Prensa Obrera N° 1541

El pasado fin de semana se realizó la Conferencia Electoral del PO. Ciento cincuenta delegados y dirigentes de todo el país caracterizaron, en sus intervenciones, el cuadro convulsivo en el que se desenvuelven decenas de elecciones provinciales adelantadas y los realineamientos y escisiones en los bloques políticos patronales en la previa de las Paso. En ese marco nominaron a Romina Del Plá como abanderada de las candidaturas del PO de todo el país y a Néstor Pitrola como cabeza en la provincia de Buenos Aires, urgiendo al FIT a un acuerdo nacional, político y electoral integral, que lo coloque a la altura de las tareas que plantea la crisis de un régimen y de un gobierno que se ha transformado en marioneta del FMI. La conferencia coincidió con el viaje del ministro Nicolás Dujovne a Washington a suplicar que el FMI habilite la venta de dólares para contener la fuga de capitales, una operatoria prohibida expresamente en el segundo acuerdo, que de este modo mostró su agotamiento. El FMI sigue jugando a la reelección de Macri, pero el saldo de la gestión ha sido exiguo: un cupo limitado de los dólares que vende el Tesoro podrán tener ese destino pero, a cambio, se exige un superávit primario de 40.000 millones de pesos en el primer semestre. La exigencia se origina en que no cierran las cuentas a pesar de la masacre social en curso: el astronómico riesgo país ha llevado la deuda a aumentar sus intereses en el primer bimestre del año en un ¡136%! Argentina está en una suerte de defol a plazo fijo. Por eso, la minicorrida de estos días que llevó de nuevo la tasa de interés al 65%, agravando la ola de despidos que no tenía antecedentes desde 2009, cuando la crisis de Lehman Brothers. El documento votado caracteriza que “el impacto de la bancarrota en la bancarrota” puede producir giros bruscos en las tendencias de las masas trabajadoras. De tal suerte que pasen de la expectativa electoral a las calles. Por eso, la primera premisa de nuestra propuesta al FIT es jugar un papel político inmediato, alentando la intervención activa de los trabajadores con las consignas: “Que la crisis la paguen los capitalistas. Fuera Macri, el FMI y los gobernadores del ajuste, paro activo nacional de 36 horas”. Fracturas del macrismo, empantanamiento kirchnerista, operativo Lavagna Las posibilidades electorales del gobierno sufren un golpe todos los días, se aceleraron las fracturas internas en Cambiemos y en la base capitalista de apoyo. Neuquén asestó un fuerte golpe al gobierno que, de apuro, tuvo que apelar a la liquidación de su candidato, apoyando al MPN, ante el temor de una derrota a manos de la coalición del PJ con Ramón Rioseco. Por su parte, Cristina, que apoyó abiertamente a este último, un hombre financiado por Pampa Energía, salió maltrecha del primer test electoral del año. El MPN se quedó con el poder mediante cuatro colectoras y soportando una división por derecha de Sobisch, que se alzó con un 10% de los votos. Las fuerzas oficiales en la emblemática provincia de Vaca Muerta, tributarias de la entrega del recurso y de los derechos del proletariado petrolero, dominaron el escenario electoral con recursos de excepción. La centroizquierda desapareció literalmente del Parlamento neuquino y el FIT mantuvo sus dos bancas, defendiendo los guarismos de 2015. La explosividad social y política no se ha traducido en un giro a la izquierda en Neuquén, pero ha disparado una aceleración de las maniobras de recambio de un Macri que aparece como un salvavidas de plomo. Por otro lado, la ruptura al medio de Cambiemos en Córdoba, la provincia que dio la victoria a Macri, marca un salto cualitativo en la incertidumbre electoral. Crece la presión de un amplio sector de la burguesía para estructurar un bloque de recambio al macrismo, diferenciado del kirchnerismo. El documento debatido y votado en la Conferencia del PO señala, respecto del operativo de la “tercera vía” y de Lavagna en particular -quien organizó un gran negocio para el capital financiero con el rescate de bonos-, que “su planteo es armar una lista de ‘unidad nacional’, sin Paso, que reúna a sectores del peronismo y del radicalismo, con el programa de renegociar con el FMI un margen que dé al Estado mayor capacidad para subsidiar a sectores capitalistas afectados por la crisis, al tiempo que darle una mayoría parlamentaria para ejecutar, mediante un pacto o acuerdo, las reformas pendientes, laboral y previsional”. Los delegados caracterizaron que “el kirchnerismo no cuenta con el aval de la clase capitalista para esta tarea” aunque haya sellado un acuerdo de unidad con el PJ en diez provincias. Sobre la base de esta caracterización no se puede descartar que Cristina Kirchner decline su candidatura, para allanar un acuerdo con el pejotismo. En Santa Fe, Cristina Fernández resolvió apoyar a Omar Perotti, caracterizado representante del capital sojero, de la derecha de “paz y orden” en la provincia y enemigo del aborto legal, quien perdió la interna con Agustín Rossi, lo que marca el alcance del esfuerzo de Cristina por adaptarse a las tareas del post macrismo. Santa Fe fue muy debatida en la conferencia y reforzamos la línea de sortear el obstáculo de las Paso con una campaña democrática que, a la vez, ponga de relieve la identidad de izquierda del FIT en contraste al seguidismo del centroizquierda de esa provincia. La oportunidad de la izquierda revolucionaria El derrotero de derechización del kirchnerismo es indisimulable. Ya Cristina se había ocupado de sellar un pacto con el Vaticano, cobijando en el “espacio” a pañuelos verdes y celestes. Sus dirigentes sindicales juegan al freno descarado de cuanta lucha encara el movimiento obrero. Nada de esto puede estar disociado del enorme compromiso judicial de toda la camarilla kirchnerista. La necesidad de un salvoconducto de impunidad seguramente está presente en las maniobras del kirchnerismo y los pactos secretos que fundamentan giros como el apoyo a Perotti o la unidad con Sergio Uñac en San Juan. En estas condiciones, el “Fuera Macri, hola Cristina” está antes al servicio de bloquear las tendencias de lucha y la acción independiente de los trabajadores que de fortalecer una determinada candidatura. La batalla por desarrollar la lucha real contra Macri va de la mano de superar estas consignas amañadas. El potente movimiento de la mujer impuso la consigna Fuera Macri, el FMI y los gobernadores del ajuste, de la mano de la izquierda el 8M. Otro tanto ha ocurrido de cara al próximo 24 de Marzo, donde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha sorteado la presión de unidad con quienes gobernaron de la mano de Sergio Berni y de César Milani. Los guarismos neuquinos, en este cuadro social, económico y político explosivo, pueden ser el punto de partida de giros subjetivos y de lucha entre los trabajadores. Por ello, la declaración aprobada por el plenario urge al FIT a un acuerdo integral inmediato que potencie las enormes posibilidades políticas que brinda la crisis. El FIT ha logrado el lugar de ser el tercer o cuarto bloque político en presencia, según se una o se divida el peronismo. Ese lugar se acentúa cuando la burocracia sindical depone toda lucha y en su lugar convoca una movida obrero-patronal de unidad con el PJ y su sector opositor moyano-kirchnerista se adapta a este colaboracionismo para dejar pasar la ofensiva antiobrera de Macri y el FMI. Las luchas obreras y la responsabilidad de la izquierda Por estas horas despuntan nuevas luchas que son claros puntos de ruptura de la tregua. Los obreros de Fate, con el Sutna a la cabeza, preparan el rechazo, con métodos de clase, de los despidos masivos anunciados; las huelgas docentes chaqueña y salteña (esta última rompió el techo el salarial, ver página 6); la valiente huelga de las obreras de Textilana, que impuso sus reivindicaciones acuciantes; el paro de los ferroviarios del Sarmiento por una muerte laboral; el paro petrolero neuquino por el mismo motivo, pero ante la sexta muerte en un año, lo que disparó la huelga en la cuna de la entrega de la burocracia de Guillermo Pereyra, son claros síntomas en el seno de la clase obrera. Por otro lado, el movimiento de desocupados, cuya fracción independiente de la cooptación oficial creció exponencialmente de la mano del Polo Obrero y otras corrientes, al momento de escribir estas líneas protagoniza cortes de masas, ante la política criminal de ajuste de Macri, Stanley y Vidal, que han hecho estallar el asistencialismo en el que tanto se esmeraron en diciembre (ver páginas centrales) . En este marco, el Plenario Sindical Combativo se mueve con todo alrededor de Fate y la gran lucha que preparan los compañeros, es protagonista del paro en el Sarmiento, interviene con Tribuna Docente y la Naranja Universitaria en los procesos educativos y redobla la campaña por el paro activo de 36 horas, una iniciativa que, en este cuadro, podría poner al movimiento obrero a la iniciativa para poner fin al gobierno de Macri. Asociada a esta perspectiva, la Conferencia Electoral del PO le propone al FIT la consigna de Asamblea Constituyente, libre, soberana y con poder, en el camino de una reorganización social bajo la dirección de los trabajadores, es decir en el camino de su propio gobierno. La candidatura de Romina Del Plá Romina Del Plá ha sido nominada por voto y aclamación por la Conferencia Electoral del PO, para integrar la fórmula presidencial como Presidenta o como Vice, junto a Nicolás Del Caño, del PTS, según el acuerdo político y electoral nacional. Romina es una protagonista directa de la lucha de los trabajadores contra el ajuste en marcha. Su condición de diputada nacional y de secretaria general de uno de los mayores sindicatos que dirige el clasismo en la Argentina, corporiza la estrategia política de fusión de la clase obrera con la izquierda. Por su papel en la defensa del aborto legal, donde fue la cuarta firmante del proyecto, logró para el FIT un protagonismo político en esta lucha histórica. Su candidatura es una gran contribución al FIT. Proponemos a los partidos que lo integran alcanzar de inmediato un acuerdo integral y convocar a un Congreso del FIT que lo consagre como parte de un frente único para plantar la bandera de la independencia política de los trabajadores, junto al PTS e IS, y a los luchadores que buscan una salida de los trabajadores a la crisis, promoviendo comités de apoyo y una amplia participación en la campaña política. El mismo sentido tiene nuestra propuesta en la provincia de Buenos Aires, donde venimos de encabezar la conquista de medio millón de votos frente a Bullrich-Vidal y a Cristina. Por último, el documento votado por la Conferencia Electoral del PO propone “la participación del resto de las fuerzas de izquierda a partir de su aceptación a formar lista única para las próximas elecciones”. Sobre estas premisas, el PO convoca ahora mismo a un 24 de Marzo de masas, de la izquierda, a llevar a la victoria las luchas en curso y a una formidable campaña política.

La propuesta de resolución política del XXVI Congreso del PO que se realizará del 18 al 21 de abril fue redactada a fines de diciembre y presentada para el debate de toda la militancia el 5 de enero. El texto se encuentra publicado en la revista En Defensa del Marxismo , para conocimiento de toda la izquierda y los luchadores. Pasados ya dos meses y medio corresponde preguntarse si ha logrado dar cuenta de los nuevos sucesos políticos y económicos, y si las consignas y planteos establecidos sirvieron para orientar al Partido en su intervención. Veamos. La crisis mundial y la Argentina La resolución comienza destacando que “la crisis capitalista mundial golpea de modo directo a la Argentina”. Polémicamente, destaca el despiste del macrismo, que llegó al gobierno prometiendo “la vuelta al mundo”, para luego “culpar al contexto mundial por el agravamiento de la crisis nacional”. La pretensión del macrismo de lograr una salida a la crisis por medio de una lluvia de inversiones externas y una inserción de Argentina en los mercados internacionales, chocó con la guerra comercial que enfrenta a los principales Estados y monopolios asociados a éstos, como resultado de la sobreproducción mundial. La suba de la tasa de interés de los EEUU, expresión a su vez de dicha guerra comercial y en particular de la creciente insolvencia de las endeudadas empresas yanquis, aceleró una fuga de capitales en toda la periferia capitalista. En la resolución se caracteriza que Argentina “es el eslabón más débil de la cadena”. Las pruebas en ese sentido son abrumadoras. La devaluación del peso superó con creces la depreciación de la moneda de otros países; la tasa de riesgo país triplica la de otras naciones de la región; la inflación supera también en toda comparación con la excepción de Venezuela y ocurre un hecho similar con la recesión económica. Por la devaluación y por los nuevos préstamos tomados para financiar el levantamiento del cepo cambiario y regularizar la deuda en default, la deuda pública creció a niveles enormes, totalizando casi al 100% del PBI. La resolución destaca que “ha fracasado con Mauricio Macri toda una tentativa de salida capitalista a la desorganización económica del kirchnerismo en su etapa final: la vuelta al mercado mundial de deuda, la lluvia de inversiones, la liberación del movimiento de capitales, el levantamiento del cepo, los tarifazos para reducir el déficit fiscal, como pilares de una recomposición económica”. Los pactos con el FMI En nuestro XXV Congreso, realizado a fines de marzo del 2018, habíamos anticipado que el gobierno recurriría al salvataje del FMI. Se trató de un pronóstico jugado, ya que en ese momento la economía argentina estaba en crecimiento. Sin embargo, mostramos que las bases del crecimiento eran ultra-precarias, y que bastaría con alguna modificación del cuadro internacional para producir una fuga de capitales y una crisis financiera de envergadura. Lo sucedido luego es conocido. El gobierno recurrió al FMI y el primer acuerdo suscripto duró un suspiro, no pudiendo evitar una nueva devaluación y corrida, que llevó el dólar a los 40 pesos. El segundo acuerdo firmado se puso en marcha en setiembre-octubre, y consistió en acelerar el ajuste y armar un operativo para evitar una nueva corrida mediante la suba astronómica de la tasa de interés. En la resolución destacamos que “el segundo acuerdo está al servicio del rescate de poderosos fondos de inversión (Templeton, BlackRock y otros) que tuvieron fuertes pérdidas con la devaluación” y se les ofrecía una nueva bicicleta para recuperar esas pérdidas. A fines de diciembre, al momento de redactar y aprobar la resolución, la mayoría de los analistas festejaban las medidas adoptadas y, como mucho, expresaban sus reservas de lo que sucedería en el 2020 cuando los fondos del FMI ya no estén. La resolución congresal opinó en sentido contrario. Señala que “está en cuestión la especie de que el problema sería el año 2020, pero no el 2019, ya que los fondos del FMI alcanzarían para cubrir los vencimientos del año en curso”. Se caracteriza que “el esquema monetario armado en el segundo acuerdo con el FMI es ultra-precario” y que “se sostiene mediante una tasa de interés altísima, en la cual el BCRA paga a los bancos tasas usurarias por las Leliq, lo que permite a los bancos pagarle a los ahorristas por los plazos fijos tasas también altas… Pero si por distintas causas (reducción de la tasa de interés sin que caiga sustancialmente la inflación, temor a nuevas devaluaciones, etc.) ocurriera que los ahorristas solicitasen sus depósitos, los bancos no podrían renovar las Leliq con el BCRA y entraríamos en un escenario de corralito o hiperinflación”. El pronóstico de la resolución es claro: “el riesgo de default se cruza con el de nuevas corridas, que podrían darse eventualmente en el comienzo o en el medio de la campaña electoral”. Es lo que está sucediendo ahora mismo. La baja de la tasa de interés operada en los meses de verano chocó con una inflación que sigue por las nubes, y ante esa evidencia se produjeron varias mini corridas que el gobierno no logra neutralizar. El riesgo de default se agrava como lo prueba el riesgo país que sigue por las nubes. El pedido de un nuevo acuerdo con el FMI, para poder usar los dólares prestados con el objeto de evitar nuevas devaluaciones, parece a todas luces inconsistente. Los 10.000 millones de dólares autorizados a esos efectos contrastan con una demanda potencial de dólares tres veces superior, cuando se suman los plazos fijos, las cuentas a la vista y el vencimiento de bonos en pesos. La división en la burguesía y los realineamientos políticos La resolución se detiene a analizar que el pacto con el FMI agudiza la división en la clase capitalista. Esto porque “el déficit cero comprometido con el FMI ha llevado al gobierno a reponer impuestos a la clase capitalista” y que “las altas tasas de interés benefician a los bancos, pero elevan el costo de financiamiento del resto de la clase capitalista a niveles imposibles”. Se cita también que “los síntomas de descontento de la clase capitalista ante la crisis se han visto agravados por las causas judiciales de corrupción en marcha”. Mientras el kirchnerismo y la burocracia sindical se valen de este quiebre para formular una alianza obrero-patronal, nuestra resolución destaca que “la burguesía nacional adopta, sin embargo, posiciones más antiobreras en muchos puntos que el propio FMI”. La ola de despidos, suspensiones, recursos preventivos de crisis y el intento de arrasar con los convenios colectivos, muestra la corrección de esta caracterización. Esta división se produce también en el plano político. Es así que “mientras el FMI y los bancos siguen apostando abiertamente por la reelección del macrismo, del mismo modo que lo hace Trump, aparecen sectores de la burguesía que, al buscar un plan económico alternativo impulsan en la oposición movimientos y agrupamientos que pretenden dar cuenta de esta demanda”. Sobre la base de esta caracterización la resolución señaló que “la candidatura de Lavagna…está asociada a este programa” renegociación de los términos del acuerdo con el FMI, para darle al Estado mayor capacidad para asistir a la burguesía en crisis. Y para armar al partido en la lucha política, la resolución realizó un exhaustivo análisis de la renegociación de la deuda llevada adelante por Lavagna, mostrando cómo permitió un gigantesco negociado de los usureros internacionales. En relación al kirchnerismo la resolución afirma que “el rechazo de la burguesía a la candidatura de CFK y la presión de un sector de la burguesía para una alternativa al macrismo que provenga del lado del peronismo puede llevar a que ella misma deponga su candidatura”, aunque “la alternativa del kirchnerismo queda como variante de rescate ante un agravamiento de la crisis política y la emergencia de una rebelión popular”. La resolución destaca la crisis de régimen, que incluye la bancarrota económica y las divisiones en el seno de la burguesía que envuelven a todos los poderes del Estado, y muestra que puede impactar en la campaña electoral, ya que “la ausencia de una opción que represente más cabalmente a los intereses de un sector amplio de la clase capitalista ha llevado a que se compare con lo sucedido en Brasil”. En Brasil, Geraldo Alckmin era el candidato preferido de la burguesía pero no logró levantar en las encuestas. Acá habrá que ver si Lavagna, u otro sucedáneo del peronismo federal, logra hacerlo. Nuestra política A partir de esta caracterización de la crisis, la resolución realiza un balance de la situación del movimiento de las masas y formula los planteos y consignas de la etapa. Se señala que la ofensiva capitalista golpea duramente a los trabajadores, cuyas direcciones sindicales están totalmente entregadas, pero que la bancarrota económica y las divisiones políticas pueden desestabilizar la contención y posibilitar una intervención popular, como ya sucediera en las jornadas de diciembre del 2017. Nuestra política parte de impulsar la acción directa para enfrentar esta ofensiva, mientras presentamos los planteos políticos de conjunto de salida a la crisis. De ahí que definimos nuestro cuerpo de consignas: “Paro activo de 36 horas. Que la crisis la paguen los capitalistas. Abajo la deuda externa. Derrotemos el plan de guerra de Macri, el FMI y los gobernadores. Fuera Macri y el régimen corrupto de macristas, kirchneristas y pejotistas. Asamblea Constituyente soberana. Congreso de delegados con mandato de bases de todos los sindicatos”. Con este programa desarrollamos “un planteo de poder en el marco de la propia campaña electoral”. Sobre esta base, en nuestra resolución congresal llamamos al Frente de Izquierda a establecer de inmediato un acuerdo integral, que incluya programa, candidaturas y métodos de campaña, y proponerle desde el FIT una lista única al conjunto de la izquierda con un planteo nítido de independencia de clase. Nuestra conferencia electoral realizada el fin de semana pasado reafirmó esta caracterización y redobló el llamado al FIT a avanzar de inmediato en ese acuerdo integral. TE PUEDE INTERESAR El XXVI Congreso del PO fijó política y candidatos frente a la crisis y las elecciones

El 20 de febrero, el mismo día que se realizaba una asamblea-concentración en San Pablo, convocada por la CUT y demás centrales sindicales, el presidente Bolsonaro en persona llevó al Congreso en Brasilia su proyecto de reforma jubilatoria. La prensa financiera lo ha caracterizado como el mayor paquete de ‘ajuste’. Es un intento no sólo de descargar la crisis económica sobre los trabajadores, sino también de tomar la ‘iniciativa’ para superar el empantanamiento en que se encuentra el gobierno. El viernes 22 de marzo está anunciada por las centrales obreras una “jornada nacional de lucha contra la reforma previsional”. ¿En qué cuadro se inscribe? Heterogeneidad Una parte del gabinete está constituida por una camarilla fascistoide que pivotea en torno del clan de la familia Bolsonaro. Un 40% de los ministros son militares y responden ante el alto mando de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, tenemos al ministro de Economía Paulo Guedes, un ultraliberal practicante. Los más ligados al clan Bolsonaro se han lanzado desde el gobierno a montar una ofensiva de normas jurídicas de carácter facistoide que van originando crisis múltiples y alienta el desarrollo de resistencias populares. Así, por ejemplo, la ministro de Derechos Humanos impulsa una Carta de “derechos del niño por nacer”, que ataca directamente los casos limitados del derecho al aborto (incluso por violación), que reconoce la actual legislación vigente. La ministro, pastora evangélica, planteó la ridiculez de que iba a impulsar que los niños se vistieran de azul y las chicas con ropa de color rosa. Hace acordar a los seminaristas-corporativistas de la época de la dictadura argentina de Onganía (1966), que prohibieron el uso de pantalones a las maestras en el aula, en función de la defensa de la femineidad. Estas y otras medidas reaccionarias y descabelladas, impulsadas por los fundamentalistas de Bolsonaro, han producido choques y enfrentamientos, con presentación de proyectos y retiro de los mismos, denuncias de corrupción y ‘renuncias’. Donde se produjo el choque más importante es en la actitud que adoptó el canciller Araujo, de mayor intervención y coqueteo con una intervención militar sobre Venezuela, acompañando las posiciones más aventureras del gobierno de Donald Trump. Contra él se levantó públicamente la voz del vicepresidente, el general Hamilton Mourão, quien desanduvo, por el momento, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Brasil se involucraran en una acción armada contra Venezuela. Por su lado, el ministro de Economía, Guedes, el hombre del capital financiero, amenazó el jueves 14 de marzo con renunciar si Bolsonaro no impulsaba la reforma previsional, pivote central de su plan económico. Esta se encuentra frenada porque necesita de una reforma constitucional, que requiere de los votos de las tres quintas partes de cada una de las cámaras. Cosa que la bancada minoritaria de Bolsonaro no puede garantizar y está en pleno ‘mensalão’ -compra de votos de diputados corruptos. Alineamiento semicolonial Mientras, Bolsonaro ha viajado a Estados Unidos para entrevistarse con Trump. Su primera y principal entrevista fue… con la CIA, la ‘compañía’ encargada del espionaje y las operaciones políticas y provocadoras del Estado norteamericano, “coincidiendo en temas internacionales de primer nivel” (Clarín, 18/3). Firmó un acuerdo para habilitar la instalación de una base militar yanqui en Maranhão. Y habilitaría que “Estados Unidos participe en la extracción de uranio, que hasta hoy es monopolio estatal” (ídem). El viaje es una muestra de pleitesía del gobierno a Washington y también de búsqueda de un apoyo político directo del imperialismo para atravesar la crisis en desarrollo. En el trasfondo de esta situación está el retroceso de la economía de Brasil. El PBI crece a cuentagotas, la desocupación subió al 12%. La necesidad de Bolsonaro de imponer la reforma previsional La batalla de las batallas de Bolsanaro gira -en esta etapa inicial de su gobierno- en torno de la aprobación de la reforma previsional reaccionaria. La reforma previsional tiene un rechazo mayoritario en la población. La popularidad de Bolsonaro ha caído fuertemente en sólo tres meses de gobierno. Esto se evidenció en numerosas expresiones de protesta de las escuelas de zamba en el reciente carnaval. La comparsa ganadora en Río, hacía referencia al asesinato de la activista Marielle Franco (se han conocido en estos días datos sobre la participación en su ejecución de elementos paramilitares ligados directamente al clan Bolsonaro). El carácter antiobrero de la reforma previsional golpea también a gran parte de la sustentación popular que apoyó a Bolsonaro (en la base del movimiento evangélico, entre los militares que ven reducidos sus ingresos, etc.). Para frenar la agitación en contra entre los militares, Guedes está planteando excluir a los mismos de este ajuste. Pero esto enerva más la oposición popular, porque se contradice con la demagogia bolsonarista que plantea eliminar los privilegios (léase conquistas) en materia previsional. El problema de los problemas está planteado en cómo transformar la indignación de los trabajadores contra la reforma previsional en un movimiento de lucha nacional centralizado. Los trabajadores enfrentan un escollo y es que las burocracias sindicales al frente de las centrales y sindicatos obreros sabotean esta centralización. Las direcciones de la CUT, la CTB y otras centrales siguen subordinadas a la pasividad de Lula y el PT, que ha colocado el centro de su acción en el reclamo de la libertad a Lula. La ‘estrategia’ de las burocracias del PT y la CUT se subordina a la búsqueda de apoyos en sectores parlamentarios que se reclaman ‘opositores’ para negociar y modificar los puntos más negativos de la reforma previsional. Este es un camino frustrante, sin salida. La CUT, al igual que la burocracia de la CGT argentina, hace discursos opositores pero sabotea una real movilización. El 20 de febrero convocó a una Asamblea Nacional contra la reforma previsional en una plaza de San Pablo, que ella misma saboteó (menos de 10 mil trabajadores asistieron) y que no resolvió nada. Ahora ha sido convocada una Jornada Nacional de Lucha para el viernes 22 de marzo, pero tampoco la burocracia la organiza. No se realizan asambleas en las fábricas ni en los sindicatos para organizar la movilización y marchar hacia un paro general activo. Sin plan de lucha y paro general no se frenará el ataque antiobrero de un gobierno empantanado. Hace años que la CUT habla de que está preparando el paro general… La CUT ha sacado un comunicado planteando “la presión en las redes” porque “es tan importante como la acción en las calles, en los aeropuertos y en las bases electorales de los diputados y senadores”. Lucha por internet adaptada a la presión sobre el Parlamento que acompañó el golpe contra Dilma: ésta es una estrategia de derrota. El reclamo por la libertad de Lula es un reclamo democrático elemental. Pedimos por su libertad y la de todos los presos y procesados políticos y gremiales. Pero no se debe usar este reclamo democrático para diluir la huelga general contra los ataques del gobierno. La burguesía ve a Lula como un recurso político a utilizar en caso de un ascenso de las luchas populares que pongan en cuestión el dominio burgués del Estado. El mismo Lula desde la cárcel ha enviado una carta pública donde no dice una palabra de impulsar la huelga contra la reforma previsional reaccionaria y centra su accionar en la construcción de comités por “Lula libre” que “fortalezca cada vez más nuestra lucha por la democracia y la Justicia”. El PT y las burocracias sindicales actúan bajo la consigna hipotética de “hay 2022”, es decir participar en las elecciones con Lula libre dentro de tres años. Esta perspectiva desorganiza, desmoraliza y bloquea la lucha de las masas contra el ajuste bolsonarista. El bloqueo a la lucha obrera contra el ajuste de Bolsonaro no apacigua, sino que envalentona a la derecha en el poder. Esta semana ha salido un decreto por el cual se deroga el descuento por planilla que realizaban automáticamente las patronales a los afiliados a los sindicatos. Es un intento de debilitar el financiamiento de los sindicatos y la actividad gremial. La jornada del 22 de marzo será utilizada por los sectores combativos para exigir a las centrales sindicales la convocatoria concreta del paro general. Hay que dar pasos en ese sentido: asambleas, plenarios, congreso de bases sindicales para avanzar en la organización independiente. La madre de las batallas está concentrada hoy en día en la derrota de la reforma previsional.

Las trabajadoras de la textil marplatense Textilana -que produce la indumentaria “Mauro Sergio”- han logrado un enorme triunfo, luego de casi diez días de paro general en la planta por aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo. Consiguieron un adicional salarial remunerativo de 2.500 pesos por quincena, sujeto a actualizaciones paritarias y, entre otras mejoras, la unificación de horarios en nueve horas de lunes a viernes. María Demateis, delegada de la Comisión Interna, destacó que “éste, para nosotras, es un paro histórico, un antes y un después que surgió porque las compañeras se hartaron de ser explotadas de una manera descomunal, durante muchos años”. Y añadió, como conclusión de este triunfo en una empresa donde trabajan 360 mujeres y 90 hombres: “Cuando las mujeres nos levantamos, nadie puede con nosotras. Por eso conseguimos no sólo el aumento sino también el resto de las mejoras en las condiciones de trabajo que habíamos colocado en el pliego de reclamos a la empresa”. Demateis había denunciado en los días previos que “dejamos la salud, nuestra salud mental o física en la máquina. Si nos enfermamos y presentamos carpeta psiquiátrica, se persigue a las compañeras hasta que renuncian y les mandan cartas-documento a los psiquiatras para intimidarlos y que le den el alta a las compañeras. ¿Tenemos gastroenteritis? Tenemos que venir a trabajar porque ‘tenemos baños’. Y así pueden enumerar millones de cosas. No se puede trabajar más en estas condiciones”. Las obreras de Textilana fueron acompañadas durante el conflicto por organizaciones piqueteras, por una delegación del Sutna, que viajó a Mar del Plata, y por las fuerzas de izquierda. También recibió el respaldo de otras numerosas organizaciones obreras. Las trabajadoras recuperaron su organización gremial interna en noviembre de 2017 de manos de la burocracia de la Asociación Obrera Textil. Saludamos la victoria de las compañeras. ¡Viva la clase obrera!

Este 24 de Marzo será nuevamente una jornada nacional de movilización y lucha en repudio al golpe genocida. La profundización de la represión y la criminalización de la protesta están íntimamente conectados. Los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en la Patagonia; el enaltecimiento del “gatillo fácil” del policía Chocobar como “doctrina” de seguridad y el mayor entrelazamiento del aparato represivo local con los del imperialismo forman una unidad política. Durante la cumbre del G20, Patricia Bullrich sancionó el “protocolo de gatillo fácil” e impulsó la utilización de las picanas portátiles Taser. El pacto colonial firmado con el FMI ha hundido al país en una de las mayores crisis económicas de su historia y nos ha colocado a las puertas de una nueva quiebra nacional. El Presupuesto 2019, aprobado por Cambiemos y por los gobernadores, destinado a garantizar el pago de la deuda externa, no hará otra cosa más que profundizar la recesión económica, la inflación y la ola de despidos. Ajuste y represión son dos caras de la misma moneda. Dos actos, dos políticas Como sucede hace años, el 24 habrá dos actos: el organizado por los organismos cooptados por el kirchnerismo y el acto independiente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Los que vitorean el “vamos a volver” fueron los que en su momento quisieron bajar la edad de imputabilidad, pusieron al genocida César Milani a la cabeza del Ejército y, hoy, en su versión “opositora” proponen que cada policía porte una Taser (Sergio Berni) o que los extranjeros sean deportados del país (Pichetto, Arcioni -gobernador de Chubut). El frente único antimacrista en materia de libertades democráticas no tiene nada que envidiarle a Macri-Bullrich. El reciente escándalo desatado con las denuncias contra el fiscal Carlos Stornelli, vinculado con un elemento de los servicios de inteligencia (D’Alessio), vuelve a poner sobre el tapete la vinculación entre el Poder Judicial, los servicios y el poder político, y la descomposición de todos ellos. La guerra de carpetazos es una forma de extorsión política (cuya base material es un régimen de corruptelas) que opera a través de los servicios de inteligencia yanquis: el Fifa-gate, el “Lava jato” en Brasil o el Cuaderno-gate en nuestro país. La utilización de los servicios de inteligencia para operaciones políticas lo vienen llevando adelante todos los regímenes democráticos. El caso de Proyecto X, bajo el gobierno de CFK, es un “botón” de muestra, al igual que la utilización de infiltrados en las protestas populares, y atraviesa al conjunto de los bloques políticos. Por el otro lado, estará la movilización del EMVyJ, caracterizada desde hace décadas por su denuncia implacable de todos los crímenes del Estado con independencia del signo político del gobierno. Desde su escenario se denunciarán las violaciones a los derechos humanos, de ayer y de hoy. También habrá una especial mención a la injerencia golpista del imperialismo yanqui en Venezuela, seguramente ausente en el otro acto. Desde el Partido Obrero venimos impulsando una fuerte convocatoria de cara al próximo 24 de Marzo: charlas, agitación callejera, radios abiertas y pintadas. El Polo Obrero, que viene desarrollando un plan de lucha a nivel nacional, hará un esfuerzo extraordinario de movilización para que la voz de los desocupados, de los que luchan por la urbanización de las villas y de todos los migrantes, que en este momento son fuertemente atacados, esté presente. Este 24, con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ¡todos a la Plaza! El Partido Obrero convoca a las 14 horas en la Plaza Congreso.

El paro de 24 horas en el gremio petrolero, por el fatal accidente que se llevó la vida del operario Marcelino Ariel Sajama, fue casi total. La burocracia del Sindicato, sin embargo, se encargó de limitar el alcance de la medida, garantizando el no cese de la producción y el carácter dominguero del paro. Desde principios de 2018 a esta parte, los ‘accidentes’ laborales se han cobrado la vida de seis trabajadores petroleros. La muerte de Sajama, el obrero de la Clear Petroleum, brindando servicios a la operadora Medanito, se inscribe como parte de la escalada de accidentes laborales que han tenido lugar en los yacimientos neuquinos, con la implementación de la famosa adenda flexibilizadora del Convenio Colectivo de Trabajo en enero de 2017. Aquella ofensiva antiobrera, orquestada por las cámaras empresariales (la CEOPE y la CEPH), el gobierno y la burocracia del Sindicato, fue lo que desató, oportunamente, la gran huelga de los obreros de Halliburton. La adenda representó un golpe descomunal a las condiciones de trabajo. A partir de ella se estableció el montaje, traslado y desmontaje (DTM) nocturno; se achicaron las dotaciones por equipo; se recortó el pago de horas extras; y se estableció la continuidad de tareas con ráfagas de viento de hasta 60 Km por hora. De esta manera, se acentuó la fatiga física y psíquica de los trabajadores petroleros. Junto a la flexibilización laboral, se impuso un régimen de completa evasión de los controles de seguridad. Bajo la amenaza de perder el puesto de trabajo, los obreros no pueden alzar la voz ante la falta de condiciones de seguridad. Hasta los propios inspectores de seguridad e higiene padecen el mismo apriete y funcionan como fusibles. Son apretados por las empresas para hacer la vista gorda ante la violación de las medidas de seguridad. Y son echados cuando, fruto de la evasión de esas medidas, se producen accidentes. Este esquema de ultra flexibilización laboral y muerte de trabajadores, junto a los tarifazos, ha sido el motor de la tibia reactivación de Vaca Muerta. La agenda obrera Poner fin a esta situación plantea el desarrollo de una enorme lucha, no sólo contra las empresas, que defenderán este esquema de flexibilización como una conquista irrenunciable, sino también contra el Estado, que protege a las patronales, y contra la burocracia del sindicato, que ha sido cómplice de todos estos atropellos. Incluso firmando una cláusula de paz social para evitar que los petroleros se plieguen a los paros nacionales y realicen medidas de fuerza en defensa de sus condiciones salariales y laborales. Guillermo Pereyra, el secretario general del Sindicato, y sus secuaces, convocaron en febrero a una asamblea-acto, que reunió a 15 mil trabajadores, para defender los subsidios que recibe Tecpetrol y para llamar a votar por el MPN. Sin embargo no convoca a una verdadera asamblea obrera para impulsar un plan de lucha por la seguridad laboral, luego de la muerte de seis compañeros, y por el conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores petroleros. Luego del paro, es necesario desenvolver a fondo la pelea por una asamblea general del gremio para votar un plan de lucha. El pliego por el cual hay que impulsar la lucha es muy claro. Hay que pelear por comisiones obreras de seguridad en cada empresa, electas y revocables por los propios trabajadores, con poder de paralización de maniobras. Se trata de una lucha fundamental, sólo los propios trabajadores pueden defender consecuentemente sus condiciones de trabajo, las empresas sólo buscan maximizar sus ganancias. En segundo lugar, es necesario impulsar la lucha por el cambio de diagrama. Para pasar del 2x1 (dos días de trabajo y uno de descanso), al 1x1, pero sin reducción salarial. De esta manera se reduciría notablemente la fatiga de los trabajadores y se generarían, al mismo tiempo, muchísimos puestos de trabajo. Junto con esto, hay que pelear por la anulación de la adenda al convenio colectivo (CCT), la madre de la flexibilización laboral en el gremio. Finalmente, hace falta una lucha decidida por la recomposición salarial. El año pasado, los obreros petroleros perdieron 10 puntos porcentuales frente a la inflación. Los que se suman a una pérdida de poder adquisitivo de sus salarios sostenida en los últimos cuatro años. El recorte salarial empuja a los obreros a someterse a una mayor explotación, para redondear un mejor salario, acrecentando de esa manera también la inseguridad laboral. La Agrupación Obreros del Petróleo anticipó, en octubre de 2016 y enero de 2017, las consecuencias fatales que tendría la implementación de la adenda al CCT. En las últimas campañas electorales, la denuncia de este esquema criminal de flexibilización laboral, fue una bandera excluyente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. En la reunión que realizó el pasado martes por la noche la Agrupación Obreros del Petróleo, en el marco del paro, se lanzó una ambiciosa campaña por los ejes trazados en este artículo.

La contundente jornada nacional piquetera del miércoles 20 ante el crecimiento del hambre, con más de cien cortes de ruta y de puentes a lo largo y ancho del país, concluyó con un llamado del gobierno a establecer una mesa de negociaciones, obligando a la ministra de desarrollo social Carolina Stanley -que siempre argumentó no querer negociar bajo presión- a recular en chancletas ante la enorme jornada que contó con más de 200.000 desocupados en las calles. La jornada comenzó, sin embargo, con la represión de la policía del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta al piquete de Callao y Corrientes, y continuó con la que sufrimos en el Puente Pueyrredón por parte de la Prefectura, con compañeros gaseados y algunos contusos, pero que logró defender el corte total del Puente al grito de "el puente es nuestro…" La participación de la casi totalidad de las organizaciones de desocupados y precarizados puso de manifiesto la crisis de la política asistencial del gobierno, que procura mantener la “calle despejada” mientras crece la desocupación y la pobreza, se devalúa la capacidad adquisitiva de los planes sociales, se desabastecen los comedores populares y se cierra el acceso a nuevos beneficiarios. La situación social es potencialmente explosiva: ha debido tomar nota de ello incluso Macri, anunciando con bombos y platillos, en la apertura del Congreso, un 46% de aumento para la AUH (que queda en la miseria de $2.644), y el FMI, que prometió entre 20 y 40 mil millones extra para asistencia social para 2019. Los patrones tienen presente que el desenvolvimiento de su plan de ajuste puede parir una rebelión que amenace a todo el andamiaje político. Las organizaciones del llamado Triunvirato Cayetano (CTEP, CCC, Somos), que venían de garantizar un “diciembre tranquilo” a Stanley, coincidieron en las calles con el frente que integra el Polo Obrero junto a Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, MAR-CTA A, Cuba-MTR, MTR 12 de Abril, Votamos Luchar, y un conjunto de organizaciones que vienen desplegando un largo plan de lucha –en algunos casos, incluso, con una coordinación previa de las acciones comunes, como los masivos cortes del puente Neuquén-Cipolletti y Puente Pueyrredón. La crisis social y la consecuente agitación entre sus bases llevó a los Cayetanos a dejar de lado su política de compromiso con el asistencialismo de Stanley, que vuela por el aire producto de la recesión y el ajuste. En el mismo sentido, la demanda por parte de este sector de leyes de corte asistencial bajó el volumen y cedió su lugar protagónico al planteo de una “paritaria social”, que traduce (aunque de forma ambigua) el claro pliego de reivindicaciones planteado por el frente de lucha: reapertura y aumento del monto de los programas sociales y provisiones alimentarias para los comedores populares (discontinuadas desde hace tres meses, mientras la concurrencia a los mismos no para de crecer). La masividad de la jornada y el compromiso obtenido marcaron el mérito de la movilización callejera y la unidad de acción, de forma independiente del gobierno. Partiendo de esa base el Polo Obrero -que participó en decenas de acciones con miles de compañeros y compañeras- desarrolló la necesidad de extender esta orientación a todo el movimiento obrero: superar la política de contención de la CGT y las CTA y convocar un paro activo nacional, para quebrar el ajuste del FMI, Macri y los gobernadores. La propuesta de reunión formal del gobierno con las organizaciones "piqueteras duras" y simultáneamente con las del Triunvirato (recibirá por separado a éste y la llamada cuarta pata -FOL, Frente Popular Darío Santillán, FOB, MTD) muestra el lugar ganado por las consecuentes organizaciones que en diciembre pasado acampamos en la 9 de Julio mientras el gobierno se jactaba de la paz social y Juan Grabois de la CTEP calificaba la relación con Stanley de "11 puntos de 1 a 10". Las organizaciones piqueteras mantenemos el estado de alerta y velamos las armas hasta la reunión del jueves 28. De no haber una respuesta a los reclamos planteados, continuará el plan de lucha.

El acto realizado por el Plenario del Sindicalismo Combativo en las puertas del Ministerio de Trabajo ha sido una demostración del apoyo que ha suscitado entre los trabajadores la campaña que han desarrollado los compañeros del Sutna San Fernando y nacional. La movilización de los trabajadores de Fate se ha ido incrementando frente a cada acción de lucha. Esto es una demostración palmaria del apoyo masivo de los trabajadores de la fábrica a la orientación trazada por la dirección clasista del Sutna. En el acto realizado en las puertas de la Secretaría de Trabajo, sobresalió entre las importantes intervenciones de dirigentes sindicales, la de la compañera de la comisión de mujeres del Sutna San Fernando – trabajadores de Fate, quien realizó una radiografía social de las implicancias de los posibles despidos masivos en la fábrica. La compañera señaló que dependen de estos puestos de trabajo más de dos mil hijos de los trabajadores, sumado a más de novecientas compañeras que se encuentran desocupadas a raíz de la crisis nacional. Junto a esta denuncia, sumó que del salario de los compañeros también dependen más de cincuenta discapacitados. La descripción de la compañera estremeció a los trabajadores movilizados frente a la profundidad de las consecuencias sociales a las que pretenden llevar el gobierno y la patronal a los compañeros. Arribando a los días finales del período de negociación abierto por la Secretaría de Trabajo la patronal no ha retrocedido. Estamos frente a momentos decisivos. La carta enviada por la patronal de Fate al Ministerio de Producción (del cual depende la actual Secretaría de Trabajo) muestra con total claridad las exigencias patronales al Estado. En la misma, se responsabiliza al gobierno por “el cambio en las reglas de juego” -retenciones a la exportación, cargas impositivas, anulación de reintegros- que le impediría compensar con la exportación la retracción en el mercado interno. Las palabras de la patronal les han dado la razón a los trabajadores que desde el primer momento señalaron que la crisis aducida por la patronal tenía estricta relación con las medidas gubernamentales. También ha quedado claro que la empresa siempre pretendió utilizar la crisis económica nacional para, en ese contexto, intentar quebrar la organización que los trabajadores de Fate han logrado, recuperando sus organizaciones y poniéndolas a disposición de todos los compañeros. La campaña de infamias que mantiene el PTS respecto del Sutna debe ser repudiada por todo el activismo obrero y juvenil. Luego de “denunciar” a la dirección del Sutna por no hacer una asamblea general de la planta -cuando más de la mitad de los compañeros estaban de vacaciones-, el PTS presenció la asamblea general de la fábrica más grande que se haya realizado. Para que el lector pueda comprender, la asamblea representa la paralización del conjunto de la planta mientras se realiza la misma. Por otro lado, esta asamblea tuvo la particularidad que se realizó con el turno que ingresó del lado de adentro de los portones para evitar dejar vacía de compañeros la fábrica y neutralizar cualquier maniobra patronal. Hecha esta enorme asamblea, el PTS ha virado en su crítica y ahora exige un paro del gremio sin paro en Fate. Es absurdo que paren todas las fábricas menos Fate, siendo ellos los trabajadores amenazados. Mucho palabrerío faccional y poca acción de clase. La votación masiva de los trabajadores le dio (una vez más) la espalda a este grupo que pone por delante la intriga a la colaboración en la preparación de una posible lucha abierta entre los trabajadores y su sindicato recuperado de un lado, y la patronal y el Estado del otro. Ni despidos, ni retrocesos en el convenio El rechazo al recurso preventivo de crisis por parte del Sutna ha puesto en evidencia cuestiones de mucha profundidad. Estos recursos fueron inventados para lograr un acuerdo entre las patronales y los sindicatos por debajo de la ley laboral y abaratarle los ajustes a las patronales. El rechazo del Sutna al preventivo ha dejado sencillamente sin efectos las prerrogativas de los preventivos. El contraste con los sindicatos dirigidos por la burocracia es total. El planteo es: rechazo de plano a las maniobras del Estado y las patronales. Campañas y movilizaciones de cara a toda la clase obrera. Mandato de los sectores. Asamblea general de fábrica. La única manera de preparar a los trabajadores para un conflicto, es que sean los trabajadores quienes deciden sus propios pasos. Los trabajadores de Fate y el Sutna han utilizado todos los recursos para organizar a cada trabajador frente a la amenaza patronal. Cada compañero es consciente de lo que está en juego y cuenta con la disposición a enfrentarse a los ataques. La patronal mantiene su intransigencia pero sabe que se enfrenta a un movimiento de envergadura que puede generar una rebelión entre los trabajadores de toda la zona norte que están siendo fuertemente afectados por los despidos y el ataque a sus convenios colectivos. Los trabajadores de Fate han fijado una clara posición. La crisis no debe ser puesta en la cuenta de los trabajadores. Fuerza compañeros.

Luego de ocho días de huelga, con un altísimo acatamiento, que comenzó con el paro de Ctera del 6, 7 y 8 de marzo; la docencia salteña le arrancó a Urtubey un aumento del 38% en siete cuotas, una ayuda extraordinaria de 5.000 pesos (bono) por única vez, pagadero a fines de marzo, una cláusula de redeterminación trimestral hasta enero de 2020, acorde con los aumentos inflacionarios y el pago de los días caídos. La huelga llegó a paralizar al 90 % de las escuelas de la provincia, con movilizaciones, cortes de ruta en diversos puntos y un acampe en la plaza principal de la capital. Para el gobierno de Urtubey, esta lucha golpea la política que venía sosteniendo, con la colaboración de todos los sindicatos estatales, de equilibrar las cuentas de la provincia sobre la base de una quita anual, de alrededor de entre 10 y 20 puntos, aceptada en paritarias desde hace diez años. Este año, esta política entró en crisis cuando el gobierno firmó con los sindicatos estatales un miserable 23% en seis cuotas. La creciente pauperización del docente y el estallido por denuncias de corruptela del principal dique de contención que representaba ADP, gremio que afilia a 15.000 de 33.000 docentes en actividad; encendió la bronca. Ni siquiera ATE, llamada por el gobierno para salvar la crisis, logró encuadrar a la docencia, que terminó autoconvocándose en asambleas departamentales. Con la recuperación del método de la autoconvocatoria, fundado por la docencia salteña en 2005, se puso en pie un movimiento que logró desarrollar un plan de lucha que atravesó todo el territorio provincial. Tribuna Docente se dio a la tarea, desde principios de febrero, de organizar el no inicio, convocando asambleas en la capital, Orán y San Martín. El paro del 6 y 7 de marzo convocado por Ctera y todos los gremios, rápidamente le dio un carácter de masividad a la lucha, que se fue incrementando con una importante participación docente en cada asamblea departamental. En ellas, Tribuna Docente llevó la propuesta de recuperar la pérdida del poder adquisitivo de 2018 y conquistar un aumento para 2019, que se incrementara automáticamente con la inflación. Además, la elección de delegados paritarios, responsables ante las asambleas, con la convicción de construir una dirección combativa, independiente del Estado, ante la enorme oportunidad que tenía este movimiento, de superar definitivamente a la burocracia de todos los sindicatos docentes. El gobierno, para salvar a la burocracia, rechazó desde el principio firmar un acuerdo salarial con los autoconvocados. Esta maniobra fue derrotada rápidamente porque el parazo continuó, desautorizando así a los sindicatos que firmaron, el pasado miércoles 13, un aumento del 35% en seis cuotas, llamando a levantar el paro con la amenaza de los descuentos. El repudio se generalizó y la burocracia tuvo que disfrazarse de autoconvocado en varias asambleas departamentales, porque el gobierno se vio obligado a negociar con los delegados de las asambleas. La derrota del gobierno de Urtubey con una conquista de 15 puntos por encima de la oferta inicial, la ruptura con los aparatos burocráticos, el pago de los días de huelga, muestra una docencia que sale fortalecida para nuevas luchas. Queda pendiente la construcción de una dirección independiente que unifique a toda la provincia y supere las maniobras de los partidos del régimen que, asustados por este torrente de lucha, trataron de aislar a Tribuna Docente con posiciones macartistas. Nos proponemos la organización de esa gran reserva combativa que puso el cuerpo para lograr esta conquista, con el objetivo de recuperar la Junta de Calificaciones y expulsar a las mafias burocráticas de nuestros sindicatos como ADP y Amet. Esas son las próximas batallas. Y, en lo inmediato, la lucha para impedir el cierre de las escuelas rurales y por la titularización de los docentes de todos los niveles y modalidades.

El ex jefe de Gabinete y ex ministro de Justicia del gobierno anterior, Aníbal Fernández, fue condenado a indemnizar a José María Escobar, un dirigente del Partido Obrero, con 50 mil pesos más los intereses correspondientes por haberlo acusado falsamente en una conferencia de prensa de ser el responsable de un sabotaje -en 2008- a la línea Sarmiento de trenes. La jueza civil y comercial federal Alicia Pérez condenó también al Estado nacional porque Aníbal Fernández hizo dicha acusación en ejercicio de sus funciones de Ministro de Seguridad y Justicia en una conferencia de prensa por cadena nacional, luego que el 4 de septiembre de 2008, tras un descarrilamiento del tren en la estación Castelar, la indignación de los pasajeros derivara en la quema de varias formaciones. Ese mismo día, Aníbal Fernández acompañado por el fiscal Carlos Stornelli, entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dieron una conferencia de prensa en la que mostraron fotos de lo ocurrido y denunciaron un supuesto sabotaje del Partido Obrero. En particular, señalaron con nombre y apellido a José María Escobar, docente y militante del Partido Obrero, como el responsable de prender fuego un vagón y aseguraron tener pruebas de ello que nunca aportaron a la justicia. La condena establece un monto mucho menor de lo pedido en la demanda debido a que la sentencia no meritúa la indefensión de un militante popular ante la imputación directa del Ministro de Justicia y Seguridad Nacional y la asimetría que implica. Tampoco atribuye a Fernández el conocimiento de la falsedad de la acusación ni el hecho de que hiciera uso de su cargo para calumniar a un ciudadano. Lejos quedó el fallo además de condenar la utilización de un cargo ministerial para manipular a la opinión publica de parte del funcionario, que buscó crear un enemigo social, como “chivo expiatorio” de la responsabilidad del gobierno de Néstor Kirchner en el vaciamiento ferroviario. Esta condena se limita a señalar que Aníbal Fernández no probó sus dichos. Por otra parte, la demanda del Partido Obrero interpuesta por este mismo hecho fue rechazada por la Justicia, que aplicó la doctrina de la Corte Suprema que establece que una persona de existencia ideal (no física) no posee “moral a ser afectada”, por lo cual no puede reclamar daños por afectación de su nombre. En 2008, el Partido Obrero fue utilizado como chivo expiatorio del desastre ferroviario, responsabilidad de los empresarios kirchneristas Cirigiliano/TBA y el gobierno que lo amparaba. Aníbal Fernández imputó falazmente al PO y a Escobar con detalles inventados. La realidad de los hechos quedaría en evidencia dos años después cuando, en defensa del esquema de negociados montado en torno a los subsidios estatales que recibía el ferrocarril, una patota de la Unión Ferroviaria asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra y más tarde, en 2012, cuando se produjo la masacre de Once. Pero no se trata del pasado. Macri y su entorno participaron de la corrupción ferroviaria de los Kirchner-De Vido, por ejemplo, en las obras de soterramiento del Sarmiento. Por otra parte, los gobiernos macristas mantienen negocios y contratos con los Roggio, procesados por la cartelización de la obra pública. Estos negociados se mantienen a costa de la vida de la población que viaja en el ferrocarril y de sus trabajadores: la muerte de un trabajador ferroviario el pasado martes en el Sarmiento así lo demuestra. Este fallo, aunque limitado, refuerza la denuncia del Partido Obrero sobre la responsabilidad estatal en el vaciamiento y el desastre ferroviario.