Prensa Obrera N° 1573

Si las rebeliones de Ecuador y, más aún, la de Chile, habían puesto la cuestión de la intervención de las masas en la agenda de la región, la resistencia obrera y campesina al golpe en Bolivia terminó de armar un escenario de polarización entre las tendencias de las masas y las salidas de la derecha, cada vez más ligadas a la represión y a la bolsonarización. Antes de asumir el gobierno, Alberto Fernández sufre el fuego cruzado de esa creciente polarización en América Latina entre las rebeliones populares y la derecha y el imperialismo. El balotaje uruguayo agrega nafta a ese escenario. Del otro lado se incorpora el paro general colombiano, que se presenta sin precedentes, contra los paramilitares, el paquetazo de Iván Duque y el FMI. Argentina, siendo la nación con la crisis capitalista más aguda en torno de la deuda, la recesión, la inflación y la desorganización económica de conjunto, se ha transformado en un campo minado para un gobierno que todavía no asumió. Las presiones del imperialismo en el marco de un default que avanza a generalizarse, como lo demuestra la caída de los bonos a precios basura (riesgo país en 2500 puntos), están haciendo mella en el presidente electo: en los últimos días ha cedido a la presión de Donald Trump para no abandonar el Grupo de Lima porque “sería una afrenta a Washington, cuando hace falta renegociar la deuda con el FMI” (El Cronista, 14/11). La descomunal caída de los bonos de deuda estaría reflejando, justamente, que el FMI se impondría en su política de una importante quita a la deuda privada para continuar sus desembolsos, sin los cuales Argentina entra en un default unilateral fuera de toda negociación. Este compromiso habría sido asumido por Fernández en su reunión secreta en México con Eliot Abraham, el hombre que capitaneó la frustrada operación en las fronteras venezolanas desde Colombia para quebrar el ejército de Nicolás Maduro y consolidar a Juan Guaidó. La desteñida reunión del Grupo de Puebla, realizada en Buenos Aires, es nada más que un foro de ex gobernantes, al lado del Grupo de Lima, que es el campo de operaciones para la intervención yanqui y del imperialismo en su conjunto en Venezuela. Claro que el golpe en Bolivia ha complicado este alineamiento “político” con Trump para garantizar el “acompañamiento” del FMI al nuevo gobierno. Por otra parte, en la larga conversación mantenida con el presidente Emmanuel Macron el sábado 9, Fernández habría aceptado la “sugerencia” de “flexibilizar el cepo cambiario para permitir el giro de utilidades a las multinacionales” (La Nación, 17/11) como condición para reconsiderar la total huelga de inversiones que hoy rige en el país. A la presión para mantener la dolarización de los combustibles, condición sine qua non de las petroleras, que han paralizado centenares de pozos en Vaca Muerta, se agrega garantizar una de las vías fundamentales de la fuga de capitales, el giro a las casas matrices. Esto en un país exhausto en materia de reservas. Un gabinete derechista El gabinete, que parece tener decidido in pectore -como solía decir el entregador mayor del peronismo-, se trata de un equipo notablemente derechista. Los nombres confirmados son Guillermo Nielsen, hombre directo del capital financiero y en particular de los fondos de inversión que operan en YPF; tres massistas: Felipe Solá (canciller), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y el “mano dura” Diego Gorgal, autor del proyecto de baja de edad de imputabilidad que suena en Seguridad; Claudio Moroni en el Ministerio de Trabajo, abogado que fuera jefe de la Afip y acompañante del presidente electo en su gestión menemista como contralor de las AFJP, muy alejado de los sindicatos, con las manos suficientemente libres para gestionar la agenda de la reforma laboral “sector por sector”. Santiago Cafiero, quien sería el jefe de Gabinete, ganó la confianza de Fernández en la campaña por Florencio Randazzo, en la que ambos militaron contra Cristina Senadora. Agustín Rossi en Defensa, ya fue probado como ministro de César Milani. Y cerrando la grilla confirmada, Wado de Pedro, el camporista de más diálogo con el pejotismo tradicional sería el encargado de Interior, para enhebrar el “gobierno con los 24 gobernadores” que prometió AF, una cruda confesión del carácter que tendrá su gobierno, asentado en quienes fueron sostenes fundamentales de los cuatro años de la catástrofe macrista, vía pacto fiscal, robo a los jubilados, presupuestos de ajuste, pacto con los fondos buitre y siguen las tropelías. Otros nombres en danza como Cecilia Todesca, Matías Kulfas o Mercedes Marcó del Pont no cambian el sentido de un gabinete que tendrá por eje el repago de la deuda, la agenda continental de la burguesía, la subordinación del movimiento obrero al Estado y el asistencialismo bancomundialista para amortiguar los efectos del nuevo “gradualismo” pejotista, ahora con aires nacionales y populares. Nicolás Trotta, un hombre de la universidad privada en Educación, y la puja de Juan Manzur para quedarse con un hombre de su confianza y las de los laboratorios en Salud, terminan de definir el contenido de clase del gabinete que se prepara. El Mercosur en picada La “pax cambiaria” del supercepo que acompaña la tensa transición en materia de contención social, ahora se ve amenazada por una fuerte devaluación del real en Brasil. El fracaso de la licitación petrolera de la plataforma presal del país hermano, donde sólo se presentaron capitales chinos, se agrega a los factores que han hecho desembarcar de lleno las guerras comerciales, las disputas geopolíticas y las devaluaciones en América Latina. El dólar “razonable” puede quedar como papel mojado en este cuadro. La devaluación agrava las disposiciones de ruptura del Mercosur adoptadas por Bolsonaro. El plan de incrementar las retenciones que tiene en carpeta Alberto Fernández y que empezó a descontar el capital agrario, creando este “veranito” de liquidación de cosechas. Aunque las patronales del campo bien pueden forzar más devaluación para licuar las retenciones. Pero los planes de financiamiento del repago de la deuda cualquiera sea el “modelo” de default, apuntan invariablemente a los jubilados. De la eliminación de la movilidad basada en el costo de vida (en un 70%) y de la “disponibilidad” del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que ya ha sido bombardeado por las devaluaciones y la caída de los bonos soberanos, depende la perspectiva de achicamiento del déficit fiscal. El plan es acompañar la eliminación de la “nominalidad” inflacionaria de los salarios, con jubilaciones que sigan a los salarios, desde atrás, por supuesto. Pacto social, mesa del hambre y aborto Este es el escenario del pacto social para el que se tiene que preparar el movimiento obrero. Héctor Daer se ha transformado en el gran eje de subordinación del conjunto de los sindicatos, como arquitecto del pacto social. Su primera definición es criticar cualquier cifra como la del 35% de aumento que circuló y luego desechar un bono de fin de año, cosa que quedará “según las posibilidades de las empresas, afectadas por el parate económico”. Al servicio de este pacto social reaccionario está la “mesa del hambre” a la que convocaron a los empresarios de la alimentación para armar el negocio de la “tarjeta alimentaria”. Para ese emprendimiento, Arroyo promete 40.000 millones de pesos en 2020 contra los 27.000 gastados este año, un monto que probablemente no alcance la inflación prevista, y menos en alimentos. En cualquier caso, más política bancomundialista para amortiguar los planes del FMI. El “desgaste” que pretendió evitar la designación anticipada del gabinete y la definición de qué será exactamente el pacto social y la política económica, sin embargo, está en marcha. Las rebeliones de los obreros, los campesinos y los explotados de América Latina aceleran los tiempos y las contradicciones de la coalición conservadora pejotista que ganó las elecciones. Las maniobras emprendidas en torno de la cuestión del aborto apuntan a disimular esas contradicciones con la bandera de la “ampliación de derechos”. Sin vacilaciones, tenemos que movilizar con todo por la aprobación de la ley que tuvo media sanción, para enfrentar toda maniobra de compromiso con el clero y el evangelismo. Y alertar a los trabajadores sobre el enorme lugar que Alberto Fernández da a las iglesias, que vienen siendo grandes animadoras del golpismo regional. Un programa de los trabajadores ante la crisis Ante la movilización de despedida que la derecha macrista prepara el 7 de diciembre para acompañar la agenda golpista en América Latina, la Plaza de Mayo de festejo que prepara el peronismo ante la asunción es para asegurar la desmovilización social ante la crisis capitalista, no para enfrentarla. Junto a la acción de lucha movilizadora para derrotar el golpe en Bolivia y contribuir a la victoria de la rebelión chilena, tenemos que desenvolver un programa de los trabajadores ante la crisis: que se reabran todas las fábricas cerradas en los últimos dos años, que se repartan las horas de trabajo disponibles, que el salario sea elevado al valor de una canasta familiar y las jubilaciones en proporción, que se abran los libros de los formadores de precios al control obrero; no al pacto social; repudio de la deuda externa y ruptura con el FMI, nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos; ruptura de los acuerdos del Mercosur con Israel y la Unión Europea. Reclamemos y organicemos asambleas fabriles, sindicales y populares con estos objetivos. Llamamos al FIT-Unidad y al Plenario Sindical Combativo a poner en marcha iniciativas en pleno diciembre marcando este rumbo a toda la clase obrera.

El Congreso Nacional del Polo Obrero se desarrollará en las vísperas de la asunción de un nuevo gobierno en la Argentina. Es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, es decir el gobierno del peronismo. La transición luego de la derrota de Macri ha ido marcando y delineando el futuro gobierno de Alberto Fernández. Luego de las elecciones generales se ha producido un brutal ataque a las condiciones de vida de las masas, ya golpeadas por una devaluación, un proceso inflacionario y una fuga de capitales que profundizó la bancarrota económica. Todo esto ocurrió sin que el candidato ganador ni sus aliados produjeran una sola declaración contra la ofensiva en regla que desató Macri. El próximo gobierno consolidará el ajuste en beneficio de la banca acreedora descargando las crisis capitalistas sobre los trabajadores. Lo que algunos diarios han titulado como “el trabajo sucio” que viene realizando Macri, se produjo con la aprobación de Fernández y la anuencia de la CGT y las CTAs, que ni siquiera pedirán un bono de fin de año. Un nuevo estudio del observatorio de la UCA ha mostrado un nuevo crecimiento de la pobreza, el dato destacado de este trabajo es que involucra a cientos de miles de trabajadores en blanco y a jubilados que cobran por debajo de la línea de pobreza. El Congreso del Polo Obrero abordará fundamentalmente una caracterización del nuevo gobierno. Han colocado en el Ministerio de Economía a un hombre de los mercados financieros como una señal clara de que se apresta a desenvolver una negociación para garantizar el pago de la deuda. El plan asistencialista que está concertando con personalidades artísticas y organizaciones es un complemento de esa política de ajuste. Así lo han sido los planes asistencialistas durante el gobierno de Cristina y los cuatro años de Macri. La política de la burguesía, lejos del “hambre cero”, es lograr una contención relativa, con migajas que no permiten llegar a la canasta básica, para hacer pasar el ajuste que reclaman las patronales, el FMI y el imperialismo, para recomponer los negocios y las ganancias en la Argentina a costa de las condiciones de vida de los trabajadores. El plan plantea, por un lado, la continuidad del asistencialismo, haciendo pasar por el tamiz del Estado a los desocupados para ser incorporados a un sistema de tarjetas para la compra de alimentos que, por el presupuesto dispuesto, ya se ve que va a ser insuficiente para que lleve a una familia a fin de mes. El otro objetivo de esto es beneficiar a los grandes supermercados, por eso no sorprende que en la publicitada reunión para lanzar el plan estuvieran, en primer lugar, las cámaras del sector. El Estado podría producir o comprar alimentos a un costo mucho menor, sin pagar el fabuloso sobreprecio de los empresarios. El Congreso del Polo se planta contra el pacto social Es claro que para hacer pasar estos planes, Fernández cuenta con la burocracia sindical y con el triunvirato de San Cayetano. Como ya denunciamos en Prensa Obrera online, cuando les prometió profundizar la “economía social”, quiere decir más precarización laboral. El instrumento de esta política es la integración de las organizaciones de los trabajadores, junto al gobierno y las patronales al llamado pacto social. En este cuadro político se están desenvolviendo los debates en los plenarios precongresales del Polo Obrero en casi todo el país en asambleas y plenarios en 19 provincias. Luego de cada debate, miles de compañeros están votando los delegados que enviarán al Congreso Nacional. Desde Tierra del Fuego a Salta se han discutido estos problemas, llegando a concluir en la necesidad de levantar un programa político para la nueva etapa, un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha frente a lo que caracterizamos como la continuidad del ajuste. Han habido importantes debates en los plenarios de Neuquén capital y Plottier, donde se ha desarrollado una enorme lucha por el trabajo genuino, por la organización de la juventud contra el gatillo fácil y por los derechos de las mujeres y las minorías. En Plottier, los compañeros de la comunidad boliviana que integran el Polo remarcaron la necesidad de la lucha contra el golpe en Bolivia. También hubo plenario en el novísimo Polo de Zapala, que hace apenas unas semanas irrumpió con un multitudinario corte en la ruta con acampe sobre la ruta por varios días, lo que obligó a las autoridades municipales y al gobierno provincial abrir una vía de negociación para atender y asistir a las miles de personas que no encuentran trabajo y no tienen ni siquiera asistencia social en una de las provincias más ricas del país. En Córdoba, el sábado 16, el teatro de Luz y Fuerza, con capacidad para 800 personas, fue desbordado por los compañeros del Polo local. Luego del informe de la Mesa Nacional se produjo un rico debate con más 15 intervenciones. Se destacó la lucha de la juventud del Polo Obrero para reconstituir junto al Partido Obrero los centros de estudiantes destruidos por la política de colaboración de las corrientes del nacionalismo burgués y del macrismo. Las compañeras bolivianas también dieron cuenta de la gravísima situación en su país y debatimos sobre la responsabilidad del MAS y de Evo en el avance del golpismo. Se hicieron presentes y contaron su experiencia delegados de la enorme lucha victoriosa de una toma que conquistó la vivienda para cientos de familias con una enorme lucha contra el desalojo. Ese mismo fin de semana, miembros de la Mesa Nacional estuvieron presentes en una reunión con un núcleo de compañeros provenientes de una organización social de la capital de La Rioja, con los cuales iniciamos un debate para la constitución del Polo Obrero en la provincia. En Tucumán, el sábado 16, cientos de compañeros en el plenario provincial hacia el Congreso nacional del Polo Obrero se reunieron para debatir la situación política y sus tareas. Con la intervención de muchos jóvenes, de la comisión de mujeres del Ingenio Santa Bárbara, de despedidos del Ingenio San Juan y de delegados y activistas de las asambleas de San Miguel de Tucumán se votaron delegados y se discutieron actividades financieras para costear el viaje. En el mismo fin de semana se reunió el plenario del Polo de Salta y discutió un empadronamiento masivo de desocupados, una campaña en los barrios por la educación sexual, la constitución de la juventud del Polo Obrero y se votaron los delgados al Congreso. En la provincia de Santa Fe se hizo un plenario en Villa Constitución con casi 100 compañeros recicladores de la ciudad, que pelean por mejores condiciones laborales en los acuerdos con el municipio. La mayoría de los compañeros provienen del MTE, con el cual rompieron por los manejos punteriles de quienes encabezaban dicha organización. Debatimos sobre la lucha por las reivindicaciones inmediatas (continuidad laboral, convenios, compra del material reciclable recolectado, etc.) y la lucha de fondo, con la cual encabezamos nuestros reclamos que es el pase a planta. También se discutió nuestra posición frente al embellecimiento del trabajo precario bajo el nombre de "Economía Social". También en Rosario, compañeros de asambleas de distintos barrios de la ciudad debatieron el informe, el impulso a la formación de la Juventud, el desarrollo del Polo (empadronamientos) y un plan de lucha local ante el próximo gobierno. Participaron también compañeras de San Lorenzo, donde tenemos el objetivo de formar el Polo Obrero. Párrafo aparte merece la enorme movilización del Polo Obrero de Misiones: en Eldorado, más de 1.200 compañeros, tareferos, precarizados y desocupados de esa localidad llenaron la plaza central. Una verdadera conmoción en una ciudad de menos de 60 mil habitantes. Se debatió intensamente la situación local marcada por la enorme desocupación y la precarización laboral que denuciaron los tareferos. En Oberá, un Polo en crecimiento votó sus delegados y un plan de desarrollo. En Chaco se realizó un plenario en Pampa del Indio, cerca del Impenetrable, con originarios que volcaron sus experiencias en la lucha por la tierra y la vivienda y eligieron sus delegados. En Resitencia se debatió la necesidad de la formacion politica de la nueva vanguardia del Polo y la lucha por la tierra y la vivienda. En los días siguientes se realizarán plenarios en la Ciudad de Buenos Aires y provincia y en las regionales del interior que aún no lo hicieron. El Congreso ya ha tomado un impulso muy importante que se plasmará en en los más de 1.000 delegados de 19 provincias que se paran frente a la nueva etapa con un planteo político, un programa y elaborando un plan de lucha mediante un congreso de bases piquetero para enfrentar los planes fondomonetaristas. Abajo el pacto social antiobrero. Luchemos contra el ajuste del FMI y los gobiernos patronales.

El real ha llegado a su mayor nivel de depreciación desde que se creó en 1994. Superó la barrera de 4,20. Al explicar las causas, ha quedado desplazada a un segundo plano la cuestión de la deuda brasilera. Sin embargo, la misma tiene un carácter explosivo. La deuda pública asciende a 1,4 billones de dólares y lo más importante es que viene creciendo en forma vertiginosa. Brasil ha ido refinanciando esta bola de nieve apelando a renovaciones sucesivas. Pero con la crisis mundial, los vientos están cambiando: las fuentes de financiamiento se están estrechando; los prestamistas son más reticentes a otorgar créditos o ampliarlos, a lo que se une un retiro de capitales de los países periféricos. Brasil se ha visto obligado a emitir en forma creciente, lo que está en la base de esta depreciación del real. Como se ve, Argentina no es una excepción. La crisis de deuda atraviesa a toda América Latina. Lo que es más grave es que todo indica que esto es sólo el comienzo. La escapada del dólar podría ser más pronunciada. Una devaluación persistente de la moneda brasileña afectaría seriamente los activos locales del país vecino, empezando por los bonos, que podrían estar sometidos a una sensible desvalorización. Ya hay quienes advierten sobre la amenaza de un cimbronazo en la Bolsa paulista. Por el peso de Brasil en América Latina, esto tendría un gran impacto en toda la región, arrastrando las cotizaciones de los títulos de los países más débiles y vulnerables, empezando por Argentina. La corrida del dólar ni siquiera fue detenida por la reciente aprobación de la reforma jubilatoria. El gobierno de Jair Bolsonaro tropieza con los mismos límites y condicionamientos que provocaron el derrumbe del macrisimo. Brasil no ha sido inmune a la guerra comercial y al hecho de que la economía mundial marcha a una recesión. La política del ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, apunta a sortear las crecientes trabas comerciales y proteccionismo reinante, acelerando tratados de libre comercio, en especial con Estados Unidos. Una de las primeras consecuencias consistiría en bajar el arancel común hoy vigente en el Mercosur para terceros países, lo que significaría un golpe de gracia al mismo. La apertura, sin embargo, no asegura las inversiones. El gobierno venía celebrando anticipadamente lo que sería la entrega de petróleo “más grande de la historia”. Con ella pretendía recibir 105 millones reales (25.700 millones de dólares), pero tuvo que contentarse con 70 millones. Este balde de agua fría tendría que ver con el boicot que habrían llevado adelante las petroleas norteamericanas y europeas. El motivo sería la resistencia de los pulpos al régimen de “reparto” aún vigente, por el cual el ganador de las licitaciones debe entregar un porcentaje-piso de las ganancias. En medio de estas tensiones quienes terminaron siendo los adjudicatarios fueron Petrobras y, en menor medida, empresas chinas, como CNOOC y CNODC. La disputa comercial entre Estados Unidos y China se ha traslado de lleno a suelo brasilero. Las licitaciones petroleras son uno de esos eslabones. Bolsonaro se ha visto obligado a arbitrar en medio de esta guerra de buitres. Por más alineamiento con Estados Unidos que tenga, el gobierno no puede sustraerse al hecho de que China es el principal destinatario de las exportaciones brasileras y uno de sus principales inversores. Bolsonaro también ha prometido un acuerdo de libre comercio al gigante asiático en la reciente visita de Xi Jinping a Brasil, aunque el peligro que se abre es que los movimientos para un lado y para el otro terminen anulándose entre sí y no conformando a ninguna de las partes. Lo cierto es que la ola aperturista de Brasil ha puesto en alerta a los industriales del país vecino. La federación patronal paulista (FIESP) ha advertido contra una apertura indiscriminada. El temor fundado de la poderosa burguesía industrial brasilera es ser barrida por la competencia. Y también, en este marco, los industriales han salido en defensa del Mercosur. “La FIESP siempre apoyó al Mercosur y cree que los problemas de funcionamiento del bloque deben superarse por consenso” (La Nación, 2/11). Esto se da en momentos en que Guedes ha amenazado con abandonar el Mercosur, luego del triunfo peronista en Argentina. Alberto Fernández debería poner las barbas en remojo porque, en este contexto, el modelo devaluacionista tiene patas cortas. Esta política está condenada al fracaso cuando se acentúa la guerra monetaria, como prolongación de la guerra comercial y, por lo tanto, una carrera de devaluaciones competitivas entre las diferentes naciones. La devaluación del real, por lo pronto, encarece los productos argentinos y, en esa medida, pone un freno a las exportaciones de nuestro país. Incluso, en caso de persistir una desvalorización del real, podría terminar provocando un vuelco en la balanza comercial, que en este momento es superavitaria para Argentina. Un régimen entre las cuerdas La devaluación de la moneda da cuenta del creciente impasse económico. Brasil apenas va a crecer un 1 ó 2%, mientras se acumulan los desequilibrios explosivos, empezando por la deuda, como ya señalamos. El fracaso de las licitaciones ha potenciado este cuadro, pues el gobierno contaba con esos fondos para hacer frente a la deuda. El déficit fiscal ya en la actualidad asciende al 7% y no se puede tirar mucho más de la cuerda. Ni siquiera ha logrado aplacar el nerviosismo por la reforma jubilatoria, cuyos efectos, por otra parte, se van a ir viendo más a mediano plazo. Esto es lo que explica el afán del gobierno por acentuar el ajuste en otros planos. El Ejecutivo ha enviado al Congreso un paquete de leyes que apuntan a recortar los salarios y condiciones de trabajo de los empleados públicos y en los servicios. La entrega de fondos a los estados (provincias) estará condicionada a que cumplan con metas de ajuste fiscal. Pero este paquete implica un ataque de grandes proporciones, lo cual plantea una nueva prueba de fuerza con los trabajadores y la juventud de Brasil. Esta nueva pulseada se va a procesar en medio de un escenario de rebeliones populares en América Latina. Entre los motivos de la devaluación de la divisa brasilera, diferentes analistas destacan, precisamente, la “inestabilidad política” de la región. Hay un temor fundado por el efecto “contagio” de conflictos regionales que han detonado frente a planes de austeridad similares a los que pretende llevar el gobierno de Brasilia. Un anticipo es la rebelión educativa que ha tenido lugar meses atrás con motivo de los recortes en educación. Ni qué hablar que una rebelión popular en Brasil terminaría por desestabilizar políticamente al conjunto del continente. Este empantanamiento y crecientes contradicciones económicas están en la base del deterioro político de Bolsonaro. Los enfrentamientos entre el ex capitán de navío y los grandes medios de comunicación, así como la fractura y divisiones de su partido de origen -el PSL- son un reflejo del rechazo a su gobierno por grandes franjas de la burguesía. La liberación de Lula es otra expresión del debilitamiento creciente del régimen en medio de denuncias que se filtran de que la condena al referente del PT fue un operativo orquestado por el juez Sergio Moro y actual ministro de Justicia con los servicios de inteligencia. Bolsonaro se ha visto salpicado también por las denuncias sobre sus vínculos con uno de los que ejecutaron el asesinato de Marielle Franco, concejal del PSOL. Bolsonaro viene erosionando su base apoyo. La aprobación del presidente bajó del 49 al 31% actual. Ni siquiera ha podido remontar la situación con la sanción de la ley jubilatoria. “No fue el gobierno de Bolsonaro sino el Congreso el que redactó la reforma de pensiones recientemente aprobada” (DW, 28/10). “Hoy estamos operando con un semiparlamentarismo”, asegura el sociólogo Demétrio Magnoli (ídem). En medio de este cuadro, Lula ha anunciado que empezará a recorrer el país con la mira puesta en las elecciones de 2022. Estamos ante una réplica del "hay 2018", una película que terminó como es sabido, con Lula condenado y encarcelado y el triunfo de Bolsonaro. El hecho de que Lula practique un discurso más “encendido” contra Bolsonaro no puede ni debe encubrir el hecho de que el PT y sus aliados sindicales, empezando por la dirigencia de la CUT, están dejando pasar la ofensiva que viene llevando adelante el gobierno. La situación reclama una respuesta ccolectiva de la clase obrera. Y esto pone sobre el tapete la necesidad de un Congreso de bases de los sindicatos y centrales obreras, que incorpore a la juventud y los movimiento sociales para impulsar un plan de lucha hasta derrotar la ofensiva de Bolsonaro. Al mismo tiempo, sería la oportunidad para discutir un programa de salida a la crisis. La esperanza de volver a la "bonanza” y el equilibrio logrado en la época lulista son infundadas, no tienen una base "realista" en medio de un escenario dominado por la crisis capitalista internacional. Se trata del retorno a un pasado inviable. El porvenir pasa por una transformación integral de Brasil sobre nuevas bases sociales, tarea que está reservada a los trabajadores que deben catapultarse como alternativa de poder.

Nuestra región está convulsionada por los duros choques sociales en curso. En Puerto Rico, la movilización hizo caer al virrey colonial yanqui. En Ecuador, una rebelión hizo retroceder el ajustazo ordenado por el FMI. Colombia va al paro general contra el paquetazo de Duque y el FMI. Hace cinco semanas, Chile vive una insurrección contra el régimen ajustador de Sebastián Piñera. Han ensayado una durísima represión contra los manifestantes. También recules parciales y un acuerdo de paz social y reformas constitucionales con la oposición parlamentaria. El movimiento de lucha, sin embargo, no se ha aplacado. Le disputa la calle a los carabineros. Organiza asambleas populares. Tiene claro que no hay que parar hasta hacer caer al gobierno de Piñera y todo el régimen político y legal continuista de la dictadura de Pinochet. El golpe en Bolivia, organizado por los Trump, Macri y Bolsonaro, reconocido por Merkel y Putin, no logra hacer pie. Evo Morales facilitó la renuncia a pedido del Ejército y la Policía. Los diputados del MAS organizan un “diálogo” con el régimen golpista. Pero las masas siguieron otro camino, sublevándose contra los golpistas. Bloquean rutas y centros de abastecimiento en todo el país. La conmoción llegó al ejército, que sufre deserciones frente a las órdenes de represión y las masacres de Sacaba y Senkata. Existe un claro hilo conductor. El imperialismo quiere hacer frente a la recesión mundial apretando las clavijas del saqueo económico a regiones dominadas como las nuestras. En Argentina, el nudo del default sigue tirante. La presidenta del FMI ha dicho que el nuevo gobierno debe “mantenerse dentro de los límites presupuestarios”. Condiciona un desembolso a la continuidad del dé cit cero que Macri no logró imponer. Cualquier reprogramación y aún quita de la deuda privada, supondrá nuevos golpes a las masas. El destino del continente está en juego. La pelea en Chile y Bolivia es contra los mismos buitres que actúan sobre la Argentina. Ganemos las calles por su victoria. Por un paro general de toda la región para que se vayan los gobiernos asesinos de trabajadores de Bolivia y Chile. Que la crisis la paguen los capitalistas. Por gobiernos obreros y campesinos, en la perspectiva de una América Latina unida y socialista.

El Partido Obrero realizó el viernes 15 un acto frente a la Embajada boliviana en repudio al golpe de Estado. Hablaron Romina Del Plá (diputada nacional del FIT-U y dirigente del PO), Gabriel Solano (legislador porteño y dirigente del PO), Natalia Reyes (integrante de la Asamblea de chilenos en Buenos Aires), y compañeras y compañeras de la comunidad boliviana. Tomaron la palabra Eliz, del Polo Obrero de Esteban Echeverría; Patricia, de la Villa 20; Julio, de Lugano, y Nancy, de la Villa 1-11-14 -todos del Polo Obrero de Capital-; Bianca, docente en Caballito, y Elizabeth, del Polo de La Matanza. “Reivindicamos el frente único con todos aquellos que estén dispuestos a luchar para enfrentar y derrotar el golpe de Estado en Bolivia. Hemos planteado a las centrales sindicales, a la CGT, a la CTA, que deberían convocar junto a las centrales sindicales del resto de América Latina un paro regional para enfrentar en forma práctica el golpe que viene a consolidar los intereses de las patronales y del FMI”, dijo Romina Del Plá. En tanto, Gabriel Solano responsabilizó a Mauricio Macri como cómplice del golpe de Estado. También cuestionó al Grupo de Puebla, que reúne a sectores centroizquierdistas y nacionalistas del subcontinente, por sus llamados a la defensa de la “institucionalidad”. “Estos progresistas quieren cumplir la función de dejar pasar el golpe”, señaló. Solano también hizo una referencia crítica al papel de Evo Morales y el MAS en el proceso. “No es momento de renunciamientos -dijo-, sino de una lucha a fondo para triunfar y derrotar a los golpistas". “Vienen a saquear nuestros recursos. Vienen por el litio”, denunciaron las compañeras y compañeros de la comunidad boliviana. Pero, dijo, “nos estamos organizando, no vamos a permitir que nos silencien nunca más”. Natalia Reyes, de la Asamblea de chilenos en Buenos Aires, trazó una contundente denuncia del régimen que el pueblo chileno ha desafiado en las calles. “El aumento de la tarifa del metro -dijo- fue sólo la gota que rebalsó el vaso de años de opresión”.

En un nuevo capítulo de su giro político, Alberto Fernández acaba de anunciar que presentará su propio proyecto de legalización del aborto. Luego de haber ignorado el tema durante la mayor parte de la campaña electoral -durante la cual sostuvo que el aborto legal no era un tema “urgente” ni prioritario en su agenda-, pasó del planteo de la despenalización (una devaluación del reclamo) a pronunciarse en favor de la legalización desde México; luego participó de la actividad de presentación del libro sobre el emblemático caso de Belén, y ahora anunció que desde el Poder Ejecutivo enviará un “proyecto propio” al Congreso. Según se difundió en los medios, Alberto declaró que descarta que se trate el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto antes de fin de año, como reclamó Romina Del Plá, llamando la atención sobre que la nueva composición del Congreso será más desfavorable. También planteó que “no tiene que haber dos pañuelos”, insistiendo en una reconciliación entre pañuelos verdes y celestes -como si ignorase el carácter fascistizante que representa la política de las iglesias en esta materia. La presentación de un proyecto distinto al de la Campaña tiene un sentido particular, ya que en lugar de mejorarlo -como podría ser a través de extender las semanas de gestación para la legalización completa o anunciar con el mismo la producción de misoprostol por parte del Estado-, servirá para consensuar con el clero una ley que, según recientes palabras de un ex embajador argentino en el Vaticano e integrante del Frente de Todos, es “irreversible”. Somos partidarios de la más amplia legalización, hasta las 22 semanas de gestación (ley inglesa) y de excluir por completo la práctica del Código Penal e impedir el uso del “homicidio agravado” para estos casos, lo que es una premisa fundamental contra todo tipo de criminalización y persecución de las mujeres y los profesionales de la salud que garantizan derechos. No obstante, corresponde hacer un frente único para apoyar la legalización y por eso acompañamos el proyecto de la Campaña, que plantea la legalización hasta las 14 semanas de gestación y no reconoce la objeción de conciencia. Aborto legal y reforzamiento de las iglesias El presidente electo, mientras hace estos anuncios, al mismo tiempo convoca a las iglesias a ser una pata fundamental del pacto social, adelantando que se viene una mayor injerencia del oscurantismo clerical en todos los niveles del Estado. Participa de la presentación del libro por Belén, pero refuerza sus vínculos con el gobernador tucumano Juan Manzur que la sostuvo presa -quien ocupará un lugar central en el próximo gobierno, e incluso pugna por colocar a un hombre de su confianza en el nuevo Ministerio de Salud. Lo mismo vale para su apoyo a Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, que inaugura monumentos a la Biblia y se muestra todas las semanas junto a evangélicos y católicos. La lista sigue. Salida “a la uruguaya” En Uruguay, la legalización que se aprobó con Mujica es una muestra del intento de conciliar este derecho con el sostenimiento del poder de las iglesias. Abarca hasta las 12 semanas y la persona que quiere interrumpir un embarazo debe atravesar un proceso de consultas, primero con un médico, luego con un “equipo interdisciplinario de al menos tres profesionales” de distintas áreas, integrado por todos los profesionales que así lo deseen “sin discriminaciones de ninguna naturaleza” -es decir, sin excluir a los fanáticos religiosos empeñados en obstaculizar derechos para las mujeres y disidencias. Ese equipo está facultado para intentar hacer desistir a la mujer de su decisión y le impone un “período de reflexión mínimo de cinco días”. Entre otras cosas, los profesionales deben “entrevistarse con el progenitor” -como si la decisión de la mujer no fuera suficiente. La ley excluye tácitamente a las migrantes que no tengan residencia legal y, para completar, habilita expresamente la objeción de conciencia institucional y a nivel individual -una regresión jurídica que avala la anteposición de prejuicios religiosos al derecho a la salud, y que en nuestro país impacta directamente sobre millones de mujeres que dependen de la atención de sus obras sociales o prepagas. En algunos departamentos enteros sólo hay médicos objetores de conciencia (como en Salto), por lo que no se garantiza el acceso al aborto. Sin ignorar el avance que representa el hecho de que las mujeres tengan acceso al misoprostol por la vía legal, estas concesiones del gobierno de Mujica al clero son objeto de un debate planteado en el país vecino. Telón de fondo y tareas para el movimiento de lucha ¿Qué cambios operaron para explicar el giro por parte del nuevo presidente? Una Latinoamérica en llamas. Especialmente, la rebelión popular en Chile y la heroica resistencia del pueblo boliviano al golpe de Estado se configuran como una amenaza para el dominio del capital financiero en toda la región. Para un hombre como Fernández, que pretende gobernar de la mano del FMI y deberá aplicar una agenda antiobrera, el “efecto contagio” de las luchas que sacuden el continente es una preocupación de primer orden. Mientras el sistema de salud, público y privado siga colonizado por agentes clericales, aún la ley más perfecta puede ser sorteada, como ya ocurre con la Ley de Educación Sexual integral, o con el propio acceso al aborto en el resto del mundo, cuya práctica es denegada a través de la objeción de conciencia. Toda ley debe ir de la mano de la movilización popular, y no del “abandono de las calles” que nos pide el nuevo presidente. Defendamos la conquista del mejor instrumento legal que podamos arrancar con la movilización popular y rechacemos todo intento de reforzar las alianzas con las iglesias, que no sólo son enemigas de los derechos de las mujeres sino, como se ha demostrado en América Latina, activas participantes de procesos golpistas como en Brasil y en Bolivia. En esos países, tanto el PT como el MAS subestimaron el poder del clero y les otorgaron grandes beneficios, para terminar luego siendo víctimas de las iglesias reaccionarias.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, a cargo del juez Javier Ríos, fijó la fecha para el inicio del juicio oral contra el militante del Partido Obrero, César Arakaki, y el militante del PSTU, Daniel Ruiz, para el próximo 25 de noviembre a las 14:.30 horas, en la sede de Comodoro Py. A ambos se los enjuicia por haber participado de las manifestaciones contra la reforma previsional de 2017 y enfrentar cargos por intimidación pública y atentado contra la autoridad. Sobre César Arakaki, además, pesa la figura de lesiones graves en agresión. El fiscal a cargo, Juan García Elorrio, bajo la excusa de defender la institucionalidad, se ha propuesto condenar a los compañeros como una advertencia para todos aquellos que se movilizan. Esta línea fue impuesta desde el Ejecutivo Nacional cuando Patricia Bullrich, ministra de Seguridad había advertido que se reprimiría cualquier tipo de manifestación. César Arakaki y Dimas Ponce estuvieron bajo prisión preventiva injustificada y arbitraria durante un mes. Daniel Ruiz, por su parte, se mantuvo en esa situación durante más de un año. Mientras tanto, Sebastián Romero sigue siendo perseguido y sobre él pesa una orden de captura internacional. La criminalización de la movilización popular comenzó el 14 de diciembre, donde se desató una cacería de militantes y una brutal represión desplegada por el aparato represivo del gobierno, que concluyó con la detención de 50 manifestantes. La masiva movilización abrió una crisis en el Congreso de la Nación, logrando que varios diputados se abstuvieran de otorgar el quórum necesario para que se pueda sesionar. Lejos de amilanar la movilización, cuatro días después fueron cientos de miles quienes acudieron a las inmediaciones del Congreso, aquel 18 de diciembre de 2017, contra la confiscación y el saqueo a los jubilados. En esta jornada, nuevamente se reprimió y detuvo a otros 63 compañeros. Muchos de ellos continúan procesados. Las jornadas del 14 y 18 de diciembre truncaron los planes del gobierno de Mauricio Macri de llevar adelante la reforma laboral. La crisis al interior del conjunto de los gremios llevó a que la propia burocracia de la CGT le quitara la firma al proyecto de ley que estaba en curso. Ahora este juicio viene a empalmar con importantes procesos de movilización en gran parte de Latinoamérica, empezando por los que protagonizan el pueblo chileno y boliviano. No es un dato a ignorar que cuando los pueblos se levantan contra las políticas de ajuste y austeridad, en nuestro país se intente condenar a quienes osaron manifestarse contra las mismas injusticias. Por esto mismo se trata de un juicio que concita el interés de todos los luchadores y activistas que defienden las libertades democráticas y por todo el pueblo que lucha contra el hambre, la miseria, el ajuste y la represión en nuestro país. En América Latina, los trabajadores vienen dando enormes luchas contra el ajuste del FMI y el imperialismo. A este “juicio testigo” contra los trabajadores y su lucha debemos derrotarlo con la movilización popular y con una gran campaña política de pronunciamientos, actos, jornadas de lucha y de solidaridad con los compañeros criminalizados. • Absolución de Arakaki, Ruiz y todos los luchadores. Basta de persecución a Sebastián Romero. • Por el cierre de las causas a todos los luchadores criminalizados por la jornada del 18D. • Abajo el ajuste, la criminalización y la represión. • Fuera el FMI y los yanquis de toda América Latina.

La ocupación de la planta de Bernal de Kimberly Clark cumple dos meses. Una firme lucha de los papeleros por los puestos de trabajo, que incluye un acampe solidario por el que pasaron cientos de compañeros, trabajadores de diferentes gremios y agrupaciones. Un fondo de lucha alimentado por aportes importantes recolectados en lugares de trabajo, universidades del conurbano y la UBA. Una mención aparte merecen los trabajadores desocupados y jóvenes organizados en el Polo Obrero que, a la vez, protagonizan luchas por sus propias reivindicaciones sin descanso. Una verdadera muestra de acción clasista para que triunfe una ocupación de fábrica a la que la burocracia de todos los pelajes quiere llevar al aislamiento. En esa lista de cómplices de la patronal el primer lugar lo ocupa el gobierno saliente y la devaluada Secretaría de Trabajo, que no tuvieron ninguna intención en estos dos meses de buscar una salida positiva a un conflicto que involucra 200 puestos de trabajo. Todo el trámite del Procedimiento Preventivo de Crisis, con audiencias que no iban a ningún lado, tuvo por finalidad generar un desgaste favorable a la presión que la empresa volcaba sobre los trabajadores para lograr retiros voluntarios. Ante la evidencia de que lo hecho hasta ahora no es suficiente para quebrar a los trabajadores, esta última semana se sumaron la fiscal Jimena Santoro y el juez Nolfin, como ariete de la denuncia penal por usurpación que presentó la multinacional yanqui. Pretenden convertir un conflicto laboral en un hecho delictivo. El delito sería la pretensión de desafiar el despotismo empresario y luchar por mantener sus fuentes de trabajo en un cuadro de cientos de miles de despidos, cierres de fábricas y recesión. La mediación que promovió la fiscalía (a la cual accedieron los trabajadores) fue una farsa. La patronal no quiso sentarse en la mesa con los afectados y no llevó ninguna propuesta diferente a la exigencia del desalojo. Los papeleros defendieron la viabilidad de la planta e informaron a la Justicia algo que ya han dado a conocer en múltiples actividades públicas, movilizaciones y un Papelazo en Plaza de Mayo: un plan de continuidad productiva, que fue presentado a futuros funcionarios del gobierno electo y próximo a asumir. Las dilaciones en poner en marcha una mesa de trabajo sobre ese proyecto terminan abonando el terreno para los aprietes patronales e incluso para un eventual desalojo violento. La puesta en funcionamiento de la planta -que la asamblea votó para el próximo viernes- apunta a: 1) demostrar el estado de las máquinas y la posibilidad de retomar la producción de manera inmediata, y 2) la voluntad férrea de los trabajadores de defender la ocupación como única garantía de triunfo de su lucha. Hay que redoblar la solidaridad, reforzar el acampe desde ya mismo y el viernes acompañar a los papeleros en este nuevo capítulo del conflicto.

El jueves 21 de noviembre tendrá lugar la audiencia por la paritaria del Neumático. El Sutna ha convocado una movilización, a las 15 horas, ya que se trata de una instancia definitoria. Vencida la conciliación obligatoria, se definirá el futuro inmediato de las grandes plantas del Neumático. Las patronales vienen dilatando definiciones u ofreciendo un aumento por debajo de las exigencias de la dirección del sindicato y el mandato de los trabajadores. El reclamo de los trabajadores es claro, exigen que el aumento esté acorde a la defensa del poder adquisitivo del salario. En un cuadro donde la inflación y los tarifazos han llevado el costo de vida por las nubes, los trabajadores del Neumático están dispuestos a defender con uñas y dientes el salto salarial que se obtuvo desde la recuperación clasista del sindicato nacional. La lucha de los compañeros es clave en esta situación donde continúa la disparada de precios, mientras la burocracia sindical de todos los pelajes se pasea por las oficinas del gobierno actual y del entrante, sentando las bases de un supuesto “pacto social” y de la “modernización productiva” anunciada por Alberto Fernández. Al mismo tiempo, esta paritaria juega un papel central en la lucha contra la burocracia violeta al interior del Neumático. Mientras la vieja dirección del gremio anunciaba que la nueva dirección clasista iba a “destruir el gremio” y que iba a provocar “desastres”, la Lista Negra arriba a los casi cuatro años de mandato, defendiendo el interés colectivo de los trabajadores en todas sus facetas. Cada ataque al convenio colectivo obtuvo la respuesta masiva de los trabajadores -como el intento del preventivo de crisis en Fate con la amenaza de centenares de despidos o el reciente intento de flexibilizar a los trabajadores de Pirelli. Mientras la burocracia intentó por todos los medios (y lo sigue intentando) enfrentar a los trabajadores de distintas fábricas entre sí, la nueva dirección jugó un enorme papel de unidad de todos los compañeros, defendiendo el carácter de clase en cada acción, dotando de una enorme fuerza a la organización obrera. En resumen, el triunfo de los compañeros del Neumático en esta paritaria es un triunfo de todos los que defendemos la independencia de las organizaciones obreras frente a la patronal y el Estado. Cualquiera sea la resultante de las discusiones respecto del aumento salarial con las patronales será puesta a disposición del conjunto de los trabajadores en la asamblea general, que se realizará la semana próxima. En la medida que las propuestas de las patronales no cumplan con el objetivo de defender el poder adquisitivo de los trabajadores, quedará planteado avanzar en nuevos pasos de lucha. En este proceso y en la nueva etapa política que se abre, está en juego la defensa de cada conquista de los trabajadores del Neumático, el método de la democracia sindical y un ejemplo claro de la importancia de conquistar una nueva dirección en todo el movimiento obrero.

Se realizaron las elecciones de cuerpo de delegados de la fábrica Knorr-Unilever de Pilar. La lista Naranja, que dirigía la planta, fue derrotada por la lista Azul, por escaso margen (133 votos contra 122). La Naranja integró la Coordinadora Sindical Clasista-PO hasta que su principal dirigente rompió este año con nuestro partido. La lista Azul se conformó a partir de un ex delegado y fue apoyada por la Verde que no presentó lista y apostó a dar un golpe al agrupamiento que en las últimas elecciones del gremio canalizó la oposición al burócrata Luis Morán, recientemente fallecido. En un cuadro de cierres de fábricas alimenticias a lo largo y ancho del país la derrota en Pilar deja más expuestos a los trabajadores frente a los ataques de la patronal. En el último tiempo cerró Arisco, que produce para Unilever en La Rioja. La Campagnola cerró ya dos plantas. Alco Canale sigue despidiendo y cerrando plantas. Por otro lado, Unilever avanza con despidos en sus otras fábricas, en Gualeguaychú, Gobernador Gálvez, Mendoza, en el parque de Tortuguitas y en el propio parque industrial de Pilar, donde con la venta de Ades a Coca-Cola dejó cerca de 50 trabajadores en la calle. La política conservadora en los hechos -e izquierdista en el discurso- que adoptó en el último tiempo La Naranja facilitó el terreno para esta derrota. En la fábrica pasaron despidos, cierre de sectores y no se organizó una respuesta de los trabajadores. Los discursos de la huelga general y la Asamblea Constituyente fueron para la tribuna. Las ilusiones triunfalistas sobre ascensos antiburocráticos no les permitieron ver la amenaza sobre la propia organización de su fábrica. En el Whatsapp de la agrupación, que reúne a un número importante de activistas, ligados a La Naranja se planteó hace unos meses el debate sobre a quién votar. Un sector se inclinaba por Alberto Fernández y otro reivindicaba al Frente de Izquierda. Insólitamente, la dirección de la agrupación decía que estaban agotadas las expectativas electorales y la tarea era preparar la huelga general. Más aún, quienes defendieron el voto al FIT-U como expresión de independencia política fueron expulsados del grupo. El desprecio por la lucha política de esta dirección se hizo patente cuando Pablo Busch, referente de La Naranja y precandidato a concejal por Pilar en las Paso, renunció a estar en las listas en octubre. Lo que estará en juego en la próxima etapa es la defensa de un trabajo colectivo que fortalezca un agrupamiento clasista en la fábrica, con una clara delimitación de la burocracia y las variantes patronales. Y desde ya, la defensa de las conquistas hoy cuestionadas. La Naranja no ha preparado correctamente a los trabajadores para enfrentar los despidos y cierres de fábrica. En momentos donde las patronales y la burocracia vienen aprovechando la crisis capitalista para intentar limpiar los núcleos de organización obrera antiburocrática hay que desarrollar más que nunca la política de organización fabril y agrupaciones de la CSC-PO. Las contradicciones del pacto social que se quiere poner en marcha pueden servir para agotar rápidamente la experiencia con el nuevo gobierno, a condición de que podamos mostrar una variante de los trabajadores como salida. En ese camino estamos, desarrollando el Plenario del Sindicalismo Combativo, impulsando un paro de 36 horas y un plan de lucha por todos los reclamos obreros urgentes. Elecciones gremiales en Unilever: saquemos conclusiones

La tentativa de ‘pacificación del país’, emprendida por la burguesía y todo el arco político chileno con la firma del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, el viernes 15 por la madrugada, se encuentra cuestionada por las movilizaciones y combates callejeros que diariamente se siguen produciendo en Chile a lo largo y a lo ancho del país. Desde el mismo 15 por la tarde, cuando centenares de miles volvieron a ocupar las plazas del país y a enfrentarse con las fuerzas de seguridad reclamando la caída de Sebastián Piñera, quedó en evidencia que el “acuerdo” no logró su principal cometido: poner fin de la rebelión chilena. El último fusible El acuerdo nombrado constituye la última maniobra al alcance de la burguesía para impedir la caída del gobierno. Piñera intentó desactivar la rebelión retrocediendo con el aumento al boleto del subte, otorgando un pliego más vasto de reivindicaciones sociales, declarando el estado de emergencia y el toque de queda, y después destituyendo a todo su gabinete. Todo fracasó. El paro nacional activo del martes 12 y la combatividad de la jornada obligaron al gobierno a pedirle la escupidera a la ‘oposición’. La ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio acudieron al pedido del presidente chileno, dando lugar a una reforma constitucional tutelada por éste y completamente amañada. Eso en el caso de que la reforma se haga, pues el acuerdo que acaban de firmar establece la realización de un plebiscito para abril, en el cual se terminaría de definir si se procede o no a la convención constituyente. En el plebiscito se definiría, a su vez, si los representantes de la convención serán electos en su totalidad o si la mitad de ellos serán los actuales parlamentarios. De imponerse en el plebiscito de abril el sí a la reforma, la convención recién comenzaría a sesionar en octubre de 2020 y se desarrollaría a lo largo de nueve meses, con la posibilidad de tres meses más de extensión. Finalmente, ¡las reformas que surjan de la convención serían sometidas a un nuevo plebiscito y al actual parlamento! Es decir, los partidos del régimen se reservan la posibilidad de vetar las reformas que emanen de un proceso constituyente ya de por sí amañado. La ‘oposición’ ha visto en el rescate a Piñera su propio salvoconducto, ya que la rebelión cuestiona a todo el régimen social y político (“no son 30 pesos, son 30 años”). Pero su compromiso con un gobierno completamente jaqueado por la rebelión popular ha llevado a la implosión, por ejemplo, del Frente Amplio. Y su ex candidata a presidenta ha sufrido el escrache y repudio de los manifestantes. Por eso, ante la continuidad de las movilizaciones y de la rebelión, sectores del PS, del Frente Amplio y el PC pretenden disimular su colaboracionismo con el gobierno impulsando una “acusación constitucional” contra el presidente. Se trata de un intento de tomar distancia del gobierno y de parlamentarizar la lucha por la salida de Piñera -una vía completamente muerta, ya que es sabido que no contarán con el apoyo necesario. Por la huelga general La Unidad Social, el reagrupamiento que congrega a más de un centenar de organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles de distintas tendencias políticas, amenazó con la realización de un nuevo paro nacional activo para esta semana. Finalmente, la dirección de la Unidad Social suspendió la medida y se habla de que podría realizarse la semana próxima. Es claro que la dirección de la Unidad Social (las organizaciones de masas que se encuentran orientadas por el Frente Amplio y el PC) apuesta al desgaste. Pero el simple hecho que exista un coqueteo con la convocatoria a un nuevo paro nacional activo, refleja el cuadro convulsivo en el que se encuentra el movimiento de masas y la presión que ejerce sobre sus direcciones. La clave de las claves pasa por la profundización de la rebelión popular, impulsando la huelga general indefinida y las asambleas populares y de trabajadores. Sería la forma de asestarle un golpe decisivo y final al gobierno de Piñera, lo que significaría un salto cualitativo en la situación política en beneficio de las masas. La caída de Piñera es la precondición para que exista una Constituyente libre y soberana, es decir, una Constituyente convocada por las organizaciones de las masas en lucha.

Los golpistas bolivianos seguramente no esperaban encontrarse ante el escenario actual, dominado por la movilización popular y la incapacidad de dar rienda libre a una transición hacia un nuevo gobierno en Bolivia. Añez asumió en el marco de una asonada golpista y ante una Asamblea Legislativa totalmente vacía. El pueblo boliviano no reconoce a éste como su legítimo gobierno, y son casi inexistentes las movilizaciones y manifestaciones de apoyo al golpe en el territorio andino. El gobierno provisional sufre ahora un nuevo traspié respecto de la designación de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los términos de la convocatoria a nuevas elecciones. El hecho que predomina en el actual escenario boliviano es la permanencia de trabajadores y campesinos manifestándose en las calles. A pesar de todos los intentos por encarrilar el golpe, la rebelión se extiende y ya en estas horas acarrea serias dificultades de abastecimiento. Los golpistas se han hecho con el control del gobierno, y sus endebles instituciones, pero lejos están aún de detentar el poder, cuyo dominio se encuentra objetado por la población sublevada. Esto es lo que ha puesto en crisis las negociaciones del MAS con el gobierno transitorio. Los asambleístas del MAS terminaron suspendiendo la realización de una sesión prevista para este día martes, donde se proponían tratar la renuncia de Evo -la renuncia del presidente debe ser aprobada o rechazada por la Asamblea Legislativa- y el proceso para convocar a nuevas elecciones. Mientras que por el lado de los golpistas, el senador Oscar Ortiz señaló que impugnarán todo lo obrado por la mayoría masista y que no debe haber ninguna sesión hasta que no se haya concertado la conformación del TSE y la convocatoria a nuevas elecciones. Esto ha llevado a que Añez, y su gobierno, exploren la idea de avanzar a nuevas elecciones por medio de un decreto, lo cual sumaría una nueva violación institucional a esta “cruzada democrática”. Se profundiza la crisis La extensión en el tiempo y la amplitud de las movilizaciones empiezan a poner en crisis al gobierno provisional. Las multitudinarias movilizaciones no cesan a pesar de que el gobierno ya se ha cobrado la vida de 23 manifestantes y detenido a más de dos centenares de éstos. El decreto reaccionario que exime de responsabilidad a las fuerzas represivas despertó un hondo repudio internacional, e incluso ha impactado en las propias filas de las fuerzas armadas. En el Regimiento Escuela Policial Saavedra, 62 soldados solicitaron su baja para no reprimir a sus pares. También han circulado imágenes donde algunos efectivos del ejército se suman a la marcha del Sindicato de Copacabana en la carretera de Oruro con rumbo a La Paz. A la inversa de lo que propone Añez, en distintos puntos, el ejército busca disuadir a los manifestantes sin apelar al uso de la fuerza. El gobierno sigue de cerca la evolución de este fenómeno, que aún se expresa aisladamente y a cuentagotas. Es lo que manifiesta una circular del ejército donde se ordena el control interno de las propias filas. Mientras tanto, el pueblo continúa en pie de movilización. El Cabildo Abierto de las juntas vecinales de El Alto y representantes campesinos de las 20 provincias de La Paz resolvió impulsar nuevos cortes y bloqueos, así como intensificar el cerco a la ciudad de La Paz. Algo similar ocurre en la ciudad de Cochabamba. La perdurabilidad de estas medidas empieza a manifestarse en el desabastecimiento de combustibles y alimentos en las principales ciudades. El gobierno tuvo que trasladar de emergencia a La Paz 35 toneladas de carne y 25 toneladas de pollo desde Santa Cruz de la Sierra, para evitar el colapso de la ciudad. Las filas en los mercados se extienden durante todo el día y los precios se han disparado debido a la escasez de productos. El gobierno de Añez viene de desalojar el bloqueo de la planta abastecedora de combustible de Senkata, en El Alto, en un operativo represivo con fuerzas del ejército y la policía, con un saldo que asciende a seis manifestantes muertos. Se trata de una medida de emergencia para desafectar el suministro de combustible en un país donde se multiplican los bloqueos. Momentos decisivos El golpe en Bolivia se ha valido de las estructuras del Estado, el ejército, y del apoyo del imperialismo para sostenerse durante estos días; sin embargo, enfrenta una inflexible movilización del pueblo boliviano, que revalida sus métodos de lucha día a día. La transición hacia un nuevo gobierno se encuentra objetada por el carácter de la rebelión en curso. A tal punto es así que ahora Evo solicita que se lo deje volver para terminar su mandato. Está claro que los golpistas intentan edificar su poder sobre arenas movedizas. El pueblo aún puede derrotar el golpe. Para que el golpe triunfe en sus objetivos y aspiraciones deberá ir a fondo en la derrota de las masas sublevadas. El reciente decreto autorizando el accionar letal de las Fuerzas Armadas va en la dirección de quebrar esa movilización popular. Pero los límites de esa represión han hecho entrar en crisis el golpe y ha colocado la iniciativa en manos del pueblo boliviano y sus organizaciones de base. Es el momento de impulsar a fondo la lucha para quebrar a los golpistas: con el pueblo boliviano en la calle y con una contundente acción de las centrales obreras de Latinoamérica, que sepulten las pretensiones del imperialismo, y sus aliados, en la región.