Prensa Obrera N° 200

No son solamente cuestiones de créditos, intereses o márgenes de beneficios lo que está negociando el gobierno alfonsinista con su “par” de los Estados Unidos. Un eje central lo constituye Malvinas. La semana pasada el país se enteró (sin por ello haber sido informado) de que existe hace largo rato una negociación con Londres para evitar incidentes bélicos en la “zona de exclusión” que la Thatcher estableció en torno a Malvinas. Se ha puesto en marcha así la “ingeniosa” estrategia de Caputo, que consiste en propiciar “no negociaciones” con Gran Bretaña, produciendo con este fin una serie de “no documentos”. El creador de semejante galimatías no es otro que el Departamento de Estado norteamericano, quien oficia de mediador entre Buenos Aires y Londres. Lo que en definitiva quieren decir estas absurdas expresiones es que existen negociaciones reales que no abordan el tema de la soberanía, que es precisamente lo que reclamaban Gran Bretaña y Estados Unidos. El Dante Caputo pretende encubrir con fórmulas esotéricas una verdadera capitulación. “¿Cómo hacemos esto (evitar por ejemplo incidentes armados) — se pregunta Caputo— sin perjudicar eso que nosotros decimos es la creación de antecedentes negativos para la Argentina, entrando en una negociación que por el hecho de no mencionar el tema de la soberanía pueda parecer una claudicación argentina?”. Respuesta de Caputo: mediante una negociación dentro de los limites siempre reclamados por los ingleses, que llamaremos "no negociación” para disimular vergonzosamente nuestra claudicación. Caputo llega a proponer “avanzar sobre un conjunto de problemas que están más allá de la disputa que son de naturaleza humanitaria”, es decir, aceptar la diplomacia de “paso a paso” exigida por la Thatcher incluyendo la negociación de la explotación de la pesca, un asunto completamente “humanitario", como lo puede ser cualquier cosa relacionada con el ser humano. En la cuestión de Malvinas el alfonsinismo se ha despojado por completo de sus planteos más elementales, abrazando las posiciones imperialistas. Por todo un período histórico el Estado nacional no se limitará a sufrir una situación de hecho en parte de su territorio, sino que contribuirá positivamente a organizar un estatuto de condominio con una potencia imperialista. “Un paso acertado”, dice Iglesias Rouco, un hombre plantado por los yanquis en los medios de comunicación argentinos. “La negociación en-carada con Londres (dice El Informador, 25-9) a propósito de un asunto relativamente modesto —evitar incidentes violentos y depredación pesquera en la zona de exclusión malvinense— anticipa una nueva apertura por parte del gobierno en materia de política exterior, que habilite cierta reinserción de la Argentina en el esquema de presupuestos estratégicos y económicos en Washington y Europa Occidental...” “Si los propósitos deslizados en Olivos —dice el director de este “servicial informativo”— en cuanto a la determinación gubernamental de promover un acuerdo amplio con Estados Unidos —cuyo primer capítulo consistirá quizás en las negociaciones con Londres alrededor de la llamada zona de exclusión— responden a las verdaderas intenciones del señor Alfonsín (y del señor Caputo), se podrá decir que finalmente el gobierno alfonsinista comienza a moverse en la dirección adecuada...” No es tan inocente entonces esa “no negociación” ejercida a través de Reagan por medio de los “no documentos”! De la derrota de Malvinas ha emergido un régimen semicolonial, no bajo la forma de una dictadura, sino de Un gobierno constitucional. La base internacional de este régimen es su subordinación política al imperialismo. En estas condiciones no puede haber independencia nacional ni democracia política. Todo esto permite, indudablemente, calificar la política argentina en Centroamérica, la cual no responde a los intereses de un Estado independiente del opresor imperial. El régimen democratizante se ha declarado en bancarrota en torno a la cuestión de la soberanía nacional. Pero además ha arrastrado consigo a otros sectores democratizantes, como el Fral y el PI, que apoyan las resoluciones de la ONU sobre Malvinas, reclamando una negociación con Londres, en lugar de la evacuación del territorio. Pero negociar es poner en la mesa diplomática los intereses del ocupante imperialista. Ni qué decir del hecho de que las resoluciones de la ONU nunca han servido para sustituir a la lucha en la conquista de la independencia nacional. El Fral y el PI plantean buscar el apoyo de los Estados “socialistas" y de las naciones “no alineadas”, cuando la diplomacia soviética está apoyando el “acuerdo con Londres” y Polonia está negociando derechos de pesca en la “zona de exclusión”. En este panorama de quiebra política, generalizada descollan también los nacionalistas, incapaces de salir del verbalismo y del folklorismo. La demagogia nacionalista no tiene lugar en la estrategia política del gran capital, pero sí en sus maniobras políticas. La crítica nacionalista a la política alfonsinista apunta a reclamar el fortalecimiento militar y, con ello, el de todas las instituciones que representan el oscurantismo y la reacción política, como la Iglesia; Malvinas está subordinada a esta finalidad. Se critica al “pacifismo” en nombre del militarismo y a la entrega en nombre del “ser nacional” representado espiritual y materialmente por el clero. Pero uno y otro —militarismo y clero— también quieren “reinsertar” a Argentina en el campo occidental. La lucha por Malvinas es parte de la lucha por la independencia nacional, la cual es una lucha que sólo puede alcanzar su victoria como una lucha de clases contra el Imperialismo a escala internacional, dirigida por el proletariado. La crítica socialista a la capitulación democratizante pone de relieve el carácter de clase de esta capitulación (la burguesía atada al imperialismo y la incapacidad de las formas políticas constitucionales del Estado burgués para superar las limitaciones de clase de éste) y su enfoque estrechamente nacional. Por eso la crítica socialista levanta como bandera la lucha en oposición a la entrega democratizante, la unidad socialista de América Latina y la unidad revolucionaria con el proletariado mundial. En el marco de esta estrategia se realizará la recuperación soberana de Malvinas.

El jueves pasado, el plan de paz para Centroamérica recibió un calificadísimo apoyo. Nada menos que los cancilleres de Gran Bretaña, Francia y Alemania Federal le dieron un respaldo “sin reservas” (así dice textualmente el cable). Estos ministros no solo representan a los Estados imperialistas más importantes, sino que integran en los tres países los gobiernos de los partidos más derechistas, reaccionarios; y antiobreros. El plan ha recibido el impulso; nada menos que de la OTAN; Raimond, de Francia, lo calificó de “gran paso”; Howe, nuestro conocido de Gran Bretaña, le deseó “el mayor de los éxitos”, y Genscher, de Alemania, no vaciló en definirlo cómo “paso histórico”. ¿Es o no, entonces, un plan Imperialista? El filostalinista “Página 12” (25-9) ha querido ver en esto un aislamiento de Reagan por la OTAN, que lo acompaña, sin embargo, en la acción del Golfo Pérsico. El planteo debe hacerse naturalmente al revés: los socios imperialistas de Reagan, que han formado un frente militar unido en el medio Oriente, sostienen vivamente el plan de paz para Centroamérica. De cualquier manera, ha sido el propio Reagan quien en las Naciones Unidas explicó exactamente por qué se trataba de un plan imperialista. Luego de dar su “aprobación” a los principios’ establecidos en el acuerdo de Guatemala”, expresó : que ‘esos principios’ crean un lazo entre la seguridad de las democracias de América Central y la democratización de Nicaragua” (Le Monde, 23-9). Dicho de otro modo, el plan de paz tiene por mira la seguridad’ de los regímenes capitalistas títeres centroamericanos a través de la contención y derrota de la revolución nicaragüense. No solo la OTAN apoya el plan de Guatemala (y Reagan sus ‘principios’); también la burocracia rusa es de la partida. “La Unión Soviética ha dado franco respaldo al acuerdo suscripto en Guatemala” dice la agencia; moscovita ' Dan (Clarín, 27-9). Del dicho, al hecho, el gobierno de la “perestroika” recibió a una delegación oficial del parlamento guatemalteco y semanas antes firmó un acuerdo comercial con Honduras. En tanto Reagan “impulsa” el plan de paz exigiendo cada vez más y armando a los “contras”, Gorbachov: lo “impulsa” a su modo, reforzando a los Estados enemigos de Nicaragua. Recientemente la URSS disminuyó drásticamente la entrega de petróleo a Nicaragua, y luego solo la restableció en parte y hasta fin de año, cuando Sergio Ramírez declaró que “sin petróleo no podía haber un proceso de paz”. La burocracia rusa quiere darle un golpe político y moral a la revolución latinoamericana, porque esto ayudaría considerablemente a sus planes de entendimiento estratégico con el imperialismo yanqui. Tomás Borge, ministro de Interior de Nicaragua, acaba de declarar, en un discurso pronunciado hace pocos días en una fábrica textil de Managua, “que nadie" se haga Ilusiones de que. vamos a traicionar los principios de la revolución” (New York Times, 25-9). Es precisamente esto, entonces, lo que están discutiendo los trabajadores nicas.

YCF Se mantiene con fuerza el paro en los yacimientos Continúa firme el paro de los trabajadores de YCF Iniciado hace 2 semanas en reclamo de la recomposición salarial. El movimiento comenzó con un paro de 48 horas en los yacimientos de Río Turbio y se extendió a todas las dependencias del país. En Río Gallegos, los trabajadores de YCF organizaron el viernes pasado una marcha que recorrió el centro de la ciudad reclamando el pago de la recomposición salarial. En Buenos Aires, se instaló una olla popular en la puerta de la empresa. Está en claro la voluntad de los trabajadores de YCF de imponer un parate a la política de miseria salarial del gobierno. El reclamo entronca con los reiterados rumores gubernamentales de cierre de los yacimientos del Turbio. Al cierre de esta edición, las asambleas de Turbio y Gallegos pasaron a un cuarto intermedio, en espera de la respuesta patronal, mientras el paro continúa firme. SUPA Rosario Importantísima huelga en el puerto Desde hace más de 20 días los estibadores rosarinos tienen parado por completo el puerto de Rosario, conmoviendo a la ciudad. Los estibadores reclaman la entrega de la ropa de trabajo y el mantenimiento del actual régimen de licencias anuales y extraordinarias. El mismo, data de un acuerdo del año 1984, y reconoce al estibador su antigüedad, sea cual fuere la contratista para la cual trabaje. A principios de septiembre, las contratistas anunciaron que por “falta de dinero” no podrían seguir pagando las licencias según el acuerdo del ’84 y que sólo reconocerían la antigüedad de cada estibador con “su” contratista (actual). La burocracia de las 62 locales salió inmediatamente a gestionar ante el Banco provincial en manos del peronismo, un préstamo de un millón de australes a tasa regulada para pagar las licencias. La respuesta patronal fue: “queremos 2 millones al 10% anual”. Detrás de esta provocación patronal están las multinacionales de la comercialización de granos, cuyo objetivo es promover una gran ola de despidos como paso previo a la privatización total del puerto rosarino. La lucha de los estibadores rosarinos debió chocar desde un principio contra el eje burocrático-gubernamental. Mientras la burocracia de Loza mantuvo abierto los puertos de Villa Constitución y San Martín, por donde se filtra parte del cereal, lo que debilita la huelga en Rosario, la delegación local del Ministerio de Trabajo amenazó con la intervención del sindicato. Al cierre de la edición, pese a las amenazas patronales y gubernamentales, los piquetes mantenían con fuerza la paralización del puerto. Salta: Paro en el ingenio San Martín del Tabacal A principios de mes, los 4.500 obreros del ingenio del Tabacal, de propiedad de los Patrón Costas, realizaron un paro porque la empresa demoró tres días el pago de sueldos. Bastó con el paro para que en cuatro horas aparecieran los sobres con los sueldos. El paro surgió de la base, al margen completamente de ta dirección del sindicato. La empresa viene despidiendo trabajadores ya desde el año pasado y se están eliminando secciones enteras. En diciembre pasado despidieron 50 trabajadores efectivos, algunos de ellos con 25 y 30 años de actividad. Los temporarios también se redujeron en la zafra de este año en varios cientos. Esta situación preocupa a los trabajadores ya que se esperan nuevos despidos para diciembre. Se avecina una importante lucha por la defensa de la fuente de trabajo. El triunfo del paro de este mes señala un camino a seguir ante los nuevos despidos.

Han transcurrido dos meses desde el anuncio de la nacionalización de la banca por parte del régimen de Alan García. En este tiempo, el Parlamento se ha convertido en el escenario de una gran pugna en torno a la reglamentación del decreto de nacionalización, especialmente dentro del propio partido aprista. García acaba de caracterizar la situación peruana con tres palabras: “gobierno sobre un polvorín". Descalabro Alan García decidió la nacionalización en medio de una verdadera catástrofe de la economía. Durante los últimos dos años el gobierno había logrado impulsar una limitada reactivación por medio de subsidios directos y de créditos subsidiados en beneficio del capital. De esta forma se incrementó el endeudamiento del Estado. Se triplicó el déficit fiscal y se provocó una oleada inflacionaria que arrasó con el salario, precipitando importantes quebrantos en las regiones agrícolas. La burguesía peruana lucró con las subvenciones, pero no invirtió nada de ese lucro en ampliar la capacidad productiva. Al contrario, continuó fugando capitales al exterior a través de los bancos, lo cual se vio facilitado por la enorme masa de dólares que vuelcan los narcotraficantes. El propio gobierno contribuyó a esta crisis financiera pues, al margen de sus proclamas, llegó a destinar el 50% del valor de las exportaciones al pago de los intereses de la deuda externa, es decir todo lo que el país podía transferir a los acreedores en las condiciones concretas del Perú. Limitaciones Las nacionalizaciones han sido presentadas como un medio de frenar la fuga de capitales y reestablecer cierto control sobre la economía. Pero la medida ha sido concebida con tantas limitaciones que resulta ineficaz incluso para alcanzar esos objetivos restringidos. Los bancos extranjeros e importantes grupos de bancos regionales están excluidos de la nacionalización ¡como si no fueran un canal de fuga de capitales y monopolizadores del crédito! En definitiva, la nacionalización se circunscribe básicamente a dos poderosos grupos financieros (grupo Romero y Banco Weisse). Ninguno de estos dos pulpos será sin embargo expropiado. Ambos percibirán una indemnización que el gobierno calcula en 120 millones de dólares, pero que los especialistas suponen que no bajará de los 1.000 millones (Ámbito Financiero, 7-8). El precio exacto está sujeto a negociación; Alan García se ha limitado a pedir al Parlamento que establezca que la indemnización sea reinvertida en el país. A partir de aquí, la nacionalización puede llegar a convertirse en un gran negocio para los “afectados". Conviene recordar que el “grupo Romero” se forjó con la indemnización en bonos que recibió del Estado por las expropiaciones de la reforma agraria de Velazco Alvarado (1968-74), los cuales podían ser invertidos en la industria. La derecha se lanzó inmediatamente a la calle y movió todos sus tentáculos jurídicos y políticos para, forzar a García a retroceder o a recortar aún más la nacionalización. Así fue que logró que el presidente levantara la intervención a los bancos y luego que pusiera la medida en discusión en el Parlamento. En las “comisiones” del Congreso (donde juegan toda su influencia los banqueros) se discute ahora cuál será el porcentaje en que se mantendrá la participación de los actuales dueños en los bancos nacionalizados. Crisis política La nacionalización de la banca se empalma con una política económica de “ajuste”, en la mejor tradición FMI, lo cual desvirtúa su carácter antimperialista. Si por un lado se deja indemne a la banca extranjera, por el otro Alan García acaba de poner en marcha un plan de privatización de 40 empresas públicas, que se inauguró con la entrega del paquete mayoritario de una compañía automotriz a las multinacionales Volvo y Perkins (La Nación, 27-8). Estas iniciativas demuestran el carácter consecuentemente capitalista de la política de Alan García, lo cual ubica a la nacionalización bancaria como un recurso para contener el colapso económico y confundirá los trabajadores. Alan García ha intentado naturalmente formar un frente político detrás de las nacionalizaciones, pero esta maniobra está naufragando aceleradamente. La exasperación de la derecha se ha transmitido al seno del aprismo y un sector que lidera el propio vicepresidente Sánchez rechaza la medida públicamente, afirmando que “provocará una debacle económica" (La Nación 22-8). Los intentos de retacear la iniciativa en el Parlamento han desatado, por otra parte, la oposición de 70 de los 108 legisladores del partido (Página 12,22-8). La coalición con la izquierda democratizante (Izquierda Unida), que apoyó plenamente la nacionalización al principio, levanta ahora también reparos frente a la reglamentación derechista que se está cocinando en el Parlamento. Pero la IU también vive una gran crisis interna como consecuencia de su compromiso con la política de Alan García. Alan García es presentado en la Argentina por el peronismo y toda la izquierda democratizante como el prototipo del líder antiimperialista. Se han ocultado todas las limitaciones de la nacionalización, su contenido parasitario y sus objetivos antiobreros. En Perú como en la Argentina sólo la expropiación de la banca y el gobierno de los trabajadores podrán terminar con el saqueo imperialista.

El pasado mes de agosto la Tesorería de la Nación volvió a tener déficit. La información dice que fue de 408 millones de australes a pesar de que “los gastos operativos disminuyeron un 8,7% real, con mermas significativas en personal, bienes y servicios no personales, transferencias a Empresas y actividades lucrativas” (El Cronista, 25-9). Estos menores gastos permitieron que los ingresos por impuestos superaran la totalidad de los egresos corrientes. ¿Por qué entonces hubo déficit? Porque en el mes se pagaron intereses y avales por 418 millones de australes. En los 8 meses de este año (enero-agosto), el déficit fiscal sumó 3.735 millones de australes (actualizados a agosto), cifra que es casi igual a los pagos efectuados por intereses y avales, que sumaron 3.602 millones de australes. Los gastos corrientes disminuyeron (o sea que los empleados y las provincias recibieron menos dinero), en cambio los pagos por intereses y avales aumentaron “un 55% real por encima de igual periodo del año pasado”. Ahora bien, todos sabemos qué son los “intereses”, pero es menos conocido qué significan los "avales”. Estos son garantías proporcionadas por el Estado a empresas privadas para el caso de que no paguen los préstamos que hayan contraído. Las cifras de la Tesorería nos dicen que se están pagando los compromisos financieros de los capitalistas. Este déficit se cubrió con “financiamiento en moneda extranjera”, lo que significa que el Estado se endeudó con el exterior. Por eso es inevitable que el déficit mes a mes aumente porque el endeudamiento crece, lo que obliga a su vez al pago de mayores intereses. El aumento del déficit de la Tesorería se debe pues, pura y exclusivamente, a los intereses y subsidios a los grandes pulpos privados. Por eso la única forma de terminar con el déficit es no pagar la deuda externa e interna y cortar de cuajo con los subsidios a los monopolios capitalistas.

El movimiento estudiantil neuquino viene protagonizando un vasto ascenso en sus luchas y en su organización. Los estudiantes secundarlos han puesto en pie una Coordinadora de Centros, que se ha convertido en la cabeza de la lucha en toda la provincia. Sobre ella llovieron las amenazas, las intimidaciones y los aprietes. La respuesta fue clara: una movilización de más de 3.000 estudiantes secundarios, la más grande de la historia del Neuquén, acompañados de padres, docentes y estudiantes universitarios, puso en vereda a los provocadores. El movimiento estudiantil universitario, por su parte, que jugó un papel importante en el inicio de la movilización docente (ocupación de los asentamientos de Neuquén y Bariloche) fue entrando en un relativo desinfle en el momento en que el paro de la Conadu alcanzaba su mayor expansión. Sin embargo, la última reunión de la Junta Representativa de la FUC decidió la realización de un Festival bajo las consignas de AUMENTO DEL PRESUPUESTO YA, DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA Y GRATUITA, CESE INMEDIATO DE LAS AMENAZAS A LOS SECUNDARIOS, como una forma de retomar la movilización universitaria. La realización del Festival será precedida de una intensa campaña de agitación, de pintadas murales y pegatinas de afiches, que irán marcando la necesidad de profundizar la movilización y de golpear con todo la política antipopular del gobierno.

Es inminente la sanción de un decreto por el cual “YPF reconocerá a las petroleras que comprometan programas de producción superiores” a los actuales un precio equivalente al 80% del precio internacional (Clarín, 29-9), lo cual evitaría recurrir a la importación. Según las áreas, esto significa llevar el precio del petróleo de los actuales 40-50 dólares promedio el metro cúbico a 90 ó 100 dólares, lo que representará un costo adicional para YPF de más de 45 millones de dólares. El supuesto ahorro de divisas por la sustitución del petróleo importado no sería entonces tal, pues beneficiará a las petroleras privadas que lo girarán a sus casas matrices en el exterior. ¿Pero cómo hará YPF para pagar más caro el petróleo que compre? “El mayor costo que el miniplan de reactivación supone para YPF —la petrolera estatal adquiere ia producción de los privados— será compensado contra el impuesto a los combustibles” (Clarín, 29-9). Esto significa que el Tesoro pondrá el dinero, y después el gobierno pegará el grito en el cielo por el aumento del déficit fiscal, atribuyéndolo... a los sueldos de los empleados públicos. Pero el faltante de petróleo que obliga a su importación no es, de ningún modo, responsabilidad de YPF. Acaba de trascender un memorándum interno de la empresa, del 11 de agosto pasado, que señala que las petroleras privadas están retrasadas en la extracción del petróleo y que el déficit se debe a este incumplimiento. “La Gerencia Contralor de Contratos pone nuevamente en conocimiento a la Gerencia General de Contrataciones sobre estas irregularidades... el petróleo entregado y facturado por las empresas Bridas, Cía. Petrolífera El Carmen, ASTRA y Pérez Companc estuvo por debajo de lo previsto, con el consiguiente perjuicio para YPF, que vio complicada su programación a mediano plazo debiendo realizar esfuerzos para cubrir por administración los déficit de producción que algunos contratistas acumularon en cierto momento” (El Día, La Plata, 20-9). Casi con seguridad estos atrasos han sido Intencionales, con el objetivo de provocar una crisis energética y chantajear al gobierno un aumento del precio como condición para una mayor extracción de crudo.

Cuando Gas del Estado afirma que la crisis de la empresa se debe a que las grandes industrias no pagan las facturas y a que el Estado tiene que pagar a un pulpo holandés una deuda fraudulenta, el pueblo tiene razón en no dejar que le confisquen el 40 % del salario. El movimiento popular por el “no pago del gas” está creciendo a toda marcha. En Villa Madero, en Beccar y en otras localidades del Gran Buenos Aires se han realizado asambleas, con la participación de miles de vecinos, que han resuelto no pagar las facturas del gas y emprender un plan de movilización. Se han realizado concentraciones frente a las oficinas de Gas del Estado en Martínez, en Villa Adelina frente a la plaza central y está ganando fuerza la idea de realizar una concentración en Plaza de Mayo. Las razones de estas movilizaciones son claras. La población está recibiendo facturas superiores a los 150 australes. Los vecinos denuncian no solamente los tarifazos, sino que Gas del Estado habría inyectado aire comprimido de manera tal de hacer girar más velozmente los medidores. Lo concreto es que las familias trabajadoras deberían abonar por el gas más de un tercio de sus sueldos. Aunque las autoridades pretenden atribuir los montos de las facturas al alto consumo del invierno, lo cierto es que en los picos de frío faltó gas. El problema son los “tarifazos” para pagar la deuda con los capitalistas: Gas del Estado, en un reciente informe, anticipó que “ajustará” drásticamente las tarifas “para superar los baches financieros” (Clarín, 12/8). ¡EI gas aumenta escandalosamente en un país que se vanagloria de ser “gasífero”, y cuyos costos son tres veces inferiores a los internacionales! El mismo informe de Gas del Estado aclara que los “baches financieros” se deben a dos razones fundamentales: a) los desembolsos que se ha visto forzada a efectuar Gas del Estado como parte de los acuerdos alcanzados por el gobierno con el consorcio holandés Cogasco y b) el no pago de las facturas por parte de las grandes empresas industriales. A éstas, sin embargo, no se les corta el suministro de gas por atraso en el pago, como sí ocurre con los demás usuarios. Dice el informe: “Uno de los frentes que genera un drenaje de recursos es el acuerdo alcanzado con el consorcio holandés Cogasco, constructor y todavía propietario del gasoducto Centro-Oeste. El monto adeudado a esa compañía, cuya casa matriz quebró no hace mucho tiempo, asciende a 1200 millones de dólares. Después de dilatadas negociaciones por la inclusión entre los montos requeridos por la Cogasco de 200 millones de dólares no registrados como endeudamiento externo por el BCRA, se arribó a un acuerdo en mayo último”. Lo que el informe no dice es que el gobierno estatizó la deuda externa de Cogasco. Esto significa que además de estos 1200 millones de dólares que Gas ya está pagando, el Banco Central deberá pagar la deuda externa de Cogasco, lo que significarían otros 1200 millones de dólares. En pocas palabras, el Estado pagará dos veces el gasoducto. Finalmente, “los desajustes obedecen a la ausencia de pago en términos de la facturación efectuada, sobre todo de las industrias, que tienden a renegociar los términos del cumplimiento en la cancelación de esas tarifas”. El Partido Obrero apoya el movimiento popular por el no pago del gas y llama a ampliarlo por medio de una vasta movilización.

Dos tarifazos en 15 días y otro para este fin de mes hablan a las claras de cuál es el rumbo del gobierno. En las reuniones con el FMI, Sourrouille dijo que las tarifas se encuentran un 20% retrasadas, aun después de estos “tarifazos", por lo que se propone “recuperarlas” con más “tarifazos” superiores a la inflación. Las facturas de gas serán el modelo para la luz, los teléfonos y el transporte. En medio de esta situación, ¿en qué anda la CGT? Cuando la semana pasada Ubaldini y demás miembros del Consejo Directivo se entrevistaron con el ministro de Trabajo, ya sabían que el gobierno daría un aumento del 10% para septiembre, que está bien por debajo de la inflación pasada, presente o futura. A tal punto lo sabían que algunos cuestionaron el sentido de la reunión, pero, según los diarios; fueron convencidos por Ubaldini de que no era el momento paira-un plan de lucha. De las paritarias; ni siguiera se habló y la CGT se limitó a un reclamo para las tribunas de un 17,7% y a pedir una entrevista con Alfonsín. La burocracia no se limita a tener congelada a la. CGT. Ahí donde el movimiento sindical en lucha contra la miseria salarial y la ofensiva patronal, la burocracia concurre, a los conflictos para desarticularlos. Fue lo que hicieron Zanola y Téjérina instando a los bancarios a desocupar los bancos liquidados, lo que hicieron “los 25” forzando a la Conadu a aceptar una tregua a cambio de nada y cuando la huelga se encontraba pujante, y lo que hizo la burocracia de UTA cuando vio la masividad de la huelga de choferes. La burocracia dice que no hay condiciones para un plan de lucha, y que una “confrontación” a fondo seria prematura. En realidad, las condiciones sobran: el gobierno quedó electoralmente en minoría, hay un reguero de conflictos y las condiciones de vida se agravan a pasos agigantados. La burocracia está buscando, como dice la información, “su inserción en el esquema de poder”, lo que en criollo significa que cada sector (15, 25, ubaldinismo) está buscando su tajada en el presupuesto del Estado nacional o provinciales; por eso socorren al gobierno y al régimen en su conjunto. La burocracia no tiene una perspectiva propia, independiente de la burguesía y sus partidos, por eso busca conciliar permanentemente, con la consecuencia de un retroceso en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. La táctica de la burocracia de “estirar” todo lo que pueda, revela que no tiene un horizonte propio y que quiere, sí, distraer al movimiento obrero. Lo que corresponde es apuntalar las luchas presentes, en todos lados levantar el reclamo del aumento salarial del 20 % y debatir y votar en asambleas el reclamo de un plan de lucha.

El acuerdo alcanzado por la directiva de la UTA con las cámaras empresarias ha caído como un verdadero balde de agua Iría en la base del gremio. No es para menos, cuando se sabe que Palacios acaba de firmar por el 22 % (que absorbe los aumentos gubernamentales de setiembre) y un plus anterior. lo que deja de neto un 10 %, al que habrá que descontarle el porcentaje de la inflación que está por encima de aumento gubernamental. Lo que queda es un modesto 5-6 % de aumento que contrasta con el 35 % que decía reclamar la burocracia y con la tanda de aumentos de tarifas del transporte. Si tenemos en cuenta que las cámaras patronales, antes del conflicto habían ofrecido un 10%, la conclusión es que los paros más masivos de que se tenga memoria en la UTA sólo han servido para obtener un 2 % por sobre la propuesta original de la patronal. Como el acuerdo no incluye el pago de los días caídos, los choferes cobrarán este mes menos que si hubieran aceptado de entrada la propuesta patronal. El mensaje es muy claro: Palacios traicionó la más importante movilización de la UTA de los últimos años. No hay mejora y hay mucha bronca acumulada. Ante la escalada inflacionaria no hay ninguna recuperación salarial. las condiciones de trabajo siguen siendo esclavizantes y los choferes van a tener que seguir matándose doce horas arriba del colectivo para llevar un peso a su casa. Todo esto, a ganancia pura de las patronales que ven aumentar, cada quince días, el precio de los pasajes. El acuerdo profundiza el abismo existente entre la burocracia de Palacios y la base del gremio, abismo que se puso de manifiesto de un modo rotundo a lo largo de todo el conflicto, que fue garantizado en un 90 % por piquetes de activistas, ante la borratina total de la burocracia. Para Palacios, lo que comenzó como una maniobra con ' vistas a las elecciones de fin de año. podría significar el comienzo de su derrumbe.

El ongarismo ha vuelto a firmar un acuerdo salarial con las cámaras empresarias sin el aval de una asamblea, del plenario de delegados ni aun de la Comisión Directiva. Para el trimestre julio-setiembre ha aceptado un aumento del 20 % (julio-agosto) y un 10 % adicional (para setiembre), pero con la gran salvedad de que se calculan sobre los básicos de junio (y no sobre el salario efectivo) y de que absorbe los aumentos gubernamentales. La lista Verde (ongarista) se vanagloria de haber obtenido nada menos que un 30 % de aumento, pero con mucha suerte ha obtenido un 4,3 % sobre los aumentos oficiales, lo cual es una caída de 10 puntos con relación a la inflación de ese período. Si a esto le agregamos que en el semestre previo a este acuerdo (enero-junio) el costo de vida superó en más del 9 % a los aumentos en gráficos, tendremos una idea acabada de la confiscación del salario permitida por la conducción ongarista. Simultáneamente con la firma del acuerdo salarial, la mayoría Verde de la directiva está haciendo circular un anteproyecto de convenio, elaborado entre cuatro paredes. El trámite de su discusión es completamente antiestatutario: la Secretaría de Organización convoca a algunos delegados de cada rama para que den a conocer su opinión. El anteproyecto en cuestión sostiene una serie de reclamos caros, pero no para los trabajadores gráficos sino para la burocracia y para la propia patronal, tales como el descuento del 50 % del primer aumento para el sindicato, la incorporación de jefes y encargados al Convenio y, sobre todo, la legalización del despido por “cambio tecnológico”. Pese al repudio de la base gráfica a estos puntos, el ongarismo se ha negado a convocar a una asamblea general del gremio para discutir el anteproyecto. Calipongarismo El acuerdo salarial ruinoso, el anteproyecto de convenio y la negativa cerrada a convocar a la asamblea general, son el núcleo del acuerdo gestado por el ongarismo con las patronales gráficas y la burocracia de las 62, para hacer frente a la combativa base del gremio y hacer del sindicato una filial de las 62. En función de este acuerdo, las patronales han comenzado a despedir delegados y activistas, como en el caso de Bolpa, Perfil, Conforti, Fotolettering y otros. El emblocamiento de la dirección ongarista con las patronales es una “acumulación de fuerzas” que apunta a una derrota histórica del gremio gráfico. Esto es lo que se prepara con el “cambio tecnológico” y los correspondientes “despidos tecnológicos”. Para enfrentar este proyecto nefasto hay que fortalecer a la vanguardia clasista nucleada en la lista Naranja y encarar una enérgica campana por la asamblea general.

A mediados de la semana pasada, el Banco Central ordenó la liquidación de 6 de los casi 200 bancos y entidades financieras intervenidas. Con esto, 4000 bancarios han quedado virtualmente en la calle pues, como todos sabemos, el gobierno garantiza sus inversiones a los especuladores (“garantía de los depósitos”), pero no la estabilidad de los bancarios. En algunas provincias, como las del Nordeste, donde el Banco del Iguazú (uno de los liquidados) tenía su zona de influencia, los despidos superarían el 20% del padrón de afiliados a la Bancaria. Este solo hecho muestra la brutal convulsión que se ha creado en el gremio bancario con la liquidación de estas entidades. Los trabajadores ocuparon, inmediatamente, los bancos liquidados. La. burocracia bancaria llamó desde el primer momento a confiar en el BCRA. Esta posición de fondo no ha sido modificada por los pronunciamientos posteriores de la burocracia en apoyo de las ocupaciones. Zanola y compañía saben que la posición del Banco Central es la del Banco Mundial y del FMI, quienes han condicionado sus “préstamos” a una concentración del capital bancario. también saben que la única alternativa i la posición fondomonetarista es la Expropiación de la banca y su funcionamiento bajo control obrero. Desde el primer momento, los bancarios del Iguazú, del Oeste y demás bancos liquidados han pugnado por imponer a las ocupaciones un carácter de lucha. En la “City”, las marchas y movilizaciones se suceden día a día, lo mismo que la agitación en todas las ciudades en las cuales los bancos liquidados tienen sucursales. El viernes 25, la delegada general del Rural reclamó en el plenario de delegados de Buenos Aires in inmediato paro de 24 horas, según lo decidido por la asamblea general. Delegados y activistas del Oeste han comentado a recorrer los bancos para impulsar, junto con las comisiones internas de cada entidad, asambleas generales que motoricen un reclamo de lucha. Este movimiento, completamente espontáneo, ha chocado con el bloqueo que pretende imponer la burocracia de Manola y Tejerina. El gremio bancario conoce bien los resultados de las “gestiones” que anuncia la burocracia, que nunca lograron en el pasado impedir el despido masivo. Para Zanola y Tejerina, la solución es la “reubicación” de los compañeros en la banca estatal. ¿Pero qué solución es ésta cuando la propia banca estatal está sometida a un proceso de reconversión que significará el cierre de sucursales y el despido de miles de agentes? Todo el problema de la presente lucha es cómo unir en torno a ella a todo el gremio. Esto se puede lograr uniendo a la lucha contra las cesantías la reivindicación de un aumento salarial que recupere los desfasajes del año y la inflación actual. La burocracia dice que no a esta unificación, precisamente porque conoce su potencial movilizador. Por todo esto planteamos: 1. expropiación de los bancos intervenidos (incluido todo el patrimonio de sus propietarios) bajo control de los empleados. 2. aumento general de emergencia, que deberá rondar el 50%. 3. asamblea general de la Asociación Bancaria.

El plenario nacional de la Conadu, que se reunió el miércoles 23 en Córdoba decidió, por 12 votos a 10, suspender por diez días el paro por tiempo indeterminado que venían cumpliendo los docentes universitarios, para sumarse a la “paritaria” docente que, en ese lapso, deberá dar solución al reclamo salarial. La suspensión fue decidida en el momento de mayor ascenso de la huelga, como resultado de la brutal presión de los partidos democratizantes. La huelga se había convertido, como consecuencia de su alcance nacional y de la participación de los estudiantes, en una prueba de fuerza contra el gobierno y el régimen político que éste representa. Pero ante la evidente debilidad del gobierno, el conjunto de los partidos patronales, en primer lugar, los cafieristas y la burocracias sindicales, se movieron dentro de la dirección de la Conadu para obtener el levantamiento de la huelga. La directiva de la Conadu, dominada por cafieristas, vehiculizó estas presiones, mediante el apoyo a la “mediación” del Consejo de Rectores (mediación que partía, como primer punto, del levantamiento del paro) y realizando un trabajo de “ablande” sobre las universidades más pequeñas. Final-mente, reclamó en los últimos tres plenarios el levantamiento del paro, aunque todavía sin éxito. Hay que destacar que todas las universidades grandes votaron por continuar la huelga. Esto quiere decir que se produjo el hecho antidemocrático de levantar un paro contra el voto de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Después del levantamiento de la huelga se ha creado una situación centrad contradictoria, pues por un lado la directiva de la Conadu quiere convertir este hecho en definitivo, pero por otro lado hay signos claros de una profundización de la movilización. La filial rosarina decidió no dictar clases en el curso de la semana, en tanto que algunas facultades de la DBA, como Filo y Exactas, establecieron un “estado de alerta y movilización”, con clases públicas y actos callejeros. El frente democratizante contra la huelga, por su parte, no ha logrado homogeneizar detrás suyo a las cúpulas universitarias, como lo pusieron de manifiesto los pronunciamientos de los consejos superiores de las Universidades de Rosario, Luján y Jujuy, que se declararon en apoyo a la huelga. A su vez, es de la mayor importancia el fracaso del carnereaje de la FUA, lo cual ha dado lugar al nacimiento de comités de lucha estudiantiles que han canalizado la movilización estudiantil por encima de la Franja Morada. En estas condiciones hay que decir claramente que el gobierno, bajo ninguna circunstancia, aceptará las reivindicaciones docentes en el marco de la comisión que se ha formado con el Consejo de Rectores y las burocracias traidoras de UDA y de CTERA (Garcetti). ¡Esta es precisamente la contradicción insuperable de la resolución de suspender la huelga! El Ministerio de Educación no va a aumentar el salario en el 50%, ni prestará su acuerdo a un plan que lo lleve a corto plazo al nivel del 83. A lo sumo alargará la discusión sobre el nomenclador (que establece la relación de salarios entre los distintos cargos) y dará un reconocimiento de facto a Conadu. Por todo lo anterior la variante más probable es que la directiva que llamó a suspender la huelga sabiendo todo esto, se mantenga durante el próximo plenario en la posición de no reanudar la lucha. De aquí se desprende naturalmente que los sindicatos de las universidades grandes que votaron por no levantar, deben formar un bloque que luche por volcar a su favor el plenario y que establezca su propio plan de lucha común en base a resoluciones de asambleas de base. Una acción enérgica a favor de la reanudación de la huelga hasta la victoria podrá provocar una movilización docente-estudiantil capaz de acabar con la política fondomonetarista en la educación y en el país. Plenario Nacional de Docentes Universitarios del Partido Obrero El sábado 26 de setiembre se realizó un plenario nacional de docentes universitarios del. Partido Obrero, el cual analizó la situación actual de la lucha de éstos y aprobó la salida. de: un boletín especial de TRIBUNA DOCENTE-UNIVERSITARIA. El plenario resaltó la magnitud que adquirió la huelga como una manifestación de la integración en masa de los trabajadores intelectuales al movimiento de lucha de clase propio del proletariado. En el cuadro de esta lucha, TRIBUNA DOCENTE UNIVERSITARIA llama a la docencia a agruparse en torno a una plataforma de lucha consecuente, de unidad con los trabajadores, a bregar por la independencia política y organizativa del movimiento obrero y señala que el destino de la educación y de los trabajadores se vincula a la lucha por la destrucción de la sociedad capitalista.

En Prensa Obrera N° 198 (16-9) señalamos en base a una información de Clarín, que el nombramiento de Jorge Sábato como ministro de Educación había sido consultado con la Iglesia y recibido su acuerdo. Después, los diarios y el propio Clarín rectificaron esa información, precisando incluso que la Iglesia miraba con preocupación esa designación. Pero las primeras declaraciones de Sábato demuestran que los obispos no tienen nada que temer. “Yo no tengo una actitud de ninguna manera hostil frente a la Iglesia o frente a la participación de la Iglesia en materia de educación —aclaró Sábato. Yo diría — agregó— que lo que simplemente voy a hacer es continuar con una línea que no creo que sea hostil a la Iglesia... Voy a seguir la política que ha seguido el radicalismo siempre, y que es una política de tolerancia, de permisividad...” (Clarín, 27-9). Eso es, “permisividad”, algo así como el apoyo disimulado, pero no menos directo, al copamiento clerical de la educación. Días más tarde, antes de embarcarse hacia el Vaticano. Primatesta obviamente declaraba que al arzobispado no le afectaba que Sábato no hubiera jurado por los evangelios.

La revista católica " Esquiú" estaba a punto de irse a pique. Entonces, fue adquirida por el grupo “Comunión y Liberación”. El dinero lo aportó Gregorio Pérez Companc, un "capitán de la industria”. "Comunión y Libertad’ es un grupo con sede en Roma que controla varios movimientos católicos en distintas partes del mundo. Recientemente adquirió la radio de la iglesia en Paraguay, con la benevolencia, claro está, del Generalísimo Stroessner. A través de Esquiú, ‘Comunión y Libertad' ha comenzado a trabajar en Argentina con la venia de monseñor Antonio Quarracino, un amigo además de Oscar Alende y de Antonio Cafiero. En la campaña electoral, Cafiero aseguró que designaría el ministro de educación en acuerdo con Quarracino. Dice la información (página 12, 25-9) que el objetivo de ‘Comunión y Libertad’ es activar la labor de la Iglesia en el movimiento sindical, donde ya cuenta con las adhesiones de Cavalieri, Alderete y otros integrantes del grupo de “los 15”, y que espera atraerse a Saúl Ubaldini. La operación comercial en tomo a Esquiú permite ilustrar con claridad, la red de intereses que unen a curas, empresarios, políticos patronales y burócratas.

El fin de semana pasada se asistió a un hecho verdaderamente singular, incluso en un país que está de vuelta de la mayor parte de esta clase de hechos singulares. Un regimiento entero ubicado en el gran Buenos Aires, se sublevó contra la jefatura del ejército y contra quien está aún por encima de ella. Alfonsín, comandante en jefe de las fuerzas armadas, sin que la población se enterara. No existe quizás mejor ejemplo que éste en el mundo para demostrar el total abismo que hay entre el Estado y la sociedad dentro de un régimen capitalista. No hay tampoco mejor ejemplo que éste para demostrar la naturaleza esencialmente antidemocrática del régimen patronal democratizante, el cual en las cuestiones decisivas (como la deuda externa o las fuerzas armadas) revela su carácter de organización clandestina, secreta y hasta conspirativa del capital contra los trabajadores e incluso el conjunto del pueblo. Alguna vez se dijo que la “revolución de los medios de comunicación había terminado con la privacidad”, lo cual puede valer para la capacidad creciente que tienen los servicios de informaciones y de seguridad para espiar y vigilar al pueblo. Pero esa “revolución" no ha servido para dar "transparencia” al Estado capitalista, que es hoy más sigiloso aún gracias a los poderosos medios de que dispone. Solamente en cierto momento de la crisis, cuando pareció que Caridi iba a tener que encarar la represión del regimiento 3, el amotinamiento llegó al conocimiento público. El secretario de Defensa, Aleonada Sempé, no tuvo mejor ocurrencia que decir que el suceso era un “invento periodístico”. Pocas veces alguien faltó tanto a la verdad. La crisis la provocó la decisión del alto mando militar de desplazar del mando del regimiento y eventualmente pasar a retiro al teniente coronel Fernández Maguer, quien en semana santa se negara a reprimir a Aldo Rico y su “troupe". Saltó así el conflicto entre los seguidores de Caridi y los de Rico en torno a los traslados y ascensos que deben decidirse por esta época del año. Al final Caridi superó "pacíficamente” el enfrentamiento cuando se avino a un acuerdo de que Fernández Maguer no sería pasado a retiro a fin de año. Semejante pacto demuestra la profundísima crisis qué hay en el ejército y la fuerza que tiene la organización paralela de los que se sublevaron en semana santa. Hay indicios también de que durante los acontecimientos se produjo una división en el propio generalato, con aquellos militares que no quieren acompañar la política de depuración de los "carapintadas" que sigue Caridi. Como ya ocurriera en semana santa, los sucesos del regimiento 3 han puesto de relieve el carácter ficticio y reaccionario de la consigna de “subordinación al orden constitucional”. En nombre de ella Alfonsín pactó con los sediciosos en abril, violando ese “orden constitucional”, y esa capitulación de nada sirvió para restaurar semejante “orden” violado nuevamente y por partida doble el fin de semana pasado —una vez con el acuartelamiento y la segunda vez con el pacto firmado con los amotinados. El representante inmediato de ese “orden constitucional", Caridi, expone públicamente como programa la reivindicación de la “guerra antisubversiva” y por sobre todo la alianza estratégica con el Pentágono. Luchar contra el golpismo, la derecha o el fascismo en nombre del “orden constitucional" es llevar esa lucha a la derrota. Hay que denunciar la complicidad del régimen democratizante con las trenzas militares reaccionarias de la dictadura, y por sobre todas las cosas su incapacidad para hacer un planteo democrático consecuente: la disolución del ejército permanente y el armamento del pueblo. Este régimen ha dictado la obediencia debida y está preparando una ley de amnistía para los comandantes en jefe de las tres primeras juntas de la dictadura. Tiene un pacto con la fracción militar de Caridi y está tejiendo otro pacto con la de Rico, como se demostró en semana santa y de nuevo el pasado fin de semana. Los trabajadores debemos luchar en esta crisis con una posición independiente: encarcelamiento de los genocidas, acción directa de las masas, armamento del pueblo. Un personaje que se hizo ver poco en la crisis fue el cafierismo, pero esto no tiene que engañar a nadie. El cafierismo tiene ahora la llave de los ascensos en el Senado, lo que lo convierte en protagonista principalísimo. Ya ha dado a entender que tiene sus propias líneas internas en las fuerzas armadas y que está decidido a cuidarlas, lo que lo lleva al choque con Caridi. Es así que el jefe del Estado Mayor que quiere digitar los ascensos y traslados de este año, quizás no llegue él mismo a fin de año. Detrás de todos estos choques se está gestando un amplio compromiso, en el cual intervienen el alfonsinismo y el cafierismo, y por sobre todo la embajada norteamericana, que tiene igual autoridad sobre Caridi como sobre Rico. La victima de ese compromiso serán los trabajadores, las libertades democráticas y la independencia nacional. Abajo el complot de Caridi-Rico- Alfonsín y Cafiero dirigido contra las libertades democráticas.

Ni bien Sourrouille vuelva al país se pondrá en marcha un nuevo “paquetazo”. Machinea y Brodersohn ya han declarado que las tarifas están retrasadas en un 20 %, lo que quiere decir que se "ajustarán" todavía más, incluso bien por encima de la ya elevada inflación. Los llamados “programas sociales” (salud, educación) también serán “ajustados”, claro que, en sentido inverso, ya que “se habría gastado por encima de lo presupuestado” (Ámbito, 29-9). Finalmente se incrementarán los impuestos, en especial los de fácil recaudación como la nafta, que son los que paga la inmensa mayoría de la población. Brodersohn, justifica este paquetazo en la menor recaudación fiscal “por la baja de las retenciones” (impuestos) a los pulpos exportadores. Si sumamos a esto los pagos de intereses y otros subsidios a los capitalistas, tenemos una radiografía de las verdaderas causas del déficit fiscal. Este paquetazo es una consecuencia directa de las negociaciones con el FMI. La delegación argentina fue a pedir el “perdón” por el incumplimiento del acuerdo firmado meses atrás y el FMI le señaló el camino de los tarifazos. Sourrouille quería que el “perdón”, incluyera un nuevo préstamo de mil millones de dólares para pagar intereses de la deuda, pero el FMI, aunque oyó la súplica, no quiso saber nada. Igual resultado tuvo el pedido a los banqueros para que disminuyeran los intereses sobre la llamada “deuda vieja”. Según algunos diarios, el FMI no otorgaría siquiera el “perdón”, lo que significa que suspendería los préstamos prometidos a Argentina en el a-cuerdo firmado a mediados de año. Se confirma así lo previsto en “Prensa Obrera” de que los banqueros harían caer a Argentina en la cesación de pagos hasta “observar el comportamiento del nuevo plan económico que dispondrá el gobierno de Alfonsín” (Ámbito, 28-9). Cesación de pagos El fracaso de la misión argentina significa precisamente una inminente cesación de pagos. Las reservas en divisas disponibles del Banco Central son de unos 400 millones de dólares (algunos las suben a 800 millones), lo cual no alcanza para cubrir los intereses atrasados. Al 30 de junio pasado estos intereses sumaban unos mil millones de dólares, cifra que debe ser ahora bastante superior. Si llegaran en octubre los 750 millones de dólares que los banqueros debieron haber desembolsado en setiembre, ello solo servirá para cancelar una parte de los atrasos y nada de los futuros vencimientos. La balanza comercial solo va a dar un superávit insuficiente, a lo que se agrega que los exportadores están reteniendo los dólares a la espera de una devaluación monetaria. Se configura así la cesación de pagos con el conocimiento anticipado del FMI. El rechazo de un nuevo acuerdo por parte del FMI promueve deliberadamente la declaración de insolvencia económica de Argentina, lo cual tiene por contrapartida la declaración de una moratoria de hecho o formal de parte de Argentina. Esta premeditada “crisis” apunta a forzar el “ajuste en regla”, que ya está previsto y planeado, y que consistirá en devaluación de la moneda, desvalorización brusca de los salarios y concesiones más profundas al capital imperialista, en especial en lo referente a la capitalización de la deuda externa. Luego de pedir la continuidad de Sourrouille en el gobierno, el FMI y la banca rechazan un nuevo acuerdo con “su” ministro de Economía, con la evidente finalidad de aumentar la presión internacional que le facilite a Sourrouille aplicar el “ajuste” ante la opinión pública nacional. La capitalización La delegación argentina llevó en sus maletas el tema de la capitalización de la deuda (pagar la deuda en acciones o empresas) con la ingenua idea de ofrecerla a cambio del “perdón” y de los nuevos préstamos del FMI. ¡Como si los banqueros fueran a pagar mil millones de dólares por una “capitalización” concebida en su provecho! Hasta ahora el gobierno ha reaccionado diciendo que no aceptará otorgar nuevas concesiones en este tema. Lo que ocurrirá aquí es fácilmente previsible: los banqueros boicotearán los llamados a capitalización como lo hicieron con los primeros llamados a licitación petrolera, hasta obtener satisfacción de sus reivindicaciones. Ni creemos que se llegue a tanto. Como ya hemos informado en ediciones anteriores, los banqueros están penetrando activamente en la Bolsa mediante la compra de acciones de empresas financieramente asfixiadas, pero potencialmente rentables. Esto ocurre aun en mayor medida en Brasil, e incluso Perú no escapa a esta acción. La exigencia fundamental de la banca es cambiar la deuda externa por acciones y aun transformarla en moneda nacional para otras operaciones espectaculares. La semana pasada el gobierno uruguayo autorizó a los empresarios a cancelar sus deudas con la banca estatal mediante títulos de la deuda externa, que aquéllos pueden conseguir al 65% de su valor. En Argentina existe ya un régimen de “capitalización”, es decir de inversiones, bastante generoso por 3.000 millones de dólares, en el cual se podrán usar los títulos de la deuda externa y las utilidades obtenidas dentro del país, es decir, sin aportar un solo dólar nuevo. Lucha nacional La patronal argentina impulsa fervorosamente esta colonización económica siempre y cuando se le permita participar, para lo cual pide que los ciudadanos argentinos puedan ser titulares de los principales bonos que se usan para la “capitalización”. La entrega al imperialismo implicará una contrarrevolución fenomenal en el nivel de explotación de los trabajadores argentinos, esto por la sencilla razón de que ella sólo puede operar si se da a los banqueros y sus socios industriales completa libertad de acción. Adelantarle a los capitalistas millones de australes para Inversión a cambio de la deuda externa y luego permitir que esos millones se fuguen del país por no encontrar condiciones adecuadas de explotación, es un contrasentido que no puede ocurrir, y por eso la devaluación, la libertad de cambios, la caída del salario, la derogación de las normas de protección laboral, los despidos masivos, etc., forman parte del programa de “capitalización”. La entrega plantea entonces una aguda lucha de clases de supervivencia para los trabajadores. Hay consignas que permitirán convertir en acción la resistencia a estos intentos. 1. Un salario y jubilación mínimos igual al costo de la canasta familiar, de ₳ 900. 2.. Desconocer la deuda externa. 3. Ocupar y poner bajo control obrero toda empresa que despida o desconozca los derechos laborales, y toda empresa que se privatice.

Para la "gran prensa” el conflicto de los obreros de Yacyretá sigue pasando desapercibido, pero la semana pasada los obreros paraguayos decidieron sumarse a los paros y se realizaron asambleas en ambos lados de la frontera con delegados de las dos nacionalidades. Precisamente en una masiva asamblea del personal de la obra, se ratificó el pedido del 25% por zona desfavorable, un porcentaje similar por desarraigo y 21 días de vacaciones para el personal con tres artos de antigüedad como lo establece el protocolo. Sin embargo, el ente binacional insiste en que dichos beneficios corresponden al personal contratado por el Ente y no a los trabajadores de la multinacional Ítalo- francesa, ERIDAY. Como ocurre igualmente en otros emprendimientos hidroeléctricos, los Ingenieros, técnicos, capataces, obreros especializados extranjeros gozan de las reivindicaciones que les son negadas a los trabajadores argentinos. Al personal extranjero se le otorga viáticos y pasajes dos veces al arto y salarios varias veces por encima de lo que se les paga a los trabajadores nativos. El Ente Binacional permite esta discriminación como así también la violación del protocolo y de la legislación laboral vigente. El conflicto que comenzó del lado argentino ya se extendió a tierras paraguayas, donde se desarrolla la mayor parte de la obra, quebrando las condiciones de represión imperantes en el feudo del dictador Stroessner.

Juan Antonio Portesi es el actual ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En ese puesto reveló su condición de fiel defensor del aparato represivo. Como responsable de la "seguridad pública". Portesi fue un elemento clave en la preservación del aparato de la dictadura, en especial en la policía de la Pcia. de Buenos Aires, comprometida hasta la coronilla en los secuestros y asesinatos. Portesi se “jugó" por ese aparato: por ejemplo, fue la pieza clave para que quedara en libertad el suboficial Balmaceda. responsable del asesinato de los 3 jóvenes de Ing. Budge. Ya pronto a terminar su mandato, Armendáriz tomó la decisión de elevar a la Legislatura bonaerense el pliego para la designación de Portesi como Fiscal del Estado (al que la "ciencia jurídica" burguesa define como "representante de la sociedad"). Como el puesto es inamovible, el apuro en la designación delata la intención de mantener a los hombres del aparato de represión en los puestos claves del Estado. La propuesta de designar a Portesi antes de que suba Cafiero, supera por lejos las intenciones que pudiera tener un Armendariz o la UCR, revelando por el contrario quiénes tienen realmente las redes del Estado en sus manos.

“En tanto oposición al gobierno nacional, no tendremos una postura de obstrucción”. ¿Quién escribió esto en Clarín? Naturalmente Antonio Cafiero, el líder justicialista que antes del 6 de setiembre llamó a los trabajadores a levantar las huelgas y “a dar una respuesta en el principal terreno de las decisiones: la política”. Cafiero recibió esa “respuesta” que reclamaba, pero ahora no se ve que haga nada para parar los “tarifazos”. Sus “compañeros” de la burocracia sindical, por otro lado, se esfuerzan en todos los sindicatos para impedir que los trabajadores salgan a la lucha o para traicionar esa lucha allí donde está en marcha. Han vaciado la CGT, deambulando de ministerio en ministerio en pos de un aumento salarial que el gobierno fondo- monetarista y enemigo de las paritarias libres, no va a dar. Perro hortelano en su quinta, Cafiero dice que él sólo fue elegido para gobernar la provincia, fingiendo ignorar que dirige un partido nacional. Con esta posición confirma que no piensa “obstruir” los “tarifazos” de Alfonsín. Esta política no le ha impedido, sin embargo, mandar a sus delegados al FMI y a entrevistarse con los banqueros usureros, para mostrar que ellos también son un partido “para confiar”. En poco tiempo más el propio Cafiero hará su gira por el Norte. Decididamente se ha confirmado que ni las urnas ni Cafiero podían dar una salida a la insoportable situación popular. Hay que tomar las reivindicaciones en nuestras propias manos. Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (₳ 900). Por el no pago de la deuda. Reclamemos un plan de lucha mediante asambleas.