Prensa Obrera N° 1542

Los cambios en la situación política marchan al ritmo que le impone la dinámica cada vez más veloz de la crisis económica. La sostenida suba del dólar no logra ser detenida ni con una tasa de interés que volvió a niveles cercanos al 70%, ni con el compromiso del FMI de liberar 10.000 millones de dólares, habilitando al gobierno a usarlo para intervenir en el mercado de cambios. A esta altura de la crisis, nadie piensa que la modesta cifra de 60 millones de dólares diarios es suficiente para enfrentar una corrida cuyo potencial, si se suman todos los activos en pesos que están en el sistema financiero, ronda los 40.000 millones de dólares. Los dólares de la cosecha, que deberían ingresar en las próximas semanas, son una gran incógnita, porque es sabido que los exportadores tenderán a demorar la liquidación de las divisas especulando con una mayor devaluación. El pretendido dólar a 50 pesos implicaría lisa y llanamente la liquidación de Macri. La minicorrida hacia el dólar se conjuga con un derrumbe de la producción y el consumo de proporciones enormes. Esta caída en picada se ve potenciada por una tasa de interés usuraria y por el retroceso del consumo, impuesto por la desvalorización del salario y las jubilaciones. La tendencia al defol de la Argentina abarca tanto al Estado como a grupos económicos de peso. Ahora mismo, Molinos Cañuelas está en un proceso de reestructuración de su deuda millonaria, que alcanza los 1.300 millones de dólares, que implica una pulseada con los grandes bancos. El salvataje mediante un crédito impagable del Banco Nación a la molinera es una echada de lastre ante el derrumbe industrial, al igual que otros paliativos crediticios a las Pymes, que son aspirinas para el cáncer, al tiempo que agrava una situación de quebranto del propio banco. Los recursos preventivos de crisis presentados por la clase capitalista se multiplican, alcanzando el ritmo de uno cada dos días. Mediante estos recursos, la clase capitalista busca descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. División El ritmo que va tomando la marcha de la bancarrota económica acelera también los desplazamientos políticos. Progresivamente, el gobierno de Macri va perdiendo el respaldo de más grupos empresariales, ya sea porque piensan que pierde en las elecciones de octubre y debe estructurarse un recambio o porque temen que gane y que se profundice la actual política económica. El desplazamiento tiene su centro en la llamada burguesía industrial, pero de ningún modo se limita a ella. La entrevista realizada hace una semana atrás a los integrantes de la Mesa de Enlace de la época del conflicto por la Resolución 125 fue categórica. Varios de los representantes del capital agrario le bajaron el pulgar al gobierno. Estos desplazamientos políticos en busca de un recambio son el eje hoy de la política burguesa en la Argentina. El pelotón para encabezar ese viraje tiene en la pole position a Roberto Lavagna, que cuenta con mayores reconocimientos de varios grupos empresariales. Las acciones en alza del ex ministro de Duhalde y Néstor Kirchner se explican por un motivo: en un país que está en estado de pre-defol, su principal mérito es haber encabezado en el pasado una reestructuración de deuda. Implícitamente, la atracción de la candidatura de Lavagna es el reconocimiento de que la deuda pública argentina es impagable y que se impondrá una reestructuración, tanto con los capitalistas como con el FMI. La renegociación llevada adelante por Lavagna bajo el kirchnerismo dejó un buen recuerdo entre los capitalistas, ya que rescató una deuda desvalorizada por el defol y emitió además un cupón PBI que redujo significativamente la quita que se publicitaba. Las condiciones actuales, sin embargo, son bien distintas, pues se pretende renegociar una deuda que, al no estar en defol, demandará de los banqueros condiciones todavía más leoninas. Aunque una parte de la clase capitalista presione para que se estructure este recambio vía Lavagna, el éxito de este operativo político está aún en cuestión. Los gobernadores del pejotismo siguen reclamándole a Lavagna que se presente a las Paso del Peronismo Federal, mientras el ex ministro de Economía lo rechaza, queriendo ser ungido como expresión de un frente de unidad nacional que incluya a sectores del radicalismo, el PS y la centroizquierda. Lavagna tiene, además, un problema adicional: le faltan votos. Parece un detalle menor, pero no lo es. En tanto la clase capitalista ha decidido gobernar por medios constitucionales, necesita refrendar sus decisiones por el electorado. En Brasil, la falta de votos inviabilizó la candidatura de José María Alkmim, que contaba sin embargo con el respaldo de la mayoría de la clase capitalista local y extranjera. Córdoba Esta presión por estructurar una salida a la bancarrota del macrismo alcanza también al kirchnerismo. Así debe entenderse su decisión de bajar intempestivamente su lista para las elecciones provinciales de Córdoba, hecho en nombre de asegurar el triunfo del peronismo contra Cambiemos. Todo el mundo sabe, sin embargo, que ese triunfo no estaba en cuestión, sobre todo luego de la división del radicalismo cordobés en dos listas. El apoyo a Schiaretti es paradigmático, pues se trata del más macrista de todos los gobernadores macristas del pejotismo. Al menos por lo que se conoce públicamente, el apoyo del kirchnerismo a Juan Schiaretti ha sido un acto unilateral, sin contraparte alguna por parte del pejotismo cordobés. No estamos ante un pacto, sino ante una capitulación. El electorado popular que pensaba votar a la lista K en contra de Schiaretti y Cambiemos tiene ahora como única alternativa al Frente de Izquierda, que debe asumir el desafío de ir a conquistar el voto de decenas de miles de trabajadores y jóvenes para sus listas. Una elección significativa del Frente de Izquierda en Córdoba tendrá con seguridad un impacto nacional. La capitulación cordobesa del kirchnerismo anticipa otras, pero difícilmente puede seguir el mismo modelo. Ocurre que para archivar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, el kirchnerismo requiere que sus candidatos, muchos acosados por causas judiciales, sean incorporados en las listas del peronismo. Duhalde ha ofrecido sus favores para armar esta componenda y cubrir con fueros la retirada ordenada de la tropa K. Sin embargo, Lavagna salió públicamente a rechazar estas conversaciones y negó toda posibilidad de acuerdo con el kirchnerismo. Lavagna teme que un acercamiento a Cristina Kirchner le reste apoyos de la burguesía y frene el proceso de ruptura con el gobierno. El macrismo, mientras tanto, jugará las pocas cartas que le quedan en el mazo para pelear por su continuidad. Ante el temor a un gran conflicto obrero en la estratégica zona norte del Gran Buenos Aires, el gobierno discute ceder a varias de las pretensiones del grupo Madannes-Quintanilla, otorgándoles subsidios y cupos a las importaciones para evitar despidos masivos en Fate. En estas condiciones, el armado de un recambio deberá atravesar varias crisis y su final es incierto. Al final del camino no se puede descartar que Lavagna decline su candidatura porque sus condiciones no fueron atendidas y que Cristina Kirchner sea finalmente candidata por defol; es decir, porque nadie quiso hacerse cargo de incorporar a su tropa a las listas del pejotismo. Las crisis políticas, justamente, se definen cuando lo que debe ocurrir no puede ocurrir y ocurre aquello que nadie quiere. El movimiento obrero El armado de este recambio también abarca a la burocracia sindical, cuyos miembros más emblemáticos aparecen entre los principales operadores de estos armados políticos. La información periodística da cuenta que el inefable Barrionuevo le ofreció al macrista de derecha Carlos Melconian ser el ministro de Economía de un gobierno de Lavagna. Melconian cuestiona al gobierno por ‘gradualista’ y milita entre los que pregonan un ajuste feroz en forma de shock. Como se ve, el único límite de la burocracia sindical son los trabajadores. Esta política es la que impera en la movilización del 4 de abril convocada por la CGT y que cuenta con el respaldo del moyanismo y los sindicatos K. El programa de la marcha desconoce los reclamos obreros contra los despidos, las suspensiones o la defensa del salario, y hace propio un rosario de reclamos patronales dirigidos al Estado, que finalmente deben financiar los trabajadores por medio de los impuestos. La movilización, en estas condiciones, puede transformarse en una farsa. Su recorrido, fijado de la Estación Once a la 9 de Julio, elude al poder político. No sólo no habrá paro, sino que tampoco habrá acto. Por miedo a que le roben el atril, la burocracia anticipó que el documento no será leído al finalizar la manifestación, sino que será subido a la página web de la CGT. Para los sindicatos independientes y clasistas, sumarse alegremente a esta manifestación sería un error inadmisible. Es necesario denunciar la maniobra y la tregua establecida con Macri, desnudar ante los trabajadores el contenido pro-patronal del programa levantado y oponerle la necesidad de un verdadero plan de lucha, que parta de un paro activo de 36 horas ya y un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. En ese sentido, apoyamos la convocatoria del Plenario Sindical Combativo (ver nota). Frente de Izquierda La agudización de la bancarrota económica y las maniobras para estructurar un recambio al macrismo involucrando a las organizaciones obreras, le plantea al Frente de Izquierda una gran batalla política de delimitación sobre la base de un programa de salida obrera a la crisis. Oponemos al programa de salvataje a la clase capitalista, un programa de salvataje de los trabajadores, que parta del reparto de las horas de trabajo para evitar despidos y suspensiones, la actualización mensual de los salarios y jubilaciones según el índice de inflación, la defensa de los convenios colectivos de trabajo y el rechazo a todas las cláusulas de flexibilidad laboral. A la reestructuración de la deuda que negocian los Lavagna, Massa o Cristina Kirchner, le oponemos el repudio a la deuda pública, la ruptura con el FMI y la nacionalización del sistema financiero. Sobre la base de este programa le reiteramos al Frente de Izquierda la necesidad de alcanzar de inmediato un acuerdo integral para potenciar la lucha por una salida de los trabajadores y la izquierda a la crisis. La capitulación cordobesa del kirchnerismo debe ser ampliamente denunciada entre los trabajadores y la juventud, para mostrar los límites insalvables del nacionalismo burgués y reforzar un bloque político independiente.

La derrota del gobierno y de la burocracia ante la docencia ha conmovido a todas las clases sociales en la provincia. Crece la agitación salarial en los municipios, muchos de los cuales ni siquiera han cobrado íntegros los aumentos del año pasado. Lo mismo ocurre en la salud y la administración centralizada. Los intendentes han dicho que no lo podrán pagar con sus recursos y el gobierno provincial tuvo que comprometer fondos extra para asistirlos. Las cámaras empresarias salieron a denunciar que el 37% en cuotas otorgado, al que se le agrega una cláusula gatillo trimestral, paralizará la obra pública y empujará hacia arriba las paritarias entre privados. Que, además, la derrota del gobierno haya sido ante una docencia que logró auto-convocarse después de cinco años de regimentación y sostener el paro más allá del boicot abierto de buena parte de los sindicatos, y más allá del arreglo que firmaron todas las burocracias, puso en estado deliberativo a todos los trabajadores. Los términos del arreglo salarial, en el mejor de los casos, cubrirán buena parte de la desvalorización del salario de este año, pero no recuperarán la del año pasado. Aún con estos límites constituyen un golpe a la política oficial. Es que el año pasado, el gobierno había logrado cancelar un déficit fiscal de 5.000 millones de pesos simplemente pagando salarios devaluados en un 18 a 20%. Ahora, al contrario, ha quedado planteada la posibilidad cierta de que el gobierno deba tomar créditos a tasas siderales y está bajo amenaza la ejecución de la obra pública. Para evitarlo, debería tomar medidas de excepción para forzar una recaudación extraordinaria, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario rural que se cobra sobre valores 40 veces más bajos que los del mercado. Pero claro que esto no va a ocurrir, porque la Alternativa Federal de Urtubey es la alternativa de los terratenientes y grandes grupos económicos que operan en las provincias y del ajuste contra los trabajadores. Durante el proceso de la huelga, con una intensidad inédita, se han multiplicado los ataques al PO con campañas de prensa y fake news (noticias falsas). Les preocupa que este desborde a la regimentación oficial culmine en un giro político de los trabajadores y también en la expulsión de la burocracia sindical en gremios clave como la Asociación Docente Provincial (ADP) , que han sido y son todavía, pilares del Estado. Todo esto ocurre a seis meses de las elecciones, en las que Urtubey no tiene reelección, mientras arde la disputa por el control del régimen político en la próxima etapa. Un golpe para controla el aparato judicial Estamos en las vísperas de un golpe judicial a pedido de Urtubey, como se ha vuelto tradición entre los jefes del régimen oligárquico que gobierna Salta desde hace 24 años. Ocurre en los meses finales de la gestión. Lo hizo Romero antes de irse en 2007 y lo hace Urtubey ahora. Se trata de armar un blindaje judicial manipulando la composición de la Corte de Justicia, para que siga una corte adicta cuando dejan el poder. Romero nombró a tres de los seis jueces antes de irse, ahora Urtubey manda el pliego del procurador general López Viñals, que le manejó los fiscales todos estos años en los que se garantizó impunidad a los funcionarios de este gobierno y del romerismo. Así han quedado impunes las denuncias por fraudes millonarios por operaciones con tierras para vivienda por parte del romerismo o el convenio vergonzoso por el que Urtubey perdonó -a valores de hoy- unos 900 millones de pesos a la familia Olmedo en el caso de la concesión, por décadas, de 150.000 hectáreas fiscales de Salta Forestal. Otras 150.000 hectáreas en poder del grupo Elsztain tampoco pagan un peso, con complicidad del gobierno Dando una vuelta de tuerca, la maniobra alcanza ahora a la tentativa de imponer mediante una Corte ad hoc de jueces ya jubilados, convocados al efecto, una modificación a la Constitución para darle mandato vitalicio a los actuales componentes de la Corte que hasta ahora tenían mandato por seis años. El procedimiento resulta anticonstitucional y ha generado críticas de parte del Colegio de Abogados, ya que es el propio Poder Judicial el que establece que el mandato de los jueces de Corte se prolonga hasta… la eternidad. Claro que aún en el caso de que logre armar este blindaje judicial podría correr la misma suerte de Macri, que colocó dos jueces del palo en la Corte Suprema ni bien asumió y, ahora, conforme pierde autoridad política, perdió el control de la Corte. También son numerosos los casos de jueces fieles a CFK, que ahora encabezan la cruzada por meterla presa. El Poder Judicial no puede sustraerse a las divisiones y crisis del régimen. A la larga, no hay blindaje que dure. El cuadro electoral: un régimen que busca eternizarse La todavía incierta candidatura presidencial de Urtubey es un factor de volatilidad de todo el cuadro electoral. Hasta el propio frente Alternativa Federal, que compuso con Massa y los gobernadores, podría naufragar si Lavagna se impone como el hombre del “consenso” obligado por las cámaras empresarias que, cada vez más, apuestan por su candidatura, encabezando un frente trasnversal que incorpore a sectores radicales y al “socialismo” de Santa Fe. La capacidad de arbitraje de Urtubey al interior del frente gobernante es cada vez menor. No hay un heredero oficial. El Banco Macro impulsa al jefe de gabinete Yarade, pero hay otros cuatro candidatos que son o han sido funcionarios del gobierno. El PJ oficial, que responde al presidente de la Cámara de Diputados, coquetea con un frente que alcance hasta el kirchnerismo de Leavy, quien también se anotó para la gobernación. Seguirían así la línea de CFK que acaba de bajar su candidato cordobés en favor del triunfo de Schiaretti, uno de los gobernadores más macristas. Del otro lado, el intendente Sáenz de la capital, muy alineado con el macrismo hasta hace poco, anunció junto al romerismo y a Olmedo que van por la gobernación. Por ahora, sin candidato a presidente. Se especula con combinaciones de todo tipo ya que se trata, en todos los casos, de actuales o ex funcionarios del régimen. Todos de ADN compatible en el cambalache de pases de un frente a otro. La UCR nuevamente tiende a atomizarse con fracciones que se van con Urtubey, con Sáenz o con el PRO. En este turno se eligen todos los cargos ejecutivos y legislativos de manera simultánea con las elecciones nacionales. En la provincia rige el sistema de voto electrónico por lo que las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre, suponen votar los cargos provinciales con voto electrónico y los nacionales en voto papel. Esto ya ocurrió en procesos anteriores. Es decir, chau voto electrónico, hola boleta sábana: la vuelta del régimen de los punteros y el fraude. No alcanza con manipular la Justicia sino que también se proponen modificar el sistema de votación. Tanto el PJ como el kirchnerismo van a la Legislatura a plantear que se apruebe una ley de excepción al uso del voto electrónico en este turno y la vuelta de la boleta sábana para que la candidatura presidencial arrastre al resto de los cargos. Pero la maniobra apunta, sobre todo, a obligar a Sáenz a optar por una candidatura presidencial, a sumarse a alternativa federal o exponerse como candidato macrista en una provincia en la que el ex presidente de Boca mide bastante menos del 20%. Si finalmente se vuelve al voto papel, Urtubey sumará otro chasco a su campaña, ya que ha hecho de la promoción del voto electrónico una de sus cartas de presentación en la campaña presidencial. A toda esta descomposición y a la tentativa continuista del régimen oligárquico, debemos oponerle una acción decisiva de los explotados para imponer una salida de los trabajadores y la izquierda, y un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, como defendemos desde el PO.

China ha registrado su tasa de crecimiento anual más reducida desde 1990. La economía creció un 6,6 por ciento el año pasado, con una tendencia descendente. En el cuarto trimestre se desaceleró a una tasa anual del 6,4 por ciento, el nivel más bajo desde los primeros meses del estallido de la crisis financiera de 2008. Las autoridades han resaltado las dificultades en el frente “externo”, como consecuencia de la disputa económica con Estados Unidos pero, sin embargo, es en la economía doméstica donde los signos declinantes son más visibles. La fabricación también se está comprimiendo. Algunas fábricas en Guangdong, en el corazón de la economía de exportación de China, han cerrado temporariamente, antes de lo habitual, en ocasión de los feriados de las fiestas fin año. Otros están suspendiendo las líneas de producción y reduciendo las horas de trabajo en medio de advertencias de que los migrantes pueden no tener trabajo. Las ventas minoristas han sufrido un descenso. Apple viene de anunciar, a principios de año, una demanda menor a la esperada para sus iPhones en China. China es el mercado automotor más grande del mundo y las ventas cayeron el año pasado por primera vez desde 1991, contrayéndose en un 4 por ciento. Esto ha creado una gigantesca capacidad ociosa, ya que las automotrices han realizado enormes inversiones, en primer lugar las multinacionales. China es capaz de fabricar 43 millones de coches; sin embargo, producirá menos de 29 millones. En este escenario, las ganancias de empresas industriales cayeron por primera vez en tres años. Hay evidencia de que la desaceleración puede ser más pronunciada de lo que indican las cifras oficiales. Hay consenso entre los analistas de que las estadísticas oficiales, en especial, en lo que se refiere a los datos de crecimiento, están infladas. Cartuchos mojados Un elemento que agrava la situación es que los estímulos promovidos por el gobierno para neutralizar el freno de la economía resultan cada vez más ineficaces. El Estado ha adoptado una serie de medidas fiscales y monetarias desde mediados de 2018, en un intento por frenar la desaceleración del crecimiento, pero todo indica que no han tenido el resultado esperado. Si bien el crédito se ha relajado, la medida no ha logrado levantar la inversión en activos fijos, que creció menos del 6 por ciento el año pasado, un descenso sensible comparado con el registrado en 2017. Según un análisis de Moody’s, el monto de la nueva inversión de capital necesaria para generar una unidad determinada de crecimiento del PBI se ha duplicado desde 2007. En otras palabras, la nueva inversión tiene menos impacto en la economía general, mientras que los niveles de deuda aumentan. Esta situación ha obligado a proyectar a la baja la cifra de crecimiento para 2019, que sería del 6 por ciento, aunque esta cifra está maquillada y el “aterrizaje” sería más importante. De las 20 provincias y municipalidades que han reportado sus objetivos de crecimiento para 2019 hasta el momento, 13 han recortado sus objetivos. Por otra parte, los márgenes de maniobra para revertir este cuadro se han vuelto cada vez más estrechos. La cúpula gobernante ha descartado cualquier retorno al tipo de paquete de estímulo masivo, basado en el gasto del gobierno y la expansión del crédito que siguió a la crisis de 2008-2009. Es que en la actualidad enfrenta una montaña de deuda que ha ido creciendo en forma exponencial. El ritmo de crecimiento de la deuda china ha sido más elevado en relación con la de cualquier otro país occidental y habría superando el 300 por ciento del PBI al final del año pasado. Este endeudamiento ha permito mantener a flote a un sector de la industria estatal -obsoleta y de baja productividad, golpeada por la crisis de sobreproducción mundial creciente-, aunque este salvataje se vuelve cada vez más insostenible. Por otro lado, ha creado una enorme burbuja financiera, con un crecimiento sideral de la especulación bursátil y, por sobre todo, inmobiliaria. En el presente hay 65 millones de apartamentos en China que están desocupados. La crisis de sobreproducción unida a este endeudamiento explosivo ha terminado por inviabilizar la política monetaria. El diario financiero The Wall Street Journal destaca que hay cada vez más reticencias de las instituciones financieras en su política crediticia a las empresas, tanto del sector público como privado. “Los bancos siguen prestando, pero a otras instituciones financieras y no a las empresas, que necesitan fondos y que son las que realmente hacen crecer la economía”. Este punto de inflexión de la economía china se da en medio de una desaceleración global, en momentos en que se anuncia un crecimiento anémico de Europa de apenas el 1 por ciento, encima sacudida por el Brexit que afectaría negativamente no sólo a Gran Bretaña sino a todo el continente. Esto coincide con un estancamiento de Japón y señales de un bajón de la economía norteamericana precedido ya, en 2018, por un desplome de Wall Street, todos síntomas que anticipan la entrada a un nueva recesión mundial. Esto potencia las tendencias a la guerra comercial y condiciona la posibilidad de una salida de China a través de su frente externo. El principal punto de conflicto en las negociaciones entre Washington y Pekín no es que China deba comprar más productos de Estados Unidos, lo cual Beijing lo ha aceptado. La exigencia principal de Estados Unidos es que China debe realizar cambios "estructurales" en su economía, incluido el fin de los subsidios estatales a las principales industrias, que según los Estados Unidos "distorsionan el mercado", y el reclamo de medidas contra el robo de propiedad intelectual y patentes. Esto pone en tela de juicio el ambicioso proyecto "Hecho en China 2015”, en que está empeñado el Estado asiático. Los líderes chinos pretenden salir del atolladero creciente apostando a producir bienes de mayor valor agregado, de alta gama y tecnología. Esto choca con los intereses estratégicos de Estados Unidos, que ve en el desarrollo industrial chino una amenaza a su dominio económico y militar mundial. La pretensión de Estados Unidos es confinar a China a una condición semicolonial. La perspectiva -que abrigaban sus promotores- de una restauración del capitalismo “pacífica”, que eludiera las garras del dominio imperialista, ha quedado sepultada por los acontecimientos. Clase obrera China ingresa a un fase más convulsiva de la restauración capitalista. Lejos de escapar al impacto de la crisis mundial, la está recibiendo de lleno. El gigante asiático ha incorporado a sus contradicciones internas, las más violentas aún de la economía mundial, lo que está abonando el terreno para una intervención de mayor amplitud de la clase obrera. Los conflictos laborales están aumentando a medida que el crecimiento económico se desinfla. Obreros en todo el país están organizando huelgas, exigiendo salarios no pagados. Choferes de taxi están rodeando oficinas gubernamentales para pedir un mejor trato. Se multiplican protestas a pequeña escala para combatir los esfuerzos de las empresas por reducir las retribuciones y recortar horarios de trabajo. El "Boletín Laboral de China", un portal que sigue la vida laboral del país, registró al menos 1.700 disputas laborales el año pasado, comparadas con las 1.200 del año anterior. Esas cifras representan sólo una fracción de los conflictos, puesto que muchas protestas y reclamos no son reportados. El dato es que está emergiendo un activismo fabril. Las autoridades han detenido a más de 150 personas desde agosto, incluyendo maestros de escuela, choferes de taxi, albañiles y estudiantes izquierdistas, que encabezan una campaña contra los abusos en las fábricas. El papel de árbitro y “moderador” que cumplían las autoridades en las disputas laborales se han vuelto menos efectivo y se está viendo sobrepasado por los acontecimientos. Al no haber sindicatos independientes, tribunales o medios noticiosos a los cuales recurrir, algunos trabajadores están optando por medidas extremas para solucionar las disputas. Pero, al mismo tiempo, lo llamativo es que empieza a aparecer el reclamo en algunos conflictos, en favor de la creación de sindicatos independientes. El gobierno ha salido al cruce, en especial contra un activismo en los campus universitarios, que alienta, entre otras cosas, una campaña para los derechos de los trabajadores encabezada por jóvenes comunistas en universidades de elite. “Los activistas han empleado las enseñanzas de Mao y Marx para argumentar que la adopción del capitalismo por parte de China ha explotado a los trabajadores” (The New York Times, 22/2). Los comentaristas coinciden que se trata de una reivindicación de la causa de la revolución social. Esto desmiente la tesis muchas veces ventilada de que la restauración capitalista y el relevo generacional han disuelto la conciencia histórica de la clase obrera. El gigante despierta. El proletariado chino está llamado a jugar un rol clave en la próxima etapa.

La estadística lo dice: el 31% de los argentinos no llega a la línea de pobreza. O sea que no cubre sus necesidades de alimentación, transporte, vestimenta o salud. Si se incluyeran los gastos de alquiler, esa cifra superaría el 40%. La escalada de suspensiones y despidos deja, todos los días, a nuevos compañeros sin sustento. Pero a esta altura, ¡no sólo son pobres los compañeros desocupados o precarizados! Es pobre, también, una parte importante de los trabajadores que cobran un salario en blanco. Como los docentes, que en 17 de las 24 provincias no llegan a la canasta de pobreza. La situación se agravará con los nuevos tarifazos en la luz y el gas, que llegan al 30%. Y, por supuesto, con la nueva devaluación que está en marcha. El dólar a 45 pesos implica más carestía en los alimentos y en toda la canasta familiar. Este es el régimen que han parido el macrismo y sus cómplices, el Pejota-kirchnerismo que gobierna numerosas provincias y que le ha votado más de cien leyes al gobierno. Entre ellas, las que garantizaron que el ahorro nacional alimente a los buitres de la deuda. Y que el bolsillo popular se banque, todo el tiempo, nuevos tarifazos. Este régimen de la pobreza tiene otro socio de hierro: la burocracia de los sindicatos, que mira para otro lado cuando cae el salario y arrecian los despidos. O pide rescatar a las patronales, en vez de plantarse en defensa de los trabajadores. Para enfrentar a la pobreza y sus gobiernos necesitamos poner de pie a la clase obrera y a sus organizaciones, para que la crisis la paguen los capitalistas. Ese camino -el de la lucha- es el que nos muestran los compañeros de Fate y el Sutna, las obreras de Textilana, los docentes de Salta, de Chaco, de La Rioja, de los Suteba combativos, los piqueteros del Polo Obrero, los universitarios de Conadu Histórica. Congreso de bases de todas las centrales y sindicatos, con delegados mandatados por la base. Inmediato paro activo nacional de 36 horas y plan de lucha, por un salario igual a la canasta familiar, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, ni una suspensión ni despido más. Anulación de los tarifazos. Terminemos con el régimen de la pobreza y el hundimiento nacional.

Sin lista opositora, las elecciones internas consagraron un nuevo mandato a la Lista Naranja por vigésimo año consecutivo. En las veinte elecciones “corrimos solos” varias veces y también tuvimos que lidiar con algunas oposiciones, directamente ligadas a la directiva del sindicato o más recostadas en la patronal. Todas fracasaron. El año pasado, el triunfo fue ajustado y había razones para creer que esta disputa sería más reñida aún, pero el conflicto reciente cambió nuevamente el escenario. En condiciones muy difíciles, con una planta muy reducida (producto fundamentalmente de jubilaciones y jubilaciones anticipadas) libramos la lucha más dura de cuantas hemos protagonizado en estas dos décadas: 63 días de acampe y 32 de ocupación, con movilizaciones, cortes y bloqueos. El resultado fue una derrota (“atenuada”, ya que no logramos reincorporar a los once despedidos, pero la mayoría sigue reclamando su reinstalación por vía judicial) que, sin embargo, alteró -al menos en lo inmediato- los planes de la patronal para desarticular la organización y “barrer” con el activismo y el convenio. Luego del conflicto, la empresa trasladó a un sector del plantel “residual” -el menos dispuesto a la lucha, ¡la base de la Verde!- a la planta 2, concentrando al activismo naranja. La medida sólo admite dos lecturas. Una, que está en marcha una reorganización de la producción “en una sola línea”. Sin poder apelar a la polifunción, bajar al mínimo el personal y los stocks, se podrían reducir costos. Esto es lo que sostiene la gerencia. La otra alternativa es el cierre más o menos inminente, que no se puede descartar en absoluto. Desde ya, que la situación es incierta y se inscribe además en el derrumbe general de la actividad. En cualquier caso, para acompañar los reclamos de reinstalación, resistir nuevos embates o incluso para pelear por la reubicación en Interpack 2, la defensa de la interna es un punto de apoyo fundamental.

El 4 de abril próximo, la CGT convoca una movilización después de más de seis meses de parálisis total, al punto que el Consejo Directivo no se reunía hace cuatro meses. Es sin paro, lo hace junto a tres agrupamientos patronales menores, pero patronales al fin, y con el lema “producción y trabajo”, típico planteamiento de la UIA. Héctor Daer, por otro lado, no se privó de inscribir la marcha en la unidad del PJ. Para rubricar el carácter de la movida, marchan de la Estación Once hasta la avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo, para no indigestar al Presidente con obreros en la Plaza de Mayo. Al llegar la cabecera no habría acto, sino lectura de un documento para evitar un efecto “7 de marzo 2017”, donde algunos enojados terminaron con el palco y el pupitre cegetista, que fue a parar a “mercado libre”. A la movida se sumaron, sin chistar demasiado, todos los sectores opositores de la burocracia sindical: Moyano, la Corriente Federal K y las dos CTA, Yasky y Godoy. No vaya a ser que alguien quede afuera de las listas de la “unidad opositora” en grado de tentativa, que tuvo su último y bochornoso capítulo con la baja de la lista cordobesa del yaskista Pablo Carro, para apoyar a Juan Schiaretti, por orden de Cristina. Indudablemente, no se han notificado del agravamiento de la carestía, de los movimientos devaluatorios que anuncian nuevos tarifazos y del desmantelamiento productivo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Qué pretende semejante esperpento del poderoso movimiento sindical argentino? El propósito es encubrir la entrega sistemática de las reivindicaciones obreras, tanto las salariales como las referidas a la ola impresionante de suspensiones, despidos, cierres y preventivos de crisis. Mientras tanto, se negocian por abajo algunos fondos de obras sociales, que son de los trabajadores, y se gestionan reivindicaciones patronales referidas a impuestos, créditos, regulaciones de importación, reembolsos, moratorias y otras demandas patronales. Claro, todas muy costosas, porque en cada mesa sectorial se entrega alguna cláusula o convenio entero, lo que no ha detenido los cierres como se expresa en la industria textil y hasta en la aceitera. Los grandes motores industriales, el sector automotriz y la construcción, sufren un parate sólo comparable a 2009, por ahora, y va camino a compararse con 2002, igual que la inflación. En materia de salarios se abrió camino a un desquicio importante. Luego de una resolución acordada el año pasado con el FMI de no permitir importes en negro en las paritarias, ahora directamente hay negociaciones enteramente en negro. Por ejemplo, el propio Estado ofrece a los docentes universitarios blanquear recién en abril los 10 puntos en negro del año pasado y compensar la pérdida de ese año con 19 puntos, todos en negro y en cómodas cuotas, sin fecha cierta de blanqueo. Con otros gremios se discuten -además de importes en negro- paritarias “cortas” y, en otros casos, cláusulas de costo de vida vencido, pero sin compensar la brutal pérdida del año pasado. El gobierno echa lastre ante el desbarranque inflacionario y la burocracia desquicia los salarios obreros sin lucha, sin movilizar y sin unir al rechazo a los despidos y suspensiones la cuestión salarial. Luchas obreras En este cuadro, sin embargo, por abajo aparecen puntos de ruptura que debemos levantar muy alto para extenderlos. Las obreras y obreros de Textilana en Mar del Plata fueron a la huelga e impusieron un aumento fabril de 2.500 pesos por quincena, que es más de un 30% de lo que ganan, al tiempo que diversas limitaciones a la superexplotación patronal en planta. Mientras Ctera cortó en seco la lucha después del paro del no inicio, en Salta una huelga impuesta desde abajo por la docencia arrancó un 38%, en Chaco se produjo un movimiento similar y en La Rioja se acaban de movilizar 5.000 docentes con los mismos reclamos. El Suteba Matanza, contra la parálisis de Baradel y el Frente Gremial, ha resuelto en asamblea parar el 4 de abril. La Conadu Histórica está en una huelga de cinco días en demanda del 50% para 2019, ante la defección de la Conadu K, que sólo parará un día, el 4 de abril. El combativo sindicato local de la Alimentación de la pesca en Puerto Deseado impuso un 40% en dos cuotas para 2019, con la fuerza de un gran movimiento que hicieron en el pasado. Los obreros de Fate están escribiendo un capítulo fundamental que puede alterar el derrotero de la ola de cierres, preventivos, despidos y suspensiones en la zona norte (ahora hay PPC en la Línea 60 por 250 despidos, y suspendieron el 40% de Lear, además de las suspensiones automotrices). Con el Sutna a la cabeza, han concretado media docena de movilizaciones, la última al Ministerio de Tigre, un festival masivo y, por sobre todo, una asamblea general de 1.200 obreros que plantó bandera para las máximas medidas, que no excluyen la ocupación de fábrica si tocan a un compañero de los 437 despidos anunciados. En el Sarmiento, los compañeros pararon durante ocho horas por una muerte laboral y los petroleros neuquinos lo hicieron por 24 horas por el mismo motivo. Consignas Basados en estas reservas de lucha, el clasismo del Plenario Sindical Combativo debate movilizar por separado el 4 de abril con las consignas “Que la crisis la paguen las patronales, abajo el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores, paro activo de 36 horas”. Nuestro programa es el salario equivalente a la canasta familiar y la actualización por inflación, el 82% móvil, el reparto de horas sin afectar el salario para poner fin a los despidos y la ocupación de las fábricas que cierran. Con estas consignas, y en unidad con el movimiento piquetero combativo y sus reivindicaciones acuciantes, hay que dirigirse a la Plaza de Mayo, que evita toda la burocracia sindical para no enfrentar a Macri y a todo el régimen de socios del FMI. Y allí hacer un acto marcando una perspectiva de lucha y de independencia política de clase a todo el movimiento obrero.

Al cierre de estas líneas, el dólar tocaba los 45 pesos, a pesar de que las tasas de interés regresaron al 67% para las Leliq, que operan como tasa de referencia. El nuevo acuerdo con el FMI para vender hasta 60 millones de dólares diarios a partir del 15 de abril no calmó las aguas. Es que existe la friolera de 50 mil millones de dólares entre depósitos a plazo fijo y a la vista en pesos que podrían “cambiar de cartera” a la moneda norteamericana ante la incertidumbre económica y electoral, íntimamente asociadas una a la otra. Por otro lado, el capital agrario librado a su arbitrio, está reteniendo la cosecha a la espera de más suba, algo que anticipó la queja de la vieja Mesa de Enlace. Existe también una parte del capital industrial que pretende un dólar de 50 pesos. Hasta esa cifra, el Central no puede vender porque ése es hoy el techo de la banda pactada con el FMI. Una ola de devaluaciones en los mercados emergentes como consecuencia del agravamiento mundial de las tendencias recesivas impacta de manera explosiva en la Argentina. Los depósitos en dólares son de 30 mil millones de dólares, mientras las reservas líquidas no llegan a esa suma, sin contar el potencial de pase de pesos a dólares que señalamos más arriba. Los 9.600 millones de dólares habilitados por el FMI para afrontar una posible corrida resultan a la vista insuficientes, lo que ha llevado al fracaso el plan “llegar”, que pretendía bajar progresivamente las tasas de interés para movilizar en parte una economía paralizada cuando se acercan vertiginosamente los plazos electorales. Por eso, al riesgo Cristina se ha sumado el riesgo Macri y la suma de los dos arroja 750 puntos, lo que hace al endeudamiento argentino uno de los más caros del mundo. El propio Banco Nación apeló en estos días a un préstamo de emergencia de la Anses para munirse de fondos. La quiebra nacional se extiende a todos los pliegues del Estado y del capital, porque se incrementan todos los días no sólo los recursos preventivos de crisis sino también las convocatorias de acreedores de reputadas empresas y grupos económicos. En otra punta, los bancos registran ganancias siderales, como la de 5.300 millones de dólares del Banco Macro en el primer trimestre. Al punto tal que Clarín reveló que Sandleris, el presidente del Central, le pidió en reunión reservada a los banqueros que oculten sus fabulosas ganancias. Estos le contestaron con una preocupación: si se presentan los ahorristas a buscar los plazos fijos no tenemos pesos sino bonos Leliq, lo que en criollo se llama crisis bancaria. La espiral del dólar acompaña la espiral inflacionaria que superará el 10% en el primer trimestre, y se sabe, el aumento del dólar va a los combustibles (ya se prevé 2,8% de incremento) y a las tarifas (el gas trepará 35%). La tentativa macrista se hunde irremediablemente. Y con ella la condición de vida de las masas. La pobreza ha saltado al 32% y abarca no sólo a millones de desocupados sino a millones de asalariados y jubilados. En vistas de este cuadro, un sector de la clase capitalista conspira para armar un giro con vistas a las elecciones: renegociar la deuda, el plan de ajuste del FMI y redistribuir subsidios para rescatar de la quiebra al propio capital. Pero la deuda pública asciende al 86% del PBI sin contar la deuda del Central y la de las provincias, con las cuales llega holgadamente al 100%. Las salidas políticas y económicas chocarán con obstáculos insalvables, pasarán por crisis y convulsiones. El Frente de Izquierda tiene que desenvolver, en el terreno de la lucha de clases y de las elecciones en presencia, un programa de los trabajadores de salida a la crisis basado en la ruptura con el FMI, la investigación y repudio de la deuda, la nacionalización de la banca y los recursos energéticos y estratégicos, el monopolio estatal del comercio exterior, impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas, y la reposición de aportes patronales a la Anses, la nacionalización de los puertos, la apertura de libros de todas las empresas involucradas en la corrupción, el control obrero de la producción, el reparto de horas disponibles entre todos los trabajadores sin afectar el salario, y remuneraciones y jubilaciones mínimas equivalentes a las respectivas canastas familiares.

La tercera reunión paritaria durante 2019 ha consistido en una propuesta que hunde el sueldo docente aún más por debajo de la línea de pobreza. La propuesta de Vidal y sus funcionarios establece un “aumento” de 8,1% para julio con respecto al básico de diciembre 2017, que era de 4.916 pesos. Y anula el 7,5% faltante respecto del desfasaje por inflación de 2018, con un blanqueo de cifras en marzo y julio que ya se cobraban en uno de los ítems fuera del básico. La meneada “cláusula gatillo” trimestral es lo que presentan como incremento. Correr tres meses por detrás de la inflación pasada es para Vidal un “incremento”, cuando el valor del sueldo ya está perdido. En definitiva, partiendo de un básico en diciembre de 2018 de 6.489 pesos, en julio se llegaría a un básico de entre 7.500 y 8.000 pesos. Acerca del conformado de bolsillo (que estaba en 13.999 pesos) no hay noticias, porque ni el gobierno ni los sindicatos han dicho una palabra. Ante esta oferta miserable, los dirigentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), los Baradel, Petrocini y Díaz informan ante docentes que reclamaban rechazar, que “el gobierno ha mejorado la oferta” y que “iremos a consultar a los docentes”. A todas luces están preparando una entregada. En anteriores negociaciones salieron diciendo que rechazaban. Esta vez, mansitos, hablan de consultar mientras vienen impidiendo la continuidad de las medidas de paro, pisotean los mandatos de lucha de los delegados y se han sentado a negociar con “los chicos y los docentes en las aulas”. La docencia ha reaccionado en estas horas. Las cuentas rápidas, aún ante comunicados del Frente Gremial que hablan de actualización automática, recupero y otras mentiras, que llevan a las seccionales multicolor a ratificar el paro resuelto ante la inmovilidad del FUDB y a rechazar esta propuesta inaceptable. A pesar de que en las escuelas reina la confusión, porque la burocracia docente se ha cuidado muy bien de traducir la propuesta en números reales, que se hable del básico diciembre 2017 y de cifras por detrás de la inflación potencia la tendencia a adherir al paro multicolor. Por las redes se intercomunican mandándose el informe del Indec de que en febrero de 2019, una familia de cuatro integrantes necesitó 27.570,43 pesos para superar el umbral de la pobreza (el sueldo de bolsillo es de 13.999 para el preceptor). Ante una inflación galopante y un dólar que ya trepa a los 45 pesos, el intento de la burocracia del FUDB de embellecer la propuesta de Vidal y lograr hacer pasar su firma es una nueva traición a la docencia. Máxime cuando tienen el descaro de informar que temas como los sumarios a docentes (entre los que están delegados docentes de Moreno y directivos de Suteba de Marcos Paz), infraestructura y comedor, así como el pago de los días de huelga, serán objeto de posteriores negociaciones. ¡Todos esos puntos son innegociables, impostergables! Forman parte del programa de lucha en defensa de la docencia y de la escuela pública que Vidal, Macri y los gobernadores están empeñados en liquidar a cuenta y orden de los grandes capitales y del FMI. Es imprescindible convocar ya a parar el 28 y 29 de marzo con continuidad. Incluir el 4 de abril, que es el aniversario del asesinato de Fuentealba y convocar asambleas y Plenario Provincial de Delegados para desarrollar la lucha hasta ganar, como lo asimilaron los salteños y como lo plantean en cada escuela.

La Conadu Histórica convocó a la docencia a un cese total de actividades del lunes 25 al sábado 30 en todas las facultades y colegios preuniversitarios. El reclamo es por la recuperación inmediata del desfasaje de casi 20 puntos luego de la paritaria 2018, por un 35%, con indexación mensual automática para 2019 y por salario para los miles de docentes que siguen sosteniendo la actividad académica sin percibir ni un peso (los ad honorem). Un nuevo plenario el fin de la semana evaluará la medida y decidirá cómo continuar. Un balance necesario para un nuevo arranque Tal como sostuvimos desde la Naranja, la firma de la paritaria 2018 fue un golpe a toda la docencia universitaria. Estaba ya anunciado que el 25% de aumento que se estableció el año pasado, en cuotas, sin cláusula gatillo y con sumas que no se incorporaron al básico, iba a dejar totalmente rezagado a nuestro salario. Pero, además, las burocracias K que la suscribieron dejaron pasar un ataque estructural a los trabajadores universitarios: la destrucción del salario en blanco. Siendo un objetivo estratégico para este gobierno la reforma laboral y la destrucción de los convenios colectivos -como parte de los compromisos con el FMI-, tamaño favor le han realizado los supuestos opositores al aceptar la destrucción del salario en blanco. Con esa puerta abierta, a partir de esa firma, el ministerio continuó imponiendo sumas “ en negro” , agregando ahora un 15,8% en compensación de 2018, cifra que al no incorporarse al básico no cuenta para antigüedad ni para zona desfavorable, ni para títulos ni tampoco para las jubilaciones -las cuales, luego del aumento de marzo 2019, no recibirán ningún nuevo ajuste. Además de quebrar la escala salarial, las sumas en negro profundizan el desfinanciamiento de las obras sociales, ya en terapia intensiva. Los ad-honorem siguen siendo los olvidados por el gobierno y sus firmantes paritarios. La Conadu (Yasky) y la Fedun (21F) estamparon sus firmas avalando ese ataque a los 190 mil docentes universitarios que estaban en pie de lucha, a horas de las grandes movilizaciones en Capital, Córdoba, Tucumán, entre otros, entregando una huelga que estaba en alza y que había logrado el apoyo de toda la comunidad y del movimiento estudiantil que se levantó al calor de nuestro conflicto, con más de cien tomas de facultades en el país. Una política que no ha sido solamente levantada por el sindicalismo K y PJ universitario sino que se inscribe en el aislamiento, entrega o abandono de las luchas en función de ‘cambiar el modelo’ en octubre 2019. Lo adelantó Moyano aquel febrero 2018 cuando llamó ‘a votar bien', lo aclaró Yasky más recientemente, convocando a no hacer paros en 2019, y lo han sufrido todos los trabajadores que vieron caer sus conflictos sin que la conducción de sus gremios diera pelea. Así, en función de un recambio de gobierno, entregan las luchas actuales de los trabajadores dando oxígeno al propio Macri y a todos los ajustadores. Toda una traición que está absolutamente fresca en la conciencia de los docentes. La batalla de 2019 El descontento dentro de las universidades es total. Las asambleas y las consultas realizadas resolvieron salir ya a pelear por lo nuestro. Desde la Conadu Histórica, hace 15 días se convocó a toda la docencia a organizar desde el 25 de marzo el cese total de actividades. Sin embargo, llegada la fecha, sólo nuestra federación puso en pie el plan de lucha. A pesar de persistir la propuesta de incorporar más sumas en negro, de no haber nada para los ad honorem, y de no haber sido convocada la mesa salarial 2019 -a 30 días prácticamente de haberse vencido la del 2018-, el resto de las federaciones continúan en total inacción. Para colmo, son cómplices de la exclusión de la Conadu Histórica en las negociaciones con el ministerio, debilitando en el terreno de las negociaciones los reclamos docentes. Por eso, desde los sindicatos de base, tal como hace AGD-UBA, convocamos a todos los docentes, estén o no afiliados a algún sindicato, a sumarse a luchar ahora a defender lo nuestro. Esta semana, como los próximos pasos serán decisivos, enfrentamos no sólo a este gobierno y a las direcciones universitarias cómplices con el ajuste, sino también la parálisis de los mismos sindicatos que entregaron la lucha en 2018. Tenemos que superar el bloqueo de los que no quieren dar pelea. En esto nos apoyamos en las enseñanzas de los docentes de Salta, que dieron cátedra de cómo superar a direcciones vacilantes o traidoras para lograr arrancar lo que les corresponde.

Cuando este número de Prensa Obrera salga a la calle, los trabajadores de Fate, junto con los compañeros de todas las fábricas del Neumático y las organizaciones que apoyan a los trabajadores, estarán movilizados en las puertas del ex Ministerio de Trabajo. Se desarrolla allí la última audiencia luego de la extensión dictada por la Secretaría de Trabajo. El rechazo al recurso preventivo de crisis del Sutna y de la asamblea general de trabajadores de Fate ha sido un punto de defensa colectiva, evitando entrar en las maniobras patronales, que de esta manera pretenden forzar a los trabajadores a una “negociación” por debajo de la ya ruinosa ley laboral y quebrando así los convenios colectivos de trabajo. Las negociaciones abiertas con la patronal han sido inútiles frente a la intransigencia de los planteos patronales. La negativa de la patronal a encaminar algún tipo de salida debe ser tomada como una nueva alerta para el conjunto de los trabajadores de Fate. El plan inicial de esta patronal fue dejar en la calle a más de cuatrocientos compañeros e imponer un nuevo cuadro de explotación y flexibilidad laboral. El horizonte patronal desde un principio fue el intento de recuperar el conjunto de los métodos de producción en la fábrica. Hoy, luego de años de lucha, cada sector cuenta con un estándar de trabajo que se hace respetar por el cuerpo de delegados, la seccional y el sindicato. Los trabajadores de Fate llegan al final de esta primera etapa de lucha en el punto más alto de su organización. La secuencia de acciones, la asamblea general, las movilizaciones sistemáticas y los debates permanentes en la planta, han determinado un salto en la conciencia de todos los compañeros, que se encuentran con la total disposición de tomar las medidas que fueran necesarias para defender los intereses del colectivo de trabajadores. La última acción en la sede del Ministerio de Trabajo de Tigre, donde se realizó una ocupación y una movilización, se inscribe en la gran cantidad de acciones que han desenvuelto los trabajadores contra la patronal y el Estado. Luego de la aprobación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de un proyecto en apoyo a los trabajadores presentado por el diputado del Partido Obrero-FIT, Guillermo Kane, se pronunciaron diversos sectores en favor de los trabajadores. El jueves 28 se realizará una audiencia en la Cámara de Diputados, convocada por la diputada Romina Del Plá, que reunirá a diputados de diferentes bloques junto con representaciones del sindicalismo combativo y dirigentes políticos y de organizaciones sociales en apoyo a los trabajadores de Fate. El Sutna también ha realizado una reunión con la secretaría general de la CGT, donde se puso en conocimiento de la central la situación que viven los trabajadores del Neumático, junto con la necesidad de la convocatoria a un paro nacional frente al ataque de las patronales y el gobierno al conjunto de los trabajadores. Todos con los trabajadores de Fate y el Sutna La conclusión de toda la lucha librada por la dirección del Sutna y los trabajadores de Fate ha sido la clarificación sobre las divergencias irreconciliables entre los intereses de los trabajadores y la política de las patronales y el Estado. En el marco de nuevas crisis y el intento del gobierno de Macri por llevar adelante una ofensiva antiobrera generalizada, se ponen en pie los trabajadores. Las intervenciones de los dirigentes del Sutna han sido más que elocuentes. Han señalado repetidamente el rechazo a que la crisis capitalista recaiga sobre las espaldas de los trabajadores y han llevado adelante una gran organización obrera frente a las tentativas patronales. La burocracia sindical, por su parte, convoca una movilización con sectores patronales con la exigencia aparente de un “cambio de modelo”, en el marco de miles de despidos y ataques a los convenios colectivos en todo el país. El grupo empresario que tiene a Fate como su “empresa madre” tiene las mismas exigencias. Los trabajadores han mostrado en forma pormenorizada cómo en todas las etapas, bajo diferentes “modelos”, los trabajadores son invariablemente blanco de los ataques patronales. La lucha de los trabajadores de Fate es una de las claves del conjunto de la situación política. Si ganan ellos, ganamos todos los explotados.

En una conferencia de prensa, realizada el pasado lunes por la mañana, el Frente de Izquierda presentó a sus candidatos para las elecciones de la provincia de Córdoba, que tendrán lugar el 12 de mayo. Junto a la presencia de referentes nacionales de la alianza integrada por el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista, fueron anunciadas las candidaturas a gobernadora de Liliana Olivero (Izquierda Socialista), de Laura Vilches (PTS) a intendente de la capital y Soledad Díaz (PO) encabezará la lista de legisladores provinciales. Participaron de la conferencia el legislador provincial y dirigente del Partido Obrero Eduardo Salas, el diputado nacional PTS-FIT Nicolás del Caño y la diputada nacional, dirigente del Partido Obrero y precandidata a integrar la fórmula presidencial del FIT, Romina Del Plá. Soledad Díaz destacó que las listas del Frente de Izquierda llevan en su cabecera a compañeras mujeres, mostrando el enorme compromiso con la lucha de la “ola verde” y el Ni Una Menos de la lista del Frente de Izquierda. “En una provincia en la que los sucesivos gobiernos han entregado lo respectivo a educación sexual y reproductiva al Portal de Belén, que hace siete años que bloquea el aborto no punible, el acceso a anticonceptivos y la ESI, y mientras el kichnerismo nos ha llamado a renunciar a nuestra lucha y unir verdes y celestes, el FIT refuerza su compromiso de lucha y defensa de los derechos de las mujeres. Schiaretti, Negri y Mestre, en cambio, son los candidatos del FMI”. Desde la ruptura de Cambiemos y la inscripción de Córdoba Cambia, de Mario Negri (UCR), por un lado, y la candidatura de Ramón Mestre, por otro, hasta la retirada del kirchnerismo de la elección para no enfrentar a Juan Schiaretti en la provincia, como parte de su política de lograr una lista unificada del PJ para las elecciones presidenciales, la presentación de listas en la estratégica provincia de Córdoba se ha convertido en un nuevo episodio de la crisis política nacional y de la carrera de los partidos capitalistas hacia las elecciones nacionales. Schiaretti va acompañado también del Partido Socialista, el GEN de Stolbizer, sectores de la UCR como el intendente de Carlos Paz y los concejales de ADN de Tomás Méndez. Su programa de renegociación del acuerdo con el FMI para seguir pagando una deuda con el esfuerzo de los trabajadores no evitará la quiebra nacional, ya que cualquier renegociación significará la imposición de condiciones draconianas para los trabajadores, incluidas la reforma laboral y previsional. Romina Del Plá señaló que “la línea del ‘frente antimacrista’ ha llevado al kirchnerismo y al centroizquierda a llamar a votar a Schiaretti, y sostener al más macrista de todos los gobiernos provinciales del país. Este hecho clarifica que la salida al ajuste del FMI, Macri y los gobernadores es junto con el Frente de Izquierda. Para construir una salida de los trabajadores a la crisis, llamamos abiertamente a todo el electorado popular en Córdoba a votar por el Frente de Izquierda, el 12 de mayo, los únicos que batallamos todos los días y la única expresión electoral contra las políticas de ajuste y represión de Macri y Schiaretti”.

La campaña electoral en Chubut se desarrolla en un fuerte cuadro de disgregación política y crisis económica. La única encuesta publicada arroja un 30% de indecisos en las ciudades más importantes, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia. El candidato de Cambiemos, Gustavo Menna, se ha despegado de Macri tras las caídas en La Pampa, Neuquén y la crisis en Córdoba, y la va de “radical crítico”; el PJ-kirchnerismo enfrenta unas Paso entre tres candidatos que no levantan cabeza, y el oficialismo del partido dasnevista Chubut Somos Todos, representado por el actual gobernador Mariano Arcioni, enfrenta fuego amigo por parte de diputados de su propio bloque, como Alejandro Albaini. Tras no ser incluidos en las listas electorales, salen a denunciar públicamente que Arcioni ya está negociando la llegada de la megaminería contaminante a la provincia, prohibida por la Ley 5.001, sancionada en 2003, tras la lucha de Esquel y los pueblos de la Cordillera; según estas denuncias, Puerto Madryn sería la boca de entrada del cianuro requerido para este tipo de explotación y la salida de los minerales para exportación. Por debajo, la economía es una bomba de tiempo: para pagar los sueldos de marzo, Arcioni ha tenido que pedir por adelantado al gobierno los fondos de coparticipación provincial; se ha anunciado la toma de deuda con el Fondo Fiduciario para después de las elecciones con el objetivo de honrar el pago de la deuda que tienen las cooperativas provinciales de servicios públicos con Cammesa, es decir el Estado Nacional. Tras esta maniobra que pagarán los y las chubutenses, el gobierno provincial se juntaría con los municipios para discutir la magnitud de los nuevos tarifazos. Además, por estos días corren rumores acerca de la postergación de los comicios de Chubut por falta de recursos. En tanto precandidata a gobernadora, siento la necesidad de insistir con un tema que figura en la plataforma programática del espacio que represento, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, y sobre el cual ninguno de los precandidatos aún ha fijado posición: la deuda pública de la provincia, en dólares. Una bola de nieve verde que crece a medida que el peso se devalúa. En 2016, el gobernador Mario Das Neves emitió el famoso bono Bocade, por 650 millones de dólares. El contador general de la provincia, Mario Glades, envió un informe a la Legislatura provincial con fecha 6 de marzo de 2018, donde figuran los detalles de pagos, pero sin ninguna especificación acerca de los conceptos de dichos gastos. Tampoco existe claridad en relación con el destino de la deuda contraída, tanto por el gobernador filo-kirchnerista Martín Buzzi como por el actual gobernador, Mariano Arcioni. ¿Quiénes son los acreedores de la deuda? ¿En qué se utilizaron dichos recursos? Ni Menna (candidato radical) ni Arcioni, ni los candidatos del PJ hablan de esto. Lo cierto es que el pago de esta deuda es incompatible con el desarrollo de la provincia, ya que el recorte del salario real, las paritarias a la baja, los tarifazos, el menor presupuesto para educación, salud y obra pública tienen en la base el pago en término de compromisos de dudosa legitimidad. Lo seguro es que quieren trasladar la bomba de tiempo de la deuda a los trabajadores, las trabajadoras, la juventud y los jubilados. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda decimos No: no se paga. Se debe investigar, la población merece saber quién es quién en este juego, a quiénes está votando y cuáles son los planes que se esconden tras el marketing y las campañas electorales vacías, donde no se dice lo que se piensa hacer, sino se dice lo que se quiere oír, en el mejor de los casos. Nuestro planteo ya lo han recogido los medios de comunicación de la provincia(*) y consideramos que plantea interrogantes válidos sobre los cuales el resto de los espacios políticos deben dar explicaciones. Lo mismo corre a nivel nacional: el Frente de Izquierda es la única fuerza política que plantea tajantemente, a diferencia de Macri y los gobernadores de todo pelaje, romper con el FMI y no pagar la deuda usuraria. (*) "El Partido Obrero promueve el no pago de la deuda externa provincial" (artículo de El Patagónico) "El PO y el FIT proponen dejar de pagar la deuda externa de Chubut" (artículo de El Extremo Sur de la Patagonia)

A poco más de 15 días de la elección en la provincia de Río Negro, donde se elegirá gobernador y nuevos legisladores, los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda desarrollaron una gran jornada de medios radiales y televisivos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, acompañados por la diputada nacional Romina Del Plá, que culminó con una masiva charla en la Sala de Haro de la Universidad Nacional del Comahue (Unco) con sede en la ciudad. Un dato sobresaliente fue la visita que realizaron los candidatos y la diputada al INVAP (empresa estatal orientada a la tecnología nuclear, espacial e industrial), donde están sufriendo despidos. Norma Dardik y Facundo Britos, candidatos a la gobernación y la vicegobernación, señalaron que estos despidos son parte del ajuste de Macri y los gobernadores, delineados directamente por el FMI en pos de garantizar el pago de la deuda y que empezaron en 2018, cuando el gobierno nacional recortó una serie de programas. Defender los puestos de trabajo de manera conjunta entre todos los trabajadores contra los despidos fue la consigna que quedó sembrada entre los trabajadores y para toda la provincia. Se realizó también una visita a la ciudad de El Bolsón, con una agitación central en la plaza central, donde pudimos debatir y compartir nuestras propuestas, y se culminó con una reunión con compañeras que votaron armar un comité de campaña del FIT y comenzar a estructurar un núcleo del PO en la localidad. En simultáneo con la visita se conoció el fallo de la Corte que rechaza la postulación de Alberto Weretilneck a la reelección, un fuerte golpe para el gobernador, que se ha visto obligado a designar como candidata a la ex ministra de Turismo, Arabela Carreras. Norma Dardik señaló que el fallo significa también “un revés para el gobierno nacional, que apostaba a la candidatura de Weretilneck, un gobernador aliado del macrismo”. Ante la posibilidad de que este escenario favorezca al candidato del justicialismo, Martín Soria, Dardik recordó que éste, intendente de General Roca (Fiske Menuco), es “un hombre de los especuladores inmobiliarios y un precarizador de los empleados muncipales”. Por lo que concluyó que “es necesario que el pueblo de Río Negro le dé la espalda a estos candidatos del ajuste y del FMI, presentes en listas del FpV, de Cambiemos y de Juntos (el partido del gobernador). En oposición a todo ellos, el Frente de Izquierda refuerza su convocatoria al electorado de la provincia de Río Negro a votar por una salida de los trabajadores y la izquierda, para que la crisis la paguen los capitalistas”. El FIT viene batallando en la arena electoral provincial por esta perspectiva. En este sentido, desenvolvemos un programa de salida a esta crisis que parte de defender los puestos de trabajo mediante la ocupación de toda fábrica que suspenda o cierre, repartiendo las horas de trabajo sin modificar los salarios, defender un salario igual al costo de la canasta básica familiar, pero, además, presentamos las medidas necesarias para la reorganización de la provincia, que son el cese del pago de la deuda externa, para poner esos recursos a disposición de las medidas urgentes, como la recomposición salarial y la reindustrialización de la provincia; la expropiación de los recursos energéticos, como los petroleros o gasíferos, son estratégicos en esta perspectiva; la de la lucha por un gobierno de trabajadores.