Prensa Obrera N° 180

Los obreros de Piedra llevan 12 días de huelga indefinida. Los motivos son: que la patronal, Ucasa, pague el 20 % de aumento que había concedido y que ahora desconoce y la reincorporación de 138 compañeros despedidos, entre ellos la totalidad de la Comisión Interna. Durante estos días el paro se mantuvo firme y la olla popular frente a Hidronor es un centro de constante difusión del conflicto. En ella permanecen 300 compañeros, recogiendo la solidaridad de la población. El 1o de Mayo se realizó allí un acto con la presencia de activistas y dirigentes sindicales, que ratificó la voluntad de continuar la lucha hasta obtener las reivindicaciones. La firme actitud obrera tiene su razón de ser: los compañeros saben que una derrota hoy los condenará a un régimen de esclavitud en el obrador desde mañana. La maffia de Ucasa quiere descabezar la organización gremial —éste es en realidad su principal objetivo— para imponer todas las condiciones de un trabajo semiesclavo en el complejo. La estrategia de la patronal y el gobierno es clara: quieren derrotar a Piedra por el aislamiento. La comisión Multisectorial, integrada por los partidos patronales y erigida en “mediadora”, juega la función de desactivar las tendencias a una solidaridad activa con Piedra y preparar las condiciones para un arreglo propatronal. La CGT se ha retirado de ella reconociendo que la patronal de Ucasa no está dispuesta a ofrecer nada, pero no ha variado un ápice su política de aislamiento frente ai conflicto: no ha sido convocado siquiera el plenario de secretarios generales para tratar la lucha de lo que constituye una de las concentraciones obreras más importantes de la provincia. Así las cosas, la expectativa de los obreros de Piedra está concentrada en la Uocra Neuquén. El martes 28 el plenario de delegados votó poner en marcha un plan de lucha en solidaridad y sumarse al reclamo del 20 % para todo el gremio. El jueves 30 una movilización convocada por la Uocra agrupó a 400 compañeros y ratificó esta resolución y colocó en manos del cuerpo de delegados su ejecución. Recién cuando este periódico esté en la calle estará reunido el congreso que debe dictaminar sobre las medidas a tomar. A nadie se le puede escapar que entretanto habrán pasado 15 días, que para los huelguistas de Piedra se cuentan en horas y minutos. ¿Por qué no sale el plan de lucha provincial? Por vacilaciones en el seno de la comisión directiva y el propio cuerpo de delegados, una de cuyas vertientes es el estado de parcial desmovilización que vive el gremio. Pero sólo un plan de lucha y nunca la inacción podrá superar esta situación. Es necesaria una asamblea general organizada mediante un paro activo a partir de las 10 hs. Que se llame a Asamblea de obra para votar el paro activo, la Asamblea General y un plan de lucha.

El gobierno, el empresariado y la burocracia sindical acaban de alumbrar un ataque histórico a las condiciones de vida y organización de los trabajadores. Ha sido “acordada” la ley de paritarias, que no es otra cosa que la ley de destrucción de las paritarias. Ha sido “acordada" la ley de asociaciones sindicales, que es una ley de vaciamiento y destrucción de los sindicatos. (No es nuevo esto de presentar ataques pavorosos a las masas como concesiones. La burguesía tiene este particular modo de actuar. Los “considerandos” de las leyes son un culto a la hipocresía, donde se dice exactamente lo contrario de aquello que estipula el articulado). El proyecto de ley de paritarias dice: “la vigencia de la convención colectiva no debe afectar significativamente la situación económica general o de determinados sectores de la actividad o bien producir un deterioro grave en las condiciones de vida de los consumidores.” Esto quiere decir que los convenios no serán homologados si sus resoluciones afectan, a juicio del Estado, la "situación económica general” o “la condición de vida de los consumidores.” Se establece así la prohibición absoluta de cualquier reivindicación significativa de los trabajadores, quienes sin embargo han perdido más del 50 % de los salarios en los últimos diez años. Las nuevas paritarias siguen a la ley 14250 en la exigencia de que los acuerdos deben ser de carácter prolongado (por ejemplo, dos años). Se fuerza así a los trabajadores a renunciar a cualquier modificación económica o laboral por un largo período de tiempo, en tanto que lo patrones y el Estado tienen la capacidad de hacerlo cotidianamente, por su monopolio de la economía. Las nuevas leyes no anulan los “decretazos” de la dictadura, sino que los consagran. La burocracia es protagonista de una traición descomunal. El "compañero Ministro de Trabajo” — son palabras de Ubaldini— ha sido artífice de esta ley de destrucción de las paritarias y ha actuado en nombre y representación de todas las fracciones de la burocracia. Ya lo había adelantado el cafierista Osvaldo Borda, líder de los 25, bastante tiempo atrás: “la emergencia económica nacional debe ser asumida por todos" (La Razón, 19.2) (es decir, pagada por los trabajadores). La ley de destrucción de paritarias muestra en toda su amplitud la función del “pacto social”. Esta ley es la vía libre a las patronales para incrementar la superexplotación en nombre de la “productividad”. Es también la vía libre para la. privatización, la cual tiene como punto de partida la destrucción de las conquistas laborales. No es ocioso reiterar que el embajador yanqui, Gildred, declaró su apoyo al ingreso de Alderete y del justicialismo al gobierno. Para que el “pacto” funcione, sindicatos vaciados Los trabajadores, en este punto, deben poner especial atención: la burocracia ha pactado con el gobierno y los empresarios una ley de sindicatos que arrasa, como nunca antes, con las conquistas de organización del movimiento obrero. El proyecto de ley dice: "los delegados del personal podrán presentar ante los empleadores las reclamaciones de los trabajadores siempre que previamente obtengan la autorización de la asociación sindical respectiva.” Ninguna fábrica de la UOM podrá movilizarse si Lorenzo Miguel no da su aprobación, (ni siquiera para oponerse a las cesantías o a la violación de los propios convenios) Los cuerpos de delegados y las comisiones internas pasan a ser los títeres de la burocracia sindical, a la cual se le da una prerrogativa importante: “el mandato de los delegados podrá ser revocado en asamblea que podrá ser convocada tanto por el órgano directivo de la asociación sindical, como por propia decisión de la comisión interna..." Los voceros de la burocracia apoyan este planteo “ante el peligro... del debilitamiento de las estructuras sindicales por un sobredimensionamiento del rol de los delegados y comités de empresa" (Clarín 4.5,) El maniatamiento de las internas y delegados se complementa con el “derecho” de la burocracia a la reelección indefinida. Los delegados, en cambio, deberán tener una afiliación mínima de un año para ser elegidos y “revistar al servicio de la empresa durante el año aniversario anterior a la elección”, lo que puede llevar la antigüedad laboral a dos años (esto sin contar el largo período que un trabajador “contratado” debe penar hasta quedar efectivo). Una vez más, la democracia capitalista torna en ley la política de la dictadura en relación a las organizaciones obreras. Un sindicalismo férreamente sometido al Estado capitalista, con sus organismos vivos vaciados: ¿cuál es la diferencia esencial con la 22105, del Proceso, cuyo pedido de anulación llenó la boca de la burocracia durante tanto tiempo? Paritarias libres e independencia obrera Como puede verse los sindicatos quedan bajo control estatal y bajo la regimentación de la burocracia. Este brutal ataque se da en condiciones de grandes luchas y cuando los trabajadores más necesitan de los sindicatos. Piedra del Águila, UTA Córdoba, Hospitales Públicos son la avanzada de una oleada huelguística que puede extenderse en los próximos días. No será la primera vez que los juristas laborales de la burguesía y sus escribas alumbren una letra muerta.

Desde la sublevación militar de semana santa, los tres poderes del Estado han acelerado los pasos tendientes a imponer una amnistía a los responsables y ejecutores de la represión genocida. Al momento de cerrar esta edición, los diarios informan que Alfonsín decretaría un “indulto selectivo", lo que significa “el cese de la acción penal sobre una cantidad indeterminada de personal militar, al que se consideraría que actuó bajo ‘coerción irresistible’ ” (Clarín, 5-5). Esta postura está respaldada por los “constitucionalistas” — vaya el calificativo— Vanossi y De la Rúa, quienes han encontrado la justificación legal de tamaño delito. Otra variante que se estudia, pero ésta tendría menos chances de salir, es la “paralización de juicios”, a la espera de crear las condiciones políticas para un posterior Indulto o amnistía. Mientras tanto, las Cámaras Federales están produciendo una andanada de libertades de militares procesados. La Cámara de Bahía Blanca dejó en libertad al general en actividad Enrique Olea, acusado “de 17 violaciones a los derechos humanos y otros graves delitos”, lo que sorprendió a la prensa por la “celeridad” con que tomó esa decisión. A su vez, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó en libertad al Segundo Jefe de la Armada contraalmirante Máximo Rivero Kelly en un fallo donde un camarista se opuso por considerar “que las pruebas reunidas en el caso son suficientes para afirmar que “en la base Almirante Zar funcionó en 1977” —cuando Rivero Kelly comandaba esa unidad aeronaval— un centro de detención, donde está debidamente comprobada la comisión de graves ilícitos” (La Razón, 29-4). ¿Pueden existir pruebas más contundentes de que la crisis militar de semana santa concluyó con la completa capitulación del gobierno? ¿No está archiclaro que la llamada independencia de los poderes es una farsa y que el Poder Judicial se ha inclinado ante el Ejecutivo y la presión militar? Lo que el Ejecutivo y la Justicia están haciendo ¿no es, punto por punto, el reclamo formulado por Barreiro y Rico? Mientras tanto, la Corte ha dado a conocer un pronunciamiento en el que afirma que no puede reglamentar la “obediencia debida” con carácter general. Es por eso que la dicta juicio por juicio y aún con exceso, ya que exonera aun a los que dieron las órdenes.

Hay que leer los diarios franceses para enterarse que dos jueces, que se pronunciaron en favor del divorcio, fueron cesanteados de la Universidad Católica. Dice el diario Le Monde: “En Argentina, numerosos jueces son también profesores de la Universidad Católica. Si se pronuncian en favor del divorcio, la sanción es inmediata. A dos de ellos, que se arriesgaron, no les fueron renovados sus contratos a la Universidad” (7-4-87). Los medios de comunicación, en manos de los grandes pulpos capitalistas, y del Estado, apañan la campaña de presión y represión de la Iglesia en contra del divorcio. Bajo el Estado confesional de la Constitución, el Poder Judicial no es independiente ni del clero.

“...interpelado sobre si es responsable de haber impartido la orden de suspensión de la audición, y cuáles fueron los motivos que determinaron la adopción de tal medida, responde que efectivamente impartió esa orden, y lo hizo fundamentando su decisión en el pedido del COMFER de regulación de las noticias y comentarios que emite la emisora y la forma en que los mismos se propalan, citando los artículos 7°. y 15°. de la ley de radiodifusión”. “Agregó que el pedido le fue formulado por el COMFER de la ciudad de Rosario por vía telefónica...” Estos párrafos son un extracto del acta labrada por un escribano público y firmada por los directivos de LT 24 Radio San Nicolás. Confirman plenamente que el programa radial, La Voz de los Trabajadores, audición del PO, que se transmitía diariamente por esa emisora, fue prohibido por una resolución del COMFER, organismo oficial de radiodifusión. Para éste, los llamados efectuados por el PO a través de su audición a movilizarse, ganar las calles y rodear los cuarteles para aplastar la sedición militar, debían ser silenciados y por eso, en medio de sublevación sediciosa,' resolvió anular la audición. Es una prueba adicional de que él oficialismo no quería una movilización para derrotar a la derecha. Contra esta censura el PO ha iniciado una campaña de pronunciamientos y realizará todas las acciones judiciales para que vuelva a salir al aire “La Voz de los Trabajadores”

La Nación es un diario que ha demostrado en reiteradas oportunidades no ser solamente el vocero de los grandes capitalistas, sino también de la diplomacia norteamericana. Sus páginas albergaron en los últimos cuatro años los principales planteamientos “off the record" del Departamento de Estado sobre la política exterior argentina y sobre el delicado tema de la política militar del alfonsinismo. Por eso hemos prestado especial atención a un breve editorial de fecha reciente (4.5), que establece la posibilidad de “una desestabilización institucional” en Perú y donde afirma que “la fuerza represiva (podría) incluso marginarse de las instituciones políticas del proceso democrático”. El diario tiene el impudor, bastante habitual en él, de responsabilizar por este desenlace al movimiento foquista que actúa en Perú. Sin en algún lugar el imperialismo yanqui ha valorado al régimen democratizante como instrumento de defensa del Estado, es precisamente en Perú. Esto explica la “moderación” con que ha manejado hasta ahora los roces provocados por las modalidades de pago de la deuda externa, por parte de Alan García. El joven presidente peruano ha servido para darle un sustento popular al régimen burgués, precisamente cuando está enfrentando una lucha armada en las regiones andinas. El aparato represor ha podido actuar así bajo la cobertura del aprismo, permitiéndole ejecutar enormes masacres que han provocado protestas del mundo entero. ¿Se ha agotado esta función política de Alan García? ¿Existe acaso la posibilidad de que el aprismo no gane las próximas elecciones presidenciales, lo que justificaría para el imperialismo un golpe militar preventivo? ¿La crisis, económica es ya incontenible, imposibilitando el control de la resistencia popular por medios "democráticos”? Si algunos de estos factores explicasen el planteo de La Nación, estaríamos obligados a sacar la conclusión siguiente: el golpe peruano se estaría preparando con el activo concurso de las cancilleras “democráticas” de América Latina o al menos con su complicidad. Es que este golpe no marcaría un apartamiento del imperialismo de la línea de apoyar los procesos democratizantes sino la estimación, por parte de éste, de que se debería “reencauzar” o “reinsertar" el proceso peruano dentro del proceso continental, mediante una barrida previa del foco guerrillero y el establecimiento de un régimen democrático “fuerte”.

Se está registrando en Sudáfrica la más importante oleada de huelgas y manifestaciones contra el “Apartheid” desde que el régimen racista implantó el estado de emergencia en junio del año pasado. Las principales protestas se desarrollan en Soweto —corazón de la sublevación negra— pero también abarcan a otras ciudades. El combate popular se ha reactivado con vigor por la confluencia de tres movimientos huelguísticos: transportistas, inquilinos y mineros. El paro de transporte ya lleva seis semanas, es la primera vez que una huelga se desenvuelve con tanta fuerza en un servicio público. El régimen apeló a su conocido salvajismo para quebrar el combate, despidiendo a 16.000 de los 18.000 huelguísticas, organizando rompehuelgas y disparando finalmente sobre los obreros. Seis trabajadores fueron asesinados y los enfrentamientos se generalizaron en las estaciones ferroviarias, lo que provocó el incendio de 60 trenes y decenas de ómnibus durante los combates. Paralelamente a esta lucha se cumplió en Soweto una huelga general de tres días en apoyo a los inquilinos, que desde junio pasado están negándose a pagar altos alquileres. Los trabajadores negros no tienen derecho a la propiedad de sus viviendas y están sometidos además a periódicos desplazamientos forzados como consecuencia de la urbanización de las ciudades, que se efectúan de acuerdo a un estricto criterio de segregación racial. A los negros se les permite habitar en grandes, villas miserias solo provisoriamente y por ello deben abonar alquileres expropiatorios. El combate de los inquilinatos coincidió con importantes huelgas en las zonas mineras contra los despidos y las persecuciones de las actividades sindicales. El régimen racista reaccionó enviando gendarmes a los barrios con la orden de tirar a matar. Asimismo, montó un gran ataque contra la central sindical (COSATU) y manifestaciones estudiantiles en Ciudad del Cabo. Desde el establecimiento del estado de emergencia, más de 4200 personas fueron detenidas y permanecen encarceladas sin juicio. Más de 1200 de estos prisioneros son niños, según reconoció públicamente la policía racista. El Congreso Nacional Africano ha convocado a una nueva jornada de protesta para el 5 y 6 de mayo, fecha en que se realizan las elecciones discriminatorias y proscriptivas del parlamento blanco.

Los llamados “hoteles” de la Capital son en realidad inquilinatos disfrazados. Allí se cobra hasta el aire que se respira. Cobran el uso de la luz; del gas; no hay baños individuales. Es “hotel” pero no tiene sábanas ni conserje. Es todo un cuento para mejor explotar la necesidad de vivienda de los trabajadores. Por un cuarto para cuatro personas se cobraba hasta hace poco hasta 300 australes, con el agravante de que, al ser supuestamente hoteles, el que se atrasa o protesta por el aumento, es echado con la policía. Hace pocos días, la ya enorme tasa de ganancia de estos establecimientos fue aumentada mediante una estratagema. Como se congelaron supuestamente los precios, la Municipalidad de Buenos Aires, por autorización del intendente y vista gorda de todos los concejales que allí concurren, ha pasado a estos “hoteles” de la categoría común a la “TURÍSTICA”!!. Así, han sido autorizados a aumentar sus tarifas el CIENTO POR CIENTO, de la noche a la mañana, gracias a un decreto firmado por el secretario de Turismo, de apellido Delfino (ver fotocopia adjunta). El Partido Obrero propone a todos los trabajadores que viven en estos hoteles “turísticos” acercarse a nuestros locales pues emprenderemos una lucha para no sólo denunciarlos públicamente, sino también poner al descubierto la maniobra y culminar en el no pago del aumento, que no es otra cosa que una estafa y mayor confiscación del salario, bajo el apoyo de los partidos burgueses.

Todos los lunes, en el local de San Telmo, representantes y habitantes de inquilinatos y hoteles de la zona se reúnen en las asambleas de la Comisión Barrial que allí funciona. Entre todos se discute la defensa del techo y la forma de enfrentar desalojos y aumentos arbitrarios en hoteles. Cada semana nuevos vecinos se suman a la lucha contra la terrible situación de la vivienda en esta barriada popular de la Capital. Lo que sigue es un reportaje a algunos de los delegados de inquilinatos en lucha: Adelina Terra, del edificio del Patronato; Carmen Cardozo, del inquilinato de Perú 892 y Miguel y NiIda, una joven pareja del edificio de Piedras 948, actualmente todos en lucha contra los desalojos. ¿De qué modo llegaron a la lucha por la vivienda? Adelina: Yo alquilaba en Avellaneda hace tres años, en Roca y 25 de Mayo. Cuando vino una gran inundación, que inclusive tapó parte de la Isla Maciel, en la casa que alquilaba se cayó el piso y el patrón aprovechó para echarnos de la noche a la mañana. Así fue como tuve que ir al Patronato, ya que no tenía posibilidad de alquilar nuevamente, por los precios que pedían y las garantías. Miguel: En el 82, por el aumento de los alquileres, el dueño del edificio quiso desalojar a una vecina con chicos porque ésta no le podía pagar. Ahí fue cuando los vecinos nos solidarizamos con ella y formamos una comisión para resistir el desalojo, que incluso llegó a la paloteada del patrón contra la compañera. En solidaridad, y para ampliar la lucha decidimos todos los inquilinos dejar de pagar y enfrentar al patrón. Carmen: En mi casa el dueño no nos quiso renovar contrato, mientras nos engañaba diciendo que no nos iba a desalojar. Primero nos presionó y amenazó para que desalojáramos; luego le alquiló piezas a otros para que ellos hicieran la faena de echarnos. Fue entonces que decidimos comenzar a luchar. ¿Cómo organizaron la lucha? Adelina: Desde que nos instalamos en el Patronato nos atacaron. Luego montaron una campaña sobre las “patotas y las armas” en San Telmo. En ese momento no sabíamos qué hacer. La televisión y la radio venían al Patronato a volvernos locos con preguntas y fotos. También vinieron muchos concejales de todos los partidos, pero ninguno nos mostró un camino. Cuando el Partido Obrero sacó un volante titulado “la verdad sobre San Telmo” fue muy comentado y leído en voz alta por los vecinos. Algunos decidimos ir al local del PO y comenzamos allí a organizamos. Miguel y Nilda: Nos costó mucho organizar la resistencia. Muchas familias, desalentadas por los partidos patronales a los que habían ido a buscar apoyo, se querían entregar y desalojar. Al organizamos en la Comisión Barrial pudimos finalmente juntarnos todos y apelar el juicio de desalojo por unanimidad, organizando también un petitorio contra el desalojo dirigido a los trabajadores y vecinos de San Telmo, para que lo firmen en solidaridad y dirigido a las autoridades municipales y nacionales, para que paren el desalojo. ¿Qué balance sacan de estas luchas por la vivienda? Adelina: Nosotros en el patronato, muchos, sacamos una lección muy importante. Porque los concejales de los partidos grandes, la UCR, el Partido Justicialista y otros, nos dijeron que no nos hiciéramos problema, que no iba a haber desalojo; que ellos los iban a arreglar en el Consejo Deliberante, con el intendente. Pero hace unos meses nos llegó el juicio de desalojo iniciado pgr la Municipalidad, con orden del intendente y ninguna oposición de los concejales, que se han hecho cómplices de la cuestión. Esto demuestra que nuestra única salida es confiar en la organización y nuestra propia fuerza. Miguel y Nilda: Para enfrentar, como lo hicimos, el desalojo, la única salida es la unidad y la desconfianza en otra salida que no sea la propia organización. Carmen: La conclusión que yo saco de esta lucha es que es decisiva, ya que la clase explotadora nos ataca en lo más elemental: nuestro techo. Estando los salarios congelados los alquileres aumentan, sin embargo: los juicios de desalojo corren rápido, pero los juicios contra los patrones o los militares van lentos o no van. La gran lección que aprendí en la Comisión Barrial junto al Partido Obrero es que organizándonos en forma independiente podemos saber con qué contamos: con nuestras propias fuerzas; no estamos a la espera de “cuñas” o de diputados o concejales que nada hacen porque sus intereses están con los patrones que especulan con la vivienda. Creo que el ejemplo del Patronato, atacado primero con una campaña patronal de “patotas y droga” y luego con un juicio que los concejales juraron que no se iba a hacer, es todo un símbolo. La capacidad de engaño de los burgueses es muy grande. La desconfianza en toda salida mágica es el camino. Como se dijo en el acto del Primero de Mayo del PO, acá la única solución es el gobierno de los trabajadores.

El gobierno provincial de Santa Fe ha resuelto ceder a una empresa privada la concesión para abastecer a los comedores escolares de Rosario. Según datos oficiales ratificados por el gremio docente, por UPCN y por las cooperadoras escolares, la empresa contratista ha cotizado la ración de comida a ₳ 2,595. Actualmente, el costo de cada ración es de ₳ 0,30. Las mismas fuentes, y los padres de alumnos, señalan que la comida actual es satisfactoria; entonces, ¿cómo se entiende esta medida cuándo el gobierno alega siempre la falta de presupuesto. Simplemente, porque la privatización de los comedores escolares de Rosario es un gran negocio (que la empresa favorecida sabrá “retribuir’’ con fondos para la campaña electoral), y un eslabón en la cadena de traslados y cesantías, tanto del personal docente como no docente. Este atropello plantea una vasta movilización por la derogación del decreto que dispone la privatización de los comedores y por la afectación de los fondos destinados a "engordar” al concesionario a las urgentes necesidades de la escuela provincial: Los salarios docentes, el mantenimiento de los edificios escolares y la extensión de los comedores.

En el reciente Congreso Nacional de Comunicaciones, convocado por las directivas de Foetra y Foecyt, participaron el agregado laboral de la embajada yanqui, John La Massa, y el representante de los capitanes de la industria en el holding, Enrique Olivera. En este marco, el secretario de Comunicaciones del gobierno radical, Juan Ciminari, "elogió la disposición laboral de discutir la privatización del área de comunicaciones” y afirmó que “resulta positivo que los gremialistas hayan aceptado sentarse a discutir una política para la participación del sector privado en las empresas estatales” (Clarín, 28/4). El elogio esta sólidamente fundado. Guillán y Baldassini montaron un verdadero Congreso de la entrega del patrimonio nacional en beneficio de un puñado de financistas y grandes pulpos, un congreso de la superexplotación obrera y de la expoliación de los usuarios. Por eso invitaron a Gallo, administrador de Entel, a Ciminari, del equipo del privatista Trueco, a Olivera, al embajador yanqui y a las cámaras empresarias y partidos patronales, y por ese mismo motivo excluyeron a los trabajadores telefónicos y telepostales y a la izquierda. La conclusión del Congreso: la entrega de Entel y Encotel “Funcionarios gubernamentales, sindicalistas y empresarios de las comunicaciones acordaron un documento que propone que Entel sea una empresa de capital mixto, con la incorporación a la propiedad y la administración de trabajadores, usuarios, proveedores y representates de gobiernos provinciales y municipales”. (Clarín, 2/5}. Demasiadas palabras para un negocio de miles de millones de dólares. Para transformar a Entel en empresa de capital mixto es necesario capital, que no es precisamente lo que poseen los trabajadores. La posibilidad de que éstos se apropien de Entel es la misma que tienen de apropiarse de la Esso, de la Ford o de Bunge y Born, es decir ninguna. El impedimento no es jurídico sino económico, depende de la posesión del capital. Guillán podrá conseguir infinidad de concesiones jurídicas, nunca podrá lograr que los trabajadores se transformen de conjunto en propietarios de capital. Para que los que producen la riqueza nacional también se transformen en dirigentes de la economía en necesario expropiar al capital y transformar a la economía nacional en una empresa colectiva. El proyecto “participativo y democrático” aprobado en el Congreso se reduce a proponer que los usuarios (capitalistas) y los contratistas que lucran con Entel, se apropien del sistema de telecomunicaciones. En nombre de los “usuarios” intervendrán los bancos y financieras, y en nombre de los contratistas, ITT, Nissan, Siemens, Ericsson o Thompson, todo lo demás es verso. El empeño por convertir a los trabajadores en accionistas de Entel “mixta” puede transformarse en un colosal factor de confiscación salarial. Una parte de los salarios dejaría de pagarse en dinero, el cual sería sustituido por acciones, lo que daría a los capitales que controlen el negocio una financiación “rápida" y “barata”. El monopolio capitalista está formado por un conjunto de relaciones, al que los trabajadores no tienen acceso, y que constituye el meollo de la dominación y explotación del capital. Nos referimos al monopolio bancario, tecnológico y comercial; fuera de esto no hay negocio capitalista. Pretender que el aporte de una fracción de su salario introduce al trabajador dentro de este monopolio es una monumental farsa, y, peor, una confiscación de ese salario, que solo puede ser aprovechado por los monopolistas. Pero de lo que realmente importaba, en el congreso, no se dijo una palabra, algo completamente lógico, por otra parte. Es que lo único que interesa aquí es el precio de remate que se pondrá al monopolio de las comunicaciones que tienen hoy Entel y Encotel y las relaciones laborales que exigen los monopolios que se van a beneficiar de la operación. Esto es un secreto de marca mayor, lo que solamente puede explicarse por los perjuicios que entrañará para el país y para los trabajadores. Por la independencia de clase El Congreso certificó la voluntad de la burocracia de ir a fondo en la asociación con el capital nacional e imperialista. En esto no hay diferencias entre el ex-preso político Guillán y el desmemoriado Baldassini, colaborador de los genocidas de la dictadura. En este sentido, el Congreso de Comunicaciones ha sido una “prueba piloto” de la burocracia: no será extraño que la UF convoque un Congreso del Transporte o el SUPE un Congreso del Petróleo para discutir su participación en la privatización de los ferrocarriles e YPF. Este es el camino del pacto social: la entrega del patrimonio nacional y la superexplotación obrera. La intima asociación entre la burocracia, el Estado y los patrones hará más dura aún la lucha de la clase obrera contra la confiscación salarial y los despidos. Es por esto que hoy está planteada en toda su magnitud, la construcción de agrupaciones clasistas y revolucionarias, contra el Pacto Social y por la independencia política de la clase obrera frente a los explotadores.

Con un haber mensual de 132 australes y con una jubilación inicial establecida por el Estado en el 30% del sueldo de un trabajador activo, ¿se puede estafar todavía más a los jubilados? Es lo que el gobierno acaba de hacer al anunciar a todo trapo las “mejoras para el sector pasivo”. Esta “mejora” no surge, por supuesto, de una consulta a los jubilados ni tampoco del voto del Parlamento, sino que la determina un decreto del gobierno que, además, no quiere pagar lo que le debe a los jubilados por incumplimiento de la norma del 82% móvil. Fraude Digamos, ante todo, que la primera consecuencia de la “mejora” es congelar el haber jubilatorio hasta julio, puesto que el nuevo cálculo de los haberes regirá a partir de esa fecha, o sea, que se cobrará a principios de agosto. Hasta entonces, no habrá ningún aumento, de modo que los jubilados deberán tragarse la inflación de marzo, abril, mayo, junio y también la de julio. El resultado concreto de este decreto es, en primer lugar, llevar el haber jubilatorio a su punto real histórico más bajo. Es recién entonces que entrará en vigencia una nueva fórmula de cálculo. Esta consiste, básicamente, en adicionarle a la jubilación mínima (que es, sin los suplementos, de sólo A 90) un 32,3% del promedio mensual de los salarios actualizados. El resultado que se obtiene de esta suma lleva la nueva jubilación mínima a ₳ 145 -apenas un aumento de ₳ 13. El monto del aumento que le corresponda a cada categoría de jubilados dependerá del salario actualizado, pero desde ya se puede decir que la inmensa mayoría se encuentra por debajo de la franja de los ₳ 350 de salario. Para todos estos sectores, que hoy reciben uniformemente ₳ 132 de jubilación, los aumentos variarían entre el ya mencionado mínimo de ₳ 13 y un máximo de ₳ 65, siempre a partir de julio. La mejor jubilación de los que hoy ganan el mínimo pasará a ser de poco menos de ₳ 200 y la peor de apenas ₳ 145. De estas “mejoras” están excluidos los trabajadores autónomos, quienes seguirán percibiendo ₳ 128. El gobierno se ha empeñado en todo este proceso en dar la información en porcentajes del “salario actualizado”, para ocultar los hechos fundamentales. Al jubilado no le interesa que se le aumente la jubilación en porcentajes del salario, por la simple razón de que éstos tienden a disminuir, y también porque gran parte del salario se cobra en negro, de modo que no es tomado integralmente para el cálculo de las jubilaciones. Lo que le importa a los jubilados es que pasarán de una jubilación de ₳ 120, en enero de 1987, a otra que va de 145 a 200, en agosto del mismo año, cuando el costo de vida habrá aumentado más del 50%. A partir de este dato se ve que no hay “mejora” alguna, que hay retroceso, y que aun dentro del período entre enero y agosto esa jubilación cayó en proporciones descomunales. Extorsión ¡Pero el estafador no tiene límites! A cambio de esta “mejora” — retroceso, el gobierno elimina ¡por decreto! el 82% móvil y mantiene la llamada “emergencia previsional”. Por si esto fuera poco establece que el cálculo de la deuda contraída con los jubilados por incumplimiento del 82% móvil se modificará hacia abajo (¡y bien abajo!) mediante la aplicación de los nuevos porcentajes. De este modo el gobierno se rebaja la deuda en un 50%, esto porque a la mayoría de los jubilados se le liquidará lo adeudado no en base al 82% móvil sino en porcentajes que oscilan del 34,6% al 54,9%, según el cálculo oficial, o sea, con un “descuento” del 30 al 60%. Aun así, la deuda se abonará en cuotas a partir de 1988. ¡Quién no se da cuenta que el gobierno especula con la muerte de los jubilados!. Una deuda que arranca de 1976 y cuya cancelación se extiende por 16 años, solo la cobrarán ¡por la mitad o menos!, aquellos jubilados que superen como mínimo los 76 años de vida. ¡Este es el gobierno de la "ética”!. Pero hay más: ¿quién controlará los reajustes y liquidaciones? ¿Quién determinará el salario actualizado al cese de la actividad, que es la base del nuevo cálculo? ¿Es un delirio esperar miles de tramoyas de parte de un gobierno que saca un decreto que es de por sí una tramoya, y con cálculos tan estrafalarios que habrá que contratar a quien los entienda? El decreto alfonsiniano es, sin embargo, completamente ilegal, porque no se pueden anular derechos o aplicar penas con retroactividad, y además porque la Corte ya ha reconocido esos derechos, de modo que son irrevocables. Pero precisamente porque sabe que es ilegal, el gobierno exige que la renuncia a esos derechos la haga el propio jubilado. Es así que el decreto establece que el jubilado “manifieste por escrito, ante la autoridad de aplicación, su voluntad de acogerse al régimen instituido” y que quienes tengan en trámite reclamos ante la autoridad administrativa o judicial manifiesten en forma fehaciente el desistimiento de la acción y del derecho en los procesos en curso”, para agregar que “igual renuncia se requerirá a quienes se acojan a este régimen voluntario sin haber iniciado reclamo alguno”. Se exige que los jubilados renuncien a cobrar la deuda que les corresponde, bajo amenaza de no pagarles nada en caso de que no accedan. La extorsión y la estafa son flagrantes. A los banqueros internacionales el gobierno los trata de diferente manera, a pesar de que la falta de dinero que se alega es la misma para unos y para otros, y a pesar de que la deuda con la banca es fraudulenta y su monto está depositado en el exterior, mientras que el aporte que hicieron los jubilados con su trabajo fue totalmente genuino y si no figura en el Tesoro nacional ello se debe a que los banqueros y los capitalistas se lo robaron. De un plumazo, por un acto despótico del Poder Ejecutivo, se elimina el 82% móvil y la descomunal deuda con los jubilados. ¿Pero acaso cumplirá con el pago de esa deuda reducida quien se niega a cumplir con la deuda real? En un litigio entre empresas la renegociación de deudas depende de que se establezca fehacientemente que el deudor tendrá condiciones futuras para pagar dentro de los nuevos términos que se acuerden. ¿Podrá cumplir el gobierno incumplidor y extorsionador? ¿Se puede renunciar a un derecho real y reconocido a cambio de un derecho probable y fundado en un acto ilegal? ¿Qué derecho de investigación y de control sobre las cuentas del Estado le da el nuevo decreto a los jubilados, para que éstos se puedan asegurar, mediante el derecho de veto, que este gobierno o el futuro provean los recursos para cumplir con lo pactado? ¿En qué condiciones lo hará? Por todos los acuerdos firmados por el gobierno con la banca imperialista, el FMI tiene en sus manos el control de las finanzas públicas. El FMI ya ha determinado que no debe haber ni un austral de más ni para los jubilados ni para los sueldos de los trabajadores. Esto significa que en caso de abonarse esta deuda superlicuada el dinero saldrá de los propios jubilados, a través del bicicleteo permanente de los futuros aumentos, de la carestía, de los alquileres en alza, del deterioro de la obra social, de la ruina del sistema de transporte popular, etc. Utilizando el control de la economía en su beneficio, los capitalistas pretenderán pagar la deuda reducida a costa del salario, de las propias jubilaciones y de las otras conquistas de los trabajadores. ¡Sin el control y derecho a veto sobre las finanzas públicas en favor de los jubilados, como ya existe en favor del FMI, el propio acuerdo chantajista que reclama el gobierno no pasa de ser un nuevo mecanismo para no pagar absolutamente nada!. Por eso llamamos a rechazar el decreto y a movilizarnos para que las organizaciones de jubilados junto a la CGT y los sindicatos organicen el boicot a este monstruoso decreto. El gran problema de esta lucha es poner en pie el boicot colectivo al decreto, para forzar al Estado a que pague todo lo que debe: lo que debe por lo que no pagó y lo que debe por lo que no nos quiere pagar (una jubilación mínima de ₳ 550), cuando los jubilados aportaron en su momento un dinero que rindió desde entonces grandes beneficios a los capitalistas. A luchar por: — una jubilación mínima y móvil de ₳ 550, igual al 82% de la canasta familiar de mayo (₳ 700); — pago de la deuda contraída en base al 82% móvil, por medio de un impuesto especial a las grandes fortunas; — apertura de las cuentas públicas al control obrero y de los jubilados, que debe extenderse al control de las cuentas de las empresas para terminar con la evasión previsional ¡estimada en el 60 %! — no pago de la deuda externa. ¡Basta de miseria popular en beneficio del saqueo imperialista! ¡Basta de despotismo contra los trabajadores: por el control obrero del presupuesto estatal y de las empresas capitalistas!

El acto del 1° de mayo del Partido Obrero ha tenido el significado fundamental de haber sido el único punto de reagrupamiento político revolucionario de la vanguardia de la clase obrera frente al hundimiento del frentismo democratizante, pequeño burgués y con tendencia hacia la derecha, que se protagonizó durante dos años desdé el peronismo renovador y, el ubaldinismo, hasta el Frente del Pueblo. En momentos en que el Estado burgués y los principales partidos patronales asisten a una crisis histórica, la lucha política por estructurar una alternativa política independiente y un polo político revolucionario es decisiva. La tentativa corporizada por el Frepu (y antes por el PI), de estructurar el frentismo antiimperialista en torno a los políticos desplazados del festín de los grandes aparatos y en torno a sus limitaciones e ilusiones políticas, es francamente contrarrevolucionaria; significa colocar un nuevo obstáculo en el camino que debe convertir al proletariado en clase dirigente. El Partido Obrero condenó esta perspectiva hace dos años, denunció su carácter y criticó su programa, y los hechos han confirmado plenamente el diagnóstico y el pronóstico. La firma de las “actas democráticas” por todo el resto de la izquierda, tiene el valor de una definición estratégica, no se agota en uno u otro punto de esas “actas”, constituyen sin más vueltas la caída de la hoja de parra con que el frentismo democratizante pretendió ocultar su dependencia política del Estado burgués. Por eso las tribunas del Partido Obrero el 1° de mayo en todo el país, fueron las únicas que levantaron una voz y un programa políticamente independientes. Este hecho domina por completo la caracterización que debe hacerse de esta jornada. Los actos del P.O. variaron, en lo referente a la concurrencia, entre algunas concentraciones muy significativas (como en Tucumán, por ejemplo) y otras de menor relevancia, pero en la inmensa mayoría de los casos reunió a una vanguardia obrera activa y a una masa obrera que actúa políticamente organizada. El acto en Parque Rivadavia, con más de 3000 asistentes, reunió estas características. Barrios como San Telmo, Barracas, Cuartel Noveno concurrieron en varias decenas y como expresión de un movimiento organizado. Sindicatos como gráficos, sanidad, docentes, comercio y en menor medida metalúrgicos, bancarios, SUPE, telefónicos, ferroviarios y lucifuercístas, estuvieron representados por los activistas que juegan el papel protagónico en la lucha contra la patronal, contra la burocracia y por la formación de una vanguardia obrera revolucionaria. Los compañeros de La Plata tuvieron una numerosa presencia, que refleja la maduración creciente de un sector de trabajadores y de la juventud estudiantil. La concurrencia a Parque Rivadavia mostró en todo momento una completa solidaridad política con la denuncia del régimen democratizante y en particular de sus variantes izquierdistas, visualizadas como un factor de freno y de bloqueo para la vanguardia obrera. El discurso de cierre del acto estuvo a cargo de Jorge Altamira. En él se denunció que el imperialismo y el conjunto de la burguesía sostuvieron, en la última crisis militar, al régimen democratizante, pues éste es el que representa la política burguesa y del imperialismo, y el que la hace políticamente viable. Esta caracterización de clase estuvo completamente ausente en los izquierdistas, por eso ni lucharon consecuentemente contra la sublevación militar, ni denunciaron la política del gobierno en el curso de la crisis, ni pronosticaron su capitulación ante los reclamos de los sediciosos, ni alertaron sobre las características del “acta” contrarrevolucionaria que el gran capital ponía a la firma de los partidos. Ese "acta” es la base del “pacto social” por medio del cual se pretende legitimar la destrucción de las paritarias y de las comisiones internas establecida por la dictadura. La firma del “acta” es la aceptación del orden burgués y por lo tanto de la integración de los sindicatos al Estado. El cuadro de situación que emerge de la crisis militar y de la evolución general que ha tenido el panorama político argentino, es relativamente simple. De un lado se ha agravado la crisis política, como consecuencia de la impotencia que reveló todo el régimen democratizante para impedir o canalizar la presión militar a impedir su estallido. En el curso de la crisis los principales poderes del Estado fueron un cero a la izquierda, y el propio poder ejecutivo tuvo que ser asistido por un pacto de unión nacional y por el socorro directo del imperialismo. Todas las fuerzas del orden cerraron filas ante la amenazante evolución de la movilización popular. El cierre de filas de todos los sostenedores del orden burgués, en un cuadro de ataques a las conquistas de organización de los trabajadores constituye, por el otro lado, un poderoso factor que deberá llevar a la clase obrera a romper políticamente con los partidos “populares” de la burguesía. El justicialismo es visto por las masas, en todas sus vertientes, como una sombra del gobierno hambreador. La política del Partido Obrero está dictada por esta caracterización; de ella se desprende la necesidad de atacar resueltamente a la burguesía y sus partidos y llamar a la formación de un partido obrero independiente. Esta conclusión determina también la política a seguir frente a la izquierda: denunciar su condición de sucursal política de la burguesía democratizante, y en gran parte también del stalinismo que actúa en función de la política de conciliación de clases a escala internacional, y condenar sus planteos frentistas por el completo sometimiento de éstos a la demagogia nacionalista y a la defensa de principios del régimen actual. El frentismo pequeño burgués entró en completa bancarrota en semana santa, pero aún mucho antes de esto fue incapaz de convertirse en canal de la vanguardia obrera, como lo demuestra la enorme derrota que ha provocado en diversos sindicatos, a la cabeza de los cuales está Sanidad. Las elecciones del 6 setiembre tienen que ser aprovechadas para propagandizar la necesidad de romper con los partidos burgueses y construir un partido obrero. Esta es la cuestión fundamental. Pero la tribuna electoral debe convertirse también, y por, sobre todo, en un factor de agitación que permita potenciar el movimiento de lucha contra el "pacto social” hasta su destrucción. La perspectiva de un “rodrigazo”, unida a esta situación de lucha por las reivindicaciones postergados y la defensa de los derechos de organización y de negociación colectiva, puede plantear en el curso de la campaña electoral la consigna de la huelga general. (Es necesario saber interpretar la huelga en el cordón industrial de Córdoba, en solidaridad con los trabajadores de UTA, en medio del “pacto social”, como una poderosa manifestación hacia la huelga general). El Partido Obrero ha tenido hasta ahora en su contra las ilusiones democratizantes que dominaban a amplios sectores de la vanguardia sindical y de la juventud, principalmente como consecuencia de la presión de los viejos aparatos de la burocracia y de la izquierda. Esta vanguardia no se puede liberar por si sola de esas limitaciones; debe intervenir para ello un giro fundamental de la lucha de clases y de las características de la intervención de las grandes masas, y la acción política consciente que solo puede partir de un partido armado con un programa revolucionario. Los explotadores de esas ilusiones están en retroceso, sean ubaldinistas, stalinistas o morenistas. Las luchas obreras que arrancan desde la ocupación de Ford, las huelgas de la construcción y de UTA, y el cercamiento de Campo de Mayo por parte de miles de manifestantes, son otros tantos indicios de la tendencia a ese giro fundamental. El deber del Partido Obrero es fortalecer esa tendencia y dotarla de conciencia de sí misma y de la situación existente. Esto habrá de dominar nuestra política. A una escala aún pequeña, el 10 de mayo que acaba de transcurrir quedará registrado en la historia como un momento focal de los inminentes virajes políticos que se asoman en el país. Córdoba: Solidaridad con los choferes y crecimiento del partido El acto del PO cordobés marcó dos realidades importantes: la primera de ellas fue la presencia de una delegación de los obreros de la empresa 12 de octubre (UTA) que desde hace veinte días vienen luchando por la reincorporación de los despedidos. Uno de los delegados habló en el acto, denunciando la provocación de la FETAP con el objetivo manifiesto de destruir la organización de los choferes. “Para ello —señaló el compañero— cuenta con la complicidad del gobierno, que quiere colocar a la población en contra de los trabajadores de UTA.” Luego de la intervención de este compañero, los 170 presentes votaron, a mano alzada, impulsar el paro activo que la CGT de Córdoba dispuso en apoyo a UTA. La otra realidad fue el avance en la concurrencia organizada desde varios y (en algunos casos) nuevos frentes de trabajo: los compañeros de la sección 13a de la ciudad garantizaron su asistencia masiva con un micro. La juventud (universitaria y secundaria) tuvo también una presencia importante. El grueso de los restantes compañeros, pertenecía al activismo sindical de la ciudad. Durante la campaña electoral de noviembre del año pasado, el PO de Córdoba desenvolvió una intensa agitación sobre la masa obrera de los barrios y de los grandes centros fábriles de Córdoba. Centenares de compañeros se organizaron junto al PO. Hoy, gran parte de ellos busca un lugar en las filas del partido: estuvieron en nuestro acto del 1°, junto a la combativa vanguardia de la UTA. Necesitamos hacer de ellos nuestra base militante, para afrontar una campaña electoral de lucha y denuncia contra el pacto social y sus candidatos, los De la Sota y Angeloz. Neuquén: Por la victoria de Piedra y de la independencia de clase En Neuquén, hubo tres actos el 1o. de mayo. A las 11 hs. en la olla de Hidronor, en Cipolletti, convocado por la Uocra de Neuquén y los huelguistas de Piedra. A las 13 horas, uno convocado por la CGT Neuquén en el centro de la ciudad. A las 16 hs. el del Frente de Trabajadores y el Partido Obrero. En esta secuencia, hubo un acto que se diferenció claramente del resto: el de la burocracia neuquina, convocado de apuro para congraciarse con los huelguistas de Piedra, al cual la burocracia, no llevó ni a su sombra. Un acto sin significación, convocado por dirigentes asociados con el sapagismo que buscan el desangre de Piedra y en definitiva, más que un acto, una impostura. El acto de la olla fue un acto de solidaridad militante con la huelga contra el “pacto social” y marcadamente antiburocrático. El acto del Frente y del PO fue la continuidad de aquél. El dato más relevante fue la presencia de veinte compañeros de Piedra, en su inmensa mayoría jóvenes activistas que hacen sus primeras armas en la lucha contra la patronal y la burocracia, Había en el acto compañeros docentes, estatales, telefónicos, trabajadores de los barrios, jóvenes, hasta completar unos 80. Collen Grant, delegado de ATE, fue quien lo abrió señalando su propia evolución de militante sindical a militante revolucionario: “no hay futuro victorioso para la clase obrera si no graba en su conciencia la necesidad de la independencia política respecto de los partidos patronales” Estos y la burocracia, con sus "multisectoriales” y “pactos sociales" constituyen el gran frente contra los intereses inmediatos e históricos de la clase, pero esta batalla por la independencia obrera tiene un termómetro: el fortalecimiento del partido obrero revolucionario. Un compañero de la Comisión de Prensa de los huelguistas de Piedra denunció a la patronal negrera de Ucasa y señaló las tareas militantes por el triunfo de la huelga. Al final del ciclo se aprobó una ponencia para impulsar acciones prácticas de apoyo y solidaridad en cada sindicato y barrio, organizando la presencia masiva y organizada de trabajadores, jóvenes y vecinos en la olla. Christian Rath, por la dirección del PO, cerró el acto, denunciando la capitulación del gobierno ante la sublevación militar y a las clases y partidos que han protagonizado el contubernio antidemocrático, señalando la injerencia abierta de la embajada yanqui y de los bancos usureros en el operativo. Este supuesto “17 de octubre democrático”, dijo, se hizo con Braden en la Plaza. Denunció la prolongación de este contubernio en el “pacto social” y destacó la alianza del justicialismo y de la izquierda con el imperialismo, expresada en el “acta democrática”. Llamó a iniciar la campaña electoral bajo la consigna de construir un gran partido de trabajadores que se oponga al frente patronal, contra el pacto social y el sometimiento de los sindicatos al Estado. Tucumán: Masivo acto en San Pablo El 30 de abril, más de 500 trabajadores, amas de casa y jóvenes de San Pablo se concentraron en la plaza San Martín, ante la convocatoria del Partido Obrero por el 1° de Mayo. Esta masiva concurrencia cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la Comuna — justicialista— lanzó a último momento un festival paralelo, con comida gratis y números artísticos. La mitad de los asistentes al acto de PO eran trabaja-dores del ingenio. La respuesta a la convocatoria del PO es el resultado del tenaz trabajo del Partido durante mucho tiempo y de la labor de agitación y organización previa. Esta fue realizada a través de dos declaraciones: una, denunciando la traición al pueblo por parte del gobierno y los partidos patronales durante la reciente crisis militar; y otra, en apoyo a la lucha por la defensa de la fuente de trabajo en San Pablo. Desde principios de año, el PO viene desarrollando una intensa agitación, por la confiscación y el control obrero del ingenio. Desenmascaramos las maniobras de la patronal, del gobierno provincial y de la burocracia de FOTIA, toda ventajosa para la patronal y perjudicial para los trabajadores. “El azúcar —señaló Ricardo Corbalán en el acto— sólo será verdadera riqueza provincial cuando confisquemos a la gran patronal y coloquemos a los ingenios bajo dirección de la clase obrera”. Partiendo de la denuncia de la brutal crisis tucumana, los oradores plantearon la necesidad de un gran partido obrero, que luche por un gobierno de trabajadores y por el socialismo. En el mismo acto, se lanzó nuestra campaña electoral en Tucumán, invitando a los concurrentes a participar activamente en la postulación y elección de candidatos obreros en la provincia. Al finalizar, varios vecinos y trabajadores del ingenio se afiliaron al PO. Salta: La única tribuna Acto en Tartagal Como ya ocurrió en años anteriores, la única tribuna obrera que se levantó en Salta para el 1° de mayo fue la del PO. Para la dirección sindical de la CGT —completamente integrada al gobierno de Romero— el día de los trabajadores pasó desapercibido. “El gobierno justicialista de Romero contrajo una deuda con toda la población trabajadora de Salta cuando empezó a pagar los sueldos con bonos” —señaló Claudio del Plá, dirigente regional del PO-. “Ahora, que el bono debe ser rescatado, este mismo gobierno ha anunciado que juntará los fondos para ese rescate reduciendo al personal del Estado y los gastos sociales. Al igual que la deuda externa nacional, el bono —que benefició al Estado y a las patronales— quiere ser endosado a los ¿rajadores ¿Hay mejor confirmación que ésta para mostrar que el justicialismo y el radicalismo sirven a la clase patronal?” El acto del PO salteño reunió a 120 compañeros, que concurrieron organizados desde las barriadas donde se afinca el progreso del Partido en esta ciudad. Los compañeros que en diferentes barrios promovieron la presencia de trabajadores en nuestro acto, son a la vez. destacados dirigentes de los movimientos vecinales de Salta. Entre ellos, se destacó la presencia de los ocupantes de viviendas del barrio PROVIPO: estos compañeros reclamaron la adjudicación de las viviendas ocupadas, luego de haber te-nido que abandonar tierras inundables que le había “otorgado” el gobierno provincial. Horas después de este acto, los compañeros del PO del distrito petrolero de Tartagal —a 400 km de la ciudad de Salta— promovieron una reunión por el 1° de mayo. En esta ciudad, la principal concentración obrera de la provincia, el PO está dando sus primeros pasos en el trabajo organizado como partido. San Nicolás: La planta que crece La actividad pública del PO nicoleño se inició en medio de las grandes movilizaciones contra la privatización de SOMISA, protagonizadas por toda la población obrera de la zona. En ese momento denunciamos el compromiso de radicales y renovadores con la privatización, y la necesidad de abrir un rumbo independiente contra la entrega de SOMISA. Este plan de entrega ha progresado, sobre la base de un ataque a los trabajadores: mientras la empresa se niega a reincorporar a los cesantes por razones gremiales o políticas, aumenta la actividad de las empresas contratistas privadas que pagan salarios más bajos que los percibidos por el personal de planta. La burocracia sindical de la UOM de San Nicolás —ligada políticamente al peronismo renovador no ha encarado ninguna acción efectiva por la reincorporación de los cesantes, y la efectivización del personal contratado. El PO de San Nicolás se fue abriendo camino a través de estas denuncias y de una agitación consecuente sobre las barriadas y fábricas de la zona. parte de esta labor estuvo en manos de nuestro vocero radial, “La Voz de los trabajadores”, cuya emisión fue suspendida por decisión oficial. Este primero de mayo reflejó que esta labor se ha traducido en un progreso organizativo: la celebración del 1° sirvió para abrir nuestro Local partidario en San Nicolás, ante la presencia de 50 compañeros metalúrgicos, de la sanidad, de UOCRA y estudiantes. Entre ellos, se encontraba una delegación de militantes y simpatizantes del PO de Villa Constitución, otro de los bastiones obreros de la región.

Para él día del metalúrgico o el 1° de mayo de cada año, la burocracia metalúrgica acostumbra llevar a los que considera “sus hombres” a una mesa bien dispuesta en el camping del gremio en Rutasol. Como se supondrá la invitación es harto seleccionada. La reunión se hizo esta vez el 30 de abril a las 21 hs. Pero el clima político no acompañó. De entrada, hubo ciertos murmullos de des contento porque Lorenzo Miguel no hizo referencia alguna al 1°. de mayo. Cuando se refirió al 31 %» "digno y ejemplar ganado por la UOM” la situación se desbarrancó: se oyeron voces y silbidos en disconformidad, una Nación comprensible si se tiene, en cuenta que el grueso de los metalúrgicos no recibió más que el 20% debido a la discriminación por categoría. Luego cuando se habló de la "unidad y el bienestar” de la familia metalúrgica. se escucharon voces como las de Volcán y de otras que están en conflicto y que sufren suspensiones de hasta dos semanas por mes. En este momento comenzó un retiro de gente en el medio de enérgicos reproches y muestras de descontento. En este coto cerrado quedó en evidencia la descomposición de la burocracia. El acto que tendría que haber culminado pasadas las 24 estaba terminado antes de las 23. Con la firma del "pacto social" y de la nueva ley de asociaciones y profesionales es posible que la burocracia tenga que archivar para siempre los “asaditos" en Rutasol.

En la última semana de abril los Hospitales Públicos volvieron a la lucha. Escudándose en “problemas de computación”, el Ministerio de Salud Pública anunció la postergación del pago de salarios y las retroactividades para el 8 de mayo. Contra esta nueva bicicleta, los estatales volvieron a la huelga: asambleas masivas del Moyano y del Borda determinaron el paro por tiempo indeterminado hasta cobrar. Otro conjunto de hospitales paró 4 horas por turno. La huelga de los trabajadores de la salud impuso que el pago se efectuará el jueves 30. Sin embargo, “curiosamente”, la retroactividad del primer trimestre (la famosa “recomposición”) vino mal liquidada por segunda vez. Más curiosamente aún, las liquidaciones erróneas se concentraron en las categorías más bajas, mientras los funcionarios cobraban correctamente. El gobierno está sentado sobre un verdadero volcán, porque con la farsa de la “recomposición”, avalada por las directivas de ATE y UPCN, se han congelado los salarios en términos reales, en su nivel más bajo de la historia. La única política del gobierno es patear para adelante y buscar la colaboración de la burocracia sindical para apagar el incendio. Por eso ha integrado a Abdala, De Genaro, Candore y Rodríguez en una difusa comisión para tratar el “tema salarial estatal”. El Hospital Moyano ha estado a la cabeza del movimiento huelguístico de fines de 1986 y del de esta última semana. Prensa Obrera dialogó con el compañero Mario Muñoz, secretario general de la Comisión interna de ATE del Hospital Moyano. Estas son las opiniones del compañero Muñoz. Prensa Obrera: ¿Cuál es la situación actual? Mario Muñoz: Hemos dejado en suspenso las medidas de fuerza hasta hoy (lunes 4). Mañana se hace una asamblea del Hospital que va a decidir en base a la respuesta que traigamos de los funcionarios. Hasta hoy las respuestas son una burla. Lo único que hacen es ganar tiempo y la contestación en concreto es que la retroactividad está bien liquidada, que está bien que un compañero de la categoría 4 cobre ₳ 1 de retroactivo, y uno de la 24, ₳ 500. Esto es lo que va a analizar la asamblea. P.O.: Ustedes hicieron paro la semana pasada... M.M.: Paramos desde las 0 horas del lunes hasta el jueves, en que apareció el cheque con la nueva retroactividad. La decisión política del gobierno era no pagarnos ni el retroactivo ni el sueldo hasta el 8/5. Repudiamos el intento y exigimos el cobro antes del 30/4. Con nuestra presión se logró cobrar, pero a último momento exigimos que no se pagara el retroactivo, porque veíamos que venia mal liquidado. El Ministerio dio la orden de pagar tal como estaba, a pesar de que hay compañeros que sólo cobran ₳ 1 por los tres meses. P.O.: ¿Cuál es tu opinión de la “recomposición salarial” fijada por el gobierno? M.M.: Nos parece repudiable. Cuando sale el decreto 2193, de recomposición para todos los estatales, nosotros salarialmente estábamos excluidos de él. El decreto dejaba librado al Ministerio de Economía y al de Salud Pública formar una comisión para estudiar nuestros sueldos. Ante esto, nosotros estábamos en conflicto. Cuando sale la conciliación obligatoria, en el acta firmada se decide la formación de una comisión salarial mixta. Con posterioridad, y en forma unilateral, el gobierno saca el decreto 2619, donde nos incluyen en el tema salarial del 2193. Nosotros lo rechazamos porque es discriminatorio: la categoría 1 recibe 5,5 % de aumento y la 24, 27 %. Pensamos que primero hay que discutir un salario mínimo y después jerarquizar, porque con la recomposición lo único que hacen es alargar la pirámide. El de abajo sigue cobrando una miseria, pasando hambre y el de arriba cobrando bien, aunque no es el que verdaderamente hace funcionar los hospitales. Por otra parte, la recomposición es una burla. Como el 2193 elimina algunos adicionales, entre ellos el refrigerio, y nosotros lo cobramos en el primer trimestre, ahora dicen que hay que eliminarlo. Anularon el refrigerio, nos sacan los ₳ 45. Nos dan por un lado lo que nos sacan por el otro. Cobramos lo mismo, pero se elimina una conquista que fue lograda con mucha lucha. P.O.: ¿Cuál es tu balance de la huelga del 86? ¿No pensás que todos estos problemas con las liquidaciones y los retroactivos y la anarquía salarial son el resultado de una lucha que se podría haber ganado y no se ganó? M.M.: Creo que se podría haber ganado, como decís vos. Pero hay que ver el chantaje que nos hizo el gobierno, que nos hizo aparecer ante la opinión pública como inhumanos que dejábamos morir a los internados. Así entramos en la conciliación obligatoria, que no nos correspondía porque el Estado es juez y parte. Después de la conciliación se vuelve a la bicicleta. El Ministerio no cumple nada de lo firmado, excepto la incorporación de los administrativos al decreto 1893/83. No cumplieron, y la gota que rebalsó el vaso es que nos meten unilateralmente en la recomposición del decreto 2193, que como te dije es discriminatoria. P.O.: Vos mantuviste un debate público con Storani por la situación de los Hospitales. ¿Cuál fue la respuesta? M.M.: Yo denuncié que los funcionarios no conocen los hospitales y hacen decretos sobre algo que desconocen. También pregunté qué hacían con los intereses de nuestra plata, porque no nos iban a pagar hasta el 8/5, pero la partida ya estaba asignada. Lo único que les pareció doloroso, no fue la situación de los hospitales o de los estatales, sino la denuncia pública. Hasta me amenazaron con un sumario. Nosotros luchamos por la defensa del hospital público. En el Moyano hay 1950 internadas y 200 enfermeros. Hay turnos, nocturnos en que una compañera debe atender a más de 300 pacientes. Esto es más inhumano que un paro. Los hospitales demuestran que, a los gobiernos de turno, el que sea, no le interesa la persona que ya no produce ni puede trabajar para dar ganancias. Por eso lo aíslan acá y no le dan ninguna oportunidad para recuperarse. Estamos convencidos de que, si ganamos esta lucha, no sólo habrá mejores salarios sino mejor atención para los pacientes. P.O.: ¿Cuáles son los próximos pasos? M.M.: El martes 6 hay una asamblea en el Moyano. El jueves una reunión de ATE con la mesa laboral, aunque no lo vemos como un ámbito de solución. Nosotros reclamamos el retroactivo del primer trimestre porque la liquidación fue desastrosa. Si la semana que viene no hay respuestas, el lunes en el plenario de ATE llevaremos las propuestas de las asambleas y decidiremos un curso de acción. Personalmente, creo que esto no se soluciona de otra manera que con una medida de lucha y parándole todos los hospitales. El gobierno ha demostrado que su postura es no solucionar los problemas de los hospitales, lo único que quieren es ganar tiempo. El tiempo lo ganaron y hay que decirle a la gente que hay que volver a confrontar porque no hay otra solución. Asamblea en el Hospital Borda Una masiva asamblea de más de 700 compañeros del Hospital Borda repudió la nueva bicicleta que constituye la liquidación incorrecta de los retroactivos del primer trimestre. Los compañeros del Borda, que vienen de un paro por tiempo indeterminado la semana pasada (y que obtuvo el pago en fecha del salario), denunciaron que la recomposición es una burla y una estafa: hay compañeros que recibieron liquidaciones ¡negativas! Por otra parte, la asamblea votó la exigencia de que el nombramiento del director del Hospital se haga por concurso. El actual, Héctor Luna, fue nombrado en calidad de interventor y bajo su gestión ha avanzado la destrucción del Hospital. Los compañeros denunciaron el intento de unificar, en una única estructura, al Moyano y al Borda. lo que significaría la liquidación de importantes servicios (cirugía, etc.), sobre todo en el Hospital Borda. La combatividad de la asamblea del Hospital Borda demuestra que, de ninguna manera, el conflicto de los hospitales públicos está cerrado. Por el contrario, la bicicleta gubernamental y la parálisis de la directiva sindical, tanto de ATE como de UPCN. sólo echa más leña al fuego.

El lunes 27 de abril los trabajadores del Astillero Río Santiago (Ensenada) votaron en Asamblea retomar el camino de la lucha. Después de tres meses de bicicletas, manoseos, idas y venidas, la Empresa y el Ministerio de Trabajo no tuvieron mejor respuesta que decir que “no había plata” y que "se estaba pagando bien”. Con el peón ganando ₳ 120 por mes y la canasta familiar en ₳ 700 los compañeros del A.R.S. tienen que matarse haciendo horas extras para poder parar la olla. Como la Empresa está apretada por YPF para que repare en forma urgente el buque Ing. Silveira, la misma “que no tenía plata” y que “estaba pagando bien” bajó una propuesta de ₳ 145 para el peón en menos de 48 hs de comenzada la lucha. El repudio unánime de la Asamblea del jueves 30 (dentro de la fábrica) y la ratificación del plan de lucha fue una doble advertencia de los trabajadores: —Que el Consejo Directivo del Gremio y ATE Ensenada (que presentaron la propuesta de la Empresa como “aceptable”) sepan que la lucha va en serio y que el Astillero no va a abandonarla hasta que paguen lo que corresponde. —Ni un paso atrás en el reclamo de ₳ 170 para el peón y la aplicación de los Módulos, una conquista histórica del A.R.S., que mantiene constante la diferencia de sueldo entre categorías. Los 2.700 trabajadores de Astilleros se encuentran en quite de colaboración y trabajo a reglamento y se aprestan a marchar masivamente a Buenos Aires el miércoles 6 de mayo para reclamar ante las puertas del Ministerio de Trabajo y de la Empresa (AFNE) el cumplimiento de los reclamos. Si en Buenos Aires le dan la espalda a su pedido, las asambleas votaron y ratificaron la “permanencia” dentro de la fábrica a partir del día siguiente. El A.R.S., que ha profundizado sus medidas de lucha en plena discusión del pacto social, ilustra el ánimo de los trabajadores de todo el país. Que no se equivoquen los burócratas que pactan con el Gobierno aumentos miserables. Los trabajadores vamos a luchar con uñas y dientes para defender nuestro salario.

Con un 20% de aumento sobre el salario de bolsillo más el 2% promedio por antigüedad y otro 5% para el próximo trimestre como deuda de éste y diversas reivindicaciones menores, categorías, vestuarios, ropa, etc., concluyó en una victoria el conflicto que los gráficos de La Razón comenzaron el lunes 27 de abril con una huelga indefinida resuelta por una de las asambleas más numerosas y combativas en la historia del diario. El movimiento, profundamente enraizado en todos los sectores del diario, dio por tierra con la muletilla patronal del “diario en crisis” que sirvió para justificar despidos, pérdida de conquistas y un impresionante retroceso salarial. Las asambleas que aprobaron entusiastas la conquista, balancearon que esta lucha cierra años de división alimentada por la participación de elementos patronales y burocráticos en anteriores comisiones internas. A la vez significa un rotundo contraste para el ongarismo que no sólo calificó como delirante “una huelga que empujaría el diario al cierre”, sino que desechó en general todo método de lucha para arrancar las reivindicaciones del gremio y enfrentó días atrás un pedido de todas las internas de diarios de convocar al plenario de delegados para encarar la lucha salarial de conjunto. Una reciente huelga de tres días logró la reincorporación de una despedida en Justo Rodero, un quite de colaboración forzó la negociación salarial en Perfil, otro tanto ocurrió antes en La Nación y algunos talleres piden con firmas masivas la convocatoria al plenario de delegados. Se ve entonces que la huelga de La Razón es la punta de un movimiento mucho más amplio en todo el gremio, que pugna por superar la completa parálisis de la conducción del sindicato que se “comió” la banda del 13% y se negó a toda acción para empalmar con el anticipo del aguinaldo defendiendo así con uñas y dientes la política salarial del gobierno y el disciplinamiento de los gráficos al pacto social. Estos triunfos parciales aniquilan las teorías de que los delegados no representan a nadie, de que el gremio no da, de que en medio de esta crisis no se pueden imponer reivindicaciones, que comparten desde las 62 hasta el Mas, pasando por todas las gamas de la Verde. El miserable cálculo de la burocracia sindical es que cada gran lucha de este tipo quede limitada en sí misma y sirva para descomprimir la presión hacia una acción general, para salvar de ese modo el conjunto de su política de adaptación a las patronales y al gobierno. El activismo que continúa su evolución clasista en este gremio tiene el desafío de proyectarlas para salvar la unidad de todo el gremio en la lucha por el aumento en el convenio, en el pronunciamiento contra el pacto social y contra la integración de los sindicatos al Estado.

La izquierda de la directiva de ATSA firmó, con motivo del 1° de Mayo, una solicitada que desde el principio al fin es, en todos sus términos, un completo engañó a los trabajadores. La farsa comienza desde el mismo título: “Nuestra lucha continúa” dicen los izquierdistas. ¿De qué lucha hablan? ¿De las únicas dos horas de paro desde 1984, levantadas Sin consultar a nadie? ¿De los despidos, los atropellos patronales, la confiscación salarial y el aislamiento de los establecimientos en lucha de estos dos años? ¿De qué luchan hablan? ¿De su negativa cerrada a convocar a la Asamblea General del Gremio? ¿De su oposición, junto a West Ocampo y a las 62, a toda lucha en la actualidad? La solicitada, firmada por los representantes del PC, del Mas y de la 15 de junio, reclama “un aumento salarial acorde a las necesidades de la canasta familiar, paritarias y defensa de las fuentes de trabajo”. Magnífico, lástima que no hay ningún planteo de lucha para imponerlo, como no lo hubo en estos dos años. La izquierda de la directiva de ATSA se pronuncia “contra un pacto social condicionado por el FMI ¿Por qué, hay acaso otro “pacto social”, que no esté condicionado por el FMI? Se propugna “un pacto social dirigido por los trabajadores”, es decir que los trabajadores deben intervenir activamente, en la política de colaboración con los patrones (a . esto se llama ‘‘pacto social”). ¡Pero aún para esto hay que destruir primero, el “pacto social” dé Ubaldini, Alderete, West Ocampo y Darío Pereyra La Directiva de Sanidad reivindica los 26 puntos de la CGT, pero no dice que el pacto social está inspirado en esos 26 puntos y que los autores de este programa son los autores del actual pacto social (Ubaldlni, Digón, Guillán). La Directiva de ATSA, con la izquierda a la cabeza, aceptó el pacto social, sin preguntarse si estaba condicionado o no por el FMI y cuando votó la no lucha en la última y única Asamblea General junto al bloque de West Ocampo del grupo de los 15). La ninguna denuncia del pacto social de los Alderete; la falta de directiva de lucha contra este engendro anti-obrero; y el coqueteo engañoso con otro “pacto social” con los patrones, todo esto demuestra que el Frepu y su política siguen en pie y viven en la sede de ATSA.

EI 30 de abril los principales, barcos norteamericanos anunciaron una sula de la tasa de interés preferencia al del 7.75 al 8 %. Un mes antes cobraban el 7.5 %, de manera que en poco más de cuatro semanas han elevado la tasa de interés en medio punto porcentual, lo que equivale a "la friolera de1.500 millones de dólares en el incremento de los intereses de la deuda externa latinoamericana. La mayor parte de la prensa internacional ha estimado que, Los próximos treinta días, esa tasa aumentará otro 0.5 % como consecuencia de la política monetaria restrictiva que sigue el Banco Central de los Estados Unidos. La reciente renegociación de la deuda externa argentina ha adoptado; como tasa de interés lo que se establece entre los bancos que operan en Londres, de modo que en principio no le alcanzan los recientes aumentos. Sin embargo, también en Londres la tasa de interés sobre préstamos en eurodólares está en alza en el mes de abril pasó del 8,65 % al 9.25 %. Estos datos firman nuestra denuncia sobre el carácter ruinoso de la refinanciación de la deuda, la cual no se ha hecho sobre la base de una tasa de interés cierta sino de la tasa fluctuante que fijan los bancos internacionales según las condiciones de la especulación financiera. El aumento de la tasa de interés internacional sumado a la caída de los precios de las exportaciones argentinas, permite asegurar que en pocos meses esta renegociación estará superada y que Argentina se enfrentará a una cesación de pagos.

El paro general resuelto por un conjunto de sindicatos adheridos a las distintas CGT de Córdoba en adhesión a los choferes de la empresa 12 de Octubre, cesanteados arbitrariamente por la patronal de Fetap, contó con el acatamiento masivo en las grandes fábricas, como Sevel y Renault, así como también en los trabajadores del transporte nucleados en UTA y Aoita. En otros gremios, en cambio, como comercio, empleados públicos, etc. el paro fue un verdadero fracaso. Claro que las cosas no suceden por casualidad y por lo tanto son perfectamente explicables. La central obrera vino dilatando esta medida de fuerza, como lo demuestra el hecho inobjetable de que el paro se realizó recién a los 20 días de haberse iniciado el conflicto y cuando tanto la patronal como el gobierno ya habían avanzado mucho en sus planes de reemplazar a los huelguistas. La CGT unificada, que asumió la responsabilidad de llamar al paro, no realizó ninguna campaña de afiches, pintadas o volanteadas de modo que la población recién tuvo la certeza del paro el lunes en la mañana, y aun entonces en muchos gremios la gente no sabía si su sindicato adhería o no. El gobierno hizo un uso abusivo de los medios de comunicación atacando a los trabajadores y sin siquiera mencionar la responsabilidad de la patronal de Fetap por las cesantías y la superexplotación de los choferes. En esta campaña estuvo en primera fila el intendente Ramón Mestre, quien se quejó por la “blandura” de la policía. Para el pobre raciocinio de este radical intendente, la policía tiene que meter presos a los huelguistas, aunque estén defendiendo su fuente de trabajo frente a la agresión patronal. En esta, poco honrosa tarea que los retrata de cuerpo y alma no se ha quedado atrás el titular del peronismo renovador, José Manuel de la Sota. Él también se ha sumado al coro del gobierno y de la patronal y se ha pronunciado en contra del paro en solidaridad con los trabaja-dores del volante. Bastó que los trabajadores entrasen en conflicto para que apareciera un sólido bloque de patrones, partidos patronales y la burocracia sindical. En estas condiciones, no es de extrañar que los 1000 manifestantes que en el día de ayer ganaron la calle hayan enfrentado con tanta combatividad a la policía, cuando se trata de dejarlos aislados para que el conflicto se desangre y muera lentamente. La combatividad de los delegados y activistas de UTA, que ayer liberaban su bronca contra los símbolos de poder como la municipalidad y que rompían vidrieras para obligar al comercio a cerrar sus puertas, contrasta visiblemente con la actitud de Correa, que se pronunció diciendo “que no estaba de acuerdo con los manifestantes que coreaban “Córdoba se mueve por otro 29”, porque él no quiere que se vuelvan a producir en Córdoba hechos como los del Cordobazo. Correspondiendo al llamado de Mestre, la policía lanzó gases, palos y balas de goma y detuvo a varios activistas de UTA, a quienes se les abrió proceso. La Voz del Interior tiene razón cuando dice que el único partido que estuvo adhiriendo al paro y repartiendo volantes explicando el conflicto fue el Partido Obrero, y esa es toda una definición. De ahora en más, hay que redoblar los esfuerzos para liberar a los detenidos y para exigir a la CGT un plenario de gremios que apruebe un plan de lucha organizado con movilizaciones, asambleas en los lugares de trabajo, para explicar quiénes son los responsables del conflicto —Fetap- gobierno— y quieren quebrar la organización sindical. Hay que generar una gran movilización con la participación de las amas de casa, centros vecinales y estudiantiles por la reincorporación de todos los despedidos y pago de los salarlos caídos.

Lorente: “Las condiciones de trabajo son infernales, los choferes terminamos embrutecidos, no tenemos ningún descanso entre viaje y viaje, no hay sanitarios en las puntas de línea, trabajamos con ómnibus desinflados, tragando los gases del motor. Para la gente somos los “peores del barrio”, porque hay que conducir a 70-80 km/h, con los ómnibus repletos y lo que pasa es que estamos, obligados estamos presos en este sistema. Para la municipalidad las frecuencias y los tiempos de recorrido son una cosa y en la realidad es todo lo contrario. No hay la menor consideración humana con los trabajadores, nosotros valemos menos que una cubierta.” Reartes: “Está demostrado que un chofer al cabo de 2 años de trabajo empieza a sufrir lo que se conoce en términos médicos como RASA (Reacción ansiosa sub-aguda). “La municipalidad hace campañas para el conductor, aconsejando descansar entre viaje y viaje, nosotros trabajamos 8 a 10 horas sin descansar.’’ Esta es la realidad que se esconde detrás del volante de un trabajador del transporte. Chofer, boletero, guardián de la seguridad de los pasajeros, en el marco de un tránsito anárquico y brutal, los colectiveros son una de las capas más superexplotadas de la clase obrera. La miseria se refleja aquí en sus múltiples facetas, pues no involucra solo al salario que no alcanza sino también a la ruina moral del trabajador, como consecuencia de las condiciones de explotación a la que es sometido. La “privatización” del transporte ejecutado hace 30 años se presenta aquí con todas sus consecuencias. Esto explica la gran ola de luchas que ha iniciado este gremio en todo el país. En Córdoba ha alcanzado su punto más alto, como resultado de la elevada iniciativa de sus activistas. El Partido Obrero se acercó, como es natural, a ellos, trabajadores de la empresa 12 de Octubre, un grupo patronal ligado familiar y económicamente a la UCR, que tiene la pretensión de asegurarse el control de la mitad del transporte urbano de la ciudad. A medida que hablamos con Luis Roberto García, delegado despedido, y con otros dos compañeros cesanteados, Miguel Cassataro y Aldo Oscar Reartes, se van incorporando al reportaje otros luchadores. P.O.: ¿Cómo se inicia el conflicto? García: El conflicto se origina a partir de que la patronal no quiere reconocer al cuerpo de delegados y despide a un compañero que estaba con carpeta médica. El 13 de abril se presenta un petitorio a la dirección del sindicato, obteniendo una entrevista para el día 14; cuando venimos el día 14 Molina dice que no nos puede atender porque tiene una reunión con gente de Buenos Aires, así es que se decide convocar a asambleas en hora y lugar de trabajo y ese mismo día se resuelve el paro. A las 18 hs. cae el “Ministerio patronal”, intimándonos para que retomemos el trabajo; a partir de este momento empezaron a llegar los despidos, que hasta el momento son casi 85. Zamora: El conflicto empieza cuando los trabajadores aplicamos el trabajo a reglamento frente a las condiciones inhumanas en que tenemos que trabajar y el gobierno no hace nada para hacer respetar nuestros reclamos, sino que le da carta blanca a la patronal para que aplique la superexplotación de los choferes, no solamente en perjuicio de nosotros sino también de los usuarios. P.O.: ¿Esto a partir de la reforma del transporte? García: El gobierno aseguró que esta reforma del transporte daría resultados a partir de cierto tiempo, pero ya pasó ese tiempo y el transporte está peor que antes. Este no es un servicio sino una fuente de lucro. En este momento hay en circulación 800 unidades, cuando en el 78 había 1200. Reartes: La incorporación de las unidades de gran porte no son una mejora ni para los trabajadores ni para los usuarios, porque el problema son las frecuencias. Las unidades de gran porte le dan mayor ganancia porque cargan el doble que las unidades comunes. Mayor trabajo y responsabilidad para los choferes. P.O.: ¿Cuál es la situación actual del conflicto? García: Aquí lo que la patronal quiere es descabezar al cuerpo de delegados. Tones, patrón de la 12 de Octubre, nos ha propuesto reincorporar a todos menos a los delegados y a 15 activistas, con la complicidad del “Ministerio patronal” que se lava las manos. Por ahí se dice que intervendría Alderete, pero esto está supeditado al pacto social que se está negociando. Mestre, el intendente, ha dado carta blanca a la patronal porque quiere llegar a la interna radical sin conflicto en la UTA. Cassataro: Hay una vinculación entre el intendente Mestre y Tones, la mujer de Tones es la hermana de la mujer de Mestre. Zamora: Durante los días de huelga total de la UTA, los delegados no podían cumplir con su actividad gremial de informar a sus compañeros porque en las puntas de línea había vigilancia policial. Fueron detenidos 2 delegados de la empresa Suquía y Belgrano sin ninguna causa, por averiguación de antecedentes. Mientras tanto los empresarios intiman libremente a los trabajadores, llegando inclusive a usar armas como en el caso de un inspector y un médico de la patronal, que fueron encontrados con armas de guerra. P.O: ¿Cuál ha sido la repercusión del conflicto? García: La mayor solidaridad ha venido de los partidos chicos, de izquierda y de las organizaciones estudiantiles, no así de los partidos grandes, “los tribuneros”. Cassataro: La CGT ha decretado un paro para el lunes 4 a partir de las diez de la mañana, nosotros queríamos que saliera el jueves mismo, cuando nos reunimos con Correa, pero nos dijeron que no tenían tiempo de organizado. Reartes: Tiene que ser una gran movilización obrera y popular de todos los trabajadores y sus familias, para que la gente se una a nuestra lucha. Zamora: A partir de nuestra lucha se debe concretar la unidad de todos los trabajadores y sectores estudiantiles ya que la derrota de nuestra lucha va a ser el comienzo del descabezamiento de todo el movimiento obrero de Córdoba. Hay que señalar que esta huelga la están llevando adelante compañeros con 20 o más años de antigüedad, lo que demuestra la voluntad de la “12” y de toda la UTA para luchar por nuestros derechos. García: Los compañeros están decididos a llevar la lucha hasta el final, los trabajadores no tenemos nada que perder y estamos decididos a triunfar.

Durante 1986 los salarios de convenio cayeron un 27.8%, según resulta del cálculo de uno de los gremios mejor colocados, la UOM. El gobierno entendió la cosa de otra manera y no autorizó la compensación de esta pérdida. Sostuvo para ello que, en realidad, los salarios no habían caído nada, una conclusión a la que solo podría llegar si computa los salarios en negro y los obtenidos en determinadas empresas al margen de los acuerdos colectivos. Todo esto no quita, de todos modos, que el salario de convenio tuvo una reducción brutal en el curso del año pasado. La historia vuelve a repetirse en lo que va de 1987. El costo de vida entre enero y abril ha aumentado un 30%, mientras que los salarios de convenio solo lo hicieron en un 15.7% para la mayoría de los gremios. A la pérdida de 1986 se agrega una nueva pérdida. El gobierno, sin embargo, dice lo contrario, al punto de afirmar que la situación salarial habría mejorado. Semejante dato lo vuelve a sacar de las encuestas que realiza entre las empresas más grandes y sin discriminación alguna entre el salario básico y todas las otras remuneraciones, incluidas las que se pagan en negro. Si algo hubiera de cierto en la afirmación oficial, ella se reduciría a lo siguiente: la minoría de trabajadores que no solo cobra el salario de convenio está igual que siempre, el resto mayoritario está cada vez peor. Pero si toda esta comparación se hiciera con relación al salario real de 1975, las evidencias serían catastróficas. Al gobierno de la democracia ni se le pasa por la cabeza que los obreros deban recuperar su salario; lo que los capitalistas ganaron despóticamente bajo la dictadura, debe quedar para siempre en sus alforjas. Solo por esta acumulación de retrocesos se explica que hoy la canasta familiar esté calculada en 800 australes y que el mínimo sea de 200 el mes que viene y el promedio general no llegue a los 400 australes. Para este gobierno no hay nada que recuperar; si esto fuera cierto la única clase golpeada por la crisis serían los capitalistas, quienes sin embargo se embolsaron íntegro el aumento de la producción industrial del año pasado (12%) y el aumento de la productividad obrera de la última década (130%). Es por todo esto que Alfonsín y compañía se niegan a aumentar los salarios, que se siguen manejando por decreto. A lo sumo admiten “otorgar” 50 australes en mayo y en junio, pero que deberán deducirse más tarde del aguinaldo de junio y de diciembre. El pago de estas “bonificaciones”, la patronal las haría por medio de préstamos a tasas de interés “reguladas” (inferior a la inflación), lo que significa que terminarán siendo pagadas por los propios trabajadores a través de la inflación que provocan esos préstamos. Esta “caridad” contó con todo el apoyo del ministro “obrero”, Alderete. Si al momento de cerrar esta edición, el pago a cuenta del aguinaldo entraba en una crisis, ello no es sorprendente: semejante acuerdo no sería aceptado por ningún sector de trabajadores. La consecuencia no se haría esperar mediante el incremento de las luchas. Esto último tiraría por la borda otros objetivos muy acariciados por patrones y por burócratas: la reforma laboral (que regimenta hasta anularlas, a las comisiones internas y a las paritarias) y el rodrigazo, que es el reclamo universal de todos los capitalistas: liberar precios, dólar y tarifas. Hay que tirar bien las riendas de ese potro embravecido que es la clase obrera. Pero no es fácil; de aquí la crisis. Si primero se está discutiendo el destino salarial, esto no se debe a que la CGT tenga más fuerza que la UIA o la Sociedad Rural, sino a que el que ríe último ríe mejor; a que lo importante es el postre; y a que el paquete económico lo cierra el que pone el nudo. Es decir, como Rodrigo en 1975, primero congelar el tema salarial para luego descongelar la carestía y los beneficios. Por todo esto es importante obtener pronunciamientos de fábricas para rechazar todo aumento “a cuenta” y la necesidad de que se fije un mínimo acorde al costo de la canasta familiar, estableciendo a partir de aquí el nivel de cada categoría. Este salario debe ser móvil según la carestía mensual, de modo que se lo cubra del “rodrigazo”. Don Sourrouille, en cambio, está fantaseando con un ajuste semestral, con la evidente intención de consumar el atropello de la estampida de los precios. Tenemos que poner en pie nuestros grandes ejes de organización: asambleas de fábrica, asambleas generales y plan de lucha votado en todas ellas.

El gobierno tiene una sola obsesión: disparar los precios, las tarifas y el dólar. Con menos que esto los capitalistas no aceptan invertir. Pero para que la estampida funcione hay que paralizar al movimiento obrero. Es la función de los Alderete y de la reforma laboral que anula la acción práctica .de las comisiones internas y de las paritarias. También se congelan por otro trimestre los salarios y las Jubilaciones en un piso de miseria. Dictan, además, una poda del 70% de la deuda del Estado con los jubilados, que recién se cancela en 1992.