Prensa Obrera N° 1575

“La mayor ola de manifestaciones antigubernamentales en décadas” en Irak, como la llamó una corresponsal, sigue encendida luego de dos meses, y Adel Abdul Mahdi, el primer ministro, presentase su renuncia el sábado 30 y ésta fuese aceptada por el Parlamento. La dimisión de Mahdi, que permanecería en el Ejecutivo hasta tanto no se logre la (difícil) conformación de un nuevo gobierno, “es sólo una gota en el océano de nuestras demandas”, sentenció una manifestante, resumiendo el sentir actual de una rebelión dirigida contra todo el régimen de gobierno y su pasmosa corrupción, las insoportables carencias en el acceso a los servicios públicos y la desocupación masiva. Mahdi se vio obligado a presentar la renuncia luego de la masacre acometida contra los insurrectos, durante los días 27 y 28, ­con al menos 80 muertes-, y el subsiguiente planteo de que renuncie por parte del principal líder chiíta, el ayatolah Ali al-Sistani. Desde que estalló la rebelión el 1° de octubre, fueron asesinados 430 manifestantes y heridos unos 19 mil. La rebelión, que se concentra en Bagdad y el sur del país (de predominancia chiíta), ha comenzado a recoger expresiones de apoyo en el norte (de mayoría sunita), así como de la comunidad cristiana del país. Supera las divisiones rituales y es protagonizada por una juventud plebeya, que representa un 60% de la población y ha crecido bajo la barbarie de la ocupación norteamericana, primero, y de la avanzada de Isis después; que vivió grandes procesos de lucha en estos años y que es testigo de cómo las corporaciones internacionales -y los políticos corruptos- se enriquecen con el petróleo de uno de los países con más reservas de éste en el mundo. Esta juventud es la que copó la plaza Tharir en Bagdad y se organiza para asistir a los heridos por la represión, organizar clases públicas y reparar calles, y que ha parido un periódico diario para divulgar las novedades de la lucha ante el bloqueo mediático, llamado “Tuk Tuk”. Es decir, que transita un promisorio proceso de organización, más cuando se tiene en cuenta que confluye con la participación de sindicatos en las protestas, con huelgas de maestros y otros sectores. “‘Después de Adel Abdul Mahdi, 'fuera el Parlamento, los partidos políticos e Irán’, siguen coreando los iraquíes” (El País, 2/12), en cánticos que expresan el rechazo al conjunto de los partidos sectarios que forman parte del régimen de reparto de cargos montado por Estados Unidos tras el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003. Y al gobierno nacionalista del vecino país persa, que tiene un peso clave en el gabinete iraquí y en las milicias paramilitares que encabezan las represiones sanguinarias, y con el cual mantiene un vínculo fluido, incluso el clérigo chií taMuqtada al Sadr, referente en el pasado de protestas. Muchos manifestantes entrevistados rechazan también la injerencia de otros países, como Turquía o Estados Unidos. El imperialismo yanqui había coincidido con su enemiga Irán en la designación de Mahdi, para la cual aportaron votos los dos mayores bloques del Parlamento: la coalición Sairún (que integran Al Sadr y el Partido Comunista) y Fatah. Pese a que el gobierno de Trump siempre lo vio como “incapaz de hacer valer su voluntad sobre un gobierno fragmentado“ y receló de su falta de acciones contra Irán (WSJ), habría “respaldado la idea de no cambiar al primer ministro en el marco de la crisis”, por temor a que dé pie “al resurgimiento de los grupos extremistas, especialmente de una reagrupación de seguidores del Isis (La Vanguardia, 2/12). Para algunos, Estados Unidos explotaría los choques en curso para meterse más en la región, mientras que para otros, Trump ve Bagdad “como una causa perdida”, inherentemente pro-iraní, y apuesta por invertir menos recursos en el país, en línea con otras retiradas que ha dado en Medio Oriente. Un escenario revolucionario La renuncia de Mahdi profundiza la crisis política, con consecuencias imprevisibles. La principal coalición parlamentaria debería proponer un candidato a primer ministro, que luego forme un gabinete dependiente de la aprobación del Parlamento. Pero esa coalición es Sairún, que sostuvo que no nominará un candidato. Así, se espera un largo tire y afloje (Al Jazeera, 2/12) hasta que logre formarse una alianza entre grupos chiítas, que luego debería conseguir el apoyo de los partidos kurdos y sunitas. Es decir que, por el momento,y hasta no se sabe cuándo, quedaría un gobierno provisional… encabezado por Mahdi. El punto central, desde ya, es que la calle continúa de pie. “No nos vamos a ir a casa hasta que la renuncia del primer ministro desate la disolución del Parlamento y se lleven a cabo nuevas elecciones para que todos los partidos políticos y milicias actualmente en el poder puedan ser removidos”, señaló una manifestante, añadiendo que el proceso debe comenzar con una nueva ley electoral (ídem). Y no como la prometida por el presidente Barham Salih, que los activistas descartaron como un intento cosmético de mantener el sistema. Con un régimen absolutamente incapaz de satisfacer las demandas del pueblo y éste levantado, se ha configurado un escenario verdaderamente revolucionario. Desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Turquía (DIP) señalaron que “el devenir de esta revolución será decisivo” para el destino de todo Medio Oriente, teniendo en cuenta que Irak es el nexo entre la zona árabe y no árabe de la región, ambas atravesadas por grandes levantamientos.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner presidirán esta semana la constitución de un nuevo gobierno nacionalista burgués. Los intentos anteriores dieron lugar a profundas frustraciones. Esta vez, sin embargo, las condiciones con las que cuentan son notablemente inferiores. No vivimos el período de inicio del acople de China y Estados Unidos, sino de furiosa guerra comercial. La crisis capitalista se ha transformado en recesión internacional. Los compromisos que el nuevo gobierno toma con los distintos sectores capitalistas son onerosos y contradictorios. El pago de una deuda fraudulenta y usuraria. Subsidios directos e indirectos para financiar las operaciones empresarias. El presupuesto de todos estos compromisos es la licuación de salarios y jubilaciones. Esto tampoco les garantiza éxito alguno. Hacen planes basados en que Estados Unidos facilite una negociación de la deuda. Mientras tanto, Trump anuncia aranceles contra el acero argentino y lleva a una nueva caída de la Bolsa y aumento en el Riesgo País. Confían en avanzar porque los dirigentes sindicales renuncian a cualquier reclamo. De Moyano a Yasky, de Daer a Grabois, dicen que consideran que éste es “su” gobierno. Si le dieron cuatro años de tregua a su “adversario” Macri, qué se puede esperar frente a un “compañero”. Los trabajadores no podemos darnos el lujo de deponer reclamos cuando la inflación carcome los ingresos. La integración política al Estado de estos dirigentes nos sale muy cara. Para poder enfrentar lo que viene necesitamos actuar en defensa de nuestros reclamos urgentes. Con asambleas por lugar de trabajo que fijen los reclamos. Con un plan de lucha. Como lo hizo el Sutna, que logró una paritaria que compensa la inflación. Como lo hicieron los residentes y concurrentes, que derrotaron la ley negrera de Larreta con la huelga general. Como el Polo Obrero, que levanta en las calles el reclamo de los desocupados. Como los trabajadores de Kimberly Clark, que enfrentan la represión en defensa de sus puestos de trabajo. La clave para defender nuestros intereses en esta etapa es la independencia política de los trabajadores. Contra la avalancha de cooptación de sindicatos y organizaciones sociales, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda reivindica, más que nunca, la necesidad de una alternativa política de los trabajadores que prepare nuestro propio gobierno. Sólo la clase obrera y los explotados romperemos la larga historia de sometimiento nacional y saqueo de nuestros recursos y nuestro esfuerzo.

Frente a los miles de residentes y concurrentes de todos los hospitales porteños, que bloqueaban desde la mañana del miércoles los accesos de la Jefatura de Gobierno, el Ejecutivo de la Ciudad dispuso que se deje sin efecto la sanción de la ley votada el pasado jueves 28 en la Legislatura, que normatizaba la precarización y la superexplotación del sector. El acta firmada dispone, a su vez, la constitución de una mesa de trabajo. El mecanismo para la suspensión es la presentación de un proyecto de derogación que mañana debe votar la Legislatura; los residentes resolvieron movilizarse hacia allí para garantizarlo. Se trata de un gran triunfo de los residentes y concurrentes, impuesto a un gobierno que pretendía hacer oídos sordos al reclamo y se disponía -como lo manifestó la ministra del área, Ana María Bou Pérez, en una reunión el lunes pasado, avanzar hacia la reglamentación de la norma. Los trabajadores mantuvieron una huelga de siete días que incluyó grandes asambleas en los hospitales y movilizaciones, y debieron soportar la represión con la que se blindó la votación de la ley el jueves 28 en la Legislatura porteña, que fue respondida con un paro al día siguiente que se extendió a diversos sectores de la Salud. La lucha obligó a recular tanto a la fracción kirchnerista de la Legislatura, que había puesto su firma en el proyecto de la ley que establecía las 64 horas de trabajo semanales y la discriminación salarial y en materia de licencias, como a las direcciones de la Federación de Profesionales de la Salud y de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), que venían participando de la negociación hacia la norma. El enorme apoyo en todo el área de Salud obligó incluso a la burocracia de la AMM a convocar a un paro frente a la represión. La consecución del reclamo por la vía del paro general por tiempo indeterminado, mediante una organización asamblearia que superó las divisiones gremiales, constituye un ejemplo para todo el movimiento obrero, en un cuadro de políticas de ajuste y despidos.

Este martes 3, el tren Sarmiento amaneció con un contundente paro de las y los guardas, ante el incumplimiento patronal de las normas de higiene y seguridad. La medida había sido votada en una asamblea del sector y fue acompañada por el cuerpo de delegados y la comisión de reclamos, y fue precedida por otras acciones. La medida de fuerza fue contundente: durante más de 17 horas no circuló ningún tren, lo que obligó a la Secretaría de Trabajo a reunir a las partes y dictar la conciliación obligatoria, que fue acatada por la asamblea de guardas. En ese marco se debatirán en los próximos 15 días la mejora de las condiciones de trabajo. Las demandas vienen de larga data. Hace aproximadamente cuatro años que las compañeras del sector vienen exigiendo un vestuario en las mismas condiciones que poseen los guardas hombres; el reclamo nunca fue contemplado por la patronal de Trenes Argentinos, que por el contrario respondió colocando uno… en un container ubicado en el mismo lugar donde hace diez años un tren embistió a una boletería. Frente a la medida de fuerza del martes, Marcelo Orfila, presidente de Trenes Argentinos, amenazó por los medios con sanciones económicas a los huelguistas y minimizó el reclamo de las compañeras. A su vez, planteó que el paro no estaba avalado por el secretario general del gremio -en referencia a Sergio Sasia, de la Lista Verde, que conduce la Unión Ferroviaria, quien es cómplice de las pésimas condiciones de trabajo y le dio la espalda al reclamo. La demanda del vestuario se integra a un amplio déficit en materia de condiciones laborales. En esta línea de ferrocarril fue que sucedió la muerte del trabajador Sebastián Carranza a comienzo de año, por la negligencia patronal, y los accidentes laborales son moneda corriente. En este marco, el reclamo de las compañeras cobra fuerza y debe servir para armar un pliego de exigencias de todos los sectores por condiciones laborales seguras. El método de la asamblea, el debate y la acción directa es lo que fortalece al colectivo de trabajadores. Esa es la tarea a desarrollar en toda la línea del Sarmiento, teniendo en cuenta que las direcciones sindicales (CGT/CTAs) plantean no hacer olas y acatar el pacto social del nuevo gobierno de los Fernández, que trae bajo el brazo un ataque contra los trabajadores y sus condiciones laborales, como ya lo vieron los ferroviarios con la paritaria a la baja y el cambio de convenio colectivo. ¡No a las sanciones contra los trabajadores! Por vestuarios que cumplan las normas de higiene y seguridad.

El secretismo acerca del gabinete y del verdadero plan económico de Alberto Fernández se ha transformado en un arma adicional de la burocracia sindical que ha paralizado al movimiento obrero, sembrando confusión y explotando la expectativa. El concepto que se busca instalar de parte del poder entrante es el de la “desindexación” de la economía. Proponen pensar en la inflación futura y no en la pasada, lo cual consiste en convalidar las pérdidas que se acumulan desde 2015: un 19,1% de caída del poder adquisitivo en promedio (Instituto Estadístico de los Trabajadores). Hablar de la inflación futura, que no conocemos, es atar los salarios a una “meta” que puede o no cumplirse. Las patronales no tienen precios según inflación futura, remarcan cada día y "clin" caja. De dónde venimos… En realidad, esta política se aplica desde los tiempos cristinistas y fue prolongada en la era macrista. Los aumentos paritarios se cobran invariablemente en cuotas, que han sido establecidas sobre una determinada previsión inflacionaria, y llegan cuando los aumentos de precios ya devoraron los salarios. Como la inflación creció desmesuradamente, en un momento se impuso el debate de las cláusulas gatillo; pero muy pocos gremios las lograron conquistar y, en el emblemático caso de Chubut, el gobernador albertista, Arcioni, no cumplió con lo firmado, desatando una huelga general de cuatro meses que fue acompañada de enormes puebladas. En otros casos, como docentes de Neuquén, fue un triunfo importante, pero el gatillo es calculado por trimestre y pagado por semestre, lo cual hace llegar tarde la actualización sobre salarios, que están lejos de la canasta familiar patagónica. Los docentes universitarios lograron imponer un gatillo también, una línea defensiva en sus niveles salariales en blanco, también insuficientes. Fueron acuerdos que expresaron una relación de fuerzas. Pero la abrumadora mayoría de los gremios pactaron cláusulas de revisión, que es otra cosa muy distinta. La burocracia firma chirolas a espaldas de los trabajadores. La reciente revisión ferroviaria fue un claro caso de un poderoso gremio que entregó el salario sin lucha ni consulta alguna a sus bases. El Sutna ha demostrado que la revisión en manos de un sindicato clasista rinde. Porque movilizaron a los trabajadores y pararon al gremio como lo hicieron en setiembre. Aún en recesión aguda del sector automotriz, están defendiendo el poder adquisitivo. …adónde vamos Así llegamos a la previa de un pacto social cuyo contenido preciso no conocemos. Pero sabemos lo esencial: Daer ha prometido que no sólo apoyarán al gobierno, sino que serán parte de él. Baradel ha dicho que “los sindicatos son de Perón”, la vieja consigna de la rancia burocracia sindical de los ’70. La mesa está servida para un ciclo de estatización de los sindicatos, hasta que el experimento estalle por los aires, como pasó a lo largo de toda la historia argentina: en el pacto social de Perón y Rucci, en el Plan Austral de Alfonsín, en la convertibilidad de Menem. De arranque se menean versiones de todo tipo. Un aumento fijo de 6.000/7.000 pesos para todos los salarios, un aumento del mínimo salarial y jubilatorio de un 30%, todo absorbible por lo dispuesto en futuras paritarias. Daer asegura que seguirán las paritarias, pero, entonces, ¿en qué consistirá el acuerdo de precios y salarios? Si fuera un congelamiento general de precios y salarios por seis meses, surge la pregunta de qué pasa con las cuotas de paritarias ya previstas para el próximo semestre. La idea rectora es instituir por ley un Consejo Económico y Social donde se integrarían las centrales obreras y las organizaciones sociales cooptadas. Allí se establecerían, probablemente, pautas salariales como los viejos “topes” de Moyano o Caló en la era kirchnerista. Discutamos un programa Deliberadamente no analizamos aquí los bonos por única vez. Mejor que nada son, pero disimulan las pérdidas históricas del salario y, por lo tanto, no pueden ser nuestro programa. La clave para los trabajadores es partir de una verdadera canasta familiar como objetivo, que hoy no baja de los 55.000 pesos. Que el salario y la jubilación mínima no bajen de la canasta básica que el Indec marca en 37.000 pesos para noviembre, si tomamos en cuenta los últimos índices. Desde ese lugar se puede pensar en la actualización por inflación. El programa de la clase obrera se tiene que basar en la canasta familiar y la indexación al mismo tiempo, hasta que la inflación baje de los dos dígitos anuales. Así lo previó sabiamente el Programa de Transición de León Trotsky al plantear la escala móvil de salarios. No es casual que el FMI, la banca internacional y el conjunto de la burguesía tengan los ojos puestos en destruir la actual movilidad jubilatoria, porque aún en su restringido efecto de actualización trimestral (70% por el índice de costo de vida y 30% por el índice de aumento de los salarios), se torna insoportable a los planes de ajuste fondomonetaristas. Tenemos que replantear la abolición del impuesto al salario, el 82% móvil y la reposición de las cargas sociales, cuya rebaja progresiva está hundiendo a la Anses. Fernández va en sentido contrario, más rebajas para Pymes y sectores empresarios del interior. Hablemos de salarios y jubilaciones. Abramos la más amplia deliberación en el movimiento obrero. Ningún pacto social. No tienen mandato para hacerlo. Asambleas en todos los sindicatos para discutir nuestros salarios, defender nuestros convenios y nuestras jubilaciones.

El hecho de que hasta ahora siga sin conocerse el nombre del futuro ministro de Economía, restando pocos días de la asunción del nuevo gobierno, habla de las enormes contradicciones que enfrenta el mandatario entrante para pilotear la crisis. Una de sus primeras definiciones es que no le pedirá más dinero al FMI. Por esta vía, según los comentarios, Alberto Fernández evitaría pactar nuevos acuerdos con metas de déficit fiscal, reformas estructurales y monitoreo desde Washington. Hay que tener presente que los compromisos de la deuda con el Fondo recién comienzan a vencer en el 2022, de modo tal que la medida no implicará ningún default. Fernández ha reiterado una vez más que reconoce la deuda total con dicho organismo cuando el ministro saliente Hernán Lacunza, acaba de señalar que el 80 por ciento de la misma fue para pagar vieja deuda, es decir un mecanismo de rescate de una hipoteca que ya era impagable y que fue a parar a los fondos buitres bonistas y especuladores. Lo que es presentado como un acto de “autonomía” por el nuevo elenco gobernante tiene como punto de partida el reconocimiento de una deuda fraudulenta, confiscatoria y parasitaria cuando constatamos que el mayor préstamo otorgado por el FMI en la historia coincide con un retroceso de la economía argentina. El plan inicial que se estaría barajando empezaría con una renegociación con los acreedores privados. Esta deuda, que ascendería a la friolera de 60.000 millones de dólares en el 2020, tiene importantes vencimientos en los primeros meses. En este cuadro, el planteo de una reprogramación a la uruguaya, sin quitas y postergando los pagos hacia adelante, que anticipó Fernández, ha ido perdiendo terreno y empiezan a abrirse paso propuestas menos light, que plantean algún tipo de quita. Esto ha desatado una enorme disputa entre los fondos buitre, entre aquellos que están más expuestos en Argentina, para los cuales una quita sancionaría una pérdida importante en sus carteras, y aquellos que han entrado en el negocio más tarde comprando a precio de default y podrían hacer un negocio redondo. Pero la “autonomía” que invoca el gobierno, surfeando al FMI, no pasa de una expresión de deseos. Cualquier negociación con los acreedores va a poner sobre el tapete la capacidad de repago de la deuda. Con más razón, si el nuevo mandatario prescinde del desembolso faltante del FMI. El gobierno va a tener que ofrecer garantías de cumplimiento de los compromisos. Hay que tener claro que si el Ejecutivo da largas al asunto, el país entraría en default. Esto plantearía una crisis internacional de mayor magnitud, que no está en la mira del gobierno entrante, excede su capacidad de arbitraje y podría terminar llevándoselo puesto. Los lineamientos del plan Los trascendidos hablan de un “Plan Verano” que incluiría un aumento para los montos mínimos de salarios, jubilaciones y asignaciones de un 30 por ciento. Pero esto sería el anzuelo para hacer pasar un cepo a los salarios y las jubilaciones . Lo de contener la inflación es una impostura. El equipo económico que acompaña a Fernández señala que al no requerir nuevos desembolsos al Fondo, el Banco Central tendría libertad de emitir, abriendo el riesgo de una hiperinflación y una corrida hacia el dólar. El “plan verano” contempla ampliar el cepo cambiario, pero se habla de que esto iría unido a un desdoblamiento. Por lo pronto, aumentaría el dólar turista. Todo esto ya está trayendo una presión alcista en el mercado paralelo. En otras palabras, marchamos a un salto en la carestía y una nueva devaluación. La crisis actual agudiza las disputas intercapitalistas. Alberto Fernández pretende arbitrar en estos choques, en los que se juega incluso la supervivencia de grupos económicos. La emisión monetaria está al servicio de una gran política de subsidios, pero eso choca obviamente con el FMI y los acreedores, que plantean reducir el déficit fiscal. Una fuente de pelea son las tarifas. Insistir con los tarifazos sería echar nafta al fuego y una carga imposible para la población. El futuro gobierno estaría estudiando desdolarizarlas, lo cual debería compensar con subsidios a las empresas. Del mismo modo, habría compensaciones impositivas a las Pymes, permitiendo que las cargas patronales sean utilizadas para compensar el IVA, como existía ya en el pasado. El equipo económico de AF pretendería financiar parte de este subsidio a la burguesía industrial con un aumento de las retenciones. Pero esto ya ha abierto un frente de tensiones con las cerealeras y patronales del campo. El equilibrio y la conciliación de intereses entre las pretensiones del gran capital y los acreedores, por un lado, y los trabajadores, por el otro, no tienen base de sustento. La reciente experiencia de Bolivia, que podemos hacerla extensiva al conjunto de América Latina, es aleccionadora al respecto. La “luna de miel” de Alberto Fernández probablemente sea muy corta, como acaba de señalar un editorial del Financial Times.

“Con Trump todo bien” repitieron insistentemente en el círculo íntimo de Alberto Fernández, buscando minimizar la controversia abierta por el papel activo del magnate yanqui en el golpe de estado en Bolivia. Pero la afirmación no sólo destilaba pusilanimidad sino también una ilusión infundada. Las recientes sanciones anunciadas contra las exportaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina a los Estados Unidos pusieron las cosas en su lugar, mostrando que la belicosidad del imperialismo norteamericano abarca a todos los países de la región. No ha quedado exceptuado el gobierno de Bolsonaro, que se presentaba como el más pro-yanqui de América Latina. Los recientes acuerdos petroleros sellados con China y el anuncio de un posible acuerdo de libre comercio de Brasil con el gigante asiático suscitaron las sanciones impuestas por Estados Unidos. Toda América Latina se ha convertido en una zona de disputa de las grandes potencias, que pelean por el saqueo de sus recursos naturales, el copamiento de sus mercados y la explotación de su fuerza de trabajo. Otra vez la deuda El impacto de las sanciones anunciadas por Trump no se limitó al derrumbe de las acciones de las empresas afectadas. La nueva suba del riesgo país indica que el capital financiero interpretó que la renegociación de la deuda impagable que tiene la Argentina en el corto plazo será más difícil de lo previsto. La intención del gobierno de Alberto Fernández de contar con el apoyo de Trump para un acuerdo rápido carece de todo fundamento, sobre todo si ese acuerdo se quiere sellar sorteando el monitoreo del FMI y los condicionamientos que el mismo supone en materia de política económica y de beneficio a determinados monopolios norteamericanos. Este dato tiene mayor importancia porque la información periodística da cuenta de que, por el momento, se habría impuesto en el equipo económico del nuevo gobierno el bloque que plantea privilegiar un acuerdo con los grandes fondos de inversión postergando al FMI. Es sabido que la Argentina se ha convertido en una colonia financiera que es disputada por distintos sectores del gran capital internacional. El gobierno de Alberto Fernández está lejos de querer romper este sometimiento, y limita su política a oscilar entre los distintos bloques capitalistas. Pero esas oscilaciones pueden demorar un arreglo de la deuda, lo que derivaría en un default a corto plazo, ya que las reservas del Banco Central sólo alcanzan para hacer frente a los vencimientos acumulados hasta abril. El carácter confiscatorio y anti-nacional de las distintas variantes que analiza el equipo económico de Alberto Fernández se pone de manifiesto en el hecho de que todas demandan un ajuste fiscal de mayor cuantía contra el pueblo. Ese ajuste, necesario para asegurar las condiciones de repago de una deuda reestructurada, sólo puede hacerse sobre la base de un ataque a las condiciones de vida del pueblo, empezando por los jubilados cuyos haberes serían desindexados para que la inflación los desvalorice aún más. Pero por la envergadura de la crisis se pone en cuestión la sobrevivencia de grupos capitalistas de importancia, sobre todo los pertenecientes a la llamada ‘burguesía nacional’. El intento del gobierno de sortear al FMI en la renegociación de la deuda tiene que ver con esta cuestión de fondo. Según todos los trascendidos, Alberto Fernández tiene previsto aplicar una emisión monetaria de enormes dimensiones para ir al rescate de sectores capitalistas, mediante un congelamiento de tarifas a las empresas y otro tipo de beneficios impositivos. Ese congelamiento, como ya sucediera bajo los gobiernos kirchneristas, iría de la mano de subsidios millonarios a las empresas privatizadas y de transporte sin que eso implique ningún compromiso de inversión por parte de estas. Así, la clase capitalista sería la gran beneficiaria de esta emisión mientras para los trabajadores implicará una mayor carestía y, por esa vía, menores salarios. Los economistas del futuro gobierno se consuelan diciendo que esa emisión no generaría inflación porque la profundidad de la recesión inhibe nuevos aumentos de precios. Pero lo más probable es que suceda lo contrario: el parate económico bloqueará que la emisión sea absorbida por una mayor circulación de capitales y mercancías, agravando la inflación. Si a esto se le suma la muy probable nueva devaluación, sea directa o indirecta vía un desdoblamiento del tipo de cambio, al final del camino tendremos una inflación confiscatoria en beneficio de sectores capitalistas. A esto se reduce lo esencial del llamado ‘plan verano’ de Alberto Fernández. Por la independencia política de los trabajadores El carácter antiobrero y antinacional de los planes que se anunciarán buscará ser encubierto con algunos aumentos de salarios y jubilaciones para los sectores de menores ingresos. Si ese aumento fuese de 5.000 pesos, como indican algunas versiones, supondría aproximadamente un 30% para el salario mínimo y mucho menos para el resto de los trabajadores. Contra una inflación del 54% en el año en curso y de al menos 45% para el entrante, este aumento en realidad será lo contrario: implicará un nuevo ajuste y una reducción salarial. Para los desocupados el anuncio de una tarjeta especial esconde un acuerdo con los supermercados, que se aseguran un flujo de ventas en detrimento de los comercios más pequeños. El apoyo cerrado de todas las direcciones sindicales y centrales obreras, así como también de las organizaciones sociales del llamado ‘triunvirato Vaticano’, muestran que esta política confiscatoria solo puede progresar de la mano de un reforzamiento de la estatización de los sindicatos. El “pacto social” que vienen tejiendo en las sombras la CGT y la UIA va en esa dirección, lo mismo que la formación de un Consejo Económico y Social que implicará una institucionalización de ese proceso de estatización, para atacar a los todos los colectivos obreros que rechacen esta regimentación. En este cuadro cobra valor la movilización que está organizando el Plenario Sindical Combativo, sobre la base de un programa de reivindicaciones que se opone a este “pacto social”. La defensa de la independencia política de los trabajadores se convierte en la consigna central para atravesar la primera fase del nuevo gobierno. Llamamos al Frente de Izquierda-Unidad a una campaña política sobre la base de este planteamiento estratégico.

La suba de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio desde Brasil y Argentina hacia Estados Unidos, anunciada por Donald Trump en supuesta represalia por las devaluaciones en ambos países, es una jugada a varias bandas. Es un mensaje directo a Bolsonaro y a Alberto Fernández en advertencia por las relaciones comerciales con China, y un apriete al nuevo presidente argentino para promover la intervención del FMI en la reestructuración de la deuda. El tercer destinatario -el más importante- del anuncio de Trump son “los granjeros de Iowa, Carolina del Norte y Wisconsin”, muy golpeados por la guerra tarifaria con China, y ante quienes se muestra “luchando para el campo” a once meses de las elecciones presidenciales. El anuncio tuvo un efecto directo sobre las acciones de Aluar, que se derrumbaron un 12 por ciento. Las exportaciones de la empresa (que monopoliza la producción local de aluminio) a Estados Unidos representan el 50% de sus embarques y el 40% de su producción, una suma equivalente a 500 millones de dólares. El accionista principal y presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, no perdió tiempo en salir a despotricar contra Macri “por inoperante” y a reclamar que antes de dejar su cargo elimine las retenciones de 4 pesos por dólar. También exigió a Alberto Fernández “gestiones inmediatas” ante el gobierno norteamericano. El ministro Dante Sica le recordó, enojado, las exenciones que el gobierno le otorgó a Fate, la otra gran empresa de Madanes. El empresario se vale de esta nueva situación para volver a la carga contra las retenciones y, seguramente, intentar acelerar la reorganización de la planta de Madryn, que empezó hace tiempo. Esa reestructuración incluyó hasta ahora: 1) la regimentación del cuerpo de delegados, con la colaboración de la seccional de la UOM (intervenida desde hace más de un año por el secretariado nacional); 2) una enorme presión por aumentar los ritmos de trabajo, mediante sanciones y otras medidas disciplinarias, favoreciendo la opción de “retiros voluntarios” y 3) la fusión de áreas administrativas y de dirección (esta misma semana hubo diez despidos de altos asistentes jerárquicos con décadas de antigüedad). Pero, en definitiva, apunta a la sustitución de un plantel de operarios, altamente calificado y que ha obtenido importantes conquistas. Un próximo paso será la absorción de la planta de Infa (propiedad exclusiva de Madanes) por parte de Aluar, para realizar tareas de mantenimiento y auxiliares de producción bajo convenio Uocra, reemplazando probablemente a gran parte de los equipos mecánicos permanentes de cada sector -que actualmente emplean a unos 350 trabajadores-, por servicios tercerizados. El rotundo paro general del mes pasado contra dos despidos y la suspensión de varios trabajadores (luego de un bloqueo a la planta por parte de docentes y estatales en el marco del conflicto provincial), y luego de eso la reversión de una sanción infundada, puso en escena la tradición combativa de los metalúrgicos de Aluar. Está claro que los cambios que logre imponer Madanes a las condiciones de trabajo no tendrán retorno si las cuotas arancelarias vuelven a sus niveles anteriores. Por su parte, el vicepresidente de la UIA, José Urtubey, fue más inclusivo: dijo que “muchos productores del país se verán perjudicados por los aranceles” aprovechando para “preparar el terreno para las negociaciones sobre el pacto social” que se avecina. Como el legendario Mohamed Alí, la burguesía pega retrocediendo.

El Polo Obrero cerró este domingo las deliberaciones de su Congreso Nacional en Punta Lara, que contó con la presencia de casi 900 delegados representativos de 18 provincias, o sea la inmensa mayoría del país. Literalmente, de Ushuaia a La Quiaca. La apertura había contado con el saludo de referentes del sindicalismo combativo (de la fábrica Kimberly Clark, AGD-UBA, Sutna, la Junta Interna de ATE-Educación, Tribuna Docente); de otras organizaciones piqueteras (MTR 12 de Abril, MTR Votamos Luchar, Barrios de Pie-Libres del Sur y la Agrupación 17 de Noviembre); de compañeras de la comunidad boliviana (Daisy, Regina, Elisa, Karina, Leydi y Valentina) que denunciaron el golpe de Estado y la represión en el país vecino; de una delegación chilena que interviene en las asambleas populares y ha puesto en pie un comité por la formación de un partido revolucionario en el país trasandino. Las resoluciones de lucha del congreso no demoraron más de 72 horas en plasmarse en las calles que es dónde se ponen a prueba. El jueves 4 salimos a una jornada de lucha los piqueteros que rechazamos el pacto social y “no bajamos las banderas, ni bajamos los reclamos, ni con Macri ni con Fernández”, como lo votó nuestro Congreso Nacional. Mientras desangran a los trabajadores con una “transición ordenada” con remarcación de precios de los alimentos y demás productos esenciales, aumentos en las naftas e inflación, la clase obrera desocupada con su sector más combativo, vuelve a salir a las calles. El gobierno macrista sigue su derrotero miserable, sub-ejecutando el presupuesto de la Ley de Emergencia Alimentaria, sin completar la compra total de los alimentos para los comedores populares. La jornada nacional de lucha de este miércoles se llevó adelante con el frente de lucha piquetero, que en más de 16 provincias salió a la lucha por un bono de fin de año para ocupados, desocupados y jubilados. Frente a la profunda tregua de la burocracia sindical y el triunvirato de San Cayetano, más que nunca se vuelve a plantear la necesidad de un frente único que luche por sus reivindicaciones inmediatas, por el trabajo genuino y elabore un programa y un plan de lucha para enfrentar la cooptación por parte del Estado y de los Fernández-Fernández que pretenden seguir las recetas del FMI. El frente único para derrotar a los ajustadores La jornada tuvo instancias importantes. Partimos desde el Congreso Nacional, pasando por el Hotel Bauen en lucha contra el desalojo y dejamos a los trabajadores nuestra solidaridad con su lucha. En el Obelisco se configuró la confluencia de nuestro frente piquetero con las organizaciones Frente Darío Santillán CN, MTD Aníbal Verón, FOL, FOB A, Izquierda Latinoamericana, entre otras. Este sector también se movilizó por el bono de fin de año, el aumento, contra el hambre y el ajuste del FMI. En el acto frente al Ministerio de Desarrollo Social, en el que también hablaron los recientemente liberados obreros de Kimberly y Daniel Ruiz que está siendo juzgado por su participación en las luchas del 14 y 18 de diciembre de 2007 contra la reforma provisional, este bloque de organizaciones, que han confluido en toda una etapa con el triunvirato, denunciaron que “con hambre no hay pacto social”. En ese sentido, el Polo Obrero denunció que el pacto social esta tejido con la burocracia sindical pero también con la importante participación del triunvirato de San Cayetano, que luego de darle tregua a Macri ahora se integra al gobierno del Frente de Todos, actuando como una contención social funcional a la precarización laboral y al ajuste que seguirá, si se prioriza el pago de la deuda y la satisfacción de los reclamos de los acreedores internacionales. Unidad de ocupados y desocupados La jornada tuvo su epicentro en Desarrollo Social con todas las organizaciones piqueteras que marchamos desde el Obelisco, donde se acoplaron los trabajadores de Kimberly Clark quienes habían sido desalojados por la Bonaerense y varios de ellos apresados en la madrugada del propio miércoles, que fueron liberados a las horas luego de una inmediata movilización. Luego de realizar un acto conjunto, votamos apoyar a los compañeros de Kimberly y realizamos un piquete en la Autopista 25 de Mayo que sorprendió (nuevamente) al aparato represivo. El corte se realizó frente a canal 13 que sacó al aire el conflicto. Esta jornada de lucha dejó claro que nuestra pelea por las necesidades inmediatas sigue en pie. Enfrentaremos los intentos en marcha para encorsetar las luchas y llevarlas a la desmovilización y desarticulación. * Por el bono de fin de año para ocupados, desocupados y jubilados. * Por el trabajo genuino y contra la precarización laboral. * Por una Navidad sin hambre ni despidos. * Por la victoria de todas las luchas obreras. Vamos por el tercer congreso nacional piquetero, por la unidad de ocupados y desocupados y un frente único por nuestras reivindicaciones. La continuidad de este plan de lucha se expresará junto al Plenario Sindical Combativo el próximo 18 de diciembre en las vísperas de un nuevo aniversario del Argentinazo.

En horas de la madrugada de este miércoles 4, un operativo policial, con un importante despliegue represivo, rodeó las instalaciones de la papelera Kimberly Clark, en la localidad de Bernal, y procedió al desalojo ilegal de los trabajadores que mantenían su permanencia en la fábrica, y de quienes se encontraban en el acampe solidario en la puerta del establecimiento. Estos hechos tomaron por sorpresa a los trabajadores ya que se desarrollaron sin previa notificación de la Justicia y las fuerzas policiales, en un horario fuera de todo procedimiento regular- a las 3 de la madrugada- y sin presentar la correspondiente orden de desalojo. Los efectivos policiales ingresaron a la planta munidos con armas de fuego y reduciendo a los trabajadores que se encontraban en el lugar. Del operativo resultaron demorados en la comisaría unos diez trabajadores de la planta y otros nueve miembros de las organizaciones que solidariamente mantenían una vigilia en la puerta. 70 días de lucha El desalojo de la planta ocurre tras más de 70 días de conflicto y ocupación que dieron muestra de la predisposición del colectivo obrero a defender sus puestos de trabajo y la continuidad laboral de la fábrica. La patronal de Kimberly Clark decidió abandonar a los trabajadores a su suerte cuando el pasado 26 de septiembre manifestó su predisposición a cerrar la planta, dejando a unos 200 trabajadores papeleros en la calle. Por estas razones, los trabajadores reaccionaron rápidamente garantizando su permanencia en el lugar de trabajo para evitar cualquier tipo de medidas que impliquen el vaciamiento y la liquidación de los activos de la fábrica. En este cuadro, los trabajadores organizaron distintas acciones, como plenarios obreros, movilizaciones, cortes, audiencias, etc., las que se sumaron a un sinfín de actividades en los portones de la fábrica, lugar que se convirtió en el escenario de una profunda solidaridad de clase y de distintas iniciativas por el triunfo del conflicto. A su vez desarrollaron un planteo de conjunto hacia el sindicato papelero y el gremio, colocando la necesidad de ir a una acción colectiva, un paro de toda la actividad, para parar los despidos en la industria papelera. Esta continuidad en las medidas mostró la determinación de un número importante de trabajadores de luchar por la continuidad productiva de la fábrica, a pesar de los intentos de la patronal por disolver la organización sindical ofreciendo abultadas indemnizaciones a cambio del retiro de los trabajadores. Los trabajadores redoblan la apuesta Ante la actitud de la patronal, la complicidad del gobierno de Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal, y el silencio de los mandatarios electos del Frente de Todos, los trabajadores realizaron una prueba productiva de la fábrica para demostrar la viabilidad económica de la empresa, en medio de la discusión por el cierre de la misma. La iniciativa fue un éxito total y colocó la cuestión en manos del gobierno en retirada y del gobierno que se viene. En este sentido, los trabajadores le reclamaron al gobierno entrante la conformación de una mesa de trabajo para garantizar la continuidad productiva de la fábrica, pero este pedido fue desoído. Por su parte, el gobierno de Macri aprovechó uno de sus últimos días de mandato para hacerle un favor a la patronal norteamericana de Kimberly Clark y proceder al desalojo fuera todo procedimiento normal. Esto en medio de que los trabajadores se disponían a realizar el próximo viernes un acto en la puerta de fábrica, en defensa de la ocupación y la continuidad laboral. La detención de los trabajadores, y compañeros, en la comisaría motivó la solidaridad las organizaciones y agrupaciones sindicales y políticas y, en el transcurso de algunas horas, se pudo obtener la libertad de los mismos, quienes a su vez fueron notificados por la empresa de una causa por usurpación de inmueble. Inmediatamente, los trabajadores acudieron a la movilización que el Polo Obrero, y otras organizaciones sociales tenían prevista en la Ciudad de Buenos Aires, donde a su término procedieron a cortar la Autopista 25 de Mayo en repudio al desalojo y en defensa de los puestos de trabajo, en una acción contundente que fue recogida por los principales medios de comunicación nacionales. Los trabajadores ya han manifestado su intención de continuar con el conflicto y de pelear por la continuidad productiva de la papelera. La lucha de los trabajadores de Kimberly Clark sigue más vigente que nunca.

“Esta será una fiesta popular”, dijo Alberto Fernández refiriéndose al acto de asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre, contraponiéndolo a la convocatoria del macrismo en retirada, que tendrá lugar unos días antes. La CGT y la CTA serán parte de la festichola. “Es una tentación grandísima para los trabajadores, que padecimos tanto en estos cuatro años, que hoy nos podamos movilizar para acompañar y estar, y sentirnos parte de la vuelta del país a otro rumbo”, señaló Héctor Daer. El cinismo de Daer no tiene límites. El papel de la burocracia -en especial de la llamada “combativa”- en estos años ha sido fundamental: aislando los esfuerzos de las bases obreras por enfrentar los ataques del macrismo, acompañando desde el Parlamento la sanción de leyes fundamentales y canalizando la bronca general hacia el recambio electoral, incluso durante la transición (“salir de las calles”, fue la consigna). Paralelamente, Daer, el referente de los Gordos, fue una pieza fundamental de la articulación entre los gobernadores y el sector kirchnerista, que concluyó en la unidad del PJ. Y ahora se posiciona como uno de los armadores del pacto social y, muy probablemente, quien encabece la central en la próxima etapa. Justamente, ese rol le ha generado una fuerte tensión con el clan Moyano, que esperaba ver compensados sus servicios con alguna secretaría estratégica (Transporte). Yasky, el otro pilar del palo K, es un incondicional que no vacila en convertir a la CTA en garante del orden, aceptando un eventual congelamiento salarial y asegurando el próximo inicio de clases desde ahora (es decir, el boicot a la primera pulseada del año del movimiento sindical). La movilización del 10 y el pacto social La movilización del 10 será el episodio fundacional del pacto social, cuyo aspecto más determinante es la regimentación de los trabajadores, para imponer la “modernización” de los convenios (reforma laboral por sectores) y las paritarias segmentadas (destrucción de la negociación colectiva). Estas metas, saludadas con euforia por la UIA y el conjunto de las cámaras patronales, definen el contenido del proyecto oficial, más allá de las formas que finalmente termine adoptando. La mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo se reunirá el 12 de diciembre, en la sede del Sutna, para analizar en detalle las medidas que Alberto Fernández anunciará en la toma de posesión del mando y dar impulso a una marcha a Plaza de Mayo, el próximo 18 de diciembre, para poner en primer plano las reivindicaciones más acuciantes de los trabajadores. El clasismo y el PSC, contra el pacto social Las luchas enormes que se encuentran en desarrollo - del movimiento piquetero; de Kimberly Clark, Minetti, Ansabo y otras plantas fabriles; la enorme movilización triunfante de los residentes y concurrentes de Salud; del Sutna por su paritaria – muestran una realidad que se contrapone a la subordinación que pretenden, el gobierno entrante, las patronales y las direcciones sindicales. Ese movimiento obrero que lucha, con sus derrotas y sus victorias, adelanta un escenario de choques entre las expectativas en un “nuevo rumbo” nacional, que llevó a los Fernández al gobierno, y el pago de la deuda y el rescate a las patronales, que se promete. Este es el campo del clasismo.

Con una participación del 80% de la planta, y con el aval de 156 votos y sólo tres abstenciones, el clasismo conquista un nuevo mandato al frente de la Comisión Interna de la fábrica textil Textilana-Mauro Sergio, ubicada en la zona industrial de Mar del Plata. Las elecciones de delegados se realizaron el pasado 3 de diciembre, donde fue ratificada nuevamente la interna que dirigió, en marzo de este año, la huelga activa de ocho días que le arrancó a la patronal un plus salarial de un 30% para trabajadoras y trabajadores. Esta elección lejos estuvo de realizarse en un lecho de rosas. Desde noviembre de 2018 hasta la actualidad, la patronal ha logrado hacer pasar más de 150 despidos, que fueron produciéndose de a tandas, en el cuadro de una marcada crisis de la industria textil y una fuerte ofensiva de la empresa. Desde marzo hasta la fecha, la patronal ha desenvuelto una guerra sin tregua: despidiendo trabajadoras; realizando descuentos por presentismo, participación en asambleas y retención de servicios; desconociendo certificados médicos; imponiendo "retiros involuntarios"; introduciendo una nueva modalidad de trabajo por celdas (o celular), que implica trabajo a destajo; ignorando audiencias en el ministerio y un largo etcétera. Esta política fue respaldada por el gobierno antiobrero de Mauricio Macri y estimulada por la tregua de los formalmente "opositores". Por su parte, la burocracia al frente de la Asociación Obrera Textil (AOT) asistió como cómplice de esta política patronal que buscó instaurar un régimen de terror al interior de la fábrica para disciplinar a las trabajadoras y quebrar su organización sindical. Desprestigiada por su papel antiobrero, no logró reunir la cantidad necesaria de candidatos para presentar lista propia, motivo por el cual se jugó a vaciar la elección. Su objetivo fue que la Comisión Interna electa saliera debilitada debido a la escasa participación de los trabajadores, lo que les permitiría reposicionarse al interior de la planta. Para esto, se empeñaron en mezquinar la convocatoria, ocultaron los padrones hasta último momento -los cuales se encontraban totalmente desactualizados- y pretendieron, incluso, cercenar el voto de las trabajadoras no afiliadas al sindicato, siendo estas compañeras la inmensa mayoría de la planta. Todas estas maniobras fueron derrotadas. Las presiones de la patronal, a través de amenazas explícitas de los supervisores y la anuencia de la burocracia a esta política, llevaron a que un pequeño grupo de trabajadores se abstuviera de participar. Esta, la primera organización interna en la historia de esta fábrica, debió sortear siempre grandes obstáculos. Primero, ante la férrea negativa patronal a permitir la organización sindical en la planta y la posterior realización de las primeras elecciones, donde la lista independiente y clasista se impuso por un amplio 80% contra un 20% de una lista propatronal. Ante las siguientes elecciones, debió derrotar una intervención de la AOT, que duró seis meses, y que no le alcanzó para imponer su lista, la cual fue derrotada por un 60% de los votos contra 40%. En este escenario, la realización de las elecciones, y la participación de las trabajadoras y trabajadores, se convirtió en una vital prueba de fuerza para defender la organización sindical de la planta, hoy más que nunca encarnada en la triunfante Lista 8, que renueva el mandato de una Comisión Interna combativa y clasista. La Comisión Interna, tras esta victoria, seguirá en la línea de la defensa de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores, la defensa de los puestos de trabajo, la lucha contra el trabajo a destajo, la pelea por el plus salarial y bono de fin de año, el reconocimiento de los certificados médicos y la defensa de las paritarias libres. La lucha que se avecina será ardua, pero contará con la fortaleza de una organización sindical que ha derrotado todos los intentos de la patronal y la burocracia por quebrar esta conquista, y que ha sabido defender sus posiciones organizando al conjunto del colectivo obrero de la planta, una muestra clara de que se puede ganar incluso ante un escenario totalmente adverso para los trabajadores. Adelante, compañeras y compañeros.

Durante la segunda jornada del juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz, las defensas expusieron la nulidad del requerimiento de elevación a juicio oral por la arbitrariedad de la resolución y por no contener una descripción clara y circunstanciada de las acciones que se pretende a achacar los compañeros. La audiencia fue acompañada por Néstor Pitrola, Daniel Luna (de la Junta Interna del Inti), Rodrigo Ramos (del Enacom) y el actor Iván Mochner (de la agrupación Actuemos), entre otros compañeros y compañeras solidarios con los imputados. La defensora de César Arakaki, Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), formuló una fuerte denuncia contra el accionar de la fiscal Alejandra Mángano, que estuvo a cargo de la instrucción, y del fiscal Germán Moldes, quien, en un alegato ideológico donde pedía la prisión domiciliaria de César y Dimas Ponce, tildó de “fieras antisociales” a los manifestantes. Recordó también el accionar de algunos medios de comunicación que quisieron demonizar a César, como punta de lanza para atacar a los cientos de miles que marcharon contra la reforma previsional en las jornadas de diciembre de 2017, que se coronaron, no sólo con la heroica movilización a las puertas del Congreso Nacional, sino que se continuaron durante la madrugada del 19 de diciembre cuando los cacerolazos se hicieron oír en toda la Ciudad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Mauricio Macri, había anticipado el accionar represivo de las fuerzas y se sirvió para ello de la Policía de la Ciudad como brazo ejecutor. Eduardo Feimann inició una campaña contra César Arakaki con posterioridad a la marcha que consistió en exponer fotografías de César de su perfil de Facebook, donde se lo veía con una supuesta arma de fuego. Esa fotografía se trataba del “teaser” (adelanto) de una película en la que trabajó nuestro compañero actor. Se recordó también la cuestionada inteligencia de las fuerzas de seguridad que indicaron como responsable de un delito a Lucas S., compañero del PO que tuvo que demostrar que no se encontraba en la movilización porque estaba trabajando. Y también sobre la novia de César, a quien se calificó con epítetos xenófobos, y se confundió, en las imagenes televisivas, con alguien que martillaba una fuente de la plaza Congreso, y resultó que no se trataba siquiera de una mujer. Todo mediante una burda “inteligencia” sobre el Facebook de Arakaki. La persecución a César y Daniel no puede analizarse fuera del contexto político. Es una criminalización del derecho a la protesta, una represalia por luchar contra una reforma reaccionaria que modificaba el cálculo del haber en perjuicio de los jubilados. La enorme movilización de aquellas jornadas llevó al gobierno a postergar la reforma laboral, un reclamo con el que hoy vuelven las patronales. Tampoco es menor destacar que, luego de dos años, este juicio se desarrolla en medio de enormes rebeliones populares en Latinoamérica. Un dato notable de la audiencia fue protagonizado por el abogado querellante que representa al policía Brian Escobar, quien, para impugnar la movilización contra la reforma previsional y penalizar a los compañeros, citó autores alemanes que justifican la “legalidad” del Holocausto y, por lo tanto, la “ilegalidad” de quienes se levantaran en armas contra la masacre del pueblo judío. La intervención fascista indica el contenido bolsonarista del macrismo que alienta este proceso de criminalización de la protesta social. La próxima audiencia será el lunes 9, a las 14 horas, en Comodoro Py. Seguimos adelante por la absolución y la nulidad de este juicio contra quienes salieron a defender a los jubilados y a todo el pueblo trabajador argentino.

Hace diez años falleció Jorge Martínez, dirigente del PO, más conocido por su seudónimo militante: Luis Oviedo. Aunque los irreverentes militantes de la TERS (la corriente estudiantil de Política Obrera, la organización que luego de la dictadura continuó con el nombre actual de Partido Obrero) le habían puesto de sobrenombre "el Gurí". Se debía a su altura y enorme físico, asemejado al de un personaje de una popular historieta de época. Tomó contacto con el PO cuando estudiaba en el emblemático Colegio Nacional Buenos Aires (cuyo centro de estudiantes hoy dirige la UJS). Bajo la dictadura militar videlista fue uno de los miembros del aparato organizativo del Partido, asegurando la salida y distribución del periódico en forma clandestina, una tarea que suponía un gran riesgo. A inicios de los '80 se alejó de la actividad militante. Fue la época en que se puso a estudiar con intensidad la carrera de Economía Política en la UBA. Su inteligencia portentosa le permitió avanzar rápidamente en la misma. Al caer la dictadura, la muerte accidental de su amigo Luis Monge, "Lula", realizando tareas por la legalización electoral del Partido en la lejana Santa Cruz, le provocó un click y se reincorporó plenamente a la actividad militante, la que abrazó con toda pasión hasta el final de sus días. Oviedo se hizo muy reconocido en el Partido por su gran trabajo como propagandista y motor en la redacción de Prensa Obrera. Pero, antes de eso, intervino con energía en la militancia cotidiana. Fue delegado en su trabajo, el Banco Shaw, y armó la agrupación del PO en Comercio, con una participación importante en la huelga del Hogar Obrero, entre otras. Mientras intervenía en la redacción de Prensa Obrera siguió manteniendo, durante muchísimo tiempo, su trabajo de bancario. Se pasaba las noches estudiando y escribiendo, para partir a la mañana hacia el Banco. Cuando sistematizó su trabajo en el periódico, se convirtió prácticamente en el editor técnico del mismo. No sólo escribía -la sección internacional de Prensa Obrera, con su enorme aporte, era de un primer nivel- sino que estaba en contacto y organizaba el trabajo de corresponsales en todo el país. Contestaba las notas que llegaban, corregía. Era muy comprensivo y pedagógico con los compañeros, pero extremadamente autoexigente. Además del trabajo de redacción, se hacía responsable de la diagramación y hasta estaba presente en la imprenta, controlando la salida definitiva del periódico. Fue un gran animador de la revista teórica del Partido: En Defensa del Marxismo . Como miembro del Comité Nacional del PO, integró su Comisión Internacional y fue uno de los motores de la conformación de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI). "El Gurí" fue también coordinador de la salida del periódico internacional de la CRCI, El Obrero Internacional, que fue publicado entre 2004 y 2007. Su libro, Una historia del movimiento piquetero, se ha convertido en un elemento de consulta indispensable para cualquier historiador de este fenómeno. Y, por supuesto, es parte del análisis estratégico del Polo Obrero. Oviedo fue un gran intelectual revolucionario y un enorme militante. Su seudónimo -Oviedo- era un homenaje a la tierra de sus ancestros. Y es el nombre de la capital de Asturias, de la tierra de los mineros que protagonizaron en 1934 la mayor huelga revolucionaria de la península -anunciando el ascenso revolucionario de 1936 y la guerra civil detonada por el franquismo-, de la cual fue un gran estudioso. Cuando se reintegró, me regaló un libro que había escrito sobre las diferencias entre el líder del POUM, Andrés Nin, y León Trotsky, sobre la Revolución Española. Un libro no editado, del que había sacado algunas copias que repartió entre conocidos. Ana de Once, otra gran dirigente del PO, falleció el 28 de octubre del 2009. Oviedo, poco más de un mes después. Se habían encontrado en la clínica oncológica poco antes, y se abrazaron. Su hijo es militante-dirigente del Partido Obrero, sus hijas son artistas progresistas. En estos días ha estado circulando una versión caribeña de "La Internacional", entonada por una banda que integra su hija mayor. Gurí Oviedo, uno de los grandes, está inscripto en la historia del PO y de la lucha por la refundación de la IV Internacional. Leé sus artículos en la revista teórica En Defensa del Marxismo

La movilización de masas contra el golpe ha retrocedido. No se debe al éxito de la represión. No estamos frente al triunfo de un golpe pinochetista (Chile en 1973 o Argentina en 1976). Importantes sectores de masas enfrentaron activamente el golpe y la represión no pudo hacerlas retroceder. También el cuadro internacional es distinto: el golpe boliviano se da en el marco de un giro internacional, evidenciado en Latinoamérica con los levantamientos de Ecuador y Chile. Las masas fueron sacadas de la calle por la acción entreguista de Evo Morales y las direcciones sociales del MAS. La burguesía y el imperialismo tomaron nota de la política capituladora de Morales y desalentaron todo avance hacia una dictadura derechista abierta. Prefirieron seguir el ‘modelo brasilero’, que destituyó a través de un golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff y nombró a un hombre del riñón del frente oficialista (Temer), para que éste aplicase un fuerte ajuste antiobrero (reforma laboral y otras) y armase una ‘salida’ electoral que desplazara al PT de Lula y diera el triunfo a la derecha. Contó con la colaboración del propio PT, que se adaptó al calendario electoral y nunca enfrentó seriamente el golpe. En ese proceso surgió la candidatura de Bolsonaro -con apoyo directo de las Fuerzas Armadas- con una prédica fascistoide. Sin ser las mismas circunstancias, se estableció un acuerdo entre el gobierno de Añez y el MAS, en el cual éste renunciaba a hacer valer su mayoría parlamentaria y levantaba las movilizaciones. No se conocen las cláusulas pactadas, pero se anunció la autoproscripción de Morales y su vice García Linera. Las concesiones anunciadas por el gobierno golpista son liberar a los presos detenidos en la rebelión y anular el decreto que autorizaba ‘excesos’ en la represión (pero sin retroactividad: no serán juzgados los responsables de asesinatos contra el pueblo). Las eventuales elecciones (a realizarse 120 días después que se elija el Tribunal Electoral todavía no nominado) se terminarían haciendo en abril 2020. Mientras tanto, el gobierno golpista sigue con su política derechista: alineamiento con Trump y Bolsonaro, reconocimiento del Estado sionista y su capital en Jerusalén, rompió el Unasur para ingresar al grupo Lima, aumento de pensiones de la policía y habilitación de libre exportación al agronegocio santacruceño, etc. Se discute la presentación del fascista Camacho, candidato de un frente derechista electoral alentado por Bolsonaro y Trump. Significa un desplazamiento del ‘neoliberal’ Mesa, que salió segundo (primera fuerza de la derecha) en las recientes elecciones. Antonio Pumari, del Comité Cívico de Potosí y ex dirigente de la Central Obrera, señaló su alejamiento de Mesa y la posibilidad de encarar fórmula con Camacho. La manipulación imperialista pretende reconstituir el eje reaccionario, golpeado con la derrota electoral de Macri, el arrinconamiento de Piñera por la movilización de masas, etc. Existe una fuerte confusión en sectores de la vanguardia obrera y de izquierda. Parte de ella considera que no ha sido un golpe sino una ‘revolución’ popular contra la tiranía de Morales, lamentablemente -piensan muchos- usurpada por la derecha. Confunden movilización de masas con revolución. No analizan el carácter de clase de las movilizaciones. El de Evo Morales era un gobierno nacionalista burgués. Pretendía desarrollar una burguesía ‘chola’ en alianza con oligarquías tradicionales y sectores imperialistas. Como todo movimiento nacionalista burgués se empeñó en cooptar y regimentar las organizaciones de masas. Reprimió las tendencias de lucha obrera-popular. La izquierda revolucionaria debe combatir la política regimentadora y represiva del gobierno nacionalista burgués. Denunciar el abandono de banderas anti-imperialistas con las que coqueteó en el pasado para recibir apoyo de masas y llegar al poder. Constituir una oposición obrera, anti-imperialista, por un gobierno obrero-campesino. Si una derecha fascistoide, abiertamente proimperialista, intenta un golpe de Estado usando banderas de democracia política formal, no hay que dejarse engañar. El triunfo de un golpe de ese tipo significa un reforzamiento de las medidas represivas, no una mayor democratización. Un mayor alineamiento con el imperialismo, no un avance por la ‘liberación nacional’. Se trata de aplastar ese golpe. Sin apoyar al gobierno, criticándolo por sus inconsecuencias que alienta a la derecha. Reclamando y organizando las masas para derrotarlo (milicias obreras, huelga general, etc.). Denunciando la pusilanimidad del nacionalismo burgués que no moviliza por temor a una irrupción de masas que abra un cauce revolucionario. La traición de Morales a la lucha antigolpista no significa que se haya transformado ya en un cadáver político. La superación del nacionalismo burgués se dará con la constitución de un partido obrero con una praxis de independencia de clase y estrategia de lucha por el gobierno obrero-campesino. Tarea fundamental: sacar un balance de la crisis del MAS y sentar las bases político-programáticas para su superación. Hoy, la perspectiva política independiente del proletariado está ausente del panorama político boliviano, enajenado por burocracias sindicales colaboracionistas. El reclamo de un Congreso de bases de la COB para votar un programa independiente y un plan de acción para imponerlo es la bandera para superar la atomización política-sindical de los trabajadores y encarar la lucha por una nueva dirección.