Prensa Obrera N° 1564

Hong Kong vive, desde hace tres meses, su mayor conmoción política desde su integración a China en 1997 bajo el lema de “un país, dos sistemas”. La gobernadora de la isla, Carrie Lam, acaba de retirar la ley de extradición que fue la que detonó la protesta. Pero esta decisión fue tardía e insuficiente para satisfacer y contener el movimiento popular que ha ampliado sus demandas. La ley de extradición dispuesta por las autoridades mereció una repulsa generalizada, pues constituía un arma discrecional para perseguir y expulsar opositores y disidentes, así como reprimir la protesta que viene creciendo en el territorio. Los condenados por la nueva legislación podrían quedar a merced de las autoridades de China continental y sometidos a procesos y represalias incluso más severas. La movilización ha incorporado en su agenda el retiro de los cargos y procesos contra los manifestantes, la investigación y el castigo de los responsables de violencia policial, la renuncia de la gobernadora y elecciones libres basadas en el sufragio universal. Lam ha declarado que está dispuesta al “diálogo”, pero no tiene intenciones de ceder a los reclamos, lo cual ha hecho crecer la efervescencia popular. Las autoridades estarían barajando el uso de la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia del territorio. Esta legislación proveniente de la era colonial faculta a la gobernadora a declarar un estado de emergencia, lo que le daría un gran alcance para la represión. Esto se complementa con la amenaza de una intervención directa de China continental. La administración de Hong Kong, si bien goza de autonomía, tiene fuertes vasos comunicantes con el régimen chino. Pekín viene respaldando a la gobernadora y hasta ha amenazado con el envío de tropas en caso de que hiciera falta para aplastar la rebelión popular hasta el punto que ha comenzado a hablarse del riesgo de un nuevo Tiananmen. Huelgas A medida que pasan las semanas, el movimiento ha ido ganando en extensión e intensidad. Luego de las manifestaciones que se vienen realizando ininterrumpidamente los fines de semana, la semana pasada tuvo lugar una huelga de dos días de carácter activo con actos y protestas callejeras. La huelga coincidió con el reinicio del ciclo lectivo. Los estudiantes secundarios y universitarios, que paralizaron las clases fueron uno de los protagonistas de las movilizaciones. Miles de estudiantes formaron cadenas humanas ante diferentes escuelas de Hong Kong para expresar su solidaridad con las protestas. La huelga involucró a decenas de miles de trabajadores, quienes desafiaron las amenazas y represalias de la patronal por participar de la medida de fuerza. Eso explica que la huelga no tuvo una masividad similar a la de un mes atrás, el pasado 5 de agosto. Las empresas, presionadas por el gobierno, se mostraron más inflexibles ante la hulega. La convulsión política, sin embargo, ha ido contagiando a los trabajadores, quienes han empezado a intervenir. Estamos en presencia de las primeras huelgas luego de décadas. Como telón de fondo está presente el descontento y la necesidad de mejoras en salarios y condiciones de trabajo, el acceso a la vivienda y servicios de asistencia social, del cual están excluidos una franja importante de familias trabajadoras, en el marco de una creciente desigualdad. Junto a los derechos democráticos, asoma la cabeza esta agenda social de demandas. La situación social se potencia, pues Hong Kong no ha estado inmune al desarrollo de la crisis capitalista mundial. La isla está al borde de una recesión, afectada por los coletazos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El sector privado atraviesa su mayor declinación desde febrero de 2009. La élite empresaria en un primer momento coqueteó con el movimiento, incluso por sus propios motivos, pues la ley de extradición podría ser utilizada para confiscar activos y patrimonios y facilitar la intromisión de Pekín en sus negocios. A medida que pasan las semanas, el empresariado le ha ido soltando la mano a la protesta. Empresas multinacionales, como la cadena de ropa Zara, se empeñaron para abrir sus puertas del mismo modo que aerolíneas comerciales, que amenazaron con despidos a quienes no se presentaran a trabajar. Oposición No se nos puede escapar que el liderazgo político de este movimiento está en manos de una coalición moderada: el Frente Civil de Derechos Humanos, integrado por una serie de ONG vinculadas con las potencias occidentales, así como partidos políticos y grupos asociados con la oposición oficial en el Consejo Legislativo, la denominada agrupación pandemócrata. Las demandas del Frente Civil se circunscriben a los derechos democráticos. Las demandas sociales están ausentes, lo cual da cuenta de su carácter patronal. Más aún, hay un especial empeño de sus dirigentes por evitar que se cuelen las reivindicaciones obreras. La central obrera, la Confederación de Sindicatos de Hong Kong (HKCTU), forma parte de esta coalición opositora. Esta perspectiva política ha quedado en evidencia en los actos organizados por el HKCTU que ha cedido un lugar protagónico a los líderes opositores, mientras no organizan la resistencia en los lugares de trabajo. Los dirigentes sindicales dejaron librados a su propia suerte el acatamiento de la huelga, de modo tal que dejó expuestos a los trabajadores a la arbitrariedad patronal. Lo más relevante de las últimas semanas es el alineamiento mayor que viene alentando la cabeza del movimiento con el imperialismo. Los manifestantes marcharon al Consulado estadounidense para pedir la intervención del presidente Trump y el Congreso estadounidense. Reclaman que el gobierno norteamericano ponga en marcha la ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong, que plantea sanciones económicas y multas a autoridades chinas y hongkonesas cuando se determine que socavan la democracia y los derechos humanos en la ciudad. La línea que predomina en la oposición es tomar distancia de Pekín, reforzar la autonomía de Hong Kong y hasta hay quienes abogan por una independencia. Tal soberanía y separatismo que se proclama, sin embargo, no sería más que una ficción, pues la isla pasaría a ser un protectorado del imperialismo -volvería a su viejo status colonial-, pero ya no con las ventajas de una onda ascendente de la economía mundial, sino bajo las tendencias disolventes de la bancarrota capitalista en curso. En este marco, es necesario desenmascarar la demagogia nacionalista, incluida la promovida por nucleamientos de derecha, como Civic Passion y Hong Kong Indigenous, que intentan convertir en chivos expiatorios a los chinos "continentales", a los que hacen responsables por la crisis social en Hong Kong. Importa señalar que Trump, acostumbrado a las declaraciones estridentes, en el caso actual y a pesar que tenía el plato servido, ha actuado con extrema cautela. “Trump ha indicado que los disturbios son una cuestión que debe manejar China, aunque también ha dicho que no debe emplearse la violencia. Analistas políticos señalan que sus comentarios podrían haber sido discretos porque no quiere interferir en las conversaciones con China sobre su guerra arancelaria” (El Mundo, 9/9). La Casa Blanca sabe que la rebelión de Hong Kong puede tener un efecto contagio en China continental y poner en movimiento al proletariado chino, que ya viene levantando cabeza. Esto pondría en jaque no sólo la estabilidad de la burocracia china sino el conjunto del proceso de restauración capitalista, y sería un factor, por lo tanto, de desestabilización política de alcance internacional. No olvidemos que entre los trabajadores del continente anida un creciente descontento y sufren el mismo ataque a sus condiciones de vida y derechos democráticos como lo viene soportando la clase obrera de la isla. Perspectiva La defensa de los derechos democráticos de Hong Kong no va a venir de la mano del imperialismo, que apoyó a los regímenes más sanguinarios y promovió compromisos de los más espurios, colocando en primer lugar la defensa de sus propios intereses. Washington, como lo indica su conducta actual, tampoco es un escudo protector contra una eventual incursión militar de Pekín. Por el contrario, esta tentativa de alinear el movimiento de protesta junto con los yanquis le viene como anillo al dedo a los líderes chinos para hacer demagogia y enarbolar banderas nacionalistas contra la injerencia extranjera en los asuntos internos de China, con más razón cuando estamos en medio de una nueva escalada de la guerra comercial. La crisis política en Hong Kong pone sobre el tapete la necesidad de la unidad y una acción común de los trabajadores de la isla y el continente en defensa de las libertades democráticas, incluidos plenos derechos políticos y sindicales para la clase obrera y la satisfacción del conjunto de las reivindicaciones sociales y populares planteadas. Esta acción común sería el punto de partida para una movilización política para poner fin a la administración capitalista de la isla y el régimen restauracionista de China continental con el establecimiento de un gobierno de trabajadores y proceder a una reorganización integral del país mediante una planificación socialista de la economía y de los recursos existentes.

Los fabulosos incendios en el Amazonas, el “pulmón del planeta”, son un crimen contra la humanidad. Las impactantes imágenes difundidas ponen de relieve el alcance criminal de las políticas depredadoras del gran capital en su insaciable apetito de ganancias. El daño es enorme: desde mayo fueron destruidas 1.200.000 hectáreas de bosques. A la consternación que generaron las imágenes de la devastación, se suma la indignación que despertaron las respuestas del gobierno brasileño. Primero dijo que era un problema climático y luego negó la realidad responsabilizando a una campaña mediática de las organizaciones que defienden el medio ambiente. Bolsonaro ha dejado desarrollar los incendios. Defiende los intereses de los latifundistas y grandes capitalistas de los agronegocios. Grandes grupos sojeros y ganaderos, entre ellos los principales comerciantes de granos del mundo (Cargill, Bunge, Dreyfus) y la industria frigorífica (Marfrig, JBS, etc.) son los que impulsan los desmontes en el Amazonas. El 10 de agosto convocaron a una ‘Jornada del Fuego’ para avanzar en la extensión de la frontera de los agronegocios. El gobierno Bolsonaro alienta este accionar. Ha desmantelado los presupuestos de los organismos estatales de control del Amazonas. Alienta la formación de milicias mercenarias de los latifundistas para expulsar a pueblos indígenas y campesinos de sus tierras. Este ‘agropoder’ está financiado por los principales bancos y grupos de inversión del mundo (BlackRock, JP Morgan, Citigroup, HSBC, BNP Paribas). Dos caras depredatorias de la crisis capitalista El capitalismo, en su afán de obtener ganancias, no vacila en superexplotar a los trabajadores y depredar la naturaleza. La crisis capitalista en curso acentúa esta tendencia histórica. La economía brasilera está en recesión y el gobierno Bolsonaro busca compensar la caída de las ganancias monopólicas sin invertir, depredando la naturaleza para poder plantar más soja y pastar más ganado. No es sólo en el Amazonas: este año el mundo ha sido conmovido por la acción negligente del capital minero que provocó por falta de inversión la catástrofe de la ruptura de los ‘diques’ de Brumadhino, hundiendo pueblos enteros en el fango con más de 200 víctimas fatales de trabajadores. Entre el 40 y el 50% de los trabajadores brasileros están en negro y precarizados, sometidos a brutales explotaciones. Es necesario unir la lucha contra la superexplotación obrera y contra la depredación ambiental que genera el mismo culpable: el capitalismo en su etapa de descomposición. El incendio del Amazonas se ha extendido a Bolivia y otros países latinoamericanos. Brasil: huelga general de los trabajadores del correo contra las... La guerra comercial en el Amazonas y la ayuda humanitaria Algunas potencias imperialistas -el presidente francés Macron, etc.- han salido a plantear -frente a la inoperancia criminal de Bolsonaro que deja avanzar los incendios- la necesidad de discutir “si es posible definir un Estado internacional para el Amazonas”. Bolsonaro ha respondido declarándose defensor de la soberanía brasilera y… permitiendo que continúe el desmonte del Amazonas. Trump, en cambio, apoya abiertamente a Bolsonaro. Se trata de dos campos imperialistas que en plena guerra comercial a nivel mundial (acuerdo Unión Europea-Mercosur; promesas de Trump de un acuerdo comercial especial con Bolsonaro, etc.) también luchan por una posición de privilegio en la apropiación del Amazonas. Una pelea entre depredadores. Hipocresía total: gran parte de las empresas que actúan en el negocio del agropower son imperialistas (la francesa Dreyfuss, monopolio exportador; el Banco Paribas, uno de los mayores financistas de latifundistas y monopolios agro-ganaderos, etc.) que compran la soja y la carne a precios rentables por los bajos costos de una producción con baja inversión. A Macron le importa un bledo el medio ambiente, sólo quiere blindar los intereses de los pulpos europeos de los agronegocios. ¿Ayuda humanitaria del imperialismo? La ‘ayuda humanitaria’ cada vez que fue nombrada en Medio Oriente sirvió para justificar una guerra de colonización. Una colecta que hizo Macron en la reciente reunión del G7 en Francia, logró la suma de… 20 millones de dólares. Un vuelto para el capital financiero (sólo un artista hollywoodense donó 5 millones para una organización que se reclama defensora del medio ambiente). La superexplotación obrera viene de la mano de las ‘reformas’ laboral y previsional que impulsa el FMI y que Temer y Bolsonaro han desarrollado. Los trabajadores deben tomar nota de esta crisis que pone en riesgo la vida de la humanidad trabajadora y animal en el planeta. Lo que las guerras imperialistas no destruyen directamente, lo está haciendo la depredación capitalista de la naturaleza. El deshielo del Artico y los glaciares, el recalentamiento de la tierra, etc., son parte del mismo fenómeno. No es Bolsonaro, son todos los capitalistas. En el norte argentino es parte de la vida cotidiana el desalojo de comunidades campesinas e indígenas y el desmonte de bosques. Más que nunca está planteada una acción internacional: ganar las calles contra la política predatoria de los Bolsonaro, Macri y todos los gobiernos capitalistas, que impulsan la devastación de las reservas naturales e indígenas y un profundo ajuste contra las jubilaciones, la educación y el ataque a los derechos laborales. La movilización internacional en defensa del Amazonas debe servir a la juventud estudiantil y a la clase obrera brasilera como punto de apoyo para enfrentar al gobierno y frenar el desastre ambiental: • Prohibición de desmontes. Volcar los fondos necesarios para apagar los incendios bajo control obrero y popular. Asambleas populares que agrupen a campesinos, indígenas y trabajadores de cada distrito para impedir que continúe el saqueo. • Nacionalizar el comercio exterior: expropiar a los pulpos exportadores. • Terminar con el latifundio: expropiación de latifundistas y capitalistas y creación de empresas estatales para planificar la producción bajo control de los trabajadores. • Derogación de las reformas laboral y previsional antiobreras. • Rechazar la entrega-privatizaciones que Bolsonaro ha puesto en marcha (Correo, Petrobras, Electrobras, Casa de la Moneda, Serpro, Dataprev Compañía Brasilera de Trenes Urbanos, CBTU, Empresa Brasilera de Comunicaciones-EBC, Telebras, etc.). Control obrero de dichas empresas. Organicemos la participación activa de la juventud y la clase obrera en las huelgas y movilizaciones internacionales del 20 al 27 de septiembre contra el cambio climático. Quienes luchamos por el socialismo, por gobiernos de trabajadores, para avanzar en una planificación y desarrollo de las fuerzas productivas que permita armonizar la satisfacción de las necesidades sociales con la preservación del medio ambiente, debemos ponernos a la vanguardia de esta lucha contra la barbarie capitalista.

El sábado pasado terminaron las elecciones de la UBA (centros de estudiantes y Consejo Directivo). El dato político que arrojaron las mismas fue el reforzamiento de las fuerzas vinculadas con el Rectorado, que ganaron ocho centros de estudiantes. Dos de ellos quedaron para el ala vinculada con el “Frente de Todos” (la UES, en Sociales; el MLI, en Ingeniería), uno para el PS, recientemente incorporado a las listas de “Juntos por el Cambio” (Nuevo Derecho, en Derecho), mientras que los cinco restantes estarán en manos del ala Franja Morada-Nuevo Espacio (Odontología, Medicina, Económicas, Fadu, Psicología), un coalición política liderada por la UCR pero que, en ciertos casos como Medicina, está dirigida por un ala pejotista. A su vez, las listas kirchneristas alineadas con las gestiones de las facultades lograron avanzar y hacerse de dos centros de estudiantes (Exactas y Filo). La UJS-PO, por su parte, retuvo los centros de estudiantes de Veterinaria y Farmacia, mientras que la Lista 3 en Agronomía que integramos junto con La Mella y el Frente Amplio para una Nueva Agronomía (Fana) mantuvo el Centro de Estudiantes frente a Línea de Agronomía Independiente (LAI). Estos resultados le permiten al bloque dirigido por la Franja Morada reunir los delegados necesarios para ganar el próximo Congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), que así pasaría a estar dirigida por el bloque vinculado con el rector Barbieri. La gestión de la gestión En nueve facultades ganaron las fuerzas políticas alineadas con las gestiones de las facultades. Este avance (que tiene como principal actor a las fuerzas del Rectorado), requiere un análisis fino. Mientras el año pasado la izquierda avanzó al calor de la lucha docente, las ocupaciones de facultades y los paros por el salario, ahora ocurrió lo contrario. Los centros ganados al calor de la lucha del año pasado fueron recuperados por el Rectorado (salvo Agro), mientras que dicho bloque avanzó hasta los ocho centros. El por ahora macrista diario “Clarín” se preguntó sobre por qué cuando el macrismo se hunde en el país logra, sin embargo, ganar en las elecciones de los centros de estudiantes. Se trata de una presentación manipulada. Las listas ganadoras en ningún momento se referenciaron con el macrismo ni con el gobierno de Cambiemos. Su característica es explotar su vínculo directo a las gestiones de las facultades para presentarse como centros de servicios, que facilitan algunas cuestiones básicas a los estudiantes. En momentos donde la bancarrota económica se hace sentir fuertemente sobre la juventud, y donde se impuso un proceso de contención por el lado de las direcciones kirchneristas de los sindicatos docentes, los estudiantes terminaron convalidando con el voto a las listas de las gestiones. Alberto y la UBA Nuevo Espacio y la Franja tuvieron un canal de desarrollo a partir de esta política, pero también agrupaciones como Identidad (La Cámpora) en Exactas o El Colectivo, en Filo, expresaron esa perspectiva. Resulta interesante la perspectiva contradictoria que envuelve al kirchnerismo. Su bloque estudiantil avanzó en aquellos lugares en los que está vinculado con las gestiones de las facultades (Morgade, Reboreda) y perdió en aquellas donde logró aglutinar al menos una parte de la rebelión educativa del año pasado (Sociales o Psico). En el caso de Exactas, La Mella perdió frente a La Cámpora. Aunque a priori puede ser visto como una interna K, lo cierto es que para tratar de salvar su conducción La Mella hizo su campaña en nombre de un centro independiente de las gestiones, identificadas directamente con el kirchnerismo. Dejando de lado la impostura que esto representa, terminó ganando la lista de la gestión. En definitiva, este armado político siente la contradicción del realineamiento del kirchnerismo con el Rectorado, de la mano del propio Alberto. La política de contención del movimiento estudiantil, que el kirchnerismo desenvolvió a rajatabla, encuentra un mejor interlocutor en las fuerzas vinculadas con Barbieri. En definitiva, una Fuba del Rectorado es lo que más se adecua al próximo gobierno de Alberto Fernández. Con seguridad, veremos un maridaje entre Franja Morada y el kirchnerismo, sólo cruzado por peleas de aparato. La elección de la izquierda La izquierda, con la UJS como principal fuerza, ha tenido un retroceso en estas elecciones. Las derrotas de Medicina y Filo son la expresión más fuerte de ello, aunque en esta última facultad se trató de una elección pareja, donde mantuvimos los porcentajes del año pasado y crecimos en votos absolutos. En el caso de Medicina, la caída electoral fue especialmente importante. El año pasado ganamos la elección sobre la base de nuestra participación destacada en la lucha docente. Impulsamos asambleas, acciones de lucha e incluso llegamos a ocupar la facultad. Esa situación no se repitió durante este año. Al revés, la gestión de la facultad, comandada por un frente peronista-radical, aplicó inmediatamente después de la derrota en el centro una política de ataque al movimiento estudiantil, eliminando materias vespertinas, cursos de verano y demás. Se trató de un castigo a los estudiantes por votar a la izquierda. Declaró abiertamente que estas materias serían repuestas sólo si ganaba su lista en las elecciones de centro. Este verdadero chantaje no logró ser revertido por las acciones de lucha que fuimos convocando. En un cuadro de reflujo, luego de la lucha de año pasado, este ataque logró abrirse paso mucho antes de las elecciones de centro, que finalmente reflejaron la relación de fuerzas que se había establecido en la facultad entre las autoridades y el movimiento estudiantil. En Filo, la izquierda hizo una enorme elección, más grande incluso que varias del pasado donde ganábamos el centro. Pero el peso de la gestión de Morgade y la integración a su frente de una agrupación vinculada con el Rectorado (Vallese-FUP) le permitió a la pata estudiantil del decanato hacerse de una mayoría para ganar el centro. Lejos de irse en malas condiciones, la UJS y el resto de la izquierda tienen un terreno de pelea enorme para volver a colocar al Cefyl en el campo de la independencia política. Balance y perspectivas Se abre ahora un nuevo escenario en el movimiento estudiantil. Con los delegados conseguidos en esta elección, lo más probable es que Franja Morada y sus aliados logren volver a conquistar la dirección de la Fuba que perdieron en 2001. El dato llamativo es que lo harán en momentos donde ascenderá al gobierno nacional el pejotismo-kirchnerismo, obligado a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y la juventud. En ese sentido, la perspectiva de los “centros de servicios”, como un paliativo frente al deterioro de las condiciones de vida de les estudiantes, chocará de lleno frente a la profundización del ajuste, que implicará recortes del presupuesto educativo y ataque a las carreras. Alberto Fernández ya ha hecho saber que piensa seguir atado el FMI e imponer una ‘austeridad fiscal’ que implicará nuevos ataques a los sectores populares, así como a la educación y a la salud. En este cuadro, más que nunca será necesaria una dirección de lucha del movimiento estudiantil. Esta función está clara que no la cumplirá Franja Morada, pero tampoco las agrupaciones K, que en pocas semanas pasarán a convertirse en oficialistas. La gran responsabilidad recaerá sobre la izquierda, a pesar de la derrota sufrida en estas elecciones. Los próximos combates pondrán a prueba esta caracterización y también la calidad política de cada organización. Algunos grupos de izquierda, empezando por el PTS y a los que ahora se suman los agoreros de Altamira, pretenden dictar lecciones sobre los por qué de este retroceso. Llama la atención porque son los que nunca han podido ganar nada los que tienen la receta de los triunfos. Para ellos se aplica una verdad elemental: nunca pueden perder un centro porque antes hay que ganarlo. La UJS-PO, que fue la gran fuerza animadora de la Fuba y del movimiento estudiantil de la UBA durante 18 años consecutivos, ingresa a esta nueva fase consciente del retroceso que implica esta elección, pero con una experiencia mayor a la del pasado. Nos lanzamos con todo a una lucha apasionante para pelear contra los agentes de la privatización educativa que estarán, tanto en las direcciones de la mayoría de los centros y de la Fuba, como también en la Casa Rosada. Las posiciones que hemos conquistado, con la defensa de dos centros de estudiantes dirigidos por la UJS, la revalidación del frente que integramos en Agronomía e importantes votaciones en otras facultades, serán puntos de apoyo para lo que se viene.

La nueva movilización de las organizaciones de desocupados en lucha está conmoviendo en estas horas al país. Encabezadas por el Polo Obrero, y junto a una importante delegación del Plenario Sindical Combativo: Sutna, AGD, Sutebas, Telefónicos, subte, una masiva columna copó la Avenida 9 de Julio. El acampe piquetero desafió y logró derrotar el gigantesco operativo policial y la represión, que dejó heridos y detenidos. Esta nueva movilización expresa las necesidades apremiantes de miles de trabajadores. A la par de ello, Chubut viene protagonizando una rebelión contra su gobernador albertista, el ajustador Arcioni. En este caso, los trabajadores tampoco se dejaron amedrentar por el accionar de las patotas organizadas por el también albertista burócrata del sindicato de petroleros. Ctera declaró un paro nacional en repudio de esta provocación. Los trabajadores de ATE y Judiciales, sectores combativos de la docencia de los Suteba multicolores, Ademys y AGD-UBA han realizado nuevos paros. El Sutna ha salido a reclamar la reapertura de su paritaria. Todo esto contrasta con la tregua de la CGT y las CTA, que no mueven un dedo frente a la catástrofe social que se agrava día a día. La cúpula de la CGT ha ido a negociar bonos por única vez y una tarjeta alimentaria para despedidos. Migajas para no reabrir las paritarias. Junto a esta tregua se ha montado un operativo de distracción alrededor de un pedido de “emergencia alimentaria”, que se tratará en estas horas en el Congreso. Las direcciones sindicales se ajustan al libreto que les ha dado Alberto Fernández. En la reunión que mantuvo con la CGT y la UIA en Tucumán, el ganador de las Paso declaró que hay que evitar estar en la calle para no complicar más las cosas. Es un ensayo del pacto social antiobrero que están cocinando. Este pacto va de la mano de una nueva confiscación contra el pueblo, de la reforma laboral y jubilatoria. Es el tributo que pretenden hacer pagar al pueblo argentino en vistas a una renegociación de la deuda que preparan. Enfrentemos este nuevo ataque. Ni tregua ni pacto social. Paro activo nacional y plan de lucha. Impulsemos un Congreso de bases de ocupados y desocupados para poner de pie a la clase obrera y abrir paso a una salida propia de los trabajadores a la crisis nacional.

En la jornada del viernes 6, más de 300 compañeros de Luz y Fuerza se movilizaban al edificio de la empresa estatal de energía Epec. La medida que se inició con el abandono de tareas y una concentración en la sede del gremio, levantaba el reclamo de recomposición salarial ya que los trabajadores vienen siendo duramente castigados con arreglos por debajo de la inflación. En 2018, los trabajadores recibieron un aumento del 20% y, peor aún, un 15% en 2019; cuando la inflación ya se calcula en el 55% anual. Se han perdido al menos 50 puntos en los últimos años, una situación insostenible. Los trabajadores también reclaman ante los ataques sistemáticos al convenio dirigidos por el gobierno de Juan Schiaretti con el directorio de la Epec como brazo ejecutor. La movilización fue recibida con el edificio blindado por la policía y cuerpos especiales. La respuesta represiva no se hizo esperar persiguiendo a los compañeros por las calles céntricas. El saldo fueron doce detenidos, entre ellos Héctor Tosco (hijo del histórico dirigente de Luz y Fuerza) y varios compañeros heridos con balas de goma, entre ellos el secretario general del sindicato, Gabriel Suárez. Luego de los sucesos el gremio, decretó el paro por la liberación de los detenidos y se desarrollará en las próximas horas una asamblea para discutir los pasos a seguir. La brutal represión contra los trabajadores de Luz y Fuerza que reclamaban aumento salarial es una señal para todos los estatales que también reclaman la recomposición de sus ingresos en momentos en que se está realizando una confiscación brutal del salario. El gobernador Schiaretti planteaba que Córdoba estaba “blindada” frente a la crisis nacional. Ahora como excusa menciona la insuficiencia de los fondos provinciales, cuando el presupuesto está organizado para favorecer los intereses capitalistas para los cuales vienen gobernando. Desde el Partido Obrero repudiamos enérgicamente la represión, manifestamos nuestra mayor solidaridad con las y los trabajadores de Luz y Fuerza, y planteamos un Congreso de delegados de bases, un paro nacional de 36 horas y un plan de lucha para dar respuesta urgente a la agenda de reclamos obreros y populares.

En su gira por España y Portugal, Alberto Fernández aprovechó para hacer dos cosas muy apreciadas por el establishment: reafirmar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y reafirmar la admiración por el “milagro portugués”, que ya Kicillof había adelantado como un “modelo de ajuste con crecimiento”. El milagro habría sido ejecutado, dicen sus apologistas, por un gobierno de centroizquierda, lo que le daría todavía más atractivo. La Troika -el trío formado por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- otorgó un descomunal crédito de 78.097 millones de euros al país lusitano en 2011. Las reformas pedidas arrancaron de movida con una reducción de los salarios nominales del 7%, que fue a parar directamente a las arcas del Estado mediante un aumento del 18% en los aportes obreros que se descuentan del salario. Una rebaja nominal del tipo de la aplicada por Cavallo en 2001. Pero, en verdad, este ajuste fue aplicado por el gobierno derechista de Pedro Passos Coelho. El actual gobierno de Antonio Costa, una alianza entre el Partido Socialista y el PC, asumió recién en 2016 y ocho años después volvió el salario mínimo a los 485 euros, o sea al misérrimo punto de partida de ocho años atrás, en un nivel paupérrimo, de los más bajos de toda Europa de acuerdo con el costo de vida en el Viejo Continente. Agreguemos que la rebaja salarial fue acompañada con el congelamiento de los salarios públicos entre 2012 y 2014. Pero, además, se eliminaron los dos aguinaldos a empleados estatales, jubilados y pensionados. Se suspendieron también las jubilaciones anticipadas, aún con descuentos. En 2013, siempre bajo el gobierno conservador, se elevó la jornada semanal de 35 a 40 horas. El conjunto de las medidas del “milagro” significaron una rebaja del “costo laboral” del 8%. La desocupación saltó en 2012 al 16%. Crecieron los empleos de baja calificación, por tiempo limitado y de alta rotación. La pobreza de la mano de estos índices escaló al 27,5%. Las consecuencias fueron las de una catástrofe demográfica, porque se produjo una emigración del 7% de la población. El equivalente en Argentina a un éxodo de más de 3 millones de personas, superior al de la catástrofe humanitaria venezolana. Casi ninguno de estos portugueses que emigraron a Alemania y otros países ha vuelto hasta el presente. Es que la juventud trabaja en condiciones de precarización laboral extremas, superiores a España y a toda Europa, donde de cualquier modo se está precarizando crecientemente el empleo. Eso sí, Portugal volvió al mercado voluntario de deuda, llegando al punto de que la deuda portuguesa asciende al 131% del PBI lusitano. Una losa ilevantable que ha costado, cuesta y costará sudor y lágrimas al pueblo portugués, pero que es atendida puntillosamente por el Estado mediante la brutal austeridad fiscal y seguida con atención de cirujano por el Banco Central Europeo y la Unión Europea, porque en ella va el futuro y hasta la vida de grandes bancos europeos. El Central europeo tiene él mismo una exposición enorme porque llegó a comprar 40.000 millones de euros en títulos portugueses, el 15% del total de la deuda de ese país. En el marco de semejante ajuste y mano de obra barata creció el turismo europeo hacia ese bello país, porque además los precios se deflacionaron, cuestión que preocupa hoy mismo a los economistas oficiales. La deflación es, según muchos, peor que la inflación porque es la consecuencia de la recesión y la quiebra de capitales y, con ellos, de fuerzas productivas. La caída drástica de la desocupación se relaciona con la caída drástica de la demanda laboral por la emigración, los desocupados se fueron. El “ajuste con crecimiento” te lo debo. El “milagro” ha sido volver al mismo salario rebajado ocho años antes y a las 35 horas en el empleo público, con el país empobrecido, con el 7% de la población emigrada, transformado en una zona franca europea de flexibilidad laboral extrema. Como Syriza en Grecia, donde tras seis años de ajuste centroizquierdista Tsipras perdió la elección con el 18% de desocupados, el “albertismo” está vendiendo espejitos de colores. Es el relato de milagreros del ajuste que se han transformado en asesores de la devaluación macrista, el gran recurso para rebajar drásticamente los ingresos que no tenía Portugal por pertenecer a la zona euro. Reforcemos la campaña del FIT-Unidad contra el ajuste del FMI que impulsa toda la clase capitalista y que recorrerá la experiencia de su versión “nacional y popular” por parte del gobierno de la coalición pejotista en un marco de recesión mundial y bajos precios de las materias primas. Nuestro programa de ruptura con el FMI, no pago e investigación de la deuda y nacionalización integral de la banca, de los recursos estratégicos y el comercio exterior bajo gestión obrera, contribuye a las luchas de hoy y a las que vendrán ante el “pacto social” que prepara el futuro gobierno.

La muerte de Cinthia Choque conmueve. El pedido de justicia de sus compañeros, que se movilizaron al Obelisco, va más allá de que pague el conductor que la atropelló y abandonó el lugar, ya que expuso la enorme falta de protección y la precariedad laboral de los agentes de tránsito de la Ciudad deBuenos Aires. Justicia por Cinthia es terminar con esta situación. Cinthia trabajaba hace seis años como monotributista, un fraude laboral ampliamente extendido en el gobierno de la Ciudad (desmintiendo las “explicaciones” dadas por el secretario de Transporte, que justificó la precariedad laboral en que “hay contrataciones permanentemente”). Ganaba 25 mil pesos, cuando la canasta de pobreza de la Ciudad está calculada en 33 mil. No tenía ART, aguinaldo ni vacaciones, ni cobraba la asignación por sus dos hijas. Las responsabilidades políticas de esta situación son claras. El gobierno comandado por Horacio Rodríguez Larreta tiene miles de trabajadores bajo esta modalidad de precarización. Lo hace con la venia de la burocracia sindical de la gremial municipal Sutecba, de Amadeo Genta, con la que ha armado un régimen de superexplotación que se sostiene sobre el temor a los despidos y a las patotas. Recientemente, otra muerte ha expuesto esta realidad: Sergio Zacaríaz murió de frío en la calle y expuso las condiciones de enorme precariedad con la que realizan sus tareas los trabajadores del BAP, dependencia encargada de asistir a las personas en situación de calle. Así como Larreta precariza a sus empleados, avala la precarización laboral en el sector privado: ha salido sistemáticamente en defensa de las plataformas de delivery que buscan eliminar toda forma de derecho laboral y protección del trabajador, lo que también ha provocado la muerte de repartidores. Pero la precariedad laboral no es una realidad privativa de la Ciudad ni del macrismo. Bajo los gobiernos kirchneristas, hicieron furor los contratos por monotributo o a través de universidades que configuraban una caja negra de enorme de recursos. Luego, esto fue aprovechado por Macri para despedir decenas de trabajadores precarizados de los ministerios nacionales. Siempre con la burocracia sindical como cómplice, esta vez la de UPCN. Las patronales y sus gobiernos buscan explotar aún más al trabajador para descargar la crisis sobre su espalda. Es por eso que tanto Macri como Alberto Fernández han anunciado que avanzarán sobre los convenios colectivos para flexibilizarlos. Fernandez ya anticipó que lo hará con el aval de la burocracia sindical, gremio por gremio, colocando como modelo Vaca Muerta -donde se produjeron ocho muertes desde que se flexibilizó. Desde el Frente de Izquierda hemos dado duras peleas contra la precarización laboral y promovemos la organización y la lucha contra las patronales. En la Legislatura de la Ciudad, Gabriel Solano ha presentado una citación al ministro de Transporte para que dé respuesta a esta grave situación. Y volveremos a insistir con nuestro proyecto de pase a planta permanente de todo el personal precarizado de la Ciudad. Nos ponemos a disposición de todas las iniciativas de lucha por justicia para Cinthia, por la recuperación de Santiago (el agente que fue embestido junto a Cinthia y está internado en el Hospital Fernández) y por el pase a planta permanente con todos los derechos para los trabajadores del GCBA.

En la jornada del martes tuvo lugar un triple paro de sectores del Estado: al paro nacional de 24 horas con movilización a Plaza de Mayo de ATE (estatales), se sumó el de la Conadu Histórica (docentes universitarios) y el de la UEJN (judiciales). La CTA Autónoma, por su parte, no llamó a parar sino que acompañó la movilización con una difusa “jornada de lucha”. Estatales En la jornada previa, el Ministerio de Producción buscó descomprimir la jornada y le impuso a los estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) una conciliación obligatoria por 15 días para que no se vean afectados los vuelos: el acatamiento de la conciliación le quitó uno de sus filos principales a la medida de fuerza. Otro conflicto que tuvo un lugar destacado en la jornada fue el reclamo de los inspectores de tránsito de la Ciudad, que tras la trágica muerte de Cinthia Choque y las graves heridas que sufrió Santiago Siciliano, dejaron al desnudo todo un régimen de precarización laboral que se ha profundizado bajo el gobierno de Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, la convocatoria de ATE reunió las características habituales de otro paro aislado y sin preparación. En el caso de la Verde de ATE Nacional, no convocó a asamblea ni plenario alguno. Por su parte, la Verde y Blanca de ATE Capital, que tampoco realizó asambleas para darle impulso a la medida de fuerza, votó en su plenario una marcha divisionista que no tuvo como destino la Plaza de Mayo, sino Modernización. En la Ciudad de Buenos, por lo tanto, tuvieron lugar dos movilizaciones poco concurridas y dos actos separados por la ridícula distancia de media cuadra. El acto central en el que confluyeron ATE Nacional y la Conadu Histórica fue convocado a Plaza de Mayo, y fue en el que en mayor medida confluyeron las seccionales (ATE Sur, Brown) y juntas internas combativas (Incaa, Garrahan, Inti). En el interior del país, el cuadro fue variopinto. En la convulsionada Chubut, hubo asambleas y piquetes: en Esquel, la Asamblea de Salud adelantó su rechazo a un posible llamado a conciliación obligatoria, cuyo rumor llegó desde Rawson. En Chaco se realizó una movilización en Resistencia, pero sin el sector más dinámico: el gobierno impuso la conciliación obligatoria el lunes para que se levantara la toma y el paro del Instituto de Cultura. En Río Negro, unos 500 estatales cortaron totalmente el puente Cipolletti-Neuquén. En Santa Rosa tuvo lugar una pequeña movilización. En Neuquén (la dirección Verde y Blanca llamó a no parar); Mendoza y Tierra del Fuego directamente no hubo paro ni movilización. Lo mismo en Santa Cruz, a excepción de la movilización que tuvo lugar en Caleta Olivia. Docentes, docentes universitarios y judiciales El paro nacional convocado por la Conadu Histórica tuvo un alto acatamiento. En la Ciudad de Buenos Aires, donde la AGD-UBA es su gremio de base, se sintió particularmente en el CBC, Filosofía y Letras, Sociales y los colegios preuniversitarios como el Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, cuyo paro fue completo. La jornada marcó una continuidad con el paro de Ctera del jueves 5 en solidaridad con los docentes de Chubut. En la jornada pararon también los Suteba combativos y hubo una clase pública en el Obelisco por reapertura de paritarias, básico de 35.000 pesos con indexación mensual y bono de emergencia de 5.000. Allí se repudió el régimen del FMI y se reclamó por un paro y plan de lucha de Suteba y el Frente de Unidad Docente (FUDB), además de expresarse el apoyo a la lucha de Chubut. En el caso de los judiciales, también fueron al paro, esta vez de 36 horas (luego del paro de 24 horas de la semana pasada) y con la movilización de unos mil judiciales en los Tribunales de Talcahuano. Ya está previsto un nuevo paro para la próxima semana y este fin de semana tendrá lugar el Congreso de la UEJN, que necesariamente procesará el debate sobre la continuidad de las medidas de fuerza. El 10 de septiembre, la Corte Suprema elevó al jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, una nota firmada por los cinco jueces solicitándole una ampliación presupuestaria: el paro se siente y está planteada la conquista de la reapertura de las paritarias. Unificar la lucha Mientras Andrés Rodríguez volvió a aclarar hoy que la CGT no está evaluando una medida de fuerza, la CTA de Yasky busca articular un paro… con la CGT. La CTA Autonóma, por su parte, acompañó el paro de ATE con una “jornada de lucha” porque “no hay condiciones” para un paro. Por su parte, el triunvirato Cayetano busca parlamentarizar el reclamo con una difusa “emergencia alimentaria”, cuyo objetivo es sacar de las calles al movimiento piquetero independiente. Esta política de tregua está al servicio de la “gobernabilidad”, es decir, de la continuidad del ajuste evitando una irrupción de los trabajadores en esta transición de crisis. El aval de Fernández a la devaluación, su planteo de tregua por 180 días a partir del 10 de diciembre y su promesa de una “salida a la portuguesa”, son señales de para la continuidad del régimen del FMI. La unificación de la lucha de los estatales, docentes y judiciales es una necesidad para triunfar. El paro activo nacional de 36 horas es ineludible para quebrar el ajuste y la tregua. Un congreso de delegados de todas las centrales obreras pueden darle forma a un plan de lucha y a un programa para que la crisis la paguen quienes la generaron y no los trabajadores. Los sindicatos como el Sutna, AGD, Ademys y las Juntas Internas y organizaciones piqueteras integrantes del Plenario Sindical Combativo, han tomado la iniciativa de convocar a un Plenario Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados este sábado 14 de septiembre, que ya tuvo una primer reunión multitudinaria el sábado 7, para contribuir al desarrollo de una intervención de los trabajadores en la crisis.

El 7 de setiembre, en la sede del Sutna-San Fernando, se realizó una reunión abierta convocada a instancias del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) para organizar un gran Encuentro Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, dirigido a “impulsar la intervención directa de los trabajadores en el marco del cuadro de ataques actual”. Por fuera del PSC participaron el “Encuentro de Zona Norte”, el “Movimiento de Agrupaciones Clasistas” y organizaciones piqueteras independientes. Todos ellos han sido, sin embargo, partícipes de varias de las iniciativas promovidas por el PSC como la marcha del 22 de agosto o la concentración frente a la Secretaría de Trabajo el 30, en reclamo de un salario mínimo de 35 mil pesos y el paro activo de 36 horas, que desafió la tregua de las centrales. No participaron de esta primera instancia, pero hicieron llegar su apoyo a la iniciativa dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Jesús María, entre otros. El plenario, que fue abierto por Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, desarrolló un debate político de alcance estratégico para el movimiento obrero, centrado en la cuestión de delimitarse o no del futuro gobierno peronista y en las acciones necesarias para superar la contención de la burocracia sindical. Se destacó la gran lucha -con huelgas y piquetes- de Chubut; los paros del 30 de agosto resueltos por Ademys, AGD, los Suteba de Ensenada y de La Matanza que dieron lugar al plenario multicolor y al masivo paro del 10; las movilizaciones piqueteras; el planteo de reapertura de paritarias del Sutna, como ejemplo de una tendencia que busca romper la política de inmovilización “ordenada” por los Fernández, funcional a los planes de ajuste y repago de la deuda. La reunión votó un pliego de resoluciones: el apoyo al acampe piquetero, las huelgas de los Suteba Combativos, de ATE, Conadu Histórica y judiciales, el respaldo a la lucha de las fábricas bajo gestión obrera y en particular el rechazo al intento de remate de Cerámica Neuquén. También el repudio a la represión contra los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba y a la patota de la burocracia sindical petrolera de Chubut contra los docentes de esa provincia, la libertad inmediata de Daniel Ruiz y el desprocesamiento de todos los trabajadores perseguidos por luchar, como Patricia Jure y los trabajadores municipales de Neuquén, de José Meniño y otros trabajadores del Neumático o los choferes de la Línea 60, entre muchos otros. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero participó de esta primera reunión con una destacada delegación y se empeñará en movilizar al encuentro del 14 representaciones sindicales de todo el país. Una reunión posterior al plenario acordó una propuesta de declaración que fija una clara delimitación del régimen del FMI, de Macri, de la burocracia sindical y, en particular, del virtual nuevo gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández. El texto caracteriza el Pacto Social que se prepara, como un recurso contra los salarios y los convenios laborales. Entre las resoluciones principales se propondrá una gran jornada nacional de lucha unificada de ocupados y desocupados, que se dirija al centro del poder político en Plaza de Mayo y se replique en todo el país, con movilizaciones, actos y cortes. La Coordinadora Sindical Clasista levanta como un eje para la etapa actual la realización de asambleas en cada lugar de trabajo y en cada gremio para impulsar un Congreso de delegados mandatados por un programa obrero de lucha y de salida a la crisis: reapertura de paritarias, salario y jubilación mínimas de 35 mil pesos, prohibición de despidos, por un paro activo de 36 horas y un plan de lucha para enfrentar al régimen del FMI, de Macri y los gobernadores.

Miles y miles de piqueteros volvieron a ganar la calle, tanto en Capital como en decenas de puntos del interior del país, para insistir en el reclamo de apertura de los programas sociales y un aumento en sus montos de acuerdo con la inflación, incrementar la cantidad y mejorar la calidad de los alimentos que reciben los comedores populares y la reapertura de paritarias. El acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, que durará 48 horas, fue ratificado el martes por la tarde, luego de que los funcionarios del gobierno que recibieron a las organizaciones piqueteras se negaran a atender estas demandas. Antes de lograr instalarse sobre la Avenida 9 de Julio, la movilización debió sortear la represión policial. Ya por la mañana, el frente piquetero independiente -encabezado por el Polo Obrero y Barrios de Pie- había denunciado un enorme despliegue represivo que incluía “un ejército de policías, carros hidrantes y vehículos represivos”, así como el cierre del tránsito en San Juan y Entre Ríos “con el objetivo de armar un cerco represivo contra los manifestantes”. También alertaban que la suspensión, desde la mañana, del servicio de la Línea C del Subte, procuraba impedir que las organizaciones sociales lleven su reclamo a la cartera que dirige Carolina Stanley. El gobierno de Macri y el de Rodríguez Larreta en la Ciudad, que atacan a los trabajadores del Subte cuando paran por sus reclamos elementales -como la defensa de los puestos de trabajo y contra la presencia de sustancias contaminantes en las formaciones-, no duda en cortar el servicio cuando es para atacar la movilización popular. Pasadas las 16 horas, cuando las columnas llegaron a la Avenida 9 de Julio, la Policía de la Ciudad desplegó una feroz represión, avanzando con palos y gases contra la manifestación en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social, dejando varios heridos (algunos gravemente lastimados en la cabeza) y al menos un detenido. Hubo delegaciones sindicales (Sutna, AGD, Sutebas combativos, Telefónicos, subte) que acompañaron a las organizaciones piqueteras y sufrieron también la represión “Esto es responsabilidad de la ministra Bullrich, que salió a mentir públicamente para incitar a la violencia contra quienes reclaman un plato de comida. Queremos respuestas sociales, no represivas”, enfatizó Belliboni. Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda, reclamó a Larreta y al ministro de Seguridad, Diego Santilli, que “retiren a la Infantería para que se pueda desarrollar la movilización popular”. Las organizaciones reclamaron a Stanley que abra una mesa de negociación, y exigieron la libertad del detenido, Gabriel Contreras (MTR Votamos Luchar). Llamaron, a su vez, a la “solidaridad de todo el pueblo trabajador, como lo han hecho importantes delegaciones del sindicalismo combativo que acompañaron la marcha, y que la CGT y las CTA convoquen a un paro activo nacional en repudio a la represión. Miles de familias obreras están esperando una respuesta”. Vamos con todo al Encuentro Nacional de Trabajadores Ocupados y...

“Fue una buena reunión, la CGT tiene ánimo conciliador”, resumió Carolina Stanley a la salida de la entrevista de los burócratas sindicales con ella y el ministro de Producción, Dante Sica. A todas luces, el objetivo de la reunión fue “encapsular el conflicto que algunas organizaciones sociales protagonizan en las calles como el Polo Obrero” (La Nación, 10/9). La CGT, que está garantizando la inmovilización del movimiento obrero ocupado, mete la mano en los reclamos de los desocupados para sacarlos de la calle y mejor garantizar la paz social de la transición, mientras pasa la devaluación, el agravamiento de la carestía y la recesión con su secuela de despidos y suspensiones. Los anuncios para ocupados y desocupados son maniobras para hacer pasar el golpe devaluador de salarios, jubilaciones y planes sociales: un posible bono de 5.000 pesos, otro de 1.000 para los planes sociales, nada para los jubilados y una tarjeta alimentaria para los despedidos recientes en blanco, que son un pequeño sector. Los planes sociales, se presume, aumentarían de 7.500 a 8.000 pesos en octubre y a 8.500 en noviembre, dos miserables cuotas de cinco kilos de pan o dos kilos de carne, cada una. Con la excusa de la emergencia social hacen correr el cepo al salario y las jubilaciones. La inquietud por el conflicto social ha surgido de los descomunales piquetazos del plan de lucha de acampes del movimiento piquetero independiente, que el 28 de agosto coincidió con las organizaciones del trío San Cayetano, por un lado. Por otro, por el Chubutazo en el que derivó la semana pasada la enorme huelga general de docentes y estatales de esa provincia. Allí una pueblada de más de 40.000 personas en Comodoro Rivadavia fue la respuesta popular al accionar de una patota de la burocracia sindical petrolera “albertista”, en defensa del gobernador también albertista Mariano Arcioni, cuya administración atiende una deuda impagable, pero ha dejado de pagar salarios en fecha y desconoce sus propios acuerdos paritarios. En esa ocasión, el Sindicato Camionero paró 24 horas en solidaridad con la docencia y amenazó con otro de 72 horas si la patota no despejaba la ruta, cosa que finalmente ocurrió. Esos dos sucesos, el acampe piquetero y el chubutazo, fueron el marco que disparó un paro nacional de ATE, otro de Ctera. Por su parte, un paro de dos seccionales combativas del Suteba derivó en un plenario multicolor y un paro de siete seccionales en consonancia con Conadu Histórica y ATE, superando el freno de Baradel . Los bomberos de la CGT salieron prontos a ficcionar actividad para mejor garantizar la tregua -en la que están todos los sectores de la burocracia sindical tributarios de Alberto Fernández, incluyendo a Moyano, Yasky y compañía. El ensayo del pacto social que se viene Efectivamente, esta tregua de contención en la transición, mientras se ejecuta el costado social dramático del default, es una cuidada operación en conexión con el presidente virtualmente electo que viaja por España, Portugal y ahora México, para emular ajustes fondomonetaristas de otras latitudes, como el llamado “milagro portugués. Nada de lo que está haciendo Macri deja de tener el guiño de Fernández, o al menos el silencio y, en último caso, la crítica, pero dejando hacer mientras los trabajadores no ganen la calle. La cuestión de la contención social actual para dejar el país preparado para el relevo, ha ganado el centro de la situación política. La fragilidad es extrema cuando arriba del deterioro de salarios jubilaciones, de los despidos y el hambre en las barriadas, se suma una clase media que tiene ahorros en el banco y se ha llevado al colchón 12.000 millones de dólares desde las Paso hasta ahora. En este cuadro, la coalición de los Fernández y Sergio Massa no espera. Por un lado, Massa, el eterno operador que garantizó las leyes del ajuste y el endeudamiento a Macri, ahora gestiona la sesión especial en Diputados y el apoyo oficial a los dos tercios para la “emergencia alimentaria”, de manera de parlamentarizar el reclamo de miles y miles en las calles con el objetivo de aislar al sector combativo. Por otro lado, el tucumano Juan Manzur, gran operador de la liga de gobernadores albertista, gestionó en la ciudad histórica una reunión entre Héctor Daer, Miguel Acevedo (de la UIA) y el virtual presidente. El temario: el futuro pacto social que cancelaría todo aumento salarial y las paritarias por 180 días. Uno de los clásicos acuerdos bonapartistas de congelamiento de precios y salarios, donde los que seguro se congelan son los salarios con el concurso de la burocracia sindical. Aquí está la clave de la vía portuguesa, cuyo corazón fue la rebaja nominal de salarios y jubilaciones en euros -que no es devaluable porque es una moneda común. En el caso argentino, los salarios arrancarían desvalorizados por la vía de la devaluación del peso. Para lo cual es imprescindible que el movimiento obrero no salga a recuperar en esta transición lo perdido este año y mucho menos, lo perdido el año pasado, dos enormes golpes. Siempre pendientes del FMI La fragilidad no es sólo social. La bomba financiera no ha detenido su reloj. Mientras se les niegan 140 millones de dólares a los desocupados, el gobierno gatilló 2.300 millones de dólares para el pago de una garantía crediticia en plena corrida contra las reservas, lo cual muestra en toda su monstruosidad el carácter socialmente criminal del endeudamiento y sus prioridades. La suscripción desierta de las Letes disparó el comienzo del default. Pero eso se refiere a los vencimientos de corto plazo donde hay que cancelar capital e intereses. En cambio hay que seguir pagando intereses de otros tramos de deuda. Aún contando el ingreso vidrioso de los 5.400 millones de dólares del FMI “las estimaciones dan cuenta que al Tesoro le faltarán entre 350.000 y 450.000 millones de pesos para cerrar las cuentas hasta diciembre” (Ambito, 10/9). Esto se agrega al potencial hiperinflacionario de las famosas Leliq, cuya tasa ascendió al sideral 86% anual, una tasa demencial que agrava cada día la recesión económica. Como se aprecia, el comienzo del default no ha eliminado la dependencia del FMI, al que le irán a rogar el ministro de Hacienda Hernán Lacunza y Macri, cada uno a su turno, en próximos viajes a Estados Unidos, pero todo parece indicar que su amigo Donald Trump esta vez dejará de garpe a la estrella de la derecha latinoamericana en desgracia. La brecha entre el dólar oficial logrado con el cepo mayorista de un 10% con el dólar paralelo se estiró al 15% en nuevos curros como el “rulo” y otros como el “contado con liqui”, el viejo negociado de los capitalistas bajo el kirchnerismo. Estas brechas expresan nuevas tensiones devaluatorias. Por otro lado, la compra de bonos de la deuda a precio basura que estarían en el precio ideal para la quita prevista del default, origina otro negociado de buitres siempre atentos. La cuestión de la ruptura con el régimen del FMI cobra cada día más vigencia. Ni tregua ni pacto social, paro activo y plan de lucha nacional El Fondo ha dilatado sus tiempos para negociar directamente toda la reestructuración de deuda con el nuevo gobierno. Ahí la agenda de la reforma laboral y previsional volverá al centro de la escena en medio del pacto social. Los trabajadores tenemos necesidad de luchar hoy para llegar a fin de mes. Pero la lucha de hoy nos prepara además para llegar en pie a los desafíos inmensos que planteará la etapa que se abre con el gobierno de Fernández. El trabajo de lucha política consciente en la vanguardia obrera es central. Clarificar sobre el contenido del pacto social que están pergeñando, fijar las consignas precisas motoras de los movimientos de lucha: reapertura de paritarias, aumento del salario mínimo a 35.000 pesos, actualización por inflación, duplicación del monto de los planes sociales y apertura a los nuevos desocupados, prohibición de despidos y suspensiones, ocupación y continuidad productiva garantizada por el Estado de toda empresa que cierre; paro activo nacional de 36 horas y plan de lucha a partir de asambleas fabriles y sindicales que mandaten un congreso de todos los sindicatos y centrales y de ocupados y desocupados. Es la perspectiva de la irrupción de los trabajadores en la situación política. Cada lucha parcial toma un contenido estratégico bajo estos objetivos que es lo que debatirá en su programa y en sus iniciativas la reunión nacional convocada por el Plenario Sindical Combativo en el Sutna Pilar. La campaña electoral del Partido Obrero y del Frente de Izquierda adquiere en estas condiciones una importancia mayúscula. No sólo porque está al servicio de impulsar las luchas en curso, sino también porque es un instrumento para luchar contra todas las fuerzas patronales, y en especial para separar a las masas y a sus sectores más activos del nacionalismo burgués y agruparlos en un polo político independiente. La votación que logre el Frente de Izquierda y sus conquistas parlamentarias serán un termómetro del nivel alcanzado por la vanguardia obrera y popular y serán de utilidad indudable para enfrentar la experiencia de un nuevo gobierno peronista-kirchnerista.