Prensa Obrera N° 185

La excarcelación de los policías implicados en el asesinato de trabajadores de Ingeniero Budge y el envío de las reaccionarias leyes laborales al congreso, constituyen dos claros indicadores. de la orientación de la política patronal del momento. La alteración de los términos del proceso judicial de Ingeniero Budge no es un mero episodio tribunalicio, pues fue arrancada por la presión política del Estado —a través del radical Portessi, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y a través de la acción encubridora de todos los políticos patronales que actúan en la intendencia de Lomas de Zamora. La relación entre este hecho y la sanción de la “obediencia debida” es clara y directa. ¿Qué significa esto en el plano de la campaña electoral? Significa que la línea general de radicales y justicialistas frente a los próximos comicios es el de reforzar la confianza de los hombres armados del Estado y la capacidad de este Estado, para hacer frente a los reclamos democráticos y sociales. Es imposible no ver en el giro que se ha impreso al proceso judicial de Ingeniero Budge, la mano presentadora del Estado en rescate de los uniformados que asolan al pueblo bonaerense. Las leyes laborales que se han enviado al congreso tienen la misma dirección, pues constituyen una virtual legalización de los dispositivos de la dictadura contra el movimiento obrero, que aún siguen vigentes. La política oficial de la burguesía, a través de la UCR y del PJ, toma un carácter acentuadamente reaccionario. Con esto confiesan que no tienen en las manos la posibilidad de desarrollar la economía nacional y de satisfacer las reivindicaciones populares más apremiantes. Todo lo contrario, en plena campaña electoral, se anuncia para junio un aumento del costo de vida del 7%, a pesar de todo el empeño puesto por el Estado para bloquear la inflación a través de un colosal endeudamiento externo. Las contradicciones que se acentúan a tales extremos, como consecuencia de la impasse económica, no son susceptibles de ser resueltos en una confrontación electoral. Los militares, los banqueros y el clero ya han demostrado que el poder político se encuentra en sus manos, y que la representación basada en el sufragio no es más que una ficción. El Partido Obrero llama la atención sobre el hecho de que, cualesquiera sean los resultados electorales, se habrá de acentuar la ofensiva económica contra los trabajadores y la crisis política. Para hacer frente a esta situación es necesario poner en primer plano la lucha práctica y de ningún modo dejarse arrastrar por ilusiones electoralistas. La consigna de plan de lucha por un salario mínimo y por una jubilación de 700 australes, forma parte de la agitación político- electoral del partido obrero y de su trabajo de organización. Asimismo, el combate contra la impunidad del aparato represivo sigue en pie; el destino final de este no lo puede determinar una ley del congreso, será decidido por la lucha popular que se libra en todos los planos. Es precisamente en circunstancias como éstas, que muestran las limitaciones del régimen patronal presente y su rápida bancarrota como tentativa de democratización, que aparece de parte de un conjunto de partidos y grupos de izquierda, un Frente que constituye toda una burla política a las aspiraciones y tendencias del activismo sindical y juvenil. Se ha sepultado al Frepu sin miramientos ni explicaciones, Juego de haberlo prometido como gran alternativa popular. Fue herido de muerte en semana santa cuando anduvo “boyando” detrás del gobierno entre Congreso y Plaza de Mayo, para concluir firmando el “acta democrática” de defensa de las fuerzas armadas. El Partido Obrero entiende que por encima del rejunte de votos de un frente sin principios ni futuro, que conduce a la desmoralización de los militantes, lo que se plantea en primer lugar es la claridad. Por eso el Partido Obrero llama a todos los militantes de la izquierda a integrarse a la campaña político-electoral del PO, para llamar a los trabajadores a votar y a organizarse por la independencia política de la clase obrera y por un gobierno de trabajadores.

Durante los últimos años, el endeudamiento mundial entró en una profunda crisis. Los bancos dejaron de efectuar préstamos a los capitalistas y naciones endeudadas, pues apenas lograban cobrar en efectivo una parte de los intereses. En 1983, los llamados países del “tercer mundo” transfirieron en forma neta a la banca 9000 millones de dólares, lo que demuestra la colosal retracción del crédito mundial. En 1984, esto se elevó a 44.000 millones de dólares, descendió a 38.000 millones en 1985 y a 16.000 millones el año pasado. Este retroceso quiere decir que una parte, creciente de los intereses comenzó a refinanciarse por la imposibilidad del pago. Se creó así una situación en que la reducción real del crédito internacional se vio acompañada por una inflación con-table de los créditos registrados en los bancos, como consecuencia de esa refinanciación de intereses. El crecimiento de este crédito ficticio (contable, incobrable, no real) se fue acentuando con la caída de los saldos comerciales de las naciones endeudadas y con la reducción del crecimiento del mercado mundial. La moratoria de Brasil, país que banco el 75% de los pagos reales de intereses de todo el “tercer mundo”, aunque fue inconsecuente en términos de lucha nacional, acabó por pinchar esta situación y por poner de relieve la insostenible situación del sistema financiero internacional. Es que no se debe olvidar que, para mantener un colosal registro de créditos incobrables, los bancos están obligados a buscar más depósitos, por los cuales deben pagar efectivamente intereses que, obviamente, también crecen. La crisis financiera está potenciada por una situación aún más grave que la que presentan los países sometidos. El sistema financiero internacional está también comprometido por el endeudamiento de los agricultores y de las grandes corporaciones estadounidenses, en especial del petróleo, la minería y la construcción inmobiliaria, quienes están en insolvencia. El gobierno norteamericano debió salir al rescate de estos sectores con nuevos créditos y con fuertes subsidios, que r (solamente para la agricultura) son del orden de los 50.000 millones de dólares. ¡Pero la propia situación del gobierno norteamericano no es más brillante! Su déficit global asciende a 5,61 billones de dólares, el cual “está compuesto de garantías federales sobre sectores u operaciones con alto porcentaje de saldos incobrables o muy difíciles de cobrar” (Clarín, 9/6). Todo este cuadro significa que el sistema financiero internacional tiene un carácter ficticio y que se mantiene. en la ficción dé que el crédito tiene un respaldo real, cuando detrás suyo lo que hay son deudores (corporaciones y países) en quiebra. Pero para mantener esta ficción es necesario llevarla hasta el final: hay que conseguir más depósitos para pagar los intereses de los depósitos existentes y los dividendos de los accionistas; hay que forzara las empresas a vender sus activos para pagar al menos las comisiones de los bancos; todo esto agrava la contracción del comercio mundial y la tendencia alcista de la tasa de interés. La estructura de este volcán es muy clara: depósitos a muy corto plazo cuya contrapartida son créditos inmovilizados, insolventes, de países y corporaciones quebrados. El ‘‘realismo de la banca” Esta tendencia de conjunto y la moratoria brasileña explican que, a fines de mayo, el City y el Chase Manhattan Bank decidieran aumentar en 3000 millones de dólares, el primero, y en 1600 millones de dólares, el segundo, sus reservas por créditos incobrables. Otros bancos siguieron el ejemplo. La constitución de estas reservas significa que los bancos restringen en lo inmediato el pago de dividendos. Pero esto no significa todavía que den de baja a su contrapartida, los créditos insolventes, porque se trata tan solo de un asiento contable, donde lo que antes se colocaba en la cuenta de “ganancias” (ficticias, porque se anotaban ingresos por intereses que no se cobraban, sino que se refinanciaban) ahora figurará en “reservas”. El patrimonio que declararan los bancos no se ve alterado, por lo tanto, ni en una coma, de modo que se mantiene el carácter ficticio del sistema bancario. “Probablemente no pase de ser una maniobra contable, que no tendrá repercusión palpable en el mundo real. Solo se trata de pasar dinero para que, en lugar de figurar en el activo, esté en la columna de reservas. El dinero saldrá del sistema si los deudores se declaran insolventes, explicó Vincent, de Salomón Brothers” (Ámbito, 21/5). Pero la diferencia entre la insolvencia que ya existe y una declaración formal de insolvencia por parte de los deudores no cambia en nada el problema económico relativo al carácter ficticio del crédito mundial, que debería ser pasado en un 70% a la condición de pérdida pura. La diferencia sería política, pues significaría que los Estados imperialistas no lograrían impedir que los países endeudados repudien la deuda, es decir que fracasarían en su rol de imponer, como está ocurriendo, por la fuerza, la atadura de estas naciones a los planes económicos y financieros de la banca mundial. Son precisamente estos planes los que, al darle a la banca internacional los medios para seguir presionando a los países deudores (que entregan a la banca el monopolio del crédito nacional y de la especulación financiera dentro de cada país) permiten mantener el flujo de fondos con los que esta banca está evitando precariamente una huida de sus depositantes. Pero sea como fuere, la constitución de reservas por parte del City constituye un reconocimiento oficial del carácter ficticio del crédito mundial y de su circulación, y plantea objetivamente una retracción internacional del crédito, lo que deberá acentuar las tendencias depresivas del comercio y la producción mundiales. La medida del City revela la tendencia deflacionaria de la economía mundial, entendiéndose por esto la tendencia al hundimiento de los valores del capital financiero y productivo existente. Con esto queda formalmente hundido el llamado “plan Baker", que planteaba revertir la crisis con una expansión crediticia genuina de 30.000 millones de dólares. Hiperinflación mundial Pero si la deuda es impagable y la banca restringe el crédito, ¿cómo piensan cobrar la voluminosa deuda? ¿Cómo piensa el imperialismo revertir la deflación? “Esta pregunta tiene solamente una respuesta. Asistiremos en los próximos años a la conclusión de un proceso iniciado hace pocas semanas: la reinflación mundial”, declaró David Jones de la Aubrey Lawston, asesoría de Wall Street (Jornal do Brasil, 22/5). La función de esta inflación organizadora (emisión monetaria para impedir quiebras y evitar una depresión), es, naturalmente, resolver la cuestión del endeudamiento de un modo global (en beneficio tanto de acreedores como de deudores), a costa de los trabajadores y de las naciones sometidas. La inflación, de un lado, desvaloriza la deuda mundial, eliminando la hipoteca que pesa sobre una parte del capital y de los Estados. La devaluación del dólar (40% en dos años) ya está jugando ese papel, pues significa que el valor real de la deuda en esa moneda se ha reducido también en esa proporción. Pero, por otro lado, la inflación tiende a elevarlas tasas de interés, lo que llevará a que los bancos y los acreedores compensen la desvalorización de la deuda mundial, cobrándose (dentro del alto interés) el capital acumulado de aquélla. La posibilidad de cumplimentar este proceso depende de un elevado ascenso de los precios, que permita a la industria y a las naciones endeudadas mejorar el beneficio con el cual pagan los intereses, y que permita a los depositantes financieros y a los acreedores internacionales (por ejemplo, a los japoneses que tienen bonos del Tesoro de los Estados Unidos) transferir su dinero a la especulación comercial. Lo que, lógicamente, queda por preguntarse es si el imperialismo tiene hígado suficiente para aguantarse las crisis políticas que provocará semejante carestía. Es precisamente por esto que la reinflación no es la única vía planteada, aunque a la larga será la fundamental. La decisión del City y de otros grandes bancos (de mandar las “ganancias” ficticias a "reservas” ficticias) obliga al resto del sistema a hacer lo mismo, so pena de crear una situación de desconfianza, con la consecuente huida de depósitos. Pero muchos de esos otros bancos no están en condiciones de declarar una postergación de sus dividendos, de modo que se verían obligados a vender sus créditos más inseguros por mucho menos del valor original. Los compradores de esos créditos ya se han puesto en fila: son el City y sus compinches, que pasarán así a concentrar la deuda mundial mediante adquisiciones inferiores al 50% de su valor contable. Capitalización La otra punta que completa el negocio consiste en obligar a los Estados endeudados a comprar esos títulos, pero al valor nominal, embolsando así un beneficio monstruoso. A esto se llama “capitalización de la deuda”; el Estado entrega australes, cruzados, intis o bolívares, por papeles de deudas incobrables, los que son invertidos en el país receptor para luego derivar las ganancias de la inversión al exterior. Este proceso de comprar créditos desvalorizados y venderlos revalorizados mediante una brutal presión política. abre un nuevo frente especulativo para el sustento de la banca mundial, pero tiene, claro está, sus límites. De un lado, solo puede cubrir a una parte ínfima de la deuda; del otro, no resuelve la insolvencia del país endeudado. Al obligara emitir moneda en cada país desata procesos inflacionarios nacionales y una escalada de devaluaciones de esas monedas nacionales. De modo que financiar ese proceso de "capitalización", plantea un alza generalizada de precios internacionales. La “capitalización" convierte a un título insolvente en capital real, esto al ser adquirido por el Estado mediante emisión. Se produce el milagro de la resurrección, en este caso del capital. El artífice del milagro es el imperialismo, el cual coacciona a operar esta transformación al Estado endeudado, desatando una mayor carestía. Se trata de una acción confiscatoria del salario y aun del ahorro nacional, la cual deberá, necesariamente, conducir a una crisis revolucionaria. Cuando la “capitalización” 'se deba efectivizar mediante el agregado de dinero por un monto similar a los títulos insolventes aportados, la situación no cambia, porque ese aporte extra puede ser obtenido con la venta de otro título insolvente (Bonex por ejemplo) y porque incluso el propio dólar-billete es insolvente desde el momento en que se apoya en el monto ya citado de 5,6 billones de dólares de créditos insolventes del Estado norteamericano. (Si todos los tenedores de dólares fueran a cobrarse su valor a Estados Unidos, la inflación resultante bajaría el valor de aquéllos a 1 /3 de su cotización actual). Perspectiva Lo que importa de todo este proceso es su perspectiva completamente catastrófica, que ya no puede ser mitigada por la acción reguladora del Estado, convertido él mismo en factor de primera línea de la crisis.

La Federación Sarmiento ha sido, tradicionalmente, la entidad “gorila” de la docencia bonaerense. En la década del 70, varias de sus entidades de base emigraron de su seno y se adhirieron a CTERA. En menor escala, el fenómeno volvió a repetirse luego del 83. La UDE de Quilmes se retiró de la FEB y el movimiento rupturista fue también intenso en otros distritos (Avellaneda). Hoy, el reclamo salarial de la base docente ha comenzado a conmoverá la FEB. En un congreso realizado un mes atrás, en que varios distritos mocionaron por un plan de lucha de paros progresivos, la dirección se vio forzada a resolver un "quite de colaboración” (no cumplir con el papeleo administrativo ni entrega de boletines y registros). Al día de hoy, el "quite” se está cumpliendo masivamente en los distritos en que la FEB tiene preeminencia. El gobierno provincial ha rechazado el reclamo de la FEB. Al mismo tiempo, la’ dirección de la FEB está sembrando expectativas en la futura aprobación de un Estatuto del Docente provincial que nadie conoce. Hay que dejarse de "misterios” y de “astucias” y realizar asambleas que resuelvan el cumplimiento del paro nacional docente del 25 ya logrado por CTERA y un plan de lucha de paros progresivos y escalonados por un salario actualizado de 400 australes de básico.

Prácticamente todos los diarios del país han pegado el grito en el cielo porque en los últimos días se importó petróleo y derivados como consecuencia de la insuficiente producción interna. Esta situación se vio agravada por los primeros fríos, lo que determinó, a su vez, que faltara gas. El cuadro se complica por las dificultades en materia eléctrica, con lo cual todo el renglón energético aparece cuestionado en su capacidad de abastecimiento. Existe coincidencia en señalar que no habrá gas ni petróleo ni energía eléctrica si el frío recrudece o si su demanda aumenta por una mayor producción industrial interna. Imperialismo El sector energético viene siendo el campo predilecto de las inversiones imperialistas. Todas las obras hidroeléctricas son construidas y financiadas por consorcios imperialistas (Banco Mundial, BID, Corporación Financiera), lo mismo ocurre con los tendidos de gasoductos. En el caso petrolero, YPF ha sido paulatinamente desalojada del mercado por los pulpos privados, quienes ostentan ya el 35 % de la producción. La mayor injerencia imperialista en la energía no ha solucionado los problemas, los ha agravado. Causas Las empresas públicas energéticas están todas financieramente desquiciadas y esto sólo en parte tiene que ver con su operatividad productiva. Nada menos que el director del "holding” de Energía, Olivera, sostuvo días pasados que los costos laborales tienen una ínfima incidencia en los costos globales, de modo que carece de todo sentido buscar la solución por ese lado. Para Olivera, la solución pasaría por la “autonomización" de las empresas respecto del poder político, o sea que cuenten con libertad para delinear su política “empresaria”, entre ellas, claro está, fijar las tarifas. No propone erradicar las causas que originan el descomunal déficit, sino que los consumidores (la población trabajadora) lo paguen. Agio YPF, Agua y Energía Eléctrica y Gas están quebradas porque soportan el 85 % de la deuda externa pública, originada en operaciones financieras que nada tienen que ver con su operatoria normal. El Estado ha contratado inversiones en hidroelectricidad o gas a precios varias veces superiores a los internacionales (por eso se rechazaron ofertas hechas por la URSS en el Paraná Medio). Las deudas comerciales son gigantescas, esto porque los capitalistas proveedores facturan a precios de oro, con la complicidad de los altos funcionarios de esas empresas. En el caso de Gas, el gasoducto centro-oeste tiene paralizadas sus obras de ampliación porque la contratista Cogasco exigió que se le reconociera un “adicionar de 200 millones de dólares, lo que el gobierno acaba de hacer al comprarle por anticipado el gasoducto en más de 1.000 millones de dólares (al mismo tiempo Cogasco tiene estatizada su deuda externa —autopréstamo— por lo que el Estado termina por comprar dos veces el mismo gasoducto). Usura El ahogo financiero no le permite a YPF realizar las perforaciones para extraer todo el petróleo que se necesita. Los pulpos privados se ofrecen, entonces, para relevarla (pero YPF finalmente les compra el petróleo, o sea que el dinero que no tiene para extraer, luego lo debe pagar con creces por el petróleo extraído). El costo privado es superior al de YPF (si se elimina el rubro financiero no originado por el desenvolvimiento comercial). Pero, además, el Estado retiene una gran parte del precio de los combustibles para alimentar una Tesorería que utiliza esos fondos para el "bicicleteo financiero” de los Bonex, Bagon, Barra, etc. O sea que el dinero que no va a YPF termina financiando la usura de los títulos públicos. “Patria contratista” Al frente de la Secretaría de Energía está un hombre del gran capital privado energético. El ingeniero Lapeña ideó el Plan Houston, que permitirá a los pulpos petroleros desplazar a YPF del mercado interno, que prevé que Gas del Estado sea un mero administrador del servicio, y que ha programado la construcción de centrales hidroeléctricas en acuerdo con ciertos grupos capitalistas, para lo cual se ha dejado de lado la licitación en beneficio de la contratación directa (en acuerdo con Facundo Suárez, por ejemplo, se le dio a un consorcio mejicano y al grupo Techint la construcción directa del gasoducto Loma de la Lata- Buenos Aires). El capital vive de negociar contra el Estado. Nada menos que el coordinador económico de Sourrouillé, Adolfo Canitrot, acaba de declarar que los “capitanes de la industria” son meros contratistas del Estado, que viven del presupuesto de las empresas públicas. No cumplen, entonces, ningún papel, son meramente parásitos. Expropiación La quiebra de las empresas públicas es un resultado de la gestión capitalista y de su entrelazamiento con el capital imperialista. Por eso, el Partido Obrero plantea la expropiación de todos los pulpos imperialistas, el desconocimiento de la deuda externa de las empresas públicas, su investigación para hacer saltar la maraña de intereses que se anidan a su alrededor y la gestión obrera colectiva.

En torno al Congreso Pedagógico se ha montado desde el inicio un colosal fraude. La denuncia que nos envía un lector del partido de Vicente López es una ratificación de ello. En la primera quincena de mayo se convocó a una Asamblea. Para anotarse habla que inscribirse especialmente en el Consejo Escolar y en la Municipalidad en días y horarios de trabajo. Cuando se inauguró la Asamblea, los alumnos de las escuelas privadas eran amplia mayoría y fueron movilizados por los directores de las escuelas religiosas. Los documentos para debatir en la Asamblea fueron distribuidos al ingresar a la misma; en cambio, los colegios religiosos los recibieron con bastante anticipación y presentaron despachos en todos los puntos. Los alumnos de las privadas seguían a su rector en cada votación, para saber cómo tenían que levantar la mano. De este modo se aprobaron resoluciones en defensa de la escuela privada, de los subsidios del Estado: un programa reaccionario, clerical y privatista contra la educación pública.

No por haberse aprobado la ley, Argentina pasa a contar a partir de ahora con el derecho al divorcio. El Congreso no hizo otra cosa que parir una ley basada en los principios del derecho canónico, en causales confesionales. El lugar del Vaticano ("Sacra Rota", el tribunal eclesiástico) será ocupado por la justicia civil, pero la diferencia es menor ya que el Poder Judicial está controlado por la Curia. La ley de divorcio no tiene simplemente en cuenta la libre determinación de los cónyuges. Se permite el divorcio sólo "luego de tres años de matrimonio” y si “existen causas que hacen moralmente imposible la vida en común", lo cual será determinado discrecionalmente por el juez. La instancia Judicial pierde, así, toda objetividad, y opera como un confesionario. El divorcio sólo es concedido si ambos cónyuges son encontrados moralmente “culpables” (art. 204), antecedente que podrá interferir en su aptitud nupcial o en separaciones y/o divorcios subsiguientes. La ley enumera los “delitos” que pueden llevar a un cónyuge a pedir el divorcio: el adulterio, las injurias graves, el abandono malicioso del hogar o las alteraciones mentales, o ser alcohólico. El "delincuente” o "enfermo” es declarado "culpable", perjudicándose en su futura aptitud nupcial y en cuanto a la tenencia de los hijos o reparto de los bienes. La ley de divorcio es una alta fuente de negocios para los estudios jurídicos, que armarán las mejores "trampas" legales para que el cliente salga airoso del juicio, hundiendo al ex cónyuge “rival” y a toda la familia. El divorcio requerirá un engorroso pleito judicial, con varios años de duración y rigurosamente caro. El Partido Obrero denuncia esta ley que siguió el mismo camino de la de "obediencia debida": en cada instancia parlamentaria se le fueron incorporando cláusulas más restrictivas, siguiendo la presión de la Iglesia. Esta presión no disminuirá, sino que se trasladará a los estrados judiciales, donde el dominio clerical es abrumador.

El juez penal Marcelo Fainberg acaba de dictar una sentencia por usurpación de vivienda que ha sido extensamente difundida por la prensa patronal. Según el fallo judicial, toda persona que haya alquilado una casa o departamento y no logre demostrar que el que le alquiló es el dueño, será desalojada sin esperarla sentencia definitiva. El fallo de Fainberg motivó reportajes por la radio y la televisión. Es la primera vez que un juez pretende poner en la calle a inquilinos sin esperar a que se haga el juicio. Según Fainberg, existiría una maniobra consistente en ocupar una casa, fraguar un contrato y dilatar así durante meses un juicio penal. Este juez considera que no debe esperarse a que la parte acusada ejerza su defensa, sino que, inmediatamente de efectuada la denuncia por el propietario se debe desalojar a los “intrusos” (La Nación 5/6). Este fallo no sólo es reaccionario, sino que violenta toda la estructura de derechos y garantías del orden jurídico burgués. Para el Código Penal y la Constitución, el derecho a la defensa es inalienable, no podría dejar de existir. Este fallo de Fainberg se coloca por encima de todo ese orden jurídico, partiendo de prejuzgar que ha existido usurpación, sin dar lugar a defenderse a los acusados. Con este fallo, saludado con alborozo por los propietarios de las grandes inmobiliarias y toda la prensa patronal, se pone en evidencia que para el capitalismo cualquier libertad democrática está por debajo de la propiedad privada; “no existe bien más importante —dice el juez— que la posesión irrestricta de esa propiedad”. Un ataque a fondo Lo que revela este nuevo fallo es que estamos en vísperas de una gran ofensiva de los capitalistas contra los inquilinos y ocupantes de la Capital. La prensa patronal dice que existen organizaciones que “asesoran” a los vecinos para “dilatar los juicios”. Se trata de una concepción de cuño fascista, ya que no sólo vulnera el derecho a la defensa, sino que también agrede la reivindicación elemental de los vecinos de organizarse para evitar los desalojos y quedar en la calle con toda su familia. Según Fainberg, San Telmo es uno de los casos más graves. Esta es la misma posición de la UCD y su campaña por "las patotas y las drogas". Ahora ya no son patotas, son “organizaciones delictivas”. Las comisiones vecinales son “bandas” para esta gente. Para enfrentar esta ola de desalojos a los trabajadores nos queda un solo camino: la organización barrial. Para asesorarse y defenderse, sí, de los capitalistas que especulan con la vivienda. Soto la organización vencerá estas nuevas maniobras, como Jo hizo en el pasado.

El viernes pasado, en Laprida e Irigoyen de Lomas de Zamora los organismos de derechos humanos y la Comisión de Vecinos de Budge llamaron a un acto para repudiar el secuestro del que fuera victima Noemí Diz de Rivas, militante del Grupo de Apoyo a Madres. Del acto participaron unas de mil personas, que posteriormente desfilaron por el centro de la ciudad, en una demostración muy calurosa de denuncia del terror parapolicial. Durante el acto, del que participó una columna del Partido Obrero de Lomas y Cuartel Noveno, así como de la UJS, hablaron representantes de Madres, de la Comisión de Amigos y Vecinos de Budge y de Ex Detenidos Desaparecidos”. Adriana Calvo de Laborde de esta última organización, puso de relieve que los tres poderes del estado (es decir, todo el régimen político) apañaban a los genocidas, por lo que solo la movilización y organización popular harían frente a hechos como los de Budge y aplastarían a los represores. La compañera de Madres llamó a la unidad y fortalecimiento de las Comisiones vecinales, junto a los organismos de afectados por la represión dictatorial. El compañero Oscar, de la Comisión de Amigos de Budge se emocionó al recordar que "nos matan y reprimen porque somos los negritos, para ellos no valemos nada”. Como un solo grito los concurrentes entonaron la consigna ‘‘ya van a ver a los negritos en el poder”. El tono del acto fue muy combativo y, en sus tramos principales, de gran contenido clasista.

El juez Rousseau acaba de cambiar la caratula del proceso por los asesinatos ocurridos en Ingeniero Budge de “triple homicidio” a “triple homicidio en riña”. Esto significa que según el juez hubo enfrentamiento. El funcionamiento judicial coincide así con los dictados del ministro Portesi, del gobernador Armendariz y del intendente Duhalde, quienes en las declaraciones previas salieron a defender el accionar de los responsables de las muertes de Willi, Negro y Oscar. La sentencia apunta a cumplimentar con el reclamo fundamental del aparato policial y del Estado: las excarcelaciones de los acusados mientras se tramita un interminable juicio. Ya se excarceló a uno de los inculpados, pero de acuerdo a la resolución judicial son excarcelables los tres. La decisión del juez es típica del régimen democratizante, que se coloca así por encima del propio orden legal: de acuerdo al Código y al procedimiento penal los tres policías son responsables — por las pruebas acumuladas— de homicidio, liso y llano. El juez ha sido ejecutor del planteo de la burguesía. Se confirma la caracterización de que para los políticos patronales democratizantes los hombres de la seguridad de su Estado son vacas sagradas. La decisión tiene el propósito de echar un balde de agua fría sobre la opinión pública y el barrio en lucha. Se revela ahora claramente por qué ni el juez ni quienes en él confiaban querían manifestaciones en la puerta de Tribunales. Lo que logró encarcelar a los Balmaceda y Cía. fue la movilización popular, la decisión del barrio de salir a la calle y manifestar. Esto fue lo que ayudó a que tuviesen que dictarles hace unos días el procesamiento. La decisión del juzgado, con todo, no es lo definitorio. Ahora más que nunca, el barrio debe confiar sólo en sus fuerzas, en la movilización, en la autoorganización por el juicio y castigo a los culpables del crimen. Nuestro Partido llama a discutir, casa por casa, vecinal por vecinal, en cada rincón del barrio la necesidad de poner en pie la organización necesaria para lograr el castigo a los culpables. Esto solo podrá concretarse si la presión popular, si la calidad de la organización supera el aislamiento en que la burguesía intenta imponernos. Debemos manifestar organizadamente nuestro repudio, canalizar la natural bronca que todos tenemos, concretando la construcción de una sólida estructura barrial. La lección de Budge es clara: la burguesía, en todas sus variantes, nada tiene para dar en el castigo a los culpables. Los amnistió en el Congreso y así también los trata de absolver en cada barrio. Hacer este primer balance, desconfiar de los políticos y partidos patronales, confiar sólo en la fuerza acumulada en la propia lucha, acompañar cada reclamo ante jueces y patrones con la presión de la movilización popular. Solo los trabajadores podremos tomar en nuestras manos la resolución de esta tarea.

En el barrio Libertador, de San Martin, la organización vecinal puso en evidencia, hace ya varios meses, el intento de consumar una estafa. Los vecinos ocuparon terrenos baldíos, luego se presentó el supuesto dueño de apellido Botbol. diciendo que se les vendería. Botbol pidió sumas exorbitantes por esos terrenos. Una investigación vecinal tomó la denuncia efectuada por el Partido Obrero del barrio, de que esos terrenos no se podían vender ni escriturar, porque los loteos estaban prohibidos por ley provincial, ya que son terrenos de “baja cota". El supuesto dueño dijo que era falso que no se pudiese escriturar por lote. Esto llevo confusión a muchos vecinos que le siguieron pagando. Hace unos días. Botbol se presentó en el barrio y dijo que iba a escriturar por manzana entera a los vecinos. Esto ha demostrado que la denuncia de que se estaba ante un intento de estafa era correcta. Los terrenos no pueden escriturarse por lote, si por manzana o hectárea. Pero si se hiciese de ese modo ninguno de los vecinos tendría su escritura legal, porque lo que ellos tienen son lotes y no manzanas enteras. Los vecinos han decidido llevar el asunto a la justicia porque Botbol. en los papeles, firmó la escritura por lote, lo que acaba de reconocer ante decenas de testigos que no puede hacer. Al mismo tiempo, la organización vecinal iniciara acciones ante la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad para que los terrenos sean declarados de utilidad pública, y se levante la prohibición de escriturar por lote, expropiándose los terrenos y cobrando a los ocupantes una cuota que no exceda el 10 por ciento mensual del salario mínimo. La tenacidad de los vecinos ha demostrado que se puede enfrentar a los capitalistas cuando existe organización barrial.

Los sucesos de Ingeniero Budge han puesto en pie de lucha a todo Cuartel Noveno, cordón principal de los barrios obreros de Lomas de Zamora. La juventud trabajadora es la que más siente el peso de la represión policial. Es contra los jóvenes que vuelven del trabajo, contra las parejas que regresan de los bailes en el fin de semana, contra los cuales la prepotencia policial y la represión se hacen sentir con toda su alevosía. Son moneda corriente las detenciones arbitrarias, ataques físicos, atropellos de todo tipo. La muerte de Willi, Oscar y el Negro son el símbolo extremo de esa situación generalizada. En barrio Santa Marta, uno de los que integran el cordón de Cuartel Noveno, un grupo de jóvenes obreros del barrio ha resuelto poner en pie una Comisión de Jóvenes para enfrentar con la movilización los atropellos represivos, así como luchar por las reivindicaciones más sentidas del barrio, entre las que se cuentan la falta de luz, agua potable y asfalto. Dos de los integrantes de la naciente Comisión, Femando y Abel explicaron a Prensa Obrera que su objetivo “es comenzar ya y no esperar a que tengamos tres jóvenes más asesinados". Según afirman los compañeros del barrio, “creemos que nuestra organización debe ser independiente del Estado y los partidos tradicionales ya que vemos, por ejemplo, como políticos como el intendente Duhalde. que decían apoyar a la lucha de Budge, salen declarando en los diarios que hay que reclamar mayores sueldos para la policía”. “El único camino —agregaron— es auto-organizarse y movilizarse en forma independiente confiando únicamente en nuestras fuerzas. Budge nos señala el camino".

Días atrás, una verdadera catástrofe se abatió sobre un conjunto de vecinos del pabellón 7 del Barrio Las Casitas, en el Dock. Un incendio declarado en una vivienda se propagó hacía las casas vecinas. La inmediata reacción para contener el pequeño foco tropezó con la falta de agua, lo estrecho de los pasillos, la falta de luz. Resultado, en dos horas el fuego destruyó las viviendas, muebles y enseres de entre 5 y 10 familias de humildes trabajadores. Hasta aquí, los hechos que no salen de la página policial de los diarios. Pero lo que la gran prensa tampoco recoge son las causas y los hechos que sí arrojan fundamentales enseñanzas para los trabajadores del Dock y de toda Avellaneda. Solidaridad y Movilización de los vecinos Tras respaldar de todas formas a las familias afectadas, se convocó a una Asamblea General en el lugar del incendio. Más de 100 vecinos resolvieron reclamar que la Municipalidad se hiciera cargo de los materiales para la reconstrucción, y de entregar muebles y ropas, y rechazar cualquier falsa alternativa. Se votó una comisión formada por la Comisión Vecinal, representantes del pabellón y de los afectados: y la concurrencia de todos a la Municipalidad. Así, en 24 horas, los vecinos de Las Casitas obtuvieron sus reclamos. La movilización mancomunada del barrio en esta oportunidad muestra el camino para encarar la solución de las condiciones insostenibles en que se vive en Las Casitas y en todo el Dock, reivindicaciones que no han obtenido en 4 años solución alguna por parte de la Intendencia y el Concejo Deliberante. En una Intendencia que aumentó el 80 % los impuestos municipales solo en el último año, no se ha destinado un peso a la red de agua y cloacal, al asfaltado y reparación de las calles de los barrios obreros. Ante cada evento electoral, la Municipalidad mueve algunas máquinas, levanta algún pilote, rompe alguna esquina para abandonarlo al día siguiente de las elecciones. El resultado es que se vive en calles que son pantanos, con agua algunas horas del día, con focos infecciosos por doquier. La Intendencia y el Concejo no son los ámbitos donde se resuelven estos problemas, sino el campo donde predomina la coima y la influencia de los grandes empresarios y adinerados de Avellaneda, para que el dinero público se destine a su conveniencia. El PO de Dock Sur ha iniciado una campaña por una Asamblea de barrios para encarar la movilización común, y tras las banderas de la organización independiente y el control y administración del presupuesto municipal por los vecinos y trabajadores. Las listas electorales del Partido obrero estarán integradas por compañeros que representen este programa y esta lucha.

Con "Salvador" primero y con "Pelotón” después (sobre la guerra de Vietnam), Oliver Stone ha realizado un vigoroso testimonio de la política imperialista en dos teatros políticos claves de las últimas décadas. Con un despliegue de recursos técnicos y fílmicos de primer nivel, ambas películas conmueven al espectador con secuencias en las que quedan registrados el bombardeo indiscriminado contra la población civil y el asesinato de los habitantes de una pequeña aldea vietnamita (en “Pelotón"), y las masacres, secuestros y asesinatos (con obediencia debida incluida) ejecutados por las tropas salvadoreñas y los grupos paramilitares (la “mano blanca”), armados y financiados por el imperialismo yanqui, en “Salvador”. Las películas de Stone están basadas en experiencias directas de sus autores. El propio Stone es veterano de Vietnam y su co-guionista en “Salvador", Richard Boyle, es un periodista que vivió en el país centro-americano a fines de 1980 y principios de 1981 (durante la transición entre Cárter y Reagan): la película lo tiene como protagonista. Dirigiéndose fundamentalmente a sus compatriotas, Stone centra sus denuncias en la política yanqui de represión Indiscriminada y de apoyo político y militar a los gobiernos derechistas de Centroamérica. Stone denuncia el Reaganismo: las bandas paramilitares salvadoreñas celebran alborozadas el triunfo de Reagan y los representantes del Pentágono y la CIA anuncian el inminente incremento de la ayuda política, económica y militar (recordemos, de paso, que la dictadura argentina, incluyendo algunos prohombres de los sublevados de Semana Santa, como el coronel Seineldín, fueron los adelantados de la intervención yanqui en Centroamérica a principios de la década del ‘80). En este sentido, el tremendo impacto de las películas de Stone en Estados Unidos, son inseparables de la crisis en que ha entrado todo el proyecto Reagan un lustro más tarde (lrangate-"contras"; reciente marcha de cientos de miles de personas sobre Washington contra la intervención yanqui en Centroamérica). Este es el fenomenal valor del testimonio de Stone. El público argentino se siente muy tocado por estas denuncias y aplaude inevitablemente la secuencia en la cual se denuncia la obediencia debida. Stone también desliza críticas al “carterismo” por su inconsecuente defensa de los derechos humanos: el embajador carteriano aparece vacilante frente a las presiones del Pentágono y la CIA y finalmente "cede” autorizando en un momento clave un masivo apoyo económico y militar, para no ser acusado después de haber “permitido” una nueva derrota como la de Nicaragua. Pero Stone no supera las limitaciones del ala liberal de la política Imperialista (ala izquierda del Partido Demócrata). En "Salvador” critica a la guerrilla salvadoreña por practicar fusilamientos sin juicio previo durante la batalla de Santa Ana, pretendiendo colocarse por encima de los campos en lucha y en favor de una salida democratizante. En ese sentido enraíza al arzobispo Romero, asesinado por un comando paramilitar en una secuencia impactante, presentándolo como arquetipo de los derechos humanos, omitiendo toda referencia al partido demócrata cristiano de Napoleón Duarte, que pasó a comandar el timón del Estado, con el apoyo yanqui, poco después de los sucesos que relata la película. Pese a sus limitaciones, el testimonio de Stone es una denuncia irrefutable sobre la verdadera “decadencia del Imperio americano".

El viernes 29 de mayo, en el galpón Diesel Temperley se inició un quite de colaboración, ante la falta de respuesta patronal al insistente pedido de cubrir veinte puestos vacantes. La medida se fue profundizando con el correr de las horas y así fue que el sábado 30 no salió un solo coche de los fraccionados. Los compañeros se remitían a cumplir con sus funciones específicas. El día martes la Jefatura del Departamento de Mecánica aceptó el ingreso de seis agentes y el compromiso de estudiar el cubrimiento del resto de vacantes en 30 días. La empresa, ya fue anunciado, se apresta despedir a 30 mil agentes, por lo cual su política es ganar tiempo.

Los ferroviarios de Victoria vienen desarrollando una importante movilización. La razón es el inminente vaciamiento del taller en beneficio de una empresa privada (EMEPA, uno de cuyos socios es Fernando Alfonsín, hermano del presidente). Luego de una masiva marcha por las calles de San Fernando, la asamblea de los ferroviarios de Victoria votó una movilización a Retiro, con abandono de tareas, para extender la lucha. Inmediatamente, la Directiva de la UF comenzó su tarea dilatoria, para no implementar ningún plan en concreto contra el desmantelamiento. Aprovechando el quietismo burocrático, Ferrocarriles Argentinos intentó retirar los coches del Taller de Victoria, lo que fue impedido por los compañeros del Taller, a los que se sumaron fraternales y señaleros. Por su parte, EMEPA, la empresa privada beneficiarla del vaciamiento, también pasó al ataque, ofreciendo empleo al personal especializado del Taller de Victoria, con sueldos muy superiores a los del ferrocarril. El camino abierto con la movilización de Victoria debe continuar y extenderse. Hasta ahora en Victoria, a la patronal se le hace difícil retirar los coches del taller, por el alto grado de organización y movilización. El punto débil del movimiento es el depósito de José León Suárez, donde está la mayor parte del parque rodante y la organización sindical es más débil. Es fundamental para el éxito del movimiento contra el vaciamiento, la organización de las dos secciones amenazadas, Victoria y San Martín-Mitre, y unificar la movilización a Retiro de los Depósitos y Talleres de Victoria con el Depósito de José León Suárez. Se está jugando la primera batalla seria contra la privatización y los despidos en masa.

La empresa OTTI (contratista de SOMISA) despidió a la totalidad de su personal (90 trabajadores). La empresa se declaró en quiebra y no pagó las indemnizaciones. La dirección de la UOM se limitó a reclamar las indemnizaciones, para lo cual gestionó que SOMISA retuviera los cheques que, por los trabajos realizados, tenía para OTTI. Sin embargo, el monto total de los documentos ni por asomo alcanza para las indemnizaciones. Conclusión: los trabajadores de OTTI perdieron la fuente de trabajo y no cobraron la indemnización. La dirección de la UOM ignoró la reivindicación principal de la lucha de OTTI: la defensa de la fuente de trabajo. Las tareas que realizaba OTTI (mantenimiento de equipos de industria pesada) se deben seguir haciendo en SOMISA. Los obreros de OTTI no deben pagar los platos rotos de la quiebra patronal que SOMISA se haga cargo del personal de OTTI. Que ni uno solo de los compañeros quede en la calle. Pero esta lucha no es sólo de OTTI. Es también la lucha de más de 2.500 metalúrgicos y obreros de la construcción que trabajan en SOMISA por cuenta de las contratistas privadas. El incremento de los trabajadores empleados por contratistas, va acompañado del congelamiento de las va-cantes de la empresa estatal y es un factor de superexplotación (bajos salarios, despidos permanentes y pérdida de la antigüedad). ¡Es mentira que la privatización de SOMISA "está parada"! La empresa está en su máximo ritmo de producción. Pero todas las tareas adicionales que derivan de esta mayor actividad son cubiertas por empresas privadas. La proliferación de contratistas es también un factor de “parcelamiento de SOMISA", que podrá servir, mañana, a la privatización de las líneas más rentables. Contra esta política, hay que levantar el reclamo de la efectivización (como obreros de SOMISA) de todos los contratados, consigna que ha abandonado la burocracia sindical de Brunelli. Es urgente la convocatoria a un congreso de delegados para considerar el conflicto de OTTI.

La burocracia de la Asociación Bancaria ha convocado a las elecciones de Seccional con el estatuto más proscriptivo del sindicalismo argentino: el 99% de los trabajadores bancarios están impedidos de presentarse como candidatos. Sin embargo, en Bahía Blanca se ha formado una lista independiente y antiburocrática, la Marrón (conformada por compañeros del PO, PC, disidentes del PI y peronistas independientes) para darle la batalla al zanolismo. Dos listas, dos caminos. La lista zanolista es la lista de la proscripción, de los estatutos fraudulentos, de la liquidación del convenio único, de la entrega del convenio 18/75 y la ley de estabilidad. La lista zanolista es la lista del hundimiento de los trabajadores bancarios. Frente a esta podredumbre, la Marrón; independiente y antiburocrática, abre un canal concreto y positivo de lucha contra la proscripción y el fraude en marcha y por las reivindicaciones postergadas. La Marrón bahiense será un importante factor de reagrupamiento y organización del activismo bancario y puede abrir un canal masivo contra la burocracia y sus estatutos. El camino abierto en Bahía Blanca y en La Plata con la presentación de listas independientes y antiburocráticas es el camino que en la Seccional Buenos Aires la Lista 3 Verde (Mas) y la dirección de Sumando (PC) se negaron a seguir, abandonando a los bancarios de Capital y Gran Buenos Aires a la inacción y la impotencia. La oficialización de la Marrón, al igual que la de la Celeste-Roja y Azul de La Plata, será una dura lucha contra la burocracia, que por todos los medios buscará impugnarlas. Por eso la lucha contra la impugnación debe ser una lucha de masas contra los estatutos y la burocracia. La Marrón bahiense es un ariete contra la burocracia, detrás de ese ariete debe empujar todo el gremio.

Después de más de 30 días de ausencia, La Razón ha vuelto a aparecer con sus tres ediciones y con los 350 despedidos adentro. A ningún compañero gráfico q de prensa se le escapa, sin embargo, la precariedad de la situación. La llegada del Interventor judicial no ha significado que el Estado se ha hecho cargo del diario. Muy por el contrario, el Estado no pone un peso, por lo que se desconoce cuándo se cobrarán los sueldos, ni con qué. A causa de esta situación, tampoco hay contrato con Papel Prensa (uno de cuyos dueños es Pirillo), lo cual cuestiona la continuidad de las tres ediciones. Otro elemento de la situación es que elementos patronales, con el concurso del juez, se han largado a vaciar el diario. No hay publicidad, se retrasa la salida del diario por la falta de jefes, con la consiguiente pérdida de “recorridos” y de quebranto comercial. Todos estos elementos ponen de manifiesto que la intervención judicial es una maniobra política patronal contra la movilización de los trabajadores. Sobrevino luego de fracasados todos los intentos de desalojar la planta y. su objetivo es desmovilizar y desmoralizar a los compañeros. Reconvocar los plenarios gráficos y de prensa Ante la precariedad de la situación, la primera conclusión es que la lucha no ha terminado. De allí la necesidad de convocar urgentemente los plenarios de delegados de gráficos y prensa para que voten un plan de lucha. Por la expropiación del diario y la puesta en marcha bajo control de los trabajadores y la apertura de los libros para que salgan a la luz los negociados de los accionistas con los acreedores y con el propio Estado. La lucha no ha terminado, la patronal y el gobierno esperan la desmovilización para asestar el golpe definitivo. Es necesario tensar ya a los dos gremios y convocar a sus plenarios de delegados, “para que no se pierda La Razón”.

En el día de hoy, lunes 8, y sin que se consultara a la asamblea general, la dirección de la UOCRA Neuquén, encabezada por Evaristo Selesky, ha firmado un acuerdo con la Cámara de la Construcción, por el cual se levanta definitivamente el plan de. lucha del gremio. No hay aumento salarial ni pago de los días caídos; solo un préstamo de 80 a 100 australes a devolver en 5 cuotas. La UOCRA se compromete a “colaborar con las empresas y a no adoptar medidas de fuerza”. Por este acuerdo (¡y como castigo!) se deja afuera de los “beneficios” del préstamo a los trabajadores de aquellas obras que continuaron parando luego del levantamiento del martes 3. Así concluyó la tercera gran lucha dé los trabajadores de Neuquén en estos últimos 3 años. El levantamiento se produjo cuando el paro aún se mantenía firme y con la perspectiva de empalmar con Piedra del Águila. Es que finalizaba la conciliación en esta obra y la patronal de UCASA mantenía su postura intransigente de no dar ningún aumento ni y reincorporar a los despedidos. La dirección del conflicto (Comisión Directiva y Comité de Lucha) concluyó cediendo a las amenazas del Ministerio de Trabajo con un levantamiento en frío que se transformó en derrota en toda la línea. Una dirección vacilante reducida a la impotencia Se hace indispensable un balance de lo ocurrido con la dirección de la UOCRA Neuquén. Este plan de lucha fue largamente anunciado, aunque nunca se tomaron medidas concretas para prepararlo. Sólo cuando estalló el conflicto de Piedra y después de varios días de dilaciones, el Plenario de Delegados, empujado por el activismo, logró definir fechas ciertas para las medidas de lucha. A esta-atura, los huelguistas de Piedra ya llevaban 2 semanas de lucha y los trabajadores de Agua Pesada tomaban medidas de fuerza (paró y corte de ruta) contra los despidos en Sideco Americana. Durante los veintitantos días que duró la huelga de Piedra se procuró mantener separados a los obreros, como si se tratara de diferentes gremios o su lucha fuese por motivaciones diferentes a las de toda la UOCRA. Se llegó al extremo de colocar la olla en Cipolletti, Río Negro, en nombre de que allí estaba la sede de Hidronor. La realidad es que Sapag ya había presionado para evitar que fuese instalada en el centro de Neuquén. Así se sometió al aislamiento a la olla. Se volvió a resucitar la “multi” mediadora que sólo se dedicó a bombear la olla y concluyó pidiendo su desalojo al juez. Sin embargo, a pesar de todos los bloqueos el movimiento logró abrirse camino. El martes 12 una impresionante movilización reunió a los trabajadores de la UOCRA capital, con los de Piedra en el puente que une las provincias. Se formaron los piquetes y se preparó la huelga indefinida para el 18. En estas condiciones, el levantamiento de la huelga en Piedra, acatando la conciliación, fue un duro golpe a las perspectivas de esta lucha. Las patronales obtenían un objetivo decisivo: impedir la unificación definitiva de todo el gremio. En la asamblea de Piedra los miembros de la CD y toda la “izquierda" instaron a levantar, mientras la interna descargaba sus ataques al P.O. por oponerse a la conciliación. Lanzada la huelga indefinida, se dilató una semana en poner la olla. Cuando ya era un reclamo generalizado, se accedió a ponerla, pero no en el lugar “histórico" de la huelga del ’84, sino en la Catedral. Vacilaciones en formar los piquetes, vacilaciones en organizar la solidaridad de la población, siempre a la espera de alguna solución "de arriba" que no obligara a la profundización del movimiento. Cuando el Cuerpo de Delegados eligió un Comité de Lucha integrado por los mejores activistas, la CD “abrió” sus filas a quienes quisieran ingresar, dándole lugar a cuadros de las distintas corrientes sin representatividad alguna, quebrando su funcionamiento interno y anulándolo como instrumento eficaz de organización. La preocupación por “no irritar a la opinión pública” burguesa, por aparecer como una dirección sindical “civilizada” en comparación a los huelguistas del ’84 condenó a la C. Directiva a la impotencia. Bien que es cierto que en la Directiva hay elementos notoriamente patronales, vinculados ayer al radicalismo y hoy en el Movimiento Popular Neuquino, no fueron éstos los que pesaron en el desarrollo y desenlace de esta lucha. El sector mayoritario, encabezado por Selesky, tenía la oportunidad de una lucha victoriosa y la desaprovechó. Por primera vez Piedra y el resto del gremio podían salir juntos, con un gremio liberado de la burocracia y en un momento de crisis política en las filas de los explotadores. En cambio, esta derrota en frío, abre la posibilidad de un contraataque patronal y burocrático. Hay rumores de intervención a la seccional y de renuncias. Es probable que ante esta situación las corrientes oportunistas quieran sacar leña del árbol caído y hasta procuren beneficiarse de una eventual intervención. Desde ya denunciamos al Mas, quien se opuso a la huelga indefinida, llamó a levantar en Piedra "porque se había ganado un round” y boicoteó los piquetes en nombre de que no era democrático presionar a los cameros. El P.O., que mantuvo un contacto permanente con los huelguistas y fijó su posición a cada paso de esta huelga llamó también a repudiar cualquier intento intervencionista de la burocracia de Farias con el paro y movilización inmediatos. La conducta de los dirigentes del gremio sólo puede ser juzgada por los trabajadores. El fracaso de esta dirección y el que no haya podido ser superada durante este movimiento revela el retraso en estructurar un poderoso agrupamiento clasista, tarea fundamental del activismo de esta huelga.

La burocracia de Farías ha resuelto un plan de lucha (paros parciales) que debe culminar en un paro activo el 24 de junio. Ni una sola asamblea seccional fue convocada para discutir sus términos. La resolución fue tomada en un plenario de secretarios generales en el que los sitiales de Santa Cruz, Lomas de Zamora, y otras seccionales, ganadas en su momento por la oposición antiburocrática, estaban ocupados por interventores impuestos por la camarilla dirigente. Farías “preparó” la movilización descabezando previamente todo tipo de oposición y dejando en el más crudo aislamiento a la huelga de Neuquén, segunda seccional de Importancia en el país. Conocedor de las tendencias explosivas que anidan en el gremio, ha tratado de crear el clima propio de un campo de concentración para que la movilización se encuadre en los “canales orgánicos”. El alcance del plan de lucha se mide en su reclamo: “que el ajuste por categorías se efectúe a partir del básico de 200 australes”. El salario mínimo oficial en vigencia supera las escalas más bajas de la UOCRA, ante lo cual el burócrata propone un miserable ajuste. Arranquemos asambleas por obra y seccionales para reclamar los 400 de básico, organizar comisiones internas, formar coordinadoras inter-obras y preparar una enérgica huelga general.

En los últimos tiempos, mientras ponía en manos de West Ocampo el reclamo salarial del gremio, la Directiva de ATSA Buenos Aires salió a atacar públicamente a la corriente clasista de Sanidad, ASIS (Agrupación Sindical Independiente de Sanidad). En una asamblea del Sanatorio Mitre, la secretaria de Organización de ATSA y notoria frepuista (¿o “fralista” ?, porque es obvio que en Sanidad aplícala táctica "humanista” de la “resistencia pasiva”), Amalia Dámelas, atacó a la delegada general del sanatorio, y miembro de ASIS, Tini Ferrada, por haber sostenido en los plenarios de delegados y en la Asamblea General del gremio, el reclamo de ₳ 100 de aumento Inmediato y un básico de ₳ 400. La desdichada Amalla dijo que la delegada general “sostenía una posición partidaria" (¡como si esto disminuyera la calidad de la posición, y no como si esto jerarquizara al Partido Obrero, y “olvidando” (¡oh!) que dicho reclamo fue aprobado por la asamblea general del Mitre y que por los ₳ 100 se estaba firmando masivamente un petitorio en el sanatorio). La misma Damelas, acompañada en esta oportunidad por el directivo Hugo Alaniz (del PC), también atacó a los compañeros del ASIS en un plenario de delegados del Español. En el hospital Español el cuerpo de delegados está formado, por dos bloques bien diferenciados: un grupo de delegados responde a West Ocampo, el otro está conformado por compañeros del ASIS. A los delegados de West Ocampo (algunos de los cuales, en el último conflicto del Español, negociaron con la patronal a espaldas de los trabajadores y violando resoluciones de la asamblea del Hospital) les dijo: “Quédense tranquilos, los mismos ataques que les hacen a Uds., se los hacen ata directiva de ATSA Será porque son lo mismo. Lo sustantivo es lo siguiente: existe una solidaridad política declarada y explícita entre la Directiva de ATSA, aún de sus sectores más izquierdistas, y West Ocampo contra el clasismo. De la mano de West Ocampo y contra el clasismo: este el verdadero rostro de los “combativos” de la Directiva de ATSA. En esto, en nada se diferencian de Guillán o Rodríguez.

El 12 de junio hay elecciones anticipadas en el Sindicato de la Publicidad. Son un producto de la crisis en que ha entrado la Comisión Directiva. Entre los dos sectores que hoy van enfrentados a las urnas, se Intercambian acusaciones de Inconsecuencia gremial y se disputan el control del aparato sin diferenciarse sustancialmente en las propuestas. La Verde-Marrón (Frenup) es un frente sin principios entre el PC y los colaboradores de la intervención militar (Aramayo, candidato a secretario de Interior, es el secretario general de Mar del Plata, la única filial no intervenida por el Proceso). La Verde, encabezada por el í actual Secretario General Cabrera, es un frente de peronistas renovadores, PI, etc., que al mejor estilo de la burocracia sindical y la dictadura realiza una campaña maccarthysta contra el "partidismo" y los comunistas. Ninguna de las dos listas denuncia a la burocracia sindical. No denuncian el pacto social de la CGT con las patronales y el gobierno. Ni plantean la necesidad de un plan de lucha por el salario, el cumplimiento del convenio, las paritarias, etc. Los trabajadores publicitarios no tienen en esta instancia electoral ninguna opción. La única perspectiva es avanzar en la constitución de un agrupamiento independiente de ambas listas, con un claro programa anti-patronal y antiburocrático que intervenga en los procesos de organización y lucha de las tres ramas.

El martes 2 de junio West Ocampo recibió, a su regreso de Jamaica, a la directiva de ATSA Buenos Aires. Así se puso en marcha la “instrumentación del plan de trabajo", concebida por ésta para “embretar” al jefe patotero, bien que en realidad era otra dilación más para evitar el lanzamiento de un plan de lucha. Frente a más de 120 delegados y a la propia burocracia, Darío Pereyra pidió que “West Ocampo convoque a las cámaras empresarias para reclamarle el 33% de aumento". Para no ser “irritativos” con el hombre de los 15, los "combativos” de ATSA no denunciaron el “pacto social” ni el adelanto del aguinaldo, ni el miserable 6%, todo esto pactado por la burocracia sindical a espaldas de los trabajadores. En ausencia de un gremio movilizado y de un plan de lucha en marcha, el reclamo de Darío Pereyra a West Ocampo se convirtió en mera súplica, certificando así la acabada incapacidad y el in- movilismo de los democratizantes de ATSA y su completa subordinación a la burocracia. El bien alimentado West Ocampo, tostado por los soles jamaiquinos, respondió de la manera previsible: agredió a la directiva de ATSA y a la izquierda (“degenerados, ladrones", y otras lindezas por el estilo). La actitud del hombre de los 15 puso de manifiesto la completa parálisis e incapacidad de la directiva, que demostró que detrás del pretendido “embrete” no tenía ninguna carta de lucha en las manos. West Ocampo hasta llegó a decirles lo obvio: “ATSA está en absoluta libertad para reunirse con las cámaras y tomar las medidas, de lucha que considere necesario". Timbero seguro, el burócrata se anima a desafiar a los democratizantes, con la seguridad de que retrocederán ante la bravuconada verbal. De la reunión con West Ocampo no salió nada excepto el bochorno de la directiva, el fortalecimiento de la burocracia, el bicicleteo del reclamo salarial y la desmoralización del activismo. Los “embretadores" quedaron "embretados”. Todo esto era absolutamente previsible, como lo denunció Prensa Obrera. La única voz clara fue la del ASIS. Frente a la patota de West Ocampo y los temblequees de la Directiva de ATSA, el compañero del ASIS fue al grano: “Aquí no hay nada que hacer. No teníamos esperanza en esta gestión, pero como algunos compañeros tenían ilusiones, los acompañamos. Nos vamos con las manos vacías, porque la miseria no tiene respuesta de los dirigentes sindicales. Es necesario un plan de lucha.” A la salida, la inmensa mayoría de los delegados presentes reflejaban una gran indignación: contra West Ocampo y contra la propia Directiva, que los había llevado por este camino de subordinación a la burocracia. La Directiva de ATSA, pese a la evidencia de la derrota, persiste en el mismo camino de desmovilizar al gremio: rechazaron la propuesta del ASIS de un inmediato plenario de delegados con los 120 compañeros allí presentes y sólo atinaron a convocar a una reunión de Directiva para 7 días después, que estudiaría la convocatoria a un nuevo plenario de delegados. Balance político El “plan de trabajo” de la Directiva ha fracasado, su estrategia de conciliación con la burocracia y la patronal la ha cubierto de vergüenza ante los ojos del gremio. La bancarrota política de esta dirección no tiene límites y amenaza con la propia liquidación de ATSA Buenos Aires (las delegaciones Sur y Norte han sido convertidas en sindicatos bajo el dominio de la burocracia, ante la completa pasividad de los “izquierdistas"). La izquierda democratizante y sus aliados "liberadores” han demostrado, a lo largo de tres años, su absoluto divorcio con las necesidades de los trabajadores y su subordinación a la burocracia y al Estado. Sanidad es la tumba de. los frepuistas y demás burócratas de izquierda en los sindicatos. La experiencia de Sanidad ha demostrado que no hay otra salida que la lucha consecuente contra el hundimiento salarial y de las condiciones de trabajo. Pero también puso de manifiesto que una lucha consecuente no puede ser llevada adelante por una dirección democratizante y opuesta al clasismo. La conclusión es clara para los delegados y activistas: poner manos a la obra en la construcción de una agrupación clasista y revolucionaria en el gremio de Sanidad, para terminar con el hundimiento del gremio, conducido por los sindicalistas de liberación y ex- frepuistas.

En un lapso extremadamente breve, se ha podido asistir a la completa desaparición del Frepu y a la súbita aparición de un frente que tiene por base la alianza con el partido humanista. Para completar el cuadro, el Mas se manifiesta empeñado en ingresar a este frente, sin importarle (como nunca le importó por otra parte) la cuestión de la firma del “acta democrática”. ¿Qué tiene de singular este frente, que ha provocado un cierto escozor entre algunos izquierdistas y un profundo malestar y crisis en los mejores militantes del PC? Después de todo, el flamante FRAL no se distingue sustancialmente de otras tentativas frentistas protagonizadas por el PC, ni su programa difiere mayormente de los 23 puntos del Frepu. La dirección del partido comunista presenta al FRAL más o menos como un cambio en la disposición de los muebles y hasta esgrime el (para ella) colosal justificativo de que necesitaba un partido con personería legal. Pero no hay nada que hacerle: el FRAL ha provocado una nueva instancia de crisis en el PC y el partido de la Liberación se retiró de la coalición. Es indudable que la dirección “renovadora” del PC no ha percibido que la alianza con el partido humanista le ha tirado la máscara revolucionaria que pretendió para sí con el XVI congreso y hasta con la formación del propio Frepu. En tanto la base militante del PC estaba a la expectativa de una “profundización” de las conclusiones del XVI° congreso, su rejuvenecida dirección se le despachó con un giro a la derecha. El 80 % de los militantes del PC no sabe lo que es el partido humanista, pero eso no le impide expresar su completa desconfianza al respecto. El FRAL no solo le ha sacado la máscara revolucionaria a la dirección del PC, peor aún dejó al desnudo la completa orfandad de su estrategia política. A la hora de formar un frente, el partido que enrostra el trotskismo un supuesto carácter sectario y una supuesta hostilidad a una política de alianzas, demostró que carece de otro aliado de entidad... que el partido humanista. El partido humanista es un partido declaradamente antirrevolucionario; bajo la tesis de la “no violencia” expresa su oposición a la acción directa de las masas, la cual naturalmente violenta el orden legal y estatal existente. Se declara a sí mismo como un partido de “izquierda no violento”, lo que significa que denuncia el resto de la izquierda de “violentista”, una acusación de cuño imperialista. El marxismo no es, obviamente, violentista, como que quiere abolir la explotación del hombre por el hombre, sino revolucionario, es decir que da una expresión consciente a la lucha de clases irreconciliable de la sociedad capitalista. El “no violentismo” no le ha impedido al PH “rechazar...el empleo ilegal y sistemático de la fuerza” (bases de acción política), lo cual significa que apoya el empleo “legal” y “oportuno” de la represión del Estado burgués. El rasgo principal de este partido es su falta de escrúpulos políticos; por ejemplo, se declara “cooperativista” por un lado y apoya la estatización de la banca por el otro. Durante la guerra de Malvinas se opuso a la “violencia” de ambos lados (¡lindo aliado de la liberación nacional!). El -cable periodístico nos informa que su equivalente chileno se ha inscripto en los registros electorales de Pinochet (Crónica. 8.6). Aunque se declara “no violento” defiende la existencia de las fuerzas armadas y hasta dice que los servicios de inteligencia de éstas deben continuar en el ámbito militar (“notas para una política humanista de defensa nacional”). En el plano internacional caracteriza a la URSS como un estado imperialista. En semana santa firmó el “acta democrática”. ¡Véase hasta qué extremos está dispuesta a llegar la dirección del PC para poner a toda costa en pie un frente democratizante y antirrevolucionario! ¿Esta política puede ser justificada, acaso, con el argumento de la necesidad de tener un aliado legal? Manifiestamente, no. No hay argumento legal para una alianza como ésta. El caso es, sin embargo, que no hay tampoco necesidad legal de tal aliado. El PC podría inscribirlos candidatos del frente en su lista y presentarlos en la campaña electoral como un real frente político. De modo que el FRAL es una gestación antirrevolucionaria que carece de toda justificación. La alianza política con el partido humanista, sin embargo, debe servir para hacer un análisis de la política del PC y de la naturaleza del FRAL, y no para cerrarlo. Como ocurriera con el Frepu, en 1985, el FRAL nació entre gallos y medianoche, sin que a los signatarios del acuerdo les importara un bledo clarificar sus posiciones ante los militantes, las bases y ¡os trabajadores. El Frepu pagó caro esta “astucia” frentista, desapareciendo también entre gallos y medianoche y sin ninguna clarificación que explique tan súbito deceso. El PC afirma que el FRAL se caracteriza por incorporar a sectores que rompen con el bipartidismo o con la UCR y el PJ. Cree que esto le da naturalmente un carácter progresivo al FRAL. Esto es falso por la sencilla evidencia de que los que han emigrado de los partidos tradicionales a la alianza con el PC lo hacen en función de proseguir su carrerismo político en el FRAL. ¿O es un secreto, acaso, que Néstor Vicente elige los partidos en función de la posibilidad de ocupar la primera candidatura por la capital? ¿O que lo mismo ocurre con el partido descamisado en relación a la provincia de Buenos Aires? No es lo mismo que un político de clase media emigre hacia la izquierda para luchar, a que lo haga para servirse de ésta para su carrera política. El ejemplo de José Villaflor no ha servido de nada. La impostura general que caracteriza a la política del PC “renovador” ha llegado al extremo de postular la "legalización” de los aliados por medio de una campaña de afiliaciones a cargo del propio PC. Se ha pretendido la creación de pequeños monstruos políticos, productos, no de la lucha, sino de una disposición burocrática. La fabricación artificial de organizaciones políticas tiene de por si un carácter contrarrevolucionario, por la simple razón de que coloca un obstáculo adicional a la evolución de las masas por disposición del propio partido que se reclama revolucionario. Los militantes del PC desoyeron este ukase dictatorial, pero este hecho debe servir para que se vea que el frente con el PH no tiene un carácter aislado, sino que ha servido a la finalidad de rescatar una política frentista sin sustento en la realidad. Ha vuelto a ocurrir lo que ya pasó con el Mas en 1985, oportunidad en que éste salvó las papas del PC cuyo frente con Simón Lázara había fracasado a raíz de que la justicia comprobó la falsedad del 99% de las fichas presentadas por éste. Ahora Lázara está con el gobierno y apoya la “obediencia debida”; como se ve, estos políticos tienen muchas maneras de proseguir sus carreras. Un auténtico demócrata que se pasa a la izquierda debe pedir un puesto de lucha, no una posición de privilegio para aumentar su curriculum de político profesional. La naturaleza carrerista de los miembros del FRAL (acentuado con la retirada del PL) explica que no quieran aparecer electoralmente en las listas del PC. Estos hombres que se pintan evolucionando hacia la izquierda, no quieren “quemarse” ante “su” opinión pública, ni ante sus opositores burgueses. Deben ser prenda de que el PC se mantiene “en el sistema”, y de ningún modo de que son arrastrados fuera de éste por aquel. ¿Se puede llamar a esto un paso progresivo? Ya tuvimos oportunidad de demostrar que la flamante IDEPO postula la integración de las organizaciones populares al Estado y de se opone a la acción revolucionaria (Para una crítica al programa del PI), de modo que nada lo diferencia del PH. El Frepu no cayó por divergencias políticas, ni mucho menos por el “acta democrática”, como lo prueba el hecho de que los 23 puntos de aquél se han transformado en 21 puntos similares del FRAL, y de que el Mas propone rehacer la alianza sin excluir al PH y sin un repudio a las “actas”. El Frepu cayó, sin la menor resistencia, por presiones políticas externas: la presión sobre el PC para que diera a su táctica frentista un carácter más “moderado” y el temor de la dirección del Mas a ser pulverizada por una crisis interna si seguía al PC en toda la línea. El Frepu desapareció del escenario político porque constituyó un notorio fracaso en ningún momento logró crear en torno suyo un movimiento de adhesiones. Ningún frente se torna masivo por el aporte que hacen sus componentes sino por el movimiento de masas que ayuda a potenciar. Es por esto que en una política “de masas” y en una política de alianzas, importa menos el conglomerado que la calidad de la estrategia política. A esta cuestión de la estrategia política, base de una acción cotidiana tenaz, el Frepu la relegó a un plano secundario, expresando abiertamente un programa democratizante en los marcos capitalistas. Si los sucesos de semana santa tuvieron importancia en el derrumbe del Frepu, esta consistió en que prematuramente lo obligó a mostrar que su programa es antirrevolucionario; ante la presión del Estado y de la opinión pública burguesas, la mayoría del FP firmó las “actas democráticas”. Pero semana santa significó mucho más, porque durante los acontecimientos el Frepu apareció “boyando” de un lado al otro, según las convocatorias o desconvocatorias de Alfonsín. Esto demuestra que los “izquierdistas” que quieren gambetear el problema de la estrategia política en nombre de la “unidad” y de los “problemas prácticos” terminan enredados entre sus propias piernas. El FRAL desnuda no solamente el carácter antirrevolucionario del frentismo de la izquierda democratizante, también le quita la prótesis “revolucionaria” que la dirección del PC se puso a si misma en el XVI congreso. El partido que se planteaba “el problema del poder’’ (sin planteárselo nunca en ningún lado) ha concluido un acuerdo con un grupo de partidos que se caracterizan por su total oposición a plantearse cualquier asunto de poder. La cuestión del poder es la cuestión de la destrucción del Estado burgués y de la dictadura del proletariado, planteos que el PC evita como la peste, no digamos entonces Idepo, Nueva República, Modepa, PH y tutti quanti. Se ha pinchado el globo; la ilusión del XVI congreso ha quedado agotada. No puede haber una alternativa frentista auténtica, revolucionaria, en Argentina, sin la destrucción política de este frentismo parasitario, esclavizado a la pequeña burguesía electora. Es por esto que el camino exclusivo que se plantea, es romper con este frentismo e ingresar al Partido Obrero. El Partido Obrero, plantea a todos los compañeros del PC y de la izquierda que rompan con el FRAL y que se unan al PO en la campaña electoral integrando sus listas, sus comités de agitación y sus filas.

Algunos diarios han hecho notar que la ley de obediencia debida ampliada significará el cierre de la causa por violación de derechos humanos que se tramitaba contra el jefe del ejército, General Caridi. Dado el papel protagónico de este hombre en la presión ejercida en la sesión para hacer aprobar la ley que incluye a los grados superiores de las tres armas, surge que Caridi ha dictado su propia amnistía. No conocemos, francamente, ningún otro caso en que el reo haya sustituido, como en este caso, al juez en el dictado de su propia sentencia. La sustitución de las instituciones constitucionales por las corporativas, y hasta de los principios del derecho por los fueros personales, es llevado aquí hasta su máxima consecuencia. El régimen democratizante resulta en su práctica un régimen estamentario y de casta. La demagogia democrática se niega cada vez que procura afirmarse en su contenido de clase patronal. En momentos en que los militares de la dictadura hablan tanto de su honor, ¿cómo no constatan que Caridi no ha pedido que se le releve de los beneficios de la ley, para mostrar que puede salir impune de un proceso judicial? ¿O es que se admite que las FFAA puedan ser comandadas por un reo que ha esquivado la sentencia judicial?

"El Poder Ejecutivo dispuso designar agregados laborales en aquellos destinos del exterior en que existan organismos internacionales especializados y organizaciones sindicales, regionales o nacionales. Podrán designarse como agregados laborales, a propuesta de la CGT, a dirigentes sindicales de reconocida trayectoria y condiciones relevantes" (Clarín, 5/6) Al "compañero ministro" le siguen ahora los "compañeros embajadores". Pero así como el primero encubre la política de la clase explotadora nativa, los segundos pasarán a defender esa misma política ante la clase obrera y las burguesías de otros países. Con estas "embajadas" la CGT no participa en los foros internacionales como una organización independiente del Estado sino como parte de la representación política del gobierno capitalista. Ni qué decir que estas agregadurías serán una nueva fuente de soborno de la burocracia sindical.

La llave maestra del proyecto de ley de paritarias es la llamada “emergencia económica”, pues faculta al gobierno a modificar o a anular por el tiempo que lo desee y como le plazca las cláusulas de los convenios. Sin embargo, esta “emergencia” parece limitada por la cláusula que señala que “durante su vigencia... el Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo mensual de los salarios, quedando autorizado para dictar las disposiciones pertinentes’’. Se podría decir, entonces, que esta disposición es mejor que los propios convenios, ya que garantiza mensualmente el poder adquisitivo de los salarios, cosa que no ocurre en la actualidad. Curiosamente, sin embargo, el proyecto es muy vago respecto al mecanismo de esa indexación. Es que el gobierno eliminó, por presión patronal, la disposición de la primera versión del proyecto que establecía el ajuste mensual por el índice de costo de vida. Esto nos está diciendo que el significado del “mantenimiento del poder adquisitivo” quedaría sujeto a la arbitrariedad del gobierno. Las tramoyas serán infinitas y nuestros funcionarios del Ministerio de Economía son especialistas en la materia. ¡Estas tramoyas quedarán establecidas en la reglamentación posterior de la ley por el Poder Ejecutivo! Por ejemplo, podrán considerar que las mayores horas trabajadas (horas extras) no alteraron el ingreso real de los trabajadores o bien medir la evolución de los salarios por encuestas armadas a gusto de las oficinas gubernamentales. Actualmente existe una encuesta oficial de salario industrial que arroja como promedio mensual un ingreso del trabajador superior a los 700 australes. Pero el ajuste mensual de los salarios no modifica en nada el deterioro ya sufrido por los salarios en los últimos años y aun en los últimos meses. El salario obrero se encuentra en uno de sus niveles más bajos, incluso respecto de la dictadura y en general situados por debajo de la mitad de la canasta familiar. La suspensión de las paritarias por medio de la “emergencia" impediría plantear la recuperación de los salarios. Aun así, las centrales empresarias han pegado el grito en el cielo. ¿Por qué razón? Porque la burguesía está preparando un “rodrigazo” en regla (devaluación, tarifazos y aumentos de precios) y no quiere ninguna disposición que, por más limitada y tramposa que sea, bloquee este proceso de carestía. Lo que la clase empresaria quiere es desvalorizar los salarios, bajarlos aún más, eliminar toda traba legal y, sobre todo de organización obrera, que le impide lanzar un ataque en regla.

El planteo de sustituir las leyes sindicales de la dictadura (¡después de cuatro años!) dio lugar al envío de proyectos de leyes completamente antiobreras y reaccionarias, que responden a las exigencias de los patrones, pero encima de esto, al entrar al Congreso, se plantean modificaciones más reaccionarias aún. El proceso de la sanción de las llamadas “leyes laborales” está siguiendo, como corresponde a este régimen patronal, el camino recorrido por la ley de obediencia debida. Alfonsín acaba de prometerle a la UIA “que los diputados radicales apelarán a su mayoría en la Cámara para introducir una serie de reformas al proyecto de ley sindical" (La Nación, 6-6-87). La central patronal sigue así el rumbo victorioso trazado por Rico y por Caridi, quienes lograron que la impunidad judicial y el “punto final” dieran paso a la amnistía por “obediencia debida". Liquidan paritarias y comisiones internas Los burócratas sindicales protagonizaron un espectacular show para apurar al gobierno (se bajaron del avión que debía conducirlos a Ginebra, para tomarlo al día siguiente); “la democracia debe implantarse en el movimiento sindical", declaró Ubaldini. Pero los proyectos de leyes que han salido de la usina radical-sindical son peores aún que las leyes de la dictadura. El proyecto de paritarias establece la emergencia económica en forma permanente, o sea, que es peor que el que propuso el dúo Barrionuevo-Caro Figueroa, que contemplaba la "emergencia” por un período determinado. La “emergencia” quiere decir que “el Poder Ejecutivo por motivos económicos podrá limitar transitoriamente (¡pero cuantas veces quiera!) la potestad de negociación colectiva”. Podrá, entonces, “fijar pautas indicativas para la negociación, regular el crecimiento de los salarios y los costos laborales, fijar topes máximos y límites mínimos para la negociación, fijar criterios para determinar la base de los incrementos salariales, suspender las cláusulas de ajuste automático de salarios...” Esto convierte a las paritarias en nada, las convierte en una oficina de registro de las decisiones de los ministros de Economía de turno. La burocracia sindical aceptó la “emergencia" de muy buena gana y quizás hasta con alegría. Desde hace 25 años solo una o dos veces hubieron paritarias, y en ellas los trabajadores desbordaron con su movilización el entreguismo de los dirigentes. ¡Se explica que procuren el sistema de arbitraje estatal! La Nación informa (6-6- 87) que “el equipo de Alderete efectuó todas las concesiones necesarias en los proyectos de negociaciones colectivas y modificatorio de la ley 14250 (de paritarias) ...”, "... los funcionarios del Palacio de Hacienda -prosigue La Nación- aprovecharon la ocasión para introducir modificaciones en aquellos proyectos, donde no encontraron resistencia gremial...”. Ubaldini-Alderete dicen que entregaron las paritarias a cambio de la ley sindical. ¿Pero qué conquista representa esta ley? La ley sindical consagra la posibilidad de la reelección indefinida de la burocracia sindical y permite que los estatutos sindicales sean modificados de modo que la burocracia pueda manejar los sindicatos con total discrecionalidad. “Los estatutos —dice el proyecto— determinarán las autoridades y especificaciones de sus funciones, duración de los mandatos, recaudos para su revocación y procedimientos para la designación y reemplazo de los directivos e integrantes de los congresos”. Hay una cláusula que establece la representación de las minorías, pero no se especifica qué porcentaje de votación se requiere para ello, lo que queda al arbitrio de la burocracia, ni tampoco se da a la minoría una garantía que evite que el aparato burocrático la excluya en los hechos. Generosa con la cúpula burocrática integrada al Estado, esta ley es liquidadora con respecto a las comisiones internas y cuerpos de delegados. “En el artículo 45 se bajó el número de delegados atendiendo a uno de los reclamos empresarios. En el nuevo proyecto son 2 delegados entre 16 y 50 trabajadores, 3 de 51 a 1OO y un delegado cada 100 operarios "(Clarín, 5-6). Así, una empresa de 1000 trabajadores, que debería contar con una treintena de delegados (1 cada 30), pasará a tener entre 12 y 13 delegados, menos de la mitad. Esto es un calco de la ley de la dictadura -22105- que establecía, precisamente, 1 delegado cada 100 trabajadores. La UIA quiere más La burocracia sindical dice que las “críticas” de la UIA a estas leyes es una prueba de las bondades de ellas para el movimiento obrero. ¡Pero la UIA no denuncia las leyes laborales! Sólo ataca la parte de la ley sindical que tiene que ver con algunas atribuciones que los proyectos no han terminado de quitarles a las comisiones Internas y cuerpos de delegados. Bien por la emergencia económica —dice la UIA—, bien por los topes, bien por la reelección indefinida de los burócratas, bien por la reducción del número de delegados —dicen los patrones—. Pero la UIA quiere ir más a fondo: quiere que la ley declare taxativamente la ilegalidad del trabajo a reglamento y de los paros dentro de los lugares de trabajo, que se aumenten los requisitos para ser candidato a los cargos directivos de los sindicatos (art. 18) y que se permita el despido de los candidatos a delegados, antes o después de la elección, y también de los delegados ya electos, eliminando incluso toda instancia judicial. La burocracia, que ya había accedido a eliminar el reclamo de “información empresaria a las comisiones internas" (que en su momento presentó como el de un control obrero sobre las empresas, cuando en realidad no pasaba de un recurso para obligar a los patrones a practicar el coimeo en mayor escala en relación a los burócratas), se apresta ahora a capitular a todas estas nuevas exigencias del gran capital. Eso ocurrirá por la vía parlamentaria. Fuera Alderete del Ministerio de Trabajo Desde la incorporación de Alderete al Ministerio de Trabajo, el gobierno ha ido imponiendo sus objetivos reaccionarios. Alderete prometió que se recuperaría el desfasaje salarial del primer trimestre, pero esto no ocurrió. Dijo que los 30 australes para junio se incorporarían al básico y hasta firmó su reglamentación, pero la reglamentación fue derogada y los ₳ 30 no se suman al básico. Alderete dijo que el salario se indexaría por el costo de vida, pero esto fue eliminado del proyecto de paritarias. Los burócratas dijeron que aceptarían la “emergencia económica" solo hasta fin de año; ahora es "permanente”. Queda claro que la integración de la burocracia al Estado tiene por función convertir a los sindicatos en un apéndice del Estado y acelerar su corrupción política y económica. A esta finalidad sirven las nuevas leyes, que significan sin embargo una virtual destrucción de los sindicatos. A cambio de esto los burócratas podrán manejar (bajo supervisión estatal) los fondos de las Obras Sociales por 2.000 millones de dólares. El Partido Obrero llama a los delegados, comisiones internas y trabajadores a defender las organizaciones de fábricas y las paritarias de este ataque conjunto de las patronales y la burocracia. Fuera la burocracia sindical. Independencia de los sindicatos del Estado por medio de una dirección sindical revolucionaria.

Las “leyes laborales” que fueron enviadas al congreso significan un intento de destrucción de las paritarias y de las comisiones internas. En el marco de estas leyes el movimiento obrero no tiene ninguna posibilidad de acción en defensa de sus condiciones de existencia y hasta queda abolida la vida gremial. La patronal democratizante ha convertido en norma legal el sistema antiobrero de la dictadura. Luego de once años de proscripción “de facto” del movimiento sindical, pasaremos a la proscripción “de jure”, es decir, a una proscripción conforme al estado de derecho. Todavía hay charlatanes, sin embargo, que se niegan a ver en las fórmulas abstractas de este estado de derecho el ejercicio de una implacable dictadura de clase de la burguesía. Pero las similitudes con la dictadura videliana no terminan aquí, pues al igual que lo que ocurriera bajo el “proceso” la burocracia sindical “tolera” la completa privación de derechos de la clase obrera a cambio de una participación suya en el festín. Antes fueron las “comisiones asesoras”, ahora las comisiones directivas. La burocracia sindical es hija de un largo proceso de integración de los sindicatos al Estado. La monstruosidad que significan estas leyes no ha puesto, sin embargo, al movimiento obrero en las calles para combatirlas. Una razón fundamental de ellos es la traidora política de la burocracia. Pero la otra razón tienes que ver con las modalidades con las que el movimiento obrero entiende librar esta lucha. Esas modalidades surgen de una práctica de muchos años de enfrentamiento a la proscripción: desconocer a través de las acciones reivindicativas las disposiciones que impiden la lucha y la organización del movimiento sindical. Ni las paritarias digitadas ni los estados de emergencia le quitarán al movimiento obrero su planteo de lucha para hacer frente a la ofensiva; capitalista. De la misma manera no se tolerarán los despidos de delegados ni las intervenciones burocráticas a las comisiones internas. Las “leyes laborales” dejan planteada la incompatibilidad entre el proletariado y la burguesía, que el régimen democratizante ha postulado en vano superar o compatibilizar. Bajo un cuadro jurídico y legal que debiera serles comunes, la clase obrera y la burguesía chocan irreductiblemente apelando a sus propios métodos de clase: la acción directa por parte de los trabajadores, el despotismo político y el terrorismo de clase por parte de la patronal. Cada paso del régimen democratizante desgarra su velo engañoso; con las “‘leyes laborales” se pone al movimiento obrero fuera de la ley. El Partido Obrero denuncia el carácter reaccionario de estas leyes y llama a combatirlas. El Partido Obrero denuncia la política antisindical de la burocracia, quien las ha pactado con el gobierno. El Partido Obrero llama a imponer las paritarias de hecho, como corresponde en un auténtico estado de derecho, exigiendo la convocatoria de asambleas generales para discutir y aprobar los pliegos de reclamos. El Partido Obrero reclama la ruptura de los sindicatos con el gobierno y las patronales y la inmediata puesta en marcha de un plan de lucha por el salario y la jubilación mínima y móviles de ₳ 700.