Prensa Obrera N° 1574

La situación política en Bolivia ha dado, visto desde un ángulo revolucionario, un paso atrás. Las movilizaciones de masas están refluyendo y la burguesía se está unificando, con crisis y resquemores, detrás de un plan de emergencia para enfrentar la resistencia popular. Esto se debe al formidable empeño puesto en esta dirección por el MAS y Evo Morales, así como de gran parte de las direcciones burocráticas de las organizaciones de masas que se identifican en ese liderazgo. A pesar de tener mayoría absoluta en las dos cámaras parlamentarias y las direcciones de las organizaciones populares y del levantamiento de las masas, el MAS ha terminado reconociendo al gobierno golpista y pactando un acuerdo de ‘pacificación’ para retirar a las masas de las movilizaciones callejeras. Y se están empeñando a fondo en hacerlo. El acuerdo se realizó sobre la promesa de convocatoria a elecciones a los 120 días de ‘elegir’ (por acuerdo entre el MAS y los golpistas) el Tribunal Electoral que deberá fiscalizarlas y con la prohibición de la presentación de Evo Morales. Este ‘acuerdo’ surge luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) planteara la necesidad del mismo sobre la base de una salida electoral consensuada. Para la OEA y un sector mayoritario del imperialismo, no solo yanqui, sino también europeo, no se debía avanzar en la instalación de una dictadura cívico-militar golpista bolsanorista, como la insinuada por el fascista Luis Fernando Camacho. Frente al crecimiento de la resistencia obrera-campesina-indígena, llevaba a una polarización en términos de guerra civil, con un resultado final incierto. Y, por supuesto, era un factor feroz de desestabilización en una Latinoamérica en llamas. Pocas veces se ha visto a un líder destituido por un golpe que llame tan esforzadamente a la desmovilización del pueblo que lucha. La bandera central de Evo se transformó en la “pacificación”, que en las condiciones en que un pueblo está luchando contra un golpe significa que cese esa lucha. Una ‘pacificación’ que llevaba a cuestas a cerca de 40 muertos, varios desaparecidos, centenares de heridos y presos. Evidenciando la correlación de fuerzas existente, el gobierno golpista tuvo que aceptar la libertad de los detenidos, el retiro de las tropas militares de las calles, el respeto a las organizaciones y derechos sindicales y la no persecución de opositores. Sin embargo, esto está todavía por verse: la gran mayoría de los presos no ha sido liberada y tampoco se derogaron los decretos que habilitan a la ‘libre’ (incluso con sus excesos) represión. Los golpistas han remarcado que esto no significa procesar y meter presos a aquellos acusados de “corrupción”. Confusión Una gran confusión reina entre las masas que se han movilizado contra el golpe. La ‘pacificación’ ¿es una táctica genial de Evo Morales para derrotar a la derecha golpista en el terreno electoral? Este es un planteo que levantó el PT y Lula en Brasil y… terminó con el ascenso de Bolsonaro. Ya Evo planteó que en la presentación electoral planteará la necesidad de “buscar programas para reconciliar al pueblo boliviano” (Página/12, 24/11). Un programa de ‘reconciliacion’ con la oligarquía y la gran burguesía significa renunciar, hasta de palabra, a la nacionalización de los hidrocarburos, al rechazo de la entrega de la minería y, ahora, particularmente del litio, el respeto a la gran propiedad terrateniente a cargo de los agronegocios y planteará la ‘reducción del déficit físcal’ (hoy, en el 7,8% del presupuesto) para garantizar el pago de la deuda externa. Un programa contra el pueblo. Es necesario sacar un balance de la experiencia de 14 años del gobierno del MAS y, fundamental, de su entrega al golpismo desarticulando la gran movilización en desarrollo. Miles de trabajadores, campesinos, indígenas se han movilizado contra el golpe. Este era el punto central del frente único de lucha. El objetivo unitario era derrocar al golpe militar con la movilización, la organización y el armamento de las masas. Una gran tarea de la vanguardia de izquierda y obrero-campesina-estudiantil es sacar este balance para evidenciar la debacle histórica del MAS, variante moderna del nacionalismo de contenido burgués, la pusilanimidad de sus direcciones y su entrelazamiento con el Estado (la dirección de la Central Obrera -COB- pasó de ser un puntual del gobierno de Evo Morales a reclamar su renuncia, uniéndose al coro golpista). Es necesario crear un reagrupamiento clasista, socialista, revolucionario. La superación política del MAS recién se concretará cuando este reagrupamiento, un nuevo Partido Revolucionario de los trabajadores se ponga en pie. Ahora es necesario organizar el reclamo por la libertad de los presos, por tratamientos médicos integrales para todos los reprimidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por el libre funcionamiento de sindicatos y organizaciones de masas (campesinas, vecinales, estudiantiles, etc.) que debe estar unido a las demandas por las reivindicaciones sociales más apremiantes y de carácter transicional (nacionalización de la explotación del litio, etc.). Es necesario impulsar la convocatoria a un Congreso de Bases de la COB: son los trabajadores y no las burocracias las que deben pronunciarse fijando una posición de independencia de clase frente a la crisis nacional. ¡Abajo el golpe! Recrear las condiciones para que una huelga general lo haga posible. El alzamiento de las masas no ha sido aplastado, solo contenido. Los procesos de lucha revolucionarios no son rectilíneos. Esta es una fase, nuevos giros se plantearán inevitablemente. La característica del período político es la alta volatilidad existente, sumergidos como estamos en una América Latina donde se extienden las rebeliones populares y se hunden los gobiernos derechistas o frentepopulistas que quieren imponer plantes de ajuste fondomonetaristas.

El lunes se inició, en Chile, un paro sectorial protagonizado por portuarios y sectores de la Salud. El paro se hizo general el martes, cuando se sumaron profesores, trabajadores de la educación y del sector público, además del movimiento contra el sistema previsional (NO+AFP), y se extendió hasta el miércoles. El paro de los portuarios, un sector de vanguardia del movimiento obrero chileno, fue general, a tal punto que puso en jaque las exportaciones. En el norte chileno pararon algunos sectores de la industria, pero el gran ausente fue el proletariado minero, que a diferencia del gran paro del 12 de noviembre no se sumó a la medida. La jornada del martes, contó con una movilización de 50 mil trabajadores por el centro de Santiago y movilizaciones en todo el país, y por la noche tuvo lugar un cacerolazo, con eje en la denuncia de la represión. La dirección de la Unidad Social, que se encuentra alineada políticamente con el Partido Comunista y el Frente Amplio, se encargó de demorar la convocatoria a este nuevo paro nacional y se ha mantenido firme en su rechazo a la pelea por echar a Piñera, que es el grito de las masas en lucha desde hace más de 40 días. El contenido que el bloque sindical de la Unidad Social le imprimió al paro general fue un pliego de reivindicaciones sindicales, entre los que se incluye la petición de salarios y pensiones mínimas de 500 mil pesos chilenos, el reconocimiento de la negociación colectiva por rama y el respeto al derecho a huelga, entre otras cosas. Y el fin de la represión y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, más “democrática y representativa” de la que se está ‘cocinando’ entre los partidos tradicionales. Ofensiva represiva A la par que se preparaba y se desarrollaba el paro nacional, en el curso de la última semana aparecieron dos denuncias de organismos internacionales señalando la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas chilenas. Un informe de Amnistía Internacional, conocido el jueves 19, en donde se denuncia que “la intención de las fuerzas de seguridad es dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y la violencia sexual”, desató un día de furia que se extendió hasta la madrugada del viernes. A ese informe se le sumó, este martes 26, otro de Human Rigths Watch (HRW), en el cual se señala que “hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos”. El gobierno, que ha sentido los golpes de las denuncias, se mantiene en su línea de reestablecer el “orden público”, ante el hecho de que el clima de agitación y movilización popular sigue vivo y latente. Por eso ha enviado, el miércoles 27, cuatro proyectos al Congreso para “detener la violencia”: ley antiencapuchados, ley antisaqueo, ley antibarricadas y ley de resguardo de infraestructura crítica por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. Cuenta para ese objetivo no sólo con el apoyo de toda la derecha chilena, sino incluso también con gran parte del centroizquierda. Más de 80 referentes del PS han salido a respaldar a los carabineros y a condenar a los “grupos extremistas y antisistémicos”. Perspectiva Es claro que con la estrategia que levanta la dirección de la Unidad Social no se logrará dar una respuesta a los reclamos de los trabajadores y sólo podrá existir, en el mejor de los casos, una Constituyente amañada, como la que surgió del “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”. Para que la rebelión avance y para que no alce la cabeza la ofensiva represiva, es necesario imprimirle al movimiento de lucha una dirección clara. La clave pasa por levantar bien en alto la exigencia de que caiga Piñera, porque sólo de esa manera podría abrirse paso la perspectiva de tener una Constituyente libre y soberana, es decir convocada por las organizaciones de las masas en lucha. Para eso, es necesario impulsar una huelga general por tiempo indeterminado, que coloque al movimiento obrero al frente de la rebelión. Es necesario organizar los pronunciamientos de las asambleas de trabajadores, territoriales, populares y estudiantiles en esa dirección.

El signo de esta época en la región es la reacción de las masas de gran parte de América Latina en franco choque con las políticas fondomonetaristas impulsadas por el imperialismo. El reforzamiento clerical en América Latina es un auxiliar clave para los planes de ajuste. Se desarrolló por un largo periodo de la mano de los gobiernos del eje bolivariano, que no sólo empoderaron a la Iglesia católica sino también a la evangélica. En la Argentina pasó del “cuidemos a Cristina” al “cuidemos a Macri” aportando al “hay 2019” mientras se descargaba la crisis capitalista sobre las masas. En declaraciones hechas en Roma a su arribo el pasado 26 de un viaje a Japón, el papa Francisco afirmó: “La situación actual en América Latina se parece a la de 1974-1980, en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay con (Alfredo) Stroessner, y creo también Bolivia (...). Una situación en llamas, pero no sé si es un problema que se le parece o es otro. Realmente no puedo hacer el análisis de eso en este momento”. Evitó dar definiciones concretas sobre Bolivia, donde el golpe imperialista es apoyado enteramente por la delegación oficial del Vaticano en el país. Más allá de las “preocupaciones” ventiladas, la Iglesia se concentra en el servicio elemental que brinda al poder: desmovilizar a las masas que ponen en jaque a los gobiernos fondomonetaristas. Las bases de apoyo de los emprendimientos más reaccionarios de la región se construyeron con años de concesiones de los llamados gobiernos populistas. Dilma Rousseff otorgó un ministerio a los evangelistas reaccionarios que hoy son la base de apoyo de Bolsonaro. El kirchnerismo en el poder otorgó a los sectores clericales la última palabra en el cierre de la Ley de Educación Sexual de 2006 que viabilizó la no aplicación de una ley demandada ampliamente por nuestra juventud. Tiempo después, Cristina Kirchner designó a ministros clericales y otorgó a la iglesia la última palabra sobre el Código Civil y Comercial, sobre el comienzo de la vida humana, la subrogancia de vientres, el estatus jurídico de la Iglesia y otros artículos del código. El poder clerical está inserto en todos los poros de la sociedad a pesar de años de discursos anticolonizadores. La fuerza de la ola verde en nuestro país condiciona al gobierno de Alberto Fernández y le ha provocado su primer entredicho con el ala “populista” del clero. Entre las partes de la interna vaticana, de un lado representada por el ex obispo de La Plata, Héctor Aguer y del otro por el actual obispo designado por Francisco, Víctor “Tucho” Fernández, no hay grietas en materia de demonización del aborto, condena a la homosexualidad, complicidad con los planes de ajuste y relación de la iglesia con el Estado. Entre Aguer y “Tucho” Fernández no hay grietas tampoco en la defensa del ex confesor del violador Grassi, el cura de Gonnet, Eduardo Lorenzo, acusado él mismo de abusos y violaciones a niños. En nuestro país son reconocidas las conductas protectoras de curas pederastas por parte del papa peronista. Las víctimas de Grassi y sus abogados saben de la pasión cristiana puesta por Jorge Bergoglio para defender al cura violador de niños, al encargar al penalista Marcelo Sancinetti cuatro tomos de un libro que sostiene la inocencia del cura. Hasta el día de hoy, cuando ya obtuvo sentencia firme de la Corte Suprema, Grassi mantiene su estado sacerdotal y lo mismo ocurrirá con los curas del Próvolo que ya contaron con 40 años de protección desde el Vaticano. El principal condenado fue trasladado por el Vaticano extendiendo a escala internacional sus prácticas horrorosas de abuso a los hipoacúsicos. El camino del avance hacia una ley sobre el aborto, que Fernández ya anunció que no será el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se pavimenta con ofrendas de todo tipo para vencer la resistencia clerical, por un lado, y por el otro, estará sujeto al escrutinio de un movimiento que ha dejado la vara alta en su lucha callejera y en su debate al respecto de qué ley se necesita. El movimiento de mujeres deberá custodiar sus avances y conquistas no delegando el reclamo del aborto legal, sino defendiéndolo en las calles. Movilizadas no sólo arrancaremos una ley, sino que desde allí podremos enfrentar a quienes se oponen a cualquier avance en este terreno. Golpismo de corte clerical En Bolivia el golpe de Estado imperialista es enfrentado por trabajadores, indígenas, cholas y jóvenes, incluso a pesar de la actitud capituladora del MAS que concretó un pacto este fin de semana que pone de rodillas al pueblo frente a los golpistas. El carácter clerical y militar del mismo estuvo presente desde el primer momento. En el diario Perfil se pasa revista sobre la iglesia señalando que “la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) respaldó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunció irregularidades en las últimas elecciones. Luego de la renuncia de Morales, la CEB firmó una declaración que afirmaba que ‘lo que sucede en Bolivia no es un golpe de Estado’... Finalmente, la CEB mandó representantes a la proclamación de Añez”. La CEB actúa en un frente común con un ala del evangelismo financiada desde Estados Unidos. Francisco, con su silencio, avala la colaboración de la iglesia local con el golpe yanqui. Daniel Ortega en Nicaragua transitó 15 años de alianza con la Iglesia local y ese amorío recién se habría terminado durante las manifestaciones del año pasado contra el mandatario sandinista. Las huellas de aquella alianza se plasmaron en un retroceso en materia de derechos legales de las mujeres y niñas eliminando en 2006 la única forma no penalizada de aborto que existía. Rafael Correa, a su turno, amenazó con despedir a dos de sus asambleístas por intentar tratar un moderado proyecto para despenalizar el aborto en Ecuador y hoy mira desde el exilio el auxilio político de la iglesia hacia Lenin Moreno. Los principios sobre los cuales se construyen ambas alas de la Iglesia, la “populista” y la “neoliberal”, son los mismos: la custodia de los intereses capitalistas de los que forman parte como institución religiosa y como Estado. La Iglesia chilena está atravesada también por una profunda crisis abierta por los testimonios de seminaristas y fieles de la iglesia abusados a través de los años. Hasta llegar al pedido de renuncia de hace unos meses de los 34 obispos que componen la cúpula clerical chilena, el Papa intentó por todos los medios silenciar las denuncias. En su visita de 2018 a Chile fue recibido por una manifestación masiva de repudio a su presencia como protector de curas pederastas. Sólo después de esto modificó su estrategia en el país trasandino, pidió la renuncia a los obispos, aceptó el 25% de ellas pero, aunque lo intentó, no logró frenar las 219 causas que se acumulan en la Justicia chilena. La designación de Bergoglio es el fruto de que los sucesivos papados desde 2002, no lograron cerrar o silenciar la crisis de las denuncias por pedofilia. De las denuncias que encabezaron víctimas en la ciudad de Boston en Estados Unidos, se pasó luego a las denuncias en Europa como así también en América Latina con Chile y México a la cabeza. El terreno elegido por Bergoglio para desenvolver su papado ha sido el de la protección a los pederastas, dejando ni más ni menos que la defensa de las millonarias finanzas del Estado Vaticano en manos de uno de ellos, denunciado desde 1997, el cardenal George Pell, recientemente condenado en la Justicia australiana. La política reaccionaria en América Latina, que asume en Bolivia la forma de un golpe, tiene como basamento el combate a “la ideología de género”, la discriminación, el desprecio por los pueblos indígenas -uno de los principales obstáculos para el asalto definitivo a los recursos naturales de la región-, la xenofobia contra los migrantes. Una estructura doctrinaria al servicio de doblegar a toda la clase trabajadora, sumergirla en la más absoluta precarización laboral y a partir de estos ataques, proceder a beneficiar al imperialismo en medio de la crisis capitalista en curso. La lucha por la separación de la Iglesia del Estado que el movimiento de mujeres y la juventud llevaron a las calles es una herramienta fundamental de lucha contra las incursiones golpistas norteamericanas en la región, que nuevamente encuentran en el clero a uno de sus principales pilares.

La reunión plenaria de la mesa nacional de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, reunida el pasado sábado 23, definió la necesidad de recuperar la autonomía política de los sindicatos como una tarea central de la clase obrera frente al nuevo gobierno, decidido a honrar la deuda con el FMI y los fondos buitre a costa de las postergadas necesidades de los trabajadores. A pocos días, las noticias publicadas por los medios dieron la razón a esta caracterización: los Fernández están negociando en forma paralela y a todo vapor con el FMI y los bancos especuladores, aún antes de la asunción del próximo 10 de diciembre. De la reunión participaron 70 dirigentes sindicales de la CSC-PO, entre ellos Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Unico de los Trabajadores del Neumático; Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA; Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza; Eduardo Belliboni, de la Mesa Nacional del Polo Obrero; Daniel Rapanelli, secretario general del Suteba Ensenada; Amanda Martín, secretaria adjunta de Ademys; Miguel Díaz, delegado recién reelecto de Siderca; Matías Tomasello, de la minoría de Foetra; Lucho Cáceres, secretario de Hacienda de Amsafe-Rosario; Miguel Bravetti, de la CI gráfica de Interpack; Walter Reláñez, de la CI de la papelera Kimberly Clark ocupada; Christian Paletti, delegado del subte. La reunión fue abierta por Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero. El marco de las deliberaciones estuvo dado por las rebeliones obreras y populares que sacuden a toda América Latina, expresiones de la crisis capitalista que, en nuestro continente y en todo el globo, impulsa a las masas a las calles en defensa de sus condiciones de vida. La primera resolución, entonces, fue promover una acción huelguística unificada de la CGT de la Argentina, la CUT de Brasil, el PIT-CNT de Uruguay, la CUT de Chile y el resto de las centrales obreras y organizaciones populares, por la derrota del golpe en Bolivia y el triunfo de la rebelión chilena. La realidad argentina no desentona con la crisis latinoamericana. Lejos de ello, endeudada hasta el límite, con 15 millones de pobres y una recesión prolongada, Argentina es uno de los eslabones más débiles de esa crisis mundial. La transición “ordenada”, entre Cambiemos y el peronismo, que los medios destacan, encubre esta situación explosiva y la puesta en práctica de un plan de ajuste que permita rescatar al capital nacional, cumpliendo los compromisos con el imperialismo y el capital financiero. Fuego cruzado Alberto Fernández se encuentra en medio del fuego cruzado de la política de ajuste que le impone la crisis y la reacción inevitable de la clase obrera, entre la presión del imperialismo y las masas. La CGT y las CTAs, sin embargo, ya han declarado que serán parte del gobierno de Alberto Fernández. Los “sindicatos son de Perón”, dijo Roberto Baradel, anticipando su seguidismo a Héctor Daer que declaró el default de los sindicatos que pasarán a ser parte del Consejo Económico y Social que se formaría por ley. A ese interés social responden tanto la “Mesa contra el Hambre” -que, con una tarjeta alimentaria de subsistencia, además de un enorme negociado con las hambreadoras patronales de la Copal, pretende contener las inmensas necesidades insatisfechas de más de un tercio de la población- y el pacto social con las burocracias sindicales. Los sindicatos aceptarán, a cambio de algún aumento salarial modesto (que las patronales pretenden patear para el año que viene), cláusulas de productividad y flexibilidad. El pacto social es un chaleco de fuerza para contener los reclamos y las luchas, que en toda la era Macri mostraron a una clase obrera combativa y dispuesta a enfrentar los planes de guerra de los capitalistas, férreamente aisladas y contenidas por la CGT y las CTAs. La CSC-PO llama a la clase obrera a rechazar un pacto con las patronales que exigen su rescate en contra de las masas. La clase obrera, lejos de “abandonar la calle”, como planteó Alberto Fernández, debe movilizarse de manera independiente. En ese camino es crucial luchar por recuperar la autonomía política de los sindicatos, hoy colocados por los burócratas de la CGT, con Daer a la cabeza, para garantizar la contención. Por último, la CSC-PO caracterizó a la movilización del 7 de diciembre, convocada por Macri al dejar el poder, como una señal de constituirse en una alternativa bolsonarista al virtual fracaso en el futuro del plan de ajuste del pejotismo, en tanto que la movilización albertista del 10 de diciembre es una acción al servicio de la estatización del movimiento popular. Movilización y programa En contraposición de ambos, la CSC-PO impulsa una movilización del Plenario Sindical Combativo y de todos los sectores populares en lucha para el 20 de diciembre, en un nuevo aniversario del “Argentinazo”, por la independencia política de los sindicatos respecto del gobierno y de las patronales, y una salida obrera a la crisis argentina, que integre a nuestro pueblo a la lucha de todos los trabajadores de América Latina. Por un Congreso de Delegados, mandatados por las bases de todos los sindicatos, para discutir una salida de los trabajadores y ejecutar un plan de lucha por este programa: *Prohibición de despidos y reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios. *Reincorporación de los despedidos estatales. Pase a planta bajo convenio. *Reapertura de las fábricas cerradas en los últimos dos años bajo gestión de los trabajadores. * Apertura de los planes sociales y duplicación de los montos. Duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). *Seguro al desocupado. Trabajo genuino. *Salario equivalente a la canasta familiar actualizado por inflación. *Mínimo, vital y móvil de 35.000 pesos e igual mínimo jubilatorio. *Actualización por inflación. *Paritarias libres, respeto de las cláusulas gatillo. Paritarios y pliegos votados en asamblea. *Doble aguinaldo para afrontar los aumentazos y tarifazos. *No a las reformas laboral y jubilatoria del FMI. *Contra la inflación, apertura de los libros y control obrero de los precios. *Basta de persecución y desprocesamiento de todos los luchadores. Absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz. *Aborto legal seguro y gratuito. Educación sexual integral. Separación inmediata de la Iglesia del Estado. Ni una Menos, el Estado es responsable. Por la igualdad y los derechos laborales de la mujer trabajadora. *Contra el saqueo de los recursos naturales por parte de los pulpos petroleros y mineros, que destruyen el medio ambiente. *No pago e investigación de la deuda pública. Ruptura con el FMI. *Nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, bajo control de los trabajadores. *Por un Congreso de Delegados, mandatados por las bases de todos los sindicatos, para debatir un plan económico de los trabajadores y ejecutar un plan de lucha por este programa.

Por un error en la corrección, en el artículo “Alberto Fernández, bajo fuego cruzado” (PO N° 1.573) se dice “Arroyo promete 40.000 millones de dólares en 2020 contra los 27.000 gastados este año”, cuando debía decir “40.000 millones de pesos”. Asimismo, en el artículo “Comienza el juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz por enfrentar la reforma previsional”, donde dice “César Arakaki y Dimas Ponce estuvieron bajo prisión domiciliaria” debió decir “bajo prisión preventiva”. Disculpas a los lectores.

Los hechos recientes permiten sacar dos conclusiones muy importantes. La crisis capitalista engendra choques de masas y una gran polarización política y social. Existe un hilo conductor de estos combates en los países de la región. El imperialismo pretende apretar más fuerte las clavijas. Mediante las deudas externas que arrastran hace décadas nuestros países. Mediante el saqueo de nuestros recursos nacionales. Este apriete es el que ha hecho estallar Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Haití, Puerto Rico en una ola que se sigue extendiendo. Otro hecho es claro. El nacionalismo burgués de nuestros países es incapaz de enfrentar este saqueo. No ha podido terminar con el atraso de nuestros países cuando los “progres” y “nacionales y populares” dominaban los gobiernos de la región. No han enfrentado los golpes “institucionales” cuando destituyeron a Zelaya, Lugo o Dilma. El pacto de Evo Morales y el MAS con Añez vuelve a mostrar su impotencia. Han reconocido al golpismo mientras sigue masacrando a su propia base política y social. Prefieren desmovilizar al pueblo antes de que la rebelión se transforme en revolución social. En Chile, la oposición ha suscripto un pacto con el asesino Piñera, para intentar contener las movilizaciones ofreciendo cambios cosméticos. Las centrales obreras de Argentina, Brasil, Uruguay responden a estas fuerzas, y no mueven un dedo en defensa de los pueblos rebelados. Un paro regional sería un respaldo enorme a las rebeliones. Las burguesías latinoamericanas viven de la explotación de sus poblaciones. No pueden liderar un camino emancipador. Esta tarea queda reservada a los trabajadores que deben tomar en sus manos la conducción política de las naciones latinoamericanas y encarar una transformación del continente sobre nuevas bases sociales. Es decir, gobierno de trabajadores en el camino de la unidad socialista de América Latina. Es en esta perspectiva que el Partido Obrero le propone al Frente de Izquierda-Unidad de Argentina, a toda la izquierda que se reclame revolucionaria de la región y a los sectores obreros combativos la realización de una Conferencia Latinoamericana. Los combates necesitan que reagrupemos una vanguardia, saquemos conclusiones y tomemos medidas comunes de lucha.

Miles de mujeres y disidencias marcharon el 25N en Argentina, como parte de la movilización internacional en el Día de Lucha contra la Violencia de Género, que también tuvo importantes expresiones en ciudades del continente como San Pablo (Brasil), Santiago de Chile y Ciudad de México, y en países europeos como España y Francia. En la Ciudad de Buenos Aires, la manifestación fue convocada por la Campaña contra las Violencias y los partidos y agrupamientos de izquierda. Las agrupaciones ligadas al kirchnerismo y al PJ, junto a sindicatos de la CGT y la CTA, fueron las grandes ausentes en la calles en esta jornada que denunció el golpe en Bolivia, acompañó las movilizaciones populares en América Latina y tuvo un caracter antiimperialista.

Los dos artículos que presentamos a continuación marcan el agudo contraste que existe entre una paritaria dirigida por el clasismo y otra dirigida por la burocracia sindical. La exitosa paritaria del Neumático, marcada por la lucha, la movilización y las asambleas masivas (en un sector industrial impactado por la recesión), es la antítesis de la entrega de las burocracias ferroviarias, al margen de toda deliberación obrera. Sutna: asamblea histórica Ferroviarios: acuerdo malo y tardío

En las instalaciones del camping de Pilar del Sutna se realizó la asamblea general del gremio con el fin de elegir la junta electoral que estará a cargo de las elecciones nacionales del gremio. Inmediatamente después, los trabajadores, afectados a la paritaria (Fate, Pirelli y Firestone) comenzaron una nueva asamblea para fijar posición sobre el desenlace de la paritaria. Luego de cuatro años de ausencia en las asambleas generales, se hizo presente la burocracia violeta para intentar medrar en los temas en tratamiento. La presencia de alrededor de ochenta trabajadores alineados con la Violeta fue mermando al correr de la asamblea, porque muchos se retiraban y otros se corrían del sector que ocupaban. En una de las asambleas más masivas que ha realizado el Sutna, las votaciones mostraron un apoyo abrumador a la actual dirección clasista y a los compañeros de la lista Negra. Se nota que el antiguo secretario general del gremio, Pedro Wasiejko, olfateó lo que ocurriría porque no formó parte de la asamblea: se quedó en las inmediaciones del predio recreativo del sindicato. La votación sobre el presidente de la asamblea dio por resultado un contundente apoyo a Alejandro Crespo quien presidió el conjunto de las votaciones. Más de novecientos trabajadores también votaron a los destacados luchadores propuestos por la Negra para conformar la junta electoral. Hace cuatro años, la asamblea general que elegía la junta electoral culminaba en un bochornoso fraude de la Violeta que precedió a su derrota y a la recuperación del gremio del Neumático por parte de los trabajadores. Transcurrido el primer mandato de la dirección antiburocrática, centenares de trabajadores forman parte de las decisiones del gremio en las asambleas generales y miles si contamos las reuniones y asambleas fabriles, donde la burocracia queda en una minoría absoluta. Ferroviarios: acuerdo malo y tardío La paritaria Luego de la movilización a las puertas de la Secretaría de Trabajo, donde las patronales reiteraron una propuesta que se colocaba por debajo del aumento inflacionario, la dirección del Sutna lanzó una fuerte campaña en todas las plantas del Neumático, con asambleas, recorridas y un eje claro: pase lo que pase, todos a la asamblea general para preparar nuevas medidas frente a la intransigencia patronal. La asamblea se construyó como una enorme medida de lucha, parando por completo la actividad desde las 11 horas del martes 26 hasta las 6 de la mañana del miércoles. Horas antes de la asamblea, se realizó una audiencia en la Secretaría de Trabajo donde las patronales cambiaron radicalmente la propuesta frente al escenario de un conflicto de largo alcance. La propuesta arrancada, luego votada favorablemente en la asamblea general aumenta un 31,9% el salario hasta el primero de abril, donde las partes vuelven a reunirse a evaluar la situación. Este aumento tiene un fuerte impacto en los salarios del Neumático que mantienen su poder adquisitivo luego de la recomposición salarial lograda en la primera fase de discusiones paritarias y tras un año de tarifazos, devaluación y escalada de precios. Tomados los últimos cuatro años (desde la recuperación del gremio) el salario superó a la inflación en alrededor de 15%. Merece una mención aparte la actitud adoptada por las agrupaciones de izquierda sobre este punto. La lista Roja mocionó aprobar este aumento junto con la mayoría de los trabajadores. La Granate (PTS) llamó a rechazar la propuesta, a contramano de haber atacado el paro general que fue el momento culminante de medición de fuerzas del proceso paritario, donde habían expresado que “no había condiciones para parar”. Una verdadera incoherencia. La Marrón (Mas) también llamó a rechazar y a exigir un bono de 30 mil pesos, otra incongruencia, canjeando aumento por bono por única vez. Alejandro Crespo explicó que el pedido de un bono estaba por debajo de los aumentos conquistados a la hora (un bono de esas características es menor al aumento de dos meses) y el impacto del aumento real sobre el aguinaldo. También señaló que los trabajadores del Neumático han conquistado sus reclamos por su lucha y organización, sin la necesidad de esperar dádivas o sumas fijas truchas de ningún gobierno. A pesar de que finalmente se abstuvieron de la votación, se presentaron con los argumentos de la burocracia violeta que votó rechazar este aumento. Esta nueva conquista suma a la defensa del conjunto de los intereses de los trabajadores del Neumático que ha desplegado la dirección antiburocrática del Sutna en los últimos cuatro años. La lucha contra los intentos de despidos, la defensa de las condiciones laborales frente a los intentos de preventivos de crisis en Fate y cambios de régimen laboral en Pirelli, la lucha contra los accidentes laborales en Firestone y todas las fábricas, y la infinidad de luchas parciales que libran los delegados de todo el gremio, son algunas de las batallas ganadas por el salto en la organización independiente de los trabajadores. En pocos meses se realizarán las elecciones del gremio y vamos por la defensa de esta dirección que lucha con todos los trabajadores y ha sido protagonista del reagrupamiento de fuerzas antiburocráticas y de independencia de clase en el movimiento obrero argentino encabezando sus iniciativas.

Los gremios ferroviarios acaban de firmar un acuerdo salarial por el último tramo del 2019. La pauta anual comenzó en marzo pasado con un acuerdo del 17%, en cinco cuotas y con cláusula de revisión en agosto, abandonando todo reclamo por la pérdida del 15% en 2018. La negociación de agosto se postergó a cambio de una suma por única vez y no remunerativa del 6,5% en setiembre (un "bonito") que apenas representó 3.600 pesos en la categoría operario, la más numerosa. Los trabajadores debimos esperar hasta noviembre para la reapertura de la negociación y los propios gremios informaron a los trabajadores que fue por pedido del gobierno macrista, ya que no convenía al oficialismo una confrontación durante las Paso primero, ni frente al balotaje, después. Es decir que los gremios jugaron a favor de la reelección de Macri, mientras se anotaban a último momento con los Fernández, tras el apoyo inicial de la Unión Ferroviaria a Juan Manuel Urtubey y de La Fraternidad a Roberto Lavagna. Dicho de otro modo, la postergación de una actualización salarial para los ferroviarios frente a la escalada devaluatoria estuvo subordinada al oportunismo político de las burocracias del riel y al destino del propio macrismo. Llegado noviembre y derrotado el oficialismo, éste le pagó los servicios prestados a Sergio Sasia y Omar Maturano rechazando todo aumento hasta el 2020. La medida de fuerza fraternal de la madrugada del primer día de noviembre, con la cual respondieron los gremios, terminó en un acatamiento de la conciliación obligatoria que auguraba una nueva capitulación. En efecto, el aumento ahora pactado no se cobrará hasta febrero, con el sueldo de enero, y sólo retroactivo a diciembre, sobre los índices del Indec desde setiembre hasta el último mes del año que rondarán en un 15%. El primer trimestre de 2020 debió entrar en la negociación, pero estará subordinado al armado del pacto social que propone Alberto Fernández. Sutna: asamblea histórica El reconocimiento tardío y sin toda la retroactividad que corresponde de los índices de inflación provoca un deterioro brutal del salario efectivo. Los gremios pretenden disimularlo acordando otro "bonito" del 6,5% en diciembre. Llamamos a impulsar asambleas por sector para repudiar este acuerdo a espaldas de los trabajadores y exigir que los índices de setiembre y octubre se paguen retroactivos a setiembre, en boleta complementaria de diciembre, y que la cifra del bono pactado se incorpore a los básicos como resarcimiento por la postergación de los plazos de negociación. Ningún pacto social de la mano de Sasia o Maturano. Que toda nueva negociación sea tratada en paritarias libres, que quiere decir con paritarios electos en asamblea general y con mandato de los trabajadores.

La resistencia de los papeleros de Kimberly Clark dio un nuevo salto esta semana con la puesta en marcha de la planta, mostrando su viabilidad productiva y levantando bien alto su legítimo reclamo, como ellos afirman: “los kimberlianos queremos trabajar”. Desde la conferencia de prensa del viernes 22 han puesto las máquinas a producir, denunciando los últimos aprietes de la empresa que operó a través de la fiscalía, para avanzar con el desalojo tras denunciar la usurpación de la planta. La denuncia penal de la multinacional yanqui busca correr el eje de lo que es una de las principales luchas obreras del último período, donde los trabajadores mantienen una ocupación de fábrica que ya supera los dos meses, con el objetivo de evitar que la patronal retire las máquinas, y defender los puestos de trabajo. La amenaza de desalojo es latente, por ello, los papeleros llamaron a reforzar el acampe en los portones a todas las organizaciones solidarias. Una lucha heroica En estos dos meses la patronal jugó al desgaste, presionando con los retiros voluntarios, ofreciendo un plus del 50% sobre la antigüedad, pero calculando las indemnizaciones sobre montos menores al salario conformado de los papeleros de Kimberly, que superaba ampliamente el salario de convenio, conquistado con años y años de organización gremial. La entereza de los trabajadores que resisten la ocupación es el resultado de un trabajo político y de una preparación de los compañeros para enfrentar esta ofensiva que fue caracterizada con bastante anticipación por los delegados, como lo explica el delegado Walter Relañez, una y otra vez. El grueso de los compañeros presentes son los que han construido en estos años la Agrupación Gris papelera reconocida en todo el gremio como la única oposición antiburocrática. Así han transcurrido dos meses enfrentando no sólo a la patronal, sino también al desgaste al que intentó llevarlos el gobierno con varias audiencias en la Secretaría de Trabajo, que no abrieron ninguna instancia de negociación real, con el aislamiento generado por la burocracia papelera y de las centrales obreras, que no han siquiera aportado al fondo de lucha, en un cuadro difícil para el movimiento obrero. Los futuros funcionarios del pejota-kirchnerismo se desentienden ante el reclamo de estas familias que pelean por su sustento, alegando que aún no han asumido, sin siquiera expresar un mínimo compromiso para buscar una salida al conflicto. El planteo concreto de los papeleros de Kimberly ha sido que se ponga en pie una mesa de trabajo con el gobierno entrante para comenzar a evaluar la puesta en marcha definitiva de la planta, así como el rechazo al desalojo latente. Los trabajadores de Kimberly están plantados contra la amenaza de desalojo, denunciando el carácter antiobrero de la Justicia que le da lugar, produciendo para realizar donaciones a los comedores populares de la zona, con una campaña que tiene una agenda cargada. A pocos días que asuma el gobierno de Fernández, la lucha de Kimberly Clark concentra las reservas de lucha que anidan en el movimiento obrero, y es un claro mensaje contra el pacto social antiobrero que está tejiendo el próximo gobierno en colaboración con la burocracia sindical y la Unión Industrial. Sigamos adelante, compañeros, con esta lucha, por la defensa de los puestos de trabajo y la reapertura de la planta.

Cuando esta edición de Prensa Obrera esté en la calle, empezarán a llegar a Punta Lara las delegaciones del interior del país que se integrarán a los delegados de Capital, Interior de la provincia de Buenos Aires y el conurbano, sumando 893 delegados plenos y más de 150 invitados de 18 provincias. Un esfuerzo organizativo y político para poner en pie al Polo Obrero al servicio de la lucha por la independencia política de los trabajadores en horas fundamentales para la clase obrera ocupada y desocupada de toda América Latina, que arde contra las políticas de ajuste fondomonetaristas. En la Argentina de la transición pactada entre Macri y Fernández, la discusión sobre el gabinete del futuro gobierno ha desatado una crisis política en torno de ministerios clave, ya se sabe que en Defensa estaría Rossi, bajo cuyo ministerio en el gobierno de Cristina nombró al represor Milani, y en Seguridad iría Gorgal, mano derecha de Juanjo Alvarez, uno de los asesinos de los piqueteros Kosteki y Santillán, formado en la DEA. El Ministerio de Economía es motivo de una disputa entre hombres de los fondos de inversión, la embajada de Estados Unidos y el FMI. El que está confirmado es Daniel Arroyo para Desarrollo Social, quien fatiga los canales de televisión hablando de su plan “Argentina contra el Hambre”. El “plan” tuvo su primera reunión preparatoria con empresarios de la alimentación, la Iglesia y personajes como Tinelli, sin que faltaran, desde ya, las organizaciones sociales amigas de F-F y el clero. Se van viendo definiciones de continuidad en la política de contención del período M, de la que se jactan tanto el gobierno Macri, como el Triunvirato Vaticano y el Frente de Todos. Consideran que esta contención evitó una crisis a la chilena, es decir una rebelión popular que rechaza los planes de ajuste. Lo que no evitó fue el crecimiento astronómico de la pobreza y de la indigencia. Las primeras líneas de la política de Arroyo no atienden los reclamos que realizamos las organizaciones de lucha ante el crecimiento de la pobreza durante el mandato de Macri, como el seguro al desocupado o, en su defecto, la universalización de los programas sociales y el aumento en el monto de los miserables 8.500 pesos que cobran poco más de 450 mil compañeros. El futuro ministro se limitó a anunciar un programa alimentario y la vuelta a las “cooperativas de trabajo”. El programa “Argentina contra el Hambre” tendría como gran anuncio la creación de una tarjeta “inteligente” destinada a la compra de alimentos para niños menores de 6 años y comedores populares (iProfesional, 17/11). Lo de inteligente sería porque se utilizaría sólo para algunos alimentos, lo que explica, en parte, la presencia de las cámaras alimenticias en el anuncio del plan. El anuncio adelanta una crisis en varios sentidos, ya que será para niños sólo “hasta 6 años”, previendo seguramente que los mayores de 6 comerían en los comedores escolares. La capacidad de estos comedores está desbordada y la posibilidad de absorber más niños es prácticamente nula. Además, los niños (y también los ancianos) comen o deberían comer dos veces por día. Los niños comen una vez al día en la escuela. ¿Por qué, entonces, se corta a los 6 años la “ayuda alimentaria”? Por otra parte, Vidal asigna a los comedores escolares 33 pesos por niño, menos que un sándwich. La tarjeta alimentaria se entregaría a 2 millones de personas, anunció Arroyo. La indigencia, es decir la imposibilidad de alimentarse, llega a más de 3,5 millones de personas, o sea que más de un tercio de la población indigente ni siquiera tendrá asistencialismo. Se anunció también que se “aumentarán” las partidas para la emergencia alimentaria, sub-ejecutada por Stanley, que fue de 27.000 millones de pesos en 2019, para llevarlas a 40.000 millones de pesos en el próximo Presupuesto, pero el aumento no es tal, porque apenas incorporaría la inflación prevista. El ángulo estrictamente asistencial de abordar la pobreza y la indigencia prevé la continuidad del ajuste y la nula perspectiva de recuperación económica y, por lo tanto, de creación de trabajo genuino, por los menos en los dos años próximos. El esfuerzo del gobierno F-F estará puesto en concentrar los recursos para el pago de la usuraria e ilegítima deuda pública. La promesa de Fernández al trío de San Cayetano de relanzar las cooperativas de “trabajo” le valió el apoyo electoral de éstos y la integración anticipada a su gobierno. La iniciativa no es más que precarización laboral (ver “Fernández con el Triunvirato Vaticano: una integración para que siga la precarización laboral” en prensaobrera.com) con la novedad de la conformación de un sindicato de los precarizados, consolidando así, la integración de las organizaciones del Triunvirato a la burocracia entreguista de la CGT. Se establecería así un precedente gravísimo para toda la clase obrera, porque se crearía un sindicato cuyos trabajadores no tendrían el convenio correspondiente a su tarea, por caso los obreros de la construcción, los barrenderos o los empleados municipales. Estos trabajadores sindicalizados quedarían por fuera de los convenios colectivos que agrupan a los trabajadores de una misma actividad. Se establecería que existan trabajadores con la misma actividad y distintos convenios, promoviendo la división de la clase obrera e introduciendo aspectos centrales de la reforma laboral que quieren los capitalistas. El marco para impulsar estas políticas es el Consejo Económico y Social, que será un instrumento del pacto social al que quieren encorsetar a la clase obrera. Más que nunca, es imprescindible la autonomía de las organizaciones obreras, como instrumentos de lucha basados en la independencia de clase, y no como agentes de los gobiernos patronales. Todo esto está en la agenda que más de mil delegados debatiremos este fin de semana en Punta Lara. El Congreso del Polo Obrero se planta contra el pacto social y la integración al Estado, y lanzará su programa, su pliego de reivindicaciones y su plan de lucha.

El 21 de noviembre se realizó el congreso ordinario de Suteba, en el que se votó la Memoria y Balance 2018/19 y la política gremial para 2020. El congreso sesionó en base a mandatos votados en asambleas seccionales vaciadas (menos de 200 personas en distritos con varios miles de afiliados, como General Sarmiento, Florencio Varela o Moreno). El congreso fue abierto por Baradel, secretario general del Suteba. “Nuestro sindicato -dijo- ha hecho todo un enorme aporte a la derrota del neoliberalismo”, autofelicitándose por haber atado al sindicato y todos sus recursos al carro de los Fernández-Massa-Manzur y compañía. También defendieron el triunfo de Axel Kicillof como gobernador en la provincia de Buenos Aires, colocando al Suteba como apéndice del nuevo patrón de la provincia de Buenos Aires. No faltaron, tampoco, las conversas declaraciones de orgullo por el regreso a la CGT de los gordos. El XXXIII Congreso de Suteba evidenció el regreso al PJ: “Había un problema principal y, en eso, las diferencias son secundarias” (Baradel). Funcionarios La directiva de Suteba sostuvo a todos los gobiernos, incluyendo al de Macri. La integración al PJ los recompensó con cargos en el gobierno albertista como nunca antes: diputados nacionales (Hugo Yasky), senadores provinciales (María Reigada), decenas de concejales, casi 50 consejeros escolares. En defensa de ese interés social atacaron furiosamente a la Multicolor, y especialmente a Tribuna Docente y al Partido Obrero. Nada para festejar En septiembre último, un maestro de grado con la máxima antigüedad de 24 años cobró un salario de 32.367,35 pesos, 2.345,41 por debajo de la canasta de pobreza. Así, la cláusula gatillo que la Celeste pondera, cristaliza eternamente salarios de pobreza. Tribuna defendió la reapertura ya de las paritarias y la puesta en marcha de un plan de lucha. Denunció los descuentos por días de paro, el incumplimiento de los 12 puntos de infraestructura para escuelas seguras y la continuidad de los sumarios a los directivos huelguistas, a pesar de que la paritaria decía lo contrario. En el período que involucra al asesinato laboral de Sandra y Rubén, las escuelas siguen tanto o más inseguras que antes. Los cuatro años de connivencia del Suteba con Vidal culminaron con un avance histórico contra la escuela pública y los derechos laborales. América Latina El golpe fascista en Bolivia y las rebeliones latinoamericanas, como las de Ecuador y Chile, también fueron parte de las polémicas congresales. La Celeste repudió el golpe de Bolivia en los términos de Alberto Fernández, dando por hecho su consolidación. Cuando los congresales de Tribuna reclamaron al congreso votar el llamado a un paro regional de todas las centrales sindicales latinoamericanas para derrotar el golpe, chicanearon con que era un “planteo intergaláctico”. La esposa de Piñera, seguramente, habría coincidido con la Celeste. En cambio, Baradel utilizó el golpe en Bolivia para justificar resignar la lucha. “¿Van a haber cortes de ruta? ¿Movilizaciones?”, se preguntó. “¡Cuidado, compañeros! El ex canciller Cisneros dijo que lo de Bolivia se viene para la Argentina”. Igual que Morales y el MAS, pidió calmar los ánimos. Un planteo de parálisis que, además, aísla la rebelión del pueblo chileno, en sintonía con la orden de Alberto de abandonar las calles. Contra el planteo de Tribuna Docente y del PO de pugnar por la independencia política de las organizaciones obreras, exigió subordinación al nacionalismo burgués latinoamericano, impotente frente al imperialismo. La Multicolor Con matices, la mayoría de la Multicolor votó rechazando la Memoria y Balance, así como la política gremial con una declaración firmada por los Suteba de Matanza, Ensenada, Escobar, Tigre, Madariaga y Marcos Paz, que planteó: Fuera el FMI y el imperialismo de América latina, no al pacto social de Fernández y las direcciones sindicales, romper con el FMI, no pago de la deuda externa, plan de lucha para lograr la reapertura de las paritarias en diciembre por parte del gobierno entrante, salario igual a la canasta familiar indexado mensualmente, defensa irrestricta del estatuto docente, convocatoria a plenario provincial de delegados con mandato para organizar el plan de acción. La política gremial multicolor se definió por “un Suteba independiente del Estado, las patronales y del Pacto Social”. La Multicolor ganó en todas sus asambleas, salvo en Matanza, donde la Celeste se impuso por una diferencia marginal de una veintena de votos, contando para esto con el desembarco de todo el aparato educativo del PJ local. La Azul y Blanca (PCR), que dirige los Suteba de Quilmes y Berazategui, integró el Frente de Todos en las elecciones y rompió con La Multicolor. No votó con la Celeste, pero propuso una política gremial propia en apoyo al gobierno de los Fernández. Más que nunca está planteada la defensa del frente único multicolor detrás de este programa de independencia política del Suteba respecto del Estado, las patronales y la burocracia sindical. Por una nueva dirección en Ctera, sumate al Congreso Nacional de Tribuna Docente Los intereses sociales que defienden los Fernández-Fernández más Massa chocarán rápidamente con las expectativas de las masas que los votaron. El destino de los conflictos obreros que se avecinan exige organizarnos para recuperar nuestras organizaciones de lucha. Para poner en pie una política que permita recuperar Ctera, te invitamos a sumarte el 15 y 16 de febrero de 2020 al Congreso Nacional de Tribuna Docente.

El 8 de diciembre, en Parque Sarmiento, cerraremos el año con un gran encuentro y movilización, que será al mismo tiempo un momento de reflexión, balance y planificación de la luchas y desafíos del movimiento obrero, la juventud, las mujeres y el conjunto de los explotados del país. Este picnic, que realizaremos en el centro político del país, será acompañado de decenas de encuentros y picnics en las diferentes provincias y muchas localidades del interior. En medio de una Latinoamérica convulsionada, y una transición convulsiva en Argentina, donde frente a una enorme crisis social y económica se quiere imponer un pacto social para inmovilizar a los trabajadores, nuestro picnic será un momento de análisis y acción, donde estarán los principales referentes de las luchas de la mayoría de los conflictos y problemas que aquejan a los explotados. El cierre del picnic, por lo tanto, estará a cargo de referentes de las luchas de Bolivia y Chile, y Gabriel Solano, en el escenario central. Mesas debate Durante la jornada se realizarán 4 charlas que tratarán de condensar los problemas políticos relevantes de la etapa y sus protagonistas. Realizaremos una charla sobre la lucha de las mujeres durante este año, después de un encuentro en La Plata, que fue el más masivo de su historia y los planes de cooptación del futuro gobierno de la lucha por el aborto legal. Las luchas del movimiento obrero, la acción del Plenario Sindical Combativo, el desarrollo y desafíos de los sectores clasistas como en Chubut, o la heroica lucha de Kimberly Clark con su ocupación, y la acción por la defensa del salario y las paritarias como lleva adelante el Sutna, serán representadas en la mesa del movimiento obrero ocupado. Las luchas del movimiento de desocupados y piquetero, que este año ha sido un protagonista central de los reclamos obreros y de los barrios de nuestro país, será una de las mesas más concurridas y donde se expresarán las diferentes posiciones acerca de las luchas y los desafíos de la nueva tanda de cooptación y precarización que ha anunciado el nuevo gobierno pejotista. La situación latinoamericana y la acción de la izquierda serán debatidan en una mesa en donde convocaremos a los referentes del Frente de Izquierda-Unidad para hacer un balance y caracterización de las luchas, y desafíos que representan para la izquierda el desarrollo de las luchas y la crisis latinoamericana actual. Escenario central El escenario central concentrará los principales números musicales y el cierre político de la jornada -cerca de las 17 horas. Estarán presentes grupos de baile de la comunidad boliviana en nuestro país, Ana Clara Moltoni, presentando su nuevo disco, los tenores del Teatro Colón, la banda de salsa y cumbia La Zurdita, Patricia Barone y Javier González presentando nuevos temas y el cierre del escenario estará a cargo de Las Manos de Filippi. En el escenario de rock, ya se han anotado casi la totalidad de las bandas que tocarán desde el mediodía. Bandas de diferentes fábricas y frentes sindicales serán parte de la grilla que se está cerrando en las próximas horas. Deportes Como todos los años, en un amplio sector del parque se desarrollan las actividades deportivas, con campeonatos de fútbol masculino, femenino y de menores, con premios por campeonato y categoría, desde las 11 horas del domingo. También, se hará una clínica de hockey para los mas chicos y una maratón de 2 kilómetros, en un circuito especialmente diseñado. Recreación infantil Habrá un sector especialmente dedicado a los más chiquitos, con peloteros, camas elásticas, juegos y entretenimientos. Clowns, magos y payasos serán de la partida en uno de los rincones de nuestros picnics más concurridos y especiales. También habrá un campeonato de metegol y un yenga gigante. Compañeros realizarán maquillaje artístico a los chiquitos, harán sesiones de dibujo, y diferentes juegos y animaciones. Muestras Los compañeros del Ojo Obrero desarrollarán una muestra de fotografía y la preventa de su anuario de fotografía que condensa, todos los años, la actividad de más de treinta fotógrafos y artistas que han retratado las diferentes luchas del movimiento obrero y los oprimidos de nuestro país y Latinoamérica. Prensa Obrera montará un stand donde se podrán pedir copias de tapas de nuestro periódico -ya se lanzó por redes la iniciativa- y realizaremos una muestra de las tapas más significativas de este año. A su lado se montará la librería. Durante todo el día, habrá un bufet económico para proveer a los miles de personas que concurrirán y serán parte de todas las actividades.

Decenas de organizaciones participaron el pasado lunes de un acto frente a los Tribunales de Comodoro Py en reclamo de la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, contra quienes comenzó el juicio por haber participado de las movilizaciones contra la reforma previsional en diciembre de 2017, bajo los cargos de intimidación pública y atentado contra la autoridad, a lo que se suma la figura de lesiones graves en agresión contra Arakaki. El proceso lo lleva el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, encabezado por el juez Javier Ríos. Ambos luchadores han estado en este período bajo prisiones preventivas injustificadas que, en el caso del actor Arakaki (como en el de Dimas Ponce), se extendieron por un mes, y en el del petrolero Ruiz, por más de un año. Estuvieron presentes tanto el Partido Obrero y el PSTU como una gran cantidad de partidos de izquierda, sindicatos y agrupaciones y referentes de lucha por los derechos humanos. En el acto tomaron la palabra Arakaki y Romina Del Plá, diputada nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda; Ruiz y la dirigente del PSTU Nazarena Giles, y Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Arakaki señaló que "hoy estarán en el banquillo los miles de trabajadores que se movilizaron contra la reforma previsional" y, más en general, por "el derecho a la protesta social y las movilizaciones", lo que Ruiz contrastó -en diálogo con Prensa Obrera- con la falta de enjuiciamiento de "los responsables de ese hambre: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, los representantes del Fondo Monetario, que fueron los que dijeron que 'sea como sea' salga esto, con represión, con heridos. Tampoco los jefes policiales de la represión de ese 18 de diciembre". En el acto se denunció la gigantesca cacería desatada en esa oportunidad, que incluyó la detención de 63 manifestantes que en muchos casos continúan procesados, así como la posterior campaña difamatoria de Patricia Bullrich y los medios oficialistas contra estos luchadores y contra Sebastián Romero; algo que fue denunciado por Nazarena Giles, reclamando que se levante la millonaria orden de captura internacional contra ese obrero automotriz. A su turno, Arakaki marcó que "la legitimidad de nuestra lucha la muestran los levantamientos de los pueblos de Chile y de Colombia" contra los planes de ajuste, así como la batalla de los bolivianos contra el golpe derechista. En esta línea, la dirigente Del Plá ubicó que este juicio se inicia cuando hay un cambio de gobierno "pero se queda el FMI, el ajuste y el intento de imponer una reforma laboral", y señaló que "ni con procesos, ni con juicios ni con represión" van a frenar la lucha popular contra esas tentativas, que debe "abrir un curso hacia un gobierno de trabajadores". Por su parte, Nora Cortiñas valoró que Arakaki y Ruiz estaban ese diciembre "para defender a una parte del pueblo que somos olvidados por los gobiernos", las y los jubilados, y exigió a los jueces que siguen esta causa "que miren a la calle", en referencia al contundente acto que se desarrollaba por la absolución, señalando que "no queremos lecciones de cómo tiene que actuar el pueblo". A su turno, en diálogo con Prensa Obrera, el dirigente del PO Néstor Pitrola alentó a todo el movimiento popular a "cerrar filas para que el comienzo de este juicio (que va a durar mucho porque el Estado ha presentado decenas de testigos), sea el comienzo de una gran movilización por la absolución de Arakaki y Ruiz" y el cierre de las causas a todos los luchadores. Con estas potentes muestras de solidaridad, Arakaki y Ruiz ingresaron a los tribunales con la frente en alto. Según lo informado por el Tribunal, la audiencia se limitaba a la lectura de las acusaciones, pero el abogado del policía Brian Escobar, querellante en la causa, ofuscado, solicitó la nulidad del juicio porque no se encuentra integrado al mismo nuestro compañero Dimas Ponce, por encontrarse interpuesto un recurso de Casación contra la suspensión de juicio a prueba que fuera concedido por el juez Ríos a Dimas y Mariano Stansiona, otro de los acusados. El juez advirtió que no era el momento oportuno para hacer tales manifestaciones porque el juicio se inicia una vez que son leídas las acusaciones. "Lo recuso", contestó el abogado. El juez Ríos no permitió que continúe con el planteamiento, y se pasó a la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio. Durante la lectura del requerimiento, quedó clara la parcialidad de la fiscalía y la necesidad de construir un relato para condenar a César y Dimas, y en consecuencia, al Partido Obrero. La defensa de César formulará en la próxima audiencia las nulidades correspondientes a la instrucción del proceso judicial. Respecto de la nulidad planteada al inicio del juicio, se corrió traslado a las partes, oponiéndose a la suspensión el fiscal de la causa y la defensa de Ruiz, aunque cabe aclarar que el juicio, en caso de que el juez hiciera lugar al planteo, no se suspendería respecto del compañero del PSTU. La defensa de César deberá sentar su posición en la próxima audiencia que se llevará a cabo el lunes 2 de diciembre a las 14:30 horas en los tribunales de Comodoro Py. Convocamos a continuar con una fuerte campaña por la absolución de César Arakaki, Daniel Ruiz y todos los luchadores.

El paro general y las movilizaciones vuelven a Colombia luego de la masiva jornada del pasado 21 de noviembre, donde el pueblo salió a las calles a reclamar contra la reforma laboral en cartera, los planes de ajuste y la masacre de activistas sociales, entre otras reivindicaciones. La reciente muerte del joven manifestante Dilan Cruz, días después de que fuera impactado en la cabeza por un proyectil policial durante la represión a las manifestaciones del 21N, ha conmocionado al pueblo colombiano. Con sus 18 años, Dilan se había convertido en un símbolo de las protestas al ser uno de los primeros heridos por la brutal represión desatada por las fuerzas del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), dependiente de la Policía Nacional. De una familia de bajos recursos y en ausencia de sus padres, Dilan corporizó a la juventud colombiana carente de una perspectiva de desarrollo, en el cuadro de una educación de acceso restringido y un régimen laboral juvenil ultraprecarizado y escasa oferta. El día de su muerte debía recibir el diploma de graduación del bachillerato de Bogotá. Duque se ha referido al “caso de Dilan” como una “situación accidental y dolorosa” (Publimetro, 26/11), buscando desligarse de la absoluta responsabilidad de su gobierno en este asesinato y los de otros dos manifestantes: el Ejecutivo respondió a la movilización popular del 21N con un despliegue represivo en todo el país, en una nueva expresión de su política de hostilidad contra toda manifestación de lucha u organización de los explotados. Tras aquella movilización, Duque había implementado una “mesa de diálogo” con el Comité Nacional del paro, integrado por varias organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, para intentar descomprimir la tensión social. Pero ante la muerte de Dilan, se suspendieron las negociaciones y se reavivó el conflicto. Un dato a destacar es que las centrales sindicales se han visto desbordadas por la movilización popular. Tras el paro del 21, el titular de la CGT, Julio Gómez, había declarado: “El paro terminó (…) hoy tiene que volver la normalidad” (Clarín, 23/11). Duque no sabe qué hacer Luego de que el gobierno militarizara las principales ciudades de Colombia, allanara locales, cerrara las fronteras y protagonizara una dura represión contra los manifestantes, la contundencia del paro y las movilizaciones lo llevaron a anunciar algunas concesiones menores, buscando salvar con ellas el esquema antipopular que pretende aplicar en el país. Entre las medidas propuestas se destacan la devolución del IVA para las familias más pobres y la reducción del aporte a la salud que hacen los pensionados con un salario mínimo. El gobierno aspira a introducir estas modificaciones en la reforma tributaria que está discutiendo el Congreso, y que tiene como propósito rescatar la ley de financiamiento volteada por la Corte Constitucional, que implica nuevos beneficios fiscales para los empresarios e inversionistas. En esta línea de favores a los capitalistas, Duque incorporó en las medidas anunciadas incentivos a empresas “que generen empleo para los jóvenes”. Pero la agenda de los trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales e indígenas es mucho más amplia y profunda. Reclaman que el gobierno retire el proyecto de reforma tributaria y desista de sus proyectos de reforma laboral y jubilatoria; que no se privaticen las empresas públicas; que se cumplan los compromisos del gobierno de Juan Manuel Santos con estudiantes, indígenas y docentes. Un punto particular es la exigencia de que se desmantele el Esmad: fuerzas especiales, empleadas en la lucha contra las guerrillas, que desde su creación en 1999 ya acumulan 18 muertes a civiles, sólo en Bogotá, que se suman a las fechorías acometidas en la zona de Cauca, donde se concentra la mayoría de sus intervenciones. La mesa de diálogo de Duque está atravesada por intereses sociales contradictorios. No es casual entonces que las negociaciones volaran por los aires y que vuelva a recrudecer la lucha de clases en Colombia. El temor de Duque de que el despertar de los pueblos latinoamericanos se extienda a Colombia parece justificado. Con el 21N ha quedado expuesta la herida de una sociedad que acumula una profunda desigualdad social, crecimiento del desempleo, ataques a las comunidades indígenas y fuertes barreras para la juventud. La masividad de las protestas y el carácter de las reivindicaciones presentes demandan que el pueblo colombiano se organice para ir a fondo y derrotar a Duque, el imperialismo y los ajustadores. Se plantea la necesidad de asambleas populares y de la huelga general, para imponer una salida propia.