Prensa Obrera N° 199

El pasado 7 de agosto fue firmado en Ciudad de Guatemala un acuerdo de paz por parte de los cinco gobiernos centroamericanos. En su preámbulo se invoca el apoyo de los gobiernos patronales de Contadora y del grupo de apoyo a Contadora, de la imperialista Comunidad Económica Europea y hasta del Papa. También se invocan los principios de las Naciones Unidas y de la OEA, así como de infinidad de reuniones, conferencias y declaraciones internacionales. No solamente se establece el objetivo de “forjar un destino de paz para Centroamérica” sino que se declara la finalidad expresa de “Colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia de la reconciliación a la que aspiramos en Centro América”. En otra parte se pide “un trato internacional que garantice el desarrollo para la paz que buscamos sea duradera”. Aunque los centroamericanos y caribeños tienen una propensión climática al verbo, todos estos conceptos son algo más que verborragia, puesto que revelan que estamos ante algo que va mucho más allá de un acuerdo de paz, como que definen el carácter social y político que deben tener los Estados de la región, así como su correspondiente garantía internacional. Bajo la forma de un plan de paz aparece en la superficie la vieja pretensión de condicionar el desarrollo de la revolución nicaragüense a los intereses del imperialismo, liquidando de paso las posibilidades de la revolución centroamericana. Pero si por un lado el acuerdo de Guatemala es mucho más que un acuerdo de paz, por otro lado, no llega exactamente a ser un tratado de paz en regla, lo cual no es para nada contradictorio. Los signatarios del acuerdo no se comprometen fehacientemente a eliminar las bases extranjeras y mercenarias de su territorio (como es el caso de Honduras), sino que la posibilidad de que esto ocurra depende de la interpretación que se haga del cumplimiento por parte de Nicaragua de determinados procedimientos “democráticos” que le han sido impuestos por sus “hermanos”. El único país que realmente carga con la responsabilidad de cumplir con las cláusulas del acuerdo es Nicaragua, que deberá formar una “comisión de reconciliación” con los agentes Internos de la “contra” y del gobierno Reagan; garantizar la libertad de prensa, manifestación y elección a este mismo sector; amnistiar a los presos contrarrevolucionarios; declarar un cese del fuego; y finalmente convocar a elecciones municipales y para el parlamento centroamericano (esto en 1988), conformando en este caso una institución internacional contrarrevolucionaria con funciones limitativas de la soberanía nicaragüense. Como se puede apreciar, estas cláusulas nada tienen que ver con un tratado de paz y sí mucho con una injerencia Internacional que pretende condicionar la evolución política de Nicaragua. No puede sorprender entonces que una revista tan autorizadamente reaccionaria como The Economist (15.8) diga en un editorial que “el acuerdo, si es lealmente aplicado por Nicaragua, es bueno”, para luego agregar: “Si Nicaragua cumple, aunque sea a regañadientes, se transformará en un Estado de partido único con varias trampas pluralistas (una adecuada descripción de México) y con poca capacidad para interferir a sus vecinos. Esto puede no ser lo ideal, pero es aceptable”. Este vocablo en The Economist es mucho, si se tiene en cuenta que es el vocero, y hasta consejero, de la Thatcher y de Reagan. Es indudable que el solo hecho de que se firme un acuerdo de paz constituye un retroceso para los planes del gobierno Reagan de derrocar al sandinismo. Sin embargo, el acuerdo firmado el mes pasado está muy lejos de ser un revés para el jefe “contra”, que hubiera podido vetarlo si esa fuese la posición dominante dentro del imperialismo yanqui. El plan de paz, que fue diseñado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, fue largamente discutido en los círculos políticos norteamericanos antes de entrar en vigencia. Se puede decir, sin lugar a dudas, que contó con el aval mayoritario de aquéllos antes de ponerse en práctica. El propio Reagan colaboró con su vigencia cuando en lugar de llamar a boicotear la reunión de Guatemala (como lo hiciera en tantas otras ocasiones) ofreció su propia versión de un plan de paz, acompañado de la firma del vocero del partido Demócrata en el Congreso. Reagan rechazó la propuesta de sabotear las negociaciones centroamericanas, como se lo proponía la derecha de su partido, y eligió arbitrar entre las distintas fracciones que se disputan el liderazgo de la política exterior de Estados Unidos. La razón de todo esto es, por cierto, que los “contras” han fracasado militarmente y que el imperialismo yanqui no puede jugar la carta de una Invasión. Otro autorizadísimo vocero gran capitalista y derechista, “Business Week” (24.8), dice en forma contundente: “Como a Reagan sólo le queda un año en el gobierno, es muy tarde para que pueda transformar a los contras en una fuerza militar viable. En tanto la iniciativa centroamericana se mantenga viva, Reagan no tiene otra opción que aceptar la diplomacia en lugar de la guerra de guerrillas”. Si bien el centro de las preocupaciones del plan de paz es Nicaragua, no menos importante en sus miras es la situación de El Salvador. “Ciertamente, dice “The New York Times” (20.8), la posición del presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, quedaría reforzada con la firma de un acuerdo con el presidente Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua, por el hecho de que legitimaría a ambos gobiernos”. Duarte pretendería que el FMLN entregue las armas y se incorpore a un proceso electoral en cumplimiento del acuerdo de Guatemala, pero los propios yanquis lo consideran excesivo. “Los términos del plan Arias necesitan ser adaptados a las circunstancias salvadoreñas” —dice “The Washington Post” (26.8), algo que el propio Arias ya está procurando mediante entrevistas con los principales dirigentes del FDR y el FMLN de El Salvador. Nicaragua, sin embargo, está obligada por el acuerdo a cortar su apoyo a la revolución salvadoreña, sin que esto signifique en lo más mínimo el corte del apoyo militar de los Estados Unidos al gobierno de Duarte. El acuerdo de paz está exactamente concebido para liquidar la revolución en El Salvador, aislar a Nicaragua y condicionar su evolución política. “¿Es suficiente esto para conformar las legítimas preocupaciones de los Estados Unidos?” —es lo que naturalmente siguen preguntándose muchos círculos imperialistas (The Economist, 22.8). Nuestro perspicaz diario La Nación (16.9) definió muy bien las perspectivas del plan de paz: “Una especie de última posibilidad para los rebeldes (se refiere a los “contras”) de fundar un nuevo modelo contrarrevolucionario de carácter político”. Lo que el diario no dice es que este “modelo” funcionaría sobre la base de la injerencia norteamericana que el plan de paz no elimina ni se propone hacerlo. Lo que el diario tampoco dice es que la función de ese modelo es desintegrar a la revolución nicaragüense y permitir de este modo una contrarrevolución violenta naturalmente encabezada por los mercenarios. La vía política que preconiza un sector del imperialismo yanqui no excluye la otra vía, que sigue presente en el financiamiento clandestino de la “contra”, luego en las bases yanquis en Honduras y finalmente en las maniobras militares de Estados Unidos en todo el arco oceánico desde el canal de Panamá (Nos referimos a las distintas etapas de desarme que prevé el acuerdo). El acuerdo de paz no abole la presión armada, solamente la canaliza a través de la acción política dentro de Nicaragua, a la que el acuerdo da vía libre. El FSLN y el FMLN han sido llevados a aceptar este acuerdo, principalmente por un condicionamiento exterior, y sólo secundariamente por la terrible crisis económica que sufre Nicaragua. La expectativa de salir del desastre económico provocado por la agresión armada, a través del acuerdo de paz, equivale a aceptar un principio de re- colonización económica del imperialismo. Como ya lo dijo Alfonsín hace dos años: si extienden la revolución, habrá guerra; si la congelan, habrá coexistencia pacifica; si retroceden, colaboraremos en la reconstrucción económica. La “ayuda” económica exterior estará cargada de muchos mayores condicionamientos que este acuerdo de paz. La efectivización en principio del acuerdo es una consecuencia muy clara de la política internacional de la burocracia rusa, cuando no de su presión directa. Los Gorbachov ya han dicho reiteradamente que Nicaragua era un asunto “latinoamericano”, que debía resolverse en el marco de Contadora, no en el de la extensión de la revolución. Recientemente la burocracia rusa aplicó sus propios principios disminuyendo el suministro de petróleo a Nicaragua, con la declarada finalidad de que los “nicas” resuelvan este problema con México y Venezuela, es decir, con la burguesía mundial (Recientemente se avino a entregar 100.000 barriles hasta el final de año). Órganos de prensa de todos los colores han interpretado este hecho como un claro reclamo para entenderse con el imperialismo. De un modo general, hay que decir que el régimen nicaragüense estuvo condicionado desde el vamos por factores internacionales. A estos factores se debe el lugar que ocupa la burguesía en la sociedad “nica”, cuando se trata manifiestamente de una clase parasitaria y saboteadora. El FSLN ha desechado desde el vamos la expropiación generalizada del capital y la centralización económica correspondiente, que son los únicos medios para enfrentar una ofensiva como la que sufre de parte del Imperialismo. En el momento actual existe una inflación descomunal y un mercado negro imparable, factores de extraordinaria diferenciación social, que solo pueden jugar en detrimento de la base social de la revolución. Es indudable que se ha abierto un período de profunda crisis en el proceso revolucionario centroamericano. Es necesario clarificarlo sin concesiones; denunciar a las burguesías de nuestros países latinoamericanos, como agentes “diplomáticos” del imperialismo contra la revolución centroamericana; y hacer los mismo con la política contrarrevolucionaria de la burocracia de Gorbachov.

Hace tres semanas estalló la más importante de las cinco sublevaciones militares que enfrentó el gobierno filipino de Corazón Aquino desde su asunción en febrero de 1986. El levantamiento, de neto corte derechista, tuvo por eje el planteo de reforzar la guerra contra la guerrilla y destituir a los elementos democratizantes del gobierno y de la cúpula de las FFAA. La sublevación provocó una profunda división entre los militares, aunque inicialmente solo 14 de los 86 batallones se sumaron al alzamiento. Al gobierno le resultó muy difícil movilizar a las tropas "leales”. Esta contemporización con los derechistas contrastó con la dura represión que realizó el ejército contra los manifestantes civiles que salieron a la calle a repudiar el alzamiento. La situación actual es extremadamente inestable porque Hohasan, el cabecilla de la revuelta, declaró en varias entrevistas su intención de reiniciar la ofensiva. Está probado que el golpe tenía ramificaciones más vastas que no llegaron a manifestarse. El ‘‘Internacional Herald Tribune” (18-9) estima, por ejemplo, que “cerca del 90% de las tropas simpatizaban con los rebeldes”. Disgregación del régimen La sublevación se desarrolló en un momento de ‘profunda disgregación del régimen político democratizante de Aquino. “Cory” fue llevada al gobierno como resultado de una revolución popular. Las masas ocuparon las calles, obligando al imperialismo yanqui a reemplazar al dictador del país por una coalición del partido de Aquino, ex militares de Marcos (Ramos, Enrile) y los representantes de la oligarquía terrateniente y el gran capital de Filipinas (Salvador Laurel). El gobierno de Aquino despertó enormes ilusiones en las masas que esperaban conquistar la democracia política, la transformación agraria y la expulsión del imperialismo. Estas expectativas se frustraron; a lo largo de 18 meses la democracia fue el instrumento con el que se pretendió desmovilizar a las masas y desactivar la revolución. Pero desde principios de año se ha producido un reanimamiento de las huelgas. El mes pasado se multiplicaron los paros como consecuencia de los “tarifazos” y luego un fuerte incremento de los combustibles desató (dos días antes de la sublevación de Honasan) la primera huelga general contra el gobierno burgués de Aquino. Los propios funcionarios de “Cory" debieron reconocer oficialmente la amplitud que alcanzó el paro y Aquino debió recular parcialmente anunciando que reducía a la mitad el aumento de la nafta. El gobierno se lanzó a una amplia redada contra activistas y dirigentes sindicales, horas antes del estallido de la sublevación derechista, es decir, cuando en los cuarteles se ultimaban los detalles del alzamiento. Esta actitud retrata cabalmente el carácter antidemocrático y antipopular del régimen de Aquino. La huelga general fue indicador de la progresiva radicalización de los trabajadores filipinos y del proceso de ruptura con el régimen patronal. Hay que recordar que fue justamente en el movimiento sindical donde el gobierno logró conquistar una base de apoyo al comienzo de su gestión y por eso algunos diarios han calificado al paro como un acontecimiento “histórico”. La revolución en el campo En el campo se ha creado una situación aún más explosiva por la impotencia del gobierno para cumplir con su promesa de implantar una reforma agraria. El 70% de la población vive en las regiones agrarias dentro de la más absoluta miseria, trabajando temporariamente la tierra monopolizada por un puñado de grandes propietarios. Aquino se limitó hasta ahora a medidas simbólicas (como la aplicación en sus propias estancias de algunos decretos de entrega de tierras a los arrendatarios de la época de Marcos) y el envío al Congreso de un proyecto de modificación de la propiedad de la tierra. El alcance de la reforma es muy limitado, ya que excluye del reparto de los campos a todos los ocupantes ilegales, que forman una enorme porción de los plantadores. En la isla de Negros, por ejemplo, la propuesta contempla que los campesinos pobres recibirán sólo el 10% de las tierras. La reglamentación de la reforma ha quedado igualmente en manos del Congreso, cuya mayoría está controlada por los exponentes de la oligarquía, que han prometido además resistir a “punta de pistola” cualquier distribución de terrenos. Los terratenientes cuentan con verdaderas “milicias privadas” conectadas con el ejército, que aterrorizan desde hace décadas a la población, especialmente en las islas de Cebú, Mindanao y Negros. La lucha de clases en el campo adquirió gran virulencia a principio de año, cuando una multitudinaria manifestación campesina fue brutalmente reprimida por las tropas, dejando un tendal de muertos entre los participantes. La “masacre de Mendiola" desató una oleada de resistencia en las 5.000 islas del archipiélago y este movimiento alimenta a la guerrilla del "Nuevo Ejército del Pueblo”. El NEP cuenta con más de 25.000 hombres y ha renovado su actividad después, de una negociación frustrada con el régimen de Aquino. Después de la sublevación derechista, Aquino anunció oficialmente el lanzamiento de una ofensiva general contra la guerrilla, como lo viene reclamando la oligarquía a viva voz. Crisis revolucionaria Aquino adoptó la misma política de capitulación ante la sublevación que siguió Alfonsín con Rico en Semana Santa. Está cumpliendo con los reclamos de Honasan. Desplazó del gabinete a Joker Arroyo y Teodoro Locsin, que eran los hombres más cuestionados por los militares; los sueldos de las Fuerzas Armadas serán triplicados y no habrá sanción alguna contra los que se sublevaron (solo serán “reeducados”). Es evidente que el gobierno está buscando entablar una negociación directa con Honasan (si es que no la inició). Para congraciarse con los derechistas liberó al hermano de Honasan, no detiene al ex ministro Ponce Enrile (verdadero jefe nacional del golpe), ha puesto en el gabinete a un nuevo ex-funcionario de Marcos. Aquino pretende enfrentar con la militarización la convulsión revolucionaria que se está gestando en todo el país. La reaparición del terror y los asesinatos contra la izquierda es una manifestación de este proceso. El imperialismo yanqui se negó a apoyar a Honasan, sostuvo a Aquino y probablemente obligó al resto del ejército a mantenerse dentro del régimen democratizante. Los yanquis —que tienen enormes intereses económicos en la región y sus dos principales bases militares del Pacífico en el Archipiélago— estiman que Cory Aquino aún representa una importante carta política. Por esto se ha limitado a apoyar a quienes reclaman a Aquino el establecimiento de la ley marcial, lo que permitirá centralizar el poder para apoyar la acción antiguerrillera y la liquidación del movimiento obrero en las ciudades. Estados Unidos pretende aplicar la táctica que ya se usara en El Salvador un gobierno elegido y un Estado militarizado. Como ya ocurriera en Centroamérica, el gran problema que se plantea en Filipinas es que las organizaciones obreras no sean destruidas por el Estado, ni disueltas por la guerrilla con un planteo de “guerra prolongada".

Gran lucha en Astilleros Domecq El jueves 17, por segunda vez en quince días, 700 trabajadores del Astillero Domecq García (único astillero de América latina especializado en la fabricación y reparación de submarinos) atronaron con sus cánticos y bombos las calles del centro. La movilización y un quite de colaboración fueron resueltos en asambleas generales del astillero, en reclamo de un aumento de emergencia de ₳ 250 formulado hace largo tiempo por el cuerpo de delegados. Actualmente se cobran ₳ 300 de básico, una tercera parte de la canasta familiar. La movilización obrera denunció también los planes privatizadores del gobierno, en particular en las especialidades de control de calidad y mantenimiento (a empresas alemanas o a subcontratistas). El Domecq García, que es sumamente rentable, está conducido por una camarilla en la que pululan marinos retirados que, por su ligazón con los pulpos del área, han generado retrasos injustificados en las obras. Los directores amenazaron con convocar a contratistas para quebrar el quite de colaboración, en cuyo caso las asambleas resolvieron la inmediata ocupación de la planta. Firme lucha en el Turbio Los trabajadores de YCF venimos luchando desde hace años por el reconocimiento de la jornada laboral de 40 horas (durante la dictadura fue abolido el adicional por extensión horaria a 48 horas). En mayo pasado se impulsó el reclamo legal y se resolvió no trabajar los sábados. Solo después de una gran presión de la base, la directiva llamó a una asamblea general, que reivindicó la vigencia del convenio colectivo, la incorporación al básico del adicional (150 australes), pasajes para los jubilados, reconocimiento de un extra por antigüedad y confirmación del personal contratado en planta permanente. A partir de la decisión de parar 4 horas por turno la empresa concedió el reconocimiento de las 40 horas semanales, la confirmación del personal contratado y el adicional por antigüedad, pero no dio respuesta al planteo salarial. Frente a esto se realizó una asamblea que decidió un paro de 48 horas y paros de 4 horas por turno; el movimiento se extendió a YCF Gallegos y Capital Federal. UTA: Congreso y elecciones viciados En un congreso viciado, en el que no se dejó participar a los representantes de la oposición, la burocracia de UTA convocó a elecciones para el 15 de diciembre. El utraproscriptivo estatuto actual establece: 6 años de afiliación y haber ocupado cargos electivos para ser candidato y más de 7.0D0 avales de afiliados con un año de antigüedad. La conducción del gremio está hoy en manos de una alianza del miguelismo y los 15 (Lista Celeste y Blanca). En la oposición burocrática militan la vieja Lista Gris (Azar, ex conducción), hoy emparentada con el nosiglismo, y la Lista Blanca nacida del herminismo. El proceso electoral se da en un marco de luchas crecientes y de victorias parciales (Subterráneos, UTA Córdoba), que por la franca hostilidad de la burocracia ensancharon aún más el abismo entre ésta y la base del gremio. La actual lucha salarial es un reflejo de esta situación: las medidas de paro parcial son garantizadas en gran cantidad de líneas por el esfuerzo de pi-quetes de huelga que son el producto de la organización, en el 90% de los casos, del activismo. La Lista Verde —oposición antiburocrática en la última elección— puede jugar un importante papel denunciando el fraude y formando una lista que presente batalla a la burocracia. Piedra del Águila: burócratas y negreros Luego de la derrota de la última huelga de la UOCRA, los trabajadores ingresaron en un cuadro de confusión y desmoralización. Este cuadro, y la total ausencia de una corriente antiburocrática y clasista, permitieron a Rancho de Paja (un aliado incondicional de Farias) ponerse al frente de la CI. En esos días viajó a la provincia Gerardo Martínez, secretario de la UOCRA central, para avalar lo actuado por la CD de la seccional desde el último levantamiento de la huelga y “hacer pasar” un "compás de espera". Pero cuando intentó hacer lo mismo en una asamblea de Piedra (confiando en el triunfo de Rancho de Paja), el tiro le salió por la culata: 1800 obreros sobre un total de 2000 se retiraron de la asamblea en repudio de Martínez y a toda la burocracia de Farias, por el carnereaje a la huelga de la UOCRA. A partir de allí, la patronal de UCASA y la burocracia de Farias comprendieron que con Rancho de Paja no bastaba. Previendo una demanda de trabajo próxima, la patronal de UCASA y la burocracia de Farias se pusieron de acuerdo para evitar el ingreso de activistas a Piedra por todos los medios posibles. Por medio de la UOCRA jujeña, parlas ha traído a obreros de esa provincia para reemplazar a los aspirantes neuquinos, bajo contratos que los obligan a trabajar ininterrumpidamente durante 5 meses con solo dos días de franco. Mientras tanto, a los neuquinos se les piden antecedentes policiales y gremiales con objetivos discriminatorios. Los trabajadores de Piedra se encuentran en estado de asamblea para analizar esta situación. Yacyretá en pie de lucha Aunque para la gran prensa seria no sea noticia, los obreros y empleados que construyen la represa hidroeléctrica Yacyretá se mantienen en conflicto desde el 3 de septiembre, cuando una multitudinaria asamblea decidió establecer el trabajo de 8 horas (trabajan 12), ajustándose así a las normas protocolares firmadas por el Ente Binacional Argentino-Paraguayo. Se reclama igualmente el 25% por zona desfavorable, otro similar por desarraigo. 21 días de vacaciones para todo el personad con tres años de servicio cumplido (que es lo que establece el protocolo de obra sistemáticamente violado por las patronales). Otro de los reclamos es el permiso para la Comisión Interna del obrador para cruzar a tierra paraguaya donde se realiza la mayor parte de la obra y el cese de la represión por parte de la gendarmería del dictador Stroessner. Es que en diciembre del afio pasado se desató una brutal represión en el pueblo de Ayolas contra obreros argentinos y paraguayos que fueron perseguidos y golpeados por las fuerzas de seguridad. Hubo en esa oportunidad, según consta en las denuncias. secuestros y torturas para algunos dirigentes y activistas de ambas nacionalidades. Al silencio cómplice de la Cancillería se le sumó el aval de la burocracia sindical de Alejo Farias. Yacyretá muestra con toda claridad que la “modernidad” y el desarrollo de las “industrias de punta" se basan en la explotación de los trabajadores por un grupo de capitalistas foráneos y locales que cuenta a su favor con todos los beneficios y complacencias del Estado patronal. La perspectiva de la clase obrera es organizarse sin delegar en nadie el destino de su propio futuro.

Los resultados del 6 de septiembre, en Tucumán, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, registraron no sólo el retroceso de la UCR sino la debacle completa del justicialismo, que se dividió entre el PJ y el Frente de Acción Provinciana (encabezado por Cirnigliaro, ex ministro de Economía del gobierno de Riera). Además, se produjo un ascenso electoral de Bandera Blanca, encabezado por Bussi, lo que ha provocado un total fraccionamiento político-electoral en la provincia. Ningún partido logró, naturalmente, mayoría en el Colegio Electoral que debe designar al gobernador, lo que ha provocado una crisis política en la provincia. Pero detrás de la resolución de este ajedrez político, lo que está en discusión es la salida a la bancarrota del Estado provincial, cuyas finanzas públicas son prácticamente inexistentes, en el marco de una verdadera debacle productiva. El déficit del presupuesto crece día a día; la banca provincial está en rojo, y ya ha tenido que correr las fechas de rescate de los bonos por falta de efectivo; voceros oficiales y de la oposición han señalado que el circulante de esos bonos supera al circulante de moneda nacional. La situación se ha caotizado aún más ante el hecho de que el gobierno ha pagado las deudas a los empleados públicos con letras de cambio. Esta situación está llevando a una paralización creciente de la vida económica en la provincia. El inevitable rescate financiero de la provincia por el Estado nacional plantea una profunda poda del presupuesto (despidos en masa, reducción salarial, modificación de los convenios de trabajo), bandera que ya ha sido señalada por el radicalismo y por las otras fuerzas patronales, lo que significaría un colosal ataque a las masas de la provincia, que ya están, sin embargo, en una situación desesperante. La otra cuestión en debate es la política azucarera, pues hay varios ingenios en quiebra que han dado sus instalaciones a cooperativas cañeras, o situaciones como la del ingenio Ñuñorco, cuyo arriendo termina a fin de año, cuando se iniciará el remate de las instalaciones. Lo que puso luz roja a esta situación fue la convocatoria de acreedores del ingenio Concepción, de los Paz, la cual es una maniobra en perjuicio del Estado nacional y provincial, pues con el llamado a concurso la deuda del ingenio (que es la mayor deuda de todos los ingenios) queda congelada por 90 días (a un nivel de inflación del 13 a 15% mensual). Esta maniobra pretende que el Estado nacional refinancie los pasivos, libere completamente el precio del azúcar y amplíe el consumo de alconafta al resto del país. Todo esto pone en discusión el destino de varios ingenios y la situación de miles de pequeños cañeros y trabajadores. Las negociaciones que se están realizando entre las distintas fuerzas que van a participar en el Colegio Electoral presenta algunas variantes, pero en todas hay que incluir al radicalismo, porque el gobierno nacional maneja el Banco Central y la política azucarera. El problema no es solo repartirse las distintas áreas de poder (gobernación, intendencia de San Miguel, intendencias del Interior, senaduría nacional, Secretaría Nacional de Desarrollo Regional), sino establecer una política de conjunto a una situación límite. Si este acuerdo llegara a fracasar, queda como alternativa la intervención federal, pues un acuerdo del PJ, la FAP y el bussismo no sería aceptable por el régimen actual. La función de esta intervención sería la de rescatar financieramente a la provincia y atacar profundamente a las masas para sanear las finanzas públicas. Todas las perspectivas llevan a profundizar la ofensiva contra las condiciones de vida de las masas, lo cual crea una situación insoportable. Ya el promedio salarial provincial representa un 50% de los niveles nacionales. Esta situación de miseria, en los últimos años, se expresó en numerosas luchas salariales, especialmente entre los sectores estatales. En el último período este proceso entró en un reflujo. como resultado del desgaste de las luchas a las que fueron condenadas por las direcciones burocráticas y que en muchos casos se prolongaron durante varios meses sin obtener ningún resultado. Ello explica que la situación salarial haya explotado en el ámbito del personal policial, mientras los gremios estaban completamente paralizados. La rebelión policial le arrancó al gobierno el pago de las deudas, no en letras de cambio (que no se aceptan en el comercio) sino en bonos (que sí lo son, aún). Este hecho sirvió de detonante para que en varios gremios reapareciera la agitación salarial. Los políticos renovadores del justicialismo y sectores del radicalismo, después de haber encubierto y protegido el aparato represivo provincial, después de haber tolerado la rebelión policial y después de haber cedido en los reclamos salariales a la policía, hicieron un llamado a una movilización en "defensa de las instituciones democráticas”. Es claro que el propósito' de esta acción no está dirigidos desmantelar el aparato represivo de la provincia (como lo demuestra el silencio que guardan ante el hecho de que ningún imputado por los hechos de Tafí Viejo ha sido citado hasta el momento), sino a desviar lainquietud salarial que se ha despertado entre los trabajadores estatales. La descomposición del radicalismo y el justicialismo, el hecho de que la demagogia del bussismo y Cirnigliaro se diluya fuera del escenario electoral, crea un enorme vacío político en condiciones de antagonismos explosivos entre los explotados y el gran capital de la provincia. Todo esto deberla favorecer la clarificación de la vanguardia obrera, a la que el proceso electoral ha dejado aislada, esto en relación a la canalización del voto popular a los partidos burgueses y derechistas. Para esto es necesario un programa de acción: pago de todos los salarios con dinero oficial y a valores actualizados; salario mínimo de ₳ 800 indexado según el costo de vida; ocupación de todo ingenio o fábrica que cierre y su expropiación y funcionamiento bajo control de los trabajadores; apertura de los libros de las empresas y cobro compulsivo de la deuda de los ingenios con el Estado provincial y nacional; no pago de la deuda externa; confiscación de la banca; formación de comités de huelga y coordinadoras de lucha intergremiales para darle una dirección consecuente a la lucha de los trabajadores.

Rosario El miércoles 16, la COAD (Coordinadora de Asociaciones Docentes) resolvió una jornada de lucha común con los estudiantes. La asamblea, a la que no concurrieron ni la FUR, ni Franja, ni el MNR, ni el PJ ni la UCR, dio nacimiento a una Multisectorial en defensa de la Universidad estatal. A esta asamblea concurrieron, por primera vez, núcleos no docentes que sumaron su apoyo a la huelga. La Multisectorial (COAD, Amsafe, centros estudiantiles que no responden a la Franja-MNR, partidos de izquierda, etc.) convocó para el viernes 18 a una marcha hacia el rectorado, donde sesionaba en esos momentos el Consejo Superior de la UNR. La vigorosa movilización docente estudiantil copó el ámbito del rectorado y obligó al Consejo Superior a pronunciarse en favor “de las reivindicaciones docentes, que hoy se expresan en el reclamo gremial” y por la incorporación a la Multisectorial. La incorporación de los rectores a la Multisectorial abre el riesgo de que sea un canal de transmisión de los planteos gubernamentales al interior del movimiento docente-estudiantil. Por eso la dirección del movimiento debe seguir I en manos de los docentes y la multisectorial funcionar como una comisión de apoyo. Acción fascista El jueves 17, mientras se desarrollaba una asamblea estudiantil en Arquitectura (Rosario) en apoyo a la lucha docente, una patota integrada por dirigentes y militantes del MNR (PSP) la emprendió a golpes, sillazos y cadenazos contra los compañeros que debatían cómo apuntalar la lucha de los profesores. La reacción del MNR, típicamente fas-cista, pone de manifiesto qué rápidamente se van agotando las franelas demagógicas, y que el único objetivo de estos falsos demócratas no es “salvar” el año lectivo, sino “salvar” al gobierno del FMI de una derrota a manos de la lucha docente. La UJS rosarina, que ha repudiado el hecho, reclama la urgente formación de una comisión investigadora de la FUR y la inmediata expulsión de las filas del movimiento estudiantil de los patoteros. Córdoba Las facultades de Ciencias de la Educación e Ingeniería se mantuvieron ocupadas por el movimiento estudiantil hasta el día viernes. Al mismo tiempo y durante tres días consecutivos, sucesivas marchas docentes-estudiantiles recorrieron la ciudad. Al término de la marcha realizada el día viernes, una asamblea resolvió continuar las medidas de movilización. La capital cordobesa fue testigo del monumental fracaso de la Franja RA en sus intentos de manipular a los estudiantes contra el paro. Los franjistas intentaron hacer firmar un petitorio contra la huelga, pero debieron levantarlo a las pocas horas, ante el brutal repudio estudiantil al carnereaje. Este fracaso alcanzó a los propios decanos. El jueves 17, el decano de Arquitectura convocó a una asamblea con el fin de obtener un pronunciamiento por la “inmediata reapertura del dictado de clases” y utilizarlo como ariete contrae! paro. La asamblea, numerosa y con una fuerte presencia docente, respaldó la moción de la UJS de “reafirmación del apoyo incondicional al paro y la formación de una coordinadora docente -estudiantil- no docente”. Para el fin de semana y el lunes y martes están previstas asambleas por facultad para debatir la continuidad y profundización del plan de lucha. Buenos Aires (Arquitectura) El lunes 14 se realizó en Arquitectura una asamblea del turno mañana, convocada por la FM y el UPAU, agrupamientos dominantes en la facultad, especialmente entre los estudiantes de ese turno. A la moción oficialista de no apoyar el paro docente se opuso la moción de los compañeros de la UJS y la JS de apoyar incondicionalmente la lucha docente. Ante el hecho de que su moción había sido derrotada por estrecho margen, los radicales y el UPAU decidieron retirarse de la asamblea. Los radicales y liberales; no pudieron imponer, en un turno que dominan ampliamente, el boicot estudiantil a la huelga, lo que demuestra i hasta qué punto ha fracasado la maniobra de oponer a los estudiantes a la lucha docente. La Plata Una vigorosa columna estudiantil-docente confluyó el pasado miércoles 16 a la facultad de Medicina donde sesionaba el Consejo Superior de la UNLP. La columna estudiantil, que copó el ámbito donde se desarrollaba la reunión, repudió y abucheó al secretario Stubrin, cuando intentó oponer “los justos reclamos de los docentes" a la actitud “extremista” de la Conadu. Por supuesto, este falso demócrata impidió que los dirigentes de la Coadulp utilizaran el micrófono para defenderse de los ataques. Durante toda la semana, en La Plata se sucedieron las marchas y concentraciones por el triunfo docente, culminando con la concurrencia de una nutrida delegación platense a la movilización realizada frente al Palacio Pizzurno. Salta La Franja Morada salteña se jugó a fondo por impedir la solidaridad estudiantil con los docentes. Fue asi que después de más de 40 días de huelga sin mover un dedo, convocó a un Congreso de la FUSA (Federación Universitaria de Salta) a la misma fecha y hora en que el activismo estudiantil había convocado a una asamblea para debatir las medidas necesarias de apoyo al paro. En el Congreso, si bien la FM debió aceptar las mociones de lucha presentadas por la UJS (ocupación de las facultades, clases públicas conjuntas con los docentes), logró que quedara en sus manos llevarlas a la práctica. Sin embargo, el accionar ulterior de la FM ha llevado a los mismos compañeros que votaron las medidas de lucha y su confianza en la Franja a repudiar la acción de ésta. Está planteado, por lo tanto, la posibilidad de poner en pie una comisión de lucha estudiantil contra el carreraje franjista.

Luego de 50 días de paro por tiempo indeterminado de los docentes universitarios de todo el país, la movilización de profesores y estudiantes continúa en ascenso. Es que se siguen desarrollando con fuerza creciente ocupaciones, movilizaciones callejeras y clases públicas por el triunfo de la huelga docente. En Mendoza, Jujuy, Salta, Bahía Blanca, Mar del Plata y el Comahue, entre otras Universidades, docentes y estudiantes han ganado la calle. Los picos más altos de la movilización docente-estudiantil se están dando en los grandes centros universitarios de Rosario, Córdoba, La Plata y Buenos Aires, donde se ha logrado aislar y quebrar a la FUA radical y a los agentes del gobierno (movilización al Consejo Superior en Rosario, Asamblea de Arquitectura el jueves 17/9 en Córdoba y en Buenos Aires, y, finalmente, la nutrida marcha docente-estudiantil frente al Palacio Pizzurno—a la que también concurrieron profesores y estudiantes platenses). Disparen sobre los docentes La huelga de la Conadu le ha planteado al gobierno un obstáculo fundamental para los proyectos de arancelización y privatización de la universidad. Por eso el objetivo del gobierno ha sido el levantamiento incondicional de la huelga, aun si esta posición arriesga la pérdida del año lectivo. Por ello ha amenazado con el descuento de los días de huelga, ha atacado una y otra vez a la Conadu y la ha excluido de la “Comisión Salarial”. Pero el gobierno no ha podido derrotar a los profesores. El riesgo de que el gobierno derrotado en las urnas sea derrotado nuevamente, esta vez por la movilización docente-estudiantil, ha llevado al montaje de un operativo político que abarca a todo el arco democratizante (desde la UCD-UPAU hasta la derecha del PC). Las principales figuras de este sainete democratizante son el Consejo Interuniversitario (CIN), la FUA, el peronismo renovador y la burocracia sindical (UDA, CTERA-Garcetti). Todos dicen apoyar los reclamos docentes, pero, a su turno, exigen el levantamiento inmediato del paro, basados en la supuesta imposibilidad de acceder a los reclamos docentes. Pero, si no hay posibilidad de aumentos, el levantamiento de la huelga significa lisa y llanamente su derrota. El papel preponderante que estos “mediadores”, especialmente el CIN, han tomado en los últimos días. pone de manifiesto la absoluta impotencia del gobierno frente a la movilización. La directiva de la CONADU La brutal presión de todos los sectores democratizantes contra la lucha docente se ha vehiculizado por medio de los cafieristas, que son la mayoría de la directiva de la Conadu. Estos se jugaron a muerte en el último plenario por levantar o “flexibilizar” la huelga, aun teniendo plena conciencia de que los mandatos de base eran en un 90% partidarios de mantener a pie firme la lucha. El carácter decisivo que ha tomado el conflicto plantea agudamente la inde-pendencia política del movimiento frente al gobierno y los "mediadores”, o sea el Estado y los partidos democratizantes. Precisamente los docentes cordobeses reclaman que el próximo plenario de Conadu, a realizarse en Córdoba, sea con barras para aislar las presiones claudicantes que han penetrado en la Conadu. Fracasó el carnereaje de la FUA La FUA, brazo estudiantil del gobierno, ha fracasado en su intento de oponer al movimiento estudiantil a la lucha docente. En Córdoba, intentaron hacer firmar un petitorio “por la inmediata reapertura de las clases” (es decir, contra la huelga). El intento duró una tarde, ya que al día siguiente debieron levantarlo ante el aplastante repudio docente- estudiantil. En Buenos Aires, en la facultad de Arquitectura (habitualmente dominada por la Franja), fueron derrotados al oponerse a una moción de la UJS de “apoyo irrestricto al paro”. En Rosario, la Franja (y su socio, el MNR), han quedado en minoría frente al empuje del movimiento y han debido recurrir al matonaje contra el propio movimiento estudiantil. Un sector creciente del estudiantado ha comprendido que no se docentes y los estudiantes. Ampliar el movimiento con la adhesión de otros gremios, en particular los docentes, víctimas también de la destrucción de la educación estatal montada por el gobierno. Sumar a los padres de los alumnos, organizar a todos estos sectores en comisiones de Iucha para profundizar aún más la movilización. ¡A vencer! Sobre el plenario de Córdoba de la Conadu convergirán las presiones contrapuestas de los “mediadores” gubernamentales y la voluntad de lucha y victoria de la base docente estudiantil. La clave del triunfo es continuar a fondo con la movilización iniciada, con las ocupaciones, con las clases públicas y concentraciones para derrotar al gobierno de la destrucción de la educación popular y las maniobras de los “mediadores” gubernamentales. ¡Ninguna confianza en los que reclaman levantar el paro! Solidificar el paro, masificar las clases públicas y las ocupaciones, confianza en las fuerzas de la movilización. “¡Continuar!” Reportaje a Michel Sauval, miembro de la comisión directiva de la Gremial de Ingeniería de La Plata y delegado por la COADULP al plenario de la CONADU en Córdoba. Prensa Obrera: ¿En qué situación se encuentra el movimiento? Michel Sauval: Hay una serie de facultades pequeñas del Interior (Misiones, Santiago del Estero, Catamarca) que han aflojado en el último plenario. Pero esto está compensado, y con creces, por la irrupción de las grandes universidades del país: Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Rosario. Este solo hecho demuestra que el movimiento de lucha está hoy más fuerte que nunca y que puede arrancar una victoria al gobierno. El problema principal consiste en los sectores que al Interior de la propia Conadu piensan que no se puede triunfar, que el gobierno no va a aflojar, que Sábato confirmó a Stubrin y a todo el equipo de Rajneri. Estos sectores, encabezados por el peronismo renovador, no quieren ver el impresionante ascenso de la lucha docente-estudiantil en los últimos días y transmiten, dentro de la Conadu, todas las presiones que los rectores, la prensa y los aliados del gobierno llevan adelante para quebrar la huelga. Prensa Obrera: ¿Cuál es el camino? Michel Sauval: Continuar a muerte con las medidas de fuerza, ampliar el espectro de la lucha, sumar a más estudiantes, a los no docentes. Continuar con las ocupaciones, que son un polo de reagrupamiento de los docentes y los estudiantes. Ampliar el movimiento con la adhesión de otros gremios, en particular los docentes, víctimas también de la destrucción de la educación estatal montada por el gobierno. Sumar a los padres de los alumnos, organizar a todos estos sectores en comisiones de lucha para profundizar aún más la movilización. Prensa Obrera: ¿Qué posición lleva La Plata al plenario de Córdoba? Michel Sauval: Aún no se han realizado las asambleas por facultad, pero tengo la casi total seguridad de que el mandato de La Plata será el de continuar las medidas de lucha. Prensa Obrera: ¿Cuál es la importancia del triunfo de la docencia universitaria? Michel Sauval: Nuestra lucha ha tornado envergadura nacional y constituye una ver-dadera prueba de fuerza con un gobierno derrotado en las urnas por su política anti-popular y antinacional, que a toda costa quiere evitar una nueva derrota a manos de los trabajadores movilizados. La victoria docente pondría en aprietos los planes gubernamentales de arancelización y privatización de la Universidad y sería una importante victoria de los trabajadores contra la miseria salarial del gobierno del F.M.I. Por eso la lucha y la victoria de los docentes universitarios será la victoria de los trabajadores y toda la población democrática del país.

Durante los dos últimos meses se han producido un Intento de secuestro y varias amenazas contra la vida de los dirigentes y activistas de los centros de estudiantes secundarios de Neuquén. Las intimidaciones están apoyadas por los directivos de algunos colegios que permanentemente solicitan Identificación de quienes participan de la organización de los centros y que inclusive han requerido fotografías de los estudiantes más activos. Las amenazas generaron un amplio movimiento de repudio. Se realizó una marcha de más de 3.000 estudiantes secundarlos acompañados por centenares de universitarios, padres, maestros y profesores. Los estudiantes secundarios han ido consolidando en este año sus Centros y la Coordinadora de los mismos. En anos anteriores esta organización se vio bloqueada por la confusión reinante en el movimiento y por la actuación de los directores de escuela y el Consejo provincial de educación, que negaban la posibilidad a los centros de convertirse en organizaciones gremiales. Apenas los secundarios encontraron la vía de la lucha para lograr la libre agremiación y comenzaron a poner en pie la Coordinadora, negándose a entrar a clases hasta ser reconocidos por las autoridades, comenzaron a llover las amenazas. Detrás de esto aparecieron a plena luz del día los "enfundados en sobretodos y con anteojos oscuros" amenazando con "reventar a todos los que joden con los centros". Intentaron secuestrar a un estudiante, que logró escapar, e interceptaron a varios en la vía pública. También apelaron a las amenazas telefónicas. La respuesta no se hizo esperar y comenzó por parte de la Coordinadora una campaña pública de denuncias que tuvo su corolario en la marcha que se organizó para el miércoles 16, en ocasión del 11° aniversario de la "noche de los lápices”. El gobierno se ha limitado a poner custodia policial en los colegios, pero nada ha hecho para identificar a los grupos que actúan a plena luz del día. Debemos unificar la lucha por la constitución de los centros con los estudiantes de Cipolletti (Río Negro) y tomar la propuesta de los universitarios de organizar un festival conjunto por el aumento del presupuesto educacional y contra las amenazas, como dos. modos de profundizar la movilización y jaquear al gobierno fondo-monetarista en sus planes antipopulares.

La Coordinadora de gremios estatales (donde está incluida ATEN Docentes) llegó a un acuerdo con el gobierno provincial en materia salarial para el último cuatrimestre del año. Este acuerdo no significa ningún aumento en el salarlo real, aunque si incluye la consabida cláusula de "paz social”. Contempla un plus por única vez de ₳ 50 (que no recupera ni de lejos lo perdido en el primer semestre) y otro permanente de ₳ 25 solo para una minoría del escalafón. En cuanto al aumento global es del 15%. Los reajustes ulteriores por Inflación se regirán por un índice combinado entre el costo de vida y el aumento salarial al sector público nacional, que es siempre muy inferior al primero. La burocracia celeste (CTERA Garcetti) convocó entre gallos y medianoche a una asamblea para ratificar este acuerdo, no sin antes lanzar un gran autobombo en todos los medios de comunicación. A pesar de todo esto el acuerdo fue refrendado por una diferencia de 5 votos (53 a 48) contra la moción de rechazo de Tribuna de Lucha. En Piedra del Águila y San Martín de los Andes el acuerdo fue rechazado, pero ninguna de las dos seccionales tomó un curso de lucha. A partir de aquí la Celeste piensa llamar a congreso provincial para reformar los estatutos de ATEN intentando destruir las asambleas y el sistema proporcional para barrer a la oposición. La agrupación clasista Tribuna de Lucha ha lanzado una agitación contra el acuerdo-trampa, por el pronunciamiento de asambleas de escuela y por un básico de ₳ 580 y el ajuste mensual

El gobierno se va a presentar en Washington la semana próxima para pedir un “perdón” al FMI, debido al incumplimiento del “magnifico” acuerdo firmado hace solo cuatro meses. Este fracaso ha puesto naturalmente en paréntesis el desembolso de los “préstamos” acordados por la banca acreedora para pagar los intereses de la deuda externa de 1987. La ambición de la burguesía argentina y del gobierno, de restablecer el “crédito internacional”, sigue siendo una mera pretensión. La deuda externa continúa siendo un obstáculo insuperable para la política oficial. La crisis que de nuevo se ha planteado tiene dos causas. Una es la caída del superávit comercial argentino, lo cual impide reunir los dólares necesarios para pagar la parte de los intereses de la deuda externa que los bancos no refinancian. Las exportaciones han caído como consecuencia de los menores precios que reciben los productos agropecuarios y del fracaso de la “generosa” política de estímulo a las exportaciones industriales. Si a esto se agrega la persistente fuga de capitales, como se percibe en la suba del dólar negro, se explica con facilidad que las reservas disponibles de divisas del Banco Central se hallen en un nivel de 400 millones de dólares —lo que equivale a una situación de insolvencia o cesación de pagos. Ligado a la deuda externa y a la especulación que ella genera, hay otro gran problema, el del déficit fiscal, provocado entre otros factores por los intereses de la deuda externa y por. los intereses de la deuda interna (creada por la necesidad de fondos para pagar la deuda externa), sobre la cual paga intereses aún más altos que los que abona al exterior. La Nación (19-9) señala también como causa del déficit los préstamos del Banco Central a bancos e ingenios azucareros que se han declarado insolventes precisamente como consecuencia de sus propias especulaciones. A todo esto, atribuye La Nación la creciente inflación, que no seria “provocada - dice el diario del gran capital - por un aumento de salarios, que hoy llevan una tendencia claramente declinante” (!). El incumplimiento de los compromisos firmados con el FMI demuestra que los acuerdos financieros Internacionales encubren de un modo ficticio la bancarrota del país y sirven para profundizar, sin mayor clase de ficción, su saqueo y su bancarrota. El “perdón” que Sourrouille (ahora flanqueado por Caputo) pretende pedir al Fondo tiene por finalidad conseguir un nuevo refinanciamiento de la deuda, que equivaldría a pedir que los bancos acreedores pongan más dinero “propio" para cancelar los intereses que Argentina les debe. Se habla de que se pedirían también mil millones de dólares al FMI, bajo el amparo de una cláusula de "caída de exportaciones”. En medio de todo esto Alfonsín ha anticipado que se reclamaría a los bancos una* reducción de las tasas de los intereses, con la pretensión de llevarlos al 3 o 4% anuales en reemplazo del 8,5% que se paga hoy con rumbo ascendente. El problema es: ¿por qué la banca y el FMI aceptarían estas propuestas? Argentina hoy no tiene condiciones de pagar ni el 8,5 ni el 4%. Los compromisos que asuma el gobierno para mejorar el superávit comercial y reducir su propio endeudamiento en el mercado interno, río son tenidos como cosa firme en el mercado mundial, dada la incapacidad puesta de manifiesto hasta ahora y el mortal debilitamiento político creado por las elecciones del 6 de setiembre. No, los bancos no van a aceptar ninguna refinanciación en las presentes condiciones. Si uno escucha a los capitalistas reales y no a sus sirvientes y charlatanes de la Coordinadora de la UCR, se verá que los banqueros no están para dádivas, ni aun en función de las mejores promesas, como sería autorizar un libre canje de títulos de la deuda externa por acciones de la Bolsa, por ban- cos o por empresas públicas (“capitalización”). Vittorio Orsi, del grupo Pérez Companc y del conspirativo Opus Dei, sostiene que a partir de la conducta última de los banqueros se presenta “el peligro de una creciente reclamación que puede llegar hasta la moratoria” (El Periodista, 11/9). Mucho más interesante aun es “The Economist” (5/9) que con la misma preocupación de Orsi de que “Argentina se unirá dentro de poco a Brasil en un cese de los pagos’*, añade que “Algunos banqueros incluso creen que ellos podrían tener que precipitar ese cese de pagos mediante el rechazo al nuevo préstamo que se espera que Argentina solicite”. “The Economist” no va más allá de esta insinuación, pero su sentido puede encontrarse en el viejo adagio de “hacer de necesidad virtud”. Al provocar una moratoria de hecho, la banca internacional pretendería crear una situación de crisis que fuerce al gobierno de Alfonsín a acelerar las concesiones que viene prometiendo, principalmente en el sentido de permitir el canje de la deuda por patrimonio nacional y abrir más la economía a las mercaderías y capital extranjeros. La banca declararía la insolvencia de Argentina, que Caputo convertiría en declaración de moratoria, para presionar en favor de una mayor entrega, lo cual equivale, fundamentalmente, a una mayor explotación, esto porque las primeras víctimas de la privatización serán el empleo y las leyes y normas laborales (Juan Alemann, Ámbito Financiero, 10/8/87). El “ajuste” que resultaría de esta presión provocaría una mayor desvalorización del trabajo nacional, incrementando la tasa de explotación del pueblo trabajador a la par que la posibilidad de generar los recursos financieros para pagar los intereses. ¡Vamos entonces a la moratoria deseada por Cafiero, Ubaldini, Alende, Echegaray y Zamora* Una moratoria Imperialista. El tándem Sourrouille-Caputo fue ratificado para pilotear esta delicada operación. Una operación de crisis, por cierto, pero ¿qué otra clase de operaciones puede emprender el imperialismo en el mundo actual? Todo esto pone de relieve la decisiva insuficiencia de la crítica «nacionalista al imperialismo, el cual convierte en maniobra propia las consignas de lucha contra la dependencia, como la moratoria. Esto ya fue puesto en evidencia en Brasil, donde la moratoria fue acompañada por un brutal “ajuste” antipopular que hizo caer el salario en un 30% en dos semanas. Lo mismo está haciendo Alfonsín (¡dos tarifazos por mes!), mientras habla de la “moratoria negociada”. En este marco de crisis, la Bolsa de Buenos Aires florece merced a las importantes compras de acciones que está haciendo el Banco Mundial y los principales bancos acreedores, que de este modo "toman posición” estratégica para cuando se firme el canje de la deuda por acciones. En ese momento la usura imperialista venderá (revalorizadas) estas acciones a los capitalistas argentinos que tienen 35.000 millones de dólares en el exterior, una parte de los cuales serán cambiados por títulos canjeables de la deuda externa. Los bancos obtendrán de esto una fuerte comisión, el beneficio que resultará del mayor valor de esas acciones y la venta de una deuda incobrable”. El negocio usurario y el saqueo de la nación florecen en la crisis del capitalismo como las ratas en los terremotos.

La confirmación de Sourrouille en Economía y el reemplazo del “compañero” Alderete por Tonelli en Trabajo no han modificado la política colaboracionista de la burocracia sindical, malgrado las declaraciones bélicas de ésta, en especial de parte de Ubaldino. La reunión del Consejo Directivo de la CGT el pasado martes, terminó por disipar las especulaciones periodísticas sobre una supuesta “confrontación”. Saúl Ubaldini formuló el deseo de que “la cartera laboral sea independiente de Economía como lo garantizó el mismo Tonelli”, algo absurdo dentro de un gobierno, como lo pudo comprobar precisamente Alderete. Ubaldini descartó la aprobación de un plan de lucha al señalar que “la CGT agotará todos los canales de diálogo que incluyen al propio presidente Raúl Alfonsín” (Clarín, 23/9). La burocracia sindical se ha trazado la línea de contener las luchas actuales, confirmando con ello que no tiene una política independiente de la burguesía ante la presente crisis. El lugar de un plan de lucha ha sido reemplazado por una agudización de la interna burocrática. El ministro del Interior, Nosiglia, está tratando de mantener la alianza con “los 15”, si no en el Ministerio de Trabajo al menos en las Obras Sociales y en otros negociados. Se señala que en forma opuesta Caputo sigue atribuyendo a “los 15” una responsabilidad en la derrota electoral del radicalismo, por lo que prefiere un acercamiento con “los 25”, quienes al igual que el canciller creen que hay que “modernizar” al Estado. Sourrouille tiene una buena relación con Lorenzo Miguel, alias "gracias Sourrouille”, ratificada son la firma del reciente convenio metalúrgico, destinada a aislar las luchas salariales. Cada sector de la burocracia busca su propia alianza, mientras todos juntos procuran impedir que esto (el régimen patronal) se venga abajo. Un ejemplo contundente de todo esto es la posición de “los 25” (¡los renovadores!) en la huelga de la docencia universitaria. Sus hombres en la CONADU son los que plantean il levantamiento de la huelga, cuanto el gobierno ha ratificado que no habrá ni un peso más de aumento y >e niega a reconocer su representatividad gremial. Allí donde los 25 tienen una posición dirigente (sector público) la parálisis sindical es completa, a pesar de que los trabajadores del Estado son los que peor están. La burocracia pretende tirar todo lo posible con esta política de distracción. Siempre le quedará el recurso de un paro aislado hasta llegar al verano. Entre tanto los docentes universitarios, los choferes de UTA, los obreros de Yacyretá, marcan una enérgica tendencia de lucha, en el marco de los tarifazos quincenales. El PARTIDO OBRERO llama a los trabajadores a discutir la situación presente y a reclamar asambleas y plenarios de delegados por un plan de lucha por los 800 australes de salario y jubilación mínimos.

El gobierno se tomó un fin de semana a orillas del mar para buscar la coherencia imposible. Volvió en peor estado aún. Pretende que va a promover la inversión extranjera pidiendo a los banqueros que le “perdonen” el incumplimiento del acuerdo con el FMI y que como yapa le rebajen los intereses de la deuda externa. Dice también que procurará alcanzar la “conciliación social” con la CGT, en el marco de un brutal “ajuste” contra el salario. Declara que terminó con el sigilo de los “operadores políticos”, mientras está llevando adelante una discusión secreta con el cafierismo para repartirse los cargos públicos a nivel nacional, en tanto que por otro lado está procediendo a dar nuevos pasos igualmente sigilosos en favor de la completa amnistía para los militares. El gobierno se ha debilitado extraordinariamente y de todos lados se acude en su socorro porque la debacle gubernamental puede arrastrar consigo al conjunto del Estado. De ahí que los banqueros se preocupen por Sourrouille; que los agregados militares norteamericanos se esfuercen por sosegar a Rico; que “los 25” cafieristas presionen a la Conadu a levantar la huelga; que Cafiero diga que “no hay que acorralar al gobierno”; y que hasta el propio Alsogaray ponga su cuota de manguera en este incendio exhortando a no quitarle al oficialismo la presidencia de diputados. Sintomático en esta crisis es el retiro provisional que Alfonsín ha hecho de la propuesta de reformar la Constitución. Esta propuesta tenía la finalidad de asegurar la continuidad de la política actual y aun de dotarla de mayores recursos. Alfonsin tuvo que renunciar en cambio a la reelección, y por otro lado se abandonó el propósito de limitar aún más al poder legislativo mediante medidas tales como el derecho del ejecutivo a disolver la cámara de diputados en casos de desacuerdo o autorizar la sanción de las leyes por el solo transcurso de tiempo a partir de la entrada de los proyectos. Igualmente quedó provisionalmente archivada la posibilidad de que el ejecutivo pueda declarar el estado de sitio (atenuado) sin el acuerdo del poder legislativo. Se ha debido abandonar un proyecto de “Estado fuerte”, lo cual no es poca cosa en el cuadro de la actual crisis. El retiro del proyecto de reforma constitucional del gobierno significa que el régimen actual no ha logrado establecer una adecuada garantía política para el capital en general y el extranjero en particular. Casella dijo en la campaña electoral, con el asentimiento de la Ucedé, que el justicialismo “no es confiable”, pero luego de la derrota del 6 no existe otra cosa de recambio, como lo pretendía ser la reelección de Alfonsín. Esta indefinición política constituye por sí sola una elevada hipoteca para lograr el apoyo económico del capital. Para las presidenciales del 89 se presenta la sombra amenazante de un colegio electoral donde ningún partido tendrá mayoría. Este debilitamiento del régimen burgués deberá acentuar, la tendencia del gobierno a recostarse en el imperialismo, lo cual agravará la crisis del país y chocará aún más con la resistencia popular a esta situación, que en parte se puso en evidencia en la votación del 6. En estas circunstancias las limitaciones de cualquier tentativa burguesa para atenuar las consecuencias de la crisis son mucho más profundas que nunca. La vanguardia de la clase obrera deberá comprender, por medio de su experiencia de lucha, que tiene cerrado por completo su camino en el marco del nacionalismo burgués. La gran promesa de esta etapa es que ella sea fructífera en el camino de la independencia política del proletariado, cerrando para siempre un ciclo de la historia de los explotados argentinos.

Alfonsín volvió a su hábito de contestar de mala manera cuando un periodista le preguntó, el martes 22, en el Aeroparque, sobre las relaciones del gobierno con las fuerzas armadas. El descontrol presidencial nos habla de un temperamento desbordado por los anuncios de nuevas crisis y de nuevas claudicaciones. Cuando Raúl Alconada Sempé pasó de sus funciones en la Cancillería a la Secretaria de Defensa, la derecha pegó el grito de alarma por este desplazamiento, para algunos ‘’caputista” y. para otros “coordinador”. Pero como en Argentina todo evoluciona muy rápido, ahora el “temor” se expresó en sentido inverso al trascender que este secretario podía abandonar Defensa y transformarse en el nuevo vicecanciller. La razón es que Raúl Aleonada Sempé integra una comisión especial destinada a ampliar la “obediencia debida” y a acelerar los pasos a la amnistía. De esta manera un sospechoso de “zurdaje” se convirtió en “diestro” funcionario con el sencillo gesto de pegar una media vuelta. El “problema” que procura “resolver” el gobierno es precisamente el de las decenas de oficiales que deben ser citados por las Cámaras, debido a que no quedaron amparados en aquella “obediencia”. Según La Nación (21.9) la misión de una comisión presidida por Alconada es lograr “una adecuación a los lineamientos globales dados en la ley”, para eximir a estos oficiales también. Además, se quiere revisar la situación de los cinco comandantes condenados, en tanto que “la posibilidad de permitir el cumplimiento de arresto domiciliario hasta encontrar una definición, se la considera positivamente en círculos castrenses” (Idem). Como ya dijimos, el agotamiento del régimen político actual en sus posibilidades democráticas está consumado (de aquí que solo le quede evolucionar hacia una forma autoritaria —bonapartista— o disgregarse). Lo que indudablemente ha acentuado la tendencia a la amnistía es el agravamiento de la crisis militar. En oportunidad del día de la infantería los “camaradas” de Rico pensaban protagonizar un tumulto militar en Campo de Mayo, del que fueron disuadidos por los agregados militares de la embajada de los Estados Unidos (“El Periodista, 18-9), donde reside, como se puede apreciar, “la fuerza de la democracia”. Pero ni la embajada norteamericana ha podido impedir que hombres de Rico se desplacen por las guarniciones en campaña de propaganda, lo cual demuestra que el ejército no es solo un sistema de subordinaciones, sino que algunos de sus elementos deliberan más que otros. El torturador Barreiro se ha paseado por los cuarteles, con un “tape” sobre Semana Santa como si fuera organillero de barrio o artista de varieté. Estos movimientos responden a la inminencia del pronunciamiento de las Juntas de Calificaciones, que pasarían a Rico y a sus aliados a retiro o los dejarían en disponibilidad, que es un estado previo al retiro. Caridi y compañía creen que pueden controlar esta situación si el gobierno avanza en la amnistía. La consecuencia de todo esto es que la crisis militar es “resuelta” siempre por el gobierno democratizante a costa de la democracia. La historia, con todo, no se repite, y no sería exactamente otra Semana Santa lo que estaría en vista. Es que una de las consecuencias de las elecciones ha sido haber provocado un sutil distanciamiento del P.J. respecto al gobierno, al cual aquél ha advertido que “debe abstenerse de tomar partido en el frente militar” (Cronista Comercial, 18-9), lo que equivale a decir que Cafiero no apoyaría a Caridi — hombre apoyado por el Pentágono norteamericano y por los ex asesores de Videla. Los cafieristas han llegado a decir que no volverían a actuar como en Semana Santa (ídem), algo que cualquiera se hubiera podido perfectamente imaginar al escuchar a estos impostores reivindicar en la campaña electoral su papel en esa ocasión. Todo esto significa que los cafieristas tienen a sus propios hombres para promover y que hasta podrían arbitrar en la crisis militar. Por todo esto Barreiro también adelantó que su grupo no piensa repetir un hecho de iguales características al protagonizado en abril. Queda, por último, la mención al inminente juicio oral por la guerra de Malvinas, que seguramente se transformará en el eje de una polémica político-militar. ¿Videlistas y malvineros harán un frente común oportunista contra Galtieri y sus socios, o se abrirá una polémica entre aquellos dos, lo cual marcaría una agudización de la crisis militar? Es muy improbable que los Rico impulsen una polémica antientreguista contra los Caridi, porque ello los enfrentaría agudamente con la burguesía —por eso hacer buena letra reivindicando la “guerra antisubversiva". Las brutales limitaciones de este “nacionalismo” saltan a la vista.

Poco antes de las elecciones dijimos que, gane Casella o Cafiero, “el país simplemente habrá entrado en una nueva etapa de su larga crisis”. En el corto tiempo que ha transcurrido desde entonces, este pronóstico se ha cumplido con exceso, al “ritmo” de dos tarifazos en quince días. A esto, curiosamente, el gobierno lo llama “gravar más a los que más tienen”. Pero lo cierto es que un salario que lleva perdido el 20 % de su poder adquisitivo respecto de 1983, ha recibido un nuevo golpe, que no será el último. Lo que los trabajadores deben reflexionar es que esto ocurre luego del triunfo de Cafiero, no de Casella, un triunfo de alcance nacional. Es cierto que son los Casella quienes aún gobiernan, pero Cafiero tiene algo más importante, la voluntad popular. Sin embargo, Cafiero ha dicho que “no hay que acorralar al gobierno”, que el país tiene que “dirigirlo Alfonsín”, que a él sólo le ha tocado la provincia de Buenos Aires. Antes del 6, Cafiero pidió “esperar al 6”, ahora reclama que se espere hasta el 89. A los burócratas sindicales, naturalmente, no les ha costado nada seguir a Cafiero por este camino que lleva a la destrucción de los trabajadores. El Partido Obrero, por el contrario, llama a los trabajadores a asimilar rápidamente esta experiencia y a tomar el destino de sus reivindicaciones en sus propias manos.