Prensa Obrera N° 182

Hacer la denuncia de la aberrante ley de “obediencia debida” que Alfonsín acaba de enviar al parlamento es totalmente superfluo a esta altura del partido. El propio presidente sabe que es un engendro antijurídico; que viola el más elemental principio del estado de derecho; que elimina institucionalmente al poder judicial; que absuelve crímenes contra personas indefensas; que pulveriza los más elementales derechos individuales; que deroga por lo tanto la constitución nacional; que deja el monopolio dé las armas en personas probadamente incursas en delitos aberrantes; que borra por esto mismo el slogan de “nunca más”, con que el oficialismo y sus falsos opositores nos abrumaron durante las campañas electorales, para que el pueblo les otorgara su confianza en el manejo de la violación de los derechos humanos. Todo esto lo saben el presidente, lo saben los diputados y lo saben los senadores. Sobre esto no se puede agregar nada más. Agravamiento de la crisis militar El problema fundamental del momento es que esta ley de la "obediencia debida”, o el indulto selectivo que propone Cafiero, surge como consecuencia del alzamiento militar de semana santa y es un resultado de los compromisos asumidos por el presidente de la Nación, por todos los partidos patronales e incluso por algunos de izquierda con los sublevados. Esto significa que la dictadura de ayer, con sus hombres y con su política se ha impuesto a los poderes formales del Estado y ha pasado a cogobernar, aunque no lo haga desde el escenario del Congreso sino en el sigilo de la trastienda. Todavía más grave, si cabe, es que la descomunal capitulación del gobierno y de los partidos “opositores” en semana santa; las negociaciones que se realizaron desde entonces; y el envío de esta ignominiosa ley; todo esto ha fortalecido al bloque sedicioso dentro de las fuerzas armadas, porque naturalmente los elementos vacilantes han visto de qué lado está el bando ganador. Hoy las exigencias no las formulan solo algunos tenientes coroneles, capitanes o mayores, sino directamente las máximas autoridades militares, como cualquier ciudadano puede comprobarlo leyendo los comentarios periodísticos coincidentes de todos los diarios en los últimos días. Durante semana santa, la política capituladora del gobierno provocó el crecimiento de la sedición militar, que de Córdoba se trasladó a Campó de Mayo, y que aún sobrevivió otras 24 horas en Tucumán y Salta, forzando al gobierno en este caso, a nombrar segundó jefe del Ejército a un hombre de confianza de los sublevados, luego de haber desplazado a todos los supuestos mandos “leales”. Esta política capituladora ha provocado ahora la extensión de la sedición a todos los niveles y su centralización en los altos mandos. Decimos exactamente que estamos asistiendo a una extensión y centralización de un proceso de sublevación porque, como también se puede comprobar mediante la lectura de los diarios, la posición oficial de la camarilla militar es contraria incluso a esta ley de “obediencia debida”; reclama la sanción de una amnistía y la reivindicación de lo que ellos llaman “guerra antisubversiva”. . Todo esto quiere decir que el congreso nacional, no solamente se apresta a votar una aberración jurídica y una inmoralidad humana y política (lo cual le quita toda autoridad ante la sedición recalcitrante), sino que tampoco esto pone fin a la crisis, toda vez que la camarilla militar y los que la siguen no admiten otro desenlace que su total victoria política. Estamos ante algo más que una claudicación política; ESTAMOS ANTE UNA SITUACION DE COMPLETA BANCARROTA DE LOS POLITICOS BURGUESES DEMOCRATIZANTES Y DE SUS INSTITUCIONES. Durante cuatro años fueron totalmente incapaces de imponer una salida democrática a la violación de los derechos humanos mediante el juicio y castigo de todos los culpables y fueron de capitulación en capitulación: el autojuzgamiento por medio del Consejo Supremo; las “instrucciones” a los fiscales; el ascenso de los militares acusados en el informe de la Conadep; el “punto final”; el acuerdo con Rico; la “obediencia debida”. Todo esto fue de fracaso en fracaso. Todo esto sirvió para fortalecer al militarismo derechista. Todo esto fue el responsable de semana santa. Ahora se larga otro engendro legal que agrava hasta el paroxismo la situación política, que pone en peligro las libertades democráticas y como consecuencia de ello la propia estabilidad política. Un presidente que envía un proyecto de ley del cual dice que es la vía de la “reconciliación” y al mismo tiempo que tiene que pagar por él un “enorme costo político", es un presidente acorralado cuya política está poniendo en Peligro los derechos fundamentales del pueblo. El pueblo debe decidir ESTE PRESIDENTE Y ESTE CONGRESO NO TIENEN DERECHO A VOTAR LA LEY DE "OBEDIENCIA DEBIDA”. ES EL PUEBLO QUIEN TIENE QUE DECIDIR. No tienen derecho a decidir quienes en 1984 votaron el castigo a los crímenes atroces y hoy se aprestan a votar la inimputabilidad de los crímenes atroces. No tienen derecho a decidir quienes objetaron las maniobras del Consejo Supremo de las FFAA para no juzgar a los responsables, y hoy se aprestan a darle la razón a ese Consejo Supremo impidiendo el juzgamiento de ley. No tienen derecho a decidir quienes votaron una ley de "punto final” que declaró impunes de hecho a muchos mandos superiores y hoy se aprestan a votar la amnistía de los mandos inferiores con el argumento de que la responsabilidad es de los primeros. No tienen derecho a decidir quiénes han fracasado; quienes nos han conducido a esta crisis, a esta situación de inseguridad, a esta crisis institucional. El pueblo tiene que decidir. NO TIENEN DERECHO A DECIDIR QUIENES CON SU INCOMPETENCIA HAN LOGRADO AMPLIAR LA SEDICIÓN MILITAR Y AYUDAR A ESTA A SUPERAR SUS CONTRADICCIONES, MIENTRAS QUE ELLOS MISMOS — LOS CAPITULADORES—, LUEGO DE PROCLAMAR DEMAGOGICAMENTE LA UNIDAD CIVIL MIENTRAS NEGOCIABAN CON LOS SUBLEVADOS, HOY ESTAN COMPLETAMENTE DIVIDIDOS EN TORNO A QUE CLASE DE LEY ASEGURA LA AMNISTIA Y EL PACTO DURADERO CON LOS DERECHISTAS. Hay que comprender lo siguiente: la incapacidad de los políticos patronales para luchar y poner en pie una democracia consecuente; su ligazón con el Imperialismo; su atadura al Estado que garantiza la explotación capitalista; su propia miopía; todo esto está provocando una crisis de poder. Un poder en crisis no debe decidir; tiene que decidir el pueblo. Es por todo esto que el PARTIDO OBRERO llama nuevamente a la movilización política contra la impunidad y la amnistía, pero con esta consigna: que el pueblo decida. Quienes tanto se llenaron la boca con los elogios a la movilización popular de semana santa para mejor engañarla y traicionarla, tienen que admitir que, si el pueblo es el protagonista fundamental, es el quién debe decidir. No pueden hacerlo quienes cada vez que votan una nueva ley de impunidad deshacen todo lo que prometieron cuando votaron las leyes de impunidad que las precedieron. El pueblo tiene que decidir. Hay que convocar a una Asamblea Constituyente. SOBERANA, LIBRE E IRRESTRICTA. Es que esta crisis no es un fenómeno circunscripto, tiene por causa fundamental toda una política económica, social e institucional. Juzgar a los responsables del genocidio; depurar a las fuerzas armadas; darnos una organización militar de la nación capaz de defender la soberanía; remover toda la escoria totalitaria; todo esto exige romper con el imperialismo; dejar de alimentar con nuestro hambre a los parásitos de la banca internacional y de la patria financiera; establecer el control de la economía por los trabajadores: crear un Estado democrático, ejercido y fiscalizado por la ciudadanía que trabaja; impulsar una política de unidad de América Latina por la independencia común. Por eso es necesario una Asamblea Constituyente. Es necesario que la soberanía popular se exprese en una Asamblea Constituyente, con nuevos representantes elegidos por sufragio universal, que asuma la totalidad del poder político. No la convención que proponen Alfonsín y Cafiero para el año que viene, cargada de una hipoteca de amnistías y entrega del patrimonio nacional, y restringida a aprobar la reelección presidencial y el primer ministro, sino que de una salida democrática a esta crisis y modifique el ordenamiento político y social del país en favor de la democracia y de los trabajadores. La presente crisis desnuda el derrumbe de un sistema, el cual si persiste nos llevará a situaciones aún más dolorosas. La crisis político-militar responde al agotamiento de la clase dirigente capitalista para impulsar un desarrollo nacional soberano y democrático; en esta crisis se resume todo un proceso histórico. El PARTIDO OBRERO repite: él Congreso no tiene autoridad política, para decidir; su voto a la “obediencia debida” no reconciliará a los reaccionarios y derechistas con la democracia, ni tampoco con esta ley porque reclaman la amnistía y una cuota decisiva de poder. No es ninguna clase de solución, agrava todos los problemas. Lo evidencia la brutal división entre los mismos partidos políticos que coinciden en amnistiar, pero difieren con el camino adecuado y con el alcance político general que debería buscarse con la amnistía. Llamamos a movilizarnos contra este nuevo engendro junto a todos los demócratas. A profundizar esta movilización. Pero en el fondo, todo esto depende de la perspectiva política que se le ofrezca al pueblo. A esto el PARTIDO OBRERO RESPONDE: QUE EL PUEBLO DECIDA. Asamblea Constituyente. SOBERANA, DEMOCRÁTICA, IRRESTRICTA.

El pasado sábado 16, dos barrios salteños protagonizaron una extraordinaria jornada de movilización. En el barrio Provipo, que viene de ganar una lucha contra la gobernación por la adjudicación de viviendas ocupadas, se realizó una asamblea vecinal que desafiando el clima (se realizó a cielo abierto, en plena noche, bajo una gran carpa) voto importantes resoluciones. En la reunión, el compañero Capurro, en nombre de la dirección nacional del PO, saludó esa victoria, explicando cómo era parte de una misma lucha nacional contra la clase explotadora, la burguesía, que sumía a los trabajadores en terribles condiciones de miseria, especulando con la necesidad de vivienda de la clase obrera, engañándola y explotando con altísimas cuotas y ventas fraudulentas, esa necesidad. El debate en la reunión de Provipo fue muy provechoso. Se pudo hacer un balance de las distintas políticas adoptadas en el curso del conflicto. Un sector, dirigido por la UCR, pretendía llevar a los vecinos al desalojo. Elementos de ese sector llegaron a negociar su “salvación” individual a cambio de enterrar el movimiento. La gobernación les llegó a dar una adjudicación de Provipo en forma personal. La política que impulsó el Partido Obrero fue totalmente distinta. Se organizó la asamblea barrial, se movilizó y luchó a cara descubierta y se denunció la maniobra justicialista-radical. Así fue como se triunfó, obligando al gobernador Romero y a Provipo a firmar un contrato de adjudicación oficial para todos los vecinos. Ante el éxito, los propios vecinos, que fueron llevados de la nariz por la UCR, vinieron a solicitar ser incluidos, señalándoles a los vecinos que era importante que reconociesen el fracaso de la salida individual, a espaldas de los demás, impulsada por los partidos patronales. Se acordó en la asamblea un plan de lucha que llama a desconfiar de que todo se resuelve con el papel firmado, y a profundizar y ampliar la movilización barrial, junto al resto de los barrios en lucha de la zona de Provipo, muy castigada por la política justicialista-radical. Finca Independencia El mismo sábado, simultáneamente, el Partido Obrero de barrio Finca Independencia realizó una peña de la que participaron más de sesenta compañeros, con sus familias. Además de un riquísimo locro, hubo números artísticos (un excelente trío de compañeros hizo reír a todos con un gran número cómico) y estuvieron presentes vecinos de otros barrios, que aportaron también números artísticos. Se bailó y cantó hasta la madrugada. Al hablar, los dirigentes vecinales destacaron la importancia del fortalecimiento de la lucha barrial independiente de los partidos patronales, ya que en Salta las vecinales son en su mayoría un apéndice de Romero, el gobernador, quien las dirige pagando sueldos del Estado a los “dirigentes” vecinales. Lógicamente, así las luchas barriales son traicionadas, una atrás de otra. La conclusión de que la independencia de clase es fundamental se remató en la necesidad de la construcción de un gran Partido Obrero, que luche por el gobierno de los trabajadores como única forma de satisfacer esas sentidas reivindicaciones de la clase explotada.

La prueba más importante presentada contra los asesinos de los tres jóvenes obreros de Budge, la que logró desenmascararlos ante la opinión pública, no fue jurídica: fue la extraordinaria movilización de todos los vecinos del barrio para exigir el castigo a los culpables. De no haber sido por esa movilización vecinal, este hecho (caratulado como “policial”) hubiese quedado archivado como tantos otros ocurridos en Cuartel Noveno y todo el Gran Buenos Aires. Es que no es éste el primer caso de “fusilamiento” en la zona. Hace 24 meses, en Villa Albertina, una familia entera, incluida una joven embarazada, fue masacrada dentro de su vivienda, bajo la excusa de un “tiroteo” con “malvivientes”. Semana tras semana, en hechos similares, numerosos jóvenes, incluidos menores de edad, han aparecido como protagonistas de estos supuestos tiroteos con la policía provincial. La realidad de las pruebas y los testimonios desmienten, una y otra vez, estos hechos. No puede haber tiroteo cuando las balas invariablemente entran por la espalda, ni cuando hay balazos a quemarropa en la cabeza de la víctima. Escuadrones de la muerte Los Balmaceda, los Romero y Cía., sindicados como autores de estos crímenes, no son elementos “descarriados” de la policía. Son la expresión más acabada del aparato genocida montado bajo el gobierno de Isabel y López Rega (Tres A), y luego aceitado por la dictadura. Ese aparato fue el que secuestró y asesinó masivamente a los obreros de los barrios y fábricas de la zona, con la excusa de la “lucha contra la subversión”. Ese aparato sigue en pie y es protegido por el actual régimen político, que lejos de depurarlo, lo ha ungido con la impunidad. Buena parte de los policías involucrados en los enfrentamientos de los últimos años (Larroque, mansión Potrone, Villa Albertina) es la misma que revistaba como personal —según las denuncias ante la CONADEP— en el llamado “Pozo de Banfield”. El grupo comando que fue a amenazar a la familia Valle (participante en la comisión vecinal de amigos de las víctimas de Budge) señaló expresamente que no iba a permitir la citación por la justicia y la acusación de Balmaceda. Es la misma postura de los Rico y los Barreiro, ante la cual capitularon hace poco los Alfonsín y los Cafiero. Los hombres de gatillo rápido del Gran Buenos Aires son el corazón de la actual policía provincial; ninguno ha sido procesado por los crímenes del pasado, como tampoco han sido condenados por una sola de las causas que actualmente, bajo el régimen constitucional, se han iniciado en su contra por los familiares de las víctimas. Los escuadrones de la muerte son el mantenimiento en acción del aparato genocida de la dictadura, bajo la fachada “democrática”. La decisión de todos los partidos de la burguesía de “tapar” estos crímenes en Cuartel Noveno es coherente con su política general: en el Congreso se ha votado una ley de “obediencia debida” que justifica a todos estos asesinos y violadores, ya que la ley amnistía no sólo a militares, sino también a civiles y fuerzas de seguridad. El ministro de gobierno de la provincia, Portesi, insiste —como lo ha hecho otras veces— en la teoría del “enfrentamiento”. Los partidos patronales (UCR, PJ) huyeron despavoridos del Concejo Deliberante, dejando vacío el recinto el viernes pasado, cuando la movilización vecinal fue a la Municipalidad de Lomas a pedirles un pronunciamiento por los hechos de Budge. El peronismo renovador, con la anuencia del PC, se opuso a que en esa movilización hablasen las Madres de Plaza de Mayo, para denunciar el crimen. Toda la burguesía salió a “parar la mano” del castigo de los culpables. La línea de la burguesía Los partidos patronales y el gobierno saben que no se trata de un “hecho aislado” protagonizado por elementos que escapan de su control. Esto no sólo está demostrado por la actitud del ministro Portesi de apañar los hechos; no ha salido una sola iniciativa tendiente a castigar a los responsables por parte de la UCR, el PJ —renovador o “patotero”— y demás sectores burgueses. Es evidente que el suboficial Balmaceda (sindicado como el principal ejecutor de los jóvenes obreros de Budge) no se presenta por una decisión del conjunto del régimen político. En momentos en que existe una ola de indignación nacional por estos asesinatos, con una pueblada como la protagonizada por todo el barrio de Ingeniero Budge, la presentación de los responsables de los hechos ante la Justicia fortalecería al movimiento, al tiempo que le ciaría un punto de referencia a su movilización. La burguesía le teme como a la peste a la manifestación masiva que podría suscitarse en la propia puerta de los Tribunales, con los Balmaceda y Cía. presentados a declarar. Por ello las fuerzas políticas patronales han tomado su decisión de “enfriar” el asunto, tratando de que pasen los días y el movimiento barrial y popular se diluya, pierda vigor y se produzca una desmoralización de sus protagonistas. En nada se diferencia' este método desmovilizador del que los partidos patronales emplean ante cada huelga: aislar al movimiento, dejarlo sin eje, desmovilizarlo. Lo que ha puesto al desnudo este crimen fue la inmediata reacción popular. Ni bien se produjo el fusilamiento de los jóvenes, en ese mismo momento se comenzó a juntar el vecindario en el lugar para repudiar a los autores del hecho. La multitud que se concentró en la esquina de Guaminí y Figueiredo cercó físicamente a los autores del hecho. El policía Balmaceda debió pedir “refuerzos” a su cuartel general. Llegaron inmediatamente más de cincuenta hombres armados, con Itakas, que procedieron a lanzar gases lacrimógenos y balear a la multitud, lo que permitió la fuga de los autores del hecho. Al mismo tiempo la luz eléctrica —era de noche— fue cortada, aprovechando que los transformadores son aéreos. En medio de la oscuridad desde un auto blanco le fueron puestas las armas a los muchachos, para tratar de fraguar un “enfrentamiento”. Todo esto fue visto por los vecinos. Inmediatamente de ocurridos los hechos, los vecinos se organizaron en una Comisión especial del barrio y protagonizaron una extraordinaria movilización al Puente de La Noria; más de tres mil vecinos rodearon la comisaría, exigiendo que apareciese Balmaceda. La comisión vecinal se entrevistó luego con todos los testigos del hecho, apoyando su testimonio y garantizando la defensa de los mismos. Ante el posterior ataque a la familia Valle —pertenecientes a la comisión—, se formaron los primeros grupos de autodefensa del barrio. Manzana por manzana, se fue conformando un comité de vigilancia que durante las veinticuatro horas se ha dado por misión alertar al vecindario sobre todo movimiento sospechoso, mediante el caceroleo de esquina a esquina. Ante el ataque del que fue protagonista el vecino del barrio, Orellana, se constituyó una inmediata guardia de vecinos en el Hospital. Los métodos del barrio han sido la organización y la movilización independiente. No han permitido que se ponga a la cabeza de ese movimiento ningún sector patronal ni ningún político o diputado burgués. Han basado cada paso que fueron dando en un creciente grado de maduración política, demostrando que existe una gran conciencia de clase. Toda la movilización se ha basado en la desconfianza en la burguesía, en sus instituciones y en sus representantes. El padre del testigo Mortes, ante el ofrecimiento del intendente de Lomas de mudarse a su casa para “estar más protegidos” le dijo: “Nosotros nos quedamos en el barrio, donde hemos vivido toda la vida y donde tenemos el apoyo y la seguridad que nos brindan los propios vecinos”. Total independencia de clase En estos momentos existen dos variantes para aplastar la lucha. El sector más derechista de la patronal es partidario del terror. De allí la golpiza y amenaza a los hijos del matrimonio Valle, así como el tremendo ataque sufrido por el vecino Orellana. Pero existe otro sector de la burguesía que apela a los métodos “democratizantes”. Este sector trata de hacer como que apoya al movimiento para mejor estrangularlo. Se tratará por todos los medios de desgastar al movimiento en tratativas inútiles, en entrevistas con políticos y concejales patronales que no van a llevar a ningún lado. Este sector democratizante tratará por tocios los medios de quitar el actual contenido independiente del movimiento, supeditándolo a las interminables “tratativas” con las instituciones burguesas, para así tratar barrio. Contra el intento de todas las variantes patronales, por distintos métodos, de mandar al tacho del olvido este asunto, se impone ahora ampliar con todo vigor el gran movimiento barrial. Debe lograrse un verdadero frente único de masas alrededor del castigo a los responsables de estos hechos, logrando el apoyo de todas las fábricas de la zona, de las escuelas, de la Universidad de Lomas, de los centros de estudiantes y las comisiones internas. Hay que ramificar y multiplicar el movimiento, evitando su aislamiento en el barrio y trasladándolo a las demás vecinales de Cuartel Noveno y de toda la zona sur. El movimiento así implantado debe tener muy presente la denuncia sistemática de la actitud de los políticos y partidos patronales que están tratando de manipular esta extraordinaria movilización, para desviarla de su contenido de independencia de clase. La base para poner en pie un movimiento de estas características están dadas, ya que la profunda desconfianza en los políticos patronales, en la burguesía y sus instituciones es lo que ha permitido a la movilización barrial lograr semejante repercusión y éxito. Se trata ahora de dar un salto que profundice esa situación para lograr la victoria. ¡Transformemos a Budge en un gran faro nacional por el castigo a todos los culpables! Un nuevo atentado A pocas horas de que un comando que se identificó como perteneciente a la Brigada zonal atacase al matrimonio Valle, integrante de la Comisión Vecinal de Budge, se ha producido un nuevo hecho de violencia. El “Tigre” Orellana, un trabajador de la zona que participó de la movilización del viernes por el castigo a los culpables de la muerte de los vecinos del barrio, fue salvajemente golpeado, por tres sujetos, que se identificaron como policías. Al igual que al matrimonio Valle se le reprochó insistir en la movilización por el esclarecimiento de los hechos, golpeándolo con más saña al ver que llevaba en sus bolsillos volantes de organizaciones de derechos humanos. Esto demuestra que no se trata de elementos aislados, sino del mismo aparato represivo que sigue en pie desde la dictadura, con sus mismos métodos. Es imperioso que desde la vecinal de Budge se llame a formar una Comisión Investigadora amplia, de carácter independiente del gobierno y sus partidos, para lograr el castigo a los responsables.

La burocracia de la Asociación Bancaria ha convocado a elecciones en todas las seccionales del país. Desde el vamos, más del 99% del gremio está imposibilitado de presentarse como candidato, según lo establece el Estatuto de la Sanearía y la ley de la dictadura, 22.105, todavía en vigencia. “Para ser congresal —dice el Estatuto— es requisito ser o haber sido congresal o miembro del secretariado nacional o seccional.” Es decir, sólo los amigos de Zanola y Tejerina pueden ser congresales, pero no la inmensa mayoría del gremio. ¡Es como si para ser diputado fuera requisito ser o haber sido diputado o ministro! Estamos ante el más proscriptivo de los estatutos del sindicalismo argentino, lo que es mucho decir. La burocracia de la Bancaria tiene, estatuto mediante, instaurada una “monarquía” en el gremio. Tal grado de proscripción y antidemocracia alcanza este Estatuto que en las seccionales pequeñas, como Chascomús, por ejemplo, ni la propia burocracia está en condiciones de presentar lista. Sin embargo. Zanola y Tejerina no se conforman solamente con la proscripción de la masa del gremio, porque temen que ni esto les alcance para atornillarse a los sillones. Es así que están armando listas únicas con radicales, peronistas (sean de los “15" o renovadores). y aun con dirigentes que integraron en el pasado la oposición antiburocrática. Indudablemente, son los tiempos del “pacto social” ... En el activismo bancario se ha abierto un debate sobre cómo enfrentar a la patota del "pacto social" en estas elecciones. Una alternativa es organizar desde ya el boicot masivo a las elecciones, denunciando el fraude en marcha. Otra alternativa es que el activismo antiburocrático, a la vez que denuncie la proscripción del gremio e impugne el estatuto fraudulento, se esfuerce por presentar una lista independiente de la burocracia contra los Zanola y Tejerina, aun cuando sea incompleta, los hombres del "pacto social” con los banqueros y el FMI, los hombres que renunciaron a defender la ley de estabilidad y el convenio, los hombres que firmaron un acuerdo salarial con cada cámara para descuartizar al gremio. Esta perspectiva está más madura en algunas seccionales del interior, como La Plata o Bahía Blanca, donde se pueden sortear con mayor facilidad las trabas estatutarias. El programa de una lista independiente estaría encabezado por el reclamo de la democracia sindical, por el compromiso de lucha por la reforma de los estatutos proscriptivos, para que cualquier trabajador bancario pueda ser elegido, para que la asamblea general de los bancarios sea la que decida los rumbos del gremio.

El miércoles 13 de mayo se realizó una asamblea de la seccional Temperley de la U.F. para discutir la cuestión salarial. Ricardo Moles, miembro de la Comisión Directiva presente en la asamblea, informó que la burocracia de la UF estaba gestionando un aumento del 4,7 %, algo así como 10 australes, cifra que está muy lejos de quebrar la miseria del trabajador ferroviario y aún de compensar el deterioro salarial del primer trimestre. Moles llamó, también, a confiar en las gestiones de la CGT con el gobierno "para que no se descuente el adelanto del aguinaldo” y a aceptar el 6 % desde junio. La repulsa de la base de Temperley no se hizo esperar: una importante cantidad de compañeros, que nunca antes habían intervenido en las asambleas, tomó la palabra para manifestar su bronca a la adaptación de la directiva Verde a la miseria impuesta por el gobierno. La Comisión Ejecutiva de Temperley, integrada mayoritariamente por partidarios del ex Frepu, propuso entonces marchar a la UF Central para que la Directiva “tome nota” de los reclamos. Esta propuesta también fue rechazada por los trabajadores: ¿Cuántos planes de lucha, levantados inconsultamente y sin conseguir nada, hizo la burocracia verde? La Ejecutiva de Temperley proponía un camino sin salida. ¿Zárate, Pedraza y Cía., habían de tomar en sus manos el plan de lucha? La asamblea rechazó la bicicleta de la presión sobre la Directiva y resolvió poner manos a la obra de la organización de la lucha salarial. Se votó que los dirigentes de la seccional bajen a las especialidades, organicen reuniones con los compañeros en los lugares de trabajo con pronunciamientos en favor de la lucha salarial, organizar la dirección de la lucha eligiendo las Comisiones de Reclamos y una nueva asamblea general en 15 días. Las resoluciones de la Asamblea de Temperley demuestran no sólo la voluntad de lucha de la base, sino fundamentalmente la madurez política del activismo ferroviario. La burocracia está dispuesta a entregar hasta su propia madre a cambio de lo que ya le prometió el gobierno: la devolución de las obras sociales y la integración al directorio de la empresa. El camino votado en Temperley es el que nos permitirá llegar a la victoria.

A mediados de la semana pasada se realizó un Congreso de Delegados de ATSA Buenos. Aires, cuyo objeto era “instrumentar” las resoluciones votadas en la última asamblea general del 24 de abril: el reclamo salarial del 33 % y el "plan de trabajo” presentado por la Directiva. Estuvieron presentes 190 establecimientos, pero en su inmensa mayoría sin mandato de asamblea de base, por cuanto la convocatoria oficial del Congreso apareció en los diarios pocas horas antes de su realización. En el Congreso se produjo un falso debate: Por un lado, las 62 Organizaciones proponían dar mandato a Darío Pereyra para "instrumentar” el mandato de la Asamblea General; por su parte, los partidarios del difunto Frepu sostuvieron que la "Instrumentación" debía correr por cuenta de una comisión, no de un solo hombre. ¿Pero, en qué consiste la "instrumentación”, en la cual coincidían tanto los patoteros como los deudos del Frepu? Simplemente, en solicitar una entrevista a West Ocampo para que éste tome nota del reclamo del 33 % votado en la Asamblea. Si este paso no diera resultados satisfactorios (¿qué duda cabe?), el segundo paso de la “instrumentación” sería entrevistarse con el "compañero ministro" Alderete. El Congreso vino a consagrar el inmovilismo de la Directiva de ATSA, puesto de manifiesto en la Asamblea General, donde se opuso en un bloque común con las 62, a la única propuesta de lucha levantada por la agrupación clasista A.S.I.S. La "instrumentación" viene a confirmar lo que Prensa Obrera denunció en el balance de la asamblea: el reclamo del 33%, impulsado por la Directiva, era sólo un taparrabos demagógico para votar contra la propuesta del plan de lucha. Los izquierdistas han rifado el ascenso antiburocrático más importante de los últimos años en favor de West Ocampo y Alderete. La capacidad de autohumillación de la izquierda democratizante no tiene límites, sólo es superada por su incapacidad para movilizar al gremio contra la patronal y la burocracia. No casualmente, la Directiva de ATSA no puso a consideración del Congreso el repudio al “pacto social”. La evolución de la Directiva de ATSA, en especial de su fracción izquierdista, ha demostrado que el camino emprendido no tiene retorno. Es necesario fortalecer el reagrupamiento clasista y revolucionario en el gremio de Sanidad, como única vía para retomar el camino abierto con la derrota de West Ocampo y Severino.

En marzo del 86 entró en vigencia; práctica el nuevo régimen de haberes establecidos por el nuevo escalafón; sin embargo; la ordenanza respectiva, se había promulgado mucho tiempo antes. Resumiendo, la MCBA adeuda a los trabajadores municipales 9 meses de aumentos salariales. Pero la Comisión Directiva del gremio convocó a un plenario de delegados para proponer que se cobre en 3 cuotas una suma de dinero bastante inferior a la adeudada. En el plenario se armó tal confusión que la propuesta no pido ser votada. En medio de este trámite la Municipalidad quiso imponer como condición para el cobro de ese dinero, que el gremio renunciara a la cláusula de actualización salarial vigente con el escalafón. Este planteo generó una enorme indignación; un nuevo plenario votó medidas de fuerza y una movilización para el 12/5 frente a la intendencia. Como las cosas pintaban como para que la movilización fuera muy masiva, el Ministerio de Trabajo convocó una reunión de conciliación, donde la Municipalidad finalmente retiró sus condiciones, pero mantuvo la propuesta de una suma que para la última categoría significa ₳ 250. La burocracia, por su parte, levantó las medidas y la movilización. En un nuevo plenario Genta hizo una intervención muy encendida, que la “lucha recién comienza”, que siguen en pie la totalidad de los reclamos, etc., para terminar, llamando a que se aceptara la propuesta de la Municipalidad “para llevar un poco de oxígeno a los bolsillos de los municipales”. En cuanto a los demás reclamos: enganche y actualización de los salarios (los tenemos congelados desde diciembre en niveles de miseria), las vacantes siguen congeladas y no hay concursos, el desmantelamiento de las reparticiones y las privatizaciones marcha a todo tren, etc., todo se “sigue discutiendo”. Resumiendo, la municipalidad nos; paga con plata desactualizada solo una parte de lo que nos debe, mientras los demás reclamos siguen pendientes. Más allá de las palabras, la burocracia de municipales está atada al Pacto Social.

En las papeleras Massuh y Papelera San Justo los trabajadores están llevando adelante una lucha importante contra la miseria salarial y por viejas reivindicaciones. Por eso, a la salida de fábrica nos encontramos con algunos compañeros que nos comentan que la presión y la bronca viene de hace rato. Esto hizo que el sindicato convocara a una asamblea extraordinaria de las tres plantas papeleras de Massuh, donde se aprobó un petitorio que reclamaba: 1) aumento salarial de emergencia; 2) que las empresas contratadas sean las que realicen en las plantas las tareas pesadas: remontar las máquinas, etc.; 3) darles trabajo a los compañeros que queden incapacitados; 4) que se respete el horario de comedor y que éste (hoy en manos de una agencia) se devuelva a la planta. 5) equipo de seguridad, ropa de abrigo, protectores auditivos, etc. Pregunta: ¿Qué medidas se tomaron? Comenzamos con un quite de colaboración de una hora por turno, durante las 24 hs., que fue apoyado masivamente en las tres plantas. Después se presentó el secretarlo del sindicato, para avisar que se levantaba la medida de fuerza por intimación del Ministerio de Trabajo hasta el próximo jueves, tiempo en que el sindicato dialogaría con la empresa. Pregunta: ¿Cómo ven la salida de este conflicto? Que no hay que aflojar hasta que se consiga el aumento salarial y el total de los puntos que se fijaron en el petitorio, porque seguro que la patronal va a arreglarnos por unas migajas.

El gremio de empleados de comercio es uno de los más desorganizados del país. En Capital, con casi 80.000 afiliados, el cuerpo de delegados no alcanza a 200 miembros. La burocracia de Cavalieri es la principal responsable de es tu situación: en yunta con las patronales, ha impedido y bicicleteado numerosas elecciones de delegados y ha favorecido el despido de gran cantidad de delegados y activistas. Armando Cavalieri, el mismo que defendió públicamente a Rico y a los sublevados de semana santa, hombre de los “15” e ideólogo del “pacto social” y de la integración de los sindicatos al Estado, es uno de los mentores de la ley que destruye a las comisiones internas y cuerpos de delegados y los convierte en marionetas de la burocracia. “Las comisiones internas — argumentó Cavalieri— deben estar controladas, porque no siempre responden a las conducciones del sindicato.” Con este historial a cuestas, Cavalieri ha decidido poner en marcha la ley de regimentación de las comisiones internas, aun antes de su aprobación parlamentaria. Fue así que eligió “a dedo” las comisiones internas del Hogar Obrero y Disco y se prepara ahora para “elegir” las de Osecac y Casfec. Los elegidos son, por supuesto, elementos de la peor catadura burocrática y reconocidos propatronales. Ningún trabajador eligió estas comisiones internas y nadie las conoce. Por supuesto, estas comisiones internas no han movido un dedo ante los problemas de los trabaja-dores, como los despidos, sus-pensiones y traslados que en el Hogar Obrero se suceden con la misma regularidad con que el día sucede a la noche. Las comisiones internas son una conquista histórica del movimiento obrero en su lucha contra la patronal, la burocracia y el Estado. Contra la regimentación antidemocrática de las comisiones internas, el reclamo de los mercantiles es: basta de dedo, elección democrática, por sufragio directo de todos los empleados, de las comisiones internas de empresa.

El “compañero diputado” José Rodríguez, secretario general del Smata y hombre prominente de los “15”, votó a mano alzada el expediente de la ley de obediencia debida. El hombre que votó “tratar sobre tablas” (inmediatamente) la ley de impunidad proviene de un gremio que ha sufrido centenares de desaparecidos, torturados y asesinados. La comisión interna de Mercedes Benz fue secuestrada en puerta de fábrica; dentro de la planta de la Ford, en Pacheco, los “grupos de tareas” mantenían una oficina permanente. No existe terminal automotriz que no tenga su lista de desaparecidos, como por ejemplo nuestro compañero Marcelo Arias, quien trabajaba en Deutz cuando fue secuestrado en 1977. El “pacto social”, como lo demuestra el “compañero diputado”, no sólo tiene por fin destruir el salario, reventar las conquistas laborales y asegurar el control burocrático sobre los sindicatos y obras sociales, sino también asegurar el conjunto de la política antidemocrática y antipopular del gobierno patronal, como es la amnistía a los genocidas. Mientras Rodríguez apuró el expediente de la “obediencia debida”, mantiene en un cajón cerrado con siete llaves el expediente “Ford-Volkswagen”. Ya se han vencido todos los plazos que la propia patronal se ha fijado y estamos en vísperas del comienzo de la “racionalización”, es decir, los centenares de despidos que Sparvero, presidente de Ford Argentina, prometió en noviembre. Pese a esto la burocracia del Smata sigue en el inmovilismo más completo: para Rodríguez y Amín la fusión no existe. En estos cinco meses no han movido un dedo para organizar la resistencia a los despidos. ¿Qué esperan? ¿Qué mil compañeros queden en la calle para sacar, recién entonces, una solicitada de circunstancias? La burocracia mecánica ya ha entregado, anticipadamente, a los trabajadores de San Justo, Chingolo y Pacheco a la voracidad imperialista. La lucha contra los despidos y la racionalización es también una lucha contra el boicot burocrático a la movilización obrera. Nada puede esperarse del obeso “compañero diputado".

La burocracia del Suteba preparó cuidadosamente las elecciones de los delegados al Congreso de la Ctera: Impuso condiciones extremadamente restrictivas para la presentación de listas (lista provincial, 1700 avales en 3 días) y en ningún caso se preocupó por llevar a la base docente el debate sobre el objeto del Congreso de Ctera y cuáles serían las posiciones del gremio en él. En estas condiciones de proscripción, lista única y manipulación de la base docente, se realizaron las elecciones el pasado miércoles 13 de mayo. Los resultados estuvieron muy lejos de ser halagüeños para la Celeste. Sobre 20.250 afiliados al Suteba. sólo 10.284, es decir el 50 %, votó a favor de la lista única. Diez mil docentes, algunos votando en blanco. pero la inmensa mayoría con su abstención, repudiaron el avasallamiento de la democracia sindical. Hay que señalar que estas cifras fueron dadas por la Junta Electoral, dominada por los mismos elementos que impusieron la proscripción de la oposición. No sería extraño entonces que, en una elección fraudulenta desde su misma convocatoria, los números dados por la Junta Electoral estuvieran algo "cambiados”. En algunas entidades de base, los resultados fueron una verdadera catástrofe para la patota de Mary- Sánchez. En La Plata, sobre 1000 afiliados, sólo 96 (menos del 10 %) votaron a los candidatos de la Celeste; en Berazategui, sobre 1200 afiliados, 440 (38 %») votaron por la lista única. Para darle un canal a los maestros es necesario forjar un frente de lucha de las, entidades de base, corrientes y activistas que estén dispuestos a enfrontar la regimentación del Suteba y el "pacto social” y por un Congreso Extraordinario del Suteba que reforme los actuales estatutos regimentadores y elija una conducción de lucha para el Suteba.

En General Sarmiento existen formalmente dos sindicatos docentes. Uno. adherido al Suteba y bajo dirección de la Celeste, es una cáscara vacía que "autoeligió" a uno de sus hombres para el Congreso Extraordinario de Ctera (en el Suteba para presentarse a la elección era necesario presentar una lista provincial en una semana con representantes de todos los distritos y 1.700 avales, “privilegio" solo reservado para el aparato peronista). El otro, la Udeb, el sindicato "histórico" de la docencia de Sarmiento, que rompió en su momento la Celeste, realizó una elección en las escuelas que recogió el voto de 800 docentes, una de las cifras más altas de todas las experiencias electorales habidas; Primer motivo para la reflexión: han quedado sepultadas las presunciones de que el rechazo al ingreso al burocrático Suteba, resuelto en asamblea, iba a significar la desaparición de la entidad de base. Los docentes se han mantenido fieles, en lo que hace a la masa del activismo, a una tradición de lucha y democracia sindical. En la elección se presentaron dos listas. Una, de la actual directiva de la Udeb, que responde al Frepu (la supuesta divergencia de “principio” en torno a la firma del “acta democrática” de Semana Santa no ha vulnerado la alianza). Este bloque no plantea un plan de lucha a Ctera, con el pretexto de que debería decidirlo una "consulta a las bases" bajo la forma de encuestas y otros mecanismos, pero nunca mediante asamblea general. A pesar de este macaneo "democrático" la directiva votó el levantamiento del paro del 28 sin haber recibido para ello ningún mandato, sea de asamblea o de cualquier otra especie. Para la elección de delegados al congreso, la lista del Frepu tampoco reclamó un mandato de plan de lucha, "ideó" una encuesta, en la que los docentes podían marcar el tipo de medidas que “preferían”. El Frepu, que impulsa el apoyo a la burocracia de Arizcuren, también planteaba el programa de éste en materia salarial: 300 australes de mínimo, que reclamado desde diciembre vale hoy unos 170 australes. Frente a este sabotaje político a organizar el combate gremial, la otra lista (Naranja, impulsada por el PO) propuso un claro programa de lucha por el salario igual a la canasta familiar y la triplicación del presupuesto educativo y el mandato de un plan nacional de lucha de la Ctera con paros escalonados hasta la huelga general. En estas condiciones, el Frepu estaba convencido que su “moderación", de un lado, y el “radicalismo" de sus adversarios, del otro, le iban a dar el 90% de los votos aproximadamente. La elección arrojó, sin embargo, 471 votos para el bloque de partidos de la directiva y 271 para la Naranja, que de este modo obtuvo el 2° y 4° delegados de la lista de seis que corresponde a la Udeb. En la elección, la lista clasista creció espectacularmente sobre la base de un mandato de lucha y, como señalaron varios activistas, "por el funcionamiento de la vieja Udeb, la de la asamblea general" es decir, que expresó holgadamente a la vanguardia del sindicato. La Naranja ha canalizado la evolución hacia la Izquierda de un sector del activismo y la ruptura de éste con la burocracia democratizante. El Frepu ha sido un factor activo de atraso político y la expresión de los sectores que menos han madurado. Para que esta evolución tenga porvenir es necesario que los mejores activistas y delegados pongan en pie una agrupación sindical revolucionaria, que haga de la lucha por la independencia política y la construcción de un partido obrero de masas, el basamento estratégico de su lucha cotidiana.

El 26 y 27 de mayo sesionará en Buenos Aires el Congreso Extraordinario de CTERA. Este Congreso fue impuesto por la Lista Celeste en el Confederal del 4 de abril con una finalidad que los agentes de Mary Sánchez y Garcetti no se cuidaron de disimular: avanzar en la regimentación de Ctera para convertirlo en un sindicara a imagen y semejanza del burocrático Suteba y preparar el terreno para el copamiento de su dirección en el próximo congreso ordinario planteado para Julio. No casualmente, la Celeste colocó como punto a resolver por el Congreso la “elección de una comisión de reforma del Estatuto de Ctera”. En esta comisión, en la que la Celeste piensa obtener la mayoría, el objetivo es dar a luz un estatuto calcado de los sindicatos controlados por la burocracia peronista. Se pretende allí, entre otros cambios, terminar de demoler el Confederal, que en su origen fue un organismo democrático constituido por delegados elegidos y mandatados en asambleas de distrito, para dar paso a un sindicato donde el poder de decisión quede en manos de los secretarios generales. En julio debe elegirse la nueva dirección de la CTERA. Allí tiene puestos sus ojos el frente peronista- ubaldinista-intransigente, que se ha convertido, con el correr de los días, en socio privilegiado de los planes del gobierno. Días atrás, el propio secretario de Educación, Adolfo Stubrin, ensalzó al marysanchismo como “una dirección responsable”, lo que quiere decir cómplice en su política de hambreamiento. La propuesta de Suteba frente al Congreso Extraordinario no fija ningún reclamo salarial (se habla de una vaga “recomposición salarial”) y se pone énfasis en la “participación activa y creativa en la Comisión Salarial formada con los Ministros de Educación provinciales y el gobierno nacional”. El programa de la Celeste es el Pacto Social, la tregua y el participacionismo con el gobierno, sacrificando la lucha docente por sus reivindicaciones impostergables. Fue punta de lanza en la oposición a resolver un plan de lucha nacional docente y en el apuñalamiento que esto significó para las huelgas del interior. La Blanca no es oposición Frente al bloque Celeste y en disputa por la dirección de Ctera se encuentra Arizcuren y la Lista Blanca. Estos tienen la mayoría de la actual Comisión Ejecutiva, junto al PC, y constituyen el reagrupamiento de las corrientes radicales y liberales en el gremio. Es el gran enterrador de la lucha salarial docente. Aceptaron la formación del Suteba y proscribieron, de su puño y letra, a los distritos —Quilmes, Almirante Brown—que rechazaron el ingreso al sindicato burocrático en la provincia de Buenos Aires. No hay diferencia de estrategia, sino de metodologías. Esto se vio claro en la conducta ante la asonada militar: los Blancos y Celestes se encolumna- ron detrás del rumbo trazado por el gobierno y la CGT que condujo a la rendición frente a los golpistas, firmaron el “acta de compromiso democrática” y votaron por el levantamiento del paro nacional de CTERA, mil veces postergado, “en defensa de la democracia” (como si la democracia estuviese amenazada por la movilización docente y no por los Rico, ante quienes se contemporiza). El gobierno ha venido privilegiando sus relaciones con el frente peronista y los radicales “coordinadores” porque éstos han tomado osadamente en sus manos la tarea de acabar con las huelgas, movilizaciones e inquietudes docentes. El bloque de Arizcuren, por su lado, ha perdido el favor oficial y para recuperarlo se empeña en derechizarse y hacer gala de mayor servilismo. El “mal menor” no tiene futuro El Congreso se coloca en la vereda de enfrente de los reclamos de la masa docente, en el mismo momento que están en lucha Tucumán, Chubut y Río Negro y el malestar por el salario tiende a crecer en todo el país. Los bloques burocráticos quieren una tregua hasta las vacaciones de invierno y someter a Ctera al Pacto Social. A pesar de las asambleas amañadas y de la desinformación general ha sido elegida una minoría de delegados combativos y antiburocráticos. ¿Cuál es la estrategia que deben adoptar estos representantes? Para la cúpula del PC, la estrategia debe ser el “frente contra la Celeste y los radicales nosiglistas”, y el “rescate de la Comisión Ejecutiva”. Para el Mas, está planteado algo similar, un frente contra el “verticalismo de la Celeste”, es decir con Arizcuren. Pero un triunfo de los Blancos sobre la patota, con el voto de la izquierda, en los términos de la política de los blancos, no es progreso alguno, equivale al triunfo de la Celeste y lleva al frente único con ésta. Los izquierdistas encubren dificultosamente que su única ambición es conseguir algunos puestos a cambio del voto, para pasar a ser los encubridores de la política traidora de la burocracia. Un frente anti-celeste debe estar sujeto a la clara condición de que la Blanca vote y haga triunfar en el Congreso un plan de lucha inmediato, el mantenimiento de los actuales estatutos, la readmisión de todas las entidades “proscriptas” en la provincia de Buenos Aires por Suteba y la realización de un Congreso Extraordinario de todas las entidades docentes de base de la provincia de Buenos Aires. Esta es la única base legítima de un compromiso. Entretanto, en necesario estructurar un bloque independiente de ambos agrupamientos burocráticos, que sostenga y haga votar los reclamos de la docencia y se constituya en un punto de referencia para las luchas por venir y para la futura elección de dirección de Ctera. En estas circunstancias y aún en minoría, servirá para revitalizar un reagrupamiento de lucha y antiburocrático.

No es la primera vez que las fuerzas políticas firman un Acta “democrática”, como la suscripta el 19 de abril en la Casa Rosada. En los últimos 20 años a través de las Multipartidarias, el bloque de los 8, el Círculo de Prensa, las multisectoriales, la burguesía ha buscado en los momentos de aguda crisis alinear a las fuerzas políticas detrás de la defensa del Estado burgués y privar de toda perspectiva independiente a las masas trabajadoras. La izquierda (JP, PC, Mas) se sumó a ¡os planteamientos de la burguesía con el remanido principio de la defensa de las “instituciones” estableciendo una solidaridad de principios con el Estado capitalista. Esta solidaridad los llevó incluso a posiciones vacilantes y cómplices con los peores golpes militares. El domingo 19 de abril se firmó en la Casa Rosada el “Acta Democrática” cuyos puntos resumen la defensa de principios del Estado burgués opresor y la capitulación ante la sublevación militar. El “Acta” enmarca la política frente a la crisis militar dentro del cuadro de la defensa de las fuerzas armadas del capital. Pero un hecho de estas características no es inédito en la reciente historia del país. La Junta Consultiva de 1955, para darle cobertura civil al golpe “libertador”; la Asamblea de la Civilidad, inventada por Balbín en 1962 para “sostener” el derrocamiento de Frondizi y el desconocimiento de las elecciones de marzo de ese año, ganadas por el peronismo; el pacto lllia-Perón en 1967, para negociar la "institucionalización” post-Onganía; todos estos “contubernios” fueron los primeros antecedentes políticos de la política de las Actas Democráticas. La historia reciente de este pactismo, sin embargo, arranca con La Hora del Pueblo (1971), un pacto entre Lanusse, Balbín y Perón para dar una salida a la situación revolucionaria creada a partir del “Cordobazo”. Con motivo del primer retorno de Perón, en 1972, esta acción cobra mayor vuelo al envolver a la totalidad de las fuerzas políticas. Es que, a partir de aquí, con una frecuencia que se acelera junto a la propia crisis política, las “actas” y los bloques se suceden, siempre con el propósito de privar de toda perspectiva propia a las masas populares y siempre bajo el signo de la impotencia y la capitulación ante la reacción y el imperialismo. De la Multipartidaria al bloque de los 8 En 1972, ante la total crisis de la dictadura militar, la burguesía, con el apoyo del imperialismo puso en marcha una “institucionalización” que, esta vez, tenía la novedad de que incorporaba al peronismo a través de un gran acuerdo nacional (GAN). El peronismo reaccedía al poder con el apoyo del imperialismo yanqui y de las fuerzas “vivas" de la burguesía, centrales empresarias, partidos políticos y el clero, como única fuerza con autoridad para disciplinar al proletariado y a las masas, en rebeldía a partir del “Cordobazo” (1969). La reconciliación con Perón tuvo su bautismo en la multipartidaria celebrada en el restaurante Niño, en Vicente López, en oportunidad de su presencia en Argentina, y estuvo precedida por la constitución de “La Hora de los Pueblos”, una entente radical-peronista creada para apuntalar la institucionalización encarada por Lanusse. La izquierda apoyó este proceso político patronal. Él PC apoyó el llamado a la institucionalización. Luego de formar con Alende y la D.C. la APR, cuando Perón desplazó a Cámpora del gobierno, llamó a votar directamente por Perón-lsabelita. El PST (antecedente del Mas), por su parte, mantuvo su individualidad electoral, pero también apoyó la "institucionalización” alegando que ésta era una conquista democrática. La vigencia del GAN se manifestó claramente en la primera crisis política provocada por el desplazamiento de Cámpora, a través de un semigolpe de Estado planificado por Perón y la burocracia sindical. La burguesía apoyó el desplazamiento de Cámpora y los 'esfuerzos de Perón por poner en vereda a la clase obrera. Hacia fines de 1973 se dictaron las órdenes y circulares que darán nacimiento a las tres A. Como parte de estos planes, a fines de febrero de 1974, se produjo en Córdoba la sedición policial conocida como "navarrazo”. La policía y bandas armadas de la derecha peronista coparon la ciudad y detuvieron a los gobernadores Obregón Cano y Atilio López. Este asalto a la ciudad tenía el apoyo de Perón, quien de este modo armaba una acefalía provincial que permitiría justificar la intervención de la provincia. El radicalismo negoció con Perón la salida parlamentaria a la crisis; acordándose, finalmente, limitar la intervención al Poder Ejecutivo provincial, lo cual fue facilitado por Obregón Cano y Afilio López que renunciaron a sus cargos. El “navarrazo” era profundamente, minoritario, lo cual ya estaba demostrado por la forma sinuosa que adoptaba para lograr la Intervención provincial. La huelga general para aplastarlo fue, sin embargo, frenada por la oposición radical, los montoneros y sus gobernadores, y por el PC y los dirigentes sindicales de Córdoba que lo seguían. La huelga general, una repetición del “Cordobazo”, fue el único “peligro" real que todos los partidos procuraron evitaren aquellos días. Fue en este momento que se celebró una reunión de Perón con Balbín, acordándose celebrar una reunión con todos los partidos en la residencia de Olivos. A la salida, los 8 partidos que concurrieron a la entrevista suscribieron un documento que, según el PC, “fue discutido amplia y democráticamente en varias jomadas de muchas horas, en un proceso que llevó de las ideas centrales a un primer proyecto, a su pulimiento posterior, luego a un nuevo proyecto y a la forma definitiva aprobada” (Nuestra Palabra, 3/4/74). El documento decía que “los momentos difíciles que esperan a la República como consecuencia de su enfrentamiento a los poderes que desde antiguo la han sometido se superarán victoriosamente con una acción solidaria de los sectores que respeten la voluntad mayoritaria y popular expresada en los comicios por la liberación...”. La esencia del documento era un apoyo al gobierno que había apoyado el "navarrazo” y que estaba organizando las AAA. El documento eludía ¡la condena y hasta la mención del “navarrazo”! y„ lógicamente, no planteaba ninguna acción práctica presente o futura contra la derecha. ¡Como que el resultado fue que un navarrista, el mayor Lacabanne, fue nombrado interventor federal! Que el PC firmara esa declaración no era ninguna sorpresa, puesto que consumaba su histórico anhelo de formar un sólido bloque con la burguesía. Pero al lado de los otros 7 partidos, apareció la firma del PST. Durante varias semanas, el semanario del PST “Avanzada Socialista" defendió con uñas y dientes esa firma, con el argumento de que la defensa de la institucionalización era democrática en su contenido, y que al hacerlo no estaba defendiendo al régimen sino a las libertades democráticas conquistadas por las masas. Esta “justificación" era de por si su propia condena. Este bloque de 8 partidos dio un aval “democrático” al gobierno de la represión, incluido el navarrazo, y al acuerdo sellado entre la UCR y el PJ de desplazar a los gobernadores O. Cano y A. López. Tanto el PC como el PST argumentaron que se imponía defender el orden constitucional ante el peligro de un golpe de estado. Pero en febrero de 1974 no estaba planteado un golpe contra Perón porque el imperialismo y la burguesía lo apoyaban y en especial apoyaban sus esfuerzos por disciplinar sus filas internas y aplastar al proletariado. Lo que correspondía era impulsar la huelga general contra el “navarrazo”, denunciar al régimen institucional y la capitulación “democrática”. Pero inclusive ante un golpe militar es un crimen la solidaridad política con la burguesía para la cual el golpismo es un mal menor en tanto que la movilización revolucionaria, contra el golpe es el mal supremo. Luego de varios meses, “Avanzada Socialista” en una pequeña nota “aclaró” que el PST no había firmado el documento de los 8, atribuyendo el error al Consejo de Redacción de su propio periódico. Esta “aclaración” tardía no podía alterar el hecho de que el PST defendió en polémica publícala firma de ese documento y que el mismo coincidía como dos gotas de agua con su política de “defensa de la institucionalización.” Huelga de junio-julio de 1975: el bloque de los 9 La muerte de Perón aceleró las tendencias disgregadoras de su gobierno. Perón no había podido acabar con la movilización en momentos que la crisis económica mundial e interna dislocaban aún más el precario equilibrio del año 1973. Ante el “vacío" dejado por la muerte de Perón, la burguesía apuntaló la sucesión de Isabel, lo que contó con el apoyo de la J.P., el PC y el PST (“El Socialismo de los Trabajadores., luchará por la continuidad de este gobierno, dijo Coral, porque fue elegido por la mayoría de los trabajadores argentinos y porque permite el ejercicio de algunas libertades democráticas” —Avanzada Socialista N° 125,15/10/74; “Hoy...una vez más, inmediatamente después de la muerte del general Perón, repetimos nuestro sostén al ‘proceso de institucionalización’ contra los ataques de la derecha golpista" — Avanzada Socialista, 22/7/74). Se fortaleció el terrorismo de la AAA y la fracción de López Rega copó el gobierno. El gobierno, en junio de 1975, decidió lanzar el “rodrigazo”» un espectacular aumento de precios y tarifas del orden del 100% luego de homologar los convenios por el 40%. En esas condiciones estalló una poderosa huelga general al margen de la burocracia que se mantuvo durante varias semanas y que obligó al gobierno a rever los convenios. Ante esta espectacular crisis del gobierno de Isabelita, se reconstituyó el bloque de partidos, esta vez con la incorporación del Partido Auténtico, por lo que pasó a denominarse bloque de los 9. El 18 de junio de 1975, 9 partidos de la Capital Federal suscribieron un documento para “aventar definitivamente la violencia terrorista en sus distintas formas, signos ideológicos, orígenes o procedencias”, y en respaldo a la “continuidad institucional”. Este documento constituía un acuerdo principista y estratégico puesto que defendía incondicionalmente al Estado burgués, ponía en el mismo plano a la “violencia” de ambos signos y encubría la acción terrorista y represiva del gobierno y las fuerzas de seguridad. Este bloque: a) desviaba la lucha obrera que con su huelga cuestionaba al Estado hacia una variante de recambio y recomposición de la burguesía; b) no efectuaba ni proponía ninguna acción práctica contra el terrorismo derechista y la represión gubernamental; c) se inscribía dentro del planteamiento fundamental lanzado por Balbín de recuperar el “monopolio de la represión por las FFAA”, planteamiento que constituirá luego la base política del golpe de Videla. El PST firmó esta vez el documento con reservas. Aclaró de inmediato que “en la reunión todos los partidos suscribieron un pedido de formación de una Comisión de Investigación Parlamentaria. Nuestro Partido (PST) también lo hizo, aunque aclarando que discrepa con los considerandos de dicho pedido" (AS, 21/6/75). El PST inauguró la política de las “reservas” que ahora sigue el PC con relación al “Acta” de Pascuas. Pero, así como las reservas respecto a ésta solo demuestran que el PC firmó con toda conciencia el “Acta Democrática”, las “reservas” del PST con los considerandos no alteran que se alineara detrás de las variantes burguesas que luchaban desesperadamente contra la huelga general de junio y julio de 1975. Ese mismo día, el 18 de junio, esta vez sin aclaración posterior, el PST suscribió otro documento, esta vez en Avellaneda, junto al Pl, el Partido Revolucionario Cristiano, el PS Democrático y el PSA, donde se repudiaba “al terrorismo, cualquiera sea su origen, su signo ideológico y sus propósitos” y se reclamaba “que los organismos de seguridad deben adoptar medidas para terminar con las actividades de grupos armados...”.-Nuevamente el reclamo balbinista, genocida y pro-golpista de que las FFAA entraran en acción bajo pretexto del accionar foquista. También en Avellaneda, el PC suscribió un documento junto a las 62, el PJ y la UCR, de condena al “terrorismo de cualquier signo”. El denominador común del PC y del PST era la defensa de las “instituciones”, el apuntalamiento de los recambios burgueses en discusión, y no el desarrollo de la huelga general contra las “instituciones” y contra los recambios en ciernes. Fue en ese momento que el PC planteó la formación de un gabinete cívico-militar, o sea, la incorporación del alto mando al gabinete. El PST, por su parte, lanzó el planteo de que se eligiera un senador “obrero” (de la burocracia terrorista de las 62) como Presidente del Senado para éste quedar en la línea de sucesión institucional en caso de renuncia de Isabel. “En el Congreso podemos triunfar” (30-6-75) decía el PST; nos “ha reconfortado leer —agregaba— que el bloque sindical de la CGT en la Cámara de Senadores y Diputados apoyado por el Frejuli, la UCR y todos los representantes partidarios apoyan nuestra lucha...” Ambas posiciones eran variantes que luego se llevaron a la práctica primero con la Presidencia interina de Luder, en tanto Presidente del Senado, y luego con el golpe militar, variante extrema del gabinete cívico-militar propuesto por el PC. El golpe de Videla: la institucionalización de nuevo El PC y el PST acompañaron los pasos de la burguesía que condujeron al golpe militar. El PC, es sabido, calificó a Videla-Viola como el generalato “democrático”. No muy diferente fue la caracterización del PST. Primero, sos-tuvo que era “impresionista” la posibilidad de un golpe militar, basado también en que Videla era “institucionalista” y esto dicho como desenlace del golpe de Capellini (diciembre de 1975). Cuando el golpe se produjo, fiel a esa caracterización, dijo que no tenía como destinatario a la clase obrera, sino a la guerrilla, y que se trataba de “la dictadura más democrática del cono Sur” (La Yesca, mayo de 1976, N° 1) Hasta mayo de 1978, esto es, hasta después de dos años de instalado el régimen militar, el PST sostuvo que el gobierno de Videla no era ni objetiva ni subjetivamente contrarrevolucionario porque su propósito era restaurar la “democracia”, es decir, que era un golpe que estaba en la línea de la “institucionalización”, al estilo Lanusse. (Léanse estas dos citas para ver cómo el Mas necesita un congreso “autocrítico” como el que hizo el PC: “...En relación a la otra cuestión —dice Cambio, año 1, N° 1, mayo de 1976— es cierto que, en líneas generales, se ha respetado a los delegados obreros. Pero algunas detenciones, algunos despidos, ciertas amenazas y la persistencia de un terrorismo de ultraderecha, cuya autoría sigue sin establecerse, dejan en pie la posibilidad de una persecución generalizada contra el activismo obrero..."; La Yesca N° 2, pág. 2, junio de 1976, considera “que el asesinato do muchos militantes anónimos no resultó suficiente; ahora están los cadáveres de Michelini, Ruiz y Torres para probar que existe y actúa una ultraderecha criminal —llámense Centuriones de la Libertad o como sea— continuadora de la práctica de la triple A y, como ‘O Globo’ cree, tal vez conectada internacionalmente en el Cono Sud, y el gobierno argentino tiene la responsabilidad de investigarla, desnudarla y combatirla”. La orientación, tanto del PC como del PST, fue la de empujar a la burguesía, incluidas las FF.AA., a propiciar una “apertura política”. Este giro, finalmente, se produjo a mediados de 1981 con la crisis por la sucesión de Videla. A mediados de 1981, Balbín tomó la iniciativa de convocar a la Multipartidaria a fin de elaborar una "transición" con las FF.AA. de retorno supergradual a un régimen constitucional. La Multipartidaria lanzó entonces una “Convocatoria al país”, donde sostenía que “el destino nacional no debe ser trazado por un solo sector sino por el conjunto de la Nación” y de que “todos debemos asumir nuestros errores” en pos de una “reconciliación” nacional. Este documento no fue suscripto ni por el PC ni por el PST, pero ambos so-licitaron su ingreso a la Multipartidaria. El PC lo hizo en forma abierta mediante el apoyo al conjunto de los planteos. El PST lo hizo en forma más elegante, con el argumento de que coincidía con el planteo del documento referido a la “vigencia de la Constitución de 1853” es decir, con un pedazo de papel que ha sido utilizado para las más infames componendas. Esta Multipartidaria fue la base política de la institucionalización de Bignone: es decir, del compromiso político de todas las fuerzas burguesas con la dictadura, de preservación del cuerpo de oficiales responsable de la represión genocida y del pago riguroso de la deuda externa. 1983: la faceta democrática de la burguesía La crisis de las Malvinas aceleró los planes de la institucionalización de la burguesía, ante la completa bancarrota de la dictadura militar. Esto fue arreglado con el imperialismo y contó con el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas de la burguesía. El pasaje al régimen constitucional debía servir para reconstruir la dominación burguesa sobre todas las instituciones (en especial FF.AA.) en crisis. El PC impulsó a fondo el acuerdo con los militares a través de su exigencia de que se suscribiera una “concertación cívico-militar”. El MAS, entonces de reciente constitución, a través de una solicitada planteó que “no tiene agravios y si profunda solidaridad con todas las fuerzas democráticas que exigen la recuperación del estado de derecho”. Ambas fuerzas políticas se declararon solidarias de la “institucionalización” pactada con el imperialismo. En estas condiciones, el MAS firmó el 11 de octubre de 1983 en el Círculo de Prensa un “Compromiso de defensa de la libertad de Prensa” que constituye un aval al monopolio capitalista de la prensa, con el cuento de su "libertad”. El arribo de Alfonsín al gobierno no abrió un curso estable a la dominación burguesa, a pesar de todas las promesas de constituir el tercer movimiento histórico. La brutal hipoteca del país por la deuda externa, la tenaz lucha por los reclamos democráticos, la incapacidad del alfonsinismo por darle una salida a estas reivindicaciones, plantearon en forma recurrente en estos 3 últimos años crisis de envergadura, cuyo pico fue la crisis de semana santa. Los intentos de reflotar la multipartidaria fueron reiterados. En 1985 el senador peronista Britos convocó a una multipartidaria en vísperas de un paro general (23 de mayo). El PC apoyó la convocatoria y también el MAS, quien sostuvo que la convocatoria “tenía el objetivo declarado de defender la democracia” y “si estas reuniones sirven para hacerlo, serán positivas”. La crisis de semana santa La capitulación del gobierno ante la sublevación derechista formó parte de su orientación desde el mismo momento que se produjo. No reprimió la intentona apenas estalló; dejó que ésta se desarrollara; el jueves por la noche, en el Congreso, Alfonsín prometió aplicar “los niveles de responsabilidad” -obediencia debida, etc. etc. El Partido Obrero denunció todo esto desde el primer momento; no apoyó políticamente ninguna de las concentraciones de la “democracia”; concurrió a ellas para denunciar las vacilaciones, capitulaciones e inevitables traiciones al pueblo movilizado; e impulsó una acción independiente del gobierno. El PC y el MAS apoyaron los llamados de la "democracia”, no denunciaron ni la política ni la estrategia de la burguesía. Por eso tanto el jueves en Congreso como el domingo en Plaza de Mayo se retiraron de ambos lugares luego de que hablara Alfonsín. Ilusionados en la convocatoria oficial, se desilusionaron cuando los hechos no se ajustaron a sus esquemas. El PO no se retiró de ninguna Plaza porque concurrió a las mismas, no a “quejarse” por la política burguesa, sino a desplegar una política propia. Por estas mismas razones, el PO denunció anticipadamente que el gobierno preparaba un “pacto democrático” para llevarlo como negociación capituladora ante los sublevados. El PO concurrió el domingo 19 a la Plaza de Mayo y a Campo de Mayo a denunciar el pacto que se quería firmar. Los partidos del Frepu, incluido el Mas, se opusieron a una acción conjunta con el PO para boicotear la firma del Acta democrática con el argumento de que dependía de su texto, etc. En declaraciones públicas Zamora sostuvo que finalmente no firmó porque se violaron “compromisos adquiridos”. “Lo que ocurre es que se violaron compromisos celebrados el día sábado, por los cuales todas las fuerzas políticas que coincidíamos en el documento íbamos a participar en su redacción. No fue así” (La Semana, 21-4-87)1 La aparición del punto 3 hizo entonces imposible la firma del Acta por el Mas y llevó al PC a firmarlo con reservas. Pero ambos fueron dispuestos a firmar integralmente un Acta democrática que no fuera tan brutal en sus formulaciones. Los partidos que se unieron en la firma del Acta volvieron a dividirse al discutirse en concreto su implementación, conscientes de que la “obediencia debida" no cierra la crisis y que es necesario una solución "integral" basada en la amnistía. En estas condiciones es que una parte de los partidos que firmaron el Acta de la capitulación. Incluido el Partido Justicialista, junto al Mas y organismos de derechos humanos que no la firmaron, firman un afiche contra la “obediencia debida", donde no se denuncia la política de impunidad seguida hasta ahora por los tres poderes del Estado y donde no se denuncia la "solución integral”, como alternativa a la obediencia debida, que están discutiendo febrilmente el conjunto de los partidos burgueses. Salta Plantean un Frente y se niegan a discutir los 23 puntos y el “Acta Democrática” El PC y el Movimiento Obrero Campesino Estudiantil Salteño (MOCES) convocaron el viernes pasado a una reunión a un grupo de partidos de izquierda de esta provincia, a la que asistieron el PH, el PL y el PO. Allí el PC propuso un "pacto electoral de izquierda” en la provincia, para el cual se debería elaborar un “programa mínimo”. El representante del PO replicó que debería comenzarse por una discusión de los "23 puntos del Frepu” y de la firma del “Acta democrática”. El representante del PC se opuso señalando que eso no estaba sometido a discusión. Esta posición cierra toda posibilidad de un frente revolucionario. En el “Acta democrática” suscripta por el PC sus firmantes se pronunciaron por el “normal desenvolvimiento de las instituciones”, es decir, para que el Ejército vuelva al "redil”, y continúe el proceso de sometimiento del Estado democratizante a las presiones militares. En el Acta se consagra el principio de la obediencia debida, que hoy sanciona el Parlamento burgués. Sobre esta base no es posible otro frente que un frente contrarrevolucionario.

Desde que estalló la crisis militar, el conjunto de la burguesía y sus partidos cerraron filas en torno a un objetivo: defender á muerte a las instituciones del Estado. Fue el temor por el destino de éstas lo que llevó a Alfonsín y a Rico al pacto del domingo de Pascuas. Por este motivo, la lucha política durante la crisis militar exigía la denuncia implacable del gobierno y de sus partidos. Era necesario combatir cualquier ilusión en las instituciones patronales e impulsar una acción independiente de las masas. Por referencia a esta cuestión central, la política de la izquierda democratizante (PC, Mas) fue exactamente la opuesta: alimentaron las ilusiones en la burguesía democratizante y luego se retiraban de las plazas (en Congreso el jueves y en Plaza de Mayo el domingo) como expresión de sus expectativas.frustradas. Esta línea aún sigue vigente. En una solicitada sobre la obediencia debida (17/5) el PC exhorta a los legisladores: “el pueblo y la patria —dice el texto— juzgarán, tarde o temprano, las consecuencias del acto que hoy protagonizan. Sabrá valorar y recordar la actitud que asuma cada uno”. Lo que el PC no dice es que durante toda esta crisis el Parlamento (lejos de “deliberar”) se dedicó a urdir, en negociaciones de trastienda con los cuarteles y los servicios de inteligencia la trama de la obediencia debida. En vez de denunciarla como foro de los explotadores el PC “exhorta” al parlamento impotente, lo cual lo priva, naturalmente, de sacar conclusiones políticas generales, de la presente crisis. Para colmo esta “exhortación” se produjo 48 horas después que los diputados aprobaron la obediencia debida. En lo que debe interpretarse como un esfuerzo para negar el entrelaza-miento de la burguesía y sus partidos con la camarilla militar, el PC presenta a la actual crisis política como el producto de un “partido militar” que estaría naturalmente opuesto a un partido civil. Se trata evidentemente de una colosal mistificación, que niega la unidad de clase cívico-militar y la división dentro de las fuerzas armadas y entre los partidos políticos. Es esto lo que explica que la izquierda reclame a los tres poderes... una rectificación: un afiche difundido en estos días, y que cuenta con la firma del PJ de Capital, además del Mas,el PC y sus aliados de Atlanta, advierte: “Señor presidente, señores legisladores, señores jueces, ustedes saben: obediencia debida significa sólo impunidad a los que torturaron y asesinaron a personas indefensas.” ¡Seguro que “lo saben”! AI punto que la obediencia debida fue armada por el trabajo conjunto del Ejecutivo, el Parlamento y la Justicia! La izquierda encubre al Estado amnistiador y a los partidos de éste frente a las masas: al firmar junto a los, renovadores, el PC y el Mas le prestan un inestimable servicio de blanqueo a los Grosso y Cafiero, cuyos “señores legisladores” le dieron quorum a la obediencia debida y contrapusieron a ella el indulto selectivo.

En el Colegio Nacional N° 7, Juan Martín de Pueyrredón, se ha desatado una campaña de persecución contra el Centro de Estudiantes: se exigen datos y precisiones propias de una requisa policial sobre los delegados electos en las divisiones; existe una presencia intimidatoria en las puertas del colegio de policías de civil con sus tristemente célebres Falcon; se prohíben reuniones; se desconocen a los miembros del Cuerpo de delegados. El ataque reaccionario sobre nuestra organización gremial se hace con argumentos propios de la época del Proceso, acusándonos de subversivos (!!!) Repudiarnos la intromisión del Estado en los centros: que nosotros elijamos a nuestros representantes, que se respete la soberanía de nuestras decisiones de asamblea, forma de organización y funcionamiento, mandato de nuestras divisiones. No necesitamos de tutores y encargados. Reclamamos el cese de esta campaña y el libre funcionamiento de nuestro centro. Este es el pronunciamiento que llevaremos un grupo de compañeros y delegados a la Asamblea de este miércoles 20 para discutir cómo imponer la legalidad de nuestra organización gremial.

A un mes y medio de Iniciado el ciclo lectivo en la carrera de Psicología, en Humanidades de Rosario, no comenzaron las clases. Sucede que los recursos de que dispone esta carrera están muy por debajo de sus necesidades. En una asamblea general se resolvió iniciar un plan de lucha por una partida de emergencia para garantizar el inicio inmediato de las clases, y asegurar el espacio físico y los docentes que necesita la carrera. Para llevar adelante este plan se eligió una comisión de lucha con integrantes de todas las carreras. Hace una semana se realizaron sentadas frente a la facultad y una movilización hacia el rectorado, mientras se iniciaron clases en la calle. Pero nada se ha conseguido aún. Lo que está en juego aquí es la amputación entera de una carrera. La UJS propone una marcha masiva de toda la Federación Universitaria de Rosario hacia el rectorado por las reivindicaciones de Psico y la duplicación del presupuesto. A partir de ahí permanecer en el rectorado, hasta que se asegure la reapertura de Psico.

El gremio de la Sanidad (sector estatal) ha vuelto a salir a la lucha reclamando el pago de deudas salariales y oponiéndose a la privatización de servicios en los hospitales. Con esto se pone fin a la tregua inconsulta que había establecido la dirección del sindicato. Esta tregua, sin embargo, tuvo el efecto de servir a la privatización de los servicios dé cocina y limpieza de los hospitales. Esta medida provocó que, en el Centro de Salud y en el hospital Padilla, se tomaran medidas de lucha que obligaron a ATSA y UPCN (que tienen sectores afiliados en algunos hospitales) a decidir un paró de 72 horas con movilizaciones, y paros de brazos caídos y concentraciones. El último jueves, la secretaria de Trabajo provincial decretó la conciliación obligatoria, que fue rechazada por el gremio, y un plenario de delegados el día viernes decretó el paro de brazos caídos por tiempo indefinido. En algunos hospitales se había decidido en asamblea la formación de piquetes para impedir que las empresas contratistas pudieran ingresara los hospitales. Es necesario elegir una dirección unitaria de todos los trabajadores de los hospitales, en una asamblea general, para formar un Comité de Huelga Interhospitalario.

La incertidumbre acerca de la suerte del ingenio San Pablo continúa. Los directivos del sindicato informaron que el arriendo del ingenio por parte de una cooperativa de cañeros era un hecho, pero el convenio no aparece. Hay diversos rumores que confirman que hay dificultades para la firma del arriendo. La cooperativa pretendería reducir el personal obrero (agrotransporte) y el de empleados y jerarquizados. Por otro lado se quiere destinar al pago de las deudas que el ingenio tiene con los trabajadores solamente un 25% del dinero convenido como pago del alquiler mensual, pero recién a partir del 10 de octubre la deuda con los trabajadores totaliza 2 millones de australes y el pago mensual sería solo de 40 mil australes (el 25% del canon de arriendo) Esto demuestra que: la solución en base al arriendo del ingenio se tace a costa de los trabajadores. La pasividad que demuestra la dirección sindical en relación a la defensa de las reivindicaciones obreras, es completa. La directiva especula que, con él alistamiento del ingenio, aún pendiente, los; trabajadores terminen aceptando estas condiciones para comenzarla zafra; Hay una convivencia entre la empresa arrendataria con la dirección sindical, ya que ha aceptado; que un directivo sindical integre el directorio. En una asamblea, convocada sorpresivamente, Villavicencio (secretario general del sindicato) se hizo elegir para el puesto patronal, aunque lo presentó como un resguardo de los intereses de los trabajadores (¡violados ya en el propio convenio de arriendo!). Los empleados han realizado la semana pasada una asamblea donde resolvieron aceptar los despidos, pero a condición de que se les pague la indemnización en 48 horas, porque temen que dicho pago se sume a los plazos del resto de la deuda con la empresa arrendataria. Del lado obrero existe una bronca contenida, que ahora se ha agravado por el hecho de que no pueden cobrar las quincenas como lo venían haciendo en base a la venta de azúcar y alcohol, propiedad del ingenio. Se plantea entonces: reclamar un plazo inmediato para que concluyan las tratativas; que se publiquen los borradores completos del arriendo; qué se rechacen todas las cláusulas que impliquen despidos o pagos en cuotas de las deudas con los obreros.

Una asamblea de delegados docentes de ATEP resolvió poner fin a la tregua que en forma inconsulta había abierto el secretario general del gremio, Núñez, cuando estalló la crisis militar con el pretexto de que el paro no favorecía a la defensa de la democracia. La asamblea resolvió iniciar un plan de lucha con paros progresivos de 24, 48 y 72 horas, reclamando el pago de las deudas salariales actualizadas; que se dé a conocer públicamente el plan de construcciones escolares; y el rechazo al adelanto de los 50 ₳ a cuenta del aguinaldo. El primer día de paro, según informó el gremio, fue cumplido por un 95 % de los docentes. Ahora, otros gremios menores de la docencia tucumana (AGET y AGET sector privado) también se aprestan a tomar medidas de fuerza. El reinicio de la lucha docente ha impulsado a que los sectores de padres que se mostraron más activos en apoyo de la lucha docente, se hayan puesto en movimiento para reflotar la coordinadora de padres. La cuestión crucial que se ha manifestado en el proceso de la lucha de la docencia tucumana (que ya lleva varios años), es el de su dirección. La dirigencia siempre ha ido a remolque de las presiones combativas de las bases, pero por su política conciliadora, una y otra vez ha terminado armando fórmulas de arreglo con el gobierno, que han fracasado una tras otra. Está planteado que la asamblea docente elija un comité de movilización responsable ante la asamblea que pase a dirigir la lucha, retomando la experiencia del 85.

El lunes 4 de mayo uno de los sectores de la burocracia de Córdoba, la llamada CGT unificada, junto a algunos sindicatos, convocó a un paro de 14 horas en solidaridad con los trabajadores del transporte de la empresa 12 de Octubre, que habían sido despedidos. El paro fue resuelto cuando el conflicto llevaba 20 días de duración y después que el gobierno y la patronal habían realizado una amplia campaña contra los obreros del volante. La medida de fuerza fue un fracaso, con la exclusión de las fábricas de Sevel y Renault, donde el acatamiento fue masivo. Toda la “prensa seria” y políticos patronales como el renovador José Manuel de la Sota se pronunciaron en contra del paro, y éste último llegó incluso a acusar a la policía por no haber reprimido con toda severidad a los manifestantes, coincidiendo en esto con el intendente radical, Ramón Mestre, quien en su embestida también atacó a los jueces por no arrestara los huelguistas. Ramón Mestre es concuñado de Antonio Torres, presidente de la empresa 12 de Octubre, provocadora del conflicto. Planteadas así las cosas conviene, para no caer en simplismos, ir a la raíz del problema para poder entender cuál ha sido el comportamiento de los actores de éste. Todo comenzó cuando la patronal se negó a reconocer al cuerpo de delegados elegido por los trabajadores. A partir de allí montó una burda provocación con el despido de dos trabajadores, uno de ellos en uso de licencia. Ante la negativa de Antonio Torres de recibir a los delegados (porque estaba ocupado) los trabajadores fueron a la huelga. De ahí en más, todas las tratativas entre la patronal, el Ministerio de Trabajo y la UTA solo sirvieron para dilatar el conflicto y para que la patronal impunemente aumentara los despidos ante la manifiesta incapacidad del gobierno para obligar a la empresa a la reincorporación de los despedidos. Después de 20 días de conflicto, la CGT regional llamó al paro de 14 horas, pero sin realizar ninguna tarea agitativa y de organización tendiente a garantizar la medida de fuerza. Ni el día lunes (el paro comenzaba a las 10 horas), ni tampoco antes, se realizaron asambleas para explicar a los trabajadores las verdaderas causas del conflicto (destruir la organización gremial). Es llamativo que ninguno de los columnistas de la “prensa seria" hayan mencionado y mucho menos explicado las verdaderas causas del conflicto; en cambio ¡qué curioso! este periodismo' ‘‘objetivo” no ha dudado un instante en atacar la lucha de los trabajadores sin siquiera mencionar a los verdaderos culpables, el gobierno y la patronal. Es natural que un paro totalmente desorganizado, sin objetivos claros y ninguna organización, tenía que convertirse en la peor huelga que se haya realizado en los últimos 20 años. Pero esto pone de manifiesto sin lugar a equívocos, que ni la dirección de la CGT ni la dirección de la UTA, enfrentada con el cuerpo de delegados, querían el triunfo de los obreros del transporte. La combatividad puesta de manifiesto por los delegados y activistas de UTA defendiendo su fuente de trabajo y por lo tanto el triunfo del conflicto, no tiene absolutamente nada que ver con los elementos de la burocracia sindical que en actitud provocadora buscaban —objetivamente— crear la confusión con la rotura indiscriminada de comercios, precisamente para mandar al pozo el conflicto, como efectivamente está sucediendo. Un resultado muy distinto se hubiese obtenido si se organizaba y generaba una gran movilización de masas donde se estableciera un preciso plan de lucha, con plenario de gremios, con delegados que llevaran el mandato de sus respectivas asambleas. Más allá de las luchas internas de los radicales (sector Mestre enfrentado con Angeloz) y las puyas intestinas entre sectores de la burocracia, una cosa es absolutamente cierta: sin importarles un corno el destino de las familias obreras que quedan en la calle y por encima de cualquier diferencia, peronistas y radicales de todo pelaje se dieron la mano para hundir el conflicto, destruyendo un cuerpo de delegados combativo como parte inseparable de los acuerdos para la puesta en marcha del pacto social. De todas estas cuestiones los trabajadores deben hacer su propio balance, sacar las conclusiones políticas que les permitan comprender cuáles son las funciones que cumplen los llamados “partidos populares”, que a la hora de la verdad se alinean del lado de los patrones y forman un sólido bloque contra los trabajadores. Toda la población de Córdoba debe entender que si paga el boleto más caro del país por uno de los peores servicios de transporte la culpa no puede ser nunca de los trabajadores sino de quienes detentan el poder.

La lucha que hace más de una semana iniciaron los trabajadores de prensa de La Razón en defensa de su fuente de trabajo dio un salto fundamental en la madrugada del sábado último, cuando, por unanimidad, una asamblea del personal decidió rechazar una resolución del Ministerio de Trabajo que planteaba el levantamiento de la medida durante los días que restaban de la conciliación obligatoria. Se exigió, en cambio, la definitiva reincorporación de los 350 trabajadores despedidos. En consecuencia, se mantuvo la ocupación de la planta hasta que ese planteo fuese satisfecho. Esta decisión fue fortalecida posteriormente con el respaldo del personal gráfico. Este espíritu de combate debe ser acompañado por el conjunto del gremio de prensa que todavía se encuentra muy lejos de los requerimientos del conflicto. Aunque una asamblea general del gremio realizada en la puerta de la planta, decidió la realización de paros parciales y un paro general de 24 horas cuya fecha de realización debía resolver el cuerpo de delegados, la medida quedó luego diluida. El cuerpo de delegados volvió a postergar la fijación de la fecha del paro general y nada se planteó, en el terreno práctico, para concretar los paros sorpresivos aprobados, que se cumplen muy parcialmente. Pero, además, este paro de 24 horas no puede ser la estación terminal del plan de lucha. Debe tener, por el contrario, un carácter activo y servir para realizar una gran asamblea en la puerta de La Razón. También debe servir para potenciar la lucha del gremio por sus reivindicaciones más sentidas, especialmente la salarial. La Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA) planteó en su momento el requerimiento de un 30 por ciento de aumento para todo el gremio. Este requerimiento acompañado por el reclamo del respeto a estatutos y convenios, debe encabezar —junto con la exigencia de la inmediata reincorporación de los despedidos—el pliego de reivindicaciones que permitirá potenciar a fondo las fuerzas del gremio para que “no se pierda La Razón". ¡Los gráficos también están en lucha! Asamblea asesta un golpe a la pérfida política del ongarismo Hasta la asamblea gráfica realizada en la noche del lunes 18 de mayo, la lucha por la reapertura del matutino y la reincorporación de los 350 despedidos descansó enteramente sobre las espaldas de los trabajadores de prensa de La Razón. A partir de la asamblea del 18 la lucha ha pegado un gran salto con la resolución de los gráficos de decretar la huelga y la permanencia en la planta hasta que no sea reincorporado el último despedido y vuelva a estar en la calle el matutino. También, por unanimidad, la asamblea votó por segunda vez en una semana, que la conducción del sindicato convoque inmediatamente al plenario de delegados para sumar al conjunto del gremio al apoyo de la lucha de La Razón. La resolución de la asamblea gráfica significa un impulso excepcional de lucha en este momento crucial del conflicto; puede darle un verdadero desarrollo al fondo de huelga y a la solidaridad de los demás talleres gráficos. La asamblea dio por tierra con la pérfida política de la directiva del Sindicato Gráfico, la cual escudándose detrás de un acta firmada por la patronal en la cual ésta se comprometía a no despedir trabaja-dores gráficos (acta sin ningún valor legal o político como fue denunciado en la asamblea), afirmaba que los gráficos no estaban en conflicto. Así, el ongarismo se sumaba a la maniobra patronal tendiente a dividir a gráficos y prensa, para golpearlos por separado. Los trabajadores de prensa que al momento de la asamblea gráfica estaban ocupando el diario, esperaron con ansiedad las resoluciones de la asamblea y festejaron con aplausos, abrazos y lágrimas de emoción la decisión gráfica de sumarse a la lucha. Con la unidad combativa de prensa y gráficos, la lucha por la reincorporación de los compañeros despedidos está hoy mucho más fuerte. "La única solución es: los 350 despidos trabajando y la reedición del matutino” En la planta ocupada del diario La Razón entrevistamos a la compañera Ana Marra Villareal, integrante de la Comisión Interna de Prensa, quien nos resumió los aspectos centrales del conflicto, la actitud asumida por la patronal y el Ministerio de Trabajo y, claramente, que la única solución es: los 350 despedidos trabajando y la reedición del matutino. "El conflicto —comienza diciendo Ana María— se inició el 7 de mayo ante la falta de pago de los salarios correspondientes a abril y la información de que serían abonados en cuotas como era práctica común de esta empresa desde hace más de un año. Entonces decidimos comenzar un paro de actividades hasta que fueran abonados los sueldos. Esta medida se continuó hasta el lunes 11 cuando una nueva asamblea decidió la suspensión del paro por 48 horas, ya que entonces habla cobrado casi todo el personal y estaba planteada una reunión en el Ministerio de Trabajo para debatir otros reclamos, entre ellos el del aumento de salarios. Esa misma noche del lunes la patronal envió más de 300 telegramas de despido, que recayeron centralmente entre trabajadores de prensa del matutino y más de 100 telegramas de suspensión para el personal gráfico afectado a esa edición. Casi de Inmediato la patronal da marcha atrás en estas suspensiones para tratar de dividimos con los compañeros gráficos. P.O.: ¿Hacia dónde se orienta la patronal con estos despidos masivos? Esta decisión patronal se orienta al cierre de la edición matutina, anunciado ahora oficialmente por la empresa, y que afecta a los 350 compañeros despedidos y, potencialmente, a los 112 compañeros gráficos que recibieron los telegramas de suspensión. P.O.: El Ministerio de Trabajo decreta entonces la conciliación obligatoria que es desacatada por la patronal. En realidad, se produce más de una resolución. La primera intima al personal a editar las ediciones quinta y sexta del, diario con lo que, implícitamente, se avalaba la decisión patronal de cerrar la edición matutina. Este planteo es rechazado y se realiza posteriormente una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo —el viernes pasado— donde se llega a un preacuerdo que consistía en la reincorporación de los 350 compañeros y la garantía de la edición y distribución de la edición matutina. Es decir que se plasmaba la solución al conflicto. Ese preacuerdo la asamblea lo aprueba por unanimidad. Cuando regresamos al Ministerio para firmar la patronal de marcha atrás y dice que acepta la reincorporación, pero sólo durante los días que restan de la conciliación obligatoria y sin garantizar siquiera la distribución del matutino. Ante esta situación los trabajadores de prensa del diario deciden el rechazo del acta, que el Ministerio redacta en los términos planteados por la patronal, y la ocupación de la planta hasta que nuestros reclamos sean satisfechos. P.O.: ¿Cómo caracterizas entonces la actitud del Ministerio de Trabajo? R.: La idea es compartida por todos los compañeros del diario que ven como se le otorga total impunidad a un empresario como José Pirillo que ya vació varias empresas y está haciendo otro tanto con el diario. P.O.: ¿La solución al conflicto entonces es...? R.: La única solución que tiene este conflicto es que se reincorpore a los 350 compañeros despedidos y se vuelva a editar el matutino que es la garantía de mantención de nuestra fuente de trabajo.

La tendencia de lucha que recorre el gremio gráfico, verificada en los conflictos salariales de La Razón, Bianchi, así como en innumerables talleres de obra y también en el Interior (Córdoba está cumpliendo un plan de lucha, desarrollando hasta el momento 3 paros activos y 2 asambleas generales), ha comenzado a expresarse también con victorias del clasismo en las elecciones de Comisiones Internas. En el diario Clarín, el taller más importante del país, una lista de clara fisonomía clasista ganó las elecciones para la Interna, contra la lista identificada con el ongarismo, de franco carácter patronal y en la cual confluían elementos de los diversos agrupamientos burocráticos del gremio. La victoria clasista en Clarín es una clara expresión de la maduración política del gremio gráfico y de la experiencia de los trabajadores con la conducción ongarista.

La directiva del Sindicato Gráfico Argentino acaba de firmar con las cámaras patronales un aumento salarial del 15% sobre los básicos de convenio para los meses de abril y mayo y de un 3% adicional para junio, todos los cuales pueden ser absorbidos por los aumentos salariales oficiales. Nuevamente, esta directiva firma un acuerdo sin consulta ni decisión de la base del gremio. El acuerdo convalida la pérdida salarial del primer trimestre, esto porque los gremios que firmaron por el 31%, como la UOM, lo hicieron desde enero y no desde abril, como en este caso. En todo el primer semestre, el básico de convenio aumentó un 33,7%, contra una inflación que en el mismo período superará el 40%. Un convenio similar había sido suscripto, una semana antes, por la Federación del interior, con el voto en contra de las seccionales más importantes — Córdoba, Mendoza y La Rioja— y la prescindencia de Rosario, que por la propia había obtenido un aumento del 24%. Si tenemos en cuenta que en Buenos Aires se concentran los grandes talleres; si consideramos que la industria se encuentra en plena etapa de reactivación, con horas extras en la mayoría de los talleres; si pensamos que un sindicato 30 veces menor que el SGA, como es el de Rosario, obtuvo un aumento salarial mayor; si vemos que el SGA fue el sindicato que firmó más tarde y por menos; la conclusión es una sola: este es el resultado de la adaptación de la conducción ongarista al “pacto social” y de sus negociaciones a espaldas del gremio. Durante este período, la base gráfica ha reaccionado frente a esta adaptación: las luchas salariales de Bianchi, La Razón y de Infinidad de talleres de obra han arrancado aumentos por encima de lo firmado. Una gran cantidad de talleres grandes y pequeños, han reclamado la inmediata convocatoria al plenario de delegados para discutir el tema salarial. Frente a este reclamo, la respuesta del ongarismo ha sido su completa derechización: la firma del convenio, la adaptación al “pacto social” y la más cerrada negativa a convocar al plenario de delegados.

El conflicto salarial de los trabajadores estatales de Chubut ha sufrido un retroceso. Después de 14 días de paro indefinido masivo de impresionantes concentraciones y asambleas en la capital (Rawson) y de los paros de otros sectores dependientes de la administración pública (docentes, no docentes, municipales) se ha entrado en una conciliación obligatoria sin haber conseguido ningún avance en el reclamo salarial (₳ 300 de básico). La Asamblea General del martes 12 aprobó esta medida — en medio de la resistencia de un sector del activismo, que no alcanzó a expresarse orgánicamente en la misma. Un operativo político para detener la lucha Desde su mismo comienzo, la huelga de los trabajadores estatales empalmó con una colosal crisis política —que llegó a plantear la intervención federal a la provincia—, y tuvo una gran extensión y profundidad. La conducta de la dirección gremial fue enteramente condicionada por una enorme movilización de los trabajadores, al punto de que el propio paro fue lanzado cuando ya la situación de abandono de trabajo se había materializado en varias reparticiones. En esta situación, las asambleas fueron rechazando una y otra vez la “última oferta’’ del gobierno provincial, y el gremio no concurrió a las audiencias de conciliación, citadas por la delegación de Trabajo desde el jueves 7. En el fin de semana del 8 al 10 la situación llegó a un grado extremo de gravedad, y una "cumbre” radical provincial desechó la posibilidad de intervención federal (apoyada por sectores de la Junta Coordinadora Radical y el radicalismo de Comodoro), e inició una amplia maniobra política destinada a aislar y quebrar la lucha estatal. El domingo 10 por la tarde el gobernador Viglione, en un discurso, reiteró que el gobierno no tiene posibilidades de pagar mayores sueldos, y reafirmó su propuesta de otorgar un “aumento" a costa de liquidar una serie de plus que son conquista del gremio. Paralelamente, el gobierno firmó el decreto de aumento a la policía provincial, e inició negociaciones con Atech (educación). También en este momento se conoció un proyecto del justicialismo para derogar el decreto de aumento de las dietas legislativas. En la mañana del lunes 11, los estatales repudiaron en las calles de Rawson el discurso gubernamental —al que se calificó como una clausura de cualquier vía de negociación—. A las movilizaciones convergieron por primera vez en el conflicto los trabajadores municipales de Rawson, y delegaciones de Atech, Luz y Fuerza, Vialidad Provincial y Salud Pública. En estas condiciones se arribó a la crucial asamblea del 12, a la que concurrieron Víctor De Gennaro (ATE Nacional), Pisoloruso (funcionario nacional del M. de Trabajo), Passalacqua (Secretario General de la CGT Trelew, hasta entonces borrada del conflicto), los abogados del gremio, y los diputados nacionales del radicalismo y el justicialismo. En ella se propuso el levantamiento en nombre del inicio de una negociación “seria”, evitar la ¡legalización de la medida, y cobrar los sueldos del mes de abril. La conducta de la directiva y las perspectivas del movimiento La dirección de ATE (degennarista, que fue la dirección efectiva del conflicto) apostó desde un primer momento a la limitación del movimiento. Lanzó el paro cuando ya éste se efectivizaba en las reparticiones (luego del fracaso de un petitorio, y por el repudio popular al aumento de las dietas); se opuso al cobro de los salarios de abril —ofrecida por el propio gobierno— y no adoptó ninguna medida para centralizar efectivamente el movimiento huelguístico de los distintos gremios provinciales (¡Coordinadora de Gremios Estatales! ¡Comité de Huelga Provincial!). Se dio así la “paradoja” (en realidad, perfectamente previsible) de que los campeones de la “correlación de fuerzas” levantaran una medida de fuerza que había arrastrado a la mayoría de los gremios estatales, y que había dividido brutalmente a la patronal estatal. Hoy, la “conciliación” significa el Ingreso de ATE a una llamada “paritaria provincial” (con sus “techos y pisos") en condiciones en que el básico de ATE está un 50 por ciento por debajo del de otros gremios (esto en el mejor de los casos). La dirigencia, que siempre sostuvo que entraba en lucha precisamente para equiparar los salarios antes de la “paritaria”, la ha aceptado en las peores condiciones. El futuro es perfectamente previsible, al menos en un sentido: la "conciliación” va a significar una frustración para los trabajadores estatales. Sobre esta frustración, el activismo estatal tendrá que reconstituir su movimiento en condiciones seguramente inferiores a las que existían al momento del levantamiento. Del balance que realice el propio activismo acerca del conflicto y del rol de su dirección, dependerá en gran medida que la “conciliación” sea derrotada.

A dos meses largos de los primeros intentos de Farías para intervenir la seccional Santa Cruz de la Uocra, la burocracia no ha podido hacer pie entre los trabajadores. No ha logrado recuperar el local sindical y se ha visto obligada a abrir otro local. Lo significativo es que la lucha se mantiene en pie luego de la defección del titular de la ejecutiva intervenida. Entre otros argumentos, la burocracia acusó de “uso indebido de fondos” a la directiva seccional. Esta, encabezada por Di Pierro, fue incapaz de rebatir la imputación y anunció su renuncia y el propósito de entregar la seccional. El activismo tuvo una conducta muy distinta: reclamó una asamblea para aclarar la acusación de “uso indebido de los fondos” y para resolver qué hacer con la sede sindical. Una cosa era que los trabajadores enjuiciaran la inconducta de algún dirigente seccional y otra muy distinta entregarle el gremio a la patota de Farías. La asamblea, realizada el 15 de abril, aceptó la renuncia de Di Pierro (después de comprobar que existió efectivamente uso indebido de la chequera del gremio) pero NO ENTREGAR EL GREMIO A LOS INTERVENTORES. Por eso eligió una comisión provisoria para seguir la lucha contra la intervención. El 25 de abril se realizó un asado con más de 120 compañeros donde se ratificó el reclamo de inmediatas elecciones para normalizar la seccional. Las tareas planteadas por la comisión provisoria son múltiples: extender la afiliación al interior de la provincia, elegir delegados por obra para extender la organización y obligar a la burocracia a convocar a elecciones. La lucha más dramática para los trabajadores de la Uocra es la recuperación de los servicios de la obra social (cortada hace más de un mes por desavenencias entre el Colegio Médico y la Obra social de la Uocra). Frente a esto se está organizando un reclamo legal masivo que habrá de llegar a la movilización si el problema no se arregla.

El sábado 16, una asamblea general realizada en Piedra del Águila resolvió por amplia mayoría el levantamiento de la huelga general, acatando así la conciliación obligatoria dictada hace 15 días por el Ministerio de Trabajo y que era desoída por la patronal de UCASA. Hasta ese momento UCASA no aceptaba retrotraer el conflicto con los 138 despedidos adentro. ¿Qué motivó este cambio de actitud de la patronal? Como lo planteara el PO en un volante distribuido antes de la asamblea: “Ha pasado que se largó el plan de lucha provincial de la UOCRA Neuquén, dos grandes paros y la huelga general por tiempo indeterminado, y se quiere, cuando estamos en condiciones de lograr una solución definitiva, que aceptemos un compromiso parcial e inestable. Preguntamos: ¿Qué pasará con los compañeros cuando se cumplan los 15 días de conciliación obligatoria? Preguntamos: ¿Qué pasa con el 20 % que hoy es el reclamo de todos los trabajadores de la construcción de Neuquén, y sobre el cual no se dice absolutamente nada? ¿No será que se nos quiere paralizar cuando nuestra lucha estaba en franco as-censo y birlamos la posibilidad de una solución definitiva?" ¿Victoria o derrota? Lamentablemente no se puede analizar una lucha de la envergadura de esta como si estuviéramos contando porotos. La Comisión Interna y los representantes de Parías se esforzaron en la asamblea por presentar este resultado como una victoria. Se olvidaron del 20 %, del despido —este no negociable— del delegado Paillalef, de los 38 juicios que la patronal mantiene contra los obreros y de que esto obliga a cesar el trabajo a reglamento (por el aumento salarial) que se estaba desarrollando hasta los despidos. El Mas prefirió jugar al PRODE y a este resultado le puso “empate”. Pero lo que nadie siquiera mencionó, fue la enorme perspectiva de victoria que abría la unificación del conflicto con la huelga general declarada por los obreros del gremio en toda la provincia. Nadie, ni la Interna ni la Comisión Directiva, planteó que la lucha ya no era solo de Piedra y que su curso debía ser votado por el conjunto de la UOCRA Neuquén, que, 48 horas más tarde, debía empezar una huelga indefinida, luego de cumplir dos paros, de 24 y 48 horas, al 80 %. Los trabajadores de Piedra fueron empujados a aceptar un arreglo precario y desfavorable precisamente en el momento que su lucha se generalizaba. Esta es la única manera de interpretar el recule de UCASA. Para la burguesía toda la cuestión era impedir una pueblada de los obreros de la construcción y con ese fin se presionaba a UCASA. Los huelguistas, por su parte, a partir de los paros de UOCRA, comenzaron a ser hostigados para quebrar su resistencia: el jueves, un grupo de obreros fue brutalmente reprimido por Gendarmería con gases y disparos al aire cuando se dirigían a un sector del obrador para explicar a 20 obreros contratados por UCASA en otras provincias, las razones del conflicto. El viernes, el concejo Deliberante de Cipolletti (PJ, PI, UCR) solicitó al intendente que reclamara a un juez el desalojo de la olla de las calles de la ciudad. Con el levantamiento, se ha dado un duro golpe a la unidad de todos los obreros de la construcción de Neuquén, los cuales el lunes 18 ratificaron igualmente, en asamblea, la huelga indefinida. El PO mantuvo a lo largo del conflicto un mismo planteamiento: unir a Piedra con toda la UOCRA, allí estaba la vía del triunfo. Insistimos en la asamblea general como medio para concretar esa unidad y llamamos la atención sobre la separación que la interna de UCASA pretendía hacer de ambos movimientos. El primer día de paro de la huelga indefinida ha sido masivo. La tarea planteada a todo el activismo sindical y político de la provincia es clara: rodear de solidaridad material y política a la UOCRA, formar decenas de Comités de apoyo en barrios, colegios, gremios y facultades.

[texto incompleto en el original] En los últimos diez días se ha asistido al desmoronamiento político e incluso institucional del régimen democratizante. El poder ejecutivo y el parlamento han actuado como unos simples comisionistas de Bolsa de la camarilla militar en el tratamiento legislativo de la ley de la obediencia debida. Pocos han reparado que la sanción del proyecto por Diputados fue votado por una minoría —ya que a los 56 votos en contra y a las dos abstenciones hay que sumar una cifra de 75 ausentes, lo cual supera a los 119 que votaron por el sí, muchos de los cuales lo hicieron bajo la amenaza de perder las prebendas y canonjías del poder. El bloque de Herminio Iglesias votó por la afirmativa, lo que sirve para poner en evidencia cuál es el sustento de la nueva ley. Por si esto no fuera suficiente, la posibilidad de que la obediencia debida pase intocable por el Senado es bastante problemática, como consecuencia de la presión que ejerce, sin límites y con desparpajo, la camarilla militar. Mientras el comandante de la Armada, Arosa, reivindica sin sonrojarse los principios de “orden y disciplina”, los estados mayores de las tres armas “fregotean” de lo lindo, sin privarse de convocar a sus despachos a los bloques parlamentarios y amenazarlos con la continuidad del alzamiento militar si no se establece en la ley la modificación necesaria que la convierte en una amnistía absoluta. El jefe del Side, el alfonsinista Facundo Suárez, llegó al extremo de informar que su servicio de espionaje político está estudiando la eventualidad “técnica” de que la impunidad incluya a nuevos sectores militares. Complicidad de los “democráticos” El régimen político democratizante no es una víctima inocente de su propia demolición. Juan Carlos Pugliese, quien bajó al recinto de la Cámara de diputados a defender la ley alfonsiniana de la “obediencia debida” (y de la indebida también), dijo con todas las letras que “no se temía el golpe de estado sino la anarquía”; no se temía la sustitución del gobierno constitucional. (lo cual es, después de todo, “un mal menor” para la burguesía, en cuanto sirve para mantener el Estado opresor) sino el dislocamiento de las fuerzas armadas de este. Estado capitalista. Era necesario hacer frente a este “peligro”, pues ocupaba el lugar más, apremiante en la escala de prioridades del orden patronal; de ahí que el régimen político se convirtiera en el instru- oficiales. En el discurso que pronunció en Mar del Plata, el almirante Arosa no vaciló en proclamar abiertamente esta demolición del régimen político y también en marcar su posición frente a él. “No se han podido crear aún, dijo, las condiciones institucionales que permitan la reconciliación.” Alfonsín y su cohorte dieron vuelta la cabeza para el otro lado ante semejante pronunciamiento, el cual equivale a una declaración de insubordinación pues condiciona el acatamiento al gobierno a una previa alteración institucional. Esto es, precisamente, lo que se apresuran a hacer, y con yapa, nuestros augustos legisladores. Contrarrevolución La legitimación del principio de la obediencia debida incorpora al actual régimen democratizante características contrarrevolucionarias. La llamada “guerra anti-subversiva” fue un mecanismo montado por la gran burguesía argentina y el imperialismo para imponer un régimen de terror que permitiera someter a fondo a los trabajadores y entregar el dominio de la economía nacional a un puñado de capitalistas nacionales- y extranjeros- La guerrilla nunca constituyó una amenaza revolucionaria para el Estado, por eso su represión fue un aspecto dentro de un planteo contrarrevolucionario global. Las fuerzas armadas no actuaron nunca en este proceso como una fuerza independiente sino como una parte del mecanismo político del Estado burgués. Sirvieron a una clase hasta sus últimas consecuencias y fueron sustituidos en el poder cuando su permanencia se había transformado en un peligro para el continuo dominio político de los explotadores. Son unos ilusos o unos farsantes aquellos militares que caracterizan a la “guerra antisubversiva” como nacional y como una “gesta de armas”. Fue el mayor movimiento antinacional protagonizado por el ejército argentino desde la guerra del Paraguay y la represión de las rebeliones del interior del país, y el punto de mayor integración de las fuerzas armadas a los intereses del capital y del imperialismo. La reivindicación de la obediencia debida a los explotadores y a sus intereses históricos antinacionales es contrarrevolucionaria, y ella constituye una victoria política de los grandes capitalistas —digan lo que digan las logias que denuncian a la sinarquía internacional. Descomposición del Régimen democratizante proclama abiertamente su descomposición política, fruto de su impotencia. Los representantes “democráticos” de la burguesía han fracasado miserablemente; la clase en cuyo nombre actúan reclama unánimemente la reivindicación del cuerpo de oficiales contrarrevolucionarios y aprovecha las limitaciones insalvables de aquéllos para imponerla. El presidente Alfonsín ha escuchado sin chistar al cardenal Primatesta decirle, según informa La Prensa sin ser desmentida, que “quisiera que muchos seminaristas tuvieran el temple espiritual de los oficiales” que se beneficiarán con la ley, es decir, de los que están acusados del asesinato de personas indefensas, violaciones y tormentos. Es por estos rumbos que se mueve la “ética” oficial. Toda la charlatanería izquierdista que habló de la “victoria” de Semana Santa no comprendió ni por lejos toda esta “traición al pueblo" que pronosticó, denunció y estableció como conclusión de los acontecimientos, el Partido Obrero. Esta izquierda sigue con la pretensión de conjugar su “protesta” contra la obediencia debida con el apoyo al régimen burgués democratizante, sin comprender siquiera por un momento que este régimen democratizante y todos sus partidos son el obstáculo que bloquea una acción decisiva del pueblo para defender las libertades democráticas. Lo que está ocurriendo en Ingeniero Budge demuestra cabalmente cómo entiende el pueblo la lucha contra el aparato represivo: en una barriada que se ha transformado en el campo de acción de los “grupos de tareas”, los trabajadores han salido a organizar sus “guardias vecinales” y la defensa contra las incursiones asesinas, en tanto que la intendencia y los partidos patronales se dedican a encubrir a la patrulla criminal, precisamente para evitar que la movilización popular adquiera dimensiones históricas y que llegue a incidir en la movilización nacional contra la amnistía. La política del gobierno y del parlamento han servido para unir a las diversas fuerzas armadas en tomo a los altos mandos, precisamente el sector que llegó adonde se encuentra por su mayor compenetración con los intereses del Estado y de la burguesía explotadora. Este logro se lo aplaude él Banco Mundial, Reagan y el presidente del comité de la banca acreedora, los cuales lo invitan a dar un pasito más. Pero la consecuencia de parlamento se han convertido, más de lo que ya eran, en rehenes de todas las fuerzas políticas y sociales que representan la opresión nacional, la reacción política y la explotación capitalista. Asamblea Constituyente Del conjunto de los acontecimientos del último mes se desprende que este régimen es complemente incapaz de hacer frente a la reacción militar y de que marcha por la pendiente inclinada de la anulación de las libertades democráticas. Los políticos democratizantes se orientan en base al único criterio de conservar sus prebendas, —en lo demás ceden por completo al chantaje. La crisis política no podría ser más completa. La. crisis militar, por otro lado, está lejos de resolverse, pues aún debe pasar por toda una lucha interna de clanes y camarillas, las cuales pujan entre sí para ver quien le saca más concesiones al gobierno y las presenta como ofrenda para imponer su propio liderazgo. Estas condiciones de crisis de poder y las perspectivas de su creciente agravamiento, deben determinar las consignas políticas. La convocatoria inmediata de una Asamblea Constituyente Soberana es el recurso democrático último para encarar esta situación de crisis sobre la base de la soberanía popular. La crisis política está planteando la reorganización social y política de la nación sobre nuevas bases. Que el pueblo decida. Que se convoque a una Asamblea Constituyente soberana, es decir que asuma el poder político. El destino de la economía nacional hipotecada; de los derechos laborales y sociales que se vulneran cotidianamente; de las fuerzas armadas; todo esto no puede ser decidido por un régimen impotente y por sus representantes capituladores. En las condiciones actuales las elecciones previstas para el 6 de septiembre próximo ya son un fraude político, porque no alteran el completo entreguismo de Alfonsín; porque no renuevan integralmente la representación nacional; porque no crean un poder cabalmente representativo en función de la crisis planteada; porque no tiene la función de reveer toda la actuación del régimen impotente. El curso de la crisis política de aquí en más mostrará todo el realismo de esta consigna, la cual servirá por sobre todo para unir al movimiento obrero, sus reivindicaciones y luchas, detrás de un planteamiento político común, en abierto desafío a la domi- [Texto incompleto en la edición original]