Prensa Obrera N° 1572

Este martes se desarrolló en Chile un nuevo paro general convocado por la Unidad Social, que reúne a la CUT (central obrera), la Confech y organizaciones sociales. Es el tercero desde el comienzo de la rebelión popular. Según los organizadores, la adhesión fue del 90% en el sector público y del 70% en el sector privado. Como parte de la medida, los mineros realizaron bloqueos en los accesos a los yacimientos. Una masiva columna de obreros portuarios marchó desde Talcahuano a Concepción. En los centros de salud sólo se atendieron emergencias. En las principales ciudades del país se desarrollaron multitudinarias movilizaciones. Pese al correr de los días y una encarnizada represión que ya se cobró 23 muertos y miles de detenidos, la movilización popular mantiene su vigor. El límite de la convocatoria al paro es que la Unidad Social no se orienta por la caída de Sebastián Piñera sino por la apertura de una mesa de diálogo. Cuestionando esta orientación, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) se ha retirado de ese espacio. Represión En este escenario de movilizaciones, el gobierno convocó la semana pasada al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), compuesto por los jefes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de las dos cámaras del Congreso. A su vez, anunció un paquete de leyes represivas que refuerzan los servicios de inteligencia y la vigiliancia aérea, y que penalizan los bloqueos callejeros. La saña del operativo represivo se refleja en un dato: hay más de 200 personas con lesiones oculares a manos de efectivos policiales que apuntan directamente sobre los ojos de los manifestantes. Gustavo Gatica, estudiante de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, corre riesgos de quedar ciego porque Carabineros le disparó en los dos ojos. ¿Excesos? Para nada. Es un modus operandi. Se ha filtrado un video del titular de Carabineros, Mario Rozas, en que felicita a la tropa por su accionar contra las protestas. Las mil y una Constituyentes Pero la fuerza bruta ha demostrado su insuficiencia para aplacar la rebelión. Por eso, el gobierno la combina con un operativo de corte institucional. En los últimos días, el gobierno ha entablado negociaciones con la oposición con el propósito de analizar una reforma constitucional. El presidente Sebastián Piñera había empezado la semana pasada aceptando a regañadientes la posibilidad de modificaciones puntuales, pero con el correr de los días sus voceros admitieron la posibilidad de una nueva Constitución. Lo que ocurre es que el 80% de la población se muestra partidaria de pasar a mejor vida la Constitución pinochetista de 1980, que consagra el régimen ultraliberal que ha sido desafiado por las masas. Con el pomposo título de “acuerdos nacionales”, Piñera postuló, en su conferencia de prensa del martes, un consenso político contra la “violencia”, por una “agenda social” (pequeñas reformas en aras de no perderlo todo) y por una reforma constitucional. Mientras tanto, para comienzos de diciembre, en más de 300 municipios se desarrollaría una consulta nacional sobre si es necesaria o no una reforma. La trampa es que la reforma que plantea Piñera sería conducida por el Congreso, que está dominado por la derecha y la Concertación, las fuerzas del régimen cuestionado por la rebelión. A lo sumo, se instituiría un plebiscito posterior ratificatorio, que podría quedar pegado inclusive a las elecciones de alcalde y gobernadores de octubre de 2020. Una tentativa de disolver la rebelión en el calendario de los partidos del régimen. Por demás, apenas maquillaría la reaccionaria carta magna actual. En la oposición hay diferentes proyectos, pero en general se coincide en reclamar un plebiscito inicial que dirima la modalidad de una Constituyente, es decir si es discutida por el Congreso, por ciudadanos electos a tal fin, o un mix de ambas variantes. Estas posiciones escamotean el problema principal: las masas ya han hecho su plebiscito en las calles y han reclamado por millones que se vaya Piñera. No puede haber proceso constituyente genuino con él al frente del gobierno. Una Asamblea Constituyente sería progresiva convocada desde las organizaciones en lucha, como instrumento del pueblo rebelado. Frente a los intentos de desviar la rebelión por la vía institucional, planteamos el camino de la movilización popular y la huelga general para echar a Piñera y una Asamblea Constituyente libre y soberana, de manera que no tenga restricciones en su temario y no dependa de ningún otro poder, para reorganizar a Chile sobre nuevas bases sociales.

Se ha batido mucho el parche sobre el "éxito económico” de Morales. El PBI en Bolivia creció de menos de 10.000 millones de dólares en 2005 a 40.000 en 2018. Este auge se expresó en tasas de crecimientos superiores al 4%, la más alta de la región. El desempleo bajó del 8 al 3%, se redujo la pobreza del 55 al 35% y se incrementaron los índices de consumo popular. Esa evolución estuvo impulsada por la suba de los precios de las materias primas, especialmente hidrocarburos, minería y productos agroindustriales, como la soja, que dejaron un gran caudal de recursos para el país. Pero esta bonanza comenzó a hacer agua. La crisis mundial capitalista comenzó a pasarle factura al país del altiplano. Aunque fue más en cámara lenta, Bolivia tampoco pudo sustraerse al descenso de los precios de las materias primas y empezaron a aparecer los números rojos. La exportación de gas representó en 2018 un 33% del total de sus exportaciones, muy por debajo del 50% que habían alcanzado en 2014. La desaceleración de los precios de las materias primas dejó a Bolivia con un déficit fiscal de aproximadamente 8% del PBI. Las reservas en estos últimos 5 años disminuyeron una tercera parte. La balanza de pagos dejó de ser superavitaria y empezó a tener rojos pronunciados, por encima del 6%. La deuda externa como porción del PBI empezó a aumentar, alcanzando los 7.000 millones de dólares y duplica la existente al asumir Evo. Importa señalar las tensiones económicas con sus vecinos, en especial con Brasil que es el principal destinatario del gas, la principal fuente de divisas de Bolivia. El Estado brasileño vino exigiendo, desde el gobierno del PT por una rebaja apreciable de los precios del gas. Con el ascenso de Bolsonaro se han intensificado esas presiones y reclama una renegociación a la baja de los contratos que expiran a fines de este año. El gobierno de Macri se ha sumado a este reclamo. Por lo pronto, la demanda del gas boliviano por parte de Brasil se ha reducido a una tercera parte. Brasil está privilegiando importaciones de gas natural de otras regiones, que le salen más baratas y aumenta su propio suministro interno a través de su plataforma submarina (Presal). Algo similar sucede con la demanda de Argentina de gas boliviano, que viene siendo sustituido por la producción en Vaca Muerta. La bonanza no fue utilizada para transformar la matriz productiva y la estructura social de Bolivia, que sigue siendo una economía esencialmente primaria y extractivista, que está lejos de haber superado el atraso y la dependencia ancestral y la opresión imperialista. El aumento del PBI no se vio reflejado en una diversificación de la economía boliviana. Por el contrario, el proceso de desindustrialización se ve reflejado tanto en las estimaciones sobre la evolución de la productividad, como en la reducción de la participación de la industria manufacturera sobre el PBI que pasó de ser del 18% en 1988 al 10% en 2013 y el aumento de los sectores extractivos que creció un 5% entre esos mismos años (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015). Cediendo al capital Las promesas con las cuales Evo asumió se fueron desvaneciendo rápidamente. El indigenismo terminó cediendo y pactando con el gran capital y la oligarquía. La nacionalización de los hidrocarburos quedó trunca pues el plan original fue archivado, lo que le costó la cabeza al entonces ministro de Energía, Andrés Soliz Rada. El propio ministro se encargó de desenmascarar el carácter trucho de las nacionalizaciones. La denuncia más relevante fue que los convenios que fueron firmados hace una década no incluyen la soberanía del Estado boliviano sobre la totalidad de las reservas de gas y petróleo, que están estimadas en 200.000 millones de dólares. Los contratos reconocieron a los pulpos áreas de operación y derechos de exploración y explotación exclusivos (por un plazo de treinta años). Estamos ante la forma de convenios semejantes a la privatización realizada por los gobiernos precedentes. Los monopolios inscribieron las reservas en sus libros, lo cual, a su turno, terminó socavando la posibilidad del desarrollo estatal del petróleo, al privar a Bolivia de la posibilidad de obtener capital en el mercado internacional prendando las reservas estimadas. Al comprimirse los recursos fiscales, el gobierno de Morales apeló a un mayor endeudamiento y compromisos con el gran capital y, al mismo tiempo, como lo vienen haciendo sus pares latinoamericanos a mayores ajustes contra las masas. Álvaro García Linera, vicepresidente e ideólogo principal del MAS, ha justificado, con el argumento de resguardar el poder político y conseguir más divisas -cuyo ingreso había empezado a angostarse-, la estrategia de concesiones a las transnacionales y empresarios, otorgándole más beneficios a los pulpos petroleros y mineros y a la oligarquía sojera y ganadera cruceña. La política de saqueo de la riquezas nacional se profundizó estos últimos años en forma proporcional a la declinación del gobierno: el 80% de la producción de hidrocarburos está controlada por las transnacionales que, sin embargo, no están obligadas a invertir en la exploración de nuevos pozos, lo que está llevando a una peligrosa reducción de las reservas; San Cristóbal, la principal mina boliviana dedicada a la exportación, ha pasado a ser cien por ciento propiedad del monopolio japonés Sumitomo; y el gobierno viene de firmar un acuerdo para entregar gran parte de la producción de litio (mineral en alza en el mercado mundial) a una empresa mixta con la alemana ACI Systems, que apenas dejara al Estado boliviano regalías por un mísero 3%. La política exterior ha acompañado este giro más marcado. Evo no se ha privado de saludar al "compañero" Bolsonaro en su ascensión al poder en Brasil y el acuerdo del Mercosur con Europa, pese a su carácter semicolonial, que abre las puertas a una mayor primarización de Latinoamérica. Tampoco se cumplió la prometida reforma agraria. El proyecto original de confiscar los latifundios quedó reducido a una distribución exclusivamente de tierras fiscales. La oligarquía separatista que en 2007 intentaba llevar al país a una guerra civil, siguió concentrando las tierras y obteniendo grandes beneficios de la soja para la exportación. El vínculo con el gobierno proveyó a los órganos de fomento y control de la producción agrícola en manos de los grandes patronales varios beneficios que incluyen créditos, legalización de tierras, ampliación de la frontera agrícola. Evo Morales autorizó desmonte de bosques, en los departamentos de Beni y Santa Cruz, al sector ganadero. Precarización Es cierto que bajo el mandato de Morales, la pobreza cayó, aunque Bolivia, aún así, se mantiene como el país más pobre de Sudamérica con un Producto Interno Bruto (PBI) per cápita de sólo 3.400 dólares al año. Al igual que lo que ocurrió en Argentina, bajo el kirchnerismo, el crecimiento se ha hecho sobre la base de una aún mayor precarización y tercerización del trabajo y del trabajo en negro. Según informes oficiales, en las regiones metropolitanas sólo el 19% de los ocupados aporta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 28% cuenta con seguro de salud, 29% tiene un contrato escrito y sólo 57% trabaja una jornada internacionalmente aceptada como normal de 48 horas o menos a la semana. De esta manera, el sector informal, de pequeña escala y baja productividad, sigue siendo el principal generador de empleo. Al cabo de la década y media de Evo Morales, las condiciones de vida de las masas continuaron siendo paupérrimas. Según un estudio dado a conocer por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), "la mayor parte de los empleos generados en los últimos años por el gobierno de Evo Morales tienen el común denominador de precariedad”, "evidentemente hubo generación de fuentes laborales, pero con salarios de hambre" (ídem). El llamado “milagro boliviano” empezó a naufragar y al calor de este proceso, la capacidad de pilotear la crisis se le fue haciendo cada vez más cuesta arriba y en esa medida, se fueron rompiendo todos los equilibrios políticos, ya de por sí precarios. El disconformismo con el gobierno de Morales se fue apoderando de todas las clases sociales. Por un lado, aumentó el descontento popular, incluyendo a su propia base de apoyo, que es lo que explica la caída de su popularidad. El bonapartismo plebiscitario del MAS se fue transformando paulatinamente en un gobierno cada vez más recostado en el aparato coercitivo del Estado y en una persecución y represión mayor de la protesta popular. Por el otro, la clase capitalista fue tomando distancia y aumentando su belicosidad en forma proporcional a la pérdida de recursos por parte del Estado boliviano para satisfacer sus exigencias y demandas. El golpe de cuño bolsonarista apunta a poner en pie un régimen de ataque más violento y directo a las masas, de modo de ir a fondo en la ofensiva capitalista contra los trabajadores. El nacionalismo pequeño burgués indigenista fue superado por la situación, poniendo de relieve sus límites insalvables para hacer frente a las tendencias dislocadoras que plantea la bancarrota capitalista en desarrollo. La lucha contra el golpe, que ha quedado en manos de los explotados ante la defección del gobierno, plantea trazarse un nuevo horizonte, la lucha por abrir paso a un salida política de los trabajadores, que proceda a una transformación integral del país sobre nuevas bases sociales.

Los resultados que arrojen los combates que se libran en las calles de La Paz y de Chile serán determinantes para la situación de Argentina y de toda América Latina. La batalla contra el golpe de estado en Bolivia ha puesto de un lado a las masas obreras y campesinas, y del otro al imperialismo yanqui y a los principales gobiernos de la región, con Bolsonaro como principal punta de lanza de la reacción política y hasta militar contra los pueblos. La lucha del pueblo boliviano se enlaza con la que protagonizan la juventud y los trabajadores chilenos, que ha ganado una mayor vitalidad en los últimos días animada por un objetivo central: que se vaya Piñera. Los que auguraban sin fundamento alguno que la democracia había llegado a América Latina para quedarse, y que los golpes de estado eran cosas del pasado, son refutados ahora por los tanques militares patrullando las calles de Santiago de Chile y La Paz. La bancarrota capitalista provoca crisis de régimen e intensifica la lucha de clases, recordando a quienes pretendían negar que la clase capitalista recurre a las represiones más salvajes antes de ceder graciosamente sus privilegios. La agudización de la crisis capitalista puede producir rebeliones populares o ‘rebeliones’-golpes facistoides. Lo que se está dirimiendo es quién paga la crisis: las masas o los capitalistas. Trump El comunicado emitido por la diplomacia de Trump, saludando el golpe de Estado y llamando a extenderlo a Venezuela y Nicaragua, no sólo sirvió para saber quién es el verdadero jefe del golpismo boliviano. También representó un revés para Alberto Fernández y su pretensión de tener como aliado al magnate yanqui para llevar adelante la renegociación de la deuda externa de la Argentina. Fernández se había ilusionado que la conversación telefónica que tuvo con Trump días atrás viabilizaba su pretensión de llevar adelante una reestructuración de deuda en la cual el FMI aceptaría extender plazos de pagos sin poner condiciones draconianas, y que incluso algo similar ocurriría con los bonistas privados. El error de caracterización del presidente electo de la Argentina fue varias veces señalado en Prensa Obrera. Sucede que su discurso basado en repetir la experiencia de Néstor Kirchner de 2003 carece de sustento, porque la situación de la economía mundial y en particular su impacto en los países periféricos es diametralmente distinta. Si en 2003 se produjo un boom de precios de las materias primas y un flujo de capitales hacia la periferia, ahora tenemos lo opuesto: una caída de estos precios y una tendencia creciente a la fuga de capitales hacia el centro capitalista. La recesión internacional ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una realidad. La guerra comercial actúa como bloqueo a salidas exportadoras. Las continuas provocaciones dispensadas por Bolsonaro son la expresión de que esa guerra comercial está instalada dentro del Mercosur, cuyo futuro está cuestionado. El revés que implica para los planes de Alberto Fernández los choques en Bolivia fue percibido rápidamente por los buitres internacionales que lucran con la quiebra de la Argentina. El riesgo país ha pegado otra vez nuevos saltos, como expresión de que el capital financiero prevé un default más duro de lo que se anticipaba. Se han vuelto a disparar también las cotizaciones de los dólares paralelos, anticipando que las devaluaciones que vienen serán de proporciones significativas. Mientras muchos se engañaban a sí mismos hablando de transición ordenada, la fuga de capitales no cesó en estas semanas vaciando aún más las reservas del Banco Central. Pero con la reducción de las reservas se reduce también la capacidad de maniobra de Alberto Fernández. Si no llega rápido a un acuerdo con los acreedores es probable que pasemos del ‘reperfilamiento’ de la deuda a un default generalizado. El modelo boliviano El revés que supone para Alberto Fernández el golpe en Bolivia no se reduce a comprobar la actitud beligerante del imperialismo. Incluye también otra cuestión fundamental: el ‘modelo de Evo Morales’, puesto como ejemplo a seguir para su futuro gobierno, mostró su agotamiento. Sucede que más allá de la veracidad de las denuncias de fraude, lo cierto es que Evo Morales perdió un tercio de su votación en comparación con la última elección presidencial. Esto es el resultado directo del impacto de la crisis mundial en los países de América Latina, que no han cambiado bajo el ciclo de gobiernos ‘nacionales y populares’ su carácter de economías primarizadas. La caída de los precios de las materias primas impactó en las exportaciones y en la recaudación impositiva de los Estados. Mientras Alberto Fernández habla de volver a los ‘superávit gemelos’ (comercial y fiscal) de la época de Néstor Kirchner, el gobierno de Evo Morales tuvo un déficit fiscal de 8 puntos. En este punto la situación de Bolivia no dista de la de Chile o Ecuador, que aplicaron tarifazos a las naftas y al transporte como resultado de ese mismo déficit fiscal. El agotamiento del ‘modelo boliviano’, citado como ejemplo por Alberto Fernández, introduce una dosis de realismo en la política argentina. Su promesa de campaña de congeniar el pago de la deuda y los beneficios capitalistas que reclaman los monopolios, empezando por los que se han instalado en Vaca Muerta, con los reclamos populares fundamentales suena a música del pasado. Lo cierto es que atender los pagos de una deuda que equivale en la actualidad al 90% del PBI y otorgar los beneficios que reclaman los monopolios petroleros y gasíferos para invertir en Vaca Muerta es incompatible con la satisfacción de las demandas populares fundamentales. En los últimos días se ha multiplicado la presión del gran capital para que no se modifique la dolarización de la energía otorgada por el macrismo. La amenaza latente es que si no se atiende ese reclamo la consecuencia será una nueva huelga de inversiones. En esa línea hay que anotar la multiplicación de los despidos de trabajadores petroleros en Vaca Muerta de los últimos días. La salida a estos chantajes es la nacionalización integral de los hidrocarburos, algo que no figura ni por asomo en el radar de Alberto Fernández ni del kirchnerismo, que fue quien, con Axel Kicillof comenzó la entrega de Vaca Muerta a Chevron. Derrotar al golpe en Bolivia e impulsar la rebelión chilena La derrota del golpe en Bolivia y el triunfo de la rebelión del pueblo chileno pasan a ser las tareas más importantes de los explotados de América Latina. Los que nos acusaban de irresponsables por cuestionar la renuncia de Evo Morales, reclamando una lucha decisiva contra los golpistas, han sido desoídos por la población de El Alto que baja a La Paz y enfrenta físicamente a las fuerzas represivas para aplastar a los golpistas. La “pacificación” que pregonaban en Bolivia no era otra cosa que el triunfo del golpe. La reunión del Grupo Puebla, realizada en Buenos Aires hace sólo unos días, se limitó a emitir comunicados de lamento, sin llamar nunca a las masas a la acción. Para estos políticos profesionales de la burguesía el golpismo oligárquico es un mal menor en relación al mal mayor que representa la acción histórica independiente de las masas explotadas. En oposición a estos agoreros de la derrota el Partido Obrero defendió y propicio desde el primer día el derecho y la necesidad de derrotar el golpe por la acción organizada del pueblo boliviano, apelando a la formación de comités y milicias. Ante el complot de los gobiernos de la región a favor del golpe, es necesario oponerle la acción coordinada de los trabajadores, los campesinos y la juventud de América Latina. Una acción huelguística unificada de la CGT de la Argentina, la CUT de Brasil, la PIT-CNT de Uruguay, la CUT de Chile y el resto de las centrales obreras y organizaciones populares de América Latina implicaría un golpe enorme al golpismo boliviano, y sería de suma utilidad también para impulsar la lucha del pueblo chileno para que caiga Piñera y las masas en lucha convoquen a una Asamblea Constituyente libre y soberana. Una acción de este tipo, claro, choca contra el “pacto social” que Alberto Fernández viene anudando con la CGT y la UIA, para enchalecar al movimiento obrero postergando paritarias y admitiendo la entrega de los convenios colectivos de trabajo. La derrota del golpismo en Bolivia y el triunfo del pueblo chileno, por lo tanto, se enlazan con la lucha para que la crisis la paguen los capitalistas en Argentina y en América Latina. Reclama poner en marcha al movimiento obrero, rechazando los “pactos sociales” de colaboración de clases. Reclama una estrategia independiente, dirigida a transformar a los trabajadores en alternativa de poder en el marco de la unidad socialista de América Latina.

Un Senado, sin quórum, minoritario, ha ‘elegido’ presidenta provisional de Bolivia, a la senadora Jeanine Añez, séptima en la línea de sucesión presidencial. Esto ha sido bendecido por la Conferencia Episcopal y cuenta con el aval de las fuerzas policiales y armadas. El golpe ha colocado un títere, un mascarón de proa, para tratar de superar el vacío de poder que se planteó con la renuncia del presidente Evo Morales exigida por estas ‘instituciones’ sobre la base de una conspiración-movilización de la derecha. Al frente de la movilización ‘cívica’ se había colocado Luis Fernando Camacho, un empresario ultraderechista y racista que venía dirigiendo el “comité cívico” de Santa Cruz. Es un golpe que viene siendo planeado, estratégicamente, por Bolsonaro, Macri y Trump. No sólo en un sentido político, sino físicamente. En primerísimo lugar, los senadores yanquis republicanos Rubio y Cruz están marcados, en audios que circularon, como enlaces de acción con los comandos y la Embajada yanqui en La Paz como centro de operaciones. Hemos publicado denuncias de que Camacho y otros personajes clave del golpismo se venían entrevistando con altos funcionarios de Brasil (y de Argentina). El intento geopolítico era tratar de quebrar la irrupción de rebeliones populares que viene recorriendo América Latina contra los planes fondomonetaristas (Chile, Ecuador, etc.). La reciente derrota electoral de Macri en Argentina -que era el pollo de Trump y Bolsonaro- aceleraron en forma aventurera la ofensiva por derrocar a Evo Morales. El papel de la OEA Es un golpe que, aunque pretenda vestirse de democrático, en defensa del sufragio del pueblo, no puede ocultar que el MAS sacó en la elección del 20 de octubre el 46-47% de los votos, a 9 o 10 puntos de distancia de Carlos Mesa, su inmediato opositor. Por eso, la OEA -que hizo una ‘auditoría’ de los resultados electorales- no pudo menos que reconocer en su informe que “teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”. A pesar de ello, la OEA “recomienda otro proceso electoral”, ‘sugiriendo’ que “cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”. Dio la base ‘jurídica’ a la movilización golpista. Paso a paso Evo Morales fue retrocediendo, aceptando todos los reclamos de la derecha golpista. Primero: él invitó a la OEA a supervisar los resultados electorales. Cuando ésta planteó que lo haría si su dictamen resultaba vinculante, Evo lo aceptó; la derecha dijo “ni” y finalmente declaró su autonomía respecto de la evaluación. Luego, cuando la OEA planteó hacer una segunda vuelta, Evo lo aceptó. A las horas, ante el reclamo de nuevas elecciones, también… aceptó. Más tarde, cuando se reclamó que no se presentara como candidato, lo aceptó. Y, finalmente, presentó su renuncia y la de todo su equipo gobernante (vicepresidente, ministros, autoridades ejecutivas del Parlamento, etc.). ¡Un vaciamiento total! Capitulación La renuncia de Evo es una capitulación. Es la remake de otras crisis de gobierno y liderazgos nacionalistas burgueses en Latinoamérica, que frente a golpes (incluso minoritarios) de la derecha hacen mutis por el foro. Porque enfrentarlos significaría convocar a la movilización de masas y abrir un curso antiimperialista y revolucionario. El ejemplo de Perón en 1955 que, frente al golpe, decidió abandonar el poder e irse al exilio, para “no derramar sangre de argentinos”, es un modelo claro que se ha repetido una y otra vez. Y que ahora con Evo se da casi como un calco. El pueblo trabajador quería resistir en 1955 el golpe gorila y Perón los mandó a la casa. Evo se va, mientras trabajadores y campesinos salen a enfrentar el golpe. Su exilio -y el de los principales dirigentes del MAS- profundiza aún más la capitulación, porque trata de dejar sin referencia política directa la lucha antigolpista que están desarrollando masas obreras y campesinas. Por el contrario, Evo, desde su exilio, pide “pacificación”, “diálogo”, lo que significa levantar toda resistencia. Sin pelos en la lengua, Evo ha llamado a trabajadores de la salud y docentes a levantar las huelgas en desarrollo para “no perjudicar al pueblo”. El nuevo próximo presidente argentino Alberto Fernández, a su turno, se jacta de una posición antigolpista respecto de Bolivia. Pero su acción fundamental, fue ‘conseguir’ el exilio para Evo Morales. Fernández no llamó a resistir, sino que se dedicó a buscar protección para Evo y los dirigentes del MAS. A alejarlo de Bolivia y dejar descabezada la dirección del MAS. Esto no es, sin embargo, meramente un choque entre fracciones nacionalistas burguesas versus neoliberales. Se abren fisuras para la irrupción de las masas trabajadoras y explotadas. El 17 de octubre de 1945, el pueblo salió a la calle a pesar de que Perón, preso, había presentado su renuncia, y logró liberarlo y derrotar el golpe en marcha. Y en 2002, la clase obrera y los pobladores de los cerros de Caracas irrumpieron con su movilización, destrozaron el golpe en marcha y liberaron a Hugo Chávez, que había firmado su renuncia. En Bolivia, mineros, campesinos, pobladores de las barriadas pobres de El Alto se han organizado y movilizado, bajando a La Paz, cortando caminos, constituyendo asambleas y cabildos abiertos, y principios de milicias obreras o vecinales para salvaguardar el orden y enfrentar las provocaciones derechistas. El ingreso del facho Camacho en la Casa de Gobierno con una Biblia gigante en la mano para exorcizarla, y el arrío y quema de la bandera indígena (wiphala) ayudó a catalizar la respuesta movilizadora de las mayoritarias comunidades indígenas, particularmente de los aymaras. El ‘problema’ indígena no es un problema meramente nacional, sino social. Detrás de los blanquitos xenófobos de Santa Cruz está la explotación de los terratenientes exportadores, de los agentes del capital petrolero y gasífero, de los que explotan la minería. Son ‘bolsonaros’ no sólo porque desprecian salvajemente al indio, sino porque entregan las riquezas de la nación a la voracidad del capital financiero. La emancipación del pueblo indígena está íntimamente unida a la alianza con la clase obrera y a la lucha contra la explotación capitalista. Sigue el vacío de poder Las fuerzas policiales fueron totalmente desbordadas. El jefe de policía fue el que pidió la intervención del Ejército: "No podemos enfrentar las movilizaciones sólo con gases lacrimógenos", dijo. ¿Estaba pidiendo balas? Las Fuerzas Armadas vacilaron en montar una intervención más directa, con temor a que se manifieste en sus filas la presión de las masas en las calles. Pero tampoco el imperialismo quería un gobierno militar directo, del jefe del Ejército. No sólo por el efecto político de que el golpe se constituía en un gobierno militar directo, sino -según Clarín (12/11)- porque había desconfianza sobre la orientación de su jefe, William Kaliman, al que se supone influenciado por el masismo indigenista. Por eso se forzó la mano para elegir presidenta provisional a Jeanine Añez, una persona sin una fuerza política estructurada, que está sostenida por la policía, el Ejército y las bandas derechistas. En su presentación, en el balcón del palacio, estaba a su derecha Camacho con una Biblia en la mano. Se trata de un gobierno bolsonarista. Añez se pudo autoproclamar porque la mayoría masista de la Cámara se ausentó de la sesión, dejando el camino expedito para este curso antidemocrático. Añez promete convocar a elecciones democráticas, sin fraude, a la brevedad. Pero se intenta repetir los pasos ‘electorales’ que en Brasil llevaron al poder a Bolsonaro. Allí se anuló la candidatura de Lula y se lo envió a la cárcel en forma arbitraria. En Bolivia se pretende hacer lo mismo con Evo y hasta con el MAS, a pesar de ser el partido mayoritario. Habría elecciones ‘democráticas’ con esta proscripción, convocada por una presidenta que nadie eligió, designada por un Parlamento sin quórum custodiado por la policía y el Ejército. La nominación de Añez implicará una coordinación entre la policía, el Ejército y los comandos derechistas para reprimir las movilizaciones antigolpistas. Recuperar los sindicatos para la lucha antigolpista Como todo régimen nacionalista burgués, el de Evo, también, se dedicó de lleno a regimentar al movimiento de masas, a los sindicatos, a las confederaciones campesinas, etc. Lo hizo cooptando a sus direcciones y reprimiendo los movimientos de lucha independientes. Así fue liquidando el papel de lucha de las organizaciones obreras y de masas. La dirección de la Central Obrera (COB) era títere del masismo. Pero eso fue más allá… se transformó en títere del Estado burgués. Cuando las patronales y las fuerzas represivas empezaron a reclamar la renuncia de Evo Morales, la dirección burocrática de la COB se plegó a este planteo golpista. Gran parte de los sindicatos están vaciados por la labor destructiva de las burocracias sindicales. Es necesario recuperarlos. Es necesario que los trabajadores se organicen en forma independiente, que se convoquen a congresos de bases departamentales, en las barriadas, etc., para votar planes de lucha. La consigna es derrotar el golpe. Hay amplios sectores de las masas explotadas que levantan la consigna de “la vuelta de Evo”. Incluso sectores que venían rompiendo con el MAS, espantados por el fachaje Camacho-bolsonarista. Se impone un frente único para aplastar el golpe, liberar a los detenidos, destronar a la presidenta, retirar a las fuerzas represivas. Es necesario pasar a la organización de la lucha contra el golpe en Bolivia, al armamento defensivo de los barrios, los campesinos y las fábricas, al lanzamiento de la huelga general, al llamado a la confraternización con soldados y policías que no quieran reprimir al pueblo trabajador. Más que nunca se impone una gran y activa movilización latinoamericana contra el golpe. No sólo contra los golpistas de Bolivia, sino también contra los gobiernos y las burguesías cómplices que apoyan al golpe. Frente único para aplastar a los golpistas. Que las centrales obreras, la CGT y la CTA de la Argentina, la CUT brasilera, el PIT-CNT de Uruguay, la CUT chilena y todas las centrales y organizaciones obreras convoquen a un paro continental y marchas contra el golpe reaccionario en Bolivia. Artículo escrito el 12 de noviembre.

El próximo 8 de diciembre realizaremos, en el Parque Sarmiento, el Picnic anual de fin de año. Este año, en medio de las luchas de los trabajadores de Chile y la resistencia al golpe militar en Bolivia, la convocatoria que anualmente reúne miles de compañeros en decenas de actividades, la hacemos con las consignas de “Fuera el imperialismo de América Latina” y “Que la crisis la paguen los capitalistas”. Junto con las actividades sociales y deportivas, el eje del picnic serán las charlas en donde contaremos con la participación de compañeros de Chile para debatir la rebelión popular, las acciones de la clase obrera y la resistencia al golpe en Bolivia. El cierre estará a cargo del compañero Gabriel Solano. Los esperamos el próximo 8 de diciembre, a partir de las 10 horas. Picnic

A horas de efectuarse el golpe de Estado, la Conferencia Episcopal de Bolivia declaró que lo que “sucede en Bolivia no es un golpe de Estado”, a la vez que llamaban “a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de la Nación a cumplir con urgencia con su rol de defensa de la propiedad y de las personas”. Con estas palabras, la Iglesia católica mostró nuevamente la hilacha de su nefasto rol histórico. No condena al golpe de Estado porque es parte del mismo y llama a actuar a las fuerzas de seguridad avalando el accionar ferozmente represivo de éstas sobre quienes salen a la calle a resistir contra el golpe. Las referencias a devolver a Dios al palacio de gobierno, la Biblia y Cristo juegan un rol protagónico en el discurso fascista de Luis Camacho que aparece acompañado por la quema de wiphalas (la bandera de las nacionalidades indígenas de Bolivia) por parte de sus seguidores. La Iglesia se coloca como pata espiritual de este golpe. Detrás de este golpe asoma también la mano de Bolsonaro, quien llegó al poder en Brasil con el apoyo de las iglesias evangélicas y ha lanzado una agenda oscurantista que incluye la persecución contra la comunidad LGTBI y el ataque a los derechos de las mujeres. La declaración de los obispos que llama cínicamente “a la paz” y encubre el golpe de Estado está acompañada por un silencio de radio de parte del papa Francisco, quien mantenía una relación amena con Evo Morales y sólo se limitó a mandar a los creyentes a “rezar” por Bolivia hace dos días. A caballo del golpe en Bolivia está planteada una ofensiva contra los derechos de las mujeres y las diversidades. Por todos estos hechos, el aplastamiento del golpe fascista es de vital importancia también para la “ola verde”. La Iglesia católica siempre fue la cara espiritual de los golpes de Estado contra los trabajadores.

Numerosos sindicatos se han pronunciado y movilizado contra el golpe de Estado. Entre ellos, el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático de Argentina (Sutna), la Asociación Gremial Docente de la UBA, el Sipreba (trabajadores de prensa), Atrana (Radio Nacional) y Ademys (docentes porteños). El comunicado del Sutna repudia “al golpe de Estado que se desarrolla en el país hermano de Bolivia” y manifiesta su “total apoyo a los trabajadores y el pueblo boliviano en su lucha por derrotar esta ofensiva golpista”. Expresa, a su vez, el apoyo “con todas nuestras fuerzas al pueblo chileno que lucha denodadamente por terminar con el ataque a sus condiciones de vida” y se manifiesta, a su vez, en favor de “las medidas de lucha de los trabajadores organizados y los sindicatos que luchan”, llamando “a que todas las centrales sindicales de Latinoamérica convoquen a medidas unificadas para derrotar el golpe en Bolivia y por el triunfo de las luchas de la clase obrera en todo Latinoamérica”. “Apoyemos y rodeemos de solidaridad la lucha del pueblo boliviano. No al golpe fascista. Fuera el imperialismo de América Latina”, señala el comunicado de AGD-UBA, emitido el domingo 10. El comunicado de Atrana plantea: “Nos ponemos en el campo que rivaliza con este brutal golpe de Estado”. El lunes 11, muchas organizaciones obreras participaron de las movilizaciones a la Embajada boliviana (AGD-UBA, Polo Obrero, Ademys, la Corriente Federal y trabajadores de Kimberly Clark, entre otros). La CGT y la CTA deben parar y movilizarse contra el golpe.

El golpe de Estado en Bolivia desató una rápida respuesta popular de repudio en nuestro país. A lo largo del lunes, numerosas organizaciones populares e integrantes de la comunidad boliviana fueron peregrinando hacia la Embajada en Buenos Aires. Flameaban banderas bolivianas y la wiphala. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia llegó allí tras concentrarse previamente en el Obelisco. ‘Fuera el golpe de los represores, de los yanquis y de los patrones’, se escuchaba corear enfáticamente, ‘toda América lo va a enfrentar con la lucha obrera y popular’. ‘¡Mesa, Camacho, los fachos al carajo!’, sonaba también, en referencia a los dos dirigentes golpistas.

Organizaciones de desocupados del frente de lucha independiente protagonizaron el martes una nueva jornada de movilización nacional, ante la situación desesperante que se vive en los barrios populares, y que ha continuado agravándose durante la transición presidencial. Desde las 10 de la mañana, el Polo Obrero, Barrios de Pie y otras agrupaciones se concentraron en el Obelisco para marchar luego a la Anses, en una acción que se replicó en otros puntos del país. Se reclamó un bono de emergencia de fin de año para jubilados y beneficiarios de planes sociales y de la Asignación Universal por Hijo, no menor a 4 mil pesos; un aumento igual a la inflación para todas estas prestaciones; la regularización de la entrega de alimentos a los comedores populares, con el aumento del 50% que determina la ley de Emergencia Alimentaria (y que se viene incumpliendo desde su aprobación), así como la reapertura de la inscripción a los programas para desocupados. “En esta transición se está llevando adelante una política de ataque a las condiciones de vida de las masas. Que le conviene al gobierno de Macri pero también al de Alberto Fernández, al que Macri le hace el trabajo sucio”, señaló Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, en referencia a la actual escalada inflacionaria, que le permite a las patronales hacerse de un colchón ante la perspectiva de un pacto social. Son miles las familias que no pueden alimentarse o comen una vez por día, incluidas las de trabajadores precarizados y los jubilados. “La CGT, las centrales sindicales y el triunvirato [Cayetano] están de brazos cruzados esperando el próximo gobierno de Fernández, donde creen que van a tener algún lugar. Y no están cumpliendo con la obligación de defender los intereses, el poder adquisitivo y los derechos de los trabajadores”, añadió el dirigente, que convocó a las organizaciones sociales a nuevas acciones durante noviembre y diciembre, y a una gran movilización el 20 de diciembre, en ocasión del aniversario del Argentinazo.

La lucha en curso en Bolivia es decisiva para América Latina. Los obreros, campesinos y pueblos originarios se están batiendo en la calle contra el Ejército y la policía que responden a la oligarquía reaccionaria y la clase capitalista que quieren llevar hasta el final el golpe de Estado. Mediante la acción directa y la formación de comités y milicias el pueblo está enfrentando el golpe que ha sido cuidadosamente planificado por el imperialismo yanqui y Bolsonaro, y que cuenta con el aval de la mayoría de los gobiernos de la región. Como ocurre también en Chile, las fuerzas represivas disparan con armas de fuego causando decenas de muertos y heridos. Caída la fachada democrática, el Estado se expone como el órgano de represión y opresión de la clase dominante. Macri ha respaldado al golpismo de modo abierto. El Consulado argentino en Santa Cruz, en el oriente boliviano, fue usado como base de operaciones por los golpistas. La oligarquía y la clase capitalista de Bolivia apostaron al golpe para doblegar a obreros y campesinos. Quieren descargar la bancarrota capitalista sobre las espaldas del pueblo trabajador. Pero el imperialismo yanqui y los gobiernos de la región tienen un propósito más amplio. El golpe en Bolivia quiere neutralizar y derrotar el ciclo de rebeliones populares que tiene su punto más alto en Chile y en Ecuador. La derrota del golpe en Bolivia interesa al conjunto de los explotados de América Latina. Es necesario desplegar en Argentina y en todos los países de la región movilizaciones de apoyo que enfrenten el golpe y denuncien la complicidad de los gobiernos con la oligarquía golpista. La lucha para derrotar al golpe requiere una base independiente de los trabajadores. Sólo una acción decisiva de los pueblos de América Latina puede derrotar al golpismo apelando a los métodos históricos de lucha: la movilización, los comités y asambleas y las milicias populares. Esta acción independiente es más necesaria al ponerse en evidencia la incapacidad de los “nacionales y populares” para enfrentar al golpe. El propio Evo Morales decidió renunciar a la presidencia en vez de llamar a la movilización popular contra el golpe de Estado. Una vez más, el nacionalismo de contenido burgués prefiere capitular ante el golpismo que apoyarse en el pueblo para enfrentarlo. El argumento de renunciar para evitar un derramamiento de sangre resulta insostenible. Evo Morales ha salido de su país, pero las Fuerzas Armadas y la policía incrementaron su acción represiva. La experiencia histórica de América Latina vuelve a colocar la responsabilidad de derrotar al golpismo reaccionario en las manos de los trabajadores y el pueblo explotado. Es necesario tomar todas las iniciativas de acción para colaborar con el combativo pueblo boliviano. Llamamos a realizar movilizaciones de masas en la Argentina y en América Latina contra el golpe en Bolivia y por el triunfo de las rebeliones de Chile y Ecuador. Reclamamos a la CGT de Argentina, a la CUT de Brasil y a todas las centrales obreras de la región un paro activo en apoyo al pueblo boliviano. Abajo el golpe. Basta de represión. Fuera la OEA y el imperialismo. Que la crisis la paguen los capitalistas. Por gobiernos de los trabajadores y la unidad socialista de América Latina.

Luego de los sucesos del fin de semana en Bolivia, cuando las Fuerzas Armadas y policiales se lanzaron abiertamente a una acción golpista, buscando la destitución de Evo Morales y sus funcionarios de gobierno, la diputada Romina Del Plá (Partido Obrero-Frente de Izquierda) presentó en el Congreso Nacional un proyecto de resolución en repudio al golpe pro-imperialista y en apoyo al pueblo boliviano que resiste y enfrenta la asonada derechista. Nuestro proyecto va más a fondo que los otros que se han presentado, porque coloca abiertamente la denuncia al golpe contra el gobierno de Evo Morales como una iniciativa del imperialismo en la región y por ello reclama expresamente el retiro de la Organización de los Estados Americanos (“el ministerio de colonias yanqui", como lo denunció el "Che") del hermano país de Bolivia. Sin rodeos, postula el apoyo a la resistencia que sectores obreros y campesinos están llevando a cabo contra el golpe “derechista-policial-militar” y exige la libertad de todos los detenidos por luchar y el cese de la represión al pueblo trabajador y los campesinos. Nuestro proyecto es, asimismo, el único que en la parte resolutiva plantea el repudio a la “complicidad política (y material) del gobierno argentino con las acciones golpistas” -un aspecto clave, porque llama la atención a los trabajadores y el pueblo argentino sobre el papel reaccionario que está jugando el presidente Macri en la región, y que se corresponde con la orientación de reforzar la ofensiva capitalista contra las masas en todo el continente -que con matices, une en términos estratégicos a “nacionales y populares” y derechistas o “neoliberales” de todo el mundo. En los fundamentos denunciamos precisamente que detrás de la acción golpista se encuentran los gobiernos de Trump y de Bolsonaro, y señalamos que versiones periodísticas indican que también estaría el gobierno argentino de Mauricio Macri -quien se ha negado a repudiar el golpe de Estado en Bolivia. “El gobierno argentino se expresó a través del canciller, Jorge Faurie, con el planteo de que 'las fuerzas armadas han actuado nada más que para garantizar ese orden institucional', en un claro aval al golpe de mando de las fuerzas militares en Bolivia. Adelantó también que el gobierno de Macri está ‘trabajando una posición común’ con Jair Bolsonaro (Brasil), Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile) -el bloque pro-imperialista de la región”, sostiene el proyecto presentado por Del Plá. Lo central del planteo y el mensaje que queremos reforzar, valiéndonos de la tribuna parlamentaria, es la imperiosa necesidad de que la clase obrera de Argentina, y de todo Latinoamérica, se organice activamente y se movilice de forma decidida en apoyo a la lucha de las masas bolivianas contra el golpe reaccionario. En ese marco, planteamos la urgente necesidad de una movilización continental. Por eso sostenemos la urgencia de una respuesta de los trabajadores de todo Latinoamérica y reclamamos que las centrales obreras, como la CGT y la CTA argentinas, convoquen a un paro nacional en apoyo al pueblo boliviano para derrotar a los golpistas. Ningún pronunciamiento del Congreso, por progresivo que pueda ser en sus términos, va a reemplazar la tarea ineludible para enfrentar el golpe fascistizante en Bolivia, que requiere de una acción histórica de las masas oprimidas. Del Plá ha sido muy clara en este punto: hay que apoyar la resistencia del pueblo boliviano, y reforzar y acompañar su lucha en todo el continente. La burguesía de todos los colores -empezando por el propio Evo Morales, quien luego de renunciar, se empeña en desmovolizar y desarmar la resistencia boliviana- trabaja en un sentido contrario. El Congreso argentino no escapa a esta orientación. El Partido Obrero aprovecha su banca para denunciar el golpe y los intereses de fondo que operan en Bolivia y el continente, y desarrollar una agitación anti-imperialista consecuente, que tiene como punto de partida ineludible el llamado a reforzar la movilización y el apoyo incondicional a la lucha del pueblo boliviano. Con este planteamiento participamos, este miércoles 13, de la sesión especial convocada en Diputados para discutir la situación en Bolivia.

El golpe de Estado perpetrado en Bolivia ha desatado por abajo la respuesta de miles de campesinos y trabajadores bolivianos que se rehúsan a aceptar los hechos consumados. En esta tarde [martes], tuvo lugar un cabildo abierto realizado en El Alto -ubicado en el departamento de La Paz-, desde donde los participantes se movilizaban a la Plaza Murillo de la ciudad capital a repudiar la asunción en el Ejecutivo de la senadora Jeanine Añez. El cabildo era sobrevolado amenazadoramente por aviones militares. Ya la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) había dado una de las primeras indicaciones, que instruyó a la conformación de comités de autodefensa, a bloqueos y movilizaciones permanentes. Las Juntas reclamaron la creación de la policía sindical civil para resguardar la seguridad del pueblo y emplazaron a los golpistas Luis Hernando Camacho, Waldo Albarracín, Marco Cumari y toda su comitiva a que se retiren de La Paz en el término de 48 horas. La Fejuve había cobrado un gran protagonismo en 2005, con las movilizaciones y bloqueos que llevaron a la conclusión prematura del gobierno de Carlos Mesa (otra de las patas políticas del actual golpe), quien procuraba mantener la dominación de los pulpos internacionales sobre la explotación hidrocarburífera. Algo similar refleja el instructivo publicado por la CSUTCB, confederación de campesinos, con extensión en los nueve departamentos de Bolivia, en el cual se instruye a garantizar el “Bloqueo General en Todo el país en las carreteras troncales, a fin de resistir a la Dictadura de Comité Cívico Policial” y a desarrollar la resistencia general al golpe de Estado en todo el país. En este contexto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), que se había manifestado en su momento por el pedido de renuncia a Evo Morales, hizo público esta tarde (martes) un pronunciamiento ambiguo. El texto critica la violencia de los “políticos y cívicos que han ocasionado todo este caos” y señala que si ellos no “restablecen el orden constitucional” en 24 horas, lanzarán una huelga general indefinida. La burocracia de la COB, obligada a recoger de alguna manera las expresiones populares contra los golpistas, lo hace sin denunciar el golpe con nombre y apellido ni convocar a derrotarlo. El Alto no se calla Durante el día de ayer (lunes) circularon videos por las redes sociales donde se pueden ver numerosos contingentes movilizados por las calles de El Alto vitoreando “Ahora sí ¡Guerra Civil!” y “Fusil, metralla, el Alto no se calla”. En esa zona han tenido lugar avanzadas contra la Estación Policial Integral (EPI) Tarapacá, mientras, por otro lado, se incendiaba un módulo policial del Distrito 8. Las movilizaciones avanzaron sobre las oficinas de Tránsito, Radio Patrullas y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El Comando Regional de la ciudad fue asaltado por los manifestantes. La Universidad Pública de El Alto (Upea) se encuentra ocupada desde el lunes y al día de hoy sesionó allí la Asamblea Popular de El Alto. Según el periódico boliviano La Razón se registran también acciones en La Paz y numerosos barrios de sus inmediaciones como Ovejuno, Pedregal, Chasquipampa, Rosales, Cota Cota, Pampahasi, entre otros. La Estación Policial Integral (EPI) de Chasquipampa habría sido atacada e incendiada por los manifestantes. Hubo enfrentamientos en la Asociación Departamental de Productores de Coca, donde manifestantes contra el golpe intentaron tomar las instalaciones de la asociación. Por su parte, una carta que dio a conocer el sitio Econojournal menciona que “grupos de personas tomaron el campo de Carrasco y estaciones de bombeo y compresión de hidrocarburos más cercana a ese campo" y que no se descarta la toma de otras instalaciones ligadas a la producción y exportación de gas (Clarín, 12/11). Situación que pone en cuestionamiento el cumplimiento de las obligaciones de abastecimiento de la petrolera estatal YPFB. Cochabamba, Oruro, Santa Cruz También hubo acciones populares en la ciudad de Cochabamba, incluida una movilización de cientos de personas en la zona sur de la ciudad y el ingreso de manifestantes al Politécnico Militar, sufriendo en ambos casos la represión de policías y militares. Incluso se han producido acciones en ciudades del departamento de Santa Cruz, cuna del golpismo boliviano, como es el caso de Yapacaní, donde los manifestantes desalojaron la comisaría y mantienen bloqueados los accesos a la ciudad. Pese al accionar de la dirección de la COB, por abajo, sectores mineros que la integran se han plegado a las acciones contra el golpe de Estado. Es lo ocurrido con los mineros de Oruro, a quienes la policía atacó con armas de fuego para impedir que se sumen a las movilizaciones. En la mayoría de las acciones, la policía se ha visto desbordada por los manifestantes, razón por la cual las Fuerzas Armadas han anunciado que se sumarán al operativo de “protección y resguardo de las instituciones” con miras a “restablecer el orden” y garantizar el funcionamiento de los servicios. La sola mención de la posibilidad de que el ejército ingrese a La Paz y El Alto rememora los hechos nefastos de la Masacre de Octubre (2003), cuando el gobierno de Sánchez de Lozada ordenó la militarización de la ciudad en pleno levantamiento de la Guerra del gas, con el consecuente asesinato de más de 60 bolivianos. La lucha contra el golpe en Bolivia se encuentra dominada por los enfrentamientos callejeros contra las fuerzas policiales y contra algunos reductos civiles organizados por los golpistas. Hasta el momento no se ha manifestado la incursión del movimiento obrero organizado que en el pasado (2008) hizo temblar a los golpistas, cercando la Media Luna Oriental con la amenaza de los mineros que dinamitaban todo a su paso. La predisposición a la lucha del pueblo boliviano es el camino para derrotar el golpe reaccionario sobre la base de una irrupción más profunda de los trabajadores y campesinos.

Gustavo Sáenz intendente de la ciudad de Salta, macrista y ex candidato a vice de Sergio Massa, ganó la elección provincial con el 53% de los votos, 15% más de los obtenidos en las Paso. En torno de Sáenz se agruparon las fuerzas del régimen que viene gobernando la provincia hace 24 años con Romero y Urtubey, y a ellos se les sumó el PRO. Con el desarrollo del proceso electoral se fue produciendo un pasaje en bandada hacia Sáenz de candidatos, burócratas sindicales (como los de ATSA y ADP) y funcionarios de Urtubey, que inicialmente apoyaron al candidato del Frente de Todos, Sergio Leavy. Lo mismo ocurrió con candidatos locales de Alfredo Olmedo. La burguesía local en bloque apoyó esta candidatura que usói el poncho de Güemes como emblema, se presentó como la “representación general” de los salteños y hasta como un recurso para proteger a los provincianos en medio de la crisis. El mismo discurso que ha permitido a los oficialismos provinciales ganar elecciones desde marzo pasado en distintas provincias. Primero se despegaron de cualquier responsabilidad por la crisis nacional y su brutal impacto en una provincia con indicadores de pobreza cercanos al 50%. Esto a pesar de haber sido sostenedores en el congreso de todas las medidas del macrismo y firmantes del pacto fiscal que redujo los fondos provinciales en 4.000 millones de pesos este año. Aunque es un representante conspicuo del bloque oficialista se presentó incluso como la renovación, habló de limitar las reelecciones y apoyó, con éxito, candidatos de recambio en municipios que tenían intendentes con décadas en el poder. Leavy se derrumbó del 46 al 25% entre la elección presidencial en la que fue electo senador nacional junto a la boleta de Fernández y la provincial. Su “Frente de Todos” pretendía realizar un reciclaje continuista de Urtubey, integrando a su ministro de hacienda como vice gobernador y a varios de sus intendentes, pero fue abandonado por el grueso de la burguesía local que acompañó a aquél. Con estos resultados Sáenz se armó además de más de los 2/3 de los concejales en la capital y de un amplio bloque en ambas Cámaras que, a no dudarlo, terminará dominando por el proceso de cooptación sobre el PJ, el olmedismo y el PV, que con el triunfo se va a acelerar. Sáenz se hizo fama de buen gestor de recursos para la obra pública en la ciudad ante el gobierno de Macri y desde ese lugar de “buen gestor” hizo su campaña. Claro que lo que viene, como hemos explicado, no lo arregla ningún “buen gestor”; lo que viene es un ajuste capitalista brutal que va a comenzar por la eliminación de la clausula gatillo que indexa sueldos de los estatales y seguirá por reducir a la mínima expresión la obra pública. Con seguridad Sáenz, de estrechos vínculos con Fernández, impulsará la versión local del pacto social para colocar un cepo a las reivindicaciones populares. Nuestra campaña: resultados y perspectivas El FIT-U que encabezamos los compañeros del PO reunió la misma votación que obtuvimos en las Paso a legisladores con algún crecimiento en ciertas categorías como la de intendente de capital donde llegamos al 4,52% y una caída a gobernador. En diputados y concejales de capital que es donde disputábamos la posibilidad de defender bancadas, quedamos fuera con porcentajes del 3,9%. En el caso de concejales nuestros votos permitirían ampliamente el ingreso de Jorgelina Franco, pero el piso del 5% mínimo obligatorio lo impidió. En medio de una gran dispersión de listas para los cargos legislativos, el piso proscriptivo ha dejado fuera de cualquier representación al 40% de los votantes. Estos resultados consuman un retroceso en relación con cualquier registro anterior del PO o del FIT imponiéndose en la provincia la misma tendencia dominante a nivel nacional, que coloca a la izquierda en los márgenes de un escenario dominado por las variantes llamadas neoliberales y “nacional y popular” de la burguesía, que aparecen confrontando pero son vehículos distintos para aplicar el mismo ajuste capitalista. Con seguridad afectó nuestros resultados la ruptura del grupo de Altamira con el Partido Obrero, porque fue un factor de desmoralización de una parte del electorado que no se explica la división pero la interpreta como una frustración. Por otro lado estuvo su actividad anti-electoral, anti-Frente de Izquierda e injuriosa contra los dirigentes del PO que ganamos ampliamente las Paso. En lugar de batallar contra el nacionalismo burgués que dominó la elección batallaron contra nosotros en modo “carroñero” y divisionista, haciéndose los intérpretes de la derrota. Criticaron un sesgo al “electoralismo y una tendencia a la cooptación parlamentaria”, que nunca fundamentaron, al tiempo que levantaban como consigna central la asamblea constituyente en su versión más conservadora, en medio de un proceso electoral ampliamente dominado por la burguesía. Luego proclamaron una indescifrable “revocatoria de los poderes” mientras abandonaban todo desarrollo de un programa de transición para sustraer a las masas del dominio del bloque oficialista en las elecciones. Se trata de una secta divisionista, funcional al dominio de la burguesía, un obstáculo que los revolucionarios debemos superar en Salta y en todo el país. De nuestra parte, hemos hecho de todo este proceso electoral un escenario para reorganizar al PO, procesar esta crisis y abrirnos camino. Presentamos un programa provincial y también uno para la ciudad que serán una guía de acción porque va a empalmar con la experiencia de las masas contra la aplicación del ajuste capitalista. En ese sentido la campaña ha sido un enorme terreno de preparación política. En esta elección como en las anteriores, nuestra movilización política y militante fue superior a la del grupo altamirista que sin embargo sigue diciendo que constituyen el 90 % del PO en la provincia. Solo en una semana distribuimos 40.000 declaraciones recorrimos los principales lugares de trabajo y estudio. El “grupo” terminó su “campaña” encerrado en su local en una charla con Daniel Blanco a la que asistieron no más de 30 personas… Iniciamos un plan de reclutamiento en capital e interior que abre nuevas posibilidades. Vamos por un amplio desarrollo entre los compañeros del Polo, la juventud y docentes. Continuamos con la presencia de la banca en diputados con la que daremos batalla en una etapa de desafíos extremos para la clase obrera y para desarrollar una gran agitación por una salida obrera a la crisis. El contraste entre la expectativa popular y la política del gobierno de Sáenz no tardará en ponerse de manifiesto. Hemos preparado el camino para el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.

Como es tradición en el Partido Obrero, en estos días hemos puesto en marcha la Campaña Financiera de fin de año. Nuestra organización lleva a discusión con todos los simpatizantes del partido, del Frente de Izquierda y de la izquierda en general la necesidad de hacernos de recursos económicos para solventar nuestra actividad cotidiana. Estas campañas tienen una importancia por partida doble: en primer lugar, porque los aportes que realiza la militancia y los simpatizantes son prácticamente los únicos ingresos que una organización como la nuestra tiene para sostener nuestros materiales, nuestras actividades, nuestros locales partidarios y nuestra prensa, entre otras. En segundo lugar, debatimos esta campaña con los trabajadores -tanto los ocupados como los desocupados-, los estudiantes, las mujeres, que toman conciencia de que esos recursos conquistados estarán puestos al servicio de las luchas que esos sectores desenvuelven día a día. Las rebeliones y alzas de lucha en toda Latinoamérica anticipan el rumbo que puede adoptar nuestro país bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Es por ello que este año nos proponemos redoblar nuestra campaña entre los compañeros que desenvolvieron grandes luchas a lo largo del año y que se disponen a enfrentar el pacto social que preparan los Fernández junto al FMI. En ese sentido, la Campaña Financiera en el Polo Obrero, que copó las rutas y avenidas del país durante todo el año, dará cuenta del desarrollo de la lucha de los trabajadores desocupados. El Polo tiene presencia en 15 provincias del país y en decenas de municipios, y se propone extenderse a todas las provincias, para seguir luchando por el trabajo genuino para todos los trabajadores desocupados del país. En el movimiento obrero ocupado se presentarán también grandes desafíos. Además de las luchas contra la reforma laboral y contra el congelamiento salarial, se desarrollarán elecciones sindicales de enorme importancia como las del Sutna, AGD, Federación Gráfica Bonaerense, UTE, Ademys, entre otras, que pondrán a prueba a nuestro partido y sus agrupaciones en un escenario donde la burocracia sindical pretenderá bloquear a todos los trabajadores para evitar que salgan a luchar. Un desafío particular estará entre la juventud. La conquista de centros de estudiantes en secundarios -como el Nacional Buenos Aires-, de terciarios y en facultades, serán el punto de apoyo para reconquistar posiciones en todo el movimiento estudiantil, que más temprano que tarde imitará a los estudiantes y jóvenes que abrieron las rebeliones chilenas. También será importante la disputa en el terreno del movimiento de la mujer, luchando por imponer la discusión y la conquista del aborto legal y la separación de la Iglesia y el Estado, contra la injerencia clerical de los partidos patronales. El golpe de Estado en Bolivia y la respuesta de los trabajadores contra ese golpe, la rebelión chilena y la ecuatoriana, las luchas contra Bolsonaro, y aquí contra el FMI y el pacto social, requieren un partido en acción y con todos sus músculos tensos para las batallas que se vendrán. A eso apunta esta Campaña Financiera de fin de año.

La propuesta que el gobernador Mariano Arcioni presentó a los docentes encierra una maniobra burda. Obligado a echar lastre, luego de la renuncia de su brazo derecho Federico Massoni, Arcioni intenta presentar esta salida como superadora, ya que incluye el reconocimiento -de palabra- de la paritaria y de las deudas que su incumplimiento generó, pero el mismo texto posterga sin fecha la devolución del grueso de lo adeudado (salvo una primera cuota) y deja sin cambios el pago escalonado. Al cierre de esta edición, las regionales de Atech de Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel votaban su rechazo, mientras que la regional este (Trelew, Rawson y Valle) se inclinaba por aceptar. No hay en la propuesta ninguna solución a los reclamos de fondo; reclamos tan sencillos y concretos como cobrar en tiempo y forma el acuerdo paritario, la regularización de la obra social y las escuelas en condiciones. Esta respuesta no llega de parte del gobierno provincial ni nacional, porque el conjunto del régimen social y político prioriza el pago a los acreedores de la deuda y la entrega a los saqueadores de la provincia. La reunión de Alberto Fernández con su aliado Arcioni tuvo como eje otro aspecto de la crisis. Según los medios, la agenda estaba dominada por la reestructuración de la deuda provincial, ya que los vencimientos que tiene Chubut en el corto plazo, como los compromisos con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Bodic 2, Bocade y Bopro, son alarmantes. En tanto, la Legislatura acaba de votar un nuevo endeudamiento por más de 3 mil millones de pesos con el gobierno nacional, en el marco de la transición. La crisis ya se llevó puestos a varios ministros, cuatro de la cartera de Educación, uno de Salud y Economía, y tiene ahora un vacío en su gabinete tras la caída de Massoni. Sus principales aliados políticos locales, Ricardo Sastre (actual intendente de Madryn y vicegobernador electo) y Adrián Maderna (intendente de Trelew) rechazaron agarrar la papa caliente que significa el puesto del “renunciado” ministro coordinador. Mientras la docencia chubutense da muestra de sus enormes reservas de lucha, camino a superar la semana diecisiete de huelga, la Ctera sigue mirando para otro lado. El paro que convocó en respuesta a la represión de la semana pasada y la detención de Santiago Goodman, secretario provincial de Atech, fue contundente en todo el país. Pero ha sido un rayo en el cielo de la transición que diseñaron Fernández y Macri. Para lograr nuestros reclamos necesitamos nacionalizar el conflicto y darle continuidad a las medidas para desbaratar las maniobras de Arcioni; poner en pie el tercer congreso provincial de delegados de Atech, para discutir la situación y el llamado a un plan de lucha común de todos los gremios de la provincia que ponga fin al saqueo. Hagamos valer lo que nos corresponde como trabajadores y trabajadoras de la educación.