Prensa Obrera N° 1571

La transición en curso hasta el próximo 10 de diciembre ha abierto un abanico de especulaciones en torno de cuál será la estrategia económica del gobierno de Fernández. El nuevo gobierno capitalista deberá lidiar con una Argentina endeudada, fuera del mercado de créditos, envuelta en un cepo y con una quiebra del Banco Central. Empujado por la bancarrota capitalista y el descalabro económico generalizado, Macri concluye su mandato reproduciendo el intervencionismo estatal que venía a erradicar. El país que deja Macri es el resultado del fracaso de toda una tentativa capitalista. Fernández ha declarado en numerosas ocasiones que pretende repetir el esquema montado por Néstor Kirchner en 2003. Lo que, entre otras cosas, significaría imponer una ley de emergencia que le conferiría superpoderes como los que prolongaron Duhalde y el kirchnerismo durante doce años. En esa línea parecerían alistarse distintos sectores de la burguesía nacional, como la Cámara de la Construcción, los transportistas y la UIA, que piden ser declarados en emergencia y aspiran a que el nuevo gobierno garantice una rebaja de la tasa de interés, beneficios impositivos y, por sobre todo, avanzar en la destrucción de los convenios colectivos de trabajo. Fernández ya ha dado algunas señales importantes, con su promesa de rebajar los aportes patronales y de que avanzará en una nueva reforma previsional, liquidando el actual sistema de indexación. El problema de las tarifas será también un terreno de conflictos, donde aparece el regulacionismo estatal, pero salvando los contratos (dolarizados). Sucede que el reciente aumento de los combustibles y el que se prevé para las próximas semanas acicatean un proceso inflacionario que superará el 60% cuando concluya el año. Pero la desdolarización de las tarifas que promete Fernández, un reclamo clave de los industriales, choca con los intereses de los monopolios energéticos, que ya han anticipado que no habrá inversiones en Vaca Muerta si no cuentan con precios dolarizados, atados al precio internacional y con la libertad de girar dividendos. La diferencia entre lo que los industriales están dispuestos a pagar y lo que los monopolios petroleros quieren cobrar sería puesta por el Estado a través de exenciones impositivas o directamente de subsidios. Un desfalco al Estado en beneficio de industriales y petroleras. Pero la puesta en marcha de un régimen de intervencionismo estatal deberá superar la pavorosa crisis fiscal. Sucede que “la caja” es un factor clave para poner en pie un régimen de arbitraje. Quien parece haber tomado nota del problema que afrontará el nuevo gobierno es la burguesía agroexportadora, que ha acelerado la venta de trigo y maíz ante el temor de que Fernández decrete un aumento a las retenciones. Esto último o una gracia en el pago de la deuda serían las medidas a las que el gobierno podría echar mano para pilotear la crisis fiscal, con el riesgo de despertar choques con (y entre) distintos sectores capitalistas. Siempre la deuda Fernández, como Duhalde y Kirchner, no tiene otro horizonte que crear las condiciones para el repago de la deuda, sin lugar a dudas, el principal frente de conflicto que debe abordar el nuevo gobierno. De ahí que haya anticipado que el cepo reforzado se mantendrá luego del 10 de diciembre. Es que sólo en 2020, los vencimientos de deuda externa ascienden a los 21.000 millones de dólares. Y según algunos analistas, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central hacia fin de año apenas rondarían los 2.000 millones de dólares. Este cuadro económico y financiero es lo que ha llevado al fondo de inversión Wells Fargo a estimar un default para los primeros meses de 2020. La insolvencia del país planteará un enorme conflicto con los bonistas, entre los que se encuentran los grandes fondos de inversión y los bancos, que reclaman una renegociación sin quita de capital a pesar de haber obtenido bonos soberanos a precio de remate. La renegociación del acuerdo con el FMI es el otro gran tema de la agenda de Fernández. El presidente electo necesita el desembolso de los 5.400 millones de dólares pendientes para este año y los 7.000 millones de dólares pautados para 2020, para poder afrontar los vencimientos de deuda del próximo período. Según Ambito Financiero (5/11), Fernández pretende repetir, a través de Donald Trump, la intervención que el expresidente norteamericano George Bush realizara ante el FMI a pedido de Kirchner en 2003. Le explicará a Trump y al FMI que necesita ‘que lo dejen cumplir’ y tratará de evitar la imposición de parte del Fondo de algunos de los puntos de las “reformas estructurales” que los créditos ‘stand by’ o de ‘facilidades extendidas’ tienen como contrapartida. Ofrecería, a cambio, un ajuste de ‘sintonía fina’, alertando al imperialismo sobre los peligros que encierra una nueva escalada ajustadora contra el pueblo argentino, a la luz de las experiencias de Ecuador y Chile. Sea como fuese, las posibilidades del gobierno de Fernández de poder hacer frente a la crisis de deuda están condicionadas por la evolución de la crisis capitalista internacional. El gobierno deberá superar la crisis de la balanza de pagos del país si quiere responder a las exigencias de los bonistas. A pesar de las gigantescas devaluaciones de los últimos años, el saldo positivo de la balanza comercial no estuvo dado por un incremento de las exportaciones sino, por sobre todo, por el derrumbe de las importaciones, como consecuencia de la recesión. A su vez, la situación mundial difiere notablemente de la que se benefició el gobierno de Néstor Kirchner. Mientras en aquel momento el acople Estados Unidos-China apuntaló un crecimiento de la economía mundial, elevó los precios de las materias primas y estimuló el crecimiento de la exportación argentina; el actual cuadro es completamente inverso. Estados Unidos y China se enfrentan en una guerra comercial, se derrumbaron los precios de las materias primas y la economía mundial se encuentra en las vísperas de una nueva recesión. De mínimo, el relato de que vía devaluación e incremento de las exportaciones se solucionará la crisis de la balanza de pagos de la Argentina, tal cual lo ha sugerido Fernández a lo largo de toda la campaña, está cuestionado. Sin un período de gracia de al menos dos años sobre el total de la deuda, Argentina no tiene chance alguna de retomar un crecimiento económico. De no ocurrir, tenemos un escenario a la “griega” de dilatada depresión y ajustes sucesivos, lo que chocaría de frente con las expectativas puestas por el electorado que dio la victoria a la coalición pejotista. Régimen político La viga maestra de la estrategia política de los Fernández recae en el pacto social que pretende poner en pie junto a la clase capitalista, la burocracia sindical y la Iglesia. Se trata del instrumento político para proceder a maniatar a la clase obrera, especialmente ante la tentativa de las patronales de congelar los salarios y avanzar en la reforma de los convenios. Será lo que Alberto Fernández irá a tejer en el plenario de secretarios generales de la CGT el viernes próximo. El Consejo Económico y Social, para el cual ha circulado el nombre de Roberto Lavagna como eventual presidente, sería la institucionalización del pacto social. Por eso, junto a la ley de emergencia económica y al Presupuesto 2020, será una de las tres leyes fundamentales que enviará Fernández al Congreso. Alberto Fernández dejó en claro, en la asunción del gobernador de Tucumán Juan Manzur, cuáles serán los sectores en los que se apoyará su gobierno: la liga de los gobernadores, los intendentes del conurbano y los sectores más rancios de la burocracia sindical. En la Cámara de Diputados, donde no cuenta con quórum propio y es la segunda minoría, deberá reunir la mayoría sesión por sesión, buscando el acompañamiento de los votos del PJ cordobés y de los diputados de los partidos provinciales, como el MPN de Neuquén o JSRN de Río Negro. Y apelando al voto de la bancada macrista, que estará siempre dispuesta a votar las leyes ajustadoras. Un adelanto de esta política se está procesando en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof elabora el Presupuesto 2020 en conjunto con Vidal. Actuemos Más temprano que tarde, con la evolución de la crisis, quedará en evidencia el realismo y la actualidad del planteo programático que desarrolló el Frente de Izquierda-Unidad a lo largo de la campaña electoral. En lo inmediato, el movimiento de masas ingresa a esta fase de la crisis argentina en un cuadro general de contención, pero cruzado por luchas cuyo desenvolvimiento y desenlace serán claves en la relación de fuerzas entre las clases. Aunque indefectiblemente la crisis hará su trabajo de topo, la posibilidad de que el pueblo argentino se contagie del cuadro de ascenso de la lucha de las masas latinoamericanas debe ser abonada por la agitación, la propaganda y la organización revolucionaria. Para eso, en oposición al pacto social y a los planteos paralizantes de las burocracias sindicales, impulsamos la organización y la lucha por la reapertura de paritarias, el doble aguinaldo, la reincorporación de los despidos, el aumento y la reapertura de los programas sociales. La agitación y explicación de un programa de salida a la crisis deberá seguir ocupando un lugar destacado: no pago de la deuda externa, por la ruptura con el FMI, por la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior; para transformar a los trabajadores en alternativa de poder. Al colaboracionismo de la burocracia sindical, le oponemos la vigencia de la lucha por un congreso de delegados, mandatados y electos por las asambleas de base de todos los gremios, para votar un pliego de reivindicaciones inmediatas, un programa y un plan de lucha para imponerlo. Sobre la base de este planteo, el Frente de Izquierda como tal debe tener una intervención sistemática en el proceso social y político, superando un accionar circunscripto al terreno meramente electoral. Al calor de estas peleas es necesario defender la independencia política de los trabajadores y desarrollar una alternativa obrera y socialista.

Así titula New York Times uno de sus artículos de cabecera. Estamos ingresando en un nuevo escenario mundial, atravesado por grandes levantamientos populares. América Latina no se sustrae a esta situación, cuyo punto culminante ha sido el Ecuador y Chile. Estos levantamientos son inseparables de la bancarrota capitalista, que viene haciendo su trabajo implacable de topo y cuyos efectos devastadores se hacen sentir sobre las masas. ¿En qué situación estamos parados? Una noticia a la que no se le ha dado la atención que se merece es la reciente intervención de urgencia de la Reserva Federal norteamericana, en el mercado interbancario, cuyo interés llegó a dispararse hasta el 9%. Recordemos que la crisis de liquidez de la banca yanqui precedió el crack de 2008, que estalló con el hundimiento de Lehman Brothers. Una intervención de esta naturaleza es un hecho excepcional y habla de la fragilidad del sistema financiero norteamericano, en el que sectores crecientes de la banca tropiezan con dificultades para hacer frente a retiros normales de sus clientes depositantes. No se trata de un hecho aislado. Los síntomas de una debacle financiera, como la que se precipitó en 2008, están a flor de piel. Durante 2019 ya hubo tres caídas de la Bolsa neoyorquina y mundial. Asistimos a un auge exponencial de los rendimientos negativos de las colocaciones financieras que han llegado a la friolera de 15 billones de dólares. El capital abandona colocaciones riesgosas y se desplaza a inversiones más seguras. Esto alimenta la fuga de capitales de la periferia y potencia la crisis de deuda y las tendencias al default que sacude a países emergentes, como Argentina. El dato dominante es que la economía mundial avanza a una recesión, que es lo que se pretendió evitar apelando al recate del Estado. Europa y Japón tienen un crecimiento nulo. Estados Unidos ha tenido en este último trimestre su registro más bajo desde la época Trump (1,9 por ciento) y ya se habla de que en 2020 podría haber tasas negativas, al menos en algún trimestre. La recuperación norteamericana, de la que se jacta el magnate, se ha pinchado. El dato más relevante es China, donde la desaceleración es cada vez más pronunciada. Como telón de fondo está la crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales. Las tendencias deflacionarias hoy reinantes traducen la declinación en los niveles de rentabilidad. Con excepción de algunos gigantes de la economía norteamericana (Amazon, Google, Apple, Microsoft), las corporaciones vienen sufriendo una caída en sus márgenes de beneficio, mientras crecen sus deudas, que ya ascienden a 8 billones de dólares. Esta tendencia en la caída de la tasa de beneficio está en la base de la huelga de inversiones que se encuentra en su punto muy bajo. Cartuchos mojados La capacidad de hacer frente a la perspectiva de una recesión es sensiblemente inferior a la de diez años atrás. Los recursos de los Estados para rescatar el capital se han ido agotando. La Reserva Federal ha dispuesto la tercera reducción de la tasa de interés en el año. El Banco Central Europeo (BCE) ha establecido tasas negativas, con nuevos ajustes hacia abajo. Pero estas medidas no logran reanimar sus economías. Tanto la Reserva Federal como el BCE han resuelto iniciar su política de expansión cuantitativa-compra de activos financieros -que habían dado por concluida. El uso de ese procedimiento va de la mano de una gran emisión monetaria y provoca un creciente debilitamiento de las monedas, empezando por el dólar. Un dólar débil no es una garantía de mayor competitividad de los productos estadounidenses, pero podría provocar, en cambio, un cataclismo internacional, si se concretara un abandono de la divisa norteamericana, que es el principal medio de pago en las transacciones mundiales. Ya algunos bancos centrales se vienen desprendiendo de sus reservas en dólares y comprando oro, que es lo que explica, entre otras razones, el aumento que viene teniendo en su precio. El refugio en el oro es una señal clásica e inconfundible en la historia de los momentos excepcionales de la crisis capitalista. Esto implicaría una fractura del comercio y de la economía mundial y, por lo tanto, sería un acelerador de la recesión y de las rivalidades anticapitalistas. Guerra comercial El impasse capitalista alimenta la guerra comercial. El acuerdo reciente entre China y Estados Unidos es super-restringido. Los aranceles siguen en pie. Lo único que Estados Unidos ha suspendido es el aumento del 25 al 30% de los mismos, que entraba en vigencia en estas semanas. El acuerdo no cubre las acciones de Estados Unidos contra las empresas tecnológicas chinas, los subsidios estatales de las empresas chinas y la incursión del gigante asiático en la industria de alta tecnología. China acordó la compra 50.000 millones de dólares adicionales de productos agrícolas estadounidenses. Aún así, sigue estando por debajo de los niveles previos a que estallara el conflicto comercial. Si la perspectiva es una nueva recesión, debemos prepararnos para nuevas crisis, rupturas y choques aún de orden superior. Un anticipo es la devaluación del yuan a la que ha apelado China. Estamos entrando en un escenario de devaluaciones competitivas, que ahondarían más las tendencias proteccionistas y conducirían a un dislocamiento de la economía mundial. Esto es lo que está en la base del fracaso de las devaluaciones ya realizadas en Argentina, y son un aviso de los límites insalvables de la política devaluacionista que alienta Fernández. Lejos de sus efectos benéficos, lo que ha primado con la guerra comercial son sus consecuencias negativas en Estados Unidos: aumentos de los precios al consumidor y de los costos industriales por el encarecimiento de los productos importados y el cierre de mercados, empezando por el agrícola. Esto ha despertado una tensión creciente entre el gobierno y franjas crecientes de la clase capitalista que plantean poner un freno a la guerra comercial. En China, a su turno, la devaluación del yuan es un arma de doble filo, pues encarece la deuda nominada en dólares de las empresas locales estatales y privadas, que ya se encuentran en serios aprietos financieros y podría disparar una nueva huida de capitales, como ya ocurrió en 2016 cuando la fuga en un lapso muy corto de tiempo alcanzó la friolera de 750.000 millones de dólares. El régimen chino dio señales de avanzar hacia una apertura de su economía. La noticia, sin embargo, que tomó estado público un mes atrás, ordenando la incorporación de funcionarios del régimen a cien empresas privadas, incluida Alibaba, indicaría un volantazo. La burocracia china mira con recelo a la elite empresaria que está tomando cada vez más vuelo propio. El régimen bonapartista de Xi Jinping, al cual se le han conferido facultades excepcionales al habilitársele la reelección indefinida, está obligado a conciliar la tendencia a la autonomía de sus proto-capitalistas con la necesidad de contener la desintegración del Estado. Las ex economías estatizadas han incorporado a sus contradicciones autárquicas, las más violentas aún, de la economía mundial. América latina Según los pronósticos de la Cepal y el FMI el crecimiento de Latinoamérica será del 0,3%. Esto es consecuencia directa de la caída de los precios de las materias primas (soja, petróleo, minerales, etc.), que constituye el grueso de las exportaciones latinoamericanas; de la recesión y del freno del comercio mundial, agravado por las guerras económicas entre Estados Unidos y la Unión Europea y China; del encarecimiento del crédito y las fugas de capitales hacia las metrópolis imperialistas. Y, sobre ello, el peso agobiante de las deudas externas. Que Chile sea uno de los puntos más altos de la rebelión popular es emblemático, pues era considerado por la burguesía como un “oasis” y el "modelo" a imitar. No ha escapado, tampoco, a los coletazos de la crisis mundial: caída de los precios del cobre, desaceleración de su economía, fenomenal peso del pago de los intereses de la deuda externa. Este deterioro fue comiendo también los ingresos fiscales. Importa señalar que los ajustes de cuño fondomonetarista, ya sea con el acuerdo formal o no del FMI, han sido llevados adelante por gobiernos que se reclaman derechistas (como el de Macri en Argentina o Bolsonaro en Brasil), pero también por los nacionales y populares (como el de Lenín Moreno en Ecuador, el sandinista Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia o el Frente Amplio en Uruguay). Esto habla de las limitaciones insalvables del nacionalismo burgués y del progresismo que, impotente para dar una respuesta y una salida frente a las tendencias dislocadoras de la bancarrota capitalista, termina cediendo a las presiones y la extorsión del capital financiero. Esto conduce a una desorganización y descalabro económico y a penurias inauditas para las masas y abre paso a la reacción derechista. Esta nueva etapa coloca en el orden del día en Latinoamérica -y podemos afirmar a escala internacional- la consigna que venimos impulsando en Argentina: que la crisis capitalista la paguen los capitalistas, lo que plantea derrotar y poner fin a estos regímenes responsables de este calvario y abrir paso a una salida política en la que los explotados sean los protagonistas: la lucha por gobiernos de trabajadores.

La rebelión popular chilena que comenzó el 6 de octubre pasado ante el aumento de la tarifa del metro, sigue su curso ganando en profundidad social y en amplitud nacional. El alcance general de la lucha que está en curso lo refleja el propio movimiento, popularizando la frase “no son 30 pesos, son 30 años”, en clara alusión al carácter continuista con el pinochetismo de la llamada democracia chilena. Lo que distingue esta rebelión de las anteriores es su carácter de conjunto, ya que envuelve a todas las clases sociales explotadas y proyecta los distintos reclamos en contraposición al régimen político imperante. La conciencia que existe en la calle es que la educación y la salud universal y gratuita, la estatización del sistema de pensiones, el aumento de salarios y el establecimiento de convenios por rama, la conquista de los derechos de la mujer y de la población mapuche no es compatible no ya solo con el gobierno de Sebastián Piñera, sino con el régimen heredado de la dictadura. Otro dato que distingue a este movimiento de las luchas recientes que lo pavimentaron es una mayor participación del movimiento obrero y de los sindicatos. La popularización de la consigna de la huelga general, incluso bajo el sentido distorsionado que le otorga la burocracia sindical, no deja de ser un reflejo de ello. La acción de lucha de los trabajadores, de la juventud y de amplios sectores populares encuentra un punto de reunión en las asambleas populares, que se han multiplicado por todo Santiago y también por el interior. Es cierto, claro, que en estas los trabajadores participan a título personal, y no como clase estructurada en sindicatos o partidos. Pero esta relativa debilidad tiene su punto a favor en el hecho de que la regimentación burocrática no logra envolverlas. El peligro potencial que implica para el régimen ha llevado a que varias instituciones del Estado y partidos del régimen busquen desarrollar sus propios cabildos, para evitar la puesta en pie de un movimiento autónomo con capacidad de potenciarse como un poder alternativo. Bancarrota económica La marea de fondo que provocó esta rebelión es el impacto de la bancarrota capitalista internacional sobre América Latina y sobre Chile en particular. A pesar de los miles de editoriales que gastaron tinta hablando del ´milagro chileno´, lo cierto es que el país trasandino sigue dependiendo de las exportaciones de cobre, que representan aproximadamente el 50% de sus ventas al exterior. La caída de su precio, en consonancia con el retroceso de todas las materias primas, causó un retroceso económico y de los ingresos fiscales. De conjunto, Chile se ve afectada por una crisis financiera como resultado de la creciente deuda externa. La caída de sus exportaciones choca con una deuda que implica en el transcurso de un año compromisos por 60.000 millones de dólares. Ruptura de los equilibrios El programa enarbolado por la rebelión popular va mucho más allá de una suma de reclamos sectoriales. Tomado en su conjunto, cuestiona toda la orientación social que los distintos gobiernos del pos pinochetismo han aplicado hasta la fecha, con variantes mínimas entre ellos más allá de que sean rotulados como derechistas o centroizquierdistas. Terminar con la privatización de la educación y la salud, con el régimen de capitalización personal en las jubilaciones, con la atomización del movimiento obrero en acuerdos y sindicatos por empresa, con la entrega de los recursos naturales y con el copamiento de la tierra urbana y rural implica barrer el dominio del capital financiero que ha entrecruzado a la burguesía nativa e internacional en un régimen político de cuño represivo. Aunque abstractamente se podría considerar que el agotamiento de un régimen del capital financiero debiera llevar a la burguesía a producir un giro nacionalista, como ha ocurrido de hecho en América Latina en varias oportunidades, lo cierto es que un giro de ese tipo choca tanto con los límites que la crisis mundial le imponen a todos los estados en su capacidad de intervención, como así también con las instituciones, corporaciones e intereses concretos con los que Chile logró establecer su régimen luego del fin de la dictadura. Pero la crisis consiste en que aunque ese giro enfrente dificultades de fondo, la ruptura de los equilibrios preexistentes hace inviable la imposición vía represiva de una política meramente continuista. La rebelión popular ha colocado en la picota el régimen pos pinochetista y de modo inevitable la clase capitalista deberá improvisar para buscar una salida que rescate las conquistas que entiende como principales. Constituyente y constitución La admisión por todas las clases sociales de que la rebelión popular representa un antes y un después lo prueba el debate abierto sobre la necesidad de modificar la Constitución nacional y convocar a una Asamblea Constituyente. El cuestionamiento a la Constitución expresa de modo limitado una crítica de fondo al régimen político. A la vez, el abordaje constitucional de la crisis del régimen marca una limitación del movimiento y alimenta las maniobras de la oposición burguesa y también de un sector del oficialismo para buscar sacar al pueblo de la calle mediante promesas y maniobras parlamentarias. Piñera se vale de que la Constitución no contemple la convocatoria a una asamblea constituyente, para plantear la posibilidad de una modificación constitucional por la vía del Congreso. La mayoría especial que establece la Constitución para ser modificada le asegura a Piñera un control sobre todo el proceso. Sabiendo de lo limitado de su propuesta, Piñera ha planteado una agenda social, para echar lastre ante el pueblo. Los cambios cosméticos han sido rechazados, como así también las modificaciones del gabinete, del que fueron eyectados los sectores más repudiados por la población. Por el lado de la oposición de la Concertación, en especial del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, se han planteado variantes de constituyentes, que serían habilitadas por medio de un plebiscito. Antes de la propia Constituyente, este sector promueve que el Congreso modifique algunos artículos de la actual Constitución. Como tal, se trata de un acuerdo con Piñera y su fuerza política. El galimatías que supone recorrer tantas instancias institucionales delata la intención de que el centro de atención pase de la calle al Congreso Nacional. Este sector tiene ganado un merecido repudio de la parte más activa de la población, por haber formado parte del régimen pos pinochetista. Por eso requiere para llevar adelante un papel de contención echar mano a los sectores que se encuentran a la izquierda de su espacio político, como ser el PC y el Frente Amplio, y las organizaciones sindicales y sociales que éstas influyen. Varias de éstas coquetean con la consigna de “fuera Piñera”, pero lo hacen bajo un ropaje parlamentario y es el precio que deben pagar para jugar un papel de desvío del movimiento. Las organizaciones sindicales y sociales que dirigen acaban de publicar un texto anunciando la conformación de un “comité de huelga” y anunciando una nueva jornada de lucha para el 12 de noviembre, pero de su programa han borrado el planteo de que se vaya el gobierno para sí dejar el de la Constituyente. La consigna de la Asamblea Constituyente y la reforma de la Constitución expresan tanto la potencialidad del movimiento como sus limitaciones. Es necesario precisar el alcance de estos planteos, favoreciendo la intervención de los trabajadores, la juventud y el pueblo explotado. Para ello es necesario cuestionar los manejos no solo del Poder Ejecutivo sino también del Congreso Nacional donde pretende hacerse fuerte la oposición patronal. En las actuales condiciones, la mejor forma de neutralizar estas maniobras es estructurar la agitación partiendo de la consigna de la huelga general para echar a Piñera. Hay que explicar que solo con el derrocamiento del gobierno represor por las masas en la calle se abre la posibilidad de una constituyente soberana, que debe ser convocada por las organizaciones de lucha del pueblo. Es necesario acompañar esas consignas con un programa integral de reorganización política y social del país, que apunten a desmantelar el régimen y la dominación del capital financiero. Por esta vía preparamos incluso la intervención en una eventual constituyente regimentada, que de convocarse será con seguridad un foco de movilización para que se avance en muchos derechos. Es justamente ese temor el que por el momento lleva a la burguesía a no aventurarse en una convocatoria a una constituyente regimentada. (function(d, s, id){var js; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://embedsocial.com/embedscript/ei.js"; d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(js);}(document, "script", "EmbedSocialScript")); Por un partido de la clase obrera Al calor de esta lucha, debe estructurarse a los trabajadores como clase en el escenario político nacional. El planteo de un Congreso de trabajadores, que están debatiendo varios sindicatos, ocupa un lugar relevante en las tareas de agitación y de organización. La debilidad de los sindicatos por empresa herederos del pinochetismo pueden ser, contradictoriamente, más simples de recuperar por los trabajadores, dado que sus burocracias sindicales son también de menor cuantía. La lucha por estructurar a los trabajadores como clase remite directamente a la cuestión del partido. La potencia de la rebelión popular ha dejada expuesta la carencia de una organización política de los trabajadores. El Partido Comunista hace muchísimos años no juega ese papel y en el último período ha agravado su asimilación al régimen al lograr ingresar al Parlamento. Esto vale también para el Frente Amplio, que es una formación política nacida luego de la rebelión educativa del 2011. Nutrida de cuadros que mayormente provienen del movimiento estudiantil, el Frente Amplio logró una importante elección que le redundó en la conquista de 20 bancas en la Cámara de Diputados. Este debut auspicioso aceleró su asimilación al régimen y hoy juega un claro papel de contención. La rebelión en curso reclama superar esa experiencia y abrir curso a la formación de un partido de la clase obrera. Se trata de un debate que está instalado en cuadros revolucionarios que actúan de modo disperso, y que deben superar la tentación de diluirse en el movimientismo. El avance en esa dirección requiere de un planteo específico, cuya base es la defensa de la independencia política de los trabajadores para luchar por su propio gobierno. La lucha para formar un partido debe hacerse con el método que le es propio a éste: quienes se pronuncien en ese sentido y formen los primeros núcleos deben actuar con el método de la agitación, la propaganda y la organización para desarmar las maniobras de desvío de la rebelión en curso y trazar un programa que una las reivindicaciones inmediatas con la lucha por el gobierno de los trabajadores. La única y duradera acumulación y de poder popular es el partido de la clase obrera.

Las elecciones para el Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires (Cenba), realizadas este lunes y martes, concluyeron con la victoria de la lista Flama, encabezada por Oktubre (UJS-Partido Obrero + Independientes). La nueva presidenta será Tatiana Fernández Martí. Con un 31,48% (674 votos), Flama triunfó sobre las dos agrupaciones alineadas con el Frente de Todos: Hierba Mala (Emergente/Cien Fuegos), que estaba en la conducción, quedó ahora tercera con un 15,27% (327 votos), mientras que segunda se ubicó La 25 (La Cámpora), con 26,67% (571 votos). Otras siete listas participaron de los comicios. Los resultados representan un posicionamiento del estudiantado en favor de una orientación combativa y de independencia de los gobiernos de turno y las autoridades. A lo largo de todo el año, y en la elección como parte de Flama, Oktubre denunció la política de ajuste y contra el movimiento de mujeres y diversidades llevada adelante por el gobierno nacional macrista y sus cómplices, así como su correlato en el CENBA, con la gestión de Valeria Bregman (ligada a la dirección burocrática de UTE-Ctera, y patrocinante de La 25), operando como garante de la inestabilidad de los docentes y de la estructura violenta y misógina que fuera denunciada por las egresadas del colegio, boicoteando la mesa de trabajo por la Educación Sexual Integral conquistada con la lucha y desatendiendo los problemas de infraestructura. Ante lo que caracterizó como una parálisis del centro, la lista ganadora enfatizó la necesidad de ponerlo de pie por estas reivindicaciones y por todas las luchas por venir, ante la asunción de un presidente que se ha comprometido con el pago de la deuda, en un preanuncio de mayores ajustes contra la educación y el conjunto de la población trabajadora. Esta victoria es un importante paso en el reagrupamiento independiente del movimiento estudiantil.

El reloj está en marcha. Los trabajadores empezaron, en la propia transición, la experiencia respecto del régimen político que debuta el 11 de diciembre. Porque la burocracia sindical, enteramente alineada al albertismo, declina todo reclamo ante el macrismo, y una clase capitalista que está arrasando con aumentos y tarifazos. Hacen colchón de precios, y también colchón de despidos y suspensiones. Además, siguen fugando capitales y presionando sobre el dólar. Los ajustes desatan rebeliones populares en el mundo y, acá, muy cerca, cruzando la cordillera. En un Chile que se levanta contra 30 años de explotación y coloniaje por parte de los gobiernos, sean derechistas como Piñera, o centroizquierdistas como Bachelet. La combativa clase obrera argentina está tensa, y traicionada en sus luchas. Pero, por sobre todo, expectante ante el nuevo poder político que votó en su mayoría. La izquierda obrera y socialista tiene que ser un factor de organización de la lucha ante el pacto social que se trama al tiempo que construye una alternativa política. Poniendo por delante la autonomía de los sindicatos del poder político patronal. Impulsando la independencia política de los trabajadores. Reclamando y practicando democracia sindical. Nadie ha votado un pacto social que congele nuestras demandas largamente postergadas: desde el hambre hasta el trabajo, pasando por salarios, jubilaciones y planes sociales. Y tenemos que ofrecer simultáneamente un programa de salida, ante la deuda, ante el saqueo, contra la superexplotación, contra la condena a ser una colonia del capital financiero y del imperialismo, contra la represión. Un programa de los trabajadores, inmediato y de fondo. Pero también de lucha. *Salario equivalente a la canasta familiar actualizado por inflación. *Mínimo, vital y móvil de $35000 e igual mínimo jubilatorio. *Paritarias libres, otorgamiento y respeto de las cláusulas gatillo. Defensa de la movilidad jubilatoria por índice de costo de vida. *Duplicación del importe de los planes sociales y apertura de los mismos. Duplicación de la AUH. *Doble aguinaldo para afrontar los aumentazos y tarifazos. *Prohibición de despidos y reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios. *Reincorporación de los despedidos estatales. *Apertura de los libros y control obrero de los precios. *No pago e investigación de la deuda pública. Ruptura con el FMI. *Nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, bajo control de los trabajadores. *No al pacto social, autonomía de los sindicatos. Congreso de Delegados mandatados por las Bases de todos los sindicatos. Plan de lucha.

“El presidente electo y su socio potencial, Roberto Lavagna, acuñaron la frase “poner plata en el bolsillo de los argentinos”, una salida lingüística para no hablar de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y, mucho menos, de canasta familiar. El promedio de las paritarias 2019 oscila en el 35%, contra una inflación del 55%, o más. Con raras excepciones como bancarios, Smata y el Sutna, hasta setiembre los trabajadores de grandes gremios como metalúrgicos o el transporte han perdido entre 12 y 15 puntos. Los paros docentes en Capital, como en la televisión tienen este fundamento. Pero el año no terminó y muchas paritarias terminan su período recién en marzo y aún en junio del año próximo como camioneros y el neumático. El gran tema es qué está pasando ahora mismo con los precios, y cómo llegaremos todos al pacto social que propone Alberto Fernández. Hubo tres tandas de un 14/15% de remarcaciones desde las Paso la semana del propio 12 de agosto, fin de setiembre y ahora. El índice de setiembre fue 5,9% y no bajaría del 4% mensual en el último trimestre. Pero eso estará sujeto a los aumentos de combustibles, del gas, que tiene un 29% postergado para diciembre y otros como el tarifazo de la luz que dictó Vidal de un 25 por ciento. A todo esto hay que agregar la potencial devaluación que está inscripta en el dólar contado con liquidación que supera los 80 pesos. En este contexto la “maquinita” de la emisión que celebró Roberto Fernández de UTA, funciona desenfrenada agregando leña al fuego. El Cronista Comercial (4/11), reconoce una fuerte “inflación reprimida” que alcanzaría el 50% en 2020 y ciertas consultoras como Delphos (ídem) establecen “la inflación del trimestre noviembre/enero en 17/20% y hasta el 30% en el peor escenario”. Todo lo cual se traduce en aumentazos en celulares, prepagas, en la carne, etc. Es decir que, por ahora, la plata va al bolsillo de las empresas formadoras de precios, menos al precio de la fuerza de trabajo: es decir al bolsillo de los trabajadores y jubilados El peronismo ha confundido como para crear expectativas y, al mismo tiempo, paralizar al movimiento obrero. Hablaron de un 20% de aumento a salarios y jubilaciones, luego de un 35% para todo el 2020 y, finalmente, la CGT desmiente todo y Andrés Rodríguez sacude el tablero diciendo que al presidente electo no le pedirán ni un bono de fin de año. Sobre llovido, mojado, planifican rebajas de aportes patronales a las Pymes y otras rebajas de impuestos para amortiguar, por ejemplo, los aumentos de combustibles. Esto agravará el torniquete contra jubilaciones y salarios estatales. Apuntan contra las cláusulas gatillo de algunas paritarias como docentes universitarios, tal cual las desconoció Arcioni en Chubut. Las jubilaciones y los salarios, son el blanco de la “desindexación de la economía”. En este plan, la indexación jubilatoria está condenada a muerte en los borradores del FMI y entre los economistas de Fernández, con la excusa de que Macri la estableció y partió del robo de 9,5% en marzo de 2018. Lo cual es cierto, pero ahora planean un robo superior: divorciarla de la inflación pasada y futura. A los empresarios no los “desindexa” nadie, no dependen de un índice de precios, lo hacen. Están haciendo ahora el colchón y eludirán los controles de un eventual pacto social como lo han hecho toda la vida, porque el poder político capitalista no está dispuesto a abrirles los libros y mucho menos a disponer un control obrero de los precios. En la transición, Macri hace el trabajo sucio de habilitar un enorme colchón de precios y despidos, mientras la CGT de Daer y la Corriente Federal kirchnerista le organizan un acto en Azopardo a Fernández, sin debate ni reclamos. Estamos en un momento crucial. El movimiento obrero tiene que ser autónomo o no existe. El clasismo y la izquierda revolucionaria en los sindicatos tenemos que oponernos a integrar a las organizaciones obreras a un Concejo Económico y Social de tipo corporativo y a un pacto social que lo sustente. La burocracia sindical con la parálisis ante esta transición contra los trabajadores está adelantando el carácter antiobrero que tendrá ese pacto social, maniatando a los sindicatos. La cuestión del salario equivalente a una verdadera canasta familiar que hoy no baja de 55.000 pesos, de una jubilación y salarios mínimos que no bajen de la canasta básica, del aumento en los planes sociales, de la indexación mensual de salarios y jubilaciones hasta que la inflación baje a menos de un dígito anual, están en el centro de un programa de los trabajadores. Para ello luchemos por la total autonomía de los sindicatos y las organizaciones de desocupados. No tienen mandato para atarnos a un pacto social que estará al servicio del capital, de la banca acreedora y del FMI. Impulsemos asambleas fabriles y sindicales en esta línea. Por un congreso mandatado desde las bases como están impulsando los sindicatos combativos en Chile. Ese es el camino.

“No vamos a exigirle a Alberto un bono navideño ni de fin de año porque sabemos que la situación es muy difícil”. declaró en una entrevista radial Andrés Rodríguez, famoso tanto por ocupar el cargo de secretario general en la Unión del Personal Civil de la Nación como por ser propietario de caballos de carrera y miembro de la Sociedad Rural. “Creo que el acuerdo económico y social se va a dar”, agregó. Los trabajadores y trabajadoras del Estado deberíamos tomar nota seriamente de este anuncio. Sucede que, como dijo Rodríguez, “la situación es muy difícil”, precisamente para quienes vivimos de un salario. Semejante crisis, que ha pulverizado el nivel de vida de las masas en general, y en este caso particular de los estatales, reclama medidas urgentes para defender a las mayorías trabajadoras. Contrariamente a esta necesidad, el pacto social que promocionan el presidente electo Alberto Fernández y la burocracia sindical supone sacrificar las demandas de la clase obrera, que es la única condenada a “poner el hombro”. Indudablemente, las declaraciones del líder de UPCN no son excepcionales. Todas las alas de la burocracia sindical están preparando el terreno para suscribir un acuerdo contra los intereses de los trabajadores en nombre de “la pesada herencia”. Así lo declararon Hugo Yasky, de la CTA, para quien “no estaría mal” congelar los salarios; Héctor Daer, de la CGT, quien señaló como si fuera líder de la UIA que los sueldos “no pueden aumentar 35%”; y Roberto Baradel, de Suteba, que anticipó el comienzo de clases “normal” al margen del presupuesto educativo o los ingresos que perciba la docencia. Hay que discutir esta grave situación por abajo, organizando asambleas sin distinción de afiliación. Ahí podríamos discutir nuestros reclamos, que empiezan por la inmediata reapertura de las paritarias, el establecimiento de un aumento de emergencia, el mínimo equivalente a la canasta familiar y la indexación según inflación. Además, está al rojo vivo la cuestión del pase a planta y la reincorporación de las y los despedidos bajo el macrismo. Es claro que las direcciones burocráticas de ATE no pueden ni quieren cumplir el rol de desarrollar esta lucha, ya que forman parte del amplio universo sindical embretado con Fernández y, por lo tanto, con el pacto social. La transición que se cocina es contra el pueblo, pero opera sobre un volcán, con la perspectiva de nuevas devaluaciones, crisis bancarias y saltos inflacionarios. Llamamos a los estatales a deliberar con los ojos puestos en Chile y Ecuador, y preparar acciones en defensa de nuestras condiciones de vida.

El procedimiento preventivo de crisis ha caído la última semana, luego de las permanentes denuncias por parte de los trabajadores de que era una maniobra y una truchada de la patronal para extorsionarlos; ahora han quedado liberadas las partes luego de varias audiencias en la Secretaría de Trabajo. La empresa sigue amedrentando a las familias trabajadoras con cartas documento en referencia al supuesto carácter ilegal (una mentira de la empresa) que tendría la ocupación y ofreciendo aún los retiros voluntarios a pesar de haber enviado los telegramas de despido. Este último hecho coloca al conflicto en una nueva etapa. La concreción de los despidos no sorprende ya que la empresa había anunciado su intención de cierre y despidos desde el mismo día que comenzó el lock-out, aquel 26 de septiembre. Ahora, la patronal debería depositar las indemnizaciones a las 48 horas posteriores a los despidos, pero al momento no lo ha hecho, recurriendo a una nueva maniobra extorsiva. Con los métodos históricos de la clase obrera El último viernes se realizó el segundo plenario en apoyo a esta lucha en la puerta de la fábrica defendiendo un método de unidad y en busca de la solidaridad de amplios sectores. Allí, el delegado Walter Relañez encuadró el conflicto en la situación política que atraviesa el país y el movimiento obrero. Puso de manifiesto, en primer lugar, que esta ocupación de fábrica surge de la experiencia histórica de la clase obrera, siendo la primera experiencia de estas características en Kimberly, aunque no se puede explicar sin la organización de doce años de una comisión interna clasista que puso en pie al colectivo obrero de la fábrica con lo que se lograron enormes conquistas salariales y de condiciones de trabajo. Un elemento clave ha sido también la correcta caracterización de los planes de la empresa con más de un año de antelación, preparando a los compañeros para esta lucha. Walter planteó acertadamente, que esta lucha debe ser un norte para el conjunto de los trabajadores que salen a enfrentar despidos y cierres de fábricas, para que tomen el método de la asamblea obrera y la ocupación. Ni hablar de cara a quebrar las intenciones del gobierno entrante de imponer un Pacto Social con la complicidad de la burocracia. Por otra parte, Walter señaló que cada día se hace más urgente el paro papelero, ante nuevos despidos y cierres de fábricas, como el reciente caso de Ledesma en San Luis con 70 despidos, al que debemos sumar el cierre de una nueva papelera en La Boca. Por ello, ante el Congreso de la Federación Papelera, que reúne a los secretarios generales durante esta semana, los papeleros de la Lista Gris llevarán el planteo de un inmediato paro nacional papelero y plan de lucha. También quedó planteado el reclamo de aporte al fondo de lucha por parte de la Federación, que recibe un descuento del 7% de los salarios de los papeleros (caso único en el país) y ha respondido que no tiene recursos para aportar. Papelazo y movilización El plenario resolvió realizar dos acciones, una realizada el último martes 5, un “Papelazo en Plaza de Mayo”, que tuvo repercusión en los medios, y luego el viernes 8, una movilización en la Capital, con el objetivo de dirigirse al poder político entrante, particularmente a Alberto Fernández y a Axel Kicillof para que reciban a los trabajadores de Kimberly Clark, quienes tienen un plan productivo para poner en funcionamiento la planta defendiendo todos los puestos de trabajo. Los papeleros de Kimberly Clark vienen mostrando la profundidad de una organización clasista de años y años de militancia, y es por ello que resisten ocupando efectivamente la planta frente a una patronal multinacional poderosa luego de 43 días. Por su extensión en el tiempo y la entereza de sus protagonistas, esta lucha con ocupación de fábrica, con varias movilizaciones a la Secretaría de Trabajo y al municipio, bloqueo de portones en puerta de planta Pilar, corte en el Puente Pueyrredón, actos y plenarios, está ingresando en la historia de las grandes luchas del movimiento obrero de los últimos años. Debe ser tomada, por el conjunto de la clase obrera, y de las otras luchas de los trabajadores que surgen diariamente frente a la sangría permanente de despidos y cierres de fábricas, como un ejemplo a seguir.

Carlos Leyba fue el hombre que escribió la letra chica del pacto social de 1973. En una entrevista, explicando las diferencias entre aquel momento y el actual, destacó que entonces “la CGT era una sola y dominaba el 90% del movimiento obrero”. Claro que eso no impidió que en julio de 1975 una huelga política sostenida se llevara puesto al pacto y a parte del gobierno peronista. Pero importa el comentario para entender el empeño puesto por Alberto Fernández en reunificar a la burocracia sindical. El plenario de secretarios generales que se realizará el próximo viernes 8 en la CGT para “acercar posiciones de cara al pacto social futuro", contará con la participarán de casi todas las fracciones gremiales y será bendecido por Fernández en persona. Hugo Moyano podría dar, otra vez, la nota discordante. “Hasta el momento no fui invitado al encuentro con Alberto Fernández”, adelantó. Ya había pegado el faltazo al acto por la asunción de Juan Manzur en Tucumán, que congregó a varios gobernadores, intendentes de conurbano y popes sindicales: una postal del “eje de poder del albertismo”. La tensión con Moyano se acumula desde que fue marginado de las listas del Frente de Todos. Luego, negociaciones subterráneas terminaron por poner a Héctor Daer al borde de quedarse con la secretaría general de la próxima CGT. Y ahora, su candidato para la Secretaría de Transporte, Guillermo López, no cuenta con el apoyo oficial. Moyano enfrenta la resistencia de un tándem poderoso: Omar Maturano, de La Fraternidad, y el colectivero Roberto Fernández. Este último no le perdona que haya apoyado una lista opositora en las elecciones de la UTA el año pasado. "Una economía funciona sobre la base del transporte. Es una actividad sumamente importante que no puede quedar aislada del acuerdo social”, amenazó el camionero. Reformas y proteccionismo La Unión Industrial Argentina también hizo oír sus reparos. Un acuerdo de precios y salarios “que no se inscriba en un plan integral podría terminar como en 1975”, declaró Funes de Rioja, de la Copal (cámaras de la Alimentación). Las patronales exigen mayor flexibilidad, rebajas impositivas y una nueva vuelta de rosca contra las jubilaciones. Pero además presionan contra la apertura comercial amplia y la rebaja de aranceles que promueve Brasil en el marco del Mercosur. El lobby de la industria farmacéutica, por caso, rechaza adecuarse a una nueva ley de patentes. Tanto Manzur (ex ministro de Salud de CFK) como Daer (Sanidad) son peones de los laboratorios. Colchón de precios y de despidos Según trascendió, el paquete de medidas que se viene incluye un incremento salarial del 20% y la suspensión de las paritarias hasta nuevo aviso, como contraparte de un congelamiento de precios. Adelantándose a eso, las empresas de alimentos desataron una secuencia de remarcaciones: luego de las Paso un 17% (que se disimuló parcialmente por la rebaja del IVA); en setiembre otro golpe del 16% y, luego de las generales, un 15% más. A esto se suman los tarifazos de la nafta y de la electricidad en la provincia de Buenos Aires. En paralelo, los despidos y cierres se multiplicaron. Compañías importantes como Kimberly Clark, Massalín, Unilever, 3M, Arcor y Ledesma dejaron en la calle a miles de familias. La simple mención al restablecimiento de la doble indemnización por despido -rápidamente desmentida- fue aprovechada para justificar nuevos achiques. Contribuyó el reforzamiento de la tregua por parte de los sindicatos, decididos a “no alterar la transición”. Mientras la burocracia negocia sus cuotas de poder y las patronales, junto a los especuladores internacionales y el FMI, imponen sus condiciones, los trabajadores seguimos siendo desangrados. Necesitamos un congreso de delegados de base para luchar por la reapertura de las paritarias, la anulación de los tarifazos, la prohibición de despidos. Para derrotar el pacto social y hacer realidad la pesadilla de los Funes de Rioja.

El próximo 27 de noviembre, a las ocho y media de la mañana, está convocada la audiencia denominada “control de acusación”. La misma es una instancia intermedia entre el fin de la etapa de investigación y el comienzo del juicio, decidiéndose la apertura del juicio oral y público, o el sobreseimiento a los imputados. Un juicio armado por Cambiemos, con el aval del MPN La mecánica de la audiencia se desarrollará con la exposición y fundamentos de la fiscalía y la querella (representada por el Poder Ejecutivo municipal) y una valoración de la prueba. A su turno, la defensa expresará los motivos y los rechazos a la misma. Luego se decidirá la apertura del juicio o el sobreseimiento a los imputados, que en este caso es a la compañera Patricia Jure, diputada electa y ex concejal por el FIT y los municipales Marisol Vázquez y Juan Carlos González. La acusación contra los compañeros y compañeras por parte de la fiscalía es por haber “realizado actos orientados a la perturbación del orden y el fracaso de la Sesión Ordinaria N° 16” encuadrándolas en el delito estipulado por artículo 241 inc. 1 del Código Penal. Vale recordar que los hechos a que se refiere como delito la fiscalía es la movilización y concentración de los trabajadores municipales el pasado 27 de septiembre de 2018, día donde se discutía la reforma anti jubilatoria municipal. La presentación de la prueba por parte de fiscalía y la querella es un botón de muestra de que se trata de una causa armada con el fin de proceder a una persecución política y sindical. Es que la acusación se sustenta en la declaración de 5 concejales de Cambiemos y jefes policiales que ejecutaron ese día la represión. El MPN dio su aval a esta persecución aportando al concejal Marcelo Marchetti como testigo. Por el contrario, desde el Partido Obrero hemos caracterizado la causa como una clara criminalización al derecho a luchar, un intento de amedrentar, aleccionar a los luchadores populares y una persecución política a una banca obrera y socialista que está en la primera línea de las grandes luchas de la ciudad. El castigo penal a las acciones de lucha es una política de Estado de todos los gobiernos, máxime cuando recrudecen las políticas de ajuste. Asimismo, desde la defensa se han propuesto declaraciones testimoniales de concejales de diferentes bloques y distintas pruebas documentales. Vamos a una gran movilización Desde el inicio de la causa se han llevado adelante diferentes iniciativas con pronunciamientos nacionales e internaciones de organizaciones sindicales, sociales, de Derechos Humanos y políticas. En las primeras audiencias desarrollamos concentraciones con la participación de muchos sectores, recorridas en lugares de trabajo y una gran audiencia pública en el Congreso Nacional. Ahora, impulsamos una gran movilización para el día 27/11, una campaña en lugares de estudio y trabajo. A los fines de organizar en forma colectiva las acciones de lucha, el PO de Neuquen convocó a una multisectorial en el local del Sejun (Sindicato de Judiciales).

El sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, encabezado por Guillermo Pereyra, acaba de firmar un nuevo acuerdo salarial a la baja. La paritaria salarial va de marzo a marzo de cada año. Para ese período de 2018 a 2019, con una inflación oficial en Neuquén del 63,6%, la actualización salarial paritaria anual fue del 54,7%. El salario perdió casi 10 puntos el año pasado. A partir de abril de este año, Pereyra firmó un nuevo acuerdo paritario salarial hasta el 31 de marzo del año que viene del…¡28% en tres cuotas! (10% en junio, 9% en noviembre y 9% en febrero). En los primeros seis meses de ese acuerdo anual, la inflación oficial en Neuquén ha sido del 28,5%. Es decir, en la mitad del tiempo de la paritaria, la inflación ya se comió lo acordado. El acuerdo tiene una cláusula de revisión que debió aplicarse en setiembre, pero las empresas alegan que “el congelamiento en el precio del barril les impide aplicar esa revisión”. Sólo han acordado adelantar el 9% de noviembre a octubre. Luego de una serie de reuniones entre el sindicato y las cámaras patronales, el 4 de noviembre último se acordó adicionar a ese 9% a octubre un 4,2 por ciento. La dirección sindical luego de hablar de un 17% adicional como revisión, que hubiera llevado la actualización anual al 45% a fines de marzo de 2020 (siempre por debajo de la inflación), terminó firmando por un miserable 4,2%. Una entregada total, toda vez que lleva la actualización anual al 32,5%, unos 20 puntos por debajo de la inflación. A esto se agregan las suspensiones, la paralización de equipos y la caída de la perforación, incluso en el sector No Convencional. Esto explica que, por más demagogia electoral que haya desarrollado Pereyra (que pretendía renovar su cargo de senador por el MPN) y las 200.000 boletas que dice que repartió entre los petroleros, no haya podido renovar su mandato en el Congreso. La regimentación de la base sindical y la confianza en la “muñeca” de Pereyra comienza a fisurarse. Ha comenzado por el aspecto político, lo que no es menor, aunque ha trasladado las expectativas al Frente de Todos. Si la cláusula de revisión se cae, las bases petroleras deben convocarse inmediatamente a asambleas para definir medidas de lucha. Hay que superar los amagues de la burocracia sindical e instalar la pelea por todo el pliego: anulación de la adenda, diagramas de 1x1, comités de seguridad e higiene en cada base y yacimiento, salario actualizado mensualmente por inflación. El pacto docial de los Fernández supondrá una mayor rebaja salarial y una profundización de la flexibilización laboral de la adenda.

A ocho meses de desatada la insurrección en Argelia que le dio origen, la nueva Primavera Arabe sigue dando flores. En paralelo con las aguerridas y multitudinarias protestas que se desarrollan en Irak, el pueblo de Líbano viene protagonizando, en las últimas semanas, un levantamiento que acaba de imponer la renuncia del primer ministro Saad Harir. La rebelión, que se disparó el 17 de octubre ante el intento de establecer un impuesto a las llamadas de voz por Whatsapp, y no cejó cuando fue retirada la medida, tiene un alcance inusitado desde todo punto de vista. Los manifestantes cuestionan el presupuesto de austeridad aprobado por el Parlamento en julio -que, además del gravamen a las llamadas, preveía otros sobre combustibles, trigo, tabaco y demás-, y con él al plan de ajuste y privatización acordado el año pasado con el FMI, el Cedre y el Banco Mundial, a cambio de un préstamo que amplió la deuda pública a un pavoroso 150% del PBI. De conjunto, se rebelan ante el creciente deterioro de las condiciones de vida y de la infraestructura. Más profundo aún, las protestas aparecen como un cuestionamiento de todo el régimen político sectario parido por el imperialismo francés, cuyos orígenes se remontan a 1926 y su actual forma con algunos cambios desde 1990 (fin de la guerra civil iniciada en 1975, con el fogoneo de las potencias imperialistas). Este establece el reparto de los principales cargos del Ejecutivo entre los partidos de base sunita (que cuentan con el cargo de primer ministro, donde estaba el depuesto Harir), chiíta (en la presidencia del Parlamento, donde se ubica la coalición de Hezbollah con Amal) y católica (en la presidencia, actualmente ocupada por Michel Aoun). Y, en sintonía con ello, el generalizado manejo clientelar de los recursos del Estado, “desde los puestos de trabajo público a las becas escolares o los préstamos bancarios” (ídem). Todos movilizados, para que se vayan todos La composición de las protestas muestra este alcance revolucionario. En ocasión de las revueltas de 2005 contra la ocupación siria, los partidos del régimen sectario habían logrado mantener sus posiciones y mantener a las masas bajo su redil divisionista, y sólo aparecían algunos cuestionamientos a esos líderes en los sectores no chiítas. Ahora, las masas están unificadas sin distinción de culto y cuestionan al conjunto de los dirigentes: los manifestantes han salido a la calle a reclamar “Que se vayan todos” y enfatizar que “todos quiere decir todos” (ídem). Las protestas actuales son mucho más grandes que las que se desataron en 2015, detonadas por la parálisis en la recolección de servicios. Estados Unidos y Hezbollah El alzamiento popular ha encendido las alarmas del imperialismo yanqui, al cual estaba ligado Hariri. Pero también de Hezbollah, al cual Trump y sus cómplices (incluido Macri) consideran una organización terrorista. Nasrallah denostó las manifestaciones acusándolas de estar financiadas por grupos extranjeros y hasta movilizó contra ellas a sectores que le responden -haciendo su aporte a la represión estatal, que se cobró seis muertos y cientos de heridos y arrestados-, al tiempo que rechazaba la renuncia de Hariri. Con su renuncia consumada, reclama ahora la formación urgente de un nuevo gobierno, extorsionando con la parálisis de la economía y con que la alternativa es una nueva guerra civil. Las vueltas de las cosas: también el Ejecutivo yanqui apura por la formación de un nuevo gobierno. Trump, por lo pronto, respondió a la renuncia de Hariri suspendiendo una ayuda militar a Líbano por 105 millones de dólares, en lo que podría ser otro de sus riesgosos planes para Medio Oriente, ya que fuentes oficiales advierten que Rusia podría ofrecerse a compensar esa falta, “acercando políticamente al gobierno libanés al Kremlin” (The Hill, 30/10). También las protestas de Irak -salvajemente reprimidas- sufren los ataques de Estados Unidos y del campo iraní. Impasse del régimen y perspectivas El análisis de los posibles escenarios tras la renuncia de Hariri, realizado por un columnista estadounidense en Al Jazeera (30/10), retrata una verdadera crisis política. Barajando la vuelta o no de Hariri, la expulsión de una parte o de la totalidad del gabinete, la conformación de gobiernos de tecnócratas, ya sea mandados por Hariri o por Hezbollah y sus aliados, el analista le encuentra a todas las opciones flancos explosivos y caracteriza que la opción más probable sea el arribo a una vía muerta, con el actual gabinete operando como un gobierno provisional y la oligarquía política jugando su mejor carta a que una ampliación indefinida de la paralización económica y política lleve a los manifestantes a desistir. “La renuncia de Hariri, lejos de resolver la crisis, ha empujado al país aún más a la agitación política”, concluye. Por la unidad de las reivindicaciones elementales de las masas con el rechazo integral al régimen político sectario, por la presencia destacada de la población trabajadora y por su coexistencia con otros levantamientos populares en la zona. En Líbano se ha configurado una situación revolucionaria. Se plantea poner en pie organismos de los explotados en lucha y continuarla hasta que se vayan todos, por una Asamblea Constituyente y soberana que reorganice el país sobre nuevas bases sociales y económicas, por la expulsión del imperialismo de Medio Oriente y por la unidad socialista de todos sus pueblos.