, de modo que las arcas estatales seguirán desembolsando esa plata (esta semana se librarían los primeros 500 millones). Pero, además, se trata de un rescate de los mismos mafiosos que llevaron a la quiebra a los clubes y a la propia AFA. Esa quiebra, arancelamientos mediante, deberá ser pagada por los espectadores y por el pueblo trabajador en general.

Por otra parte, el gobierno, como le ocurre con casi todo lo demás, muestra dificultades importantes para controlar cosas que tienden a írsele de las manos. Después de alejar a Hugo Moyano al frente de la CGT y de AFA, y de haber impulsado por eso la Superliga, Macri se ha visto obligado a dar marcha atrás con el nuevo torneo y a conformarse con una comisión normalizadora en la AFA que le es afín, aunque no pudo imponer a sus primeras espadas, Fernando Marín y Graciela Ocaña. Sin embargo, también ese acuerdo de crisis amenaza con derrumbarse.

En Zurich, la jefatura de la Fifa toma ahora distancia de la comisión que ella misma avaló, sobre todo después de que salieran a la luz los antecedentes de algunos de sus miembros, como la barrabrava Carolina Cristinziano, vinculada además con las mafias del juego. Precisamente, la cuestión de las apuestas en el fútbol es otro de los motivos de esta pelea de perros (el financiamiento del fútbol con apuestas es un impuesto a la desesperación popular). Todo el asunto es, además, parte de una disputa internacional: la Superliga nació sin estatutos y con trece observaciones de la Fifa.

Crisis política

Ahora hasta se ha deteriorado el vínculo de Macri con Daniel Angelici, que después de todo no es un empleado del Presidente sino un señor con poder propio, como que es uno de los capitostes del juego y otras yerbas de mal olor. En ese punto toda la cuestión ahonda la crisis política en que se ha convertido el fútbol, porque Angelici tiene gente propia en la Side y vínculos también propios con el Poder Judicial.

Para darse una idea de por dónde van las cosas: Angelici se puso furioso por la designación de Armando Pérez al frente de la comisión normalizadora de la AFA, y a pesar de todas las diferencias que tiene con ellos se reunió en Miami, poco antes del partido de la Selección contra Haití, con Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, y con Claudio “Chiqui” Tapia, yerno y ladero de Moyano, para presentar una línea de oposición al titular de Belgrano de Córdoba. Y Pérez, se debe recordar, es hombre de confianza de Macri.

En definitiva, el fútbol está simplemente tomado por camarillas en descomposición de empresarios, punteros políticos, manejadores de timbas, barrabravas y burócratas sindicales. En cualquiera de los esquemas manejados por estas bandas, los clubes medianos o chicos quedan condenados a desaparecer o a someterse definitivamente, y los grandes a convertirse, formalmente o no, en sociedades anónimas alejadas por completo de sus socios. Y, detrás de todo el asunto, pulpos internacionales como el de Ted Turner manejarán lo más sustancial del negocio, con los mafiosos locales de socios menores. El fútbol argentino será una sucursal de los torneos europeos, que a su vez se encuentran en una crisis terminal.

Un principio de solución a todo esto tiene que estar dentro mismo de las masas societarias de los clubes. De allí es necesario que emerjan organizaciones que empiecen a tomar en sus manos la expulsión de todas estas lacras. Y, en definitiva, el remedio último de todo esto estará en la reconversión del fútbol, como la de todas las demás disciplinas, en actividades deportivas al servicio del esparcimiento y de la salud física y mental del conjunto de la población; ésa es tarea de un gobierno de trabajadores.

El 25 de julio se conoció que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, emitió un dictamen a favor de la anulación de la condena de Belén, la joven tucumana que se encuentra en prisión luego de haber sufrido un aborto espontáneo.

Jiménez reconoce que la condena tiene severas fallas en su fundamentación y toma en consideración distintos atropellos que se cometieron contra Belén, y que Soledad Deza, su abogada, denunció en la cámara de casación.

El dictamen plantea que en la causa se vulneraron los derechos al debido proceso legal, a la defensa en juicio, a la garantía de la no autoincriminación, y los derechos a la igualdad y a la intimidad. Sostiene lo que venimos denunciando, y es que a Belén se la condenó sobre la base de prejuicios: “se deja entrever un prejuicio de falsedad desde el comienzo de la investigación respecto a los dichos de la imputada”. La inexistencia de un examen de ADN que la vincule con el supuesto feto encontrado es otra expresión.

Hay que destacar también que en el dictamen, el ministro fiscal avanza sobre la responsabilidad del gobierno. Es crítico sobre la intervención del Hospital Avellaneda y sobre las actuaciones del personal que atendió a Belén, en tanto se violó la confidencialidad médico-paciente, y en lugar de contenerla la sometieron a tratos crueles.

Jiménez, incluso, responsabiliza aún más al gobierno cuando plantea que “no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas”. Da en el blanco del accionar del poder político provincial, ya que Tucumán es la única provincia que no adhirió al Programa de Salud Sexual y Reproductiva y tampoco adhiere a la guía técnica de atención integral de abortos no punibles e incluso no tiene ningún protocolo de atención.

Si bien el dictamen de Jiménez no es vinculante al pedido de nulidad de la sentencia que deberá analizar la Corte Suprema de la provincia, es un paso muy importante en la lucha y lo tenemos que usar para avanzar sobre las responsabilidades políticas.

El 27, la mesa por la libertad para Belén se movilizó a Casa de Gobierno para acompañar a la presentación de Amnistía Internacional que lleva 120.000 cartas de todo el mundo reclamando la libertad para Belén.

En sus 30 capítulos, la miniserie El marginal, que se emite semanalmente por la TV Pública, adquiere una potencia destacada y cobra especial interés en la repetitiva (de Gran Hermano a ShowMatch) y, a veces, agria programación televisiva argentina.

Sobre una idea original de Adrián Caetano -director, entre otras, de la película Pizza, birra y faso y de la serie Tumberos, que allá por los agitados días de 2002 cautivó a una fracción importante y numerosa del público- y con la dirección de Sebastián Ortega, Javier Pérez y Alejandro Ciancio, El marginal cuenta la historia de Miguel Palacios (interpretado con maestría por Juan Minujín), un ex policía que queda envuelto en una compleja trama en el seno del sistema penitenciario. Palacios ahora es Pastor, la identidad falsa con la que el policía retirado queda preso, acusado de un doble homicidio.

Ya encarcelado, tiene una misión que cumplir: extorsionado por un importante y poderoso juez federal, Pastor debe infiltrarse en un grupo de presidiarios que maneja -en connivencia con la policía y las autoridades penitenciarias (el director es Antín, que encarna un soberbio Gerardo Romano)- el sistema de beneficios y castigos entre los internos, cobrando “impuestos” de todo tipo (desde dinero o comida hasta servicios sexuales); manejan, además, la compra y venta de drogas en los pabellones, así como también ordena las salidas de algunos presos para realizar tareas delictivas en el exterior, sean robos, secuestros, ajustes de cuenta o tareas de choque e intimidación.

El ex policía, que lleva en sí las huellas del sistema podrido, se integra, rápida y violentamente, al mundo tumbero. Es esta banda de internos la que digitó desde el interior del penal el secuestro a la hija del poderoso juez, en venganza para cobrar una deuda que el magistrado mantiene con ellos por sus negociados. El juez le tiende una cama a Palacios y le propone canjear su libertad por datos que lo ayuden a encontrar a su hija. En medio de las relaciones oscuras y los engaños, la única solución posible será la fuga.

El marginal, que se emite los jueves a las 22:30, es un llamado a la reflexión, pues evidencia -y por eso también denuncia- que el flagelo de la inseguridad y las muchas formas del delito hunden sus razones en la trama de intereses que benefician a policías, jueces, burócratas y políticos capitalistas, que lucran con la criminalidad para solventar un negociado de ganancias millonarias. En su reverso evidencia que esta Justicia, con su hipócrita “lucha contra la inseguridad”, sólo echa lastre y desvía la atención popular para dar rienda suelta a la política reaccionaria y mafiosa que comparten, casi sin matices, todos los partidos del régimen.

A diferencia de Tumberos, que transcurría en los pabellones, la trama de El Marginal ocurre en “el patio”, la villa de la cárcel. En el guión se expone, además, cómo se utiliza a los sectores más vulnerables -empujados por la superpoblación carcelaria a vivir en rancheríos, sin techo- para delinquir, como mano de obra esclava del servicio penitenciario.

La serie es, de este modo, una tira realista sólidamente fundamentada y documentada como hacía tiempo no se veía en la televisión nacional.

El tenor de las convenciones de demócratas y republicanos muestra la crisis que atraviesan ambos partidos, que parece no poder cerrarse. La crisis política en Estados Unidos se aviva, a pocos meses de la elección de un nuevo presidente. La ‘grieta social’ se profundiza a la luz de la violencia estatal contra los negros, latinos y trabajadores pobres.

La primera jornada de la convención demócrata se distinguió, no por los discursos de sus dirigentes tradicionales, sino por una movilización de protesta de miles de jóvenes partidarios de la candidatura de Bernie Sanders.

El discurso del senador por Vermont fue interrumpido por abucheos del público cuando quiso apoyar la candidatura de Hillary Clinton, esto es, reforzar el declinante Partido Demócrata. Al grito de “queremos a Bernie”, hicieron parar el discurso de Sanders en varias oportunidades.

Pocas horas antes de la convención, una verdadera bomba política vino a perturbar la unidad de los demócratas: se filtraron 20.000 mails divulgados por Wikileaks que muestran cómo funcionarios del Comité Nacional Demócrata boicoteaban la campaña de Sanders. La presidenta del Partido Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, se hizo cargo de esta campaña sucia y tuvo que renunciar por el tenor de las acusaciones. Pero esto no mejora la imagen de Clinton, que estaba al tanto de las maniobras.

Muchos de los que apoyaron a Sanders no están dispuestos a ir detrás de la candidatura de Clinton, a pesar de los llamados a la unidad que esgrime el mismo Sanders para enfrentar a Donald Trump.

Hillary, que creía que su candidatura transitaría sobre rieles luego de que el FBI la librara de culpa y cargo por las denuncias de uso negligente de su correo privado, enfrenta nuevos tropiezos y tiene una alta imagen negativa. Las encuestas previas a la convención indicaban que Sanders tenía más chances que ella de vencer a Trump.

Muchos votantes de Sanders podrían abstenerse en la elección general, o incluso votar por algún otro candidato. Ha quedado agudamente planteada la cuestión de una candidatura independiente de Sanders. Ni lenta ni perezosa, Jill Stein, del Partido Verde, salió a ofrecerle su partido para presentarse.

La crisis republicana

Del lado republicano, las cosas no están mejor. Su convención en Cleveland -y la campaña de Trump- también estuvieron atravesadas por actos y movilizaciones de repudio contra los mensajes fascistizantes del magnate. Las movilizaciones contra su candidatura dejaron al menos doce detenidos.

En la Convención, a su vez, se evidenciaron divisiones dentro del partido republicano. El bochorno del discurso plagiado de la esposa del candidato, Melania Trump, fue una anécdota al lado de otros datos, como la ausencia de referentes partidarios como George Bush, Mitt Romney, John McCain y John Kasich.

La “pacificación” del bando republicano fue imposible, debido a que el máximo opositor en la interna, el texano Ted Cruz, no apoyó la candidatura de Trump en su esperado discurso. La Convención se cerró en medio de insultos, abucheos y faltazos. Las declaraciones de Cruz fueron consideradas como una “puñalada por la espalda”.

Más allá de las diferencias políticas con el magnate, que enfrentó una huelga en su Casino Taj Mahal en Atlantic City, lo que preocupa a muchos referentes republicanos es que Trump también tiene una alta imagen negativa.

Con el telón de fondo de la crisis mundial, la crisis política continúa su desarrollo en plena campaña electoral.

Finalizaron las pasantías de la UJS. En esa experiencia junto a originarios y campesinos, nos encontramos con la grave situación de opresión que viven las mujeres trabajadoras de Formosa. Bajo el "feudo" de Gildo Insfrán, otrora kircnerista y ahora macrista, se profundiza la violencia que vivimos las mujeres mientras el gobierno trata de acallarnos

Nos encontramos con durisimos casos de femicidios y violencia de género. El presupuesto de la Secretaria de Mujer es miserable y además el gobierno lo dispone a gusto y piaccere.

Es grave la situación que viven originarias y campesinas. No hay acceso a hospitales y escuelas, y cuando llegan a un hospital no son atendidas adecuadamente. Las mujeres qom de La primavera son discriminadas por ser originarias y por luchar por sus derechos, sufren violencia obstétrica y luego del parto recorren kilómetros caminando para volver a su casa y luego llevar a sus hijos a realizar los controles necesarios. En los hospitales no hay mas anticonceptivos ni leche.

En Loma Senes, las campesinas son un factor de impulso en la lucha contra la contaminación producto de los transgénicos y el uso de agrotoxicos. En distintos laboratorios les han negado la realización de estudios de sangre para conocer con exactitud las consecuencias de la contaminación, bajo la orden de Insfrán.

El último día del viaje, en Formosa capital fuimos testigos de un caso de violencia de género. Acompañamos a la mujer a la comisaría, donde en primer lugar no querían tomarle la denuncia (ver entrevista).

Se torna inevitable organizar un gran movimiento de mujeres independiente del Estado y de todos los gobiernos patronales.

Durante la dictadura, Juancho fue responsable de la secretaría de organización del Comité Lanús-Avellaneda de Política Obrera.

Como tornero, trabajó durante la dictadura en Nortorf y en la fábrica Siam. La metodología del debate y el pasaje de prensa con sus compañeros de trabajo él la perfeccionó en los años de plomo y la siguió ejerciendo en cada laburo.

En 1981 ingresó a los Talleres de Vía y Obra de Temperley.

Lo conocí a fines del '83, cuando llegué a zona Sur y él era candidato por la lista Gris de la UF organizada por el PO, pero recién en 1989 tuvimos una militancia en común cuando fuimos parte integrante de un círculo de una docena de ferroviarios de la UF y Fraternidad con Sivori, Pestane, Juancho, Javier de Talleres de Vías y Obras de Temperley, Chiquito de los Talleres de Escalada, el ingeniero Miguel Ganza de Catenarias (ya fallecido), los fraternales Sires, Mario Idart, Traversaro, el turco Palacchi, Rubén Ratica, etc.

El equipo se preparó conscientemente ante el ataque que se venía con la privatización y salió a darle batalla. Toda la epopeya que fueron las Comisiones de Reclamos, el triunfo de la izquierda recuperando la seccional Escalada de la Fraternidad, nos obligó durante todo un largo periodo a vivir prácticamente dentro de ese local para defenderlo de la patota de la burocracia.

Por las iniciativas que votaban las Comisiones de Reclamos -que con las líneas ferroviarias en general paradas convocaban a cortar accesos-, bloqueamos por primera vez con los ferroviarios el Puente Pueyrredón, defendimos los puestos de trabajo haciendo reingresar a la fuerza a compañeros despedidos en Escalada. Organizamos grupos contra los carneros, hubo comisiones de mangueo de guita y de comida, fueron casi tres años de luchas y avances con dos largas huelgas y una durísima derrota que se dio cuando se consolidó la amenaza menemista “ramal que para ramal que cierra”.

La experiencia en el círculo con Juancho era brava. Era un obrero serio, reconcentrado, que debatía largamente los informes políticos preguntando y repreguntando y militaba con el periódico en la mano. Fue su mérito la incorporación de varios compañeros. Usaba su seriedad para gastarles bromas a los ferroviarios nuevos y nos quedó registrada para la posteridad a todos los que la oímos esa caracterización lapidaria que le sentenció a un compañero al que le gustaba gastarlo: “tenés todos los defectos de la clase obrera pero ninguna de sus virtudes”.

En 1992 con los retiros voluntarios, los despidos y el cierre de talleres, el círculo se disgregó y Juancho se conchabó en un taller metalúrgico chico y se consagró al trabajo partidario en su barrio, siempre acompañado de su compañera Caty. En el Argentinazo y el periodo posterior fue habitual verlo marchar junto a sus compañeros y vecinos y concurrir a las Asambleas de trabajadores ocupados y desocupados. Ingresó luego a trabajar como auxiliar de Escuela.

El 1 de agosto murió.

Nos vemos Juancho.

El ajetreo de las potencias mundiales en torno de la guerra del Yemen y de Siria; al terrorismo que se atribuye Isis; al golpe en Turquía y las manifestaciones contra el intento de Erdogan de establecer una dictadura; a la quiebra bancaria en la Eurozona y al Brexit; al derrumbe del precio del petróleo y a las amenazas financieras que se ciernen sobre Japón; a las advertencias de un aterrizaje forzoso de la economía de China; a la candidatura chovinista y belicista de Donald Trump; ninguna de estas preocupaciones ha mermado la inquietud de esas mismas potencias y de varias otras de dimensiones menores, por el desarrollo de la crisis en Venezuela. El desplome del gobierno de Nicolás Maduro y la posibilidad de que ocurra lo mismo con el régimen chavista figura en el tope de la agenda de Obama y de Cuba; del Vaticano y de la Unión Europea; de las piezas sueltas a las que han quedado reducidos la Unasur y el Mercosur y, por último, y no por eso de menor importancia, de la agenda de China, el principal cliente y acreedor de Venezuela.

Deuda externa, un espantapájaros

La descripción de la crisis de abastecimiento que sufre la población y los relatos de saqueos a supermercados, no significan que en la descomposición de Venezuela no haya un método. El gobierno se encuentra aplicado al pago riguroso de la deuda externa, la cual cotiza con un descuento del 40% por el riesgo de un defol. Esto significa un negocio monumental para los fondos buitre, que han salido a comprar en manada los títulos públicos bolivarianos. El monto de la deuda externa venezolana -del Estado y PDVSA- sería de 127 mil millones a 150 mil millones de dólares, con vencimientos de alrededor de 20 mil millones de dólares en los próximos 18 meses, en tanto que las reservas líquidas serían de 12 mil millones de dólares, Venezuela cuenta con un stock de 600 toneladas métricas de oro, luego de haber vendido cerca de 50 toneladas entre febrero y mayo últimos. El ministro de Economía, Pérez Abad, ha informado que las importaciones del país han caído de 37 mil millones a 20 mil millones de dólares en los dos años últimos, y que el propósito del oficialismo es bajarlas aún más, a 15 mil millones de dólares. Esto para reunir las divisas necesarias para abonar los vencimientos de la deuda internacional. Para eso ha recurrido al remedio ‘clásico’ de una enorme devaluación del bolívar, con la intención de acercarlo a la cotización del mercado negro, que se encontraba un mil por ciento por encima. La prioridad que se ha otorgado al pago de la deuda sobre las importaciones, ha sido el disparador (no la causa) de la crisis alimentaria que parecería crecer sin contención.

Hace tres décadas, cuando el régimen estalinista de Nicolae Ceaucescu logró su propósito de cancelar la deuda externa de Rumania, sometiendo a penurias inauditas a la población, acabó derrocado por una tremenda insurrección de masas.

La salida del defol es propiciada, en forma abierta, por Ricardo Haussman, un venezolano antichavista que trabaja en la Universidad de Harvard, quien ya probó fortuna, en enero de 2001, cuando abogó, junto al FMI, por el defol de la Argentina. Esa salida, bajo el gobierno de Maduro, produciría un colapso del régimen aun mayor que el que sufrió De la Rúa. La mayor parte de la deuda externa de Venezuela la contrajo el propio chavismo -no puede endilgarle la responsabilidad a una dictadura militar. Para peor, gran parte de esa deuda tiene su origen en los bonos que el Estado otorgó a los importadores y que terminaron en la Bolsa de Nueva York. El 40% de esa deuda, por otro lado, está contraída con China, que es pagada con exportaciones de petróleo. La producción del combustible, sin embargo, ha caído a los niveles de principios de siglo, precisamente por falta de financiación de inversiones y la desorganización que prima en las empresas nacionalizadas. La moneda de cambio de Venezuela, el petróleo, está prendada a los acreedores internacionales cuando el precio del barril, además, se acerca a sus mínimos históricos.

Remate, rescate

La expectativa de los teóricos del chavismo (Mommsen, Ali Arnaque), acerca de la posibilidad de sustentar un régimen de autonomía nacional a través de la recaudación de una renta minera internacional extraordinaria, ha terminado en un espejismo. Solamente una unión federativa y una reorganización social anticapitalista dirigida por la clase obrera, puede ofrecer un principio de salida a los países rezagados. El conjunto de las fuerzas capitalistas y pro-capitalistas en presencia hacen eje en la deuda externa, para que la atención popular no se concentre en la necesidad de un gobierno de trabajadores que asuma la reestructuración de Venezuela sobre nuevas bases históricas. La pretensión de impulsar la industrialización mediante un corte de importaciones, como justifica el ministro Pérez Abad el desabastecimiento, es un despropósito; eso sólo podría lograrlo una planificación determinada por la fuerza productiva del trabajo.

En oposición al programa de compresión de las importaciones para pagar la deuda externa y atenuar de este modo la presión política internacional, el presidente del Banco Central, Franklin Méndez, propone vender los activos que PDVSA posee en el extranjero y recomprar parte de la deuda externa con ese dinero. Sin embargo, si no se hace una recompra a precios de mercado, Venezuela pagaría 100 lo que vale 60 o menos; Méndez plantea también llevar el precio interno de los combustibles, irrisorio en la actualidad, al nivel internacional. Desde otros ambientes se plantea renegociar la deuda con China. De acuerdo con algunas informaciones, China aceptaría el convite si la renegociación es avalada por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de derecha. La cesación de pagos potencial de Venezuela lleva en línea recta a la discusión de una transición al post chavismo.

Milicos al frente

El enfrentamiento a la Asamblea Nacional mediante un gobierno por decreto, ha instaurado en Venezuela un régimen de facto. En las elecciones pasadas, el chavismo perdió sin atenuantes en las zonas urbanas e industriales. En esa lógica, boicotea el reclamo de que se convoque a un referendo revocatorio. La designación de Vladimir Padrino, el jefe de las fuerzas armadas, para dirigir el aparato estatal de distribución de alimentos, subordinando incluso al gabinete, militariza la disgregación del Estado y la transición hacia un nuevo régimen político. Algunos claman que se trata del pasaje a una dictadura castrense, otros de una transición pactada con la oposición de derecha. En cualquiera de estas variantes, la presidencia de Maduro estaría concluida. Los sobrinos políticos de Maduro, en posesión de pasaportes diplomáticos, habrían confesado a la Justicia norteamericana su participación en una red internacional de tráfico de cocaína. Para llegar a este punto de la crisis no hizo falta Wikileaks. El cambio de gobierno y de régimen se ha puesto a la orden del día. Cualquier otra discusión es ociosa. Es necesario concentrar el interés de las masas en una salida política propia.

La Unasur, Obama, la burguesía escuálida y el Vaticano se encuentran empeñados también en dar sustento económico a una transición, la cual consistiría en liberar el ‘cepo’ y culminar la devaluación, que sería complementada con una reestructuración de la deuda (revalorización). En este plano, Venezuela se convertiría en un paraíso financiero de corto plazo para quienes comprarían nueva deuda a tasas de interés varias veces mayores a las que han ofrecido el macrismo o los golpistas brasileños. Los bloques continentales y los pontífices ‘que supimos conseguir’, se reconvierten sin ruido, con el progresismo afroamericano y la socialdemocracia europea, en instrumentos de una salida contrarrevolucionaria.

La cuestión del poder

La izquierda del PSUV (los ex ministros Ana Elisa Osorio y Jorge Giordani) y varios militares que acompañaron a Hugo Chávez en el levantamiento de febrero de 1992 (el nombre de golpe se aplica solamente a la acción de una institución del Estado) han decidido apoyar el revocatorio que reclama la derecha. Entre los firmantes del planteo hay personalidades de Marea Socialista, el equivalente del MST de la Argentina. Es evidente que el apoyo al revocatorio es inducido por el reconocimiento de que la cuestión de poder está ‘a full’. En condiciones relativamente diferentes, los anima, sin embargo, la misma ilusión de aquellos disidentes de Syriza que esperaban que los electores repudien a sus dirigentes incapaces o traidores y los premien a ellos por representar, en el caso de Venezuela, ‘el chavismo original’. Seguramente sufrirán una decepción, pero en todo caso tampoco ese ‘premio’ electoral sería una salida, porque las masas necesitan, ante la catástrofe que sufren y la que se avecina, una fuerza política compacta en términos estratégicos.

Es precisamente esto lo que brilla por su ausencia en los planteos de fuerzas más avanzadas (por ejemplo PSL, ligada a nuestros compañeros de IS en el FIT), cuando invocan la necesidad de la “unidad para pelear contra el ajuste”. Cualquier ‘pelea contra el ajuste’, si es mínimamente seria o real, plantea la cuestión del poder. Por gravísima que sea, la crisis en Venezuela no se desarrolla en términos de ‘todo o nada’; hay mucho camino para recorrer, incluso si acontecen sucesos tremendos. La ‘pelea contra el ajuste’ no supera la caracterización mistificadora de Maduro (y aparentemente del PTS), que apuntan a una ‘pelea contra la guerra económica o el sabotaje de la burguesía”. En ninguno de los dos casos hay un planteo de poder, que es la condición de una construcción política capaz de intervenir en las distintas etapas que aún recorrerá este derrumbe social y político. En Venezuela se manifiesta con toda claridad que la atomización y el faccionalismo en la izquierda revolucionaria es la consecuencia de una falta completa de estrategia.

Extraído de: www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/593258907521641

El 28 de julio de 1981, 21 dramaturgos y otros tantos directores, con más de 200 actores, dieron a luz Teatro Abierto, un agrupamiento artístico de resistencia a la dictadura. La respuesta gubernamental no se hizo esperar: una semana después, la sala El Picadero (actualmente recuperada en el pasaje Discépolo), donde el ciclo iba a estrenarse, fue incendiada por un comando paramilitar. Ese atentado, sin embargo, potenció a Teatro Abierto, que se convirtió en un referente ineludible del movimiento democrático y en una semana ya era un hecho político de importancia. De ahí que Política Obrera, antecesora del Partido Obrero, contribuyera desde su prensa a difundir las actividades de aquel grupo.

De los sótanos a El Picadero

Luego de años de trabajar en los sótanos, clandestinamente, Carlos Somigliana, Eduardo Pavlovski, Tito Cossa, el recientemente fallecido Carlos Gorostiza y otros dramaturgos llevaron su teatro a la sala El Picadero, por entonces recién inaugurada.

Sin embargo, se sabe que la represión, según sea la situación política, suele tener resultados contrarios a los que busca. La violencia brutal del ataque a Teatro Abierto dio a conocer al gran público el movimiento de resistencia artística que se cocía en los sótanos del país de las torturas y desapariciones. Decenas de salas se ofrecieron para el estreno de las obras (se hizo finalmente en el Tabarís, con el doble de capacidad que El Picadero) mientras reconocidos pintores donaban sus obras para que se pudieran recuperar los gastos.

La punta de lanza que fue Teatro Abierto se difundió rápidamente. Así surgieron Danza Abierta, Poesía Abierta (la impulsó Ernesto Sábato), Cine Abierto, Música Siempre y Tango Abierto, si bien no lograron extenderse al interior del país.

De la lucha a la “reflexión”

Las obras, breves y realistas, lograron una rápida aceptación del público, que convirtió a este movimiento en una tribuna de denuncia. El teatro retomaba así su condición política.

Aquel primer período de Teatro Abierto fue el más vital de todos. Luego llegarían la guerra de Malvinas, las salas a medio llenar y la “pausa de reflexión” a la que se llamó el grupo apenas llegados la restauración parlamentaria, la obediencia debida y el punto final.

No es posible hacer un balance de aquel movimiento, que sucumbió ante sus propias contradicciones, desde una mirada inocente: el Partido Comunista, la Juventud Peronista, el radicalismo y, en general, todas las corrientes democratizantes, se ocuparon de diluir la rebeldía artística de Teatro Abierto. Poco después, Gorostiza era designado secretario de Cultura del gobierno de Alfonsín, mientras Sábato -uno de los impulsores de Teatro Abierto- tomaba parte en la confección del “Nunca más”, para empezar a explorar el camino de la “reconciliación”. En otras palabras: la cooptación estatal funcionó a pleno. Después ya no hubo movidas teatrales parecidas. Por eso, retomar aquella experiencia en un nivel superior es tarea pendiente.

En su primera cena de camaradería con la cúpula de las fuerzas armadas, Mauricio Macri blanqueó la pretensión de su gobierno de involucrar a los militares en la represión interna. Lo hizo al convocar a la “participación activa” de las fuerzas armadas “en tres líneas: caminar hacia una Argentina con pobreza cero, enfrentar y derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos”.

En criollo, “pobreza cero” es una impostura que oculta el ajuste, la “lucha contra el narcotráfico” es el sambenito de la militarización del país y “unir a todos los argentinos” es un guiño dirigido a los genocidas de la dictadura y sus defensores.

Para dejarlo claro, en su breve discurso Macri reivindicó la participación de tropas argentinas en las “misiones de paz” de la ONU en Haití y Sudán, así como el reciente envío de una delegación militar a Colombia.

Esta orientación enlaza los “gestos” de Macri hacia los militares, desde el decreto de “autogobierno” administrativo de las fuerzas armadas hasta los desfiles militares -Aldo Rico incluido- durante las celebraciones del Bicentenario. Los dichos de Lopérfido sobre los desaparecidos no fueron una canita al aire (no por nada sigue dirigiendo el Teatro Colón).

Las editoriales pro-amnistía de La Nación -si bien repudiadas in situ por sus periodistas- reflejan el reclamo estratégico de la burguesía por la recomposición y el reequipamiento de las fuerzas armadas. Para Macri, esto se convirtió en una necesidad política acuciante, habida cuenta de la estrecha base con la que debe afrontar el reciente empantanamiento económico y político de su gobierno. El plan de guerra contra las masas que prepara el macrismo -que incluye un tarifazo redoblado, el aumento de la edad jubilatoria y la liquidación del derecho laboral argentino- supone un fuerte andamiaje represivo para enfrentar una eventual rebelión popular.

La batuta de los yanquis

Este reforzamiento militar se desarrolla bajo la batuta del Pentágono. Poco más de un mes atrás, Kurt W. Tidd, su representante militar en el continente, visitó el país y mantuvo cuatro días de reuniones con el ministro de Defensa Julio César Martínez y los jefes de las tres armas (Tiempo Argentino, 31/7). Desde la reanudación de los acuerdos de cooperación con la DEA y el FBI, la ministra Bullrich mantiene reuniones con el Estado Mayor Conjunto para desarrollar un “trabajo coordinado para más seguridad”, como reveló torpemente en un tuit que luego borró.

Durante la visita de Peña Nieto, la “cooperación” en materia de “lucha contra el narcotráfico” fue uno de los principales temas de agenda. El macrismo avanza en un realineamiento con el bloque México-Colombia-Perú, donde la penetración militar norteamericana es profunda.

El kirchnerismo no puede desentenderse de esta orientación. La ex ministra Nilda Garré fustigó a Macri por sus dichos, pero reivindicó el apoyo logístico de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico (Página/12, 2/8). Ocurre que el kirchnerismo intentó conciliar la participación en la Unasur con la agenda dictada por el Comando Sur de los Estados Unidos, que fija como “hipótesis de conflicto” en Latinoamérica “la lucha contra el narcotráfico y la pobreza” (nada nuevo bajo el sol). En esa línea, el gobierno de CFK dispuso el patrullaje militar de las fronteras con Bolivia y Paraguay (operativos “Escudo Norte” y “Fortín II”) y en las villas, en nombre de la asistencia social (“Plan Nacional de Abordaje Integral”). Designó al genocida César Milani al frente del Ejército y lo proveyó de un abultado presupuesto para alinear al cuerpo de oficiales. El Proyecto X tenía su cabecera en Campo de Mayo, una guarnición militar. Del “apoyo logístico” a la intervención directa hay sólo un grado de distancia.

Convocamos a una gran movilización política democrática para derrotar este operativo reaccionario.

Los festejos por los 200 años de la Independencia pasaron sin penas ni gloria. Apenas se terminó la piroctenia patriotera, una ola de despidos y suspensiones masivas se impuso en varias grandes fábricas textiles: Alpargatas, Tecotex y Platex. En Scania, suspensiones de todo el personal durante 15 días. En Papel Tucumán, 50 despidos. En el caso de la planta de Massalin (una planta de acopio de tabaco en la Cocha), el cierre de la empresa.

El ámbito de la construcción es, sin embargo, donde más se han sentido los despidos y suspensiones. El proyecto de obras incluidas en el denominado Plan Belgrano hasta el momento ha sido puro humo.

Si bien la zafra ha comenzado, la crisis de sobreproducción acumulada en los últimos años (a pesar del aumento del corte de la nafta con bioetanol y el aumento de las exportaciones) no se ha disipado por completo, en consecuencia, tampoco las tensiones y pugnas entre los ingenios alcoholeros y los puramente azucareros, y por todos ellos con los diversos grupos cañeros. El pato de la boda son los obreros azucareros, a quienes, con el aval de la burocracia de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia), impusieron un arreglo paritario miserable, que incluso en varios ingenios las patronales se niegan a cumplir.

El gobernador Juan Manzur había señalado que, gracias al reintegro gradual de fondos coparticipables retenidos por la nación durante la era menemista, iba a tener mejores márgenes de maniobras para encarar algunas iniciativas en materia de obra pública. La alegría duró poco: el gobierno nacional planteó que el 50% de esos fondos van a tener como destino afrontar deudas pendientes de las provincias -y en el caso tucumano, la que emergió del fallo del Ciadi (organismo del Banco Mundial) a favor del grupo francés Vivendi, que tuvo a su cargo la privatización del agua por 170 millones de dólares.

A todo este escenario de crisis, se suman las numerosas denuncias por hechos de corrupción y el acelerado internismo que envuelve a las principales fuerzas y alianzas políticas. Manzur en forma decidida ha virado al campo macrista, hasta el punto que varios medios ya adelantaron la existencia de negociaciones para una lista de consenso para 2017. El mandatario provincial irá tan lejos como pueda en su realineamiento político, buscando asegurarse protección judicial y fondos para sostener la acción de gobierno.

En Tucumán se asiste a un destape de numerosos negociados multimillonarios con la obra pública, en especial con la construcción de viviendas. Estas denuncias involucran a José Alperovich, José López y Julio De Vido junto a varias constructoras, legisladores y varios funcionarios del actual gobierno provincial -e inclusive a Domingo Amaya, el ex intendente de la Capital, actual secretario de Vivienda de la Nación y unos de los referentes del Acuerdo para el Bicentenario que enfrentó a Manzur en las últimas elecciones provinciales.

Los coqueteos del macrismo con Manzur han puesto en tensión la interna de la UCR y, más en general, el Acuerdo para el Bicentenario. Por eso, Cano y otros referentes de la UCR han acentuado sus críticas a Manzur, señalando que es una continuidad del alperovichismo. Pero no pueden ir más lejos en sus denuncias. Su propia alianza con el presidente Mauricio Macri los obliga a cuidar la gobernabilidad, por lo que incluso han dejado caer todas las denuncias judiciales sobre el fraude perpetrado en las últimas elecciones provinciales. Las únicas denuncias que aún tienen vida judicialmente son las que en su oportunidad promovió el Partido Obrero, actualmente en manos de la Corte Nacional.

Frente a todo este escenario, las dirigencias burocráticas de los sindicatos están completamente postradas. Ninguna saca los pies del plato. A pesar de ello, ya ha habido señales de la enorme tensión social acumulada, como ocurrió en el cacerolazo contra los tarifazos, en el crecimiento de los movimientos y acciones piqueteras y en algunos conflictos parciales -como la lucha que libraron los obreros del ingenio San Juan, o la docencia universitaria. En todos estos casos, las convocatorias y la dirección de los reclamos estuvieron en manos de sectores combativos y de la izquierda.

La tarea de la izquierda y los sectores combativos es preparar con más organización y coordinación, superando los bloqueos burocráticos, los próximos combates que inevitablemente las masas se verán obligadas a dar para defender sus condiciones de vida.

En los últimos días, unas 700.000 personas sufrieron cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. La cifra se parangona con los momentos más álgidos de la interrupción del servicio en el verano, el momento de mayor consumo. Pero en esta época del año, los apagones no pueden explicarse por ese motivo. ¿Entonces? Las mismas distribuidoras eléctricas dieron las verdaderas razones. Alegando la demora en percibir los mayores ingresos del tarifazo (interrumpidos por los amparos judiciales), “las compañías comenzaron a avisar que no están en condiciones económicas de prestar el servicio que se les reclama” (La Nación, 28/9). Los “desperfectos” eléctricos reaparecieron súbitamente, con el objetivo de arrancar el tarifazo. En la misma línea, 200 trabajadores de Edesur están amenazados por despidos. Nos encontramos ante una extorsión lisa y llana, donde los usuarios y los trabajadores son usados como ´carne de cañón´ para que el aumento de tarifas sea aplicado sin más dilaciones. En este cuadro, la justicia bonaerense apresuró la habilitación del tarifazo en la provincia.

La misma fuente periodística añade que las razones esgrimidas para este lock-out patronal “son un pensamiento que comparten en el gobierno”. El acto de sedición de las privatizadas contra la población, por lo tanto, tiene aval oficial. Se trata de la misma actitud que adoptó el presidente de los subterráneos porteños, Juan Pablo Piccardo, cuando sostuvo que, por causa de los amparos, quedaba “comprometida” la seguridad del servicio de subtes. El gobierno ampara, en palabras y actos, esta conspiración para privar al pueblo de los servicios públicos más elementales.

La pretensión de que “sin tarifazo no hay recursos” es desmentida por la fabulosa expansión económica que llevaron adelante las distribuidoras de luz en los años del kirchnerismo. Edenor (grupo Pampa) adquirió distribuidoras en todo el país, junto a la transportadora Transener y, más recientemente, los activos de Petrobras en Argentina. Ese proceso de concentración del negocio eléctrico se financió con los subsidios del Estado, y con recursos que fueron sustraídos al mantenimiento e inversiones en el servicio. Ahora, el tarifazo ha apalancado una furiosa especulación bursátil y de transferencias empresarias, que podría venirse abajo si los aumentos continúan en el freezer.

La decisión de privar del servicio eléctrico a centenares de miles de personas confirma el carácter delictivo y confiscatorio de las privatizaciones, así como debe reforzar el reclamo por la anulación de todos los tarifazos, la apertura de las cuentas y la investigación de los costos y la inmediata intervención de todas las empresas de energía, para proceder a una auditoría a manos de representantes electos de trabajadores y usuarios. Es el único camino para terminar con la extorsión y el vaciamiento del patrimonio energético del país.

Con estos planteos, nos sumamos al cacerolazo de este jueves 4 de agosto en todo el país.

Las elecciones del 6 de setiembre presentan al conjunto de los trabajadores una oportunidad histórica para luchar por una nueva dirección en el Sindicato de la Alimentación. No se trata solamente de destronar a Luis Morán -tarea por demás sentida en el conjunto del gremio-, sino de la necesidad histórica de desalojar al conjunto de la burocracia, para poner en pie un sindicato a la altura de la lucha contra el ajuste.

La quiebra de los hermanos Rasic, que eran dueños de Cresta Roja, expuso ante el conjunto del gremio los límites de la directiva de nuestro sindicato: durante todo el conflicto los trabajadores encontraron un gremio adaptado a los planes patronales; primero a los de Rasic, ahora a los de Ovoprot. La quiebra de la empresa fue pagada en su totalidad por los trabajadores: los que volvieron a trabajar resignaron salarios, mientras un gran porcentaje de la planta quedó afuera.

Como ya dijimos, la visita de Macri no sólo exhibía a Cresta Roja como una salida “ejemplar” al desmadre económico dejado por los kirchneristas, sino también a la pasividad de la Verde de Morán como una conducta a imitar. Los bloqueos y movilizaciones de los trabajadores despedidos, que concitaron una enorme solidaridad de los que están adentro, terminarán echando por tierra las mentiras.

Los trabajadores responden

En la ciudad de Rojas, la empresa avícola Bertone Hermanos estuvo tres meses sin pagarle a sus trabajadores. La respuesta del gremio fue “esperar a que mejoren las perspectivas de la empresa”. Los trabajadores advirtieron que, a pesar de las promesas, la quiebra era inminente, de manera que tomaron el frigorífico, votando de manera inmediata una comisión provisoria en reemplazo de los delegados de la Verde. Los trabajadores actuaron cuando las cámaras estaban repletas de pollos, por lo que pudieron recuperar buena parte de la deuda vendiendo la mercadería.

En Riera Kiskali, del Parque Industrial de Pilar, los trabajadores hicieron una primera huelga contra la instalación de molinetes para controlar los tiempos de baño, que fue derrotada por la posición conciliadora del sindicato. En los últimos días, ante numerosas suspensiones por “excesos de tiempo de baño” los trabajadores volvieron a parar.

Un sinfín de establecimientos ni siquiera tienen delegados, por lo que las empresas hacen y deshacen a voluntad. En los últimos días, la patronal de Nutrifrost despidió una veintena de trabajadores sin que el gremio haya ensayado una respuesta. En Arcor Salto, los despidos también pasan sin respuesta, mientras la Verde reparte chorizos para captar votos.

La Verde en campaña

La lista Verde salió a decir que mentíamos cuando sostuvimos que los "45 años de Luis Morán (secretario general del sindicato) no habían dejado un atisbo de vida democrática en el STIA Provincia". ¿Mentíamos?

En la misma semana que la Verde decía eso, una patota impidió que difundamos nuestra campaña en Granja Tres Arroyos de Capitán Sarmiento. A la siguiente semana, una patota encabezada por barrabravas acompañó el plenario de delegados desarrollado en Quilmes, al grito de "si viene la Naranja qué quilombo se va a armar". No hacen más que confirmar a cada paso nuestras críticas.

Una primera conquista que muchos trabajadores nos han reconocido es que, gracias a la postulación de la Naranja, han podido conocer al gremio. Años de ausencia y ahora recorren fábricas, regalan chorizos y pagan viajes y hoteles a troche y moche.

Nuestra campaña

Los trabajadores y delegados que componemos la Lista Naranja estamos realizando una campaña a pata y pulmón para llevar nuestras propuestas a las más de 200 fábricas del gremio.

En cada fábrica que llegamos la realidad es la misma; las empresas avanzan y el gremio deja pasar. La sola existencia de una oposición antiburocrática es saludada como un avance por el conjunto de los trabajadores del gremio. Vamos por núcleos de la Naranja en todas las fábricas y por 500 fiscales para evitar el fraude que prepara la Verde.

Vamos por una nueva dirección en el STIA Buenos Aires, para enfrentar el ajuste en Nutrifrost, Bertone, Bimbo, Cresta Roja y en toda la provincia.

Esto recién empieza.

Nota publicada en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/598570450323820

En el examen de cualquier acontecimiento de relevancia debemos partir siempre de las fuerzas sociales en presencia. Los protagonistas procuran embellecer sus posiciones con argumentos variados, pero de ningún modo deben ser el punto de partida de una caracterización adecuada. No hay guerra imperialista, por ejemplo, que no haya sido presentada como una cruzada por la paz o la defensa de los intereses nacionales colectivos. Este mecanismo de ocultamiento o manipulación solamente puede ser desmontado mediante una mirada más abarcadora: aquella que pone de manifiesto los intereses sociales en pugna. Es el procedimiento que debemos seguir al abordar la citación judicial a Hebe de Bonafini e incluso todos los episodios judiciales que envuelven al kirchnerismo.

Macrismo

Más allá de los expedientes, la ofensiva judicial contra el kirchnerismo busca dotar de legitimidad política al gobierno macrista. Por eso es acompañada con fervor por la gran prensa y los medios de comunicación. El gobierno actual es débil, carece de los recursos políticos y económicos necesarios para imponer una política de ajuste; tiene que desarrollar una iniciativa permanente para obtenerlos. Está en juego una política de tarifazos, de confiscación de la fuerza de trabajo y de mutilación del derecho laboral -es decir, la política del capital financiero y la burguesía nativa. La andanada oficial contra el kirchnerismo responde también al objetivo de extorsionar a la oposición complaciente que integran el centroizquierda, Massa y la mayor parte del FpV, para obtener el apoyo parlamentario a los proyectos del macrismo e incluso para proceder a una captación de caudillos y punteros que amplíe las posibilidades electorales de Cambiemos en las elecciones del año que viene. La corruptela desvergonzada del gobierno anterior viene como anillo al dedo para la supervivencia de un gobierno que es la punta de lanza de una ofensiva capitalista que tiene alcance internacional. Por eso han pasado por Argentina los Obama, Hollande, Renzi, Kerry, y cualquier día de estos tendremos a la pirata Theresa May.

La andanada judicial contra los ladrones de la década ganada opera como un encubrimiento de una política reaccionaria. Oculta, asimismo, la corruptela fenomenal del oficialismo actual y la violación del estado de derecho. Macri ha sido absuelto del delito comprobado de espionaje y Sturzenegger de la estafa del megacanje de 2001, que él se empeñó en dilatar durante 15 años. El asunto de los Panamá Papers o del negociado de Grindetti con los bonos Tango en la Ciudad, ha salido de la plana de los diarios y del ajetreo judicial. Lo mismo ocurre con la responsabilidad del gobierno por las muertes en Costa Salguero. El macrismo acata a un juez municipal de Nueva York cuando se trata de pagar a los fondos buitre, pero desacata a la Corte Suprema de la Nación Argentina, que le ordena la publicidad del acuerdo YPF-Chevron firmado por el kirchnerismo. La Corte, a su vez, tolera esta manifiesta violación jurídica y se convierte en cómplice de la violación del derecho por parte del gobierno macrista. Marcos Peña sigue manejando el Tesoro con los superpoderes K, y el Banco Central financia el déficit fiscal a cambio de papelitos de colores, como se hacía antes, sin importarles la independencia que siempre reclamaron para la autoridad monetaria. Por la milésima parte de esto, el Congreso brasileño le ha armado un juicio político golpista a Dilma Rousseff.

Kirchnerismo

La otra parte del conflicto representa a otro bando capitalista integrado por una legión de corruptos. Sostuvo a Repsol hasta que vació las reservas de YPF y luego la indemnizó con 8 mil millones de dólares por los servicios prestados. Mantuvo a rajatablas, a fuerza de subsidios, las privatizaciones menemistas. Entregó el ‘shale’ a Chevron. Pagó 175 mil millones de dólares de deuda externa (lo que provocó el vaciamiento financiero del Estado). Canceló con intereses y punitorios la deuda estatizada de los capitalistas privados con el Club de París. Impuso el impuesto confiscatorio al salario y mantuvo un régimen impositivo de vía libre a la renta financiera, mientras gravaba el 55% de los salarios con impuestos al consumo. El bloque K se identifica con los Eurnekian, Cristóbal López, los contratistas de la Cámara de la Construcción. Durante ocho años, el kirchnerismo transó con el macrismo por los negocios inmobiliarios de la Ciudad -desde la AU3 hasta los terrenos ferroviarios y los de la Costanera sur- y fue un apoyo fundamental para la proyección nacional del macrismo desde el territorio porteño.

Estamos ante una pelea entre dos fuerzas de carácter capitalista por un posicionamiento económico y político completamente ajeno a los intereses de los trabajadores; más precisamente: por un posicionamiento hostil a los intereses de los trabajadores. Hace 14 años que Hebe de Bonafini ha dejado de representar la lucha por los derechos humanos del mundo del trabajo y la juventud. No marchó para condenar el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra; al revés, apoyó al gobierno de los Luna, los Schiavi, los Jaime, los Pedraza, los Cirigliano y los Romero -una red única que quedó de manifiesto en la tragedia de Once. No marchó con los familiares de Once, ni por la aparición de Jorge Julio López o Luciano Arruga. No hizo nada contra el gatillo fácil y la tortura en las comisarías, en la década ganada; ni contra la infiltración, el espionaje y la delación de los servicios K conducidos por Stiusso.

Izquierda

La obligación de los luchadores es denunciar el carácter capitalista y antiobrero de los protagonistas enfrentados en estas lides jurídicas y sus operaciones de encubrimiento. Mientras se enfrentan no dejan de transar, como lo demuestra el apoyo del Movimiento Evita al endeudamiento feroz del gobierno de la provincia de Buenos Aires y a sus políticas, a cambio del apoyo dinerario a sus aparatos. El Poder Judicial es una marioneta de los intereses capitalistas y de los lobbys del Estado; por eso absuelve a algunos, beneficia con delación premiada a otros y no condena a nadie, ni lleva las investigaciones hacia sus instancias últimas. Hebe de Bonafini decide rechazar la convocatoria judicial, pero CFK viene desde Santa Cruz a recorrer Comodoro Py. Cuando se ha decidido ‘resistir’, el ejemplo lo deben lo/as jefe/as. Los revolucionarios han utilizado los estrados judiciales, en numerosas ocasiones, para denunciar al régimen de turno -por ejemplo Fidel Castro, cuando pronunció “La Historia me absolverá”. Boicotear el ‘acoso’ judicial no es necesariamente la conducta más combativa. Hebe y los K han elegido la peor variante, pues han arreglado la declaración con el juez. Todo esto demuestra que estamos ante un conflicto de fuerzas antagónicas a la clase obrera.

Los luchadores debemos mostrar el avanzado estado de descomposición de las fuerzas políticas en presencia (corrupción al por mayor en TODAS ellas) para acentuar la atención de los trabajadores hacia una alternativa política de la clase obrera. El más mínimo respaldo a la acción de una de ellas (ni qué hablar de juntar filas con Zanini y De Vido) hipoteca la estrategia política fundamental de la izquierda, que es ganar a una mayoría de la clase obrera para luchar por un gobierno de trabajadores.

El próximo 10 de agosto, en el departamento de Andalgalá, Catamarca, se llevará a cabo la indagatoria al cura Renato Rasjido, por la imputación de corrupción de menores, la cual se suma a las cuatro imputaciones anteriores por hechos de abuso sexuales (dos de abuso sexual simple y dos abusos sexual con acceso carnal) cometidas en contra de un menor. Estos hechos se conocieron en 2014, luego del intento de suicidio del menor. La causa, que comenzó a moverse por la presión de los familiares, ha tenido idas y vueltas en el Poder Judicial, sin que a la fecha se haya ordenado la detención del cura pedófilo, quien sigue en libertad amparado por el obispo catamarqueño, quien le da asilo en las instalaciones del Obispado.

La acción del Estado, a través del Poder Judicial, confluye con la acción de la Iglesia de encubrir y proteger al abusador.

La audiencia para la declaración del imputado estaba prevista para el 7 de julio, pero llamativamente fue postergada por la fiscalía interviniente para no entorpecer los “festejos” por la fundación de Andalgalá. La Justicia banaliza el proceso y re-victimiza al menor, en el sentido que su caso opacaría el normal desarrollo de las actividades de la ciudad.

Pero no es la primera vez que se suspende una audiencia en este caso. Ya sucedió con anterioridad, pues coincidía con el encuentro del clero y los gobernadores del Noroeste, donde se afianzaron los lazos de dependencia con la Iglesia, pero no se dijo ni una palabra por la responsabilidad de los sacerdotes en los casos de abuso sexuales.

El cura Rasjido, además de estar resguardado por la curia, cuenta con la asistencia de un abogado amigo del poder que se vale de todas artimañas procesales para lograr la impunidad, con la que se mueve toda la Iglesia, tanto en Catamarca como en todo el país.

Por su parte, el Estado provincial, bajo el gobierno kirchnerista de Lucía Corpacci, hace oídos sordos a las denuncias sobre abusos sexuales en contra de mujeres y niños, quienes recurren a las denuncias públicas como la única forma de presión ante la Justicia. El gobierno no ha implementado ninguna medida, mira para otro lado, más aún cuando quienes están implicados son curas o amigos del poder de turno.

Desde el Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero denunciamos la responsabilidad y complicidad del Estado, y llamamos a las mujeres a organizarnos de manera independiente del Estado y del clero para acabar con la impunidad de los curas abusadores.

Este 10 de agosto nos movilizamos por:

Cárcel común a los curas abusadores Renato Rasjido y Juan de Dios Gutiérrez.

Basta de Impunidad.

Separación de la Iglesia del Estado.

Recuerdo que cuando el “Largo” Salas era responsable del Comité de Lomas, con Ramón (seudónimo de Juan Carlos Britos, nota de la redacción), fuimos parte de dicho órgano, de un círculo metalúrgico y de actividad barrial (con “Chamuyeta” -ex Panam) en Ing. Budge, La Salada, etc. Nos reuníamos en su casa de Santa Marta y salimos a vender en pareja -uno por cada vereda- el primer número de “Prensa Obrera” de color marrón (guardo una de recuerdo) que planteaba "noquear a la dictadura" en primera plana.

Fuimos amigos. Me visitaba y yo a él, ya cuando se mudó a su domicilio último que "Pocavida" también frecuentaba y discutíamos las fuentes del marxismo y la actividad fabril, así como de nuestro oficio de torneros. Caty siempre amable con el mate.

Cuando el Comité de Lomas me encomendó abrir padrón en mano la ciudad de Ezeiza (dos meses antes del Festival Antiimperialista del Luna Park), dejamos de vernos seguido. Lo recuerdo como un luchador tenaz, a pesar de sus problemas de salud y sus vicisitudes económicas. Hoy, justamente, y sin saber de su deceso, le pregunté a Jorge por él. Compañero Ramón: ¡hasta la victoria siempre!

Foto: Ignacio Smith

Indudablemente, la agenda política nacional está dominada por la crisis social y las manifestaciones de inquietud obrera y popular frente a esa crisis. Después de los paros docentes por la reapertura de las paritarias en siete provincias, los petroleros del sur reaccionaron a una nueva escalada de despidos con la ocupación de los pozos. La semana comenzó con la marcha de organizaciones sociales que lideró la Iglesia desde San Cayetano; luego irrumpió la marcha de los sindicatos clasistas y de izquierda de este martes 9 y, cuando esta edición de Prensa Obrera esté en la calle, se estará desarrollando un paro nacional de ATE.

Las manifestaciones populares se combinan con una crisis política inocultable, que alcanza al Estado y a la propia coalición de gobierno. La manifestación más clara de esa fractura es el impasse de los tarifazos. La decisión oficial de limitar los aumentos del gas a “sólo” el 400% no paró los efectos de las medidas judiciales, las cuales, a su vez, tomaron nota de los cacerolazos masivos. La Corte le echará largas al asunto, manteniendo en los hechos el congelamiento de los valores actuales. Mientras tanto, los aliados del macrismo reclaman la solución “política” -algunos llegan a proponer que se vuelva a fojas cero, para reprogramar los tarifazos en un horizonte mayor de tiempo. Pero un recule, incluso para darle “viabilidad política” al ajuste, constituiría un golpe brutal a la autoridad del gobierno, de cara al capital financiero y a los privatizadores. La perspectiva de los tarifazos ha alentado la valorización bursátil de los pulpos energéticos, e incluso varias transferencias empresarias. Junto a esos movimientos, podría tambalear todo el edificio de capitales especulativos que lucra con la quiebra nacional.

Pero el episodio de las tarifas tiene un significado más amplio. Expresa, sencillamente, que el macrismo no ha reunido las condiciones políticas para imponer a los trabajadores la factura de la bancarrota nacional. Ello no sólo por su precariedad política; también por el alcance de una crisis capitalista de alcance mundial y continental. Mientras esperan la “lluvia de inversiones”, los funcionarios macristas se anotician del derrumbe de la industria automotriz brasileña, a donde van destinados 6 de cada 10 vehículos que se producen en la Argentina.

El impasse económico ha conducido a una fractura política. Los aliados radicales de Macri le proponen un “acuerdo económico y social” para reforzar la capacidad del gobierno de pilotear el ajuste. Antagónicamente, otros socios del gobierno reclaman un “mando económico único” y un reforzamiento autoritario de la figura presidencial para llevar a fondo un ajuste fiscal sin miramientos. En la misma línea, un sector de la patronal exige que la justicia deje de frenar el tarifazo. Las divergencias anticipan una crisis de gabinete.

La CGT y la Iglesia

El progreso de la crisis social agranda el papel de la burocracia sindical como factor de contención de las luchas obreras. El pacto en torno de los fondos de las obras sociales ha sido sólo un mojón en el derrotero de colaboración con el ajuste, que hizo posibles 130.000 despidos y una caída del salario de entre el 10 y el 15% para este año. El hilo conductor de la precaria unidad que tramitan las cúpulas sindicales es la defensa de este pacto con los ajustadores, aún cuando terminen por resolver alguna medida aislada para “cerrar el año”. Pero los mentores de esta unidad burocrática no actúan solos: son los agentes sindicales de una oposición capitalista que sostiene los pilares del ajuste oficial. Eso vale para Massa o Barrick Gioja pero también para Cristina Kirchner, que se declaró “sin vocación opositora” en una entrevista en la cual, además, pidió pista en la reorganización pejotista que encabezan los gobernadores.

A la luz de este cuadro es necesario caracterizar a las manifestaciones populares de estos días. La movilización del domingo 7 de agosto estuvo física y políticamente orientada por la Iglesia, más allá de la participación masiva de organizaciones sociales. En las últimas semanas, el Vaticano ha buscado “cerrar heridas” con el macrismo. Las declaraciones elogiosas de Francisco hacia Macri tuvieron su contrapartida en el compromiso presidencial contra el derecho al aborto. Pero esta colaboración con el gobierno ajustador no exime (y más bien refuerza) la preocupación clerical por dotar a la política de despidos y tarifazos de una contención asistencial. Macri ha reforzado los planes sociales, e incluso diseña un plan de obras comunales en base a trabajadores “cooperativizados” -o sea una gigantesca plataforma precarizadora. Esta orientación marcó la impronta de la marcha de San Cayetano, que no reclamó por un salario igual a la canasta familiar sino “que nadie gane menos del salario mínimo”, que es la cuarta parte de aquella canasta. Una parte de la burocracia sindical se sumó a la procesión para disimular su negativa cerrada a un verdadero plan de lucha. La marcha también pretendió ser el ensayo de un frente político, aunque sus participantes están lejos de coincidir en lo que quieren. Algunos aspiran a formar una coalición centroizquierdista, que no excluya a los restos del kirchnerismo. Otros se postulan como la “pata social” de los Massa o Gioja. El denominador común entre unos y otros es la voluntad de someter a los explotados a una dirección política extraña a sus intereses.

La izquierda

A la luz de lo anterior, la Coordinadora Sindical Clasista acertó al promover la marcha que protagonizaron los sindicatos del clasismo, con el Sutna, la Unión Ferroviaria del Sarmiento, los Sutebas combativos y la AGD-UBA a la cabeza. La movilización del 9 no sólo se diferenció por su programa, que planteó sin tapujos la lucha contra los despidos y el tarifazo y el reclamo urgente por la reapertura de las paritarias. Estuvo asociada al planteo del paro activo nacional y el plan de lucha, es decir a poner al movimiento obrero en pie, como la fuerza social capaz de derrotar el ajuste. En su sola concreción expresó también una estrategia política, al plantear un programa de reivindicaciones y una acción decidida de las organizaciones obreras para imponerlo. Ello constituía una razón de fondo para que la izquierda se empeñara en su éxito y masividad -fue lo que hicieron el PO y la Coordinadora, a través de una enérgica campaña en lugares de trabajo y sindicatos.

En definitiva, lo que está en juego es qué fuerzas sociales y políticas liderarán a la enorme inquietud popular en curso. Una parte de la izquierda -incluso dentro del FIT- está empeñada en cederle ese lugar a los opositores capitalistas, en primer lugar a quienes hasta ayer tenían “sueños compartidos” con Chevron, Milani y la precarización laboral. Si esa orientación prevaleciera constituiría un golpe brutal a lo que hemos conquistado en estos años en términos de independencia política y delimitación del nacionalismo patronal. Por el contrario, sostenemos que el Frente de Izquierda debe colocarse al frente de la lucha contra el ajuste, presentar un programa y una salida anticapitalista al conjunto de los explotados. A partir de esa definición, llamamos a los partidos del Frente de Izquierda a concretar una movilización y un acto masivo al centro del poder político, contra el ajuste de Macri y los gobernadores y por una alternativa política de los trabajadores a la crisis nacional.

La orden de detención dictada por el juez Martínez de Giorgi contra Hebe de Bonafini desató un operativo inusitado, que incluyó una orden de allanamiento al local de las Madres y luego el intento de detenerla en la tradicional ronda de los jueves en la Pirámide de Mayo. La elección del día, coincidente con el segundo cacerolazo contra el tarifazo, fue deliberada. Sin duda, se trató de un show funcional al macrismo. Por caso, ningún magistrado ha demostrado el mismo empeño hasta ahora para dar con el contrato secreto de YPF con Chevron, a pesar del fallo de la Corte Suprema.

Sin embargo, esto no debe ocultar, como señaló Nora Cortiñas, que Hebe “no está requerida por un tema de derechos humanos, sino por su rol de empresaria”. Está imputada en la causa que investiga la malversación de dinero destinado a la construcción de viviendas a través de la empresa “Sueños Compartidos”, que dirigía junto a Sergio Schoklender.

Hebe está acusada junto a José López y cuarenta funcionarios más por el desfalco de casi mil millones de pesos provenientes de fondos públicos. En una carta pública, Hebe señaló que no concurriría a declarar porque no reconocería la autoridad de “esta justicia”. Sin embargo, esa razón principista ha sido dejada de lado. Sus abogados están negociando con el juez una salida procesal y Hebe estaría dispuesta a declarar si es eximida de ir a prisión preventiva.

La Fundación Madres de Plaza de Mayo actuaba como intermediaria entre la Secretaría de Obras Públicas que ocupaba el bolsero López y la constructora privada Meldorek, perteneciente a Schoklender, beneficiaria exclusiva de los planes de construcción de viviendas sociales hasta 2011. Gobernadores e intendentes de todo el país también sumaban sus propias licitaciones confeccionadas a medida de la constructora de Madres.

Antes de que la Justicia detectara los enjuagues financieros del tándem Hebe-Schoklender, los obreros de Meldorek denunciaban empleo en negro, súper explotación y maltratos propios de pistoleros.

La cooptación política de los K arrastró a Madres al barro de la corrupción, junto a los López, los Lázaro Báez y demás socios de la camarilla patagónica. Constituyó uno de los episodios más denigrantes y dolorosos, para los luchadores, de todos los ocurridos bajo los gobiernos kirchneristas, que tuvieron presos políticos, muertos en protestas sociales y un genocida como jefe del Ejército. La antigua luchadora abrazó la defensa del kirchnerismo al punto de descender a los niveles de repudiar a Julio López tras su segunda desaparición. Cambió el acompañamiento a las luchas por la asistencia perfecta a los actos protocolares en la Casa Rosada. El 24 de Marzo sumó a Aníbal Fernández al camión de las Madres.

El gobierno de Macri, sin duda, se sirve ahora de esta causa judicial para encubrir a los suyos, los Caputo, los Calcaterra, los Niembro y los Grindetti. También, para avanzar en sus políticas de amnistía a los genocidas.

Hebe debe responder por los negociados de “Sueños Compartidos”. Su obligación es limpiar el nombre de las Madres y precisar el papel de los funcionarios -incluidos los servicios de inteligencia- involucrados. Sin embargo, a la hora de enfrentar la embestida judicial, Hebe prefirió rodearse de Zannini, Boudou, Ferraresi, el “Cuervo” Larroque y Sabatella.

Una parte de la izquierda actuó nuevamente como furgón de cola de esta pandilla y se hizo presente en el acto con los K, como ya lo había hecho frente a la detención de Milagro Sala. Su seguidismo a la banda kirchnerista responde a un electoralismo indisimulable.

Más que nunca, reivindicamos la completa independencia de las organizaciones de lucha y de derechos humanos frente al Estado y sus partidos. El Partido Obrero levanta estos planteos con la autoridad de haber sido la única fuerza política que acompañó la lucha de las Madres durante la dictadura militar.

Con una votación superior al 82% de los trabajadores a favor de “no trabajar más los domingos a la noche”, se cierra un extenso conflicto, del cual hay que extraer varias conclusiones, pero que es, en toda la línea, un triunfazo obrero sobre la patronal.

Desde el principio hasta el fin, los trabajadores tuvieron que enfrentar una maniobra tras otra de parte de la empresa, que conspiró de todas las maneras que pudo. Aun así, no pudo derrotar a las combativas asambleas de Knorr y Hellmann’s ni a un cuerpo de delegados que respondió graníticamente ante cada embate. Quedó desmentida la fantasía fogoneada por la empresa de que sin pelear habríamos conseguido lo mismo o más.

La principal maniobra que tuvieron que derrotar los trabajadores fue un intento de represión a los bloqueos de los portones. Un despliegue descomunal de la primera conquista de los trabajadores de Knorr y Hellmann’s había sido una suma puente de 8.000 pesos netos, ganada inmediatamente después de la semana de huelga y piquetes de abril. La empresa maniobró para dividir a la asamblea, pagando a los efectivos pero no a los contratados. La respuesta inmediata de las asambleas y la amenaza de paro desarmaron la maniobra.

El rasgo distintivo de la conquista de la suma puente es que, salvo donde se hicieron medidas de fuerza (Prodalsa y Unilever), no se consiguió arrancarle un peso a las empresas. La directiva del sindicato se limitó a presentar una nota en cada empresa -sin informarle a los trabajadores y en muchos casos ni a los delegados.

Esta nota cuasi-clandestina del STIA fue a parar a los cajones de Recursos Humanos de los empresarios y, salvo rarísimas excepciones, nadie cobró un peso.

“Domingo a la noche en casa”

Aunque el núcleo del conflicto era el descanso del domingo a la noche, los trabajadores de Zona Oeste plantearon en las asambleas que era necesario incorporar el reclamo de un servicio de chárter pago por parte de la empresa, que se sume a los chárters ya existentes (por Panamericana y Ruta 8). Si bien parece un problema secundario, el reclamo del chárter expresó una respuesta de conjunto al tarifazo del transporte, el gas y la nafta y su conquista representó una recuperación importantísima del salario para trabajadores.

El origen del reclamo del “Domingo a la noche en casa” fue un intento de las comisiones internas afines al sindicato de Hellmann’s y Ades, que quisieron, mediante una votación a fines del año pasado, demostrar que los trabajadores no querían sumarse a un conflicto que en Planta Knorr era inminente. Para sorpresa de propios y ajenos, en las urnas triunfó impulsar el conflicto -algo que los delegados no pensaban hacer. El triunfo en las urnas se dio a pesar de una intensa campaña conjunta entre los delegados verdes y la empresa. La votación de aquel entonces le costó la comisión interna a los delegados de Hellmann’s, abriendo paso a una nueva comisión clasista, y quebró a la de Ades, llevando al triunfo a un sector de delegados que hizo campaña contra la direción del sindicato.

Durante una semana completa, los trabajadores mantuvieron la producción de Knorr y Hellmann’s, pero bloquear los portones para impedir el movimiento de producto terminado. Las negociaciones se prolongaron durante meses, después de la conciliación obligatoria, hasta la votación del viernes pasado, en la cual 385 trabajadores votaron a favor de no trabajar más, contra 86.

Un conflicto ejemplar

La naturaleza del conflicto no debería llamar la atención sólo por representar un avance de las conquistas obreras en medio de un ajuste generalizado, sino más bien por el carácter de lucha de su dirección -los 10 delegados que encabezaron el proceso “vivieron” durante la semana de huelga en la fábrica- y por sus métodos democráticos -durante estos meses se hicieron un sinfín de asambleas para pilotear cada decisión que se tomaba. La votación por urna, pedida por la empresa para instalar la idea de que en las asambleas se votaría a favor por la presión de los delegados, también dio por tierra con los disparates de la patronal y también con la fantasmal “Comisión Deportiva” que impulsó la Verde en Knorr y que fracasó a pesar de regalar chorizos, viajes y electrodomésticos.

El 6 de septiembre, los trabajadores de la Alimentación tenemos la oportunidad de desalojar a una Comisión Directiva atornillada desde hace 45 años al sillón, para abrir paso a una nueva dirección del gremio, encabezada por los delegados luchadores. Las conquistas, los métodos profundamente democráticos, y la predisposición de lucha de nuestros dirigentes representan la carta de presentación indiscutible de nuestra Lista Naranja.

¡Llenemos de votos naranjas las urnas por una nueva dirección en el STIA!

Las elecciones del gremio químico de San Lorenzo terminaron con los siguientes resultados: la lista Celeste se impuso con 172 votos (41%), seguida de cerca por la Naranja, que obtuvo 132 (32%); la Verde, encabezada por el actual secretario general, salió tercera con 109 votos (26%).

En las once fábricas de este pequeño, pero estratégico, sindicato del cordón, se abrió un debate de gran importancia sobre la cuestión de la dirección. La directiva que dirige el gremio desde hace doce años se partió en dos, constituyendo las listas Celeste y la Verde. La novedad de la elección fue la construcción de una lista nueva, que nunca estuvo en la dirección del sindicato, encabezada por el compañero Roberto Vila, dirigente público del Partido Obrero y de la Coordinadora Sindical Clasista, junto a varios delegados independientes.

La Naranja introdujo por primera vez en el sindicato la idea de un nuevo método; abrió un debate sobre terminar con los contratados y la tercerización permitida en todos los sindicatos del cordón, planteó la cuestión de la igualación de los salarios de las once plantas -hoy absolutamente desiguales- y el funcionamiento por medio de un plenario de delegados mensual y el ejercicio pleno de la democracia sindical.

El debate introducido por la Naranja llegó a los trabajadores químicos, lo que se reflejó en la altísima votación (95%) del padrón. El 32% de los votos de la Naranja, con triunfos en dos plantas importantes del gremio y con buenas votaciones en todas las demás, implican un enorme capital para esta lista de luchadores.

La elección dejó planteada, de cara a las próximas elecciones de delegados, un mayor desarrollo de la Naranja y una pelea por todas las reivindicaciones planteadas por el programa de la Naranja en todas las fábricas químicas del cordón.

Como lo dijo un viejo dirigente químico al terminar la elección, "la Naranja es el futuro".

Felicitaciones.

Una red de piquetes petroleros sigue paralizando la producción en el norte de Santa Cruz. La burocracia del sindicato petrolero de Santa Cruz, dirigida por el kirchnerista Claudio Vidal, está actuando para quebrar el movimiento de lucha. Vidal ha hecho un reclamo público al gobierno, junto a la Cámara de Transporte, para que ponga fin a los piquetes y garantice el trabajo (una foto muestra a Vidal con el "Momo" Venegas, signo quizá de un cambio de frente hacia el actual gobierno). Una patota armada por esta burocracia junto a los transportistas acaba de desfilar por las calles de Las Heras exigiendo el fin del movimiento de lucha. Su par K en Chubut, el “Loma” Avila, levantó el paro que había anunciado a horas de su inicio, extendiendo una tregua que favorece el acoso contra los piquetes.

Los obreros sostienen los piquetes contra los despidos y suspensiones de la contratista de YPF, San Antonio Pride de Las Heras y Caleta Olivia. Es una lucha contra la “reestructuración productiva” que firmó toda la burocracia sindical petrolera (Pereyra por la cuenca neuquina, Avila y Vidal por la cuenca de San Jorge-Cerro Dragón) con la cámara de empresas contratistas (CEOP) y la de operadoras (CEPH), en el Ministerio de Trabajo, el 29 de julio, y que, naturalmente ha entrado en crisis por decisión de los obreros petroleros.

Los combativos delegados de San Antonio realizaron, el lunes 8, un acto en Las Heras, que buscó sumar a los obreros de las demás petroleras Oleosur, Huinoil, Bolland, Oil, que vienen de paros y piquetes. En Comodoro Rivadavia estuvieron con “retención” (paro por empresa por descuentos salariales de hasta 8.000 pesos) trabajadores de ocho contratistas.

El ataque y la respuesta

La restructuración abarca jubilaciones compulsivas, reubicaciones en otras tareas, trabajo con mayor velocidad de viento (zonas como Comodoro tienen vientos de hasta 120 km/h), horarios nocturnos para montaje y desmontaje, simultaneidad de tareas de un mismo operario, controles de ausentismo para que vayan a trabajar enfermos y continuidad en los equipos de perforación aunque falten operarios.

Es una declaración de guerra contra los trabajadores porque, con las condiciones de riesgo que tiene de por sí la actividad, imponer este nuevo régimen significa peligro de muerte. Esto se suma a los despidos que continúan, y amenazan con ser masivos, y a los descuentos por días de paro en Comodoro y Santa Cruz. Incluso las patronales no han pagado la miserable cuota del 18% que la burocracia acordó con el ministerio y las operadoras en el convenio ruinoso que acaba de firmar. En Santa Cruz, YPF ha bajado 14 equipos, acrecentando el conflicto. El siguiente paso que quieren dar los pulpos es la reducción salarial por reducción de jornada de 12 a 8 horas.

En Las Heras se encuentra el punto más alto de lucha contra estos ataques: hay que recordar que más de la mitad de un total de 88 delegados de Las Heras, donde se concentra el 50% de la producción del yacimiento, y miembros de la comisión directiva del sindicato, siguen expulsados desde hace años por la burocracia del sindicato (Vidal).

Estamos en presencia de una batalla de enorme importancia para todo el movimiento obrero. Defendamos a los petroleros de Las Heras en lucha. Por asambleas y plan de lucha nacional ya. Defensa integral del salario y de cada una de las reivindicaciones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el ingreso, reincorporación de todos los cesanteados y suspendidos.

El rescate debe ser para los trabajadores, no para los pulpos parásitos.

Publicado en: https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/599810676866464

El presidente golpista Michel Temer habló en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fueron menos de diez segundos, sin aviso previo, suficientes para una fuerte silbatina del público que enseguida se convirtió en estremecedora. El régimen político supuestamente responsable por sacar al país de su peor crisis no puede mostrar a su presidente en público.

La impopularidad del gobierno no alimenta, sin embargo, ninguna posibilidad de revertir la destitución de la presidente Dilma Rousseff (PT) por el Senado a finales de agosto. No estamos frente a un movimiento político pendular de izquierda a derecha, sino frente a una crisis vertical y transversal del poder político. La hipótesis que circula ahora es el reemplazo del gobierno de Temer y la sustitución del sistema presidencial por el parlamentario.

La hipótesis que plantea es la de la caída, no sólo del PT, sino del conjunto del gobierno elegido en 2014, y la posibilidad de cambio del régimen político y constitucional, substituyendo el presidencialismo por el parlamentarismo, o por un híbrido de ambos. El fortalecimiento ilusorio del Poder Judicial (simbolizada en la figura del juez curitibano Sergio Moro), elevado a la condición de salvador nacional por sus investigaciones sobre la corrupción estatal (y beneficiado por un corruptísimo aumento de 60% en sus “salarios”, en momentos de congelamiento salarial público y privado) no es una evidencia del fortalecimiento de las instituciones republicanas, sino de la descomposición del Estado.

El programa económico del gobierno consiste en un rescate de la burguesía y el Estado en quiebra por medio de un ajuste de los salarios, del empleo y de los gastos sociales, en especial del sistema previsional, acompañado por un endeudamiento feroz -tanto del sector público como del privado. Crece el número de empresas en concurso de acreedores, lo que habilita el remate de ellas a precios de pichincha. Lo mismo ocurre con la deuda pública. El plan oficial congela, por ley y por veinte años, los gastos estatales, y aumenta la desvinculación de la recaudación fiscal del gasto en salud, educación y gastos sociales, vinculación establecida en la Constitución. La crisis económica, con una consistente caída del PBI, ha sido el pretexto para suprimir más de 530 mil empleos “legales” en el primer semestre de este año. El desempleo es del 12% (más de doce millones de trabajadores).

La recaudación fiscal está en caída libre; ha caído en 60 mil millones de reales en relación con las cifras nominales de 2013, sin contar la inflación. El PBI per capita ha retrocedido al nivel de cinco años atrás, y el salario real medio ha sufrido un retroceso todavía mayor. El endeudamiento público y privado roza el 150% del PBI; la cartera de los bancos tiene una proporción creciente de ‘no performing’ (impagos). El déficit presupuestario está calculado para este año en 170 mil millones de reales (casi 50 mil millones de dólares), el déficit real, incluidos los llamados “esqueletos fiscales”, está calculado ¡entre 300 y 600 mil millones de reales! El gobierno anunció su intención de cubrir el muerto con nuevas privatizaciones (petróleo -ya han sido vendidas las reservas más promisorias, como las de Carcará- y electricidad, bancos públicos y sistema previsional). La perspectiva de un defol, anunciada por el aumento del “riesgo Brasil” por las agencias clasificadoras internacionales, está muy lejos de haber sido conjurada. Se ha abierto al capital extranjero áreas reservadas al capital local. Existe una fuerte disputa entre capitalistas chinos y norteamericanos por las privatizaciones, para arrancar nuevas garantías y exenciones impositivas, sin hablar de la completa apertura de los sectores económicos hasta ahora reservados para el capital local.

La crisis política se acrecienta por la “ilegitimidad” de un gobierno supercorrupto, elegido por nadie. Fora Temer puede ser el leit motiv de la unificación del conjunto de las luchas en curso, por el empleo, el salario, la casa, la tierra, la educación pública, los derechos sociales. En el segundo semestre habrá comisiones paritarias de petroleros, metalúrgicos, químicos, bancarios, correos y varias empresas estatales. Las burocracias de las centrales sindicales, sin embargo, se han integrado a las conversaciones con el gobierno sobre la privatización del sistema jubilatorio.

Oportunidad para la izquierda

La izquierda clasista tiene una oportunidad única de presentar un programa de conjunto frente a la crisis, y de plantear una alternativa política de clase. Sin embargo, tiende a limitar sus perspectivas a las elecciones municipales de octubre. La izquierda del PT, en nombre de la “reprogramación de la izquierda”, repite su táctica de presionar a la dirección del partido, que está en una crisis prácticamente terminal, para que haga (o al menos diga) lo que no hizo durante los trece años en que gobernó, sin ningún balance acerca de la estrategia política y la base social de esa dirección. En las cuestiones decisivas (la candidatura Haddad en San Pablo) se subordina a la dirección del PT.

El PSOL está concentrado en la posibilidad de llegar al segundo turno en las elecciones de cuatro capitales (en São Paulo sostiene la candidatura de Luiza Erundina, ex ministra de Itamar Franco y ex intendenta del distrito), e inclusive de vencerlas en Porto Alegre (con Luciana Genro). El PSTU, a su vez, se ha dividido, con una escisión de 30-40% de sus militantes (que constituyó el Mais en una plenaria celebrada en San Pablo) en torno a la cuestión del frente de izquierda y de la política de la dirección partidaria que ignoró el carácter golpista del juicio político a Rousseff. Asistimos a una adaptación democratizante, cada vez más acentuada, de la izquierda brasileña, sin excepciones, en un periodo de crisis excepcional.

Hay que abrir un debate para desarrollar la consigna Fuera Temer y la huelga general, en función de una crisis de poder con una posible irrupción de masas.

Micaela Bravo, de 27 años, salió un 23 de marzo a dejar a su hija en el jardín de infantes y desapareció. Días después, el 6 de abril, su cadáver masacrado a golpes fue hallado en un baldío del barrio 2 de Abril, en el sur de San Carlos de Bariloche. Ese día estaba de guardia en la comisaría 42ª, con jurisdicción en el lugar donde se encontró el cuerpo, el oficial ayudante Lucas Muñoz. Cuatro meses después, el cadáver de Muñoz apareció muy cerca del descampado en el que habían encontrado a Micaela. El oficial muerto estaba vestido con su uniforme, tenía su arma reglamentaria, su billetera y hasta su celular. Muñoz había sido secuestrado 27 días antes, de modo que lo mantuvieron cautivo más de tres semanas. De inmediato se develó una trama de encubrimientos del crimen que involucra al menos a tres comisarios y a otros cinco oficiales. El aparente vínculo del crimen de Muñoz con el de la joven Micaela dejó al descubierto una red de policías comprometidos con bandas de narcotraficantes y tratantes de personas (véase, entre otros, La Nación; 14/8).

El escándalo se transformó de inmediato en una crisis política. El domingo 14, el gobernador de la provincia, Alberto Weretilnek, declaró que el asesinato de Muñoz fue “un mensaje casi mafioso” que significaría “lo tengo el tiempo que quiero, lo asesino y lo pongo cuando quiero” (Río Negro, 14/8). Weretilneck considera que ese “mensaje” no fue dirigido al poder político sino que obedece a una interna policial. El gobernador se tomó su tiempo: durante las tres semanas que duró el secuestro de Muñoz guardó silencio. Ahora habla incluso de una mochila que habría llevado el policía asesinado, de la que nada se sabía. Por eso, los abogados de la familia Muñoz han pedido al fiscal de la causa que cite a Weretilnek para que aporte información sobre el “pacto de silencio” que según él hay entre los policías. “El gobernador asegura que Lucas (Muñoz) subió a un auto, cosa que no nos consta, y habla de una mochila que no aparece. Queremos que explique qué sabe de la causa”, dijeron los abogados querellantes Karina Cheuri y Alejandro Pschunder (Río Negro, 16/8).

Desde el 26 de marzo de 2010, cuando fue asesinado a tiros el médico policial Guillermo Neumann, o la desaparición al año siguiente del peón golondrina Daniel Solano cuando procuraba organizar a sus compañeros contra la superexplotación a la que se veían sometidos, hay una veintena de asesinatos impunes en la zona de Bariloche y El Bolsón. En todos esos casos, la policía manifiestamente impidió que las investigaciones se desenvolvieran debidamente. Esa situación no habría podido producirse sin la complicidad del poder político y del Poder Judicial. En otras palabras: el Estado provincial está corrompido hasta los huesos y, como siempre sucede, el extremo de la pudrición se registra en la institución policial, centro organizador del delito. Este estado de cosas viene de los tiempos del ex gobernador kirchnerista Carlos Soria, simpatizante público del nazismo (se sacó fotos, muy sonriente, con el carnicero nazi Erich Priebke), y aún de antes, cuando Río Negro era gobernada por el partido radical. Ahora, todo el asunto ingresa en una etapa terminal.

Se impone respaldar e impulsar la movilización popular por el esclarecimiento de los crímenes de Micaela Bravo, de Natalia Báez (otra víctima reciente de la inseguridad promovida por la policía), de Lucas Muñoz, de Daniel Solano y de todos los asesinatos y desapariciones impunes. Al mismo tiempo, esa movilización tendría que generar organismos que discutan y tomen en sus manos el problema de la seguridad ciudadana contra una policía transformada en la peor y más peligrosa de las bandas delictivas.

La jornada de movilizaciones por la libertad para Belén y la anulación de su condena fue desplegada a lo largo de toda la provincia en sus principales ciudades. El Plenario de Trabajadoras participó y organizó actividades, marchas y actos en Rosario, San Lorenzo, Santa Fe Capital, Santo Tomé, Rafaela y Reconquista.

La jornada fue preparada y precedida por una gran lucha política en toda la provincia.

Arrancando por la inmensa batalla en el seno de la propia plenaria organizadora del próximo Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en Rosario. Allí intervenimos planteando que la comisión organizadora del Encuentro debía ser convocante a la jornada nacional por la libertad de Belén. Desarrollamos la situación en la que se encuentra la campaña por su libertad y fundamentamos la necesidad del pronunciamiento por parte de la Comisión Organizadora a favor de la convocatoria nacional.

Logramos abrir una polémica y nos pronunciamos a favor de la convocatoria un conjunto de organizaciones presentes. Un frente de kirchneristas, PCR y Patria Grande prefirió embarrar la cancha y evitar la definición clara por parte de la plenaria organizadora del ENM. A partir de allí comenzaron sucesivas maniobras en las redes para desconocer el resultado del debate y negarse a que la comisión organizadora adhiera a la jornada. Finalmente, el día de la jornada, estas organizaciones realizaron una radio abierta por la campaña nacional a favor del aborto y quedaron completamente al margen de la movilización y acto de lucha que realizamos distintas fuerzas de izquierda por la libertad por Belén. Estos sectores de izquierda prefirieron mantener sus acuerdos y subordinación al Partido Socialista y al kirchnerismo, a llevar adelante una acción de lucha.

En la misma semana previa a la convocatoria, las compañeras de Tribuna Docente -como parte de la dirección de Amsafe Rosario- llevaron la moción a la asamblea docente por la “anulación de la condena de Belén”, explicando que “ la justicia, el gobierno que la condena, es el mismo que permite la mortalidad infantil, la trata y la prostitución en niñas y niega la educación sexual en las escuelas” y que así como “nos organizábamos para luchar por el salario, debíamos defender cada uno de los derechos, de forma independiente del gobierno, la burocracia y la Iglesia, exigiendo la libertad de Belén”, logrando la adhesión de Amsafe Rosario en la jornada del 12. Lo mismo hicieron nuestras compañeras delegadas de Tribuna Docente en la asamblea departamental de San Lorenzo, que termino adhiriendo también.

Para finalizar la semana, desde la bancada del PO en Bermúdez, dimos una batalla para su tratamiento sobre tablas de una adhesión a la movilización de la jornada que exigía “libertad por Belén, anulación de su condena” y que a -excepción del PRO- el Concejo Bermudence aprobó.

El día viernes 12 se llevaron adelante todas las actividades en la provincia por la libertad de Belén. Fue el despliegue de una gran batalla política. Hoy más que nunca la lucha de Belén es la lucha del conjunto del movimiento de mujeres.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (FpV), celebró con un festival musical "la vuelta de la democracia" a Merlo, al cumplirse un año de la derrota de Othacehé en las internas del Frente para la Victoria.

Esto encubre que Menem, Duhalde, Massa y los Kirchner sostuvieron a Othacehé y usufructuaron sus métodos de persecución política en el distrito.

Pero, además, es una paradoja que Menéndez celebre el fin del “othacehísmo” reciclando a sus patotas y sus métodos.

Menéndez debutó con el desalojo policial y la represión de 3.000 familias que luchaban por el derecho a la tierra y habían ocupado terrenos ociosos. Menéndez mandó barrabravas para evitar que las familias acamparan para protestar. Esos fueron los primeros actos del 'democrático' Menéndez.

Luego avanzó con la regimentación del espacio público. Instaló una carpa con sonido para monopolizar la actividad política en la plaza principal. Los punteros de Menéndez, disfrazados de "agrupación independiente" -otra vieja receta de Othacehé- o de inspectores municipales apretaron a los militantes del PO cuando realizamos una radio abierta exigiendo justicia por Karina Abregú y otras actividades de difusión del paro docente.

En vísperas de la celebración de la democracia en Merlo, la gente de Menéndez atacó nuestro local partidario, como tantas otras veces lo hiciera Othacehé. Los defensores de la "gestión" de Menéndez reivindicaron el agravio planteando que se trataba de la difusión de un festival en una pared.

El aparato de punteros y patotas se recicló integralmente bajo el ala de Menéndez. Lo que se dirimió el 9 de agosto de 2015, el día de las Paso, fue una interna de camarillas. Pelean por un botín. Quedó demostrado recientemente, cuando el control del millonario presupuesto de la Universidad de Merlo se dirimió a las piñas entre patotas de ambos bandos.

Por último, el financiamiento de festivales de propaganda gubernamental con artistas de primer nivel es otra práctica de Othacehé heredada por Menéndez. Mientras tanto, se difunden informes del aumento del hambre en el distrito y se reducen los cupos en los comedores escolares.

En Merlo, durante los 24 años de “othacehísmo”, el Partido Obrero defendió las libertades democráticas conquistadas por los trabajadores con sus luchas. Menéndez salió a copiar los métodos de su viejo patrón.

Germán Gómez, un joven trabajador de 22 años, fue asesinado el 30 de abril en Merlo. El asesino es el gendarme Felipe Villalba, quien está en libertad porque la carátula continúa siendo "homicidio en defensa propia", cuando Germán no sólo estaba desarmado sino que hay cinco testigos que vieron cómo Villalba, tras dispararle una vez, lo remató en el piso.

La familia de Germán viene denunciando la responsabilidad del Estado para garantizar la impunidad de Villalba.

Por todo esto, Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil convocan a movilizarse a Plaza de Mayo el sábado 27 de agosto. El Partido Obrero participará junto a los familiares de Germán y de Ismael Sosa, otro crimen impune.

Extraído de: https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/600681616779370

La noticia sobre Siria de las últimas semanas ha sido el asedio al que se encuentra sometida la ciudad de Aleppo, otrora capital comercial de ese país, por parte de la coalición militar del presidente Bashar al-Assad, que integran la Guardia Revolucionaria de Irán y la milicia Hezbollah de Líbano, con apoyo logístico y aéreo de Rusia. La ofensiva ha encontrado una fuerte resistencia en el este de la ciudad, por parte de una coalición opositora a la cual se ha sumado una fracción islámica que, recientemente, anunció su distanciamiento de Al Qaeda. Según informa la prensa internacional, la resistencia cuenta con el apoyo de Arabia Saudita, Qatar y, hasta nuevo aviso, de Turquía, y recibe armamento y entrenamiento por parte del Pentágono norteamericano. Numerosas organizaciones internacionales han advertido acerca de la enorme crisis humanitaria que amenaza crear este recrudecimiento de la guerra civil e internacional en Siria, para más de un cuarto millón de personas que ya se encuentran sin provisiones alimentarias básicas. Esta guerra ha ocasionado ya 400 mil muertes y millones de refugiados. La importancia estratégica de Aleppo se acentúa por su proximidad con la frontera turca y la posibilidad que ofrece como corredor con el exterior del país.

Guerra interminable

La pugna por el control de este centro, vital desde cualquier punto de vista, tiene que ver con las negociaciones internacionales que se atribuyen el objetivo de alcanzar un alto el fuego permanente, que habilite un proceso de transición política tutelado por las grandes potencias. Se trata claramente de una contradicción insalvable, como lo ha venido demostrando el impasse que enfrenta esa pretendida transición en forma renovada. El frente común que Rusia y Estados Unidos han fraguado para combatir a Estado Islámico, deja al desnudo sus antagonismos irreconciliables acerca de la cuestión fundamental, que es el destino del régimen de Bashar al-Assad y de la propia Siria. El asedio a Aleppo no está vinculado con una lucha contra el EI, el cual se encuentra, por otra parte, en retroceso tanto en su ciudadela siria (en el este) como iraquí (las provincias de Al Anbar y Mosul). Los bombardeos, muchas veces conjuntos, de Estados Unidos y Rusia contra EI, han apuntado a despejar el camino de un desenlace, en sus respectivos términos, a la guerra civil en Siria. Para una mayoría de observadores internacionales está descartada la posibilidad de una victoria militar del campo oficialista en Aleppo. Siria sigue empantanada, opinan, en un conflicto interminable. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea respaldan a fondo la resistencia opositora (lo cual supone el apoyo del Estado sionista), incluso con armas sofisticadas, como los misiles de portación individual (“manpad”). La guerra internacional en Siria ha alcanzado un grado tal de desmadre que un editorial del Financial Times advierte que “todos podrán salir perdiendo” (5/8). O sea que el impasse promete una extensión y profundización de la guerra en curso.

Es obvio que asistimos a un conflicto de características internacionales, que no se limita, sin embargo, a una suma de antagonismos regionales, con el auxilio ocasional de las grandes potencias. Para Irán y sus aliados, una caída del régimen sirio sería por supuesto lesiva, incluso después del acuerdo nuclear que firmó con la ONU/Estados Unidos, que tuvo lugar, precisamente, para neutralizar la amenaza de un ataque armado a su territorio. Se ha formado un bloque entre los Estados petroleros, de un lado, y el sionismo del otro, para imponer un cambio de régimen en Irán. Este bloque ha sido secundado, con idas y venidas, por parte de Turquía -en pretendido frente sunita contra el chiísmo, que simplemente oculta la pugna económica y la agudización de la crisis social en todo Medio Oriente. En la misma línea se explica el establecimiento de la dictadura en Egipto. El retroceso de las revoluciones de la “primavera árabe”, incluso con derrotas enormes, desató un vacío de poder en toda la región, que ha incrementado la intervención de las grandes potencias imperialistas.

Reflejo de una crisis mundial

Este proceso sinuoso refracta, por lo tanto, una crisis mundial que el imperialismo necesita resolver por todos los medios a su alcance, es decir la guerra. En este sentido, las guerras meso orientales se presentan, de una parte, como una confrontación de alcance mundial y, de la otra, como una tendencia a la guerra mundial.

Desde la invasión a Afganistán, en 2001, el escenario bélico se ha extendido a Irak, Yemen, Libia e incluso el centro de África, y desatado enormes crisis de régimen en Bahrein, Egipto y Turquía. A este mapa hay que añadir las guerras en el Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán, Daguestán, Chechenia) y, más recientemente, el conflicto decisivo en Ucrania e incluso Moldavia. Este último escenario involucra a Turquía, que además ha incrementado sus relaciones con los Estados turcomanos de la ex Unión Soviética. Turquía, por otro lado, ve amenazada su unidad estatal, como consecuencia del ascenso del movimiento nacional del Kurdistán, que se ha fortalecido tanto en territorio turco como en Irak y en Siria. El potencial explosivo de este movimiento se manifiesta en el hecho de que el movimiento kurdo ha puesto en un plano distante el derecho a un Estado propio y confina su reclamo a la autonomía dentro de los Estados existentes.

Naturalmente, ninguno de los protagonistas del Medio Oriente, y Turquía aún menos, lo toma al pie de la letra.

En este marco indudablemente explosivo, la reanudación de relaciones entre el turco Erdogan y el ruso Putin es muy significativa, pues el primero milita en la guerra siria contra el bloqueo ruso e incluso no ha dudado hasta recientemente en operar como tutor de Estado Islámico -y es el nexo territorial con la resistencia en Aleppo. Se especula ahora con que Erdogan dé una nueva voltereta y se avenga a reconocer al régimen de al-Assad. Estas contradicciones están desgarrando al sistema político de Turquía, como lo pusieron en evidencia el golpe militar y el contragolpe del gobierno hace un par de semanas. Habrá que ver ahora si Erdogan viajó a Moscú como expresión de distanciamiento de la Otan en la cuestión de la guerra en Siria o, por el contrario, como un emisario político de ella.

Rusia, China, UE

Desde la disolución de la URSS, la hipótesis de guerra de las potencias imperialistas se guió por la necesidad del capital internacional de conquistar la economía y la tecnología del ex Estado soviético. La hipótesis incluía la alternativa del desmembramiento territorial. A este objetivo respondió la intervención de la Otan en la guerra y el desmembramiento de Yugoslavia, y, más tarde, el incumplimiento de la promesa de un status de neutralidad para Ucrania. El descuartizamiento del espacio territorial de la ex Unión Soviética fue contenido por el golpe de estado de los servicios de seguridad de Rusia, que llevó a Putin al gobierno. En este planteamiento estratégico, las guerras en el Medio Oriente constituyen una operación de cercamiento -como lo prueba el sometimiento de Ucrania al FMI, a la UE y, en última instancia, a la Otan. Para los planificadores de la Otan se trata solamente de prepararse para un eventual vacío de poder de un régimen que depende fuertemente de la exportación de petróleo, pero la justificación no cancela el propósito. Después de todo, el desarrollo extraordinario que ha alcanzado la explotación de combustibles no convencionales en Estados Unidos, al amparo de tasas de interés reales negativas, ha sido visto en Rusia como una operación de agresión estratégica. En esta línea, Washington no ha tenido reparos en perjudicar a Arabia Saudita y operar con Irán, lo cual ha agravado, naturalmente, la crisis político-militar, y provocado una mayor anarquía entre sus aliados políticos. Todo esto es una expresión de que el imperialismo se ha embarcado en una guerra de alcance mundial, para la cual no ha reunido todavía las condiciones ni los recursos políticos, que solamente podrá obtener a través crisis más severas, las cuales podrían poner en riesgo su dominación internacional.

En el escenario post disolución de la URSS, a China se le adjudicaba un destino de primer orden para la penetración del capital internacional en el desarrollo de un mercado explosivo. Un cuarto de siglo más tarde la situación ha cambiado, pues China se ha convertido en un competidor internacional y en operador de alianzas al interior del bloque de las naciones más desarrolladas. Por eso, Estados Unidos ha elaborado una doctrina militar que tiene por escenario el sur de Asia y Japón. Las operaciones de la flota norteamericana en el mar de China, por un lado, y el Tratado Trans-Pacífico, por el otro, operan de consuno para ‘contener’ un desarrollo autónomo chino. Esta circunstancia no ha dado lugar, sin embargo, a una alianza de Beijing y Moscú; más bien ocurre lo contrario, porque entraría en contradicción con la estrategia de conjunto de China. La novedad, en este punto, la presenta la posición de Trump, que no ahorra ataques al ‘dumping’ comercial chino mientras derrocha elogios a Putin. El desarrollo de la bancarrota capitalista, las rivalidades económicas y la tendencia al proteccionismo ¿plantean una reversión de alianzas, aunque sea parcial, de parte de las principales potencias imperialistas? Theresa May, la inglesa que sustituyó a Cameron al frente del gobierno británico, estaría por cancelar un acuerdo para instalar una planta de energía nuclear financiada por China, lo que cerraría la aspiración de sus predecesores de que la City de Londres se convierta en el conmutador financiero de Pekín, lo que ya ha recibido un ataque furioso de parte del gobierno chino. Bajo la administración anterior, Gran Bretaña (y la UE) había adherido al Banco de Desarrollo impulsado por China, en oposición al boicot de Estados Unidos y Japón. En este giro de alianzas, tendríamos a Rusia en la misma fila con Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, frente a un bloque de la UE y China, acompañada por numerosos Estados de la periferia de la economía mundial -y disputando la alineación de la India. En el caso de Japón, la tendencia al nacionalismo y al rearme avanza día a día.

Guerra y revolución

El gran capital domina la escena mundial porque los Estados principales donde se aloja esa potencia económica se dan los medios políticos y militares para esa dominación. Así se forma el enlace entre la economía y la guerra y entre la bancarrota económica y las alianzas internacionales que preparan la guerra. La acción principal del Estado capitalista va dirigida cada vez más al diseño de planes de guerra y al entrenamiento operacional. La preparación de la guerra representa una enorme carga económica para los pueblos y la guerra misma un sacrificio intolerable, o sea que promueve una agudización de la crisis social en las metrópolis belicistas. Esta crisis se aprecia ahora abiertamente en Estados Unidos, en el recurso creciente de los candidatos a la demagogia social y chovinista, en el desmantelamiento de los partidos tradicionales y en el involucramiento incluso de los servicios de espionaje en la campaña electoral. La puja de las campañas de Trump y Clinton versa en forma creciente en torno a quién de los dos sería más capaz para dirigir una guerra.

La tendencia entre los trabajadores y la juventud en América Latina a ver la guerra en Medio Oriente como un fenómeno distante y aislado, debe ser superada por una actividad consciente de los revolucionarios socialistas. En oposición a quienes esgrimen el peligro de la guerra de un modo que paraliza la acción de los pueblos, debemos explicar que ella puede ser prevenida y derrotada por medio de la lucha de clases, la revolución social y el gobierno internacional de los trabajadores.

El 4 de agosto se cumplieron 40 años del asesinato del entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Los partidos del régimen, el gobierno y la Iglesia están realizando distintos homenajes en los que deforman la historia de aquel sacerdote que supo hablar de un “Cristo obrero”.

“Si estas injusticias continúan, algún día estaremos en el mismo paredón los patrones y los curas. Ustedes por no haber sabido practicar la justicia social. Nosotros por no haber sabido defenderla”, dijo Angelelli una vez, al negarse al pedido de empresarios cordobeses de que sancionara a curas que apoyaban reclamos obreros en las fábricas. Tuvo razón en que patrones e Iglesia estarían del mismo lado, pero falló su pronóstico de fusilamientos: en el paredón de la dictadura no estuvieron precisamente los patrones ni los curas enemigos de la “justicia social”, sino obreros, estudiantes y luchadores.

Si bien formalmente Angelelli no integraba el movimiento de sacerdotes tercermundistas, era un referente de la tendencia política en el seno de la Iglesia que, con el Concilio Vaticano II, abogaba por un vínculo “con los pobres”, en la línea de establecer una barrera de contención democratizante para el alza revolucionaria que, a nivel mundial, se vivió en la segunda posguerra y, particularmente, en las décadas de 1960 y 1970.

Desde La Rioja, Angelelli caracterizó al Cordobazo como un “grito de rebeldía lanzado por la juventud y la clase obrera” y le dio una interpretación profética. Promovió la conformación de sindicatos de mineros, peones rurales y empleadas domésticas, además de impulsar cooperativas, una de las cuales llevó adelante una intensa lucha por la expropiación de latifundios defendidos por el gobierno de Carlos Menem. Proveniente de un profundo anti-peronismo, en los ’70 daba encendidos discursos en la Conferencia Episcopal, cuestionando el poco compromiso de sus publicaciones y diciendo que los jóvenes leían mucho más a Perón y a los Sacerdotes del Tercer Mundo que a la Conferencia. Angelelli mantuvo por estos motivos una relación siempre tensa con la jerarquía eclesial, lo cual le cuestionaba el contenido de sus homilías, en las que solía abordar la “responsabilidad social de los cristianos”. Sin embargo, condicionó su lucha a la voluntad de la jerarquía eclesiástica: tras los choques con la burguesía y la pequeña burguesía de La Rioja, tildado de “marxista y comunista”, puso a disposición su renuncia a la Conferencia Episcopal.

Con el prematuro agotamiento de la experiencia camporista en 1973, la burguesía fue dejando de lado cualquier delicadeza y apeló a los métodos más salvajes de represión, hasta llegar a la dictadura. Así como el propio peronismo había creado la AAA y purgó a su ala izquierda, una institución conservadora y medieval como la Iglesia no podía ser menos: la jerarquía eclesial hizo la vista gorda ante el asesinato de muchos de sus miembros (es decir, fue cómplice).

Angelelli corrió esa misma suerte: su asesinato en 1976 fue “disimulado” como un accidente de tránsito, cuando volvía, justamente, de una misa en homenaje a los curas de Chamical brutalmente torturados y asesinados, Murias y Pedernera. Recién en 2014, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y Domingo Vera fueron condenados por el crimen. Sin embargo, esta condena sirvió para encubrir a toda la jerarquía eclesial que tapó el asesinato hasta 2001. Ya en ocasión del juicio, casi 40 años después, el Vaticano entregó documentos cuya existencia había negado por décadas y que probaban las investigaciones de Angelelli respecto de los asesinatos de los curas de Chamical.

El balance es importante para la actualidad, en momentos en que la Iglesia, bajo la batuta del papa Francisco, emprende un proceso de cooptación al que se suma gustoso el centroizquierda y sectores de la izquierda. Uno de los organizadores de la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo, Juan Grabois, de la CTEP, dejó en claro el eje de esa movida: “la Iglesia es objetivamente un freno a la penetración imperialista y un adversario del avance del capital” (La política on line, 20/7/14). Cuesta leer sin restregarse los ojos: se trata de la misma Iglesia que encubre a pedófilos en todo el mundo (¡en Argentina negocia la libertad de Grassi!), que lucha contra los derechos de las mujeres, particularmente las mujeres pobres (¡Belén!)… La misma Iglesia que fue cómplice del asesinato de Angelelli durante décadas, que sigue manteniendo ocultos sus archivos de la dictadura, con información sobre apropiaciones ilegales, responsabilidades civiles y muchos otros actos de terrorismo de Estado.

Buscan encorsetar a los trabajadores para que no estructuren una alternativa política propia. Es lo que hizo Duhalde en 2002, con Bergoglio y los consejos consultivos, cooptando a un sector del movimiento piquetero. Para que la clase obrera se libere de toda explotación, también debe librarse por completo de la Iglesia: la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores.

La muestra “En nuestra pequeña región de por acá”, de la chilena Voluspa Jarpa (Rancagua, 1971), que se expone en el Malba, convierte en hecho artístico documentos desclasificados de la inteligencia norteamericana.

El fallo de enero de este año sobre el Plan Cóndor, por el cual ,con 40 años de atraso, los tribunales se avinieron a reconocer la coordinación represiva entre las dictaduras de la Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú para los secuestros, torturas y asesinatos políticos en las décadas de 1970 y 1980, junto con las revelaciones recientes acerca de las andanzas de Henry Kissinger con los criminales latinoamericanos, le dan una actualidad especial a la muestra.

Voluspa Jarpa, con una estética vinculada con el minimalismo norteamericano, que hace predominar los blancos y un peculiar orden geométrico, combina la investigación histórica con el acto artístico, para exponer documentos desclasificados de la inteligencia norteamericana correspondientes al periodo 1948-1994.

Esos archivos son por cierto una historia criminal, y por eso la muestra se completa con las fotografías de 47 líderes políticos latinoamericanos asesinados durante ese periodo. Allí están, entre otros, el general Juan José Torres y el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Bolivia; el colombiano José Eliecer Gaitán, el obispo salvadoreño Arnulfo Romero, el sacerdote argentino Carlos Mugica y el ex presidente chileno Salvador Allende.

Política, estética y psicoanálisis se combinan “En nuestra pequeña región de por acá” con el trasfondo económico, con los intereses concretos que empujaron esos crímenes. Hay en la muestra diversas citas de obras de Donald Judd, el minimalista norteamericano autor del libro Objetos Específicos, de evidente influencia en la artista chilena. Obras de Judd son intervenidas por Jarpa con reproducciones de esos documentos de inteligencia que constituyen el centro de la muestra.

En definitiva, el horror de una época encuentra en la obra de Jarpa su expresión artística, su denuncia por medio del arte. Una obra peculiar que, como decíamos, hace de la investigación histórica un hecho de arte.

“En nuestra pequeña región de por acá”, puede verse en el Malba (avenida Figueroa Alcorta 3415) hasta el 3 de octubre. Se exhibe en el Nivel 1, de acceso libre y gratuito.

Después de haber impedido, por ahora con éxito y con sólo una llamada telefónica, que la Cámara Diputados de Salta no declare su solidaridad con los obreros de Tabacal, tal como lo exigimos desde el PO; Seaboard Co. ha ido más allá. Sumó a sus tropelías contra sus obreros y el pueblo de Orán, a los intendentes y a la Iglesia local, al diario El Tribuno y al propio Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por exigencia directa de la multinacional, la cartera laboral macrista abrió un sumario al Sindicato de Trabajadores del Azúcar de Tabacal (STA) para sancionarlo por no acatar una segunda conciliación obligatoria, claramente ilegal. Siguen el libreto del gobernador jujeño Gerardo Morales, que multó al Sindicato de Trabajadores Azucareros del ingenio Ledesma por dos millones de pesos, por la lucha obrera realizada.

A la avanzada mediática que tuvo al diario Clarín* como vocero patronal, ahora se le suma un feroz ataque del romerista diario El Tribuno, que hizo trascender, en nombre de la Seaboard, la posibilidad de reemplazar las plantaciones de caña por cultivos “más rentables” y que “ocupen menos manos de obra” (El Tribuno, 15/8).

Obispo e intendentes

El más pérfido de estos ataques está en un documento elaborado por el obispado de Orán y que fue acompañado por los intendentes de Orán, Pichanal e Yrigoyen, donde se exige una “pronta solución del conflicto”. La Iglesia católica echa mano a conceptos de su doctrina “social” igualando en responsabilidades a la Seaboard y a los obreros, representados por su dirección sindical. Para los firmantes es lo mismo una multinacional que quiere reducir drásticamente los salarios de sus obreros porque en otros países tiene mano de obra casi esclava, que los obreros y su organización gremial, que enfrentan semejante ajuste porque dependen de esos salarios para vivir todo el año, al igual que otras miles de familias que subsisten por el movimiento económico que genera el consumo obrero. Por eso omiten denuncia alguna contra el lock-out patronal que lleva más de 45 días para quebrar por hambre a estos obreros.

El documento eclesiástico y de los intendentes locales omite imperdonablemente que la imposición del turno relevante, tal como lo plantea Tabacal, implica un recorte salarial del 40% que no se recupera ni por lejos con el premio ofrecido (éste apenas cubre la pérdida de un año y se paga en cuatro, el resto de los años los obreros tendrán una pérdida neta). Tampoco denuncia la violación de los derechos adquiridos de los obreros (sus salarios) y de su derecho a organización gremial, por las prácticas antisindicales de Seaboard.

El conjunto del régimen político está jugado a quebrar la lucha de los obreros de Tabacal para reforzar su propio ajuste. Macri y el gobernador Urtubey creen que con su derrota tendrán mejores chances de ir a fondo con los tarifazos e impuestazos, los despidos y la precarización laboral. El gobernador quiere hacer pasar un aumento miserable del 6% a los docentes para todo el segundo semestre, lo que implica una caída anual de más de 10 puntos del salario con respecto a la inflación. Además, el turno relevante de Seaboard es un botón de muestra de la reforma laboral flexibilizadora que exigen el conjunto de las patronales en todo el país. La pulseada entre esta multinacional y sus obreros, ha pasado a ser un escenario clave en el devenir del ajuste en curso.

En la vereda de los obreros de Tabacal, desde el Partido Obrero impulsamos pronunciamientos políticos de los cuerpos legislativos en donde tenemos bancadas, para quebrar el bloque entre el Estado y esta patronal. Somos el único partido que impulsó la solidaridad popular, siendo parte de importantes movilizaciones que desarrollaron los obreros junto con sus vecinos de Hipólito Yrigoyen. Ahora, nos planteamos el desafío de armar un gran fondo de huelga para evitar que estos obreros sean quebrados por hambre. Nos jugamos a fondo por la victoria de los obreros de Tabacal y la derrota definitiva del ajuste capitalista.

(*) Ver "El mundo al revés" , iEco del 14/7.

La importante columna de la Lista Naranja en la movilización del clasismo del pasado martes 9 marcó la profunda conciencia, de los activistas y candidatos naranjas, de que una nueva dirección es necesaria en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), para sacar el gremio a la calle a enfrentar el ajuste.

Nuestro programa, ¿y el suyo?

La movilización naranja resalta la ausencia total de la dirección del gremio en los procesos de lucha; la Verde aparece recién ahora por las fábricas de la provincia después de largos años de vacío (como en Bimbo Pilar, donde los dirigentes del Sindicato desaparecieron durante los cuatro días de paro contra los despidos y ahora aparecen para pedir el voto).

La Junta Electoral se ve obligada a cerrar urnas de votación porque, semana tras semana, se suman los cierres, los despidos y las suspensiones. Mientras, la Lista Verde plantea que hay que votarlos para ir “adelante”. A nuestro programa de defensa a rajatabla de los puestos de trabajo de todos los alimenticios de la provincia, la Verde sólo le opone choripanes y sorteos. De propuestas, de programa, ni hablemos. Tampoco han dicho una palabra sobre la obsolescencia del convenio colectivo, vencido hace más de veinte años.

Radiografía del ajuste

La Verde oculta su programa porque no es otro que el de las empresas. Cada vez que le dicen a los trabajadores que “no hay que tirar demasiado de la cuerda”, deberían aclarar de qué lado de la cuerda están. Los trabajadores de Cresta Roja -que siguen esperando volver a trabajar-, los despidos y el cierre de Bertone Hermanos en Rojas, los despidos y el cierre de Aviar Navarro, los meses sin cobrar en Canale, los despidos de Nutrifrost, los suspendidos por “ir por demás al baño” en Riera, las mujeres superexplotadas de Nevares exponen cómo avanza sin respuesta el ajuste en la provincia y lo necesario que es una nueva dirección en el STIA que “tire de la cuerda” para el lado de los trabajadores.

Este cuadro de ajuste sin respuestas del STIA contrasta con el triunfo de los trabajadores de Unilever Pilar, quienes no solamente hace rato que han derrotado los despidos a través de la huelga, sino que vienen de conquistar el descanso dominical para sus familias, además de una suma puente de 8.000 pesos y un servicio de chárter. ¿Dónde reside la diferencia? En que en Unilever mandan las asambleas y los delegados de planta y dirigentes de la Naranja están al frente de la lucha. Llevar este ejemplo de lucha y democracia sindical al conjunto del gremio es, en definitiva, el programa de la Naranja.

La recta final

A esta altura de la campaña, hemos llevado nuestra propuesta para el gremio al 90% de los establecimientos, lo que representa un enorme esfuerzo militante del activismo, porque para hacerlo fue necesario recorrer más de cien distritos de la provincia. La lista opositora ha sido recibida de manera excepcional en la mayoría de las fábricas.

Viejos constructores del gremio nos han manifestado su enorme simpatía por la lista clasista. Pero, lo que más dejó en evidencia la campaña es que existe en el gremio una masiva generación de jóvenes trabajadores que desprecian las prácticas burocráticas enquistadas en el STIA, y para los cuales la Lista Naranja representa un verdadero canal de organización.

Vamos por una movilización de 500 fiscales naranjas para impedir el fraude y defender cada voto por una nueva dirección.

Con voto dividido, la sala 4 de la Cámara de Casación Penal confirmó definitivamente el sobreseímiento del camarista Eduardo Riggi en la "causa de las coimas", originada durante la investigación del crimen de Mariano Ferreyra.

Los jueces rechazaron el recurso de queja presentado por Beatriz, la mamá de Mariano, para que el tema llegara a la Corte Suprema.

A mediados de febrero, el ex juez Norberto Oyarbide sobreseyó a Riggi, a pesar de las pruebas contundentes reunidas en su contra. Fue uno de sus últimos servicios a la impunidad del poder antes de su renuncia pactada con el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara ratificó lo dispuesto por Oyarbide y, finalmente, rechazó el recurso de queja por "carecer de los requisitos formales de admisibilidad", aun cuando el fundamento de Oyarbide se reducía a su "íntima convicción".

La "causa de las coimas" se originó en las escuchas realizadas durante la investigación del crimen de Mariano. Los investigadores detectaron una maniobra urdida por José Pedraza y el contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente del Belgrano Cargas, Angel Stafforini, para comprar la excarcelación de los primeros detenidos por el asesinato de nuestro compañero. El enlace entre Pedraza y el tribunal era un agente de la ex Side, Juan Riquelme, que revestía como "empleado de Presidencia de la Nación" y frecuentaba Comodoro Py desde hacía años como lobbista de la burocracia sindical. Los complotados llegaron a entregar 50 mil dólares, que fueron interceptados por la policía mediante un allanamiento en el estudio del ex juez Aráoz de Lamadrid, también imputado en la causa. La finalidad de Pedraza era mejorar su propia situación y evitar la prisión preventiva.

La decisión de absolver a Riggi llega luego de que la Justicia le otorgara a Pedraza el beneficio de la prisión domiciliaria. Es un paso más que refuerza la orientación establecida desde el primer día del crimen, para evitar avanzar en la investigación de las responsabilidades políticas y empresariales que estuvieron detrás del asesinato de nuestro compañero. La Justicia tiene paralizada la investigación de la trama económica que unió a funcionarios, empresarios y burócratas sindicales detrás del crimen. El hecho de que las coimas para Riggi salieran del directorio del Belgrano Cargas, muestra el entrelazamiento alcanzado entre la burocracia sindical y las empresas, todas beneficiarias de la tercerización del trabajo ferroviario.

Perfil

Eduardo Riggi se recibió de abogado en 1973 en la Universidad Católica Argentina. Trabajó en el Camarón, la Cámara Federal Penal creada por Lanusse para combatir la “actividad subversiva”. En 1973 fue cesanteado por la gestión de Cámpora, pero en 1975 fue designado secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue confirmado en ese cargo por la Corte designada por las Fuerzas Armadas. En 1978, fue promovido a Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 4 de la Capital Federal. Llegó a la Cámara de Casación en 1992, por impulso personal de Carlos Menem. Es señalado como cercano al Opus Dei.

Uno de sus últimos y más resonantes fallos fue ordenar la absolución de tres militares condenados a prisión perpetua por la llamada "Masacre de Capilla del Rosario", ocurrida en 1975, en Catamarca.

El gobierno porteño ha anunciado con gran estruendo la supuesta “urbanización” de la Villa 31. Más allá de las maquetas y planos difundidos en estas horas, un dato contundente retrata los límites del proyecto oficial: para las 10.000 familias existentes hoy en la villa, está prevista la construcción de unas 1.200 viviendas nuevas -o sea, poco más del 10% del total. El resto permanecerá en las precarias viviendas actuales. Para éstas, las maquetas presentadas sólo muestran un cambio de fachada, y -según se prometió- peritajes para verificar su solidez constructiva. En una reunión de la comisión de vivienda donde se presentó el proyecto, los diputados fuimos informados de que esas viviendas nuevas serán asignadas a quienes habitan hoy en el “bajo autopista”. O sea que ni siquiera hay previstos traslados de familias por aperturas de calles.

La razón es sencilla: esas aperturas no se producirán. Por lo tanto, el barrio mantendrá su configuración de pasillos estrechos. Los funcionarios aludieron a la “preservación de la identidad del barrio”, un argumento que parece sacado del relato kirchnerista. El hacinamiento y la falta de calles no son una elección o un patrimonio de la supuesta “cultura villera”, sino una imposición de la miseria social. El número de viviendas nuevas del proyecto viene impuesto, y no surge -como debería ser- de un relevamiento integral que dé cuenta de las condiciones edilicias y sociales del barrio precario.

La ausencia de un trazado de calles y de una verdadera urbanización condiciona la otra promesa del gobierno, a saber, la provisión de servicios públicos. Si se mantiene la actual precariedad habitacional y urbanística, es difícil concebir el tendido de redes cloacales, de agua potable y de electricidad. En cambio, los funcionarios y el propio Larreta fueron más precisos para definir la escenografía del barrio: un corredor arbolado que serviría también para limitar los contornos de la villa.

Los funcionarios fueron claros cuando, en la presentación del proyecto, omitieron referirse a “urbanización” y usaron, en cambio, el concepto de “intervención urbana”. El proyecto oficial, en verdad, consolida la precarización y el hacinamiento habitacional. La “intervención” se concentra en facilitar la circulación peatonal y comercial entre la villa y su entorno, pero no transforma las condiciones de vida y de vivienda de sus pobladores. La iniciativa estaría inspirada en la “pacificación” e “integración” de las favelas de Río de Janeiro. Justamente, las ‘nuevas’ favelas cariocas son una extensión degradada del ejido urbano, que hoy provee de vivienda barata incluso a una parte de la clase media baja que no puede pagar los alquileres en los otros barrios de Río. Aportando pocos recursos, y “reciclando” los esfuerzos que los habitantes de los barrios precarios invirtieron en sus viviendas, el Estado encuentra una salida barata (y endeble) a las necesidades habitacionales de los más explotados. Hay que agregar, por otra parte, que el “reordenamiento” de las favelas condujo a una carestía y a una especulación inmobiliaria al interior de ellas. La diferenciación social que redundó de ese proceso derivó en una expulsión de sus habitantes más pobres a la periferia más lejana de la ciudad.

Tierras codiciadas

Hay fuertes y obvios motivos para que ello ocurra también en las codiciadas tierras de la Villa 31. El proyecto oficial prevé la titularización de los futuros lotes o viviendas. El mercadeo de esos títulos, en un barrio rodeado por actuales y futuros proyectos inmobiliarios de lujo, puede culminar con una expulsión consentida -la de quienes terminen vendiendo sus viviendas o terrenos. Sería una erradicación, no por los métodos represivos, sino por las reglas del mercado inmobiliario. Los anuncios oficiales no aluden tampoco a otra diferenciación social que hoy recorre la villa: la que afecta a los inquilinos, que en muchos casos aseguran el lucro de los acaparadores de viviendas y tierras.

La Villa 31 tiene una larga tradición de lucha. Sus delegados y vecinos no pueden resignar su independencia política respecto de los partidos y del Estado que intentaron durante décadas expulsarlos de su barrio. Es necesario responder al proyecto oficial con un programa: 1) el número de viviendas nuevas debe surgir de un relevamiento edilicio del barrio, con intervención y control de los vecinos; a partir de allí, debemos reclamar la reconstrucción o edificación de nuevas viviendas en reemplazo de todas aquellas que no reúnan las condiciones de habitabilidad; 2) el proyecto urbanístico debe ser debatido en el cuerpo de delegados, y contemplar todos los cambios necesarios para la transformación de la villa en barrio -entre ellos, la apertura de calles y de espacios verdes públicos-; 3) en el valor de las casas a escriturar, debe descontarse el aporte y el desembolso realizado por cada familia para su edificación; 4) se debe asegurar el acceso del inquilino a la vivienda propia.

Estos puntos, y otros que con seguridad emergerán de la deliberación de los vecinos de la villa, deben oponerse a la seudourbanización de Macri y Rodríguez Larreta.

Los cuerpos de dos desaparecidos fueron encontrados en terrenos descampados que ya habían sido rastrillados.

El primer caso es el de José Codina, un joven de la localidad rural “Arroyo Valcheta”. El otro es el de Lucas Muñoz, un oficial de la Policía de Bariloche visto por última vez uniformado y con el arma reglamentaria.

Desde el momento de la desaparición del oficial, investigadores y familiares sindicaron a la Policía como partícipe del hecho. Rápidamente fueron separados o detenidos varios efectivos -uno de ellos, vinculado con el caso de Daniel Solano, el joven salteño desaparecido en Choele Choel.

La desconfianza creció tanto que la familia del policía muerto reemplazó al abogado provisto por la fuerza y exigió que otros estén a cargo de la investigación. Se sospecha que estos uniformados han convivido y sido cómplices del delito organizado en todas sus modalidades y siempre han tenido como socios a los gobiernos de turno, la Justicia y el poder económico local.

Redes de trata, apremios, asesinatos en calabozos, gatillo fácil y hasta violación de jovencitas en dependencias policiales; cada pueblo de Río Negro tiene alguna o varias familias víctimas de la Policía. Las escasísimas condenas logradas han sido siempre producto de la movilización popular y la tenacidad de familiares y amigos, que han ganado una y mil veces las calles reclamando justicia.

La fuerza provincial siempre contó con la actuación de jueces que archivaron las causas tempranamente, protegiendo los intereses de multinacionales explotadoras de miles de trabajadores o entorpecer las posibilidades de investigación.

En abril -mientras se realizaban una serie de reclamos de la comunidad de Bariloche tras varias desapariciones de mujeres que terminaron en femicidios-, el gobernador Alberto Weretilneck designó como jefe a José Altuna, quien ha sido el abogado de las fuerzas desde hace varios años. Designación que las organizaciones populares cuestionaron duramente debido a sus declaraciones misóginas, en contra de los pueblos originarios y por ser un acérrimo defensor de todos los delitos que haya cometido la Policía.

Las hipótesis sobre el crimen de Lucas Muñoz son múltiples, pero la que más firmeza aparenta tener es la que está vinculada con la trata y el narcotráfico, particularmente al femicidio de una de las víctimas de esas redes que el oficial habría estado investigando.

Legisladores oficialistas y opositores acordaron hace pocos días en “no darle carácter político” a la desaparición del oficial, mientras que el gobernador reiteró públicamente el respaldo al accionar del ministro de Seguridad y Justicia, del jefe de Policía y del subjefe, al tiempo que ratifica su confianza en el trabajo de la Policía de Río Negro en general.

Todos los poderes estatales rionegrinos están operando en el encubrimiento y tratan de salvar su brazo armado que ha participado de todos y de cada uno de los casos de impunidad de la provincia.

Todos temen ser salpicados si se investiga a fondo. La evidencia de la descomposición policial y el andamiaje de encubrimiento armado a su alrededor suman bronca a una población que viene soportando los tarifazos, la carestía, la negativa a reabrir las paritarias y el deterioro de escuelas y servicios esenciales. La situación de Río Negro va en camino de tornarse explosiva, y por ello el propio Estado estaría dispuesto a encubrir y defender el prontuario delictivo de la policía provincial que ha hecho crisis.

Juicio y castigo.

A pesar de los improperios, la maratónica audiencia del Congreso que interrogó al ministro de Energía, Juan Aranguren, fue en lo esencial un acto de encubrimiento en favor de los gestores del tarifazo. Al realizar esta audiencia, los partidos de la oposición evitaron tratar cualquier resolución que anulara los aumentos. Esto fue lo que el bloque de Massa le “consiguió” al gobierno en la última sesión plenaria; a saber, que la intervención parlamentaria contra las tarifas no pasara de una andanada de discursos -como ocurrió, precisamente, en las ocho largas horas del martes 16.

De todos modos, la audiencia desnudó el verdadero carácter del tarifazo, y la complicidad de los actuales “opositores” en la confiscación a los usuarios y en el vaciamiento energético. A poco de andar, el debate se concentró en la cuestión crucial: que los “liberales” y partidarios “del mercado” le están reconociendo a los pulpos un valor de extracción del petróleo superior en un 50% al precio internacional, y que el precio del gas en boca de pozo duplica o triplica, según el caso, al del mercado americano. Los subsidios -presentados por opositores y oficialistas como si tuvieran un destino “social”- sostienen, en realidad, al puñado de monopolios petroleros que han apelado al rescate estatal para zafar del derrumbe de los precios internacionales de los hidrocarburos. En su exposición, Néstor Pitrola citó una información aportada por un director de YPF a sus accionistas extranjeros, dando cuenta de un costo de extracción del petróleo de 12 dólares el barril -¡menos del 20% de lo que reciben hoy los pulpos! Naturalmente, Aranguren se negó a responder sobre la cuestión crucial de cuáles son los reales costos de producción del petróleo y el gas. En la audiencia se filtraron las evidencias de un gigantesco rescate al capital, que han pagado trabajadores y consumidores.

Kirchnerismo

Aranguren fue certero, sin embargo, cuando explicó que los sobreprecios que cobran los monopolios petroleros “no los pusimos nosotros, sino el ministro (Axel) Kicillof”. En efecto, el tarifazo nació bajo el gobierno “nacional y popular”. Después de consentir el vaciamiento de las reservas energéticas en beneficio de Repsol y de empresarios “amigos” (Ezkenazi), el kirchnerismo reestatizó parcialmente YPF para trazar otra asociación estratégica con el capital internacional, esta vez, de la mano de Chevron y otras petroleras. Los K financiaron esta nueva alianza a costa de tarifazos en las naftas, por un lado, y premiaron con sobreprecios a la extracción de gas y petróleo, por el otro. En la larga audiencia, Aranguren reivindicó esta política de los K, y Kicillof se encargó de explicarla: “Lo hicimos para recuperar la producción de hidrocarburos”. Pero ¿no es ése el argumento de Aranguren-Macri? Los grupos petroleros extorsionan al país con el vaciamiento energético que ellos mismos provocaron. Nuestra intervención puso de relieve también el encubrimiento macrista de los subsidios kirchneristas: Aranguren dijo “no dispongo de esas cifras”, ante el requerimiento del destino de los 30 mil millones de dólares de subsidios que recibieron las operadoras de la energía en los últimos 15 años. El tarifazo a libro cerrado es política de Estado, sea más o menos gradual. Abrir sus libros es la política de la clase obrera.

Coalición del tarifazo

La ausencia de De Vido en la interpelación del martes fue sólo el síntoma de una deserción más amplia. Mientras los “opositores” se desgañitaban contra Aranguren, sus gobernadores -sean del PJ, del FpV o del massismo- hacían cola ante el gobierno para refrendar el tarifazo. En el caso de las provincias petroleras, los Sapag y otros temen que un freno a los aumentos reduzca las regalías petroleras y mine los ingresos de sus tesoros en quiebra. En vez de sacar a la luz los negociados de la patria contratista (¡López tenía socios en todos lados!), prefieren transferirle la bancarrota a trabajadores y usuarios. Entre estos distritos, está la kirchnerista Santa Cruz. En el caso de las provincias no petroleras, el apoyo al tarifazo corre a cuenta de la devolución de los fondos coparticipables, que el gobierno saca de la caja de los jubilados. No sorprende, en este cuadro, la brutal presión política y mediática sobre la Corte Suprema, para que el fallo de este jueves convalide el tarifazo. Los defensores de la “independencia de poderes” y el “republicanismo” no han vacilado, en los últimos días, en exigir prescindencia a los máximos jueces. La neutralización del Congreso y de la Corte, en esta cuestión, es una prueba de fuerza que se proyecta de cara a toda la agenda antiobrera y entreguista que se viene.

La lucha contra el tarifazo tuvo otra gran borrada: la de la burocracia sindical, que no ha abierto la boca en toda esta crisis. Una parte de los burócratas de los sindicatos de energía y de servicios públicos- aspiran a salvar sus paritarias con los aumentos de tarifas. Los tarifazos, sin embargo, no han impedido las paritarias a la baja, ni tampoco las suspensiones y despidos. Aranguren justificó los aumentos en nombre de “los puestos de trabajo” en la industria petrolera. Pero los despidos en los yacimientos no cesan -y provocaron una oleada de ocupaciones de pozos entre los petroleros del sur. En verdad, los tarifazos no han “salvado el empleo”, sino que financiaron transferencias y reconversiones empresarias a costa de los trabajadores y sus conquistas.

El tarifazo ha puesto de manifiesto la completa caducidad del régimen de privatizaciones que armó el menemismo en los ’90. Este régimen debutó con la dolarización de tarifas y un masivo endeudamiento público y privado; luego fue rescatado por el kirchnerismo, cuando subsidió a los privatizadores y toleró la más completa desinversión, y ahora pretende revivirlo el macrismo a costa de tarifazos y de un nuevo hipotecamiento nacional.

El más elemental interés nacional plantea el pasaje al control público de toda la industria petrolera, y destinar los recursos estatales, no al rescate de los parásitos, sino de la recuperación del patrimonio energético. Este es el programa que defendieron nuestros diputados y sostuvimos en las calles. La lucha por la anulación del tarifazo y por la reapertura de las paritarias son las cuestiones centrales que motorizan el reclamo por un paro nacional y un plan de lucha, que el clasismo levantó en la gran jornada del pasado 9 de agosto.

Jorge Macri llegó a intendente con una campaña contra las excepciones inmobiliarias: “las excepciones son corrupción”, repetía como slogan.

Sin embargo, su fuerza ya estaba en el Concejo Deliberante como Unión PRO, y votaba junto a los ediles del entonces intendente radical K, Enrique García, este tipo de negociados. Así fue como se abrió paso la privatización de la costa. La verdadera oposición fue la movilización popular, que sufrió sucesivas represiones del aliado de los Kirchner.

Una vez en el gobierno, las primeras iniciativas de Jorge Macri incluyeron el desmantelamiento del centro cultural de la costa. Para dar marcha a un complejo gastronómico a la vera del río, el Concejo votó la privatización del puerto de Olivos, con el apoyo del bloque de concejales del FpV, el Movimiento Evita y el único concejal del GEN de Stolbizer (un aliado incondicional del PRO para todas estas porquerías).

La actual gestión también busca modificar nuevamente el Código de Ordenamiento Urbano, para que avancen las construcciones de altura. Lleva aprobadas el récord de 282 excepciones.

Ante este cuadro, los vecinos se están organizando. El sábado 20 se realizó una asamblea convocada por vecinos en red de Florida Este y otras organizaciones vecinales, dando comienzo a una campaña de defensa del espacio público.

Apoyamos la iniciativa de los vecinos por un plan de urbanización integral en el distrito, que contemple la identidad del barrio, frenando la construcción en altura, y ampliando los espacios públicos de recreación de la juventud.También reivindicamos el derecho a la vivienda de los habitantes de los barrios más postergados.

El conflicto petrolero no ha terminado. Todos los acuerdos están atados con alfileres para ganar tiempo y desmovilizar la resistencia de los obreros a los despidos, las reducciones de jornadas y salarios y la eliminación de derechos en el plano de la seguridad en el trabajo.

Por ese camino van las petroleras y, en primer lugar, la empresa San Antonio. Por eso quieren despedir a los delegados, para luego avanzar sobre todos.

Así comienza la solicitada que se está repartiendo en Santa Cruz y Comodoro (Chubut), de la Comisión de Amigos y Trabajadores de San Antonio Internacional.

En la misma se explica que, a partir de la firma de la resolución ministerial 365, del 26 de junio (que firmaron todas las dirigencias sindicales en paritarias y luego de un paro nacional), se formó una comisión para analizar la “productividad”, donde se discute la eliminación de derechos, medidas que aumentarían el riesgo de accidentes y se avanza hacia las 8 horas de jornada, lo que es una rebaja salarial de hecho.

También se explica en la solicitada el proceso por el cual fueron suspendidos 200 trabajadores de San Antonio. Claudio Vidal, secretario general del Sindicato del Petróleo y del Gas Privado de Santa Cruz, largó medidas de fuerza, al mismo tiempo que le quitaba el respaldo del sindicato a los compañeros.

La lucha continuó, organizada por los delegados combativos y antiburocráticos de Las Heras y Caleta Olivia. Recurrieron a la ocupación y el bloqueo de los pozos, marchas con las familias de los petroleros y la convocatoria a toda la población de esas localidades. En medio del tarifazo, fue la voz que desmintió la sanata del gobierno de que el aumento brutal de las tarifas era para no despedir obreros del petróleo.

Los compañeros plantean: “Nosotros defendemos el trabajo y al trabajador de esta industria en el país. Quieren que nadie más salga a luchar, pero no lo van a lograr”.

El 10 de septiembre, fecha en que vencen los 30 días acordados por la burocracia sindical, las petroleras y el Ministerio de Trabajo van a tratar de ir más lejos en la quita de derechos, por eso no permiten el ingreso de los delegados y buscan el desafuero y el despido.

La solicitada de la comisión expresa: “Llamamos a todos los compañeros petroleros, a las familias, a la población de nuestras localidades que viven del trabajo petrolero a solidarizarse activamente con el cuerpo de delegados y trabajadores de San Antonio”.

Y añade: “Organicemos asambleas en las empresas, en los barrios, preparémonos para una gran lucha en defensa de cada derecho, de la integridad del salario, de las normas de seguridad en el trabajo”.

En Comodoro Rivadavia, los trabajadores de San Antonio también sufrieron las suspensiones. El sector de Jorge Avila (equivalente de Vidal en Chubut) levantó el paro, pese a que la patronal no dejó reingresar a los suspendidos a sus puestos de trabajo.

En Neuquén hay nuevos despidos y también una importante reacción obrera para frenarlos, mientras Guillermo Pereyra (secretario general del sindicato en Neuquén) respalda al gobierno de las petroleras y el tarifazo.

La reincorporación de estos delegados combativos es de interés de toda la clase trabajadora petrolera. ¡Vamos por su inmediata reinstalación!

La entrevista se produjo el mismo día en que se desarrollaba una audiencia sobre el caso.

PdT (Plenario de Trabajadoras): contanos cómo viene el caso y por qué es la audiencia de hoy.

Alejandra: La audiencia de hoy era muy esperada, pues ya había sido postergada en otras oportunidades. La decisión de los jueces por unanimidad fue dejar la causa caratulada como abuso sexual simple agravado por ser el acusado responsable de la educación y guarda de la menor.

Lo que llama la atención es que el tribunal no considere este hecho como corrupción de menores, que es justamente lo que venimos a apelar.

PdT: ¿Cómo sigue la causa?

Alejandra: Sabemos que los tiempos de la justicia son lentos y desgastantes. La causa debe volver nuevamente a Belén, donde se presentó una nueva denuncia de la que tendría que surgir una nueva imputación (la nueva denuncia es por abuso sexual con acceso carnal), esto nos impulsa a seguir con fuerza, mas allá de que la justicia es muy lenta, pero seguiremos en la lucha por una justicia firme que devuelva credibilidad y apoyo a las verdaderas víctimas.

PdT: ¿Creés que la Justicia y el Estado dilatan los tiempos para defender a estos abusadores?

Alejandra: siempre fue lenta la justicia y eso produce un desgaste físico y emocional, en este caso particular en el que se involucra la Iglesia es peor. Porque pareciera que se trabaja tratando de ayudar a ocultar y justificar los hechos aberrantes producidos por estos curas.

PdT: Por último, cuál es la repercusión que ha tenido el caso en la ciudad de Belén y como se manifiesta la situación.

Alejandra: Al principio, cuando el caso salió a luz, provocó un impacto en la sociedad. Pudimos realizar una primera marcha, pero luego esto se volvió en nuestra contra y en vez de apuntar hacia el cura Gutiérrez, fuimos nosotras, las victimas quienes fuimos juzgadas. Venimos luchando con esto día a día, en especial mis hijas, quienes sufren el fanatismo religioso de la sociedad que es impulsada desde la misma iglesia. Lo ven desde la vereda de enfrente juzgándonos como responsables de los hechos.

La discriminación esta puesta en mi familia, en mis hijas especialmente, que se encuentran cursando el último año de la escuela secundaria y esta situación las limita a realizar sus actividades cotidianas, usuales en la adolescencia, pero son perseguidas constantemente, por los mismos compañeros que integran el grupo de “jóvenes por amor a Cristo” de la iglesia en Belén.

Por esto, desde el Plenario de Trabajadoras, remarcamos la necesidad de que el movimiento de mujeres tiene que ser independiente del Estado y de la Iglesia, se debe terminar con el encubrimiento e Impunidad para que los curas violadores como Juan de Dios Gutiérrez, o Renato Rasjido (de Andalgalá) vayan a la cárcel.

La Cámara de Casación dispuso la libertad condicional a Francisco Pipitó, uno de los condenados por el crimen de Mariano Ferreyra. Pipitó fue uno de los patoteros que amenazó al equipo periodístico de C5N para que no quedara registro del ataque criminal de la banda de Pedraza. Había sido condenado a 11 años de prisión en primera instancia, pero la Cámara redujo su condena en 19 meses y 21 días por haber realizado “cursos educativos” en la cárcel federal de Ezeiza. Como fue uno de los primeros detenidos -en octubre de 2010-, ahora la Cámara de Casación consideró cumplidas las dos terceras partes de la condena para acceder al beneficio.

La libertad de Pipitó -rebaja de la condena incluida- es otro eslabón en la cadena de impunidad, que comenzó el mismo día de la sentencia, cuando el tribunal oral rechazó la calificación del crimen de Mariano y las tentativas de homicidio que sufrieron Elsa Rodríguez y otros compañeros. De ese modo, José Pedraza y sus secuaces debieron haber sido condenados a prisión perpetua. Los funcionarios y empresarios que, junto a Pedraza, rapiñaban los subsidios del Estado y explotaban a los obreros ferroviarios sometidos al régimen de la tercerización, nunca fueron investigados. Antes de la liberación de Pipitó, Pedraza se benefició con la “prisión” domiciliaria en un piso de Palermo Chico y el camarista Eduardo Riggi -metido hasta el cuello en la “causa de las coimas”- fue sobreseído, primero, por Norberto Oyarbide y luego, por la Cámara, que rechazó el recurso de queja presentado por Beatriz, la mamá de Mariano, e impedir así que el caso llegara a la Corte.

Las condenas efectivas que arrancamos de la mano de una movilización popular extraordinaria tras el crimen de nuestro compañero no alcanzaron a todos los responsables y sus cómplices.

Esta lucha sigue.

Luego de más de 50 días de lock-out sobre el sector fábrica, su extensión al campo en el día de ayer provocó una rebelión de los trabajadores contra la patronal, en unidad con sus compañeros de fábrica y contra el llamado turno relevante, que significa una caída del salario. Es la constatación de que Seaboard no pudo doblegar a los trabajadores, a pesar de contar con la complicidad del poder político y de la Iglesia, que se ha lanzado con el obispo local a la cabeza a exigir a los obreros que acepten el ajuste patronal en nombre de la paz y del propio Dios.

El tiro por la culata

Con la presión creada a través de la enorme campaña mediática y de las “fuerzas vivas” contra la lucha, Tabacal creyó tener las condiciones para ir a fondo. El lunes 22 los medios radiales alertaron sobre la supuesta “disconformidad de los obreros que se sentían rehenes del sindicato” y pedían volver al trabajo. A la vez, Seaboard anunciaba la suspensión de las tareas a los trabajadores del campo, responsabilizando al sindicato (STA) por esta represalia. Con esto la patronal buscó fracturar la lucha, incitando a una movilización de los obreros del campo contra el sindicato y los obreros de fábrica, pero la “autoconvocatoria” no llegó a un puñado.

El 23, los supervisores de Tabacal se lanzaron a las colonias acompañados por escribanos para hacer firmar a los obreros del campo lo que parecía la aceptación voluntaria de su desvinculación laboral para esta zafra. Este fue el insulto final. Los obreros rechazaron esta extorsión y se autoconvocaron masivamente sobre la ruta 50 para cortar la entrada sur de Orán y en el puente de Río Colorado (Pichanal). Rápidamente los obreros de fábrica que acampan en el portón de la fábrica impusieron un tercer corte sobre la planchada del ingenio. La provocación patronal terminó por desatar una maciza rebelión obrera que hasta ahora el propio gremio no había logrado.

El gobierno y la patronal, en crisis

Ante la masividad de los cortes y la solidaridad popular hacia la lucha obrera, el gobierno decidió actuar.

Urtubey habilitó de emergencia una reunión entre la patronal y el STA en la sede del Ministerio de Trabajo de Orán, algo que la Seaboard rechaza desde 2010 y que decidió boicotear una vez más. La patronal atacó a los cortes y “recordó” que las negociaciones en Orán exponen a sus representantes ante presiones y “actos de violencia”. En sus calumnias contra los obreros, Seaboard no vaciló en atacar al Partido Obrero acusándonos falsamente de haber privado de la libertad a los directivos en las negociaciones de 2009.

La patronal está decidida a seguir hasta el final con sus provocaciones y exige que el gobierno provincial actúe de su lado. Ante la extensión de la rebelión obrera, el oficialismo se mostró dispuesto a pronunciarse sobre el conflicto llamando al “dialogo” y la “paz” para no votar el proyecto del PO, que planteaba el apoyo, pero ni siquiera eso aceptó la Seaboard, por lo que por cuarta semana consecutiva evitaron tratar el tema.

Una etapa decisiva

Ante el desplante de Tabacal a esta mesa de negociación, los obreros decidieron que los cortes sean por tiempo indeterminado. Exigen la presencia de los directivos de Tabacal y sin ningún condicionamiento para negociar, en particular la implementación del turno relevante.

El apoyo popular que rodea a los cortes obreros con insumos y agua para aguantar son centrales. Es necesario proponer una enorme movilización popular para terminar de quebrar el ajuste patronal de la Seaboard, Macri y Urtubey, en Orán y en toda la provincia. Con esta perspectiva, realizaremos actos de solidaridad en la capital salteña y en Buenos Aires sobre la Casa de Salta denunciando el ajuste patronal, el lock-out y la represión con la que intentan imponerlo.

¡Vamos por la victoria! En Orán se libra una lucha fundamental de toda la clase obrera argentina.

En el Sindicato de Amsafe Rosario se llevó a cabo el jueves 20, ante una nutrida concurrencia, la presentación del “Manual del delegado”. La mesa estuvo presidida por Cristian Míguez, de la Comisión Interna de Acindar; Juan Ferro, de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) y coordinador del Manual; y Adrián Dávalos, secretario general del sindicato de Aceiteros Rosario. La charla fue coordinada por María Elena Molina, dirigente de Tribuna Docente.

Participaron de la presentación más de 90 compañeros que colmaron el salón, contándose entre los presentes el secretario de la Federación Aceitera, Daniel Yofra. También estuvo presente una delegación de aceiteros de Rosario, así como una importante cantidad de delegados de la Junta Interna del Eva Perón; compañeros de Synton, de Químicos San Lorenzo y compañeros de La Virginia, Sitraic (construcción), Empleados de Comercio y delegados de Amsafe.

Cristian Míguez destacó en su intervención el valor del Manual del Delegado como herramienta de organización en un contexto en el que los luchadores deben tomar recaudos no sólo frente a la patronal, sino también frente a la burocracia de los sindicatos.

Adrián Dávalos reivindicó la importancia de los delegados y expuso sobre las reformas de los estatutos que están discutiendo en el gremio aceitero. Finalizó su intervención con un agradecimiento a los presentes por el acompañamiento de las organizaciones de izquierda a la gran huelga general llevada adelante por los aceiteros el año pasado.

El desarrollo de la charla fue muy productivo. Hubo intervenciones respecto a cómo salir a enfrentar el ajuste en cada uno de los lugares de trabajo y sobre el planteo del congreso de delegados de base que desenvuelva una salida de conjunto. Otro debate giró alrededor de los límites de la lucha sindical y la necesidad de la acción política de los trabajadores como clase organizada.

También se debatió sobre la relación entre los partidos políticos y los sindicatos. Al respecto, Juan Ferro destacó que, “cuando decimos que las agrupaciones tienen que ser independientes de los partidos patronales y no de los partidos, estamos hablando de que deben tener como norte claro no ser furgón de cola de los partidos patronales”.

El manual, añadió Ferro, “intenta hacer un aporte concreto en el día a día de un movimiento obrero que tiene, en la actualidad, un ritmo de luchas muy desigual a lo largo de todo el país”. Es necesario poder discutir, entonces, el “tipo de agrupación que hay que formar en un sindicato”, agregó.

El debate se extendió con intervenciones de trabajadores de todos los frentes. Varios de los compañeros que concurrieron son parte de los nuevos delegados que han empezado a surgir en los distintos gremios. Al final de la charla se vendieron 44 libros.

“Hay un proceso de deliberación en la clase obrera y esta charla y el 'Manual del delegado' pretenden colaborar en esta proceso y aportar un pequeño granito de arena a la clase obrera”, cerró Juan Ferro la presentación.

Durante las dos primeras semanas de septiembre tendrán lugar las elecciones de centros de estudiantes en siete de las trece facultades de la UBA. Será una dura confrontación política que opondrá a los agentes del gobierno ajustador y del rectorado de la UBA -Franja Morada/Nuevo Espacio, en primer lugar-, con las agrupaciones combativas y de izquierda -con un lugar protagónico de la UJS/Partido Obrero.

Las elecciones serán la oportunidad, también, para dirimir la disputa que existe al interior del frente de conducción de la Fuba, quebrado desde el fallido Congreso de junio, cuando La Mella formó bloque con La Cámpora y el kirchnerismo contra la UJS.

Durante el primer cuatrimestre, las facultades fueron conmocionadas por la huelga docente, con sus clases públicas, asambleas y movilizaciones masivas. El conflicto colocó a la universidad pública en oposición al ajuste del macrismo, con sus estudiantes y trabajadores al frente. Franja Morada participó de algunas acciones para disimular su integración al gobierno de Cambiemos; pero su complicidad fue puesta de relieve en las asambleas estudiantiles, lo que llevó a fuertes cruces en facultades como Medicina y Derecho. En todo momento, Franja actuó como agente del corrompido aparato universitario: levantó la voz junto a las autoridades, y declaró finalizado el conflicto cuando éstas cerraron filas con el gobierno.

En las elecciones, Franja buscará correr el eje de este debate. En el inicio del segundo cuatrimestre montaron un operativo para encubrir el ajuste en curso, maniobra que también incluye la inundación de facultades y CBC con prebendas de todo tipo, ofreciendo fotocopias por debajo del costo, impresiones y cuadernos gratuitos, becas y cursos de capacitación. Pero la cadena se cortó por el eslabón más débil: en la primera semana de clases, la facultad de Sociales sufrió simultáneamente un desborde de cloacas, inundaciones, cortes de luz y hasta la caída de un ascensor. La UES, agrupación derechista que codirige el centro con el kirchnerismo, responsabilizó por estos males a los trabajadores no docentes y al Partido Obrero -no a los gobiernos y autoridades que hicieron posible el récord de un edificio que ya lleva 14 años en construcción, desde la toma de 2002.

Franja deberá responder a los estudiantes: ¿a dónde están los recursos millonarios que generan con los posgrados arancelados, los cursos de idiomas pagos y los convenios con grandes empresas? En Derecho o Económicas, la conversión de las facultades en fabulosas plataformas de negocios convive con una enorme precarización docente, escasa oferta de materias y problemas de cupos a la hora de cursar. Estas facultades no podrían funcionar sin la legión de miles de ayudantes que trabajan como ad honorem o subrentados. Por otra parte, el gobierno no le está pagando el sueldo a centenares de estudiantes de Exactas que se anotaron además para trabajar en Tecnópolis -a pesar del empeño del decano K y del centro de La Mella para imponerles a los pasantes un convenio flexibilizador.

Ahora mismo, la Justicia está investigando al capo de la Franja Morada de Odontología -AFO- por el desmanejo de enormes fondos gastados sin control. Las denuncias contra el nosiglismo de la UBA por el desvío de fondos a la campaña de Martín Lousteau nunca fueron aclaradas. La crisis de Cambiemos se manifestará en las elecciones: el PRO, otrora sublema de los radicales, armará listas propias en todas las facultades, como parte de la pelea por el Gobierno de la Ciudad -donde Franja es la columna vertebral que sostiene a Lousteau, embajador argentino en Estados Unidos.

Los que no son pero “se sienten parte”

El kirchnerismo buscará usufructuar el movimiento de lucha contra el macrismo en beneficio propio, pero carga con el peso de su largo cogobierno con los radicales -represiones a la Fuba incluidas. No hay rector más oficialista que Alberto Barbieri, el candidato de Scioli y el FpV al Ministerio de Educación. La Mella trabaja abiertamente por una confluencia con los K; la semana pasada, en el cierre del Foro “por una nueva mayoría”, su líder Itaí Hagman dijo: “No soy parte del FpV, pero me siento parte” (el mismo escenario al que había sido invitado el PTS). Que esto se traduzca en listas comunes está aún por verse, ya que los K recelan de La Mella por su “oportunismo”.

En Farmacia y Veterinarias las agrupaciones de la UJS defenderán los centros frente a distintas variantes de agrupamientos K -desde los “progres” de Nuevo Encuentro a los derechistas de La Tropilla. En Económicas, la kirchnerización de La Mella provocó la ruptura del MxE, y los estudiantes deberán pronunciarse por qué tipo de oposición es necesaria frente a los privatistas de Nuevo Espacio. En Medicina, El Frente -encabezado por la UJS- tiene el desafío de agrupar a un vasto activismo para hacer retroceder a la lista de los vaciadores del Hospital de Clínicas. En Derecho estamos poniendo en pie una alternativa de izquierda a los muchachos de Darío Richarte, la Side y los posgrados pagos. En Odonto, nuestra agrupación, V-Par, es la única valla de contención contra la degeneración del AFO. En Exactas pelearemos por recuperar un centro que La Mella integró al decanato kirchnerista de la facultad.

La UJS va a una intensa lucha para hacer emerger la verdadera polarización que existe en la universidad y en el país, entre ajustadores y ajustados. Como hicimos en el primer cuatrimestre, será necesario volver a poner en movimiento a la masa de la universidad para propinar una derrota contundente a las listas del gobierno de Macri y sus compinches en la UBA. Es la izquierda, y no el kirchnerismo, la que tiene autoridad y capacidad para llevar adelante esta pelea.

Foto: Javier Entrerriano

Armando Pérez, CEO e interventor de la AFA, declaró que a partir de enero de 2017 cesará Fútbol para Todos, y una empresa privada, “mediante una licitación”, se hará cargo del negocio de la televisación del fútbol. Los torneos efectivamente comenzarán si logra, a último momento, que el gobierno ponga el dinero que exige el Ascenso. La crisis de la AFA se ha profundizado desde que el gobierno y la Fifa (de mala gana) decidieron intervenirla.

¿Cómo están las cosas en la AFA?

María Servini de Cubría, la jueza que tiene a su cargo la causa por el manejo de los fondos de Fútbol para Todos, llamó a un programa de TV para explicarlo:

“Esta no es una comisión normalizadora (por los interventores), no vamos a llegar a mucho” (Infobae, 20/8), y añadió: “Recibieron (los de la comisión) 300 millones de pesos y hasta el día de hoy no sé qué hicieron con ellos”. La jueza remató: “Estoy muy preocupada (…) leí los otros días que se estaban peleando, que se agarraron a trompadas y le patearon la cabeza a Taboada” (ídem).

Servini se refería a Víctor Taboada, gerente general de la AFA y mano derecha de Pérez. Ese es el ambiente en la “casa del fútbol”, donde camarillas mafiosas tienen peleas de perros en oficinas y pasillos.

Los negocios futuros

Las intenciones del gobierno y de la intervención fueron bien descriptas por el presidente del club Acassuso, Javier Marín: “…la realidad del Ascenso no es casualidad. Este es un claro plan para desfinanciar a la AFA, con el objetivo de ir primero a la Súperliga, luego a las sociedades anónimas y finalmente a las apuestas” (La Nación, 17/8). Con una salvedad: la AFA ya está no sólo “desfinanciada” sino en situación de quiebra: “Si fuera una empresa estaría en convocatoria de acreedores”, admitió Pérez (La Nación, 20/8).

En cuanto a los clubes del Ascenso, antes de asumir Pérez recibieron 200 millones de pesos y tampoco en ese caso se sabe qué hicieron con el dinero. Ahora, Hugo Moyano y su yerno, Claudio “Chiqui” Tapia (Barracas Central), amenazaron con hacer lo que no hacen por las paritarias y anunciaron que pararían el fútbol. Así lograron que apareciera más plata. Y no estuvieron solos. Por lo menos, a la reunión de los “regularizadores” con los clubes de Primera, que se hizo el jueves 18 en Ezeiza (los dirigentes del Ascenso quisieron entrar y se los impidió la policía), no asistieron los “cinco grandes” (River, Boca, Racing, San Lorenzo y, por supuesto, Independiente, presidido por Moyano).

Así las cosas, está casi todo en veremos, incluida la llegada del grupo de Ted Turner (Imagen Satelital en la Argentina), que quiere quedarse con la televisación del fútbol y está en disputa con otros pulpos internacionales. Turner también se propone comprar Telefé, hasta ahora propiedad de Telefónica. Habrá que observar, por ejemplo, qué ocurre con el avance de Torneos, que le compró a Santa Mónica el contrato con la AFA por los patrocinadores del seleccionado nacional. Torneos estuvo hasta hace poco conducida por Alejandro Burzaco, un apellido de la intimidad del macrismo, ahora preso por los delitos cometidos en la Fifa y convertido en “buchón” del FBI.

De un modo u otro, se intenta proceder a un rescate de la quiebra del fútbol y que ese rescate lo pague el público con un tarifazo tan brutal como el que se pretende imponer con los servicios públicos privatizados. Y colonizar el fútbol argentino según los arbitrios de grupos imperialistas como el de Turner, que transformarán los torneos locales en apéndices del fútbol europeo y, como se ve en el caso del Ascenso, destruirán lo que no les sirva; es decir, a más de 4 mil clubes afiliados a la AFA, para preservar sólo a la élite del negocio.

Hugo fue un gran luchador, organizador nato, delegado de escuela con quien compartimos numerosas asambleas desde fines de los ‘90. Un lector insaciable, poeta infinito, falleció en la medianoche de este jueves 18 de agosto, a los 55 años.

Hugo formó parte activa de la docencia que comenzó a organizarse junto a Tribuna Docente y el Partido Obrero a partir del ’99 y que preparó la rebelión docente en 2001. En este período, desde TD intentábamos organizar a las escuelas desde abajo, creando una coordinación entre ellas para resolver medidas de acción ante la falta de pago de nuestro salario y las condiciones laborales.

Allí, su enorme capacidad para desenvolver nuestra orientación fue un factor aglutinante, en contraposición a la parálisis de la burocracia Celeste de Maffei y Yasky. Impulsó una imponente Caravana Docente, que partió desde su Escuela 42, en el fondo de Loma Hermosa y fue recorriendo todo el distrito, sumando a su paso compañeros de diferentes escuelas, confluyendo en el Consejo Escolar con más de 1.000 docentes, acción que dio lugar a la creación de la Mesa de Enlace de Escuelas de Tres de Febrero.

Su agitación política sobre las escuelas, el Consejo Escolar, los bancos Provincia, fue sistemática y rigurosa. Los afiches de Tribuna se renovaban con regularidad implacable, uno sobre el otro.

Su labor en las aulas y su lucha por resolver los problemas edilicios, de violencia escolar, comedores o de organización institucional, formó parte de una sola lucha: la lucha contra la injusticia que lo sublevaba y este compromiso lo llevó a presentarse como candidato a intendente y concejal del Partido Obrero.

A pesar de sus problemas de salud, que lo alejaron de las aulas y de la lucha activa, nunca abandonó sus convicciones, su solidaridad, ni su fidelidad al programa del PO.

Generoso y auténtico, coherente con sus principios como pocos, vivió como pensaba. Partió una noche de luna de llena como un jilguero de papel.

Nuestro respeto a su compañera y a su hijo.

Hasta siempre, Hugo… Compañero del alma, compañero…

La segunda jornada de movilizaciones contra las AFP (sistema de jubilación privada semejante a lo que fueron las AFJP argentinas) sumaron, según sus organizadores, cerca de 600 mil personas en Santiago y más de un millón de personas en todo el país. Las protestas se inscriben en la línea de las movilizaciones multitudinarias de julio y que fueron organizadas por el Movimiento No + AFP.

Por ley, los trabajadores chilenos deben destinar entre el 10 y el 12% de su sueldo mensual a las AFP (cuyos orígenes se remontan al pinochetismo, y han continuado bajo los sucesivos gobiernos democráticos), que a la vez invierten esos recursos en acciones y bonos, tanto en Chile como en el extranjero. Un verdadero robo al salario, puesto a disposición de la especulación financiera y del capital bancario. Mientras los aportes salen del bolsillo de los laburantes, el 91% de las pensiones pagadas bajo el mecanismo de retiro programado apenas alcanzan el 61% del salario mínimo. Este meganegocio fue emparchado por Bachelet en 2008 con el llamado “pilar solidario”, una supuesta reforma al sistema jubilatorio mediante la cual el Estado se hizo cargo de las pensiones que quedaban por fuera del sistema privado, dejando intacto el negocio de los bancos y poniendo el Estado a cargo de las jubilaciones que no fueran rentables.

Hace pocos días, una investigación realizada por la radio Bío Bío reveló que 104 políticos han sido o son parte del negocio de las AFP, y que 40 ex ministros (incluyendo dos actuales) han sido o son miembros de los directorios de estas empresas (La Nación, 22/8).

Las movilizaciones multitudinarias -a las que deben añadirse las protestas estudiantiles por la gratuidad educativa- prueban los límites de la política de contención de Bachelet, cuya imagen está en un piso histórico (15%). En función de estos propósitos de regimentación popular, la Concertación devino en su momento en Nueva Mayoría e incorporó al PC al gobierno.

Salida

El Partido Obrero Revolucionario -que intervino en las movilizaciones y participó de la reciente Conferencia Latinoamericana convocada por el PO de Argentina y el PT de Uruguay- levanta como planteo una pensión del 83% móvil, la restitución inmediata de los aportes patronales con su respectiva eliminación de las contribuciones salariales y la transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones, el cual esté bajo el control y administración de representantes de trabajadores activos y pasivos.

En Chile comienza a abrirse una nueva etapa política, donde el agotamiento de la experiencia concertacionista -como señalan las tesis de la Conferencia Latinoamericana desarrollada en Montevideo- abre un campo de acción para la construcción de una alternativa obrera y socialista.

El acto de homenaje a Antonio Cafiero debía servir, en teoría, para el lanzamiento de una “renovación” peronista. Sus impulsores anunciaron una reconstrucción pejotista, tan distante del kirchnerismo como del gobierno actual. Pero, a la luz de quienes concurrieron a este acto, la “renovación” deberá esperar. Al homenaje a Cafiero no faltaron “Barrick” Gioja, jefe del FpV en el Congreso, ni el inveterado formoseño Gildo Insfrán, la expresión más grosera y descompuesta de quienes gobiernan, desde hace dos décadas, las provincias de la mano de las camarillas capitalistas y el matonaje paraestatal. Para completar el escenario (y la confusión) estuvieron presentes varios massistas destacados. Así las cosas, el acto “renovador” fue una brutal paradoja: siguió a rajatablas la orientación política de la única excluida de esta reunión, Cristina Fernández de Kirchner. En efecto: en sus últimas apariciones públicas, la ex presidenta, y también su hijo, llamaron a la formación de una “nueva mayoría”, junto a todo el pejotismo y también a Massa. Los organizadores del homenaje a Cafiero tomaron nota del planteo, pero bajo la condición de dejar afuera a la ex camarilla presidencial.

Disgregación

Sin embargo, el afán común de distanciarse del kirchnerismo no basta para una reconstrucción del PJ, y el acto de homenaje a Cafiero lo demostró. El sector de los intendentes y gobernadores que aspiran a un “perfil propio” no tienen otro denominador común que el de los acuerdos financieros con el gobierno macrista, para concurrir al socorro de sus finanzas provinciales o municipales. El sector más “avanzado” de ellos podría terminar constituyendo la pata peronista de Vidal y del armado electoral del PRO en la provincia. Para ello, deberá procesarse otra puja brutal -esta vez, adentro de Cambiemos- entre los partidarios de cooptar pejotistas, de un lado, y los socios del PRO, comenzando por Carrió, del otro. Otra fracción pejotista, donde estaría el mismísimo Pichetto, está pidiendo pista en el Frente Renovador. En suma, el acto de la “renovación” y la unidad intentó disimular el gran desguace de dirigentes y punteros del pejota que está en curso.

La pretendida “renovación” peronista sólo coincide en prescindir de Cristina Kirchner, quedándose a la vez con una fracción del aparato del FpV. Para ello deberán encontrar un candidato para 2017 -por ahora, la que da pelea es la misma Cristina Kirchner, con una intención de voto inferior al 30 por ciento. Pero una eventual presentación electoral de CFK deberá vérselas con su procesamiento en puerta, que el juez Ercolini prepara a raíz de la asociación económica entre el ex clan presidencial y Lázaro Báez. En ese cuadro, el llamado de Cristina a la unidad con los Gioja, los gobernadores y Massa deja abierta una negociación en puerta –la eximición de la cárcel a cambio del retiro político. El kirchnerismo, en ese caso, terminaría subsumido en el universo de los viejos caciques derivados del menemismo y el duhaldismo. La izquierda que ha recalado en un kirchnerismo tardío podría terminar tan aislada y apelmazada como los concurrentes de la fracasada “Marcha de la Resistencia”. Curándose de espanto, notorios cristinistas -como Horacio Verbitsky- comienzan a pasarse al campo de la “nueva mayoría” (sin Cristina).

Massa

Pero la exclusión de Cristina está lejos de asegurar una “unidad peronista”. Consciente de que la crisis del peronismo reviste características históricas, Massa está empeñado en llevarse una parte del pejota a la coalición política que está armando con Stolbizer, una parte del centroizquierda (Libres del Sur) y las organizaciones sociales que abandonan a los K (Movimiento Evita). En esta coalición revista una parte importante de la CGT unificada. La catadura del frente massista se revela en el hecho que reúne, en el mismo barco, a la “transparente” Stolbizer con Gerardo “601” Martínez. Massa está intentando armar su base social al interior de la burguesía, sirviéndose de la impasse generada por la recesión, las presiones devaluatorias y la agudización de la competencia importadora. En cualquier caso, no tiene como programa de salida nada que no pase por una mayor flexibilización del trabajo (“empleo joven”).

Campaña electoral

Los aprestos políticos de todos los bloques capitalistas muestran dos cuestiones. En primer lugar, que el empantamiento económico y la crisis del tarifazo han instalado prematuramente la campaña electoral 2017. Lo que está en debate son los medios y las fuerzas políticas que tendrán que poner en marcha la tarea de trasladarle a las masas el peso de la bancarrota capitalista. El gobierno de Cambiemos, en sus términos actuales, se ha mostrado incapaz de ello.

En segundo término, estos preparativos preelectorales muestran el agudo nivel de disolución que envuelve a todos los bloques patronales, desde el peronismo hasta la propia coalición gobernante. Los desmoralizados que preveían un pacífico “giro a la derecha” de la situación política deberán poner las barbas en remojo. El Frente de Izquierda debe procesar este cuadro político de conjunto para articular una intensa campaña política a la escala de todo el país, para colocar a los trabajadores y a la izquierda como alternativa a la crisis de los ajustadores.

El gobierno intentó introducir una tercera reforma a la ley de las ART. El objetivo de los cambios es liquidar el reconocimiento de los accidentes in itinere y transferir todos los litigios relacionados con los accidentes de trabajo del fuero laboral al de la seguridad social, un “fuero” inventado por el ex ministro menemista Domingo Cavallo.

La primera reforma a la ley de ART fue realizada bajo la gestión de Cristina Kirchner y quiso sacarle un peso de encima a los empresarios. Esa intervención eliminó la llamada “doble vía”, por la cual el trabajador luego de cobrar el resarcimiento por el daño podía también apelar a la Justicia. Fue un intento de desalentar los juicios laborales. Pero los montos irrisorios que fijan las ART hizo que rápidamente la inmensa mayoría de los trabajadores accidentados apelara de todas maneras. Ello mantuvo muy alta la litigiosidad para reparar el daño.

Ahora el macrismo tiene en carpeta un decreto de necesidad y urgencia para concretar el salvataje de las aseguradoras y los empresarios. Se busca, otra vez, impedir el reclamo judicial mediante una vía absolutamente reaccionaria consistente en que las Comisiones Médicas, de las propias ART, sean la instancia administrativa previa, única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado solicite el otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Esta aberrante disposición coloca al trabajador en un status inferior que al resto de los dañados en el ordenamiento jurídico de nuestro país (por accidentes de tránsito, mala praxis, daño ambiental, etc.) quienes pueden acceder en forma directa ante la Justicia sin estar obligados a recorrer ninguna instancia administrativa previa. Ello, con el agravante de que la misma está dirigida por médicos pagos por las propias ART.

Los fallos regresivos de la Corte, como la reglamentación del derecho de huelga o el fallo Espósito (congelamiento del pago por accidentes in itinere) indican la enorme complicidad de los jueces con las patronales.

Es clave que este nuevo proyecto de DNU sea conocido por el movimiento obrero para combatirlo. Las ART siguen con el mismo nivel de siniestralidad desde su fundación y, de conjunto, han embolsado en el último ejercicio 3.000 millones de pesos a costa de la salud de los trabajadores.

Está planteada la eliminación definitiva de la ART y una nueva ley de Accidentes de Trabajo que supere y reemplace a la vieja ley, anterior a la flexibilización menemista, mantenida a rajatabla por kirchneristas y macristas.

Uno de los graves problemas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales es la ausencia de comités obreros de seguridad e higiene.

El proyecto de ley presentado por el Partido Obrero sobre estos comités no sólo sirve como un planteamiento político, sino también como una guía de acción para las internas y los cuerpos de delegados en materia de seguridad.

En medio de un temporal, más de cien “beneficiarios” -de un total de 442- del Plan Procrear se movilizaron al Banco Hipotecario de Tigre, en el marco de una movilización provincial.

El gobierno nacional adjudicó las 442 viviendas a mediados de 2014 con la promesa de entregarlas, terminadas, en 18 meses. Los vecinos adjudicados y sus suplentes fueron divididos en cinco categorías según su nivel de ingreso; además, si el grupo familiar tiene un ingreso mayor o igual a 35.000 pesos, queda automáticamente fuera del plan. El gobierno no ha entregado las viviendas ya adjudicadas con un retraso de un año- a pesar que muchas están terminadas. Por otra parte, se ha lanzado una campaña de “recategorización” de los vecinos, lo que implica pagar una cuota mucho más alta (por ejemplo: la categoría 2 paga 3.500 pesos y la categoría 3, 7.800 pesos). Además, la auditoría que se quiere implementar llevará a que muchas familias sean despedidas del Plan porque, inflación mediante, están actualmente pasando el límite de 35.000 pesos de ingreso del grupo familiar.

Otro aspecto de este verdadero ajuste es el interés a pagar. Los planes de pago contemplaban una cuota fija, de acuerdo a la categoría, con un ajuste mínimo a partir de una cuota determinada. La nueva modalidad que quiere imponer el Banco Hipotecario es un interés, ajustable mensualmente de acuerdo a la variación inflacionaria. Para culminar, se ha cambiado la pauta de entrega de las viviendas. Se les exige a los vecinos adjudicados un pago “por única vez” de 100.000 pesos.

Claramente este “cambio de planes” tiene por objeto que los vecinos adjudicados se hagan cargo del desfalco producido por la patria contratista a los fondos del Procrear. Farallón, una de las empresas constructoras (hoy caída en desgracia), estaba ligada a José “Bolsón” López ex secretario de Obras Públicas, al punto tal que la vivienda particular de López es de propiedad del dueño de Farallón (Eduardo Gutiérrez).

Tigre tiene una larga tradición de especulación inmobiliaria. Desde hace treinta años los gobiernos de Ricardo Ubieto y sus continuadores Sergio Massa y, actualmente, Julio Zamora, han hecho de la construcción de barrios cerrados y country una razón de Estado; al punto de haber desatado una verdadera conmoción ecológica en el distrito.

El negociado que quiere llevar adelante el Banco Hipotecario se enmarca en esta política más general. Los negocios inmobiliarios capitalistas son incompatibles con la solución del déficit habitacional.

La victoria de la lucha de los vecinos plantea la entrega inmediata de las viviendas adjudicadas y ningún cambio en las condiciones de los contratos. La movilización del lunes marca esta senda que los adjudicatarios de las viviendas deberán necesariamente transitar.

La mesa por Libertad para Belén, luego del enorme triunfo alcanzado con su liberación, se reunió para organizar el plan de lucha por la anulación de la condena, es decir por la absolución.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán debe revisar la condena en un plazo de 90 días, de los que ya han corrido alrededor de 25 días. Sin embargo, como resultado de la enorme campaña realizada a nivel provincial y nacional, y a cuatro días de la marcha nacional por la libertad de Belén, ordenó su libertad reconociendo que la extensión de la prisión preventiva por 6 meses , resuelta por la cámara luego del fallo, no era válida.

La mesa resolvió convocar una concentración en el Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte para el 16 de setiembre a las 11 horas, día en que se cumple un mes de la liberación de Belén.

Convocará también a una gran marcha para el 28 de setiembre, día de lucha por despenalización y legalización del aborto, con las consignas de aborto legal, seguro y gratuito y absolución para Belén. Con motivo de estas movilizaciones o acciones que se realizarán en el país, la idea es organizar una nueva jornada nacional de lucha por Belén. Para difundir la marcha vamos hacer una caravana por las calles céntricas de la ciudad de Tucumán el 26 de setiembre.

Desde la mesa vamos a pedir a la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario un espacio para organizar un acto por la absolución para Belén el sábado a la tarde, luego de los talleres.

En esta etapa de lucha por la absolución el Plenario de Trabajadoras ya lanzó distintas actividades para contribuir a la campaña. Organizamos un importante festival de artistas para el 28 de setiembre logrando el pronunciamiento y participación de destacadas bandas, músicos y grupos de danza. Lanzamos también un video con distintos referentes de la provincia y comenzamos la campaña de fotos.

Los jueces y el gobierno saben que tienen de ellos a un movimiento nacional de lucha que no permitirá que pase este fallo misógino. Es importante en esta etapa redoblar los esfuerzos para que Belén quede libre de toda culpa y cargo.

Con la votación estudiantil en las facultades de Veterinaria y Farmacia y Bioquímica terminó el primer episodio de las elecciones en la UBA, donde la izquierda obtuvo victorias aplastantes.

En Veterinaria la agrupación ligada a las autoridades y al kirchnerismo, La Tropilla, no pudo presentar su lista. Mientras esconden su filiación política, trataron de boicotear la elección "desde afuera", pero su política fue un fracaso: participó una cantidad similar de estudiantes a elecciones de años anteriores (no obligatorias). Mención aparte merece el PRO, que quedó relegado al último lugar como consecuencia del rechazo a sus políticas de ajuste a nivel nacional.

La UJS-PO obtuvo una victoria contundente con el 70,4% de los votos, dando una gran batalla por avanzar con un centro que tiene una tradición de más de 15 años de lucha. Con Evet, el centro de estudiantes fue recuperado de Franja Morada al calor del Argentinazo.

Después de conseguir una partida extraordinaria de 13,3 millones de pesos para arreglos en el predio, y otro tanto para el Hospital Escuela, nos planteamos como la única organización que puede llevar la lucha presupuestaria a fondo. Luego de denunciar la "zona liberada" en el predio, exigimos la aplicación de este presupuesto extraordinario. También abrimos el debate sobre el "nuevo" plan de estudios que se muestra inviable de cursar y nos da el título de veterinarios generalistas. En defensa del bienestar animal, rechazamos el convenio con Mundo Marino que legitima el maltrato de los animales y apoyamos la lucha por la reconversión de los zoo.

Esta campaña sumó a una cantidad de compañeros en defensa de la educación y la salud pública. Vamos a acompañar la lucha en el resto de las facultades de la UBA para darle un golpe al bloque del Rectorado (Franja Morada-PRO- K) y defender los intereses de los estudiantes frente a los planes privatistas en la universidad.

Para recibir a los jefes del gran capital extranjero y nacional en su “Foro Empresario”, el gobierno de Macri dispuso un gigantesco corte de calles que superó holgadamente al de cualquier manifestación obrera o popular.

Naturalmente, ello no despertó ninguna queja por parte de la “gran prensa”, que le destinó al “Foro” suplementos enteros. Así las cosas, el megapiquete vino a renovar la promesa de la lluvia de inversiones, a pesar de que sus supuestos “artífices” son los mismos que se han fugado el ahorro nacional de al menos los últimos 20 años -ya sea depositando sus beneficios en el exterior por unos 350.000 millones de dólares o como acreedores de una deuda pública que -sólo bajo el gobierno “nacional y popular”- se llevó otros 200.000 millones. Esta confiscación sistemática está en la base de la actual quiebra nacional, que el gobierno quiere remontar a través de la llamada “vuelta a los mercados”.

Pero el macrismo no es original en este punto: hay que recordar a Néstor y Cristina tocando la campanita de Wall Street, allá por el año 2005, en la primera promesa de una “lluvia de inversiones”; mucho más adelante, a Kicillof y Gallucio anunciando otra lluvia, la de los hidrocarburos no convencionales, para lo cual firmaron el pacto secreto con Chevron. Todas estas tentativas no fracasaron por la “tozudez ideológica” de los Kirchner (formados en definitiva bajo el menemato), sino por el desenvolvimiento de la crisis mundial y por la resistencia de los trabajadores a aceptar una degradación histórica de sus conquistas -la condición de hierro del gran capital para “pensar en Argentina”. El kirchnerismo gobernó bajo la sombra de la rebelión de 2001 y nunca reunió las condiciones políticas para avanzar en una reestructuración antiobrera de fondo.

Macrismo

¿Qué cambió desde entonces hasta el Mini Davos macrista? Muy poco. Del lado del “mundo”, los visitantes al Foro provienen de un orden económico internacional en ruinas. El rescate estatal de los bancos capitalistas y la posterior conversión de éstos en acreedores de los Estados quebrados, han conducido a la llamada economía “zombie”. Como en el conjunto de la economía mundial, el tema del mini-Davos no ha sido la “insuficiencia de inversiones” en Argentina, sino el exceso de capital en relación con la masa de beneficios que ese mismo capital puede producir a costa de los trabajadores. La salida de ese pantano exige, por un lado, una liquidación de capitales sobrantes (concentración) y, por el otro, un salto decisivo en la explotación de la clase obrera.

Esa ha sido la verdadera agenda del Mini Davos. Los voceros oficiales pusieron las promesas de inversión en tres “pilares” -la energía, la infraestructura y el agro. En el primer caso, el señuelo es la dolarización de los precios de los combustibles, anticipada por un sendero oficial de precios del gas que conducirá en 2019 a valores que triplicarán a los internacionales. Como tributo al Mini Davos, la Justicia acaba de rechazar un pedido de suspensión de la audiencia pública de este viernes por parte de quienes -con toda razón- alegaron que el gobierno no informó sobre los costos de producción de gas. En relación con la obra pública, el gobierno “liberal” ha anunciado un régimen de contratación público-privado, que instituye el rescate estatal de los contratistas ante cualquier “imprevisto”. Por último, el agronegocio se ha beneficiado con la megadevaluación y la eliminación de las retenciones. Lo que el macrismo no ha podido explicar en el CCK es por qué este enorme paquete de incentivos al gran capital, puesto en marcha desde diciembre pasado hasta hoy, ha terminado agravando todos los desequilbrios económicos preexistentes. En este cuadro, el “Foro” ha servido para disimular, al menos por unos días, las pujas que recorren al gabinete y al conjunto de la burguesía en medio de la recesión general, la caída de la inversión, el aumento de la deuda pública y del déficit fiscal.

La clase obrera

La otra agenda del Mini Davos es la pretensión, tanto de anfitriones como de visitantes, de enjugar esas contradicciones por medio de un verdadero plan de guerra contra la clase obrera. En la lista está la ley de “empleo joven” (flexibilización laboral), la modificación aún más reaccionaria del sistema de riesgos del trabajo, una reforma jubilatoria dirigida a divorciar definitivamente al salario de los haberes y un sistema de salud que introduzca la “autogestión” (privatización) del hospital público. Por encima de las chicanas de ocasión, este paquete es compartido por Macri y la oposición de los Massa, Stolbizer, pejotistas y sobrevivientes de la “década ganada”. Este retroceso monumental en las condiciones de vida es la ofrenda que el régimen político argentino ofreció a los visitantes del CCK, para que éstos “consideren” inversiones en Argentina. Ni qué decir que este planteo, incluso si prevaleciera, convertiría a la Argentina en una gran plataforma de expulsión de riqueza social hacia el capital financiero y las corporaciones capitalistas.

Pero el macrismo no ha reunido siquiera las condiciones políticas para ello. Por eso, en el CCK prevalecieron las preocupaciones sobre la “gobernabilidad”. Los políticos oficialistas y opositores que recorrían el Foro le informaban a los CEOs sobre las coaliciones que están urdiendo con vistas a 2017.

Durante el Mini Davos, Macri reclamó “prudencia y sensatez” a la burocracia sindical, invitándola a que siga postergando la convocatoria a un paro nacional. El megapiquete empresarial-oficialista operó, en este sentido, como una gran extorsión -la “lluvia de inversiones” condicionada a la “paz social”. Por lo pronto, el primer grito de guerra se levantó contra el reclamo por reabrir las paritarias. Incluso allí donde se ha negociado por un semestre (“paritaria corta”), se pretende un segundo tramo por porcentuales irrisorios, no para recuperar la carestía pasada, sino en nombre de una “inflación futura” a la cual el gobierno -sin fundamentos- ha decretado en baja. Ni lerdos ni perezosos (para no luchar), los capitostes de la CGT unificada se han servido de las advertencias del Foro para devolver al freezer la posibilidad de un paro o rebajarlo a la condición de una marcha sin medidas de fuerza.

Por cierto, la agenda antiobrera que ha dejado flotando el Mini Davos debería conducir a lo contrario -o sea, a la necesidad de una acción obrera de fondo. Al piquete de Macri y los capitalistas hay que responderles con un paro activo nacional y un plan de lucha por la reapertura de las paritarias, por la abolición del impuesto al salario, por la anulación de los tarifazos, por el fin de las suspensiones y despidos. El Mini Davos macrista propuso colocar al país y a sus trabajadores en manos de quienes lo quebraron una y otra vez. Opongamos a este desastre anunciado una salida política de los trabajadores.

La escenificación ofrecida a los jefes de monopolios internacionales en Buenos Aires supera cómodamente a la del reciente Bicentenario de la Declaración de la Independencia. El despliegue parece también inusitado porque son pocos los observadores que identifican a este aluvión como un anticipo de inversiones extranjeras. ¿De qué se trata, entonces?

El foro del gran capital es, antes que nada, un acto de intimidación pública, incluso si esto suena como un dislate extremista. ¿Quién puede dudar, sin embargo, que asistimos a una advertencia para nada velada de que cualquier tentativa de obstaculizar la gestión macrista equivaldría a hundir el apoyo del capital financiero internacional, que es presentado como el único recurso disponible para superar la crisis de conjunto de Argentina y, como mínimo, de iniciar alguna reactivación económica? El gobierno espera que tomen nota de esto la burguesía nacional que se queja por motivos variables (desde la elevada tasa de interés hasta el ‘dumping’ industrial de China), la clase media que aspira a ascender al primer mundo y finalmente, por supuesto, la burocracia sindical, que ha venido apoyando el ajuste con una firmeza digna de mejores causas. El foro está al servicio de la estrategia del macrismo de cooptar fuerzas ajenas, para apostar a ganador en las parlamentarias de 2017 y asegurar su permanencia en la Rosada.

Nadie pondría un dólar en inversiones directas antes de ver los resultados electorales del año que viene.

Por sobre todas las cosas, sin embargo, la inusitada asistencia de CEO’s de las principales corporaciones internacionales tiene que ver con una política de los Estados imperialistas. El gobierno de Estados Unidos, principalmente, enfrenta la necesidad de capitalizar el derrumbe de los sedicentes gobiernos nacionales y populares, o sea meter a sus países en una sólida red de control norteamericana y evitar (no hace falta decirlo) que se produzcan situaciones revolucionarias. El cónclave en el recinto CCK es una convocatoria política motorizada por el State Department de Obama -de otro modo no hubiera reunido siquiera al 10% de la concurrencia. La presencia en Buenos Aires ‘dei capi tra i capi’ del capital financiero es una señal política de respaldo hacia Brasil, cuyo novel gobierno golpista es repudiado por la población y cruzado por contradicciones insuperables de las ‘maffias’ que auparon a Temer. Es también un mensaje sin encriptación para financiar el recambio político en Venezuela con endeudamiento extranjero -naturalmente a tasas usurarias, y con la ‘asistencia’ del FMI. En esta red de pesca se encuentra asimismo Colombia, para la cual el acuerdo de paz con las Farc viabilizaría las condiciones de un enorme programa de ajuste y endeudamiento, al cesar la sangría económica de la guerra civil. Los medios no han reparado que en el Centro Kirchner no están los ejecutivos de China ni los de la rusa Gazprom, que han brindado un generoso financiamiento a los gobiernos nac&pop en América Latina, e incluso pretenden mantener sus negocios (petróleo, represas, un comercio creciente) o entrar en otros (Vaca Muerta). En uno de los diarios del 13 de septiembre, uno de los ‘chief executives’ reclama “normalizar” las relaciones con chinos y rusos, o sea poner fin a los favores excepcionales que les habría brindado el kirchnerismo. Pagani y Rocca, los dueños de Arcor y Tenaris, se han subido al centro del escenario para colocarse del lado norteamericano y europeo en el enfrentamiento con China. La UIA ha reclamado una protección contra el acero de China y Tenaris ha cuestionado la provisión de tubos de China para las redes troncales de gas de Córdoba. La burguesía nacional de la UIA, Massa, Pignanelli y el deshilachado FpV ha sido cooptada al foro del capital financiero internacional.

Inversiones que veremos

Los comentarios de los especialistas (Dante Sica, en Clarín) describen algunos de los condicionamientos que conspiran contra una llegada de inversiones extranjeras (no mencionan que Macri debería ganar primero las elecciones de octubre de 2017). Es el ‘impasse’ del huevo y la gallina, porque sin ellas se le hará difícil ganarlas. Esos comentarios esquivan, además, la cuestión esencial -que el prerrequisito de esas inversiones es una reorganización integral de la economía, lo cual supone desplazamientos de intereses y quiebras. Por eso, el primer rubro inversor apuntará a la compra y la reestructuración del capital instalado. Eso habrá de ocurrir con YPF, que no tiene medios propios ni estatales para desarrollarse, cuando su deuda conjunta es varias superior a un capital en Bolsa fuertemente desvalorizado. La brasileña Petrobras, con una deuda de 250 mil millones de dólares, ya ha cumplido con el 60% del plan de venta de sus activos, en tanto el Congreso de Brasil ha votado a favor del ingreso de operadoras extranjeras en la actividad pre-sal. Lo mismo ocurre con la siderúrgica Usiminas (Techint-Nippon Steel), que está vendiendo activos para hacer frente a sus deudas. Gran parte del capital brasileño se encuentra en “recuperação judicial” (concurso de acreedores), paso previo a la venta de activos o a la cesión de capital. Las compañías de Argentina han colocado bonos por varios miles de millones de dólares en el exterior, no para financiar inversiones directas sino para arbitrar entre las tasas de interés externas (7%) y las internas (30%), con un dólar planchado. En suma, asistimos a ‘inversiones’ para adquirir activos de empresas relativa o totalmente insolventes, y a un mayor endeudamiento internacional de características financieras especulativas. Las compañías petroleras internacionales pujan por concesiones que les permitan anotar como propias las reservas comprobadas, pero en las que invertirán solamente si aumenta el precio internacional de los combustibles.

En Argentina, en esta área privilegiada de energía y combustibles no convencionales, el gobierno ha anunciado precios reglamentados de 7,50 dólares para un BTU que en el mercado internacional cotiza a 2,50 dólares, y de 60 dólares para un barril que cotiza a 45 dólares. El punto crucial para el capital internacional es, sin embargo, que el Estado abandone los poderes discrecionales que le ha dado la emergencia decretada en 2002 y vuelva al régimen de contratos de servicios dolarizados o, eventualmente, a un mercado desregulado. El encarecimiento de la energía diezmaría a la industria nacional (ni qué decir de la economía familiar) y, si prosigue la baja de precios agrarios, incluso al complejo industrial agrario. La explotación del petróleo convencional está condenada, reducida a pozos agotados (con la perspectiva de despidos masivos); su lugar lo ocuparían las distintas variantes de gas no convencional (Vaca Muerta, la apuesta nac&pop de CFK y Kicillof) y el petróleo del Atlántico Sur (asociación con compañías instaladas alrededor de Malvinas, si los precios internacionales lo habilitan -y, marginalmente, las nuevas energías. Esto significará un cambio de manos en el mercado petrolero. Pampa Energía -del grupo ‘nacional’ Mindlin-, por ejemplo, solamente podrá aprovechar su compra a precio vil de los activos de Petrobras en Argentina (se ha iniciado un juicio contra la venta en Brasil), si se hipoteca a la Bolsa de Nueva York. El derrumbe de las economías y de los Estados latinoamericanos plantea una reorganización estratégica de sus sociedades, que solamente podrán ejecutar las corporaciones internacionales, con sus métodos de destrucción y de miseria, o en términos históricamente progresivos, los trabajadores, con un gobierno y partido propios. Significa una confrontación de poder.

Los nueve meses de macrismo han mostrado la hilacha en forma suficiente: la deuda conjunta de Nación, provincias y corporaciones se incrementó en 40 mil millones de dólares (la deuda a los buitres se pagó por encima incluso del valor de emisión). La deuda del Banco Central es de 650 mil millones de pesos, unos 65 mil millones de dólares, la mayor parte colocada a 30 días, a tasas del 30% anual. El ‘método’ macrista de combate a la inflación es enormemente confiscatorio y puede derivar en una explosión financiera. El desarme de esta bomba implicaría una negociación con los acreedores locales para convertir esa deuda, progresivamente, en deuda del Tesoro, lo que llevaría el monto de la deuda pública a unos 500 mil millones de dólares, el ciento por ciento del PBI. El Tesoro Nacional ingresaría al sistema de la refinanciación permanente y convertiría a Argentina en un Estado Asociado -“a la Puerto Rico”.

Crisis mundial

El derrumbe económico y político el que atraviesa América Latina muestra las limitaciones insuperables de los planteos y movimientos nacionalistas burgueses que han gobernado desde hace más de una década, pero es, antes que nada, la consecuencia de la crisis mundial. La economía y la política del capital reclaman, en este cuadro de bancarrota, una reorganización social y económica de alcances catastróficos, para lo cual necesita reunir los recursos políticos y económicos que la hagan viable. Esta reorganización plantea un nuevo reparto de mercados y de influencias internacional. Una nación subdesarrollada que necesita un rescate para no ir a la quiebra, pone en evidencia una acumulación capitalista que ha sobrepasado sus posibilidades de rentabilidad y de mercado. La caída de los precios internacionales de la exportación de las naciones de América Latina se suma a la fuga de los capitales que buscaron explotar aquel período alcista. Esa ola de endeudamiento internacional, que ahora se bate en retirada, se verificó también en la Argentina ‘desendeudada’. En primer lugar, porque pagó deuda externa con una deuda local creciente y, en segundo lugar, porque liquidó el crédito propio que tenía con el mercado mundial (los 70 mil millones de dólares en el Banco Central, por ejemplo, que fueron convertidos en Letras incobrables). El agotamiento del crédito con el mercado mundial es equivalente a un aumento del endeudamiento neto (créditos menos deudas).

Para el imperialismo mundial, el realineamiento con América Latina es absolutamente fundamental de cara a las guerras en Medio Oriente, Europa del Este y Africa. En todas las guerras pasadas, la cuestión del “patio trasero” ocupó un lugar estratégico. La enorme disputa en los servicios de inteligencia locales, la crisis que desató el ‘entendimiento’ con Irán, la muerte de Nisman, el asunto del narcotráfico -todos se enlazan en torno al lugar estratégico que debe ocupar Argentina en un conflicto de alcance mundial. Para el imperialismo norteamericano, América Latina debe ser una frontera de seguridad, invulnerable a la operación de potencias rivales. Reducir el ‘concilio inversor’ en el CCK a temas de economía y estos temas a un cálculo de rentabilidad, es una ingenuidad.

La bancarrota capitalista mundial conduce, aunque por momentos de un modo sinuoso, a una agudización excepcional de la lucha de clases. La evidencia de que es así ha quedado demostrada en los últimos años en numerosos países y regiones. De aquí debe partir una política obrera emancipadora.

Las amenazas reiteradas a la gobernadora bonaerense empujan a la respuesta más fácil, estimulada por ella misma, por el gobierno nacional y por los medios de comunicación a su servicio: María Eugenia Vidal se habría enfrentado a las mafias policiales y éstas le responden de esa manera. No es cierto. Desde que puso al frente de la Bonaerense a Pablo Bressi, hombre de confianza de su antecesor Hugo Matzkin -el que le aseguraba a Scioli el control del territorio y la organización del delito-, Vidal manifestó su decisión de continuar en ese punto la política del Frente para la Victoria: un acuerdo a fondo con la “maldita policía”.

La designación de un comisario de confianza de Matzkin y Alejandro Granados (ex titular de Seguridad de Scioli) señala los intentos de la gobernadora por llegar a un acuerdo con el Partido Justicialista bonaerense y con el Frente Renovador de Sergio Massa. Por eso Elisa Carrió, opositora a ese acuerdo (al igual que el radicalismo), bombardea con denuncias al comisario Bressi. A partir de esos acuerdos, Vidal debe lidiar con la descomposición de la policía provincial, más acelerada cada vez, y todo el esquema entra en crisis.

Bressi tiene el respaldo explícito de Matzkin y de Granados. Pero, ya en tiempos del trío Scioli-Granados-Matzkin el control territorial era motivo de una pelea de perros entre comisarios, intendentes y punteros; sobre todo desde el crimen, en 2011, de Candela Sol Rodríguez, que dejó a la vista de todo el mundo el entramado mafioso de la policía con los narcotraficantes y de éstos con el poder político en la provincia. Ese control territorial está referido a los negocios ilícitos más rentables: narcotráfico, juego clandestino, prostitución, redes de trata, zonas liberadas y desarmaderos de autos robados, además de las coimas varias que recaudan las patotas de calle. Ahora, algunos desplazados amenazan a la gobernadora y a sus funcionarios, aunque en parte bien puede tratarse de una puesta en escena del propio gobierno.

La “reforma” policial de Vidal ni siquiera fue tal: se trató apenas de un reacomodamiento de crisis ante una situación que, desde hace años, amenaza desbordarse a cada paso. Incluso uno de los sindicatos provinciales, la Asociación Profesional de Policías (Apropol), ha denunciado que en los últimos ascensos se incluyó a personal procesado e incluso condenado por delitos (Página/12, 29/8). De “limpieza de mafias”, como se ve, no hay nada de nada.

La Bonaerense tiende a fracturarse, hundida en una corrupción descontrolada. De ahí el reforzamiento de las policías locales, sobre las que ya pesan denuncias abundantes por casos de gatillo fácil y abusos varios, sobre todo contra los jóvenes de los barrios pobres. Dejar el territorio en manos de esas policías implica poner el control del delito, más aún, en manos de intendentes y punteros. He ahí una de las bases del conflicto policial.

Para la población trabajadora no es un problema menor. La movilización popular debe darle una salida propia al problema de la inseguridad, del cual la policía es la principal de las razones.

Concluyeron las primeras elecciones estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires, con dos holgados triunfos de las listas de la UJS-Partido Obrero.

En Farmacia y Bioquímica, Antídoto ganó por séptima vez y obtuvo el 54,43% de los votos, muy por delante del 18,92% que obtuvo el frente La Mella-K. La lista del PRO, en su primera elección como fuerza de gobierno, sacó el 5%.

En Veterinaria, el eVet-UJS superó el 70% de los votos, a más de 50 puntos del segundo.

Aparatos quebrados

Ambas elecciones mostraron a las agrupaciones de las autoridades marginadas. En Farmacia, el GEN (ex Alianza) perdió el segundo lugar. La agrupación de la decana, que intentó este año barrer los espacios del Centro de Estudiantes, nunca pudo constituir una oposición a la izquierda, luego de que ésta recuperase el centro en 2010. El Rectorado tomó nota de la situación y, este año, desembarcó Nuevo Espacio, la nave insignia de la UCR en la UBA, pero no pudieron hacer pie y obtuvieron apenas el 9% de los votos.

En Veterinaria, las autoridades también vieron frustrados sus intentos de copamiento. Luego de la desaparición de Nuevo Espacio Veterinarias, La Tropilla ni se presentó a la elección y fracasó en su intento por boicotearlas. El PRO quedó último, lejos.

Las conducciones independientes y de izquierda del CEFyB y el CEV lograron quebrar los aparatos de las autoridades. La magra votación de Nuevo Espacio en Farmacia demuestra que, cuando Franja Morada no cuenta con un respaldo oficial de peso, no logra expresar ninguna tendencia estudiantil genuina.

Primer fracaso de los frentes K-Mella

En la elección de Farmacia se puso a prueba el primer frente en la UBA entre La Cámpora y La Mella, prefigurado en el Congreso de la Fuba. La Mella, que viene de entregarle la Federación Universitaria de La Plata al kirchnerismo, ya cerró acuerdos electorales con ellos en Derecho, y probablemente en Filo. El resultado obtenido, sin embargo, muestra que fue estéril el intento por encorsetar al movimiento de lucha que surgió contra el ajuste del macrismo dentro de los márgenes de lo que queda del FpV. El frente K-Mella retrocedió con respecto a la suma de sus votos el año pasado y quedó lejísimos de la pelea. Con la experiencia de doce años de gobiernos kirchneristas a cuestas, los estudiantes no ven en el kirchnerismo una fuerza capaz de defender sus intereses.

Vigencia de una alternativa independiente

Los resultados reafirman la vigencia de la izquierda en la universidad como principal oposición al Rectorado peronista-radical y al gobierno nacional. La UJS defendió una estrategia política clara: la independencia política del movimiento estudiantil respecto de los gobiernos y autoridades como puntal para organizar la lucha en defensa de la educación sin ataduras. En estas facultades, por ejemplo, esto se materializó en una enorme columna del CEFyB en la marcha educativa del 12 de mayo, de la que los K estuvieron ausentes. La Mella y el kirchnerismo se sumaron al discurso oficial de que “en la UBA no hay ajuste”, mientras la izquierda se ocupó de llevar los reclamos estudiantiles hasta el final.

Lo que viene

Con el empuje de estos primeros triunfos, la UJS encarará las próximas elecciones que comienzan el lunes 12 de septiembre en las facultades de Económicas, Medicina, Derecho, Sociales, Odontología y Exactas. Más tarde, tendrán lugar las elecciones de Fadu, Psicología, Ingeniería, Filosofía y Agronomía, que terminarán de definir el futuro de la Fuba. En Fadu ya se anotó un megafrente entre radicales, macristas y kirchneristas con el único propósito de desplazar a la izquierda del centro.

Vamos a esta pelea electoral con la tarea de hacer retroceder a las listas de la derecha, al mismo tiempo, pelearemos por derrotar los intentos de someter a las expresiones de lucha del movimiento estudiantil detrás de las rémoras del FpV.

La izquierda vuelve a emerger en la UBA como la única garantía de la independencia de los centros de estudiantes y de la unidad docente-estudiantil frente al Rectorado y el gobierno de Macri.

El fracaso del PTS en usurpar el nombre del Frente de Izquierda en Ciencias Económicas derivó en una serie de “denuncias” contra el Partido Obrero. En realidad, lo que ocurrió el viernes 9 pasado fue que la Junta Electoral accedió al pedido de impugnación que presentamos junto a Izquierda Socialista para evitar que el PTS -que se presenta en una solitaria lista divisionista- siguiera usando el lema del Frente de Izquierda.

El PTS sangra por la herida, porque fue sólo gracias al favor de Franja Morada que logró camuflarse en Económicas, en los últimos años, bajo el nombre del FIT. Los radicales de Nuevo Espacio rechazaron una y otra vez las impugnaciones presentadas por los apoderados nacionales del Frente de Izquierda, que en su acta fundacional señala que “ningún partido puede utilizar el nombre del FIT sin el acuerdo del resto del frente”. Franja Morada llegó incluso a pagar remeras del FIT, que llegaban a la facultad en el mismo envío que las de Nuevo Espacio.

Franja Morada creó y financió al FIT trucho del PTS en Económicas con un único objetivo: restarle votos al MxE, el frente que durante ocho años reunió a todas las agrupaciones de izquierda y combativas de la facultad. Lo que cambió fue que este año el MxE se rompió, por el pasaje de La Mella al kirchnerismo y, entonces, Franja Morada no necesita más del PTS. El único frente de izquierda que existe en Económicas es la Izquierda al Frente, que reúne a Desequilibrio (UJS-PO), el MAS e Izquierda Socialista.

Una vez fracasado el intento de seguir usurpando el nombre FIT, el PTS ensayó una maniobra confusionista para pegar su boleta a la nuestra -arreglando el número de lista con Franja- y usar otra variante de nombre con la palabra izquierda. Pero este último manotazo tampoco prosperó. El PTS paga caro en Económicas la ausencia completa de construcción política propia, hipotecada todos estos años por una política que -a la luz de todo el movimiento estudiantil- lo convirtió en un sello pago por las autoridades.

La línea de usurpación del PTS no se reduce a Económicas. También en Derecho y en la Fadu están en curso maniobras similares, que fueron y serán impugnadas por nuestros compañeros. En esta última facultad, con el agravante de que este intento del PTS de usurpación se produce cuando el centro, que conducimos junto a La Corriente (CR), está en una durísima batalla para derrotar a una lista que reunió a todas las agrupaciones del decano y al rector de la UBA junto al PRO.

Cuando está ausente una línea de lucha y defensa de las conquistas del movimiento estudiantil, la política universitaria de las sectas se reduce al acomodamiento de sellos y aparatos. El problema del PTS es que esto sólo prospera cuando empalma con la necesidad del régimen y las autoridades de turno, lo que ya no ocurre en Económicas.

El bloque del PO-FIT en el Congreso convocó a una audiencia para recibir a los delegados petroleros de San Antonio Internacional (SAI) de Las Heras, Santa Cruz. Se trata de Martín Cañizares, Marcelo Jaramillo, Cristian Bezurnaztea y Marcelo Oñate, organizadores de una lucha ejemplar que logró frenar 220 suspensiones con la huelga y el piquete.

Son parte de los diez delegados separados de sus funciones, los cuales, junto a los 36 obreros activistas despedidos, conforman el eje del ataque de la empresa, del burócrata sindical petrolero Claudio Vidal y del Ministerio de Trabajo. El objetivo es bloquear la lucha contra los despidos (que se anuncian por miles), la flexibilidad laboral y la rebaja salarial, en el marco de los acuerdos de la burocracia sindical petrolera con las cámaras empresariales.

Los delegados expresaron que Vidal, al mismo tiempo que lanzó el paro, pidió la conciliación obligatoria y levantó la lucha con las suspensiones vigentes. SAI, contratista de YPF, acusa a los delegados falsamente, porque mantuvieron las medidas sin causar daños hasta que llegó la documentación del levantamiento de las suspensiones. “Fuimos 900 trabajadores en los piquetes. Prepararon a la infantería y la gendarmería para desalojar. Ya de antes, SAI no nos quiso reconocer como delegados y Vidal puso a la lista perdedora como ‘colaboradores’. La burocracia sindical está permitiendo el avasallamiento de las cámaras; sólo defienden el precio del barril. Todo queda encajonado en Santa Cruz y siguen llegando más despidos”.

El sindicato condicionó hasta el derecho de huelga, al firmar con YPF la generalización del no pago de los días caídos. “Los delegados no estamos despedidos, pero SAI no nos paga los salarios, para quebrarnos”. Los delegados señalaron que “el kirchenrismo persigue a los luchadores desde hace mucho: pusieron presos durante un año a tres compañeros combativos de la propia comisión directiva de Vidal. Ahora todo Santa Cruz se está levantando”.

Estuvieron presentes decenas de dirigentes sindicales como Romina del Plá y Claudia Consiglio, de los Suteba de La Matanza y Escobar, respectivamente; Ileana Celotto, de AGD-UBA; el secretario adjunto del Sutna; Ana Tornaquidici, del Sipreba. También se leyeron adhesiones de diputados de otros bloques y organizaciones de derechos humanos. Los dirigentes de agrupaciones clasistas de telefónicos, subte, ferroviarios, gráficos plantearon la necesidad de una nueva dirección en los sindicatos. La Agrupación Obreros del Petróleo de Neuquén envió su adhesión: “Si ganan los viejitos de SAI ganamos todos. Fuera los burócratas entregadores”; allí se están desarrollando movilizaciones y paros contra despidos en OPS, Halliburton, Baker.

El día anterior, los delegados fueron ovacionados en la movilización de los ex trabajadores de Gas del Estado y Segba, en reclamo de su ley de resarcimiento, acompañados por la Coordinadora de Ex Trabajadores de YPF y el diputado Pablo López.

Néstor Pitrola cerró la audiencia señalando que en este conflicto “quedó demostrada la mentira de Aranguren y el gobierno que fundamenta el tarifazo del gas y los altísimos precios de las naftas en la supuesta garantía de estabilidad para los obreros petroleros. Hubo miles de despidos, se están alterando a la baja las condiciones laborales y el salario, hay empresas que no pagaron ni la cuota del 18% de paritarias”.

“Los compañeros -concluyó Pitrola- reclaman en el ministerio y en la Justicia por la reinstalación que les corresponde por tratarse de una persecución sindical. Pero, además, hemos votado una resolución parlamentaria, una campaña de movilización nacional, sindical y política por su reinstalación y la reincorporación de los despedidos. La victoria sería emblemática para miles de familias petroleras y para todo el movimiento obrero”.

El golpe que significó para Seaboard Corporation y el conjunto del régimen político que la lucha de los obreros de Tabacal haya impedido, con una nueva pueblada, la imposición del ajustazo salarial que implicaba la implementación de un turno relevante al sector fábrica, los obliga a replantear su lucha por doblegar la tenacidad obrera y a nuevas avanzadas para retomar iniciativa.

Mientras el conjunto de los bloques políticos de la legislatura bloquean desde hace semanas el pedido del PO para que se interpele al ministro de seguridad por la criminal represión desatada sobre los obreros el 24 de agosto pasado, desde el gremio denuncian una avanzada judicial contra los trabajadores azucareros. Comenzaron a acelerarse una serie de causas judiciales de años anteriores y también las que fueron realizadas por la policía provincial en la represión pasada. El gobierno se ha apresurado a presentar su ataque represivo como una emboscada sobre la policía, intentando hacer pasar a los victimarios por víctimas. Vecinos también denuncian razias policiales y golpizas sobre parientes y vecinos de Yrigoyen que enfrentaron heroicamente la represión junto con los obreros.

En la Legislatura han presentado un informe que niega los más de 27 heridos, en particular los que fueron intervenidos quirúrgicamente por la gravedad de sus heridas y los heridos con bala de plomo. Semejante infamia se asienta en que no hay denuncia policial alguna por parte de los trabajadores o del sindicato. Es comprensible que los obreros lesionados no se animen a denunciar por temor a los aprietes policiales y por la posibilidad de que Seaboard no los reincorpore en la próxima zafra por considerarlos “no aptos” físicamente, por eso la dirección del sindicato debe ponerse a la cabeza de las denuncias, tal como lo planteó cuando se levantó el conflicto.

Por otro lado, esta avanzada va de la mano de un intento de sanción de 100 mil pesos sobre el STA por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, hasta el momento en instancias de apelación, por no haber acatado durante el conflicto una segunda conciliación obligatoria claramente ilegal. En la misma línea, todavía no ha arrancado la negociación paritaria pendiente en el marco de la nueva conciliación obligatoria que se extiende durante todo septiembre y, además, la patronal no ha cumplido con varios puntos del acta firmada el 27 de agosto.

Si bien no hay indicios de que la patronal intenta avanzar, en lo inmediato, por la vía de la Justicia en imponer el turno relevante, las provocaciones de Seaboard y la complicidad Estatal y del conjunto del arco político capitalista no han cesado. Mientras tanto crece la deliberación obrera sobre la posibilidad de una nueva asamblea y nuevas medidas de fuerza. Los obreros lograron salir enteros de la primera fase de conflicto y confían en sus fuerzas para una medida de fuerza durante una zafra que probablemente se extienda hasta diciembre.

El grito de alerta de la burguesía sobre la necesidad de poner en caja a los obreros de Tabacal para evitar que su lucha evolucione políticamente a un cuestionamiento consciente del dominio capitalista sobre el Ingenio y el uso del suelo en la zona (ver editorial de El Tribuno, 28/8), está en la base de esta nueva avanzada y augura nuevos episodios de lucha. Es que los obreros de Tabacal cometieron el “pecado” de demostrar objetivamente los límites que tienen los Macri, los Urtubey y el conjunto de la clase capitalista para imponer el ajuste antiobrero y antipopular que reclaman. Desde el Partido Obrero nos esforzamos para contribuir en la más alta conciencia política y en la organización necesaria de los obreros de Tabacal y el conjunto de la clase, para llevar hasta el final la lucha estratégica planteada.

Hace un año, un 17 de septiembre, moría Pablo Rieznik. Entre sus textos inéditos, al menos en Prensa Obrera, figura esta guía para una lectura “apasionada” de la historia de la Revolución Rusa. Refiere al libro La Revolución Rusa en el siglo XXI (Rumbos, 2008), escrito a 90 años de la acción histórica más acabada que haya realizado el proletariado hasta la fecha y su tema omnipresente es el del partido. En su enumeración de las ocho premisas históricas que condujeron a la Revolución, León Trotsky, reservaba un lugar particular, por un lado, a la crisis mundial del capitalismo y el inicio de la transición histórica entre el capitalismo y el socialismo; por el otro, al partido. En un terreno de comparaciones dirá que la burguesía liberal pudo tomar el poder como resultado de luchas en las cuales, en muchos casos, no había participado. En cambio, las masas trabajadoras han sido acostumbradas a dar el fruto de su explotación y no a tomarlo. “Trabajan pacientemente, esperan, pierden la paciencia, se sublevan, combaten, mueren, dan la victoria a otros, son traicionadas, caen en el desaliento, se someten, vuelven a trabajar”. Por esta historia y por su presente, el proletariado tiene necesidad de un Partido (así, con mayúscula) superior a todos los demás en claridad de pensamiento y firmeza revolucionaria. Aquel partido bolchevique que llevó a la victoria a la Revolución era la condensación de todo lo vivo y dinámico de la historia de Rusia. Contra toda la mediocridad a la que se le escapa el derrumbe capitalista que estamos viviendo, sostenemos la vigencia de la época de revoluciones que inaugura el Octubre ruso, porque están vigentes las condiciones históricas que lo hicieron posible.

Como lo querría Pablo, como parte de una acción militante, mirando hacia adelante.

Christian Rath

No existe una sola manera de abordar la historia. Tampoco, entonces, una única manera de volver sobre lo que E. H. Carr llamó “el mayor acontecimiento del siglo XX”: la revolución socialista de 1917. La afirmación puede sorprender pero no debe extrañar, porque es siempre desde un “hoy”, concreto y original, que abordamos el tiempo que lo precedió: “la historia cosecha los acontecimientos del pasado, amplificándolos o no en función de las necesidades presentes. Es en función de la vida que se interroga la muerte”. Hermosa definición de otro gran historiador, llamado Lucien Fevbre, y que tomamos como frase de cabecera en la materia que organizamos junto a un grupo de compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, precisamente en la carrera de Historia.

Así importa leer también “nuestra” historia del octubre de 90 años atrás en las páginas de Prensa Obrera. Por eso mismo comenzó con una significativa nota relativa a la “actualidad” de la Revolución como un fenómeno vivo de nuestro tiempo. Late, entonces, en el espíritu de la serie de notas y artículos del 90° aniversario la tensión de una era histórica inacabada, de una época marcada por un capitalismo que sobrevive entre convulsiones sociales, terremotos económicos, guerras y revoluciones; en resumen, del agotamiento de una sociedad y a la escala precisamente de lo que es propio de los ciclos históricos. En las caracterizaciones de los revolucionarios de las primeras décadas del siglo sobre el imperialismo y la guerra, tenemos entonces la génesis de un proceso que se ha extendido penosamente en el tiempo. Que es nuestro tiempo: el tiempo del p(P)artido o(O)brero.

El partido, como organización insustituible de la vanguardia, se destaca particularmente desde el inicio de las entregas de esta serie, cuando se cuestiona uno de los mitos más difundidos en torno a la revolución del 17: el que la define como un resultado de la primera guerra. En las primeras notas de “nuestra” historia, sin embargo, ponemos de relieve lo contrario, que la carnicería imperialista no sólo era un producto de las contradicciones mortales del imperialismo sino que era también una política contra la revolución, para exacerbar el espíritu patriotero, para desviar y aplastar la insurgencia social, para llevar la presión sobre las burocracias de los partidos socialistas al extremo de asociarlas a la más pérfida traición. La guerra fue un obstáculo y no un catalizador para el proceso revolucionario. Si la barbarie capitalista incubó la revolución fue sólo por la mediación de una organización, de una acción, de una teoría y una práctica que encarnó en el agrupamiento colectivo y consciente de la vanguardia obrera: el partido, el partido obrero, el partido revolucionario. Desde que la historia de la Revolución Rusa comienza es la historia del partido que hizo Historia.

La historia de la revolución es, entonces, la del partido obrero, también la de nuestro Partido Obrero. Porque, como indicamos en un principio, es desde nuestra actividad vital que interrogamos y asimilamos las experiencias de ayer y la lucha del bolchevismo. Es así como valoramos la delimitación política implacable del “centroizquierda” (mencheviques y social revolucionarios) como un recurso ineludible en defensa de la propia revolución. O como apreciamos la tarea de marchar a la conquista revolucionaria de las masas, la cuidadosa labor de preparación que toda labor revolucionaria exige, los debates en la vanguardia, la importancia de distinguir una táctica revolucionaria de la aventura apresurada... Así recorrimos hasta ahora los debates sobre el carácter de la situación planteada con el “doble poder”, la obsesión de Lenin por las peculiaridades y el ritmo de desarrollo del proceso revolucionario, la cuestión de los vínculos entre el proletariado, los campesinos, la pequeña burguesía, los intelectuales, las consignas del poder y la marcha de los soviets al poder, la renovación programática y práctica del propio partido ¿Puede un luchador consciente no percibir en todo esto y como dice el dictado latino que “de te fabula narratur” (de ti habla la historia), que en todo esto vibra la etapa tan intensa de luchas que aquí en nuestro presente, sigue marcada por el “argentinazo”? No sólo hablamos de la Revolución Rusa, hablamos de “nosotros” y desde “nosotros”. El partido obrero, desde siempre, no sólo participa del proceso vivo y cambiante de su circunstancia y de su revolución, sino que, el mismo, es -y no podría dejar de ser- una organización viva, cambiante, que no sólo se nutre de la realidad sino que la intenta crear, encauzar, revolucionar.

Por eso mismo cuando Lenin termina de escribir las “tesis de abril”, conocidas como el documento que trazó el camino del partido hacia la segunda revolución, hacia la revolución de octubre, advierte que ninguna tesis, ningún programa, se hace efectivo en el papel, que es apenas un punto de partida, que hay que reorganizar al partido para que actúe como bloque. Para que discuta cómo dirigirse a las más grandes masas, puesto que todo proceso revolucionario implica la violenta irrupción de millones de explotados en un terreno del cual normalmente están sustraídos por la dominación rutinaria y embrutecedora de los explotadores. Entonces, el lector puede observar en las entregas de la serie del 90° aniversario la convocatoria a la tarea colectiva del partido para traducir sus principios y programa en nuevos conceptos, más sencillos, adaptados a las necesidades de un pueblo gigantesco que se puso en marcha, renovando su lenguaje, sus órganos de prensa, su agitación y propaganda. Y acaso, hoy como ayer ¿no reconocemos en este desafío una tarea de todos los días? ¿No lo reconocemos también en la apelación del partido bolchevique a transformar al socialismo, no en la conclusión de un análisis teórico sino en las respuestas concretas a los problemas de los trabajadores y explotados frente al completo desastre de la existencia humana que depara el capitalismo?

Todos los temas aquí señalados, y no son todos los temas, estuvieron presentes en las entregas de la historia de la Revolución Rusa que publicamos. En ellas se reconocen la vida y el presente porque están escritas con el valor agregado de una pasión militante, con la ansiedad legítima de una construcción de hoy y de siempre, mientras la necesidad de la revolución sea una necesidad humana. No decimos pasión porque sí: “la pasión es la fuerza del hombre que se esfuerza por alcanzar su objeto”. La sentencia es de Marx y de 1844. Que sirva de estímulo, entonces, para una relectura de la historia de la Revolución Rusa, una lectura…apasionada; es decir, comprometida y actual.

La semana pasada transcurrió la segunda tanda electoral en la UBA, tras las primeras votaciones en Farmacia y Veterinarias donde se impusieron las listas de la UJS-Partido Obrero. Tras los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri los resultados fueron adversos para el PRO. En Derecho, donde los jóvenes de Durán Barba habían logrado un desarrollo, cayeron a la mitad de los votos y pasaron del tercer al quinto puesto. En el resto de las facultades no lograron hacer pie. El ajuste sobre los docentes y la universidad, que desató un gran movimiento de lucha durante el primer cuatrimestre, tuvo su costo. El PRO buscará revertir estos reveses la semana próxima en la disputa por el centro de Arquitectura.

Franja Morada hizo importantes elecciones en Económicas y Medicina, es decir, allí donde ocultó su identidad política. Su mentada “reconstrucción” en Derecho, única facultad donde se presentan como Franja Morada, no ocurrió y perdieron el centro a manos de Nuevo Derecho (PS).

Nuevo Espacio, que en Económicas responde a la UCR y en Medicina al PJ, buscó eludir su filiación a la coalición Cambiemos dándole un apoyo formal a las movilizaciones educativas del primer cuatrimestre. Recogieron un voto por la prestación de una gran gama de servicios, que son tercerizados en ellos por las propias gestiones de esas facultades. Nuevo Espacio refleja a su interior la composición del actual Rectorado de la UBA, donde el rector peronista, Alberto Barbieri, cogobierna junto a los radicales encabezados por Yacobitti y Más Vélez.

En Sociales, la consolidación en el centro de La UES y La Cámpora también guarda relación con este fenómeno. Su campaña estuvo centrada en la publicidad de diferentes servicios del centro, desvinculándose completamente de cualquier reivindicación del kirchnerismo. A tal punto que La UES -que recibió la felicitación de senadores de Sergio Massa- vetó la propuesta de que Cristina Kirchner, que realizó un acto a la vuelta de la facultad, pasara por la sede durante la votación. La UES, que hegemoniza el Centro de Sociales, votó en el Consejo Superior de la UBA con Nuevo Espacio y la Franja Morada, sin que a La Cámpora se le mueva un pelo. El kirchnerismo ha servido para consolidar a una corriente derechista en uno de los centros de estudiantes más movilizados del país. Un favor a Macri inapreciable.

La Mella (Patria Grande) logró el segundo puesto en Económicas y Sociales. Su campaña estuvo basada en la consigna de “unidad” frente al macrismo, que abarcaría a todas las fuerzas que participaron del movimiento de lucha, desde el kirchnerismo hasta la izquierda, excluyendo a Franja Morada. Esta unidad imposible entre fuerzas antagónicas fue la excusa para armar listas comunes con los K en varias facultades, y centrar los ataques contra la izquierda -especialmente a la UJS- por “sectaria”. En Sociales esto llegó muy lejos, al avalar el voto de Cristian Favale desde la cárcel (ver recuadro). En Exactas retuvieron el centro pero perdieron votos en manos de sus nuevos aliados K.

El rol de la izquierda

La izquierda fue permeable al impacto de la presión del kirchnerismo por someterla a un bloque común, y entró dividida a la contienda electoral. Fue lo que ocurrió en Medicina y Sociales, donde diferentes agrupaciones decidieron desprenderse de los frentes encabezados por la UJS. Esta división se expresó también al interior del Frente de Izquierda.

En Derecho y Económicas el PTS rechazó nuestros llamados a un frente único y presentó listas divisionistas con la mira puesta en las internas del 2017. En ambas facultades fueron derrotados pero la fragmentación no dejó de tener su impacto general negativo sobre las posibilidades de la izquierda.

De nuestra parte, promovimos un agrupamiento de fuerzas para proyectar al movimiento estudiantil como un factor político independiente en la situación nacional, en oposición al gobierno ajustador y las camarillas universitarias vinculadas tanto a la UCR como al PJ. Denunciamos la complicidad del kirchnerismo con este ajuste y le opusimos la estrategia de la unidad obrero-estudiantil.

En la universidad esta política se traduce en la unidad de estudiantes, docentes y no docentes -en oposición a la unidad con decanos y agrupaciones kirchneristas. Luego de los triunfos contundentes que obtuvimos en Farmacia y Veterinarias, logramos defender el segundo lugar en Medicina y Exactas y realizamos una buena elección en Económicas.

Vamos, con este plafón, a las dos peleas que se vienen la semana próxima en Arquitectura y Diseño y Psicología, que serán claves para definir el futuro de la Federación Universitaria de Buenos Aires. En la primera de ellas defenderemos la actual conducción del centro de estudiantes contra una coalición que se formó encabezada por el PRO, y que cuenta con el respaldo de las agrupaciones de la UCR y el PJ. En Psicología, donde somos la segunda fuerza, vamos a disputar la conducción del centro a la actual dirección que está en manos de una lista integrado por SUR, La Mella y El Brote (kirchnerista).Inmediatamente posterior será la votación en Ingeniería y cerrará el calendario electoral con Filosofía y Agronomía.

Tambien te pueden interesar:

El asesino de Mariano Ferreyra votó en Sociales

PTS, gol en contra en Fadu y Psico

Las urnas que el centro de Sociales tradicionalmente lleva a las cárceles de Devoto y Ezeiza -donde se cursan carreras de la facultad a través del programa UBA XXII- volvieron llenas de irregularidades. Entre los votos de decenas de personas por fuera del padrón sobresalió un nombre: el de Cristian Favale, asesino de nuestro compañero Mariano Ferreyra.

Las agrupaciones kirchneristas y La Mella defendieron la validez de este voto con el argumento pueril del “derecho al voto de los presos”. La postura, formalmente democrática, es una canallada, una provocación política, y un retroceso mayúsculo frente a las posiciones anteriormente adoptadas por el movimiento estudiantil y docente.

Tras el debate que se suscitó en la facultad, docentes recordaron cuando en el año 1991 un piquete de docentes y estudiantes impidió el voto del capitán Lassari (interventor por la Marina de la carrera de Sociología durante el Proceso) a pesar de estar habilitado por el padrón y no tener ningún impedimento legal. Más cercano en el tiempo, está el caso de los propios docentes de UBA XXII, que se negaron a dar clases a genocidas en las cárceles. Los asesinos de estudiantes y trabajadores no tienen lugar en las organizaciones de lucha del movimiento estudiantil.

Mariano Ferreyra ¡presente!

Del 26 al 30 de septiembre se desarrollarán las elecciones en la Fadu y Psicología. En ambas facultades el PTS ha desarrollado una política destructiva.

En la primera, presentando una lista divisionista, que es lo que necesitan el PRO y los radicales para hacerse de ese centro clave. La excusa es la participación de La Mella en el frente, que aportó 7 (siete) de los 500 candidatos que lleva la lista. La actitud pasiva de La Mella, que integra el frente sólo para no cargar con la responsabilidad ante una posible derrota, contrasta con la iniciativa liquidacionista del PTS, a quien un retroceso del movimiento estudiantil parece tenerlo sin cuidado.

En Psico, el PTS se ha dedicado a boicotear la posibilidad de recuperar el centro, vetando el ingreso al frente de fuerzas que lo habían solicitado, como el MST, que a pesar de tener un caudal electoral reducido podría aportar los votos necesarios para ganar.

La UJS se esforzará por revertir en el campo de juego los goles en contra que el PTS metió en el cierre de listas.

La audiencia pública constituyó una operación de todos los poderes del Estado para consagrar el tarifazo. El gobierno se aseguró el acuerdo de los principales bloques de la burguesía e incluso de la burocracia sindical, en los días y horas previos al “debate” sobre las tarifas. Luego, manipuló hasta el orden de los oradores, para que los defensores directos del tarifazo -funcionarios y empresas- monopolizaran el inicio de las tres jornadas. Incluso con esas limitaciones, la audiencia fue un laboratorio político, pues permitió ver el lugar de todas las clases sociales y partidos ante el tarifazo.

Dolarización

Desde el vamos, la presentación de Aranguren y los empresarios petroleros puso de manifiesto el gran objetivo del gobierno, a saber, la dolarización general de las tarifas y, en ese cuadro, un régimen de precios garantizados para la industria petrolera. La Corte había incluido en la audiencia a los precios del gas en boca de pozo, con el argumento de que estos se encuentran regulados.

El gobierno tomó el guante y reguló un ´sendero´de valores de acá al 2019, asegurando a los grupos petroleros la triplicación del precio internacional. El tarifazo es, esencialmente, una operación en favor de los pulpos petroleros. Es significativo que en esa primera parte de la audiencia se reivindicara de forma entusiasta a la política petrolera del menemismo, cuya dolarización de tarifas sirvió de base a un endeudamiento acelerado y a la depredación de las reservas petroleras.

Pero los émulos de Menem tendrán que dolarizar en medio de un derrumbe de los precios mundiales de los hidrocarburos. Por eso, los supuestos abanderados de la “vuelta al mercado” terminaron imponiendo una regulación estatal despótica de los precios del gas, blindando a los monopolios frente a los vaivenes del mercado internacional.

En esa línea, funcionarios y empresarios también reivindicaron la política petrolera que el kirchnerismo puso en marcha desde 2013, inaugurando los sobreprecios en la industria del gas.

La oposición política y empresarial

Después de semejante reconocimiento, era previsible que los representantes del kirchnerismo –comenzando por Kicillof- eludieran un balance de su política petrolera, que toleró la desinversión y el vaciamiento del patrimonio energético, premió a los vaciadores con subsidios y, cuando tocó fondo, abrió un curso de concesiones extraordinarias en beneficio de Chevron y otros.

Kicillof, por eso, prefirió referirse “al salario”, una forma sinuosa de dar por concluido el cuestionamiento al tarifazo. De un modo general, los representantes políticos o corporativos de la burguesía –diputados, cámaras empresariales- convalidaron las pretensiones oficiales, pero pidiendo “consideración” para sus casos particulares: el gas para los comercios, o las industrias, o determinadas zonas del país.

Al final de la audiencia, precisamente, el gobierno anunció un mayor gradualismo en los aumentos de los consumos comerciales o industriales. Estas concesiones a los capitalistas no alteran el núcleo de la política oficial, el cual, insistimos, pasa por un régimen de precios garantizados y en dólares en favor de las petroleras. En aras de ese propósito, el gobierno seguirá dispuesto a subsidiarlas con la diferencia entre esos precios dolarizados y las tarifas todavía menores. Después de todo, esos subsidios saldrán del presupuesto público, que terminan pagando los propios trabajadores y consumidores bajo la forma de impuestos y de un creciente endeudamiento nacional.

Otro capítulo de las intervenciones de la audiencia estuvo dado por los “defensores del pueblo”, los cuales, en su casi totalidad, se limitaron a pedir normas más claras y flexibles para la 'tarifa social'. Es una orientación complementaria y funcional al tarifazo, en la línea de la burguesía y de toda la política oficial: poner a salvo las superganancias de las petroleras, y contener con subsidios los focos de conmoción social.

La CGT “unificada” estuvo ausente de cualquier batalla contra el tarifazo. En la audiencia, sólo apareció la burocracia petrolera en la figura de Guillermo Pereyra, y lo hizo para defender “el aumento del gas en boca de pozo”. Pereyra, en cambio, no abrió la boca frente a los despidos y los intentos flexibilizadores en la industria.

Nuestra intervención

Las intervenciones de la izquierda y del Partido Obrero denunciaron el carácter manipulado de la audiencia, cuyo punto de partida es la desinformación deliberada respecto de los verdaderos costos de extracción del gas en la Argentina. Reclamamos, por ello, una auditoría integral de los libros y costos de la industria energética, a manos de sus trabajadores.

Desde Neuquén, contrapusimos el dominio económico y político que ejercen los pulpos sobre la riqueza provincial, de un lado, y, del otro, la miseria de su población trabajadora. Desde Salta y Buenos Aires, denunciamos el parasitismo de las distribuidoras de gas, que reclaman aumentos cuando vastos sectores de trabajadores están condenados a servirse del gas por garrafas. Los oradores de la Coordinadora Sindical Clasista hicieron que se escuche la oposición de la clase obrera al tarifazo, ausente en la voz de los burócratas.

En conexión con la crisis política, asociamos este premio a las petroleras a la política de capitulación oficial en relación a Malvinas. Desenmascarando a quienes presentaron los subsidios a los pulpos como “una forma de salvar los puestos de trabajo”, denunciamos que la industria petrolera despidió a 4.100 compañeros desde comienzos de año. Pusimos de relieve el doble tarifazo que llegará al consumidor por la vía residencial y por la vía del traslado a precios del tarifazo en las empresas industriales y comerciales. Marcamos el carácter exponencial del tarifazo en dólares sujeto al aumento del dólar y las devaluaciones futuras del peso.

Desnudamos que fue el tercer rescate de las petroleras, luego de la venta de YPF por chirolas con bonos basura, el rescate duhaldo-kirchnerista mediante el régimen de susbsidios y el tarifazo actual. En oposición al rescate estatal de los pulpos, los oradores del Partido Obrero planteamos una nacionalización integral de la industria energética, como parte de un programa de reorganización social bajo la dirección de los trabajadores. Desde las calles, acompañamos esta lucha con intensas movilizaciones en todas las ciudades donde se celebraron las audiencias.

Con la audiencia pública, el gobierno ha logrado un cierre precario -y probablemente provisorio- de la cuestión del tarifazo. En definitiva, Aranguren no hizo sino ratificar el programa de aumentos que desató una conmoción popular.

La concreción integral del tarifazo conducirá a un dislocamiento industrial y acentuará la presión sobre el salario. La postergación de esos choques, a costa de subsidios, colisiona con la crisis fiscal. La cuestión del tarifazo seguirá presente en la lucha por la reapertura de las paritarias y en la denuncia general del entreguismo oficial, desde Malvinas al FMI.

La postración de los “partidos de Estado” ante las exigencias de Chevron, British Petroleum y otras refuerza la necesidad de que la izquierda y la clase obrera intervengan como alternativa política en la crisis nacional.

Foto Ignacio Smith

Desde el martes 20, los delegados de la empresa San Antonio Internacional (SAI) permanecen encadenados al Gorosito, el emblemático monumento al obrero petrolero, ubicado en Caleta Olivia, Santa Cruz.

Los compañeros reclaman por la reincorporación de los 38 despedidos y contra su propio desafuero. Los obreros de SAI encabezaron una gran lucha en el norte de la provincia contra la aplicación de 220 suspensiones y la imposición de la resolución 365 de “restructuración productiva”, firmada por las patronales y la burocracia sindical, que reduce salarios y pone en riesgo la vida de los trabajadores. Desde hace más de 30 días y en forma ilegal la empresa les impide a los delegados el acceso a las instalaciones y no les paga sus salarios. Los despidos y desafueros son claramente una represalia por haber llevado adelante una lucha ejemplar.

Los delegados encadenados reclamaban que los secretarios generales del Sindicato del Petróleo de Santa Cruz y Chubut, Claudio Vidal y Jorge Ávila, llevasen a la reunión que mantuvieron en Buenos Aires con el gobierno el reclamo de reincorporación de los despedidos de SAI, el reintegro a las funciones de los delegados y el cese de medidas que puedan llevar a más despidos.

SAI -contratista de YPF- también despidió trabajadores de Río Gallegos y envió casi 90 telegramas de vacaciones forzadas a obreros de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Entre diciembre y junio, el gremio petrolero fue castigado con 4126 despidos, mientras las compañías petroleras son beneficiadas con subsidios al barril criollo, superando por mucho los precios internacionales. Este gran fraude al país y a los trabajadores no impide que los despidos continúen.

La medida de los compañeros tuvo una enorme repercusión en los medios de la región y despertó la simpatía de la población. Delegados mineros de Río Turbio, ex agentes de YPF, el Sindicato de Seguridad UPSAP, ADOSAC, Judiciales, la CTA-A de Santa Cruz y la Agrupación Obreros del Petróleo de Neuquén han expresado su solidaridad. Se han sumado a la lucha las mujeres de los obreros. Desde Las Heras partirá una caravana de petroleros y vecinos hacia el Gorosito, donde se están concentrando más trabajadores de SAI y otras compañías. El Gorosito va camino de convertirse en el centro de la lucha petrolera de la región. Rodeemos de solidaridad activa esta lucha crucial para todo el movimiento obrero.

Estamos orgullosos de que el local del PO de Caleta Olivia se haya convertido en un importante punto de apoyo a trabajadores y sus familias para la organización de esta lucha.

Estimados directores de Prensa Obrera:

La creación de la Sociedad del Estado "Facturación y cobranza de los efectores públicos S.E." (FACOEP SE), ha generado un debate acerca de su misión y nuestra posición publicada en la Prensa Obrera (1427, Una reforma reaccionaria del sistema de salud)

Todos los partidos de la burguesía están detrás del negocio capitalista de la salud bajo las directivas del Banco Mundial, desde comienzo de la década del 90.

Y aún antes, las recomendaciones de los bancos, entes de financiamiento y de las propias organizaciones de salud mundial, han propuesto a partir de Alma Ata (1978), el recorte del gasto público y la transferencia de las prestaciones por encima de planes mínimos de asistencia, al sector privado.

La salud pública asistiría a los sectores sociales sin recursos (desocupados, trabajadores informales) ofreciendo servicios esenciales, y facturaría a la seguridad social y a la medicina privada (tercer pagador) por la asistencia de sectores de mejores recursos.

De esta manera la salud pública se financia en parte con el recupero del aporte del trabajador formal y el cobro a la seguridad social, empresas privadas (seguros médicos), ART y entes de otras jurisdicciones, particularmente en nuestro país donde el subsector público cuenta con institutos provinciales de salud con contratos por servicios públicos de alta complejidad.

El gobierno porteño intenta limitar la inversión pública de salud y facturar a los pacientes no en forma directa (expresamente limitado por la constitución de la Ciudad y la ley de salud de la CABA), sino a través de terceros pagadores.

Hasta ahora la empresa ASI facturaba bajo la gestión del PRO y la aceptación del peronismo en la Legislatura.

Larreta pretende optimizar el cobro y con viejos colaboradores del sector privado, lanzó con el beneplácito de todos los partidos de la burguesía, una nueva empresa de facturación.

Hemos señalado en la Prensa que se trata de un plan dirigido a la privatización del hospital público y al arancelamiento, con un mercado competitivo entre prestadores públicos, que obviamente deberá ofrecer diferencias cualitativas entre los propios hospitales y centros de salud.

Este análisis soslaya que todos los hospitales atraviesan el mismo deterioro edilicio, el desfinanciamiento, la falta de profesionales y la obsolescencia tecnológica, incluyendo la incapacidad de contar con un sistema único de facturación.

Sólo el hecho de no contar con programas informáticos de facturación y tecnología apropiada (Historia clínica única digitalizada), inviabiliza este nuevo ensayo de negocio capitalista.

¿Dónde está entonces la clave de la creación de la FACOEP?

En la posibilidad de facturar al PAMI y las obras sociales capitadas (arancelamientos fijos por número de beneficiarios), sin restricciones o dificultades, ahora que la administración nacional y la CABA comparten al PRO.

La empresa, sin gestionar prestaciones, se llevará un porcentaje del total capitado.

Un pase de manos entre socios.

Cabe una última reflexión ¿es posible arancelar el hospital público, restringir las prestaciones y crear un mercado competitivo en el sector público?

Solo imponiendo una derrota a la comunidad, que reconoce al hospital además de público y gratuito, como reaseguro de su salud y de acceso universal.

La burguesía no puede imponer la privatización sin un enfrentamiento de clases decisivo.

En las últimas semanas, los voceros del macrismo se han empeñado en presentar evidencias de los llamados “brotes verdes”. O sea, señales de que la economía estaría saliendo de la recesión e iniciando una curva ascendente. Los propagadores de esta especie seleccionan a su gusto algunas estadísticas, pero no se detienen en los mecanismos y, sobre todo, en las bases sociales de un eventual repunte. Por lo pronto, y a despecho de los que buscan los “brotes”, la producción industrial acumula en los primeros ocho meses del año una caída del 4,5%, en un cuadro donde industrias estratégicas –como la automotriz o el acero- superan los diez puntos porcentuales de retroceso.

En julio, la actividad económica fue casi un 6% inferior a la de hace un año. En un panorama signado por una caída del salario real del 10 al 15% y el aumento de la desocupación abierta, el consumo doméstico cayó sin la contrapartida de un aumento de la inversión fija, que también declinó. La consecuencia necesaria de lo anterior es la fuga de recursos al extranjero: la salida neta de divisas del país acumula unos 9.000 millones de dólares en ocho meses.

Ni la devaluación, ni la batería de incentivos al gran capital -eliminación de retenciones, elevación de subsidios- han servido para remontar una crisis capitalista que se remonta a hace casi un lustro. El único “resultado” de esta montaña de beneficios ha sido el aumento del déficit fiscal.

Endeudamiento privado

¿Dónde están, entonces, los “brotes verdes”? Lo que los diarios han hecho sonar con bombos y platillos en estos días es el crecimiento del crédito privado, el cual, por primera vez en el año, estaría superando a la tasa de inflación.

Rápidamente, esa recuperación ha sido exhibida como consecuencia de un supuesto aumento del poder adquisitivo, el cual contaría ahora con aliento para sostener un mayor nivel de endeudamiento. Esta pretensión, sin embargo, choca con los datos de ingresos y de pobreza, que revelan que cerca de dos tercios de las familias trabajadoras (incluso con sueldos en blanco) no llegan a la canasta familiar. Por eso mismo, la información sobre la deuda privada aporta otro dato revelador: el rubro que lideró su aumento es el de las tarjetas de crédito, la forma más cara de endeudamiento de las familias. La estadística bancaria no informa sobre la naturaleza de estos gastos con tarjeta.

Pero es sabido que una parte de ellos se dirige al financiamiento de compras de consumo inmediato (supermercados). Los entusiastas de los “brotes verdes” deberían informar qué parte de este estallido del crédito responde a la realidad de familias que no llegan a fin de mes y financian sus gastos corrientes, con consecuencias naturalmente explosivas a mediano (y no tan mediano) plazo.

En la misma información, y en relación con otras formas de crédito, se atribuye la expansión a “las campañas agresivas que lanzaron los bancos para aprovechar el último tiempo de tasas altas” (Ámbito, 22/9). Los bancos están actuando compulsivamente para colocar préstamos. Cuando estos tienen lugar a tasa fija (y alta), la apuesta a una baja de la inflación les augura márgenes enormes a la hora de su repago. Desde luego, la contrapartida la vivirán los deudores, atados a intereses gravosos con una inflación (y ajustes salariales) en baja.

Estos “brotes verdes”, fundados en el endeudamiento de consumo, podrían conducir, más temprano que tarde, a un estallido agravado de la crisis económica.

Endeudamiento general

Pero lo que ocurre en el ámbito de los créditos privados es un botón de muestra del conjunto del programa económico oficial, a saber, la tentativa de reciclar la bancarrota que dejó el kirchnerismo a través de una gran operación de endeudamiento. Siempre en relación al aumento de la deuda privada, los observadores señalan una fuerte tendencia de los exportadores a tomar deuda en el exterior colocando como garantía a sus ventas futuras –o sea que los ingresos de la balanza comercial comienzan a tener como contrapartida una acreencia sobre el país (los dólares a privados deben ser provistos, en última instancia, por el Banco Central). Más aún: los bancos están ofreciendo líneas de crédito en dólares para financiar ¡los pagos del blanqueo!, o sea que la gran fuente de recursos que prevé el gobierno para enjugar sus déficits será también una fuente de endeudamiento.

Argentina se encamina a una deuda externa (pública y privada) cercana al 40-45% del PBI, ello con una balanza comercial tambaleante y, en perspectiva, deficitaria (¡más aún si se confirmaran los “brotes verdes”, o sea, una reactivación, que conduciría a un aumento de las importaciones de insumos!). El macrismo procura patear para adelante los monumentales desequilibrios económicos que dejó el kirchnerismo, como resultado de una década de rescate sistemático a los mismos intereses sociales que hoy celebran el regreso a los mercados de deuda. El capital internacional, resignado a obtener tasas de interés negativas por sus recursos sobrantes en los grandes mercados del mundo (ver Rendimientos negativos, un nuevo eslabón de la crisis capitalista), celebra este hipotecamiento argentino que deberá conducir, más temprano que tarde, a una crisis de pagos. El ingreso de dólares para endeudamiento refuerza las tendencias a la inflación en moneda dura y, por lo tanto, a la agudización de la competencia internacional. Sin embargo, una devaluación, como consecuencia de esos desequilibrios, mandaría a la quiebra a los “nuevos” endeudados.

Los límites y contradicciones de los dudosos “brotes verdes” de la economía macrista son inocultables. Los trabajadores y la izquierda debemos oponer un programa de salida a la crisis fundado en una reorganización económica a costa del capital.

En su programa del domingo 25, Lanata trató de “imbécil” a quien esto escribe, ello, por impulsar en la Legislatura porteña un proyecto de ley que auspicia la inclusión laboral del colectivo trans-travesti a través de un cupo laboral a ser cumplido por el Estado. Si se hubiera informado mínimamente, el periodista debió extender el insulto a la totalidad de la Legislatura bonaerense, al Concejo Deliberante de Rosario y al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, que votaron esta ley en el curso de 2015. En el caso de la Legislatura porteña, debería cargarle sus insultos a la casi totalidad de los bloques de la oposición, que, con diferentes matices, han presentado proyectos similares al que fue bastardeado en PPT.

Lanata se ha escandalizado por este planteo de inclusión laboral. Pero, en cambio, no le escuchamos decir una palabra sobre la degradante condición a la que es sometida la abrumadora mayoría de las trans y travestis, empujadas al comercio sexual para poder sobrevivir. Un relevamiento ubica en un 85% a las trans y travestis en estado de prostitución; al ser indagadas, la casi totalidad de las mismas declaró que, de contar con posibilidades laborales, abandonaría la calle. El conductor de PPT despachó en segundos la cuestión de las personas trans, sin detenerse, por ejemplo, en que la expectativa de vida del colectivo trans-travesti en la Argentina no supera los 35 años, a causa de la marginación, la violencia policial, social y personal que deben soportar cotidianamente. En esta zozobra, se inscriben los crímenes recurrentes contra las personas trans. Entre 2008 y 2014, se contabilizaron 1.700 asesinatos en el mundo y numerosos casos en la Argentina, entre los que se destaca el travesticidio de la activista Diana Sacayán.

A partir de lo anterior, solamente la superficialidad o el cinismo pueden alimentar la afirmación de que la persona trans debe “competir libremente” por un puesto de trabajo, sin ninguna medida o regulación que lo ampare. La discriminación hacia el colectivo trans convierte a esa “igualdad de condiciones” en una ficción, que solo puede quebrarse a través de una acción compulsiva del Estado -ese es el sentido del cupo. Si el 1% de la planta estatal (este es el porcentaje que votó la Legislatura bonaerense) es excesivo, el cupo entonces no será cubierto, y sus detractores podrán “respirar tranquilos”. Pero la disquisición sobre el cupo, insistimos, es una forma sinuosa y reaccionaria de mirar para otro lado frente a una situación lacerante que condena a la violencia, a la extorsión policial, a la enfermedad y a la muerte a miles de personas trans y travestis.

Colectivo trans y fuerza de trabajo

La ridiculización de la marginalidad trans no solo es propia del clericalismo y la reacción política, sino también de una orientación antiobrera. Cuando se condena a la degradación personal a los sectores más explotados o discriminados de la sociedad, también se crea una escala degradada de condiciones laborales para el conjunto de la clase obrera.

Saliendo de la cuestión del colectivo trans, ello vale también para la mujer sometida a la prostitución: la “libre” explotación sexual constituye un piso degradante de supervivencia, que actúa como amenaza y extorsión sobre toda mujer que busca trabajo. En cambio, una acción enérgica de inclusión laboral dirigida a las personas sometidas a prostitución –cupos, capacitación– elevaría el piso de todos los derechos laborales, limitando la indefensión del más explotado frente al capital. Naturalmente, un régimen social que vive de la apropiación de trabajo ajeno nunca se comprometerá con ese objetivo. Por eso, e incluso en aquellos lugares donde se ha conquistado este cupo laboral, el mismo intenta ser retaceado y desconocido todo el tiempo por sus supuestos mentores. Los denigradores del cupo trans no sólo practican una moralina reaccionaria: auspician la “libre competencia” entre trabajadores en su sentido más completo, o sea, la liquidación de derechos y la precarización laboral para toda la clase obrera. La lucha por el cupo trans coloca en un plano social y de lucha contra el Estado y el capital a la comunidad LGBTI, la cual, bajo el kirchnerismo, quiso ser conformada con las igualdades formales que brinda la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario. En esta perspectiva inscribimos la lucha por el cupo trans, que el Frente de Izquierda ha presentado en el Congreso Nacional a través de la diputada Soledad Sosa y en las legislaturas.

Un dato final: luego de insultar al autor de esta nota por presentar un proyecto por el cupo para trans, Lanata dedicó el programa a las mafias policiales de la Bonaerense. Un ejercicio mínimo de inteligencia hubiera alcanzado para mostrar que esas mismas mafias son las que están detrás de la explotación de esas personas.

Con un plenario de más de 25 activistas y delegados de la pesca en Puerto Madryn, pusimos en pie la Agrupación Naranja de la Alimentación de la Provincia de Chubut. No se trata de un grupo de noveles activistas, sino de quienes encabezaron durante años la lucha contra el cierre de Alpesca y que desde hace años son referentes de oposición a la Lista Verde del sindicato (STIA).

Del plenario participaron activistas de Conarpesa –en lucha contra los despidos-, de la cerrada Harengus, trabajadores de la ex Alpesca en lucha por la recuperación de sus puestos de trabajo, trabajadores de Red Chamber y el delegado de la planta, Milton Ñiripil, que afronta un juicio de desafuero por parte de la directiva del sindicato.

Convenio a medida de las empresas

Durante el debate se abordaron las terribles condiciones de trabajo a las que son sometidos los trabajadores de la pesca, con la complicidad del sindicato encabezado por Luis Nuñez. La mayoría de los compañeros de los establecimientos de la provincia trabajan en negro; quienes lo hacen en blanco, lo hacen bajo el Convenio Colectivo suscripto por el STIA, que obliga a los trabajadores a jornadas en cámaras de frío que exceden cualquier marco legal (18, 24, 36 horas continuas) con la excusa del carácter perecedero del pescado.

No existe para la rama pesquera un régimen de jubilación anticipada –como si existe para la rama avícola-, con el agravante de que el convenio otorga la opción a las empresas de pagar “salario a destajo”, lo que obliga a los trabajadores a someterse a la superexplotación para acceder a salarios que alcancen el costo de vida. Esta es la razón por la que en la actividad pesquera ningún trabajador llega nunca a jubilarse.

La comisión directiva del sindicato alimenticio es una piedra fundamental del agotamiento del peronismo; la asociación directa entre Luis Nuñez y el Gobernador Buzzi, colocó al STIA a la cabeza de la CGT del Valle y de todos los negociados de la provincia. Los funcionarios provinciales que gestionaban la quiebra de Alpesca ya están condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y afrontan causas de todo tipo y color.

En las últimas semanas, el socio principal de Luis Nuñez fue acusado por abuso de menores. La directiva del STIA, que no defendió a los trabajadores de Harengus, Alpesca ni Molienda del Sur, salió en defensa del acusado reclamando que no se lo investigue por poseer fueros gremiales. La descomposición de la Lista Verde no conoce límites.

Vamos por una nueva dirección

El plenario resolvió el lanzamiento de un boletín provincial, denunciando las condiciones de trabajo, el convenio y los despidos; oponiendo el programa de la Naranja y el carácter de nuestros dirigentes al entreguismo y la corrupción de la Lista Verde.

Tenemos todo el futuro por delante.

A principios de año, los trabajadores de Fernet Branca conquistaron un aumento interno del 42,6% del salario en un solo pago, mediante un quite de colaboración y una serie de paros escalonados. Esto significó la ruptura del techo salarial que pretendió imponer la paritaria cerrada por el Sindicato Vitivinícola (SOEVA) de un 33% en cinco cuotas.

En septiembre, ante la pérdida del poder adquisitivo que generaron la inflación y el tarifazo en los servicios públicos, los trabajadores de Fernet Branca votaron en asamblea que parte de los ítems que estaban por fuera del sueldo de convenio queden sujetos al acuerdo paritario, para obtener un mayor aumento por los porcentajes que aún restaban de la paritaria. La empresa, frente a la organización y la firmeza de los trabajadores, terminó aceptando la aplicación del aumento sobre el total del sueldo bruto hasta enero de 2017.

Este nuevo triunfo se da en un contexto donde el gobierno se niega a reabrir las paritarias, cuando la inflación ya ha licuado la mayoría de los acuerdos pasados. Además, marca un claro contraste con la parálisis de la burocracia sindical.

Desde el 2013, año en que conquistaron la primera elección de delegados en la fábrica, los trabajadores de Fernet Branca vienen obteniendo importantes mejoras en sus condiciones laborales. Desde ese momento han desarrollado un grado de organización que los llevó de trabajar en condiciones laborales precarias y con un salario miserable - situación que impera en la mayoría de las empresas del gremio vitivinícola- a frenar los despidos, conquistar el pago al 100% del sueldo a los compañeros que están por ART, el pase a planta de los tercerizados, el reconocimiento de títulos e importantes mejoras salariales.

La experiencia de los trabajadores de Fernet Branca marca el camino. La organización independiente de la burocracia y las patronales, la conquista de cuerpos de delegados combativos, constituyen la base para quebrar el ajuste en curso.

El fin de semana pasado se quebró, en Siria, una de las tantas ‘treguas’ pactadas entre EEUU y Rusia. Como respuesta aparente a un “error involuntario” que dejó 70 soldados muertos del ejército sirio, como consecuencia de un bombardeo de EEUU y la ONU, Rusia y Bashar Al Assad han lanzado ataques aéreos a repetición sobre la ciudad de Alepo, que ha dejado ya más de 200 muertos y ha sembrado un terror sin paralelo en la población civil. Los corresponsales de prensa en el lugar coinciden en que la aviación de Rusia y de Siria han utilizado bombas de perforación e incluso de fósforo. Si estos crímenes de guerra fueron realizados en calidad de represalia implícita, no guardan relación ni con los autores de las muertes de tropas siria, ni con la envergadura de la masacre que ocasiona.

El gobierno de Siria había iniciado el asedio de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, para desalojar a las llamada “fuerzas rebeldes”, que controlan más de la mitad de su territorio. El propósito del asedio era cortar las vías de comunicación a la ciudad, para reducir a la resistencia y a la población por medio del hambre. Los bombardeos sobre una población que no cuenta con capacidad de defensa antiaérea, anuncian, por el contrario, la intención de desalojar la ciudad y poner en fuga a sus habitantes. El mundo asiste impávido a una de las situaciones más crueles de una guerra reaccionaria. Los bandos que protagonizan esta guerra civil se encuentran bajo la dependencia, de un lado, del imperialismo norteamericano, la OTAN y los regímenes de Arabia Saudita y Turquía, y del otro, de Rusia e Irán, principalmente, que sostienen a la dictadura de Bashar al Assad.

En Siria se libra una guerra de carácter, por sobre todo, internacional. El pueblo de Siria no obtendría ningún beneficio ni el menor progreso con la victoria de cualquiera de los dos lados en disputa. El llamado “cambio de régimen” que impulsa el imperialismo yanqui y la OTAN significaría una salida reaccionaria a la dominación de la dinastía reaccionaria que gobierna Siria. El primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado el propósito de negociar con Israel un “acuerdo de paz” apenas se logre una victoria del campo oficial, que de cualquier modo aparece lejana. Esto debería ser suficiente para quienes apoyan a Bashar al Assad en nombre del antiimperialismo. Entre Rusia y el régimen sionista se encuentra vigente un acuerdo militar, que monitorea las acciones militares de uno y otro.

Parece evidente que Rusia pretende explotar las contradicciones crecientes del campo de la OTAN, que se han manifestado con el pasaje de Turquía a una suerte de pseudo alianza con Rusia, cuando es un país de la OTAN que hasta el momento había sido el mayor exponente a favor del derrocamiento del gobierno sirio. Ocurre que Turquía, empeñada en una guerra contra la población del Kurdistán, en su territorio, se ha declarado amenazada por el avance de la nación kurda en el norte de Siria (fronteriza con Turquía) y lo mismo, en el Kurdistán iraquí. Asimismo, ha entrado en choque con EE UU y la UE, a los que acusa de haber fomentado el reciente golpe militar contra su gobierno. Hace pocas horas, la calificadora Moody’s ha rebajado a la condición de ‘basura’ la deuda de Turquía, lo que ha precipitado el derrumbe de la Bolsa de Estambul y de la lira turca. Las organizaciones turcas en Siria han aceptado la imposición de EE UU de evitar el control de la zona de frontera para no indisponer a Turquía - otra manifestación de la subordinación de los actores nacionales en el terreno a las grandes potencias.

Putin ha calculado su acción también en función del interregno político que provocan las elecciones norteamericanas, con el ingrediente de la expectativa de que un triunfo de Trump cambie los términos de la política norteamericana. El derechista yanqui no ha denunciado el bombardeo de Alepo.

Los trabajadores del mundo entero debemos movilizarnos contra las masacres que impulsan de uno y otro lado, en primer lugar, y por el retiro de todas las potencias del territorio sirio y por la libre determinación de su pueblo, así como por la autodeterminación nacional de los kurdos.

Publicado en: www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/622896987891166

Antes del “mini-Davos”, Mauricio Macri y Pablo Avelluto (titular de Cultura), junto a nueve gobernadores y veintitrés ministros de Cultura provinciales, lanzaron el proyecto de “Ley de Mecenazgo”. Entre los mandatarios provinciales presentes estuvieron el formoseño Gildo Insfrán, el salteño Juan Manuel Urtubey y el tucumano Juan Manzur, hasta hace muy poco fervientes kirchneristas y espadachines de la “batalla cultural”.

La propuesta tiene su antecedente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ley permite que se pueda descargar hasta el 10% de Ingresos Brutos en aportes a “proyectos culturales”, una medida saludada por los capitalistas de la cultura: “Instituciones como el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y la Fundación Proa, son algunos de los más reconocidos receptores de esos fondos” (El Cronista, 15/4/15).

La ley, acompañada por todo el arco político patronal y sobre todo por el justicialismo, incrementa los beneficios otorgados en la Ciudad y “propone a las empresas financiar proyectos culturales sin fines de lucro y, a cambio, ofrece una importante reducción en el impuesto a las ganancias sobre las utilidades en el ejercicio contable del año anterior. Ese descuento sería del 50% para proyectos a realizar en la ciudad de Buenos Aires; del 80% si son en el resto del país, y del 90% si se trata de iniciativas para zonas vulnerables o vinculadas a bienes patrimoniales…” (La Nación, 13/09).

El proyecto fue redactado por Juan Manuel Beati, el funcionario que llevó adelante el mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires y que actualmente está a cargo de la Dirección Nacional de Mecenazgo. Tiene por objetivo, según Avelluto, financiar “dos mil proyectos por un millón de pesos cada uno promedio” (ídem). Los “benefactores” podrán depositar directamente sus “aportes” en las cuentas de los emprendimientos culturales, sin control de parte de los organismos estatales. Un premio con todas las letras a los evasores.

Ese mismo diario señala que la ley promoverá la libre circulación de capitales en el mercado del arte. El kirchnerismo había avanzado en ese sentido por medio de su director de Artes Visuales, Andrés Duprat, puesto por el macrismo al frente del Museo Nacional de Bellas Artes.

Así continúan lo comenzado durante el menemato, cuando Cristina del Campo y Ruth Benzacar, de Christie’s, desarrollaron un proyecto parecido al que ahora se presenta a debate legislativo.

De esta manera, el llamado “mecenazgo”, además de permitir la circulación de capitales sucios procedentes de la evasión y de diversos tráficos ilegales, hará que la producción cultural quede en manos de pulpos empresariales como los de Fortabat o Costantini, a su vez piezas menores en el ajedrez movido por Christie’s o Sotheby´s, los grandes marchantes internacionales de contrabando de obras de arte y blanqueo de dinero.

He ahí la “democratización de la cultura” pregonada al asumir por el ministro Avelluto: grandes negocios y blanqueo de plata sucia. Lejos de “democratizarse”, la producción artística se verá con esto más sometida aún a la dictadura de las galerías, de los grandes comerciantes del arte y de los pulpos imperialistas.

Esta perspectiva privatizadora exige que se le contraponga un programa: no a la Ley de Mecenazgo; por la gestión estatal de la cultura bajo control de los trabajadores y sus beneficiarios; por un impuesto progresivo a las grandes fortunas que financie la gratuidad de las producciones artísticas y de las creaciones culturales.

El Mocase VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina) anunció que se constituirá como partido político a nivel provincial y federal, con la intención de presentarse en los comicios de 2017.

Uno de los voceros oficiales, Ángel Strapazzón, destacó que van a impulsar una política frentista amplia, y que lo que más importaría en este plano no serían los candidatos sino el programa, pero en ningún momento lo desarrolla.

Hasta ahora, el Mocase VC se ha limitado a defender el planteo de la “soberanía alimentaria” y reivindicaciones menores aisladas. El planteo de la “soberanía alimentaria” se limita a una enumeración genérica de deseos para una utópica vida comunal campesina en el futuro.

El nombre del nuevo partido será Compromiso Social y Agrario, reivindicando dos experiencias previas: el frente santiagueño Compromiso Social y el Partido Agrario y Social (PAyS) de Misiones. Compromiso Social fue un frente de distintas organizaciones K (entre ellas, otra vertiente campesina, el Mocase Institucional) que, con la venia de la Iglesia, fueron como colectora de la lista a gobernador de Gerardo Zamora en 2008. El PAyS misionero es otra expresión K; el año pasado llevaron su boleta pegada a la de Scioli.

Strappazón reivindica también a las “diputadas campesinas provenientes del Mocase Histórico” que integran el bloque del Frente Cívico de Zamora en la Legislatura santiagueña, aunque no pudo mostrar que como producto de iniciativas de esas diputadas se haya impulsado algún reclamo sustancial del campesinado santiagueño. Por el contrario, colaboraron en hacer dormir el proyecto de suspensión de desmontes (Ley Cristian Ferreyra).

El vocero del Mocase VC planteó que quieren ser parte de la conducción republicana de la provincia, pero si algo caracteriza al actual régimen político santiagueño es su antirrepublicanismo. La justicia en todos sus niveles es completamente dependiente del gobierno que, a su vez, controla casi todos los municipios y comunas (salvo La Banda y Pinto), la Legislatura, los medios y la CGT santiagueña.

Es un régimen de camarilla y de concentración de poder personal: como hizo antes el juarismo, impone su política con el uso desembozado de las fuerzas represivas e incluso de bandas parapoliciales. El zamorismo fue el único régimen que impulsó la aplicación de la ley antiterrorista a un periodista opositor.

La década zamorista-K en el campo

En la última década, con vaivenes, el Mocase VC ha sostenido una política de integración a la Mesa de Diálogo por la Tierra. Se planteaba que desde allí el campesinado y el gobierno encontrarían una salida concertada a la problemática agraria, pero nada de esto ha ocurrido.

Los desalojos y la expulsión de campesinos han crecido exponencialmente, beneficiando a los sojeros. El monte está siendo arrasado: Santiago tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo (más de 2 millones de hectáreas desmontadas sólo entre 2000 y 2012) y la contaminación con glifosato es abrumadora.

Los focos de resistencia fueron sofocados con represión oficial y paraoficial. Así fueron asesinados Miguel Galván, Cristian Ferreyra (cuyo asesino intelectual fue dejado en libertad) y encontró la muerte Sandra Juárez (resistiendo las topadoras). Otro campesino, Sergio Arias, acaba de sufrir un intento de homicidio.

La Mesa de Diálogo incluye como apéndice un “Comité de Emergencia” que, en nombre de la pacificación del campo, se dedicó al desarme de los pequeños campesinos –afectando incluso hasta las armas imprescindibles para la caza o la defensa contra alimañas.

También se ha impulsado el “Registro de Aspirantes” bajo la promesa de regularizar la propiedad de la tierra a favor de los pequeños campesinos. El resultado fue un fiasco: no se lo dotó de presupuesto, las regularizaciones fueron a cuentagotas y, en los pocos casos efectuados, a los pequeños campesinos sólo se les reconoce una porción menor de las grandes extensiones de su posesión histórica, mientras se los obliga a pagar sumas siderales para los trámites legales.

Perspectivas

Con lo antedicho, el anuncio de un ala política partidaria del Mocase VC no expresa un avance en la conciencia política de un movimiento campesino dispuesto a actuar en forma independiente contra el régimen y los partidos que actúan a favor del gran capital agrario. Apunta, por el contrario, a una mayor integración del Mocase VC al Estado y, particularmente, al reaccionario régimen zamorista. En términos más generales, se inscribe en el operativo nacional de la Iglesia y el centroizquierda (con sectores filo K), de armar una alternativa política-social de contención. En este contexto debe entenderse que el Mocase VC le haya dado la espalda a la reciente huelga docente, que tuvo una profundidad inusitada en el interior santiagueño.

En sus visitas al NOA, Macri declaró explícitamente su propósito de profundizar el carácter de Santiago y Salta como “polos sojeros”: se prepara una agudización del conflicto entre los pequeños campesinos y el gran capital agrario. En este contexto, la política de colaboración con un régimen que tiene como base social principal a los sojeros conduce al campesinado al suicidio.

La organización política de los campesinos se debe orientar hacia la unidad con las masas laboriosas de la ciudad y con los obreros rurales. En base a esa unidad se debe redoblar la lucha por un programa frente a la emergencia: a) suspensión inmediata de los desalojos, devolución de la tierra a los campesinos usurpados y expulsados; b) suspensión inmediata de los desmontes; c) desmantelamiento de las guardias blancas (patotas paraestatales); d) cárcel a todos los miembros de las guardias blancas y los funcionarios policiales y estatales encubridores; d) estatización del agua y los recursos hídricos bajo control de asambleas obreras y campesinas; e) estatización del Banco de Santiago bajo control obrero y campesino, para garantizar créditos a los pequeños productores.

Más profundamente, el movimiento campesino necesita debatir un programa de superación del actual régimen santiagueño de atraso y opresión, el cual debe buscar plasmarse con métodos de lucha y organización en torno a una alternativa política independiente de los capitalistas y sus representantes; es decir, un frente político y de lucha con los trabajadores de la ciudad y el campo de todo el país. Éste es el desafío de la construcción del Frente de Izquierda.

Los partidos que integramos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) hemos acordado un gran acto para el próximo 19 de noviembre, en la cancha de Atlanta, “por una alternativa independiente de los trabajadores y la izquierda”. La concreción del acto y, naturalmente, la intensa campaña política previa en pos de la concurrencia de miles de luchadores, es una gran oportunidad para que el FIT se instale como alternativa en la crisis nacional. En un cuadro caracterizado por el empantanamiento económico y político del gobierno de Cambiemos, la creciente disgregación de los “nacionales y populares” y la enorme inquietud obrera y popular que desatan los ajustes de unos y otros, la decisión de los partidos del FIT de salir a la palestra reviste un alcance estratégico. La izquierda se empeña en superar el cuadro de las batallas parciales para postularse como salida y ofrecer un programa.

Método

El acuerdo político que conduce a este acto fue precedido por un intenso debate al interior del propio Frente de Izquierda. Ese debate ha tenido como eje cuál debe ser la conducta de la izquierda revolucionaria ante un nacionalismo burgués que, pasado a la oposición, acrecienta la demagogia con el objetivo de recauchutar su autoridad política ante las masas y, por esa vía, bloquear la evolución de los trabajadores hacia las posiciones revolucionarias. El Partido Obrero ha insistido en que la lucha contra los agravios del macrismo no puede ser nunca un pretexto para que la izquierda marche detrás de acciones de aparato con los figurones degradados del kirchnerismo, que se sirven de los reclamos populares para rescatarse a sí mismos. Este debate lo hemos tenido en oportunidad de la detención de Milagro Sala y del operativo desplegado en torno de las citaciones a Hebe de Bonafini.

Para la izquierda, la movilización o denuncia por el encarnizamiento estatal en estos casos no podía llevar nunca a confundirnos con los Rossi, Moreno o Anibal Fernández. Mucho menos a borrar la delimitación con quienes han abandonado hace mucho el campo de lucha por las reivindicaciones sociales o de derechos humanos, en pos de una cooptación estatal e incluso empresarial. Más recientemente, pero bajo un mismo hilo conductor -la defensa de nuestra independencia política-, hemos planteado que la cuestión de la “paridad de género” no puede ser la excusa para un frente político con los enemigos y enemigas del derecho al aborto y encubridores/as de las redes de trata. Las reivindicaciones de la mujer deben contribuir a desenvolver de un modo más abierto y agudo la lucha de clases, no para encubrirlas. A la luz de lo anterior, es claro que las dificultades del Frente de Izquierda para “visibilizarse” como alternativa no son el resultado de decisiones administrativas o publicitarias, sino políticas: quien no se delimita de sus enemigos de clase, renuncia a ser alternativa.

Por eso, cuando recibimos la propuesta del PTS de realizar un acto en un estadio, reclamamos que esa convocatoria común fuera precedida por un debate y una clarificación política, y que sirviera de eje para una campaña de alcance nacional. De lo contrario, sólo recalaríamos en un hecho aislado o, peor, en una maniobra organizativa para encubrir las insoslayables divergencias políticas que están en juego.

Clarificación

Como resultado de este planteo del PO, el acuerdo para concretar el acto en Atlanta estuvo precedido por una extensa declaración política, a la cual arribamos al cabo de un debate en la mesa nacional del FIT (Declaración del Frente de Izquierda y los trabajadores ante la situación nacional). Más allá de caracterizar al gobierno de Macri como “representante de los intereses del gran capital”, la declaración señala que “durante una década, ese mismo gran capital nacional y extranjero se sirvió del kirchnerismo para que los fondos públicos concurrieran a su rescate”. En esa línea, se afirma que el gobierno ajustador de Macri “es el resultado del cambio de frente de la clase capitalista, que gobernó con el kirchnerismo hasta el agotamiento de su política”. Ello significa que detrás de ”nacionales y populares” y de “derechistas” reposaron los mismos intereses sociales, bajo diferentes modalidades de dominación política.

Esta caracterización, que le da una razón de fondo al voto en blanco del Frente de Izquierda en el ballotaje, fue introducida por el PO en la declaración final, ello, en reemplazo de la que nos propusieran los compañeros del PTS señalando que la oposición (patronal a Macri) expresa los intereses de la llamada “burguesía nacional”, que “coincide con el gran capital en hacer pagar la crisis a los trabajadores” (ver “Propuesta de Declaración Política presentada por el PTS”, La Izquierda Diario, 24/9). El kirchnerismo no fue un régimen “reformista”: gobernó para rescatar al capital financiero y a los privatizadores, a los cuales la burguesía “nacional” está entrelazada. Por eso, la declaración señala acertadamente que el kirchnerismo, “vino a rescatar a los intereses capitalistas golpeados por la bancarrota de 2001 y a restaurar el sistema político burgués golpeado por la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre”.

A partir de allí se afirma que “el pasaje del kirchnerismo a la oposición exige de la izquierda la mayor delimitación y clarificación políticas. Es necesario denunciar su demagogia opositora, que pretende servirse de las reivindicaciones populares para su reconstrucción política y para bloquear el tránsito de las masas hacia posiciones revolucionarias. En oposición al “Frente Ciudadano” o a la “nueva mayoría”, que procuran atar a los trabajadores al carro de las variantes capitalistas fracasadas, el Frente de Izquierda reafirma su lucha por la independencia política de los trabajadores”. Estas definiciones se oponen por el vértice a una “resistencia” o a un supuesto “frente antimacrista” sin fronteras ni delimitaciones con los ajustadores “nacionales y populares”.

América latina

El documento que sirvió de base a este acuerdo afirma que las experiencias nacionalistas o centroizquierdistas de América latina “terminaron aplicando los planes de ajuste que dicen condenar”. Pero también destaca los límites de los Macri o los Temer, “como consecuencia de la reacción obrera y popular y de la marcha de la crisis capitalista”. De ese modo, se delimita del izquierdismo nacionalista el cual, detrás de un supuesto “cambio de ciclo”, considera que existe una consolidación de las experiencias derechistas continentales. El documento afirma que “el Frente de Izquierda aporta una peculiaridad en el proceso político continental, a diferencia de otras organizaciones o frentes, que en nombre de la izquierda levantan una estrategia de conciliación de clases”.

Nosotros propusimos identificar precisamente al PSOL, que apoyó candidaturas capitalistas y admitió apoyos empresarios en los recientes comicios municipales, lo que no fue aceptado. La cuestión de Brasil debe ser objeto de un riguroso debate político en el FIT: el ascenso político y electoral de los golpistas no sólo es resultado de la debacle del PT, sino de la inconsecuencia de la izquierda brasileña (y en particular de la que se reclama trotskista) en desarrollar una política de independencia frente a los bloques capitalistas en pugna y, particularmente, de quienes apuestan a reciclar una variante izquierdista de conciliación de clases.

Frente único

El documento reivindica la experiencia del Sutna y de los Suteba combativos, como expresión del frente único del clasismo y la izquierda para recuperar a las organizaciones obreras de los agentes sindicales del nacionalismo capitalista. Esa reivindicación, además, debería servir para superar el faccionalismo en los sindicatos, que ha sido el escenario de graves retrocesos del activismo (como ocurrió en las luchas metalmecánicas de la zona norte del GBA) o que quebró a agrupamientos clasistas en aras de la unidad con fracciones burocráticas, como ocurriera en el subte. Un debate a fondo de esta cuestión –que el PO ha reclamado- debería apuntar a una lucha común de las organizaciones del FIT en todos los sindicatos, por la expulsión de la burocracia.

A la luz de estas consideraciones es indudable que el acuerdo alcanzado -en términos de planteamientos y de acción- no cancela las divergencias expuestas. Sin embargo, es necesario reivindicar el método con el cual las hemos abordado; esto es, el de una clarificación política en el marco de un frente único para luchar contra los partidos y salidas capitalistas. En este caso, para llevar adelante un gran acto y una campaña política común en favor de una alternativa de poder de los trabajadores y de la izquierda. La concreción de esta campaña ya es una delimitación política, pues sustrae al FIT de una parálisis que es funcional a los socios políticos de la “paz social”, el Vaticano y los partidos capitalistas, en particular, los de la llamada centroizquierda.

Como parte de esta acción, el PO propuso actos en todas las provincias donde el FIT tiene existencia electoral o parlamentaria, sin un acuerdo por parte del PTS e IS. Seguiremos bregando por ello en futuras reuniones. Llamamos a toda la militancia, a los luchadores, a todos los seguidores y amigos del Partido Obrero y del FIT a empeñarnos a fondo en la campaña por una concurrencia masiva a Atlanta; a preparar esa concurrencia con plenarios, charlas abiertas y asambleas a la escala de todo el país; a impulsar en esas asambleas campañas la difusión del llamamiento del FIT e interesar en su contenido a obreros, jóvenes y luchadores; a convertir esta campaña en un gran factor de politización y reclutamiento de centenares de compañeros.

Foto: Federico Imas

Los papeleros de la Lista Gris largamos la campaña por poner al clasismo en la dirección del Sindicato Papelero de Bernal.

Durante casi una década nuestra agrupación, a través de las comisiones internas de Kimberly Clark y Smurfit Kappa, viene desarrollando una constante lucha por las reivindicaciones más sentidas de los papeleros.

Recuperando los métodos históricos del clasismo, como los pliegos de reclamos y planes de lucha, resueltos en asamblea general; hemos conquistado el comedor pago por la empresa, servicio médico en los tres turnos y comité de seguridad mixto, entre otras cosas.

Avanzamos en la recategorización de todos los sectores por ingreso de nuevas tecnologías (20 por ciento sobre el Convenio Colectivo de Trabajo), actualizamos presentismo, viáticos de transporte, tickets alimentarios e impusimos movilidad a todos ellos. También conquistamos bonos de fin de año (el ultimo, en diciembre 2015, de 10.500 pesos).

Todos estos logros nos permitieron alcanzar un salario para la categoría inicial en Kimberly Clark que duplica el del convenio nacional.

En contraste, la burocracia celeste es repudiada en las fábricas, por su rol en la destrucción del salario -durante décadas- y la entrega total de la organización.

Es un factor de expulsión de los trabajadores de la organización: el aporte sindical es del 7 por ciento (el más alto de toda la industria) y elevadísimas multas a la re-afiliación.

Todo este vaciamiento de la organización obrera en las fábricas evidencia, además, que el sostenimiento económico de la burocracia viene de otro lado.

Los millones de pesos de descuento compulsivo del 1% a todos los trabajadores, los aportes patronales extraordinarios con cada firma de paritarias y la coima “blanqueada” del 1,3 por ciento por cada trabajador, en concepto de contribución por capacitación, son la verdadera caja negra de la burocracia.

Las experiencias de Kimberly Clark y Smurfit Kappa son la muestra concreta de que la burocracia no es invencible y que un sindicalismo distinto es posible. En ambas fábricas bastó que se conformen las listas de oposición para que los trabajadores apoyaran masivamente a La Gris y echaran a las viejas direcciones celestes.

La campaña macartista contra el Partido Obrero en los materiales de "(de)formación sindical" publicados por la Federación, demuestra el miedo al clasismo que día a día se afirma como la única oposición real en el gremio.

La experiencia del Sutna recuperado, de la Naranja de Alimentación, en Telefónicos, y otros tantos sindicatos, dicen claramente que la única alternativa para recuperar los sindicatos pasa por el clasismo.

Desde Quilmes a Necochea, pasando por Olavarría, Mar del Plata y otros, vamos a sacudir el sindicato, para poner en pie la organización de cada lugar

Llamamos a todos los trabajadores papeleros a desarrollar una gran campaña de apoyo, para que los luchadores de la Lista Gris Papelera, encabecen la recomposición del salario y las condiciones de trabajo, desde la dirección del Sindicato Papelero de Bernal.

En el marco de la ofensiva que está llevando a cabo el gobierno contra los trabajadores ante la mirada complaciente de la directiva del gremio, la Naranja Gráfica se hizo presente en la puerta de la Faiga (cámara empresarial) por el reclamo de una nueva paritaria y un aumento del 25% para el segundo semestre del año y por la defensa de los puestos de trabajo. La Federación Gráfica firmó este año una paritaria semestral que venció en septiembre pasado.

Más de 300 trabajadores de diversos talleres se movilizaron al canto de "por el 50 (por ciento anual) vamos a pelear, la paritaria no se puede regalar", en una clara alusión a la parálisis de la directiva del sindicato frente al reclamo salarial de la base. Además de la defensa de los puestos de trabajo y de la paritaria, se llevó el reclamo contra el impuesto al salario, para que el sector empresario se haga cargo de su pago hasta que se elimine.

El acto, en la puerta de la Faiga, contó con la presencia y la solidaridad de otros gremios en lucha, como Sipreba, AGD-UBA y Sutebas combativos. Miguel Bravetti, Carlos Ponce y Pablo Viñas hicieron uso de la palabra en representación de Interpack, Morvillo y AGR-Clarín, talleres muy importantes del gremio que contaron con una numerosa presencia en la jornada de lucha. También estuvieron presentes trabajadores de otros talleres como Aluex, Tobacco, Celomat y Poligráfica, entre otros.

Las distintas intervenciones reflejaron el malestar que recorre los talleres. El reclamo de un plenario de delegados para discutir cómo enfrentar los despidos y votar un porcentaje de aumento paritario, fue desoído reiteradamente por la Verde. El alineamiento de la directiva del sindicato con la Corriente Federal, que le pide un paro general a la CGT, pretende disimular –sin éxito– que forman parte de la tregua con el gobierno para hacer pasar el ajuste.

La Naranja se colocó a la cabeza de unir a los talleres para enfrentar los despidos que están golpeando al gremio, como en Ipesa, Buschi e Interpack II. La solidaridad desplegada por los gremios y agrupaciones combativos contrasta con las disputas intestinas en que se desangra la burocracia sindical. La intervención del clasismo ante el ajuste marca el camino para la conquista del paro general activo y el plan de lucha, necesarios para quebrar la ofensiva contra los trabajadores.

A contrapelo de las iniciativas de la Naranja, el PTS ha optado llevar al extremo su política de seguidismo al kirchnerismo. Lejos de sostener que los despidos son producto de una tregua entre el sindicato y el gobierno para hacer pasar el ajuste, en una nota reciente que no tiene desperdicio afirman que los despidos antisindicales son “un ataque al sindicato en su conjunto”, es decir, al activismo combativo y a la burocracia sindical por igual. Para que no queden dudas al respecto, acto seguido el autor agrega: “La Federación Gráfica Bonaerense también lo entiende así, por eso viene acompañando las denuncias que presentamos ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia”. El PTS esquiva denunciar la complicidad con los despidos, evade cualquier tipo de exigencia de un plan de lucha y reivindica el mero rol de “acompañante legal” del sindicato: una completa lavada de cara a la burocracia.

En la misma nota dan cuenta de una campaña de juntada de firmas por la reinstalación de los desdedidos en Chozas, “la cual ya cuenta con cientos de firmas de personalidades de los DDHH así como del arco político y sindical”. Entre éstos, destacan la firma de Carlos Tomada, ministro de Trabajo durante los 12 años del kirchnerismo, responsable directo de miles de despidos y precarizados en todo el país, y cuya política antisindical quedó expuesta en plenitud cuando fueron reveladas sus conversaciones con José Pedraza inmediatamente después del asesinato de Mariano Ferreyra. No está de más recordar que Carlos Tomada fue denunciado por la querella del Partido Obrero como parte del entramado criminal que derivó en el asesinato de nuestro compañero.

La reivindicación de Tomada como una “personalidad del arco político” preocupada por los despidos refleja el nefasto papel que juega el PTS frente al intento de reciclaje del kirchnerismo, contrario a los intereses de los trabajadores.

Para enfrentar los despidos –en Chozas, Ipesa, Buschi, Interpack II– hay que movilizar a todo el gremio en torno a un plan de lucha común.

Precisamente, lo que la burocracia de Amichetti viene gambeteando.

La muerte del cura Viroche, quien fue encontrado ahorcado sin vida en la parroquia que estaba a su cargo, se ha transformado en un factor clave de la crisis y descomposición del régimen político provincial. Ha disparado un proceso de reacción popular que ya se tradujo en varias movilizaciones donde se ha cuestionado tanto a la jerarquía de la iglesia tucumana como al gobierno de Manzur.

El fiscal a cargo de la causa, ha sostenido desde un inicio que todas las pruebas periciales realizadas indican que el cura se habría suicidado. Esta tesis fue tomada por el arzobispo salteño Zecca, pero también por el gobernador Manzur y por Macri.

Esta tesis se contrapuso con la opinión popular generalizada de que al cura lo asesinaron los narcos que él venía denunciando.

Una trama extendida

Con el paso de los días se ha producido un conjunto de hechos.

Por un lado, fue conocido un audio donde el cura denuncia estar amenazado por sectores vinculado a los narcos y, a la vez, que estos cuentan con protección policial y política en la zona. Se refiere a lo que viene ocurriendo en la comuna de la Florida y en la comuna de Delfín Gallo.

La comuna de la Florida es un reducto de una camarilla encabezada por Chicho Soría, a cuyo amparo actúa impunemente una de las bandas mafiosas -los Camanes- más peligrosas de la región (esta banda en el 2008 fue la que amenazó en la propia Legislatura provincial a Alberto Lebbos). La comuna de la Florida es también el asentamiento del ingenio la Florida, cuyo dueño, Rochia Ferro, se transformó en uno de los empresarios preferidos de Alperovich. Rochia Ferro y su esposa cuentan con múltiples negocios en la provincia, y fueron ellos los promotores de la candidatura de José López a la gobernación de Tucumán, iniciativa que, en un inicio, fue apoyada por el propio Alperovich.

Delfín Gallo cobró notoriedad recientemente por su comisaría, desde la cual se escapó el narco “Pico” Peralta, una fuga comprada y en la que aparecen comprometido altos jefes policiales.

Los pobladores de la zona señalan que en esta cadena de intereses están los responsables de la muerte del cura.

Otro hecho ocurrido el sábado 7, provocó conmoción, cuando cobró estado público el secuestro de una de las referentes del movimiento de “Las Madres de los Pañuelos Negros”, quien estaba invitada a participar de un programa de TV en Buenos Aires. Un grupo comando encapuchado la mantuvo secuestrada bajo amenaza durante toda la mañana impidiendo que pudiera viajar.

¿Suicidio?

Los familiares del cura y, en especial, una de sus sobrinas fueron contundentes al señalar que a su tío lo habían asesinado y paralelo a ello decidieron cambiar al abogado de la familia, quien desde un primer momento se había sumado a la tesis del suicidio.

A su vez, varios referentes de la Iglesia, también han planteado su punto de vista contrario a la idea del suicidio.

En el seno del propio gobierno algunos ya han comenzado a abrir el paraguas. Mientras Manzur y el ministro de Seguridad siguen abonando la idea del suicidio, el ministro de Gobierno, Regino Amado, dijo “que no lo sorprendería que detrás de la muerte del religioso haya una organización narco” (Las Gaceta, 11/10).

En este marco, se ha autoconvocado a una nueva marcha para este viernes a la noche en la plaza Independencia que, como la realizada la semana pasada, promete ser masiva.

Es necesario coordinar un proceso de movilización sistemático, que no solo sea independiente del gobierno y la jerarquía de la iglesia, sino que, precisamente ,apunte a denunciar claramente la complicidad del poder político y de sus aparatos represivos con el crimen organizado. Es la vía para avanzar en la lucha efectiva para terminar con el accionar impune de las mafias.

Los principales acontecimientos políticos de estos días tienen un hilo conductor: la férrea tarea de blindaje que le prestan todos los bloques de la oposición tradicional y la Iglesia a un gobierno complicado política y económicamente.

CGT

El primero de estos blindajes es el que la burocracia sindical puso en marcha para bloquear una reacción conjunta de la clase obrera, en medio de una caída del salario de más del 15%, despidos (Pirelli, textiles, petroleros) y suspensiones aún más extendidas: en Córdoba, a la industria automotriz y toda su cadena de producción se suma ahora la alimenticia Arcor. En este cuadro, la cúpula de la CGT ha abandonado la reivindicación de la reapertura de las paritarias y el fin de los despidos, también la eliminación de impuesto al salario, para mendigar un bono de fin de año que ahora también está cuestionado. El gobierno sólo habilitaría un bono misérrimo para jubilados que ganen la mínima y beneficiarios de la AUH, junto a la exención de Ganancias en el aguinaldo para un sector.

Pero entre los que impugnan el bono, se anotaron en primera fila los gobernadores pejotistas y kirchneristas, comenzando por la cuñada santacruceña y siguiendo con el “socialista” Bonfatti. A cambio de la solidaridad con el ajuste, los gobernadores esperan la venia de Macri para sumarse a la escalada de endeudamiento externo que lidera el Estado nacional. En la fila de los enemigos del paro, Sergio Massa ya hizo oír su voz hace varias semanas. A todos ellos, Cristina Kirchner acaba de proponerles una “nueva mayoría”, incluso a costa de un eventual renunciamiento a su candidatura.

En la trastienda de todos ellos opera el elenco de obispos más ligados al papa Francisco. En la reciente marcha a Luján, la Pastoral y los “movimientos sociales” ligados a ella le dieron un lugar privilegiado a Carlos Acuña, uno de los miembros de la troika cegetista. Los obispos ya le han pedido a ese triunvirato que postergue cualquier decisión de paro, incluso si se fuera de la reunión con el gobierno con las manos vacías. Ello, en nombre de la reunión de Macri con Francisco, este sábado. La cúpula de la Iglesia ha tejido los hilos de una verdadera coalición contra el paro nacional.

Inseguridad

La segunda caución en favor del gobierno se ha armado en torno de la marcha “paraquenotepase”, donde el reclamo de las víctimas de numerosos casos de inseguridad o impunidad de estos años fue intensamente manipulado desde el gobierno, la Iglesia y sus voceros, en aras de un reforzamiento legislativo, jurídico y policial de la represión estatal. La marcha, sin embargo, tuvo lugar en momentos en que las evidencias del entrelazamiento entre los aparatos de represión e inteligencia estatales con el delito organizado alcanzan su punto más alto –en rigor, el propio gobierno se encuentra atravesado por una furiosa interna de servicios, como lo reveló el episodio del desplazamiento del titular de la Aduana.

De cara a esta descomposición, el macrismo no ha hecho sino pactar con una fracción de la policía y los servicios, como lo revela la cooptación de Stiuso o la preservación del jefe de la policía bonaerense, Pablo Bressi. Estos acuerdos, a su turno, son un subproducto de los pactos políticos con los gobernadores o barones del conurbano, unidos por mil lazos a la maldita policía.

Es significativo, en este cuadro, que la marcha haya resultado un fracaso en concurrencia, según la confesión de sus propios organizadores. Los que motorizaron desde afuera a las víctimas de la impunidad esperaban una nueva “marcha Blumberg”, pero la historia no se repite. Las leyes Blumberg –fogoneadas por el kirchnerismo después de aquella marcha- no atenuaron la crisis de inseguridad, que tiene sus raíces en el aparato estatal y en los barones capitalistas del juego, el narcolavado y los puertos privados (todos ellos, beneficiarios del blanqueo macrista). La cúpula de la Iglesia, también protagonista de esta convocatoria, disimulaba en estas horas el escándalo desatado por la muerte de un cura tucumano, posible víctima de sicarios de la droga. Pero el régimen de Manzur-Alperovich, encubridor de crímenes brutales, es otro de los ‘nuevos amigos’ de Macri. Para los familiares, se impone un debate y un balance: la lucha por justicia exige la más completa independencia de los cómplices políticos y estatales de la impunidad, aunque se revistan de “nacionales y populares” o de supuestos “republicanos”.

Mujer

Con mucha menos repercusión –en verdad, casi disimulado por los medios- ocurría en Rosario un hecho extraordinario: la movilización de 70.000 mujeres en su Encuentro anual, para reclamar por el derecho al aborto legal, contra la violencia y por todas las reivindicaciones de la mujer trabajadora. El Encuentro de Rosario ocurría después de las gigantescas movilizaciones por el “ni una menos” , por años de luchas crecientes contra el oscurantismo clerical e, incluso, por un ascenso internacional en la batalla por el derecho al aborto. En ese cuadro, varias de las organizaciones históricas del movimiento de mujeres, junto a las de los partidos de izquierda –que protagonizaron una movilización excepcional comenzando por el Plenario de Trabajadoras- impulsaron que el próximo encuentro se realice en Buenos Aires, con un objetivo claro: después de una larga lucha en ascenso, colocar una movilización de centenares de miles de compañeras en el centro del poder político, para arrancarle a ese poder todos los reclamos postergados. Otra vez, una coalición urdida por la Iglesia y una parte de la izquierda y los partidos patronales intentó desconocer esta decisión mayoritaria, para recluir al próximo Encuentro en una localización distante. Pero si se mira bien, el frente político que operó de ese modo es el mismo que ha arrastrado a los movimientos sociales detrás de la tregua cegetista, y que tuvo su debut en aquella marcha a San Cayetano. El mismo bloque que opera para “proteger” al ajuste de un plan de lucha, intenta silenciar a las mujeres con la mordaza del oscurantismo clerical.

Estrategia política

La comprensión de las cuestiones políticas que unen a hechos aparentemente inconexos –la lucha sindical, la inseguridad ciudadana, la mujer- nos lleva a una conclusión de fondo, a saber, que una lucha consecuente de los trabajadores, mujeres y explotados contra el gobierno ajustador exige de una estrategia política. Detrás de la crisis económica y social, de las peleas de gabinete y de camarillas, los explotadores están discutiendo cuál será la coalición capaz de llevar adelante el trabajo sucio de trasladarle la totalidad de la crisis capitalista a los trabajadores, de cara a un gobierno que carece de los recursos políticos para ello y de una crisis mundial que amenaza con barrer el castillo de naipes -ingreso de capitales especulativos- con que el macrismo posterga las contradicciones en curso. El adelantamiento de los aprestos electorales es una consecuencia de esa crisis temprana del macrismo. Este cuadro de conjunto destaca la necesidad y urgencia de una campaña vigorosa del Frente de Izquierda para desarrollar un programa y presentar a la clase obrera y a la izquierda como alternativa. Es parte de esa campaña y en favor de las luchas obreras, el impulso de un paro activo nacional y un plan de lucha contra el ajuste. Es decir, de la irrupción de la clase trabajadora en el escenario nacional. El acto que hemos resuelto convocar en Atlanta es un punto de apoyo para todo ello, del cual, en el Partido Obrero, nos serviremos para impulsar una campaña nacional de charlas, reuniones abiertas y asambleas de trabajadores y jóvenes, para pronunciarnos, levantar reivindicaciones y organizar una multitudinaria movilización hacia el 19 de noviembre. Estas son nuestras premisas políticas.

“El buen Dios le otorgó al director dos ojos, uno para mirar a través de la cámara y el otro para estar alerta a todo lo que sucede a su alrededor”. La frase estaba (está) en el encabezamiento de la página web de Andrzej Wajda, muerto el domingo 9 de octubre a sus 90 años. Uno de los mayores exponentes del cine de posguerra, Wajda tuvo siempre, en efecto, un ojo atento a sus alrededores y lo más notable de su producción es, a su modo, una crónica artística de la época que le tocó vivir.

Fue un hombre marcado por la guerra. Todo su arte lleva el signo de la guerra, los conflictos, las ocupaciones militares, las tiranías y la resistencia contra ellas. Fue hijo de un oficial del ejército de Polonia asesinado por los estalinistas en la masacre de Katyn, entre abril y mayo de 1940, cuando miles de soldados, policías, intelectuales y civiles polacos fueron exterminados por la policía política soviética. La NKVD (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos que dirigía el criminal Lavrenti Beria). Apenas adolescente, Wajda se incorporó a las guerrillas de Armia Krajowa, de la resistencia antinazi (esa guerrilla era sostenida por el gobierno polaco en el exilio londinense, opuesta a Armia Lodowa, impulsada por Moscú). El arte de Wajda quedaría recorrido por aquella experiencia determinante.

Apenas terminada la guerra ingresó en la Academia de Bellas Artes de Cracovia, donde con el pintor Andrej Wroblewski fundó el Grupo de Autodidactas, fuertemente influido por el neorrealismo. En su primer largometraje, “Generación” (1955) figura en el reparto un jovencísimo Roman Polanski. Esa película, como las dos que le siguieron (“Kanal”, de 1957, y “Cenizas y diamantes”, de 1958) fueron alegatos antibélicos. En las tres obras se advierte un lenguaje alegórico, que incluye simbolismos como el de un fuego encendido en copas de licor, representación del idealismo juvenil extinguido por la guerra. Se trataba de una oposición sutil, tanta como resultaba posible, al “realismo socialista” (no era realista y menos socialista) obligatorio en el estalinismo. La trilogía tiene un personaje central, tal vez un alter ego del propio Wajda: un joven desconcertado y abrumado por las convulsiones históricas y sociales, representado en las tres películas por el actor Zbigniew Cybulski, con quien el director tuvo un vínculo intenso. La conmoción que le produjo a Wajda la muerte temprana de Cybulski en un accidente ferroviario, en 1967, encontró su expresión en la película “Everything for Sale” (Todo a la venta), de 1969, una obra casi íntima.

En esa época Wajda ya era también un reconocido director teatral, mientras adaptaba al cine obras clásicas de autores polacos como, por ejemplo, la exquisita “El bosque de los abedules” (1970) sobre un relato de Jaroslaw Iwaszkiewicz.

El surgimiento del sindicato independiente Solidaridad a fines de la década de 1970 produjo una revolución en la producción artística de Wajda. Ya “El hombre de mármol” (1976) es un alegato contra el estalinismo y contra Stalin en particular, y “El hombre de hierro” (1981) un respaldo explícito a Solidaridad, en la que su líder, Lech Walesa, hace de sí mismo. Esa última película hizo que la dictadura estalinista del general Wojciech Jaruzelski, primer ministro y secretario general del PC, declarara ilegal la productora cinematográfica de Wajda.

En 1983 Wajda produjo una de sus mayores obras: “Danton”, con una actuación inigualable de Gérard Depardieu. En ella, Wajda critica a los jacobinos de Robespierre y Saint Just defendiendo lo que considera “el espíritu conciliador” de Danton. Es todo un manifiesto de la postura ideológica del director, que hace de esa película una suerte de alegato contra toda revolución radical.

Así, la resistencia al estalinismo llevó a Wajda, tal vez por la ausencia de otra alternativa, a respaldar manifiestamente la restauración capitalista. Siempre obsesionado por la temática de la guerra, después de la caída del estalinismo fue senador por el partido de Walesa y director del Teatro Powszahny, de Varsovia.

En el año 2000 recibió un Oscar honorífico a su trayectoria, a su enorme trayectoria. La de una de las cumbres del cine del siglo XX.

El gobierno de Macri, a pedido de las empresas petroleras nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción Hidrocarburífera, organiza a estas horas la flexibilización del convenio colectivo de trabajo de los obreros del sector. Cuenta para eso con el pleno acompañamiento de Guillermo Pereyra, el secretario general del Sindicato Petrolero de Neuquén.

La reforma antiobrera del convenio petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, sería una suerte de prueba piloto. Luego llegará al resto de la industria petrolera del país. Así lo prepararon los burócratas sindicales Jorge Avila y Claudio Vidal, de Chubut y Santa Cruz, cuando firmaron en el cierre de la paritaria acceder a la exigencia patronal de una “reestructuración productiva” (Resolución 365). En segunda instancia, el gobierno pretende avanzar en la misma dirección contra los obreros automotrices, de la construcción y finalmente contra el conjunto de los trabajadores.

El nuevo convenio petrolero

Uno de los puntos centrales del nuevo convenio que se quiere aprobar, apunta a reducir las “remuneraciones adicionales”. Pretenden eliminar el pago de las “horas taxi” a los trabajadores de servicios especiales, es decir, las horas cobradas por viajar desde la base de la empresa a los alejados yacimientos y por la percnotada en el campo. A los trabajadores de torre pretenden reducirles la jornada de trabajo de 12 horas a 8, lo que implica la eliminación de las horas extra y una reducción salarial que podría rondar en el 50 por ciento.

También está en agenda la modificación del diagrama de trabajo, pasando del “2x1” (dos días de trabajo por uno de descanso) a un diagrama de “3x1”, como parte de un esquema patronal de trabajo del cual aún quedan por conocer muchos aspectos.

La reforma prevé contratos de trabajo a plazos determinados con posibilidad de suspensión o cancelación en caso de que “el proyecto lo demande”.

Además, se regulará la “multifuncionalidad” en las operaciones en equipos de torre y en las actividades de operación y mantenimiento, sin que esto habilite a los trabajadores a pedir la recategorización. También se establece un techo de personal por dotación para las operaciones de torre y servicios especiales. El achique de las dotaciones de trabajo y la polifuncionalidad en los yacimientos es criminal, porque allí se desarrollan las tareas más peligrosas y exigidas, y representará un crecimiento exponencial de la inseguridad laboral.

¿Las empresas están perdiendo?

Es necesario repetirlo hasta el hartazgo: las empresas siguen ganando fortunas. El nuevo convenio colectivo que el gobierno y la conducción del sindicato le sirven en bandeja a las compañías petroleras, apunta a sostener una extraordinaria tasa de beneficio para los empresarios a costa del salario y la vida del obrero.

Las operadoras petroleras tienen precios subsidiados de petróleo y de gas, con el “barril criollo” y el “BTU criollo”. Tanto por el petróleo como por el gas, las empresas reciben en la Argentina un precio muy superior al de esa misma producción en el mercado internacional. Sin embargo, los despidos encubiertos (retiros voluntarios) progresan sin cesar. Las ayudas estatales no tienen ninguna “contraprestación” de parte de las empresas.

Hay que masificar la resistencia

Un ejecutivo petrolero declaró que “por más que Pereyra firme (el nuevo CCT), no será fácil que las bases del gremio acepten un recorte de sus salarios y que haya despidos”. Está en lo cierto. La reciente reelección de Pereyra se produjo con lista única y con una sensible baja en la participación de afiliados.

Al mismo tiempo, en el último período, ha empezado a despertarse la respuesta obrera frente a los atropellos patronales. Los obreros de Baker Hughes realizaron durante varios días quite de colaboración por las malas liquidaciones salariales y la inseguridad laboral. Los obreros de Petrolera Argentina ocuparon la refinería contra el vaciamiento empresarial. Los compañeros de Montaje-Rincón de OPS realizaron piquetes luchando por ser reubicados. Más atrás, 100 obreros de Halliburton se movilizaron a las puertas del sindicato contra las suspensiones y conquistaron la convocatoria a elección de delegados.

La clave consiste en masificar y extender la organización y la respuesta obrera a cada empresa, en la perspectiva de un trabajo de coordinación de los sectores combativos independientes de todas las alas de la burocracia sindical. La consigna unificadora del momento es muy clara: abajo el nuevo convenio colectivo antiobrero de Macri, las petroleras y Pereyra.

Contra lo que sostiene una opinión difundida, ni el Vaticano ni Bergoglio han sido muy afortunados en sus ‘mediaciones’ internacionales. El último fiasco lo constituyó el rechazo, por medio de un referendo, al ‘plan de paz’ en Colombia, que habían avalado nada menos que Obama, Raúl Castro, el Vaticano y hasta Nicolás Maduro. Las ‘mediaciones’, en el caso de Venezuela, han fracasado en varios formatos, unas tras otras. Tampoco dio resultado la injerencia del Papa en el conflicto entre Israel y la Autoridad Palestina. Sin pretensiones supersticiosas, habría que tocar madera en lo relativo a la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, donde se adjudica a Francisco un papel eminente, porque el bloqueo aún no ha sido levantado ni hay señales de que ocurra en lo inmediato, mientras la prensa internacional está ventilando una negociación en curso de Cuba con China y, por sobre todo, con Rusia para instalar bases militares en la Isla Grande del Caribe. Después de que el presidente de Filipinas anunciara una ‘separación’ de su país de EEUU, el tablero diplomático es proclive a cambiar en cualquier dirección. Que lo digan, si no, Rusia-Turquía-EEUU, con sus blancos móviles en el Medio Oriente.

Con estos antecedentes precarios, Bergoglio se ha lanzado a una mediación final en la crisis de Venezuela, aunque no haya puesto la cara para sellar el trámite. Lo que para Página/12 culminaría una gestión de un par de días, para The Wall Street Journal fue un anuncio improvisado en un par de horas. Lo fundamental no lo ha dicho nadie; a saber, si es una mediación para contener un desenlace inminente del enfrentamiento político en Venezuela o para precipitarlo. Por de pronto, la nueva negociación tendrá lugar lejos de Caracas, aunque tampoco la Isla Margarita asegura un ambiente sosegado. La mayoría de los representantes de peso de la oposición de derecha ha calificado al intento de tardío y carente de contenido, pues parte de una decisión del gobierno de anular cualquier posibilidad de ejercicio de referendo revocatorio del mandato de Maduro, que ha incluido, en los últimos días, el desconocimiento de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Maduro acaba de aprobar el Presupuesto 2017 por decreto. La llamada ‘ala dura’ del chavismo tampoco lo bendice -simplemente porque no tiene contemplada ninguna concesión a los reclamos de esa oposición y recela de los conciliábulos entre los mediadores a sus espaldas. Si la división del oficialismo se ratifica, la ‘mediación’ podría acabar pariendo un cambio de gobierno. El aislamiento del chavismo es completo en todos los planos -político, social y financiero.

La cuestión de la deuda

Ningún comentarista especializado destaca la ausencia en la mesa de uno de los protagonistas de mayor peso en esta crisis: los acreedores internacionales de Venezuela. La negociación deberá, sin embargo, satisfacer la posición de estos acreedores antes que nada. En las últimas semanas, la estatal de petróleo, Pdvsa, ha intentado en vano obtener un canje de deuda, que vence en noviembre, del orden de los 5.500 millones de dólares, sobre una deuda de conjunto con acreedores privados de 45.000 millones. Ha contratado para desarrollar el canje al Crédit Suisse, sin éxito. El chavismo ha pagado escrupulosamente, hasta ahora, los vencimientos de capital e intereses a los fondos internacionales, a costa de un freno al gasto de mantenimiento y a las inversiones de Pdvsa. Algún comentarista recordó que esto ya lo había hecho Ceaucescu en Rumania en la década del 80 del siglo pasado: tuvo un éxito memorable, porque logró, a costa de una hambruna, reducir a cero la deuda externa, para acabar ante un pelotón de fusilamiento en medio de una revolución popular.

El pago de la deuda en Venezuela ha redundado en una caída de la producción y en un ‘defol’ con los acreedores locales. Las empresas extranjeras de servicios tecnológicos han salido del país. Las operaciones comunes con empresas extranjeras están paralizadas. Un fallo del estado de Delaware acaba de condenar a Venezuela a pagar 3.000 millones de dólares por la nacionalización de la minera Cristalex, anticipando lo que ocurrirá en caso de un ‘default’ de la deuda externa. La prioridad otorgada al pago de la deuda externa ha redundado en la caída de un 60% de la importación de alimentos y de componentes para la producción industrial. The Wall Street Journal ‘admite’ que una razón para rechazar el canje de deuda propuesto por el gobierno (que reconoce como muy ‘generoso’) es la expectativa de los acreedores en “un cambio de gobierno”. La suma de la deuda externa de PDVSA y de la administración nacional es de alrededor de 80.000 millones de dólares, sin considerar la deuda con China que es pagada con exportación de crudo, y que por lo tanto no reporta ingreso de divisas. Venezuela se encuentra negociando la deuda contraída con China.

El ajuste forzado impuesto por la carga de la deuda externa es acompañado por otro más ‘clásico’. Los ‘tour’ de compras a los estados fronterizos con Colombia han dado paso a la liberalización de las importaciones en seis de esos estados, y por lo tanto a la liquidación de los controles de precios y de los precios máximos. Las góndolas han dejado de estar vacías, aunque a precios siderales respecto del salario. El propósito sería extender el proceso en forma paulatina a todo el país; el Banco Central de Venezuela intenta acompañar con un ritmo menor de emisión monetaria. Como ha ocurrido con el kirchnerismo, en Argentina, el perfil macrista del ajuste empieza a cobrar forma bajo el chavismo.

La ruta de un eventual acuerdo

Es posible describir los términos de un acuerdo hipotético en Margarita. De menor a mayor, el chavismo reconocería, por lo menos, la soberanía de la Asamblea Nacional, con la cual debería acordar el Presupuesto. Nada menos que definir la política económica de un país quebrado y una inflación del 600% anual -con los hermanos caribeños de Macri, Temer, Duarte, Santos y el ‘peruano’ Kuczynski. La viabilidad de un acuerdo que levante los ‘cepos’ dependería de la obtención de financiamiento internacional y de los condicionamientos políticos de esta financiación.

La derecha concedería reportar el revocatorio al año que viene, pero a cambio de modificaciones en el poder judicial electoral. Incluso aceptaría la anulación sin más del revocatorio a cambio de un adelantamiento de elecciones presidenciales para fines de 2017. Un paquete de estas características implicaría, por lo menos, la sustitución de Maduro por su propio vice. El pacto establecería la intangibilidad de las FFAA y el alto mando chavista.

Como sea, incluso un acuerdo básico de estas características haría saltar las costuras tanto del chavismo como de la oposición de derecha. Colombia sirve de ejemplo, porque la derrota del Sí al plan de paz tuvo poco que ver con las críticas o rechazos a la llamada “justicia transicional” que se había concebido para las Farc, y mucho más con la disputa de poder dentro de la oligarquía de Colombia, entre los representantes del capital financiero, en la figura de Santos, de un lado, y los de la mafia de acaparadores de tierras, en cabeza de Uribe, por el otro.

Es difícil asegurar si el apresuramiento mediador de la curia vaticana responde al temor de que la convocatoria de la derecha a una ‘ocupación de ciudades’ el miércoles 26 se convierta en una rebelión popular que sea reprimida por las fuerzas armadas, pero si ello ocurre la propia mediación saltará por los aires. En Venezuela hay una crisis de poder irreversible: el destino del revocatorio, la salida al derrumbe económico, la defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos ya no se juegan en el terreno preexistente sino que dependen de una salida de poder.

El reconocimiento de una crisis de poder significa que el poder oficial del chavismo es un espectro, cuyo recurso último de defensa no es la movilización popular, que no quiere ni podría realizar, sino un golpe aventurero de las Fuerzas Armadas. Es, desde hace tiempo, un gobierno de facto en rápida declinación. La oposición de derecha, por su lado, ya se encuentra llamando a un golpe militar para implantar su salida ‘democrática’. Es necesario explicar este cuadro político a los trabajadores para explotar este momento de la crisis y las etapas subsiguientes de ella para desarrollar una alternativa socialista de la clase obrera. En oposición a mediaciones, regímenes de facto y salidas democráticas de derecha y golpistas, planteamos la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte de un gobierno de trabajadores.

La clase obrera y la izquierda

La clase obrera, las masas y la izquierda de Venezuela están pagando ahora las consecuencias de no haber sido las líderes de la oposición popular al chavismo, ni de haber intentado crear las condiciones para serlo -en resumen, de haber cedido, por esa incapacidad, el liderazgo a la derecha. Fenómeno plebiscitario por excelencia, que oponía los votos a las conspiraciones de la derecha, el chavismo acaba entregando ese recurso plebiscitario a sus enemigos y repudiando el recurso al voto popular.

Hijo histórico del Caracazo, el chavismo se ve amenazado ahora por un Caracazo dirigido por los represores de aquél. La catástrofe del chavismo ha sido un factor de primer orden en el desprestigio político que llevó al desplazamiento de los gobiernos ‘nac & pop’ en el resto de América Latina. El seguidismo de la izquierda a los representantes del ‘mal menor’, acaba, por la misma lógica capitalista de ese ‘mal menor’, en la recuperación política y en la eventual victoria política del ala derecha del frente patronal.

En cualquier caso, sin embargo, las alternativas que se barajan en el campo de la burguesía para salir de esta catástrofe no hacen sino abrir nuevos escenarios de crisis, seguramente más agudos. En primer lugar, por un ajuste de características sociales muy violentas. En segundo lugar, por la probable disgregación de los bloques capitalistas en presencia. En este cuadro, la llamada izquierda del chavismo ha entrado en un impasse irreparable al apoyar el revocatorio, o sea, al respaldar la salida de la derecha mientras el otro encabeza la salida ‘mediadora’. Es la oportunidad para que la izquierda revolucionaria de Venezuela juegue su papel histórico.

25 de octubre de 2016

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/636631646517700

“La gente del Partido Obrero no colaboró mucho”, fueron las palabras con las que comenzó su diatriba contra el PO la fiscal Cristina Caamaño en el programa El caballero de la noche, por radio Del Plata, el día que se cumplían seis años del asesinato de Mariano Ferreyra. Caamaño fue la fiscal que investigó el crimen de Mariano en una primera instancia, hasta que la jueza Wilma López la desplazó de la tarea y la tomó a su cargo, debido a la airada protesta de los dirigentes del PO por la escalada de ataques de la funcionaria contra nuestra organzación. Su encono contra el PO se mostró de manera abierta no bien ocurrido el crimen, en sintonía con los ataques del gobierno y sus alcahuetes contra el partido de Mariano.

“El Partido Obrero no quería venir a declarar, un colaborador me explicaba: son de izquierda, no creen en la Justicia”, dijo, en una tergiversación de los planteos del PO, que apenas ocurrido el ataque criminal de la patota de José Pedraza (modelo de “sindicalismo que construye”, en palabras de CFK) puso todas sus energías y recursos para que los culpables del crimen fueran presos.

El asunto no es si el PO “cree” o “no cree” en la Justicia. La investigación de Caamaño se detuvo en el umbral de las responsabilidades políticas y empresariales, a las cuales dejó deliberadamente afuera de la pesquisa. Las responsabilidades de Aníbal Fernández por la “zona liberada” de Barracas, el “asesoramiento” del ministro Tomada a su “José querido”, los “permisos gremiales” que la empresa puso a disposición de la burocracia para que reclutara a su patota en los talleres de Remedios de Escalada, los enjuagues con fondos públicos de empresarios, funcionarios de la Secretaría de Transporte y Pedraza, entre tantos otros, quedaron afuera de “su” investigación. ¡Los negociados de Pedraza siguen impunes!

“Los abogados del PO eran bastante insufribles, todo el tiempo obstaculizaban”, agregó Caamaño a su lista de calumnias. El equipo legal del Partido Obrero impulsó hacia adelante la querella contra los miembros de la patota y los sindicalistas que fueron autores intelectuales del crimen, contra los funcionarios y los empresarios que fueron cómplices con una rigurosidad sin fisuras. Su aporte a la causa es una de las razones por las que se llegó a condenar a los asesinos.

A las pocas horas de ocurrido el asesinato de Mariano, el PO reunió a los militantes que habían participado de la movilización en Barracas para recabar toda la información posible y aportarla a la Justicia. La fiscal lo tuvo que admitir durante la entrevista. También, nuestros compañeros de los talleres de Escalada aportaron sus testimonios, a pesar de tener que convivir con los patoteros. La jefa de Caamaño, Nilda Garré, ordenó la judicialización de los compañeros ferroviarios de Mariano invocando pruebas inexistentes, mientras el gobierno kirchnerista negaba a los tercerizados su pase a planta permanente. Las diatribas de Caamaño retratan una miseria personal y política realmente profunda.

“El gobierno nos mandó un testigo clave, no era ferroviario y acompañó con su testimonio la causa”. Así se refiere Caamaño a Alejandro Benítez. El “testigo de Néstor”, como lo llaman los camporistas -que no vinieron a las movilizaciones hasta el día de la sentencia- era parte de la patota que atacó a los tercerizados. Benítez formaba parte de los círculos políticos del pejotismo y la burocracia, del mismo modo que Cristian Favale. Apareció cuando era evidente el fracaso de la tentativa oficial de igualar en un “enfrentamiento” a víctimas y victimarios. El mismo día del crimen de Mariano, los dirigentes del PO solicitaron formalmente una entrevista con la presidenta, que ésta rechazó.

¿Es necesario recordarle a la calumniadora oficial que Pedraza era un aliado estratégico del gobierno K, al igual que “Caballo” Suárez y Gerardo “Batallón 601” Martínez? ¿De qué habla Caamaño? Por lo pronto, en la entrevista no abrió la boca sobre la “prisión domiciliaria” que Pedraza goza en una torre de Palermo, que sólo el PO y sus “insufribles” abogados denunciamos como impunidad.

Ninguna infamia podrá borrar la intervención fundamental del Partido Obrero, sus abogados y sus militantes en la condena de Pedraza y su afán por obtener justicia por el crimen de Mariano Ferreyra.

Cerca de 700 trabajadores del gremio gráfico se movilizaron el viernes 21 al Ministerio de Trabajo por el reclamo paritario. La medida fue convocada por el sindicato y contó con la participación de más de 350 compañeros de la Lista Naranja, a pesar de que la medida fue anunciada con sólo 24 horas de anticipación.

El reclamo, que fue llevado a la reunión con la Faiga (cámara empresarial), tuvo como eje el nuevo aumento salarial que debe acordarse, luego de haber prescripto el mes pasado la paritaria semestral de un 25% firmada en marzo. Desde la Naranja levantamos, además, la defensa de los puestos de trabajo, atacados duramente desde el año pasado. Esa ofensiva patronal tomó nuevo impulso en los últimos meses. En el Ministerio no hubo acuerdo y la movilización continuó a la UIA. Luego, la Naranja realizó un acto donde habló Miguel Bravetti, secretario general de Interpack. Mientras los trabajadores realizaban el acto de protesta en las puertas del Ministerio, la cámara empresarial, en reunión con el sindicato y los funcionarios, elevó su oferta del 8 al 10%, más un bono a cobrar, en dos cuotas de 1.000 pesos, el año próximo. Con una inflación calculada en un 32% sólo hasta septiembre, la propuesta de la Faiga fue poco menos que una provocación.

Esta actitud de las patronales contrasta llamativamente con la actitud de la directiva del gremio, que hizo la plancha hasta el día de hoy mientras rechazaba todas las propuestas de lucha para defender el salario. La política que mantiene la burocracia la llevó a ir muy por detrás lo que se requiere en el gremio para quebrar el ajuste, y actuando tardíamente. La Naranja inició la campaña paritaria exigiendo en agosto un plenario de delegados para discutir un plan de lucha. Al no recibir respuesta, realizamos asambleas en nuestros talleres, votamos un reclamo del 25% y nos movilizamos a las puertas de la Faiga (ver po.org.ar/prensaObrera/online/sindicales/graficos-gran-movilizacion-de-la-naranja-por-paritarias-y-contra-los-despidos).

Recién la semana pasada, con el apuro de cerrar un nuevo acuerdo, el sindicato convocó a un plenario de delegados donde se votó realizar asambleas por turnos y movilizarse, pero rechazaron ponerle fecha a la movilización y que la misma fuera con cese de tareas. Sin ninguna preparación, anuncian la medida 24 horas antes. En el cuadro actual, donde se hace patente en forma brutal la necesidad de convocar un paro general para quebrar la resistencia patronal, la directiva decide continuar con las asambleas de una hora por turno y convoca un plenario para la próxima semana en el cual se decidirá, en caso de no llegar a un acuerdo, una nueva movilización.

Como se ve, la Verde va detrás de los hechos actuando improvisadamente con la esperanza de resolver el conflicto antes de tener que apelar a la movilización de la base del gremio.

La burocracia sindical refleja la parálisis en la que sumergió al gremio durante las últimas décadas, fundamentalmente durante los doce años de gobierno kirchnerista. Para quebrar el ajuste debemos tener un gremio que esté a la altura de las circunstancias. La Naranja está impulsando iniciativas en distintos talleres y reforzando la organización y la movilización de las bases. Vamos a dar la batalla hasta el final por un paro general para quebrar el ajuste y por una paritaria del 25%.

El proyecto de reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo que el gobierno le presentó al Congreso constituye un “cepo judicial a los accidentes y enfermedades laborales”. Ya en julio de este año, cuando sólo se conocía el esquema del proyecto presentado ahora, ésa fue la opinión del abogado Horacio Schik, tal vez el mayor especialista argentino en riesgos de trabajo (en http://estudioposca.com.ar/el-gobierno-nacional-estudia-ley-que-atropellaria-los-derechos-de-los-trabajadores/).

La nueva norma, en efecto, propone un agravamiento de las ya retrógradas condiciones de la ley menemista, que impuso el régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y, sobre todo, de la 26.773, impulsada por el gobierno kirchnerista y mucho más antiobrera que la de Menem.

La 26.773 establece la “opción civil con renuncia” en caso de siniestros laborales, de modo que el trabajador debe optar entre someterse a las comisiones médicas jurisdiccionales -siempre bajo la presión poderosa de las ART- para cobrar más o menos rápidamente, o acudir a la larga vía judicial para recibir lo que le corresponde. Un chantaje en regla, porque la necesidad obliga al trabajador, en casi todos los casos, a dejarse estafar. La vigencia de esa ley kirchnerista, dice Schik, “ha frenado la vía civil para el reclamo de accidentes laborales”.

Por la ley K, cuando el trabajador acepta el dictamen de las comisiones médicas hay “cosa juzgada”, de modo que ya no puede reclamar judicialmente la diferencia entre lo que ha cobrado y lo que él considera que se le tendría que haber pagado. Así, las resoluciones de esos organismos quedan equiparadas a los acuerdos extrajudiciales del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) entre trabajadores despedidos y la patronal, con la anuencia del Ministerio de Trabajo. Al igual que en el Seclo, no puede compararse la capacidad de negociación de las empresas con la de un trabajador despedido o, peor aún, accidentado y fuera, por eso mismo, del mercado laboral.

Ahora todo empeora, porque esa posibilidad de elegir resulta sencillamente suprimida y el trabajador quedará obligado a “agotar la vía administrativa” antes de litigar en tribunales. Este nuevo avance sobre conquistas de los trabajadores, al gusto de las empresas nacionales y de los pulpos extranjeros del “mini-Davos”, es producto de un gran acuerdo político reaccionario. La reforma “fue conversada previamente con las cámaras empresariales, la conducción de la CGT y las aseguradoras del sistema” (El Cronista, 21/10). Como en otros atropellos patronales, esto no sería posible sin la complicidad manifiesta de la burocracia sindical. Pero, además, tienen que haber sido “conversadas” con la Corte Suprema de Justicia, que en tiempos del kirchnerismo reconoció, añade Schik, “el derecho de las víctimas de no tener que atravesar la vía de las comisiones médicas y disponiendo el libre acceso ante el juez natural del trabajo” (fallos “Castillo”, “Venialgo” y otros). Así, la Corte deberá desdecirse de sus propios fallos y eso, se sabe, nunca es gratis…

No es cierto, además, que los juicios por accidentes y enfermedades hayan aumentado aunque los siniestros se redujeron. Es una completa falacia: hay demandas porque hay accidentes y enfermedades. Pero veamos los números. Dice Schik: “Sólo en el sector formal, la SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo) registra alrededor de 660.000 siniestros anuales”. Ese número corresponde únicamente a los casos denunciados del sector formal, de modo que está lejos del total.

Si se le añade un 35 por ciento por los no registrados, los accidentes y enfermedades llegan a más de 900.000 casos anuales, lo cual indica las condiciones infrahumanas de trabajo. Pero, además, se tiene una cantidad indefinida de casos ocultos. El citado especialista señala que aumenta “sensiblemente la demanda de médicos para resolver casos de siniestros laborales en el ámbito interno de los establecimientos, lo que constituye una de las formas típicas de ocultar siniestros y no denunciarlos a las ART”.

También está lejos de la verdad el riesgo de colapso del sistema por el costo de las demandas. Schik recuerda que en el último balance disponible, el de 2015, las catorce ART más grandes obtuvieron una ganancia de 3.047.429.816 pesos (sí, más de 3.000 millones de pesos) o unos 200 millones de dólares al cambio oficial del Banco Nación. Un beneficio obsceno que ahora pretende incrementarse a costa de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Urge una intensa campaña de difusión y rechazo a esta reforma antiobrera.

La Argentina acaba de atravesar una experiencia de alcance histórico. Apenas horas después del cierre del cierre del XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, en la ciudad de Rosario, decenas de miles de mujeres protagonizaron un hecho inédito -una huelga femenina- para marchar luego a Plaza de Mayo, el centro del poder político y de la jerarquía clerical.

Lo mismo ocurrió en los centros políticos de las provincias. El detonante fue un femicidio más: el crimen, de características atroces, de la joven marplatense Lucía Pérez. Mar del Plata ha sido el territorio de los asesinatos de mujeres que ejercían la prostitución, por parte de bandas de narcotraficantes y policías.

La violencia contra la mujer produjo una interpelación de masas al poder político. En tanto que la Comisión Organizadora de los Encuentros rechazaba, una vez más, la adopción de un plan de lucha por la satisfacción de las reivindicaciones que se votaban en los talleres y asambleas, la realidad impuso aquella aspiración: una acción de lucha que conmovió, sin la menor traza de duda, a todo el país.

La expresión mayoritaria a favor de que el Encuentro del próximo año tuviera lugar en la Ciudad de Buenos Aires (una meta siempre relegada) obtuvo una ratificación sin atenuantes. Ser o no ser: interpelar al poder y cuestionar al poder político (gobierno y Estado) o llevar el movimiento a un callejón sin salida. No menos fundamental es lo siguiente: la huelga y la movilización de las mujeres dio expresión a la necesidad de los trabajadores de una lucha de conjunto contra la política confiscatoria del macrismo, que toda la oposición política tradicional y la burocracia sindical se niegan a impulsar en función de intereses comunes con esa política.

Esta rebelión popular tiene lugar cuando Macri y el Papa parecen haber llegado a un acuerdo político de alcances estratégicos. Existe un reconocimiento abierto de que el pacto ha servido para desarmar la posibilidad de un paro nacional de la CGT. Gustavo Vera, el vocero más autorizado del Vaticano en asuntos de Argentina, aseguró que

Francisco se ha comprometido a trabajar contra una rebelión social.

El régimen político armado por el macrismo con la oposición parlamentaria patronal y la burocracia ha incorporado, de este modo, a un nuevo actor. Esta salida a la crisis del macrismo con el Vaticano ha abierto, sin embargo, una crisis adentro del macrismo, según admiten las versiones de prensa. A partir de asesor de Macri Durán Barba, el acuerdo con el Vaticano es visto como una suerte de cooptación clerical, una suerte de ‘círculo rojo’ (peronista-clerical-burocracia), que neutralizaría las posibilidades del macrismo de desarrollarse como una fuerza ‘liberal’, que derrote en las elecciones a los distintos clanes del peronismo.

En las discusiones preparatorias del Miércoles Negro, las organizaciones clericales que se habían manifestado en San Cayetano se opusieron a marchar a Plaza de Mayo para evitar el repudio al clero en el paso por la Catedral.

Luego del último paso (familiar) de Macri por el Vaticano, Francisco ha ganado una posición de arbitraje político que pretendía mantener con una victoria de Scioli (y, antes, con una de Julián Domínguez contra Hannibal, en las Paso pejotistas). No hace falta decir que este pacto con el Vaticano es una amenaza contra el movimiento de la mujer.

En medio de estos acontecimientos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia el protocolo para el atendimiento de los abortos no punibles. No está claro si fue una iniciativa de Vidal o de su ministra de Salud, pero sí que Scioli y CFK lo tuvieron cajoneado bajo sus gestiones, y que esto habría seguido con un nuevo gobierno pejotista. En cualquier caso, la regularización del tema aborto no punible advierte de la disidencia que el pacto Macri-Vaticano podría estar provocando en el macrismo. El repudio al protocolo bonaerense, por parte del clero ‘franciscano’, ha sido inmediato -en la misma semana del miércoles histórico. El clero quiere poner a parir a la mujer violada -un caso flagrante de violencia (doble) contra la mujer.

Es claro que lo ocurrido el miércoles es una rebelión contra el conjunto de un sistema político. No se debe confundir el acercamiento de las mujeres católicas practicantes al movimiento de la mujer y el apoyo a las reivindicaciones de este movimiento, con cualquier compromiso con el clero. El clero no solamente es enemigo del derecho al aborto, de la prevención de embarazos y de la educación sexual desprejuiciada de construcciones religiosas; también defiende la esclavitud doméstica de la mujer, en nombre de la ‘célula familiar’. La Iglesia es un ámbito privilegiado de la pedofilia, una violencia extrema contra las niñas y los niños. Sin la socialización de las tareas domésticas y de crianza, la mujer seguirá sujeta a una posición de subordinación, cualesquiera sean las conquistas que obtenga en el plano de la igualdad jurídica.

Esa socialización significa un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; igual salario por igual trabajo; jardines gratuitos en las empresas, lugares de estudio y municipios; derecho al aborto gratuito en el sistema público de salud (supone recuperar la atención de salud por parte del Estado); representantes electas y revocables de la mujer en las organizaciones del Estado encargadas de la atención a la mujer. Incidentalmente, el rechazo del clero al protocolo bonaerense de atención a los abortos no punibles no tuvo un correlato opositor de la Iglesia respecto a la ley del ‘cupo femenino’ en el parlamento -una prueba de la inocuidad de este ‘cupo’ en lo que hace al desarrollo de los derechos políticos y sociales de la mujer.

La huelga protagonizada por la mujer polaca, en las últimas semanas, contra las mayores restricciones al ejercicio de un limitadísimo derecho al aborto, parece haber inspirado al Miércoles Negro. Pero es precisamente en Polonia donde queda claramente de manifiesto el rol del clero en el sometimiento de la mujer.

Jorge Altamira

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/635330509981147

Nota de la redacción: después de escrito este artículo, la goberndora Vidal retiró el protocolo sobre el aborto

Foto: Sebastián Baracco

Restan poco más de dos semanas para que el Frente de Izquierda concrete su acto en la cancha de Atlanta, en un marco seguramente multitudinario. ¿En qué cuadro político se inscribe este desafío?

En estas horas, el Congreso Nacional se prepara para votar un presupuesto 2017 que refrendará una orientación de ajuste y endeudamiento serial -en sólo dos años, el macrismo sumará otros 80.000 millones de dólares a la deuda pública que dejó el kirchnerismo, y que orillan la mitad del producto bruto. La votación de este presupuesto, que anticipa nuevas paritarias a la baja para docentes, estatales y jubilados, volvió a exhibir a la coalición que ha permitido que un gobierno políticamente débil lleve adelante su ajuste contra las masas. El massismo y buena parte del PJ/Frente para la Victoria le darán a Macri la venia para la ley fundamental del Estado. Si a cambio de ello los gobernadores han recibido refuerzos para obras públicas, la contrapartida es un “compromiso de responsabilidad fiscal” que implicará recortes salariales, sociales y previsionales en las provincias. Además, los opositores le votarán al gobierno un régimen discrecional de adjudicación -y dolarización- de la obra pública, garantizado con los ingresos que generen, por caso, los peajes o la venta de energía. Estamos, por lo tanto, ante un sistema de tarifazos permanentes en favor de las contratistas. Los Massa y compañía refrenderán esta ley a cambio de incluir en la repartija a los contratistas locales. Como viene ocurriendo, la burguesía nacional no saca los pies del plato de la recolonización económica implementada por el macrismo -apenas aspira a recibir lo suyo en el rescate financiero internacional que se tramita desde el Estado. La deuda privada, en estas horas, crece con igual intensidad -y niveles usurarios- que lo hace el endeudamiento público. Massa, Stolbizer, Pichetto y compañía bailan al compás de ese mandato capitalista. Mientras tanto, el futuro del kirchnerismo duro transita entre la cárcel y los acuerdos políticos con el PJ. De acuerdo con la marcha de los aprietes judiciales, CFK podría resignar una candidatura para ser “madrina” de unas Paso entre Scioli y Randazzo (Cronista, 31/10). Sería una variante del “Frente Ciudadano” que la ex presidenta propugna cada vez que sale de Comodoro Py.

Crisis social

Los pactos para pasar el año no pueden disimular el empantanamiento económico y la acentuación de la crisis social.

A despecho de quienes anunciaban los “brotes verdes” de una reactivación, los primeros nueve meses del año arrojan una caída del 7,3% en la actividad industrial y del 13,1% en la construcción (datos de setiembre). Algunos de los que vaticinaban la “lluvia de inversiones” se han topado con lo elemental; a saber, que el capital industrial instalado en el país opera con un 60% de utilización de capacidad, en el marco de un retroceso de las exportaciones y del mercado interior. Los que reclamaban por una insuficiencia de inversiones se topan con la verdadera cara de la crisis, que es un exceso de capital para sus posibilidades de valorización. Por eso, en los listados de posibles “inversiones” se anotan posibles compras y fusiones de empresas, que conducirán a recortes y cierres de plantas -o sea, a la liquidación de capitales sobrantes. En este cuadro, el ingreso de capitales -incluyendo al del retaceado blanqueo- sólo ha reforzado las operaciones especulativas y una ficticia valorización del peso que podría acentuar las tendencias al quebranto industrial.

Los voceros de los “inversores” no dicen nada de ese parasitismo. En cambio, reclaman una reforma laboral precarizadora. ¿A que país le presentan ese programa? Al que tiene 3 millones de personas viviendo en villas y asentamientos, y con uno de cada dos trabajadores con un salario que no alcanza la línea de pobreza. El abismo entre esta crisis social y la “gobernabilidad” que manejan los partidos del ajuste es cada vez mayor y sólo se disimula por el blindaje político, clerical y de las burocracias sindicales en favor del gobierno. Pero, a pesar de ellos, la tendencia a la rebelión popular se filtra ante cada uno de los episodios de crisis. Lo reveló la gigantesca marcha y paro de mujeres del pasado 19, en un país donde los femicidios se enlazan con el agravamiento de la miseria social y la descomposición del aparato estatal. Sin que se expresara en las calles, otra rebelión tuvo lugar cuando Néstor Pitrola denunció las dietas fabulosas del Congreso, por parte del mismo régimen que quiere “arreglar el fin de año” con mil pesos para jubilados y desocupados. Bajo la conmoción popular que generó la denuncia, nuestra moción en favor de debatir la anulación de las dietas reunió más de 100 votos y sacudió durante varias días a la opinión pública

Nuestra plataforma para Atlanta

Este impacto es sólo un síntoma de lo que podría cosechar una acción política sistemática del Frente de Izquierda, en un país donde los explotadores y sus partidos aún no han podido superar la crisis de fondo causada por la bancarrota capitalista y la rebelión popular de 2001. El acto de Atlanta, sin embargo, sólo interrumpe una larga parálisis del FIT. En estos diez meses de macrismo, el Frente de Izquierda no ha actuado en un marco común. La expresión más aguda de esa escisión ha sido la ruptura por parte del PTS del acto del 1° de Mayo, pero ha tenido también expresión en innumerables episodios faccionales en el movimiento obrero y en la juventud. La parálisis o la división del FIT es, objetivamente, un servicio al pejotismo y kirchnerismo decadentes, que pretenden manipular la oposición popular al ajuste en pos de su propia reconstrucción política. A la luz de esta constatación, el desafío planteado es que Atlanta constituya la plataforma para una enérgica acción del Frente de Izquierda a la escala de todo el país, a través de una agitación contra el gobierno ajustador y sus cómplices, la unidad de acción en los sindicatos y organizaciones juveniles, y el desarrollo de un programa que postule al FIT como alternativa política. Es necesario que asociemos la lucha y la organización por la concurrencia a Atlanta a este planteo de acción “para después de Atlanta”, y refrendarlo con la presencia activa de miles de trabajadores, jóvenes y mujeres de todo el país.

El conflicto por la posible construcción de un megashopping en Caballito, en las tierras linderas al Club Ferro, ya ha tomado el volumen de una crisis política. Por quinta vez en los últimos años, el macrismo va a la carga por el cambio de zonificación de ese predio, lo que le permitiría al grupo empresario Irsa construir un gran centro comercial.

El proyecto agravaría hasta lo indecible el cuadro de saturación urbana y colapso de servicios que caracteriza hoy a Caballito. En oposición a Irsa, las organizaciones del barrio han presentado un proyecto para desarrollar un parque público en las actuales tierras ferroviarias. La iniciativa plantea la expropiación de estos terrenos, que Irsa adquirió en 1998.

El macrismo alega que, de llevarse adelante esa expropiación, el Estado debería resarcir a Irsa con una suma millonaria. De un modo general, la oposición admite esa jugosa compensación, pero la justifica en función de ganar un espacio verde en la Ciudad.

La pregunta es: ¿corresponde resarcir millonariamente a Irsa? La compra de estas tierras por parte de este grupo empresario al club Ferro está plagada de irregularidades. En 1981, Ferrocarriles Argentinos se las había vendido al club para que fueran destinadas exclusivamente a para prácticas deportivas. Las tierras estaban catalogadas como de “urbanización futura”, o sea, con uso a definir.

Una década después, Irsa se las compró a Ferro apostando a reunir en la Legislatura los votos necesarios en favor de una “rezonificación”. Desde ese momento, hasta la posterior transferencia a Irsa, no se tiene registro de cambio de uso alguno. Sin embargo, y de un modo que nadie ha esclarecido, hoy las tierras aparecen catalogadas como de uso “residencial”, admitiendo construcciones civiles aunque no un megacentro comercial.

Puede concluirse, entonces, que el grupo empresario sólo compró una apuesta. Por eso, pagó muy poco por un terreno cuya ‘puesta en valor’ sólo podría alcanzarse con una rezonificación posterior. Pero a la luz de la intensa oposición popular al megashopping, lo que corresponde decirle ahora a IRSA es que la “apuesta” la ha perdido.

La Legislatura debe “rezonificar”, sí, pero a favor del uso de estas tierras como parque público. Y luego, ‘compensar’ a Irsa, según el valor inmobiliario de estas tierras cuando fueron enajenadas -o sea, cero.

Planteamos, entonces, una expropiación sin resarcimiento alguno en favor de un grupo empresario que esperaba valorizar su capital con la varita mágica de una sanción legislativa. Razones no le faltaban, puesto que este tipo de “rezonificaciones” han signado los pactos políticos entre los partidos que dominan o dominaron la Legislatura.

Rechazamos el megashopping de Irsa; alertamos también respecto de un resarcimiento millonario a Irsa, cuya apropiación de los terrenos ferroviarios ha sido manifiestamente irregular. Vamos por un parque público en Caballito; ni un peso a Irsa, comisión investigadora de las cesiones de las tierras ferroviarias en los últimos treinta años. Ese es nuestro planteo.

El acto que realizará el Frente de Izquierda en el estadio de Atlanta representa, objetivamente, una autocrítica política. El FIT estuvo ausente, en cuanto tal, del escenario político a todo lo largo de un año de transición excepcionalmente crucial. En primer lugar, ha sido un año que puso en juego la capacidad de estabilización política inaugural del gobierno macrista, que se había comprometido a arrancar con una mega devaluación del peso, el retiro del impuesto a las exportaciones y el pago a los fondos buitres -esto último mediante un incremento extraordinario de la deuda pública. En segundo lugar, se produjo enseguida el estallido de la crisis del kirchnerismo y la adaptación completa de la mayoría del FpV a la ofensiva capitalista largamente avisada por el macrismo. Tuvo lugar un frente único del FpV y su diáspora con la estrategia financiera del macrismo. En tercer lugar, América latina asistió al derrumbe simultáneo de los llamados gobiernos populistas -en el caso de Brasil con el cambio de frente de la coalición petista y, en los hechos, con la complicidad del PT. La implosión del ‘populismo’ ocurre cuando la crisis mundial priva de bases duraderas a una reanudación del llamado ciclo neoliberal, y plantea explosiones financieras en un futuro cercano, con sus correspondientes crisis políticas. Hemos asistido a un inmovilismo del FIT de carácter estratégico, por su alcance y porque que ha puesto en cuestión su capacidad para explotar la crisis en desarrollo y para potenciar a la clase obrera como alternativa de poder. Las iniciativas particulares de cada partido del FIT, esencialmente de carácter episódico, no impugnan esta caracterización de inmovilismo -las confirman. De lo que se trata ahora es de saber si el demorado giro político que representa el acto del 19 es o no una corrección de este rumbo. La movilización por el éxito del acto debe hacerse con los ojos bien abiertos.

Por un viraje con contenido

El ascenso del gobierno macrista puso de manifiesto diferencias de caracterización de la etapa entre los partidos del FIT, y también de las fuerzas en presencia. De un lado, la que sigue haciendo hincapié en el ingreso en un período de avance de la derecha y de frente único de la llamada resistencia; del otro, la que caracteriza que la nueva etapa todavía tiene que ser determinada, de un lado por el desenlace de la crisis económica y la crisis de régimen, y del otro, por la lucha de clases contra el ‘ajuste’ en el período transicional de los nuevos gobiernos. Esta diferencia se trasplantó a otro asunto: el planteo acerca del carácter progresivo que podrían asumir el kirchnerismo y el ‘populismo’ fuera del gobierno en la nueva etapa, en oposición a la caracterización del descomunal desprestigio que los fracasos ‘populistas’ habían generado en el pueblo, así como la desmoralización de la masa de sus seguidores y su adaptación al cambio de frente de la burguesía. En lugar de abrir expectativas en un frente único con el ‘populismo’, el FIT tenía la obligación de explotar este desprestigio (dar una explicación de clase) para desarrollar a la izquierda, en lugar de encubrirlo. El PT brasileño, por caso, ha sido barrido en las recientes elecciones municipales, mientras la caída de Maduro no encuentra piso en los sondeos de opinión y ahora necesita del socorro del Vaticano y de Washington.

El impasse político del FIT se convirtió en una crisis con el boicot del acto del 1° de Mayo, del cual el PTS desertó con argumentos pueriles. El subterfugio utilizado para justificar este boicot puso de manifiesto una intención de romper con el Frente de Izquierda. El inmovilismo se convirtió aquí en liquidacionismo: quebrar el FIT en el Día Internacional de los Trabajadores no servía, precisamente, al fortalecimiento de la izquierda contra el gobierno de Macri. El pretexto -que Izquierda Socialista no caracterizaba como un golpe ‘parlamentario’ el juicio político a Dilma Rousseff-, no había sido esgrimido para bloquear su presencia en el FIT por el apoyo que dio al lock out agrario de 2008, ni su posición actual en la guerra en Siria. Tampoco tenían el mismo carácter o contenido las posiciones “anti-golpistas” en las que coincidían en apariencia el PTS y el PO: para el PO, el golpe representaba un cambio de régimen político en perjuicio de los trabajadores y no el reemplazo de un gobierno que hubiera sido más afín a los intereses populares (“no son lo mismo”). Las divergencias, mientras no afecten a los intereses o acciones inmediatas del proletariado, simplemente deben ser discutidas, siempre con métodos claros -no deben servir como sucedáneos del faccionalismo. Es lo que debería ocurrir, por ejemplo, con el debate en el movimiento femenino y con la posición anti-socialista que postula la reglamentación estatal del cupo de representación que deben tener las mujeres en los partidos patronales.

La decisión de marchar al acto de Atlanta es entonces, objetivamente, un giro político con referencia a este largo inmovilismo. El acto de Atlanta es objetivamente una autocrítica, con independencia de que no se lo quiera presentar como tal. El primer acto del Frente de Izquierda bajo el macrismo tiene lugar cuando éste ya conmemora el primer aniversario. En la Mesa del Frente de Izquierda fue rechazada la propuesta de que el acto estuviera precedido por una campaña de actos y movilizaciones en todo el país. O sea que es una iniciativa que sigue encuadrada en el inmovilismo. Si se hace para marcar el paso, sería encubridor. Sería como un paro de la CGT: aislado y sin continuidad. El FIT va al acto con una declaración política muy larga, pero sin un plan de lucha para crecer como dirección política de los trabajadores. A quienes oponen, como un esquema, la construcción del partido al desarrollo del FIT, es necesario recordarles que el FIT todavía es visto por un número importante de trabajadores y de jóvenes como el canal de una alternativa política de los explotados. La convocatoria al acto y la expectativa de una concurrencia numerosa, es una confesión de que es visto como un canal político. Mientras esto ocurra, la prevalencia de intereses sectoriales, desde argumentos doctrinarios y autoproclamatorios, es reaccionaria, y representa también un freno de aparato a la maduración de las masas. ¡Del acto de Atlanta debe salir un plan de acción!

El clasismo

A esta caracterización crítica del inmovilismo del FIT, hay que incorporar al movimiento obrero. Este año se produjo el mayor ascenso del clasismo en los sindicatos después de los nuevos delegados del subte, que dirigieron las huelgas por la reducción de la jornada laboral desde 2002/3. Nos referimos a la conquista del Sutna. En medio de la pretendida ‘derechización’ del país, se produjo un avance histórico en el movimiento sindical. La dirección revolucionaria del movimiento obrero se convertía de consigna en realidad. El proceso sindical y político en el sindicato del Neumático, encabezado desde la seccional San Fernando y la lista Negra, ha influido considerablemente en el desarrollo del FIT -por sobre todo, claro, entre los obreros de la zona norte del Gran Buenos Aires. La conquista del Sutna por parte del clasismo ha creado una nueva realidad sindical. Desconocerlo es peor que una necedad. Toda la izquierda debería apoyar la proyección nacional de esta conquista histórica.

Acontece, sin embargo, lo contrario: acompañando el inmovilismo del FIT, los compañeros del PTS han abandonado la comisión directiva luego de un intento fallido de oposición a la Directiva a la cual pertenecen, en una asamblea por el convenio, que fue respondido por la asamblea con silbidos. Para que la tribuna del acto del 19 sea una muestra efectiva de unidad obrera, esta política de liquidacionismo debe ser abandonada. Todas las acciones faccionales en los sindicatos han concluido en derrotas; la lista de unidad del Sutna en una victoria histórica. El FIT debe ponerse al servicio del desarrollo de nuevos Sutnas en el movimiento obrero.

Dirección y etapa

Desde el Caracazo de 1989, las insurrecciones indígenas en Ecuador en 2000, la rebelión popular de diciembre de 2001 y el levantamiento en Bolivia, en octubre de 2003; América latina asiste a una crisis de poder que interpela a todas las clases sociales. La tarea de una dirección revolucionaria es desarrollar la comprensión de esta situación, no esforzarse por negarla, por parte del proletariado. La ola ‘populista’ de la última década y media fue un reflejo distorsionado de esta crisis de poder; a lo mismo responde el crecimiento de la izquierda obrera de contenido socialista. Este curso desviacionista ha fracasado. La acentuación de la bancarrota capitalista, o sea la tetanización del sistema financiero y de las finanzas públicas como consecuencia de la sobreproducción de capital, augura crisis políticas más severas, sobre las que los trabajadores ya han acumulado una experiencia propia de casi dos décadas.

Este cuadro histórico debería determinar la orientación estratégica del Frente de Izquierda. La fragilidad de los recambios derechistas de gobierno en América latina opera en condiciones de quiebra de los regímenes políticos en presencia, retroceso de las fuerzas productivas, agotamiento de los partidos tradicionales y, por sobre todo, una tendencia reprimida o explícita a la rebelión popular. Tuvimos el reciente ejemplo de la huelga general del movimiento femenino. Una crisis de poder es siempre objetiva; que se transforme en revolucionaria está condicionada por el grado de comprensión que hayan desarrollado las fuerzas en disputa y de la organización que haya resultado de ello. El Frente de Izquierda debe adoptar un plan de acción política para conquistar más y más trabajadores para una lucha de clase independiente, y capacitarlos de este modo para que determinen la salida a las crisis capitalistas con métodos revolucionarios. Que la disputa electoral de 2017 sea presentada por la mayoría de los actores como un barómetro de las posibilidades de que el macrismo no cumpla su mandato, es una señal significativa. Lo mismo ocurre con los pronósticos catastróficos que se escuchan frente al endeudamiento extraordinario que ha tenido lugar en los últimos meses. En este escenario de contradicciones insuperables, la conclusión no puede ser otra que concentrar la acción política de la izquierda -en la agitación general, en los lugares de trabajo y los sindicatos, y entre la juventud y el movimiento de rebelión de la mujer-, para fortalecer el camino de una revolución socialista.

El acto del 19 debe servir como tribuna de clarificación y como marco de un plan de acción.

Publicado en facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/640748049439393

Es domingo al mediodía. En la sala de ensayos de Cabildo al 1100, nadie piensa en asados ni en almuerzos familiares. Allí se han reunido una veintena de los mejores artistas del país, entre ellos, coreutas, directores artísticos y pianistas. Son los “Artistas con el Frente de Izquierda”. Van a ensayar su presentación en el acto que prepara el FIT en la cancha de Atlanta, el próximo 19. Entre mates y partituras, cantantes del Colón, del Teatro de la Plata y otros centros líricos empalman dos entusiasmos. Uno, el de cantar. El otro, de ponerle fuerza al acto que reunirá a miles de compañeros en pocas semanas. “Queremos darle una voz a este esfuerzo de la izquierda por decir: aquí estamos, queremos ser alternativa en el país”, nos comenta un compañero. Desde La Plata se han sumado varios cantantes que no estuvieron con los “Artistas con el FIT” en la campaña pasada, pero que ahora “lo estamos pensando y, por lo pronto, queremos estar en Atlanta con ustedes”.

La directora del ensayo, al frente del piano, llama al orden a todos los cantantes y también a los voceros del FIT que nos hemos acercado a presenciar el ensayo. Sopranos, barítonos y tenores toman su lugar, y sube al aire un compás que nos estremece a todos: “Arriba los pobres del mundo”, cantan unas. “De pie, los esclavos sin pan”, se suman los otros. Nosotros asistimos al primer intento y el resultado es concluyente. Luego, nos invitan a sumar nuestra voz al coro. Es apenas un anticipo de lo que podría ocurrir en Atlanta.

Los artistas, tan vapuleados por los ajustes, la privatización y el desmantelamiento de sus teatros y la precarización laboral, también luchan por poner en pie una alternativa política junto a toda la clase obrera. “Y se alcen los pueblos con valor….”, concluimos todos. Como tantos otros compañeros en todo el país, los “Artistas por el FIT” se preparan, con todo, para venir a Atlanta.

Con una elevada concurrencia a las urnas (cerca del 70% de los 2.300 empadronados) y con casi el 50% de los votos, el Frente Docentes por el Cambio (Agrupación Naranja + Independientes) se impuso en las elecciones de renovación de la Comisión Directiva de Adiunt realizadas el pasado miércoles 26.

Con este resultado, el FDxC conquista 13 lugares en la próxima Comisión Directiva, ampliando su actual representación y conquistando la seccional más grande de la asociación (Filosofía y Letras), que hasta ahora había sido dirigida por el kirchnerismo. En toda esta etapa de lucha nacional de la Conadu Histórica por la reapertura de las paritarias y en toda la lucha de Adiunt contra el ajuste, el kirchnerismo estuvo borrado.

El triunfo del FDxC había sido precedido de una importante conquista en la lucha contra el ajuste: el incremento de 40 millones de pesos en el presupuesto de la Fundación Miguel Lillo. Esta prestigiosa institución científica estaba amenazada de despidos y de un fuerte recorte presupuestario (similar al que el gobierno quiere llevar adelante en el Conicet y otros organismos). Adiunt, que agrupa a los investigadores de la Fundación, sacó a la calle la lucha y la instaló en la agenda pública y hasta en la agenda parlamentaria nacional, con el apoyo de los diputados del Partido Obrero. Un día antes de las elecciones, se conoció la noticia del recule del gobierno en este intento de ajuste.

Las elecciones se dieron también en el marco de la lucha de la Adiunt en defensa de la obra social (Asunt), que está siendo vaciada por el Rectorado. Adiunt se había presentado a las elecciones del Consejo Directivo de la obra social, pero el Rectorado proscribió a la lista del gremio.

El crecimiento electoral del activismo combativo y clasista de la Adiunt es el producto de dos años de una conducción gremial consecuente en defensa de los derechos docentes y de lucha por la educación pública, basados en el método de la asamblea general.

En su campaña, el Frente Docente por el Cambio llamó a seguir fortaleciendo la Adiunt para las luchas que se vienen, principalmente poner en pie un poderoso cuerpo de delegados. El resultado en ese terreno también ha sido promisorio, conquistando 22 delegados (sobre 34 que se eligieron) con casi 950 votos.

Los monstruos alucinantes que pueblan las pesadillas de Juanito Laguna y Ramona Montiel son productos surrealistas, o de lo que Antonio Berni (1905-1981) llamó “neorrealismo” para definir su obra. En cambio, los dibujos sobre la represión (las represiones latinoamericanas en distintas épocas y, sobre todo, la de la última dictadura argentina) necesitaron acudir, para exponer el espanto, a un realismo aplastante, atroz. Los golpes, las capuchas, las torturas y los crímenes son latigazos en tinta, témpera, marcador y grafito. Las monstruosidades oníricas de Juanito y Ramona se vuelven en estos trazos realidad palpable, terrorismo material con forma humana.

En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba) se exponen esos trabajos inéditos de Berni, encontrados de casualidad durante una mudanza. Pero no es casual, seguramente, que el artista mantuviera esos dibujos en secreto, como si los hubiera hecho para sí: se debe tener en cuenta que, aunque su obra estuvo muy lejos del “realismo socialista” (que no era por cierto ni realista ni socialista), Berni adhirió al Partido Comunista, organización que respaldó explícitamente a la dictadura e incluso la sostuvo -hasta bastante después de que casi todos los partidos burgueses la hubieran abandonado porque se avizoraba su caída.

Berni fue él mismo un colaboracionista de la dictadura militar, vinculado con el genocida Emilio Massera. Por eso aquel régimen genocida le rindió honores, desde el ingreso en la Academia Nacional de Bellas Artes en 1978, hasta premios y una condecoración en 1979 y homenajes fúnebres cuando murió, en 1981.

En 1977, Berni expuso en el Museo de Bellas Artes de Caracas, patrocinado por la embajada argentina y personalmente por Massera, y planteó allí elogios a la dictadura. En esa ocasión la crítica argentino-colombiana Marta Traba, una activista antidictatorial, lo acusó de “colaboracionista”; el artista no desmintió el calificativo y solo le contestó con epítetos como “histérica” y “mediocre”.

Ahora, sus dibujos demuestran que Berni, al igual que su partido, no ignoraba la masacre que la dictadura militar estaba cometiendo.

La muestra, "Revelaciones sobre papel: 1922-1981", recorre esas obras y otras también desconocidas del gran plástico. Hay bocetos confeccionados para algunas de sus pinturas, cuadernos de viaje y otras piezas de rareza singular porque no corresponden a ninguna de sus series. Es un rompecabezas artístico que muestra a un Berni secreto, oculto, atormentado por el horror de ese mundo que tenía en la superficie las grandes galerías y los salones de lujo, las carreras oficiales y los premios sanguinolentos entre los que él mismo se movía cómodamente.

Nota: la muestra "Revelaciones en papel: 1922-1981", de Antonio Berni, puede verse en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba), avenida San Juan 350, Ciudad de Buenos Aires, en los horarios habituales del museo: martes a viernes de 11 a 19; y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada: 20 pesos (menores de 12 años, gratis).

Foto Catalina Guerrero

El segundo turno de las elecciones de Río de Janeiro dio el triunfo al candidato evangélico Marcelo Crivella (Partido Republicano Brasileño -PRB), con un 60% contra el 40% de Marcelo Freixo, del PSOL. Río había sido gobernada en la última década por una alianza del PMDB con el PT y el PCdoB. El derrumbe de este bloque político quedó, así, convalidado en las urnas. Crivella es un cuasifascista, lo que no impidió que fuera ministro en el gobierno de Dilma Rousseff. Enseguida de conocido el resultado, el pastor (en retiro) declaró que “las urnas afirmaron que no quieren la legalización del aborto, de las drogas y de las ideologías de género; y que esperan el apoyo de la Cámara municipal para que eso no avance” (O Globo, 31/10). Crivella es un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la mayor y más rica de las sectas neo-pentecostales del país; es propietaria de unos seis mil templos, cientos de agencias de turismo religioso, 23 canales de TV, 20 retransmisoras y 76 radios, que cubren el 80% del territorio nacional, y cuenta con un partido político propio, el PRB -un aparato de 22 diputados en el Congreso, 80 intendentes y 1.300 concejales.

La Iglesia Universal creció aceleradamente en todos los terrenos de la mano del PT, algo que Crivella agradeció públicamente. El ganador de la segunda ronda integró el bloque parlamentario del gobierno de Lula y el gabinete de Dilma. El vice del primer gobierno de Lula, el fallecido José Alencar, era también un jefe evangélico con posiciones fascistizantes. La putrefacción del centroizquierdismo brasileño se expresa en otro dato para la vergüenza: el futuro secretario de educación de Crivella será César Benjamín, quien fuera en 2006 el candidato a vice de Heloísa Helena (también ella evangélica) en la fórmula presidencial del PSOL. Hace tiempo fue hecho público que una de las principales siderúrgicas de Brasil, Gerdau, contribuía para la campaña de la candidata del PSOL de Porto Alegre, Luciana Genro.

Crivella enfrenta una fenomenal debacle del conjunto del Estado. Estas elecciones se desarrollaron en el cuadro de “La peor crisis financiera de la historia del Estado” (ídem, 25/3). El déficit fiscal del 202% del presupuesto, supera, claro, la barrera del 200% establecida por la “Ley de Responsabilidad Fiscal”. Una violación semejante fue la excusa para el Impeachment de Dilma. La quiebra del Estado obedece a los abultados subsidios al gran capital otorgados por la administración petista, por 151.000 millones de reales entre 2010 y 2015. Entre las beneficiadas se encuentran Nissan, Michelin, Loreal y los monopolios del transporte público. El derrumbe del precio internacional del petróleo afectó los ingresos del Estado vía royalties. La construcción civil y la obra pública están totalmente paralizadas. Los 30.000 obreros de la construcción pasaron en tres años a tan sólo 3.000 (ídem, 24/10).

El gobernador interino del Estado ha mandado a la Legislatura un proyecto para que se declare el “estado de calamidad pública” para habilitar el despido de empleados estatales, recortar salarios (hasta un 30%), aumentar los aportes jubilatorios (del 11% actual hasta un 14%) y aumentar impuestos. Los pagos de los salarios a estatales, docentes y fuerzas de seguridad se realizan fuera de los cronogramas y en cuotas. Está en duda el pago del aguinaldo para este año. Acecha la posibilidad del defol como consecuencia de la elevada deuda financiera.

Los dos turnos

El responsable de este desastre es el partido del presidente Temer. Con un 16% quedó en tercer lugar y perdió ocho de las 18 bancas en la cámara legislativa. La especulación inmobiliaria de las faraónicas obras para el Mundial y una corruptela millonaria con las grandes constructoras, como Oderbretch, podría llevar a la cárcel al ex gobernador Cabral.

El PT, que ni siquiera pudo presentar candidatos propios, concurrió en las listas de su histórico aliado, el PCdoB, y fue premiado con un paupérrimo 3% (Lula y Dilma participaron físicamente en la campaña). En 2012 ambos partidos habían ido coaligados con el PMDB.

El PSOL, que pasó de 4 a 6 concejales, quedó como segundo bloque. Con más de un millón de votos, fue la mayor elección desde la fundación del partido, en 2005, a pesar de contar con sólo 11 segundos en los espacios en los medios y escasos recursos financieros. En gran parte del territorio carioca, dominado por paramilitares (zona oeste), el PSOL tiene, en la práctica, vedado el ingreso.

El candidato del PSOL, Marcelo Freixo, trató de demostrar en toda la campaña que estaba lejos de ser un “extremista” y prometió que mantendría el diálogo con los empresarios. “Sería absurdo -declaró (ídem, 23/9)-, demonizar al capital privado”. Dados los desfalcos que cometen estos empresarios en Río, se trata de un compromiso pesado. También se comprometió a no nombrar secretarios de gobierno a representantes de la llamada ‘extrema izquierda’ del PSOL. Anunció que formaría un gabinete de notables y no de militantes. Desde un ángulo diferente al aplicado a Crivella, el PSOL exhibe una putrefacción política extrema. Es, sin embargo, la expresión casi unánime de la izquierda de Brasil.

El voto a Freixo se concentró en los barrios de la clase media de la zona sur, la parte más rica de la ciudad y fue marginal en las zonas norte y oeste, más pobres y obreras. La campaña tuvo por eje la defensa de los derechos de las minorías sexuales y étnicas, ordenar el transporte público y una reforma de la policía y de la guardia municipal. En toda la campaña no levantó ni una sola reivindicación obrera y de lucha. Frente al cuadro catastrófico que padece la clase obrera ni hizo referencia alguna a la crisis del capital y sus consecuencias sobre las masas populares.

El dato sobresaliente de los comicios en Río fue el récord histórico de abstencionismo, votos en blanco y nulos, que en su totalidad sumaron más de dos millones, el 42% del padrón, superando la votación obtenida por Crivella (1,7 millón) y la media nacional que fue del 33%. Ninguna organización política impulsó el votoblanquismo o el abstencionismo electoral durante la campaña.

En otras ciudades del país el PSOL fue aún más lejos en la promoción de carreristas. En el segundo turno en Belén (capital de Pará), cerró un acuerdo con el PMDB; en Cuiabá (Mato Grosso), el candidato del PSOL fue el procurador Mauro, un evangelista contrario al derecho al aborto y al casamiento gay -como mínimo, un Crivella al cuadrado. La llamada “esquerda radicalizada” como el PSTU con Cyro Gomes, sacó el 0,19% (5.759 votos) y el PCO menos de 290 votos.

Descomposición

En los meses previos a las elecciones y durante la misma campaña, fueron asesinados 17 candidatos a concejales y políticos en todo el Estado, mayormente en las zonas oeste y norte dominadas por las milicias paramilitares. Estos grupos mafiosos compuestos por agentes de las fuerzas de seguridad, tanto activos como exonerados por diferentes crímenes, actúan como un Estado paralelo recaudando cifras millonarias con el cobro compulsivo de tasas de seguridad, la venta de TV por cable clandestino, transporte trucho, agencias de préstamos de dinero con tasas usurarias y venta de garrafas al doble del precio de mercado. Aquellos pobladores de las favelas que se rehúsan a entrar en el circuito económico de estas mafias son castigados cruelmente. Estos milicianos cuentan con partidos políticos y varios representantes en las cámaras legislativas. En las recientes elecciones municipales conquistaron cuatro bancas en diferentes distritos y la intendencia de Río Bonito, donde el intendente electo y actual diputado,

Marcos Abrahão (PTdoB), está acusado de matar a un diputado para asumir en su lugar cuando él era el suplente.

Durante el transcurso de esta última campaña electoral los paramilitares cobraban hasta 120 mil reales de los candidatos para permitirles entrar a las zonas dominadas por ellos. Desde fines de 2015, los traficantes de drogas han emprendido una gigantesca ofensiva con armas de gran poder de fuego, retomando el control de las favelas “pacificadas” por la policía en los últimos seis años. Existe un verdadero clima de guerra civil en gran parte de la ciudad. El gobernador ya le exigió al propio presidente el envío inmediato del ejército para intervenir contra el crimen organizado, lo cual no hará más que incrementar los enfrentamientos con su tendal de civiles muertos y heridos. El secretario de Seguridad e ideólogo de las policías pacificadoras de las favelas (UPP) acaba de renunciar reconociendo la derrota de sus planes “pacificadores” y protestando por el recorte del 34% del presupuesto de su secretaría.

Según el censo de 2010, cerca de 1,4 millones de trabajadores viven en las 763 favelas de la ciudad. El número corresponde al 22% de la población. Son las víctimas directas de un Estado en permanente fragmentación, de la violencia de la Policía que más mata en el mundo, y de la acelerada descomposición social provocada por la crisis capitalista.

Los gobiernos, nacional y estadual están preparando en el Congreso y en la Legislatura de Río medidas y leyes que tienden a hacer tabla rasa de las conquistas históricas del proletariado brasilero. Tercerizaciones, aumento de la edad jubilatoria, flexibilización de las leyes laborales para abaratar los despidos, así como despidos en masa de empleados estatales. La burguesía brasileña que durante la etapa petista en el poder se benefició de forma extraordinaria, ahora está descargando todo el peso de su crisis sobre las espaldas agotadas de los trabajadores de la ciudad y del campo.

Por estos días comienzan nuevas luchas, como el paro de los empleados judiciales, las marchas de los trabajadores contra la privatización de la compañía de agua (Cedae) y la ocupación de colegios contra el recorte presupuestario para educación y la reforma de la currícula.

Mientras Brasil está siendo conmovido hasta sus cimientos por una crisis sin precedentes, la izquierda existente se ata cada vez más al carro putrefacto del Estado capitalista.

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/640300696150795

La victoria electoral de Donald Trump marca un giro político hacia el bonapartismo, o sea hacia un régimen de poder personal de contenido reaccionario. Se trata de algo que va más allá de la concentración de poder que otorga el sistema presidencial norteamericano.

La caracterización de Estados Unidos como una democracia de oligarquías agrarias, acompañada por un Ejecutivo simbólico, no es correcta históricamente y menos aún para su desarrollo ulterior. La guerra con México, la Guerra de Secesión, la anexión de hecho de Cuba, una seguidilla de crisis financieras a fines del siglo XIX y principios del XX y dos guerras mundiales propiciaron una fuerte centralización estatal; los organismos ‘reguladores’ en todos los campos, y en especial en la seguridad nacional, se encuentran, a todos los fines prácticos, por encima del Congreso. Este fenómeno no hizo más que acentuarse a partir de un sostenido armamentismo nuclear, un nuevo ciclo de guerras a partir de la desintegración de Yugoslavia y, finalmente (si se puede decir así), la bancarrota capitalista que va por su octavo año (y cuyo epicentro fue, precisamente, Estados Unidos) -o desde mucho antes, si arrancamos de la crisis asiática de 1997, y ni qué decir de la crisis industrial y financiera de la década del ’70.

No es casual que Clinton advirtiera en su campaña contra el peligro de que Trump manejara el gatillo nuclear. Esa simple posibilidad es un epitafio para cualquier democracia política y, por supuesto, para el conjunto del régimen social vigente.

Campaña golpista

Ahora culmina una campaña electoral que se caracterizó desde el inicio por poner en evidencia una crisis política de magnitud excepcional: tanto en el Partido Demócrata, con la victoria sin precedentes de un “izquierdista”, Bernie Sanders, sobre Clinton, en veintidós Estados, y en especial por el ‘nocaut’ técnico al aparato del Partido Republicano por parte de quien se exhibía como un ‘clown’ mediático, un millonario de negocios turbios. Un resultado diferente al que se conoció finalmente habría tenido por consecuencia, por lo tanto, sólo un cambio en la hoja de ruta de esta crisis política, de ningún modo una cancelación.

También a esta crisis hay que ponerla en perspectiva histórica, pues ha sido precedida por el asesinato de John Kennedy y su hermano Robert; el desmoronamiento de la gestión Carter; la derrota en Vietnam y la destitución de Nixon; el fraude electoral que impuso a George Bush (h) sobre Al Gore. La demolición a la que asiste el Partido Republicano tiene una década de desarrollo, con la aparición del fascistoide Tea Party.

La campaña electoral que acaba de finalizar tuvo un definido carácter golpista, pues se caracterizó por las ‘filtraciones’ del aparato de seguridad acerca de los candidatos y una lucha interna dentro de ellos, que el ‘trumpista’ Robert Giuliani, el inventor de la “tolerancia cero” en su gestión en Nueva York, calificó de “rebelión”. La ‘limpieza’ que hará Trump en el FBI dejará para el recuerdo a Stiuso, al Grupo Halcón, a Lagomarsino y a Nisman.

Es el inmovilismo, “estúpida”

Una victoria de Clinton no habría representado un tránsito en “la continuidad” sino el inmovilismo, y esto ante una crisis mundial que no cesa de crecer. Es decir, habría encabezado una administración sin certeza de fin de mandato.

La deuda pública, en la actualidad de 14 billones de dólares (que sumada a la de los Estados y municipios supera cómoda los 20 billones de dólares, un 120% del PBI, se proyecta a 22 billones de dólares para el año 2025 y a un total federal de 30 billones de dólares -sin contar los ‘entiltelments’ -o sea los pagos futuros de seguridad social. El servicio de intereses pasaría, en el mismo período, de 250 mil millones a 800 mil millones de dólares. China, Japón, Rusia y Arabia Saudita tienen en su poder más de la mitad de la deuda pública norteamericana, y los cuatro asisten a crisis financieras severas. Las consecuencias catastróficas que tendría la venta de esa deuda para la economía mundial es un tema recurrente en los mentideros financieros internacionales.

La ‘recuperación económica’ a la que se alude para reivindicar a Obama, no solamente tiene mucho de dibujo, ya que no hace referencia al decrecimiento de la población activa (que busca trabajo) ni al empeoramiento de la calidad del empleo y la remuneración de la fuerza de trabajo. El crecimiento del PBI es bajo -2 por ciento anual-, inferior al potencial, y tampoco registra el desgaste acelerado de la infraestructura y su más acelerada obsolescencia. ¡La productividad del trabajo está en retroceso! La deuda por estudios universitarios se encuentra en niveles de quebranto -es de un impagable billón y medio de dólares. Un Estado entero, Puerto Rico, fue declarado insolvente. El déficit de inversión es de tal magnitud que los bancos privados tienen atesorados casi tres billones de dólares. La emisión de dinero de la Reserva Federal, sea para rescatar bancos o financiar a tasa cero a las corporaciones, ha agotado todas sus posibilidades. La caída del comercio se verifica en el retroceso de la velocidad de circulación del dinero que se emite.

Cuando Obama anunció un aumento del 25% en las contribuciones a la salud, apenas dos semanas antes de los comicios, la intención de votos para Trump dio un salto y también dejó al desnudo la desfinanciación del seguro universal -entre otras cosas por la suba imparable de los medicamentos y de los tratamientos privados. De este modo, Trump recibió un empuje incluso con anterioridad a que el FBI informara que volvería a investigar a Clinton por su manejo de servidores privados para asuntos públicos.

Contra la clase obrera

Es así que, en el debate político de la crisis económica, la iniciativa la llevó el ‘clown’, no la que hacía gala de “experiencia”. Clinton desarrolló una agenda ‘cultural’ vacía en torno del clima, al género y el racismo -lo que no impidió que la votaran menos afroamericanos que a Obama y que una mayoría de mujeres ‘blancas’ (una curiosa distinción estadística) votara a su rival. Contra las previsiones de todas las encuestas, que preveían una menor participación electoral, por la alta “imagen negativa” de los dos candidatos, se registró un récord de concurrencia. Trump hizo eje en el “empleo” (la clave para su victoria), en forma engañosa. Planteó una política proteccionista y una desvalorización de la deuda pública como instrumentos de una re-industrialización de Estados Unidos -en realidad, una política de guerra comercial y financiera. Se valió del slogan ‘crear empleos’ para disimular el pasaje de la guerra comercial ‘normal’ a la devaluación y a los aranceles. El especulador inmobiliario, que aprovecha la valorización ficticia del terreno urbano, dejó al desnudo el carácter crecientemente rentístico de la economía norteamericana. Es precisamente esto lo que también puso en evidencia el Brexit.

Como buen representante de la reacción capitalista, se opuso al aumento del salario mínimo y a la defensa del derecho al trabajo por medio de los sindicatos. Se comprometió a bajar el impuesto a los réditos del 35 al 15 por ciento. Llegó a plantear la derogación de las normas de regulación bancaria (piso de capital) que cuestionan los bancos, y hasta nombraría, anunció el muy leído Político, a un agente de Goldman Sachs secretario del Tesoro -como ocurre con el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo.

Estamos ante un amasijo de medidas contradictorias, pero con un hilo conductor: guerra comercial y financiera y ataque a los derechos laborales; es decir, lo que, con menos estridencia, ha venido ejecutando la administración Obama. Lo mismo ocurre con el reforzamiento del Estado policial, que ya se encuentra militarizado. En el cierre de campaña, Trump puso mayor énfasis que nunca en que incrementaría en forma sustancial el gasto militar, como si las guerras de Obama-Clinton fueran un juego de niños.

Queda por ver si el capital norteamericano tiene la misma caracterización de Trump y si comparte la oportunidad de operar un salto cualitativo en la puja comercial y financiera para acaparar una mayor parte de la plusvalía mundial. En Gran Bretaña ya hay una reacción contra el Brexit y se perfila una crisis política; podría ocurrir algo similar en Estados Unidos. La política de extorsiones que Trump plantea contra los rivales de Estados Unidos en el mercado mundial, supone una mayor militarización y guerras. La sola noticia de la victoria de Trump ha acelerado el derrumbe de monedas como la lira turca o la libra egipcia; la salida de capitales podría producir una devaluación del peso argentino y afectaría el blanqueo.

De estas contradicciones y antagonismos emerge el carácter potencialmente bonapartista del magnate; Marx había observado que el lumpenaje puede representar una forma adecuada de gestión del Estado capitalista, sólo si antes ese Estado se apropia de la sociedad civil de un modo tan intenso como para viabilizar o instrumentalizar una gestión de lúmpenes. No es el caso de Estados Unidos por ahora, sacudido por las fuerzas centrífugas de la bancarrota capitalista mundial y una fuerte división de la burocracia del Estado y de sus partidos, y una potencial polarización política.

Lucha de clases

Para cerrar este análisis hay que volver al principio. Durante las primarias de esta campaña y enseguida después, los sondeos de opinión mostraron algo más que interesante: solamente Bernie Sanders podía ganarle un ‘tête à tête’ a Trump, e incluso a Clinton en una partida ‘à trois’. Sanders prefirió ir a la cola de la opción liberal frente a la fascista, luego de haber denunciado el carácter capitalista y proimperialista de Clinton (“representante de las corporaciones”) e incluso su “corrupción” y el manejo “fraudulento” de la interna que los había enfrentado en el Partido Demócrata. Desmovilizó de este modo a quienes lo habían votado en masa y abandonó el trabajo de llevar al campo de la izquierda que representaba, a los trabajadores afectados por la crisis más despolitizados. La posibilidad de una polarización política fue entregada a lo que termina siendo una victoria de la reacción política. Una responsabilidad mayúscula en todo esto corresponde a la burocracia de los sindicatos, que bloqueó una candidatura opuesta al bipartidismo y puso a su aparato al servicio de una probada camarilla antiobrera -como lo ha sido la familia Clinton.

En el lapso breve de unos meses quedó expuesta la inconsistencia política del centroizquierdismo pero, al mismo tiempo, la volatilidad de la crisis política del Estado burgués. Entre una candidata de la “lucha cultural” y uno de la “guerra (reaccionaria) de clases” y ganó este último. La historia se repite.

versión de la nota en ingles

Democracy in America: from de Tocqueville to Trump

Fuente: Publicado en facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/644376939076504

La crisis en el fútbol arde. La Superliga, impulsada por la Casa Rosada -y por su enviado Daniel Angelici- se proponía someter a los clubes e imponerles su conversión en sociedades anónimas; ahora, en cambio, se transformó en una herramienta de esos mismos clubes para ponerle límites a la avanzada gubernamental. Los clubes del Ascenso han dicho que en las condiciones actuales no participarán de la Superliga, mientras River y Boca pretenden voto calificado. No hay acuerdo sobre los porcentajes a repartir por los derechos de televisión, las elecciones de la AFA, la composición de la Asamblea y la del Comité Ejecutivo de la Asociación.

No obstante, es difícil que haya ruptura. Todos están de acuerdo en un punto: el fútbol argentino, sometido a esa organización bajo tutela de las grandes potencias, que es la Fifa (ella también en crisis profunda), quedará en manos de grandes pulpos internacionales de televisión, como los grupos Fox y Turner. Localmente, Torneos y Competencias será su socio menor, como los clubes chicos lo serán de los grandes. No hay un sector “progresivo” en relación con el otro: es una guerra entre mafiosos por la distribución del botín. Además, entre mafiosos quebrados.

El juego de cada cual

El viernes 4 se firmó el acta de fundación de la Superliga, lo que no significa que el engendro esté en marcha: fue ante todo un acting, un apriete a los clubes del Ascenso que no quieren saber nada con ella. “Los clubes grandes la llaman la Superliga, nosotros la llamamos la Superquiebra”, declaró Daniel Ferreiro, presidente de Nueva Chicago y portavoz del Ascenso. La pelea empeorará si se intenta, como es la idea, reducir de treinta a veinte el número de clubes de Primera División. Por el momento, aun sin eso, los 23 de la B Nacional exigen el 20 por ciento de los derechos de televisión, mientras la Primera les ofrece el 12.

El lunes 7 llegó a Buenos Aires ese grupo de tareas internacional que son los representantes de la Fifa y de la Conmebol. De las reuniones participaron los dirigentes de Boca, River y otros “grandes”, pero no Matías Lammens, de San Lorenzo (“no fuimos invitados”, dijo) ni Hugo Moyano (Independiente). Quiénes estuvieron, y quiénes no, revela hasta cierto punto en qué vereda está cada uno. La cuestión que más se debate es el reparto de los derechos de televisión y quién los manejará, si la AFA o la Superliga.

Ahora es Moyano el que busca el gran acuerdo entre mafiosos. Organizó un asado en Barracas Central, el feudo de su yerno Claudio “Chiqui” Tapia, en el que estuvieron Angelici y Víctor Blanco (Racing). Moyano dijo ahí que resulta necesario “avanzar con la Superliga, impulsar la unión de los dirigentes y normalizar la AFA de una vez, porque así no se puede continuar” (La Nación, 8/11). En otras palabras: frenada la iniciativa gubernamental, el burócrata se siente en condiciones de establecer la agenda para discutir los términos de esa “normalización”.

En cualquier caso, con sociedades anónimas o sin ellas, el fútbol conocerá su gran “tarifazo”, su ajuste brutal. El hombre que tiene el respaldo del gobierno para ser el presidente de la AFA, Daniel Vila, anunció que se deberá “pagar 280 pesos para ver los encuentros” a partir de 2017, lo que liquida la promesa presidencial de mantener la gratuidad hasta 2019. Lo pagarán, ante todo, los trabajadores.

Luego, lo sufrirán los clubes chicos y los socios de los clubes grandes. Alejado por completo de toda función social, de promoción del deporte, de impulsar la salud física y psíquica de los jóvenes, el fútbol, que desde hace mucho hace lo contrario, quedará en condiciones aún peores, colonizado por camarillas empresariales, de barrabravas y burócratas, socios menores de las grandes cadenas imperialistas de televisión. Sólo los socios y simpatizantes organizados podrán evitar ese derrumbe y salvar al fútbol.

Antes de que el xenófobo y fascistoide Donald Trump se alzara con la presidencia de los Estados Unidos, el régimen político y económico de la mayor potencia del planeta ya había dado poderosas muestras de desintegración. La deuda pública norteamericana, que se triplicó en la última década, supera el 100% de su Producto Bruto. El rescate capitalista de la bancarrota de 2007-2008 ha hipotecado las finanzas públicas, pero no sacó al país del pantano económico; lo que se expresa en la caída de la inversión y el rendimiento del trabajo, por un lado, y en el agravamiento de la miseria social, por el otro. El salario real se encuentra congelado desde hace tres décadas. Los que buscan los “brotes verdes” en la economía yanqui se solazan con una caída de la tasa de desocupación del 10 al 5% entre 2009 y hoy. Pero ese indicador oculta que, en el último lustro, se ha triplicado la proporción de norteamericanos de entre 25 y 50 años que han dejado de buscar trabajo. Del mismo modo, la desocupación juvenil roza el 15%. Los puestos de trabajo, después de la crisis, sólo se recuperaron parcialmente y a través de una mayor precarización. La victoria de Trump, incluso en bastiones históricos del aparato demócrata, ha traducido una monumental insatisfacción popular ante el crecimiento de la polarización social y la inseguridad de la existencia.

A comienzos de este año, Trump era sindicado como uno de los “freaks” de la interna republicana, esto es, un candidato sin chances y por fuera del respaldo del aparato partidario. Su victoria expresa la desintegración, no ya de su propio partido, sino del conjunto del régimen político norteamericano. Pero esa crisis, en la primera potencia del planeta, cuestiona al conjunto del orden económico y político que emergió de la caída de la Unión Soviética.

Defol encubierto y proteccionismo

A pocas horas de su victoria, Trump anunció un plan de obras públicas que debería financiarse sobre la base de un aumento de la emisión y de la deuda pública. Pero ese reendeudamiento vendría acompañado de una licuación de la “vieja” deuda, como consecuencia de una desvalorización del dólar que ya se ha puesto en marcha. Este defol encubierto es un golpe severo a los grandes acreedores de Estados Unidos, como China y Japón. Por otra parte, el antagonismo con China sería reforzado con trabas a las importaciones de ese país, las cuales, de todos modos, ya existen bajo la actual administración. Obama-Clinton, además, han parido un tratado “transpacífico” dirigido, precisamente, a aislar comercialmente a China. Como muchos de sus anuncios, los planteos proteccionistas de Trump son la expresión extrema de tendencias preexistentes -en este caso, de la agudización de los antagonismos comerciales que impone la bancarrota capitalista internacional, una de cuyas expresiones es la sobreproducción y sobreinversión en China. Estos planteos, sin embargo, entran en choque con los intereses de las corporaciones y sus esquemas de fabricación “globales”, que se extienden a los países asiáticos o a la maquila mexicana. A partir de estos límites, los llamados de Trump a incentivar la producción local podrían servir de coartada para impulsar una reforma laboral antiobrera al interior de sus propias fronteras, extorsionando a los obreros que lo votaron a resignar condiciones laborales y salariales a cambio de un eventual puesto de trabajo. Como todo nacionalista, Trump utilizará la coartada de la guerra comercial para acentuar la presión sobre la clase obrera. Pero también se servirá de ello como presión hacia México, Europa, China y América Latina, para arrancar mayores concesiones en favor de las corporaciones norteamericanas.

El nuevo presidente derechista también ha anunciado “mano dura”, una advertencia que tiene lugar en medio de grandes rebeliones de los negros y latinos pobres contra los atropellos policiales. También, en este punto, Obama-Clinton hicieron “escuela” con duras represiones y el reforzamiento del Estado policial. Entre los escándalos que sacó a la luz la campaña electoral, se revelaron los vínculos privados entre Hillary y los servicios de inteligencia (FBI) -o sea, un Estado conspirativo. En ese marco, muchos núcleos de inmigrantes registraron altas votaciones en favor de Trump, a expensas de quienes reclamaban el voto en nombre de las “libertades públicas”.

Guerra y crisis mundial

En el curso de la campaña, Trump llamó la atención con sus arrebatos belicistas en materia de política exterior. Pero también en este punto, recorrerá la saga que ya han abierto los demócratas. Cuando la campaña electoral finalizaba, Obama-Clinton lideraban una escalada militar de la Otan sobre la ciudad de Mosul, en nombre de combatir a un Ejército Islámico que prohijaron sus aliados turcos y sauditas bajo la vista gorda de la administración demócrata.

Pero el objetivo estratégico de esta ofensiva a sangre y fuego es la re-ocupación militar de Irak y, principalmente, la plataforma de una avanzada decisiva sobre Siria. El intervencionismo militar directo e indirecto del imperialismo yanqui está a la orden del día, y Trump cabalgará sobre esa tendencia. El magnate derechista, mientras tanto, le ha reclamado a la Unión Europea su “falta de colaboración” en el sostenimiento financiero de estas empresas bélicas. Ello preanuncia la tentativa de avanzar sobre la maltrecha unión del Viejo Continente, que asiste a un agravamiento de sus bancarrotas financieras en Alemania e Italia. Trump, al mismo tiempo, coquetea con una alianza con Rusia, otro expediente contra la Unión Europea y, principalmente, contra China. Pero un acuerdo con Putin sería también un intento de penetración financiera en Rusia, cuya economía debe ser rescatada de otra crisis de sobreproducción -la de los hidrocarburos. Las tendencias a la guerra y a la recolonización económica son una expresión necesaria de la crisis capitalista, que debe proceder a una liquidación de capitales sobrantes y de fuerzas productivas largamente postergada.

De Washington al “patio trasero”

De conjunto, la victoria de Trump es un golpe al gigantesco andamiaje político de contención de la crisis capitalista que ha tenido como ejes al Departamento de Estado, al Vaticano, a la troika europea y -con menos modales- a la Otan. Si estos concertadores han fracasado, también es cierto que las expresiones derechistas que han emergido de estas crisis tampoco han alumbrado una salida. El establishment norteamericano y mundial buscará ahora una “aproximación” a Trump y, naturalmente, a su agenda derechista. A su turno, Trump ha anunciado que gobernará “para todos”, en un intento por arrimarse al gran capital y al sistema político que había cerrado filas con Clinton. En esa línea están los nombres del nuevo gabinete -entre ellos, Steve Minujin, hombre del riñón de Goldman Sachs y de confianza de Wall Street, como secretario del Tesoro. Pero por debajo de estos movimientos, subyace el impasse social y económico de Estados Unidos, que no puede resolverse con gestos diplomáticos. La camarilla de Trump tendrá que vérselas con esas contradicciones y arbitrar sobre un Congreso dominado por los ajustes de cuentas y las tendencias a la desintegración de sus partidos. El sistema político de la principal potencia del planeta ha ingresado en un régimen de manotazos y crisis permanentes.

La escalada de reendeudamiento anunciada por Trump, junto a la inestabilidad financiera internacional, podrían conducir a una suba de las tasas de interés que, de todos modos, ya había anticipado la actual administración del Banco Central norteamericano. Pero un reflujo de recursos hacia Estados Unidos dejaría pedaleando en el aire a los “emergentes”; que se han servido de las tasas de interés bajas o incluso negativas para reciclar y aumentar sus propias hipotecas, como ocurre, en primerísimo lugar, con el gobierno Macri. El multitudinario elenco de diputados, senadores y legisladores argentinos que viajaron en estas horas a Estados Unidos para saludar la victoria de “la amiga de Wall Street” ha vuelto trasquilado. El gabinete del “retorno a los mercados” se ha topado con la desintegración económica y política “del mercado” al cual ha apostado su futuro.

Izquierda

La victoria de Trump en la interna republicana no fue el único fenómeno que dio cuenta de una desintegración de los partidos históricos de la burguesía americana. Entre los demócratas, la candidatura de Sanders, que se embanderó con reivindicaciones sociales, le dio una dura batalla a Clinton. Todas las encuestas durante las primarias daban cuenta de que Sanders le podía ganar a Trump, lo que no aparecía seguro con Hillary como candidata. Los 10 millones de votos que obtuvo Sanders en las internas muestran que no hay una derechización homogénea de la situación política, sino un principio de polarización que Sanders no desenvolvió. Aunque luego de la interna, sus bases y activistas le reclamaban una postulación independiente, Sanders se alineó con Clinton con el argumento de “enfrentar a la derecha”. Con el mismo planteo, buena parte de la opinión pública progresista o democratizante del continente llamó a votar a Hillary Clinton. Pero los obreros que seguían a Sanders optaron por Trump, hartos de los rescatistas democráticos del capital financiero. Así, el progresismo mundial cayó en el más temido de sus pecados políticos... fueron “funcionales a la derecha”. Estamos ante una poderosa lección para la izquierda de Estados Unidos y mundial: si la polarización social que desarrolla la crisis es la excusa para que la izquierda se alinee con los agentes centristas o clericales del capital financiero, entonces esa izquierda cargará con la responsabilidad de entregarle la dirección de las masas a los fascistoides.

La función de una izquierda revolucionaria, por el contrario, es hacer emerger una polarización política de la crisis capitalista, entre los defensores del capital y la guerra, de un lado, y un programa y una salida para los explotados, del otro. En Estados Unidos, el fascista y flexibilizador Trump no tiene nada para ofrecerle a la clase obrera, que tiene planteada hacer emerger un partido propio de esta desintegración política. En Argentina, esta convicción debe servir para que trabajemos, en los días que quedan, para que esa perspectiva se exprese en una gigantesca demostración política del Frente de Izquierda en la cancha de Atlanta.

Con la salida de una declaración y la organización de charlas, plenarios y grandes mesas de agitación, la UJS lanzó en todas las facultades y sedes del CBC de la UBA la campaña para movilizar a centenares de estudiantes al acto del Frente de Izquierda en la cancha de Atlanta.

La declaración de la UJS recoge la experiencia de la universidad luego de este primer año de gobierno de Mauricio Macri. En la UBA, la reacción contra las medidas ajustadoras no se hizo esperar. Con cortes, clases públicas y la huelga docente respondimos al 0% de aumento presupuestario y al recorte al salario docente. El punto más alto de esta rebelión fue la movilización del 12 de mayo, donde 70.000 estudiantes y docentes marchamos al centro del poder político. Las energías del movimiento estudiantil se volvieron a poner de manifiesto en las últimas semanas con movilizaciones contra el recorte en el Presupuesto 2017 en Ciencia y Tecnología.

Lejos de unificar a la UBA como un todo, esta lucha delimitó campos. El rector Barbieri -candidato a ministro de Scioli- y los decanos radicales y peronistas que votaron el 0% se colocaron en el terreno del ajuste contra la educación. Es lo mismo que ocurre con los gobernadores kirchneristas que reproducen el ajuste macrista en sus provincias, o en el Congreso, donde el gobierno contó con los votos de la oposición para aprobar el acuerdo con los fondos buitres.

Los resultados de las elecciones estudiantiles dan cuenta del impacto que tuvo esta experiencia entre los estudiantes. Allí donde los centros de estudiantes fueron motores de la lucha contra el ajuste, sus conducciones fueron revalidadas ampliamente. El PRO retrocedió en todas las facultades y en donde se jugó a desplazar a la izquierda (Fadu), en alianza con el Rectorado y Franja Morada, fueron rotundamente derrotados. El kirchnerismo fracasó en su gran apuesta que era arrebatarle el centro de Filosofía y Letras a la izquierda. No alcanzó el apoyo que recibió de La Mella (Patria Grande), que dilapidó buena parte de su caudal electoral en esa facultad.

Algo similar había ocurrido antes en las elecciones de Farmacia y Bioquímica, sepultando la política que pretendió llevar a La Cámpora a la presidencia de la federación universitaria. La ayuda desembozada a estas tentativas por parte de las autoridades desnudó la esencia del "frente ciudadano" de CFK: un compromiso con los ajustadores.

La convocatoria a la cancha de Atlanta debe tener en cuenta el hecho de que el Frente de Izquierda no abordó las elecciones de la UBA en forma homogénea. La UJS y el Partido Obrero defendimos listas de frente único para defender las conquistas estudiantiles y golpear a las autoridades ajustadoras y sus expresiones electorales. Nuestro saldo general fue positivo: crecimos en cantidad de delegados a la Fuba y revalidamos ampliamente la conducción de los centros que dirigimos. Por el contrario, los ensayos divisionistas que algunos partidos del FIT promovieron en facultades como Fadu o Ingeniería no pasaron de la marginalidad.

La experiencia de este año demostró que Macri está muy lejos de ser invencible. Su fuerte es la colaboración con la que cuenta por parte de la burocracia sindical, la Iglesia y todos los partidos tradicionales. La conclusión es que podemos defender la universidad y la educación pública poniendo en pie una alternativa política propia. El 19 de noviembre, los estudiantes tenemos la oportunidad de unirnos en esta pelea junto a los trabajadores que luchan contra los despidos, con las mujeres que luchan contra la violencia y con el movimiento piquetero que se vuelve a poner de pie ante el recrudecimiento de la miseria. Llenemos con este objetivo la cancha de Atlanta.

Se están sumando a la movilización nuevos contingentes de compañeros y compañeras de diversos movimientos de lucha. En la provincia, el acto forma parte de un plan de reclutamiento y afianzamiento del Partido Obrero y el Frente de Izquierda como alternativa política.

El viernes 4 se desarrolló una mesa-debate con más de 200 asistentes, que colmaron el Círculo de Prensa. Los panelistas fueron Ariel Osatinsky, recientemente reelecto como secretario general en la conducción de Adiunt (docentes universitarios); Alejandra del Castillo, dirigente del Plenario de Trabajadoras y referente de las luchas que el movimiento de la mujer ha desenvuelto en la provincia (por Paulina y Celeste; libertad para Belén; hacia el Encuentro Nacional de Mujeres y en el nuevo #NiUnaMenos); y Daniel Blanco, dirigente provincial y miembro de la dirección nacional del PO.

El debate sobre los principales desafíos que presenta la reaparición del FIT en la escena política, así como la nutrida concurrencia, pusieron de manifiesto el interés por concretar un acto multitudinario, que trace para los luchadores presentes un plan de acción que dé continuidad a la lucha por desarrollar el FIT y transformarlo en alternativa política.

En función de esta perspectiva, en todos los frentes militantes de Tucumán se están dando importantes procesos de intervención y lucha política y preparándose delegaciones.

El Polo Obrero viene de protagonizar dos jornadas con más de 500 compañeros, al calor de las cuales se están organizando nuevos núcleos en el interior y en barriadas de la Capital.

Se movilizarán a Atlanta delegaciones de Los Ralos, Delfín Gallo, Posse, la Florida, Leales (Cortaderal, Fronterita, Orán, Mancopa), Estación Aráoz; de varios barrios de la capital (El Trébol, Lola Mora, Las Piedritas, Villa Amalia, entre otros). Habrá una importante representación de la Toma, el principal asentamiento triunfante en la provincia.

Viajarán docentes universitarios, que vienen de protagonizar una significativa victoria del clasismo (confirmando en la dirección del gremio a una lista encabezada por reconocidos militantes del Partido Obrero), así como docentes de la UDT, donde el Partido Obrero integra la lista Multicolor que enfrenta a la burocracia entreguista y aliada a Manzur.

Del movimiento de lucha contra la impunidad viajarán nuevos núcleos de familiares, que se referencian en el PO por ser la única organización que sostiene la Comisión de Víctimas. Por el movimiento de mujeres irán nuevas compañeras, que se han sumado al partido luego de la experiencia en el Encuentro Nacional de Mujeres; existen núcleos en desarrollo en varias localidades (Tafí Viejo, Famaillá, Santa Lucía, Trinidad, Concepción, Alpachiri).

La delegación obrera y sindical deberá vencer los problemas de la falta de permiso y regímenes sancionatorios para las ausencias.

Junto a los docentes, aspiramos a llevar una fuerte delegación de obreros de la madera, del citrus (cosecheros y de los empaques), de la construcción, gastronómicos, de Gasnor, azucareros (del surco y los ingenios), de los call centers, del Sitre (salud enfermería) y gráficos, entre otros.

En todos los frentes ya comenzamos nuestra campaña financiera para recolectar los fondos del viaje, lo que incluye actividades culturales y sociales en varias zonas.

Para el PO, el acto es un gran desafío, que incluye alcanzar la venta semanal de 500 Prensa Obrera y realizar, al retorno del acto, un plan de cursos masivos que permita un plan de reclutamiento, duplicando las fuerzas actuales de la regional. En función de esta perspectiva, ya hemos abierto (y planeamos abrir) nuevas sedes partidarias, que sirvan para apuntalar la colocación del PO y del FIT como alternativa política en la provincia.

Saldrán micros desde Los Ralos (Centro cultural y sede del Polo Obrero), la Plaza de Delfín Gallo, la Estación Araoz, el cruce de Ruta 9 y el Cortaderal y la Plaza San Martín en San Miguel.

La coalición ajustadora que gobierna la Argentina da muestra, no ya de su carácter reaccionario sino también de su completo desconcierto frente a la marcha de la crisis capitalista internacional y sus remezones políticos. La burbuja financiera construida en estos meses por el macrismo, y que significó un endeudamiento público de más de 50.000 millones de dólares, ha comenzado a tambalear. Los mismos gurúes que convocaban hasta hace unos días a la compra de títulos argentinos envían ahora tuits recomendando “salirse”, ante la posibilidad cierta de una fuga de capitales de Argentina y los emergentes hacia los Estados Unidos -ello, como resultado de una suba de la tasa de interés internacional.

Los “analistas” sostienen que esta crisis en ciernes es el resultado del “inesperado” triunfo de Donald Trump. Pero es al revés: la victoria del demagogo fascista yanqui es una expresión política de la crisis capitalista, que impone salidas de fuerza a la desintegración de los bloques políticos y económicos que signaron el orden de la segunda postguerra.

El macrismo y sus socios, que salieron a reciclar otra quiebra -la de la Argentina- apostando a ese mercado mundial en ruinas, se han quedado ahora sin libreto. El gabinete del “dólar planchado” y las “metas de inflación” deberá vérselas ahora con una guerra devaluatoria internacional. Sólo en una semana, la depreciación de la moneda brasileña aventajó en cinco puntos al peso argentino, aún cuando éste también se devaluó. Si el gobierno acompaña esta guerra de monedas, acelerará la salida de los capitales que vienen a especular con las tasas de interés usurarias y el dólar fijo. Ni qué decir que una nueva devaluación haría volar por los aires a las “metas de inflación” y al propio presupuesto que está en debate en el Congreso. Si, por el contrario, el gobierno sostiene la paridad cambiaria, acentuará las tendencias a la quiebra industrial y al déficit comercial del país. Al macrismo, en definitiva, se le han quemado los papeles.

Es mi presidente

Mientras se extiende el desconcierto económico, la mayor parte de la coalición gobernante y la oposición despliegan votos de confianza en el demagogo derechista que ha sido consagrado presidente. Un desfile de apoyos que muestra la completa dependencia de la burguesía argentina y sus partidos respecto del capital financiero internacional. Esta adaptación política se extiende con particular fuerza a los opositores “nacionales y populares”. Daniel Scioli y Cristina Kirchner le han prodigado elogios a Trump, ésta última, poniendo énfasis en sus anuncios proteccionistas y nacionalistas -como si el nacionalismo de la principal potencia imperialista no constituyera, antes que nada, un anticipo de que sus prerrogativas económicas y políticas serán defendidas a sangre y fuego en todos los rincones del planeta.

Para quienes soñaban con una “resistencia” de la mano del kirchnerismo, es bueno que tomen nota de este coqueteo de su jefa con quien debutó anunciando deportaciones masivas de inmigrantes. Precisamente, y empalmando con la agenda reaccionaria de Trump, el gobierno ha lanzado una escalada de anuncios persecutorios contra los trabajadores extranjeros en Argentina, cuyo mentor, de todos modos, ha sido el jefe de senadores del Frente para la Victoria. En cualquier caso, la “empatía” con Trump es una poderosa señal respecto de los recursos que empleará el macrismo y sus opositores de cara al agravamiento de la crisis internacional: una mayor ofensiva contra las conquistas salariales y laborales de los trabajadores argentinos.

Dos perspectivas para los trabajadores

Mientras aparecen estas señales de guerra contra la clase obrera, la CGT ha resuelto guardarse bajo el alero de las “organizaciones sociales” afines al Vaticano -este es el bloque de fuerzas que impulsa la marcha de este viernes 18.

La plataforma de este frente es la legalización de un extendido esquema de trabajo precario y subpagado, como respuesta a los despidos y al aumento generalizado de la miseria. En esto consiste el contenido de su “emergencia social”. Pero la crisis capitalista podría barrer incluso con el asistencialismo oficial, en el que se funda la “paz social” que impulsan la burocracia y sus socios. Es que una crisis financiera del Estado colocaría con más fuerza la cuestión de un ajuste contra el conjunto de los gastos sociales. De cara al nuevo escenario internacional, el “frente Vaticano” también podría quedarse prematuramente sin libro .

A la luz de este cuadro general, el acto del Frente de Izquierda en Atlanta cobra una enorme dimensión política. El Frente de Izquierda tiene la responsabilidad de hacer emerger una auténtica polarización política, en medio de los virajes y crisis que deberán producirse como consecuencia de esta nueva fase de la crisis capitalista internacional.

El gobierno se encuentra preparando un decreto de “endurecimiento” de los controles migratorios. Incluiría un reforzamiento de los controles fronterizos y medidas para propiciar “la aceleración de la expulsión de los inmigrantes irregulares” y la habilitación de lugares de retención hasta la deportación (Clarín, 12/11).

Según fuentes del gobierno, para el oficialismo, la vía del decreto sería preferible “a un debate legislativo con destino incierto” (ídem, 13/11). Sin embargo, los primeros pronunciamientos de los bloques parlamentarios del PJ y el Frente Renovador fueron favorables a la iniciativa. Por su parte, Stolbizer dijo que el planteo era “demagógico y peligroso”, aunque ha sido el caballito de batalla de su nuevo socio político, Sergio Massa.

La ofensiva xenófoba cobró impulso a partir de las declaraciones del jefe del bloque de senadores del PJ, Pichetto, contra las “lacras” de Bolivia y Perú.

Poco antes, el programa de Jorge Lanata emitía un “informe” sobre una supuesta invasión de estudiantes latinoamericanos en (los posgrados pagos de) la UBA y sobre hordas de paraguayos que viajarían especialmente a la Argentina para parir en nuestras maternidades y abarrotarse de medicamentos contra el Sida.

Al gobierno de Cambiemos, que montó sucesivas campañas contra cualquiera que traspasara la General Paz para atenderse en los hospitales públicos de la Ciudad o inscribir a sus hijos en las escuelas porteñas, no le costó mucho recoger el guante. Por su parte, los gobiernos de Misiones y Chaco establecieron convenios de compensación económica con el gobierno de Paraguay por el uso de su infraestructura hospitalaria.

Capitalismo e inmigración

Estos ataques cumplen la doble función de dividir a la clase obrera y de acentuar las condiciones de súper-explotación de los trabajadores inmigrantes. La presión policíaca sobre ellos los empuja a aceptar condiciones aún más miserables de subsistencia, mientras se discute una nueva reforma laboral flexibilizadora. La xenofobia oficial complementa el ajuste. Asertos como los de Lanata son la punta de lanza para justificar el arancelamiento de los hospitales y universidades.

Durante los gobiernos K, que se caracterizaron por una enorme apertura al trabajo precario, industrias como la textil consolidaron su basamento en el trabajo semi esclavo de los inmigrantes. En el caso de la comunidad boliviana, se produjo una diferenciación social entre los dueños de los talleres -en los cuales las grandes marcas tercerizan su producción– y sus compatriotas, conchabados por salarios de pobreza más la comida y el alojamiento, en el mejor de los casos.

El rechazo a los inmigrantes en nombre de la defensa del “trabajo argentino” o del presupuesto nacional es una farsa.

La regulación de las olas migratorias está sometida a las necesidades del ciclo capitalista. En etapas de expansión, los países compiten por captar flujos de inmigrantes. En épocas de crisis, son expulsados o sometidos a aceptar las peores condiciones de existencia. En un país despoblado como la Argentina, el rechazo a la inmigración es la confesión de un fracaso histórico de su burguesía. “Gobernar es poblar”, decía Sarmiento.

Los arranques de los xenófobos criollos reproducen a pequeña escala la ofensiva fascistizante de Trump contra la población latina en Estados Unidos y la hostilidad de los gobiernos europeos hacia los refugiados de las guerras imperialistas de Medio Oriente.

El problema no es la inmigración -sea entre países limítrofes, del campo a las ciudades o de la periferia a las metrópolis- sino la organización social capitalista que pauperiza a los trabajadores, más allá de cualquier frontera.

El anuncio del Pentágono, el 16 de noviembre, de que retira el respaldo de sus fuerzas militares a las operaciones apoyadas por Turquía en el norte de Alepo, constituye una bomba política de alcance internacional. Es que pone de manifiesto el derrumbe de la estrategia norteamericana en Siria y adelanta, por otro lado, el giro político que ha venido planteando Trump desde antes del fin de la reciente campaña electoral en Estados Unidos. También es un paso incierto hacia un acuerdo con el gobierno de Putin sobre Siria -el cual divide fuertemente al establishment norteamericano. La ruptura de Estados Unidos con Turquía representa, contradictoriamente, un peligro potencial muy grande para la intervención rusa en Siria. Aunque el “retiro” que anunció Estados Unidos deja definitivamente dividida a la ‘alianza islámico-democrática’ que defiende el norte de Alepo contra una ocupación del ejército de Bashar al-Assad, con apoyo de Rusia, acerca la posibilidad de un choque con Turquía, que siempre ha querido que toda la región norte quede como una “zona de seguridad” bajo su tutela.

Obama y Erdogan

Obama había impulsado la intervención de Erdogan en el norte de Siria (sur de Turquía) como un auxilio importante para desalojar al Estado Islámico de ese territorio de frontera, pero por sobre todo para producir un “cambio de régimen” en Siria. El presidente afroamericano en retiro había dejado para el archivo la evidencia de que Erdogan había sido el apoyo fundamental para el desarrollo del EI, en primer lugar con la intención de derribar al gobierno de al-Assad y de convertir a Siria en un protectorado turco-norteamericano. Erdogan, sin embargo, cambió de ruta en medio del camino y dirigió sus mejores esfuerzos a aniquilar a las YPG -la milicia kurda que integra la “coalición de fuerzas democráticas” apoyada por Estados Unidos con armas, hombres e intervención aérea, que combate al régimen sirio. El desarrollo del movimiento nacional kurdo en las fronteras de Turquía con Irak, Irán y Siria ha desatado en el gobierno turco una reacción furiosa, que se manifiesta en la brutalidad cada vez mayor de la represión que dirige contra el movimiento kurdo en su propio país -que representa más del 15% de la población de Turquía. En esa misma línea, Erdogan instaló hace dos años una base militar cerca de Mosul (Irak), con el propósito último de desalojar a las milicias kurdas (‘peshmergas’) apoyadas por Estados Unidos, en el combate para recuperar esta segunda ciudad en importancia de Irak de manos del Estado Islámico. Hillary Clinton había advertido, en una respuesta a las acciones de Erdogan, por un lado, y a los planteos ‘pro-rusos’ que atribuía a Trump, por el otro, que estaba dispuesta a incrementar la intervención norteamericana para detener la acción anti-kurda de Turquía -que tiene las fuerzas armadas más importantes de la Otan, luego de Estados Unidos. No debe extrañar, entonces, que esta crisis haya eclosionado en una tentativa fracasada de golpe militar en Turquía, que el gobierno turco atribuye a sus ‘aliados occidentales’. Asistimos a la crisis política terminal de una intervención político-militar imperialista que, luego con la intervención de Rusia, tiene como carne de cañón a la población civil de Alepo y del conjunto del Medio Oriente y el norte de Africa.

El cambio de frente del gobierno turco, que pasó de sostener al EI a ostentar la intención de enfrentarlo, y del apoyo a la “coalición de fuerzas democráticas” de Siria a atacar a su componente kurdo, fue complementado con el viraje hacia un acuerdo con Rusia, a la que había combatido por haber intervenido en Siria para salvar al régimen de al-Assad. Ahora, este acuerdo se encuentra comprometido, esto por el apoyo de Erdogan a las fuerzas islámicas que combaten al régimen sirio en Alepo. Varios observadores han advertido acerca de la posibilidad de que las tropas turcas que combaten al EI en el norte de Siria extiendan su acción a la sacrificada ciudad de Alepo. El temor es fundado, porque sería la consecuencia última del combate de Turquía contra el YPG kurdo -un combate que para Turquía tiene prioridad sobre el que dice librar contra el Estado Islámico. Damasco ha respondido al viraje turco con uno de su propia cosecha, pues se encuentra apoyando al YPG kurdo contra el EI, para impedir que el territorio ocupado por este caiga en manos turcas. La evidencia de que la situación en Siria se encuentra fuera de control, tanto para Estados Unidos como para Rusia, es un buen motivo para que Trump busque parar el desmadre en un acuerdo con Rusia. El detonante para esta reunión entre un bonaparte y un aspirante a ello lo ha desatado el mismo Obama, que advierte contra tal acuerdo, con el anuncio reciente de que el Pentágono retiraba su apoyo a las fuerzas turcas que operan con sus aliados islámicos en Alepo.

Trump y Putin

Son muchos los analistas que confiesan su perplejidad acerca de las versiones que atribuyen a Trump la intención de llegar a un acuerdo con Putin -incluso después que Trump dejara trascender su disposición a reconocer la absorción de Crimea (cedida por la URSS a Ucrania) por parte de Rusia. Alegan, razonablemente, que un acuerdo que preserve a Bashar al Assad sería incompatible con la hostilidad que Trump comparte con Israel hacia el acuerdo nuclear con Irán. Pero, hay que aclarar, el ‘establishment’ sionista se encuentra dividido sobre ese acuerdo porque la alternativa sería una guerra. Por otro lado, un acuerdo Trump-Putin contemplaría un curso ya previsto en otras tentativas de acuerdo en el pasado: el retiro a plazo de Bashar al Assad. Hezbollah, después de todo, gobierna Líbano con la Falange cristiana. El hueso más duro de roer no sería Irán sino Ucrania, pues Rusia reclama el levantamiento de las sanciones que le fueron impuestas por la asimilación de Crimea. Un acuerdo sobre este punto enfrentaría a Trump con la Alemania de Merkel; pero eso ya está planteado en el programa de guerra comercial y financiera que ha anunciado Trump y, por sobre todo, en la guerra de ‘dumping’ fiscal (repatriar capitales con el anzuelo de impuestos más bajos) con la zona euro. La guerra reaccionaria en el Medio Oriente nunca fue ajena a la disputa mundial.

Un acuerdo (precario) entre estos bonapartes tardíos sería catastrófico para Erdogan, incluso si ese acuerdo deja de lado las reivindicaciones nacionales o autonómicas de las organizaciones kurdas (¡una vez más en un siglo entero!), porque recibiría un pase de factura del Pentágono por sus extorsiones político-militares, sin contrapartida defensiva por parte del Kremlin. La crisis meso-oriental ganaría en este caso un escenario aún mayor. Por otro lado, alentaría, ciertamente, las posibilidades electorales de las formaciones nacionalistas en Europa y ello pondría fin a la zona euro. Asimismo, dividiría aún más al “establishment” norteamericano, que sigue reclamando la privatización completa de las economías de China y Rusia, bajo la batuta del capital mundial, en oposición al pseudo “capitalismo de Estado” esclerótico de Putin y Xi. El acuerdo estaría en contradicción con la aspiración histórica de Rusia (incluso bajo el stalinismo) a una ‘entente’ ruso-germana y, en última instancia, a una con Europa; por otro lado, afectaría la alianza que ha estado tejiendo con China (acuerdos tecnológicos y construcción de oleoductos al Pacífico). En resumen, un entendimiento reaccionario en Medio Oriente acentuaría la disputa mundial entre los Estados capitalistas y con los Estados restauracionistas.

Estados Unidos, como en los años ’30 del siglo pasado, es el epicentro de la presente crisis mundial, pero, al mismo tiempo, se vale de esta crisis mundial para reforzar su hegemonía económica y política, y acentuar con ello el impasse histórico del capitalismo en su conjunto.

Extraído de https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/650615435119321

Sin lugar a dudas, el gran acto de la cancha de Atlanta -que reunió a más de 20.000 personas- demostró la vigencia del Frente de Izquierda como canal político para miles de trabajadores, mujeres y jóvenes. A pesar del escaso lugar que le destinaron los medios de comunicación, el acto causó un indudable impacto político. Un editorialista de La Nación, en su panorama semanal, dijo que el acto denunció “a los que protestan con la plata del Estado” (21/11). De algún modo, separó al FIT del intenso operativo de cooptación y colaboración política que la burocracia sindical y las “organizaciones sociales” practican en favor del ajuste oficial, bajo la articulación del Vaticano. Pero mucho antes del ajuste macrista, el Frente de Izquierda se había constituido como un polo independiente de las variantes capitalistas y, muy particularmente, de quienes ejecutaron durante una década el rescate “nacional y popular” de la deuda pública y las privatizaciones. Néstor Pitrola, en el inicio de su discurso, reseñó los jalones de esa delimitación política: el desarrollo del movimiento piquetero que protagonizó el Argentinazo y desafió a los punteros de los partidos tradicionales; la juventud estudiantil que desalojó de la Fuba a los agentes del Estado y la privatización educativa; el movimiento obrero clasista que desafió a los Pedraza y a sus cómplices estatales. El Frente de Izquierda es el producto de ese derrotero político.

En medio de la crisis política

Si el nacimiento del FIT ha expresado el impasse histórico de los grandes partidos de la burguesía, el gran acto de Atlanta tuvo lugar cuando ese empantanamiento cruza por el vértice al gobierno de Cambiemos. El fabuloso paquete de incentivos al gran capital dispuesto por Macri -devaluación, tarifazos, eliminación de impuestos y retenciones- no sólo no ha remontado la crisis económica, sino que la ha agravado. El endeudamiento serial ha entrado en choque con el tsunami financiero que abrió la victoria de Trump. Adentro y afuera del gobierno, una fracción de la burguesía reclama un viraje, que debería pasar por una nueva devaluación y un brutal ajuste fiscal. El desconcierto económico comienza a traducirse en una fractura política: Monzó, el jefe de diputados del PRO, acaba de sentenciar que la coalición Cambiemos es inadecuada para pilotear esta crisis y postula la integración de una parte del peronismo al gobierno. Ni qué decir que un viraje económico obligado implicará una crisis de gabinete y demostrará la completa fragilidad de la salida política que parieron las elecciones de 2015. La oposición, en este cuadro, redobla su doble juego: acentuando la demagogia parlamentaria por un lado y blindando al gobierno en las cuestiones de fondo, por el otro. El mismo Massa, que agita una mezquina reforma del impuesto a las Ganancias, viene de acordar con el macrismo el Presupuesto 2017 de ajuste y endeudamiento. Por su parte, las “organizaciones sociales” ligadas a esa oposición patronal le han asegurado al gobierno la licuación completa de la ya difusa ley de emergencia social, que quedaría reducida a una declaración de buenas intenciones asistenciales. El kirchnerismo, mientras tanto, desfallece entre la disolución política, las citaciones judiciales o la cooptación al pejotismo o Massa.

Todo este blindaje no alcanza para disimular la crisis de la política oficial, ni la presión popular que subyace bajo los más de 200.000 despidos, la caída del salario y el agravamiento de todas las formas de la descomposición social y estatal, desde los femicidios a los atropellos policiales. En ese cuadro, el enorme mérito del acto de Atlanta es haber postulado al Frente de Izquierda como alternativa de cara a una crisis política en puerta.

Delimitación de posiciones

Algunos medios -e incluso parte del propio FIT- interpretaron al acto de Atlanta como expresión de que “las diferencias políticas entre sus miembros se habían superado”. Bajo esta visión, en el mejor de los casos ingenua, Atlanta fue el resultado de una previa homogeneización política. De parte del Partido Obrero, fuimos al acto con otra convicción: la de reinstalar al Frente de Izquierda como alternativa y poner fin a un inmovilismo inadmisible en medio de una crisis social y política de gran alcance entre “los de arriba”. Lo hicimos con plena conciencia de las divergencias políticas preexistentes, que habían conducido a una virtual fractura en todos estos meses. Dan cuenta de ello los episodios políticos y parlamentarios de seguidismo al kirchnerismo que practicó el PTS y que tuvieron su mayor expresión en la fractura del acto del 1° de Mayo. Dicho esto, es claro que un gran acto en un estadio resultaba opuesto a esa política escisionista y funcional, además, a la izquierda nacionalista. Pero para que no constituyera un mero episodio, el acto debía estar revestido de un contenido y una agenda de trabajo: por eso propusimos una declaración política y un plan de acción integral, con actos y acciones en todo el país. El acto fue convocado con una declaración principista, pero no con una campaña común, rechazada por las otras fuerzas del FIT. En su desarrollo, el acto expresó todas estas contradicciones y constituyó él mismo un gran escenario de delimitación de posiciones.

Ellas se expresaron con fuerza en tres cuestiones cruciales: la situación del movimiento obrero y el clasismo; la lucha de la mujer y el rumbo general del Frente de Izquierda.

En el primer caso, fue el orador de la Coordinadora Sindical Clasista del PO, Alejandro Crespo, el que sacó un balance del sindicalismo de izquierda y propuso una iniciativa. Crespo reivindicó las columnas independientes que el clasismo constituyó en las jornadas convocadas por la burocracia a lo largo de este año, como factor de reagrupamiento y delimitación respecto de los Moyano, Caló o Yasky. En esa línea, llevó la propuesta, desde el Sutna, de una jornada de lucha el próximo 20 de diciembre. Esta iniciativa, por un lado, es antagónica a la tregua indefinida de la CGT y los pseudopiqueteros con el gobierno. Por el otro, es una reivindicación de la rebelión popular de 2001 en momentos en que otro gobierno del capital financiero comienza a crujir tempranamente, mientras el movimiento obrero pugna por intervenir en la crisis con una expresión propia.

Otra oradora del PO, Soledad Sosa, desarrolló una visión socialista y revolucionaria de la lucha de la mujer. Al feminismo vulgar, que disuelve u oculta los antagonismos sociales que envuelven a la cuestión de género bajo el capitalismo, Soledad le opuso la unión de la lucha de la mujer a la del conjunto de los explotados, por una transformación social. En particular, desenmascaró a la “paridad de género” que postulan para sí las carreristas de los partidos de la burguesía, caracterizadas por su oposición visceral al derecho al aborto o el fin de la violencia de género. Fue un planteo antagónico al de quienes presentan a esa “paridad” encubridora de los partidos del régimen como una “ampliación de derechos”. Sobre la base de esta delimitación socialista, Sole llamó a las organizaciones de mujeres del FIT a una acción común para que el próximo encuentro de la Mujer se concrete en Buenos Aires -o sea, en el centro del poder político.

Perspectivas políticas

Aunque la denuncia del fascista Trump estuvo presente en otras intervenciones, fue Pitrola quien lo caracterizó como un “resultado reaccionario de la bancarrota capitalista”; o sea, relacionó la victoria del magnate con un período histórico signado por quiebras, catástrofes sociales y guerras. La victoria de Trump expresa un principio de polarización política, que la izquierda revolucionaria debería desarrollar a escala internacional. Los límites de los Trump continentales para consolidarse ya se ponen de manifiesto en la Argentina. La gran cuestión planteada es si esta temprana crisis sirve de excusa para refritar el plato recalentado del nacionalismo capitalista o si será la ocasión para que la izquierda revolucionaria protagonice la reacción popular a la coalición ajustadora. Nosotros llevamos al acto una hoja de ruta para ello: junto a la jornada de lucha de diciembre, Pitrola planteó un plan de acción integral del Frente de Izquierda, con actos y acciones de lucha en todas las provincias, con iniciativas y frentes de lucha en los sindicatos y todas las organizaciones de masas, con bloques únicos en el Congreso y en las legislaturas. A su turno, señaló el diputado del PO-FIT, ese plan de acción debería rematar en listas electorales comunes, un planteo que ya había señalado, cuando le tocó intervenir, Juan Carlos Giordano, de IS. Nicolás del Caño no recogió el guante: su llamado fue a “hacer grande al FIT”, lo cual, sin una plataforma de acción común -que el orador del PTS no enunció -se convierte en una expresión autoproclamatoria, y anticipa nuevos episodios faccionales.

En un acto gigantesco, el Partido Obrero llevó todo un planteo para el desarrollo del Frente de Izquierda. Desde el mismo final del acto nos ponemos a trabajar con ese objetivo. Desarrollemos asambleas y reuniones para sacar las conclusiones de Atlanta, resolver un plan de acción en todas las provincias y distritos para colocar a nuestros voceros como tribunos de un planteo y una lucha contra los partidos de la bancarrota nacional. Por esa vía, queremos sumar a los miles de compañeros que asistieron a Atlanta a la militancia activa por una salida obrera y socialista.

Foto Federico Imas

El nuevo presidente yanqui le pidió a Macri un permiso especial para construir su torre en la avenida 9 de Julio. El Frente de Izquierda pedirá informes en la Legislatura.

En el programa de Lanata de este domingo, la periodista Romina Manguel reveló que en la conversación entre Trump y Macri de días atrás se abordaron temas bien terrenales, más allá de los buenos augurios o las frases hechas sobre las relaciones bilaterales. Lo de terrenal, en este caso, es literal: es que, según Manguel, Trump le habría pedido a Mauricio que le autorice a su empresa inmobiliaria -ahora manejada por Trump hijo- la construcción de una megatorre en el centro porteño.

Como antecedente de esta revelación, corresponde mencionar lo que informaba el suplemento Clarín de Arquitectura de hace una semana. Allí, se decía que “el proyecto Trump Office Buenos Aires se terminó en febrero de este año y se está esperando la aprobación por parte del Gobierno de la Ciudad para empezar la obra. Será un edificio premium de oficinas de 35 pisos con plantas de oficinas de hasta 800 metros y cuatro subsuelos para servicios”. La nota agrega que “estará ubicado a cuatro cuadras del Obelisco”.

Según otras informaciones, el predio se encontraría en Bartolomé Mitre y Cerrito, donde -según el Código de Edificación- sólo se pueden elevar 35 metros de altura. La torre Trump, en cambio, tendría 135 metros. Ello explicaría la necesidad de un permiso especial, que terminaría recalando en la Legislatura. En ese caso, el magnate presidente y su hijo debutarían en Buenos Aires practicando el negocio que ya llevaron adelante hasta el cansancio los Irsa, Constantini y otros “desarrolladores”: comprar un terreno con bajo permiso de edificación (y, por lo tanto, bajo valor económico), “pedirle” a la Legislatura y al gobierno que lo rezonifiquen y lograr, por esa vía, una renta inmobiliaria extraordinaria. Las comisiones de esas rentas han lubricado, desde hace décadas, los vínculos entre el capital financiero y los gobiernos de nuestra Ciudad “autónoma”.

Esta vez, Mauricio Macri -que se entrenó en estos saberes gobernando ocho años la Ciudad- ha decidido ir por más: un negocio inmobiliario se colaría entre las solapas de la política exterior.

El tema no puede sorprender del lado de Trump, un inveterado especulador inmobiliario. Menos aún en el caso de la Ciudad: el gobierno de Rodríguez Larreta ha intensificado la política de venta de tierras públicas y megaproyectos en favor del gran capital, los cuales, en los últimos meses, se han activado al calor del blanqueo. Entre ellos, el remate de las tierras del Tiro Federal, de casi cuarenta hectáreas en el ex Parque de la Ciudad y las trece torres que Irsa proyecta en la Costanera Sur, levantando un muro de cemento en uno de los pocos pulmones de oxígeno con que cuenta la Ciudad. Lo mismo vale para el megashopping que Irsa proyecta en Caballito, un barrio colapsado por la construcción indiscriminada. Al servicio de esta orientación, Larreta prepara una reforma del Código de Planeamiento Urbano, para “flexibilizarlo” en favor de los megaproyectos.

Con seguridad, la agenda de fin de año de la Legislatura porteña estará recalentada por estas iniciativas. La pregunta es: el gobierno nacional, ¿le ha asegurado a Trump que en ese paquete legislativo ingrese “su” Torre? El Frente de Izquierda presentará un pedido de informes en la Legislatura, respecto de las características de construcción de la Torre Trump; de su ubicación y pretensiones de edificación, en relación con el Código de Edificación actualmente existente.

Si no fuimos rehenes de Irsa, Caputo, Constantini o Calcaterra, tampoco lo seremos de Trump.

Los comisarios Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Ferreyra se encuentran detenidos a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21.

Mansilla se presentó voluntariamente ante el tribunal el jueves 17 y quedó detenido. Fue alojado en la Delegación Nacional de Investigación Administrativa que depende de la Prefectura Naval Argentina.

Ferreyra fue detenido por orden del tribunal en su casa y está alojado en el CPF 2 de Marcos Paz.

Ambos jefes de la División Roca de la Policía Federal fueron condenados a 10 años y 8 meses de prisión, junto a José Pedraza y su patota, en calidad de coautores de homicidio y tentativa de homicidio.

El tribunal los halló culpables de haber liberado la zona en Barracas para que se consumara el ataque criminal que le costó la vida a Mariano Ferreyra y graves heridas a Elsa Rodríguez y otros compañeros. Ambos permanecían libres desde entonces, pero hace pocas semanas la Corte Suprema dejó firme la sentencia y agotó todas las instancias de apelación.

Foto Bernardo Cornejo

Cuando fue juzgado después del asalto al cuartel Moncada en 1953, Fidel Castro transformó ese estrado judicial en una tribuna política para producir su famoso alegato: “La historia me absolverá”, todo un programa político que tenía su eje en la convocatoria a elecciones libres y en la vigencia de la Constitución demo-burguesa de 1940, que abrió el periodo de los gobiernos llamados “legítimos” (Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás) hasta el golpe de Fulgencio Batista en marzo de 1952.

Consumada la revolución el 1° de enero de 1959, la jefatura guerrillera en el poder intentó ejecutar aquel programa: estableció un acuerdo con partidos burgueses opositores a la dictadura de Batista y nombró presidente a Manuel Urrutia, representante de aquella coalición. El 8 de enero, una maniobra política quiso imponer en el gobierno a una junta militar, pero Castro y su Movimiento 26 de Julio convocaron a la huelga general para derrotarla.

Más tarde, cuando Urrutia expulsó a Fidel del mando militar, una movilización obrera y campesina lo repuso en el cargo y el presidente debió renunciar. Se quebró la coalición con la burguesía y se decretó la expropiación de los emporios azucareros, muchos en manos de pulpos norteamericanos. Esto es: cuando los objetivos democrático burgueses que perseguía el movimiento revolucionario se demostraron de cumplimiento imposible si no se les quitaba a la burguesía y a los latifundistas su poder económico y político, la dirección cubana tuvo el mérito histórico de avanzar audazmente por ese camino, el de barrer a todo el antiguo poder estatal. En enero de 1961, después de que Castro personalmente comandara las milicias que rechazaron la invasión de exiliados (financiados, entrenados y armados por la CIA) en Bahía de los Cochinos, el gobierno cubano proclamó públicamente el carácter “socialista” de la revolución.

Así, los aliados democráticos del M26 se van del gobierno o son expulsados, terminan en el exilio. La revolución entra en crisis con sus postulados originales y, mientras echa del gobierno a los partidos burgueses y expropia a los latifundistas, prohíbe elecciones libres en los sindicatos e impide cualquier desarrollo independiente de las organizaciones obreras y del proletariado mismo. El poder exclusivo del M26 deriva en el poder personal de Castro y se instaura así un bonapartismo sui generis. Poco después, los reveses económicos (el fracaso de campañas agrícolas y sobre todo la derrota de las tendencias industrializadoras, impulsadas por el Che Guevara y el ala izquierda del M26) empujarían a Castro a refugiarse en la burocracia contrarrevolucionaria del Kremlin; es más: el Partido Comunista, que se había opuesto a la revolución porque se contradecía con el equilibrio político acordado por Moscú con las potencias imperialistas, pasó a formar parte decisiva del gobierno y el Movimiento 26 de Julio tomó el nombre del partido estalinista.

Desde entonces, y particularmente a partir del fracaso de la experiencia foquista de Guevara, Castro se empeñaría en evitar que otros siguieran el camino cubano. Respaldó la “vía pacífica” al socialismo propugnada por Salvador Allende en Chile (1970-1973) y luego, producida la revolución nicaragüense en 1979, señaló con énfasis que Nicaragua no tenía por qué hacer como él mismo había hecho en Cuba, de modo que el sandinismo no expropió a burgueses ni a terratenientes y reconstituyó el ejército regular destruido por la revolución.

En sus últimos años de gobierno efectivo, Castro respaldó a gobiernos nacionalistas como los de Hugo Chávez y Evo Morales, e incluso al de los Kirchner. Una manera de desandar el camino de Cuba en 1959-61.

La encrucijada

Fidel Castro acompañó los acuerdos del gobierno cubano con Barack Obama, si bien en algún momento dejó caer alguna observación crítica (“no necesitamos que el imperio nos regale nada”), acuerdos que ahora entran en nueva crisis por la victoria de Donald Trump. Debe subrayarse, en ese punto, que Obama no levantó el bloqueo; apenas lo moderó, y con cuentagotas.

Este proceso se desenvuelve, además, cuando la bancarrota capitalista empeora en extremo las condiciones económicas de Cuba. Una reconversión capitalista en la isla revolucionaria produciría una situación explosiva por el grado de miseria que acarrearía. Por otra parte, la economía cubana está deteriorada gravemente en sus centros neurálgicos: la producción azucarera, por citar un caso, se ha derrumbado de 8 millones de toneladas en la década de 1990, a poco más de un millón en la actualidad. La entrega de tierras en propiedad a campesinos y cooperativas encuentra también obstáculos severos en el atraso agrario del país.

En definitiva, el de Cuba es un proceso abierto. Junto a las tendencias restauradoras se desenvuelve otra, opuesta al régimen burocrático y favorable a la democracia obrera, a la defensa de las conquistas de la revolución, a la libertad de organización con ese fin. Las masas cubanas son conscientes de que se aproxima el momento del desenlace: Fidel ha muerto y Raúl está también ante el límite intraspasable de la naturaleza. La crisis mundial pone a los trabajadores cubanos ante ajustes similares a los que sufren sus compañeros de todo el mundo. La revolución latinoamericana bien puede recomenzar por la gloriosa Cuba.

Fidel Castro fallece cuando se cumplen exactamente sesenta años de la salida del Granma, desde México, de una fuerza revolucionaria que debía llegar a Cuba para derrocar al dictador Batista, en combinación con una huelga cívica prevista en el Oriente de la Isla. Sería el comienzo accidentado de la Revolución Cubana.

Fidel deja una herencia política contradictoria. De un lado, porque Cuba se encuentra empeñada en repetir la experiencia de la restauración capitalista de China, en un lugar más inadecuado y en peores condiciones económicas internacionales. El ascenso de Trump prueba el carácter explosivo de esta tentativa, cuando no su completa inviabilidad. El bloqueo económico sigue en pie como un arma de presión para liquidar los obstáculos que aún existen en Cuba a la colonización del capital financiero. La limitada asociación del Estado con el capital extranjero ha llegado al tope de sus posibilidades. Irónicamente, es precisamente China, el espejo en el que se mira el gobierno de Cuba, el blanco preferido de la guerra económica que ha anunciado el magnate norteamericano.

En la conciencia popular, sin embargo, el legado que deja Fidel es una revolución social sin precedentes en América Latina, con la peculiaridad de que el papel dirigente de la clase obrera es sustituido por la clase media radicalizada. La Revolución Cubana no es el producto de una construcción histórica de la clase obrera internacional; incluso entra en colisión con todas las estructuras burocráticas esclerotizadas del movimiento obrero internacional, y en particular con los partidos estalinistas. Se desarrolla, en estas condiciones, un proceso histórico transicional peculiar: un régimen político que expropia a la burguesía, en un movimiento de independencia nacional, sin el horizonte histórico del gobierno de la clase obrera ni de la revolución proletaria mundial. La historia del siglo XX ha sido muy fecunda en producir transiciones de características especiales. Esto no significa que, en ausencia de nuevos procesos revolucionarios, no queden condicionadas por la economía y la política mundiales.

El punto más elevado de la Revolución Cubana y del propio Fidel es la derrota que inflige, en abril de 1961, a la invasión mercenaria organizada por Estados Unidos en Playa Girón -en la que fueron movilizados un millón de cubanos en armas. En octubre de 1962 comienza una curva descendente, luego del pacto Kennedy-Kruschev, que es denunciado vigorosamente por Fidel. Es a partir de este momento que el imperialismo decide combatir a la Revolución Cubana sembrando a América Latina de dictaduras semi-bonapartistas, primero, y directamente criminales, poco después. En Cuba, Fidel se sirve del manto revolucionario para establecer un régimen de arbitraje político personal. A diferencia de lo que ocurría con las revoluciones pasadas, cuando cada etapa política daba lugar a un liderazgo diferente, Fidel va a ser el protagonista irremplazable de las mutaciones de la Revolución Cubana.

El impacto mundial de la Revolución Cubana y el protagonismo internacional de Fidel no deben confundirse, como se ha hecho, con una orientación estratégica internacionalista. El apoyo a distintas formas de lucha armada (foquismo) constituyó una operación de aparato, que concluyó en derrotas crueles. Más adelante, adoptará el camino contrario: una diplomacia de apoyo al entendimiento con la burguesía nacional. Es lo que ocurrirá con la Unidad Popular (UP) en Chile y con la revolución sandinista en Nicaragua y los ‘procesos de paz’ en Centroamérica. El Foro de São Paulo servirá como marco para una negociación estratégica, a la que se integrará el Vaticano y Estados Unidos, y luego al apoyo de los gobiernos del “socialismo del siglo XXI”, que rechazan el radicalismo anticapitalista de la Revolución Cubana.

La muerte de Fidel no es la expresión ‘simbólica’ del final del ciclo revolucionario latinoamericano, como pontifican los enemigos de la Revolución Cubana. Las premisas que le dieron lugar, hace 60 años, están más presentes que nunca en todo el mundo.

Fuente: Télam

Cristina Fernández de Kirchner resolvió sumarse a la larga lista de semblanzas y evocaciones que han aparecido sobre Fidel desde la hora misma de su muerte. La ex presidenta intenta colocarse en el campo de quienes lo reivindican -en su caso, apelando al relato de una serie de encuentros que sostuvieron en La Habana, desde 2009. Cristina destaca el carácter personal o familiar de esas reuniones, aunque sugiere una cercanía política con Castro.

Pero a la hora de sacar un balance histórico de Castro, la ex presidenta se pasa al bando de los denostadores de la revolución cubana, y hace propio el principal argumento de ellos. “Con Fidel -dice- se fue el último de los modernos, el último de los líderes globales anteriores a la caída del Muro de Berlín” (Página/12, 27/11). La mención del Muro es significativa: en la visión de CFK, y de tantos otros, la sobrevivencia de Fidel era la rémora de una etapa histórica concluida, la de las revoluciones socialistas. Esta afirmación, que se han cansado de repetir todos los defensores del capitalismo desde que murió Fidel, es la que hace propia la ex presidenta.

Modernidad

En un malabarismo retórico, Cristina califica a Fidel como el último de los “modernos”, oponiéndolo a la ambigua y voluble “posmodernidad” que sería propia de los líderes presentes. El dislate histórico, en este caso, consiste en extender las características del movimiento filosófico y científico que precedió a la revolución francesa -y que moldeó el pensamiento del capitalismo en ascenso- a las expresiones de la descomposición capitalista en el siglo XX, signadas por la guerra, el despotismo y la opresión nacional. Extender la “modernidad” a los De Gaulle, Kennedy o Nixon es un verdadero embellecimiento del imperialismo. Cuando Cristina incluye a Fidel en el podio difuso de esos “líderes globales”, lo mete en una misma bolsa con varios enemigos de la revolución cubana. De esa manera, CFK evita tomar partido en la delimitación de campos que surcó al continente a finales de los años ’50, entre la revolución y la contrarrevolución. Los defensores de una y de otra, en definitiva, serían todos “estadistas”. Viniendo de Cristina Kirchner, se trata también de una reivindicación del castrismo que ella frecuentó varias décadas después, y que aseguró un régimen de arbitraje personal en la isla, mientras practicaba una convivencia diplomática con las experiencias nacionalistas o seudoprogresistas del continente, todas ellas hostiles a la expropiación del capital y a la expulsión del imperialismo. Cristina ha ensayado un homenaje “multipropósito”, que podría caberle bien a todos los públicos. Presenta una semblanza personal de Fidel, a gusto de “La Cámpora”.

Pero a la hora de las caracterizaciones políticas, entierra a Fidel en el mismo féretro donde acomodaron a la revolución socialista. En este caso, a gusto de los Insfrán, Gioja o Massa.

Nostalgias de lo que no se ha vivido

La evocación de los tiempos anteriores a “la caída del Muro”, que CFK insinúa, es característica de los izquierdistas desmoralizados, que trazan un signo igual entre el stalinismo y la revolución socialista -y que consideran, por lo tanto, que el derrumbe de los Estados obreros burocratizados terminó con el socialismo como perspectiva histórica. La ex presidenta, al decir de Manzi, siente “nostalgia de los barrios que han cambiado” (“Sur”). Pero a diferencia de aquellos izquierdistas, evoca a un “barrio” donde ella nunca vivió. En los años de la caída del Muro, los Kirchner se estaban acoplando al menemismo, asociándose con el remate de YPF a cambio de un puñado de regalías petroleras. Una década antes, en los años de la revolución nicaragüense (y la dictadura videliana), el matrimonio ejecutaba los desalojos impuestos por la usuraria disposición 1050. La comparación es aún más brutal a la hora de confrontar a la revolución cubana con la “década ganada”: cuando el gobierno norteamericano ordenó desabastecer de combustibles a la revolución, Fidel resolvió la expropiación de Texaco, Esso y Shell. Cristina Kirchner, en cambio, respondió al vaciamiento de YPF reemplazando a Repsol por Chevron, con la cual suscribió un acuerdo secreto y leonino para el país. La revolución cubana expropió los ingenios azucareros que pertenecían a los explotadores del Norte. CFK benefició con subsidios y protección política a Carlos Blaquier, represor de los cañaverales jujeños.

Cristina Kirchner lamenta los tiempos actuales, una posmodernidad opuesta a las “ideas, programas, compromisos claros y precisos” que levantaban los “modernos” (ídem). Pero, en verdad, no hubo nada más posmoderno, “líquido” y voluble que el kirchnerismo, que pagó 200.000 millones de dólares y rescató al conjunto de la gran burguesía, mientras no vacilaba en envolverse en la retórica ‘nacional y popular’. Los “progresistas” o “nacionales” que asocian la desaparición física de Fidel a un final definitivo de las perspectivas socialistas podrán tranquilizar con ello a sus conciencias y derroteros actuales, que van de la mano del capital financiero. Pero sus “relatos” no resuelven las monumentales contradicciones que caracterizan al actual orden mundial. La pretensión de integrar a Cuba al capitalismo choca con una bancarrota internacional de características inéditas. Esa integración no podrá procesarse sin enormes choques y crisis sociales al interior de Cuba. Los trabajadores de la isla tendrán la última palabra. Para ello, recogerán el hilo conductor de las enormes conquistas de la revolución cubana; nunca la de los impostores continentales pródigos en “semblanzas” y retratos, pero vacíos de historia y perspectivas transformadoras.

En la asamblea que realizamos el miércoles 23 en Escobar para analizar la Memoria y Balance del sindicato docente de la provincia de Buenos Aires (Suteba), participaron más de 130 compañeros que, a lo largo de toda la reunión, acompañaron los planteos y las propuestas de la Multicolor y rechazaron la tregua urdida entre la Celeste de Roberto Baradel y el gobierno de Macri-Vidal que se mantuvo durante todo el año.

Con 103 votos en contra y 23 a favor, los afiliados de la seccional rechazaron ampliamente la Memoria y Balance de la directiva provincial, así como también la política gremial para el 2017 que planteó la burocracia Celeste.

La entrega de la paritaria del 2016 (no convocaron a ningún paro), el reclamo de la Celeste de “ser parte” del Operativo Aprender y el vaciamiento en materia de salud para la docencia fueron los principales temas de debate, donde se reivindicó la acción de la Multicolor que incluyó paros, decenas de movilizaciones y una jornada de debate contra el operativo Aprender que reunió a más de 200 docentes del distrito, entre otras acciones.

Tampoco faltó la denuncia del ahogo económico que sufre nuestra seccional y una grave denuncia que formuló la secretaria adjunta, Claudia Consiglio, sobre el desvío de materiales sindicales a la CTA local, un sindicato paralelo que la Celeste viene promoviendo hace años.

Durante la asamblea, la Celeste intentó impedir la deliberación con chicanas y provocaciones de todo tipo que incluyó el intento de dirigir la acreditación con un miembro del Consejo Ejecutivo Provincial y perpetrar un fraude como ocurrió en otros distritos. Todas estas maniobras fueron desbaratadas.

Los afiliados de Escobar ratificaron su adhesión a la política desenvuelta por la conducción Multicolor local, refrendando con su voto que la defensa de los derechos de los docentes y la escuela pública no puede estar en manos de la burocracia Celeste.

En relación con la Junta Electoral, se aprobó la lista propuesta por la Multicolor. En el debate por su constitución, Tribuna Docente defendió el frente único, como defensa de los intereses generales de la docencia, orientación que finalmente se impuso frente a planteos divisionistas.

Profundicemos el camino del frente único contra la burocracia para recuperar las seccionales y el Suteba provincial. ¡Adelante compañeros!

La “coalición a la carta” que formó el gobierno con la oposición patronal ha mostrado sus fisuras en la sesión del Congreso que trató el impuesto a las Ganancias. Mientras cerraba esta edición de Prensa Obrera, un acuerdo entre el massismo, el FPV y el PJ parecía imponerle al gobierno una ley que modifica el actual impuesto a las Ganancias sobre el salario. Aunque este desafío al macrismo se produce en torno de una cuestión que afecta a los trabajadores, su telón de fondo es el impasse económico que ha acentuado la deliberación y divisiones entre los capitalistas.

Mientras Macri se autoasigna notas altas para evaluar su gestión, el derrumbe industrial y del conjunto de la actividad económica no deja lugar a dudas. El macrismo debutó con un paquete gigantesco de incentivos a todas las fracciones del capital, entre la devaluación, las exenciones impositivas y los tarifazos. El resultado conjunto ha sido un agravamiento de la bancarrota que dejó el kirchnerismo. Macri celebra su año con temor a que le toque la suerte de su par brasileño Temer, que enfrenta un reguero de movilizaciones masivas y su propio lava jato (escándalo de corrupción). La pretensión de un ciclo derechista consolidado, que muchos izquierdistas daban por hecho a comienzos de año, no logró llegar con vida al final de 2016.

Acuerdo mezquino

Pero a la hora de desafiar al gobierno con el impuesto a las Ganancias, esta oposición, la misma que firmó con el gobierno el pacto buitre y “administra” el ajuste en las provincias, estuvo muy lejos de satisfacer una reivindicación obrera. Por eso, se las arregló para parir un acuerdo ultramezquino, que deja en pie -e incluso consolida- el carácter confiscatorio de este impuesto. El proyecto “consensuado” plantea un mínino no imponible (MNI) de 33.500 pesos brutos para trabajadores solteros. Teniendo en cuenta que regirá para todo 2017; que excluye al aguinaldo de su cómputo, y asumiendo para el año que viene un aumento paritario del 25%, el nuevo MNI mete dentro del impuesto a todo aquel trabajador que gane actualmente unos 21.000 a 21.500 pesos netos. ¡Apenas dos mil pesos más del actual mínimo macrista! Si el proyecto del gobierno metía dentro del impuesto a 500.000 nuevos trabajadores, el acuerdo opositor afectará a la casi totalidad de quienes hoy lo pagan. Kicillof lo dijo con todas las letras, al señalar que el impuesto lo pagará el 10% de los asalariados. Considerando que el universo de trabajadores registrados ronda los 8 millones, tenemos que, como mínimo, pagarán el impuesto al salario unos 800.000 trabajadores. Ello, con un agravante: hasta ahora, el impuesto al salario era la suma de un conjunto de arbitrariedades -retraso en la corrección de escalas y mínimos no imponibles- dispuestas por decreto. Ahora, a través del Congreso, esta confiscación adquiriría la estatura de una ley. Sólo el bloque del Frente de Izquierda denunció este nuevo despojo, y le opuso un proyecto que abole el impuesto para todas las categorías de trabajadores convencionados.

El acuerdo alcanzado ha “limado” los alcances del proyecto original de Massa. Los encargados de esa poda fueron los gobernadores y senadores “nac & pop” del FpV, que buscaron reducir a la mínima expresión la merma de ingresos a las provincias que resultaría de una menor carga del impuesto. Esa moderación también la saludaron Kicillof y Máximo, el sobrino de la gobernadora más ajustadora del país. Es significativo que el acuerdo haya sido anunciado por Oscar Romero, diputado del Smata. Con ello, expresó la conformidad de la burocracia sindical con una ley que dejará en pie esta confiscación al salario.

Emergencia Social

Quienes defendieron la mezquindad de este acuerdo argumentaron, como lo venía haciendo el gobierno, que el “Estado no puede desfinanciar a los que menos tienen”. Con ello, reconocieron que la “emergencia social” votada apenas unas horas antes será bancada…con los impuestos a los trabajadores -“ganancias”, IVA, naftazos y otros. Antes de discrepar sobre el impuesto al salario, macristas, massistas y kirchneristas acordaron en crear una enorme plataforma de trabajo precario, a través de planes y “cooperativas” que remunerarán a sus trabajadores con el 60% del salario mínimo. La coincidencia en este punto marca un hilo conductor de fondo entre oficialistas y opositores: dejar pasar el ajuste, golpear la capacidad de lucha de la clase obrera y promover la flexibilización del trabajo (reforma laboral), mientras se refuerza un cordón asistencial dirigido a contener la rebelión popular contra la escalada antiobrera. En la boca de Victoria Donda o Leonardo Grosso -los laderos centroizquierdistas de esta política- el tercio de trabajadores precarizados o subocupados han pasado a ser “aquellos que ya nunca conseguirán trabajo”(sic). La nueva burocracia piquetera presenta como un fenómeno natural a la miseria social fabricada por las políticas capitalistas. Mientras tanto, lucran a mano llena con las prebendas y recursos de las “unidades de gestión” otorgadas por la ministra Carolina Stanley.

Una lucha necesaria

El episodio del impuesto al salario aún deberá pasar por el Senado, y podría encontrarse luego con un veto presidencial. Pero en cualquier caso, el saldo para los trabajadores es tan magro como el de todos los reclamos que se “parlamentarizaron”. Mientras recoge migajas por el impuesto a las Ganancias, la burocracia sindical asiste al despido de 1.700 petroleros en Neuquén; o de miles de metalúrgicos fueguinos, que penden de un hilo. En el plano salarial, el acuerdo de Vidal con UPCN -18% en ¡15 meses!- anticipa otro golpe al salario, que querrá ser usado como antecedente contra docentes y estatales de todo el país. La conclusión es clara: de la mano de los Massa, Pichetto o Kirchner, y sus socios sindicales, sólo podremos esperar migajas o fraudes políticos. Es necesaria una deliberación en los sindicatos, las organizaciones sociales y todos los frentes de lucha en torno de un programa y una estrategia de independencia política y sindical. Por la abolición definitiva del impuesto al salario; por el pase a planta de los compañeros precarizados, ningún despido, paritarias sin techo en 2017. Por estas, y todas las reivindicaciones pendientes, marchemos con el clasismo y la izquierda el próximo 20 de diciembre.

El gobierno de Macri conmemora su primer aniversario sumido en un completo impasse. Martín Etchegoyen, secretario de Industria, lo ha resumido de un modo inequívoco: “No tenemos la menor idea de cuándo comenzará la reactivación”. La caída de la producción industrial es ya de dos dígitos; el Producto Bruto retrocede un 4%; el desempleo fabril y privado aumenta y suben los contratos públicos, como en la década presente, ahora con ñoquis de la nueva administración. A pesar de la reducción del gasto en obra pública y de la desvalorización de los salarios, el faltante del Tesoro orillará en 2016 los 600 mil millones de pesos o en el equivalente de 40 mil millones de dólares.

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, un lobbista general de la gran industria, se arrimó a la quinta de Olivos, para advertirle a Macri que el esquema económico vigente lleva al país a “un colapso”. Lavagna no se refería a los peligros que acechan como consecuencia de la devaluación del peso, que tuvo lugar en la misma inauguración de esta gestión ni tampoco a los tarifazos o al creciente y descomunal déficit fiscal. No apuntó, al menos no fue hecho público, al desequilibrio mayor de la administración macrista: el aumento de la deuda del Banco Central, de 250 mil a 750 mil millones de pesos, a una tasa de interés imposible promedio del 30% anual -colocada, en un 85%, a corto plazo. En una palabra, Lavagna eludió denunciar el rodrigazo original del nuevo período. Lo que él entiende amenazante es, por el contrario, la revalorización del peso que tuvo lugar enseguida de ocurrida la devaluación, que ha sido ocasionada por un endeudamiento excepcional en moneda extranjera. En efecto, entre Nación, provincias y corporaciones, la deuda en divisas aumentó en cerca de 50 mil millones de dólares. En resumen, Argentina se mueve entre la perspectiva de un ‘colapso’ debido a una represión del tipo de cambio o un ‘colapso’ provocado por un nuevo rodrigazo.

La advertencia de Lavagna abrió una grieta entre Massa y el pejotismo, de un lado, y el gobierno del otro, que han cohabitado en una armonía que les resulta difícil, sin embargo, abandonar. El régimen de coalición entre el Ejecutivo y el Congreso ha quedado afectado, lo cual supone un comienzo de crisis política. Como Massa ya operó como punta de lanza del cambio de frente de la burguesía con relación con el régimen K, cuando desechó acompañar a Scioli en las parlamentarias de 2013, su distanciamiento del macrismo traduce el descontento de un sector importante de la burguesía argentina e incluso del capital extranjero. Esta crisis, aún en pañales, abre la alternativa de un gobierno de coalición -precisamente lo que salió a reclamar Emilio Monzó, el presidente de Diputados, desde la misma entraña del macrismo.

Una expresión de la inestabilidad política que acosa al oficialismo es su ‘acercamiento’ a los aparatos sociales que abrevaban en el kirchnerismo y que ahora tributan al Vaticano. Que los une el espanto y no el afecto, lo puso en evidencia el “Chino” Navarro, quien convocó a “defender la gobernabilidad”, vaticinando que en caso contrario lo que vendría sería aún más derechista. Como sea, el dinero que el macrismo ha vertido a estos veloces ex K supera al que regaba el kirchnerismo. Es obvio, sin embargo, que el gobierno no tiene una política, sino que apela a recursos desesperados. Este cambio de frente ‘piquetero’ ha generado un encontronazo con el kirchnerismo ortodoxo representado por CFK, Verbitsky y La Cámpora, que ve diluirse la posibilidad de conformar un “frente ciudadano” y de resistir mejor los expedientes judiciales. El frente político de los partidos patronales se ha atomizado en extremo, en momentos en que el Estado enfrenta un enorme impasse.

En este cuadro ocurrió lo de siempre: parió la abuela. En efecto, el planteo de guerra comercial del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, produjo una reversión de tendencias en el financiamiento de los llamados ‘mercados emergentes’. Esto quiere decir que la hipoteca del endeudamiento macrista adelanta la fecha de su vencimiento. La crisis política no es sino un síntoma poderoso de este naufragio prematuro del plan económico oficial. Queda en evidencia que el gobierno se encuentra más lejos de la posibilidad de reunir los recursos políticos que aseguren su futuro constitucional y debilita su capacidad para golpear contra los derechos de los trabajadores.

El lleno de la cancha de Atlanta, el 19 de noviembre pasado por parte del Frente de Izquierda, indica también el progreso que registra la alternativa de que gobiernen los trabajadores, ante tamaño fracaso de varias décadas de los gobiernos de la burguesía nacional y de (lo que queda) los partidos tradicionales. Otro aspecto de lo mismo es el ascenso de la izquierda clasista en los sindicatos, como la victoria en el sindicato del Neumático. La izquierda combativa se encuentra ante el mayor desafío de toda su historia.

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/656178384563026

En las oficinas del Senado de la Nación se acaba de consumar un hecho bochornoso: la CGT dio su aval a la reforma de la ley de Riesgos del Trabajo (LRT), una propuesta largamente reclamada por las cámaras patronales y el gobierno.

La reforma ha sido aprobada por la comisión respectiva de la Cámara alta y pasará ahora a su tratamiento por el pleno del Senado, para que tenga media sanción.

La iniciativa oficial no se podría aprobar si no contara con la anuencia de la oposición, ya que el bloque Cambiemos es minoría en el Senado y en la comisión donde se trató.

Así las cosas, el 14 de diciembre se producirá la aprobación de un brutal ataque a las condiciones de trabajo de todo el movimiento obrero. Aunque inicialmente hubo dos dictámenes en el propio Senado sobre el tema, éstos se fusionaron y lo que la cámara alta enviará, para que se termine de convertir en ley en Diputados, es demoledor para los trabajadores.

Qué es lo que se va a aprobar:

1) A partir de esta reforma se instalará la imposición a los trabajadores de recurrir a las Comisiones Médicas (CCMM) como instancia previa, excluyente y obligatoria para solicitar las prestaciones establecidas en la LRT u homologar acuerdos con las ART.

Esas Comisiones Médicas no tendrán ningún representante de médicos de los trabajadores o de los sindicatos en ninguna de las instancias provinciales o nacionales.

2) Se modificará discriminatoriamente la competencia judicial de los tribunales laborales y se dispondrá inconstitucionalmente que lo resuelto por las CCMM sólo podrá ser apelado ante la Justicia del lugar donde ésta intervino, alterando el procedimiento judicial vigente que habilita al trabajador a optar entre el lugar de ocurrencia del accidente, el de la prestación de servicios o el del domicilio legal del demandado (ART o empleador), algo que autoriza la actual ley 18.345, para reclamar ante la Justicia Nacional del Trabajo.

Esta modificación está dirigida a evitar que se presenten demandas en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde poseen su domicilio legal la mayoría de las aseguradoras. Ello, porque se quiere apartar a la Justicia nacional, que ha construido una jurisprudencia superior a la de las feudalizadas justicias provinciales a las que, de ahora en más, tendrá que recurrir el trabajador.

3) Un golpe adicional de las cámaras patronales a los damnificados por accidentes laborales o enfermedades profesionales es la creación de un servicio jurídico gratuito, a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para “defender a los trabajadores en las CCMM". Se trata de un "servicio" a la producción y no a la salud del trabajador. Las cámaras empresarias logran, a través de este acuerdo ruinoso apoyado por la CGT, que la limitación a la llamada “industria del juicio” sea por la vía de tener a esos letrados como empleados.

Como bien señala la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), que rechazó el proyecto que el gobierno remitió al Congreso es claro “que la iniciativa oficial pretende reducir la litigiosidad a costa de las víctimas, proponiéndose dificultar y dilatar al extremo el acceso de los trabajadores a la Justicia, obligándolos a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”. Sólo habría que agregarle que han contado para ello con el apoyo de la burocracia sindical.

Los graves problemas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales se han agravado bajo los gobiernos K y M. Por eso resulta clave, para ponerle límites a esta enorme ofensiva patronal, del gobierno, las cámaras y la burocracia, activar y desarrollar comités obreros de seguridad e higiene.

El proyecto de ley presentado por el Partido Obrero no sólo sirve como un planteamiento político, sino también como una guía de acción para las internas y los cuerpos de delegados en materia de seguridad que se agravarán a partir de esta reforma.

Está planteada una gran campaña nacional en el movimiento obrero de rechazo a la reforma, de repudio a la aceptación de la CGT de la misma, y de una necesaria nueva ley de Accidentes de Trabajo que supere y reemplace a la vieja ley anterior a la flexibilización menemista, que fue luego mantenida por kirchneristas y macristas, y que elimine definitivamente las ART del mundo laboral.

La Legislatura votó varias leyes relacionadas con las villas porteñas. Dos hilos conductores recorren a estas iniciativas. Por un lado, los proyectos contienen un número limitado de viviendas nuevas para construir en cada barrio -no más del 10 a 12% de los hogares totales- y, como contrapartida, una incierta reparación de las viviendas existentes. Por otra parte, la aprobación de estas leyes estuvo “atada” a la votación de otras relacionadas con la enajenación de tierras públicas u operaciones inmobiliarias. En el caso de la Villa 20, se ha votado la venta de 36 hectáreas de tierras públicas en el parque de la Ciudad, una parte de la cual financiaría la “integración” de la 20. En la Villa 31 se ha votado un endeudamiento de 170 millones de dólares para cambiar la traza de la autopista Illía. En el caso del barrio Rodrigo Bueno, su urbanización sería financiada con una “donación” del grupo Irsa, a cambio de que la Legislatura le habilite un barrio privado de trece torres en la Costanera Sur. Finalmente, el gobierno accedió al reclamo vecinal de un parque público en la manzana de Jujuy y Belgrano, en Balvanera, pero a cambio de cederle a sus propietarios un terreno similar en Saavedra, y rezonificarlo… para la erección de torres.

Toma y daca

Así las cosas, la Ciudad “integra” algunos barrios precarios con las migajas de otra operación económica: la privatización de tierras públicas. La parte del león de esas enajenaciones alimenta a las cajas paralelas del Estado porteño: la Corporación del Sur y la recientemente creada Agencia de Bienes. En los debates legislativos hemos caracterizado a esta práctica como “asistencialismo inmobiliario”.

Llama la atención la tibieza con la cual cierta oposición autotitulada progresista ha criticado este operativo. Es que el macrismo ha extraído su política ‘asistencial-urbana’ de los manuales del progresismo y hasta de los “nacionales y populares”. El antecedente inmediato son las normas del ex gobernador Daniel Scioli habilitando barrios privados a cambio de alguna cesión de tierras para urbanizaciones populares, iniciativas que, a su vez, habían sido propuestas por el ultra K Luis D Elía. En la Ciudad, el centroizquierda, en recientes campañas electorales, propuso una ley de solidaridad urbana -o sea, un manual de procedimientos para el canje de beneficios inmobiliarios por prestaciones sociales.

Si se mira bien, el asistencialismo urbano es una réplica de la asistencia social general. O sea, una respuesta capitalista a la polarización y miseria social que impone el capitalismo. En el plano del trabajo, la política de despidos, ajustes e internacionalización de tarifas, viene acompañada por la extensión de las asignaciones y planes sociales. En el caso de la vida en la Ciudad, el acaparamiento privado del suelo es compensado con planes de “integración” en favor de quienes, apartados del mercado de alquileres o viviendas, deben ir a parar con sus huesos a los barrios precarios. Las “urbanizaciones” de Larreta, en definitiva, son el equivalente urbano de las “asignaciones por hijo” kirchneromacristas.

¿Efecto derrame?

Esta política urbana seudoprogresista sirve de pantalla para una fabulosa transferencia de riqueza social en beneficio de monopolios inmobiliarios. La justificación teórica es que el Estado, transfiriendo una pequeña parte de esa renta extraordinaria a los sin techo, estaría asegurando el derecho de estos últimos a la vida en la Ciudad. Esta teoría transforma al capital financiero en “socio” y benefactor de las familias sin vivienda. De acuerdo con ella, cuantas más megatorres de lujo se construyan, más urbanizaciones de villas se podrían concretar. Lo cierto es lo contrario: el monopolio privado del suelo sólo puede conducir a un progresivo encarecimiento de la vivienda propia y de los alquileres y, a su turno, a la formación de nuevos asentamientos. En otras palabras: las torres de Irsa financian la “integración” del barrio Rodrigo Bueno; pero su misma existencia conducirá, más temprano que tarde, a la creación de nuevos “rodrigos buenos”. La política de la “solidaridad urbana” disimula las contradicciones actuales de la polarización social en la Ciudad, a costa de reproducirlas a una escala mayor en un futuro.

Nuestra política

Una política de arraigo de la clase trabajadora en la Ciudad sólo puede prosperar en forma antagónica al capital financiero e inmobiliario. Ello implica poner fin a la privatización del suelo y, en definitiva, sustraerle a ese capital la renta urbana -que emerge de la progresiva extensión de las ciudades y de las posibilidades constructivas de la propiedad horizontal- para convertirla en patrimonio social. En la Ciudad de Buenos Aires, ello implica: 1) la disolución de las corporaciones autárquicas, Puerto Madero, Buenos Aires Sur y la recientemente creada Agencia de Bienes; la anulación de las ventas y privatizaciones de tierras recientes y la conformación de un banco único de tierras públicas, para su puesta a disposición para proyectos de vivienda social, espacios verdes públicos, culturales, sanitarios y educativos; 2) la imposición de impuestos progresivos a la gran propiedad inmobiliaria, hasta la apropiación estatal de todas las rentas del suelo en función de una verdadera urbanización social; 3) la creación de una banca única, que destine los ahorros de la sociedad, entre otros objetivos, a resolver el déficit habitacional y las consecuencias del colapso urbano (inundaciones); 4) la urbanización real de las villas y asentamientos, a partir de un relevamiento de las necesidades de vivienda nueva y de un control de las nuevas construcciones por parte de delegados electos de los vecinos.

Al programa de los especuladores inmobiliarios -y sus laderos seudoprogresista- es necesario oponerle un planteo anticapitalista de transformación de la Ciudad.

“El pueblo dice basta:

“Fuera De la Rúa-Cavallo

“Asamblea Constituyente

“Asambleas populares”

Ese era el título de la tapa de Prensa Obrera N° 734, que salió a la calle precisamente el 20 de diciembre de 2001.

La nota empezaba:

“Durante el miércoles (19) se desarrolló en Argentina una auténtica rebelión popular, que es el producto directo de toda la incapacidad del régimen dominante para garantizar las condiciones elementales de subsistencia del pueblo”.

En la tarde del 20, mientras ese periódico empezaba a circular, una fuerte columna del Partido Obrero llegaba a la Plaza de Mayo por Diagonal Norte y, a metros de la calle San Martín, se trenzaba en una lucha feroz con la Guardia de Infantería y la Policía Montada de la Federal, mientras otros miles de manifestantes hacían lo propio por Avenida de Mayo, Diagonal Sur y Bolívar.

Por su lado, el Frente Tierra y Vivienda (FTV), dirigido por Luis D’Elía y la CCC, con la conducción de Juan Carlos Alderete, simplemente se borraron el 20 de diciembre aunque habían aceptado la consigna “Fuera De la Rúa-Cavallo”, aprobada por la Asamblea Nacional de Trabajadores en La Matanza (D’Elía había sido elegido concejal por la Alianza oficialista). Impulsados por Claudio Lozano, el FTV y la CCC organizaban el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), con entidades patronales, para “moderar” y negociar los reclamos al gobierno. Ante el curso de los acontecimientos, la CTA de Víctor De Gennaro levantó el paro que tenía previsto para el 20 de diciembre.

Cuatro días antes del estallido, el domingo 16, en el picnic anual del PO, Jorge Altamira había señalado:

“El proceso de lucha popular ya ha comenzado (…) El planteamiento del Partido Obrero es la necesidad de que cada movimiento popular sea un cacerolazo, una ocupación contra los despidos, se convierta en la ocasión de una Asamblea Popular del barrio, del distrito o de la provincia (…) Que a partir de las Asambleas Populares en cada lugar del país se arme una Asamblea Popular provincial o nacional que coordine el movimiento de lucha del pueblo argentino, contra los explotadores y los saqueadores.

“Hay que explicarle a la clase media que los trabajadores tenemos una salida y hay que explicárselo con autoridad. Porque aquella parte de la clase media que protestaba porque no podía pasar con el auto por una ruta cortada por los piqueteros, ahora está ella cortando las calles. Hoy, todo el mundo sigue el camino que marcaron los piqueteros”.

“La experiencia de los últimos años muestra la importancia de construir un gran partido obrero. ¿Cómo se puede derrotar el poder concentrado de los grandes capitalistas si el obrero renuncia a organizarse? Es una lucha encarnizada y en estas luchas ganan los que tienen convicción, conciencia, organización y programa”.

Las recurrentes crisis políticas sacuden al cada vez más frágil gobierno de Michel Temer en el cuadro de la mayor y más prolongada crisis económica y financiera de la historia brasileña. El Parlamento tiene a votación un paquete de leyes para imponer un techo a los gastos presupuestarios con alcance de 20 años y una reforma de la previsión social que, entre otras cosas, pretende elevar la edad jubilatoria.

La crisis política

En junio se produjo la caída de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, quien había capitaneado el impeachment que destituyó a Dilma Rousseff. En la noche del lunes 5 de diciembre, fue el turno del presidente de la Cámara de Senadores, Renan Calheiros -otro de los “caciques” del PMDB- desplazado por un juez del Supremo Tribunal de Justicia, bajo la acusación de peculado. Renan y los senadores oficialistas decidieron no acatar la orden del Supremo Tribunal Federal. El juez Marco Aurelio amenazó con pedir su detención por desobediencia a una orden judicial.

Renan es autor de un proyecto de “ley contra el abuso de autoridad”, para bloquear las investigaciones contra los legisladores corruptos involucrados en el desfalco a la Petrobras y en los sobornos recibidos por las grandes constructoras de la obra pública.

PT y el cogobierno con los golpistas

El sucesor de Renan sería nada menos que el “petista” Jorge Viana, vicepresidente de la cámara, que se ubicaría como tercer hombre en la sucesión presidencial. El PT pasaría así a presidir la casa que destituyó a Rousseff.

Es un secreto a voces que existe un “frente común” de todos los partidos parlamentarios comprometidos por las investigaciones judiciales. Incluso se llegó a debatir un proyecto para amnistiar a políticos condenados por anteriores casos de corrupción (Caixa 2 y Mensalão), la mayoría pertenecientes al PT, PMDB y PP. De no conseguir la continuidad de Renan, Temer ya tiene agendada una reunión con Viana para tratar el temario del ajuste y la amnistía.

“Temer está dispuesto a negociar iniciativas de interés de la oposición en caso de que Viana se comprometa a mantener la votación del paquete de ajuste” (Folha de São Paulo, 7/2). El PT pasaría de este modo a cogobernar con los golpistas. En la tarde del miércoles 7, Viana, en su primera intervención al frente del Senado, aún como vicepresidente, propuso poner a votación la ley que más interesa a Temer: “El gobierno espera finalizar la aprobación de la ley del techo de los gastos (recortes presupuestarios) para el martes”. El senador del PT, Lindbergh Farías, afirmó, en referencia a la participación de los senadores de su fuerza en la sesión donde se votará el ajuste, que “estamos en una crisis institucional y este gesto de venir acá muestra comando” (O Globo, 7/12).

Crisis palaciega

Las sucesivas crisis y escándalos de corrupción ya se llevaron puestos seis ministros en estos siete meses de gobierno golpista. Los movimientos derechistas que convocaron a las calles en favor del golpe contra Dilma han salido nuevamente a manifestarse, aunque ahora contra su propio engendro gubernamental, pidiendo la cabeza de Renan (las agrupaciones proto-fascistas “Vem para Rua” y “Movimento Brasil Livre” cuentan con funcionarios y diputados en la “base aliada” del gobierno). Con excepción de Río, las marchas tuvieron una escasísima concurrencia.

En las elecciones municipales de octubre pasado, el abstencionismo y el voto en blanco llegaron al récord histórico de 11 millones de ciudadanos -o sea, el 32,5% del padrón (O Globo, 31/10). El PT fue prácticamente pulverizado. Según encuestas recientes de Ibope, el presidente Temer cuenta con tan sólo el 13% de aceptación popular.

Las crisis estaduales

Donde los efectos de la recesión y la crisis fiscal, sumados a los cuantiosos subsidios al capital, se manifiestan con mayor rudeza es en el descalabro de las finanzas de los estados y municipios. Catorce Estados de los 27 que componen la federación brasileña están en cesación de pagos.

Río de Janeiro, Río Grande do Sul y Minas Gerais decretaron el “estado de calamidad pública y financiera” que los habilita a tomar medidas excepcionales, como recortar salarios de los estatales, despedir empleados, endeudarse a tasas usurarias y pasar por arriba de la ley de responsabilidad fiscal (vale recordar que el golpe contra Dilma se fundó en el argumento de que esta había violado dicha ley). Los salarios se pagan en cuotas y el pago del aguinaldo para la administración pública está en dudas. El colapso de los servicios públicos de salud, educación, seguridad y transporte es inminente.

En Río de Janeiro ya fueron detenidos dos ex gobernadores: Antonhy Garotinho, del evangélico Partido Republicano, y el otrora poderoso Sergio Cabral (PMDB) -el mismo que planificó los jugosos emprendimientos inmobiliarios y obras públicas vinculados a la Copa del Mundo y a las Olimpíadas junto a la constructora Odebrecht, cuyo directorio completo se encuentra también en prisión.

En el Estado de Tocantins, otros dos ex gobernadores fueron presos por quedarse con 200 millones de reales de coimas: Cardoso (del Partido Solidariedade) y Siqueira Campos (del PSDB). Ambas fuerzas componen la base aliada de Temer.

La continuidad del gobernador Pimentel (del PT) en Minas Gerais pende de un hilo por la andanada de denuncias por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.

La crisis económica

Todos los informes de los grandes bancos y organismos financieros coinciden en que la recesión se prolongará durante todo 2017. El PBI acumula una caída del 7,5% en los últimos tres años. Entre enero y junio de este año, 1.098 empresas ya habían recurrido a la quiebra judicial (Brasil Econômico). Muchas empresas de gran porte abrieron planes de “retiros voluntarios”: Petrobras, Infraero y siderúrgicas como Usiminas, entre otras.

Temer admitió públicamente que recibe fuertes presiones para cambiar a la conducción de la política económica. “Diferentes segmentos de la economía, insatisfechos con la situación económica, piden al gobierno medidas de estímulo” (O Globo, 5/12). El ministro de Economía, Meirelles, es objeto de críticas de sectores empresariales encabezados por la poderosa Federación Industrial del Estado de São Paulo (Fiesp), que pide a gritos por una nueva devaluación del real (que ya se depreció en un 5% luego del triunfo de Trump en Estados Unidos): “La industria está pidiendo medidas de incentivo a la producción y a las exportaciones” (ídem). La otra exigencia de la gran patronal es una nueva reducción de impuestos a la industria, algo que por el momento Meirelles descartó.

Vale recordar que el actual ministro de Economía, ex presidente del BankBoston, ya fue el presidente del Banco Central del Brasil durante los dos mandatos de Lula.

La crisis social y la rebelión popular

Las consecuencias sociales de la debacle económica son 12 millones de desempleados y 10 millones de trabajadores precarizados o con planes asistenciales que están bajo la línea de pobreza. El diario O Globo del 26/11 informó que en el país ya hay 20,5 millones de pobres y 2,7 millones en la miseria extrema. El poder adquisitivo perdió un 7,2% en los últimos once meses. Los planes sociales como el “Bolsa Familia” no se reajustan desde 2015, cuando la inflación pasó del 10%. Muchos de estos planes sociales fueron recortados del paquete de gastos antes mencionado.

Durante noviembre, los estudiantes secundarios y universitarios protagonizaron la ocupación de más de 1.200 establecimientos educativos para oponerse a la política de recorte de gastos y ahogo presupuestario. El 29 de noviembre, unos 15 mil estudiantes marcharon a Brasilia para pedir el fin de la dicha ley (PEC 55).

En la ciudad de Río de Janeiro son casi diarias las refriegas callejeras entre la policía del gobernador Pezão (PMDB) y los empleados estatales, a los que les han recortado el salario en un 30% -que serán destinados a los fondos de pensión quebrados.

Metalúrgicos, petroleros, docentes, bancarios, trabajadores de la cultura y carteros protagonizaron huelgas y medidas de lucha parciales durante todo 2016 por el salario, pero las centrales sindicales están negociando con el gobierno. Cuando el Parlamento se apresta a votar una batería de leyes patronales como la reforma laboral, la reforma del sistema previsional, el paquete de ajuste de Temer, la burocracia sindical que dirige la CUT, reunida el 6 de diciembre en Florianópolis, produjo un “llamado a la esperanza” por la asunción de Viana, del PT, a la presidencia del Senado.

El gobierno de Temer está bajo fuego.

La consigna popular de “Fuera Temer” va tomando cuerpo.

El acto convocado el pasado 9 de diciembre por el gobierno provincial en San Salvador de Jujuy con el slogan “Paz, Unión y Libertad Civil” fue la primera movilización masiva que convoca el gobierno de Gerardo Morales (UCR-Cambiemos). El mayor peso lo puso el aparato, lo que incluyó lista de asistencia a empleados públicos, colectivos desde el interior, bolsones de mercadería, cotillón oficial y bandas en vivo (al mejor estilo del gobierno anterior). La provincia gastó millones.

El acto estuvo marcado por la creciente presión para que Morales y la Justicia jujeña pongan fin a la detención arbitraria de Milagro Sala.

Morales se refirió explícitamente a esto en su discurso.

Luego de hablar en contra de los cortes y movilizaciones que se producían en años anteriores, el gobernador pidió “cárcel a los corruptos” y “que la Justicia actúe”. “Comparto la idea de que Lázaro Báez y (José) López deben estar presos, y Milagro Sala fue parte de esa matriz sistémica de corrupción”, sostuvo. Pero el gobernador omitió decir que la detención de Sala está viciada en origen porque fue apresada por el acampe que realizara frente a Casa de Gobierno en enero pasado, en el marco de una protesta.

Desde ese momento, el gobernador ha buscado cooptar a una parte del corrompido aparato de la Tupac, al que denosta públicamente, para desarrollar su propia base punteril.

El acto se realizó en un marco de crisis y presiones sobre el gobierno provincial, golpeado por planteos de diversas fuerzas políticas y organismos nacionales e internacionales que reclaman la liberación de Sala, lo que ha dividido al oficialismo. Además, el asesinato de Nelson Cardozo dentro de un penal de máxima seguridad ha destapado la descomposición de las fuerzas represivas y ha abierto una crisis política respecto de la seguridad.

Morales también ha recibido un golpe político con el desplazamiento de su socio en el gobierno, el vicegobernador Carlos Haquim (massista) de la presidencia del PJ jujeño. José Luis Gioja y compañía han decidido intervenir el partido y convocar a nuevas elecciones de autoridades. Esa crisis se potencia en el marco preelectoral de 2017, ya que el objetivo del PJ nacional es ir separado de la fórmula Cambia Jujuy.

A un año de asumir, Morales no puede mostrar ningún progreso en la provincia. No llegó ni la lluvia de inversiones ni el Plan Belgrano y se perdieron miles de puestos de trabajo. A partir de la detención de Sala, Morales aplicó una sistemática política represiva contra la resistencia de los trabajadores al ajuste. Las consignas por la “paz, la unión y la libertad civil” que presidieron el millonario acto son un agravio a la razón.

¿Celebraron la paz, la unión y la libertad los obreros de Ledesma a los que el gobierno denunció de oficio y les pretende realizar descuentos compulsivos en el marco de la paritaria, y además aplicarle una multa millonaria a su sindicato? ¿Los 800 despedidos por parte del gobierno en el Ingenio la Esperanza celebran “la paz”?

Los docentes y empleados estatales a los que el gobierno cerró su paritaria por decreto y luego descontó los días de paro ¿celebraron? ¿Las persecuciones a los activistas gremiales y vendedores ambulantes son símbolo de “paz, unión y libertad”?. Hablar de libertad civil cuando acaba de ocurrir un asesinato dentro de un penal, encubierto por las fuerzas de seguridad, y continúa la detención de Sala, es un atropello.

Frente a este escenario, donde el gobierno intenta someter a los trabajadores a una brutal regimentación, el Partido Obrero refuerza la convocatoria a movilizar masivamente el 20 de diciembre para denunciar el ajuste, los despidos y la tregua. Convirtamos esta jornada en la caja de resonancia de los problemas que sufren los explotados y de un reagrupamiento para enfrentar al gobierno del ajuste.

Los trabajadores tercerizados de Acindar Villa Constitución realizaron una movilización y un acto frente al Ministerio de Trabajo el pasado 7 de diciembre en reclamo del bono que anualmente reciben este mes (en mayo lo cobran los de planta). Esto, frente al anuncio de la patronal de que no pagaría el bono (o premio por resultados), que se viene cobrando desde hace años y que equivale aproximadamente a un sueldo.

En la última Junta de Delegados de Acindar y por iniciativa de la Comisión Interna, se resolvió iniciar el debate en los diferentes sectores para ir diagramando un plan de lucha por el bono en diciembre para los trabajadores tercerizados y los de planta. Esta discusión se vio demorada por el adelantamiento de las elecciones de delegados convocada de forma arbitraria e inconsulta por la Comisión Directiva de la seccional de la UOM.

Mientras tanto, esta Directiva de la seccional, junto a la Comisión Interna de los contratistas, apostaron en una primera instancia al Ministerio de Trabajo, donde se convocó a una audiencia por el pago del bono a tercerizados. A esta reunión, la cámara patronal no se presentó y sólo abundaron los cuartos intermedios.

Tras esto, la presión de los trabajadores y de varios delegados generó que intempestivamente la directiva de la seccional concrete el paro y la marcha de los tercerizados.

Desde la Agrupación El Martinete, planteamos claramente a todos los compañeros que “no hay bono sin pelea” y señalamos que para conseguir los resultados no se puede seguir peleando separados.

Es necesario superar la estrategia de la burocracia que es la división de los compañeros de planta con los tercerizados y pelear juntos todos los trabajadores para conquistar el bono.

Hace 15 años, un 28 de diciembre de 2001, el recién bautizado Frente 20 de Diciembre -en homenaje a la rebelión popular que una semana antes había echado a De la Rúa en helicóptero- recuperó la dirección de la Federación Universitaria de Buenos Aires de manos de Franja Morada. Haciendo honor a esa historia, la Junta Representativa de la Fuba votó el martes pasado marchar este 20 de diciembre a Plaza de Mayo junto al clasismo y al movimiento piquetero independiente.

La convocatoria a la marcha estuvo lejos de ser un acto conmemorativo o de rutina. Días antes, una declaración de la UJS (ver "La 'paz social' con Macri hasta 2019 y el futuro de la Fuba") llamó a las conducciones de todos los centros de estudiantes a rechazar la tregua por tres años que las organizaciones sociales vinculadas al Papa y a la CGT firmaron con el gobierno. El señalamiento era pertinente, puesto que La Mella -que comparte la presidencia de la Fuba con la UJS- es integrante de la CTEP, participó de los 'encuentros' en el Vaticano y festejó el pacto detrás de la Ley de Emergencia Social como un "triunfo popular".

En la Junta Representativa, la moción de la UJS fue aprobada con el voto de los centros de Filosofía, Veterinarias, Farmacia y el apoyo de La Corriente, que preside el centro de la Fadu. El centro de Exactas, conducido por La Mella, el de Psicología, representado por El Brote (FpV), y el de Ingeniería, en manos del MLI (MPE), se abstuvieron objetando que la marcha, convocada por el SUTNA recuperado y decenas de seccionales e internas antiburocráticas, "carecía de legitimidad". A 15 años del Argentinazo, una parte de las agrupaciones del movimiento estudiantil decidió sellar su destino a los avatares del PJ, la burocracia sindical y las fuerzas políticas de la burguesía.

La declaración votada por la Junta Representativa advierte "a los jóvenes, estudiantes y trabajadores, del camino sin perspectivas que es la cooptación estatal de las organizaciones populares y llamamos a defender la independencia política del movimiento estudiantil".

Ninguna tregua al ajuste: el 20 copemos la Plaza con la "Fuba piquetera", hija del Argentinazo.

Eran algo más de las 10 de la noche del 19 de diciembre de 2001 cuando las calles del centro de Buenos Aires quedaron ocupadas por decenas de miles que llegaban con un grito contundente: “El estado de sitio se lo meten en el culo”.

Ese grito hiriente contra el estado de sitio indicaba el grado de conciencia política alcanzado por las clases medias empobrecidas. El 17 y el 18 habían abundado los saqueos en grandes centros urbanos del país. Esto es: se trataba de un movimiento de amplitud nacional. Contra ellos, el presidente Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio a la espera de contar con el respaldo de la pequeña burguesía.

De la Rúa se equivocó: aquella clase media empobrecida, saqueada ella misma en sus ahorros por el “corralito”, estaba obsesionada por su propio derrumbe. Entre el estado de sitio de los saqueadores capitalistas y el pueblo explotado, se ponía del lado de este último. En otras palabras: la pequeña burguesía de Buenos Aires se había hecho piquetera, lo cual señalaba la presencia de una situación revolucionaria.

Los antecedentes

Un año antes, el gobierno de la Alianza (había ganado las elecciones nacionales en 1999) marchaba hacia una declaración internacional de quiebra respecto de la deuda externa. Se terminaba la bicicleta consistente en reciclar una y otra vez una deuda impagable, mientras la producción y las inversiones no hacían más que caer. Un régimen social entero se derrumbaba: en diciembre de 2001, los desocupados eran casi 4 millones.

En verdad, se asistía a la disolución del Estado argentino y de todas sus relaciones sociales. Como antes de 1881, cuando se creó la moneda nacional, las provincias emitían dinero por su cuenta y llegó a haber 14 cuasi monedas con las que se pagaban salarios, y a las que nadie reconocía su valor nominal. En la provincia de Buenos Aires hubo una huelga de maestros por tiempo indefinido para exigir que les pagaran en pesos.

Frente al flagelo del desempleo se había producido un fenómeno notable: la clase obrera desocupada comenzó a organizarse. Eso fue el movimiento piquetero: una enorme acción obrera por el pan y por el derecho al trabajo. Y, en condiciones de bancarrota capitalista y profunda crisis política, esa demanda condujo a la cuestión del poder.

El Argentinazo estuvo precedido por puebladas masivas en General Mosconi y Tartagal, Salta, de los petroleros despedidos de YPF, privatizada por Menen con el respaldo decidido de gobernadores como Néstor Kirchner.

También por toda una cantidad de luchas enormes desde el Santiagueñazo en 1993, los comerciantes de Cutral-Có, la población de la Ciudad de Buenos Aires durante el apagón de 1998, los medianos y pequeños fruticultores de Río Negro, las mujeres agrarias, los tractorazos de la Pampa húmeda, las grandes movilizaciones docentes y estudiantiles en Córdoba, los paros generales a partir del año 2000, la ocupación de lugares de trabajo y, sobre todo, el gran corte piquetero de la ruta 3, en La Matanza, en noviembre de 2000. Un reflejo de aquella situación fue el crecimiento electoral de la izquierda en 2000, que llevó a Jorge Altamira a la Legislatura porteña.

La Asamblea Nacional Piquetera

El gran antecedente inmediato del Argentinazo fue la convocatoria a las dos primeras reuniones de la Asamblea Nacional Piquetera, ambas en La Matanza, en julio y en septiembre de 2001. No fue una reunión de desocupados sino del movimiento obrero: allí estuvieron seccionales de la CTA (Neuquén, Santa Cruz), mineros de Río Turbio, comisiones internas de gráficos y colectiveros, seccionales docentes (no la Ctera, entrampada en una negociación inconducente con un gobierno que se caía) y hasta representantes de pequeños productores agrarios. Muchas de esas organizaciones habían rechazado, tres meses antes, la convocatoria a un congreso nacional piquetero, lo cual indica la velocidad a la que evolucionaba la situación.

Entretanto, la lucha obrera y popular se extendía: huelgas en Aerolíneas, estatales, en grandes fábricas como Gatic y Alpargatas, más luchas agrarias, ascenso sostenido del movimiento docente-estudiantil. Invitado, junto con Norma Nassif (CCC) y Claudio Lozano (asesor de la CTA) a dar uno de los informes iniciales de la Asamblea, Altamira señaló la perspectiva estratégica que el movimiento obrero necesitaba darse: la sustitución del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales por asambleas constituyentes soberanas, es decir con plenos poderes ejecutivos para proceder “al cese del pago de la deuda externa, la estatización de los bancos bajo control obrero, un impuesto extraordinario a los grandes intereses, el reparto de las horas de trabajo entre la población trabajadora y un mínimo salarial de 600 pesos (el costo de la canasta familiar en ese momento) por una jornada de 8 horas” (Prensa Obrera, 26/7/01). La segunda Asamblea, en septiembre, avanzó en esa línea con un programa de reivindicaciones sindicales y políticas. Los 1.500 delegados de esa segunda Asamblea (un 70 por ciento más que en la primera) representaban a algo más de 30 mil compañeros organizados.

El 8 de diciembre, a días de la sublevación, el Bloque Piquetero Nacional levantó una consigna definitiva: “Fuera De la Rúa-Cavallo” (por Domingo Cavallo, ministro de Economía). Ese Bloque, además, tenía dentro de sí la corriente clasista del Polo Obrero, fundado en agosto de 1999, por un gran plenario de trabajadores. El Polo Obrero y el Partido Obrero fueron constructores del Argentinazo.

Mirada hacia atrás

El Argentinazo fue, en definitiva, el ejercicio directo del derecho a revocatoria de un gobierno agotado, por tanto ilegítimo, aunque electo por los mecanismos de la democracia formal. La renuncia de Cavallo en la madrugada del 20 (cuando la lucha de barricadas llegaba a su punto más alto en los alrededores de la Plaza de Mayo) resultó tardía y no logró detener la movilización. El gobierno, incapaz ya de defenderse a sí mismo, defendió sin embargo las fronteras del poder en la llamada “batalla de la Plaza de Mayo”, en la mañana y la tarde del 20, que costó cinco muertos y centenas de heridos. En total, la represión provocó 39 muertos en todo el país.

Las asambleas populares surgieron como hongos después de la lluvia y aterrorizaron a la burguesía, al punto que La Nación llegó a hablar de “soviets” (consejos obreros, en ruso). Por cierto no lo eran, pero había en ellas un asomo del poder que emana del pueblo organizado en las calles, que delibera y ejecuta. Luego, las asambleas populares tropezaron consigo mismas: la consigna “que se vayan todos”, revulsiva en un primer momento por expresar el repudio a un régimen político terminado, acabó por confinar ese repudio a una crisis de representación política y no de organización social. A partir de allí, los mismos personeros repudiados por el Argentinazo se las arreglaron para avanzar en una reconstrucción de la autoridad estatal que, sin embargo, nunca logró remontar las razones de fondo de la bancarrota económica y política que condujo a 2001. Hoy, esas contradicciones sociales se reiteran en una escala superior, con la presencia de un Partido Obrero y un Frente de Izquierda constituidos en referencia política para todo un sector de los explotados. Como dijo el PO en su momento, la resaca del Argentinazo tiene un potencial revolucionario más alto que el Argentinazo mismo.

Durante cinco años, la oposición a la dictadura de Bashar al-Assad descansó en el apoyo financiero y militar de la coalición sunnita formada por Turquía, Arabia Saudita y Qatar. Estableció su sede en Ankara y aprovechó el acceso que le brindaba la frontera de Turquía con Siria para obtener suministros de materiales y el ingreso de asesores militares. Turquía propició y financió el ingreso de Al Nousra, una fracción de Al Qaeda, en el norte de Siria y el este de Alepo, como lo había venido haciendo, a la vista de la Otan, con Isis -Estado Islámico-, que se alojó en un vasto territorio de ese país contiguo a Irak. El propósito declarado del gobierno turco era el derrocamiento de al-Assad. Esto explica que la intervención de Rusia, en septiembre de 2015, agudizara la confrontación entre el turco Erdogan y el ruso Putin, incluyendo el derribo de un avión militar de Rusia. El 21 de diciembre, estos enemigos reconciliados desde hace un largo par de meses, se reunieron en Moscú para organizar el reparto de Siria. Al canciller de Obama, John Kerry, no le mandaron ni una tarjeta navideña. Los combatientes laicos de la oposición a la dictadura le han hecho pagar muy caro al pueblo de Siria su sometimiento político a los Estados reaccionarios de la región y a la Otan.

Uno de los factores principales del viraje de Turquía hacia Rusia fue el progreso en el norte de Siria de la milicia kurda YPG, apoyada con armas y asesores por la alianza atlántica, para combatir a Isis. El Kurdistán abarca el 20% del territorio de Turquía; ha instalado un gobierno autónomo en el norte de Irak, que limita con el sur turco, y está presente en Irán y en franco progreso en Siria. La unión y la independencia nacional de las poblaciones kurdas son la pesadilla de Erdogan, y también el pretexto para instalar en Turquía un régimen de mano fuerte contra las luchas crecientes de los trabajadores, la juventud y la mujer en su propio país. Erdogan han enviado tropas al norte de Siria, con la justificación de combatir a su apadrinado Isis, y lo mismo a Mosul, en Irak, para que la ciudad no caiga en manos de las milicias kurdas -conocidas como Peshmergas. Ahora, en Moscú, se ha sentado a la mesa con Putin y el gobierno de Irán, para canjear el retiro de Alepo por un derecho de supervisión directa sobre el norte de Siria. Todo esto adornado con una declaración que promete la “unidad territorial” de Siria, que es exactamente lo que han acordado violar.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: La caida de Alepo por Jorge Altamira

Los yanquis han quedado afuera, precisamente por esto. Como le dijo un vocero de Obama al portal Zero Hedge: “Hemos dejado que nuestras diferencias con Turquía acerca de los kurdos y nuestros puntos de vista sobre la parte norte de Siria crearan grietas que los rusos han sabido explotar”. Erdogan obtuvo el aval de Putin para proseguir con la operación “Escudo del Eufrates”, que apunta a desalojar a los kurdos de Siria. Clarísimo: el norte de Siria quedará ahora bajo supervisión político-militar de Erdogan, en claro choque con el planteo que alguna vez hizo Bashar al-Assad de reconocer una autonomía kurda en el norte, en el marco de una “Siria federal”.

El reparto de Siria no arregla nada y constituye una advertencia seria para los movimientos nacionalistas que pelean contra el régimen sionista, por ejemplo Hezbollah, que en cualquier momento será acorralado por nuevos pactos para “pacificar” la región. La entrada de Turquía en la mesa de los enjuagues es una suerte de garantía para Israel, con el que comparte intereses estratégicos. Putin ya arregló con Netanyahu una vigilancia compartida de la zona del Golan y el derecho a ataques preventivos contra lo que entienda como insinuaciones de agresión,

El “arreglo” moscovita augura un agravamiento de los choques militares entre Turquía y las organizaciones kurdas en todos los escenarios pertinentes. Trump, para colmo, ya se comprometió a apoyar una independencia de la región kurda en Irak, que es petrolera; Erdogan, en cambio, arregló con Putin la prosecución del proyecto de oleoductos de Rusia a Europa, conocido como “Southstream II”, para dejar afuera el tránsito del combustible por Ucrania. En este contexto de contradicciones violentas, las alianzas que se prometan y las que se firmen no durarán un suspiro, como ya viene ocurriendo. A nadie le pasó desapercibido que los pulpos petroleros se han quedado con la parte del león del gobierno montado por el evasor serial de impuestos que va a asumir pronto en Estados Unidos.

El atentado de un funcionario policial turco contra el embajador ruso en ese país, lejos de ser solamente un episodio de terrorismo, marca una tendencia a convertir la crisis política en Turquía en una guerra civil. Turquía, que aloja una enorme base nuclear de la Otan, se encuentra con sus fuerzas armadas divididas por la presión de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. Ya hubo una tentativa de golpe; el reparto de Siria se ha pactado con Erdogan, de modo que el asesinato del embajador de Moscú es un tiro por elevación al conjunto del régimen.

Nosotros, el Partido Obrero, planteamos la autonomía nacional de todos los Estados y pueblos del Medio Oriente, el derrocamiento de sus monarquías y dictaduras, la expulsión del imperialismo bajo todas sus formas y el establecimiento de una Federación Socialista de repúblicas de trabajadores.

Publicado en www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/667552146758983

El juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa por el apropiamiento ilegal de Papel Prensa SA durante la dictadura militar. El fallo resulta particularmente grave porque niega las consecuencias extorsivas de un acto de terrorismo dictatorial.

Papel Prensa había sido fundada por el banquero David Graiver, de manejos turbios con los fondos de la agrupación Montoneros, a la que aparentemente estafó. Cuando se produjo el golpe de 1976, Graiver había huido del país, pero poco después murió en México, en un accidente de aviación extraño, porque nunca se pudieron identificar los cadáveres ni se encontró la caja negra.

Entre abril y mayo de 1976, casi todo el directorio de Papel Prensa fue secuestrado por grupos de tareas militares, entre ellos, la esposa de Graiver, Lidia Papaleo y Rafael Ianover, ahora querellantes en la causa contra Magnetto y compañía. Papaleo, Ianover y los otros fueron torturados personalmente por el general Bartolomé Gallino, lo cual indica la importancia que se les daba a aquellas víctimas. Cuatro meses después, el 2 de noviembre de 1976, Papaleo vendió Papel Prensa a una sociedad integrada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Papaleo denunció que fue obligada bajo tortura a efectuar esa operación y que Magnetto mismo le dijo: “Firmá o podés dar por muerta a tu hija”. Vendido Papel Prensa en esas circunstancias, Papaleo nunca llegó a cobrar la suma absurda de 7.000 dólares correspondientes a la primera cuota.

Según actas militares, otro Gallino, Oscar, oficial preventor a cargo de “investigar” aquella operación, el 7 de abril de 1977 “recibió a los directores y asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del grupo fundador de Papel Prensa SA” (Tiempo Argentino, 6/6/10). Ese Gallino con el que se reunieron Magnetto, Noble y Mitre era el subjefe del centro clandestino de detención y exterminio El Tolueno, en la zona 4 de Campo de Mayo, donde, entre otros crímenes, fueron asesinados los militantes del ERP capturados en el asalto al Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975.

Ahora, Ercolini dice que no hay prueba ni indicio alguno sobre el vínculo entre los secuestros de Papaleo, Ianover y los otros y la venta de Papel Prensa; sugiere, además, que el grupo vendió la empresa amenazado por Montoneros, debido a la deuda que Graiver habría tenido con esa organización. El fallo resulta en ese punto simplemente ridículo: Papaleo no se habría sentido amenazada por el secuestro y torturas a que fue sometida por un grupo de tareas, sino por la posibilidad de que Montoneros, a esa altura casi destruido, le hiciera daño por una deuda. La gravedad del asunto es que el fallo desconoce las consecuencias de un secuestro, torturas y amenazas de asesinato.

Ercolini es una síntesis personal del estado de corrupción política y de todo tipo en que se encuentra la Justicia argentina. Allegado del ex procurador Esteban Righi, sobreseyó con velocidad récord a Néstor Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito apenas asumió en su juzgado, en 2004. En 2008 también salvó a los Kirchner en otra megacausa por asociación ilícita y fue denunciado por Elisa Carrió, que pidió juicio político contra él. Cuando los vientos empezaron a cambiar ordenó la detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, por recibir dádivas. Y ahora libra de responsabilidad a un grupo de tareas de la dictadura. La vieja servilleta de Carlos Corach cambia de orientación según los vavivenes de la política, pero sigue funcionando a full.

La Lista Verde y Roja de ATE Ministerio de Cultura ganó por 248 votos contra 209 la elección de Junta Interna ante la Lista Verde, Azul y Blanca. Es la primera vez, desde 2001, que se presentan dos listas para disputar la conducción del sindicato en Cultura y asiste el 80% de padrón a votar. La VyR peleó contra dos aparatos unificados -y sus cajas- y ganó con el voto de los compañeros de escritorio que pagaron rifas para poder financiar la campaña.

La Verde, Azul y Blanca surgió de la unidad entre la Verde y Blanca que dirige la seccional Capital y el sector de la Verde que responde a Pancho Dolmann, conocido en el sindicato por los manejos oscuros que lleva adelante en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). A fines de octubre, estos dos sectores se habían enfrentado físicamente llegando al punto de destruir la fachada del Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores, donde se realizaba el congreso federal de ATE. Sin embargo, no tuvieron problema en presentar una lista única contra los delegados de los trabajadores. Algunos de los candidatos de la Verde, Azul y Blanca no fueron empadronados para votar delegados de sector aunque se pasaron de UPCN a ATE entre septiembre y octubre de este año.

El mayor orgullo de la Verde y Roja es estar compuesta por compañeros que se reincorporaron con la lucha. El 29 de enero, cuando la lista de 500 despedidos por el gobierno de Macri llegó a las puertas del ministerio, un sector de los delegados se opuso a defender “ñoquis” tomando el discurso de Cambiemos, que calumnió a los trabajadores del Estado como cobertura de un operativo de ajuste y despidos masivos. Desde ese día se borraron de las movilizaciones, de las asambleas y se encerraron en sus sectores. Mientras tanto, las asambleas transcurrían unificadas y una decena de trabajadores tomó responsabilidades y puso la cara sin tener fueros: esos compañeros son hoy los delegados electos. Cultura es el ministerio nacional con mayor número de reincorporaciones: 240 trabajadores volvieron con organización y lucha a sus puestos de trabajo. Muchos de los que no se lograron reincorporar apoyaron públicamente a la Verde y Roja.

A pesar de presentar candidatos que fueron coordinadores hasta la gestión anterior y delegados que ostentaban un prontuario de traiciones a los trabajadores, la Verde, Azul y Blanca hizo una importante elección y ganó seis de los 19 sectores entre los que se encuentran el Museo Malvinas, el Instituto Nacional del Teatro y el edificio de Alsina al 400. La lista contó con el apoyo político incluso de Luis D’Elía, que los llamó a votar. Sin embargo, su unidad no resistió 24 horas: al día siguiente de las elecciones algunos de los delegados de sector ya estaban sacando comunicados descalificando a sus propios compañeros.

En 12 sectores quedaron consagrados delegados los trabajadores de la Verde y Roja, una lista que se caracteriza por la unidad en la lucha. Un frente que se realizó con grandes diferencias políticas y profundos debates pero con un acuerdo absoluto sobre el método de organización y la defensa de los trabajadores. Los trabajadores del Ministerio de Cultura eligieron una Junta Interna unitaria y combativa contra el acuerdo electoralista de los aparatos que se han pasado el año sin poner en pie un plan de lucha unificado. Ganó la lista del activismo que lucha.

A 15 días de terminar el año, ATE Cultura renovó mandato con 34 delegados de los trabajadores, ni de los gobiernos ni de los patrones.

Las elecciones de ATE-Inti arrojaron un vigoroso crecimiento de la combativa Lista Naranja + Independientes, que creció más del 40% en la votación para Junta Interna respecto de la elección anterior y pasó de no tener ningún delegado a consagrar 19, ganando en 14 de los 35 sectores del organismo.

La Lista Verde, que responde a la conducción de ATE, retuvo la Junta Interna con 416 votos (56%), mientras que la Naranja obtuvo 319 (44%).

Para delegados de sector, la Verde ganó en 17 sectores y la Naranja, en 14. Listas independientes se impusieron en otros cuatro. Para la elección de delegados por sector votaron 200 trabajadores más que en la elección de JI.

La Naranja + Independientes ha dado un nuevo salto en el camino por la recuperación de los sindicatos, levantando los métodos de la democracia sindical y la defensa incondicional de los derechos laborales de los trabajadores.

Los 80 fiscales y autoridades de mesa que se sumaron a defender cada voto naranja en las 35 mesas de votación se sobrepusieron a cada maniobra de la burocracia durante la elección.

Ocurre que durante el largo proceso electoral quedó en evidencia el frente armado por la lista Verde de Inti y las autoridades, las cuales se la jugaron con todo para impedir el avance de nuestra lista, poniendo todos los recursos con los que contaban a disposición de “Pancho” Dolmann, referente de la Verde. En ese frente también se involucraron el Ministerio de Trabajo y el de Modernización, interesados en la continuidad de una conducción gremial que les ha dejado pasar los despidos y la tercerización en el instituto. Para completar el cuadro, ATE Capital (la Verde y Blanca kirchnerista), que integraba la junta electoral, tras un acuerdo de aparato con “Cachorro” Godoy, pasó a jugar abiertamente para la Verde, dejando que meta mano en los padrones de afiliados hasta incluso el día anterior de la elección. El macrismo, el kirchnerismo y la Verde se unificaron en esta ocasión para detener a la Naranja, lo cual agiganta la importancia de los resultados obtenidos.

Hacia adelante queda planteado el desarrollo de un fuerte trabajo en cada sector, donde impulsaremos asambleas para avanzar con todos los derechos laborales que están siendo bloqueados por las autoridades.

¡Vamos por el pase a planta, la carrera laboral, contra el vaciamiento y el impuesto al salario!

La grotesca imagen del ministro de Economía chileno, Luis Céspedes, mientras posa sonriente con una muñeca inflable que tiene la boca tapada por un cartel con la leyenda “para estimular la economía”, suscitó un gran escándalo. El “regalo” fue entregado por Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma), con el argumento de que “la economía chilena es como las mujeres, necesita un estímulo”. El mensaje constituía una chicana para Céspedes y todo el gobierno, buscando reflejar el clima de descontento empresarial por el rumbo de la economía. La forma vulgar y misógina de la chicana puso en el banquillo de los acusados a empresarios y políticos, echando kerosene a la crisis política y social que vive Chile.

“Bajón económico”

El pedido de estímulo hecho por los empresarios se da en un contexto de desaceleración de la economía que algunos ya caracterizan como un “bajón”. Este último trimestre de 2016 registró la primera caída en la actividad económica en siete años y las proyecciones para el año que viene no son buenas, ya que la Presidenta, Michelle Bachelet, anunció un recorte de la inversión pública para 2017 (con el objetivo de mantener la calificación de riesgo de la deuda chilena), lo cual llevaría el incremento del gasto público a la menor cantidad en 14 años.

Sucede que el gasto público en Chile viene incrementándose en los últimos años, pero el consumo siguió bajando, los precios subiendo y la desocupación creciendo. Las generosas inyecciones de estímulo fiscal y la baja de las tasas de interés tuvieron como objetivo el mentado estímulo del capital privado; sin embargo, el resultado fue un déficit fiscal récord para 2016, el segundo más importante de los últimos 25 años. El desenvolvimiento de la crisis capitalista viene asestando golpe tras golpe a la economía chilena: la caída del crecimiento chino, el desplome de los precios del cobre y ahora el anuncio hecho por Trump de la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (del cual Chile era uno de los primeros y principales integrantes).

Contra los trabajadores y las mujeres

Chile llega a esta crisis después de años de confiscación del salario y de deterioro de las condiciones de vida de las masas. Las movilizaciones de los últimos años dan cuenta de un hartazgo popular y apuntan contra los pilares heredados del pinochetismo que los gobiernos de la democracia se empeñaron en sostener. En 2016, trabajadores de distintos gremios salieron a luchar por el salario y hubo varias protestas estudiantiles en reclamo por la gratuidad. La lucha por la derogación del régimen de las AFP (jubilaciones privadas) conmovió el país y generó las marchas más grandes de los últimos años e incluso un paro nacional.

La movilización de mujeres por el #NiUnaMenos y contra la violencia de género en Chile fue de las más importantes de América Latina, y tiene mucha lógica ya que el nivel de atraso de los derechos de las mujeres es brutal. Chile es uno de los seis países en el mundo (junto con el Vaticano, Malta, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador) que prohíben el aborto incluso en circunstancias de violación o riesgo de vida de la madre, y se calcula que los abortos clandestinos alcanzan unos 70 mil al año. Por igual trabajo, las mujeres perciben un 27% menos de paga que los hombres. Si bien no existen estadísticas sobre los femicidios (lo cual es todo un síntoma), varios casos generaron la indignación popular durante este año y reflejan que no se trata de hechos aislados.

Se calcula que sólo en el centro de Santiago hay más de cien “cafés con piernas”, donde las camareras atienden semi-desnudas y en los reservados se ejerce la prostitución. La trata de personas creció en los últimos años fundamentalmente como consecuencia de la inmigración: “Muchos, al llegar a la frontera, son impedidos de entrar por un funcionario policial que no los considera turistas y los rechaza. Estas personas quedan a la deriva, dando vuelta cerca de los puestos fronterizos, donde son fácilmente presas de redes que les ofrecen ingresarlos al país de manera clandestina”1. La trata incluye la explotación sexual y laboral. En 2014, el empresario, senador y candidato a presidente Francisco Javier Errázuriz Talavera fue encontrado culpable por la explotación en condiciones de esclavitud de 54 trabajadores paraguayos.

Lejos de ser un exabrupto, el episodio de la muñeca inflable refleja la decadencia de todo el régimen social y político en Chile contra el cual los trabajadores, las mujeres y el pueblo chileno ya empezaron a levantar cabeza.

Notas:

1. Centro de Investigación Periodística (Ciper) Chile.

“Tiene el apuro de la política”, dice Página/12 (28/12) sobre el dictamen de procesamiento de Cristina Kirchner resuelto por el juez Julián Ercolini. Es posible: en la Argentina los fallos judiciales tienden a ser maniobras políticas, e incluso el momento de los dictámenes se negocia en distintos despachos fuera de Comodoro Py. Ercolini, por otra parte, es un todoterreno funcional siempre al gobierno de turno. Tiene, por ejemplo, un pedido de juicio político presentado contra él por Elisa Carrió cuando, en 2005, sobreseyó en tiempo récord a Néstor Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. Después, cuando los vientos comenzaron a soplar en dirección contraria, detuvo a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transportes kirchnerista que estafó al Estado con la compra de material ferroviario inservible en España y Portugal. Y, hace apenas 10 días, sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa.

Señalados esos antecedentes del juez, debe consignarse que las 800 páginas del dictamen son aplastantes y no por la cantidad de papel. Por ejemplo, Lázaro Báez (era empleado bancario cuando Néstor Kirchner asumió por primera vez la gobernación de Santa Cruz) recibió con Austral Construcciones —empresa que creó en 2003, cuando NK ganó la presidencia de la Nación— tanta obra pública como la provincia de Buenos Aires entera, o como otras once provincias, además con sobreprecios obscenos. Ercolini recuerda que CFK, a quien llama “la encartada” (así designa la jerga judicial a la persona que ha de ser juzgada en un proceso) era “al menos” socia comercial de Báez. Ese “al menos” sugiere que en verdad era un testaferro.

El embargo por 10.000 millones de pesos involucra, además de la ex Presidenta, a Julio De Vido, Báez y el “bolsonero” José López. Paralelamente, la resolución de Ercolini aporta documentación a la causa por lavado de dinero mediante los hoteles Los Sauces y Hotesur, propiedad de los Kirchner, en cuyo uso supuesto se habría lavado dinero de Báez.

El procesamiento de CFK saca a luz los negociados del anterior gobierno a expensas del Estado en una causa de las varias contra la ex presidente que anima el oficialismo. Pero se cuida muy bien de avanzar sobre la patria contratista encabezada por la Cámara de la Construcción, que ahora hace negocios con el macrismo. Por lo pronto, Odebretch sigue firme en la mega obra del soterramiento del Sarmiento, que será llevado a cabo en asociación con el primo de Macri Calcaterra.

Desde hace poco más de año y medio, los trabajadores de Espumas Pilar SRL, a partir de la conformación de su comisión interna, comenzaron a recuperar conquistas postergadas. La patronal, que desde hace más de 25 años se dedica a la fabricación de colchones bajo un régimen de precarización laboral extremo, no estaba dispuesta a ceder sin resistencia. El 14 de diciembre, después de varios meses sin respuesta, la comisión interna convocó a una asamblea donde el conjunto de los trabajadores decidieron comenzar un plan de lucha. La empresa no les permitió el ingreso a planta durante tres días. Durante la jornada en la que se desenvolvió una audiencia en el Ministerio de Trabajo, los compañeros permanecieron en asamblea permanente en apoyo a sus delegados. La empresa redobló la apuesta despidiendo a cuatro trabajadores, sin respetar la conciliación obligatoria que el ministerio había dictado.

La respuesta

Frente al ataque de la patronal se convocó a asamblea y se dispuso el paro total hasta la reincorporación de los compañeros y la respuesta a todos los reclamos.

El jueves 22 de diciembre, en una nueva audiencia en el ministerio, los delegados, representantes del gremio y la patronal, después de largas horas de tensas discusiones llegaron a un acuerdo por medio del cual la empresa aceptó la reincorporación de los despedidos y se comprometió a dar respuesta a los reclamos de los trabajadores. Todo esto, mientras los trabajadores en planta permanecían en asamblea.

En un período de profundización de los ataques al pueblo trabajador desde el gobierno de Macri y todos los gobernadores, los trabajadores de Espumas Pilar han puesto en práctica los métodos históricos de la clase obrera y durante siete días mantuvieron un paro total de la producción por medio de bloqueo de portón, piquetes y asambleas. La lucha y el gran triunfo de los trabajadores de Espumas Pilar debe tomarse como ejemplo para todos los trabajadores de zona norte, para el parque industrial Pilar y principalmente para todos los trabajadores del gremio plástico, que venimos sufriendo miles de despidos y suspensiones.

Como en pocos escritores, algunos datos biográficos de Andrés Rivera son indispensables para entenderlo: nació de madre ucraniana, y su padre era un obrero polaco, judío y comunista, perseguido por ambas cosas. Marcos Ribak (tal su nombre de nacimiento) respiró su primer aire en 1928, en la porteña Villa Crespo. Como su padre, ingresó prontamente en el Partido Comunista y fue, también él, obrero textil durante seis años en una fábrica en Villa Lynch. En 1993, en una entrevista con Guillermo Saavedra, diría que del trabajo fabril aprendió dos recursos estilísticos presentes en toda su literatura: la economía de palabras y de movimientos.

Su primera novela es de 1956, El precio, seguida de otra, Los que no mueren. En los años siguientes publicó tres libros de cuentos: Sol de sábado, Cita y El yugo y la marcha. Hasta El yugo y la marcha (1968) siguió la línea que el estalinismo le imponía a toda producción artística: el “realismo socialista”. Ambientadas en el mundo fabril, aquellas obras describen las huelgas y las luchas de los trabajadores con un optimismo sin fisuras, en medio de un avance lineal hacia la revolución. La representatividad de los personajes está dada sólo por la realidad social, por su lugar en las relaciones de producción.

Sin embargo, en 1964 se produjo un hecho clave para toda su evolución posterior: fue expulsado del Partido Comunista por sus observaciones críticas a las posiciones del PC en materia de política y de arte.

En 1972 publicó Ajuste de cuentas, y sobrevino luego un silencio de una década. Se trataba, en verdad, de un ajuste de cuentas con su propia literatura, de un punto de inflexión que depararía un giro radical en su escritura. Cuando en 1982 vio la luz Nada que perder había transcurrido la dictadura militar, la casi clandestinidad, la oscuridad silenciosa. Su novela El verdugo en el umbral, escrita en 1975, no se publicó hasta 1994, reescrita casi por completo. Es sintomática en la producción del Rivera pos-dictadura la reescritura, la reelaboración y el entrecruzamiento de personajes de distintas obras. Esos personajes, ahora, adquieren dimensión existencial propia, individual, aunque persiste lo colectivo, el contexto social en el que se desenvuelven. Una obra si se quiere maestra en ese punto es El farmer, llevada al teatro por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone, con las actuaciones de Audivert y Rodrigo de la Serna.

En ese “nuevo” Rivera, el poder ya no es un monstruo compacto, sin fisuras, un simple andamiaje económico. Siniestro, umbrío, ahora el poder es también azaroso, cambiante, muchas veces imprevisible. El determinismo económico da paso a la política y la política es, ante todo, relaciones de fuerza entre individuos y grupos. La lucha de clases queda, en buena parte, diluida en esas relaciones.

Por la obra de Rivera desfila la historia y tiene en ese punto dos obras monumentales: El amigo de Badeudelaire (1991) y La sierva (1992). También En esta dulce tierra, que empieza a transcurrir en 1835, durante el segundo gobierno de Rosas; y La revolución es un sueño eterno, con la lucha entre jacobinos y conservadores en Mayo, según la visión del escritor sobre aquel episodio histórico. No se trata de novelas históricas sino de personajes que viven en una determinada época, pero el lector ve pasar por las páginas de Rivera las invasiones inglesas, Artigas, la guerra española, el gobierno del general Justo, el surgimiento del fascismo italiano, el movimiento sindical argentino de comienzos del siglo XX y Rosa Luxemburgo, el alza revolucionaria en la América Latina de los ’60, Perón y el peronismo. En todos esos procesos, Rivera sugiere su propio desánimo, su decepción, las luchas enormes y hasta la inevitabilidad de la derrota, como si el estalinismo hubiera roto las ilusiones del artista hasta que le fue imposible reconstruirlas. Así, incluso desde el punto de vista estilístico Rivera se replegó en la brevedad del cuento y la nouvelle.

Fue la tragedia, política y artística, de un enorme e imprescindible escritor argentino.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy finalmente condenó a Milagro Sala a una pena de 3 años de prisión en suspenso por haber instigado a un escrache contra el gobernador Gerardo Morales, ocurrido en 2009. Los fundamentos finales serán dados los primeros días de febrero, pero la defensa ya anunció que apelará el fallo. Otros dos integrantes de la Tupac Amaru, Graciela López y Ramón Salvatierra, fueron condenados a tres y dos años, respectivamente, por “daño agravado”.

El gobierno persiguió afanosamente este fallo porque necesitaba una condena que justifique un año de detención de Sala sin sentencia. Su querella había solicitado la pena máxima de 8 años de prisión. Por el contrario, una absolución hubiera significado una desautorización, especialmente después de los reclamos internacionales de la ONU y la OEA. Morales reunió a la mesa nacional del comité de la UCR para que respalde su posición, organizó un multimillonario acto-festival el 9 de diciembre “por la paz y las libertades civiles” y montó una campaña mediática utilizando otros casos de agresiones por parte de la Tupac Amaru a trabajadores, cuando no era esto lo que se estaba discutiendo en la sala. El juicio estuvo atravesado por todo tipo de irregularidades y testimonios inconsistentes. Su resultado arroja un grave antecedente contra la protesta y las luchas sociales.

Apenas un puñado de ex funcionarios kirchneristas y algunos militantes de la Tupac se movilizaron al juzgado a aguardar la sentencia. Al momento de pronunciar sus últimas palabras, Sala ensayó una suerte de breve descargo político que redundó en los lugares comunes sobre “devolver la cultura del trabajo” y una defensa lateral al kirchnerismo.

Un proceso de larga data

El procesamiento de Sala por el escrache a Morales fue la espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de Milagro desde el 2009 y fue utilizado por el kirchnerismo como un elemento para “contener” a la Tupac.

Recordemos que ésta fue una de las pocas causas contra Sala que siguió su curso, mientras las demás se cajoneaban.

En 2015, Sala solicitó una probation en esta causa y la Justicia -cuando todavía gobernaba el kirchnersimo- se la denegó. En abril de 2015, después de una movilización de más de 5.000 mil personas, solicitó la suspensión del juicio a prueba y ofreció a cambio realizar tareas comunitarias en la Secretaría de Prevención de la Drogadicción provincial y pagar una multa de 10.000 pesos. Tampoco tuvo resultado.

Cómo sigue

El gobierno ha armado una seguidilla de procesos que busca mantener a Sala detenida indefinidamente. Desde ya, Milagro va a continuar presa por las otras causas que tiene pendientes. El juicio contravencional por el acampe es la próxima instancia que le espera. Queda claro que el gobierno de Morales sólo ha podido avanzar en causas vinculadas a la protesta social, mientras encuentra terribles límites para avanzar en las que tienen que ver con desvío de fondos, corrupción y asociación ilícita, porque involucran a todo el entramado político y empresarial de la provincia, inclusive dirigentes nacionales.

Desde el Partido Obrero repudiamos este fallo y denunciamos la puesta en escena ordenada por Morales. Todos los abusos cometidos en este proceso, mañana podrán ser utilizados contra los luchadores. Reclamamos la absolución de Sala en las causas que afectan el derecho a la protesta y el cese de su detención arbitraria, mientras se consustancian las demás causas judiciales en las que se la investiga.

El miércoles 28 de diciembre se cumplieron quince años de la principal conquista del movimiento estudiantil argentino en este período: la recuperación de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Con un emotivo brindis en la Facultad de Ciencias Veterinarias, la UJS fue la única corriente estudiantil que celebró estos quince años de Fuba independiente y de lucha. ¿Por qué solo la juventud del Partido Obrero reivindica esta historia? Fueron muchas las agrupaciones y partidos de izquierda que participaron de las conducciones de la Fuba. Pero todas lo hicieron circunstancialmente, durante algunos años, para luego retirarse. El corazón de la experiencia de la Fuba -su independencia política respecto de autoridades y gobiernos de turno- fue una línea cuya defensa y continuidad corrió bajo responsabilidad de la UJS. Desde 2001 hasta hoy, defendimos la independencia de la Fuba a través de grandes luchas y crisis políticas que cruzaron a las distintas direcciones de la Federación. En este proceso, la UJS forjó a varias generaciones de cuadros y militantes revolucionarios, muchos de los cuales se hicieron presentes en el brindis de Veterinarias.

¿Independiente o piquetera?

Dominada por Franja Morada -la juventud universitaria de la UCR- desde el retorno de la democracia, la Fuba era un aparato aliado a los rectores y gobiernos, soporte fundamental de las políticas privatistas contra la educación. En las movilizaciones educativas de masas contra el menemismo una vanguardia importante de estudiantes sacó la conclusión de que Franja terminaría entregando la lucha y favoreciendo la aprobación de la Ley de Educación Superior dictada por el Banco Mundial. Para zafar de este retroceso, la Franja Morada apeló al salvataje de la centroizquierda y comenzó a presentarse como Alianza, en sintonía con la orientación nacional de la UCR. Este recurso provisional se vino abajo ante la bancarrota de 2001, que se llevó puesto a De la Rúa y al gobierno aliancista. Los dirigentes de Franja Morada quedaron implicados en el apoyo al gobierno ajustador de López Murphy-Cavallo-De la Rúa y fueron deschavados incluso en su faceta delictiva, a partir del desvío de fondos asignados a los planes “Trabajar”.

Anticipando lo que sería el 19 y 20 de diciembre, en las elecciones de los centros de estudiantes realizadas entre septiembre y noviembre de 2001, las agrupaciones de izquierda pegaron saltos significativos en detrimento de la Franja Morada-Alianza, que estaba en caída libre. Los delegados electos por estas agrupaciones de izquierda conformaban una mayoría, por primera vez desde 1983, superando por mucho los delegados del radicalismo. Para el Congreso previsto para el 28 de diciembre se puso en pie el Frente “20 de diciembre”, que logró hacerse de la dirección de la Fuba.

La constelación de agrupaciones que integraba el Frente “20 de diciembre” estaba encabezada por las agrupaciones autodenominadas “independientes” (TNT, NBI, etc.), que, por su cantidad de delegados, representaban la primera minoría del Frente. Estos reivindicaban el autonomismo, una ideología que hace gala de la ausencia de un programa y principios claro, y denosta a todos los partidos políticos por igual, sin importar que éstos sean revolucionarios o defensores de los intereses capitalistas. La UJS, que había ganado la conducción del centro de Psicología con el EPA!, ocupó en esa primera conducción un lugar en la vicepresidencia, en parte porque otros partidos de izquierda con más delegados, como el PCR, rechazaron ser parte de la lista que desplazó a Franja Morada. La misma actitud asumió el PTS, que batiría todos los récords al automarginarse de la experiencia de la Fuba desde 2001 hasta el presente. Decidimos integrarnos como minoría a partir de la caracterización de que se trataba de un paso adelante del movimiento estudiantil, que planteaba nuevas delimitaciones en un terreno más avanzado.

Nuestra caracterización inicial de la conducción de la Fuba mostraba esta característica contradictoria. A sólo días del triunfo señalamos: “El frente, si bien es una expresión de la nueva situación política, lo es en su forma más limitada y distorsionada, ya que los frenapistas (en referencia al Frente Nacional contra la Pobreza, impulsado por la CTA), que son la mayoría, le han dado la espalda al proceso revolucionario abierto en la Argentina. El frente ganador carece, como tal, de un planteamiento estratégico. La conformación de la lista siguió un método oportunista, pues se realizó sin debate político a pesar del alcance histórico de los acontecimientos de las últimas semanas. A todas luces se puede ver que el futuro de esta nueva dirección está más que condicionado” (Gabriel Solano, PO N° 726).

El primer choque al interior del Frente “20 de diciembre” se produjo a la hora de anunciar en conferencia de prensa el triunfo sobre Franja Morada. Las agrupaciones autonomistas querían bautizar a la Fuba como “independiente”, mientras que la UJS proponía el nombre de “piquetera”. La diferencia no era menor: en oposición a una pretendida “independencia” de las fuerzas en pugna, la UJS apuntaba a unir al movimiento estudiantil con el movimiento piquetero, que peleaba en las calles por una salida obrera y popular a la crisis del país. Finalmente, se llegó a un acuerdo precario para no poner ningún adjetivo a la nueva Fuba, lo que no sería respetado por los “independientes”.

Con la llegada al gobierno de Duhalde, las divergencias se agigantaron. Iván Heyn, presidente de la Fuba por ese entonces (falleció en 2011, en Montevideo, en un congreso al que había concurrido como funcionario del gobierno de Cristina Kirchner), concurrió junto a Axel Kicillof -otro joven “autonomista”- a las “mesas de concertación” que Duhalde había formado junto al cardenal Bergoglio, la FTV de D’Elía y la CCC. Esta temprana cooptación de los “independientes” precedió al kirchnerismo y fue rechazada por el resto de las fuerzas de la Fuba. Meses más tarde, los “independientes” se retirarían de la conducción de la Federación. Su “autonomismo” sin programa ni principios no estaba a gusto en una organización de lucha; sí, en cambio, encontraron comodidad en la dirección de La Cámpora muchos años después, que los catapultó a posiciones de peso en el Estado capitalista, donde terminaron pactando con el Club de París y firmando acuerdos secretos con Chevron.

La lucha por la democratización y el conflicto agrario

Sin lugar a dudas, la Fuba tuvo uno de sus capítulos más notables en la lucha realizada en 2006 que se popularizó con el planteo de la “democratización” de la UBA. Desde la Reforma de 1918 no se había realizado en el país una lucha cuyo eje fuera la transformación de la universidad y de su propio gobierno. La UJS encabezó esa pelea como una lucha contra el “régimen reaccionario” que dirigía la UBA, compuesto por camarillas profesorales minoritarias aliadas a los monopolios capitalistas y los gobiernos de turno. Hicimos un cuestionamiento de fondo a la estructura de la universidad y los intereses que prohijaba. Las otras corrientes, que para ese entonces conducían la Fuba -el MST y el PCR-, por el contrario, limitaron, desde el principio, la crítica a la candidatura a rector de un ex funcionario de la dictadura -el fallecido profesor de Derecho, Atilio Alterini-, dejando abierta la posibilidad de acuerdos con el sector de decanos autodenominado “progresista”. Durante la primera fase de la lucha, la divergencia estratégica planteada al interior de la Fuba quedaba relativamente soterrada, porque en su fase práctica significaba tirar abajo la candidatura de Alterini. Pero, ni bien éste debió renunciar a sus aspiraciones por el tenor alcanzado por la movilización, estas divergencias pasaron a ocupar el centro de la escena. Esto ocurrió cuando la dirección de la Fuba fue convocada para apoyar a otro aspirante -el también fallecido ex decano de Medicina, Alfredo Buzzi. Dos de las tres presidencias de la Fuba (el MST y el PCR) aceptaron el convite y comprometieron su apoyo a cambio de algunas becas estudiantiles. Pero la campaña por abajo que realizó la UJS, en cada asamblea de base, bloqueó esa posibilidad y obligó a llevar a la crisis hasta el final. La lucha por la democratización chocaría, entonces, con la represión directa del gobierno de Néstor Kirchner, que cedió las instalaciones del Congreso y llamó a la Policía Federal contra los estudiantes -con el apoyo, sí, de los decanos “progresistas” que se acoplaron al rectorado de Rubén Hallú.

Las contradicciones al interior de la dirección de la Fuba terminarían de hacer eclosión tiempo después, cuando las mismas agrupaciones pro-decanos apoyaron a la burguesía agraria en el conflicto entre el llamado “campo” y el gobierno de CFK. La UJS convocó, entonces, a un Congreso Extraordinario de la Fuba, donde más de 1.000 estudiantes votaron una posición “independiente” de la Federación. Lejos de implicar la prescindencia de 2001/2002, esta “independencia” apuntaba una lucha a fondo contra ambos bandos capitalistas. El período 2006-2008 implicó un salto en el desarrollo de la UJS, que ganó autoridad y militancia al convertirse en el gran dique de defensa de la integridad de la principal organización estudiantil del país. Las elecciones de los centros realizadas a final de 2008 arrojarían un crecimiento de la UJS y un retroceso de la izquierda colaboracionista.

Kirchnerismo(s)

El resultado de este proceso llevó a que, en 2009, la Fuba fuera dirigida por una única presidencia de la UJS. No era nuestra voluntad: La Mella, que ya había ganado el Centro de Sociales y defendido, a su modo, una posición independiente en el conflicto agrario, nos votó pero no quiso integrar la conducción. Era una forma de evitar pagar el costo de un eventual retorno de Franja Morada y, al mismo tiempo, dejar establecida su hostilidad a la UJS, apostando al fracaso de la construcción revolucionaria del Partido Obrero en la Fuba. La jugada no les salió bien y al año siguiente debieron aceptar acoplarse a la conducción de una Federación que se había convertido en una referencia insoslayable, tanto adentro como afuera de la universidad. Para nosotros, el frente único con los chavistas de la UBA era la forma de abordar la clarificación de las divergencias estratégicas existentes en el marco de una acción común, que potenciara la lucha contra los agentes de los partidos capitalistas en el movimiento estudiantil.

La copresidencia con La Mella, que se sostiene desde 2010, implicó una lucha política abierta y sistemática para superar la tendencia a la capitulación frente al kirchnerismo, al carrerismo y a la asimilación al régimen de camarillas imperante. La UJS evitó en la Fuba lo que La Mella logró en la FULP: entregar una federación recuperada a manos de La Cámpora y el PJ. La reciente convocatoria de la Junta Representativa a la marcha del 20 de diciembre junto al clasismo, combatiendo la tregua de la CGT y de las organizaciones sociales alineadas con el Papa Francisco, es un ejemplo más de esta pelea. En los últimos congresos de la Federación hicimos una propuesta para llevar esta delimitación hasta el final: reclamamos un acuerdo técnico a La Cámpora y el kirchnerismo, para derrotar en común al radical-macrismo de Franja Morada y que cada fuerza ocupe en la Fuba el lugar que le corresponde de acuerdo a su proporción de delegados. La Mella y los K rechazaron este acuerdo, a sabiendas que aseguraba la continuidad de una conducción de izquierda. Luego serían derrotados por nosotros en los centros de estudiantes de Filosofía y Farmacia.

Perspectivas

La experiencia de estos quince años de Fuba ha sido el escenario de luchas políticas enormes por defender la independencia política del movimiento estudiantil y rechazar la cooptación de los ‘nacionales y populares’. Esta tarea requirió de una dirección revolucionaria, claramente identificada con las banderas del socialismo y el gobierno de los trabajadores. En cambio, el resto de los grupos políticos que ocasionalmente participaron de la dirección de la Fuba sucumbieron ante la cooptación tanto del kirchnerismo como de las camarillas universitarias. Bajo la dirección de la UJS, la Fuba traspasó los muros de la universidad para participar activamente en la lucha de juventud trabajadora y de toda la clase obrera. La adaptación al régimen y el seguidismo al nacionalismo burgués, tanto ayer como hoy, es garantía de fracaso y entrega de las conquistas estudiantiles. Frente al escenario de la bancarrota capitalista que golpea a América Latina y a nuestro país, la perspectiva que tiene la Fuba no es otra que expandirse, recuperando los centros y federaciones estudiantiles para una lucha sin tregua contra el Estado y los representantes del capital. Quince años de la Fuba enseñan que la juventud tiene futuro en la lucha, junto a la clase obrera.

Tambien te puede interesar: Vamos a los campamentos de verano de la UJS

Este año hemos sido protagonistas de grandes luchas contra el ajuste, ganando las calles contra la carestía y por trabajo genuino con el Polo Obrero; organizando a las mujeres en la lucha por la libertad a Belén, su absolución y por el Ni Una Menos. En la universidad, contra las camarillas privatistas, en defensa de la universidad pública y gratuita desde las agrupaciones de las UJS y la Naranja de Docentes Universitarios. Apoyando y profundizando el reclamo de los miembros de la Comisión de Familiares Víctimas contra la Impunidad. Desarrollando al Partido Obrero en los barrios y las zonas del interior. Gran parte de estas luchas han sido representadas por una importante participación de delegaciones en el acto del FIT en Atlanta, y en la movilización del 20 de diciembre contra el ajuste de Macri y los gobernadores. Ahora, el Partido Obrero está desarrollando una gran Campaña Financiera que corone el gran esfuerzo militante de 2016 y nos prepare para los desafíos que vendrán el próximo año.

En este marco hemos impulsado una agenda de brindis de fin año. El martes 27 se llevó adelante el brindis con los miembros de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad, con la presencia de Alberto Lebbos y Daniel Blanco. Aquí, el Partido Obrero expresó nuevamente el apoyo a la lucha que está llevando adelante la comisión y planteó redoblar los esfuerzos ante el juicio por Paulina que se abrirá en los primeros meses de 2017.

De la misma manera se llevó adelante, el martes, un brindis sindical con importantes activistas que están integrando las agrupaciones del Partido Obrero.

Está planificado un brindis de la juventud universitaria y la juventud barrial para el miércoles 28. El jueves 29, con una jornada artística y cultural el Plenario de Trabajadoras cerrará el año. De la misma manera, en el trascurso de la semana se llevarán adelante otros brindis en el interior de la provincia: Tafí Viejo, la Toma de Alderetes, Posse, La Florida, El Manantial, Leales, Orán, Los Ralos y Estación Araoz.

¡Vamos por un 2017 contra el ajuste de Macri y Manzur, por una alternativa de los trabajadores!

“La reincorporación de los 500 compañeros despedidos fue una victoria en sí misma, pero además permitió otra tan importante o más: el triunfo político, el triunfo en el plano subjetivo. Se pudo romper con la idea cientificista, positivista, del científico aislado en su laboratorio. Esta lucha permitió entender que el científico es un sujeto político, transformador, que es un trabajador. Se ha visto en la práctica lo que Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) sostiene desde siempre: investigar es trabajar. Quienes negaban eso ahora se vieron arrastrados por la realidad”.

Lucía Maffey tiene un doctorado en Biología, ha desarrollado una investigación sobre terapia de anticuerpos contra virus productores de la diarrea infantil y ahora se propone abordar otra: un análisis genético sobre poblaciones de mosquitos causantes del dengue. Es, además, dirigente de Jóvenes Científicos Precarizados, y tuvo un papel de primera línea en la toma del Conicet y del Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT); en la lucha, en fin, que logró hacer que el gobierno se viera obligado a retroceder en su intención de despedir a 500 investigadores del Conicet.

“Algunos sectores kirchneristas insistían en circunscribir el debate -prosigue en su entrevista con Prensa Obrera- a las cuestiones más generales de la política científica y sostenían el eslogan de que ‘los afectados somos todos’ y no sólo los despedidos, de modo que se perdía de vista a los 500 compañeros que quedaban en la calle para tratar las cosas de mediano y largo plazo. Era una opción falsa. Nosotros nos opusimos fuertemente a esa trampa, explicamos que no sólo una cosa no se contrapone con la otra; por el contrario, para pensar en los problemas científicos de largo plazo resultaba indispensable reincorporar a los trabajadores echados. Con ellos afuera era la derrota”.

-¿Vinculás esa postura con el hecho de que el ministro, Lino Barañao, fue designado por consenso entre macristas y kirchneristas?

-Antes de las elecciones de 2015, Barañao dijo que él podría continuar en un gobierno de Cambiemos porque la ciencia, según él, debía ser “política de Estado”. Hubo entonces un acuerdo para que siguiera, pero la política científica “de Estado” que él impulsa, la que impulsa el Estado argentino, es la de los sojeros, la de Monsanto, la de laboratorios y grandes empresas privadas en general, en su mayoría extranjeras. El desarrollo científico en el país, y no sólo en el Conicet, está orientado por esas empresas, lo que implica un obstáculo a ese mismo desarrollo y una transferencia de fondos estales al sector privado.

-¿Por ejemplo?

-Te digo el primero que se me ocurre: Fonarsec, que obliga al científico que presenta un proyecto de investigación a tener una contraparte privada. El MinCyT financia esos proyectos que convienen a intereses privados. Eso determina la orientación de los trabajos y también el destino de los productos derivados de la investigación, en las patentes. Se sustituye el papel del Estado en la producción de determinadas cosas. Eso es muy notable en el caso de las vacunas de sanidad animal o en una cantidad de medicamentos, cuyas patentes se transfieren a los privados. Otro ejemplo: la Universidad del Litoral desarrolló una semilla resistente a la sequía, y la patente se transfirió a Bioceres, un monopolio semillero que además controla pools de siembra. Barañao es un defensor decidido de esa mercantilización, de esa colonización de la ciencia.

-¿Como en el caso del glifosato?

-Del glifosato y de la soja transgénica. Barañao llegó a decir que el glifosato es como el agua con sal, que hubo quien se tomó un vaso de glifosato para suicidarse y no le pasó nada, que es un compuesto inocuo. Y ha hecho de esto una defensa activa y represiva. Por ejemplo, desató una persecución en regla contra el médico investigador Andrés Carrasco, fallecido en 2014, que denunció los efectos del glifosato. Barañao llegó a presionar, y con éxito, para que a Carrasco no le permitieran hablar en la Feria del Libro, hizo que lo censuraran.

-¿Los centros de investigación se transforman en una suerte de vientres de empresas privadas?

-Literalmente, y hasta lo llaman así. Barañao habla del “científico emprendedor”, que crea pymes de vinculación tecnológica. El impulsa que las universidades e instituciones como el Conicet tengan “incubadoras de empresas”, lo que hará que los científicos “emprendedores” trasladen los beneficios de la investigación pública a grandes empresas. Así, el Estado estimula y financia determinados niveles de investigación y entrega los resultados a las privadas. Todo eso en un contexto de empobrecimiento: el kirchnerismo no revirtió ni mucho menos el proceso de destrucción de institutos descentralizados de los tiempos de Menem: ni el Malbrán ni el laboratorio de Pergamino, por ejemplo, pudieron recuperar el nivel que tuvieron en otras épocas. Por ese deterioro presupuestario, vos podés desarrollar vacunas o alimentos, pero no vas a tener dónde producirlos y ni siquiera dónde hacer las pruebas clínicas: tendrás que caer en laboratorios privados. Y, por supuesto, los productos de la ciencia aplicada, la ciencia de aplicación inmediata, sólo llegan a las franjas de población que constituyen mercado. Al resto no.

-¿Cómo se puede revertir esta situación?

-En principio, se necesita pelear para asegurar un presupuesto adecuado a un desarrollo científico independiente, no sometido al financiamiento privado. La política científica la deciden, en gran parte, los monopolios, los grandes intereses económicos. Hay que terminar con eso. Y es necesario democratizar los organismos de investigación, establecer un sistema de cogobierno paritario, con representación de todos los trabajadores. Pero eso, aún no sería un cambio de fondo. Un cambio de fondo exige una transformación social también de fondo: terminar con el capitalismo.