Prensa Obrera N° 1569

En el cuadro de quiebra, recesión e inflación de Argentina, con la rebelión en Ecuador como telón de fondo, la relación del próximo presidente con los sindicatos es un asunto de primer orden. No se trata de una cuestión que tendrá peso en el mediano plazo sino de forma inmediata, si consideramos el potencial devaluatorio del dólar paralelo, los tarifazos “reprimidos” en combustibles y los postergados en el gas y electricidad. Por otra parte, la tendencia al agravamiento y prolongación de la recesión, que superará el 3% este año y seguirá su caída en 2020 según el insospechable Banco Mundial. Se trata de un cuadro social explosivo, donde la cirugía fondomonetarista que preparan puede transformar a Argentina en la próxima Ecuador. Los movimientos de Alberto Fernández han seguido una línea maestra: el acuerdo, en primer lugar con la CGT, colaboracionista del gobierno de Macri, para integrar a todas las alas de la burocracia sindical en el futuro pacto social. Los movimientos anticipatorios se dieron en dos planos estratégicos desde 2018: Manzur, que reunió a Daer y el pejotismo tradicional en el gran acto en Tucumán y, por otro lado, un Moyano liderando el sector opositor con la consigna “hay 2019”. Desde una y otra vereda se ha ido garantizando que la crisis capitalista no salga de madre, en particular desde la devaluación y los golpes inflacionarios de abril de 2018 a la fecha. Las históricas jornadas de diciembre de 2017 contra las reformas previsional, laboral e impositiva pusieron en remojo las barbas de todos los garantes del sistema patronal en los sindicatos. En la reciente reunión de Tucumán posterior a las Paso, entre el presidente de la UIA y Daer, se dio el paso más importante en la línea del pacto social que delineó Cristina al presentar “Sinceramente” en la Rural, donde evocó como antecedente nada menos que la experiencia de Perón, Rucci y Gelbard. Para semejante emprendimiento AF no anda con chiquitas: exige la unidad de toda la burocracia sindical, incluida la destartalada CTA, porque cualquier cabo suelto podría canalizar la explosividad de las disposiciones que rodearán al pacto social. Los choques serán, inevitablemente, la otra cara de los acuerdos de reestructuración de deuda con la banca acreedora y el FMI, que como todo el planeta sabe, han sido durísimos en todos los países, se llamen Uruguay, Portugal o la castigada Grecia. La participación del presidente virtual en el plenario de la CTA, que congregó al moyanismo y todo el Fresimona, no debe mover a engaño. Fue allí a pedir la rendición a su política a todo el movimiento obrero. Pablo Moyano lo sintetizó: “Tenemos que unirnos para acompañar a Alberto Fernández porque las medidas que tendrá que tomar serán muy duras”. Como su padre, no anduvo con vueltas. No se proponen unir a los sindicatos contra las duras medidas, sino en favor de ellas. La integración del moyanismo y la Corriente Federal está en marcha. Según lo resuelto por todos -absolutamente todos- los sectores de la vieja burocracia sindical, habrá un plenario de secretarios generales que consagrará la vuelta. En cambio, exigen la rendición incondicional de Ctera, disolviendo la CTA, y presentando “por mesa de entrada” la solicitud de ingreso “según los estatutos de la central y las leyes vigentes para las organizaciones con personería gremial”. Cualquier idea de libertad sindical contra el unicato debe ser desterrada según la podrida y desprestigiada burocracia sindical que acompañó todas las fechorías contra el movimiento obrero y acompaña hoy mismo el cierre serial de fábricas, abandona la gesta heroica de los trabajadores de Chubut y aún a los pilotos, cuando se la jugaron por la reapertura de su paritaria. No hay cambio de frente patronal Pero conviene examinar si del otro lado del mostrador, el de la patronal, estamos ante un cambio de rumbo después del fracaso macrista que acompañó el total de la clase capitalista argentina. El presidente de la UIA no dejó dudas hace apenas unos días: reforma laboral y rebaja de impuestos al capital (léase impuestazos y tarifazos para compensarlos). Julio Crivelli, capitoste de la Cámara de la Construcción, precisó el reclamo: erradicar la inflación eliminando el déficit fiscal (hoy en 10% del PBI si incluimos intereses de la deuda), bajar el costo laboral, reducir la carga tributaria, dejar de financiar el Tesoro con el Banco Central. Y resumió: “Todo lo que hay que hacer es políticamente incorrecto”. No se privó, por supuesto, de pedir “dejar atrás la causa de los cuadernos” que involucra a toda la patria contratista en el robo al Estado. Como se verá, no hay en la “burguesía nacional”, en la que tanto cree el kirchnerismo y la izquierda de colaboración de clases que lo acompaña, el menor atisbo de un cambio de frente. Su agenda al girar hacia Alberto Fernández es la misma con la que acompañó a Macri, la que comparte con el FMI y, digámoslo, con Lenín Moreno de Ecuador. Por si acaso, Crivelli remarcó que AF tiene que aclarar “si va a gobernar blindando Vaca Muerta” como prometió o con la pesificación de tarifas que promueve un anodino documento de “técnicos” del PJ. De manera que agregó la frutilla al postre, se pronunció por mantener la dolarización de tarifas que ha hecho estallar sistemáticamente la inflación y el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. La mesa está servida para un pacto social reaccionario. Desde ese lugar tenemos que pararnos los trabajadores que defendemos las paritarias libres, el salario y jubilaciones equivalentes a una canasta familiar, la reapertura de todas las fábricas cerradas y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, como punto de partida de una reorganización económica desde el campo de los trabajadores. Es una perspectiva claramente antagónica a la unidad sindical “albertista”, opuesta a la suspensión de las paritarias y a sacar a los trabajadores ocupados y desocupados de las calles. Por eso es tan adecuado impulsar asambleas en todos los sindicatos, en todos los lugares de trabajo, porque ninguno de los sindicalistas que participan de esta unidad por derecha ha recabado mandato ni explicado el sentido y condiciones de un pacto social como el que propone Alberto Fernández. Vamos por ello desde el sindicalismo clasista y desde la izquierda obrera y socialista. La clase obrera y el campesinado ecuatoriano están marcando un camino.

En su vigésimo día de ocupación de Kimberly Clark (KC), los trabajadores realizaron el miércoles 16 un corte en Puente Pueyrredón, visibilizando su reclamo por la reapertura inmediata de la planta papelera situada en Bernal. La medida contó con la presencia de organizaciones solidarias, entre ellas la Coordinadora Sindical Clasista, y tiene lugar luego de que el día anterior la patronal ratificase el cierre en la cuarta audiencia mantenida en la cartera laboral. Durante toda esta última semana, los trabajadores papeleros y la Comisión de mujeres han realizado importantes acciones, en una campaña y una lucha que no para de crecer e intensificarse. La unidad y fortaleza se percibe claramente entre estos obreros, que están dando una pelea histórica en el gremio. Una agenda de lucha El plan de acción resuelto en asamblea de fábrica y anunciado en la conferencia de prensa de la semana anterior está siendo llevado adelante con gran impacto. La movilización y bloqueo de portones en la planta de Pilar de KC obtuvo una buena respuesta por parte de sus operarios, quienes también expresaron preocupación sobre su situación laboral, ya que están operando dos máquinas sobre un total de ocho. Es conocido que la multinacional está llevando adelante una reestructuración que implica despedir 5.500 trabajadores en todo el mundo y cerrar algunas fábricas. En este cuadro, se impone la necesidad de realizar una asamblea conjunta, para reforzar la unidad de los trabajadores de ambas plantas y dar una respuesta de conjunto contra una patronal muy poderosa. La exigencia de un paro papelero por KC Bernal y todas las luchas del gremio y contra los despidos también tuvo repercusión en Pilar. A su turno, la Comisión de mujeres de KC participó del Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias con una importante delegación, recorriendo talleres y reuniones en La Plata, con el objetivo de difundir la enorme pelea que están protagonizando junto a sus compañeros y juntar recursos para el fondo de lucha. También participaron de una charla sobre las luchas de las mujeres trabajadoras y las comisiones de mujeres junto a compañeras de AGD-UBA, Inti, del frigorífico Campo del Tesoro, entre otras. (function(d, s, id){var js; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://embedsocial.com/embedscript/ei.js"; d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(js);}(document, "script", "EmbedSocialScript")); Un planteo de salida contra el cierre Los papeleros han denunciado públicamente, una y otra vez, que la decisión del cierre por parte de la patronal no supone la inviabilidad de la fábrica. La equivocada línea comercial que llevó adelante la gerencia, tal vez de manera deliberada, ha sido cuestionada por los delegados en la audiencia en Secretaría de Trabajo, ante el silencio vergonzante de los representantes patronales. Con esta autoridad, los trabajadores están elaborando un plan de reactivación productiva, que parta de la defensa de todos los puestos de trabajo y condiciones laborales, exigiendo que el Estado haga uso de las herramientas legales y financieras para garantizar la continuidad de esta planta. Con este planteo, los trabajadores interpelan al conjunto de las fuerzas políticas y candidatos para que fijen posición. Démosle fuerza y solidaridad a esta gran ocupación.

Cuando faltan pocos días para las elecciones generales, el resultado está ya cantado. Todas las encuestas coinciden en pronosticar una derrota del macrismo aún más grande que la sufrida en las Paso. Otro tanto sucedería en la provincia de Buenos Aires, donde la derrota de Vidal es irreversible. La explicación de este resultado cantado es muy simple: la bancarrota económica que selló la suerte del macrismo pegó varios saltos después del 11 de agosto, con nuevas devaluaciones, un agravamiento de la inflación, que durante septiembre ascendió al 5,9%, la depresión de la producción y del consumo, y un ciclo de nuevos cierres de fábricas con su secuela de despidos masivos. Ante este cuadro de bancarrota económica generalizada, el macrismo decidió apelar como recurso desesperado a una campaña derechista, ganando protagonismo los Pichetto y Bullrich con sus promesas de más mano dura, ataque a los inmigrantes y rescate de los genocidas de la dictadura. El recurso de una campaña fascistizante no tendrá impacto electoral, pero sí podrá ser utilizada en un futuro por Alberto Fernández contra los trabajadores que se movilicen contra sus planes de ajuste. Después de todo, en el campamento albertista están todos los que parieron la ley antiterrorista y pusieron al frente del aparato de seguridad y defensa a los Berni y los Milani. Mirando al FMI Ante la certeza de la derrota del macrismo, el peso específico de la situación política se ha trasladado a Alberto Fernández y a sus economistas más cercanos. Varios de ellos fueron enviados por el candidato del Frente de Todos a la reunión plenaria del FMI, como una especie de misión para-oficial, con el propósito de continuar las negociaciones que, con mucho sigilo, ya están en marcha con los fondos de inversión y los grandes bancos para renegociar la deuda pública. Aunque es sabido que existe un enfrentamiento soterrado entre el FMI y los fondos que tienen en sus carteras la deuda argentina, en relación a los términos de una segura reestructuración de los bonos, lo cierto es que todos coinciden en un punto central: el futuro gobierno deberá asegurar condiciones de pago de la deuda reestructurada mediante un superávit fiscal, que sólo puede lograrse con nuevos ajustes que afecten a la población trabajadora, a las provincias y, desde ya, a los jubilados. Alberto Fernández ya se expresó en esa dirección, declarándose partidario del ‘superávit gemelo’ (fiscal y comercial), lo que supone nuevas devaluaciones para asegurar una desvalorización del salario y de los gastos sociales del Estado, así como un incentivo a los exportadores. Por la estructura económica del país, muy dependiente en su cadena industrial y comercial de las importaciones, ese superávit comercial sólo se logra en momentos de depresión económica interna, por la caída de las compras al exterior. Algo de esto ya anuncia el FMI, cuando anticipa que el año que viene Argentina sufrirá una nueva caída de su economía. El modelo uruguayo de reestructuración de deuda, que Alberto Fernández citó como ejemplo a seguir, implicó justamente esto que señalamos: reducción nominal de salarios, devaluación de la moneda nacional y la flexibilidad laboral para los trabajadores, para asegurar en aquel momento un 4% de superávit fiscal destinado al pago de la deuda reprogramada. Por la envergadura que ha adquirido la crisis, es muy probable que estas medidas comiencen a aplicarse el 28 de octubre, sea con Macri como presidente o con una entrega anticipada del gobierno. En los últimos días, las reservas del Banco Central sufrieron nuevos retrocesos y se estima que a este ritmo sus arcas llegarán vacías al 10 de diciembre. Sobrevuela un mayor endurecimiento del cepo cambiario, que apuntaría especialmente a los ahorristas y no a las empresas, y una generalización del default. Amparándose en la necesidad de ‘cuidar las reservas’ se espera también un nuevo salto en el tipo de cambio. De hecho, el dólar contado con liquidación que usan las empresas para adquirir divisas y calcular mucho de sus costos, ronda ya los 68 pesos. Una nueva devaluación impactaría otra vez sobre los precios, en momentos donde los salarios se encuentran congelados o con cifras fijas que están lejos de compensar la pérdida de este año y de los anteriores. Un salto del dólar metería más presión también sobre el precio de los combustibles, que tiene un impacto enorme en toda la cadena comercial y que al momento tiene un “atraso” del 17%, según las petroleras. El lobby petrolero, que tiene fuerte presencia dentro del grupo íntimo de Alberto Fernández, presionará con seguridad por trasladar la devaluación al precio final de las naftas, con la amenaza velada de que si eso no ocurre, se paralizarán las inversiones. Pero fue justamente un naftazo lo que desató la rebelión del pueblo ecuatoriano. Pacto social vs. Ecuador La intención de Alberto Fernández de acelerar este verdadero plan de guerra contra el pueblo tiene una explicación. Sería la antesala de la firma del llamado ‘pacto social’, para el cual ya tiene comprometida a la Unión Industrial y a la burocracia de la CGT, al moyanismo y a las CTAs. El ‘pacto social’ se ha convertido en la columna vertebral del futuro gobierno porque debe reunir los recursos políticos necesarios para aplicar un nuevo ajuste contra los trabajadores. Lo dijo Pablo Moyano cuando señaló que la unidad de la CGT debe tener por propósito “acompañar al presidente ante las medidas difíciles que debe tomar”. Para muestra un botón, la UOM comenzó el proceso de revisión de su convenio para adecuarlo a las necesidades patronales. La burocracia sindical y el kirchnerismo prevén un incendio y ya se están alistando como bomberos. La cuestión de una reforma laboral, convenio por convenio, será puesta en la mesa de ofrecimientos al FMI y a la UIA y el resto de la burguesía que la sigue exigiendo. Es probable que Alberto Fernández utilice el ejemplo ecuatoriano para solicitar un margen mayor de negociación al FMI y a la banca acreedora. Que se lo den, sin embargo, es otro cantar. A pesar del triunfo asegurado, los kirchneristas reclaman el voto para su fórmula con el argumento de que una votación más contundente amplía la capacidad de negociación con los acreedores. Pero la situación es la contraria: una mayor votación será usada para reforzar la capacidad de imposición del pacto social y de aislar las luchas que surjan contra él, con el argumento remanido de que se desconoce la voluntad de la mayoría. Votar a la izquierda El voto al Frente de Izquierda-Unidad en este cuadro adquiere un significado concreto: es un voto en contra de los planes de guerra contra los trabajadores que se cocinan a miles de kilómetros del país, entre los técnicos del FMI, la banca acreedora y los enviados de Macri y de Alberto Fernández. Es un voto de rechazo al pacto social diseñado por la burocracia sindical y las patronales, para atenazar las luchas obreras. Es un voto por una salida anticapitalista y socialista, que parte de la ruptura con el FMI, el desconocimiento de la deuda, la nacionalización de la banca, del comercio exterior y los recursos naturales, la prohibición de los despidos y suspensiones, el reparto de las horas de trabajo, por un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones y la reapertura de las paritarias. El voto al Frente de Izquierda-Unidad es un impulso a la acción independiente de la clase obrera y los explotados para derrotar a los gobiernos capitalistas y abrir el camino a un gobierno de los trabajadores. Sus diputados servirán a este objetivo. En los días que quedan, llamamos a reforzar la campaña del FIT-Unidad en todo el país.

La presentación del "Plan Productivo 20/23", elaborado por la UIA, fue acompañada “sorpresivamente” por Antonio Caló (UOM) y Rodolfo Daer (Alimentación). El eje de ese plan es "la necesidad de adecuar las relaciones industriales al contexto de cambios disruptivos en las formas del trabajo". En castellano, eso implica avanzar más decididamente con la flexibilización laboral para “abaratar costos”. Al finalizar la reunión, Caló informó a la prensa que la UOM “ya viene trabajando en un borrador de modificación del convenio colectivo de trabajo” y que se lo presentarán en breve a los empresarios “para articular”. La presencia de Caló y Daer reafirma el rol que Alberto Fernández (el impulsor de la visita de los sindicalistas) le asigna a la burocracia sindical, como mediadora para la modificación de los convenios colectivos, según el modelo de Vaca Muerta. El convenio de Vaca Muerta extendió la jornada laboral, eliminó la protección ante la adversidad climática, anuló resguardos de seguridad, dejó en manos de las empresas la reubicación de los trabajadores en tareas diferentes contra todo derecho adquirido, habilitó medidas patronales para evitar el “abuso de ausentismo por enfermedad”, eliminó las “horas taxis” de traslado obrero a los lejanos pozos y, mediante nuevas adendas, incursionó en la liquidación del derecho de huelga. La consecuencia más visible y dramática de esta superexplotación es el aumento exponencial de los accidentes de trabajo, que ya costó ocho vidas obreras. Pionera en flexibilización Las declaraciones de Caló no constituyen ninguna novedad. La UOM fue uno de los gremios pioneros en materia de reforma convencional “a la baja”, junto a ferroviarios, lecheros y el Smata. En Tierra del Fuego, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y la UOM de Río Grande suscribieron, a fines de 2017, un acuerdo de “competitividad” junto con el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia de Tierra del Fuego, que incluyó la suspensión de las paritarias, la implementación de planes de retiro voluntario (que significó miles despidos encubiertos masivos). Y se acaba de anunciar la continuidad de este acuerdo hasta 2020; es decir que se mantiene el congelamiento salarial. Algo similar al acuerdo de precios y salarios propuesto por los voceros de Alberto Fernández. Hay que recordar que antes la CGT negoció con Macri el proyecto de reforma laboral, que fue mandado al archivo por las movilizaciones de diciembre de 2017. Los convenios del '75 El argumento que esgrimió Caló es que “no podemos negarnos a reformular nuestro convenio cuando es del año '75" y no existían celulares ni computadoras. Pero hay bastante de mito en eso. Los convenios del '75 consagraron importantes conquistas, fruto de una etapa de ascenso obrero sin precedentes. Uno de sus aspectos más progresivos para los trabajadores es la llamada “ultra-actividad”, que establece que las normas convencionales se mantienen de no mediar un nuevo acuerdo: una especie de “blindaje legal” que, sin embargo, fue sistemáticamente vulnerada por la burocracia sindical. Un estudio de la Universidad de San Martín sobre 506 convenios de trabajo estableció que “el 54% (273) de eso convenios fueron pactados entre 2003 y 2014, un 10% (49) corresponde al período 1988-1990” y el resto “tuvieron una intensa actividad de retoques” a la baja. La mayor cantidad durante la etapa de la supuesta “década ganada” kirchnerista. La situación de los trabajadores La industria metalúrgica es un fiel exponente de la situación general. Luego de 16 meses de caída constante y una pérdida de 25.440 empleos desde la asunción de Macri, la masa de los metalúrgicos percibe salarios de pobreza e incluso de indigencia (el piso de ingresos, que se denomina Ingreso Mínimo Global de Referencia, llegaría a los 25.855 pesos a partir de enero de 2020). Una parte sustancial se encuentra en negro, es decir despojada de todo derecho. Es muy claro que el problema de la economía argentina no son los costos laborales o la rigidez de los convenios. El "Plan Productivo 20/23" de la burguesía nacional “industrialista” se reduce a un reclamo de más subsidios, eximiciones impositivas y destrucción de conquistas obreras. Pretende recomponer la tasa de beneficio imponiendo una desvalorización general de la fuerza de trabajo al nivel de los trabajadores “en negro”. Al revés de lo que reclaman las patronales, los Alberto Fernández, Caló y el resto de la burocracia sindical, lo que corresponde es derribar todos los acuerdos flexibilizadores y a la baja,y defender cada una de las conquistas amenazadas. Y terminar con el costo patronal; es decir, las tasas de interés usurarias, los subsidios a los pulpos petroleros, los combustibles dolarizados, la falta de inversión y el sometimiento al FMI y sus recetas. Para quebrar el ataque en regla que se prepara (y en parte ya se ejecuta) detrás del pacto social, necesitamos un paro activo nacional de 36 horas que dé inicio a un plan de lucha escalonado, y una nueva dirección -en la UOM y en todos los sindicatos- para llevarlo adelante.

Una enorme marea verde se hizo sentir en la ciudad de La Plata en el 34° Encuentro de Mujeres y Disidencias. Se dieron cita allí unas 100 mil mujeres de diferentes provincias y con diversas experiencias de lucha. En la enorme marea que empezó a sentirse por la calles de La Plata, volvió a refrendarse la voluntad de continuar con la lucha por el aborto legal, como se expresó masivamente en todo el país en instancias previas al Encuentro, y tomó fuerzas en los talleres, en la asamblea de secundarias (a pesar del consciente boicot de las conducciones kirchneristas de los centros), en las charlas como la de Romina del Plá junto a actrices, que congregó a más de 1.000 personas en el auditorio de Bellas Artes y en el pañuelazo de la Campaña, improvisado al aire libre en momentos en que aflojó un poco la lluvia. En todas ellas se dejó en claro que despenalizar no termina con la clandestinidad y que se debe avanzar en la legalización. La asamblea por el aborto desarrollada el domingo en Plaza San Martín, con más de 200 estudiantes secundarias (ver nota), resolvió un plan de lucha para avanzar en este reclamo. Las mujeres piqueteras protagonistas de los acampes en la 9 de Julio, también lo fueron durante este fin de semana, colocando la necesidad de unificar acciones junto al movimiento obrero frente a las políticas fondomonetaristas que azotan en primer lugar a las familias trabajadoras. En los talleres referidos al trabajo y los sindicatos se hizo sentir el reclamo de la Comisión de mujeres de Kimberly Clark, por la reincorporación de los 209 despedidos. Mientras terminaban los talleres de derechos humanos, se desarrolló un panel contra el gatillo fácil y la impunidad que contó con la presencia de familiares de víctimas de la masacre de San Miguel del Monte (en la que cuatro jóvenes fallecieron en medio de una persecución policial), de Diego Cagliero (asesinado por la Bonaerense) y de Luna Ortiz (víctima de femicidio en Tigre). También participaron la hermana de Marcela Chocobar (víctima de un travesticidio en Río Gallegos), la hermana de Horacio Ungaro (joven de 17 años desaparecido durante la Noche de los Lápices, bajo la dictadura militar) y Liliana Alaniz (abogada del PO y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha, Apel). Aquí se reivindicó la organización independiente del Estado y los gobiernos frente al reforzamiento del aparato represivo y la doctrina Chocobar de Patricia Bullrich. Tribuna Docente realizó una actividad de presentación de una guía por la implementación de la ESI laica y científica y la lucha contra la regimentación de las iglesias en la educación. La 1969, junto a una importante delegación de compañeras de la comunidad trans de Córdoba y de Tizi, de Salta, la primera niña trans del país que obtuvo su cambio de identidad, junto a su mamá, realizaron asambleas LGTBI y concurrieron masivamente a la marcha contra los travesticidios. En los talleres y en todas las instancias organizadas por el PdT, impulsamos el voto al FIT-Unidad como una conclusión de las luchas emprendidas y como una forma de reforzar las que se vienen contra el pacto social y contra la alianza con el clero y la burocracia sindical que busca que el pueblo trabajador y las mujeres dejen pasar enormes ajustes. Burocracia en el movimiento de mujeres Como dijimos la concurrencia total fue de unas 100 mil personas, como se pudo ver en la marcha que se extendió por unas 60 cuadras y en la participación en los talleres el domingo a la mañana. Las delegaciones debieron sortear muchas contingencias que más que climáticas, fueron propias de la falta de infraestructura en las escuelas y de cuestiones político organizativas del propio Encuentro. Las escuelas a cargo del gobierno de María Eugenia Vidal están virtualmente abandonadas. El domingo, día en que se esperaba una mayor afluencia de mujeres, muchas de ellas no pudieron salir de sus casas o debieron ser evacuadas, particularmente en Esteban Echeverría y en La Matanza, donde Magario debe repartir responsabilidades junto a Vidal, luego de 30 años de que su espacio político gobierna el distrito más populoso del país. A las 7:30, la apertura fue suspendida por la Comisión Organizadora por el temporal de lluvia. La CO, particularmente la CCC-PCR, el PJ y Patria Grande,vieron en la tormenta una “señal divina” que les permitió sortear una instancia fija en la que iba a producirse el reclamo de que se cambie el nombre de Nacional a Plurinacional, el reclamo de Aborto Legal y el reclamo de ruptura con el FMI. La CO, que dio la espalda todo el año a la discusión colectiva, no se pronunció nunca por el Aborto Legal. De manera unilateral, este bloque que responde al Frente de Todos difundió un video de convocatoria al Encuentro en el que se igualan los pañuelos verdes, símbolo de la lucha por un derecho elemental, con los celestes, símbolo de la acción fascista contra el ejercicio de derechos elementales por parte de mujeres pobres, digitados por católicos y evangélicos bajo el amparo del Estado. A pesar de que la lluvia había cedido el sábado por la tarde, los lugares de los talleres no fueron abiertos hasta superado el horario de los mismos y muchas de las aulas eran escasas para el interés que suscitaban las temáticas. Durante el acto de cierre, modificaron el método histórico de presentación de propuestas de nuevas sedes para censurar la palabra de las mujeres. La premisa de “no cambiar nada del Encuentro porque siempre fue así” es puesta a un costado cuando se trata de hacer maniobras para que se cumplan los objetivos de fondo de quienes manejan el Encuentro, como si fueran la conducción de la CGT. Querían evitar que se dijera algo sobre la plurinacionalidad y que se expresara la propuesta de que el próximo Encuentro se realice en la Ciudad de Buenos Aires para concentrar al movimiento en el centro del poder político. Quienes se preparan para gobernar bajo la tutela del FMI proclamaron a San Luis como la próxima sede de manera completamente burocrática y unilateral. La maniobra fue impuesta por una patota del PCR que emprendió a los golpes contra las militantes por la plurinacionalidad, las disidencias y la izquierda. (function(d, s, id){var js; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://embedsocial.com/embedscript/ei.js"; d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(js);}(document, "script", "EmbedSocialScript")); El desafío de la izquierda Desde el bloque plurinacional, hasta la izquierda, es necesario sacar un balance de esta realidad y comprender que sin un frente de acción común, es imposible avanzar hacia el Encuentro que necesitamos. Un Encuentro de lucha, que no funcione como un dique de contención sino como un gran multiplicador de luchas y conquistas, bajo un programa de rechazo a los ajustes, a los planes fondomonetaristas que desplazan a los pueblos, roban sus tierras y hambrean a las mayorías populares, y de separación de las iglesias del Estado. Tenemos por delante una tarea esencial.

La lucha de los docentes y estatales en Chubut ingresa en su 13° semana de huelga. El poder del gobernador albertista Mariano Arcioni continúa siendo cuestionado por paros, movilizaciones y tomas de establecimientos públicos. El gobernador nuevamente ha sido noticia nacional, producto de escraches públicos y por escenas “infraganti” de ostentación y champagne en lujosos hoteles de Buenos Aires. Por estas horas, un sector que había levantado las medidas de fuerza, los auxiliares de educación dirigidos principalmente por la burocracia verde de ATE Quiroga, vuelve al paro producto de la presión de las bases, por incumplimiento de las promesas de aumentos que figuraban en el acta de la conciliación obligatoria acatada. Las direcciones “racionales y dialoguistas” han llevado a un sector de los trabajadores estatales a una nueva estafa. El conflicto está fuertemente condicionado por el completo cierre de filas de la sociedad Fernández-Arcioni, que pinta de cuerpo entero el carácter del próximo gobierno de Fernández y su relación con los gobernadores del PJ. A medida que se estrecha esta relación, con un Arcioni que además de haber bajado su lista de diputados ahora explicita su total apoyo a la lista del Frente de Todos (sumado a la bajada de su candidato a intendente en Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi), se profundiza un endurecimiento de las medidas del gobierno provincial contra la lucha docente y estatal. El gobierno provincial vuelve a la carga con la amenaza de descuentos, el recorte de licencias gremiales y los llamados nuevos “superpoderes” para el ministro Massoni, bajo el Decreto 1115, que lo habilitaría a saltear procedimientos judiciales y poder reprimir con el argumento de "mantener el orden público". Así, el cuestionado ministro de Gobierno, que aún no ha sido interpelado por la liberación de la zona en rutas 3 y 26 de Comodoro Rivadavia, que permitió el ataque de la burocracia sindical de petroleros a los docentes, contará con facultades especiales para intervenir en cortes de ruta, tomas de edificios públicos o escuelas. En vez de ser interpelado y rendir explicaciones, Massoni es premiado con más poder de fuego. Bien se explica el silencio de Fernández al ser interpelado sobre Chubut en el debate presidencial. Todo lo que devele el carácter conservador de su eventual gobierno, debe ser ocultado. Arcioni y Massoni ya han dado muestras de sus aspiraciones fascistizantes durante la campaña de las elecciones provinciales, con anuncios de expulsión de extranjeros, recorte de prestaciones en el sistema de salud, propuesta de implementar las pistolas Taser y premios públicos a genocidas, como "Tito" Nichols. A su turno, las tomas de establecimientos educativos por parte del movimiento estudiantil son enfrentados con operativos represivos, fuertemente fogoneados por los medios oficialistas, compuestos por la Justicia, sectores de padres, directivos del sistema educativo afines al gobierno y por la misma policía. Los puntos de conflicto y de potenciales estallidos se extienden: Bomberos Voluntarios ha anunciado la quita de colaboración a Defensa Civil; los aeronáuticos de Andes no cobran en tiempo y forma, y los aviones no tienen para pagar la nafta; las bajas de la exportación en la pesca de hasta un 15% y la queja de retenciones por parte de las cámaras pesqueras, amenazan con suspensiones masivas en el sector; octubre es el mes de vencimiento de las cautelares que impiden la reducción de potencia energética a las grandes ciudades de la provincia, debido a la deuda de las cooperativas con la mayorista Cammesa; el enorme “operativo clamor” para implantar la megaminería en Chubut, que cuenta con la venia de Fernández, también será el terreno de nuevas luchas y movilizaciones. Frente al reforzamiento represivo y los múltiples sectores en conflicto, la necesidad de una mayor coordinación de los sectores de lucha, mediante un Congreso de delegados de base de todos los sindicatos de la provincia, es una necesidad vital, taponada por el carácter burocrático de las direcciones políticas y sindicales, subordinadas al programa del Frente de Todos y su Pacto Social antiobrero. ¡Fuera Arcioni! La campaña electoral del FIT-U en Chubut ha tenido un nuevo impulso con la liberación del compañero Daniel Ruiz, producto de una enorme campaña de movilización y lucha política. La votación será un termómetro y punto de reagrupamiento estratégico para una rebelión popular que aún no ha sido derrotada y que anticipa lo que viene en una Argentina bajo el régimen del FMI.

Se extiende y multiplica la rebelión en Cataluña frente a las duras condenas del estado español contra los dirigentes independentistas, y hay planificadas acciones multitudinarias y un paro regional para los días que restan de esta semana. El martes y el miércoles, miles de catalanes, especialmente jóvenes, volvieron a cortar varias rutas de ingreso a Barcelona y se movilizaron en esta ciudad y en Girona, Tarragona y Lleida, entre otras puntos de la Comunidad y chocaron con la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, la policía que depende del gobierno catalán, que han reprimido en forma conjunta y que han vuelto a dejar como saldo decenas de heridos y detenidos. Los centros de la protesta -que se han sostenido varias horas pese a la represión- han sido las delegaciones del gobierno central español en cada ciudad y el reclamo es la inmediata libertad de los detenidos, que han recibido condenas que van de los 9 a los 13 años de prisión, bajo los cargos de sedición, por haber organizado el referéndum independentista hace dos años. En la respuesta al ataque del gobierno central español, se diferencian distintos sectores del espectro político catalán. El gobierno de la Generalitat, del cual formaban parte la mayoría de los detenidos, ha manifestado su rechazo al fallo, pedido la libertad de los detenidos e incluso coquetea con las movilizaciones, aunque rechaza su "carácter violento" y, al mismo tiempo, defiende la represión a las movilizaciones por parte de su policía, los Mossos. Dos de las organizaciones vinculadas con los partidos mayoritarios de Cataluña -ANC y Òmnium Cultural- intentan canalizar la rebelión que el lunes, pese a ser un día hábil, convocó a decenas de miles de personas e hizo colapsar durante horas al aeropuerto local y han convocado a cinco marchas que se inician en distintas ciudades de la Comunidad y que confluirán el viernes en la ciudad de Barcelona. Por su parte los Comités de Defensa de la República (CDR), de los cuales forman parte los sectores más radicalizados llaman a su propia marcha desde otro punto del interior de Cataluña, la que se llevará a cabo a lo largo del viernes y concluirá también en Barcelona, en coincidencia con las otras cinco, para dar lugar a una movilización que se espera multitudinaria. A su vez, organizaciones sindicales vinculadas con el independentismo han convocado a un paro regional para ese mismo día viernes, a lo que se suma el llamado a la huelga general por parte del movimiento estudiantil. Aunque minoritarias, en el cuadro de arbitrariedad y gravedad de las condenas y de la respuesta con las enormes movilizaciones de estos dos días, no hay que descartar que esas direcciones sindicales arrastren a amplios sectores obreros, como sucedió hace dos años cuando fueron detenidos los independentistas. La sentencia ha puesto en la vidriera la conjunción que existe entre todos los partidos del régimen español. Los derechistas Partido Popular y Ciudadanos junto con el PSOE han firmado una declaración común de apoyo al fallo, que también apoya el filofascista Vox. Pero el centroizquierdista Podemos también se sumó con todos los dedos a suscribir el planteo de que hay que respetar la decisión judicial e incluso Izquierda Unida, dirigida por el PC español, sólo considera “desproporcionadas” las penas y pide diálogo para encauzar la “convivencia” de Cataluña en el marco de un estado capitalista unido de toda España, manteniendo “su independencia cultural”. De todas maneras, el fallo deja abierta una puerta para la negociación. Sirve como medida de fuerza para el gobierno central para colocar en la mesa de una futura negociación con el gobierno catalán y que, si las condiciones políticas lo ameritan, puede abrir la posibilidad de una libertad a corto plazo para los detenidos. Según dicen medios españoles “la sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que los presos puedan pedir (al gobierno catalán) el tercer grado (algo similar a la libertad condicional) a partir de haber cumplido sólo la cuarta parte de las respectivas condenas”, algo que en la mayoría de los casos “será a partir de enero de 2020 y en el de Oriol Junqueras (quien recibió la máxima pena), dentro de un año y dos meses”, aunque la última palabra siempre le queda a la justicia española (Público, 14/10). La crisis española Pero la dura condena se da en medio de la crisis económica que golpea a toda Europa, y a España en particular y la burguesía hispana y su aparato político y judicial han querido sacudir con especial dureza al intento independentista que dislocaría aún más al Estado y, al mismo tiempo, busca golpear a toda manifestación de independencia y de lucha obrera y popular en todo el territorio español. También se da en medio de un proceso de aguda crisis política. El socialista Pedro Sánchez, quien ganó las elecciones del pasado 28 de abril, no ha podido formar gobierno y está en una situación de equilibrio inestable desde entonces, por lo que habrá nuevas elecciones el 10 de noviembre próximo. En medio de este proceso, el dislocamiento de las fuerzas políticas ha golpeado a izquierda y derecha. Al PP, que fue desalojado del gobierno, le aparecieron dos rivales en el espectro derechista -antes Ciudadanos y más recientemente Vox-, el centroizquierdista Podemos se rompió en dos y le apareció de su seno el competidor Más Madrid, que se presenta junto a los ecologistas. E Izquierda Unida, otrora tercera fuerza, que se presentó junto con Podemos, ahora queda a la deriva, producto de la crisis de su socio. La represión y el ataque a las libertades más elementales por parte del gobierno central tienen antecedentes inmediatos y no solo en Cataluña. Hace pocos día, el gobierno español del PSOE, armó una falsa acusación contra militantes de los CDR catalanes, colocándolos bajo la ley antiterrorista y otro tanto sucedió con ocho jóvenes de Alzazu, en Navarra, quienes fueron condenados el pasado 9 de octubre a entre un año y medio y nueve años de prisión por la pelea en un bar con dos guardias civiles y sus parejas ocurrida en 2016. Y la justificación para las elevadas penas se asienta en que los dos “agredidos” eran guardias civiles. La estructura represiva del Estado, heredada del franquismo y mantenida en pie por los distintos gobiernos que lo sucedieron se pone ahora al servicio de disciplinar a los sectores populares. La resistencia en Cataluña parece lejos de ser controlada rápidamente. Una enorme oleada que incluyó a la juventud trabajadora y estudiantil en un lugar preminente, abre un cuadro de crisis. La rebelión catalana ha detonado un proceso que pone a la orden del día la unidad de los trabajadores de todo el estado español por sus reivindicaciones y contra el régimen monárquico capitalista. Frente a las amenazas de aplicación de la ley de seguridad nacional y de una nueva intervención, defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, e incluso a su independencia, en el marco de una federación de repúblicas socialistas.

Tras más de diez días de paros, movilizaciones, piquetes y ocupaciones de empresas, la rebelión popular ecuatoriana logró la derogación del decreto que había llevado a un enorme aumento en la gasolina y en el diésel. Se lo ha señalado como el levantamiento más importante desde la caída de Jamil Mahuad, en 2000. El levantamiento contó con un rol protagónico de los indígenas (25% de la población ecuatoriana), que arribaron a Quito desde todos los rincones del país, armando cortes y barricadas con enfrentamientos persistentes contra la represión gubernamental. Se instalaron en las universidades y la Casa de la Cultura, en cuya ágora instalaron una asamblea popular. También hubo en el curso de la rebelión un paro de transportistas, un paro general el 8, convocado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT, que nuclea a las centrales sindicales), y se unieron a la lucha los estudiantes universitarios con sus propias reivindicaciones. Distintas crónicas permiten ver que el reclamo contra el paquete de ajuste de Lenín Moreno despertó la simpatía de la clase media quiteña. En el pico más álgido de las protestas, el gobierno debió trasladarse a Guayaquil. La represión, que incluyó el estado de excepción, el toque de queda en Quito y el despliegue de las Fuerzas Armadas, dejó ocho muertos, más de mil heridos y casi 1.200 detenidos, según la Defensoría del Pueblo. La mesa de diálogo La derogación del decreto se conoció tras la primera sesión de una mesa de diálogo entre el gobierno y las organizaciones en lucha, que cuenta con el patrocinio de Naciones Unidas y de la Iglesia católica. Allí, Lenín Moreno y su gobierno defendieron el decreto con el argumento de que buena parte de los subsidios recaen en contrabandistas. Pero se encontró con una cerrada negativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), motor de la rebelión, cuyo presidente, Jaime Vargas, aseguró que "no vinimos a conformar comisiones. El pedido es derogar el decreto 883". Y reclamó también la renuncia de dos ministros involucrados en la represión. Tras un cuarto intermedio de varias horas, el representante de la ONU informó que el gobierno daba marcha atrás con el decreto y el establecimiento de una comisión “que elaborará el nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional” (El Comercio, 13/10), así como el fin de las movilizaciones. Es importante tener presente que el gobierno no ha renunciado a sus pretensiones de ajuste. Bajo la presión de la insurrección, reemplazó el decreto por un planteo de “focalización” de subsidios, que podría mantenerlos para algunos sectores agrícolas y campesinos, pero no salvaría al grueso de la población de un próximo naftazo. Algo de esto anticipó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en la mesa de diálogo, cuando dijo que “no puedo aceptar un subsidio de la gasolina extra para quienes conducen en la ciudad”. Los sectores obreros podrían recibir, como compensación ante la quita en los subsidios, un bono mensual de 20 dólares (ídem, 15/10). Aun así, en función del acuerdo con el FMI (que junto a otros organismos prestó 10 mil millones de dólares al país), el gobierno discute otras medidas de ajuste adicionales para que el déficit no supere este año la meta de 2 mil millones de dólares. Se baraja la posibilidad de un aumento del IVA y de privatizaciones para hacer caja. A la par del diálogo con las organizaciones indígenas, habrá una negociación con el Frente Unitario de Trabajadores, que incluye la reforma laboral. El FUT reclama el retiro de esa propuesta, que incluye el recorte de vacaciones para empleados públicos y la consagración de los contratos temporales, entre otros ítems. Probablemente, el gobierno proponga ahora limar sus aspectos más brutales. La Conaie El proceso que condujo a la mesa de diálogo estuvo marcado por tensiones al interior de la Conaie y las organizaciones en lucha. El jueves pasado se produjo una jornada caliente en la Casa de la Cultura, día en que fue velado uno de los manifestantes caídos. La Conaie había retenido en el lugar a un grupo de militares. Jaime Vargas, secretario general de dicha organización, hizo encendidas intervenciones en que llamó al Ejército a plegarse al pueblo y planteó que “en el Ecuador tenemos un gobierno asesino hacia su pueblo ¡carajo! Que se ha entregado en alma y sangre al Fondo Monetario Internacional (…) esto no se va a quedar así. Mandaremos a la cárcel a este señor asesino Lenín Moreno” (Plan V, 13/10). Y declaró como “personas no gratas” a los referentes de la derecha (socialcristianos y liberales de Creo) que atacaron la rebelión y defendieron el estado de sitio. Alarmado por estos planteos, un sector más conciliador habría emprendido el pedido de negociación ante la ONU. Lourdes Tibán (ex diputada de Pachakutik, brazo político de la Conaie) asegura en un reportaje radial que intentó convencer personalmente a Vargas y Leónidas Iza (referente indígena de Cotopaxi) de esta necesidad. “Tenemos que buscar el camino para dialogar porque esto va a terminar mal. Esto tenía que terminar con el éxito de derogar el decreto, no más, no hemos salido a tumbar un gobierno'" (El Universo, 15/10). El viernes 11, la Conaie publica un tuit desautorizando en duros términos estas negociaciones y asegurando que “la única vocería oficial es la de Jaime Vargas”, así como exigiendo la anulación previa del decreto como condición de toda negociación. Finalmente, Vargas terminó accediendo a abrir un canal de comunicación con el gobierno. Según el análisis del portal "Plan V", “lo que ocurrió en el Ágora de la Casa de la Cultura fue el desplazamiento político de una dirigencia moderada por parte de una dirigencia radical, más joven y dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias” (ídem). Vargas asumió la presidencia de la Conaie en 2017. “El liderazgo de la principal organización indígena del país volvió a la Amazonía. Antes estuvo liderada por indígenas de la Sierra” (ídem). Algunos meses antes de la asunción de Vargas, algunos referentes de la Conaie -entre ellos la mencionada Lourdes Tibán- apoyaron políticamente al banquero Guillermo Lasso en el balotaje ecuatoriano en nombre de derrotar la “dictadura” de Rafael Correa. Tanto Vargas como Iza, los dos referentes actualmente más destacados del movimiento, se muestran partidarios de un presidente indígena para las elecciones de 2021. En el caso de Iza, se referencia con Evo Morales y plantea “políticas de beneficio para pequeños y medianos productores, políticas que fortalezcan el modelo de gestión comunitario, el transporte público, que los que más tienen, paguen más impuestos, entre otros temas” (Aire Digital, 14/10). Sin embargo, el límite del indigenismo de Evo Morales queda de manifiesto en una gestión que mantuvo la primarización económica del país y respetó los intereses del gran capital. La Conaie ha sido muy enfática -incluso por medio de comunicados oficiales- durante el levantamiento por deslindarse del movimiento del ex mandatario Rafael Correa -que tiene alguna influencia en el movimiento indígena-, acusándolo de desestabilizador y de protagonizar incidentes, planteando en cambio que el reclamo indígena se circunscribía al retiro del paquete de ajuste. La Conaie apoyó políticamente a Correa en sus comienzos y durante la Constituyente de 2008 (que declaró al país como estado plurinacional), pero rompió luego con él y sufrió una durísima represión por parte de su gobierno. Correa intentó medrar del levantamiento para pavimentar su regreso al poder, planteando nuevas elecciones. Ahora, Lenín Moreno, que denunció un intento de golpe de Correa y Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) durante las protestas, va por la revancha (con el aval de la derecha): fue detenida una gobernadora ligada al movimiento Revolución Ciudadana, acusada de rebelión, y otros integrantes de este partido pidieron asilo en México. Desafíos La insurrección ecuatoriana ha puesto de relieve el carácter incendiario de las políticas del FMI y la fuerza de las masas para quebrarlas. Lenín Moreno volverá a la carga con el ajuste más pronto que tarde. Esto hace necesario un congreso obrero, campesino e indígena que derrote estos planes y que discuta una salida política del país que privilegie el interés popular. Se plantea la necesidad de una Asamblea Constituyente soberana que anule los acuerdos con el FMI y tome medidas de fondo dirigidas a una reorganización política y económica integral del país sobre nuevas bases sociales, que sólo podrá ser convocada por un gobierno representativo de las masas que han sido las protagonistas del levantamiento. El gobierno criminal y fondomonetarista de Lenín Moreno se tiene que ir.

En la misma escuela donde se planificaron los talleres sindicales se desarrolló esta actividad organizada por la Coordinadora Sindical Clasista y el Plenario de Trabajadoras con casi 110 compañeras. Por propuesta de quienes integraban el panel, Agustina (comisión de despedidos del Inti), Valeria Muñoz (adjunta de la Junta interna ATE-Inti), Natalia Quinteros (delegada Frigorífico Campo del Tesoro y directiva de Atuc, sindicato de la carne), Verónica Demaría y Zaira Ortega (Comisión de mujeres de Kimberly Clark), e Ileana Celotto (secretaria general AGD-UBA), la actividad se convirtió desde el principio en un taller, permitiendo así que las distintas compañeras, de distintas provincias y protagonistas de muy diferentes luchas en defensa del salario o los convenios colectivos, peleando por el derecho a la organización o enfrentando los despidos o la precarización laboral, pudieran expresarse. Trabajadoras y comisiones de mujeres que enfrentan el ajuste

El martes se realizó una concentración frente a la Cancillería, convocada por el Comité de Solidaridad con Kurdistán, en repudio a la ofensiva turca contra la población y las milicias kurdas en el norte de Siria, que ya se ha cobrado centenares de víctimas, la mayoría civiles. Hubo actividades en todo el mundo. “Las fuerzas de ocupación de Turquía quieren imponer su régimen sobre los pueblos de la región de Medio Oriente a través de la invasión del Norte y este de Siria - Rojava”, puntualiza el Comité en un comunicado. Esta ofensiva amenaza, inclusive, con una reemergencia del Estado Islámico. El PO, MST y el FOL, entre otras organizaciones, acompañaron la actividad con delegaciones. También estuvo presente Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El avance de las tropas de Erdogan, cuyo país integra la Otan, se produce tras el anuncio de retirada de tropas del norte sirio por parte de Trump, quien deja correr la masacre y busca que las tropas turcas cubran sus intereses en la región. El recrudecimiento de la guerra imperialista en Siria, donde se cruzan los intereses de grandes potencias, plantea un salto en una catástrofe que ya ha provocado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. No al ataque de Turquía sobre el Kurdistán sirio. Por el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo. Fuera el imperialismo de Medio Oriente.

Con decenas de barrios bajo el agua y 6.000 evacuados, queda nuevamente al descubierto la situación crítica que se vive en la provincia de Buenos Aires. Los barrios afectados se encuentran principalmente en La Matanza, pero también en Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverría, Avellaneda, Quilmes y otros distritos de la zona sur del Conurbano, cuyas intendencias se reparten entre Cambiemos y el PJ-kirchnerismo. La crisis que se procesa en la Argentina golpeó directamente en las arcas de la provincia y, en particular, provocó el parate generalizado de la obra pública. El acuerdo con el FMI incluyó el traspaso a la provincia de los subsidios a las empresas de servicios públicos -una obligación de más de 35 mil millones de pesos- y el pacto fiscal para bajar impuestos a los capitalistas, que se suman a la carga de una deuda de 12 mil millones de dólares. Con estos números, la calificadora Moody’s advirtió que la provincia está al borde del default. Cuando Kicillof señala que “volvemos más austeros” y que “la deuda de la provincia correrá el mismo destino que la deuda del Estado nacional”, delata que pretende un “reperfilamiento” para ganar tiempo hasta desenvolver un ajuste generalizado a los trabajadores, con la finalidad de garantizar el pago de la usurera deuda que dejaron tanto Scioli como Vidal. Kicillof recorre la provincia otorgando garantías a los capitalistas de la ciudad y el campo para que continúen amasando mayores ganancias, mientras miles de trabajadores de los barrios más empobrecidos se encuentran abajo del agua. Es en este marco que el candidato a gobernador del Frente de Todos se queja de que en los próximos cuatro años debe desembolsar 9 mil millones de dólares. Vidal respondió que la deuda es “similar a la que dejó Daniel Scioli”, intentando desentenderse de la responsabilidad del endeudamiento que incrementó en más de 3 mil millones dólares. Sin embargo, indicó que el peronismo es tan responsable de esta situación como el gobierno de Cambiemos, aclarando que votaron todas leyes de endeudamiento en la Legislatura. Es que el rejunte pejotista que hoy conforma el Frente de Todos cogobernó la provincia con Vidal, como muestra el massismo -cabeza de la lista de diputados del FdT- que ocupó ministerios y presidió la Legislatura garantizando todas y cada una de las leyes y los presupuestos ajustadores. La banca del PO-FIT fue la única que rechazó sistemáticamente los planes de ajuste y expresó el conjunto de las luchas que se desenvolvieron en la provincia. La extensa campaña bonaerense desenvuelta por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda-Unidad ha recogido nuevas adhesiones entre los trabajadores. La lucha electoral es un enorme campo de agitación política para desarrollar nuestro programa de salida a la crisis capitalista en curso. Esta campaña se combinó con el apoyo a los acampes del Polo Obrero y las organizaciones del frente de lucha piquetero enfrentando la tregua del triunvirato vaticano, el plenario abierto de trabajadores ocupados y desocupados en el Sutna Pilar y su movilización a Plaza de Mayo, las movilizaciones de la mujer por sus reivindicaciones, y las luchas como la de Kimberly Clark, Ansabo, Ran Bat y todas las fábricas que luchan contra los cierres o despidos masivos. El acto del FIT-U realizado en la 9 de Julio expresó esta pelea hacia el conjunto de la clase obrera y los explotados. En estos últimos días antes de las elecciones, redoblamos los esfuerzos por llegar a la mayor cantidad de trabajadores con nuestro programa, defendiendo la importancia del ingreso de Néstor Pitrola y los compañeros del FIT-U al Congreso. Cada voto a la izquierda será un recuento de fuerzas frente a las luchas que vendrán en el futuro cercano, y la conquista de nuevas bancadas obreras y socialistas estará al servicio de esta perspectiva. Nuestra campaña es la preparación política de una salida de fondo de los explotados. Frente al quebranto nacional y el intento de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, planteamos la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores y la ruptura inmediata con el FMI. Planteamos un plan de obras pública sobre la base de las necesidades de los barrios más empobrecidos. Planteamos el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, la reapertura de todas las fábricas cerradas y peleamos por un congreso de delegados de base de todos los sindicatos para rechazar masivamente el “pacto social” antiobrero y abrir paso a una salida de los trabajadores frente a la crisis.

La campaña electoral, signada por el derrumbe del macrismo y las vísperas del “pacto social” albertista, presenta un enorme desafío a la juventud. Tanto Cambiemos como el Frente de Todos, junto con el resto de las fuerzas patronales, plantean continuar con las políticas fondomonetaristas que llevaron al país a una crisis enorme. En ese marco, la juventud debe abrirse paso en la construcción de una alternativa política que encuentra lugar en el Frente de Izquierda-Unidad. Precarización y pobreza La pobreza, que aumentó en 3 millones de personas en este 2019, alcanza, según cifras oficiales, al 51% de les jóvenes y adolescentes de la Argentina. La desocupación en esta franja etaria duplica la media nacional, y el 60% de les jóvenes trabaja en condiciones precarias. Dentro de los planes del FMI se encuentra la reforma laboral. El próximo presidente ya avaló la futura flexibilización de los convenios, que no es otra cosa que ir a fondo en el modelo de las aplicaciones de plataforma como Uber, Rappi, Glovo. El FIT-U es la única fuerza que se planta en defensa del trabajo, contra la precarización laboral en la juventud y por la reapertura de las paritarias. Educación o FMI La mención especial de Alberto Fernández a Alberto Barbieri, el rector ajustador de la UBA, avizora que el próximo gobierno profundizará la política de recorte presupuestario y reformas antieducativas del gobierno de Macri. Así, se espera para la universidad un ataque a las carreras con la orientación de la Resolución 1254: ciclos de grado más cortos y pasaje de contenidos a posgrados pagos, para arancelizar parte de la formación y deteriorar la educación pública. La UJS denuncia esto en el marco de la campaña electoral, con un material propio que deja bien en claro que con FMI no puede haber universidad pública. Destacamos asimismo que el Frente de Izquierda es la única fuerza que se pronunció en defensa de los Institutos de Formación Docente de la Capital Federal y se comprometió a derogar la Unicaba, en defensa de les estudiantes y docentes. Nuestra campaña empalma, a su vez, con la lucha de les secundaries que pelean y se organizan también contra la “Secundaria del Futuro”, como sucede en el colegio “Nacho” de la Ciudad de Buenos Aires y contra el derrumbe edilicio. El FIT-U tiene un programa en defensa de la educación, que implica la eliminación de las reformas antieducativas, un plan de obras integrado y centralizado y la renacionalización del sistema educativo. La culpa no es del clima Los millones de jóvenes que se movilizan en el mundo contra el cambio climático han dado lugar a un gigantesco movimiento de lucha en defensa del medio ambiente. Por más mención demagógica que hagan al respecto, los candidatos del macrismo y el Frente de Todos planean continuar con el fracking y la megaminería a cielo abierto de Barrick Gold y compañía. La juventud que lucha debe oponerle a los partidos del régimen un programa de salida a la crisis medioambiental, que apunte a unificar a este movimiento con la clase obrera. El mismo debe incluir el rechazo a las prácticas contaminantes de las megamineras, la anulación de cualquier habilitación para la incineración de la basura (como aplicó Larreta en la Ciudad) y en defensa de los espacios verdes. Este planteo implica una salida estratégica. Como decía la bandera de la UJS en la última movilización: “Si el capitalismo destruye al planeta, destruyamos el capitalismo”. 100% aborto legal La juventud es protagonista principal de las luchas del movimiento de mujeres. Lo demostraron en general las pibas y las disidencias en el Encuentro del pasado fin de semana, que tuvo, entre otras cosas, una enorme asamblea de estudiantes por el aborto legal. Frente al gigantesco movimiento de mujeres y disidencias, el próximo presidente busca desviar el foco, con planteos como el de la despenalización o frases opacas a propósito de “tender a la legalización”, que apuntan a devaluar el reclamo. Que la importancia que le dan a la ola verde no pasa de la demagogia, lo demuestra la integración en el Frente de Todos de figuras antiderechos como el gobernador Juan Manzur y Eduardo Valdés, hombre del Vaticano, entre otros. En cambio, el FIT-U es la única lista 100% aborto legal y que plantea íntegramente la separación de las iglesias del Estado. Es, a su vez, la única que defiende la ESI laica y científica para los colegios secundarios. Así, se transforma en la alternativa política de esta gran pelea, que se prepara para luchas enormes contra el clero y por los derechos de las mujeres. Vamos con el Frente de Izquierda-Unidad La juventud debe acompañar al Frente de Izquierda en pos de formar una alternativa política propia, para luchar contra el ajuste y la precarización laboral, por la educación, el medio ambiente y el aborto legal. Con esa convicción, la UJS sale en el último tramo de la campaña a buscar el voto de les jóvenes para hacerle frente al régimen del Fondo Monetario. Ahora es cuando.

En el debate presidencial del domingo pasado se delimitaron dos campos de clase. Con sus diferencias y matices, de un mismo lado se colocaron Macri, Fernández, Lavagna, Espert y Gómez Centurión. Coincidieron todos en levantar un programa capitalista de abordaje de la crisis argentina y la continuidad del sometimiento del país a los preceptos del FMI. Del otro lado, Nicolás Del Caño levantó una salida obrera y anticapitalista como respuesta a la crisis argentina. Esta orientación de Del Caño fue explícita desde un inicio, cuando planteó que la crisis debe ser pagada por los terratenientes, los empresarios y los banqueros, y no por el pueblo trabajador. Del Caño refrendó las posiciones principistas del Frente de Izquierda-Unidad cuando, por un lado, reivindicó la rebelión popular en Ecuador y condenó el ajuste fondomonetarista del gobierno de Lenín Moreno, y, por el otro, repudió el golpismo y la intervención imperialista en Venezuela. No sólo atacó a Macri por su pleno alineamiento con imperialismo y el Grupo de Lima, tanto en la cuestión venezolana como en la ecuatoriana, sino también al Frente de Todos, que lleva en sus listas a Massa, uno de los primeros políticos argentinos en reconocer al golpista Guaidó como el nuevo presidente venezolano. Aunque Del Caño no se refirió a ello, en este punto hubiera sido de enorme importancia desarrollar las características excepcionales de la actual bancarrota capitalista mundial. Ello hubiera servido para darle al debate el marco histórico concreto en el que se desenvuelve la crisis argentina. A diez años del estallido de la crisis, todas las medidas de rescate del capital desplegadas por los Estados de las principales potencias fracasaron en desmontar el gigantesco apalancamiento de la economía mundial, superar la crisis de sobreproducción y revertir la caída de la tasa de beneficio capitalista. Por el contrario, los ‘rescates’ han redundado en la crisis de los propios rescatistas: los Estados. Un pantallazo de estas características hubiera bastado para mostrar los pies de barro y la inviabilidad de las ‘salidas’ capitalistas a la crisis que pretendieron esbozar los candidatos presidenciales de los partidos patronales. Pues, efectivamente, en el marco de una agudización de la guerra comercial entre las principales potencias del mundo y en los prolegómenos de una nueva recesión internacional, el planteo de Fernández de revertir la crisis de la balanza de pagos del país vía devaluación e incremento de las exportaciones se revela completamente inviable. Del Caño desarrolló, en contrapunto con el resto de los candidatos, todo un planteo programático obrero y socialista frente a los grandes problemas nacionales. Denunció la fuga de capitales y repudió la deuda externa, a lo que le contrapuso la nacionalización del sistema bancario bajo el control de los trabajadores; planteó la anulación de los tarifazos del macrismo y la estatización de todas las empresas privatizadas de servicios. Frente a la cuestión educativa defendió la nacionalización del sistema, en oposición a la provincialización iniciada bajo la dictadura y profundizada por el menemismo y al vaciamiento exacerbado por el macrismo. Levantó los planteos de aumentos de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales. A renglón seguido, denunció la complicidad del Frente de Todos en la aprobación de las leyes del ajuste macrista y también la de la burocracia sindical. Desenmascaró la hipocresía de Fernández, que hizo demagogia con la educación pública y con el derecho al aborto, pero que tiene entre sus aliados a Arcioni, el gobernador enemigo de la docencia y la educación pública de Chubut, y a Manzur, el gobernador tucumano que obligó a parir a una niña violada de 11 años. Todas estas correctas delimitaciones con el Frente de Todos contrastaron con la concesión inicial hecha por Del Caño a los gobiernos kirchneristas. Del Caño denunció las crisis generadas por todos los gobiernos, desde el '83 a esta parte, salteando increíblemente a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Perdió la oportunidad de integrar en un análisis histórico la función confiscatoria y entregadora de los llamados gobiernos 'nacionales y populares' y su línea de continuidad con los 'neoliberales', dado su contenido capitalista. Una vez concluidos los doce años de kirchnerismo, la precarización laboral ascendía al 40%, la pobreza al 30% y el 80% de los jubilados cobraba la jubilación mínima, que se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Cuando asumió Néstor Kirchner, la deuda pública rondaba en los 160 mil millones de dólares y cuando concluyó el mandato de Cristina Fernández la deuda superaba holgadamente los 200 mil millones. Esto a pesar de que se pagaron, durante esos doce años de gobierno, más de 190 mil millones. La actual crisis de deuda es la consecuencia de una sostenida expoliación del país por parte del capital financiero internacional, que se sostuvo a lo largo de las últimas cuatro décadas. La delimitación con el kirchnerismo, después de todo, fue el punto de partida del Frente de Izquierda, que se formó en 2011 para enfrentar la experiencia cristinista. Ahí radica, con seguridad, su principal virtud. La defensa programática y principista que Del Caño tuvo a lo largo de su exposición, contó con una deslucida intervención de cierre, cuando optó por dirigirse exclusivamente “a la juventud”. El mensaje final, de parte del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, debía estar dirigido al conjunto de la clase trabajadora, lo que incluye, naturalmente, a la juventud. Pues el FIT-U debe buscar ser el canal de expresión política de la clase obrera, porque sólo de la fusión de la izquierda y la vanguardia obrera surgirá el sujeto social capaz de liderar una revolución social. En definitiva, nuestra intervención electoral está determinada por el objetivo de acercarnos a ese desafío histórico.

Entramos en los últimos días de una campaña que presentó una peculiaridad. Las Paso dejaron resuelta la elección nacional y se colocó el foco en la posibilidad de que el macrismo también salga derrotado en la Ciudad; y el kirchnerismo presentó el voto a Matías Lammens como el instrumento necesario para ese objetivo. A pesar de esta presión, la campaña del Frente de Izquierda-Unidad se abrió camino. En los lugares de trabajo, de estudio y en las mesitas de las principales esquinas venimos recogiendo una mayor simpatía, apoyada en los últimos días por la intervención de Gabriel Solano en el debate a Jefe de Gobierno. Con este envión pelearemos por conquistar cada voto del amplio espectro de la izquierda y el progresismo, que siempre tuvo en la Ciudad un peso importante. El planteo nuestro es claro: el debate a Jefe de Gobierno demostró que el Frente de Izquierda es la única oposición a la política de Macri y Rodríguez Larreta. Esta fue la conclusión casi generalizada, tanto de periodistas como de miles de trabajadores y vecinos que vieron cómo Lammens se presentaba como un continuador, “con sensibilidad social”, de la política de obras y privatización al servicio de la especulación inmobiliaria que lleva adelante Larreta. La polarización nos obligó a afinar un concepto político en la campaña desde el principio. Por un lado, desmentir la campaña de Larreta basada en la idea de una ciudad gestionada eficientemente e inmune a la crisis nacional. Por el otro, denunciar la complicidad del kirchnerismo en la privatización de más de 400 hectáreas de la Ciudad y de su entrega a la especulación inmobiliaria expresada en los pactos en la Legislatura; y desnudar el programa proempresarial que presentó Lammens como salida. En tercer lugar, desarrollamos más en profundidad nuestro programa para abordar todos los aspectos en los que se manifiesta la profunda crisis social. Uno de los ejes más importantes de la campaña fue denunciar la situación de los trabajadores en una ciudad en la que la mitad gana menos de 25.000 pesos, la pobreza asciende al 20%, la desocupación llega al 11% y la precarización laboral avanza. Presentamos proyectos para combatir la precarización de los repartidores de plataformas y volvimos a presentar el proyecto para el pase a planta permanente de los 18.000 precarizados de la Ciudad, situación que conmovió al país luego de la muerte por un accidente laboral de Cinthia Choque. Realizamos una nutrida presentación del proyecto en la Legislatura y Gabriel Solano aprovechó el debate para preguntarle a Larreta en vivo cómo podía ser que el Estado violara las leyes laborales. También hicimos audiencias públicas y presentaciones para denunciar la contaminación con asbesto en el subte, que luego estalló con la confirmación periodística de que el gobierno tenía la información de que las unidades estaban contaminadas. Desnudamos en la campaña el carácter privatista de la política de Larreta en Educación, en la que el desfinanciamiento de la pública tiene como correlato el financiamiento de la privada. Las reformas en el área profundizaron esta orientación, hacia una formación pública que prepare pobres para trabajos precarizados y otra privada para ricos. Nuestro rechazo firme a la Unicaba y a la Secundaria “sin” Futuro desnudó que el kirchnerismo no puede ir a fondo contra ellas, porque se apoyan en las leyes educativas que éste aprobó cuando estaba en el gobierno nacional, y que aplican sus gobernadores en las provincias. Para el sábado 19 preparamos un encuentro educativo para reagrupar a todos los sectores que enfrentan estas políticas. La separación de la Iglesia del Estado fue un planteo que nos distinguió de todas las listas tributarias del clero. Es un planteo fundamental para defender los derechos de las mujeres y la juventud, contra el oscurantismo opresor y discriminatorio que difunde la Iglesia. Cuenta para ello con cuantiosas exenciones impositivas por parte del Estado de la Ciudad, así como con 5.000 pesos en subsidios a la educación, que se le otorgan, mientras boicotea la aplicación de la ESI. La pelea por una educación laica y la aplicación de la ESI en todos los colegios es inseparable de esta pelea de fondo; este fue uno de los ejes principales de la asamblea de mujeres realizada en Parque Centenario como preparación para el Encuentro en La Plata. Nuestra campaña tuvo una fuerte impronta de lucha con la irrupción del acampe piquetero y las movilizaciones del sindicalismo combativo, que colocaron el problema de la pobreza y el ajuste en el primer plano nacional. El Polo Obrero de la Ciudad salió fortalecido de esta pelea y ahora suma compañeros a la lucha por el voto. Nos quedan pocos días para finalizar la campaña. La presencia callejera y la pelea del voto mano a mano revisten un carácter fundamental. Vamos por la conquista de nuevos fiscales, de todas las relaciones que se han acercado en esta última etapa de la campaña para defender cada voto al Frente de Izquierda-Unidad. Vamos por el objetivo de ser la tercera fuerza de la Ciudad, hacia la conquista de la banca en el Congreso para Myriam Bregman y Vanina Biasi y para reforzar nuestro bloque en la Legislatura porteña. Gabriel Solano, el único opositor en el debate de candidatos

El debate de candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un claro ganador. Gabriel Solano, en pocos minutos y pese a las restricciones para desenvolver un debate, logró desarrollar el programa de la izquierda, apoyado en una sólida intervención cotidiana en los frentes de trabajo, en los barrios, en las luchas y en la Legislatura. Sus intervenciones tuvieron importante repercusión en los medios de comunicación, que destacaron su soltura y conocimiento sobre la crítica situación de la Ciudad. En contraste con Lammens, del Frente de Todos, que posó casi como un “Larretista crítico”, Solano trazó una crítica a fondo a la gestión del macrismo, poniendo de relieve la existencia de un verdadero régimen dirigido por el capital inmobiliario, bancario y la patria contratista. Explicó que se trata de un régimen porque tanto Macri como Larreta contaron con el concurso del bloque kirchnerista en la Legislatura, que votó leyes centrales de privatización de tierras para los negocios inmobiliarios. Denunció también el rol colaborador de la burocracia sindical -hoy asociada a Alberto Fernández-, actuando como un bloqueo a las luchas populares, mientras crece la precarización laboral, como se vio con el caso de Cinthia Choque. Fue de este modo como el macrismo se abrió camino en la Ciudad, para luego llegar a gobernar el país. Otro contraste ineludible entre el resto de los candidatos y el del Frente de Izquierda se evidenció en materia de derechos humanos, ya que Solano denunció el montaje de un verdadero Estado policial-represivo en la Ciudad. Puso de relieve que el gatillo fácil creció de la mano de una Policía de la Ciudad que, también, fue creada con los votos kirchneristas en la Legislatura. Cuestionó, además, el avance del Código Contravencional represivo, las detenciones arbitrarias y el “Gran Hermano” que monta Larreta con la multiplicación de las cámaras de reconocimiento facial. Todo ello, sumado a la represión a las luchas populares. En el cruce con Lammens desnudó el apoyo de éste a las pistolas Taser, cuando la ONU y los organismos de derechos humanos las denuncian como un instrumento de tortura. La izquierda quedó colocada como la única fuerza que defiende los derechos humanos y las libertades democráticas. Por otra parte, Solano fue el único que abordó el corazón del problema educativo. Demostró que los recortes presupuestarios de Macri y Larreta responden a una orientación privatista y de descalificación de la educación pública, como sucede con la Secundaria del Futuro y la Unicaba, pero también que estas políticas se apoyan en leyes nacionales del kirchnerismo o fueron respaldadas por los ministros de Educación de los gobernadores peronistas. En ese sentido, planteó como salida la nacionalización del sistema educativo, contra la descentralización menemista que fue sostenida por todos los gobiernos. Refrendó así el compromiso de la izquierda con las luchas de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa. Pero fue más allá en la cuestión educativa. Sostuvo que el programa del FIT-U es de educación única y laica, un requisito para garantizar el dictado de educación sexual en todas las escuelas: “¿Qué le puede enseñar un cura a un adolescente que quiere saber sobre sexualidad?”, remató. Propuso la separación de la Iglesia del Estado y así terminar con los 5.000 millones de pesos que recibe la Iglesia como subsidios a la educación porque fomenta un adoctrinamiento oscurantista y contrario a los derechos de las mujeres, las disidencias y la juventud; además de la finalización de las millonarias exenciones impositivas en ABL, Ingresos Brutos y pago de servicios. Por último, desmintió la campaña de confusión que desarrolla el kirchnerismo sobre la votación del 27 de octubre, explicando que es falso que para forzar un balotaje sea necesario votar a Lammens, porque para evitar que Larreta supere el 50% es lo mismo votar a cualquier candidato de la oposición. Sin embargo, sólo el Frente de Izquierda tiene un programa para enfrentar la crisis nacional, con su correlato en la Ciudad, y llamó a fortalecer a la izquierda en todo el país, en el Congreso y la Legislatura para luchar contra el FMI y el pago de la deuda, y promover una intervención histórica de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. En la Ciudad, vamos con el Frente de Izquierda

La charla sobre “la experiencia de las artistas en la lucha de la marea verde” desbordó las instalaciones del auditorio de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. En el marco de la primera jornada del 34° Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, las actrices Laura Azcurra, Anabel Cherubito y Thelma Fardin, la música Juana Chang (integrante de Kumbia Queers) y la diputada nacional Romina Del Plá (candidata a vicepresidenta por el Frente de Izquierda-Unidad) se refirieron a las conclusiones de estos procesos. Laura Azcurra realizó una viva descripción del proceso de organización de las actrices, al calor del tratamiento en el Parlamento del proyecto de ley por el aborto legal, en 2018. “Muchas de nosotras no habíamos militado antes”, comentó, y señaló que la organización se fue abriendo paso, venciendo el ego y competencia propias del gremio. Así fue como se llegaron a reunir hasta 500 actrices que empezaron a discutir también sobre la situación en su propio medio laboral. “Empezamos a advertir los abusos que hay en nuestro trabajo”, dijo, y recordó la asamblea en que Thelma Fardin contó su experiencia y se resolvió acompañar su denuncia. “A mí me gusta hablar de que estamos atravesando un momento incómodo porque es un momento en que estamos cambiando muchos paradigmas. Estamos sacándonos muchas capas de patriarcado y mierda de encima. Bienvenido sea, por más que duela”, reflexionó. Anabel Cherubito se refirió, también, al profundo arraigo social del machismo y la discriminación contra las mujeres. Y destacó que “a lo largo de la historia las mujeres siempre logramos los derechos en las calles”. Por eso, dijo, “tenemos que estar más unidas y organizadas que nunca”. Planteó que “una de las principales luchas es la separación de la Iglesia del Estado” y reivindicó que “la izquierda es la única que se comprometió con la legalización” del aborto. Thelma Fardin resaltó también la importancia de la organización. “Lo aprendí hace poco, cuando me acerqué a Actrices Argentinas”, dijo. Se refirió a la conferencia de prensa y al “Mirá Cómo Nos Ponemos” que conmocionó el país. “Lo que hicimos fue destapar una olla a presión”, analizó. Thelma se mostró crítica de un sistema judicial “revictimizante”, que “lo primero que hace es sentar a las víctimas en el banquillo de los acusados”. Y lo puso en cifras. “De cada 1.000 casos de abuso, sólo se denuncian 100 formalmente, y sólo en uno se obtiene justicia”, apuntó. A su vez, dijo que sólo el 4% de las denuncias de esta índole son falsas. “Lo que hay evidentemente es impunidad, y no mujeres locas”, concluyó. También dijo que “poner en contexto que lo me pasó a mí es parte de un sistema, y que fue culpa de un sistema, fue sanador para mí”. Y planteó que es importante salir del Encuentro con un plan de acción concreto, es decir, no limitarlo a una catarsis. Romina Del Plá señaló que “lo que es crucial de la experiencia del colectivo de actrices es que llega a través de su popularidad y conocimiento público a enormes capas de la población a las que si no sería difícil llegar”. Sobre el Encuentro, enfatizó que “necesitamos salir con una claridad de cómo vamos a seguir luchando por nuestras reivindicaciones. Debemos reforzar la organización independiente del movimiento de mujeres. Desde el triunfo del lobby clerical -dijo por referencia a la no aprobación del aborto legal en el Senado- empezó un proceso consciente de ciertos sectores políticos para desmovilizar”. “Cuando insistimos con el tema de la separación de Iglesia del Estado -continuó Romina- damos cuenta de las instituciones y cómo se utilizan las creencias para dominar e imponer condiciones de vida inaceptables. No podemos permitir que nos quieran imponer desde las iglesias cómo debe ser la salud, la educación, cómo te deben tratar cuando entrás en un hospital”. Mencionó el caso de Belén, la joven tucumana que estuvo casi dos años presa tras sufrir un aborto espontáneo. Criticó la deposición de estos reclamos en nombre de que son temas que podrían esperar. “Mientras siguen mirando para otro lado, en el país hay medio millón de abortos por año. Este tema no puede esperar”. Y criticó los límites de los planteos de despenalización del aborto, reivindicando el reclamo de la legalización. (function(d, s, id){var js; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://embedsocial.com/embedscript/ei.js"; d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(js);}(document, "script", "EmbedSocialScript"));

Las jóvenes secundarias que fueron protagonistas de la ola verde el año pasado realizaron este domingo 13, en el Encuentro de Mujeres y Disidencias en La Plata, una asamblea por el aborto legal y por la educación sexual laica y científica, impulsada por los centros de estudiantes del Rodolfo Walsh y el Nacional Buenos Aires y convocada también por la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), que nuclea a los centros de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 200 estudiantes de todo el país participaron en la asamblea, que contó con intervenciones de pibas de la Ciudad, La Plata y otros puntos bonaerenses, Neuquén, Chubut, Salta y Jujuy, y resolvió llevar adelante toda una agenda por estos reclamos y contra la injerencia clerical en nuestros colegios. Las iniciativas resueltas por la legalización del aborto y la ESI forman parte de una agenda para poner en pie al movimiento secundario por todas sus reivindicaciones, que chocan directamente con los intereses de la Iglesia, el FMI y sus gobiernos: por la derrota de las políticas de ajuste sobre la educación, en primer lugar la Secundaria 2030, que en la Ciudad de Buenos Aires lleva el nombre de Secundaria del Futuro y avanza con la complicidad legislativa del Frente de Todos. El boicot K Organizaciones kirchneristas que formaban parte de la delegación de la CEB (donde están en la conducción) actuaron para vaciar la asamblea. Cuando toda la delegación de Capital ya estaba en el punto de encuentro en el horario acordado, anunciaron de un momento para otro que ése era el momento para almorzar y que se debía pasar la asamblea tres horas más tarde -ello cuando ya estaban llegando las compañeras de otras provincias; con esa maniobra, desarticularon la participación de las 600 secundarias que habían venido de Capital, que le hubieran dado a la asamblea un carácter histórico y un enorme impulso a las acciones resueltas. A la vez, un sector de las referentes de agrupaciones kirchneristas se quedó en la asamblea para poner trabas a su funcionamiento. Sostuvieron que la misma no tenía representación, buscando limitarla sólo a los centros de Capital (en verdad a sus conducciones, porque las bases habían sido evacuadas), lo que hubiese cercenado la deliberación y bloqueado la resolución de un plan de lucha nacional por los reclamos. Demostraron con este accionar la nula perspectiva que le dan al movimiento y las pocas intenciones que tienen de organizarlo por el aborto legal. Una política en línea con la que estas agrupaciones, alineadas con el Frente de Todos, llevan adelante como conducción de la Comisión Organizadora del Encuentro, bloqueando sistemáticamente cada año cualquier resolución de iniciativas concretas. Su candidato presidencial, Alberto Fernández, en línea con los acuerdos del peronismo con las iglesias, viene hablando de una despenalización, que constituye una devaluación del reclamo de legalización de la marea verde, y no termina con la clandestinidad del aborto. Resoluciones Pese a estos boicots, la asamblea se hizo igual. El movimiento superó a la conducción de la CEB y apareció todo un activismo que venía a plantear un plan de lucha, incluida una importante presencia de las pibas de los barrios ligadas a organizaciones de desocupados independientes del Estado. Vinieron a saludar la iniciativa a la asamblea Thelma Fardín y Laura Azcurra, de Actrices Argentinas. Las intervenciones pusieron de manifiesto la crisis que se vive en los colegios como resultado de la política de ajuste y la importancia de irse de La Plata con un plan de acción por el aborto legal. Se resolvió realizar asambleas de secundaries en todas las provincias y regionales, el 8 de noviembre; y organizar un estudiantazo por el aborto legal el 25 de ese mes, preparado a través de asambleas y jornadas previas. Desde la UJS Secundaries impulsamos y participamos con toda en esta valiosa asamblea. Señalamos que la única forma de terminar con la clandestinidad y la criminalización es legalizando el aborto y la separación de la Iglesia del Estado, y planteamos ir hacia la conformación de coordinadoras por la ESI junto a terciarias, universitarias y docentes.

El próximo sábado 19 se realizarán en más de 500 puntos del país actos, mesas de agitación, volanteos y recorridas barriales del Polo Obrero para llevar a la población las propuestas del Frente de Izquierda-Unidad. Habrá actividades desde la lejana Ushuaia en Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde se desarrolla un heroico acampe por trabajo en Caleta Olivia, hasta Salta y la localidad misionera de El Dorado, pasando por más de 250 mesas en el conurbano bonaerense -donde le peleamos al hambre y las inundaciones producidas por la desidia de los gobiernos- y en 170 ubicaciones de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad rica donde crece la pobreza. Serán 16 provincias en las que miles de piqueteros del Polo Obrero saldremos a las calles nuevamente, esta vez a llevar por los barrios, ferias, estaciones y puntos neurálgicos nuestro apoyo militante al FIT-U, impulsando el voto a la fórmula presidencial Nicolás Del Caño-Romina del Plá, a las candidaturas a diputados nacionales de Néstor Pitrola en la provincia de Buenos Aires, Myriam Bregman en la Ciudad de Buenos Aires y las listas de todo el país. En ellas tendrán presencia decenas de dirigentes piqueteros. En la provincia de Buenos Aires, la compañera Gabriela de la Rosa va como candidata a diputada nacional; Lilian Rojas, a concejal de La Matanza, representando al enorme Polo Obrero de esa localidad; Darío Vergara, para intendente de Moreno; Lucas Stevani, a concejal por Berisso; Mariela Copertari, a primera concejal en Vicente López; Patricia González, a concejal en primer lugar de San Nicolás. A su turno, integrarán las listas los compañeros Emanuel Berardo, de Córdoba; Tato Zeretzki, de Misiones; César Parra, en Neuquén; Jorgelina Franco, como concejal en primer término en Salta capital, y Daniel Barria Carabajal, para senador por Tierra del Fuego. En Santa Cruz, Nicolás Gutiérrez va para diputado nacional por Santa Cruz y Juan Caballero, Karen Morales y Mauricio Reuque, a concejales por Caleta Olivia; mientras Ricardo Namuncurá estará en las nóminas de Río Negro. Son algunos de las decenas de candidatos piqueteros que tendrán las listas del FIT-U. Todos ellos integrantes de las direcciones nacional y provinciales del Polo Obrero y protagonistas de los extraordinarios planes de lucha del movimiento piquetero clasista, que con acampes, movilización y cortes de ruta nos colocamos en la defensa de los trabajadores más golpeados por el ajuste del FMI, Macri y los gobernadores. Los dirigentes del Polo Obrero que estuvimos a la cabeza de la lucha contra el hambre y la desocupación y por trabajo genuino, y que no tranzamos con el gobierno ajustador de Macri y el FMI, integramos las listas del FIT-U como parte de un programa por nuestras reivindicaciones y como una extensión de nuestra lucha. Nos preparamos para enfrentar las variantes patronales que, como las candidaturas del Frente Todos de Fernández-Fernández, representan una continuidad en las políticas de ajuste, y que ya han demostrado en las provincias donde gobiernan (los Arcioni, los Manzur, los Peppo) que no son una alternativa para las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores y jubilados. En la otra vereda, las listas del Frente de Izquierda representan una alternativa por un gobierno de los trabajadores. En su fórmula presidencial y para diputados y senadores se encuentran representadas las mujeres luchadoras por el aborto legal, seguro y gratuito y por la ESI; la juventud que lucha contra la precarización laboral y por una salida de la enorme crisis social que atravesamos los trabajadores; los delegados y dirigentes sindicales consecuentes con la defensa de los intereses de los trabajadores como los del Sutna, ferroviarios, de los docentes que pelean por la educación y de las enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires que luchan por su reconocimiento profesional. Vamos a una gran actividad de campaña para impulsar la perspectiva que representa el FIT-U, y a defender con miles de fiscales cada voto el 27. Los dirigentes nacionales del Polo Obrero, los militantes de cada barrio que luchamos por la organización independiente de los desocupados, llamamos a votar a las listas del Frente de Izquierda para reforzar esta alternativa política, en pos de derrotar al régimen del FMI y que la crisis la paguen los capitalistas.