Prensa Obrera N° 186

1. Manifiesto y Plataforma electoral.

2. Candidaturas.

3. La campaña en los sindicatos.

4. La campaña en la juventud.

5. La táctica del PO en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Neuquén.

6. La organización y movilización del Partido Obrero y todos sus simpatizantes y amigos.

El Partido Obrero lo dice abiertamente: la campaña electoral está dominada por dos alternativas patronales y proimperialistas, cuya bancarrota política y moral, sin embargo, quedó en evidencia para todo el pueblo en semana santa.

Empeñarse en presentar a una de esas alternativas como progresista respecto a la otra, o aun como un mal menor, es un miserable engaño. El que así piensa está en un callejón sin salida.

La campaña electoral que se ha iniciado es una continuación de la política cotidiana, en la cual esas dos variantes (el alfonsinismo y el justicialismo) rivalizan en obsecuencia ante la gran patronal y ante el amo extranjero.

Pero lo que la bancarrota radical-justicialista demuestra en términos electorales, es que precisamente porque éstos aún dominan el panorama político, las próximas elecciones no son en sí mismas ninguna alternativa. La campaña electoral debe, por este motivo, servir a todo obrero consciente para impulsar en los trabajadores un avance en su conciencia de la situación y en su preparación para la lucha.

La posibilidad de una votación mayor que en el pasado o incluso de conquistar una banca, debe estar subordinada al objetivo esencial de realizar una franca agitación anticapitalista, resueltamente instigadora de la necesidad de una enérgica lucha de clases por parte de los trabajadores. Los que, como la izquierda veleta y democratizante, subordinan todo a meter un diputado, y hasta proclaman francamente que ésta es su finalidad, dan la espalda a las perspectivas de profundo enfrentamiento que se avecinan y testimonian su integración al Estado burgués.

Las próximas elecciones tendrán lugar en el marco de una tendencia creciente de desilusiones con todo el cacareo democratizante y con sus políticos. Importa darles a estas desilusiones una expresión organizada y de oposición consciente al Estado burgués. Existe quienes sostienen que la izquierda tiene un larguísimo camino por delante debido a su actual condición minoritaria, lo cual demuestra que no tienen la menor idea de la profundidad y del ritmo de la presente crisis. Los que hablan de “acumulación de fuerzas”, la entienden como un indefinido proceso parlamentario en compañía del partido humanista o como una promoción publicitaria de un abogado de izquierda. La acumulación de fuerzas debe tener lugar en relación directa a la tendencia de la crisis del capitalismo a convertirse en revolucionaria, y como consecuencia directa de la lucha.

El Partido Obrero está empeñado en que el jolgorio electoral no distraiga la atención de los trabajadores sobre la enorme ofensiva antipopular de la burguesía y sobre la completa falta de soluciones de parte del capitalismo. La táctica electoral del Partido Obrero está enteramente determinada por su estrategia y por las perspectivas del presente período.

Cada “cumbre” de las potencias imperialistas se encarga, pertinazmente, de desmentir el supuesto sobre el ¿que están basadas: la posibilidad de que la “cooperación" capitalista sustituya a la rivalidad. Venecia no fue la excepción. El único terreno donde los imperialistas genuinamente se entienden es en el de la contrarrevolución, el cual no espera las "cumbres” para manifestarse.

El problema N° 1 de la agenda de la reunión —la guerra comercial interimperialista que se manifiesta en la caída del dólar y en el proteccionismo —volvió a ser objeto de piadosos deseos de estabilidad. El imperialismo yanqui, sin embargo, no acepta reducir su monstruoso déficit fiscal, que actúa como un factor de depreciación del dólar, por temor a crear una profunda depresión económica en Estados Unidos. Como consecuencia de esto el dólar sigue cayendo, beneficiando con ello a los exportadores de Estados Unidos. El problema es, sin embargo, más profundo que el déficit fiscal, toda vez que es el conjunto del endeudamiento público y privado norteamericano el que está en la picota, como consecuencia de la quiebra de gran parte de la industria y del agro, y del estado de sobreproducción del conjunto de la economía mundial (al que los yanquis llaman “glut”, o “empacho”). El reclamo norteamericano de que Alemania y Japón aumenten su demanda interna para hacer frente a esta situación, no solo encuentra el obstáculo de la resistencia de estos países sino de la propia inviabilidad del planteo. El desborde de la emisión monetaria en ambos países, como consecuencia de la compra de dólares por los Bancos Centrales y del aumento de los gastos oficiales, no ha elevado el consumo interior, sino que ha acentuado la especulación y con ello las tendencias a un crack mundial. Es que el capitalismo no puede resolver en la esfera del mercado (inflando la demanda), una crisis que tiene por base el sistema de producción (que reposa en la dificultad para lograr un constante acrecentamiento de la tasa de ganancia sobre el capital invertido). Es indudable que la falta de acuerdo en las "cumbres” sirve para que sigan actuando las tendencias que ya están en curso, es decir, un nuevo proceso inflacionario que permitiría desvalorizar las deudas existentes y en especial las del principal deudor internacional, que son los Estados Unidos.

Otro campo de desacuerdo en la “cumbre” fue la situación en el golfo Pérsico, la cual llegó a ser por momentos el centro de la reunión. Los asistentes convinieron en sacar un comunicado reclamando el cese de la guerra Irán-lrak, pero no fueron más allá, recusando alistar una flota de intervención en la región. La “reticencia francesa”, por ejemplo, el diario Le Monde la explica en la inconveniencia de meter los dedos en un engranaje que no controlan — es decir que una intervención conjunta serviría a los negocios norteamericanos en detrimento de sus asociados. La guerra, después de todo, ha permitido al conjunto del imperialismo europeo celebrar jugosísimos contratos armamentistas con los países árabes.

Los europeos, y aún Gorbachov, procuran aprovechar el vacío creado entre los países árabes y Estados Unidos, a raíz de la complicación de Reagan en el Irangate. El fracaso del arreglo secreto con Irán ha debilitado la posición norteamericana y es la base de la actual crisis política en Estados Unidos. La burocracia rusa no ha vacilado, en estas circunstancias, en ofrecerse a custodiar los buques de los emires del golfo, en una virtual cooperación con el imperialismo y la contrarrevolución. Los europeos prefieren, en tales condiciones, un entendimiento con los rusos a una propuesta de ataque militara Irán, como lo habría propuesto Estados Unidos.

La otra cuestión de la cumbre fue la posible reducción de armamentos nucleares en Europa, por parte de la URSS y Estados Unidos. Con la excepción de la Thatcher, el resto de Europa resiste la negociación porque ello significaría su virtual retiro del negocio de la producción de armas nucleares.

El imperialismo ha obtenido importantes concesiones del Kremlin, como el mantenimiento de las fuerzas nucleares de Francia e Inglaterra; el mantenimiento de los cohetes que se encuentran bajo control alemán; la libertad para proseguir con la “guerra de las galaxias"; y, por sobre todo, la integración de la burocracia rusa a la colaboración más estrecha con el imperialismo, que es la base de estos tratados. La posición de Moscú en el Golfo; las negociaciones con los elementos feudales y el imperialismo en Afghanistán; el acuerdo con Israel para una conferencia en el medio Oriente, que liquidaría la cuestión nacional palestina; las versiones de que se habría logrado un “entendimiento" en América Central (transmitidas por el Financial Times de Londres); todo esto es el corazón político de la cuestión nuclear, que igualmente será incapaz de impedir la prosecución del armamentismo.

Venecia ha pretendido tender un manto de bruma sobre la realidad de la explosividad de la política imperialista mundial.

En este sentido era un fracaso anunciado.

Un recurso tan viejo como el fraude electoral, ha permitido a la Margaret Thatcher "conquistar un tercer mandato de gobierne. Con el 40 % de los votos logró obtener el 60 % de las bancas parlamentarias. El sistema de circunscripciones, que los laboristas cuando fueren gobierno fueron incapaces de modificar, ha vuelto a jugar alevosamente en favor despartido conservador.

La burguesía mundial saltó de alivio ante la noticia; no había —decían— otra alternativa que permitiera la "gobernabilidad” de Gran Bretaña. "The Economist" expresó con toda rudeza esta posición en vísperas de los comicios: "Los conservadores pueden no llegar a alcanzar sus metas; la revolución thatcheriana puede estancarse, inacabada. Pero acabar con sus posibilidades ahora sería una locura en gran escala”.

La victoria de la Thatcher resulta, pero sólo hasta cierto punto, de la división operada en el partido laborista, cuya ala llamada "socialdemócrata” entró en alianza con el partido liberal, con un porcentaje del 20 %del electorado. Esta escisión tradujo la tendencia del conjunto de la burguesía en favor de la destrucción de las conquistas sociales del proletariado británico después de la guerra mundial, lo cual dejaba desubicado al reformismo laborista tradicional. Pero esta alianza socio-liberal volvió a fracasar en su pretensión de sustituir al Labour Party, el cual mantuvo la adhesión de la mayoría de los trabajadores.

La llamada "revolución" thatcheriana consistió esencialmente en destruir conquistas obreras, librar una guerra civil contra los sindicatos en lucha y mantener un ejército de desocupados de tres millones de personas. La "prosperidad" británica es un macanazo desvergonzado, como lo demuestra el sistemático retroceso de la industria; el thatcherismo ha vivido de la especulación financiera y del petróleo del mar del Norte; el destino de la dama inglesa se decidió cuando se logró parar hacer 18 meses la caída del precio del oro negro.

En Gran Bretaña se habla mucho de la fosa creciente que separa al proletariado de la burguesía como consecuencia de todos estos hechos. En la huelga minera de hace dos años, esta polarización social tomó características de guerra civil. La señora Thatcher llegó hace menos de una década al gobierno, precisamente con esa bandera de la guerra civil. Por eso no puede caer por elecciones; caerá como resultado de un choque mortal con las masas británicas y del mundo semicolonial.

Decididamente, la imaginación de la burguesía está en retroceso. Luego de decretar un aumento sideral en diversos precios y tarifas, el gobierno brasileño decretó un congelamiento general de precios y salarios. Algunos oficialistas honestos que aún quedan en Brasil, calcularon que con estas medidas los trabajadores perderán el 30% de sus ingresos de una sola vez.

Brasil entró en la vía de la inflación de 30 al 40% mensual, luego de haber pretendido, durante la mayor parte de 1986, haber resuelto el problema de la carestía, del crecimiento y hasta de la deuda externa. El famoso plan Cruzado había logrado, durante seis meses, bajar el aumento de los precios, elevar el consumo, aumentar la producción a un ritmo muy alto y pagar puntualmente los intereses de la deuda. Con esto, el oficialista PMDB logró ganar las elecciones para gobernadores y diputados constituyentes. Haciendo un balance de las pérdidas y de las ganancias, el representante del Chase Manhattan en Río de Janeiro consideró a todo el paquete un gran negocio, desde el momento que había permitido que los políticos de la dictadura y los más derechistas de la oposición consiguieran el control de los Estados y del parlamento. Pero la resaca postelectoral puso en evidencia una crisis descomunal y la desarticulación de todo el proceso económico. Durante la vigencia del Cruzado persistió la fuga de capitales y el endeudamiento del Estado federal —que llega hoy a los 45 mil millones de dólares. La euforia productiva se incentivó con crédito fácil, el que ahora resulta de imposible pago para el 80% de la mediana y pequeña industria. Es común en las principales ciudades, asistir a manifestaciones de empresarios al borde de la quiebra.

El Cruzado no provocó esta crisis, como dicen tontamente los economistas argentinos que creen que el Austral es un éxito. En las vísperas de su lanzamiento (febrero 1986) la economía brasileña estaba al borde del completo caos. A esta situación se llegó, a su vez, como consecuencia de todos los subsidios inflacionarios que se otorgaron a la burguesía para salir de la enorme crisis de 1982. Es decir que el Cruzado fue una etapa de una desesperada bicicleta. En realidad, el capitalismo brasileño no recibe inversiones desde 1980, lo cual inaugura un período de "regresión tecnológica”. Esto corresponde a una tendencia mundial, naturalmente acentuada en un país dependiente. A esta crisis histórica se le ha querido poner remedio por medio de la inflación, desenvolviendo al paroxismo todas las contradicciones. En estas condiciones, el gobierno se vio obligado a declarar una moratoria parcial de la deuda, ya que su pago era una aberración que comprometía a todo el orden existente en circunstancias de fuga de capitales y de larga tendencia de desinversión. Brasil abonaba todos los años 12 mil millones de dólares, una cifra catastrófica, por una deuda que, en un 80%, es un producto de sucesivas refinanciaciones iniciadas en 1974. La moratoria abrió una nueva etapa en la crisis financiera mundial.

Esta crisis económica forma el corazón de una crisis política que puede tornarse revolucionaria. Ha desatado un nivel de lucha sin precedentes de los trabajadores, cuyos ejemplos más destacados fueron la huelga bancaria protagonizada por 700.000 asalariados, la paralización estatal en Porto Alegre durante tres meses y, por supuesto, las ocupaciones de tierras y la guerra civil en el campo. El Estado no pudo poner fin a ninguna de estas luchas por sus propios medios, debiendo siempre recurrir a los líderes stalinistas o del PT. Pero la crisis económica no corta solo horizontalmente a los explotadores de los millones de explotados y harapientos, sino que también corta verticalmente a la burguesía, amenazada en grandes estratos por la bancarrota. El endeudado Estado brasileño ha dilapidado en el curso de la crisis los recursos para enfrentar la crisis, y ha sido incapaz de hacer de la suspensión del pago de la deuda externa un factor de reordenamiento económico.

La explosividad de esta crisis amenaza con provocar la caída del gobierno Sarney, el cual se ha apoyado cada vez más en combinaciones circunstanciales de fuerzas. Como alternativa, el régimen tiene dos opciones: la constituyente y las fuerzas armadas. La primera es la única institución nacional respaldada en el sufragio, ya que Sarney es un “biónico” —designado por un colegio electoral de la dictadura. En pocos meses, sin embargo, la constituyente perdió su autoridad al no postular ninguna salida a los problemas presentes y al confinarse a la redacción de la constitución. Su mayoría está formada por el partido de la estafa, el PMDB, responsable de la actual situación; además está profundamente dividida como para poder hacerse cargo de la situación. La posibilidad de un golpe militar se acrecienta por estas circunstancias, pero claro que no podrá tener por objetivo implantar una dictadura sino respaldar con el estado de sitio la aplicación de un plan económica de “austeridad" hasta la fecha de las próximas elecciones.

En la violentísima situación que se ha creado en Brasil, una parte de la izquierda y el PT han planteado el “adelantamiento” de las elecciones presidenciales para noviembre de 1988. Esto constituye un cheque en blanco para que la burguesía arrase con los trabajadores en los próximos 16 meses.

Con tal programa político no puede, plantearse ningún plan de lucha efectivo —el cual, en la actual situación plantea ocupaciones de fábrica, manifestaciones de masa y la huelga general. La CUT ha resuelto proponer a la CGT (central burocrático-stalinista) un paro general aislado contra el último paquete económico, el cual puede llegar a conmover al país pero que como perspectiva consciente es un fraude.

En el curso de las luchas de los últimos años el proletariado brasileño ha creado la Central Unica dos Trabalhadores (CUT), la cual es en la presente crisis el canal natural para que las masas intervengan en forma independiente y organizada, rompiendo las opciones puramente burguesas. La CUT no asume un papel centralizador y político de la clase obrera porque predomina en ella la dirección del PT, completamente democratizante. Pero ocurre que en varios congresos regionales ha aparecido una tendencia (en algunos casos mayoritaria!!, y en todos los casos muy numerosa), llamada “CUT pela Base”, que refleja un proceso de diferenciación que se debe convertir en revolucionario. Para que ello suceda los trotskistas brasileños, agrupados en la organización IV° Internacional, se preparan aceleradamente para lanzar la formación de un partido obrero revolucionario.

Los diarios del lunes hicieron una "curiosa” interpretación de las elecciones italianas: a raíz del avance de 1,4 puntos de la democracia cristiana, dijeron que los comicios habían fortalecido a los partidos patronales. La verdad es exactamente la contraria: contra un aumento de 9 bancas de la DC, hubo una pérdida de 26 escaños de parte de los cuatro partidos burgueses, incluido el neofascismo. En la izquierda (sea obrera o pequeño-burguesa), en cambio, la pérdida de nada menos que 21 bancadas por parte del PC fue contrarrestada por un aumento de 17 diputados en favor de las otras organizaciones. El ganador neto fue el partido socialista, que aumentó su representación en 21 bancas, pero esto está muy lejos de darle una gravitación propia, ya que solo ocupa el 15% de la cámara de diputados. La conclusión de todo esto es que las elecciones han debilitado a la coalición burguesa sobre la cual reposa el predomino democristiano. Esto significa que se acentuarán las clásicas crisis de gobierno de la península, en particular si se agravan las tendencias de crisis e inflación mundiales.

Hace varios años el fallecido dirigente stalinista Enrico Berlinguer se destacó al afirmar que la revolución de Octubre soviética había agotado su Impulso histórico. Semejante tontería no le ha impedido al PC agotar su propio impulso electoral. Ya dimos cuenta desde PO que los stalinistas llevaron candidatos de la Bolsa y de las grandes empresas, en la suposición de que con esto contrarrestaban el “agotamiento” de la revolución —con un chasco que no podía haber sido mayor. El pasaje de los votos del PC a los verdes es una medida notable de la decadencia stalinista; no es visto como un partido de oposición. El PC tiene en su haber la entrega de la escala móvil de los salarios, una conquista exclusivamente obrera que admitió someterla a plebiscito de todas las clases sociales.

En Italia, como en el resto del mundo capitalista desarrollado, todavía se viven las consecuencias de la recuperación económica de 1982-85, la cual sin embargo no redujo ni mínimamente la desocupación. El proceso electoral reciente se limita a formar parte del juego de maniobras dentro de la política burguesa, al que concurren activamente el PS y el PC. Convocadas anticipadamente para resolver una impasse política de la coalición precedente, no han servido para alterar el estado de cosas, confirmando el agotamiento de los recursos políticos del régimen burgués. En el campo de la izquierda se ha verificado una regresión política, como el voto ecologista, y la definitiva inviabilidad de los grupos prostalinistas y centristas, como Democracia Proletaria, el cual ha retrocedido a una ínfima expresión. Los “gramscianos" de Italia no han podido escapar a la tendencia al retroceso del stalinismo puro y simple.

Tendrán que entraren escena otros factores —agravamiento de la crisis, ascenso obrero— para que el panorama del movimiento obrero italiano pueda comenzar a renovarse.

El hombre clave en todo este proceso de Budge es el ministro de gobierno bonaerense, Portesi. Mucho antes de que se conociese el fallo judicial favorable a los policías, salió a declarar que era “un enfrentamiento con malvivientes”. Marcó así la línea de la burguesía para el caso: absolución de los Balmaceda; preservación —sea como sea— del aparato represivo.

Portesi es un puntal del régimen político patronal. En cada proceso político fundamental de la provincia, figura como protagonista. Durante la toma de la Ford, en 1985, fue quien —a través de su subsecretario de Justicia— presionaba a la interna para una rendición incondicional del conflicto. Los miles de efectivos, tanquetas, helicópteros y camiones contra los trabajadores fueron enviados por el jefe político de la policía provincial, el ministro de gobierno, Portesi. Este es el hombre, que no en vano proviene de la ciudad de Mercedes, bastión del clero reaccionario, de las fuerzas armadas y de la policía que apoya a Camps.

Por eso es que cada vez que Portesi abre la boca es la voz del aparato del Estado quien habla. Días pasados declaró que en la causa de Budge el Partido Comunista, a través de sus abogados, estaba realizando “vedettismo político” (Clarín 16/6). Un juicio asaz trivial de parte de un duro de la patronal.

Los abogados del PC, por su lado, (“Página 12”, 11/6) declararon luego de conocido el fallo que el juez Rousseau era un “excelente profesional” y que no dudaban de la “corrección de su trabajo”. Pavada de respaldo “comunista” al estado que absuelve a sus hombres de gatillo.

Si como se dice, el juez tiene una “límpida trayectoria” lo único que esto demuestra es cómo fue “apretado” esta vez por la presión estatal. Revela la completa falta de independencia del Poder Judicial.

Para hombres como Portesi, el “vedettismo político” lo tiene sin cuidado, es un juicio que revela el desprecio que el ministro tiene por el PC y los términos de entendimiento que hay entre ambos. Este terreno común es el sacrosanto respeto a las instituciones del Estado. Portesi no se preocupa por las Susanas Romero de la política.

Con la consigna del PC, “justicia si, movilización consecuente no”, Portesi está encantado Cuando Portesi vea que se profundiza la movilización por el juicio y castigo, no van a tildar a quienes la impulsen y pongan en pie de “vedettes” sino directamente de “subversivos”.

Organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos, a iniciativa de la Carrera de Filosofía, se realizó el jueves pasado en la Facultad de Filosofía y Letras una mesa redonda sobre el tema de los crímenes de Budge. De la misma participaron varios integrantes de la Comisión de Vecinos y Amigos, el abogado Zimmermann y el compañero Juan Carlos Capurro.

La actividad tuvo la virtud de poner de relieve, ante un auditorio juvenil, las dificultades que enfrentan los trabajadores jóvenes en los barrios, a través de esta brava experiencia de Budge. Los amigos y vecinos, cuyo promedio de edad no superaba los 25 años, contaron cómo habían sido objeto, históricamente, de vejámenes y ataques por parte de la policía; por el “delito” de estar en la puerta de su casa, por ejemplo, eran llevados detenidos y atacados por los Balmaceda y Cía. Contaron cómo en el barrio los jóvenes, hasta para jugar al fútbol, debían pagarle por uso de la cancha a los policías.

En el debate el compañero Capurro explicó que la burguesía había decidido absolverá los Balmaceda porque éstos eran el corazón del andamiaje represivo. El pago de “protección” en los barrios era el mecanismo que mantenía aceitado ese aparato a vista y paciencia de los partidos patronales, que para lo único que van a los barrios es para arrastrar gente a sus “internas”; nunca para que los vecinos se organicen.

Por eso —destacó— es tan importante el ejemplo de Budge. El barrio dijo ¡basta! A esta situación y se ha empeñado en el juicio y castigo. Este camino, agregó, solo será posible mediante la organización Independiente del barrio, para que los jóvenes y todos los habitantes puedan romper con la tutela de la policía y los partidos patronales.

Para que nunca más para jugar al fútbol, para reunirse, haya que pedir permiso a estos criminales.

La conciencia demostrada por varios de los jóvenes de la Comisión de Amigos y Vecinos en esa mesa redonda, puso de relieve que están dadas las condiciones para que Budge, si profundiza su organización, y confía solo en ella sea un verdadero faro nacional no solo por el castigo a los culpables, sino también para todos los barrios obreros del país.

La excarcelación de los policías acusados con pruebas y testigos por el asesinato de tres trabajadores en Ingeniero Budge, revela la firme decisión del régimen patronal democratizante en defender al aparato represivo del Estado. No importa qué acción realice ese aparato; sean “excesos”, crímenes o torturas, su accionar es intocable. Este es el sentido del fallo del juez Rousseau. Su resolución no es otra cosa que el pasaje a lenguaje “jurídico” de las pasadas declaraciones del ministro Portesi a la Cámara de Diputados bonaerense, donde señaló, contra todas las evidencias, que había habido "enfrentamiento”. Las pruebas, una tras otra; los peritajes; los testimonios; todo demostró que fue triple crimen. El Estado patronal —por encima de las pruebas— ha declarado la impunidad.

A pesar del cambio de carátula del proceso, el juez ha liberado a uno solo de los policías, por temor a una explosión popular. Ablandada esta posibilidad, los diarios hablan ya de la excarcelación de todos. Como se ve, no solo el fallo sino hasta su mecanismo. responden a consideraciones políticas de Estado. La independencia judicial es un mito.

El proceso judicial entró ahora en un largo túnel de trámites. El cambio de carátula a “homicidio en riña” invierte las pruebas. Deberán ser los damnificados los que prueben que no hubo enfrentamiento; ello a pesar de que las principales pruebas ya fueron producidas y valoradas. El proceso sigue ahora en la Cámara Federal, pero está claro que todo depende de la movilización popular.

El camino de los trabajadores

Los trabajadores de Budge están buscando su camino para lograr un juicio limpio y el castigo a los culpables de estos crímenes. La clave para esto es hacer que el movimiento barrial gane en profundidad, en amplitud y en solidez. Por esto proponemos organizar un GRAN ACTO PUBLICO en pleno Budge del que participen todos los vecinos, masivamente, junto a sus organizaciones barriales y en donde hable la Comisión de Amigos y todos los representantes de organizaciones barriales representativas de Cuartel Noveno. Esto demostrará que el movimiento se prepara para una larga lucha, de ser necesario, por el juicio y castigo a los responsables de este crimen. Sabrán así los patrones que esto no termina con una mera decisión del juez Rousseau o de Portesi.

Prepararse para esta perspectiva es lo que templará al movimiento barrial de Cuartel Noveno y asegurará la victoria definitiva.

Cuando al cierre del plazo para la presentación de listas para las elecciones de la Asociación Bancaria, el activismo antiburocrático de Bahía Blanca celebraba la presentación de la Lista Marrón N° 10, tenía sus razones. La conformación de la Marrón, frente integrado por bancarios del PO, del PC, intransigentes disidentes y peronistas independientes, significa una derrota concreta y real para la burocracia. Esta cocinó los estatutos proscriptivos, precisamente, para evitar que los trabaja-dores bancarios molesten su “reinado".

La Lista Marrón deberá enfrentarse a dos bloques burocráticos: la Lista Blanca del zanolismo y a la actual conducción de la Seccional, Rabino, ligado al peronismo renovador. Rabino, que en las últimas elecciones integró la Lista 26, se jugó a fondo por la división de la Marrón, prefiriendo así un triunfo zanolista en la seccional. Con este paso, Rabino saltó el último obstáculo que lo separaba de Zanola.

Por eso en Bahía hay sólo dos opciones: burocracia o Marrón, liquidación del convenio y de la estabilidad o Marrón, entrega de los salarios o Marrón.

La Marrón se presenta como la lista de las internas combativas de la seccional. Efectivamente, los delegados del Banco Provincia, del Coopesur y de La Pampa, que son la vanguardia antiburocrática de la seccional, están a la cabeza de la lista. Junto a ellos, compañeros del Banco del Sud (el privado más grande de Bahía), del IMFC, Almafuerte y Vallemar.

Néstor Conte, delegado general del Provincia de Buenos Aires y candidato a Secretario de Administración por la Marrón, nos contó la movilización que se está generando alrededor de la lista antiburocrática: “un plenario del bloque de delegados antiburocráticos y activistas del Provincia avaló la candidatura de un compañero del Provincia como Secretario General y de nueve compañeros más en la lista. Con la Marrón, los compañeros ven un camino claro para recuperar el sindicato”.

Viene ahora para la Marrón la dura lucha por la oficialización. La burocracia bancaria intentará cortar de raíz el “peligro” de un triunfo antiburocrático, máxime teniendo en cuenta que la propia burocracia va dividida.

La lucha por la oficialización debe ser encarada como una movilización de masas contra los estatutos proscriptivos y la burocracia que los parió. Hay que concentrar detrás de la Marrón toda la bronca del gremio contra la proscripción, la liquidación del convenio y la ley de estabilidad, el hundimiento de los salarios y contra la burocracia responsable de estas traiciones.

El cuerpo de delegados de la Caja de Ahorro fue uno de los animadores fundamentales de la lista antiburocrática 26, que ganó los comicios nacionales en la seccional. Desde el mismo momento de su derrota, la burocracia zanolista se dio la tarea de desmontar la 26 usando para ello al Peronismo Revolucionario, que entró en la lista de la burocracia. Obviamente, lo único que logró el PR fue terminar como rehén de Zanola y su política. En la Caja de Ahorro, Castillo —delegado general y ex apoderado de la 26— se pasó con armas y bagajes a la lista burocrática.

Esto provocó una reacción masiva en la Caja. Sobre 24 delegados entre titulares y suplentes, 12 presentaron sus renuncias repudiando la inclusión de miembros de la gremial en la lista de Zanola. En menor escala, ocurrió lo mismo en el Banade. En estos bancos y en muchos otros sé ha abierto el debate sobre la necesidad de estructurar un frente de gremiales y activistas por la impugnación de las elecciones y un masivo boicot a las elecciones proscriptivas.

Cabe una reflexión. El plazo para la presentación de listas venció el viernes 12. Se ha oficializado una sola lista: la peronista-radical, bajo el color y el número tradicional del zanolismo (2, Celeste). Nuestro llamado —planteado en el gremio por la lista Naranja— a conformar una lista que permitiera dar la batalla por su legalización, cayó en saco roto. La dirección del PC intervino para regimentar a fondo a la agrupación Sumando de Buenos Aires e impedir que sus militantes siguieran el camino de La Plata, Bahía Blanca o Mendoza (para la cúpula del PC debe haber pesado más la necesidad de no abrir un terreno de enfrentamiento con sus aliados peronistas del FRAL que marcha en gran cantidad con la lista zanolista).

Hoy está planteado organizar un masivo boicot a las elecciones. Pero las condiciones para el agolpamiento del activismo hubieran sido muy superiores si la lista se hubiera constituido, si el conjunto de los bancarios hubieran sido llamados para su conformación. Esto hubiera sido un claro referente para los procesos de crisis que hoy se viven en la Caja, en el Banade o el Provincia.

Hoy La lista Naranja plantea organizar asambleas y plenarios que repudien la lista única y a los miembros de sus gremiales en el acuerdo Zanola-Tejerina.

En la madrugada del viernes 12 de junio una bomba explotó en la casa del compañero José Lovazzano, delegado general del Banco de Crédito Provincial y candidato de la lista antiburocrática de la sesional, la 26 Celeste-Rojo y Azul. AL momento de la explosión, el compañero Lovazzano se encontraba descansando junto a su esposa e hijo.

La bomba que destruyó parte de su vivienda y de las de sus vecinos tenía un claro destinatario: la lista 26, conformada por bancarios del PO, el PC e independientes. Colocada a pocas horas antes del vencimiento del plazo para la presentación de listas en la seccional, la bomba demostró que la burocracia no sólo está dispuesta a valer-se de los estatutos para impedir la presentación de una lista independiente. Está dispuesta a llegar, como en este caso, al terrorismo antiobrero para defender sus sillones y sus coimas.

Pero lo que la bomba demuestra, sobre todo, es el gran temor de la burocracia zanolista por el surgimiento de una lista independiente. Esta ha levantado un claro programa por la democracia sindical, contra la proscripción y por las reivindicaciones postergadas, y está encabezada por compañeros de larga tradición antiburocrática. Por eso ha concitado la adhesión y el entusiasmo, no sólo del activismo, sino de importantes sectores del gremio bancario platense.

La sola presencia de la 26 es un revulsivo insoportable para esta burocracia cargada de traiciones. Por eso recurre a los métodos de Videla para atacarla.

La denuncia de la criminal conducta de la burocracia bancada y la movilización por el esclarecimiento del atentado deben pasar a ser parte fundamental de la campaña por la oficialización de la 26 platense: ¡Fuera los pone bombas y gansters de la Bancada! Por la democracia sindical, contra la patota, ¡todos con la 26!

La reciente asamblea de la UF Temperley ha decidido poner en marcha el plan de lucha, sin esperar ni un minuto más las conocidas bicicletas de la burocracia de Zárate.

El ferroviario está cobrando hoy el sueldo más bajo de que se tenga memoria. Esta brutal confiscación salarial contó con la completa complicidad de la burocracia de Pedraza y Zárate, que en recompensa hoy reclaman un lugar en el directorio de Ferrocarriles. Si a esto le agregamos el “rodrigazo” en marcha (8 % de inflación en junio) y los despidos que acarrearán las privatizaciones, vemos que las razones para luchar y para desconfiar de la burocracia sobran. APEDEFA denunció que, según el plan elaborado por el “Holding” se proyecta despedir 30.000 ferroviarios.

La ejecutiva (PC-Mas) reclamó “que ’la Directiva (es decir Zárate y Pedraza) larguen un plan de lucha”, pero los trabajadores rechazaron este planteo cobarde y dilatorio. Siguieron el ejemplo de los compañeros, de Victoria, quienes no esperaron tampoco a que Pedraza se decidiera y, mediante la movilización, lograron, parar el envió a “reparación" de 92 coches en un taller privado, lo que constituía un virtual vaciamiento del Taller.

En la misma huella, la asamblea de Temperley votó salir a la lucha sin esperar a los que hoy quieren tirar al muere a la lucha y las conquistas históricas de los trabajadores a cambio de la coima de las Obras Sociales y de algunos “puestitos" en Ferrocarriles y en el Holding.

El plan de lucha de la seccionar votado en la asamblea establece: el jueves 18, movilización de Temperley a Constitución, con asamblea en el hall central de Plaza; el martes 23, paro de la seccional, cuya modalidad debatirá la asamblea del 18.

El pliego reivindicativo es claro: 1. por un inmediato aumento de emergencia, por un básico de ₳ 400; 2. contra, la entrega y las cesantías masivas, por un congreso de Delegados de base para discutir e implementar la reorganización de la empresa en favor de los intereses de la nación y la población laboriosa; 3. por la inmediata entrega de la ropa de trabajo.

El plan de lucha es una excelente oportunidad para poner en pie el Cuerpo de Delegados, que debe servir para extender la lucha hasta el último rincón de la seccional y garantizar su éxito.

La burocracia de Farías ha resuelto un “plan de lucha”. El ex-policía, ex- ubaldinista y ahora cortesano de los “15” lo alumbró claro, a su medida: no se consultó absolutamente a nadie y el propio reclamo de 200 ₳ para la categoría mínima indica el propósito de llegar a un rápido acuerdo con las patronales.

Esto es historia sabida, lo nuevo es lo que está pasando en las obras. En La Plata, la directiva seccional convocó a asambleas en los lugares de trabajo para "poner a consideración” las medidas dispuestas. En Sade, una asamblea de 1.500 compañeros repudió el “plan” y a la propia burocracia nacional. En Teatro Argentino (trabajan 300 compañeros) también se repudió el plan y los trabajadores se pronunciaron por un plan de lucha de 24, 48 y 72 hs., que sea “nuestro propio plan de lucha”. Lo mismo ocurrió en Tecnomatter.

Lo concreto es que se ha abierto una franca deliberación en el gremio sobre la necesidad de una lucha consecuente por el salario. La agrupación clasista Lista Morada ha llamado a volcar todos los esfuerzos en el reclamo de una asamblea general de la seccional donde se resuelva un pliego de reclamos encabezado por los 400 ₳ de mínimo y un plan de movilización de paros progresivos, que incluya ya mismo la organización a fondo de los cuerpos de delegados —en muchas obras se carece de ellos y en otros faltan representantes. Con esta posición, organizar una presencia masiva y organizada de los trabajadores de la construcción de La Plata en el paro activo del 24.

Luego de un paro total de cuatro días, la patronal de Robert Bosch tuvo que retroceder y reincorporara los dos delegados despedidos. Este rotundo triunfo obrero ha fortalecido a los trabajadores de la Bosch.

La movilización triunfante ha puesto un parate a la patronal, que venía envalentonada con el despido ("retiro voluntario”) de 65 compañeros, entre ellos algunos delegados, hace un mes y la no renovación de contrato para 45 compañeros contratados.

Dos estrategias políticas se opusieron claramente en el conflicto de la Bosch.

Por un lado, la unidad de la fábrica y de la mayoría de los delegados de impulsar el paro activo (en la Bosch) y el reclamo de un plan de lucha provincial del Smata en solidaridad con la Bosch.

Del otro lado, la directiva de la Seccional que buscó desmovilizar y aislar la lucha de la Bosch llamando a “esperar las resoluciones del Ministerio de Trabajo”. La burocracia de Almeira postergó toda medida, hasta que la propia base impuso las medidas de fuerza. Esto abrió un gran movimiento solidario del gremio, a cuya cabeza estuvieron los delegados y trabajadores de Scania.

Muchos trabajadores ya han sacado claras conclusiones sobre la política de la burocracia sindical. "Si se hubiera encarado de la misma manera la lucha contra los 65 despidos, hay estaríamos en otra situación. En ese momento, la Directiva también llamó a esperar y los despidos pasaron”, nos decían en la puerta de la Bosch.

A través de estos dos conflictos, los compañeros de la Bosch, como así también el resto del gremio vienen haciendo su experiencia. Esta directiva surgió con grandes expectativas entre los trabajadores (porque expulsó a Padilla, viejo burócrata ligado a la dictadura), pero está demostrando, a cada paso, su impotencia y su entreguismo. Almeira está jugado, como José Rodríguez, su “referente” nacional, al pacto social con los patrones y el gobierno. Nada se puede esperar de ellos.

Con el reclamo de un aumento en los viáticos, que representa un incremento promedio del 20 % en los salarios, y el pago de una deuda por haberes mal liquidados, un plenario de delegados del SUPE exigió a la Comisión Directiva una asamblea general inmediata.

La burocracia no convocó a la asamblea y lanzó sin preparación un paro de medio día para el martes 16, sólo en la Capital, a la vez que prometió realizar la asamblea en los próximos días. El paro se cumplió masivamente, por lo que ahora es necesario la efectivización de la asamblea, la extensión del plan de lucha a toda la Federación y que el mismo esté dirigido por un comité de huelga formado por delegados y activistas elegidos por la asamblea.

Para nadie fue novedad en 1983 que Lorenzo Miguel había sido uno de los grandes derrotados en las elecciones que permitieron el ascenso de Alfonsín. La campaña del radicalismo contra el PACTO SINDICAL-MILITAR y la unidad de Miguel con Herminio Iglesias ocasionaron una de las mayores derrotas a este viejo burócrata “patrón” de la UOM y de las 62 Organizaciones Peronistas.

A diferencia de Herminio, Miguel se llamó a silencio por largo tiempo, y comenzó desde la trastienda política a tender su estrategia. Miguel tenía claro que el gobierno de la demagogia no podría sostener por mucho tiempo sus bravatas, y que ante los reclamos obreros apelaría a la “ayuda” de la burocracia sindical como lo han hecho todos los gobiernos civiles y militares desde hace cuarenta años en el país.

La política complaciente de Miguel con los funcionarios apurados por salvar las papas ante los reclamos fabriles, llegó pronto a la consideración de Alfonsín. Entonces, se empezó a rodar otra película: el pacto Alfonsinista-Miguelista.

En la CGT, Ubaldini desarrollaba la estrategia que lo llevó a la cima durante la dictadura, combinación de tácticas “bullangueras” con la negociación. El gobierno quería, sin embargo, negociar con el burócrata que realmente movía los hilos; así llegó la hora del nuevo pacto.

Un trato de “privilegio”

La primera jugada se desarrolló con los acuerdos establecidos entre la UOM y el ministro de Economía, que cedió en forma “preferencial” a los metalúrgicos un aumento por encima de los demás gremios, lo que motivó el famoso telegrama de “felicitaciones” de Miguel a Sourrouille. Los burócratas de los grandes gremios comenzaron entonces a tomar distancia del "bullanguero”. Así vimos desplazarse de posición a Zanola (bancarios) y luego vendría Rodríguez (Smata). Se armó así la normalización de la CGT, pero a condición de que ésta estuviera dirigida por Miguel. Es así que al cabo de muchas reuniones “cumbres", quedó Curto (un incondicional de Miguel) como adjunto de la central obrera y enseguida entró en escena el "grupo de los 15”, que se transformó en EL UNICO INTERLOCUTOR gremial con el gobierno.

“Ahora el Ministerio”

El ascenso de Alderete al Ministerio de Trabajo hoy está claro que responde a una maniobra de Miguel. Desde el Ministerio de Trabajo la patota podría copar el aparato político del peronismo en manos de los renovadores.

Alderete entró al Ministerio con todo “un equipo”, el cual copó todas las reparticiones del mismo. El asesoran tentó jurídico quedó en manos de otro incondicional de Miguel, el abogado de la UOM.

A partir del ascenso de Alderete la burocracia de las 62 dio un enorme salto político en las trastiendas del poder. El Ministerio dicta resoluciones en los conflictos; dictámenes de insalubridad y condiciones de trabajo; modifica cláusulas específicas de los convenios en materia de vacaciones, exámenes, licencias; y hasta tiene en sus manos reconocer a los cuerpos de delegados. En los gremios donde las direcciones están divididas, como la UF (por ejemplo), los amigos del Ministerio han dictado resoluciones favorables a los “amigos” de las 62, lo que hace arrodillar en muchos casos a los 25 y a los ubaldinistas.

El Ministerio de Trabajo es una posición de fuerza de Lorenzo Miguel.

Esto juega un papel decisivo en la conformación de las listas futuras del peronismo. Los hombres de Miguel vuelven a tener papel preponderante en el aparato político. Quien viaje en tren por el Partido de Tres de Febrero podrá ver las fabulosas pintadas de Cafiero-Curto para gobernador y diputado, respectivamente. Quien, con más curiosidad, aun se acerque a la fábrica Fiat (la que dirige Curto) verá cómo se apalea (como en los mejores tiempos de Isabelita) a los activistas de izquierda, a los que no se los deja ni volantear la puerta de la misma.

Así, del 83 al 87, Miguel, de la mano del gobierno, ha quedado nuevamente como el hombre “fuerte" del peronismo. Este meteórico ascenso refleja la rápida descomposición del régimen político democratizante, que apela a la represión y a la burocracia como único sostén para que las patronales y el imperialismo sigan explotando a los trabajadores.

La conclusión de todo esto es que el peronismo no es oposición a este régimen en ningún sentido de la palabra; que los burócratas “combativos" y la izquierda que los apoyó no tienen ninguna estrategia propia frente al régimen actual ni frente al gran aparato burocrático; que la lucha contra el gobierno debe ir inseparablemente ligada a la lucha por la expulsión de la burocracia de los sindicatos; que tenemos que construir un partido propio de la clase obrera (que inevitablemente deberá ser revolucionario).

Abajo el pacto radical-patotero-renovador (apoyado por el clero y el imperialismo) —debe ser la consigna.

Desde las páginas de Prensa Obrera hemos denunciado que la fusión Ford-VW estaba concebida para aumentar la superexplotación de los trabajadores mecánicos, producir más de 1.000 despidos y reventar una gran parte de los sectores autopartistas, con la secuela de miles de despidos adicionales y de decenas de cierres de pequeños y medianos talleres.

Los plazos para poner en marcha este feroz ataque se han vencido. La ofensiva ya está en marcha. José Rodríguez, el lacayo del gobierno radical y de las patronales imperialistas, la ha anunciado oficialmente, poniéndose él mismo en movimiento para derrotar a los trabajadores.

De las asambleas convocadas por la burocracia en la planta de VW de Monte Chingolo y San Justo surge la siguiente realidad:

Los acuerdos económicos firmados prevén que en Brasil las plantas de VW absorberán a las de la Ford, en tanto que en Argentina ocurrirá lo contrario, con el cierre de las plantas de VW. Este acuerdo cuenta con el aval del Smata, que lo firmó en EE.UU. y en Alemania, con lo que solo resta que se lleve a cabo. La burocracia sindical ya se entregó y aceptó los despidos. ¡Ahora tienen la palabra los trabajadores!

Los planes del imperialismo y la burocracia del Smata

En la actualidad, la Ford tiene 3.000 operarios y VW 2.230 (1.500 en San Justo y 730 en Chingolo). La fusión se hace sobre la base de que 4.000 operarios cubran todas las necesidades de producción, de manera que la meta de despidos es de 1.200. Se cerraría de inmediato la planta de San Justo y en una segunda etapa la de Monte Chingolo. Habría un traslado parcial de operarios, de administrativos y de jefes a la Ford, lo que llevaría al despido de parte del personal de ésta.

La asamblea en VW-San Justo

En la asamblea en San Justo, en la participó José Rodríguez, la burocracia armó un escenario, puso micrófonos y trajo a los matones. Cuando Pardo presentó a Rodríguez se produjo una rechifla impresionante durante varios minutos, que hizo dudar de que la asamblea pudiera seguir. Finalmente, Pardo planteó que sólo Rodríguez, secretario general del Smata, podía darles Información sobre la situación —con lo que se le permitió hacer uso de la palabra.

Rodríguez habló una hora y media sin decir nada. Sí señaló que la fusión era “positiva”, puesto que de lo contrario la VW se retiraba del país, así que había que “afrontar la situación”.

La hablada de Rodríguez significó que el Smata no va a hacer nada frente al cierre de una fuente de trabajo. Un viejo obrero de la planta preguntó qué medidas se iban a tomar, a lo que no se le dio respuesta y en forma caótica terminó la reunión.

Dar una respuesta firme

Hay que tener clara una cuestión. No hay una razón económica fatal para el cierre y los. despidos. Estos responden al interés del imperialismo exclusivamente, no al interés nacional ni al de los trabajadores. En el país hay un colosal déficit de maquinaria, transportes y reparaciones, las plantas pueden ser reconvertidas para superar este déficit. Si esta opción no fue elegida, ello se debe a que el gobierno ha sucumbido al interés del imperialismo, y lo mismo ha ocurrido con la burocracia sindical. La lucha puede impedir este cierre, como lo demuestran las victorias de los compañeros de los Astilleros Río Santiago, los compañeros del diario La Razón, los metalúrgicos de Somisa y los ferroviarios de los talleres Victoria.

No al cierre de San Justo

1) Es necesario impedir el cierre de San Justo (VW) pero sólo hay una forma clara de impedirlo: OCUPANDO LA PLANTA si intentan sacar una sola máquina.

2) La ocupación no sólo debe ser defendida por los trabajadores de la VW, debemos convertirlo en un reclamo de todas las bases del Smata y de toda la población de San Justo, donde el cierre perjudica a todo el mundo.

3) Debemos movilizar contra el cierre a obreros, estudiantes, comerciantes y organizaciones vecinales. Debemos convocar a la movilización a los miles de mecánicos de autopartes y a los miles de talleristas y autopartistas pequeños.

4) El plan del gobierno y del imperialismo no tienen por qué pasar. La movilización independiente de los trabajadores puede derrotar estos planes y hundir para siempre la traición de la burocracia sindical.

15-6-87

Cafiero hace yunta con José Rodríguez, el de la "obediencia debida" y las tanquetas contra FORD

José Rodríguez votó la ley de obediencia debida. Es un “operador político” de Alfonsín a través del grupo de los 15. Le fue ofrecido el Ministerio de Trabajo, que debió resignar a su pesar porque le ganó de mano Alderete, que pertenece a una fracción del clero y tiene mejores vínculos con Lorenzo Miguel.

Rodríguez es recordado como el hombre que colaboró con las tanquetas enviadas por Alfonsín para desalojar a los obreros de Ford. También por su colaboración con la dictadura, la que secuestró a decenas de delegados y activistas combativos del Smata.

Este José Rodríguez se ha lanzado en pleno a la campaña electoral de Cafiero. Está utilizando sus “buenas relaciones” con la patronal automotriz para franquearle a Cafiero las puertas de las fábricas. Es así que días pasados, Cafiero y Rodríguez estuvieron en la planta de Mercedes Benz.

Como puede verse, la campaña electoral de Cafiero es facilitada por las patronales e impulsada por lo más corrompido de la patota sindical, que actúa en el ministerio de Alfonsín.

El viernes 12 de junio se cumplió la primera jornada de “abandono de tareas” de los docentes, preparatoria del paro nacional del 25 de junio.

Sin embargo, ya hay evidencias de que ni los celestes ni la Junta Ejecutiva van a mover un dedo por el éxito de este paro. Sólo allí donde las entidades de base o el activismo antiburocrático se pusieron a la cabeza de la organización del abandono de tareas, éste alcanzó un carácter masivo. Los bloques burocráticos, pese a haber votado el paro de 24 horas en el Congreso de CTERA, brillaron por su ausencia.

En la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA no llevó a nadie al abandono de tareas; en Neuquén fue el activismo opositor (y no la Celeste, dirigente del Sindicato) quien garantizó la medida. En Tucumán, que se encuentra en plan de lucha provincial, un plenario de delegados convirtió el abandono de tareas en un paro de 24 horas. En Capital, ha sido la UMP (dirigida por sectores combativos) y no la UDA celeste, quien salió a cumplir el abandono con asambleas por escuela.

Todo esto está demostrando dos cosas: por una parte, que celestes y blancos están jugados al hundimiento del paro del 25. Por otro lado, que, pese a la terrible desconfianza de la base docente en la directiva de la CTERA, los maestros están dispuestos a pelear allí donde encuentren una dirección consecuentemente decidida a garantizar la lucha. Por esto, la organización del paro del 25 recaerá por entero sobre las espaldas del activismo y las entidades de base combativas.

La Celeste y los radicales quieren llevar al muere el paro para acusar a los maestros de “no querer luchar”.

La gran cuestión es, entonces, cómo quebrar el bloqueo burocrático y abrir paso a las ganas de luchar de vastísimos sectores docentes, especialmente del interior.

El camino es la constitución de un frente de lucha en cada entidad, en cada distrito, en cada escuela. Será ésta la herramienta para encarar la organización del abandono de tareas el próximo 18 de junio, realizar asambleas (incluso con los padres) y organizar el paro del 25.

Quebrar la política de parálisis y derrota de los bloques burocráticos, barrer las maniobras y dilaciones mediante la enérgica movilización del activismo y garantizar la masividad y combatividad del paro del 25 será un paso fundamental para apuntalar una nueva dirección de la CTERA, surgida de la lucha.

Este es el desafío que hoy está planteado.

La Directiva de ATSA Buenos Aires viene de protagonizar uno de los hechos más bochornosos de que tenga memoria el gremio: suplicarle a West Ocampo, hombre de los 15 y del pacto social, que consiguiera para ATSA un aumento del 33 %. Como única respuesta, fueron vapuleados por el burócrata, quien los cubrió de insultos. A esta sustitución de un plan de lucha por el tramiteo burocrático, los “combativos” de ATSA Buenos Aires lo llamaron “plan de trabajo”.

No respuestos aún del descomunal fracaso de su “gestión”, la Directiva estaría por convocar a un plenario de delegados para “evaluar las alternativas para proseguir con el plan de trabajo”. ¿Es necesario aclarar que, al “proseguir” con este malhadado “plan de trabajo”, esta dirección está embarcada en un plan consciente de hundimiento del gremio?

Bien dicen que quien no tiene argumentos, tiene excusas. Para los izquierdistas de la Directiva, la “gestión” habría sido positiva porque “así desenmascaramos a West Ocampo”.

¡Pero los izquierdistas no han descubierto nada! El propio West Ocampo ya se ha “embretado” pública-mente con la “negociación”, el “pacto social1, con Alderete y en la oposición a cualquier lucha de los trabajadores. La base de Sanidad no tenía necesidad de que se lo “embrete” para saber quién es West Ocampo, si tres años atrás lo aplastó electoralmente en dos oportunidades, y lo aplastó en la calle cuando incendió las urnas. Los “combativos” consideran que deben hacer el aporte de “descubrir” hoy lo que el gremio sabe ya desde hace años. Pero lo único que se ha “desenmascarado” en todo esto es la propia impotencia de la directiva bonaerense.

El próximo plenario de ATSA sacará a la luz, junto al intento de la Directiva de proseguir su política de hundimiento del gremio la profundidad del rechazo de los trabajadores a esta política. Esto ya se puso de manifiesto en la indignación con que numerosos delegados salieron de la reunión con West Ocampo.

Para acabar con el vaciamiento de Sanidad, el plenario de delegados debe defenestrar el “plan de trabajo” y votar un verdadero plan de lucha del gremio.

El primer punto es el pliego de reivindicaciones: aumento inmediato de ₳ 150, salario mínimo de ₳ 500, paritarias libres ya y estatización de los establecimientos que cierren.

Para imponerlo, hay que acabar con las bicicletas y los lamentos y concentrar la energía del gremio en un plan de lucha: paros progresivos semanales de 24, 48 y 72 horas, hasta llegar a la huelga indefinida.

En tercer lugar, el problema clave: la dirección. La Directiva ha demostrado que está entregada de pies y manos al gobierno y a la burocracia. Temerosa hasta de su propia sombra, la Directiva carece de capacidad y hasta de voluntad de llevar al gremio a la victoria. El camino es que el plenario de delegados elija un Comité de Lucha, responsable ante el propio plenario.

La completa bancarrota política de los ex- frepuístas y sindicalistas de liberación que dirigen Sanidad arrastrará al gremio, si no es detenida a tiempo. El activismo debe reflexionar sobre estos tres años de fracasos y frustraciones: el camino es imponer un plan de lucha real y un Comité de Huelga que lo dirija y sumarse a la construcción de un agrupamiento clasista de los trabajadores de la sanidad.

El sábado a la madrugada se incendió la casilla del compañero Segundo Gutiérrez, en el Barrio Chacay, muriendo su esposa y sus tres pequeños hijos. Dos días antes otra casilla se incendió en Neuquén, muriendo sus tres ocupantes. En este caso los partidos patronales y sus personeros en los medios de comunicación atribuyeron el incendio a la supuesta borrachera de las víctimas...

Con cada oleada de frío los trabajadores corremos el riesgo de morir asfixiados o quemados. Miles de casillas de madera y de cartón se transforman en una trampa mortal cada vez que el invierno llega a Neuquén.

Todos los partidos patronales (del gobierno y de la oposición) dicen que Neuquén es un ejemplo en la construcción de viviendas. En realidad, la parte de la población que se beneficia con estos planes es mínima... Se hace propaganda y se contratan nuevos trabajadores en el resto del país presentando a Neuquén como un paraíso. La única realidad que encuentran los compañeros es que son utilizados en mano de obra barata para los capitalistas de la provincia y para los pulpos multinacionales.

Mientras el gobierno provincial invierte millones de australes en equipar a la policía con él único objeto de mantener bien alimentado al aparato represivo, vemos que la sirena de tos bomberos voluntarios de Plottier no funcionó frente a está emergencia. Es que, para los gobiernos patronales, la vida y la seguridad de los trabajadores carece de importancia. Tal cual lo denuncia la comisión vecinal del Barrio Chacay, el gobierno no ha cumplido su promesa de viviendas dignas, falta aún agua potable y la de los pozos está contaminada.

EL PUEBLO DEBE REPUDIAR ESTOS HECHOS Y EXIGIR LA PUESTA EN MARCHA INMEDIATA DE VIVIENDAS POPULARES, CONFORTABLES Y SEGURAS.

No es cierto que "a Neuquén lo hacemos entre todos” como reza la propaganda sapagista. Lo estamos haciendo los obreros a costa de la miseria y el hacinamiento de nuestras familias. Por eso, los que construimos a Neuquén debemos también gobernarla. El Partido Obrero llama a no apoyar a los partidos patronales. El Partido Obrero llama a formar listas obreras para las próximas elecciones.

14/6/87

La derrota de la huelga de la construcción de Neuquén nos exige un balance contundente y claro, si queremos reponernos rápidamente de esta derrota y si queremos evitar que nos vuelva a ocurrir lo mismo. Aquí hubo direcciones sindicales y fuerzas políticas que vehiculizaron las presiones y los intereses patronales, lo cual tenemos que desnudar para que el sacrificio de lucha de los trabajadores no sea dilapidado.

Un frente contra la huelga

Desde los radicales y el sapagismo hasta el peronismo renovador y la JDP, pasando por la burocracia sindical, hubo un frente político específicamente patronal contra la huelga. Pero hubo otro frente que se hizo vehículo de la política patronal, compuesto por la dirección de la Seccional y por la izquierda democratizante, sin cuya colaboración la huelga nunca habría sido derrotada.

El Ministerio de Trabajo, en manos de la UCR, y la burocracia derechista aliada a Farías, plantearon la conciliación obligatoria en Piedra con la patronal de Ucasa, cuando se hacía imperioso para el interés de los capitalistas impedir que Piedra y el resto del gremio salieran juntos a la lucha. Pero la aceptación de esta conciliación tramposa y traidora solo fue posible porque contó con el apoyo de la dirección neuquina de la UOCRA y la “izquierda”. El P.O. se opuso enérgicamente a ella, y advirtió a los trabajadores sobre sus consecuencias. Hoy, la patronal de Ucasa se niega a reincorporar a la Comisión Interna de Piedra y ni hablar del 20 % —promesas con las que había inducido a la conciliación.

El sapagismo impuso y logró que la olla de Piedra quedase aislada en Cipolletti y volvió a enviar sus gendarmes para impedir que la olla de la UOCRA funcionase en el lugar "histórico” de la huelga del 84. Radicales, sapagístas, Intransigentes, peronistas renovadores y la JDP resucitaron la “Multipartidaria" al solo fin de derrotar la huelga. Su programa lo definió mejor que nadie el dirigente del PI rionegrino: "cuando peor estén los huelguistas, mejores condiciones para la negociación."

Todos estos partidos responden a la patronal. Tienen un solo programa, es mentira que representen alternativas diferentes, no digamos ya opuestas. No quieren un movimiento obrero en pie, sino un ejército de esclavos. El monopolio político de estos partidos. hoy presentes en el Ejecutivo o en el Parlamento, estrangula al movimiento obrero.

La ausencia de una dirección consecuente

Pero el Frente patronal y burocrático contra la huelga no podría haber logrado sus objetivos si no hubiese tenido el auxilio de la dirección encabezada por Selesky y por la llamada “izquierda”

Hablan los hechos:

— La huelga de la Uocra Neuquén fue largamente anunciada sin que nunca se tomaran medidas concretas para prepararla. Cuando estalló el conflicto de Piedra y después de varios días de dilaciones, el plenario de delegados, empujado por el activismo, impuso a la dirección fechas ciertas para las medidas de lucha.

— Durante los veintitantos días que duró la huelga de Piedra el conflicto se mantuvo al margen de la Uocra Neuquén, llegando al extremo de poner la olla en Cipolletti para no malquistarse con Sapag, que no quería que los huelguistas coparan el centro de Neuquén.

— La dirección sindical y la “izquierda” apoyaron la conciliación en Piedra, levantando la huelga y dando de entrada un duro golpe a la huelga general de la Uocra Neuquén.

— Existió una campaña de estos sectores contra los piquetes en función de alguna solución de "arriba”, al punto que sacaron una “carta abierta” lamiéndole el sobaco a Sapag y presentándolo como un amigo de los trabajadores. (El Mas dedicó su prensa a atacar a mansalva a los piquetes). Lo más grave de todo: la dirección del conflicto —comisión directiva y comité de huelga cedieron al Ministerio de Trabajo con un levantamiento en frío que se transformó en derrota, cuando la huelga se mantenía firme.

La responsabilidad de la directiva de la UOCRA y de toda la izquierda democratizante (JDP, Mas y PC) funcionó en bloque. Fue este bloque el que se opuso en principio a la huelga indefinida, el que llamó a levantar en Piedra “porque se había ganado una primer batalla” y el que boicoteó los piquetes de huelga llamando a no presionar, sino a “esclarecer”. En este bloque dominó su tendencia a mantenerse en un terreno político común con la patronal y sus partidos, traicionando a los trabajadores.

Por una nueva dirección, por un frente de trabajadores.

La primer tarea de la vanguardia del gremio es no solamente reconocer claramente a éste polo político representado por los partidos burgueses y sus agentes (los burócratas corrompidos de Farías) sino por sobre todo reconocer al otro polo político, constituido por una dirección inconsecuente y capituladora y por la izquierda democratizante, del cual no puede esperar ninguna clase de victorias, decisivas. La corriente seleskista fue la que más lejos llegó en su ruptura con la burocracia y las corrientes patronales, esto si consideramos al conjunto de direcciones sindicales antiburocráticas surgidas en los últimos años. Pero los hechos demostraron que, a pesar de haber integrado el “Frente de Trabajadores” de Neuquén, fue incapaz de evolucionar de un modo revolucionario y de romper con la escoria radical que le viene desde que formó la Naranja con el Mas, en 1985. El P.O. señaló claramente sus críticas a esta Comisión Directiva en oportunidad de su política frente a la huelga de Piedra del año pasado y de la oposición que desarrolló a la Marcha de Piedra sobre Neuquén.

Su política en la reciente huelga general es una acentuación de aquella tendencia capituladora. Ha fracasado la tentativa de poner en pie una dirección sindical independiente al margen del partido revolucionario.

El eje del movimiento obrero de la UOCRA pasa ahora por la vanguardia que luchó por la victoria de la huelga general, es decir, por el reagrupamiento de esa vanguardia combativa. El P.O. llama a los activistas a asimilar las conclusiones políticas de la derrota, incorporándose al P.O., formando una agrupación sindical clasista y retomando las banderas del Frente de Trabajadores —como un factor de agrupamiento de los explotados contra los partidos patronales en las próximas elecciones.

La cuestión capital: la independencia política de la clase obrera está más planteada que nunca, como se ha podido ver, precisamente, en la dependencia política de la dirección sindical y de la izquierda respecto al Estado patronal y sus partidos, y en la ausencia de una organización política de masas de la clase obrera.

El Frente de Trabajadores puso en Neuquén, hace dos años, la primera piedra de esta tarea. Ahora llamamos a todos los seguidores del Frente y a todos los nuevos activistas a darle un impulso mayor y decisivo.

Domingo Cavallo es candidato a diputado por la Provincia de Córdoba en las listas del peronismo renovador. Este hombre fue presidente del Banco Central en la época de la dictadura. Su reputación en las filas de la burguesía se agigantó porgue fue quien “licuó”, las deudas empresarias a través de refinanciaciones pagadas por el Banco Central y de la implantación del seguro de cambio pagado por el Estado, ¡que congeló la deuda, externa privada en pesos ley! El “cavallazo” Cómo se denominó a este saqueo, permitió a la burguesía nacional sacarse de encima 20000 millones de dólares de deudas y transferírselas al Estado. Esta acción fue luego ratificada por el gobierno de Alfonsín.

De la Sota declaró que era un honor contar con Cavallo en la lista de candidatos del peronismo. ¡¡Si lo sabrá De la Sota!!. Este es un hombre del grupo empresario Macri (Sevel, Manilba, Aseo) qué le transfirió al Estado su deuda externa, gracias a las medidas de Cavallo. Sevel “estatizó" así 124 millones de dólares, SOCMA, otra empresa del grupo, 28 millones de dólares, Aseo y Manilba, 7 millones de dólares.

Ahora, Cavallo acaba de proponer el establecimiento de una “zona franca” … en Misiones. Suena rara esta propuesta en un hombre de Córdoba preocupado, en plena campaña electoral, por el desarrollo misionero. La respuesta es sencilla: “zona franca” significa la posibilidad de instalar Industrias, "con libertad cambiaría y arancelaria”. El grupo Macri hace tiempo que está metido en los negocios de “integración” con Brasil, de modo que una instalación subsidiada de empresas en Misiones: podría muy bien completar el negocio do este grupo.

De la Sota-Cavallo representan una trenza empresario explotadora qua vive a costillas de las prebendas del Estado capitalista, quien luego las descarga sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Después de la asonada militar de marzo del 76 se produjo una fractura en la central obrera cordobesa, que desde entonces se mantiene escindida. Es así que, en la actualidad, el movimiento obrero cordobés está conformado básicamente por cuatro bloques.

Los “gremios por la Unidad", que en su momento aparecían como la fuerza de mayor peso, acaban de sufrir la pérdida de dos importantes organizaciones. La primera fue Luz y Fuerza donde triunfó una lista no peronista, liderada por Felipe Alberti y que ahora compone el grupo de los no alineados. Se suma a esto la deserción del gremio docente de UEPC, que se pasó a las filas de la CGT unificada, que capitanea el maderero Miguel Correa.

Otra modificación importante en el tablero sindical ha sido el paso a las 62 Organizaciones de la seccional local de ATSA y en ese mismo sentido habría saltado la seccional local de la UTA. Versiones periodísticas aseguran que estos cambios serían el fruto de expresas instrucciones de las direcciones nacionales de ambos gremios destinadas a fortalecer al sector "ortodoxo”.

Este método antidemocrático ha sido históricamente utilizado por la burocracia sindical para resolver conflictos interburocráticos, sin la más mínima consulta a los trabajadores.

Precisamente, ahora en la seccional de UTA Córdoba se ha producido un serio enfrentamiento entre un sector que responde a Eduardo Gómez y Evaristo Valle, quienes procuran desplazar al grupo que lidera el secretario general Luis Molina, acusado, junto a sus seguidores, de malversación de los fondos sindicales. La dirección de la UTA nacional envió a Córdoba tres emisarios para efectuar la intervención, la que hasta el momento de escribir esta nota no se había concretado.

La conducta de ambos sectores demuestra con toda claridad que en ninguno de ellos existe la voluntad política de resolver este diferendo de la única forma que se debe hacer, esto es, con la intervención de los trabajadores, quienes en asamblea deben resolver democráticamente quiénes deben dirigir el sindicato. Esta cuestión tan elemental es olímpicamente ignorada por las dos fracciones.

Estos cambios en la relación de fuerzas han inducido a los “gremios por la Unidad”, la “Mesa de Trabajo” y los “No alineados”, a entrar en silenciosas conversaciones para aunar criterios sobre un proyecto de normalización que, posteriormente, buscará el entendimiento con la CGT unificada.

Miguel Correa no se opone a la normalización de la central obrera siempre que él tenga asegurada su elección como secretario general, puesto con el que también suenan los renovadores. Para ello, Correa cuenta con el aval de las 62 y procura atraerse una serie de sindicatos menores, amparado en el anejo y antidemocrático estatuto que establece que los delegados del Congreso serán elegidos proporcionalmente de la siguiente manera: de 1 a 500 afiliados: 1 delegado; de 500 a 5.000: 2 delegados; más de 5.000 afiliados: 3 delegados.

De esta forma, agrupando a sindicatos pequeños que no tienen ninguna incidencia en las luchas de los trabajadores se puede conseguir el número necesario de delegados para seguir ejerciendo el control del máximo organismo de los trabajadores. No se conoce que algún sector del sindicalismo cordobés se haya pronunciado públicamente proponiendo que para la normalización de la CGT se realicen asambleas, donde los trabajadores puedan elegir a los delegados congresales, con mandato sobre qué tipo de central obrera se quiere y cuál debe ser el programa de la CGT normalizada.

Mientras se continúa pregonando la unidad en abstracto y pomposamente se declama la democracia participativa, en los hechos concretos los trabajadores siguen siendo los eternos convidados de piedra, que de tanto en tanto pueden emitir su voto y en eso termina el famoso protagonismo popular.

Sólo cuando los trabajadores se organicen con independencia de las otras clases sociales y cuando los dirigentes sean elegidos democráticamente y sus mandatos sean revocables por decisión de los propios trabajadores recién entonces se podrá hablar seriamente de la vigencia de la democracia.

Los trabajadores cordobeses tienen una muy rica experiencia de lucha que les permitió en otros tiempos expulsar a la burocracia de los sindicatos e instalar en ellos y en la propia central obrera a dirigentes que eran la expresión más consciente de la clase obrera. Ese es el camino que se debe transitar no sólo para normalizar la CGT sino también para expulsar a la burocracia de los sindicatos.

Acaba de salir la “capitalización de la deuda”, un reclamo por el que venían insistiendo la banca mundial y el gran capital nativo. Los diarios han llenado páginas y páginas con tablitas para explicar sus mecanismos porque lo que este régimen ofrece son colosales beneficios en detrimento del Estado, del ahorro nacional y de la población trabajadora.

La capitalización no es otra cosa qué la compra anticipada por parte del gobierno de títulos de deuda externa (que en los mercados internacionales se cotizan a 50) a su precio nominal de 100. El negocio ofrece de entrada un beneficio colocal porque rescata un título Irrecuperable por encima de su valor. Pero como el Estado está “fundido” el gobierno deberá comprar esos títulos contrayendo nuevos préstamos, a través de la colocación de nuevos títulos, de modo que la deuda externa “rescatada” se transformará en deuda interna, a un costo todavía mayor porque las tasas internas son más elevadas que las internacionales. La “capitalización” desquiciará aún más al Tesoro Nacional y aumentará la especulación financiera a través de las crecientes emisiones de títulos. Al final estos sólo podrán ser rescatados a su vez, por medio del aumento de los precios, impuestos y tarifas.

La "capitalización" sale por ahora por un monto de 1.900 millones de dólares en un lapso de 5 años. Esto significa que apenas se modifica el endeudamiento externo del país mientras que sí se abre una nueva fuente especulativa.

El “descontento” de la banca

¿Por qué entonces la banca mundial “notificó su desacuerdo por los términos del régimen de capitalización?”, (Clarín, 5/6).

La banca acreedora objeta que se deba incorporar un dólar “fresco” por cada dólar que se capitalice y que la capitalización no se aplique a la privatización de las empresas públicas y a la compra de acciones en la Bolsa, y que se exija por cada dólar en títulos el aporte de un dólar real. Respecto a esto último, el gobierno comenzó a largar el lastre, porque admite que el llamado dólar “fresco" pueda ser sustituido por Bonex, que es otro título, o con importaciones de bienes de capital sin pago de aranceles. Además, se dio la extraordinaria concesión de que el dinero que el gobierno entregue a cambio de los bonos sea administrado por un banco privado e incluso extranjero, y no como corresponde por el Banco Central. Pero los bancos exigen aún más y ya han dicho que "si no se flexibilizan algunos puntos, los proyectos de inversión que andan dando vuelta no se presentarán" (Clarín, 5/6).

Pero no sólo "pide” la banca. Un capo de los “capitanes de la industria, del grupo de empresas SADE-Pérez Compac", reclamó en el mismo sentido: que la “capitalización” se utilice “corrió un instrumento útil para inducir un necesario movimiento de desregulación, desestatización y privatización", y que también se “amplíe” el monto a aplicar (El Cronista Comercial, 29/5). También la burguesía nacional reclama, como se ve, el remate de empresas públicas o privadas.

Se ha creado en tomo a la “capitalización" una coalición de la banca acreedora y de la burguesía nacional para ejecutar una acción de rapiña contra el Estado. La gran burguesía nacional es, por un lado, la tenedora de una gran parte de los bonos “capitalizables" y, por el otro, sería la receptora de las llamadas inversiones de “capitalización". Entre los primeros proyectos figuran nada menos que Siderca, del grupo Techint, Arcor, el consorcio textil de Alpargatas. Ducilo, Papelera Massuh el grupo Macri y Pérez Companc (Clarín, 4/6). Ella haría el negocio de la “capitalización" con el apoyo de los acreedores.

Cafiero: pionero de la capitalización

La "capitalización” que ha sido arreglada entre Sourrouille y la banca acreedora, tuvo, sin embargo, a Cafiero entre sus más altos inspiradores. Es que el grupo Cafiero fue uno de los primeros en pedir la capitalización para sus empresas y por eso no es casual que las empresas y hombres que financian su candidatura y ocupan sus listas sean acérrimos partidarios de la “capitalización". “El Clticorp ya ha visitado la empresa IECSA del grupo Macri para ofrecerte fondos capitalizabas para una inversión en telefonía móvil", informó Página/12 (4-6). El grupo Macri no sólo financia la campaña de Cafiero, sino que Grosso y De la Sota provienen de sus filas. La empresa Ancor está presidida por Fulvio Pagani, presidente de la Fundación Mediterránea, cuyo economista-jefe no es otro que Domingo Cavallo, expresidente del Banco Central bajo Viola, y ahora candidato a diputado por el peronismo renovador de Córdoba. Cavallo acaba de declarar su apoyo a la "capitalización" como un beneficio para el país.

Capitulación

La banca y la burguesía nacional han largado toda su presión para que el gobierno adecúe más acabadamente la “capitalización" a sus intereses. Sucederá en este punto lo mismo que con la ley de obediencia debida: se le ajustarán “comas", puntos y frases para satisfacer enteramente los reclamos del gran capital. No olvidemos que el dúo Sourrouille-Canitrot está aprobando una “capitalización", a la cual el año pasado se oponían. En las futuras reglamentaciones y disposiciones se verán cristalizadas las exigencias del gran capital parasitario.

La banca vapulea a su rehén alfonsinista

Desde que el gobierno anunció la capitalización de la deuda, los bonos argentinos en el exterior han bajado de precio: del 60 % de su valor nominal descendieron al 45 % y se séñala que caerán aún más.

La razón principal de esto es que la capitalización. en su monto y términos, no satisface las exigencias de la banca imperialista. La baja de la cotización de los bonos expresa una violenta reducción del crédito internacional argentino, lo cual tira por la borda todo el cacareo que el gobierno montó en oportunidad de la refinanciación de la deuda externa.

Pero la cosa no termina aquí, porque además los bancos no están integrando los llamados “fondos frescos” (1.900 millones de dólares) prometidos en esa refinanciación» a pesar de que el gobierno ofreció elevadas comisiones especiales» para acelerar el trámite.

El gobierno se ha convertido en un rehén de la banca y es por este que se someterá indefectiblemente a sus dictados.

“El Estado lleva emitidos títulos públicos por un equivalente a 1.450 millones de australes...”, informó Clarín del pasado lunes 15. Estos títulos pagan un 14 % sobre la tasa de interés libre (los BARRA), un 21 % sobre el tipo de cambio (los TIDOL) y un 25 % sobre el dólar libre (los BAGON). De este modo, el Estado se endeuda a precios siderales para rescatar otros títulos indexados (bonos YPF), lo que significa un eterno pago de intereses sobre intereses, en los cuales se ha borrado ya todo trazo de la deuda de origen. Pero esa deuda original es nada menos que la contraída por YPF en tiempos de Martínez de Hoz, cuya finalidad no fue financiar a esta empresa sino proveer de dólares al «Banco Central, para financiar la fuga de divisas al exterior.

El nivel del endeudamiento interno no se agota con esto. Es que la emisión de los llamados Bonex (títulos emitidos para pagar la deuda y girar dividendos) ha llegado a la friolera de 7.500 millones de dólares. De manera que, en títulos, solamente, la deuda estatal es de cerca de 10.000 millones de dólares.

A todo esto, hay que sumar varias cosas más. De un lado el enorme endeudamiento de los Tesoros provinciales, del otro lado el endeudamiento oculto de la propia Tesorería nacional. Ahora se ha venido a saber que ésta financió su déficit del mes de mayo, no girando los fondos para pagar las jubilaciones (lo que fue financiado por la banca comercial a las tasas de interés del mercado de 24 horas) y forzando al Banco Central a prestar dinero a empresas que debían al fisco, para girarlo a la Tesorería.

Sumando todo es muy posible que el endeudamiento interno del Estado sea del orden de los 25.000 millones de dólares ¡la mitad de la excepcional deuda externa! Pero ni qué decir que aquélla es más onerosa que ésta, porque sus intereses son el doble o el triple del que corresponde al mercado internacional. Los títulos del Estado no solo reciben un interés, también pueden ser alquilados a cambio de una comisión, para ser luego usados como garantía de préstamos que se solicitan a los Bancos.

El endeudamiento en títulos prueba que la patronal argentina tiene cuantiosos fondos inutilizados, al punto que las ofertas de bonos del gobierno se encuentran siempre con una demanda superior. Los capitalistas nativos lloran alegando bajas ganancias, cuando con toda impudicia lucran con la ruina financiera del Estado. Semejante negociado explica muy bien por qué la mayoría de la patronal es alfonsinista.

La situación, lógicamente, es explosiva y solo puede ser arreglada por un “rodrigazo”. A través de un aumento excepcional de tarifas, por un lado, y del aumento de la recaudación impositiva como resultado de un incremento de los precios, por el otro, el Estado podrá hacer frente a esta enorme deuda.

El programa que la UCR y el PJ guardan bajo siete llaves tiene un solo nombre: inflación. El “arte” de la campaña electoral de Cafiero, Casella, De la Sota, Angeloz y Cáceres es mantener a los electores en el completo engaño a este respecto

El día 8 de junio fue convocada la segunda reunión de la Multisectorial por la defensa de la democracia de Morón.

La finalidad de la convocatoria era la firma de un documento por parte de los partidos, centros estudiantiles, etc., donde se señalaba la voluntad de defender irrestrictamente el Estado de derecho y la Constitución nacional; se hacía referencia vaga a los sucesos de Semana Santa; se condenaba a quienes hicieran apología de la violación de los derechos humanos; se reivindicaba la subordinación militar a las autoridades legítimamente constituidas; y se culminaba reclamando la movilización con la que esta Multisectorial se comprometía. El presidente de la mesa (PI), luego de leer el documento, propuso firmarlo, posición que fue compartida por los radicales, miembros de la APDH y demás.

El representante del Mas llamó a completar el documento con alguna referencia más clara a los sucesos de Semana Santa, posición compartida por el representante del PC. He aquí la reconciliación izquierdista bajo el programa común del “acta democrática”. Pero...

El Partido Obrero hizo una impugnación global al documento, planteando que la democracia era agredida por el presente régimen político, desconociendo la autoridad del Parlamento y el Ejecutivo que se mofa de los intereses del pueblo, y reclamó un pronunciamiento en concreto en contra de la ley de obediencia debida, por el juicio y castigo, y concluyendo que una multisectorial que pretenda la democracia debe independizarse del presente régimen político y basarse en la acción directa de las masas. Ante esta postura del PO se produjo un cambio. La representante del Mas tiró para adelante el asunto de la firma y propuso ampliar la discusión y la realización de actividades prácticas de movilización contra las torturas, etc. Luego del debate, la mesa, sumamente apurada por radicales, justicialistas y demás “demócratas”, llamó a firmar, lo que así hicieron el Pl, la UCR, el PJ, la DC, el PSA, la APDH, el Movimiento Todos por la Patria y la UES. No firmaron el PO, el Mas, los representantes de los centros estudiantiles y el PC, que también viró de posición.

Pero el problema, con relación a la izquierda democratizante, sigue planteado. El PO repudia todas estas “actas democráticas” en nombre de una estrategia política, no por la simple disconformidad con alguno de sus términos. Para el PO hay que desenmascarar a los partidos patronales y a sus aliados de izquierda, para desenvolver la independencia política de la clase obrera y su desarrollo como dirección de la revolución socialista. La izquierda frepuista pretendió firmar el Acta y terminó no haciéndolo por razones completamente oportunistas, es decir, para no abrir un flanco al ataque que les hacía el PO en la campaña electoral. Si la no firma del acta por parte del PC y del Mas fuera consecuente, romperían con su estrategia y aliados democratizantes y harían un frente con el PO sobre la base de la independencia del proletariado y del gobierno de los trabajadores.

Con precios “congelados”, salarios en baja y absorción de circulante por el Banco Central, la carestía prevista para junio es de nada menos que el 7 %. Esto es lo que dice el gobierno, porque la real, que computa el verdadero peso de los alquileres y de los alimentos, es posiblemente el doble.

Semejante carestía prueba algo muy importante: el capitalismo necesita de la inflación como mecanismo para confiscar el ingreso de los trabajadores, no podría funcionar de otro modo. No es un “accidente” ni el fruto de un “mal gobierno”, porque como “accidente” ya dura demasiado y porque el gobierno inflacionario goza del apoyo de todos los sectores patronales y de la banca.

Un régimen capitalista que ha hipotecado al Estado por 80.000 millones de dólares entre deuda externa e interna, no puede menos que ser inflacionario, es decir no puede menos que confiscar los bajos ingresos de los trabajadores mediante la carestía. El que no quiere inflación debe plantear, por este motivo, el repudio de la deuda y la expropiación de la banca.

La UCR y el PJ defienden con uñas y dientes el pago de la deuda, por lo tanto, serán incapaces de terminar con la inflación que lleva a los trabajadores a la miseria.

Al momento de cerrar esta edición, comenzará en el Parlamento la discusión de las leyes laborales.

Estas leyes consagran la “emergencia económica”, que permite al gobierno suspender, anular o modificar a su gusto los convenios de trabajo. De este modo, las paritarias quedarán convertidas así en una cámara de registro de las disposiciones del Estado capitalista. Por otro lado, está la ley sindical, que permite la reelección indefinida de la burocracia sindical, reduce el número de delegados por empresas y faculta a los burócratas a intervenir las comisiones internas. Todo rabiosamente las centrales esto ha sido aplaudido por empresarias.

Estas leyes consagran también el “fuero sindical” (proceso judicial para despedir delegados), pero para los delegados de empresa de la “emergencia económica”, porque está claro que los delegados que no la acepten y se jueguen por sus bases, serán despedidos sin miramientos por incurrir en actos “ilegales”. Aun antes del despido pueden ser destituidos por la burocracia sindical, “desaforados” y despedidos sin miramientos. Pero los patrones igual protestan contra el “fuero” porque quieren tenerlas todas con ellos. En esto están todos los patrones, tanto el "liberal” presidente de la UIA, como el directivo empresario peronista A. Etchart.

Por eso el fuero sindical no va a salir y la burocracia “entenderá” las razones empresarias. El Cronista (16-6) informa que existiría consenso en la UCR para modificar este punto. Las leyes laborales serán diseñadas en el Parlamento para perfeccionar sus disposiciones antiobreras.

Si hubiera que resumir al extremo la esencia de la política patronal de los últimos días, ella se reduce a lo siguiente: cómo asegurar la continuidad de las leyes, de los hombres y de las instituciones de la dictadura militar.

¿No es acaso esto lo que se está ventilando en el congreso a respecto de las “leyes laborales”, cuyo verdadero objetivo es impedir la vigencia de las paritarias en nombre de una “emergencia económica”, de modo que el gobierno siga fijando a su arbitrio los salarios de los trabajadores?

¿No es acaso esto lo que se proponen radicales y justicialistas cuando pretenden introducir en esas “leyes laborales” una virtual reglamentación que anule en la práctica el derecho de huelga?

¿No es siempre esto lo que está detrás del derecho que se trata de otorgar a las burocracias sindicales para destituir las comisiones internas que no les son adictas, o que simplemente responden a sus bases?

Bajo la dictadura militar las cosas funcionaban exactamente cómo se las pretende legislar hoy en el parlamento. Los Videla y los Galtieri fijaban los salarios que les pasaba Martínez de Hoz. Ahora los fija Alfonsín según lo establece Bourrouille por orden de la banca internacional y de los “capitanes de la industria”.

La patronal “democratizante” no puede funcionar en otro marco que en el de las instituciones militares, por eso encarga a sus políticos a que establezcan en la norma legal, “democráticamente” votada, la anulación de los derechos obreros.

Los Sourrouille y los “capitanes de la industria”, incluidos los “capitanes” justicialistas que son muchísimos, quieren que esa “emergencia” tenga una duración indefinida... y hacen este reclamo en nombre de la “libertad". Los burócratas sindicales, llámense Miguel o Ubaldini, dicen diferir con la duración, como si el gobierno y los patrones estuvieran pensando en una ofensiva antiobrera para las calendas griegas y no para las semanas y meses inmediatos-

Lo que ocurre en el parlamento es una radiografía de las reales posiciones de los Casella y de los Cafiero —posiciones que éstos, por otra parte, no se preocupan por disimular. El candidato radical declara que se debe evitar el "desborde económico” ... y atribuye este peligro nada menos que a los trabajadores, no a los banqueros. Con este argumento apoya la “emergencia”, verdadero estado de sitio contra el movimiento obrero.

Cafiero, por su lado, se pasea con la patronal de Mercedes Benz de la mano de José Rodríguez, artífice N° 1 de estas leyes dictatoriales, de las cuales piensa servirse muy pronto para poner en práctica su acuerdo con Ford-Volkswagen para despedir a 1.250 trabajadores. Domingo Cavallo, agente de la gran empresa y candidato justicialista por Córdoba, ha planteado nada menos que la creación de “zonas francas”, donde la producción capitalista se pueda realizar suspendiendo todas las leyes de protección laborales y hasta las más elementales de defensa de la economía nacional.

Ningún candidato patronal enfoca su campaña en torno a la demagogia social de proteger al trabajador, sino que rivalizan en obsecuencia ante la clase capitalista.

En este cuadro, el propio presidente de la Nación es quien por supuesto se empeña en volar más alto. Sin ningún pudor anunció en el avión que lo trajo de Suiza, que ya tiene arreglada la aceptación de la ley de “obediencia debida” con la Corte Suprema. Esta es la gente que habla de la independencia del poder judicial, como si los distintos “poderes” del estado fueran otra cosa que una división del trabajo dentro de la organización política capitalista.

En Córdoba, el fiscal del gobierno ha reclamado que el mayor Barreiro fuera pasado a la justicia militar... siendo que en semana santa el gobierno había anunciado su separación del ejército. En esta suprema arbitrariedad se refleja al máximo la vigencia de las instituciones de la dictadura. Es cierto que un juez y la Cámara de Bahía Blanca declararon inconstitucional a la ley inconstitucional, pero esto solo sirve para apuntalar la denuncia de corrupción política del régimen democratizante, no para mostrar la vigencia de las instituciones democráticas, porque esa inconstitucionalidad va a ser inmediatamente revocada.

La “obediencia” de Alfonsín, el “Indulto” de Cafiero-Manzano: entre estos dos términos oscila la política patronal. Otra prueba: el Estado ha arrancado en Ingeniero Budge la libertad de los policías que mataron a tres obreros, por exigencia radical y asentimiento justicialista.

Las instituciones de la dictadura son el real sustento del régimen político actual. ¿La prueba? Un sector de la patronal está planteando que se postergue la discusión de las "leyes laborales” para después de septiembre, en tal caso seguirá la legislación actual, que es precisamente la de Videla-Martínez de Hoz.

Toda esta constatación debe servir para mostrar lo infundado de la perspectiva de un desarrollo democrático del país en las condiciones capitalistas o como consecuencia de una victoria electoral justicialista. El “retomo al poder” del peronismo es una meta mortal para los trabajadores. Los políticos y burócratas del PJ son todos funcionarios del gobierno isabeliano, están infiltrados hasta los tuétanos de provocadores, paramilitares, matones y alcahuetes.

La perspectiva realista es que vamos a crisis aún más profundas del régimen político democratizante, cuyo desenlace será la consecuencia de enfrentamientos de fuerza entre los explotados y los explotadores. Por eso el Partido Obrero está empeñado en arrancar a la clase obrera de toda ilusión en la burguesía y en su régimen político actual, para poder colocar en la práctica la cuestión de un gobierno de trabajadores.