Prensa Obrera N° 1534

El gobierno anunció brutales tarifazos, de entre un 35 y 55 por ciento, que serán aplicados en los servicios públicos y el transporte en los primeros meses de 2019. Los aumentos del transporte no se reducen a la Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, porque “el traslado del sistema de financiamiento” a las provincias implicará el pase automático de los aumentos a esos boletos locales. La “distorsión” de la que hablan los funcionarios (diferencia de costo de boleto entre AMBA y el interior del país) se iguala para arriba. Asistimos a un nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores. El gobierno colocó en un 23% el “techo” salarial para 2019, cuando, a partir de los aumentos anunciados, la carestía el año que viene ascendería a no menos del 30%. Un esquema agotado e inviable El tarifazo disparó también una nueva crisis de gabinete. La renuncia de Javier Iguacel es la confesión de las contradicciones insalvables de la política oficial. El ‘sendero de aumentos’ promulgado en 2016 es un sistema de tarifazo permanente, y ya había implicado subas de hasta el 800% en el gas y aún más en la electricidad. Pero con la devaluación, quedó corta hasta esta megaconfiscación. Al comienzo de su mandato, el macrismo estableció un esquema de dolarización de las tarifas. Su punto de partida fue el reconocimiento a las empresas productoras como Total, PAE e YPF, del valor del gas y del crudo en boca de pozo en la divisa norteamericana. Esas productoras le trasladaron ese costo a los siguientes eslabones de la cadena (distribuidores de gas, refinerías, etcétera) que lo descargaron entonces sobre los consumidores. Un esquema así es inviable, con más razón si tenemos presente que, lejos de haber concluido, el año entrante comienza augurando nuevas devaluaciones. Incrementos de esta naturaleza son impagables y sólo pueden generar mayor rechazo popular. Pero, aún con esos aumentos siderales, la ecuación no cierra, por lo cual, el gobierno fue apelando nuevamente a un aumento de los subsidios. La vuelta a una política de subsidios choca con el ajuste fiscal y los acuerdos con el FMI. Precisamente, una de las exigencias del Fondo para 2019 consiste en reducir los subsidios. Esto afecta no sólo a la población sino también a los grupos empresarios. Dujovne quiere reducir los subsidios que está pagando por el gas “nuevo” en Vaca Muerta. Si el gas se comercializa a un promedio de 4 dólares por millón de BTU, el Estado venía pagando una diferencia progresiva que llega hasta 7,50 dólares. El Presupuesto para este programa es de 712 millones de dólares. La principal beneficiaria es Tecpetrol, de Techint, secundada por un conjunto de compañías nacionales y extranjeras. El desacuerdo del secretario de Energía con esta poda del Ministerio de Hacienda terminó costándole la cabeza. Esta nueva deserción en el gabinete, que ya soportó varias crisis en 2018, habla del derrumbe político y económico del macrismo, que viene horadando su base de apoyo en la clase capitalista e incentiva las disputas a su interior. Estamos en presencia de un choque entre las petroleras y el FMI. Coinciden con el tarifazo, pero el Fondo quiere reservar la recaudación para el pago de la deuda extrema y no para subvencionar a las compañías energéticas. Esta nueva crisis ha puesto al rojo vivo el carácter parasitario y confiscatorio del sistema energético. Los valores actuales triplican a los que rigen en el mercado norteamericano, a pesar de que los costos de extracción del shale gas o petróleo en ese mercado son similares a los de la cuenca neuquina. El encarecimiento del precio del gas se multiplica y se traslada al costo de generación de electricidad y a su tarifa, a la que se añade el IVA e Ingresos Brutos. El esquema vigente es un gran subsidio al capital internacional, en especial al instalado en Vaca Muerta. Esto se potencia con el agravamiento de la crisis capitalista internacional. El precio internacional del petróleo viene cayendo en forma vertiginosa -anticipando una recesión de la economía mundial- pasando, en pocos meses, de 70 dólares a 48 el barril. Este hecho debería traducirse en una reducción del precio de las naftas locales. Eso no sólo no ha ocurrido, sino que se han multiplicado las presiones de las petroleras para que el Estado las compense con nuevas prebendas. Por lo pronto, quieren que el gobierno las libere de las retenciones a las exportaciones de petróleo y, por supuesto, defienden con uñas y dientes los subsidios -que ya se embolsan- y los precios vigentes en las estaciones de servicio. Derrotar la ofensiva El macrismo, que ha hipotecado el país, se sirve de ese hecho para redoblar la agresión a los trabajadores. Pero el tarifazo y la ofensiva en curso no resolverán la crisis de deuda, que se agrava, y la impasse de la política oficial. El riesgo país ha trepado por encima de los 800 puntos. El rechazo formal de la oposición a estas medidas no puede disimular su complicidad. Los 40 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires prepararían una presentación judicial de “oposición a los tarifazos” planteando que “no se realizaron las audiencias públicas previas que corresponden”. Medidas similares, sin embargo, ya fueron presentadas por intendentes en ocasiones anteriores y el resultado es conocido: las audiencias no son vinculantes, el gobierno las realiza y luego aplica los aumentos. Nadie en las filas “opositoras” cuestiona este sistema confiscatorio, incluido el kirchnerismo. No olvidemos que el “sendero de precios” del gas que el gobierno y los jueces pactaron en 2016, lo inventó antes su propio gobierno -de la mano de Kicillof y Galluccio. El massismo dice que quiere un ajuste de tarifas de acuerdo con la evolución del salario -algo que nunca se le había ocurrido en ocasión de los grandes tarifazos 2016/17. La burocracia de la CGT sigue el mismo camino. El reclamo que realizan ante este ataque se circunscribe al pedido de un aumento del sueldo mínimo. El tarifazo tampoco ha impedido que algunos gremios empiecen a renovar aumentos muy inferiores a la carestía que se avecina. Es lo que acaba de hacer UPCN en la provincia de Buenos Aires, Utedyc (entidades deportivas y civiles) y el Suterh encabezado por Víctor Santa María. Pero los nuevos tarifazos tampoco han conmovido a los dirigentes sindicales, incluidos moyanistas y cristinistas, para “ revisar” la tregua y convocar a los trabajadores a la acción. Esto se extiende al triunvirato piquetero. La definición de Yasky, contraria a todo paro durante el año electoral, es expresiva del alcance del operativo de contención de todas las alas del peronismo, en este caso de su ala demagógica más radical, el kirchnerismo Pero el gobierno no da tregua, y profundiza su ofensiva. Llamar a esperar hasta las elecciones de 2019 es una impostura, cuando el gobierno no espera para atacar las condiciones de vida de la población. El ministro de Industria, Dante Sica, acaba de reclamar la sanción de una reforma laboral cuando la Unión Industrial ha vuelto a la carga con ese planteo. A nadie se le puede escapar que si esta ofensiva pasa, será el mejor escenario para que el macrismo sobreviva e incluso pueda avanzar en sus ambiciones reeleccionistas. La “paz social” es también una condición para el armado de un recambio y una transición política “controlada”, en medio del proceso electoral, en caso de que el hundimiento del gobierno sea irreversible. Está abierta una pelea contra los tarifazos, impagables, y también por aumento de salarios. En ambos casos se plantea la necesidad de superar el bloqueo que suponen las burocracias de todos los pelajes y la complicidad de la oposición patronal. Las reservas de lucha de la clase obrera se han constatado en todo 2018, que culminó con las luchas heroicas que libran los compañeros de Interpack y Siam. La nueva tanda de tarifazos ponen al rojo vivo la necesidad, en 2019, de derrotar el plan de guerra de Macri, el FMI y los gobernadores. Los ruidazos y cacerolazos están a la orden del día y contribuyen a este objetivo. Es necesario un Congreso de delegados mandatados por asambleas, de todos los sindicatos y las centrales obreras, para poner en pie de lucha al conjunto dela clase obrera y discutir un programa de salida a la actual crisis. Ese programa debe incluir la anulación de los tarifazos, la apertura de los libros y costos de las empresas de servicios y el control obrero de la producción; poniendo fin a las privatizaciones y al endeudamiento usurario e imponiendo la nacionalización integral de los recursos y el sistema energético. Es necesario que los trabajadores irrumpan en la crisis nacional y se transformen en una alternativa de poder.

El 1° de enero se inauguró el período presidencial de Jair Bolsonaro. Hace dieciséis años, el arribo de Lula Da Silva fue interpretado, también, como un viraje en la historia política de Brasil. Entre uno y otro acontecimiento sobresale un hilo conductor estratégico por encima de la evidente diferencia de las tentativas políticas entre uno y otro. Lula llegó al gobierno en el marco de la enorme sacudida que desató la crisis asiática de 1997, que luego de pasar por Rusia se alojó en Sudamérica con las devaluaciones del real brasileño y de los pesos de Argentina y Uruguay, y el derrumbe de la convertibilidad. Desde entonces, la crisis capitalista internacional ha escalado varios peldaños; 2018 cierra con caídas bursátiles enormes y, por sobre todo, con otros episodios decisivos como lo son la desintegración de la Unión Europea, que se manifiesta en el impasse del Brexit, en la bancarrota próxima de Italia y en la rebeldía popular en Francia y Hungría contra los planes de ajuste. El FMI pronostica un retroceso económico para el año que se inicia, que bordea la recesión, con un epicentro en China. En América Latina prosigue la presión de la fuga de capitales, en tanto que en el plano político el gobierno macrista camina por el precipicio en Argentina, y los partidos tradicionales de México acaban de sufrir una rotunda paliza a manos de una fuerza emergente de características nacionalistas y populistas, que encabeza López Obrador. Al igual que la experiencia petista, la de Bolsonaro debe encuadrarse en la perspectiva de un desarrollo mayor de la crisis mundial. Lula y Bolsonaro Bolsonaro y Lula se encuentran entrelazados también por una relación contradictoria. A nadie se le escapa, a esta altura del desarrollo de la crisis política en Brasil, que la victoria de esta mediocridad fascistizante que es Bolsonaro, es un resultado del fracaso de la tentativa política petista. En la década y media de gobiernos encabezados por el PT, el régimen capitalista no fue afectado en lo más mínimo -todo lo contrario. Brasil abrió las puertas a un ingreso gigantesco de capitales internacionales, que bombearon la economía nacional a fuerza de un endeudamiento gigantesco- tanto internacional como interno. La ‘redistribución del ingreso’ resultó una farsa porque fue financiada por los mismos contribuyentes, de ningún modo a costa del capital. En este período debutó la ‘reforma previsional’ que Bolsonaro pretende llevar ahora a sus últimas consecuencias. Cuando el viento de cola comenzó a amainar, la crisis resultante fue endilgada a los trabajadores, con políticas de ajuste. En el jolgorio de los grandes negocios capitalistas, la cúpula petista se adjudicó coimas diversas y millonarias junto a sus aliados políticos patronales, ya que en todo momento el PT gobernó en coalición con ellos -o sea, que careció de la más mínima independencia de clase. La consigna de bautismo del PT -“trabalhador vota trabalhador”- se hizo añicos. Fueron estos gobiernos de coalición los que re-introdujeron a las fuerzas armadas en la política brasileña, al asignarles la “lucha contra el narcotráfico”. Ignorando este balance político, aparecen ahora los académicos de ocasión que atribuyen el ascenso de Bolsonaro a una suerte de derechización ciudadana. Cuando se agote esta experiencia encontrarán otra fórmula de paso para continuar con esta manipulación ideológica. Ajustador y reaccionario El gabinete que ha designado Bolsonaro es el más reaccionario de la historia de Brasil. No solamente tiene más ministros militares que los que albergó el gobierno del golpe militar de 1964, sino que las otras carteras están ocupadas por fascistas concientes o disimulados. El centro de gravitación lo ocupa, sin embargo, el ministro de Economía, Pablo Guedes, un ‘liberal’, como ya ocurriera en el pasado con la mayoría de las dictaduras que conoció América Latina. El ministerio de Guedes equivale a un gobierno paralelo, debido a la cantidad de ministerios que se han puesto bajo su mando -Producción, Comercio, Trasporte, Trabajo y otros. Como advirtió un columnista muy leído del Financial Times, el desafío fundamental de Guedes es desmantelar el régimen de previsión social y establecer un sistema de capitalización -no alcanza con recaudar 200 mil millones de dólares por privatizaciones, que luego se esfumarán por el despilfarro estatal. El empeño en ese desmantelamiento constituirá, sin duda, ‘la madre de todas las batallas’ del próximo gobierno. Guedes se propone, asimismo, quebrar el sistema de protección comercial de la industria, para abrir paso al capital internacional. Este ministro es una suerte de adversario del ‘círculo rojo’, como denominan en Argentina a la ‘patria contratista’, con la finalidad de reforzar la acumulación capitalista a través del llamado “mercado de capitales”. Desde el ascenso del gobierno de Temer, la privatización del petróleo ha avanzado mucho, en especial por la apertura de las licitaciones al capital extranjero. De acuerdo con los medios de comunicación, el alto mando militar admitiría la privatización de las empresas satélites de Petrobras, pero no ella misma. Es lo que parece ocurrir con la ‘joya’ industrial brasileña, la aeronáutica Embraer, que privatizaría en forma parcial su sector comercial. En materia laboral, el choque que se avecina no es menos decisivo, porque la reforma ya aprobada por el Congreso, tiene por delante la aplicación en los grandes conglomerados económicos, donde se encuentran vigentes los convenios colectivos. El “contrato individual” y el “trabajo intermitente” colisiona con los derechos de los trabajadores de las grandes empresas, y por más contorsiones que haga la burocracia sindical, como ha ocurrido hasta ahora, para conciliar la defensa de su status con la política destructiva del gobierno, la pelea está planteada. Diseño de ofensiva Bolsonaro sostiene este programa de ‘ajuste’ a pesar de una trayectoria de pronunciamientos ‘nacionalistas’; no le cuesta, como se ve, acomodarse a cualquier realidad, aunque deberá arbitrar los conflictos inevitables que provocarán las privatizaciones, la desprotección industrial y los choques por el manejo del mercado de capitales. El programa de cuño propio del nuevo mandatario es, sin embargo, absolutamente reaccionario y potencialmente fascista. El planteo de erradicar la influencia democrática y de izquierda en la educación es, por su alcance, un llamado a la guerra civil; lo mismo vale con relación al combate contra los derechos que reclama el movimiento de mujeres, lo cual involucra también a la salud. Bolsonaro tiene el problema, eminentemente táctico, de si va a atacar en todos los frentes al mismo tiempo, con el riesgo de que cualquier dilación desgaste su base de apoyo social. Sus sostenedores capitalistas ya han comenzado ataques agrarios para echar a los trabajadores del campo de sus tierras o perseguirlos por su actividad de organización. Brasil podría re-ingresar en un período de semi-guerra civil en el campo. En los últimos días se anunció que demoraría el proyecto de guerra contra la educación. Sin embargo, reconfirmó el proyecto que autoriza la portación de armas y la doctrina Chocobar, que protege a las fuerzas represivas que asesinen ciudadanos corrientes. En el marco del conjunto de su política, esto es un paso hacia el fascismo, porque apunta claramente a facilitar la organización de bandas armadas. La tendencia fascistizante del nuevo gobierno no puede ser ignorada cuando se tiene en cuenta la dimensión de la guerra social que ha anunciado. Esto debe ser señalado incluso si no reúne aún, ni llegue a reunir realmente, los recursos políticos necesarios para imponerse a una resistencia y a una rebelión popular. Cotejado con sus ambiciones, el gobierno de Bolsonaro es débil. La consagración de Bolsonaro ha abierto un nuevo frente en la crisis internacional, esto porque se entrelaza con el gobierno y la política de Trump. Por de pronto, ya ha ratificado su alianza política y militar con el sionismo, a pesar de que podría provocarle la pérdida de mercados importantes en el espacio económico árabe. Probablemente ya ha conversado el asunto con estos regímenes, que cada día más se convierten en aliados del Estado sionista. La intención de acabar con el gobierno de Venezuela ha sido planteada en forma abierta, lo cual plantea un choque con China y con Rusia, que sostienen a Maduro. Habrá que explorar si existe alguna negociación de conjunto con estos para abreviar el mandato del régimen venezolano, algo que es previsible a la luz de tantos giros de la política mundial en los últimos meses. La cuestión de China, sin embargo, transita por otro carril más, que es el de la guerra económica internacional. Trump ha extendido esta lucha a toda América Latina. Como se puede apreciar, Bolsonaro empieza su gobierno en un marco de convulsiones y crisis en todos los campos, de ahí que su desarrollo tendrá un impacto fundamental en la crisis política que atraviesa a América Latina. Brasil inaugura un gobierno reaccionario en grado de tentativa. Si se cotejan sus posibilidades con lo ocurrido con el macrismo en Argentina, por una parte, o con la enorme crisis política que ha desatado en Estados Unidos la gestión de Trump, por la otra, es claro que la caracterización de la etapa que pretende abrir el ascenso de Bolsonaro está condicionada. La izquierda Todo indica que la izquierda brasileña ingresa en este nuevo período en un grado avanzado de desmoralización. Boicoteará la ceremonia de asunción del proto-fascista, simplemente por necesidad. No ha ofrecido hasta ahora un balance de lo ocurrido ni menos una política o programa. Ha decidido dejar la iniciativa a Bolsonaro y a los militares y a otear las divergencias que puedan emerger en el ‘trío fantástico’ del flamante gobierno –Guedes-militares-clan fascista. El PT se refugiará en el parlamento, donde buscará tejer alianzas en nombre de un Frente Democrático. La izquierda brasileña que se mantiene en un terreno de lucha de clases debería proceder de otro modo y convocar a un inmediato debate a partir de planteos y programas. El análisis político debe desplazar al impresionismo. A este debate debe ser convocado todo el activismo obrero, femenino y juvenil. La izquierda latinoamericana en su conjunto enfrenta la obligación de discutir una política continental, frente a experiencias tan contradictorias como la mexicana, de un lado, y la brasileña, del otro, y también frente a la de Argentina, potencialmente la más explosiva de todas -más las insinuaciones de guerra frente a Venezuela o la crisis migratoria de Centroamérica y México, de un lado, y Estados Unidos, del otro. La carta más fuerte de Bolsonaro, los militares y los ajustadores es la falta de rumbo de la izquierda y los sindicatos. Una caracterización de lo que será el gobierno de Bolsonaro sólo puede hacerse en forma aproximativa. En tanto prepara una ofensiva contra los trabajadores, se moverá siguiendo una línea de arbitraje de características peculiares. Se presenta como un semi-bonapartismo de coalición entre el bolsonarismo, el neoliberalismo y los militares. Más allá de esto, deberá conformar una ‘coalición a la carta’ con el Congreso, como ocurre en Argentina, donde operarán todos los ‘lobbies’ del capitalismo local, en especial aquellos que temen ser desplazados. A pesar del respaldo de 55 millones de votos, su estabilidad deberá ser probada en la lucha de clases. Leé también: Brasil: un gobierno golpista

Los tarifazos resueltos para el gas, la luz, el agua y el transporte son un nuevo despojo al bolsillo de trabajadores y jubilados. Mientras el gobierno fija una “pauta” de aumento salarial del 23% para 2019, los aumentos previstos alcanzan hasta el 55%. A caballo de los tarifazos, Macri y su gabinete nos vuelven a confiscar el salario. El tarifazo se hace en nombre de “compensarle los costos” a las empresas privatizadas. ¡Pero el tarifazo es mucho más que eso! Le asegura a los pulpos petroleros un valor del gas en “boca de pozo” que triplica a su precio internacional. La plata de trabajadores y consumidores subsidia, por lo tanto, a un grupo de parásitos. Y permite que otros recursos del Estado banquen a otros parásitos -los acreedores de la deuda externa usuraria. “Gracias” a ese régimen de saqueo montado por Macri y los gobernadores del PJ, el país está en estado de quiebra. Pero en medio de esa quiebra, los chupasangres se pelean por los recursos que -tarifazo mediante- le roban a los trabajadores. Las petroleras quieren que esa plata las siga subsidiando. El FMI, que se use para pagar la deuda impagable de un país al borde del defol. ¿Por qué seguir sosteniendo, con sacrificios inmensos, a un régimen inviable y fracasado? Que se anulen los tarifazos y se abran las cuentas de las empresas de energía y de transporte. Indexación de los salarios de acuerdo con el aumento de precios y tarifas. Para eso: inmediato paro activo y plan de lucha. Cacerolazos en todas las ciudades. Congreso de bases de todas las centrales y sindicatos, para discutir un programa y un curso de acción. Derrotemos el régimen del tarifazo permanente y el saqueo de los recursos del país; nacionalización bajo control obrero de la industria energética. Que la crisis la paguen los capitalistas. Fuera Macri, Asamblea Constituyente soberana y con poder, para resolver las medidas elementales en defensa de los trabajadores y la nación expoliada. Por una salida de los trabajadores a la crisis.

La crisis política, el temor a una posible derrota en la provincia y los pactos con el Frente Renovador y el PJ -para aprobar el Presupuesto de ajuste- abren la posibilidad que el oficialismo separe las elecciones del mayor distrito del país de las elecciones nacionales. El posible desdoblamiento podría terminar siendo triple. Por un lado, la elección de los cargos provinciales, por otro los municipales y luego los cargos nacionales junto a la elección presidencial. El desdoblamiento es inseparable del derrumbe del macrismo, porque Vidal teme ser arrastrada por una posible derrota de Macri frente a un reagrupamiento pejotista con o sin Cristina a la cabeza. Lo mismo sucede con las más de sesenta intendencias que obtuvo el PRO en la provincia. Al mismo tiempo, el pacto montado con el massismo y el PJ para hacer pasar el presupuesto provincial, parió una comisión bicameral para tratar el desdoblamiento. En el acuerdo en discusión, el massismo reclama poder conservar una docena de municipios, y no ser barrido frente a la posibilidad de una polarización “por arriba”. Este operativo chocan con la constitución provincial, que señala que las elecciones municipales deben realizarse junto con la de gobernador. Para salvar los acuerdos, evalúan realizar elecciones con boleta electrónica “como prueba piloto” en algunos distritos, lo que le facilitaría al massismo un “corte de boleta” a su favor. Vidal intenta zafarse de la crisis de gobierno de Macri en el arranque de un año que vuelve a colocar la crisis capitalista con mayor agudeza. La gobernadora cedió a Macri el mismo monto millonario que había recibido como parte del “fondo de resarcimiento del conurbano”, cuando aceptó el traspaso de los subsidios a las privatizadas de energía y el transporte -un claro reclamo del FMI. Vidal se encuentra parada en el Titanic. Los impuestazos previstos no alcanzan para paliar la crisis. La provincia está endeudada en dólares en un 75%, lo que la coloca al borde de la quiebra ante la posibilidad de nuevas devaluaciones. La autorización del nuevo endeudamiento sólo sirve para pagar los intereses de deuda sin tocar el capital, continuando con una acumulación de deuda explosiva. Ganadores y perdedores Macri no ignora que este desenganche le restaría apoyo en las nacionales. Aceptando ese perjuicio, intentaría sacar algún beneficio secundario de un posible triunfo previo de Vidal. Además, especula con “vaciarle” por abajo el apoyo a una posible candidatura de CFK o cualquier variante pejotista. Esto ha llevado al PJ a pronunciarse en contra de esta variante, y a Vidal a estudiar la posibilidad de puentear la Legislatura e imponer por decreto el adelantamiento. En el PRO entienden que la posibilidad de un reagrupamiento alrededor de Cristina sólo se podría concretar si su candidatura empuja la votación del aparato venido a menos del PJ de la provincia. Una candidatura de CFK sin sostén en los municipios de la provincia de Buenos Aires la colocaría en franca debilidad para imponerse frente al macrismo, incluso, podría cuestionar su presentación. El adelantamiento electoral implica también la eliminación de las Paso provinciales. Mediante esta maniobra, Vidal intenta asegurarse una mayor dispersión de listas y así evitar la conformación de nuevos escenarios luego del filtro de las internas. El papel del Frente de Izquierda El posible adelantamiento electoral en el principal distrito del país, sacudido como pocos por la crisis social y la bancarrota económica, no puede ser dejado de lado por el Frente de Izquierda. Es necesaria una fuerte campaña de denuncia del co-gobierno del peronismo con Vidal contra los trabajadores -que incluye al kirchnerismo que obtuvo el nombramiento de Juliana Di Tulio en el Bapro-, la defensa de los puestos de trabajo y el salario, la ocupación de toda fábrica que cierre o despida masivamente, el rechazo a todo aumento de los impuestos, el repudio al pago de la deuda usuraria, la defensa de la educación y la salud pública y gratuita frente al ajuste del gobierno y la organización independiente de los trabajadores frente al corset de la burocracia sindical colaboracionista. Tanto Vidal como Cristina son representantes del Vaticano contra los derechos de las mujeres y tributarias de la política de contención de las masas en la que la Iglesia juega un papel decisivo. El conurbano, sin embargo, es un polvorín social que debe ser organizado y convocado a luchar contra el ajuste en marcha, tanto en el movimiento obrero como entre los desocupados. Otro ejemplo lo han dado los docentes, que enfrentaron a Vidal con 29 días de paro. Sin embargo, la burocracia sindical kirchnerista evitó avanzar en un plan de lucha que le torciera el brazo al gobierno. El FIT tiene que ser la expresión política de cada lucha que desarrollan los trabajadores. La situación impone la necesidad de realizar un acuerdo integral del FIT para poner en pie una campaña nacional y en la provincia, y desarrollar una gran organización en cada uno de sus pueblos y ciudades. Mientras los partidos patronales han co-gobernado con el PRO aprobando todos los ataques a los trabajadores, el Frente de Izquierda debe abrirse paso en la defensa de los intereses de los explotados, promoviendo una salida obrera y socialista a la crisis. La atomización electoral no puede ser escindida de la crisis de las propias organizaciones defensoras del régimen vigente. El Frente de Izquierda tiene la oportunidad política de lanzar en forma común una gran campaña y enfrentar a las corrientes de la burguesía y el imperialismo como una fuerza desplegada en todo el país, partiendo de la referencia política conquistada.

Con una importante conferencia de prensa, el Frente de Izquierda presentó sus principales candidatos y dio inicio a la batalla electoral del próximo 10 de marzo. Estuvieron presentes Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano. La fórmula a gobernador y vice estará integrada por Raúl Godoy, del PTS, y Pablo Giachello por el PO. La lista a diputados provinciales será encabezada por nuestra compañera Patricia Jure, seguida por Andrés Blanco (PTS) y Blanca López ( IS). Ha quedado pendiente la distribución de los tiempos de rotación, de acuerdo con las reales relaciones de fuerza. Se anunciaron las candidaturas a intendente de las principales ciudades. La dirigente de Aten, Angélica Lagunas (IS), encabezará la lista en la capital; Francisco Sánchez (PO), en la localidad de Cutral Co; Daniela Rojas (PO), en Zapala; Unelen Vázquez (PO), en Chos Malal. Los compañeros del PTS encabezarán en las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Centenario. Y en la lista a diputados provinciales estarán presentes compañeros de Aluminé, Loncopué, Buta Ranquil y Picún Leufú. Panorama electoral Luego de las elecciones internas, el MPN lleva como candidato a la reelección al gobernador Omar Gutiérrez. Allí se expresó una fuerte crisis al interior del partido, donde el gobernador competía con su vice, Rolando Figueroa. Los resultados dieron como ganador al actual gobernador, pero con el desarrollo de una fuerte batalla interna. Figueroa denunció fraude electoral, acusando al gobernador y funcionarios de “chorros y delincuentes”, haciendo votar en una asamblea la presentación por fuera del partido. Finalmente esto no sucedió, ya que, a último momento, Figueroa bajó su lista, mostrando el arribo a un acuerdo que fortalece al gobernador Gutiérrez. Por otra parte, el PJ local cerró un amplio frente que incluye a Unidad Ciudadana, FPN, UNE (ex partido de la CTA), PS, PC, Movimiento Evita, PCR. Este armado lleva como candidato al actual Parlasur, Ramón Rioseco, y al actual diputado nacional, Darío Martínez como vice. Este frente está apoyado por la mayoría de las direcciones de sindicatos estatales, como Aten, judiciales, municipales, con excepción de la dirigencia de ATE, que a último momento no lo integró por no aceptar que su secretario general, Carlos Quintriqueo, sea relegado de la nómina expectable a ingresar a la Cámara de Diputados. Cambiemos lleva como cabeza al actual intendente de la ciudad capital, “Pechi” Quiroga, desconociéndose aún su vice. El sector de la UCR-CC-ARI irá por separado, bajo el sello del partido “Iguales”. Hasta la fecha, la presentación del MST sería en soledad, sin su socio del MAS, quien no ha presentado candidatos. Vamos con todo El Partido Obrero impulsará una campaña unitaria del Frente de Izquierda, máxime en este gran abanico de fuerzas en pugna. Opondremos nuestra política a los candidatos de las petroleras. Es claro que las empresas tienen sus candidatos favoritos en Gutiérrez y en Quiroga, pero el Frente de Rioseco-Martínez se esfuerza todos los días en presentarse como la alternativa “razonable”. Han borrado de su campaña toda referencia a una lucha contra la renta petrolera. Por ello, nuestra campaña estará signada en desenvolver la lucha de los trabajadores contra este plan de guerra, expresándola en el voto. Impulsaremos un impuesto especial a la renta petrolera para desarrollar una industrialización de la provincia bajo control obrero. Impulsaremos el reparto de las horas de trabajo en la industria petrolera para motorizar la creación de puestos de trabajo y evitar las muertes obreras, así como el control obrero y popular en los pasivos ambientales y comisiones obreras de seguridad. Defenderemos a fondo la lucha por la educación sexual integral, el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado. Con una campaña atípica, con escuelas, lugares de estudio y muchas reparticiones estatales reducidas en su funcionamiento, reforzaremos la agitación en las fiestas populares que son masivas en la provincia. Llevaremos a cada fábrica y lugar de trabajo la necesidad de votar al FIT, con la mira puesta en fortalecer una herramienta de organización de la lucha contra el plan de guerra de Macri, el FMI y los gobernadores.

El pasado jueves 27, los docentes porteños llevamos adelante una nueva jornada de paro contra el cierre de escuelas medias nocturnas establecida a través de la antieducativa resolución 4055. La jornada comenzó con una gran concentración frente a la Legislatura, en ocasión de la convocatoria a la sesión especial arrancada por el legislador del PO-FIT Gabriel Solano, junto a otros bloques opositores, para tratar proyectos contra el cierre de escuelas nocturnas. Los bloques del PRO y de la Coalición Cívica no dieron quórum, expresión de que la cobardía y perfidia del gobierno ajustador no tiene parangón. Las políticas que aplica el Ejecutivo y la ministra Acuña son defendidas con la disposición a los palos y represión: la Legislatura nuevamente se encontró vallada y sitiada por la policía que impidió el ingreso de la docencia y las comunidades educativas. Levantada la sesión, la masiva columna se movilizó a las puertas del ministerio de Educación porteño. Allí se leyó un documento común de los sindicatos UTE y Ademys. Una gran pulseada La jornada de paro fue precedida por importantes movilizaciones, cortes de calles y semaforazos que aportan a la visibilización de esta medida, propia de los enemigos de la educación pública. Asimismo, el día previo y el posterior al paro, docentes, sindicatos y comunidades impidieron que se llevaran adelante los actos públicos truchos que apuntaban directamente al cierre de las escuelas, a la fusión de cursos, al despido de docentes, no docentes y contra el futuro previsional de cientos de docentes próximos a jubilarse. Cabe destacar que esta medida afecta al sector de la docencia que, desde el año 2011, no cuenta con actos públicos de titularización de los cargos. Es decir que la determinación gubernamental se monta sobre la base del incumplimiento del derecho a la estabilidad laboral. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha ensañado con las escuelas a las que acuden los sectores sociales más vulnerables. Es decir que el mismo Estado que los hambrea, también los expulsa de la posibilidad de acceder a la educación pública. Es de primer orden reforzar la línea de defensa de las escuelas nocturnas, pero también del conjunto de los reclamos docentes. Otro capítulo de esta batalla será por el salario, subsumido por debajo de la línea de pobreza. En este sentido, el próximo ciclo lectivo no puede ni debe comenzar ordenadamente como si nada sucediera. La conducción del sindicato mayoritario UTE-Ctera debe convocar, en la primera semana luego del receso, a un plenario que ponga en pie sin dilaciones un plan de lucha, comenzando por un No Inicio del ciclo lectivo 2019 y paros escalonados hasta derrotar al enemigo de la educación pública. La Asamblea Unificada del 19 de diciembre frente al ministerio de Educación ya resolvió comenzar desde ahora a preparar el No Inicio. ¡Vamos a ponerlo en pie!

Del 2 al 7 de marzo, la UJS se prepara para un nuevo campamento de verano en las playas de Nueva Atlantis, a escasos kilómetros de Mar de Ajó. El desafío de este año será analizar el ascenso de gobiernos derechistas como los de Bolsonaro y Trump, que volvieron a colocar en la agenda política corriente a la palabra “fascismo”. Aunque se trata de una tendencia condicionada por fuertes contradicciones, abordaremos el fenómeno en su fase embrionaria, como al huevo de la serpiente. Titulado “Fascismo, crisis y revolución. La década del ‘30 y la actualidad”, el curso central se propone recuperar las experiencias del siglo XX en Europa, en particular de Italia y Alemania, que dieron cuenta de cómo el capitalismo conduce a la barbarie si no es superado por la revolución social. Estudiaremos el camino sin salida que representan los “frentes populares”, es decir la alianza de los partidos obreros con las burguesías pretendidamente “democráticas”, frente a estos ascensos derechistas y/o fascistas. En la década del ’30,España y Francia fueron los ejemplos de cómo estos “frentes populares” redundaron en enormes frustraciones. Durante la segunda mitad del curso, contrastaremos estas experiencias con la etapa actual, con sus continuidades y rupturas. Nos adentraremos en el proceso brasilero por el cual asciende al poder Bolsonaro, inseparable del fracaso de la experiencia frentepopulista del lulismo y el PT. En la cuarta clase, por último, delinearemos cuál es la estrategia de la izquierda revolucionaria frente al escenario global de América Latina. La crisis capitalista que envuelve al continente no ofrece vuelta atrás. Y así como engendra las semillas del fascismo, también contiene las de la revolución. La campaña hacia el Campamento ya está en marcha con talleres, cursos y actividades financieras en todas las regionales. Con esta nota lanzamos un precio promocional de 4.000 pesos, sólo para quienes cancelen el monto del viaje durante enero. Vayamos masivamente al Campamento de la UJS por una gran experiencia de formación política.

El objetivo de la patronal era liquidar cualquier atisbo de organización interna en la planta para poder avanzar luego con flexibilización laboral y más despidos. Algunos de los despedidos fueron electos en asamblea de planta como representantes, mientras estallaba un conflicto por despidos encubiertos. La empresa redujo su personal en 165 trabajadores durante el año, llevando la planta a sólo 60 compañeros. La reducción de la producción de heladeras fue reemplazada por el empresario Cherñajovsky por heladeras importadas. Este personaje de la burguesía nacional, favorecido por el kirchnerismo para disponer de los predios de la Siam, se acomodó a las circunstancias para aumentar sus beneficios a costa de destruir cientos de puestos de trabajo. Frente a esta organización fabril desde abajo, la fábrica fue intervenida por la seccional UOM de Avellaneda. La burocracia local no podía tolerar este avance, negando la posibilidad que los trabajadores elijan sus delegados y liberando, de este modo, el camino a la patronal para que golpee y desarme la organización sindical. La revisión paritaria de diciembre para la UOM había sido precedida por miles de despidos en la industria metalúrgica. Los conflictos de Siam y Canale, sin embargo, no fueron parte de las negociaciones. La burocracia rechazó convocar plenarios de delegados de la seccional, y asambleas de fábrica incluyendo a los despedidos; desapareció del conflicto al tercer día, luego que una asamblea conjunta resolviera tres días de paro. En la última asamblea luego del vencimiento de la conciliación, la UOM rechazó la participación de despedidos y sembró el miedo con planteos sobre la posible quiebra de la empresa si iban al paro por la reincorporación de todos. A pesar de este bloqueo, la tenacidad y la lucha de los trabajadores de Siam arrancó seis reincorporaciones. La lucha de los compañeros despedidos continúa por la vía judicial, con importantes elementos para lograr la reinstalación, ya que varios de ellos eran representantes elegidos en asamblea, y hay fuertes pruebas que dan cuenta de persecusión sindical. La semana pasada, poco antes que empiece la feria judicial, salió una cautelar en favor de una de las despedidas que deberá reingresar a planta en los próximos días. Las tareas planteadas en Siam siguen siendo la inmediata elección de delegados, poniendo fin a la intervención de la burocracia que le ha allanado el camino a la patronal. Mientras, continúa la pelea en el campo legal para lograr la reinstalación de todos los compañeros. Seguí leyendo: Dos orientaciones

Igual que en las pasadas fiestas de Nochebuena y Navidad, los gráficos de Interpack recibieron el Año Nuevo garantizando la ocupación de la planta y un profundizando el plan de lucha por la reincorporación de los once compañeros ilegalmente despedidos. Es la férrea respuesta a la decisión política de la secretaría de Trabajo de dictar una conciliación obligatoria que no retrotrae el conflicto al momento previo a las cesantías patronales, un verdadero acto de guerra contra los obreros. La comisión interna, encabezada por Miguel Bravetti, rechazó sin atenuantes este dictamen abiertamente patronal, lo que luego avaló una extraordinaria asamblea obrera, que resolvió además profundizar el plan de acción. Una respuesta que no nació de un repollo Los 28 días de huelga con ocupación se han transformado en una gran escuela para todo el movimiento obrero acerca de cómo pararse ante despidos masivos e ilegales. El fondo de huelga sigue sumando aportes y se ha comenzado a integrar una comisión de mujeres y familiares de los trabajadores de Interpack, que nació al calor de la extraordinaria noche de confraternidad que fue la cena de Nochebuena en el acampe de la planta. En medio de las barriadas obreras de Lomas del Mirador, donde está instalada la planta, los trabajadores de Interpack ven día a día cómo aumenta la solidaridad y el apoyo de sus vecinos. Muchos de ellos, víctimas también de las cesantías patronales, contraponen su experiencia de derrota y abandono de parte de la burocracia sindical de sus gremios con el accionar de lucha de la comisión interna de Interpack. La asamblea como método para discutir y organizar un plan de lucha, la huelga indefinida con ocupación ante despidos masivos, la confianza cero en el Ministerio de Trabajo, el rechazo a todas las amenazas y aprietes de la justicia y de la represión policial, y la convocatoria a todo el movimiento obrero combativo a rodear de solidaridad su lucha, les han permitido a los trabajadores de Interpack obtener la fuerza para arrinconar a una patronal de las más poderosas de Argentina y de Sudamérica. Es el método y la política desenvuelta por la comisión interna de Interpak desde hace ya más de 20 años, impulsada por la agrupación sindical clasista de la Naranja Gráfica. Un camino para todo el movimiento obrero Todas las patronales han desplegado una andana de despidos masivos, apoyándose en la recesión económica por ellos mismos generada y la impunidad que les brinda el gobierno y el ex Ministerio de Trabajo. Este año, que los obreros de Interpack despidieron luchando, finaliza con 120.000 trabajadores despedidos, que se suman a todos los cesanteados desde hace ya tres años. Los ocupantes de Interpack tienen una fuerte convicción sobre el triunfo de su lucha, pero requieren de la solidaridad activa de todo el movimiento obrero combativo. Este martes primero, los gráficos de Interpack recibieron el año con un gran festival musical en apoyo a su lucha, con la presencia de numerosas delegaciones obreras y la participación de destacadísimos músicos de todas las vertientes. Y el jueves 3 de enero, está planteada una gran marcha al ministerio de Trabajo, a las 13 horas, desde la Plaza de los Dos Congresos. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero empeña todos sus esfuerzos en el triunfo de esta enorme huelga con ocupación por la reincorporación de todos los compañeros despedidos. Llamamos al Plenario Sindical Combativo, a los sectores antiburocráticos y a los partidos de izquierda a movilizarnos masivamente junto a los obreros gráficos este próximo jueves 3 . ¡Viva la lucha de Interpack!

La victoria de la Agrupación Naranja en las elecciones de ATE-Inti refuerzan la importancia de una construcción clasista en los lugares de trabajo. La agrupación logró una base social a través de una política de unidad de clase, antipatronal, entre afiliados y no afiliados y afiliados a otros gremios. Por otro lado, su delimitación con el nacionalismo “industrialista” y el centroizquierda de ATE ha sido permanente. La lucha contra los despidos se produjo a escasos meses del triunfo electoral del macrismo de octubre de 2017, lo que presuponía un avance del ajuste sin mayores sobresaltos. Ello no sucedió. En gran parte, por la orientación política que fuimos madurando con los trabajadores/as, y por la preparación de la lucha que vendría. Durante dos meses previos a los despidos de enero de 2018, recorrimos cada sector del Instituto con un plan de acción: proponíamos asamblea general, paro y ocupación. Una lucha a fondo contra los ajustadores. Mientras recorríamos los sectores, la Verde nos atacó diciendo que “la Naranja hace la campaña del miedo” y llamaba a “no asustar ya que los despidos son sólo rumores”. La anterior interna reprodujo, a pequeña escala, la orientación de todas las variantes de la burocracia sindical, que bloqueó una lucha integral de los estatales y de todo el movimiento obrero con el argumento de que son “luchas que se pierden”, porque “hay 2019” o “no hay que asustar a los trabajadores”. Cada voto a la Naranja proviene del resultado de una compleja experiencia: derrota parcial de una lucha imponente y masiva; patronal-Estado y burocracia sindical actuando en común para desactivarla; vaciamiento del sindicato con la caída de casi 400 afiliaciones entre despidos y desafiliaciones, por parte de aquellos que reaccionaron negativamente a la traición de la dirección. Por último, la fractura y división de la Verde El objetivo de la patronal, con los despidos masivos de enero de 2018 fue borrar del mapa al activismo del Instituto, especialmente al clasismo. Por eso, la victoria de la Naranja en la elección de ATE es vista por los trabajadores como una derrota de la patronal. Ya consumada la derrota de la Verde, las autoridades han salido a difundir -ver Clarín- que celebraban el “final de un modelo sindical corrupto” supuestamente denunciado por ellos mismos. Falso. La Verde, por más de veinte años, mantuvo acuerdos y prebendas económicas con las autoridades de turno, incluidas las actuales, presididas por Javier Ibáñez. Con todas ellas llevó adelante una política de contención que llegó a su punto más alto en 2018. En verdad, y luego de realizado el trabajo sucio -que consistió en minar por dentro la ocupación y el paro- la patronal le cobró a la burocracia Verde su incapacidad para contener a los trabajadores que durante 47 días llevaron adelante una lucha que mantuvo en vilo a un sector del gobierno y obtuvo una importante repercusión popular y una corriente de simpatía entre los trabajadores, que siguieron ese rumbo en Télam y Agroindustria -entre los estatales. Para castigar a la burocracia impotente, la patronal le cortó buena parte de sus negocios y prebendas. La Naranja del Inti ha transitado cada situación con los trabajadores, con un programa clasista, como parte de Tribuna Estatal y de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC). Muchos de sus integrantes han sido candidatos del PO en el Frente de Izquierda (FIT). Esta característica fue usada por la patronal como un elemento de campaña contra nosotros, acusando más de una vez a compañeros como “violentos de izquierda “ o “militantes del Partido Obrero”. Pero también la Verde, en sus dos variantes, utilizó campañas macartistas. También sufrimos ataques de cierto activismo filo K por nuestro pronunciamiento por el voto en blanco. Nada de esto impidió que hoy seamos la Junta Interna. La derrota de la Lista Verde es, también, un durísimo golpe para la política que llevó adelante Opinión Socialista (OS) en el Inti. Durante más de diez años estuvieron integrados a la burocracia, convalidando los negocios con las autoridades, las patotas, los acuerdos a espaldas de los trabajadores e incluso han justificado más de cincuenta despidos con el argumento patronal de que eran “noquis K”. En su afán de desarrollar un carrerismo sin principios, OS ha llevado adelante una política de completa adaptación a la burocracia. Mientras recorrían plenarios de trabajadores arengando que “había que echar a la burocracia de los sindicatos” desarrollaban en el Inti la política contraria. Incluso se sumaron a la campaña macartista contra la naranja, algo grave en una fuerza que se reclama socialista o de izquierda. Perspectivas La ofensiva patronal sigue su curso como consecuencia del ajuste brutal previsto en el presupuesto de Macri, el PJ y el FMI para 2019. Mientras se reconocía la nueva Junta Interna, se anunciaba la nueva estructura del Inti, que consagra el desguace y el desmantelamiento de líneas de trabajo , precariza y terceriza sectores y crea una mayor burocracia gerencial. Esa estructura se adapta a la descomunal caída de la actividad industrial, que impacta de lleno en el Instituto. La Naranja del Inti, ahora en la conducción de la Junta Interna, tendrá enormes desafíos como reconstruir el sindicato, diseñar una política para reincorporar a los despedidos, impedir nuevas cesantías y defender las conquistas de los trabajadores. Ya estamos poniendo manos a la obra.

El Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) firmó un acta salarial con Metrovías que sanciona una caída salarial. Se trata de la misma reducción que la patronal acordó, previamente, con la burocracia de la UTA, confirmando una vez más que el gobierno de Macri y Metrovías tratan a la AGTSyP como a una organización de segunda, de la misma manera que lo hacían antes Tomada y el gobierno kirchnerista. La conducción yaskista se subordina a ese tratamiento. La pérdida estimada es de 18 puntos para 2018. Efectivamente, el aumento salarial al básico, sumará a enero de 2019 un 30% en cuatro cuotas, contra una inflación proyectada en no menos del 48%. A esto se agregará una suma no remunerativa, que absorberá los 5.000 pesos correspondientes al decreto del gobierno -que, como pago “en negro”, no se incorpora al básico y por la tanto no suma a las cargas sociales, jubilación, aguinaldo, pero sí tributa ganancias. Tampoco suma al piso salarial para la paritaria 2019. Agréguese que esa suma es, en principio, a cuenta de futuros aumentos. Y si bien está pendiente una “revisión” en enero, no se trata de una cláusula gatillo automática, sino de una valoración entre partes sujeta a las vicisitudes de la crisis en curso. No se necesita “revisión” para saber, sobre el fin de año, que la inflación superará el 45%. Y que en los últimos 6 años se perdió un 38%. Lo que importa es que en un cuadro de precarización salarial, donde la pérdida de poder adquisitivo se lleva alrededor de un salario por año y el impuesto a “las ganancias” otro tanto, se impuso una nueva rebaja salarial. ¿Este desenlace era inevitable? Seguro que no. La defensa del salario depende de la firmeza y el poder de fuego de un sindicato. Los aceiteros, camioneros, bancarios, Sanidad, acordaron por encima del 40%. Y los luchadores del subte supieron ser vanguardia en el terreno salarial. No es un sindicato multitudinario, pero su papel clave en el trasporte de la Ciudad y su tradición de lucha le da una gran capacidad de acción. No emplearla fue una decisión política. Durante largos meses, para eludir la acción directa, se tomaron medidas anodinas, como la apertura de molinetes con reparto de café al usuario. Esas medidas fueron absorbidas por la patronal, que contraatacó con sanciones, juicios, amenazas de despidos y represión. No sólo no hubo respuesta de lucha, sino que la dirección capituló firmando un acta donde se fija que en caso de medidas de fuerza, jefes o carneros podrán mover los trenes sin impedimentos por la parte gremial. Fue la condición patronal para admitir que la AGTSyP sea signataria del acta parida por la UTA, reduciendo los sueldos. La base política de la capitulación no es nueva: no es momento -sostienen- de 'desestabilizar' al gobierno, sino de esperar la constitución de un frente político de partidos patronales -todos los cuales colaboraron con la 'gobernabilidad' aprobando leyes en el Congreso o aplicando el ajuste en provincias y municipios donde gobiernan-, con la bendición del Papa, hacia octubre de 2019. La Agrupación Naranja emitió una declaración proponiendo que asambleas de sectores abran un amplio debate sobre el balance de la paritaria, para sentar la base de una agenda de acción de la AGTSyP, a fin de recomponer el salario y terminar con la subordinación a la camarilla impostora de la UTA.

El miércoles pasado se reunió por primera vez la nueva Junta Ejecutiva de la Fuba, electa en el reciente Congreso Ordinario, y se votaron una serie de iniciativas políticas: el apoyo a la lucha de Interpack y de Siam; acciones en defensa de los cursos de verano junto a estudiantes del CBC; la adhesión a las actividades contra el cierre de las escuelas nocturnas y una campaña de difusión contra el decreto de Bullrich que legaliza el gatillo fácil, entre otras. En ninguna parte del orden del día se discutió reunión alguna con Cristina Kirchner. No podía ser de otro modo, pues el apoyo a las luchas que se están desenvolviendo se oponen por el vértice a la política de Cristina de formar un frente con quienes garantizan el ajuste de Macri, y de otorgar garantías al gran capital y al FMI. A su vez, esas luchas son las que está saboteando la burocracia sindical kirchnerista: es el caso de la UOM y la Federación Gráfica de la Corriente Federal. Lo mismo vale para la lucha contra el ajuste en la UBA y cierre de materias de verano del CBC y UBA XXI, que es ejecutado por el rector Barbieri, otrora candidato a Ministro de Educación de un eventual gobierno de Scioli. No está de más recordar que durante las presidencias de Cristina la Fuba fue reprimida en reiteradas ocasiones, como ocurrió en las asambleas universitarias de 2009 y 2013, o en conflictos obreros como el de Lear, donde el movimiento estudiantil se hizo presente. Ya había ocurrido lo mismo durante la presidencia de Néstor Kirchner, que apadrinó con la policía a la camarilla radical-pejotista que gobierna la UBA. CFK y la Fuba, asuntos separados A la luz de lo expuesto, queda claro que la reunión y “la foto” de las agrupaciones filokirchneristas de la Fuba con CFK es una escandalosa usurpación política, no sólo de la Fuba sino del conjunto de movimiento estudiantil. ¿Qué asamblea votó el apoyo a CFK? ¿Con qué programa se realizaría el supuesto apoyo? ¿Sería el anticipado por Kicillof, que le declaró a la revista Forbes que sostendría el acuerdo con el FMI, pagaría la deuda y mantendría el sistema financiero en manos de los buitres internacionales? Si La Mella y La Cámpora quieren que la Fuba se sume a la campaña de Cristina Kirchner deberán librar una lucha política que nos tendrá claramente en la vereda opuesta, porque jamás defenderemos la continuidad de la entrega y el sometimiento nacional. Demás está decir que la usurpación incluye a la propia CFK, que difundió desde sus redes sociales una foto asegurando que estaba reunida con la dirección de la Fuba, cuando ella tiene claro conocimiento de que no es así. ¿O acaso no sabe que la dirección de la Fuba tiene en una de las presidencias a la UJS-PO, que rechaza la política kirchnerista de estatización de los sindicatos por medio de la burocracia sindical, la misma que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra? Si CFK quiere debatir su política con la Fuba, aceptamos el desafío. Vayamos a realizar asambleas, busquemos mandatos, y determinemos el programa de la Federación para ver si los estudiantes votan seguir con el FMI o no; si quieren pagar la deuda externa usuraria o no; si aceptan preservar la nefasta ley de educación superior de Menem que el kirchnerismo perpetuó o no; si quieren mantener la entrega de los recursos naturales a los Chevron y Barrick Gold y asociar a la Universidad a acuerdos lesivos como el de la mina Bajo La Alumbrera o no. Aceptamos el desafío del debate estratégico, discutamos los programas de CFK y del Frente de Izquierda, y veamos cuál es el más adecuado para la salida que requiere la Universidad, la educación y el país. Este es el método que debemos seguir, opuesto desde ya a las usurpaciones. La maniobra de CFK -presentarse ante la juventud con el aval de la Fuba- debe poner en alerta a todo el movimiento estudiantil y en particular a la izquierda que se reclama independiente del nacionalismo burgués. El destino de la Fuba se ha empezado a disputar en las ligas mayores. Sin embargo, varias fuerzas de izquierda que integran el FIT, en vez de denunciar esta maniobra y sumarse a la UJS-PO en la batalla estratégica que está planteada, se mantienen en una total pasividad que es funcional al kirchnerismo. Pero la situación reclama del FIT otra actitud, a saber: la de disputar abiertamente la dirección de la Fuba y del movimiento estudiantil con el nacionalismo, mediante una lucha programática de fondo. Para llevar adelante esta lucha debe abandonarse toda actitud de boicot y sumarse activamente a la dirección de la Fuba fortaleciendo el polo de independencia de clase que representa la UJS-PO. El Congreso Extraordinario de abril será una gran oportunidad para este debate político. Defendamos las resoluciones de la Fuba A las fotos inconsultas con quienes ajustaron a la universidad y reprimieron a la Fuba en el pasado, le oponemos una lucha militante por desarrollar las resoluciones votadas por la Junta Ejecutiva, para que la Fuba sea una referencia de lucha en la Universidad y más allá de sus puertas. La UJS-Partido Obrero llevará adelante estas iniciativas, y convocamos a todas las fuerzas políticas que integran la Federación a hacer lo mismo. La derrota del macrismo y su ajuste contra la educación y la ciencia no se hará con fotos con ex presidentas, sino convocando al estudiantado a pelear en las calles junto a los trabajadores.

Pino Solanas ha regalado definiciones imperdibles a La Nación. De entrada, alerta contra lo que él llama “violencia social”, que no son los tarifazos ni las confiscaciones al salario que bajan desde arriba. Por el contrario, y sin pelos en la lengua, caracteriza a las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre “por espectaculares que hayan sido (como) un error”. Así califica a los centenares de miles de obreros que salieron contra la reforma previsional de Macri y, ante la represión, a las decenas de miles de caceroleros que acompañaron a la noche. Luego se pronuncia por una reforma constitucional para extender los mandatos -“en Chile y Uruguay tienen cinco años sin reelección, en México seis años” (ídem)-, porque “en cuatro años ningún gobierno completa la tarea”. O sea que tras pedir paz social para Macri, aboga por más años para su mandato, cuando gran parte de la población se pregunta cómo hacemos para terminar mañana con este gobierno insoportable. Pero estos conceptos son apenas preparatorios de la idea central. Propone impulsar “una convocatoria amplia, sin exclusiones, porque estamos condenados a una democracia de consensos”. El Senador que llegó a su banca con Carrió y los radicales, los socios centrales del PRO en Cambiemos, nos propone ahora un frente de unidad antimacri. Preguntado si eso incluye a Urtubey y Massa, dice: “Eso es inevitable, para ganarle a Macri hay que conformar un grandísimo frente… con políticas mínimas… (porque) el gobierno que va a suceder a Macri será un gobierno moderado, de transición” Claro, a estas alturas no cabía otra, periodísticamente hablando, que preguntarle si Cristina podría liderar ese frente, a lo que contesta: “es indudable que no se puede impedir su participación, algo que sólo puede hacer la Justicia (sic)…para eso está el voto”. Pino, sin vueltas, se ubica en la unidad de todo el PJ con el kirchnerismo. Semejante desbarranque del otrora líder de Proyecto Sur, sin embargo tiene compañía. Libres del Sur de Victoria Donda, junto al Movimiento Evita, pasaron a integrar el interbloque que dirige Felipe Solá, candidato de reposición para el caso de que haya una unidad del PJ Federal con el kirchnerismo, sin Cristina. El movimiento de la diputada ya había mostrado la “elasticidad” de su estómago integrando los gobiernos de Urtubey en Salta y de Cornejo en Mendoza. Los viejos aliados de Donda en el interbloque “progresista”, Margarita Stolbizer y el socialismo de Binner, emigraron con Lousteau a la variante progre de Cambiemos, es decir, al sostenimiento progre del FMI, Macri y Bullrich. Mientras tanto, ¿qué hacen el PCR y la CCC, integrantes del Triunvirato de San Cayetano? El PCR ha dicho que no apoya a Solá, uno de los responsables políticos de los crímenes de Kosteki y Santillán, entre otros de sus antecedentes- como haber sido siete años secretario de agricultura de Menem y haber sido parte de un acuerdo con Macri y De Narváez, entre otros “galones”. Pero la política del PCR es de una militancia sin desmayo por el “frente anti-Macri” en grado de tentativa, asociados en eso al degennarismo y otras variantes de la izquierda chavista. Este cuadro, se replica en el movimiento obrero, donde Yasky ha dicho sin ambages “no hay que hacer paro en el año electoral”, luego de integrarse a la mesa del PJ junto a Daer. Son realineamientos que revalorizan el lugar que le toca ocupar a la izquierda en el conjunto de la lucha de clases y en la arena electoral. No podemos dejar de señalar que expresiones como el MST -que tuvo como aliado al Mas en las elecciones de 2017- se diluyeron tres años sin autocrítica en Proyecto Sur o el Frente Cívico de Luis Juez -una de las colectoras de Cambiemos en Córdoba- o del Frade en Santa Fe, hoy discutiendo su ingreso a un frente pejotakirchnerista en esa provincia. El defol de la centroizquierda es parte del operativo político para encorsetar a las masas. La responsabilidad política del FIT se agiganta cada día ante los movimientos de la burguesía para un recambio en orden ante la crisis del gobierno Macri. Urge una decidida intervención política, integral, por parte de la izquierda revolucionaria para que la movilización política de la clase obrera para derrotar a Macri, el FMI y los gobernadores se asocie a la salida política de los trabajadores a la crisis.

El gobierno volverá a pegar un nuevo manotazo sobre los fondos de los jubilados, por un total de 86.000 millones de pesos, por los cuales le dará a la Anses Letras del Tesoro que serán amortizadas -o renovadas por otras- a su vencimiento, en diciembre próximo. Hace pocos días, el gobierno nacional y el propio Macri en persona, sostuvieron que, “por falta de recursos”, era imposible siquiera otorgar un bono similar al de 5.000 pesos que cobraron los empleados estatales. Pero resulta que, sólo con este dinero que se está sustrayendo de las arcas de la Anses, podría pagarse un bono de más de 5.000 pesos a cada uno de los jubilados y pensionados del país. No se trata de falta de recursos, sino hacia dónde se decide orientarlos. Otro tanto sucede con la negativa oficial a otorgar un aumento de los haberes que compensen el desfasaje que se produjo con la inflación desbocada de este año. La pérdida en la capacidad de compra llega a casi 20 puntos. Vaciamiento El gobierno no sólo está utilizando el dinero de la Anses para fines que no son la mejora en los ingresos de los jubilados sino que está profundizando el deterioro de su patrimonio. Ocurre que, a partir del primero de enero, las patronales abonarán menos cargas sociales, ya que tendrán un “mínimo no imponible” de 7.000 pesos en cada sueldo que paguen. Así, si el salario es de 15.000 pesos, la patronal deberá pagar contribuciones por 8.000 pesos. Y este “mínimo no imponible” se irá incrementando y actualizando por inflación, lo que supone un desfinanciamiento consciente de la Anses. Así, en 2022, las patronales prácticamente dejarían de aportar a las cajas jubilatorias ya que ese mínimo no imponible alcanzará los 17.500 pesos a valores de hoy, mientras que el salario promedio en el tercer trimestre de este año estaba ubicado en los 18.102 pesos (alrededor de 19.500 pesos en diciembre), según estimó el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano. Es decir que las patronales aportarían, en promedio, sólo por 2.000 pesos de cada salario. Este proceso, el gobierno lo anticipa en el caso de los sectores textil, del calzado y la marroquinería, a los cuales les adelantó para 2019 el “mínimo no imponible” y así es que las empresas de esas actividades pagarán a partir de enero solo por encima de los 17.500 pesos, es decir que prácticamente dejarán de aportar a las cajas jubilatorias. El manotazo permanente Los 86.000 millones de pesos que el gobierno sustrajo ahora del organismo previsional sin consultar a ningún jubilado -como antes lo hacía la administración kirchnerista-, es el último zarpazo sobre el denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que está compuesto por dinero que aportaron los trabajadores a la caja de jubilaciones a lo largo de su vida laboral. Este Fondo ya perdió 22.000 millones de dólares de su valorización en los primeros ocho meses de este año, lo que equivale a casi la tercera parte del total de los 64.000 millones de dólares que tenía a fines de 2017, según el informe que presentó al Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La caída mayor -10.000 millones de dólares- se produjo por la brusca devaluación del peso a lo largo de este año, pero la enorme pérdida del 35% del valor en divisas del FGS, se explica también por el desplome en la valorización de los activos en los que está invertido ese dinero de los jubilados que, en un alto porcentaje (casi 65%) se trata, justamente, de títulos públicos cuyas cotizaciones fueron sacudidas por la crisis. La política que el gobierno acordó con el FMI en este terreno consiste en vender activos del FGS para ayudar a financiar el pago de jubilaciones y pensiones y los acuerdos que se alcancen en el marco de la estafa de la Reparación Histórica. Además, el gobierno utiliza ese dinero para financiarse mientras mantiene fuertes deudas por las diversas sentencias judiciales favorables a los jubilados. La política oficial se orienta a golpear duramente al régimen previsional, con un aumento en la edad jubilatoria, una reducción mayor en el monto inicial de los haberes -que hoy ronda el 50% del sueldo- y una nueva modificación en la mecánica de actualización de las jubilaciones que las haga perder más su capacidad de compra. El plan de guerra del gobierno macrista y los mandatarios provinciales debe ser enfrentado en una lucha común de los jubilados con los trabajadores, porque lo que está en juego es su subsistencia actual o futura, luego del retiro y después de haber aportado decenas de años durante la vida económicamente activa.