Prensa Obrera N° 1554

Como ya se ha hecho costumbre, esta semana llega al país nuevamente una misión del FMI. Pero a diferencia de otras veces, el motivo del viaje no será verse con funcionarios del gobierno para evaluar la aplicación de los compromisos asumidos, sino para reunirse muy especialmente con Alberto Fernández, el candidato a presidente nominado por Cristina Fernández de Kirchner. La reunión con candidatos de la oposición es una metodología habitual del FMI como así también de los fondos de inversión y representantes del gran capital, que suelen poner un huevo en cada canasta para tener a resguardo sus intereses más allá de quien gane las elecciones. En el caso argentino, el FMI ha hecho lo imposible para sostener la candidatura de Macri y apuntalar su reelección. Pero incluso luego del anuncio de la fórmula con Miguel Angel Pichetto, las encuestas siguen ubicando al oficialismo muy por debajo de la fórmula Fernández-Fernández. Por el momento, el ex jefe de la bancada peronista en el Senado parece haberle aportado a Macri sólo varias tapas de congratulación del diario Clarín. Pero votos, nada. Las recientes elecciones municipales de Río Negro debieron, con seguridad, alarmar al macrismo. Realizadas luego del anuncio de la candidatura de Pichetto, y a pesar de su condición de rionegrino, el resultado obtenido fue pésimo, perdiendo incluso la intendencia de Cipoletti que hasta ahora dirigían. A la luz de estas perspectivas electorales, se entiende la importancia que tiene para el FMI la reunión con Alberto Fernández. Pero la importancia es mutua. En la previa, el candidato del pejotismo-kirchnerismo hizo saber que discutirá los términos de una renegociación de las condiciones del acuerdo. El objetivo sería prorrogar el pago de los vencimientos que deben pagarse en el 2021 y el 2022 al FMI, que equivalen a unos 50.000 millones de dólares, sobre un total de vencimientos que rondan los 150.000 millones de dólares. Se trata de cifras imposibles de afrontar, lo que explica finalmente que el riesgo país de la Argentina siga por encima de los 900 puntos, triplicando a los países de la región. Detrás del pedido de prórroga se encuentra también el interés de la banca acreedora, que requiere que las divisas del país sean utilizadas para cancelar los vencimientos de los bonos y no que las acapare el FMI. La posibilidad de que el FMI acceda al pedido de Alberto Fernández está supeditada a que un eventual gobierno suyo admita los condicionamientos ya por todos conocidos. El FMI reclama la aplicación de la reforma laboral para precarizar aún más el trabajo, la reforma previsional para elevar la edad jubilatoria, la reducción de los haberes y proceder a la virtual liquidación del fondo de garantías de la Anses, y una reforma fiscal que profundice el carácter regresivo del sistema impositivo. También está en juego la entrega de los recursos naturales que tiene la Argentina, empezando por el gas y el petróleo de Vaca Muerta. La aprobación del macrismo a este programa se da por descontada, pero no así que reúna las condiciones políticas para poder llevarlo adelante. El interés de la misión del FMI es obtener de Alberto Fernández, no sólo el compromiso en relación a este programa, sino evaluar los medios políticos con que cuenta para aplicarlo. Con seguridad, la nominación de Sergio Massa como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires será exhibida por Alberto Fernández como prueba de que el kirchnerismo ha quedado reducido a una minoría dentro de su coalición política. Por si eso no alcanzara, podría invocar también la presencia de los gobernadores peronistas, que cogobernaron con Macri en estos casi 4 años. Devaluación En la previa, Alberto Fernández no solo anticipó su propósito de rediscutir los plazos de pago, o sea, de pagar la deuda con el Fondo. Su crítica más fuerte al acuerdo vigente consiste en que se esté usando los dólares del préstamo para sostener el tipo de cambio en los niveles actuales. Recientemente señaló que “el precio del dólar es ficticio”, dejando entrever que es partidario de una nueva devaluación, que lleve el tipo de cambio más allá de los 60 o 70 pesos por dólar. Esto sería un gran negocio para los exportadores, que verían incrementados en pesos sus ganancias, y también para los capitalistas industriales por el impacto que tendría sobre la desvalorización del salario. Para Alberto Fernández, que se jacta de representar al kirchnerismo de los orígenes, la devaluación debe ser un hecho fundante de su gobierno. Después de todo, fue esa gigantesca devaluación pos-convertibilidad la que permitió a Néstor Kirchner un crecimiento económico asentada en el derrumbe del salario y la restitución de una tasa de beneficio más alta para el capital. El ex viceministro de economía de Axel Kicillof, Emmanuel Alvárez Agis, ha dado aún más precisiones de cómo sería este plan. Agis propuso un congelamiento de ingresos de los trabajadores por el término de un año, que debiera aplicarse con un congelamiento similar de los precios. Para llevar adelante este tipo de entuerto, conocido en la historia como “pacto social”, Cristina Kirchner propuso un “contrato ciudadano” entre los capitalistas y los sindicatos. La trampa de este tipo de propuestas ya ha sido develada innumerables veces en la historia argentina. Antes de proceder al congelamiento, los capitalistas recurren a la devaluación y a la remarcación de precios. Después de todo tiene lógica: un congelamiento sin previa devaluación y aumento de precios oficiaría como una operación matemática de simplificación. Sería perpetuar una situación de impasse. Del lado del gobierno no difieren con esta política. Solo quieren discutir el momento oportuno. Para el macrismo esa devaluación debiera llevarse a cabo luego de las elecciones, pues es consciente que un nuevo salto en el tipo de cambio sepultaría para siempre las ya muy maltrechas posibilidades de reelección de Macri. En este sentido, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne acaba de prometer en Nueva York un “superpeso”… hasta las elecciones. En el ínterin pretenden tentar a los fondos especulativos a que aprovechen el tipo de cambio planchado para hacer negocios con un nuevo carry trade, valiéndose de las tasas siderales que paga el Banco Central y que contrastan con la reducción de tasas a nivel internacional. El debate entre el gobierno y la fórmula Fernández-Fernández se reduce a esto: quién paga el costo político de la devaluación que todos quieren aplicar. El pejotismo-kirchnerismo quiere que lo haga Macri ahora, para reducir sus chances electorales y evitar que quede como tarea pendiente para un eventual gobierno del peronismo. Esto será lo que Alberto Fernández le `exigirá al FMI´. Se entiende, entonces, por qué un reciente informe del Bank of América presentado en Wall Street saludó la candidatura de Alberto Fernández calificándola de “moderada”. Quién paga la crisis El programa de Macri y el de Fernández-Fernández representan dos variantes para que la crisis la paguen los trabajadores. De hecho es lo que ya está sucediendo y de un modo cada vez más agravado. Los últimos informes sobre la situación social dan cuenta de una situación alarmante. Casi la mitad de los trabajadores tienen trabajos informales y con ingresos que están por debajo de la línea de pobreza. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires el promedio salarial de la mitad de los trabajadores es de $16.000, una cifra que marca el retroceso social que se está operando de modo cotidiano. Sólo la bochornosa tregua que todas las burocracias sindicales han sellado con el gobierno, y que se consolidó luego de la postulación de la fórmula Fernández-Fernández, explica que este ataque sistemático a las condiciones de vida pueda progresar sin que convoque a medidas de acción directa de la clase obrera. En oposición a esta política, la campaña del Frente de Izquierda- Unidad plantea la necesidad de un paro activo de 36 horas como inicio de un plan de lucha para derrotar la ofensiva de Macri, los gobernadores y el FMI. La campaña del Frente de Izquierda-Unidad tiene por función denunciar estos planes reaccionarios que se están cocinando entre los capitalistas, el gobierno y la oposición patronal, oponiendo un programa de salida de los trabajadores. El programa del FIT-Unidad plantea la ruptura con el FMI, el repudio al pago de deuda y la reorganización social integral a favor de los intereses de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas. Con este programa nos lanzamos a ganar el voto a favor de la izquierda, para separar a los trabajadores de las fuerzas patronales, y construir una alternativa política obrera y socialista.

Las listas electorales se presentaron el pasado 22 y en todo el país se ha repetido un patrón: puja por la colocación de sectores católicos y evangélicos, raleo de caras visibles en la lucha por el aborto legal y un sin fin de maniobras que terminarán de definir el panorama terminadas las PASO. Mientras que los medios nacionales destacan el ingreso de evangélicos a la legislatura provincial de Santa Fe de la mano de Amalia Granata, pocos recuerdan que los primeros en incorporar a un órgano legislativo de esa provincia a un pastor evangélico fueron los progres de “Ciudad Futura”. Este bloque acaba de sacar el 18% de los votos de la ciudad de Rosario, son parte del entramado político de agrupaciones que participan de las iniciativas del Vaticano como el Encuentro Mundial de Movimientos Sociales y mientras escenificaban en 2017 una lista de mujeres para un tramo en el que no tenían chances (diputados nacionales), colocaban al Pastor Evangélico Eduardo Trasante a la cabeza de los concejales de dicho espacio. En diciembre el pastor (padre de una víctima del triple crimen de Villa Moreno) fue removido por denuncias de acoso sexual. El “caso Granata” es más conocido, ya que en las redes y notas periodísticas la progresía lo denuncia como si lo que ocurre con ella no ocurriera entre las opciones políticas que apoyan estos sectores mayoritariamente, el PJ y el kirchnerismo. Sin embargo, la historia del avance evangélico viene de larga data y hunde sus raíces entre todos los espacios políticos gobernantes. Por mencionar sólo algunos casos, el intendente kirchnerista de Hurlingham, Juan Zabaletta, lleva como Secretario de Culto al evangélico Gustavo Legname, que hace poco tiempo armó una reunión en el Instituto Patria para competir con el acercamiento evangélico a Cambiemos. El presidente del PJ bonaerense, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez, junto a Walter Festa, intendente Moreno, y Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, congregaron en abril a 400 pastores evangélicos y realizaron el mismo mes un acto en Merlo para avanzar con la influencia de ese sector en el Estado, lanzando el Frente Justicialista Cristiano. Por su parte, la intendenta de La Matanza, ahora candidata a vicegobernadora junto a Axel Kicillof por el Frente Todos, Verónica Magario, viene alimentando al fenómeno evangélico en su distrito desde hace tiempo. En este territorio algunos cálculos le otorgan al evangelismo una representación del 10%. Dicha actividad la coronó con un gran evento alusivo al aniversario de la reforma protestante en octubre del año pasado al que asistieron tanto Magario como Fernando Espinoza (presidente del congreso del PJ bonaerense), rodeados de las y los pastores más influyentes del distrito. Este año Magario formalizó la alianza creando una subscretaría de Culto para nombrar al pastor evangélico Gabriel Ciulla. El municipio de La Matanza estuvo repartiendo recientemente encíclicas papales, editadas con el presupuesto municipal, como material didáctico en las escuelas del distrito. Más recientemente, una gran escenificación evangélica llamada la “Invasión del amor de Dios” se produjo en el estadio de Chaco For Ever. De acuerdo al relato periodístico, los pastores Ledesma lograron agrupar sobre el escenario a los competidores pejotistas, el intendente de Resistencia y kirchnerista Jorge Capitanich y al gobernador Domingo Peppo. El “deconstruido” (de acuerdo al relato del feminismo kirchnerista de Chaco) Capitanich se dirigió a las miles de personas presentes con una impecable oratoria de pastor. Cambiemos Por el lado de Cambiemos, lleva a Victoria Morales Gorlieri, a Dina Rezinovsky o Alvaro González, por mencionar algunos, un combinado católico evangélico de fuerte peso en el Estado, como candidatos a diputados nacionales. Es cierto que Cambiemos reemplaza a dos antiderechos en el Senado, Federico Pinedo y Marta Varela, por dos a favor del aborto legal. Pero a mirar con atención. Guadalupe Tagliaferri, la segunda candidata a senadora, ha sido ante todo, una espadachín del Poder Ejecutivo de la Ciudad y su reemplazante es un fanático antiderechos, y pilar de la política macrista, Mario Quintana. Para coronar esto, Macri se reúne el día de cierre de listas con la propia Amalia Granata, una especie de novel promotora de los principios de la unidad católica y evangélica contra los derechos de las mujeres y de niños y adolescentes. No olvidar que estos sectores son la guardia civil sostenida por el Estado, del bloqueo a la educación sexual integral científica y desprovista de cualquier principio religioso. Un largo etcétera le corresponde al conjunto de los armados provinciales. En Santa Fe se produjo una rebelión de las postulantes desplazadas con denuncias públicas en todos los espacios políticos, particularmente el capitaneado por el gobernador electo Omar Perotti, quien se abstuvo con su voto como Senador Nacional en la votación del aborto legal el año pasado. En Corrientes, el desplazamiento en el Frente Todos abrió lugar a la competencia en las PASO con listas separadas. Alejandra Martinez, una diputada de la UCR de Jujuy que tuvo relieve nacional por encabezar las acusaciones contra Milagro Sala, fue desplazada de las listas luego de ser también parte visible de las posiciones en favor del aborto legal dentro del espacio de Cambiemos. El desplazamiento de Daniel Lipovetsky es asociado a este mismo protagonismo, aunque de igual forma quedó fuera de juego otro representante del bloque de “los políticos” y presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, muy cercano al Vaticano, contrario a la legalización del aborto. En Salta los candidatos kirchneristas que van a la PASO ya son votantes contrarios al aborto legal. Igual que los de Cambiemos y los de Consenso Federal. El informe de Jorge Lanata en la televisión el pasado 23, sumamente limitado en su descripción del fenómeno del crecimiento de la participación en listas de sectores evangélicos, destaca que la provincia de Buenos Aires destina alimentos y fondos para que los templos hagan un trabajo de asistencia social que el Estado delega en ellas. De igual forma, actúan con la Iglesia Católica a través de la cual ejecutan la tercerización de la salud, la educación y la asistencia a los niños pobres judicializados, entre otras funciones. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dio a la Iglesia Católica la potestad de la redacción final del Código Civil y Comercial. Dicha institución, que más que un culto es un Estado autocrático extranjero, escribió el artículo 19 sobre el comienzo de la vida humana, eliminó la figura de la subrogación de vientres y otorgó a la Iglesia Católica un estatus jurídico equiparable a los Estados provinciales. No exageramos cuando afirmamos que la Iglesia Católica funciona como un Estado dentro de un Estado, incluso con relación a los numerosos casos de abuso sexual que la involucran. El informe de Canal 13 señala que “las iglesias evangélicas distribuyen 50 mil kilos de alimentos en barrios del conurbano bonaerense más otros 6 mil kilos en Mar del Plata”. Según el pastor Juan Zuccarelli, "hace 35 años que estamos en la cárcel de Olmos, pasaron 35 mil internos. Ayudamos con comestibles, viáticos, con lo que necesiten. En toda la provincia más del 52% de la población carcelaria es evangélica" (TN 23/6). Pavada de delegación de parte del Estado frente a un fenómeno que le reporta orden y contención a ajustadores de todo pelaje. Semillas de bolsonarización La historia de la penetración evangélica en Brasil comenzó a tener un fuerte desarrollo hace 50 años atrás. Es hijo de la transnacionalización del fenómeno protestante de EEUU que, no sólo extendió su influencia en otros países, sino que financió su desarrollo. La dictadura brasileña les dio una gran impulso. El gobierno del PT también, llegando incluso a nombrar un ministro de esa facción religiosa. Estos son antecedentes políticos que abrieron paso al bolsonarismo. En Argentina los sectores ligados a ACIERA, reagrupamiento del que participan la familia Hotton y el “especialista” en Bioética Gabriel Ballerini (que desfiló por los medios para militar contra el derecho al aborto legal), entre otros, representan a una minoría del fenómeno más general de la proliferación de las iglesias evangélicas en nuestro país. El gran hilo conductor de este fenómeno es la crisis de la Iglesia Católica y el mérito propio de una organización que integra de forma más transversal al conjunto de sus fieles, permite que cualquier integrante de la comunidad religiosa predique, y que tiene en la creciente territorialización financiada por el Estado, la fuerza de su ascedente político y religioso sobre amplios sectores populares. Los partidos del régimen requieren del control sobre la población que le reportan estos armados para avanzar en la regimentación social necesaria para avanzar con ajustes y políticas antiobreras. Y ninguno ha quedado exento de esta iniciativa. Sólo el FIT-U representa una alternativa verdaderamente independiente a esta promoción obscena de lo más retrógrado de las instituciones religiosas. Tenemos que entregar toda nuestra militancia a la lucha sin descanso para que ninguna de las luchadoras que formamos la enorme marea verde destine su voto a fuerzas políticas responsables de las miles de muertas y mutiladas por efecto directo del aborto clandestino, de los miles de niños que se quedaron sin sus madres por obra del fanatismo religioso, elevado al nivel de credo estatal por parte de los responsables del ajuste y la miseria social.

El paro general del pasado 14 de junio se caracterizó por su contundencia.La jornada abrazó un sinfín de gremios y se destacó por una cantidad fenomenal de piquetes, movilizaciones y actos, superando anteriores medidas de fuerza, incluida la de abril de 2017, durante el gobierno de Michel Temer, que fue catalogada en su momento como una de las demostraciones de fuerza más importantes de la década. El paro general viene precedido por la gran rebelión educativa contra las reformas y el recorte de fondos para la educación que pretende implementar el gobierno. La jornada del 14 ha puesto de relieve la enorme disposición de lucha que anida entre los trabajadores y la juventud. El reclamo central de la huelga fue contra la reforma previsional que se está tratando en el parlamento, que despierta un enorme rechazo en la población. El estado de ánimo y humor popular existente contrasta con la política contemporizadora que reina en las direcciones gremiales. El paro, incluso, podría haber tenido más fuerza si no hubiera sido por la labor de sabotaje y divisionista de las centrales La UGT suspendió el paro de los choferes de San Pablo y de varias capitales. Força Sindical, que también dirige a importantes contingentes de choferes, no llegó a ese extremo pero le sacó el cuerpo a la medida y no se empeñó en garantizar su cumplimiento. En Salvador, Curitiba, Londrina y Maringá, sin embargo, los colectivos pararon, muchos en contra de sus direcciones sindicales. Por su parte, los trabajadores de subte de San Pablo, enrolados en el sindicalismo combativo de Conlutas, se plegaron a la huelga. La conducción de la CUT (dirigida por el PT), a su turno, pidió a sus afiliados que "se queden en casa" en lugar de salir a las calles. Salvar la reforma Este freno a los alcances de la huelga tiene que ver con la negociación en marcha en el parlamento brasileño, entre el gobierno y la oposición, para hacer pasar la reforma previsional. La idea es recortar algunos aspectos del proyecto original, de modo de lograr un consenso ya que su aprobación requiere de una mayoría especial de un 60%. La comisión de Diputados presentó una nueva propuesta de la reforma previsional, que lima aspectos importantes del planteo original: la nueva propuesta eliminó la posibilidad de crear un régimen de capitalización y excluyó la adhesión de Estados y municipios. Incluso, aunque prosperaran estos retoques, la nueva propuesta constituye un ataque colosal contra las masas (aumento de la edad mínima, congelamiento de la jubilación hasta 2024, mínimo de 20 años de contribución para los hombres). La propuesta de la comisión de Diputados cuenta con el apoyo de partidos y gobernadores de la oposición, incluidos los del PT, por más que el ex partido gobernante diga repudiar la reforma. Dicha versión incluye las modificaciones propuestas por los gobernadores del nordeste, del PT y del PCdoB. Se estima que con los cambios, el ahorro del Estado en materia de jubilaciones sería de 850 mil millones de reales en los próximos 10 años, en lugar de los 1,2 billones contemplados en el proyecto original, una confiscación de todos modos siderales, que está destinada al pago de la deuda y a los acreedores internacionales. Las centrales sindicales no tienen como propósito el retiro de la reforma sino que están subordinadas a esta salida consensuada entre oficialistas y opositores, que apunta a salvar el proyecto. Las direcciones gremiales, no solo las oficialistas Força Sindical y UGT, sino también la CUT y la CTB (dirigidas por el PT y el PCdoB) plantean que la nueva reforma previsional informada por la comisión especial de Diputados es una "victoria fruto de la presión sindical". No es ocioso señalar que esta política de maridaje y compromisos, le da un aliento al gobierno de Jair Bolsonaro, que viene a los tumbos, sacudido por crisis en numerosos frentes. Con una economía al borde de la recesión (el PBI se acerca a cero crecimiento y el desempleo asciende a 13 millones de personas), cortocircuitos de todo tipo al interior del gabinete, denuncias por corrupción y las revelaciones, días atrás, de las manipulaciones del otrora juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro en la causa Lava Jato, Bolsonaro se juega en la aprobación de la reforma previsional la estabilidad –y hasta la continuidad- de su gobierno. La reforma jubilatoria constitye, por lo tanto, una pulseada estratégica. Paulo Guedes, el superministro de Economía, ha amenazado con renunciar en caso de que naufrague su sanción. Resta por ver si las podas que se están haciendo al proyecto son digeribles para él. A las modificaciones ya nombradas se agrega el hecho de que los militares fueron excluidos del paquete. Hay quienes señalan que las revelaciones contra Moro están vinculadas a la disputa entre EEUU y China en lo que se refiere a su presencia económica y también política en la región y, en especial, en la nación carioca. No hay que olvidar que Moro es un hombre de confianza del Departamento de Estado y la justicia norteamericana y ha actuado como ariete para reforzar la hegemonía norteamericana en Brasil. Cediendo a estas presiones, Bolsonaro ha procurado estrechar sus relaciones con Estados Unidos y en especial con la administración Trump, lo cual ha avivado las tensiones con un franja de la clase capitalista brasileña, cuyos negocios giran en torno al gigante asiático -que es el principal destinatario de las exportaciones brasileñas y uno de los principales inversores en la nación vecina. El viaje del vicepresidente Hamilton Mourao a China refleja la tentativa por poner paños fríos a este giro y, al mismo tiempo, revela la escalada en las tensiones entre el gobierno de Bolsonaro y las fuerzas armadas, a punto tal que empezaron a abrirse paso los trascendidos sobre la posibilidad de un relevo del actual mandatario. Por lo pronto, la pretensión de Bolsonaro de consagrar su papel de árbitro, armar un régimen de poder personal y reforzar el poder de su camarilla de corte fascistoide está haciendo aguas. Los apetitos del clan Bolsonaro chocan con los militares, celosos de su autonomía, y también con los intereses cruzados de la clase capitalista, que teme que el derrotero que está siguiendo el ex capitán de navío termine por comprometer la gobernabilidad del país. Perspectivas A las grietas por arriba, ahora se le ha sumado la movilización popular. Una combinación que abre una nueva transición política de carácter convulsivo. Las direcciones sindicales vienen maniobrando para impedir que la situación se salga de su cauce. En primer lugar, fueron dilatando el paro nacional para dar suficiente tiempo al gobierno para las negociaciones en el Congreso en torno a la reforma, y parir la salida consensuada que se está enhebrando. Ahora, las centrales no han anunciado ninguna continuidad de la medida de fuerza. Han bajado la cortina, sumándose a este operativo, a contramano del sentimiento y reservas de lucha que existe en los trabajadores y la juventud. La superación de esta contradicción plantea una amplia intervención de masas, capaz de superar este escollo, la cual solo puede abrirse paso a través de una amplia deliberación popular. La batalla por un Congreso de trabajadores, con delegados electos en los lugares de trabajo, está colocada a la orden del día. Ese congreso debe estar dirigido a profundizar las medidas de lucha hasta lograr la derrota de la reforma, asestando un golpe fundamental al gobierno de Bolsonaro y, al mismo tiempo, a discutir una salida obrera a la crisis nacional. Las tendencias combativas de Brasil deben ponerse a la cabeza de este planteo.

Mediante un gigantesco operativo represivo que incluyó a cientos de policías y prefectos y la llamada “supervalla” china, el gobierno impidió que se realice en el Puente Pueyrredón el acto por los 17 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Las fuerzas de seguridad mantuvieron cortado el puente desde la noche del martes, dejando claro que el objetivo del gobierno no era “garantizar la circulación” sino impedir un acto que se realiza todos los años y no dura más de dos horas. Cuando las organizaciones (entre ellas el Frente Popular Darío Santillán, el Polo Obrero, el FOL, MTR Cuba y la CTD) y referentes presentes (por el FIT-U estuvieron Nicolás Del Caño, Romina Del Plá y Gabriel Solano) reclamaron el retiro de las vallas, la Infantería arremetió golpeando y lastimando a los familiares y a varios de los manifestantes. Finalmente, alrededor de las 14 horas se leyó un documento acordado por más de 50 organizaciones, que recorrió la continuidad represiva desde la dictadura militar y en los sucesivos gobiernos democráticos, pasando por la represión del 2001, las ejecutadas por los gobiernos de Duhalde y del kirchnerismo y el nombramiento de este de Milani, y llegando a las avanzadas del macrismo. Las organizaciones reclamaron justicia para Darío y Maxi, caídos a manos de la Policía Bonaerense en el puente; en la actualidad, solo una parte de los implicados materialmente se encuentran presos, mientras que los responsables políticos de los hechos están libres: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, entre otros. Estos sujetos no sólo continúan con su actividad política sino que forman parte de los armados políticos del Frente de Todos (el bloque de Fernández-Fernández) y Consenso Federal (de Lavagna-Urtubey). El documento señaló que la represión de ayer y de hoy no detendrá el movimiento popular, en el cual miles de jóvenes levantan la bandera de Darío y Maxi.

Presentadas las listas para las próximas elecciones comienza una nueva etapa, de fuerte lucha política. En particular, la provincia de Buenos Aires vuelve a estar en el centro de las disputas de los candidatos de las listas patronales. El mayor distrito de todo el país cuenta con las concentraciones obreras y populares más extendidas y concentra las consecuencias más perniciosas del ajuste en curso. Los despidos masivos y cierres de fábricas, la pobreza cada vez más extendida, el derrumbe estructural de la educación y la salud pública son la consecuencia del ajuste y el ataque incesante contra los trabajadores. Allí, la batalla del Partido Obrero y el Frente de Izquierda-Unidad, cobra un valor estratégico en la conquista de miles de adhesiones al programa de independencia política y de clase que desenvolveremos en toda la campaña. Vidal -quien se presenta con intenciones de reelegirse gobernadora- ha sido la principal responsable de llevar a la provincia a la actual situación. Los intentos de aumentar las arcas de la provincia mediante el “fondo de resarcimiento del Conurbano” chocaron con la crisis capitalista y el acuerdo con el Fondo Monetario. Vidal se hizo cargo de su propio ajuste en el pasaje de los subsidios a las privatizadas de los servicios de las arcas nacionales a la provincia. La provincia afronta una deuda pública que supera al medio billón de pesos -12 mil millones de dólares- nominada en un 78% en moneda extranjera. El mega-endeudamiento fue utilizado para pagar los viejos vencimientos donde se fueron capitalizando los intereses y se agrandó una bola de nieve. La ruptura con el FMI y el repudio al pago de la deuda son una clave en la explicación de nuestro programa. En este mismo sentido, nuestra campaña tendrá un punto central en los municipios, donde la reducción de los déficits municipales se logró a fuerza de un pacto fiscal en el cual se llevaron adelante ajustes y despidos de trabajadores reforzando la dependencia de los municipios en términos presupuestarios al estado provincial. Mientras tanto, Vidal agrava el ajuste a la educación, y a las cuentas municipales, anunciando que, de aquí en más, los arreglos de las escuelas corren por cuenta de los distritos. La provincia de Buenos Aires ha sido el prototipo de co-gobierno con el PJ en todas sus variantes. La fórmula Macri-Pichetto sigue los pasos del gobierno de unidad solapada que llevaron adelante en la provincia durante los últimos cuatro años. Quien más llevó a fondo el co-gobierno en la provincia fue el Frente Renovador (incluso presidiendo la legislatura bonaerense) votando todos los proyectos de Vidal. El pasaje del massismo a las listas de Fernández-Fernández es una muestra palmaria de la coincidencia en los intereses sociales que representan los Macri-Pichetto-Vidal y los Fernández-Kicillof-Magario. El PJ bonaerense de Insaurralde, Menéndez y Gray le ha peleado a Massa el premio al más colaboracionista de Vidal, aportando sus votos para los presupuestos de ajuste y endeudamiento, e incluso para el robo a la caja de jubilaciones de los empleados del Banco Provincia. Tras la fórmula presidencial kirchnerista se encuentra el deteriorado aparato del PJ bonaerense que cerró filas con la candidatura a la gobernación del ex ministro de economía Kicillof, quien juega de mascarón de proa para intentar recomponer al peronismo bonaerense luego de haber sido barridos de decenas de importantes intendencias en las elecciones de 2015, donde muchos “barones del conurbano” tuvieron que entregar sus sillones de mando. El PJ bonaerense picó en punta visitando las oficinas de Wall Street, dando garantías de pago. Nuestra campaña Nos trazamos el objetivo de llevar nuestro programa a centenares de miles de trabajadores, mujeres y jóvenes de toda la provincia y abrir una enorme deliberación política. Las listas del FIT-Unidad cuentan con militantes y dirigentes reconocidos de los trabajadores y los principales sectores en lucha. Junto a Nicolás del Caño, nuestra compañera Romina Del Plá integra la fórmula presidencial. Romina se ha destacado por ser una de las principales voceras de la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito, junto con su destaco papel de secretaria general del combativo Suteba La Matanza. Christian Castillo, del PTS, será nuestro candidato a gobernador. Nuestro compañero Néstor Pitrola encabeza la lista de diputados nacionales junto con Nora Biaggio, José Meniño (secretario ejecutivo del Sutna San Fernando) y Guillermo Kane, actual diputado provincial del Frente de Izquierda, donde pelearemos nuevas bancadas en defensa de los intereses de los trabajadores. Pelearemos sumar un escaño en la legislatura provincial con importantes dirigentes del movimiento obrero como Daniel Rapanelli, secretario general del Suteba Ensenada en la octava sección (La Plata); en la tercera sección va Miguel Bravetti, de la interna de Interpack y la Naranja Gráfica y uno de los organizadores centrales de la Coordinadora Sindical Clasista y el Plenario Sindical Combativo. También destacados compañeros encabezan las más de setenta listas municipales, como Néstor Conte a intendente de Bahia Blanca y Alejandro Martínez a intendente de Mar del Plata. El enorme desarrollo del Polo Obrero en la provincia jugará un enorme papel en la campaña en cada barrio, peleando por terminar con los punteros del PJ y defender la independencia política de los luchadores de los barrios. Vamos con todo a la campaña denunciando la falsa polarización montada para imponer un “pacto nacional” a costa del ajuste generalizado, el congelamiento salarial y la destrucción de los convenios colectivos de trabajo. Llamamos a que los capitalistas paguen esta crisis que ellos generaron y no los trabajadores. Por esto levantamos la consigna “Al ajuste y al FMI le hacemos frente con la unidad de la izquierda y los trabajadores”, llamando a votar masivamente al FIT-Unidad para fortalecer un polo político antagónico a los intereses capitalistas y al mismo tiempo un llamado a reagrupar fuerzas por una salida desde el punto de vista de los trabajadores y sus necesidades.

Un diputado oficialista acaba de denunciar al vicegobernador y candidato a gobernador del PJ, Miguel Isa, como responsable de las amenazas y el espionaje que provocaron hoy la renuncia del jefe de gabinete Fernando Yarade, un hombre del Banco Macro y su rival en la interna del frente oficial por la gobernación. Nuevamente se pone de manifiesto un régimen que funciona sobre la base de las conspiraciones de los aparatos de inteligencia y de la garantía de impunidad que la justicia otorga a los funcionarios corruptos. Ya en el pasado, en dos oportunidades, Claudio Del Plá y Pablo López denunciaron espionaje sobre la actividad de los legisladores del PO ante la justicia federal, sin que la causa avanzara en absoluto. Es sobre aquella impunidad que se reproducen ahora los casos de espionaje, esta vez para desplazar a competidores en la cúspide de la interna oficial. La acelerada devaluación del gobierno de Juan Manuel Urtubey de los últimos meses, se agravó enormemente con el fracaso de Alternativa Federal y su asociación de última hora como “segundón” de Roberto Lavagna. Paso seguido, el senador Juan Carlos Romero abandonó la adhesión a la candidatura nacional de Urtubey para apoyar la fórmula Macri-Pichetto. La burguesía local disputa todavía cuál va a ser la conformación final de los bloques que van por la gobernación en las elecciones desdobladas del 11 de noviembre. Todo indica que finalmente Urtubey apoyará a Gustavo Saenz, el intendente de Salta, que fue el principal alfil de Macri en la última elección, pero que se presenta ahora como “prescindente” en la elección presidencial, al estilo de Juan Schiaretti en Córdoba. Del otro lado, junto a los K de Sergio Leavy, podría terminar agrupándose el PJ oficial que hoy es el eje del frente gobernante. La presentación de las listas nacionales marcó el inicio de esta migración con Lucas Godoy, principal vocero de Urtubey en Diputados, encabezando una de las listas de diputados nacionales del frente Fernández-Fernández. En este cuadro de máxima tensión, se explican las denuncias de amenazas y espionaje. Así las cosas, el aparato del Estado, los intendentes, podría terminar divididos en los diversos bloques. La movilización obrera impacta en la crisis política El triunfo de los docentes autoconvocados a principios de año desató a su vez un proceso de lucha de los precarizados de la salud, luego de los viales tercerizados en los municipios, y ahora de los 450 ex docentes de religión a los que el gobierno prometió ubicar en nuevas funciones en educación, que reclaman su titularización. Ante estas nuevas luchas el gobierno echa lastre, al menos parcialmente, para zafar de un “acoso” permanente de las movilizaciones en casa de gobierno. Todo esto ha creado un nuevo cuadro sobre todo entre los trabajadores estatales que salen a plantear las reivindicaciones postergadas durante doce años del gobierno que está pronto a terminar. El Partido Obrero y el FIT-U. El inicio de la campaña electoral El PO y el FIT-U presentó sus candidatos en medio de esta crisis de régimen y de una intensa participación en apoyo de estas luchas obreras, de los esfuerzos de un nuevo activismo que pugna por la recuperación de la Agremiación Docente Provincial, de la presentación, por primera vez, de la Naranja en docentes universitarios y en las elecciones de ATE en la capital, Orán y San Martin. Pablo López y Violeta Gil, dirigente de la UJS y periodista, encabezan nuestras listas a Diputados y al Senado. La vuelta de Pablo López al Congreso lleva implícito todo un programa: fue el único en defender la causa del aborto legal en el Congreso (los 7 diputados de Salta votaron en contra), fue un impulsor clave de conquista de la ley de indemnización a los ex trabajadores de YPF y fue vocero de todas las causas de los trabajadores. Los demás han sido levanta-manos del ajuste, de los ataques a los jubilados, de la aprobación de los presupuestos del FMI. El eje de la campaña será que la clase obrera intervenga con una política y un programa propios. Opondremos al continuismo del régimen oligárquico y descompuesto de los Romero y Urtubey, la lucha por una salida obrera que proceda a una reorganización social de conjunto, partiendo de la base de los intereses de los trabajadores.

En medio del feriado largo y con 48 horas de anticipación la burocracia de Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), convocó a través de su página web a Asamblea General Extraordinaria para votar por sí o por no la modificación del Estatuto gremial. Para disimular la violación de los 30 días hábiles obligatorios para convocarla y presentar las modificaciones, alteraron la fecha de publicación. La Comisión Directiva concluye su mandato en noviembre, con lo que vencen los plazos estatutarios para convocar a elecciones, elegir Junta Electoral en asamblea, abrir el plazo para presentación de listas y desarrollar la campaña electoral. En la propuesta de modificación se otorgan derechos electorales a los afiliados honorarios, los que pueden serlo aún sin pertenecer a la actividad, con el único objetivo de inflar el padrón. También se admite a los jubilados en la Comisión Directiva, con el propósito de beneficiar a algunos miembros que hace décadas ocupan su sillón. Se degrada la condición del Delegado General a “Coordinador” quitándole la atribución de participar con voz y voto en las reuniones de Directiva. Entre otros artículos que son modificados sin especificar en qué sentido. En todo este período Cirielli nunca citó a asamblea para discutir la continuidad de la lucha por el salario y en defensa del convenio que el macrismo pretende destruir. El intento de actuar por sorpresa, entre gallos y medianoche, se transformó en un búmeran de indignación que viene alimentada por la tregua de 7 meses con la paritaria vencida y algunas sumas a cuenta. A pesar de desarrollarse en plena jornada laboral y muy lejos de los lugares de trabajo, un importante sector se movilizó, y luego de ganar la integración de la mesa concluyó rechazando toda modificación del Estatuto por 218 a 165 votos. Cirielli intentó defender los cambios apelando a la demagógica propuesta de formar una Comisión de género, lo que no impidió que las compañeras presentes le votaran en contra. También quiso reivindicar su carácter democrático porque en esta oportunidad no hubo como en las anteriores patota o gas pimienta contra los técnicos y no se impidió el ingreso de afiliados opositores. Los técnicos sabemos que estas condiciones se conquistaron con la movilización masiva. Entre los trabajadores que intervinieron se destacó el activismo antiburocrático de la Lista Violeta, que ya realizó una importante elección hace 4 años. En sus intervenciones plantearon que los jubilados y jubilables debían organizar junto a todos la lucha por el 82% móvil, y contra la reforma previsional. Defendieron la formación de una Comisión de género para sumar a APTA a la ola verde, pero ratificando que cualquier modificación del Estatuto debe ser precedida por una amplia deliberación de los trabajadores. Los técnicos encontraron la oportunidad para asestarle un golpe a la burocracia que abre grandes posibilidades para la recuperación de APTA. Pongamos en pie nuevamente una alternativa independiente y de lucha.

Los mineros de la localidad puneña de El Aguilar vienen dando una lucha extraordinaria, principalmente ante las pésimas condiciones de seguridad de la mina. Luego de una movilización que hasta los medios de comunicación coincidieron en definir como histórica, y un acampe frente a la Casa de Gobierno, consiguieron el desplazamiento del gerente vaciador, que la empresa dé marcha atrás con los descuentos salariales y el compromiso de atender los reclamos por las condiciones laborales. El 8 de mayo habían comenzado las medidas de fuerza por la falta de seguridad que se vive en la mina, luego suspendidas por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Se realizaron inspecciones en las que los funcionarios del gobierno de Gerardo Morales dieron el visto bueno a la empresa, mientras los obreros denuncian derrumbes y que no hay salidas de emergencia, que se ahorra en cemento y otros materiales al rellenar los espacios donde se extrae el mineral, en una mina que produce hace 90 años y donde se llega a trabajar a 1200 metros de profundidad. También cuestionan el total abandono que sufren, como es el caso del trabajador José Luis Flores, de 38 años, quien en diciembre del año pasado sufrió un accidente cuando realizaba tareas de sostenimiento, en las que se quebró el fémur y el tobillo, y el mismo día en que fue operado le dieron el alta para que se fuera a su casa “sin apósitos, sin ninguna cosa para curarme la herida, no me dieron nada. Me curé como pude y hasta hoy no me dan las muletas” (Página 12, 25/6). En este cuadro, fue subiendo la bronca de los mineros, que el 19 de junio votaron ir al paro por tiempo indeterminado, realizaron piquetes en la entrada al pueblo y se movilizaron a las oficinas de la empresa, sin obtener respuestas. Así se fue instalando el reclamo por el apartamiento del gerente general Javier Ruiz Díaz, quien venía imponiendo a los trabajadores cambios arbitrarios de sector, asignando tareas para las cuales no tienen capacitación y exigiendo cumplir con una cuota de productividad que a su vez genera situaciones de peligro para los obreros. El 24 de junio los 600 mineros de El Aguilar emprendieron, con sus cascos y mamelucos, una movilización de 233 kilómetros hasta la Casa de Gobierno de Jujuy, y resolvieron acampar en la Plaza Belgrano, soportando temperaturas bajo cero, hasta obtener sus reivindicaciones. En su paso por Humahuaca, Uquía, Tilcara y Maimará, recibieron el apoyo y la solidaridad de los habitantes. Al llegar a San Salvador, fueron acompañados por sindicatos como el Seom (municipales), y las fuerzas del Frente de Izquierda. También acompañó a los trabajadores Olga Ovalle, esposa del histórico dirigente minero Avelino Bazán, uno de los protagonistas de la histórica marcha minera de 1964, luego secuestrado y desaparecido durante la dictadura. Ante esta presión popular, el martes por la tarde la empresa se comprometió a desplazar al gerente Ruiz Díaz, a pagar la totalidad de la primer quincena (que se había liquidado parcialmente en represalia por las medidas de fuerza) y a seguir con el plan acordado con el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria para garantizar la seguridad dentro de la mina. Un primer gran triunfo, pero que no debe hacer bajar la guardia, ya que las inspecciones hechas previamente por Trabajo y la Secretaría de Minería habían resultado condescendientes con la patronal. Los obreros denuncian que la desinversión en seguridad es parte de un plan de cierre definitivo de la mina para dentro de 3 años, y tienen fundamentos para ello. La mina es explotada por la multinacional Glencore, que en abril de 2016 cerró la planta ArZinc en Rosario –bajo administración del mismo Ruiz Díaz-, que empleaba a 400 personas, y en diciembre del año pasado cerró la Fundición El Aguilar en la ciudad jujeña de Palpalá, dejando a 150 trabajadores en la calle. A partir de entonces, todo el material que extraen de la mina lo exportan sin procesar. La lucha de los mineros de El Aguilar conmovió a la provincia y despertó el apoyo y la simpatía de amplios sectores de trabajadores. Es lógico, si tenemos en cuenta que en Jujuy la desocupación pasó del 6,8% en 2018 al 11,4% en el primer trimestre de 2019, según el Indec. Este primer triunfo es un impulso a esta y a todas las luchas obreras en curso. El Partido Obrero de Jujuy, que acompañó esta pelea, intervino planteando la necesidad de un paro provincial en solidaridad con los mineros y un congreso de bases de la CGT y todos los gremios, como primer paso para enfrentar de conjunto la ofensiva de la patronal y por todas las reivindicaciones obreras.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) retomó el plan de lucha por salario que había iniciado antes de que el gobierno dicte la conciliación obligatoria. Las medidas consisten en paros de 8 a 10 y de 16 a 18 hs los días sábados, martes y jueves hasta el fin de junio. En el caso de Buenos Aires, en Aeroparque se realizará el paro dentro de la primera hora –mañana y tarde- de cada franja horaria y en Ezeiza se realizará dentro de la segunda. Estas medidas están llevando a demoras y reprogramaciones de los vuelos comerciales. Los reclamos son un 55% de aumento salarial, la reincorporación de Anabella Stark (despedida por denunciar violencia laboral y de género) y la falta de respuesta a los pedidos de mejoras en la seguridad aeroportuaria. Los controladores tienen la paritaria vencida desde el 1° de marzo y vienen con un fuerte retraso salarial del periodo anterior. Con el objetivo de descomprimir el conflicto, el gobierno otorgó esta semana de manera unilateral un aumento del 10% retroactivo a marzo y un bono por única vez. Pero se trata sólo de un parche: hay que tener en cuenta que la inflación de marzo a mayo fue del 14,6% y se espera que la de junio sea de al menos de un 3%. El paro es histórico, el primero del sector, ya que en el pasado dependían de la Fuerza Aérea. Es fruto de un incipiente proceso de organización sindical, que debe ser acompañado por el conjunto de los aeronáuticos. Pero no hay que dejar de señalar que la realización de medidas de fuerza sigue estando fuertemente regimentada: por el convenio colectivo y la ley de esencialidad de servicios, estos deben realizarse de común acuerdo con la patronal. El procedimiento consiste en que una vez que se vence la conciliación obligatoria, el sindicato debe presentar las medidas de fuerza, para que luego las partes se reúnan y acuerden cómo garantizan el 45% de los vuelos. De no haber acuerdo, todo pasa a una “Comisión de Garantías” que se presenta como independiente, pero que está designada por el propio gobierno. La conducción de ATEPSA, que ahora convoca a estos paros, fue la firmante en el pasado de este Convenio Colectivo anti-huelga. Es necesario iniciar de inmediato una campaña de todos los aeronáuticos para tirar abajo estos procedimientos nefastos y defender el derecho a huelga sin condicionamientos. Que la Secretaría de Trabajo y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) hayan “autorizado” los paros, a la par que echaban lastre con un aumento del 10% retroactivo a marzo, es el efecto de la gran voluntad de lucha que hay en el sector y de un gobierno que está fuertemente debilitado. De no haber acuerdo por las paritarias para fin de mes, queda planteada la realización de asambleas en todo el país para discutir la profundización de las medidas de fuerza, las cuales tendrán un impacto mayor, ya que desde el 1° de julio comienzan las vacaciones de invierno en el interior del país.

“Ni de los gobiernos ni de los patrones” es un clásico lema de la lista Verde en ATE y la CTA. Sin embargo, el cierre de las listas para las PASO vuelve a confirmar una histórica denuncia de la oposición clasista: se trata de una farsa. Actualmente, la lista Verde se encuentra dividida en tres fracciones como consecuencia del largo derrotero que en su momento se llevó puesta a la CTA. Así, la Verde de Hugo “Cachorro” Godoy compite por la dirección de ATE con la Verde-Blanca de Daniel Catalano; también se presenta la Verde-Púrpura de Pablo Micheli. Las tres listas participan activamente del armado del Frente “Todos” con el PJ, el kirchnerismo y la casi totalidad de la burocracia sindical. Por caso, Víctor de Gennaro, histórico dirigente de la Verde, va como candidato a intendente en las PASO pejotistas de Lanús. Oscar de Isasi, secretario general de ATE PBA, es candidato a senador provincial por una de las listas que compiten en la interna platense. Catalano y Micheli compartieron la foto “sindical” junto a CFK, Alberto Fernández y Moyano. La presencia de integrantes de las tres fracciones burocráticas de ATE en las listas pejotistas se replica a lo largo y ancho de todo el país. Antecedentes y perspectivas Este entrelazamiento con la política patronal no es, estrictamente, una novedad. Recientemente, la Verde subió al palco de una movilización a Felipe Solá, responsable político de los crímenes del Puente Pueyrredón. El candidato a adjunto, Rodolfo Aguiar, hizo campaña abierta por la lista de Alberto Weretilnek, el gobernador rionegrino. La Verde y Blanca, por su parte, defiende incondicionalmente al kirchnerismo, con su tendal de precarización laboral y salarios de miseria para los estatales. Antes, el derrotero histórico de la Verde que todas las fracciones reivindican es el del “grupo de los 8” (una fracción del PJ) y el de diversos engendros centroizquierdistas, incluida la formación de la Alianza. Este breve panorama alcanza para impugnar como hipócrita la pretensión de “independencia de los partidos y los gobiernos”. Ha ocurrido lo contrario. Y las consecuencias son graves por muchos motivos. En primer lugar, porque el empalme con la política capitalista por parte de los dirigentes de un sindicato desnaturaliza la función elemental que debería tener un gremio: defender incondicionalmente los intereses de los trabajadores y trabajadoras. En este caso, además, los partidos con los cuales las verdes de ATE se encolumnan son directamente la patronal de sus afiliados en gobernaciones, municipios y eventualmente la Nación. Se vulnera el principio número uno que debería cumplir un sindicato: la independencia de la patronal. Por último, es preciso denunciar la política concreta que impulsa el Frente “Todos”, tal cual anuncian a viva voz Alberto Fernández o sus economistas estrella, como Emmanuel Alvarez Agis: acuerdo con el Fondo, congelamiento de salarios, devaluación y subsidios al capital. A la vez, sacrificar las reivindicaciones urgentes de la mujer trabajadora, como el derecho al aborto, en el altar de la unión con las iglesias. Vamos con la Multicolor La chicana de que somos “de un partido [Obrero] y del FIT Unidad” la asumimos con orgullo. Todas las listas en ATE participan también “en política”; algunas en las listas de la patronal y nosotros, la Multicolor, en la vereda incondicional de la clase obrera. Para las elecciones de ATE, que serán el 7 de agosto, llamamos la atención a los afiliados y las afiliadas acerca de que la única forma de mantener la independencia del sindicato respecto del poder de turno -condición para pelear por las reivindicaciones sin ataduras- es votando por la Multicolor.

Entre todos los sapos que trajo el cierre de listas hay uno que tiene una significación particular para la lucha política en la UBA. Francisco Strambini, que hace un año fue una de las caras del golpe del rectorado contra la Fuba, va como candidato a diputado nacional por el Frente de Todxs en CABA, junto con Pino Solanas, Victoria Donda e Itaí Hagman. Después de haber digerido a Sergio Massa -garante del pacto con los fondos buitre y las leyes del ajuste- como primer diputado en la provincia, podríamos decir que se trata de un “sapito menor”, pero no deja de ser enormemente ilustrativo para el movimiento estudiantil. ¿Quién es Strambini? Strambini y el MLI, agrupación de la Facultad de Ingeniería, fueron la llave de Franja Morada para reunir una mayoría de siete centros y convocar al congreso fraudulento de la Fuba en junio del año pasado. En compensación, los radicales le dieron a Strambini la cabeza de la lista que quisieron imponer por medio del fraude, la intervención judicial y la represión policial. Antes que eso, el MLI ya había dejado a La Mella y La Cámpora afuera del Consejo Superior, cuando le dio sus votos a un empleado del dirigente radical Emiliano Yacobitti, Felipe Vega Terra. Como parte de ese acuerdo, el MLI se integró a la gestión de Ingeniería. La gestión Martínez-MLI acaba de anunciar el “Plan 2020” para reducir las carreras de Ingeniería a “4 años hasta un título intermedio, sin incumbencias; uno o dos años para convertirse en ingeniero y un año más para magíster”, es decir, la adecuación de nuestras carreras a la repudiada resolución 1254 de Macri-Finocchiaro. Llevar a este personaje como candidato a diputado es una provocación a la lucha del movimiento estudiantil. Movilización y caracterización política Varias organizaciones políticas, con la UJS a la cabeza, rechazamos el Congreso trucho de la Franja, juntando 65 delegados con escribano público. Esa fue la primera acción que devino en movilización política. La enorme huelga educativa y la contundente derrota del Rectorado en las elecciones de los centros de estudiantes terminaron de desarmar la maniobra del gobierno y destrozaron a la Fuba trucha. No obstante, entre las agrupaciones que nos movilizamos contra el fraude en la Fuba, siempre tuvimos balances políticos diferentes. La Mella y las organizaciones kirchneristas limitaban este ataque a Cambiemos. Omitían, como sí puso arriba de la mesa la UJS, que el golpe nunca hubiese podido ser realizado sin el pasaje de un sector importante del kirchnerismo (MLI, UES, Miles, etc.) al campo del Rectorado y el gobierno. La responsabilidad del kirchnerismo fue, entonces, inocultable. A su vez, el apoyo de algunas de sus organizaciones a la Fuba trucha no se debió a una diferencia de fondo. Lo único que había entre ellos era una pelea circunstancial vinculada al desplazamiento que el Rectorado hizo de las propias autoridades K (Morgade, Reboreda). La estrategia de “unidad” de La Mella, La Cámpora y compañía, devino en una lista que Itaí Hagman comparte con Strambini, es decir, con los golpistas de la Fuba. En el país y en la Ciudad, el kirchnerismo va con la fuerza del Rectorado y aliados de Emiliano Yacobitti, hoy candidato a 3er diputado en la lista del PRO. Es la misma política que los llevó a aliarse a nivel nacional con lobbistas de Clarín y de Repsol como Alberto Fernández, o pro-golpistas en Venezuela como Sergio Massa. Carrerismo juvenil Eva Dimopulos, la co presidenta de la Fuba de La Mella-Patria Grande, justificó en su Twitter el acuerdo en nombre de la… “coherencia política”. ¿Cuál sería esta “coherencia”? Impulsar siempre “el frente de unidad más amplio posible”. El hecho de que en un caso la unidad fuera contra el MLI y en el otro con MLI, no tendría al parecer ninguna importancia. Con el latiguillo de la “unidad”, la juventud que venía a “cambiar la política” terminó vaciando la política de cualquier debate de ideas, programas e intereses sociales. El argumento de que Hagman va número 3 y Strambini va 11 en la lista de diputados, no solo da cuenta de una degradación del debate político sino, sobre todo, de un carrerismo desenfrenado. En pocos años, La Mella pasó del “cambiemos todo lo que deba ser cambiado” al “no cambiemos nada, pero que Itaí sea diputado”. El voto al FIT y la independencia política El año pasado, el movimiento estudiantil se levantó en todo el país por el aborto legal y luego por la huelga educativa. Queda cada vez más claro que esas banderas solamente son contempladas en las listas del FIT-unidad, que las hace suyas como programa. El armado de su lista, que está compuesta por luchadorxs estudiantiles, referentes de la pelea por el aborto legal en la juventud, docentes e investigadorxs universitarios, es ejemplo claro de esto. El voto al FIT-Unidad es un refuerzo a la política de lucha por estos reclamos, para que la crisis la paguen los capitalistas. Por el contrario, en la lista del kirchnerismo, los planteos de lucha son solamente una cobertura política para luego socavar dichos reclamos, como se demostró en los 12 años de gobierno K en los cuales el aborto estuvo vedado y la educación, presa de medidas privatistas. Lxs estudiantes que protagonizamos grandes luchas contra las políticas del Rectorado no podemos someternos a elegir entre Macri-Yacobitti y Fernández-Barbieri. Para golpear al ajuste y a las reformas antieducativas, votemos al Frente de Izquierda-Unidad. Es importante que el movimiento estudiantil saque las conclusiones del “mercado de pases” en las listas. Las fuerzas en venta que dan lugar en sus armados a aquellos que atacan la organización de les estudiantes están lejos de ser una alternativa “popular”. Defender la educación pública es algo que está en nuestras manos, como estudiantes. La necesidad de reforzar la independencia política de las organizaciones estudiantiles, sea quien sea gobierno, es más importante que nunca.

Luego de que el pasado lunes cientos de estudiantes del colegio Lenguas Vivas fueran evacuados por pérdida de gas en el establecimiento, y dos de ellos hospitalizados por los altos niveles de monóxido de carbono, fue noticia el colegio Julio Argentino Roca, donde se desbordó un caño cloacal y los docentes tuvieron que llamar a una asamblea para denunciar que las autoridades no querían cancelar las clases, a pesar de aulas inundadas y un olor nauseabundo en todo el colegio. Son las más recientes expresiones de la crisis de infraestructura en las escuelas de la Ciudad, pero están lejos de ser las únicas. Las condiciones de cursada son cada vez más insoportables, y semana a semana aparece un caso distinto: un techo que se cae, plaga de ratas, viandas podridas o insuficientes, fuga de gas, falta de calefacción que obliga a morirse de frío durante las clases, y la lista sigue. En este momento, son numerosos los colegios que se encuentran sin clases por estos motivos: además del Roca, están en esta situación la escuela n° 6 del Distrito Escolar N° 1 (sin gas y con agua que sale negra), la N° 5 del CECEP 19 y la técnica N° 26 del DE 6 (por falta de agua y luz), la N° 24 del DE 19 (infestación de ratas y palomas). También el "Niní Marshall" de Mataderos, donde el mes pasado se desplomó el techo del baño y el miércoles pasado cancelaron las clases por desinfección, producto de dos casos de sarna en estudiantes. Y el Normal 4, donde a pesar de cancelarse las clases para desratizar el colegio, continúa habiendo una plaga desde hace semanas, lo que llevó a toda la comunidad de la escuela a organizarse para repudiar esta situación. Otros episodios sucedieron en el Normal 6, donde recientemente se le cayó encima una ventana a una estudiante, y en el "Rogelio Yrurtia" en Parque Avellaneda, que se mudó hace poco a un nuevo edificio conquistado con la lucha de les estudiantes, pero que sigue sin estar en las mejores condiciones. Otra arista es el tema de las viandas: en un contexto donde hay cada vez más despidos y los trabajos son más precarios, sobre todo para la juventud, se dificulta hasta tener un plato de comida. En el Rodolfo Walsh les llegaron a dar 5 viandas para 450 estudiantes. Desde el Casal Calviño exigen que haya viandas para el turno noche, donde cursan en gran medida chicos que trabajan durante el día, pero las únicas que tienen son las que sobran de los turnos anteriores. En el Albarracín de Sarmiento se organizaron para conseguirle comida a les que no tienen viandas, mientras esperan que desde el Estado otorguen las necesarias. En la Escuela Técnica Raggio, como en la mayoría de los colegios, la comida llega con moho. Este colapso de las escuelas se enmarca en el ajuste a la educación del gobierno de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta (en sintonía con los gobernadores e intendentes de todo el país). Se profundizan junto a ello los avances contra la educación pública, con las reformas anti educativas como la "Secundaria del futuro" (y a nivel terciario, con la Unicaba), y la persecución de les pibes que se organizan en los centros de estudiantes por sus reclamos, y por el aborto legal y la Educación Sexual Integral, laica y científica. Lo que Larreta no te muestra Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña ocultan estas condiciones miserables en la que les pibes tenemos que cursar. La educación pública y su presupuesto es uno de los principales rehenes del FMI. Como ha denunciado el Frente de Izquierda, tanto los Macri-Pichetto como los Fernández-Fernández se han comprometido con el Fondo para seguir pagando la deuda, lo que supone la continuidad del ajuste y de las pésimas condiciones de cursada. Es por eso que les secundaries de la UJS lanzamos la campaña #LoQueLarretaNoTeMuestra para hacer oír nuestros reclamos históricos, derrotar esta avanzada y conseguir nuestras reivindicaciones. Necesitamos poner en pie al movimiento secundario contra el desfinanciamiento educativo y la crisis edilicia. Organicémonos para exigirle al Ministerio de Educación y al gobierno que habiliten más viandas para les estudiantes que las necesiten, para que puedan ir a estudiar sin estar pensando si van a comer o no. Vamos por relevamientos de todas las escuelas sobre la sanidad y la situación edilicia. Impulsemos asambleas que resuelvan asistir este próximo 3 de julio a una concentración en el Ministerio de Educación y llevemos adelante un plan de lucha con cortes y movilización. Es educación o FMI.