Prensa Obrera N° 184

El Partido Obrero está discutiendo colectivamente su táctica electoral para el próximo 6 de setiembre. Este debate será objeto de una resolución política a adoptarse en una Conferencia Nacional con delegados electos. Pero toda la vanguardia tiene el derecho, y en nuestra opinión el deber, de intervenir en esta deliberación política. La construcción del partido obrero en Argentina ha pasado a ser la cuestión clave de toda la situación política. El nacionalismo y democratismo burgueses tradicionales han agotado su capacidad de atar a los trabajadores al capitalismo mediante una política de concesiones. La crisis los priva de toda autonomía de acción y por eso pasan a ser cada vez más títeres del gran capital. Toda la política del régimen actual adopta un carácter irreal. El agrupamiento político autónomo de la clase obrera es la única salida. Llamamos a todos los compañeros a participar de la Conferencia Nacional del PO, para eso ofrecemos los principales conceptos del documento que el Comité Nacional ha puesto a la discusión. Crisis política “La característica principal de la situación nacional es la magnitud de la crisis política del régimen democratizante. La crisis militar ha producido una fractura en el aparato del Estado, que el gobierno y los partidos patronales no han podido cerrar a pesar de todos los compromisos que procuraron con el alzamiento militar. Pero, de otro lado, la consecuencia de la línea capituladora seguida por el régimen democratizante durante la crisis, lo ha debilitado extraordinariamente; ha puesto de relieve que carece de poder político a pesar del apoyo del imperialismo, de la burguesía, de la pequeña burguesía, y de la burocracia sindical. Esta crisis ha pulverizado la capacidad de arbitraje del gobierno y ha tendido a dislocar su base de apoyo. La pretensión de convertir a las elecciones de setiembre en plebiscitaria (mayoría absoluta), esto a partir del acuerdo con el clero y el departamento de Estado que se materializó con el Ingreso de los 15 al gobierno, ha sido quebrada. La maniobra plebiscitaria sólo podría ser resucitada por un agravamiento excepcional de la crisis política, que fuera capaz de crear una polarización artificial. La crisis política ha puesto al desnudo que el régimen democratizante es un injerto dentro de un aparato estatal dominado por la burocracia civil y militar y por el clero. Pero también refleja el fracaso completo de la tentativa de iniciar un nuevo ciclo de desenvolvimiento económico: la refinanciación de la deuda, que es tan elogiada, ha chocado de inmediato, como lo denunciáramos en la prensa, con el alza de las tasas de interés y con la descomunal presión del imperialismo para que una parte de la deuda externa pueda apropiarse del ahorro nacional o del capital ya existente en el país (...) “La crisis política llevó a la superficie la contradicción entre el régimen político, completamente impotente, de un lado, y la acentuación de la lucha de ciases y la radicalización de las masas, del otro. Se agudizan los rasgos ficticios y parasitarios de la política burguesa oficial (...) “Todo el desarrollo de la crisis política puso de manifiesto que el imperialismo y la burguesía no tienen otro marco político que el régimen actual, al cual apoyan y cuya evolución procuran condicionar. Ninguna fracción militar fue capaz, durante la crisis, de plantear una alternativa política diferente. La crisis política ha acentuado la división y 'a confusión dentro de las fuerzas armadas, apenas disimulada por el reclamo común de una obediencia debida vertical y horizontal. No está planteado el “golpe de Estado”, sino la “anarquía”, lo repiten hasta el cansancio los políticos burgueses. Por eso la etapa posterior a la sanción de la obediencia debida será una agudización de la crisis militar. Nuestro partido necesitará caracterizar de aquí en más a las fracciones militares, para darle un carácter más concreto a la agitación y a la intervención organizada. En la campaña electoral tendremos que polemizar políticamente con estas fracciones y poner al desnudo sus compromisos de clase, sus límites y sus contradicciones, tal como lo hicimos con el régimen democratizante, porque con ello evitaremos emblocarnos en el "frente civil" de la burguesía y ello nos permitirá luchar por nuestra influencia en las fuerzas armadas (...) “La gran cuestión de esta campaña electoral es verificar, mediante una agitación intensa y una ligazón organizativa profunda con la vanguardia obrera, en qué medida todo el giro político que se ha puesto en marcha en la situación objetiva se traduce ya en el campo subjetivo, pero no está en duda que ha comenzado a traducirse. La debacle del régimen democratizante se produce en medio de un as-cen-so de luchas sociales y democráticas (Campo de Mayo, Ingeniero Budge, Crónica y Clarín ante la solicitada Videla, Astilleros, ola de huelgas en el interior); esta contradicción debemos explotarla mediante la agitación política. Lo que debemos verificar es cómo se relacionaran entre si este ascenso y la desilusión política creciente en el régimen democratizante, es decir si ésta engendrará una apatía que limitará el ascenso, o si éste nos permitirá convertir a las desilusiones democráticas en conciencia revolucionaria. Persistencia de la fractura justicialista “El cafierismo no ha logrado capitalizar nada de esta crisis del gobierno por el contrario ha sido arrastrado por la misma(...) No se han confirmado, entonces, las hipótesis de una reunificación del PJ en torno a Cafiero. La combinación de la división del PJ con el retroceso sufrido por el cafierismo como consecuencia de la crisis política, deberán ejercer una gran influencia en la posibilidad de un desplazamiento electoral de los trabajadores que han votado hasta ahora en el peronismo. Dirigir la campaña electoral sobre este sector es fundamental, lo que significa atacar resueltamente al PJ y al cafierismo, mostrar su carácter de clase y su común impotencia con el alfonsinismo; denunciarlo, incluso, por haber apañado la enorme capitulación de éste y corresponsabilizarlo por la crisis política. Agravamiento de la crisis económica y de la situación de las masas "El deterioro de la situación económica es implacable, así como el agravamiento de la situación social de las masas trabajadoras. “El Plan Austral está hecho bolsa. Cuando el gobierno afirma que ha logrado contener algún índice inflacionario, oculta que es al costo de un fabuloso endeudamiento interno y de las finanzas públicas (bonos, etc.). El gobierno anunció —y la prensa del régimen saludó— grandes logros con la refinanciación de la deuda externa. Solo el P.O. denunció que la tasa de interés flotante pactada con la banca imperialista iba a ser un factor de crisis (...) El "rodrigazo" está planteado con toda su fuerza, se especula en retrasarlo para después del 6 de septiembre, aunque todos los días siguen tos aumentos de precios y tarifas. “Si en esta situación de estrangulamiento introducimos el constante retroceso de salarios y jubilaciones, no podemos descontar el estallido de grandes luchas sindicales antes de setiembre. Desde ya que la agitación salarial y las jubilaciones deberán ocupar un lugar central en la campaña electoral, convirtiéndola en tribuna de esas posibles luchas (...) La crisis del frentismo democratizante “El hundimiento del Frepu, es el hundimiento de la tentativa de formar un Frente democratizante de la izquierda. Tal como lo pronosticamos, a la crisis del PI le ha surgido la ruptura del Frepu. La pequeñoburguesía democratizante es arrastrada también por la crisis del régimen democratizante (...) "El PC persiste en su frentismo nacionalista y democratizante. Ahora, de una manera vergonzosa, se ha rodeado de una serie de satélites y del partido “naranja” de Silo. Esto va a profundizar la crisis entre los cuadros activistas del PC. (...) El Mas, por su parte, tampoco ha superado el frentismo pequeñoburgués electoralista. Después de toda la cháchara sobre que “no firmaron” y la "traición” del PG vuelve a insistir en reclamar un Frente Electoral con el PC y el Frente Va en los términos políticos que lo llevaron al derrumbe (...) Desilusión política “Los acontecimientos de Semana Santa aceleraron una tendencia ya preexistente: la de la pérdida de ilusiones políticas del conjunto de las clase sociales (desde la burguesía hasta el proletariado) en el gobierno y el régimen constitucional. Esta crisis del régimen combinada con las movilizaciones populares de Semana Santa ha generado por un parte una gran politización de las masas, y al mismo tiempo una desorientación en los Partidos patronales. Estos no han iniciado aún la campaña electoral, están paralizados. (...) El aspecto más importante de la presente campaña electoral es la desorientación de los partidos patronales. La explotación cabal de esta desorientación política de la burguesía y del afán de ver claro que hay en la vanguardia de la clase obrera, mediante consignas políticas adecuadas, deberá ser el arte de nuestra campaña electoral. "La burguesía, y más aún el imperialismo, defienden el mantenimiento de este régimen político, y maniobran para que está evolucione en el sentido de sus intereses. (...) La crisis política ha planteado un tema que era prematuro hasta ahora —la sucesión de Alfonsín; y a partir de esto se plantea la recomposición de fuerzas en el UCR y en el PJ— abriendo un periodo de mayores divisiones. "¿La crisis política afectará necesariamente los resultados electorales? "Esto depende no ya solamente de cómo se traduzca esta crisis en la evolución de la conciencia política de las clases, sino también del ritmo de esa evolución. El asunto es cómo abordamos nuestro trabajo, porque en definitiva nos es indiferente la fecha electoral como plazo de una determinada evolución política. (...) "La izquierda democratizante ha perdido el slogan de la “unidad de izquierda", y esto no tiene para ellos reemplazo. Si el Frepu no tuvo impacto en la vanguardia de la clase obrera, y menos en las masas, el Fadel lleva el doble estigma de expresar el fracaso de la ilusión unitaria y de ser stalinista. El Mas por ahora no tiene consignas, y sería un desastre aquella de que “venga con los que no firmamos el Acta”. Es necesario que ataquemos a la izquierda resueltamente en la campaña, denunciando todas sus capitulaciones y volcando en su contra los argumentos que dio en 1985; no son la unidad sino la división; no son la alternativa sino, agencia del régimen; no son un frente sino creación artificial del stalinismo; el Mas no puso en pie un frente revolucionario o de lucha sino entreguista, etc. (...) "Una etapa de desilusiones democratizantes tiene sus peligros, así como los tenía el período de ilusiones. Tenemos que comprender cuáles son sus aspectos negativos y positivos. Los negativos son la apatía y la despolitización, incluso la atomización, que se puede combinar con acciones prematuras y desesperadas. Mas precisamente: el fracaso de estas acciones podría abrir un periodo de apatía. El lado progresivo es la predisposición a una evolución revolucionaria, aunque en una primera fase sea a nivel molecular. La tendencia democratizante es hoy más nociva que nunca. (...) Ganar la vanguardia para el P.O. “El problema fundamental repetimos, es cómo está siendo asimilada esta experiencia política y en que línea se desenvuelve la desilusión democratizante. Nosotros debemos agudizar a través de esta percepción de las masas respecto a la impotencia de este régimen y de su capitulación frente a los militares, al clero, al imperialismo, a la banca, a la reacción en general. (...) “El P.O. va a ir a la campaña electoral a atacar al régimen, al gobierno y a la oposición cafierista e “izquierdista". Nuestras consignas van a resumir estas ideas: ¡Fuera el régimen títere de los banqueros y los milicos! ¡Contra los partidos patronales y sus agentes! ¡Por la independencia política de la clase obrera! ¡Por la formación de un gran Partido Obrero! Por un gobierno obrero y de los trabajadores. Repudiar la deuda externa - Salario y jubilación mínimos de ₳ 700. Juicio y castigo a todos los culpables. Fuera el régimen amnistiador y sus partidos - Asamblea Constituyente. Esto va a ser acompañado por una plataforma de lucha que será aprobada próximamente en una Conferencia Nacional del PO. La consigna de Asamblea Constituyente ¿Qué rol le asignamos a esta consigna en el transcurso de la campaña electoral? (...) La crisis del régimen, que es una crisis social de clase, histórica, política, se presenta, sin embargo, como una violación de los reclamos democráticos y como una capitulación ante la camarilla militar del viejo régimen de la dictadura (...); el gobierno y los partidos democratizantes aparecen como los responsables de la descomposición política, que es apreciada por el conjunto de las masas en términos de inseguridad personal y política. Nuestra consigna en esta situación debe tener un carácter democrático y puede impulsar o combinarse ulteriormente con una movilización dirigida por la clase obrera bajo la forma de sus propios órganos políticos de masas (...) esta consigna juega un rol de gran denuncia política en la campaña electoral: “El gobierno capitula; paga la deuda externa, cede frente a los militares, hunde a los jubilados. Hay que destituir a todos los miembros del gobierno y el parlamento impotente y que el pueblo retome la soberanía a través de una Constituyente soberana irrestricta". Imponer al P.O. en el seno de la vanguardia obrera “Junto con el ataque político contra el régimen y los capitalistas tendremos que hacer una profunda y firme diferenciación del P.O. respecto de la izquierda. (...) Todo nuestro esfuerzo debe estar centrado en ganar a la vanguardia obrera sobre una base política principista para la campaña electoral y para las filas del P.O. Llamar a los militantes honestos del PC, PI, Mas y demás grupos democratizantes a romper y adherir a las candidaturas del P.O. Organizar ya la campaña electoral (...) Queremos constituir listas electorales militantes, que signifiquen realmente un avance en la conciencia del trabajador, una elevación del activista obrero a un plano político dirigente. “El proselitismo partidario, la constitución de círculos militantes y simpatizantes, la venta del periódico deben ser indicadores directos de este proceso y preocupación central del partido durante el transcurso de toda la campaña electoral. “La campaña electoral exige un Partido militante centralizado política y organizativamente”. La preparación de la Conferencia Nacional debe ser usada para proceder al balance de la actividad del Partido y de cada sector y, a partir de él, votar una reorganización y plan de trabajo. 30.5.87

La clase obrera de España no le da tregua al gobierno “socialista” de Felipe González. La semana pasada, miles de estibadores salieron a la calle en la ciudad de Cádiz enfrentándose con la policía; los mineros del carbón de la empresa Hunosa iniciaron un paro de 72 horas contra los planes del gobierno para despedir a 2.000 trabajadores; miles de metalúrgicos abandonaron las fábricas, en Reinosa, también contra los despidos. Prácticamente no ha habido rama industrial que no haya salido a la lucha en estos 5 meses de 1987. Miles de trabajadores vienen parando contra la política de bloqueo salarial y cesantías del gobierno “socialista”, cuya consecuencia se puede medir en la siguiente cifra: la tasa de desocupación alcanza al 21,5% de la población activa. Uno de cada 5 trabajadores está desocupado y ahora cientos de miles pasarían a engrosar de aquí en más el ejército de desocupados de siderurgia, astilleros navales, metalúrgicos. La UGT —la central oficialista- enfrentó abiertamente todo el proceso huelguístico, proclamando su solidaridad con el gobierno. “Hay que saber suspender una movilización a tiempo y abrir una negociación cuando las circunstancias son favorables”, ‘recomendó’ días pasados Carlos Romero, dirigente de la UGT, a los trabajadores, bien que la UGT no inició ninguna movilización y pretende “suspender” la que iniciaron otros. Lógicamente, en las recientes elecciones de fábrica, las listas de la UGT fueron barridas. Es por ello que Felipillo resolvió tomar el toro por las astas y lanzar directamente a la policía contra los trabajadores. La revancha de Reinosa La ciudad de Reinosa, en el país vasco, se ha convertido en el símbolo de toda España. La “reconversión industrial” (cesantías) la condena a desaparecer puesto que posee básicamente dos empresas, Forjas y Aceros y Cenemesa, y en ambas están proyectados despido en masa. El 12 de marzo los trabajadores ocuparon Forjas y Aceros y retuvieron en su interior al autor de la “reconversión” de Forjas, el “socialista" Enrique Antolín, de visita en el lugar. Cuando la guardia civil intentó desalojar a los trabajadores, toda la población salió a la calle, rodeó a la guardia civil y la obligó a rendirse. Las armas fueron arrojadas al río por los trabajadores. La voz de orden de los explotadores se hizo oír de inmediato: hay que darle una “lección” a Reinosa. El 16 de abril la guardia civil irrumpió y apaleó a toda la ciudad: bares, confiterías, negocios, boutiques quedaron destrozados. El saldo: 1 obrero asesinado y 200 heridos. “Hay que tener en cuenta que la guardia civil fue objeto durante semanas de una verdadera estrategia de tensión”, sostuvo el delegado “socialista" responsable del orden público en la región. La UGT y la no menos traidora Comisiones Obreras, otra central sindical, dirigida por el PC. no tardaron en aparecer. La primera decretó un paro de 1 minuto; Comisiones Obreras de 5 minutos. En un Congreso de Comisiones Obreras realizado en los días previos, la dirección del PC se opuso a centralizar todas las luchas en un plan de lucha de alcance nacional y ni la “revancha” de Felipil lo y de la guardia civil alteró esta posición. Nueva oleada de huelgas Después de la represión contra Reinosa, las huelgas obreras han recrudecido y con ellas también el enfrentamiento con la policía. En forma creciente, Felipillo está enviando la policía y la guardia civil contra el movimiento obrero. Toda esta situación ha abierto una crisis en el régimen “socialista”. El ministro de Economía, Carlos Solchaga, clave en la política de bloqueo de los salarios y de los despidos, acaba de declarar su disposición a renunciar “si mi presencia obstruye el progreso de las conversaciones” (entre la burocracia sindical y los empresarios) (Crónica, 28-5). La primera fase del ascenso obrero en España ya tiene características revolucionarias.

Las barriadas de Alto de Merlo, Podestá, Tobal, San Eduardo, Arco Iris, Loma Florida y Samoré vienen reclamando desde hace años que se instale una estación ferroviaria en el kilómetro 34,5, que queda a la altura de esos barrios. Esa reivindicación es muy sentida por los obreros que componen esos barrios, pues actualmente deben viajar en colectivo hasta Merlo, y recorrer generalmente grandes distancias hasta las fábricas. Esto es muy caro y les hace perder más de una hora y media de viaje adicional. Los partidos patronales (UCR, PJ) han realizado sus campañas electorales sobre la base de que esta reivindicación sería “inmediatamente cumplida” si se los votaba. Hubo entonces algunos “avances”: en 1985 se puso un cartel en e) lugar donde se debería hacer la estación; en 1986 se “avanzó” aún más... ¡el intendente mandó poner seis ladrillos y un aviso! Ahora se les dice a los vecinos que no hay dinero para hacer la obra, que hay que esperar. El Partido Obrero hizo el cálculo de cuanto saldría la obra completa: 19 mil australes. La municipalidad dice qué no tiene esa suma (¡!) No quieren hacer la estación porque los concejales y la intendencia toda están a favor de los intereses de los dueños de la línea de colectivos que suplanta al tren y de los grandes comercios que están en las estaciones adonde tienen forzosamente que Ir los obreros de estos barrios. El Partido Obrero de estos barrios, que tiene su local cabecera en el barrio Arco Iris, ha resuelto convocar —a través del boletín VOZ BARRIAL, del PO de la zona— a cuatro meses de que se Instalase la placa con los ladrillos, a una asamblea general de vecinos, en el lugar, el día 15 de junio a las 11 horas. Planteará allí un plan de lucha para poner en pie la estación. La espera y confianza en los partidos burgueses ha dado como resultado la total parálisis de la obra. Solo con el método de la clase obrera organizada contra los intereses de la clase explotadora, que defienden los concejales, se logrará el triunfo.

Tanto en Budge como en todo Cuartel Noveno la policía ha venido cometiendo constantemente todo tipo de desmanes y atropellos. De allí que lo ocurrido esta vez, en que los vecinos enfrentaron al aparato policial haya sorprendido y hecho reaccionar al mismo tiempo al aparato represivo y a toda la burguesía. Lo habitual en las barriadas es la desprotección; los jóvenes son golpeados e intimidados por la policía como moneda corriente; las violaciones y robos son habituales. Los obreros no están protegidos por la policía. Si lo están los comerciantes y sectores patronales que pagan su cuota de protección mensual. Lógicamente, esa, protección cobrada a un sector acrecienta la desprotección de los trabajadores y sus familias; para “‘proteger” se siembra el terror y en cualquier caso se prefiere fusilar sin más trámite a cualquier '‘sospechoso”. En definitiva, ningún vecino goza de libertad; el obrero parqué está a merced del humor de los Balamaceda; el comerciante, una vez “protegido” debe acceder a cualquier demanda de sus “protectores”. El control del barrio se coloca así totalmente en manos de los grupos policiales. Lo de Budge puso en evidencia la necesidad de autoorganizarse, en los barrios. Con vecinales bien compuestas, con asambleas vigorosas, con una lucha centralizada por todas las reivindicaciones barriales, la policía no podría hacer a su antojo. En todo Cuartel Noveno y en las barriadas obreras del Gran Buenos Aires se debe luchar por esa autoorganización, independiente de todo ‘‘manijeo” de los" partidos patronales; la burguesía aspira, y demanda la organización del barrio bajo su control: promueve vecinales o sociedades de fomento para mejor tener bajo su ala al barrio, impidiendo que los vecinos puedan luchar por sus propias propias reivindicaciones quedan desplazadas por las “internas” de los partidos patronales Estos partidos utilizan a los barrios para sus luchas electorales. Impidiendo el desarrollo autónomo de los vecinos. Los trabajadores tenemos que, sobre nuestros propios pies, nuestros propios intereses, nuestras propias necesidades. En este sentido, para que se haga justicia en Budge, así como para lograr las escrituraciones, el agua, la luz, y terminar con la prepotencia armada del Estado capitalista se debe profundizar en el sentido emprendido embrionariamente en Budge: confiar sólo en nuestras fuerzas, ganando a nuestros hermanos de clase en cada barrio para poner en pie una organización propia en el camino de una coordinadora general de barrios por zona. Así, los Balmaceda no podrán decretar su ley en el barrio a punta de metralla ni político patronal que pueda defender en el barrio.

Noemí Diz de Rivas pertenece a la Comisión de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo de Lomas de Zamora. Fue amenazada y secuestrada por un grupo de tareas que le advirtió que “no sigan con lo de Budge”. Lo que sigue es un reportaje concedido a Prensa Obrera a pocas horas de ocurridos los hechos en donde Noemi hace una reflexión sobre los motivos del secuestro y la perspectiva de la lucha de Budge. Noemi: Al tomar conocimiento de lo que había ocurrido con los chicos de Budge la Comisión de Apoyo a Madres de Lomas, a la que pertenezco, decidió impulsar junto a los vecinos y amigos de las víctimas una conferencia de prensa, con posterior movilización, en apoyo al castigo a los responsables. Tomamos la tarea con mucho empeño, ya que lo de Budge vino a poner una vez más de relieve que el aparato represivo impune está intacto y sigue atacando las libertades. Pocos días después de estas actividades comencé a recibir llamados telefónicos en los que se me amenazaba de muerte si seguía con lo de Budge; no solo me amenazaron a mí sino también a mis hijas; el día posterior a recibir las primeras amenazas, un Falcon verde metalizado, con tres hombres arriba, se me “tiró” encima, cuando iba a hacer las compras cerca de mi casa. Fue entonces cuando tomé contacto con el doctor Capurro, que interviene en la causa de Budge, para denunciar los hechos y así lo hicimos con el apoyo de Madres y los demás organismos de derechos humanos. Al día siguiente de hacer la denuncia pública, me vuelven a llamar, me dicen “no escarmentas” y a la tarde me secuestran. Durante la media hora que me tienen secuestrada todo lo que decían era contra la organización y apoyo a lo de Budge. PO: ¿Cuál es su balance de estos hechos? Noemí: Mi balance es que tratan de atacar a la movilización popular por lo de Budge; me han elegido a mi como pudieron haberlo hecho con cualquiera de los que luchamos porque haya justicia y castigo a los culpables en este país; le tienen mucho miedo al pueblo organizado, por eso tratan de usar el terror para frenar esa lucha. Creo que el ejemplo de Budge es muy importante, porque demostró que fue la protesta popular, la solidaridad entre los vecinos, los organismos de derechos humanos, todos los sectores de la población lo que permitió que los hechos salieran a la luz; eso tiene muy preocupados a los genocidas de ayer y de hoy, que serán derrotados por el pueblo si crece y se fortalece en esa organización unitaria.

La burguesía ha adoptado la resolución de absolver, a todo trance, a los culpables del crimen de Budge. El ministro Portesi lo ha salido a decir desde una variante directamente fascista. En declaraciones publicadas el 30/5 en La Nación adopta la línea de defensa incondicional de los Balmaceda, señalando que se trató de un “enfrentamiento”. Las pruebas acumuladas en el juicio son, sin embargo, lapidarias. Desde el punto de vista legal hubo triple homicidio, no hay forma de refutar esto; están los testigos y las pericias técnicas objetivas. Con su posición, Portesi (y también el gobernador Armendariz con anterioridad) se ha colocado por encima de la investigación judicial, de las pruebas acumuladas, de la opinión pública democrática y por la impunidad. Para los sectores democratizantes de la burguesía, (según declaró el renovador Duhalde) lo de Budge sería un “hecho aislado" atribuidle a “los bajos sueldos policiales y la falta de infraestructura”. En esencia, ambas variantes coinciden en lo sustancial: preservar intacto el aparato represivo; sea absolviendo a los culpables, directamente, o redimiéndolos por sus “errores”. Los Portesi colocan por arriba de cualquier prueba, más allá de los principios constitucionales, del derecho penal y de los procedimientos jurídicos, una “razón de estado”: salvar a los Balmaceda es el requisito de preservación cohesionada del aparato represivo del estado burgués. Si un Balmaceda es condenado todo el andamiaje se derrumba; la mecánica de funcionamiento del destacamento armado policial reposa sobre los elementos de gatillo rápido organizados semiautónomamente en redes de “protección” y prebendas; éstos son el corazón del sistema coercitivo estatal. La policía bonaerense es un aceitado engranaje montado sobre la base de los arreglos de sumario (la instrucción de las causas se hace en comisaría), previo pago del rescate por parte de los detenidos; de control del juego, la prostitución y el tráfico de drogas. Los elementos sobre los que este aparato reposa no son un hecho aislado sino la regla de funcionamiento del aparato. En momentos en que el Parlamento discute la obediencia debida, impulsada por los radicales, o la amnistía abierta, sugerida por el PJ, tanto renovador como patotero, la burguesía tiene decidido que ningún culpable puede ser condenado; esto sería “desestabilizante”. Se revela así la naturaleza íntima del estado: sus leyes, sus funcionarios y sus procedimientos formales están por debajo de su corazón: la fuerza armada. Presiones de clase Sobre la base de que las pruebas acumuladas no dan lugar a dudas, la burguesía ha montado una colosal presión. Se está buscando por todos los medios reventar las pruebas, “apretando” directamente sobre el juzgado. Al mismo tiempo, continúa el terror (secuestros, amenazas y ataques) como una forma de tratar de ablandar la voluntad popular de lucha por el juicio y castigo a los criminales de Budge. El terror es otra pata de las declaraciones de Portesi, es su consecuencia natural. La burguesía está discutiendo si conviene impulsar una reconstrucción fraudulenta de los hechos, como modo de quebrar 'as prueba acumuladas. De allí que no baste con las pruebas acumuladas, como consideran los sectores “iscaristas” del PC que intervienen en la causa, que llaman a un desenvolvimiento exclusivo del trámite jurídico, “aquietando” la movilización popular (uno de sus representantes llamó a los vecinos a desconcentrarse de tribunales mientras le tomaban declaración a Balmaceda). Por el contrario, el único camino para que esas pruebas no sean tergiversadas y se imponga el castigo a los culpables, es ejercer una presión de clase de la más alta contundencia que la que, con métodos fascistas o “democráticos”, está ejerciendo actualmente la burguesía para salvar a los Balmaceda. El método de los trabajadores y vecinos de Budge tiene su perspectiva en la combinación de la denuncia y de las pruebas con la movilización hasta lograr el castigo a los asesinos. En la medida en que se acreciente la organización barrial y la solidaridad generalizada con el movimiento las maniobras de los Portesi y los Duhalde quedaran sepultadas.

El 27 y 28 los docentes universitarios de todo el país realizaron un paro masivo. Bastó esto para que el gobierno aflojara en la reivindicación de la equiparación del valor del puntaje del docente universitario con el resto de la docencia, con un aumento del 8%. Pero la tendencia del gobierno es hacia la reducción del presupuesto universitario y en especial de los salarios. Ha enviado, por ejemplo al Congreso, un proyecto de arancelización para los estudiantes de las universidades que obviamente busca reducir la población universitaria. También envió otro que entrega la investigación universitaria a la empresa privada (con "desgravaciones impositivas"), la que tomará a su cargo la contratación de los docentes. Además, prevé hacer una “limpieza" de docentes de dedicación simple, pero sin aumentar los de dedicación exclusiva, según palabras del Secretario de Educación. Adolfo Stubrin y del rector de la UBA, Julio Shuberoff. El 4, 5 y 6 de junio sesionará el Congreso de CONADU en Santiago del Estero. El propio desarrollo de la lucha hasta el momento conduce a plantear paros progresivos que concluyan en un plazo breve en la huelga por tiempo indeterminado. Esta propuesta debería ser enérgicamente presentada a la discusión de las asambleas de base.

En los momentos finales del Congreso de CTERA, Mary Sánchez (dirigente de la Celeste) pidió la palabra para plantear una “cuestión de privilegio”. ¿Cuál era la cuestión? Dijo textualmente: “Aquí se han repartido muchos papeles, muchos volantes, pero hay uno en especial, el de Tribuna Docente, que reclama la independencia de la CTERA respecto de los partidos patronales y burgueses. Ellos quieren dividir. Todos los que aquí estamos, con nuestras diferencias, queremos un gran frente nacional de lucha contra el imperialismo y contra la lucha de clases, excepto Tribuna Docente. Sabemos que ellos son un crepúsculo, pero...” Aquí, ante la referencia despectiva, una chiflatina le impidió seguir inerviniendo. Es evidente que, por su peso numérico, Tribuna Docente no le quita el sueño a Mary Sánchez, pero Mary Sánchez es conciente de que el gremio, más allá de los manipuleos burocráticos, es un polvorín, y que si no hay una actitud firme de los bloques dirigentes puede haber una explosión. Mary Sánchez es conciente de que tanto la burocracia Celeste como la Blanca tienen contradicciones en sus propias filas, y que los delegados, más allá del etiquetamiento momentáneo, tienden a ser receptivos a la presión de la base docente. Mary Sánchez hizo un llamado a cerrar filas, a homogeneizar los frentes internos de las respectivas camarillas señalando las grandes coincidencias estratégicas: un frente nacional, es decir con los explotadores nativos, que de palabra se postula contra el imperialismo y de hecho contra “la lucha de clases". Agudamente, colocó en el frente nacional a la dirigencia de la izquierda democratizante. Claro que Mary Sánchez quiere conciliar lo inconciliable: un frente “nacional" contra la lucha de clases es, por definición, un frente pro-imperialista, porque solo mediante la lucha de clases se moviliza potente la lucha nacional. Allí está el ejemplo del frente “nacional" de hecho entre Celestes y Blancos, que ahoga las tendencias de lucha de los trabajadores de la educación. La lucha antiimperialista tiene su columna vertebral en la lucha irrestricta de los obreros y los explotados por sus aspiraciones elementales e históricas. Lo que propone Mary Sánchez es la disolución de la clase obrera en el nacionalismo burgués, vieja carta de derrota y fracaso de la lucha antiimperialista.

Cuando por el estrecho margen de 206 a 195 el Congreso de CTERA resolvió retirar su reconocimiento a UDEB Sarmiento y ADEPBA, entidades de base de la provincia de Buenos Aires, en favor del burocrático SUTEBA, quedó delineada la conducta de los distintos bloques de allí en más. Para la Lista Celeste, con mayoría de representantes, muchos de ellos “elegidos” a través de mecanismos alevosamente proscriptivos, el Congreso era la oportunidad de avanzar en la regimentación de CTERA, mediante la reforma de los estatutos. Por eso Mary Sánchez, líder de la Celeste, proclamó que “luego de unir a los docentes de Buenos Aires, el próximo paso será unir a tos docentes de la Capital” lo que asegura al intento de imponer un aparato burocrático “único” en este distrito (la UDA acaba de obtener de manos del Ministerio de Trabajo la personería gremial en la Capital). La Celeste peronista cuenta con el apoyo del gobierno radical desde el momento que es partidaria desembozada del “pacto social” y de mantener la parálisis de la lucha docente mientras el gobierno revienta los salarios y la educación. El bloque Celeste, apoyado por algunos sectores radicales, impuso gran parte de sus objetivos. UDEB y ADEPBA quedaron formalmente fuera de CTERA, junto a Quilmes y Almirante Brown, que ya estaban en la lista de “proscriptos”. En relación al plan de lucha la resolución no pasó de un paro aislado el 25 de junio, precedido de dos paros parciales y la continuidad del “plan de lucha” se resolverá en el nuevo congreso de CTERA a realizarse... entre el 16 y 18 de julio. Se ha impuesto la línea de una virtual tregua hasta las vacaciones de invierno, tirando por la borda los reclamos de un plan nacional de lucha consecuente que surgen de los combates replanteados una y otra vez en el interior (Tucumán y Río Negro), y hasta en Buenos Aires. (La Federación Sarmiento se ha visto obligada en esta provincia a resolver el “trabajo a reglamento” en las escuelas). Dicho esto, el Congreso estuvo lejos de ser un “paseo” para la Celeste. No logró imponer la desacreditación de San Isidro, CONADU y CEDEMYS de Jujuy —estos últimos también cuestionados. En relación al plan de lucha, fue clara la dificultad de los agentes de Mary Sánchez y Carcetti por evitar el paro de 24 hs. Poco a poco se vieron obligados a ir proponiendo alguna medida de lucha, siempre parcial y aislada, con el objetivo de “ablandar" a los representantes del interior que planteaban paros progresivos, y de evitar la polarización entre "ninguna medida" (SUTEBA) y “paros de 24 y 48 horas”. Así consiguieron una votación final favorable por el paro de 24 horas aislado (206 votos) contra una moción de paros sucesivos de 24 y 24 (144). La Celeste fue derrotada en el intento de que la fecha del paro fuera fijada por un nuevo Congreso o Confederal, y fue la propia Celeste la que tuvo que proponer que los estatutos se discutieran en el próximo congreso dudando de la homogeneidad de su propio bloque para imponer el punto. Lo mismo ocurrió en relación al Pacto Social, donde después de un largo debate, decidió terminar abruptamente el Congreso apoyándose en un “misterioso” corte de luz en las instalaciones de la AOT —donde se realizaba el congreso—. (“Favor de Goyeneche a sus amigos peronistas en CTERA”, comentó la mitad del Congreso). ¿Quién le teme a la Blanca? Ariscuren, secretario general de la CTERA está por todo esto directamente amenazado por el avance de la Celeste. Arizcuren y los Blancos han oficiado de aprendices de brujos: han creado el monstruo que hoy se apresta a consumar su tarea. Fueron ellos quienes junto a la Junta Ejecutiva aceptaron la formación burocrática del SUTEBA y retiraron el reconocimiento a las entidades de base. Fueron ellos los que enterraron la lucha docente del año pasado y fueron cómplices en el aislamiento de las luchas docentes de este año. En el Congreso estuvieron a la altura de esta pobre historia, pues se negaron a revertir el proceso fraudulento de constitución del SUTEBA y exigir la readmisión de las entidades proscriptas y llamar a un congreso de entidades de base de la provincia de Buenos Aires. El rol de la izquierda Nos dice Carlos Brassero, secretario general de la UMP y congresal por esa entidad: “La izquierda, lejos de marcaron camino independiente entre los dos bloques burocráticos, se subordinó a Arizcuren contra la Celeste, reeditando la vieja Lista Blanca que llevó a la bancarrota al gremio. Atacaron a la Celeste, pero defendieron a la Junta Ejecutiva, sin notar que ambos bloques son los responsables de los paros aislados, de los levantamientos y del desangre del interior. Por parte del Mas (Alternativa) su propuesta inicial fue ratificar el paro suspendido de 24 horas (la misma propuesta que Garceti de la Celeste) y estuvieron de acuerdo en convocar a un nuevo Confederal que decidiera si hacíamos o no el paro, con lo que hubiéramos ido de congreso en Confedera! sin ninguna medida de lucha”. La formación de un bloque independiente de ambos bloques burocráticos tendió a expresarse en el Congreso de modo espontáneo y en particular en la postura de delegados del interior, y es necesario articularlo con un programa y una organización.

Al iniciarse las clases en la Escuela de Ciencias de la Información (ECI), dependiente de la Universidad de Córdoba, docentes y estudiantes comenzaron a debatir un plan de lucha para satisfacer las necesidades más elementales de la Escuela: falta de docentes, bancos, lugares de reunión, máquinas de escribir, lugar de funcionamiento de la biblioteca, gabinete audiovisual. Se destacaron dos asambleas muy masivas, en las que llegaron a participar 600 estudiantes y docentes. Allí se votó el plan de reivindicaciones propuesto por la Asociación Docente de Ciencias de la Información (ADECI) por un mayor presupuesto. Luego se marchó al rectorado, donde se comprometió a la Asamblea Universitaria a solicitar una entrevista al secretario de Educación, Stubrin, por parte del rector Rébora. El 7 de mayo se produjo la entrevista de Rébora con Stubrin, junto con un representante de ADECI. Stubrin prometió aumentar el presupuesto de la escuela, ¡lo cual no incluiría nuevos cargos docentes y no docentes! Esto demuestra que hay que profundizar la movilización.

Al momento de escribir estas líneas, martes 2, ha finalizado una asamblea general de la Uocra que ha resuelto la suspensión de la huelga a fin de conocer una propuesta de las cámaras empresariales. En las jornadas previas existió un “cerco” combinado de las patronales y del Ministerio de Trabajo sobre la Uocra Neuquén. Aquellas planteando que estaban dispuestas a presentar una oferta a condición de que los trabajadores cesaran en sus medidas de fuerza. El Ministerio de Trabajo provincial presionando en el mismo sentido, pues de otro modo dictaba la “conciliación obligatoria”, obligando a levantar la huelga. Evaristo Selesky, secretario general de la Uocra Neuquén, presentó la propuesta de suspensión de las medidas en principio por 48 horas, pero la resolución final aprobada no determina el plazo, ni se ha convocado a una nueva asamblea general. Es decir, la huelga se ha suspendido en términos de desmovilización y esto es lo más grave, pues siembra la incertidumbre en una masa de trabajadores que se ha mantenido firmemente en la huelga. Durante la última semana el paro se ha cumplido en la inmensa mayoría de las obras de la Capital y ya no por la acción de los piquetes (debilitados por la desmovilización del Comité de Huelga), sino porque la huelga ganó la confianza de trabajadores. El lunes 1, día crucial porque el paro en ese día hacía perder el premio a la asistencia, la huelga fue masiva, y más de 800 trabajadores se concentraron en la asamblea general. Que no se venga con que “las bases no dan”. El problema está en la dirección del conflicto. Desde una semana atrás los delegados burocráticos, ligados al radicalismo y al sapagismo, vinieron pugnando por la necesidad de “ir a la negociación por cualquier medio” y la “ansiedad” corría por las cúpulas y no por abajo. Los elementos derechistas del comité de huelga pugnaban en la misma dirección, auxiliados por' un bloque de “izquierda” en que coexistían el Mas y la JDP (que votaron con las dos manos la suspensión de la huelga en los términos de desmovilización descriptos). Las tareas básicas del Comité de Huelga; los piquetes, el fondo de huelga, la movilización en torno a la olla, fueron quedando en el esfuerzo aislado del activismo. Este bloque se opuso sinuosamente a la acción de los piquetes de huelga, proponiendo en su lugar “comisiones de esclarecimiento”, y rechazaron el corte de rutas para “no molestar a la opinión pública”, cuando este es un método tradicional en Neuquén no para “molestar” sino para extender la agitación en una lucha. La olla fue impuesta a regañadientes por la presión de la base y el activismo más decidido. En la base de esta vacilación hay un hilo conductor: se pretende que el sapagismo, supuestamente urgido por sus apuros electorales, sea el “salvador” del conflicto, cuando es ante todo patrón y patrón en la propia Uocra. Este conjunto de desvíos sin embargo a fracasado y el mejor indicador fue el cumplimiento casi granítico de la huelga. Una información de último momento señala que la audiencia de conciliación con las cámaras para el día de hoy ha sido pasada para mañana miércoles a las 16 horas. Los trabajadores de la construcción del PO han llamado a reclamar la realización inmediata de una asamblea general donde se informe de la propuesta patronal y se decidan los pasos a seguir.

Los trabajadores de la Bosch votaron en asamblea un paro indefinido de brazos caídos contra el despido de dos delegados. Hace un mes la patronal había impuesto el retiro forzoso de 65 trabajadores (varios delegados). En esa oportunidad, la dirección del sindicato paralizó a los trabajadores, con el argumento de que “eran preferibles los retiros de una parte del personal si con ello se lograba impedir el cierre de la fábrica”. A los pocos días, la patronal mostró la hilacha: ...aumentando los ritmos de producción. En ese contexto, y bajo una creciente Inquietud salarial (el cuerpo de delegados estaba gestionando un aumento), la patronal decidió el despido de dos delegados, por sostener “ideologías extrañas que traban el normal desarrollo de las relaciones de la empresa con el personal". Los trabajadores respondieron con el quite de horas extras, pero la dirección del sindicato desarmó, en sucesivas asambleas, los reclamos de parar la fábrica, en "espera de las gestiones del Ministerio de Trabajo”. Ahora, con el paro indefinido interno, la lucha ha entrado en una fase decisiva. En función de esto proponemos dos consignas: Comité de Lucha elegido en Asamblea y Asamblea General del SMATA para extender la lucha. Docentes: Rechazan la tregua "electoral" Una asamblea docente ratificó, este sábado, la continuidad del plan de lucha, en oposición al pedido de tregua "por 120 días" (hasta después de las elecciones) solicitado por el gobierno. De los 177 delegados presentes, 134 rechazaron la tregua. Varios delegados denunciaron que el gobierno provincial recibió, días atrás, un refuerzo de un millón y medio de australes de la Tesorería Nacional. Las únicas deudas salariales que pagó Riera con esos fondos, fueron... las de la policía. La asamblea resolvió realizar esta semana 72 horas de paro, con un día de concurrencia a las escuelas para realizar asambleas con los padres, y otra jornada de movilización callejera. Sanidad Bancarrota de una dirección izquierdista ATSA (Tucumán) venía realizando un paro Indefinido por el pago de las deudas salariales de los hospitales públicos y contra la privatización de los servicios de limpieza y cocina. En ese cuadro, se realizó una reunión secreta entre ATSA y el SIPROSA (organismo provincial a cargo de los hospitales públicos). En esa reunión, ATSA levantó la medida de lucha entregando las reivindicaciones fundamentales del gremio: aceptó la privatización (a cambio de una promesa de redistribuir al personal de los servicios que se privatizan), y un plus salarial miserable (₳ 10). En uno de los hospitales (el centro de Salud), los trabajadores repudiaron el acuerdo: los delegados recogieron 300 firmas reclamando la renuncia de la directiva de ATSA y siguieron con la huelga. Luego, la directiva se las arregló para aislar este movimiento en un plenario de delegados minoritario y digitado, los dirigentes hicieron "ratificar" el acuerdo secreto. No ha pasado una semana de esto, cuando ya desde otros hospitales (como el Padilla) los trabajadores denuncian que los "servicios privados de limpieza" son un completo fraude: las "empresas” no realizan tarea alguna, y los trabajadores estatales son los que continúan garantizando los trabajos de limpieza. Una dirección sindical que llegó al gremio encaramada en un gran movimiento antiburocrático, ha terminado de mostrar un completa bancarrota. Para los activistas, está planteado el trabajo por una nueva dirección independiente del Estado y las patronales.

Para “instrumentar” la “instrumentación” de su “plan de trabajo" para el “plan de lucha” (¡uf!), la Directiva de ATSA Buenos Aires convocó a los delegados generales de los establecimientos de la seccional a acompañarla en su visita a West Ocampo. El objetivo de la entrevista, dar el primero de los innumerables pasos previstos en el “plan de trabajo”, era “poner en conocimiento (?) de West Ocampo” el reclamo de 33 % votado en la Asamblea General del 24 de abril. A esta diplomacia de cobardes, algún estratega la llamó la técnica de “embretar a la burocracia". Veamos lo que pasó. A la entrevista con el hombre de los “15”, la “combativa” Directiva se hizo acompañar por delegados de más de 70 establecimientos. Pero, quien actúa como un torpe, termina tratado con grosería. Así es que a pesar de haber enviado un telegrama solicitando audiencia, los. "combativos" de ATSA encontraron cerrada la sede de FATSA. Un solitario empleado de la Federación, que se conmovió por Ib suerte de la delegación, les explicó que West Ocampo se había ¡do a... Jamaica y que, encima (!!), había dado orden de no recibirlos. Este fracaso provocó un gran malestar entre los delegados presentes. Los directivos de ATSA, con el rabo entre las piernas, cavilaron qué hacer. No se les ocurrió nada mejor que enviar un nuevo telegrama, esta vez pidiendo la audiencia a Molina, el adjunto; ¡si no podemos embretar a West Ocampo, embretemos a Molina, pues! Por supuesto, los campeones de la “consulta a las bases” ni siquiera llamaron a un plenario de delegados para imponerlos del fracaso de la “instrumentación del plan de trabajo”. ¡Que se hunda el gremio, pero nada de “saltar" la instrumentación y empezar un plan de lucha! Resultado: A más de un mes de la Asamblea General, el reclamo del 33 % no salió de las paredes de ATSA Buenos Aires. Ni la patronal ni el Ministerio ni FATSA ni los propios trabajadores de la Sanidad saben del reclamo. Balance de un fracaso La “instrumentación”, que pone en manos de West Ocampo los reclamos salariales, puso de manifiesto que la Directiva de ATSA, en particular el sector que se reivindica de “izquierda” (?), está decidida a revolcarse en la bancarrota política. El fracaso jamaiquino de la instrumentación (y la persistencia todavía) ponen en claro la impotencia y la putrefacción de esta dirección. Así ha concluido, y desde hace tiempo, este sindicalismo democratizante y pretendidamente “de liberación”. El camino del activismo es poner manos a la obra en la construcción de una agrupación clasista y revolucionaria de los trabajadores de la Sanidad.

El miércoles 28 se realizó una importantísima movilización ferroviaria en los talleres y depósitos de Victoria en defensa de la fuente de trabajo. Ferrocarriles ha contratado, sin licitación, la “remodelación a nuevo” de la mitad de los coches que se reparan en Victoria derivándolos a una empresa privada cuyo titular es César Cao Saravia y está en sociedad con Fernando Alfonsín, hermano del Presidente. (El negociado es impresionante: 40 millones de dólares cuando el costo de la reparación en los talleres propios u otras variantes técnicas para mantener un servicio eficiente insumirían la mitad de esa cifra). Ese día, a las 10 de la mañana, cumpliendo un mandato de asamblea se produjo un paro de actividades y abandono de tareas en ropa de trabajo. Luego, más de 600 compañeros manifestaron por las calles de San Fernando con carteles que reclamaban contra el vaciamiento de los talleres y por el aumento de salarios. Culminó la movilización con otra asamblea general de la seccional. Allí, los activistas plantearon una movilización con abandono de tareas a la ter-minal de Retiro para el miércoles siguiente (3.6). La propuesta tuvo aprobación unánime de la asamblea, obligando a la Ejecutiva a hacerla suya. Ante esta situación, los directivos presentes (entre ellos Pedraza) optaron por abandonar la asamblea en medio de abucheos, sin esperar a que se trataran los puntos sobre el salario y las condiciones de trabajo. Empieza la bicicleta La dirección de la UF comenzó rápidamente a maniobrar. Ignoró la propuesta votada en la asamblea y convocó a una reunión de las comisiones de reclamos de los talleres para discutir "los pasos a seguir” (las actuales comisiones de reclamos no fueron reelectas, siendo por lo tanto parte del aparato de la directiva y los ejecutivos verdes). Para una semana más tarde convocó a los presidentes seccionales para definir un llamado “plan de lucha” por salarios, privatizaciones, obra social y jubilados. Se trata de los mismos puntos vagos que plantearon en el “plan de lucha" que iniciaron hace tres años, plan de lucha que nunca aplicaron y nunca levantaron., pues salvo unos días de trabajo a reglamento nada se hizo. Así hundieron el salario, los jubilados se mueren de hambre, se derrumban las obras sociales y los talleres están siendo desmantelados. Votar un plan de lucha en serio Los ferroviarios de Victoria muestran el camino. Primero: sin esperar la bicicleta de la directiva, los talleres de los distintos ferrocarriles en el Gran Buenos Aires y en el interior deben comenzar movilizaciones regionales con abandono de tareas hasta transformar este problema en una cuestión de orden nacional, para ello basta convocar asambleas y aprobar estas medidas. Es necesaria una asamblea general de la UF La UF está en condiciones de hacer lo mismo, pero en escala nacional. Es necesaria la convocatoria de una asamblea general de la Unión Ferroviaria. Y que ésta se realice luego de un abandono de tareas, que manifieste ante los poderes públicos y que luego todos los ferroviarios reunidos resuelven cómo encarar la lucha por el salario, las privatizaciones, los jubilados y las obras sociales. Solo la base ferroviaria tiene la respuesta y puede tomar en sus manos la defensa del patrimonio nacional. Último momento: Se quieren llevar los coches de Victoria En las últimas horas, la empresa ha conminado a la Ejecutiva de Victoria a aceptar el desplazamiento de los coches para su nuevo destino y una nueva asamblea en la seccional debía decidir el curso a seguir.

Quedan 12 días para la presentación, de listas en las elecciones ultraproscriptivas para comisión directiva/y, congresales de la Bancaria. Tiempo atrás, la agrupación clasista Naranja propuso a los compañeros de Sumando (PC) la formación de una lista, aún incompleta, en la convicción de que esto ayudaba a la organización del activismo bancario y a conformar un bloque que, llegado el caso de una impugnación, lanzara con mayor autoridad y fuerza una campaña por el boicot. La propuesta se hizo en otras seccionales y allí está el ejemplo de La Plata, Bahía Blanca o Mendoza, donde la agrupación Sumando se ha sumado activamente en este rumbo. En Buenos Aires, un sector de la Sumando acompañó la iniciativa, pero la política de la dirección del PC los llevó a desandar el camino, pretendiendo que “no habría condiciones” Ahora bien, sectores peronistas de Izquierda se han pasado con armas y bagajes a la tarea de conformar la “lista única” que hasta aquí impulsan Zanola y Tejerina (es el caso del Peronismo Revolucionario, de sectores mayoritarios de la Lista 14 del Provincia). Nos preguntamos: ¿el freno que pone la dirección del PC a la lista antiburocrática tiene su razón de ser en que sus aliados del FADEL van a la lista “única” de la burocracia?

Los trabajadores de Gatic-Adidas vienen de obtener un gran triunfo de una gran lucha: lograron la reincorporación de un activista despedido y la puesta en pie de un Comité de Lucha, integrado por compañeros honestos y combativos. La vieja Comisión Interna, que se jugó contra la huelga, ha recibido el repudio absoluto de la base de la fábrica y ante la presión de los trabajadores ya algunos delegados patronales han comenzado a renunciar. Prensa Obrera dialogó con tres integrantes del Comité de Lucha, los compañeros Ricardo Fleitas, Walter Luna y José Luis Videla. Esta es su crónica de la lucha antipatronal y antiburocrática que han librado. Prensa Obrera: ¿Por qué salen a la lucha? Ricardo Fleitas: Veníamos desde hace mucho con problemas de distinta índole: comedor, vestuarios en malas condiciones, supervisores que te molestan y te explotan. El conflicto viene a raíz de que me despiden argumentando que no me necesitaban más (cuando estaban tomando gente) y porque no acepté ser promovido a auxiliar con más sueldo. Al otro día, vengo a fábrica, reúno a los compañeros y les pedí la solidaridad de todos. Todos creyeron y se animaron. Así empezó el conflicto. La Comisión Interna, en lugar de apoyarnos, nos amenaza que va a haber más despidos, de los que ellos no se hacían responsables y se vuelven a meter adentro. Ante esta actitud, la gente decide formar otra comisión y a partir de ese momento la lucha es por dos puntos: 1) mi reincorporación y 2) que la Cl caduque y se reconozca a la nueva. P.O.: ¿Hacia mucho tiempo que no tenían un cuerpo de delegados representativo y combativo? R.F.: Sí, hace mucho tiempo, más de 13 años. En esa época hubo una buena delegada, cuando fue la toma de fábrica. Esta delegada que luchaba, que estaba al lado de los trabajadores, fue asesinada: la degollaron. A partir de ahí, no hubo más una conducción representativa. José Luis Videla: Estos tipos están desde hace una pila de años y nunca hubo lucha. P.O.: Ahora existe un Comité de Lucha que representa a los trabajadores. ¿Cómo piensan que hay que consolidar este Comité de Lucha? R.F.: Queremos que renuncie la C. l. y que sea reconocido este Comité. El viernes, cuando volvimos a trabajar, la patronal se desesperó por hablar con nosotros. Con el compañero Luna, aquí presente, hablamos con el jefe de personal y nos dijo que a ellos no les interesaba si uno u otro era delegado. Así que encaramos la cosa a nivel del Sindicato. Tenemos pensado hacer una asamblea en puerta de fábrica y después ir al Sindicato a exigir que renuncie la C. l. Hay delegados que ya comenzaron a renunciar por la presión de los compañeros. P.O.: Aquí hay varias plantas, vos trabajas en la N° 1, ¿cómo hicieron para parar las otras? R.F.: Ya te conté que a los compañeros de mi planta los paré a la entrada y les conté la injusticia que querían hacer conmigo. La gente empezó a decir, “si no entras vos, no entra nadie”. Después de esto, la C. l. no quiso atendernos y creamos la comisión paralela. Walter Luna: Cuando fuimos a expedición había gente que había empezado a trabajar, hablamos, cantamos y a las 10 de la mañana ya se habían sumado todos. R.F.: En la Planta 3 veíamos cómo los compañeros se desesperaban por salir, pero los tenían encerrados y con policías adentro. Pero poco a poco, de uno en uno y después en grupos fueron bajando y terminó parando toda la planta. Cuando empezamos la asamblea de la Planta 1, vimos llegar la columna de la Planta 3 y fue muy emocionante. Una compañera: en Planta 3 se controla más que en Planta 1, de lejos te están mirando, que haces, que no haces, tienen los baños bajo llave. P.O.: ¿Cómo consideran que deben organizarse las distintas plantas? R.F.: Hasta ahora, había 11 delegados de todas las plantas. Considero que debe haber una C. l. en Planta 3 y otra en Planta 1, coordinadas ya que son las más grandes. W.L.: Otra idea es coordinar con las plantas de Córdoba. Cualquier problema que surja, aquí o allá, estar en contacto.

Un mar de fango burocrático ahoga la vida de la Asociación Bancaria, por eso los trabajadores no pueden dirigir los destinos de su propio sindicato. Zanola y Tejerina armaron un paquete destinado a eternizarse en el manejo de la Bancaria. El ejemplo más acabado son las elecciones de seccional a las cuales el 99 % de los bancarios no pueden concurrir como candidatos, por impedírselo las disposiciones del estatuto proscriptivo en vigencia. En La Plata, los compañeros del Movimiento de Recuperación Bancario, frente integrado por bancarios del PO, del PC e independientes, han salido a dar la batalla contra este aparato burocrático y hostil a los bancarios. El MRB ha llamado “a formar una lista independiente por la democracia sindical y nuestras reivindicaciones pisoteadas.” Los compañeros del MRB han comprendido que el mejor terreno para enfrentar el fraude, la proscripción y los estatutos es presentar una lista independiente de la burocracia, con los mejores delegados de la seccional, aun si esa lista fuera incompleta. Como dicen los propios compañeros del MRB en un volante: “Llamamos a todos aquellos que quieran sumarse, no sólo para formar una lista, sino también para luchar contra la proscripción en marcha.” El primer punto de propuesta de los compañeros platenses es la reforma de los Estatutos. Al llamado del MRB han respondido delegados combativos y antiburocráticos de los principales bancos de la seccional: el Crédito Provincial, la Caja de Ahorro, el Municipal de La Plata, el Avellaneda y otros. Se abre una etapa muy dura para la presentación definitiva de la lista independiente y su oficialización. Esta se hará aún más dura si, como se comenta en las inmediaciones de la Bancaria platense, la burocracia va dividida (el sector peronista de Bandini por un lado, los radicales de Rovela por el otro). La lucha por la presentación y la oficialización de la lista independiente en La Plata no puede sino entenderse como una lucha de masas contra los estatutos proscriptivos y los burócratas que los engendraron. Es por esto que hay que poner en movimiento todas las fuerzas del gremio detrás de la Celeste - Roja y Azul.

La directiva ongarista acaba de firmar con la cámara de envases flexibles un acuerdo realmente vergonzoso: ₳ 40 para abril y un 2,5 % para mayo. Si se compara este acuerdo con el firmado para el conjunto del gremio gráfico, 15 % desde abril, pode mos tener una idea de cómo han quedado los compañeros de flexografía. No hay que olvidar, sin embargo, que el propio 15 % sobre los convenios fue ruinoso para los gráficos, porque no contempló el retroceso salarial del primer trimestre y porque en numerosos talleres ello significó que se congelaran acuerdos salariales superiores alcanzados por las Comisiones Internas. Pero no todo termina aquí. La Cámara patronal de envases flexibles fue formada con el apoyo del propio Ongaro, lo que fragmenta aún más al gremio cuando se trata del convenio. ¿Este “acuerdo” salarial es una expresión de los lazos comunes que unen a la dirección sindical con la patronal? En todo caso es un hecho que el ongarismo busca el apoyo de ésta para las elecciones gremiales de diciembre próximo.

En el gremio gráfico hay una impresionante presión de las bases para obtener de la dirección ongarista la convocatoria del plenario de delegados. Durante la ocupación de La Razón, el activismo gráfico apoyó con todo esta lucha, pese al bloqueo del ongarismo; paró por ejemplo, la salida del diario en otros talleres y realizó colectas de miles de australes para el fondo de huelga (organizadas por las Comisiones Internas, no por la Directiva gráfica). Al mismo tiempo, una catarata de luchas salariales, paros y quites de colaboración irrumpió en numerosos talleres. De este hervidero gráfico surgieron las resoluciones coincidentes de tres asambleas generales de La Razón y de distintos talleres por el plenario de delegados. Atenazada por la presión de las bases y por 20 días de parálisis ante la ocupación de La Razón, el ongarismo convocó el plenario de delegados para el lunes 1° de junio, con apenas 48 horas de anticipación. El único punto del temario que se estableció fue el conflicto de La Razón, en un cuidadoso esfuerzo por impedir el tratamiento de la cuestión salarial —la cual hubiera ampliado, además, la base de solidaridad con La Razón. La inconsecuencia del ongarismo con La Razón se manifestó, inopinadamente, cuando decidió retirarse de la asamblea general de La Razón que resolvió aceptar la intervención judicial, la cual constituye una victoria de la política seguida por sus trabajadores, contra la opinión de la gráfica de que el conflicto incumbía solamente a los periodistas. Mientras tanto, en las 48 horas pre-plenario, en la base del gremio se vivió un clima caldeado: una gran cantidad de talleres, con resoluciones de asamblea o de Comisión Interna, se pronunciaron por ampliar el temario reclamando la reapertura de las discusiones salariales con la patronal. Conociendo el mar de fondo, el ongarismo aprovechó la intervención judicial a La Razón para levantar el plenario y borrarse del sindicato. El levantamiento del plenario por el ongarismo provocó a su vez, el “levantamiento" de los delegados contra el ongarismo. Los compañeros que se acercaban al sindicato y se enteraban del levantamiento del plenario gritaban su indignación. Fue así que una treintena de delegados redactaron una nota de protesta a la Directiva y reclamando su convocatoria en el perentorio término de una semana. El levantamiento del plenario por el ongarismo evidencia la completa inestabilidad de esta dirección y su completa incapacidad para conducir el ascenso del gremio gráfico. Por el contrario, el “levantamiento" de los delegados expresa la creciente maduración de la vanguardia del gremio.

Después de más de 20 días de ocupación del diario La Razón por parte de su personal de prensa y gráfico, en reclamo de la reincorporación de los 350 trabajadores despedidos y la reapertura del matutino, fue dictada la intervención judicial del diario. En conformidad con esta medida, el directorio fue reemplazado por un funcionario y el diario vuelve a salir en sus tres ediciones por 40 días, con la totalidad del personal (hasta tanto se reúna la junta de accionistas de la empresa). Precario Esta decisión sobreviene luego del completo fracaso de todos los intentos de desalojar a los trabajadores. Fracasaron la conciliación obligatoria, la organización de los carneros de la Mutual, las maniobras políticas de diputados, senadores y otros intermediarios y el intento de sacar el diario en otros talleres. Tampoco el gobierno pudo recurrirá) desalojo por la fuerza. Pero si los métodos han cambiado, no ocurre lo mismo con la política oficial. Se intentará ahora hacer desde adentro lo que no se pudo hacer desde afuera. Es que la intervención judicial no cuenta con ningún aporte financiero del Estado para garantizar la salida del diario, para pagar los salarios caídos ni los de los días de trabajo que se avecinan. Este hecho cuestiona hasta la propia reaparición de La Razón. Se revela así el sentido puramente formal de la intervención judicial y pone en el primer plano su carácter de maniobra política destinada a desmontar la movilización. La patronal no ha desaparecido y el Estado no pone un cobre. Lo que se busca es desmoralizar al movimiento mostrándole gráficamente que "el diario no va más”. Estamos ante la culminación “judicial” del vaciamiento. Durante la intervención se abrirá seguramente una dura lucha por el control del diario, entre los sectores patronales. Los accionistas, verificarán dentro de 40 días la “inviabilidad” del matutino y el traspaso del diario a otro grupo empresario, con la condición previa del despido de los trabajadores gráficos y de prensa sobrantes. En referencia a esta cuestión, no puede dejar de señalarse que el propio José Pirillo, presidente del directorio, será uno de los hombres que decidirá el futuro de La Razón, en su doble carácter de accionista y acreedor (es vicepresidente de Papel Prensa). Todas estas maniobras han sido recibidas con gran desconfianza por los trabajadores de La Razón. Es así que exigieron en Asamblea la lectura de la resolución judicial y el acta firmada por el interventor y mantener, la ocupación (pero solo hasta que el diario esté en la calle). La precariedad objetiva y formal de la intervención quita toda justificación a la decisión del ongarismo de levantar el plenario de delegados gráfico convocado por el conflicto de “La Razón". La salida real La “aventura” de La Razón, sea la de Timerman o Pirillo, no deben pagarla los trabajadores, sino los patrones. Por esta razón tan elemental se plantea como reivindicación la expropiación del diario y su gestión periodística a cargo de sus trabajadores, los que deberán ejercer el control económico de la empresa. Asimismo, deben abrirse los libros de ésta para poner en claro las conexiones de los accionistas de La Razón con sus acreedores, así como el monto de subsidios estatales que se han embolsado. Para contrarrestar los intentos del gobierno y la patronal de hacer desde “adentro" lo que no pudieron hacer desde "afuera”, es necesario que se reconvoquen los plenarios de delegados de gráficos y periodistas, que fueran arbitrariamente levantados, para aprobar un plan de lucha.

La dirección del partido comunista de Uruguay no sufre los desgarramientos ni la crisis ‘‘de conciencia” de su colega de la otra orilla. Aunque en el mes de febrero de 1973 apoyó las primeras tentativas oficiales del alto mando militar para dar un golpe de estado (comunicados 4 y 7 de las fuerzas armadas); aunque traicionó todos los grandes movimientos huelguísticos que hubieran podido impedir el ascenso golpista, y en especial la huelga general con ocupaciones de fábrica de junio del 73; y aunque firmó junto al partido colorado y a la democracia cristiana el ‘‘pacto del club naval” con la dictadura militar (que garantizaba la estabilidad de la camarilla militar) y posteriormente el “acuerdo de garantías de los depósitos bancarios” (un reconocimiento oficial de la deuda externa y de la “patria financiera”); en resumen, aunque tiene un historial que no “empalidece” en comparación con el del PC argentino, los orientales no tuvieron necesidad de flagelarse con ninguna clase de “autocrítica”, ni pasaron por una crisis interna, ni se vieron obligados por lo tanto a hacer retoques en su “historia oficial”. Esto quiere decir que por boca del PC de Uruguay habla el stalinismo sin los subterfugios a los que debe recurrir a veces su contrapartida rioplatense. Hay otra cosa más, con todo, que justifica el análisis de las posiciones del PC de Uruguay: el PC de nuestro país considera al frente amplismo que se aplica desde un cuarto de siglo en Uruguay, como el “modelo” político de la estrategia frentista en Argentina. Este PC de Uruguay consideró como muy importante intervenir agudamente en las cuestiones que se plantearon a partir de semana santa en Argentina. Una razón obvia para ello es que en su propio país el régimen democratizante obtuvo la sanción parlamentaría de una ley de “no juzgamiento” de los crímenes cometidos por la dictadura, un engendro naturalmente inconstitucional que no ha merecido el pronunciamiento del poder judicial de Uruguay. Una razón más profunda para esa intervención es que los sucesos argentinos plantearon una crisis política y aun un principio de fractura del aparato estatal, cuyo desenvolvimiento podía llevar aguas abajo a toda la impotente experiencia democratizante de América del sur, que los stalinistas apoyan hasta sus últimas consecuencias. En oportunidad de discutirse la impunidad en Uruguay, el líder del Frente Amplio, Líber Seregni, propuso nada menos que la suspensión de los juicios a militares por el lapso de un año hasta encontrar una salida “concertada” del problema. Semejante posición habla suficientemente del “democratismo” de los frentistas uruguayos. Ya el 15 de abril, en medio de la crisis ' de semana santa, el comité ejecutivo del PCU se reunió en forma “extraordinaria” (El Popular, 24.4) para dar a conocer un comunicado que decía "Apoyamos la firme (!!) determinación del gobierno...argentino de defender la democracia...”, precisamente cuando Alfonsín en el Congreso anunciaba lo que iba a ser la viga maestra de la capitulación de Pascuas y de todas las agachadas que le siguieron, a saber, “los tres niveles de responsabilidad”. Pero aun con prescindencia de este discurso en el congreso, ningún comunista puede caracterizar como “firme” la política de un gobierno burgués proimperialista que no hace nada efectivo contra una asonada militar; que con su conducta permite la ampliación de ésta; y que tiene por política negociar mediante el clero y la embajada norteamericana un acuerdo con los sublevados. El PC de Argentina no ha criticado nunca la posición de su “modelo” frenteamplista uruguayo, un índice inconfundible de que es éste el que formula sin retaceos la posición política común. La política de Alfonsín no fue de “firme” defensa de la democracia, sino de sistemático engaño de la población y de sistemática demagogia desviacionista de la movilización popular, para salvar a las fuerzas armadas de la “anarquía” y al Estado en su conjunto. El apoyo del PC a esta "firmeza” lo ubica entre las fuerzas que se movilizaron en función de la defensa del Estado. Una semana más tarde, hasta el stalinista más incondicional se ve obligado a reparar en la “obediencia debida”. ¿Qué dice entonces el semanario del PCU? “Pero más allá de estos temas (¡obediencia debida!) ... lo cierto es que... es una gran victoria de la democracia, con varios golpistas presos y enjuiciados, con la reiteración de Alfonsín de que no habrá una amnistía y que no existió un pacto con los sublevados.” (Ídem). “Más allá de la “obediencia debida”, Alfonsín prometió que “no habrá amnistía”. ¿Es posible una mayor impostura? ¿Es posible una claudicación mayor ante el gobierno burgués y su Estado, y un renunciamiento más completo a la defensa de las libertades democráticas y aun del estado de derecho? Comprensiblemente, la cosa no acaba aquí, por la sencilla razón de que la propia crisis argentina siguió su curso. Un mes más tarde (“La Hora, 22.5), el N° 2 del PCU, Enrique Rodríguez, luego de comentar la discusión en diputados de la ley de obediencia debida, declara: “¿de qué amnistía habla este señor”? (refiriéndose a un columnista del diario sanguinettista El Día),“...la depuración (militar), por ahora, no será absoluta...” (entonces hay por lo menos una amnistía relativa!) “...son una cantidad de enemigos ahora encerrados y sancionados”. A la luz de la obediencia debida, el dirigente “comunista” responde como Jaroslavsky, ni siquiera como Federico Storani. El veterano dirigente stalinista ahora tendrá que justificar las modificaciones que el Senado Introdujo a la ley, y que Diputados habrá de convalidar. Se olvida de mencionar, y por lo tanto de justificar las afirmaciones del tándem Alfonsín-Jaroslavsky de que la amnistía total y absoluta vendrá cuando “la sociedad 'emita' las señales”, lo que probablemente ocurrirá con alguna salva de cañonazos. Conclusión: la dirección del PCU apoya en forma vergonzante nada menos que la ley de obediencia debida. En la huella de estas posiciones se entiende que cinco días más tarde, en una nota especial de “La Hora”, se hable de las “nuevas pruebas de la dignidad del poder judicial argentino”, refiriéndose quizás a que sus miembros son los que rechazaron 5.000 habeas corpus como funcionarios de la dictadura militar, y a que suspendieron todas las citaciones judiciales recientes para que el “entendimiento” cívico-militar y la nueva ley de obediencia reencuadrarán la situación jurídica de los procesados. El 25 de mayo, quizás por ser “fecha patria”, el PCU va más lejos aún. El editorial de “La Hora” comienza por declarar persona “grata” al huésped Alfonsín —una extraordinaria declaración política que supone la solidaridad en bloque con el mandatario del FMI, de la banca internacional, de la patria financiera, quien se ha autodeclarado, además contribuyente a la “seguridad regional” del cono sur. Luego de esto, el diario vuelve a su tema favorito, para decir que “no es ‘el perdón a los militares’ lo que estará en juego en el proyecto que debatirá el miércoles el Senado argentino (porque) están excluidos los delitos de sustitución de estado civil o sustracción y ocultación de menores, violación y usurpación de la propiedad”. Esta justificación miserable no la hace, convengamos, ni siquiera Jaroslavsky. A medida que el gobierno va, de cámara en cámara, tirando todo su lastre democratizante, el PCU lo va acompañando con justificaciones siempre nuevas y afines a la defensa abiertamente reaccionaría de la “razón de Estado" de los explotadores. Toda esta monstruosidad política ha sido común al conjunto del Frente Amplio. Es cierto, estas no son las posiciones del PCA, el cual, con todo, firmó el “acta democrática” y sigue defendiendo esa firma. Es cierto que no son las posiciones del PCA, pero el PCA considera al FA su “modelo” político. Es cierto que no son las posiciones del PCA, pero el PCA no denunció en ningún momento al gobierno de Alfonsín sino hasta después del do-mingo de Pascua, y aun hoy sigue hablando del “triunfo” de una movilización popular que, precisamente, no triunfó porque estaba conducida por la burguesía democratizante. Es cierto que éstas no son las posiciones del PCA, pero es indudable que el PCU es un factor fundamental que está interviniendo para condicionar la evolución del PCA, cosa que está consiguiendo como lo demuestra el FADEL. Finalmente es cierto que éstas no son las posiciones del PCA, pero el PCA no se ha pronunciado sobre las posiciones del PCU, a pesar del mencionado papel que los Rodney Arismehdi juegan en la crisis del PCA. Finalmente, éstas no son las posiciones del PCA, pero corresponden exactamente a la estrategia política democratizante que es común al PCA, y que demuestra de este modo su carácter contrarrevolucionario.

Los partidos que integran la Convergencia Democrática de la Capital Federal emitieron un pronunciamiento (La Prensa, 22-5) para manifestar su respaldo al proyecto gubernamental de “obediencia debida”, criticaron a los legisladores radicales u opositores “que no estuvieron a la altura de la grave responsabilidad del momento” y señalaron su coincidencia en “acompañar solidariamente al presidente de la Nación en la búsqueda de soluciones permanentes, tendientes a lograr la integración de todos los sectores de la vida argentina” lo que no es sino un cheque en blanco a Alfonsín para que largue la “pacificación" reclamada por Frondizi, Caridi, Alsogaray y Cia. En la “Convergencia” está Simón Lázara, directivo de la APDH quien, como extrapartidario ha pasado a integrar las listas de la UCR. Esta declaración de la Convergencia ya nos está diciendo que Lázara hubiese votado por la "obediencia debida" en el Parlamento, todo lo cual no es óbice para que siga ocupando’ su lugar en la APDH. El año pasado algunos se enojaron con el PO, en oportunidad de la marcha del 16 de junio contra las “instrucciones", porque denunciamos que la APDH era una agencia política del Estado burgués, del mismo modo que, bajo la dictadura, fue una agencia de los políticos democratizantes que negociaban con los genocidas. Qué dirán ahora los “enojosos" ante la evidencia de que éstos votan la “obediencia debida". En aquel momento estuvimos solos en denunciar la inmoralidad política de esta gente. Ahora, los militantes y dirigentes de las organizaciones de derechos humanos deben reflexionar sobre la oportuna caracterización del PO y su acertada denuncia. Pero no es posible hablar de Lázara sin recordar que éste fue (¿lo seguirá siendo?) un hombre de paja del PC. En oportunidad de las elecciones de 1985, la dirección del PC movilizó a sus militantes para conseguir las fichas necesarias para el partidito de Lázara, del mismo modo que lo hace hoy con sus nuevos aliados. La "legalización" de Lázara hubiera adelantado en dos años el nacimiento del FADEL, pero, “lamentablemente", la justicia electoral descubrió que nada menos que el 95% de las fichas presentadas por Lázara estaban groseramente falsificadas. Hace a la ética radical que hoy este hombre Integre el aparato del Estado y las listas oficiales. El aliado “artificial" del PC se ha revelado como un contrarrevolucionario. Pero el PC insiste en la politica de “fabricar" aliados, para usarlos como pretexto de un frentismo democratizante y antirrevolucionario. El frentismo stalinista se mueve entre dos alternativas: o la alianza con elementos prostituidos o la prostitución de los aliados que son copados por el stalinismo y usados para la táctica del frentismo postizo. Por eso no llama la atención que en la formación de los frentes del PC esté ausente el debate político y que todo emerja de sigilosas negociaciones de cúpula "non sanctas”, aunque a veces las protagonice un "gurú”. Es hora de que se produzca la reacción vigorosa de los trabajadores del PC que creyeron que éste habla comenzado un vigoroso giro político hacia la revolución.

El conflicto en torno a la frustrada solicitada de apoyo a Videla ha servido para recordar que en Argentina existe el “delito de opinión” y que por lo tanto está ausente la libertad de prensa hasta en sus aspectos formales. En efecto, el artículo 213 del Código Penal castiga “la apología del delito o de un condenado por delito”. Esta simple sentencia pone fuera de la ley, por ejemplo, a la simple propaganda o agitación en apoyo de una ocupación de fábrica (a la que un juez podrá tipificar como delito contra la propiedad), no digamos ya al derecho a propugnar por medio de la prensa las ocupaciones de empresa para hacer frente, por ejemplo, a los despidos en masa. Una simple exhortación a rechazar una resolución de conciliación obligatoria o el apoyo a un rechazo ya decidido, puede entrañar para quien lo postula una pena de cárcel que va de un mes a un año. En ocasión del conflicto de la solicitada ninguna de las partes envueltas en él objetó la existencia del “delito de opinión.”. Los derechistas que firmaron la solicitada y la patronal de la prensa criticaron la “censura previa” ordenada por el juez, pero no la legitimidad de un proceso judicial posterior contra los firmantes en virtud del mencionado artículo 213 del código. Para los derechistas y la gran patronal no resultaría una inhibición para opinar y publicar las ideas el hecho de que estas puedan dar lugar a un procesamiento y condena posteriores. Semejante posición solo se puede explicar de parte de quienes defienden a todo el orden existente y de quienes confían en su poder político para condicionar a la justicia. La derecha y la gran prensa se han manifestado así por la ratificación del “delito de opinión”, al que naturalmente consideran un arma contra el socialismo y el movimiento obrero. Allí donde la opinión puede llegar a ser delito la libertad de opinión queda como principio abstracto, objetivamente regulado por el Estado. EL conflicto de prensa de la semana pasada, insistimos, demostró el respaldo del conjunto de la gran prensa a la vigencia del “delito de opinión”. ¡Pero la posición de la izquierda democratizante fue más nefasta todavía! La izquierda democratizante y un par de burócratas sindicales reclamaron la aplicación de ese artículo 213 para evitar la salida de la solicitada videliana. Horacio Verbitsky lo dice con todas las letras: “Dejé constancia de que solicitaba... una medida precautoria para que no terminara de cometerse un delito”, (Página 12, 29.5); pero ¿pero cuál “delito” sino el “delito de opinión”? En estas circunstancias cabe preguntarse qué era más reaccionario, si la publicación de la solicitada o la aplicación del código penal reaccionario. Nosotros lo decimos francamente: mil veces más reaccionario es la vigencia del “delito de opinión”, por la simple razón de que es una traba para organizar al pueblo contra la burguesía y acabar así realmente con las sediciones videlianas. ¿O a la sedición la parará un juez o el artículo 213? El patrocinante del recurso contra la solicitada, Horacio Verbitsky, no se quedó corto en la justificación política correspondiente. En la columna periodística ya citada dice que “mientras un juez no declarara inconstitucional el artículo 213 del código penal, con más de medio siglo de pacifica (!!) vigencia, debía suponerse (!!) su funcionamiento armónico con las normas constitucionales.” ¡Por supuesto que el “delito de opinión” es “armónico” con un régimen estatal que defiende y preserva el monopolio privado de los medios de producción! Pero no lo es con las libertades necesarias para luchar contra el régimen estatal. EI periodista “supone” un “funcionamiento armónico con las normas constitucionales”, en un país que ha visto concluir su mandato constitucional a un solo gobierno desde 1928, lo que convierte a todo su planteo en una descomunal impostura. Si en un caso extremo y muy bien precisado se justificara reclamar la aplicación de una disposición antidemocrática (por cuyo dictado los trabajadores no fueron responsables) contra la derecha (que sí es responsable por esa ley) y en defensa del movimiento popular, se debe denunciar la disposición que se reclama y no hacer su apología, ni convertir a todo el conflicto en una disputa principista de apoyo al Estado y menos al "delito de opinión”, ni de subordinación de la libertad de prensa al imperio de un abstracto orden constitucional que en la práctica es siempre la organización política de defensa de un determinado modo de explotación. Pero el conflicto de la solicitada no se puede entender si se escamotea al actor fundamental, los trabajadores de los diarios, como lo hacen los izquierdistas y (¡pero en menor medida!) los derechistas. Es falso que la solicitada hubiera sido “subrepticiamente” retirada de los diarios por una “central comunista”, como lo “cuenta” el videliano Ámbito, pues esa solicitada fue públicamente debatida en los talleres de rotativas y corrección de Crónica y de Clarín, y fue objeto de un reclamo formal a las patronales y de una comunicación a los sindicatos. Los trabajadores amenazaron con un paro contra la publicación de la solicitada, y fue recién entonces cuando los izquierdistas y los burócratas hicieron la presentación judicial contra la solicitada (y al mismo tiempo contra el paro). Se prefirió el arbitraje estatal munido del “delito de opinión” a la acción directa del movimiento obrero; ésta es la clave de la cosa y lo que explica que los democratizantes no vacilen en defender el código penal contra la prensa. El periodista no se detiene a considerar la posibilidad de que el juez hubiera dado razón a los diarios, en cuyo caso la solicitada hubiera salido, mientras él quedaba comprometido a proseguir un curso judicial solitario en defensa del “delito de opinión”. El conflicto entre los trabajadores y la prensa no fue un conflicto jurídico sobre la libertad de opinión, sino el reflejo (en ese nivel) del conflicto práctico entre la movilización popular y la sedición derechista de los cuarteles. No “supone” la “armonía constitucional” sino la quiebra de esa "armonía” como consecuencia del alzamiento militar y de la reacción popular. No era una lucha para ocultar la "opinión” de los hombres de la dictadura ante la población sino un medio para privar a estos hombres, que se proponen anular las libertades democráticas, del poder práctico para seguir impulsando el alzamiento derechista. Tal como fue planteado por los trabajadores, no era un conflicto de prensa sino un enfrentamiento práctico contra la contrarrevolución que se valía del monopolio capitalista de la prensa, el cual permite que los sediciosos hagan sus proclamas y proclamen sus delitos, pero que jamás permitirá que los trabajadores puedan hacer valer del mismo modo sus opiniones. Este conflicto político-práctico debía encaminarse prácticamente mediante la movilización, no mediante su aborto. El carácter de esta lucha, contra el monopolio capitalista de la prensa, quedó diáfanamente en evidencia cuando los trabajadores ofrecieron el compromiso de permitir la publicación de la solicitada insertando su propia opinión. ¡Las patronales se negaron como ya, bajo la dictadura, se habían negado a publicar solicitadas o denuncias de Madres y Familiares! Bajo la dictadura era "delito” defender a los desaparecidos. ¡Así funcionaba la “armonía” del 213 con las “normas constitucionales"! El reclamo de los trabajadores a publicar su solicitada ponía la cuestión de la verdadera libertad de prensa en todos sus términos, y mostraba que ella era incompatible con el monopolio económico capitalista de los medios de impresión y de comunicación. La posición obrera tuvo un carácter de lucha práctico, no de bastardeo jurídico (ver reportaje a secretario general de Crónica, PO N° 183), esto es lo que debía defenderse, pero tuvo el mérito adicional de plantear la libertad de prensa en toda su amplitud y llevar a la superficie la evidencia de que rige el “delito de opinión". Para el Partido Obrero la libertad de prensa no es un principio abstracto que deba ponerse por encima de la lucha de clases, como si esta lucha de clases se dirimiera en el plano de las opiniones y como si la vigencia de cualquier libertad fuera independiente del desenlace de esa lucha eminentemente práctica. Pero es precisamente por esto, que rechaza que sea tutelada por el Estado burgués y la defiende sin restricciones, especialmente las que se encubren bajo la apología del delito o la difamación. La opinión política como tal, cualquiera sea su carácter, no. puede ser proscripta. El monopolio capitalista de la prensa es incompatible con la libertad de ésta, sirve a la defensa del orden existente y se convierte en arma de la contrarrevolución.

EE.UU. y la OTAN han comenzado a construir un extraordinario emplazamiento militar en las islas portuguesas de Azores y Madeira, ubicadas en el océano Atlántico, los cuales ya son hoy bases militares de los Estados Unidos y de la OTAN. En Azores, el programa costará 100 millones de dólares, “una suma considerada por la comandancia de la base estadounidense como equivalente a cualesquiera de los otros proyectos de la Fuerza Aérea” (Washington Post, 4-5- 87). La finalidad militar de estas ampliaciones es aumentar el radio de influencia de las bases, que se extendería a unos 1600 km al sur del Trópico de Cáncer y afectarían el área marítima angoleña. “Quien controla Azores, controla el Atlántico”, señaló el comandante de la base, brigadier Larry Wright. Esto los argentinos lo sabemos muy bien. Las Azores fueron una base fundamental para las operaciones de la OTAN y de la flota británica en su agresión contra Argentina. Sirvieron para abastecer a los barcos y aviones ingleses. Madeira es clave para el control de la costa africana. El fortalecimiento de estas islas muestra que la OTAN no piensa ni remotamente sacar sus pies de Malvinas y que el imperialismo se dispone a fortalecer militarmente todas sus bases estratégicas en el Atlántico Sur, desde las Azores hasta Malvinas.

“Lo único que falta —dice el comunicado firmado por Bernardino González, del Centro de Jubilados, Pensionados y Activos Ferroviarios de Cañada de Gómez (Santa Fe)— es la creación de campos de exterminio para acabar con los Jubilados y pensionados “a tal punto es "enorme la cantidad de suicidios de jubilados que se registra". “La situación se ha tornado intolerable", agrega; la mayoría de los que superan los 65 años “prefieren seguir trabajando” a “entrar al calvario, primero por la demora que se incurre en el otorgamiento del beneficio y luego por el mísero sueldo que se paga". (Clarín, 27/5). Estos conceptos son mucho más que una denuncia; constituyen la radiografía del destino de la clase obrera en la situación actual de la “democracia” capitalista. La entidad denuncia las promesas electorales de 1983 y señala que quienes las formularon “se fijan por su cuenta suculentas dietas". “Estas mentiras — agrega— volverán: en poco tiempo más empezarán a dirigirnos a los jubilados en pos de la gallina de los huevos de oro” (los votos). El Partido Obrero hace suya la denuncia de los compañeros jubilados. Para terminar con esta situación es necesario una acción única de todos los explotados contra el capitalismo y su Estado. El dinero que se debe a los jubilados ha ido a parar a los bolsillos de los banqueros y de toda la gran patronal. Para acabar con la expropiación (y exterminio) de los jubilados, hay que expropiar a sus expropiadores.

Hay que convenir en que la camarilla militar no sólo le dictó al gobierno la ley de obediencia debida sino también el lugar de las comas. Como consecuencia de esto, los juramentos y compromisos formales de Alfonsín han pasado a cotizarse por debajo de la deuda externa argentina, lo que es una enormidad. La ley de impunidad que está por votar definitivamente Diputados, en revisión del Senado, ha terminado saliendo exactamente como se la reclamaron los Caridi y Arosa, los Alsogaray y Favelevic, y los Gildred y Primatesta. Más allá de su aberración democrática y jurídica, esta nueva ley consagra la nulificación política que en un lapso sorprendentemente rápido han sufrido el régimen político democratizante y el presidente de la nación. Don Alfonsín tuvo que aguantarse sin decir palabra el discurso del jefe del estado mayor del ejército, su subordinado, quien no tuvo empacho en reivindicar como patriótica la “guerra” que hace un mes Alfonsín había calificado como un sistema de “coerción irresistible” para la ejecución de delitos atroces. La “cadena de mandos" está rota, como se puede apreciar, en sus eslabones más altos, poniendo en evidencia que la camarilla militar no responde a ninguna de las instituciones formales de gobierno ni tampoco al comandante supremo. La crisis militar parece también haber sufrido el impacto tecnológico de la superconductividad, tal ha sido la rapidez y la contundencia de su propagación hasta la cabeza del Estado. Los políticos alfonsinistas se van tragando todos los sapos que el alto mando militar (y con seguridad la embajada norteamericana) le hace tragar a su vez a Alfonsín, con el persistente consuelo de que, satisfechas las presiones en favor de una amnistía al 90%, el frente militar perderá su ocasional cohesión, lo que les permitiría retomar el control de la situación. Pero esta justificación significa el reconocimiento de que la crisis político-militar no quedará cerrada con la obediencia debida ni aún con una amnistía formal, con lo que fracasaría el principal objetivo de la clase capitalista y de sus políticos, que es el de cauterizar la anarquía militar. Significa que se abre un prolongado período de deliberación militar, en cuyo marco el gobierno pretende actuar a través del alto mando reaccionario. Esto naturalmente ha acentuado el estado deliberativo de los mandos inferiores, como lo demostró la concentración frente al alojamiento de Rico, en Campo de Mayo, protagonizada por más de un centenar de oficiales. Hay que computar en este proceso de descomposición el enfrentamiento entre un coronel asignado al Estado mayor conjunto y el jefe de éste, así como otras disputas registradas por la crónica diaria en el edificio Libertador, y hasta la negativa de muchos oficiales a jurar el pasado 29 de mayo por la constitución nacional (según La Prensa esto también se habría producido en todas las unidades del III° Cuerpo de ejército). Es evidente que se ha abierto una lucha política por el control y la orientación de las fuerzas armadas, la cual se conjuga con una lucha por el control del gobierno y aún la sucesión electoral de Alfonsín. La conclusión que se extrae de todo esto es, en primer lugar, que los trabajadores tienen frente a sí, a un régimen patronal que se ha debilitado extraordinariamente; en segundo lugar, que ese debilitamiento no ha beneficiado a la derecha ni al golpismo, como lo testimonia la tendencia creciente a la deliberación militar; en tercer lugar, que se ha abierto un periodo de deliberación sobre la reorientación del gobierno y sobre el control de las fuerzas armadas, que muestran la existencia de una crisis de poder. En estas condiciones, los partidos patronales y la izquierda democratizante plantean que los trabajadores deben seguir por el camino por el que han ido hasta ahora, es decir, de apoyo al régimen actual y de planteamiento de sus reivindicaciones dentro de los límites de éste, lo que significa que no intervengan en la crisis de poder abierta. El Partido Obrero, por el contrario, llama la atención sobre la existencia de esta crisis y plantea que los trabajadores deben intervenir en ella por medio de un partido político propio, que por esta razón podrá convertirá la clase obrera en la gran alternativa de poder. Deben pagar caro los ₳ 30 La batalla que el régimen patronal no tuvo la capacidad de emprender contra la sedición militar, sí la ha presentado contra los asalariados, negándose a incorporar al básico el aumento de ₳ 30 australes en favor de los salarios mínimos. La lógica de aquella capitulación y de esta “firmeza” es la misma: la obediencia debida al gran capital. La miseria que implica ese aumento ya nos está diciendo que no era una motivación económica lo que guió la decisión del gobierno que bien sabe que los salarios en general no son motivo de inflación en un Estado que tiene una fabulosa deuda externa y que ha creado en los últimos tres años una deuda financiera interna tanto o más fabulosa. La posición oficial se explica por una sola razón: no dar alas a la beligeración obrera qué se viene manifestando en forma creciente en todo el país. El hecho sirvió de todos modos para mostrar para qué sirve un ministro “obrero” en un gobierno patronal; para encubrir el congelamiento del salario. También la CGT se llamó a sosiego; luego de un cinematográfico abandono del avión que debía conducir a la delegación sindical a la conferencia de la OIT, Ubaldini dijo que la CGT continuaba apoyando a Alderete y que se haría presente en Ginebra. Los burócratas justifican todas estas agachadas en la expectativa de que las llamadas leyes labora-les sean enviadas al congreso y aprobadas. Pero estas leyes ya han sufrido el proceso que vivió la ley de obediencia debida y la movida de comas aún no ha terminado. La nueva redacción de la ley de paritarias, faculta al gobierno a declarar la emergencia económica siempre que así lo entienda, lo que anula naturalmente a las paritarias. En los próximos días los patrones ya han anunciado que harán sacar otro tipo de cláusulas “molestas” (y que en verdad no tienen nada de “molestas”, como el derecho a la información sobre la marcha de la empresa, que los patrones darán cuándo y cómo les parezca), y que solo podrían interpretarse como “molestas” en un cuadro en que la clase capitalista siente que no tiene amarrada con seguridad su dominación política. La crisis que de todos modos se abrió entre el “equipo económico” y la burocracia sindical, sirvió para despertar en menos de 45 días las ilimitadas ilusiones de estabilización política que provocó el ingreso de Alderete y el grupo de los 15. Decididamente, la marcha de la crisis del régimen pulveriza con extraordinaria rapidez las tentativas políticas más diversas. Es que, adicionalmente, durante todo el tiempo que lleva la “experiencia Alderete” se ha incrementado el nivel de luchas obreras y, lo que es muy significativo, el de las victorias —como ya tuviéramos oportunidad de señalarlo hace tres semanas. Consignas Por todo esto entendemos que la situación es muy propicia para tirar abajo el congelamiento salarial pactado entre el gobierno y la burocracia. Ahora que hay que cobrar el medio aguinaldo queda claro que se plantea que el "anticipo” de ₳ 50 debe quedar incorporado. Pero obviamente la lucha que se emprenda en este sentido no podrá agotarse en esa reivindicación, a riesgo de tener que ir a la lucha todos los meses. El conflicto en tomo al anticipo del medio aguinaldo puede ser ganado y constituye la oportunidad para un planteo de conjunto de los salarios: ₳ 700 de mínimo, 82 % para los jubilados y ajuste mensual móvil. La consigna natural para esta lucha es la asamblea general, por lugar de trabajo, y sindical. Pero está claro que esta lucha está bloqueada por factores políticos (la integración de los sindicatos al Estado) y que su desbloqueo pondrá en jaque la capacidad del régimen patronal. Por este motivo hay que poner en pie, sobre la base de la lucha, nuevas direcciones consecuentes y reemplazar a la burocracia sindical. En esta misma dirección, se plantea romper en el plano político con los partidos patronales democratizantes y construir un poderoso partido obrero.