Prensa Obrera N° 1547

La crisis política nacional hace más urgente una intervención política activa del Frente de Izquierda. Argentina atraviesa una bancarrota económica, unida a una crisis política de fondo. El derrumbe del macrismo, bajo el peso de esta bancarrota, es el resultado del fracaso de las medidas de “normalización capitalista” promovidas por el conjunto de la burguesía y el imperialismo. En medio del naufragio de los planes reeleccionistas de Macri, han empezado a levantar cabeza alternativas de recambio, incluido la emergencia de un gobierno de unidad nacional. El gran capital viene de protagonizar un golpe de mercado y le está marcando la cancha a todos los bloques políticos patronales y, por esta vía, estableciendo los términos económicos y políticos de la transición en marcha. Los 10 puntos planteados por Macri son el portavoz de esa agenda aunque habrá que ver si esta iniciativa es suficiente para revertir la caída en picada en que se encuentra. Massa ya solicitó incorporar también al kirchnerismo a los 10 puntos. Por otro lado, Kicillof viene de reunirse con el Fondo para dar las garantías que éste reclama. El conjunto de los partidos y las coaliciones patronales del país están comprometidos en preservar los intereses sociales que nos llevaron -y nos llevan- a esta bancarrota. Frente a este cuadro, el valor de una enérgica campaña de la izquierda planteando el repudio al pago de la deuda, fuera el FMI y las medidas de emergencia que necesitan los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas está fuera de toda duda. No se nos puede escapar el hecho de que las elecciones provinciales no marcan, hasta ahora, un giro a la izquierda. En Santa Fe, bajo la disputa entre el PJ y el Frente Cívico, y el peso de la centroizquierda, el FIT no pasó las PASO proscriptivas, a excepción de algunos distritos del cordón industrial de Rosario, de fuerte tradición del PO. En Neuquén y Río Negro conservamos caudales de votación, mientras los gobernadores del ajuste se hicieron con triunfos electorales. Los gobernadores explotan el derrumbe del gobierno nacional aglutinando intereses contradictorios: de las oligarquías locales para defender los llamados “intereses provinciales”, por un lado, y del otro, la oposición popular al gobierno nacional. La batalla por separar a los trabajadores de la burguesía nacional y conquistar la independencia política en un cuadro de enorme bancarrota económica es estratégica en todo el país y va a tener una expresión privilegiada en la próxima elección de Córdoba, un enorme desafío para el Frente de Izquierda. Frente a esta situación, el Partido Obrero viene planteando un acuerdo inmediato y la convocatoria a un Congreso del Frente de Izquierda, que discuta un programa y desarrolle una movilización política para atraer a miles de compañeros a una gran campaña por una salida obrera y socialista a la crisis y al derrumbe del macrismo. Si bien se ha avanzado en el acuerdo, con la postulación de Romina Del Plá, por el Partido Obrero, y Nicolás del Caño, por el PTS, como integrantes de la fórmula presidencial, no se terminan de tomar las definiciones para largar la campaña. Un acuerdo del FIT permitirá encarar la discusión con el resto de las fuerzas de la izquierda para evaluar la formación de una lista común. Un congreso del FIT va a permitir interesar y movilizar al activismo que lucha en cada gremio, a los miles de desocupados que organizan las barriadas contra el hambre, a las mujeres que luchan por el derecho al aborto y por todos los reclamos, a la juventud que sale a las calles contra el deterioro educativo o la catástrofe ambiental, a debatir una salida independiente a la crisis. En cada uno de estos terrenos, tenemos una batalla que ganar contra las corrientes de conciliación de clases, que quieren llevar a los luchadores como furgón de cola del nacionalismo. Ganar las calles con esta perspectiva política es central para desarrollar una referencia política de la izquierda en la lucha contra el régimen del FMI. El método del frente único tiene que reforzar nuestra campaña electoral. Una política para derrotar el plan de ajuste El cuadro en el movimiento obrero se caracteriza por un parate impuesto por la burocracia, que contrasta con iniciativas de lucha importantes, aunque aisladas. En este cuadro, es central para la izquierda impulsar el frente único y explotar cada lucha para que los trabajadores intervengan activamente para derrotar el plan de ajuste. A contramano de eso, las convocatorias recientes, por ejemplo, el paro del 30, han vuelto a poner de manifiesto que el FIT actúa en común exclusivamente en el terreno electoral. El PTS ha rechazado integrar el Plenario Sindical Combativo y concurre a estas movilizaciones con una presencia testimonial, abandonando la lucha por desarrollar las tendencias combativas con una política propia e independiente de la burocracia e impulsar el paro activo de 36 horas para derrotar el plan de ajuste. El Plenario Sindical Combativo, ha desarrollado una importante intervención, siendo el canal de miles de activistas en todo el país. Promover una acción de clase para quebrar el plan de ajuste de Macri y los gobernadores requiere una política de Frente Único en la lucha por los reclamos. Los desafíos del activismo obrero que lucha, y que entra en esta etapa bajo grandes golpes, en un cuadro de despidos y ofensiva patronal, son enormes. El faccionalismo en el terreno sindical o la adaptación a la burocracia son un lastre para encarar estas tareas. El manifiesto que el Partido Obrero propone al FIT destaca la necesidad de ganar las calles para derrotar el plan de ajuste. Nos apoyamos para eso en la experiencia de las luchas contra el macrismo, que han sido durísimas, en condiciones de aislamiento, y una escuela para el activismo. En estas luchas, el rol del peronismo de bombero del ajuste ha quedado más que demostrado, pero las conclusiones deben ser asimiladas por los trabajadores mediante el debate político. Las elecciones, para la izquierda revolucionaria, son un terreno para desarrollar la conciencia y la organización de las masas, en la lucha por un gobierno de los trabajadores. El electoralismo, por el contrario, es una adaptación al régimen. El FIT debe volver a desarrollar un debate sobre todos estos puntos, porque un frente de izquierda relegado al terreno electoral tiene límites insalvables para desarrollar una alternativa política de los trabajadores. Debates de alcance internacional Estos debates en la intervención en las luchas para derrotar el plan de ajuste, remiten a otros, incluso de alcance internacional, cuyo balance ponemos de relieve en el manifiesto del Partido Obrero. Confrontamos en la Argentina a la expresión del derrumbe de la experiencia testigo de los gobiernos derechistas que vinieron a reemplazar a los “nacionales y populares”. Por eso el interés de Trump y el FMI por blindar a Macri. Frente a la avanzada de los Bolsonaro/Macri, las corrientes nacionalistas han propugnado “resguardarse” sin luchas hasta las elecciones. En Brasil, la política de desmovilización promovida por el PT desde la dirección de la CUT ha sido un poderoso factor de desmoralización de los trabajadores, le ha abierto el paso al ascenso de la derecha y al triunfo del fascista Bolsonaro. El kirchnerismo hace lo propio en la Argentina. La izquierda mundial ha sido tributaria de esta tesis fracasada, porque la derecha avanza cuando las masas hacen la plancha. El complemento ha sido la adaptación a las variantes de colaboración de clases. Con esta tesis, por ejemplo, gran parte de la izquierda francesa le da la espalda a los chalecos amarillos. Las revueltas en Argelia, Haití o Hungría (esta última contra la reforma laboral) revelan las reservas de lucha que anidan entre las masas, a nivel internacional, que contrastan con la postración política frente al avance de las variantes del ajuste. Nuestra consigna de la Asamblea Constituyente está vinculada con la necesidad de una intervención de las masas en el rumbo trazado por estas rebeliones populares: es una consigna transicional por el desmantelamiento del viejo aparato estatal para tomar las medidas de emergencia que necesita la población trabajadora para defender sus derechos elementales. Como planteo de transición, abre paso a la lucha por un gobierno de los trabajadores. Con una política de frente único, con el desarrollo abierto de los debates y formando un canal para la intervención de miles de compañeros, promovemos que el Frente de Izquierda discuta un programa y una posición revolucionaria en la propia campaña electoral.

Mientras los funcionarios y economistas ligados al oficialismo seguían anunciando un inminente rebote de la economía, las estadísticas conocidas de marzo y abril pusieron las cosas en su lugar. Por el lado de la industria y la construcción, el retroceso de marzo se convirtió en derrumbe: un 13,4 y un 12,3%, respectivamente. Peor le fue a la producción de autos en abril, con una caída del 34%. En este cuadro no deben sorprender los anuncios de cierres de fábricas dispuestos por las principales empresas del país. Es lo que acaba de hacer Arcor con su planta de La Campagnola de Mendoza, dejando a 100 trabajadores en la calle. Una decisión aún más grave estaría por anunciar la principal exportadora de frutas del país, Expofrut. El cierre de su negocio de exportación sería el anticipo de su retiro del país. Y ya es un hecho el cierre de la planta de 200 trabajadores de Loma Negra, en las cercanías de Tandil. A esta altura, ya nadie duda que los próximos datos de la desocupación muestren registros de dos dígitos. Como las malas noticias vienen todas juntas, la bancarrota local está siendo potenciada por la crisis capitalista mundial. La decisión de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a las importaciones de China ha provocado una caída de las bolsas y una nueva ola de devaluaciones de las monedas de periferia. El salto en el dólar afectó la cotización de la soja, que rompió el piso de los 300 dólares la tonelada. Concretamente, para la fundida economía macrista esto equivale a que la cosecha traerá menos dólares de lo previsto. La otra decisión de Trump, en este caso el envío de la flota a Irán, impactó en un nuevo salto del precio del petróleo. Rápidamente, las petroleras decidieron aumentar las naftas en un 5%, mostrando la inviabilidad de los ‘precios esenciales’ anunciados por Mauricio Macri. Sin embargo, las petroleras reclaman un aumento aún mayor porque la suba del dólar no fue transferida en su totalidad al precio de las naftas. ¡En vez de caída de los precios, tendríamos inflación reprimida! Así, sólo queda esperar que lo peor está por venir. Salvataje Sin recursos para hacer frente a este derrumbe económico, el macrismo ha resuelto maniobrar en pos de salvar al gobierno y la candidatura de Macri. Para evitar que la clase capitalista se pase definitivamente a la posición de un recambio político, sea forzando la sustitución de la candidatura de Macri por María Eugenia Vidal o sea apoyando a Roberto Lavagna o algún otro candidato del Peronismo Federal, o por una combinación de ambas alternativas, el gobierno lanzó los 10 puntos para buscar un pacto con la oposición. La iniciativa es muy simple: enarbolar de modo abierto el programa de la patronal y el FMI, y colocar a la oposición en la disyuntiva de firmar o rechazar. La incorporación de modo explícito de la reforma laboral y previsional, y del pago de la deuda pública, contradice el marketing político-electoral, pero es adecuado para pelear el respaldo de la clase capitalista, sobre todo en momentos donde ésta debate otras alternativas electorales. El respaldo de las centrales empresariales al operativo de los 10 puntos esperanza al gobierno en mantener el apoyo de la clase capitalista a la candidatura de Macri y condicionar a la oposición. El respaldo de varios sectores del PJ, empezando por Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, constituye un acto de salvataje del gobierno. El ‘éxito’ de Macri puede rápidamente volverse en su contra. Si el objetivo es preservar un programa de seguridad jurídica al capital, evitando la ‘vuelta al populismo’, entonces su propia candidatura está cuestionada al no ofrecer garantías de un triunfo sobre Cristina Kirchner. Es lo que le han dicho desde el radicalismo Alfredo Cornejo y Martín Lousteau. Para éstos, la firma de los 10 puntos debiera cobrar una forma electoral. Así, mientras para el gobierno es una forma de salvar a Macri, para sus aliados de Cambiemos da la excusa ideal para sacarlo del medio. De paso, los radicales se ilusionan en este cambio de figuritas. Y así ellos se beneficien quedándose con candidaturas más importantes, como ser la vicepresidencia o la jefatura de Gobierno de la Ciudad. En la política burguesa, las apetencias de las camarillas son un factor de agravamiento de las crisis. Más allá de la suerte que corra la maniobra del gobierno, lo que importa destacar acá es que han servido para poner de manifiesto los acuerdos de fondo que unen a la burguesía y al conjunto de los partidos patronales. Los puntos sugeridos por cada uno de ellos para arribar a un acuerdo contemplan, en todos los casos, el pago de la deuda pública, mantener el tutelaje del FMI y, de modo general, reducir impuestos al capital y bajar el llamado ‘costo laboral’. En diciembre de 2017, todos los bloques políticos, incluida la burocracia sindical, habían puesto su firma en los tres proyectos diseñados por el macrismo: la reforma laboral, previsional e impositiva. La irrupción obrera de las jornadas del 14 y 18 de diciembre y luego la aceleración de la crisis financiera, impidieron que el gobierno avance en el total de este programa antiobrero. La búsqueda de una ‘unidad nacional’ para una nueva intentona en esa misma dirección es la confesión de que la clase capitalista es consciente que necesita sumar fuerzas si es que quiere propinarle una derrota histórica a la clase obrera. Abajo la unidad nacional con el FMI Para todo el pueblo que vive de su trabajo y sufre el despojo cotidiano de la banca acreedora sobre los recursos de la nación, la negociación de los bloques patronales por arribar a un acuerdo programático tiene el valor de una clase magistral de clarificación política. Ningún bloque ni partido plantea el salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil para los jubilados, la prohibición de despidos y suspensiones, y ni qué hablar del repudio a la deuda usuaria, la nacionalización de la banca, del petróleo y el gas. Esto vale también para el kirchnerismo, que está más preocupado por hacer buenas migas con los acreedores y fondos de inversión que en la demagogia electoral. Alberto Fernández, Kicillof y su ex vice ministro Alvarez Agis ya han declarado que un eventual gobierno de Cristina Kirchner cumplirá los compromisos de pago de la deuda. Aunque difícilmente la unidad nacional que reclama el FMI pueda asumir la forma de un pacto político en regla, lo cierto es que, mientras tanto, cumple su función de extenderle la vida al fundido gobierno de Macri. La lucha a fondo para poner fin al régimen del FMI es una tarea que sólo pueden llevar adelante los trabajadores y la izquierda mediante una acción histórica independiente. Es en función de esta política que volvemos a insistir en nuestro llamado al Frente de Izquierda para que reforcemos una acción integral de acción política y movilización. La campaña electoral que está en plena marcha en las provincias y comienza a nivel nacional debe abordarse con métodos que superen la mera propaganda electoral. La lucha por separar a los trabajadores del nacionalismo burgués, parte necesaria de la pelea contra Macri y el FMI, reclama un combate a fondo de programas y de organización y movilización. La realización de un Congreso del FIT, convocando a los sectores de vanguardia de los trabajadores, las mujeres y la juventud, se desprende de esta caracterización de conjunto. Urge que el FIT desembarque con su programa y sus candidatos en la arena de la crisis de régimen y la lucha electoral. Los 10 puntos del pueblo trabajador Los diez puntos del Frente de Izquierda Los 10 puntos del macrismo-pejotismo y los planteos del Partido... Los 10 puntos del FMI y la Unión Industrial

El macrismo ha convocado a la oposición a suscribir un acuerdo de 10 puntos básicos en un intento por contener el derrumbe económico y político de su gobierno. Dichos puntos son una hoja de ruta contra el pueblo trabajador. Roberto Lavagna, que criticó el anuncio como un marketing electoral, postula sin embargo su propia propuesta antiobrera: un gobierno de “unidad nacional” para imponer una reforma previsional, laboral y fiscal. En cuanto al kirchnerismo, rechaza el convite del macrismo, pero defiende -como veremos- muchos de esos planteos y postula un frente electoral con Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, que son los mismos que se sentarán a negociar con Macri los 10 puntos en cuestión. A continuación, contraponemos los anuncios de Macri con los planteos desarrollados por el XXVI Congreso del PO, que viene de aprobar un conjunto de planteos que están contenidos en su propuesta de manifiesto al Frente de Izquierda . Estos planteos están sintetizados en “los 10 puntos del pueblo trabajador” que acabamos de dar a conocer. La presente nota compara lo que plantean ellos y lo que planteamos nosotros. Punto 1: las trampas del “equilibrio fiscal” “Lograr y mantener el equilibrio fiscal”, dice el primer punto. La gran trampa aquí es que no se dice que el principal factor de desequilibrio de las cuentas públicas es el pago de los intereses de la deuda externa, que es precisamente lo que el último punto del acuerdo garantiza. El pago de intereses equivaldrá al 3,6% del PBI para 2019. En verdad, lo que el gobierno anticipa con el verso del “equilibrio” es una reducción aún mayor de los gastos en salud, vivienda y educación para asegurar los pagos de la deuda y el reembolso al FMI. Este plan, que busca profundizarse, ya está en marcha tanto a nivel nacional como en las provincias. El PO-Frente de Izquierda rechaza las políticas de ajuste y plantea la triplicación del presupuesto de salud y educación, y el pase a planta de todos sus trabajadores. Punto 2: sobre el Banco Central “Sostener un Banco Central independiente…”, enuncia el segundo punto. Otra trampa, toda vez que se pretende convertir al Banco Central en una sucursal del FMI, que incluso ha instalado allí una oficina propia para monitorear el día a día. Se trata incluso de un planteo antidemocrático que da preminencia a la burocracia del Estado y al capital sobre las decisiones de la población. Bajo esta “autonomía” rige el secreto de Estado sobre la dimensión de la fuga de capitales que se financia con el Tesoro, acelerando la marcha hacia la bancarrota. En oposición a este rumbo proimperialista, planteamos la recapitalización del Banco Central y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para cesar con la fuga de capitales y el despilfarro del ahorro nacional y para reorientarlo a un plan de reindustrialización del país. Punto 3: las exportaciones El planteo de un “crecimiento sostenido de nuestras exportaciones” es una expresión de deseos que aparece condicionado al desarrollo de la crisis mundial. El reciente anuncio de Trump de un aumento de los aranceles contra productos chinos acentúa la guerra comercial, en medio del desarrollo de tendencias recesivas a nivel global. Para un verdadero desarrollo nacional, planteamos la nacionalización de la banca y del comercio exterior, de los puertos y todos los resortes fundamentales de la economía y un plan de industrialización discutido por los trabajadores. Punto 4: los negocios empresarios Cuando habla de “respeto a los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica”, el acuerdo procura asegurar las inversiones y negocios de los grandes empresarios, en particular de los monopolios petroleros y gasíferos y de las empresas privatizadas, que se han visto beneficiadas por subsidios multimillonarios durante el kirchnerismo y ahora por los tarifazos. Los acuerdos del gobierno anterior y éste garantizan un precio a boca de pozo, por encima de la media internacional, a costa del saqueo a los usuarios. Reclamamos la anulación de los tarifazos, la apertura de los libros de las empresas y planteamos la nacionalización integral sin resarcimiento del sistema energético, bajo control obrero y de las organizaciones ambientalistas, para recuperarlos como una palanca de desarrollo nacional en favor de los trabajadores. Punto 5: la reforma laboral Con la referencia a una “legislación laboral moderna”, el gobierno se refiere a la implementación de una reforma laboral que avance en la flexibilización y destrucción de los convenios colectivos. Es un camino que ya han emprendido sectorialmente en petroleros, Atilra y telefónicos, entre otros gremios. Cuando Pichetto plantea que se convoque a los gremios a discutir el acuerdo, se refiere a sentar en la mesa de negociaciones a la burocracia sindical de la CGT, que ya había dado el visto bueno a la reforma laboral hundida por las grandes jornadas de lucha de diciembre de 2017 y que viene pactando los convenios a la baja y de flexibilización laboral. Desde el PO-Frente de Izquierda rechazamos la reforma laboral. Defendemos los convenios colectivos de trabajo y planteamos el fin de la precarización laboral, el salario equivalente a la canasta familiar, ocupación de toda empresa que cierre o despida, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, seguro al desocupado y apertura irrestricta de los planes sociales. Punto 6: menos impuestos para los empresarios “Reducción de la carga impositiva… enfocado en los impuestos más distorsivos”, dice el documento. Este punto recoge el insistente reclamo empresarial de una rebaja de impuestos al capital. En esa línea, el gobierno ha implementado en los últimos años beneficios relacionados con ingresos brutos e impuesto al cheque. Hasta cierto punto, la agenda de rebajas impositivas ha chocado con la crisis del gobierno, que se vio obligado a restablecer retenciones al agro y detener el cronograma de rebajas en el caso de la soja, algo que Macri se comprometió a rever durante su paso por la feria Expoagro. La inclinación a los reclamos del gran capital contrasta con la confiscación de la población trabajadora vía impuestos. El sistema tributario argentino es profundamente regresivo. Planteamos la anulación de todas las exenciones impositivas al gran capital en la nación y en las provincias, la abolición del IVA y del impuesto a las ganancias sobre los salarios y su suplantación por un impuesto progresivo a las grandes fortunas. Punto 7: otra vez, la reforma previsional Con el punto “consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo”, el gobierno se plantea avanzar en una reforma jubilatoria que aumente la edad de retiro, consolide los haberes en niveles de miseria y elimine los regímenes previsionales especiales. El ataque a las jubilaciones está colocado fuertemente en la agenda política de otros países latinoamericanos, como Chile, Paraguay, Brasil y Nicaragua. Contra el ataque a las jubilaciones, en diciembre de 2017 se produjeron las multitudinarias manifestaciones frente al Congreso. lanteamos la elevación inmediata de la jubilación mínima al costo de la canasta de la tercera edad, hoy en los 31.000 pesos, en el camino de recuperar el 82% móvil, financiado con la restitución de los aportes patronales y el blanqueo de todos los trabajadores en negro, arrancando la Anses y todas las cajas previsionales de las garras de los gobiernos del ajuste y poniéndolas bajo control de representantes electos de los trabajadores y los jubilados. Punto 8: federalismo El acuerdo habla de la “consolidación de un sistema federal…”, pero se trata de otra trampa. Lo que en verdad busca este planteo es descargar responsabilidades sobre los gobiernos provinciales para liberar recursos para el pago de deuda. Denunciamos que el plan de ajuste del macrismo se ha llevado a cabo con el apoyo de los gobernadores de todo signo político, incluyendo a la kirchnerista Alicia Kirchner. Las provincias suscribieron en 2017 un pacto fiscal por el que se comprometen a un fuerte ajuste en sus distritos. Partiendo del desconocimiento de la deuda externa, reclamamos la triplicación del presupuesto educativo y de salud, restableciendo sistemas únicos nacionales, que garanticen el mismo acceso a los servicios públicos en cualquier punto del país. Punto 9: el Indec “Asegurar un sistema de estadísticas transparente”, dice el noveno punto del acuerdo. Pero la única manera de lograrlo no está en el radar del gobierno. Frente a los atropellos de Guillermo Moreno y el kirchnerismo y las presiones del macrismo, desde el PO-FIT siempre hemos planteado que el Indec debe estar controlado por sus trabajadores. La estadística de la inflación nos interesa a los trabajadores en función de una escala móvil que garantice el salario mínimo igual a la canasta familiar. Punto 10: la deuda externa “Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”, propone el macrismo. Pero el pago de la deuda externa es incompatible con el desarrollo nacional: sólo en 2019, los vencimientos de deuda serán de 58.720 millones de dólares. En cinco años, el país deberá pagar 197.000 millones de dólares, incluida la deuda con el FMI. Rechazamos también las variantes de una “renegociación” que impulsan Lavagna, el Peronismo Federal y el kirchnerismo. Estas renegociaciones nos mantendrían bajo la tutela de los saqueadores, impidiendo cualquier posibilidad de un desarrollo nacional independiente. Planteamos la investigación y el no pago de la totalidad de la deuda, por ser usuraria y fraudulenta, y la ruptura del pacto colonial con el FMI y los acreedores internacionales. El ahorro nacional debe destinarse a resolver los grandes problemas nacionales. Los 10 puntos del pueblo trabajador Los diez puntos del Frente de Izquierda Los 10 puntos del macrismo-pejotismo y los planteos del Partido...

Transcurrido un mes de la caída de Omar al Bashir, el dictador de 30 años de Sudán, el pueblo no ha abandonado las calles. La tentativa de la cúpula de las fuerzas armadas -que asumió la conducción del país para apaciguar la furia popular y armar una transición ordenada- está haciendo agua. El intento inicial de conformar un gobierno militar fue rechazado por la población soliviantada. La experiencia de la primera oleada de la revolución árabe no ha pasado en vano. En especial, la huella de la revolución egipcia que expulsó a Mubarak del poder y que terminó siendo confiscada y estrangulada, llevando al gobierno a Al Sisi, el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, que sigue comandando al país hasta hoy. El presidente egipcio, que es también presidente de la Unión Africana (UA), mantiene fuertes lazos con los líderes del Consejo Militar de Transición, a cargo del gobierno de Sudán. Además, defendió a este régimen militar contra posibles sanciones de la UA. Existe un sentimiento fundado de desconfianza en el accionar de las Fuerzas Armadas. No olvidemos que los líderes militares que asumieron el poder pertenecieron al círculo íntimo del de Al Bashir y le soltaron la mano cuando la presión popular se hizo irresistible. Altos mandos militares son también propietarios de algunas de las minas -o sea que también defienden su parte en la rapiña. Esto ha obligado a la cúpula militar a iniciar negociaciones con la oposición, que acaba de presentar una propuesta dirigida a encontrar una salida a la crisis. Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, principal plataforma opositora, plantearon una transición mediante la formación de tres instituciones: un Ejecutivo, un Legislativo y un Consejo de Soberanía, que contaría con labores análogas a las de la Presidencia. Los tres órganos tendrían una operatividad de cuatro años. El Consejo de Soberanía sería el encargado de dirigir las Fuerzas Armadas. También sería el responsable de sancionar las leyes y designar a los gobernadores regionales. Con la complicidad opositora, estamos frente a un operativo dirigido a armar un relevo ordenado. La oposición -que reúne a un arco heterogéneo de fuerzas- ha renunciado a elecciones inmediatas y aboga, en cambio, por una transición gradual y consensuada que deje en pie el andamiaje dictatorial construido durante décadas por Al Bashir. El Frente por la Libertad y el Cambio, en definitiva, planteó un gobierno cívico militar. A pesar de ese acercamiento, el acuerdo parece trastabillar, porque no hay coincidencia entre las partes sobre la composición de las nuevas instituciones de gobierno. "Por el momento, ni los militares ni los opositores han concretado cómo será el reparto de cargos, hecho que se ha convertido en el principal punto de discordia, pues los militares piden que esté formado por diez miembros, de los cuales siete sean uniformados y los opositores que lo conformen 15 integrantes, de los cuales ocho sean civiles" (France 24, 2/5). El empantanamiento de las tratativas es un combustible adicional que alimenta la movilización popular. Miles de manifestantes volvieron a concentrarse el 2 de mayo para pedirle al Ejército que entregue el poder a una autoridad civil. Vienen de distintas partes del país y se han organizado para mantener la presión ante la sede del Ejército. Un multitud mantiene un acampe frente al cuartel general del Ejército, que se improvisó en los inicios del levantamiento popular. Soldados y hasta oficiales se unieron a los manifestantes, lo que estaría indicando también que las crisis está provocando grietas en el verticalismo e integridad de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, las demandas vienen radicalizándose y van mas allá de las que están negociando los políticos de la oposición. Rechazan el plazo de cuatro años en el que los militares prometen llamar a elecciones por considerarlo excesivo. Esto se potencia por el descontento generado por el empeoramiento de la situación económica del país, con alzas de los precios de los productos básicos y el combustible. No olvidemos que el detonante del actual levantamiento popular lo constituye el formidable incremento del precio del pan, que encendió la ira de la población. Esto va de la mano de los planes de ajuste que venía implementando el gobierno depuesto, recortando subsidios a los combustibles, alimentos y electricidad. La crisis mundial viene haciendo su trabajo implacable de topo. Sudán, dependiente del petróleo y la minería y, en menor medida, de la producción agrícola, no ha escapado a sus consecuencias, arrastrada por la caída de los precios de la materias primas, la fuga de capitales y devaluaciones que vienen haciendo estragos en los países emergentes. Encima, Sudán sufre las secuelas del conflicto que culminó con la secesión e independencia de Sudán del sur, donde se encuentra la mayor parte de los yacimientos petrolíferos y de gas, mientras que en la región del norte están las refinerías, la infraestructura y los puertos. El movimiento popular El primer y gran protagonista es la juventud. La población entre los 15 y 24 es la más numerosa en Africa y mayoritariamente sin empleo. Esto es un común denominador de lo que viene ocurriendo en los otros levantamientos populares, empezando por el de Argelia, donde los jóvenes son el principal motor de la protesta. Un lugar especial lo ocupan las mujeres, incluso conquistando un liderazgo. La estudiante sudanesa de arquitectura Alaa Salah, la “reina rubia”, es un símbolo de los manifestantes. La clase obrera no aparece con fisonomía propia. Aunque habría un proceso de reconstrucción de organizaciones sindicales, habrá que contar con una información más precisa, porque no se conoce, sino parcialmente, la existencia de un escenario de huelgas. Los sindicatos oficialistas están fuertemente integrados al aparato estatal, no han sacado los pies de plato y vienen ejerciendo una gran regimentación en los lugares de trabajo y concentraciones obreras. Es fundamental para el desarrollo de la revolución el desarrollo de iniciativas -plenarios, congresos- que vayan estructurando al movimiento obrero en forma independiente. Por ahora, la tutela política del movimiento la tiene esta oposición de carácter liberal, que tendría su base de apoyo en asociaciones de profesionales y que, como señalamos, busca un compromiso con los militares. En el campo de la izquierda, se destaca el Partido Comunista de Sudán, fuertemente implantado en el país, pero que no se aparta de este libreto opositor y viene actuando de furgón de cola de las negociaciones en curso. De todos modos, el proceso revolucionario abierto está lejos de cerrarse. La transición actual abre un período convulsivo que estará atravesado por crisis, sacudidas y la presión e iniciativa popular. En este escenario, pasa a ser clave la irrupción de la clase obrera en la crisis y la necesidad de ofrecer al movimiento popular un programa propio de salida, en oposición al recambio consensuado que está en marcha. Un programa de reivindicaciones transicionales dirigido a atender las necesidades apremiantes de la población y la reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales, unido a la lucha por una Constituyente libre y soberana, encargada de ejecutarlo, cobra enorme actualidad y puede convertirse en un motor para impulsar la protesta y promover un salto político del movimiento popular. Onda expansiva La envergadura de la rebelión en Sudán, unida a la persistencia del levantamiento en Argelia, configuran, sin exagerar, una segunda primavera árabe. El “efecto contagio” es muy grande. Ya lo está sintiendo Sudán del Sur, donde el régimen está soportando protestas crecientes y ha salido a reprimir, advirtiendo que no va permitir que se reproduzca en su país lo que viene ocurriendo en su vecino del norte. Sudán y Argelia pueden acelerar una desestabilización más general en el norte de Africa y Medio Oriente. Han puesto en guardia a Egipto, Arabia Saudita y Turquía, que temen por las repercusiones que pueden provocar en sus respectivos países. La onda expansiva se traslada a Europa: Francia ve con preocupación los acontecimientos en territorio africano, en primer lugar, de su ex colonia Argelia. No hay que olvidar que el 20% de la población del país galo, especialmente juvenil, proviene de las migraciones de Africa. Ello se entrecruza y puede terminar en una mezcla explosiva si se combina con el movimiento de los "chalecos amarillos" que está en desarrollo. Ni qué hablar que varias naciones africanas venían actuando como tapón a la inmigración hacia Europa. La segunda primavera árabe está en marcha y socava todos los equilibrios políticos previamente establecidos.

1- Fuera el régimen del FMI, abajo el pago de la usuraria deuda externa 2- No a los despidos, la precarización laboral y la reforma laboral. En defensa del salario y el trabajo 3- Abajo el ataque a las jubilaciones. No a la reforma previsional 4- Anulación de los tarifazos. Nacionalización del sistema enérgetico 5- Por el aborto legal, seguro y gratuito, por todos los reclamos de la mujer trabajadora 6- Por el derecho a la tierra y la vivienda 7- En defensa de la educación y la salud públicas 8- Abajo la represión, la criminalización de la protesta y el gatillo fácil 9- Contra el régimen corrupto de macristas, radicales, kirchneristas y pejotistas 10. Que la crisis la paguen los capitalistas. Por un gobierno de trabajadores. Por la unidad socialista de América Latina.

Este miércoles, la burocracia de la UOM atacó a trabajadores despedidos de Electrolux en Rosario. El carnereaje de la burocracia de la UOM contra las y los despedidos –que formó parte de un ataque concertado con el Ministerio Público Fiscal y la multinacional para levantar el piquete en puerta de planta– escaló en una golpiza contra trabajadores, estudiantes y militantes de izquierda que tuvieron que repeler los golpes de un grupo de lúmpenes a sueldo de Antonio Donello (Secretario General de la UOM Rosario y candidato a diputado del Movimiento Evita/PJ). En nombre de “defender los puestos de trabajo” arremetieron con piñas y patadas contra los únicos que verdaderamente están defendiendo esta causa. La burocracia metalúrgica ha decidido cerrar filas con el gobierno y la patronal extranjera, sin llamar a una asamblea de planta –que debiera hacerse con la presencia de los despedidos– ni ninguna instancia de deliberación colectiva para decidir el curso de resolución colectiva de este conflicto. Se arrogan la representación de los trabajadores en base al silenciamiento y el miedo que su propia política de complicidad con la patronal genera. Ellos mismos son los que arman la lista de despedidos. El intento de imputar a la lucha obrera el fallecimiento de un delegado de la UOM de otra empresa, que integraba la patota y sufrió un infarto, es una nueva maniobra deleznable de una burocracia podrida. Como está ampliamente registrado en las filmaciones de lo ocurrido, en ningún momento se interrumpió el paso de ninguna ambulancia para entrar o salir de la planta. Esto se trata de una mentira alevosa de la UOM que tiene como único objetivo encubrir su accionar patoteril y propatronal en el conflicto de Electrolux. Luego de que el Juez Postma rechazara desalojar mediante la represión la medida de protesta, actuó como fuerza paraestatal la patota de la UOM para terminar por la fuerza una lucha que no pudieron silenciar y regimentar como lo hacen habitualmente, mediante el terror al despido y las listas negras. La responsabilidad por la situación de violencia vivida en el portón durante el miércoles es pura y exclusivamente de la UOM que incluso invocó a reconocidos barrabravas. Hacemos responsable a Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad, a la fiscal Haurigot y al gobernador Lifschitz por la integridad y seguridad de los manifestantes, que ejercen su legítimo derecho a la protesta. La golpiza se produjo cuando se retiró la policía, dejando una zona liberada para el ataque. No a la criminalización de la protesta. Reincorporación de los despedidos. Por una nueva dirección en la UOM. Fuera Donello y sus patotas.

El tribunal de Caleta Olivia absolvió a los obreros petroleros Néstor Vibares, Martín Oñate y Jorge Armoa, injustamente acusados por “coacción agravada” y “entorpecimiento de la actividad económica”. Los tres compañeros fueron protagonistas de un reclamo gremial frente a la empresa Bacsa, en 2014, cuando integraban la comisión directiva del sindicato petrolero de Santa Cruz. La empresa, sin embargo, no se presentó como querellante de manera directa. El principal acusador de los trabajadores fue el representante del Estado, el fiscal Ariel Candia, del Juzgado de Instrucción de Las Heras, quien actuó en los hechos como representante de la patronal en el proceso. Se trata de una victoria significativa contra la política de criminalización de la protesta de los gobiernos K de la provincia. Más de un millar de trabajadores ocupados, desocupados y jubilados han sido sometidos a distintos procesos, incluyendo muchas veces la represión física, cárcel y vejaciones. Como antecedente, hay trabajadores petroleros condenados a prisión perpetua por el crimen del policía Sayago, ocurrido en 2006, en base a “testimonios” arrancados bajo tortura. Más recientemente, trabajadores y dirigentes de la CTA de la provincia, fueron procesados por una manifestación frente a la casa de la gobernadora de la que participaron en 2017. El juicio contra los tres compañeros fue seguido con vivo interés por los trabajadores y organizaciones de la provincia y de todo el país. Una movilización acompañó el juicio y el dictamen de la sentencia. Dirigentes nacionales como la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) y la secretaria general de AGD-UBA y representante de la Coordinadora Sindical Clasista, viajaron especialmente a la provincia para llevar su solidaridad a los compañeros. Este resultado es fruto de la movilización y de la labor de los defensores de Vibares, Oñate y Armoa, quienes desbarataron la farsa judicial montada por el fiscal. Un reconocimiento a todos ellos también. Vamos por el desprocesamiento de todos los luchadores. Abajo la represión.

En el deportivo Municipal de Avellaneda "Delfo Cabrera" se realizará, este 25 de mayo, el congreso de fundación de la juventud del Polo Obrero. Contará con la participación de más 2.000 jóvenes de todo el país. La formación de una fracción especial de la juventud del Polo viene madurando en las asambleas de una organización barrial que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. El Polo Obrero tiene una presencia verdaderamente nacional que se extiende de norte a sur y de este a oeste. Desde la ciudad más austral del mundo en Tierra del Fuego hasta las provincias limítrofes con Bolivia, como Salta y Jujuy, pasando por las de la cordillera mendocina y neuquina. El Polo Obrero tiene presencia en 19 de las 24 provincias que integran el territorio argentino. En las asambleas del Polo se organizan y luchan trabajadores de todas las generaciones y nacionalidades, hombres, mujeres, géneros y diversidades, adultos mayores y una enorme juventud que se ha curtido en las luchas populares de Maxi y Darío, Mariano Ferreyra, de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y de Luciano Arruga, que es la heredera de la juventud del Argentinazo, la rebelión popular que barrió con el gobierno del Macri de 2001 -es decir De la Rúa. La juventud del Polo viene peleando en los barrios por sus reivindicaciones y ha formado parte de las batallas centrales por trabajo genuino, por la apertura de los programas y por los alimentos para los comedores populares, muchos fueron parte de los cordones de seguridad que bancaron la parada frente a la represión de Macri y Bullrich en Constitución en diciembre pasado y nuevamente el 4 de abril en el acampe de la 9 de Julio. Muchos se organizaron y financiaron su viaje al curso de la UJS en la costa con actividades deportivas y fiestas. Más de 50 se incorporaron a la Unión de Juventudes por el Socialismo. Son estudiantes, laburantes precarizados, changarines y desocupados/as, son los hijos de los trabajadores y de militantes del Polo, que vienen de años de luchas contra los De la Rúa, en el Argentinazo, los Kirchner y Macri, todos gobiernos patronales que han dejado sin futuro a la juventud. Desafíos La conformación de la juventud del Polo Obrero tiene enormes desafíos por delante, reivindicaciones enormes y fundamentales: el derecho a estudiar, a la salud pública y gratuita, al trabajo genuino con salarios que permitan el desarrollo de cada persona, con educación sexual y científica, libre de toda tutela clerical, por anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir, espacios en los barrios para desarrollar sus capacidades artísticas, culturales, deportivas e intelectuales, todas necesidades elementales que los gobiernos sometidos al pago de la deuda usuraria no garantizan. Se trata de una juventud que debe ser políticamente independiente de los partidos patronales que aplican el ajuste contra las masas laboriosas, que enfrentamos todos los días en la calle y que debe discutir una salida a la bancarrota capitalista en unidad con la clase obrera, una salida política para acabar con este sistema de opresión como condición para su libertad y desarrollo. El Congreso de fundación de la juventud del Polo Obrero recogerá las banderas de la juventud piquetera, de la que lucha en las calles junto a la clase obrera, como en AGR, en Pepsico, en Siam, en Interpack y en el enorme piquete del Sutna en marzo pasado, que quebró el intento de la patronal de Fate de despedir a más de 400 trabajadores. En Avellaneda, el próximo 25 de mayo, se pondrá en pie una juventud que ya viene peleando en los barrios más castigados por el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores. Votará su programa, sus consignas, un plan de lucha y erigirá su dirección nacional. El Polo Obrero elegirá sus delegados en las próximas semanas en asambleas especiales de jóvenes para concurrir masivamente desde todo el país.

La burocracia sindical de la CGT decide en estas horas si concurrir al diálogo presidencial alrededor de los 10 puntos de "unidad nacional" ratificados por todo el arco capitalista, desde la Iglesia hasta el Grupo de los 6, que reúne al conjunto de las cámaras patronales argentinas. Miguel Pichetto le gestionó un lugarcito a la CGT en el operativo. Mientras tanto, Daer y Acuña esparcen rumores de posibles paros que nunca llegan. El allanamiento a Camioneros El cinematográfico allanamiento que militarizó la sede de Camioneros y a su obra social por las acusaciones contra Hugo y Pablo Moyano como líderes de una asociación ilícita en Independiente llegó, sospechosamente, pocos días después del paro del paro del 30 de abril. Claramente, es un apriete en la línea de las conciliaciones obligatorias que aplicaron contra algunos gremios para evitar su adhesión. Los Moyano y todo el bloque de la burocracia sindical kirchnerista del 21F respondieron con palabras altisonantes, pero evitaron convocar al movimiento obrero a movilizarse para defender el derecho de organización, de huelga y de lucha. No salen de la orientación de “regular” la protesta hasta octubre que definió el kirchnerismo para no favorecer a los partidarios del Plan V (sustituir la candidatura de Macri por María Eugenia Vidal). El paro del 30 de abril, de Moyano y las CTA, fue ultrarestringido por los mismos convocantes. Pero, además, evitó cualquier planteo de salida a los reclamos obreros y de continuidad de la lucha. La burocracia deja pasar todo La viga principal que sostiene esta política sigue siendo la burocracia sindical, tanto la de la CGT, que lo hace groseramente, como el moyanismo y las CTA, que canalizan la bronca popular -con mucha verborragia y algunas acciones aisladas- hacia la salida electoral de un lejano octubre. Mientras, los despidos continúan al ritmo del desplome industrial que, según estadísticas oficiales, “registró en marzo de este año una caída del 13,4% interanual y acumuló el undécimo mes consecutivo de contracción”: Electrolux, Loma Negra, Longvie, Arcor… la lista es interminable. La otra pata del colaboracionismo de la burocracia son las paritarias. Los docentes bonaerenses cobrarán desde el 8 de mayo un salario que estará por debajo de la línea de pobreza (25 mil pesos) con 24 años de antigüedad. Al partir de salarios paupérrimos, la cláusula gatillo trucha firmada por Baradel (además trimestral y no acumulativa) cristaliza los sueldos de pobreza. Es el modelo de acuerdo repetido, con matices, por Comercio, UPCN, Bancarios… que no recuperan la pérdida de 2018 y “actualizan” durante 2019 por ajustes cada tres o seis meses, colocando el ingreso a la saga de la inflación. Por último, la degradación constante de las condiciones de trabajo, los aumentos de ritmos de producción y la precarización laboral crecen en toda la industria a pasos agigantados. En el caso de los petroleros ya se ha cobrado la vida de ocho compañeros en 15 meses en Vaca Muerta. Derrotarlos ahora es de vida o muerte como se ve. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, integrante del Plenario del Sindicalismo Combativo y del FIT, levanta un programa antagónico a los 10 puntos de Macri y el FMI. Para avanzar en este camino, planteamos la realización de un Congreso de delegados mandatados por la base de todos los sindicatos y la resolución de un plan de lucha con continuidad que comience con un paro de 36 horas hasta la huelga general.

Los despidos en Dánica (33 en Llavallol y 30 en San Luis), y la amenaza de cierre en Viluco (Santiago del Estero), donde peligran 200 puestos de trabajo, tienen por respuesta una firme acción de lucha de los trabajadores que acampan en los portones manteniendo bloqueos. El Grupo Beltrán, con su reciente adquisición de ambas plantas de Dánica, avanzó con estos despidos luego de intentar imponer rebajas salariales y ataques a las condiciones de trabajo, que fueron rechazados por la asamblea de base hace dos meses, en el caso de la planta de Llavallol. La primera audiencia en el Ministerio de Trabajo en La Plata fue la confirmación de la intransigencia patronal, que en los hechos desconoce la conciliación obligatoria al no permitir el ingreso de los trabajadores. La patronal dio un paso más presentando un Proceso Preventivo de Crisis, con el objetivo de poder realizar despidos pagando la indemnización al 50%. El paro total de actividades, acampe y bloqueo de los portones fue ratificado por la asamblea, y lleva diez días. La empresa está siendo fuertemente afectada, según señalan los trabajadores, ya que no pueden retirar el stock acumulado en las cámaras de la planta de Llavallol. Por su parte, la empresa Viluco (biodiésel) también ha presentado un Preventivo de Crisis, como lo hacen centenares de empresas para extorsionar a los trabajadores con el objetivo de despedir, rebajar salarios y empeorar condiciones de trabajo. Para que no haya otro Nidera: plan de lucha aceitero ya La extensión en el tiempo de estos conflictos sin una respuesta del conjunto de los sindicatos aceiteros que integran la Federación, es cederle terreno a la ofensiva patronal. El reciente cierre de Nidera ha dejado como conclusión fundamental que el aislamiento del conflicto durante dos meses significó la destrucción de los 200 puestos de trabajo, una derrota que duele más por la parálisis de la Federación que decidió no dar la lucha. Esta misma línea se verifica en el contenido político que le han dado al paro del 30 de abril, Moyano y el Frente Sindical para el Modelo Nacional que la Federación integra, que no ha sido el comienzo de un plan de lucha para enfrentar los despidos y ataques patronales y del gobierno Macri, sino un acto con fines electorales, puntualmente tributando al retorno de Cristina Kirchner. La firme lucha que están dando los trabajadores aceiteros de Dánica, Viluco y otras plantas en conflicto requiere de un plan de acción contundente, discutido en asamblea de fábrica, y resuelto en un plenario nacional de delegados con mandato de base, que parta de un inmediato paro nacional. Un plan de acción de la Federación no será sólo una expresión de solidaridad con los aceiteros en lucha, sino la respuesta del conjunto de los trabajadores aceiteros frente a una avanzada de las mayores empresas que despiden masivamente o cierran como ha sido en Cargill, Bunge y Nidera-Cofco, y que intentan aplicar la reforma laboral lugar por lugar afectando el salario y las condiciones de trabajo conquistados con grandes luchas. Sobre esta base, partiendo de una exigencia a la Federación Aceitera de acciones nacionales y contra el aislamiento de los conflictos, está planteada la ocupación de cada fábrica aceitera que despida masivamente para romper la intransigencia de las patronales.

Las muertes de Cristian Baeza y Maximiliano Zappia -los operarios de Pecom que trabajaban en Fortín de Piedra, el área estrella de Tecpetrol- han provocado una enorme conmoción. La muerte de estos dos jóvenes petroleros se suman a otras seis que han tenido lugar en los últimos 15 meses. Fue con la plena implementación de la adenda flexibilizadora del Convenio Colectivo de Trabajo que se incrementaron los accidentes laborales y las muertes obreras. Fue un proceso que anticipamos, muy claramente, en Prensa Obrera en enero de 2017. Más tarde, se supo que la dirección del Sindicato petrolero entregó el convenio a cambio de que el Ministerio de Trabajo le habilitara la primera ART sindical de América Latina. Junto a la flexibilización, se impuso un régimen en el que las empresas aprietan a los técnicos encargados de la seguridad e higiene para que hagan la vista gorda, en función de nunca parar la producción. Luego, una vez que los anunciados accidentes se producen, los técnicos de seguridad son echados por las mismas empresas, oficiando de fusibles. Ahora, las empresas, el gobierno y la dirección del sindicato intentan desligarse de sus propias responsabilidades y cargarlas sobre los trabajadores. Las autoridades de Tecpetrol, por ejemplo, afirman que se trata de “un hecho inexplicable debido a que Baeza no tenía tareas asignadas a ese sector y se desconocen los motivos por los cuales se encontraba circulando por ese sector”. Por su parte, el dirigente del sindicato, Guillermo Pereyra, dijo que se investiga desde el gremio “por qué ocurrió (el accidente) cuando es una planta moderna que prácticamente no hace falta transitar porque está todo monitoreado desde las cabinas”, abonando la versión de la empresa. El sindicato, responsable de la entrega del convenio, viene de cerrar una paritaria en la cual el tema inseguridad laboral estuvo completamente ausente. Eso, a pesar de que se habían sucedido seis muertes obreras en un poco más de un año. La tibia reactivación de Vaca Muerta, que hace unos días Macri y el gobernador neuquino Gutiérrez festejaron desde el área Loma Campana, se logró no sólo al costo de la dolarización de las tarifas, sino también de numerosas vidas obreras. En oposición a toda esta propaganda podrida de las empresas y de la dirección del sindicato, la familia del obrero fallecido Cristian Baeza ha realizado declaraciones esclarecedoras. En un comunicado, la familia afirmó que Cristian “fue víctima de desidia y negligencia, que mal que les pese, sabemos que existe en buena parte de las operadoras y plantas. (…) Cristian terminó dentro de un tanque rudimentario. Sin protecciones, señalizaciones, ni elementos que evitarán este mortal accidente. No había máscaras de oxígeno cerca, sin una escalera interna, sin elementos de rescate a mano”. El padre de Cristian, en declaraciones radiales, refiriéndose a la relación entre el Sindicato y las empresas declaró: “no entiendo por qué hacen esto cuando deberían ser dos poderes opuestos”. Se debe hacer justicia por Cristian y Maxi y todos los compañeros muertos por la inseguridad laboral. Como nunca se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar asambleas por empresa en las que se voten comités obreros de seguridad e higiene con poder de paralización de maniobras. Es necesario también, organizar la lucha por la anulación de la adenda flexibilizadora del CCT y el cambio de diagrama, para pasar del 2x1 al 1x1 sin reducción salarial.

Romina Del Plá, candidata en la fórmula presidencial por el Frente de Izquierda, visitó la ciudad de Córdoba, el pasado martes, para reforzar la campaña de cara a las elecciones provinciales y municipales que tendrán lugar el próximo domingo. Luego de una importante gira mediática, Romina participó también de una actividad de agitación sobre la fábrica Renault, junto a la militancia del Partido Obrero de Villa El Libertador y terminó la jornada en el “pañuelazo” por el aborto legal, convocado por la asamblea #NiUnaMenos, junto a una columna del Plenario de Trabajadoras y de la agrupación LGBTI 1969. Durante toda la jornada se destacó nuestra denuncia contra Juan Schiaretti, como un hombre clave para continuar los planes del FMI, que hemos resumido en la consigna “si votás a Schiaretti, te sale un Macri”. La jornada fue la expresión de toda una campaña obrera y socialista que hemos desplegado y que ahora entra en una recta final. Hemos defendido para las elecciones un programa de salida para la clase trabajadora, planteando la prohibición de despidos, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el banco de tierras, contra la depredación ambiental, por los derechos de las mujeres y las disidencias, entre otras reivindicaciones vitales. Lo hemos hecho con una destacada agitación en las calles, los medios y las redes sociales, así como también en una campaña mano a mano en los lugares de trabajo y los barrios. Por eso ha sido muy importante en la campaña el reagrupamiento de trabajadores logrado, que ahora tiene que dar lugar a un reclutamiento militante. Es de resaltar que nuestra listas están encabezadas por muy importantes referentes de la lucha en Córdoba, empezando por Soledad Díaz García, del PdT y la #NiUnaMenos, candidata a primera legisladora; y Cintia Frencia, dirigente docente y de la Coordinadora Sindical Clasista, a concejal. En los últimas horas nos esforzaremos para seguir peleando el voto del electorado popular. Hay una gran parte que todavía no definió su voto y que incluso lo va a resolver el mismo día de la elección. Somos conscientes que enfrentamos un fraude político armado por los partidos patronales, toda vez que Schiaretti, el más macrista de todos, realizó una campaña electoral de tono “opositor”, cargando las tintas de la grave situación social en el gobierno nacional y que, a su vez, el kirchnerismo lo llama a votar para enfrentar supuestamente al macrismo. La burguesía en Córdoba pilotea, mediante Schiaretti, una de las variables del operativo de construir un relevo a Mauricio Macri. La única fuerza opuesta a los candidatos del FMI de Schiaretti, Mario Negri y Ramón Mestre es el Frente de Izquierda, por eso concentramos el llamado a votar por más legisladores del FIT y el ingreso por primera vez al Concejo Deliberante de la capital; bancadas que serán un puntal en la lucha que se viene frente al colapso político y social al cual nos llevan Schiaretti y Macri, y todo el régimen capitalista. El otro esfuerzo importante en la recta final está direccionado a la fiscalización, es decir a la defensa del voto conquistado por medio de una movilización política, que enfrente el aparato del Estado y el despliegue punteril y millonario de los gobiernos nacional y provincial. Partimos de una base importante lograda en la lucha de los últimos tiempos y que se refiere a las y los trabajadores de Luz y Fuerza, de los docentes que han comenzado a discutir la unidad para recuperar UEPC, de municipales de Jesús María, entre otros; de más de treinta barriadas organizadas con el Polo Obrero; del movimiento de mujeres y de la juventud; del movimiento ambientalista; de los reagrupamientos alcanzados en el interior, como fue el caso de Calamuchita, donde obtuvimos el 7,5% de los votos. Tenemos como objetivo organizar más 1.200 fiscales en toda la provincia. El próximo domingo, en el primer desafío electoral del año en la provincia, vamos por más Frente de Izquierda para levantar una fuerza política de las y los trabajadores, en Córdoba y en todo el país.

La expectativa de una distensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, luego de la reunión que sostuvieran Xi Jinping y Trump en el cierre del G20 en Buenos Aires, parece haber llegado definitivamente a su fin. A través de Twitter, Donald Trump anunció la intención de levantar los aranceles del 10 al 25% para un conjunto de importaciones de China por unos 200.000 millones de dólares anuales. Trump amenazó incluso con extender esa medida al conjunto de las compras americanas a China, hasta un total de 525.000 millones. La escalada arancelaria de Trump había comenzado hace unos diez meses, dando lugar a la consiguiente represalia china. Luego de la cumbre en Buenos Aires, Pekín llevó adelante algunos gestos de “buena voluntad”, facilitando la importación de soja y automóviles de Estados Unidos. En estos días, una misión china debía viajar a ese país para continuar las discusiones comerciales. Pero el golpe de mano de Trump, a pesar de estas concesiones, demuestra algo que venimos señalando desde Prensa Obrera, a saber, que la escalada entre el imperialismo yanqui y china supera a la cuestión arancelaria. Detrás de la escalada de Trump está el objetivo estratégico de dominar los resortes del proceso de restauración capitalista en la potencia asiática, a expensas del propio Estado restauracionista. En la agenda de esta recolonización económica se encuentra la implantación plena de los derechos de propiedad sobre el conocimiento (patentes), y colocarle un límite a las industrias de “alta tecnología” que se han desarrollado en aquel mercado. En esta puja, la burocracia china defiende su papel de árbitro de la restauración del capital, en un escenario agravado por la desaceleración económica y una sobreinversión manifiesta. Del lado de Trump, la presión renovada sobre China traduce el impasse de su propio programa económico, donde la inyección fabulosa de estímulos fiscales ha tenido un magro resultado en términos de relanzamiento industrial. En definitiva, este choque comercial traduce “Un impasse histórico de conjunto (…) y plantea una reorganización social y política de ambos contendientes. La consideración vale para la economía y la política mundiales en su conjunto” (Jorge Altamira, “Un 2019 que se las trae”, EDM N° 53). Los mercados han tomado nota del alcance general de este choque “comercial”, con una caída generalizada de las principales bolsas del mundo. El retroceso de las bolsas asiáticas en la jornada del pasado lunes fue el más importante del último trienio. Pero también cayeron las bolsas europeas e incluso la del que “hizo punta” en la escalada, o sea, Wall Street. Y por casa… El cimbronazo mundial sacudió también a la Argentina, y echó por tierra la pretensión de que la mano del “amigo americano” -FMI mediante- contribuiría a que el macrismo atraviese con vida una transición signada por su derrumbe político y económico. Pero al informar sobre el nuevo aumento del dólar, producido este lunes, un columnista de Clarín señaló que el “escenario se revierte por culpa del amigo Donald Trump”. Al cabo de esa jornada, el dólar volvía a trepar a los 46 pesos. La decisión oficial de ocultar las ventas diarias de reservas internacionales -una medida que refuerza el manejo conspirativo del Banco Central- impidió saber a cuánto llegó efectivamente el remate de divisas para frenar una suba mayor. El macrismo, en definitiva, vuelve a quedar bajo el fuego cruzado de la crisis capitalista mundial, y no sólo por la reanudación de la fuga de capitales. En estas horas, la soja cruzaba el piso de los 300 dólares, y se hundía en los valores más bajos de los últimos años, como resultado también de la guerra comercial Estados Unidos-China. Los “amigos del mercado” y de Trump, en definitiva, soportan los rigores de la desintegración del mercado mundial, como lo revelan las guerras comerciales, el Brexit y el impasse de los propios regímenes continentales. La lucha por terminar con el régimen macrista, por medio de una acción histórica de los trabajadores, tiene como telón de fondo este escenario mundial de bancarrota del capital, que está dando lugar a una fase excepcional de luchas y manifestaciones de masas a escala mundial.