Para la oligarquía agropecuaria, la inundación es un negocio más. A la exención de impuestos, que acompaña la declaración de zona de emergencia, se le suman toda clase de préstamos a tasas irrisorias y suculentas indemnizaciones. El Estado indemniza al terrateniente por el avance de las aguas. La “justicia” ha determinado que la culpa no es de las lluvias sino de la infraestructura deficiente: falta de canalización adecuada, diques de contención inservibles. Ya en 1879 se determinó que las cuencas de los ríos Reconquista y Matanza, a cuyos flancos se asienta Buenos Aires, son inundables; siendo presidente Sarmiento se realizó el primer gran proyecto de canalización de la provincia, que jamás se concretó. Ya en esa época (¡hace un siglo!) la burguesía había advertido que las inundaciones eran evitables, mediante una infraestructura adecuada, aún con la tecnología de entonces.
A la oligarquía agropecuaria nunca le Interesó esa canalización, por una razón muy práctica: sus campos tienen extensiones de entre 50 y 390 mil hectáreas (Menéndez Behety, Anchorena, Blaquier). Esas extensiones fueron - sin más ni menos- obsequiadas a estas familias por el estado, al concretarse en el siglo pasado la llamada “Campaña del Desierto”, capitaneada por Roca, mediante la matanza y el despeje de esas grandes y valiosas tierras entonces ocupadas por los indios.
En unidades productivas de semejante extensión, poco importa que se inunden 10 o 15 mil hectáreas, ya que esos campos siempre siguen siendo productivos, en las miles o cientos de miles de hectáreas restantes. La mayoría de los grandes terratenientes tienen, además de las tierras de Buenos Aires dedicadas generalmente al trigo, grandes extensiones en Córdoba, destinadas a engorde de ganado.
Al mismo tiempo, por esos "pocos” miles de hectáreas anegadas logran suculentas exenciones sobre sus rentas generales; la unidad productiva es una sola y se beneficia en su conjunto con la rebaja o amnistía impositiva. Para el latifundista la indemnización otorga muchas veces una ganancia mayor que la propia producción de su tierra. En Carhué, por ejemplo, que es zona de bajo rinde productivo, los estancieros hicieron el negocio de su vida logrando una indemnización por sus campos - con motivo de la inundación del 78- que jamás hubieran logrado ni con la producción ni con la propia venta de esos campos.
Lógicamente, esto no lo puede hacer el chacarero o el arrendatario, pues un proceso judicial de esta naturaleza Implica un esfuerzo organizativo y una erogación muy alta; todo su empeño está puesto, básicamente, en tratar de salvar la chacra o pequeña extensión de la voracidad del capital financiero, que ejecuta el crédito bancario a la primer falta de pago.
Para el obrero, el chacarero y el arrendatario sus bienes son el esfuerzo de toda una vida, y los pierden por el desinterés y la desidia del régimen capitalista. La oligarquía terrateniente y el gran capital no van a poner- como no han puesto - un solo peso para canalizar la provincia y evitar así las inundaciones. Les conviene poner unos millones para canalitos Inservibles. El ministro de la provincia Portesi anunció (Clarín 1/4) que “se acaba de perder 42 obras que se construyeron con la última inundación en la provincia”, reconociendo así la inutilidad de esas obras, no aptas para contener el avance de las aguas. Según Portesi ahora el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará 80 millones de dólares para refaccionar esas obras y otras ayudas. Se nota aquí no sólo que se insiste en calmar el cáncer con un geniol (esa suma no alcanza más que para hacer nuevos canales Inútiles) sino que atrás de todo esto está también la mano del Imperialismo; el BID es controlado por el gran capital yanqui, que también tiene decidido, junto a la burguesía y oligarquía nativa, no solucionar el problema.
Para la Sociedad Rural (La Nación, 5/4) es fundamental que “el curso natural de las aguas no sea alterado; deberán permanecer en las zonas de origen”. Es decir, hay que dejar que la inundación haga lo que se le dé la gana. Los ricos ganaderos de la zona de Carlos Tejedor han reclamado (Clarín 6/4) que no se haga ningún canal de desvío de aguas; en Pehuajó -en cambio- se está tratando de canalizar para que el agua se vaya hacia Tejedor, de modo que esos campos paguen el pato. Se repite aquí la misma situación que cuando se dejó bajo las aguas Carhué para salvar otras zonas, con más influencia de los terratenientes. ¡Poblaciones de cientos de miles de hombres y mujeres, ancianos y niños, a la calle!
Para la Sociedad Rural todo el problema consiste en “indemnizaciones” y la "cancelación de impuestos hasta la recuperación de los predios”. Este es el único “programa” de la burguesía para las inundaciones. Mientras tanto, para los explotados no hay ni exención de impuestos, ni indemnización ni nada.
La ruina del obrero, del chacarero por las inundaciones -como se ve- no es el producto de la fatalidad. La solución para el problema del avance de las aguas existe: es canalizar adecuadamente la provincia. Pero esta inversión no interesa a latifundistas y burgueses. Para esta gente la inundación es fuente da mayor ganancia. La ruina del explotado está directamente vinculada a la decisión de los explotadores de no mover un pelo, como clase dirigente del país, para que se haga la canalización de las tierras. ¡Qué mejor ejemplo de una clase agotada, de una minoría que para mantener sus privilegios es capaz de arrastrar a la barbarie a la inmensa mayoría de la población laboriosa!
Es imperioso que los afectados por esta política no permanezcamos inmóviles. Los partidos de la burguesía (UCR, PJ, UCD) no han dicho esta boca es mía por esa reivindicación. Ellos son los cómplices y causantes de esta situación. Ningún gobierno desde el siglo pasado a la fecha ha insinuado siquiera la canalización de la provincia de Buenos Aires. Antes los británicos y ahora los yankis tutelan, junto a la oligarquía, el inmovilismo. Los explotados, los que lo han perdido todo por el agua (agua estancada por los explotadores, no por la naturaleza) deben dotarse de un programa de lucha.
Un programa de lucha para todos los explotados solo puede ser garantizado por la clase obrera; la única dotada de capacidad organizativa y de movilización como para enfrentar y derrotar al régimen capitalista y al imperialismo.
Se impone organizar la lucha por la indemnización del estado burgués, causante del daño, en cada barrio y en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, y por un impuesto al gran capital para realizar las obras necesarias preventivas de las inundaciones. Ante las inundaciones deben organizarse. Comisiones de Afectados, que impulsen colectivamente la iniciación de juicios y la movilización contra el estado capitalista, con el asesoramiento de abogados, arquitectos, técnicos y urbanistas consubstanciados con la causa de la clase obrera y los explotados. El Partido Obrero se inscribe en la primera fila por la organización de esta lucha y su victoria.
San Telmo: Asamblea General de vecinos e inquilinatos
El Partido Obrero de San Telmo y la Comisión Barrial de la Vivienda de San Telmo convocan a la asamblea general de vecinos, delegados de inquilinatos e inquilinos en general que se realizará en México 471, Capital, el próximo LUNES 13 de Abril a las 19 hs. La Asamblea discutirá un informe de la situación y una estrategia de lucha ante la gran ofensiva patronal y del propio estado burgués (Edificio del Patronato de la Infancia) en la zona. El informe estará a cargo del compañero Juan Carlos Capurro.