Prensa Obrera N° 1562

Cuando en el gobierno se ilusionaban sin motivo con que la modesta movilización macrista del sábado les devolvía una chance de pelear las elecciones, la corrida cambiaria que se desató esta semana puso las cosas en su lugar. Sin embargo, el encargado de pinchar el globo no fue su rival electoral, sino el FMI, su principal aliado en el último año y medio. Es que por más que los macristas quieran disimularlo, acusando a Alberto Fernández de desestabilizador, lo cierto es que fue el FMI quien reclamó de modo categórico que Alberto Fernández se haga cargo del gobierno para llenar lo que ellos llamaron “un vacío de poder”. Si el peregrinaje hacia Alberto Fernández ya lo habían comenzado los empresarios del grupo de Whatsapp, ahora también se sumó el FMI, dejando a Macri reducido a una nulidad total. Si la transición ya era convulsiva, ahora se ha transformado en traumática. Un gobierno acabado debe lidiar con una bancarrota económica y un muy probable estallido financiero. El FMI Así las cosas, el pedido del FMI persigue una mecánica previsible. Con un país al borde del default, quieren cobrar caro la entrega de la nueva cuota de 5.400 millones de dólares que debe depositar en las próximas semanas. Es que aunque no hay seguridad que ese dinero alcance para evitar el default y una nueva megadevaluación, lo cierto es que sin ese préstamo la suerte ya estaría echada. La negativa del FMI no sólo tendría un impacto económico sino también político. Sería la señal de que el capital financiero empuja a la Argentina al abismo para dictar las condiciones de la sucesión presidencial. Es cierto, sin embargo, que el FMI debe responder a sus mandantes, que no son exclusivamente los Estados que lo integran sino, por sobre todas las cosas, los fondos de inversión y la banca acreedora. Los fondos prestados por el FMI prácticamente coinciden con la fuga de capitales. Los recursos del Fondo se aplicaron masivamente a garantizar una política de rescate estatal al capital que lucró con la bicicleta financiera. El intento de atenuar la salida de capitales y la desvalorización consecuente de la moneda, así como del conjunto de la economía nacional mediante las tasas de interés por las nubes, ha fracasado, porque ni con tasas del 70% el Estado ha sido capaz de rescatar el valor de la moneda nacional. El intento de absorber la emisión monetaria con Leliq está llevando a la quiebra al Banco Central y amenaza los ahorros depositados en los bancos. El pago de las Leliq conduciría a un estallido monetario, el no pago, a una confiscación directa. En el medio, las tasas de interés profundizaron la bancarrota industrial y la parálisis del consumo. El empeño a fondo en esta política de rescate al capital arrastra al Estado a la bancarrota. Detrás del default se esconden disputas despiadadas de intereses, con sectores que ganan y otros que pierden. Lenin retrataba esas situaciones ironizando que los capitalistas se iban a pelear por ver quién vendía la cuerda con la que serían colgados. El capitalismo es un sistema basado en la competencia, que se intensifica en momentos de crisis. Por lo pronto, un derrumbe mayor del precio de los bonos, que ya cotizan al 50% del valor nominal, permitiría convertir a una reestructuración de la deuda en un negociado fenomenal, a costa de quienes compraron los bonos a un precio superior. En estas condiciones, la continuidad del pago de la totalidad del capital en cada vencimiento es un acto de confiscación del capital privado sobre los fondos públicos. Ya sucedió bajo el gobierno kirchnerista, cuando los bonos comprados a precio de remate fueron reconocidos luego a un valor muy superior que al que fueron adquiridos en el mercado secundario y con el premio adicional del llamado cupón PBI. Cuando Alberto Fernández afirma que quiere volver al kirchnerismo de los orígenes, puede querer referirse a esta hipótesis. El derrumbe de los bonos conduce además a la quiebra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, un 56% del cual está en bonos del Tesoro, potenciando los planteos en función de una nueva reforma del régimen jubilatorio. Con las acciones ocurre otro tanto: el derrumbe conduce a una tendencia a la baja y coloca al conjunto del capital que actúa en el país en situación de remate en relación con la capacidad de compra y financiamiento en dólares. El escenario de rapiña generalizada entre capitalistas es un factor de disgregación económica y política. Como sostuvimos en nuestro XXVI congreso, las elecciones presidenciales ponen en juego quién va a ser el síndico de esta gran quiebra nacional. Como se ve, el depósito o no de la cuota del FMI está sometido a choques de intereses capitalistas. Argentina se ha transformado en una colonia financiera y su suerte es decidida en la mesa de los especuladores. En el mismo sentido juega la suerte del valor de la moneda nacional. La devaluación permanente, la inflación que se va transformando en hiper, anticipan el default. Aquí también aparecen intereses contrapuestos. Un editorialista del diario BAE, muy ligado al kirchnerismo, comentaba que en el círculo íntimo de los Fernández-Fernández había opiniones contrapuestas sobre la conveniencia o no de un nuevo salto devaluatorio. Mientras un grupo de sus economistas apostaba a esa posibilidad para licuar aún más salarios y jubilaciones, y también los pasivos del Banco Central, otro sector entendía que dado el alto grado de dolarización de la economía, la devaluación se trasladaría muy rápido a los precios y se neutralizaría su efecto. Pero mientras se discuten las alternativas, la crisis y la fuga masiva de capitales hacen su trabajo imponiendo en los hechos la licuación de la moneda. Todas estas alternativas, sin embargo, no solucionan la cuestión de fondo: luego de asistir a la incapacidad de superar el derrumbe económico con un financiamiento externo masivo, ahora vemos la incapacidad del país de acceder al financiamiento internacional para superar la crisis financiera y el derrumbe general que afecta la industria y a todas las ramas de la economía. Una reciente reunión de la Cámara de la Construcción acaba de declarar que el gobierno no les paga las obras en curso; en otras palabras, que ante ellas ya está en default. Por eso hay quienes avizoran que la única variante a mano es recurrir a nuevos préstamos del FMI. Tendríamos así una situación harto llamativa: cuando todo el país reconoce el fracaso de los planes del Fondo Monetario, se insistiría en el mismo camino. De algún modo es lo que ocurrió en Grecia, donde los sucesivos planes de la troika se fueron sucediendo uno a otro a pesar de su recurrente fracaso. Alberto Fernández Está claro que un nuevo acuerdo con el FMI, aún más si incluye el compromiso de nuevos desembolsos, deberá contar con el acuerdo abierto de Alberto Fernández y de su compañera de fórmula Cristina Kirchner. Quienes afirman (Altamira entre ellos) que un acuerdo con el Fondo Monetario haría “saltar por los aires” la coalición de gobierno revelan que consideran a la ex presidenta como una líder anti-imperialista. Ignoran, sin embargo, que la devaluación reciente fue reclamada por la fórmula Fernández-Fernández con el único propósito de garantizar el pago de la deuda. Es que se ha pasado por alto un detalle para nada menor. Cuando Fernández señaló que el dólar estaba atrasado en su cotización anterior, incurría en un forzamiento de la realidad. Con un dólar a 40 pesos, la recesión había logrado un superávit comercial que, proyectado, se acercaba a los 10.000 millones de dólares al año. Se había equilibrado también la cuenta que contabiliza el turismo. El desequilibrio monetario se reducía a una única causa: el pago de la deuda, que reclama una cantidad de dólares que el país no puede generar por su circuito comercial, lo que se agrava por la fuga de divisas que promueven el gran capital. No es casual que Fernández haya acusado al Fondo Monetario de apartarse de sus estatutos, tolerando el uso de reservas para sostener la moneda cuando debían usarse sólo para el pago de la deuda. Fernández se declara más papista que el Papa. Alberto Fernández y la liga de gobernadores han ido muy a fondo en sus planteos capitalistas contra las masas. Al cuestionar las medidas desesperadas de Macri de reducción de impuestos, se presentaron como defensores del equilibrio fiscal que reclama el Fondo Monetario. Más grave aún fue su posición sobre el congelamiento de los combustibles, al asociarse de modo directo a las petroleras, en especial a las que tienen inversiones en Vaca Muerta. La invocación a la defensa de los intereses de las provincias fue reveladora, porque asocia la suerte de los Estados provinciales a la de las oligarquías locales y los monopolios imperialistas allí instalados. Nunca se les pasó por la cabeza establecer un impuesto especial a los sectores capitalistas beneficiados por la devaluación, como ser los exportadores de granos. La defensa de estos intereses capitalistas le da un sentido concreto al pedido de Alberto Fernández para que “Macri y el FMI se hagan cargo”. Siendo virtualmente el presidente electo, pretende que el trabajo sucio del ajuste contra las masas lo haga el gobierno saliente. Promover la intervención de los trabajadores En este cuadro de bancarrota económica y de crisis política se están dando grandes luchas como en Chubut, Ran Bat, municipales de Jesús María y Colonia Santa Rosa o el movimiento piquetero. Sin embargo, están lejos de adquirir un carácter político de conjunto y de proyectar a la clase obrera como fisonomía independiente de la crisis. El proceso de contención para evitar una intervención masiva, aún restringida al terreno reivindicativo, alcanza tanto a la burocracia sindical como a las expectativas políticas en el gobierno que debe asumir. La fórmula Fernández-Fernández obtuvo una votación masiva en la clase obrera y en los sectores empobrecidos, refutando de paso a los que declaraban que el nacionalismo burgués había dejado de ser un obstáculo de peso. La superación del nacionalismo reclama el desarrollo de un partido de la clase obrera. Quienes sostienen esa superación invocando la ausencia de bases materiales para una política nacionalista no sólo caen en un mecanicismo que ignora la política y la evolución subjetiva de los explotados. También desconoce la forma contradictoria que asume la bancarrota capitalista que, al plantear la quiebra de capitales, obliga a una intervención estatal que recrea la ilusión en los trabajadores de una política nacionalista que utilice el Estado para atenuar el impacto de la crisis. Frente a la situación tomada de conjunto, la política que el Partido Obrero le plantea a los trabajadores y también al Frente de Izquierda es promover la intervención de la clase obrera y los explotados para que la crisis la paguen los capitalistas. Esa intervención parte de levantar un programa de transición que incluya la reapertura de paritarias, el aumento de emergencia a los jubilados, la lucha contra los despidos y suspensiones mediante la ocupación de las fábricas que despiden masivamente. Sobre la base de este programa planteamos el reclamo de Congreso de trabajadores ocupados y desocupados mandatado por asamblea y el paro activo nacional a la CGT y a todos los sindicatos, y agrupar al activismo que lucha en el Plenario Sindical Combativo y en las agrupaciones clasistas. Los planes de lucha que impulsa el PSC tienen el valor de brindar al activismo una ruta de acción y atraer nuevos destacamentos de trabajadores. Es un instrumento de delimitación con el kirchnerismo y la burocracia sindical que reclama no hacer olas para no afectar la campaña electoral. Junto con este programa ante la catástrofe social, planteamos una salida de fondo anticapitalista, rechazando el pago de la deuda y por la nacionalización de la banca, el comercio exterior, la energía, la apertura de libros, impuestos progresivos a grandes rentas y fortunas, y el control obrero general. Este programa es la base de la plataforma del Frente de Izquierda-Unidad, cuya estrategia se resume en el gobierno de los trabajadores. La forma de la campaña debe estar determinada por su contenido. En este caso supone una fuerte movilización de trabajadores, mujeres y jóvenes para reforzar una construcción política socialista. Nuestra propuesta de un Congreso del Frente de Izquierda apunta en esa dirección. Colocamos a debate de toda la vanguardia obrera y popular esta caracterización de conjunto, el programa y esta iniciativa.

Todo fueron sonrisas y abrazos durante las jornadas de G7 en Biarritz. Esta vez no hubo tuits insultantes ni descalificaciones públicas, ni cruces subidos de tono entre los mandatarios como ocurrió en el cónclave anterior de Canadá. Trump guardó las formas. Emmanuel Macron, en su calidad de huésped, recibió el elogio de la prensa francesa por la capacidad que había exhibido para actuar como piloto de tormentas y devolver a Francia -destacaron- un papel central de “mediador” y protagonismo en las relaciones internacionales. El presidente de Francia tuvo su día de gloria, lo cual, de todos modos, sirve apenas de consuelo cuando su gobierno viene a los tumbos, su popularidad en picada, acosado en todos los frentes, empezando por los "chalecos amarillos". Uno de los logros que se pondera de la cumbre es que se salió con una declaración común, lo que revela cuán bajo ha caído la vara puesto que se termina considerando un éxito la firma de un texto, aunque el mismo no pasa de fórmulas vagas y anodinas, mientras la tensión aumenta. Guerra comercial y monetaria Por más puesta en escena que haya, la cumbre se da en medio de un agravamiento de la crisis capitalista mundial. El escenario internacional está surcado por una intensificación de la guerra comercial, a la que se ha agregado el condimento de la guerra monetaria, una desaceleración de las principales economías en el mundo, una recesión en puerta y estallidos en los países emergentes. Biarritz deliberó en medio de un nuevo salto en el enfrentamiento entre Washington y Pekín. Antes del arribo a Francia, Trump venía de plantear que ordenaría el retiro de las corporaciones norteamericanas del gigante asiatico. Las incendiarias declaraciones del magnate habían llegado después de que Pekín anunciara nuevos aranceles del 5 y el 10% a productos estadounidenses por valor de 75.000 millones de dólares (67.500 millones de euros) y la aplicación de otros de hasta el 25% a los automóviles de Estados Unidos, a los que había dejado exentos previamente como muestra de buena voluntad. A su vez, la iniciativa de Pekín era la respuesta a la decisión de Washington de este agosto de aumentar el gravamen sobre cerca de 300.000 millones de dólares de sus compras a China. Cuando transcurrían las deliberaciones de la cumbre, ambas partes optaron por bajar la tensión. Pero esto no pasa de una tregua que, por ahora, se circunscribe a las declaraciones públicas. Entretanto, la crisis no se detiene. La moneda china, el yuan, ha respondido ante el horizonte de nuevos aranceles con un fuerte descenso y su cotización ha tocado su valor más bajo en once años frente al dólar, superando la barrera de los 7 yuanes. La guerra monetaria ha entrado definitivamente en escena lo cual abre un nuevo capítulo de la crisis con el ingreso a un ciclo ingobernable de devaluaciones competitivas, que aceleran la fractura y el freno de la economía internacional. Si los europeos pretendían usar el espectro de la recesión global para persuadir a Trump de frenar la guerra comercial con China, el resultado es absolutamente desalentador. Más bien el que sacó la principal tajada fue Washington. Sus socios occidentales no sólo se cuidaron esta vez de confrontar con Trump sino que, presionados por los nubarrones que asoman en la economía mundial y que están pegando de lleno en sus propias fronteras, buscaron poner paños fríos y ceder frente a los diferendos comerciales que tienen con la Casa Blanca. Macron retrocedió en su proyecto de “tasa Google”, consistentente en imponer un impuesto a las tecnológicas que son, mayoritariamente, de origen norteamericano. Washington viene de lograr una mayor apertura del mercado interno japonés a los productos yanquis, así como la promesa de Angela Merkel, preocupada por las represalias arancelarias que pesan sobre los fabricantes alemanes (y la caída de las exportaciones de automóviles a Estados Unidos que ya se registran como resultado de la desaceleración económica internacional), de avanzar "lo más rápido posible" en cuanto a la conclusión de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Por encima de las diferencias que separan a Estados Unidos de sus socios occidentales, todos ellos no dejan de mirar con recelo a China y buscan acotar su creciente influencia económica y política en el plano internacional. No ha pasado desapercibida la presencia en la cumbre del primer ministro hindú, que no puede obviar el hecho de que India oficia como principal dique de contención de China en el continente asiático y en momentos en que se ha agudizado hasta el extremo el enfrentamiento entre la India y Pakistán -aliado de China en la región- por Cachemira. La lista de invitados incluyó al gobierno de Australia, uno de los principales aliados de Washington en la región y que viene alentando un reforzamiento de las alianzas en el Pacífico contra el gigante asiático, del gobierno egipcio y sudafricano que, de acuerdo con ciertos analistas, apuntan a contrarrestar la injerencia china creciente en Africa, en lo que antes fue un coto colonial cerrado e indiscutido de Occidente. Todos contra todos En este contexto, en el que hay poco o nada para festejar, la prensa ha destacado un avance en lo que se refiere al conflicto con Irán. La sorpresa de la cumbre ha sido la visita y entrevista del ministro de Asuntos Exteriores de Irán con el presidente francés, quien habría sido el gestor de esta movida audaz. El caso iraní está muy lejos, sin embargo, de resolverse, ni siquiera puede hablarse realmente de una distensión. Trump manifestó su voluntad de reformular los términos de un acuerdo nuclear, del cual Washington se retiró. Lo cual debe ser tomado con pinzas más viniendo del magnate que viene dando volantazos permanentemente, en particular en la política exterior. “Nada está hecho, las cosas son eminentemente frágiles”, se apresuró a añadir Macron, prueba de la falta de garantías de las negociaciones concluidas en el marco de esta cumbre. En medio de ese clima enrarecido no podían faltar los choques internos entre las potencias europeas. La cumbre estuvo surcada por las consecuencias del Brexit en momentos que el primer ministro británico Johnson amenaza con una salida no amigable en las negociaciones sobre el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea, desconociendo los 30.000 millones de euros que reclaman sus ex socios en concepto de resarcimiento por su retiro de la comunidad. Entretanto, Trump no deja de meter la cuchara ofreciendo la conclusión de un "gran acuerdo comercial" después del Brexit con Gran Bretaña. Estados Unidos viene haciendo un trabajo implacable para oradar a la Unión Europea. Trump no se priva de utilizar a Rusia como cuña contra las naciones europeas. La cumbre de Biarritz fue nuevamente el escenario para un pedido norteamericano de reincorporar a Rusia al G7, del que fue excluida luego de la ocupación de Crimea. Si bien la propuesta no prosperó, volvió a notarse la falta de homogeneidad de las potencias europeas, muchas de las cuales defienden una reconciliación con el régimen de Putin. Del mismo modo, el abandono de Estados Unidos del acuerdo con Irán es un tiro por elevación contra Europa, desde el momento que las sanciones económicas que alienta Estados Unidos contra las empresas que mantengan vínculos económicos con la nación persa, afectan primordialmente las inversiones europeas cuyo volumen ha crecido aceleradamente a partir del pacto. Como si no fuera suficiente, a los choques se le unió el estallido por los incendios en el Amazonas. Dicho episodio disparó la división existente, esta vez, entre los propios socios de la Unión Europea, en lo que se refiere al acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Macron planteó que Francia se negaría a firmar dicho acuerdo comercial por la supuesta negativa del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a tomar medidas contra los incendios en la selva amazónica. Pero la medida francesa provocó la oposición de Alemania porque se espera que sus compañías automotrices se beneficien del acuerdo que aún no ha sido ratificado por los parlamentos de la Unión Europea. Angela Merkel dijo que no concluir el acuerdo comercial "no era la respuesta adecuada a lo que está sucediendo en Brasil en este momento". Perspectivas El G7 se estableció en 1975 como un mecanismo para desarrollar la colaboración y cooperación económica internacional frente a lo que fue, hasta ese momento, la recesión más severa desde el año '29. Está a la vista que la posibilidad de coordinación no existe. Esto se constató también en Jackson Hole (Wyoming), donde los principales banqueros centrales mundiales se dieron cita y sesionaron en paralelo a Biarritz. Allí también se salió con sabor amargo, pues quedaron en evidencia las rivalidades crecientes entre los Estados y el ingreso a una fase más aguda de guerra monetaria. Al mismo tiempo que los asistentes reconocían que la perspectiva de una recesión era más cercana y anunciaban que muy posiblemente habría que apelar a más medidas de estímulo, aunque no eran muy optimistas sobre su eficacia. Los resultados de ambas cumbres fueron recibidos con una segunda caída de las bolsas. Una segunda semana negra, que coincide con la que estamos atravesando en Argentina. El panorama aquí expuesto revela el callejón sin salida de los planes devaluatorios que propone Alberto Fernández. Las tres devaluaciones últimas no repusieron la competitividad capitalista sino que acentuaron el descalabro económico. Con más razón ahora, que entramos en un escenario de guerra monetaria y en un ciclo de devaluaciones competitivas, en un marco en que asistimos a un salto de las tendencias recesivas y una intensificación de la guerra comercial.

Las elecciones obligatorias de centros de estudiantes y consejeres directivos de la UBA se realizarán del 2 al 6 de septiembre. Tendrán lugar a pocas semanas del derrumbe del macrismo y pondrán en juego qué orientación política debe el movimiento estudiantil llevar adelante para derrotar las políticas antieducativas del FMI. Educación o FMI La Argentina vive hoy una situación convulsiva, fruto del golpe de mercado propiciado por el gran capital para imponer condiciones de la transición política en curso. Esta perspectiva tiene el indudable aval del gobierno, que echó la culpa a les votantes de lo sucedido, pero también de Alberto Fernández, que le dio el visto bueno a la devaluación y a la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. El kirchnerismo mostró así, una vez más, lo que nos hemos cansado de denunciar desde la UJS-PO: el tutelaje y monitoreo de la economía no están en discusión para el Frente de Todos. Esto implicará no solamente una continuidad sino una profundización de la política educativa de los últimos años, que implica recortes de presupuesto (30% en la UBA en 2019) y reformas antieducativas. El programa del FMI para la educación, así, implica la colonización por parte del capital financiero. En este sentido de inscriben la “Secundaria del futuro”, la Unicaba, el Sistema de Reconocimiento Académico y la Resolución 1254 que recortó el alcance de los títulos. El camino que planteará el próximo gobierno para la universidad lo arma el gran capital, para pasar contenido de grado a posgrado (en general, arancelado) y deteriorar la cursada regular. La verdadera grieta es entre la educación pública o el FMI. Les que gobiernan o les que luchan El cogobierno radical-peronista en la UBA defiende, sin tapujos, esta orientación. El plan 2020 de la Facultad de Ingeniería (carrera de cuatro años sin incumbencias y luego dos años más con posibilidad de arancelamiento), las reformas en los planes de estudio de Matemática y Biología en Exactas, así como los cambios en las carreras que dificultan la “doble titulación” en Filosofía y Letras son muestras de esto. La transición política que vive la Argentina implica sin dudas un realineamiento de las camarillas universitarias. Al acto de Alberto Fernández en Exactas no sólo asistieron los decanos kirchneristas Reboreda (Exactas) y Morgade (Filo), sino también los que responden al rector Alberto Barbieri Mera (Sociales) y Bruno (Fadu). El kirchnerismo busca reconfigurar el acuerdo de gobierno de la UBA para ocupar un lugar que le permita usufructuar por sí mismo las ventajas de la privatización universitaria. Lejos de luchar contra el FMI y su plan de ajuste, los K buscan ganar lugares de privilegio en el cogobierno universitario. Por el contrario, el movimiento educativo recorrió una experiencia durante los últimos años que puso un freno a esta política. Las luchas de mayo de 2016, la toma del Conicet ese mismo año o la huelga educativa de 2018 son muestras claras de ellos. Esta orientación está lejos de haber sido derrotada, pero el movimiento estudiantil y docente no parte de cero para salir a pelear contra ella. Independencia política Desde la UJS consideramos que la única garantía para salir a luchar contra el gobierno (el que está y el que viene) y el FMI es con centros de estudiantes que tengan independencia política de los mismos y de las camarillas universitarias. En ese sentido, las fuerzas del macrismo (Franja Morada-Nuevo Espacio) buscarán colocar los centros al servicio del gobierno y la privatización de la educación, la ciencia y la salud, mientras que el kirchnerismo buscará apuntalar su realineamiento con el Rectorado de Barbieri, en el marco del nuevo gobierno de Fernández. La necesidad de independencia política también puede trasladarse al debate de la Fuba. Luego del golpe del Rectorado, el impasse del movimiento estudiantil de 2019 no permitió procesar hasta el final el debate en la conducción, entre la izquierda que busca poner a la Federación en las calles contra el ajuste y el FMI, y el ala kirchnerista que llama a no “hacer olas” y al “pacto social”. Una Fuba independiente para luchar contra la política devaluacionista y de precarización laboral que ya avisó que va a llevar adelante Alberto Fernández. Desafíos y programa La UJS dará peleas enormes en estas elecciones, para ir por centros y consejerxs independientes de cualquier gobierno y las autoridades universitarias. Será la única organización que se presentará en las trece facultades de la UBA. En Medicina, la UJS y El Frente tendrán el desafío de defender un centro que se le ha arrebatado contra el macrismo, para que continúe en pie de lucha contra el ajuste en salud y educación del gobierno y el vaciamiento de la gestión. En Filo, la UJS deberá defender al Cefyl, puntal de la lucha educativa de los últimos años, contra el kirchnerismo y la gestión de la kirchnerista Graciela Morgade, frente a un próximo gobierno de Alberto Fernández. A su vez, en Farmacia y Veterinaria está planteado mantener las organizaciones de lucha para defender la cursada frente a los cupos y el ajuste en la universidad, así como también salir a las calles junto a lxs trabajadorxs en defensa de la ciencia y la educación. En Exactas, En Acción (UJS + independientes) buscarán arrebatarle un centro al kirchnerismo para pelear de forma independiente frente al vaciamiento en ciencia y la política de Fernández y el FMI. En Agronomía, Abriendo Caminos (UJS + independientes) irá a defender la conquista que significó la conformación de la Lista 3 que le ganó el CEABA al derechista LAI, pero con la perspectiva de transformarlo y darle al centro una perspectiva independiente del decanato y el gobierno de Fernández. En Psico y Sociales, la perspectiva de mantener el lugar de la izquierda independiente es fundamental de cara a las peleas por venir, en dos de las facultades en las cuales la lucha educativa fue muy importante. En Derecho, el realineamiento de la conducción del centro (Nuevo Derecho-Partido Socialista) con el macrismo refuerza la necesidad de abrir paso a la izquierda independiente como alternativa. En Fadu, el Frente de Izquierda buscará sostener su lugar frente a la conducción kirchnerista del CEADU (CR) y la gestión ligada a los radicales. En Económicas, Ingeniería y Odontología, la UJS irá a defender una alternativa independiente frente a los centros alineados con el macrismo (Nuevo Espacio) y el Rectorado (MLI-Ingeniería). Nuestra corriente pondrá todas sus energías en estos objetivos, bajo la comprensión de que la independencia política es la única herramienta para pelear contra el FMI, por el aborto legal, por el boleto educativo, por el aumento de las becas y el presupuesto universitario, por comedores estudiantiles y demás reivindicaciones de les estudiantes. Hacia esa perspectiva se direccionará la política de la UJS. La lucha es ahora. Manos a la obra.

El gobierno ha arrastrado al país a una cesación de pagos. Macri terminó haciendo lo mismo que Cavallo, De la Rúa y todos los pagadores seriales de la deuda. Este nuevo default es la confesión de que la deuda es impagable. Confirma lo que siempre hemos alertado: los sacrificios y privaciones que venimos soportando no iban a evitar una nueva bancarrota. El sistema financiero y los fondos públicos colocados parasitariamente al servicio del rescate del capital y la deuda usuraria fueron hundiendo la economía nacional y a los millones de argentinos que vivimos de nuestro trabajo. Pretenden ahora, una vez más, que los platos rotos los paguemos los trabajadores y no sus responsables. Macri y el FMI quieren que los Fernández dejen marcadas sus huellas digitales y se comprometan con las medidas que se preparan. Los ganadores de las Paso, en cambio, aspiran a que sea el gobierno nacional y el Fondo los que asuman esa responsabilidad. Lo que está en discusión no es el ajuste contra el pueblo, sino quién hace el “trabajo sucio”. Discuten quién paga el costo político, pero acuerdan en que el costo social lo pague la masa laboriosa del país. Alberto Fernández saludó que el dólar esté a 60 pesos, e incluso ha dado un guiño para que siga subiendo todo lo que haga falta. Señaló, además, que honrará todos los compromisos de la deuda. No olvidemos que los K fueron también pagadores seriales bajo su mandato. La reestructuración de la deuda que se viene, como consecuencia del default, irá de la mano de una nueva confiscación de los salarios, las reformas laboral y jubilatoria. Es necesario que le hagamos frente a esta ofensiva. La pueblada en Chubut, la imponente movilización de los piqueteros que volvieron a ganar las calles y las acciones del sindicalismo combativo marcan el camino. Más que nunca es necesario que la clase obrera intervenga en el escenario político. Los trabajadores debemos ser protagonistas.

La idea de un “neomenemismo” de Alberto Fernández está alimentada por ciertas figuras de consulta como Martín Redrado y Carlos Melconian y por otras que ya incluye en su futuro gabinete económico como Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, que lo representaron ante el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y ante el FMI. Por sus reuniones con Marcos Galperín y Raúl Cabrales, notorios miembros del club de poderosos capitalistas que apoyaron a Macri, también por el apoyo que cosechó del dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía. Pero valen sobre todo sus definiciones. La cuestión de la reforma laboral es una de ellas. El candidato semielecto ha sido sinuoso, ciertamente, porque en la noche de la victoria en las Paso no se privó en su discurso de rechazar la reforma laboral, una cuestión tan sensible para la clase obrera. Pero como en los contratos, hay que saber leer la letra chica. En su caso, hay que mirar toda la película de profusas declaraciones, y las de otros “albertistas” de su equipo actuante, como Emmanuel Alvarez Agis, que fuera segundo de Axel Kicillof y de Matías Kuflas, otro economista de su entorno. La clave de Alberto Fernández es el rol de la burocracia sindical, que sería en su esquema la intermediaria de la aplicación de una reforma laboral que “un asesor del candidato kirchnerista reconoció en un encuentro de empresarios de la UIA y gremialistas de la energía, que el tema no se puede obviar” (La Nación, 10/8). La vía no sería la de una ley de reforma laboral, sino otro sendero para llegar al mismo objetivo, que forma parte de la agenda continental del Mercosur y de sus acuerdos con la Unión Europea y otros. Convenios flexibles Se trata tal vez del camino más agudo: la vía de la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Más trabajoso, seguramente, que una megaley que destruya las condiciones mínimas del contrato de trabajo, pero que en muchos casos ya ha ido más lejos, antes y durante el gobierno de Macri. El caso emblemático es el del convenio de Vaca Muerta, que el candidato acaba de reivindicar como experiencia insignia del pacto obrero-patronal. Lo reivindicó en sonados reportajes y lo reafirmó entre las “seguridades jurídicas” que prometió en una reunión de elite con una docena de las principales mineras del mundo, el capital más depredador, laboral y ambientalmente. Allí, acompañado de gobernadores mineros pejotistas, como Lucía Corpacci y Alicia Kirchner, trazó el rumbo de entrega de los recursos naturales sobre el “modelo San Juan” y volvió a reivindicar el convenio petrolero de la muerte, el que ha cobrado una decena de vidas en menos de dos años. El convenio Vaca Muerta extendió la jornada laboral, eliminó la protección ante la adversidad climática (trabajo con viento), anuló resguardos de seguridad, dejó en manos de las empresas la reubicación de los trabajadores en tareas diferentes contra todo derecho adquirido, habilitó medidas patronales para evitar el “abuso de ausentismo por enfermedad”, eliminó las “horas taxis” de traslado obrero a los lejanos pozos y mediante nuevas adendas incursionó en la liquidación del derecho de huelga. Guillermo Pereyra, del sindicato petrolero, llegó al extremo de firmar que los petroleros no se adhieren a los paros nacionales, es decir no paran nunca en una especie de paz social incondicional (que fue rota en el último paro debido a la crisis por las muertes obreras). Otro convenio flexible eliminando categorías fue firmado por Sergio Sasia más recientemente en los ferrocarriles, al igual que en la leche por parte del sindicalismo kirchnerista de Atilra. Pero hay en borrador otras perlas como la de Armando Cavalieri (Comercio) que “evalúa implementar un fondo de cese laboral… con un monto por cuenta del empleador, similar a la construcción” (ídem). Todos conocemos ya el sistema de banco de horas implementado en varios convenios por empresa del Smata, por medio del cual se eliminan de un plumazo las extras y, con ellas, la jornada de ocho horas. Aunque tal vez el más sonado de la última etapa sea el convenio entre Mercado Libre y la Unión de Carga y Descarga para una planta de distribución que opera en las cercanías del Mercado Central: en ese convenio están todas, multifunción, banco de horas, polifuncionalidad, limitación del derecho de huelga con guardias mínimas. Este “logro” macrista es la ruta a aplicar por parte de las patronales en las “mesas sectoriales” que promueve el albertismo. Por lo pronto, Carlos Tomada, uno de los posibles ministeriables de Trabajo, ha producido un “paper” que prevé “desde el control de precios y salarios hasta poner en marcha un nuevo esquema de contribuciones patronales y derogar la reforma previsional (que hoy actualiza las jubilaciones por un índice combinado de precios al consumidor -70%- y evolución de los salarios llamado Ripte -30%-). Se prevé también institucionalizar la 'economía popular' y que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas, así como también ampliar la regulación de la tercerización” (ídem). Defensa de los convenios Como se advierte está en carpeta “nacional y popular” todo el espectro de la flexibilización laboral. El solo hecho de dar la primera audiencia empresarial post Paso a Marcos Galperín, de Mercado Libre, marcó la cancha de la “moderación” ante la agenda del FMI que incluye las reformas laboral y previsional en lugar destacado del ajuste antiobrero, porque ese empresario es empleador de miles de monotributistas cuya relación esconde un fraude laboral. La burguesía tratará de aprovechar la catástrofe económica de cierres y despidos para hacer pasar mejor esta política. Tenemos que oponer un programa obrero integral contra el pacto social del ajuste contra el salario y contra las condiciones laborales, a partir de la defensa de convenios colectivos votados en asamblea, de paritarios electos por los trabajadores, para establecer una línea de lucha. Salario equivalente a la canasta familiar, jornada de ocho horas, comisiones obreras de salubridad, escalafón de categorías y antigüedad, control obrero de dotaciones y ritmos de producción, defensa de la estabilidad laboral, prohibición de despidos, reparto de las horas disponibles sin afectar el salario, reposición de los aportes patronales que rebajaron desde Menem hasta ahora, 82% móvil, devolución de la Anses y el Pami a la administración de trabajadores y jubilados.

El sindicalismo combativo se movilizó el jueves 22 a Plaza de Mayo con un programa que incluye el reclamo de aumento inmediato de salarios y jubilaciones ajustados por la inflación; reapertura de paritarias; abolición del impuesto al salario; prohibición de despidos y suspensiones; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; no pago de la deuda externa; nacionalización de la banca y el comercio exterior; paro activo nacional de 36 horas con movilización y plan de lucha; congreso de delegados mandatados por asambleas del movimiento obrero; y fuera el régimen del FMI. Se trata de una respuesta ante la crisis, agudizada con la devaluación post Paso, que contrasta con la pasividad de las centrales sindicales. Frente a la Secretaría de Trabajo se hizo un primer acto con oradores de organizaciones sindicales y piqueteras. Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, señaló que tanto Macri como Alberto Fernández comparten una orientación de ajuste y subordinación al FMI. Y cuestionó a las direcciones sindicales. “El operativo de contención se agudizó porque toda la burocracia sindical está con los Fernández-Fernández-Massa, desde Daer hasta Godoy, pasando por Yasky y Moyano”, dijo. Señaló que “es urgente un congreso de delegados con mandato de bases de sus asambleas para discutir cómo enfrentamos este ajuste, cómo salimos adelante con un programa obrero, cómo ponemos en pie un paro activo de 36 horas”. Plaza de Mayo “Lo que está desactualizado no es el dólar sino el poder adquisitivo de los trabajadores”, dijo en Plaza de Mayo Alejandro Crespo, secretario general del Sutna (sindicato del Neumático). A la unidad de las conducciones sindicales para la tregua, le opuso la unidad obrera para la lucha. Y pronosticó que los trabajadores harán una rápida experiencia con la tregua y el “pacto social” que promueve la burocracia sindical. “La esperanza de una salida a la crisis la ponemos en los trabajadores”, concluyó. Hablaron también compañeros de la fábrica de baterías Ran Bat y de la papelera Ansabo, de Quilmes, que hace más de un mes están en lucha en defensa de sus puestos de trabajo. Eduardo “Chiquito” Belliboni, del Polo Obrero, destacó los piquetes y movilizaciones en 17 provincias que desarrolló durante la jornada el frente de lucha piquetero. Hicieron uso de la palabra también Claudio Dellecarbonara (delegado del Subte e integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas) y el referente de la lista Marrón del vidrio y de la lucha de la autopartista de Pilkington, Esteban Salvatierra. Guillermo Pacagnini, secretario general de la Cicop, afirmó que “no somos un sindicalismo neutral, somos un sindicalismo democrático, clasista y de izquierda”. En tal sentido, llamó a dar la pelea para conquistar a los trabajadores que votaron por Alberto Fernández. Rubén “Pollo” Sobrero, de la Unión Ferroviaria de Oeste, reclamó la libertad para Daniel Ruiz (preso por luchar contra la reforma previsional durante la jornada del 18 de diciembre de 2017) y exigió a las centrales sindicales la convocatoria a un paro nacional. Participaron de la movilización el delegado del subte Christian Paletti, Jorge Hospital (de la Lista Gris ferroviaria), Pablo Eibuszyc (Naranja Telefónica), choferes de las líneas 540/553 y compañeros de otra más de decena de gremios. Referentes políticos del Frente de Izquierda Unidad (Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Nora Biaggio, Vanina Biasi, Guillermo Kane, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Juan Carlos Giordano y Vilma Ripoll, entre otros) acompañaron la movilización a Plaza de Mayo.

El miércoles 28 cientos de miles de desocupados y cooperativistas ganamos las calles en todo el país. La masiva jornada nacional que cortó autopistas y avenidas principales marcó la bronca popular contra el ajuste que no se detiene un minuto y que amenaza con destruir las condiciones de vida más elementales de la clase obrera. La jornada en la que todas las organizaciones de desocupados salimos a las calles por nuestras reivindicaciones, se abrió paso en un escenario político de crisis donde la “contención social” que había armado el gobierno, entró en cortocicuito. Incluidas las organizaciones del triunvirato de San Cayetano que salieron junto al FOL, FOB, FPDS, MTD, que formaron parte de la jornada. El Polo Obrero y el frente de lucha de las organizaciones independientes junto a Barrios de Pie, estuvimos en las calles reaccionando inmediatamente luego de la devaluación que devoró los ingresos de las familias obreras. Y la lucha fue escalando en sus métodos. La acción que se desarrolló en la autopista 25 de Mayo responde a la falta total de respuestas por parte del gobierno y de Desarrollo Social que maneja Carolina Stanley frente a una situación social que deja miles sin trabajo por día con el crecimiento de la pobreza y la indigencia sin que el gobierno sea capaz de detenerla, o dar una respuesta mínima a los reclamos acuciantes de millones de familias obreras que no pueden comer todos los días. La contundente acción piquetera pone de relieve la ausencia de una dirección sindical de la CGT y las CTA's, que no mueven un dedo para parar este ajuste con acciones de lucha, lo que pondría en la calle los reclamos de los trabajadores que no pueden esperar un día más ni mucho menos a octubre y le daría el volumen capaz de arrancar la reivindicaciones dando un golpe a todo el andamiaje del FMI. Es claro que su alineamiento con Fernández - Fernández + Massa dicta la política de tregua de toda la burocracia sindical, pero el piquetazo nacional muestra que la crisis social no da tregua y que la movilización popular no ha dicho su última palabra, las momias de la burocracia van a tener que poner las barbas en remojo. La semana pasada, en la movilización que comenzó en Desarrollo social y terminó en la Plaza de Mayo junto al Plenario Sindicalismo Combativo, planteamos que la tregua brindada al gobierno de Macri por parte de la burocracia sindical y los sectores del triunvirato, debía romperse para abrir paso a los reclamos de los trabajadores con un gran frente único que plantee el paro activo de 36 hs, en el camino de la huelga general, y tres puntos que brotan por doquier en las barriadas: apertura de los programas sociales, aumento en los montos y más y mejores alimentos a los comedores populares. Este llamado a la unidad no fue en el aire, anteriormente esa misma Plaza de Mayo se había colmado de miles de compañeros piqueteros que reaccionamos rápidamente frente a la devaluación. En los próximos días nos reuniremos con las organizaciones piqueteras para debatir la continuidad. El PSC convoca el viernes 30 frente a la Secretaría de Trabajo para reclamar por un aumento de salarios de emergencia igual a la canasta familiar, el Polo Obrero acompaña esa iniciativa y llama al conjunto de las organizaciones piqueteras a llevar allí nuestros reclamos Ninguna tregua ni contención social pudieron tapar la bronca popular. Las fuerzas dispuestas en las calles demostraron la voluntad de lucha de los miles y miles compañeros y compañeras, que “sin micros” viajaron más de dos a tres horas de los barrios más profundos del conurbano, para elevar la voz de los más explotados.

Luego de la importante convocatoria del pasado jueves 22 del Plenario del Sindicalismo Combativo, que reunió a miles de trabajadores desocupados y ocupados, este viernes 30 continúa el plan de acción lanzado por este agrupamiento de organizaciones obreras y sindicatos combativos. Para ese día está pautada la reunión del Consejo del Salario, que debía realizarse el 22, pero que fue postergada por el ministro Dante Sica. La reunión del Consejo y la marcha se desarrollarán en medio de un tembladeral político, por las tendencias al default y las apretadas del FMI respecto de las condiciones para destrabar un desembolso de 5.400 millones de dólares. Tanto Macri como los Fernández han dado garantías de pago a los acreedores. Mientras tanto, el salario mínimo, vital y móvil está en la miserable cifra de 12.500 pesos, lejos de los 31.983 pesos que costaba en julio la canasta básica total para una familia tipo (de acuerdo con datos del Indec). Según las declaraciones del ministro Sica, estiman llevar, por decreto, el mínimo a 16.000 pesos, que es aproximadamente entre un 35 o 36% de aumento. Nada, frente a la desvalorización del salario y el aumento de precios generalizado, más aún tras la fuerte devaluación post Paso. En este escenario, los reclamos de reapertura de paritarias ya se escuchan en varios gremios del país. En el caso de la docencia, eliminada la ya limitada paritaria nacional que existía, el salario inicial fue fijado por decreto en un 20% por encima del porcentaje que se cierre en el Consejo del Salario. Quebrar la tregua sindical, ganar las calles Vale destacar que, por ahora, el PSC, a través de los sindicatos que lo integran, ha sido el único espacio que ha venido realizando acciones en la última etapa frente a la entrega total de la CGT y CTAs que han llamado a no hacer “olas” hasta octubre, en función de su apoyo a la candidatura y gobierno de los Fernández. Incluso la propuesta de un pacto social de Fernández, con congelamiento de salarios incluido, no fue rechazada por ninguna central. Roberto Baradel, de la CTA-T y de Suteba, corrió como bombero para apagar el “incendio” de Chubut, a pedido de F-F y del gobernador Mariano Arcioni, en una provincia que está en medio de un levantamiento general de los trabajadores frente a la falta de pagos de los salarios y el corte de la obra social. Este proceso se ha llevado puesto al ministro de Educación y ya se va por la cuarta semana de lucha intensa en las rutas, en las ciudades y en los lugares de trabajo a partir del paro de docentes y estatales, entre otros. Aún no se llevó a cabo ninguna medida de acción de parte de la Ctera en relación con la lucha de Chubut y sobre el impacto de la crisis en los salarios. Se han limitado a pedir bonos. La CGT ha declarado que pedirá 31.000 pesos como cifra del salario minimo, sin mover un dedo. El cuadro de colaboración con las patronales y con el gobierno y la oposición es total y debe ser superado. Hay un contraste agudo entre la política de tregua de las centrales sindicales y la política de los sindicatos y organizaciones que integramos el Plenario Sindical Combativo. Los movimientos piqueteros, en especial el Polo Obrero, ya tienen en marcha un plan de lucha por sus reinvindicaciones. Para este viernes los sindicatos Ademys y AGD-UBA, a partir de resoluciones de asambleas, han convocado al paro con movilización en el marco de la jornada, levantando un planteo integral de cara al movimiento obrero. Por un paro de 36 horas activo, como inicio de un plan de lucha en el camino a la huelga general, congreso de delegados de base de todos los sindicatos para resolver un programa de reivindicaciones inmediatas. Reapertura de paritarias, indexación mensual automática del salario, salario igual a la canasta familiar, basta de despidos y suspensiones. No pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y del comercio exterior, de los recursos naturales y estratégicos. Con estos planteos y para quebrar la tregua copemos de nuevo las calles este viernes 30 y larguemos una gran agitación nacional para que los trabajadores intervengamos en la crisis de forma independiente a los bloques políticos patronales.

El Chubutazo continúa creciendo. Docentes, estatales y jubilados siguen con paros, cortes de ruta y ocupación de edificios públicos. También hay movilizaciones de masas en las grandes ciudades, donde se involucra toda la comunidad. La acefalía en Educación Con un presupuesto a la baja, leyes de emergencia y el pacto fiscal suscripto en 2018, Chubut presenta una crisis estructural en materia educativa. En materia edilicia, el gobierno no garantiza que se dicten las clases, con un centenar de escuelas con graves problemas de infraestructura, inundaciones o falta de calefacción. El llamado Plan Invierno, que prometía la reparación de 83 instituciones, está abandonado, mientras el nuevo ministro de Educación, Leonardo De Bella, renunció a meses de asumir, y su antecesora, Graciela Cigudosa, está imputada, envuelta en un entramado de corrupción, desvío de fondos y creación de empresas fantasmas para la refacción de escuelas. El plan de guerra contra la educación pública es aún mayor. En julio, el gobierno pagó con retraso el aguinaldo docente, sectorizó el pago de salarios de estatales y retuvo el pago del incentivo docente, una suma en negro que el gobierno nacional mantiene congelada desde hace años. En agosto volvió el pago escalonado que tuvo en lucha a la docencia durante todo 2018, con incertidumbre respecto a la modalidad y el cronograma de pagos. Tras dos meses de conflicto, con una lucha que ha ido creciendo con retención de servicios, paros, asambleas, cortes de ruta y movilizaciones de masas en toda la provincia, el gobierno presentó como única medida el no descuento de los días por paro y dar marcha atrás con la propuesta de descontar hasta el 50% por mala liquidación, para cumplir con la ley que señala que sólo puede descontarse el 20%. La Mesa de Unidad Sindical ha dicho que el gobierno se comprometió de palabra a reconocer la paritaria, que tiene fuerza de ley, al mismo tiempo que distintas voces han sembrado la duda diciendo que no cuentan con los fondos para hacer frente a los pagos. Evalúan pagar los salarios del tercer rango con fondos destinados a la obra pública, según trascendió, Arcioni pedirá a la Legislatura usar 15 millones de dólares del bono que está inmovilizado como garantía del Fuco (Fondo de Cuentas Oficiales). El plan a futuro consiste en un mayor endeudamiento, colocando Letras del Tesoro, una bomba de tiempo para las quebradas finanzas provinciales. El gobierno ha declarado que el pago escalonado o por tramos podría continuar durante seis meses más. Apuestan a ganar por cansancio. En respuesta, todo el movimiento obrero y estudiantil debe intervenir. Crece el Chubutazo Estudiantes terciarios y secundarios toman colegios en Trelew y Puerto Madryn, y salen a las calles en toda la provincia contra las pésimas condiciones edilicias y la falta del Transporte Educativo Gratuito; los institutos terciarios tienen a miles de estudiantes que no cuentan con edificio propio para cursar y enfrentan el cierre de carreras a término. Los universitarios comienzan a sumarse y organizan asambleas para debatir estas problemáticas. La juventud se hace presente en las movilizaciones, por la defensa de la educación pública y la unidad con la lucha docente. Frente al ataque organizado, continúan creciendo los lazos de solidaridad entre los trabajadores. El caso más emblemático ha sido en Sarmiento, donde los petroleros bajaron de las chatas y acompañaron a los estatales para frenar una posible represión. En Comodoro Rivadavia, las bases de petroleros, camioneros y de la construcción se solidarizan y se niegan a subir y romper los piquetes, tentados por la policía y la Gendarmería, que se ofrecen para despejar las rutas. Ese es el camino: la unidad de los trabajadores. No a la tregua El gobernador Mariano Arcioni, el que no le paga a docentes y estatales, gobierna para las petroleras, para Aluar y las pesqueras, y para los acreedores de la deuda provincial de 1.000 millones de dólares, que se paga con regalías y que nadie sabe en qué fue utilizado el dinero. El gobernador que apoyó el ajuste de Macri estos tres años, ahora es el gobernador bendecido por Fernández y Massa. Ni el gobierno ni la oposición PJ-K ofrecen una salida. El intendente K de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, ha dicho que la paritaria no se debería haber firmado, se pronunció en contra de los piquetes y contra los gravámenes a las grandes empresas. Nos piden “sobrevivir”; Arcioni pide una tregua de seis meses, cuando ya tenemos un mes de salario perdido y el mismo ha sido pulverizado por la devaluación. La respuesta debe ser: ¡No a la tregua! Nuestras reivindicaciones sólo pueden ser logradas mediante la movilización y un plan de lucha a la altura de las circunstancias, votado en asambleas. Exigimos que la salida de esta crisis no la paguemos los trabajadores, a través de endeudamiento, ajuste o proyectos como la megaminería. El gobierno pretende criminalizar la protesta, avanzó con la detención sin causa de dos sindicalistas de Atech, que fue rechazada por la población a nivel provincial, quienes se movilizaron hasta su liberación. El gobierno responde a través del ministro coordinador Federico Massoni, diciendo que la policía está para reprimir y ha encontrado fondos para avanzar en la compra de las pistolas Taser. Mientras que la dirección kirchnerista de Ctera no vota medidas de fuerza alguna, Fernández lo manda a Baradel a Chubut para irse sin dejar planteada ninguna acción de lucha. Sostienen a un gobernador que no ofrece ninguna salida. Arcioni se tiene que ir, su figura condensa el ajuste macrista y el PJ-kirchnerismo. Un golpe a Arcioni es un golpe al régimen del FMI. Necesitamos transformar la energía de la lucha docente en un proceso de organización, con asambleas en cada escuela y elección de delegados, poniendo en pie los cuerpos de delegados allí donde no los hay y asambleas por localidad. Desde Tribuna Docente impulsamos el reagrupamiento del activismo docente combativo de la provincia para desarrollar una dirección alternativa a las conducciones entreguistas. Tribuna Docente convoca a los trabajadores de la educación a sumarse a la lucha para que la crisis la paguen los capitalistas, por el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, por un congreso obrero de delegados de base de todos los sindicatos que resuelva un plan de lucha unificado y un programa para afrontar la crisis, en defensa de los salarios, el trabajo, la salud, la educación y la organización económica y social del país sobre la base de los intereses de los trabajadores.

En el reciente congreso de Ctera, realizado la semana pasada, la burocracia sindical docente se pronunció por una serie de reclamos a un gobierno grogui después de la derrota irreversible que sufrió en las urnas, pero que no lo inhibió para descargar una violenta devaluación del 30 por ciento de los salarios del conjunto de los trabajadores mediante una corrida cambiaria reclamada y avalada por Alberto Fernández, el vencedor en las Paso. La dirección kirchnerista de Ctera (muchos de cuyos referentes son candidatos del Frente de Todos), sin embargo, se negó a votar medida de fuerza alguna para conseguir los reclamos, lo que fue planteado en soledad por los congresales de la oposición multicolor y de Tribuna Docente. Las resoluciones fueron la enumeración de un rosario de reivindicaciones cuya obtención es incompatible con una férrea política de tregua en defensa del pacto devaluacionista de Macri y Alberto Fernández. El pedido de un bono de 5.000 pesos, aumento del incentivo docente (sin porcentaje), y la exigencia de convocatoria a paritaria nacional, actuó de taparrabos de esta entrega. El resultado no podía ser otro que la exclusión de los docentes del cobro de los bonos anunciados por Macri y el desconocimiento completo de los “reclamos” de Ctera. “Hay que esperar que venga Axel” El acuerdo devaluacionista de Macri y Alberto Fernández ha reforzado la acción de contención de todo reclamo obrero de parte de todas las direcciones sindicales peronistas, pero especialmente de la burocracia sindical kirchnerista. Roberto Baradel fue a fondo, señalando que hay que esperar ahora a que asuma el candidato a gobernador bonaerense de la fórmula de los Fernández: “No es lo mismo discutir con [el macrismo que con] un gobierno como el de Axel (Kicillof), que dice que los docentes somos la segunda familia” (Radio AM 530). En el colmo de la defensa de la gobernabilidad de una administración que ha perdido todo respeto popular, el Frente de Unidad Docente Bonaerense les exige a Macri y Vidal “urgente reacción del gobierno para recuperar el poder adquisitivo”. La reacción de Vidal, en medio del colapso de las escuelas en las que se suspenden clases por el frío y con comedores escolares vaciados, fue la de suspender los bonos y paliativos que ya había anunciado. Los millones de votos del Frente de Todos con los que la mayoría de los trabajadores expresaron su total repudio a Macri, son utilizados por el pejota-kirchnerismo como una plataforma para resguardar el ajuste en curso y paralizar a los trabajadores. Las reuniones de delegados del Suteba deben convocar a parar el 30 La bronca y preocupación de las escuelas obligó a la burocracia celeste a convocar a reuniones de delegados, pero que tienen el objetivo no de movilizar toda la fuerza docente sino de contenerla, y evitar parar y movilizarse junto a otros trabajadores. Efectivamente, para el próximo viernes 30 el sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires Ademys y la AGD-UBA de la Conadu Histórica llaman a parar y movilizarse a la Secretaría de Trabajo, cuando se discutirá el aumento del salario mínimo. Decenas de comisiones internas y seccionales del sindicalismo combativo y el movimiento piquetero independiente que ha rechazado la tregua con el gobierno se movilizarán también ese día. El paro y la movilización es para respaldar el reclamo de llevar al salario mínimo de la miseria de 12.500 a 31.000 pesos, algo reclamado formalmente incluso por la burocracia de la CGT. Se trata de un aspecto clave para muchos trabajadores, porque el salario mínimo es aquel que establece muchas de las garantías salariales para las escalas más bajas. En el caso de los docentes, el salario inicial está estipulado en un 20 por ciento por encima de aquello que se acuerde en el Consejo Económico y Social. Las reuniones de delegados del Suteba deben convocar a parar el 30 y movilizar a la Secretaría de Trabajo por la reapertura de las paritarias, la recuperación de todo lo perdido hasta el momento adelantando ya la indexación salarial prevista para noviembre, la indexación mensual de los salarios y un aumento del 30 por ciento en todas las categorías. Por el incremento de los cupos y montos de los comedores, actualización de las asignaciones y del Fonid, el pase de todas las sumas salariales al básico, defensa irrestricta del estatuto y de la jubilación docentes. En ese camino, convocamos a todos los docentes a sumarnos a las acciones que ese día preparan varios Suteba multicolores.

El triunfo aplastante de la fórmula Fernández-Fernández en Salta, 28 puntos arriba de Macri y 38 de Lavagna-Urtubey, ha reconfigurado el panorama político en la provincia. El Frente de Todos ha logrado agrupar a la mayor cantidad de organizaciones sociales, partidos y agrupaciones municipales, incluida la mayoría del PJ salteño que oficialmente integra el frente. En él se dirimirá en las Paso del 6 de octubre el candidato a gobernador entre el actual diputado nacional K, Sergio “Oso” Leavy, y el actual vicegobernador Miguel Isa, que llegó a la interna a partir de una presentación judicial que evitó su proscripción. Que Leavy dispute una interna con el vicegobernador y además lleve de candidato a vice al ministro de Hacienda, hoy renunciado para ser candidato, revela lo que denunciamos hace ya tiempo: que el kirchnerismo local es el vehículo de reciclaje del PJ, partido histórico de estado oligárquico en Salta. Esta derechización de los K ha provocado que un ala “progresista” impulsada por el Frente Grande vaya con su propia lista por fuera del frente, aunque sin ninguna chance. Por su parte el intendente de Salta ha armado su propio frente “Sáenz Gobernador” donde agrupa a sectores del macrismo (oficialmente el PRO es parte de este frente), del radicalismo y al ex urtubeísta Frente Plural. Desde hace un tiempo Sáenz ha buscado despegarse de Macri en la medida que se agudizaba la crisis e incluso llegó a posicionarse cercano a la candidatura de Juan Manuel Urtubey con un planteo localista, aunque finalmente no tomó una posición definida en las elecciones nacionales. Sobre el cierre de la presentación de listas terminó acordando con un histórico del PJ, Antonio “Gringo” Marocco, quien actualmente es el representante del partido de Alberto Fernández en Salta, que será el candidato a vicegobernador. El otro frente patronal es el que encabeza Alfredo Olmedo. El esclavizador xenófobo y homofóbico se presenta junto a la UCR, que lleva a su actual diputado nacional, Miguel Nanni, como el candidato a vice. Este frente, además, incorpora a todo el arco que ha militado contra el derecho al aborto legal seguro y gratuito, que ha formado un partido propio con una escisión del PRO. En los municipios hay una enorme cantidad de listas celestes con candidatos de las iglesias evangélicas. La UCR ha entrado en una enorme dispersión. Un ala que se presenta como progresista y ha hecho planteos de defensa de un “Estado laico” ha quedado pedaleando en el aire. El partido centenario fue en su momento reconstruido artificialmente, con gran impulso de Urtubey, mostrándolo como una oposición independiente y “razonable” frente a un PO que proclamaba una “revolución que nunca llega” según las palabras del propio Nanni, quien ha terminado siendo una colectora del ex gobernador Juan Carlos Romero en las elecciones nacionales y de Olmedo en las provinciales, contradiciéndose a sí mismo luego de decir estar que estos personajes eran su límite. Construyamos una alternativa de los trabajadores y la izquierda El actual gobernador ha sufrido una dura derrota electoral quedando tercero en la provincia. No ha podido establecer claramente un sucesor en la gobernación y se va derrotado también por la extraordinaria huelga docente. Se va dejando una provincia devastada, con los peores índices de pobreza, desocupación y precarización laboral, a nivel del NOA e incluso nacional. La deuda pública está en un 80% en dólares. La reciente devaluación del peso sin dudas tendrá un impacto brutal en esta deuda, que se tornará impagable. En los meses que le quedan de mandato Urtubey deberá afrontar la cláusula gatillo arrancada por la docencia y que la devaluación y la quita del IVA (un impuesto coparticipable) en algunos productos, han puesto en cuestión, lo que podría provocar una nueva lucha docente y/o de todos los estatales. Así como la situación planteada pone a prueba a Urtubey, también pone a prueba a la clase obrera, que viene desarrollando grandes luchas como la de los viales, salud y educación. En medio de la corrida cambiaria y el golpe que implicó al bolsillo, la burocracia sindical y el kirchnerismo apoyados en un gran resultado electoral, buscarán frenar cualquier intento de lucha. No sólo la vieja burocracia intervendrá en esa perspectiva, también lo hará la que busca ser un recambio, como los delegados docentes “de la plaza”. Frente a este panorama tenemos el desafió de construir una alternativa de los trabajadores junto al Partido Obrero, haciendo valer el lugar de la única oposición popular y socialista al régimen oligárquico que quiere perpetuarse bajo distintas facetas. En esta perspectiva también intervenimos en el proceso electoral con la Lista Unidad que hemos conformado para las Paso del FIT-U junto al PTS. Allí también daremos batalla contra el rupturismo de Altamira, para que la representación de la izquierda quede donde debe estar, entre los que rechazamos el embellecimiento del kirchnerismo-pejotismo que hace su grupo, y defendemos al Partido Obrero y al Frente de Izquierda como un gran canal de independencia de clase. Nuestra campaña electoral será un impulso a las luchas que vendrán y a la necesidad de organizar a la combativa clase obrera salteña para disputarle el poder al régimen oligárquico que gobierna Salta hace más de 25 años.