Prensa Obrera N° 1532

La denuncia de Thelma Fardin y Actrices argentinas, sobre una violación perpetrada durante una gira artística, ha generado una conmoción nacional. Algunos atribuyen esa trascendencia al carácter público de los involucrados. Pero las razones de fondo son otras: el caso de Thelma se proyecta sobre el conjunto del mundo del trabajo. La violencia hacia la mujer trabajadora es una lacra cotidiana en las fábricas, en la oficina, en el hospital… y en los set de filmación. El telón de fondo del vejamen es la precarización y la inestabilidad laboral. La extorsión del despido fácil o del trabajo ‘a resultado’. Los vejadores ejercen su acción infame apoyados en un orden social que, para conseguir sus beneficios, somete a las trabajadoras y trabajadores. La rebelión de las actrices, por eso, es un golpe a todos los opresores, a los capitalistas y a sus gobiernos. A las grandes productoras televisivas que encubrieron a Dhartes frente a las denuncias previas. A los que preparan una reforma laboral para acentuar todavía más la indefensión en el trabajo. A las burocracias sindicales, encubridoras seriales de la violencia hacia las trabajadoras. Al clero reaccionario, que encubre a sus propios vejadores al interior de sus conventos o colegios. El movimiento de la mujer, que emergió con toda su fuerza en la batalla por el aborto legal, vuelve a la palestra. Sus fuerzas están intactas para ir por todos sus reclamos. Unamos la lucha de la mujer a la de toda la clase obrera, contra la precarización, los despidos, las reformas antiobreras, el hipotecamiento nacional y sus responsables y representantes políticos en el país y las provincias.

La denuncia de la actriz Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés sonó como un estruendo en los oídos de millones de personas. Una de cada cinco niñas, según Unicef, ha sido violada en su infancia. El 20% de la población femenina del país ha sido abusada sexualmente. O violada por un adulto que estaba llamado a protegerla: un compañero de tira, un padre, un tío, un abuelo o un cura. Y la gran mayoría, atravesada por el agravio verbal, psíquico, laboral. “El movimiento de mujeres y otras diversidades sexuales se propone desterrar un régimen de violencia e impunidad sostenido, tanto desde el Estado como en cada espacio donde se juegan relaciones de poder. Están presentes en nuestros trabajos y lugares de formación.” De un elenco de menores de edad, el violador era el único adulto presente en las grabaciones que hace nueve años realizaron en Nicaragua para la tira “Patito Feo”. Explotando el trabajo de 16 niños y niñas, la productora de Tinelli viajaba con apenas dos madres de alguna de las nenas del elenco. Una férrea organización sindical no debiera permitir estos atropellos. “Según una encuesta reciente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), el 66% de les intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso y/o abuso sexual en el ejercicio de la profesión. Se parece más a una norma que a una excepción", dice la carta del colectivo Actrices Argentinas. En esta afirmación subyace la denuncia de la ausencia completa de reglas laborales que, si no impedirían, al menos acotarían los abusos de todo tipo. Thelma pudo denunciar apoyada por sus compañeras actrices, las que, a partir de la lucha por el aborto legal, conformaron un colectivo que se reúne regularmente y que va planteando una agenda cada vez más vasta de reivindicaciones. No se identificaron con el #MeToo estadounidense, acción que asocian -con bastante justicia- a una conducta individualista y con una estructura de poder de unas sobre otras. La denuncia no se canalizó a través del “Sindicato de actores” (sic), sencillamente porque su conducción mira para otro lado frente a esta cuestión, que es también una problemática laboral de primer orden. No hay disposición política y gremial para enfrentar a los poderosos de los medios. Las actrices denuncian la precariedad laboral, la ausencia de protocolos para la contratación de menores de edad, la total desprotección que se produce en los castings. Esto abona el camino hacia la vulnerabilidad de unas y el reforzamiento de la supremacía material y social de otros. Pero el texto interpela sobre el hecho artistico también. “Se erotiza y sobreexpone a niñes y adolescentes en la industria del entretenimiento”. Para mostrar un niño erotizado, se erotiza a niños en la realidad. Una estafa moral, social y artística. Como Bertolucci y su confesión sobre la violación a María Schneider. El gran director no superó la prueba de la dignidad humana y de la excelencia artística. No supo transmitirnos una violación a partir de la actuación. Fracasó el gran director y en ese fracaso hizo añicos su condición humana, impulsando la violación a una joven de 19 años. En los obituarios, la mayoría eligió olvidar, y confinar la tragedia artística y humana del "gran director". Precarización general Las actrices son la punta visible de un iceberg. Junto a ellas se alistan pelotones de trabajadoras cada día más indefensas. Esto ocurre cuando hay relaciones contractuales bajo convenio y cuando no las hay. En este último caso, donde la mujer es mayoría, hay que pensar qué no han vivido las trabajadoras del empleo doméstico remunerado, las miles que lo hacen fuera de toda regla laboral en cooperativas regenteadas por punteros del Estado, y las de todos los otros gremios, en mayor o menor medida. La reforma laboral que el gobierno vuelve a impulsar implicará un agravamiento de estas condiciones. #MiraComoNosPonemos es una expresión adecuada para mostrarle a todos estos actores del poder que la organización de la mujer va a avanzar en la lucha por todas las reivindicaciones para poner fin a los abusos, violaciones y discriminaciones. “Donde la Justicia y el Estado obstaculizan, desestiman, demoran, estigmatizan a las víctimas o fallan en forma aberrante en favor de los victimarios, como en el caso de Lucía Pérez, nos convocamos para decir basta.” Cuando el Estado y las patronales no hacen más que avanzar y avasallar los derechos de las trabajadoras, dejan la huella del carácter de clase de esta opresión. Como en el caso de Lucía, defendiendo el negocio narco que también usufructúan agentes del Estado. Como en el caso de Thelma, donde la cultura machista y misógina que se imparte desde el Estado y desde las iglesias, se dispara sin freno en un medio precarizado, que convierte a las niñas en bocados sexuales, y en un medio donde los derechos laborales quedaron reducidos a la nada. La denuncia debe transformarse en castigo y también en la lucha por un cambio en las relaciones laborales, cuyas condiciones deberán ser dictadas y practicadas por las propias trabajadoras. Para eso, hay que reforzar el camino iniciado por estas actrices cuando abrazaron la causa del aborto legal. Hay que recuperar los sindicatos para impulsar esta lucha crucial por la mujer trabajadora.

La “paz cambiaria” con la cual el macrismo pretende cerrar el año 2019 no alcanza para disimular el derrumbe económico de su gestión. La utilización de la capacidad instalada industrial en octubre ha caído al 65%, el registro más bajo desde la bancarrota de 2002. La caída del consumo y las tasas de interés usurarias comienzan a golpear severamente a la gran patronal industrial, como se revela en la insolvencia que declaró Longvie, la fábrica de electrodomésticos. El gobierno contrapone a este derrumbe su supuesta “solidez” para afrontar los compromisos de deuda, a partir del nuevo acuerdo con el FMI. Pero es esa pretendida solvencia la que se encuentra cuestionada por los especuladores internacionales. El riesgo país -el índice que marca la prima extraordinaria que deben pagar los bonos de la deuda argentina- ha trepado por encima de los 750 puntos, equivalente al momento más álgido de la megadevaluación de 2018. Los voceros de los bancos y fondos de inversión atribuyen la suba del “riesgo país” a la incertidumbre electoral, por una eventual derrota de Macri a manos del kirchnerismo. Los K han respondido a esas dudas asegurando -vía Kicillof- que respetarán los acuerdos coloniales con el FMI. Pero más allá de la voluntad de quienes se autoproclamaron “pagadores seriales” de la deuda cuando les tocó gobernar, la insolvencia argentina reviste un carácter objetivo. Ello se aprecia en la curva curiosa que recorre los títulos de deuda según su fecha de vencimiento. Estos títulos tienen un rendimiento más en 2019 y pegan un fuerte salto en 2020/2021, para luego descender en los años posteriores. El pico de 2020 se debe a las “serias dudas existentes sobre el financiamiento público a partir de 2020 y, en ese sentido, que pueda haber una reestructuración de deuda post 2019” (Cronista, 11/12). La palabra “reestructuración” es el eufemismo de un defol concertado, al cual habría que arribar una vez que se utilizaron los recursos del FMI para el pago de los vencimientos de deuda en 2019. Por este motivo, la oposición pejotista “protesta”, no por el acuerdo con Fondo, sino porque Macri prevé gastar esos recursos antes del final de su mandato, dejando al gobierno entrante a las puertas de la “reestructuración”. Pero como veremos enseguida, este debate sobre “el 2020” tiene un carácter encubridor. Por cierto, la crisis de deuda podría desatarse antes. ¿Hay 2019? Según los funcionarios del gobierno, los fondos a aportar por el FMI en 2019 -unos 23.000 millones de dólares- representan un 54% de las necesidades de financiamiento del Estado argentino. Para la porción restante, el gobierno supone la renovación de los vencimientos de deuda. Por caso, sólo en el primer trimestre del año existen vencimientos superiores a los 20.000 millones de dólares, que el gobierno supone renovar en una proporción no inferior al 50%. Pero las hipótesis de renovación deben ser confrontadas con la presente suba del riesgo país, y la clara tendencia de los especuladores internacionales a desprenderse de títulos argentinos. La expectativa de una recesión mundial -que no dejaría afuera a los Estados Unidos- no detendría la suba de la tasa de interés en ese país, cuyo Banco Central prevé dos nuevos aumentos para 2019 (Econviews, 27/11). En este cuadro, la “dolarización de carteras” es la palabra de orden en las finanzas de Argentina, y algunos analistas prevén “una nueva corrida cambiaria para marzo de 2019” (Ambito, 10/12). El gobierno promete responder a ello con los dólares de la cosecha y de las reservas internacionales, que nominalmente se sitúan en los 50.000 millones de dólares. Pero por un lado, los exportadores están habilitados a retener en el exterior las divisas que perciben; y, por el otro, las expectativas de una nueva devaluación incentivarán como nunca a la retención de la cosecha. En lo que respecta a las reservas internacionales, cuando se descuentan los encajes bancarios, el swap de China y los fondos del FMI, los recursos genuinos del Banco Central ascienden… a 3.000 millones de dólares, equivalentes a unos 20 días de venta de divisas en el mercado cambiario. A la luz de estos datos, es claro que la suba del riesgo país no sólo envuelve a la Argentina post 2019: anticipa también un 2019 convulsivo. Este es el escenario que surcará las elecciones nacionales del año que viene y a sus 17 desdoblamientos provinciales. El golpeado régimen político de Macri, los gobernadores pejotistas y el FMI tendrá que transitar el proceso electoral bajo una bancarrota económica que no ha dicho aún su última palabra.

Cuando más de 10 mil piqueteros, encabezados por el Polo Obrero, rompían un sitio policial en Constitución, se pusieron de manifiesto los frágiles fundamentos de la “paz social” que el gobierno bordó para este fin de 2018. El diciembre del año del “mayor ajuste que se haya hecho sin que caiga un gobierno” mostraba a los piqueteros que rechazaron los pactos del trío “vaticano” poniendo en tela de juicio al operativo oficial, nada menos que desde el vasto movimiento de desocupados. Hay que señalar, sin pelos en la lengua, que ese trío de organizaciones de contención social del ajuste dejó pasar casi inadvertidamente el fusilamiento de dos de sus militantes, Orellana y Barrionuevo, de la CTEP, ocupantes de tierra sin techo de La Matanza y de Córdoba, respectivamente. Tras los crímenes, llegó el decreto de legalización del gatillo fácil y en la Ciudad se tramita el nuevo Código Contravencional en la misma línea. Elisa Carrió pataleó por el decreto de Patricia Bullrich, pero su exigencia está contenida en los planes oficiales: la incorporación del gatillo fácil al nuevo Código Penal, que Mauricio Macri anunciará entre los ejes legislativos de 2019. Casi al mismo tiempo, un día antes del G20 y su despliegue militar, la Justicia consagraba la impunidad del crimen de Santiago Maldonado frente al cual las organizaciones de derechos humanos kirchneristas eludieron cualquier iniciativa de movilización. Es decir que el operativo de contención social de Carolina Stanley, mediante la extensión de algunos planes sociales, un bono de fin de año y cierto aumento en la cuota de alimentos de los comedores comunitarios, amén de exiguo, está cercado por un dispositivo represivo monumental. Bullrich, Stanley y su “interna” son dos caras complementarias de un régimen de ofensiva contra las masas que cada día agrava el polvorín social del país. En línea con los verdugos de los trabajadores de Aerolíneas, Stanley ha dicho que “no aceptará extorsiones” -así denomina el gobierno a las reales y verdaderas medidas de lucha reivindicativa. Pero sus contradicciones son insalvables. Ha dicho que “rechaza los cupos”, que es exactamente su política. Lo contrario de la universalización de un seguro al desocupado ante la escalada geométrica de la desocupación, como consecuencia de la recesión general y el desplome industrial. La contención armada con las organizaciones sociales pejota-kirchneristas ligadas a la Iglesia transita sobre el volcán de la inflación galopante en los alimentos y sobre la insuficiencia de los 450 mil planes sociales, cuando entre desocupados y subocupados se superan los tres millones. Pero la cuestión del hambre y la desocupación, cuando la crisis argentina tiende a empalmar con una recesión a escala mundial, no se resuelve en una navidad sin estallido. Atravesará cada semana del año electoral 2019. Precisamente, la cuestión del voto 2019 a la incierta unidad opositora “antimacrista” es un arma esgrimida por quienes postergan las reivindicaciones y evitan una lucha general contra el gobierno. La tregua criminal de la burocracia Ya hemos señalado la magnitud de la entregada de la CGT, cuando negoció una tregua por lo menos hasta marzo, a cambio de un dudoso bono en dos cuotas de 2.500 pesos, entregando las paritarias más negativas desde que fueron reconquistadas. Si observamos las mejores paritarias como Camioneros o Aceiteros, que son excepción, veremos que en 2018 perdieron entre 8 y 10 puntos frente a la inflación. Sólo Comercio -45% de dudoso cobro- o el Neumático cordobés con 45% , han roto esas pautas al ejecutar la revisión aunque, ni siquiera en esos casos, son suficientes para resarcir la pérdida salarial pues son abonados en cuotas que se extienden hasta 2019. El conjunto del movimiento obrero, ni hablar el sector estatal y docente, ha quedado con una pérdida histórica enorme. Lo mismo ocurre con los olvidados jubilados, que han perdido 20 puntos en el año y para los cuales sólo hay un miserable bono en el caso de los que cobran la mínima. Pero la CGT no está quieta, ha montado un operativo de distracción política al que se ha sumado Yasky, secretario de la kirchnerista CTA de los Trabajadores, desde luego Moyano y también el trío de organizaciones sociales. Entre todos presentan un documento a la Iglesia que obtuvo la media aprobación de la UIA, que retiró su firma a último momento pero “acompañará el espíritu de la iniciativa”. Se trata de un programa verborrágico de “cambio de modelo” mediante la baja de tasas de interés, reactivación exportadora, subsidio a las pymes y otras medidas fiscales, todas impracticables en el marco del plan de ajuste del FMI, que nadie plantea romper, y el repago de una deuda con pronóstico de crisis de repago en el propio 2019, que nadie plantea dejar de pagar, aunque conduzca a un defol inevitable. La movida de unidad pejotista-kirchnerista de la burocracia sindical con la Iglesia y la UIA sólo busca desmontar cualquier reacción del movimiento obrero, mientras la burguesía explora los posibles relevos de un Macri cada vez más hundido en sus perspectivas electorales. La colaboración de clases con quienes ejecutan los despidos, el ataque a los convenios colectivos y la desvalorización del salario expresa la completa falta de perspectiva de salida a la crisis del nacionalismo, especialmente incluida Cristina -que no habla y cada vez que lo hace se derechiza más. Porque después de llamar a la unidad de los pañuelos verdes y celestes, dejó a Berni como vocero del sector ante el decreto del gatillo fácil. Las luchas por abajo Así las cosas, atravesamos un período de luchas por abajo. De este modo, irán madurando las condiciones para una irrupción popular, si superamos las barreras políticas que sujetan e inhiben a los trabajadores. Los compañeros del Belgrano Norte dieron una lección estos días al autoconvocarse contra 29 despidos, pasando por arriba a los delegados y a la seccional, forzando la declaración de un paro y arrancando una conciliación con los despedidos adentro. La onda expansiva fue tal que terminaron reincorporados decenas de despidos en el ex Roca, para evitar una reacción similar. El gobierno tal vez trató de evitar que dos ofensivas en el transporte al mismo tiempo, ferroviarios y aeronáuticos, terminaran haciendo volar por los aires la tregua navideña de Daer, Yasky y compañía. Efectivamente, la cuestión aeronáutica está al rojo vivo. El gobierno ha focalizado allí una ofensiva contra los convenios colectivos, contra los salarios, por la precarización laboral y la superexplotación a través del ingreso de las low cost, e incluso del ingreso de pilotos extranjeros, lo que derivó en el paro de 48 horas previsto. La conciliación obligatoria de ese paro será apenas un episodio de un conflicto de fondo, que tiene que involucrar a todo el movimiento obrero y popular. Al mismo tiempo, los gráficos de Interpack I declararon la huelga y ocuparon la planta ante once despidos que no tienen origen en crisis alguna, aunque haya bajado la producción, sino en una ofensiva de flexibilización y desarticulación sindical de este bastión del clasismo. Como en el Inti, como en Télam, como en la huelga docente universitaria, en estas luchas se juega una perspectiva de ruptura de los mecanismos de aislamiento y contención. La movilización del 18 convocada por Memoria, Verdad y Justicia, como las iniciativas de Interpack y el Plenario Sindical Combativo a su alrededor, serán los puntos de reagrupamiento para llevar estas luchas a la victoria. La paz de fin año tiene pies de barro. La cuestión del paro activo nacional de 36 horas está objetivamente planteada en defensa de Aerolíneas, de Interpack y Siam, por trabajo genuino, universalización y aumento en los planes, contra la ofensiva represiva. No hay semana en que los trabajadores no den testimonio de la disposición de lucha que podría terminar con Macri, con el FMI y con su régimen político. Pongamos al clasismo y al FIT a la cabeza de esa batalla política. No habrá mejor intervención en el año electoral que se inicia que la que puede darnos la autoridad de estar al frente de los movimientos de masas contra el régimen del FMI.

El Sutna en Córdoba ha obtenido una propuesta de aumento salarial de parte de la empresa Ruiz y Compañía SRL, que llega al 45% anual. En el acuerdo cerrado en julio pasado se había alcanzado un aumento del 22% con una cláusula de revisión de la actualización salarial para noviembre. Ahora se obtuvo un aumento del 20% en cuatro cuotas, más una cláusula que establece que si la inflación supera el 42% interanual de junio de 2018 a mayo de 2019 el salario se actualizara un 3% más, alcanzando un 45% en total. Igualmente, la propuesta obtenida establece que si la inflación se dispara más allá de lo acordado, las partes buscarán las correcciones necesarias. La propuesta obtenida (que será puesta a votación de la asamblea general de fábrica) no incluye una renuncia o arreglo respecto del bono establecido en el decreto 1043/18, cuya primera cuota de 2.500 pesos ya se percibió a principios de diciembre, y la segunda se cobrará en febrero. En 2017, el Sutna acordó con la misma empresa un aumento salarial del 28%. Los dos acuerdos se distancian notablemente de los acuerdos que anteriormente se imponían a los trabajadores del Neumático en Córdoba, cuando la burocracia sindical de Pedro Wasiejko replicaba, sin la más mínima resistencia, los acuerdos alcanzados por el Sindicato del Caucho. Este sindicato obtuvo un 23% para 2017 y 25% para 2018, aunque en este último caso sigue la negociación. El triunfo para los trabajadores de la empresa Ruiz en materia de salario viene a continuar el que significó, primero, terminar con la prepotencia patronal y, por sobre todo, la conquista del Convenio Colectivo de Trabajo a comienzos de este año; donde se reconocen varios derechos obreros en materia de categorías, condiciones de trabajo, salario mínimo y remuneraciones y representación sindical, entre otros. El aumento salarial y la conquista del convenio se deben, en primer lugar, a la organización y unidad obrera alcanzada en la fábrica y en toda la delegación de Córdoba, a partir de la iniciativa democrática y de lucha impulsada por la conducción clasista y antiburocrática de la Lista Negra; con asambleas, formación sindical e iniciativas de lucha, ha revolucionado a los trabajadores cordobeses del Neumático, quienes fueron protagonistas principales de la convocatoria del Plenario del Sindicalismo Combativo y de todas las luchas obreras y populares en la provincia. Una expresión clara de esa situación se vio la semana pasada en el paro convocado por el Sutna Córdoba en las empresas Neumáticos de Avanzada e IBF, también por el reclamo salarial que esas empresas se niegan a reconocer. Decenas de compañeros de la Lista Negra de la empresa Ruiz se hicieron presentes en aquellas empresas para solidarizarse con el reclamo y garantizar un paro total y activo, con cortes de ruta que golpearon fuertemente a las patronales. Ante la unidad y firmeza demostrada por todos los trabajadores de la delegación Córdoba, la empresa Ruiz mejoró su oferta a esta propuesta que ahora se desarrolla. La organización de los trabajadores da sus resultados. El Sutna recuperado marca la diferencia. Entre los obreros va creciendo la conciencia de avanzar en la formación de una agrupación fuerte, clasista y antiburocrática, basada en las asambleas generales y en la lucha. Ese proceso ya ha dejado su primer resultado con el desplazamiento de la burocrática Lista Violeta de todos los cuerpos de delegados en las empresas de la delegación. La Lista Negra, que orienta la lucha, debe profundizar sus esfuerzos por organizar a los trabajadores y ligarlos al conjunto de las luchas obreras. Ello es sumamente necesario para la etapa que se aproxima, para establecer una alternativa obrera, para que la crisis capitalista la paguen los capitalistas.

Los trabajadores de la gráfica Interpack, ubicada en La Matanza y ocupada desde hace una semana contra once despidos ilegales, se movilizaron en la tarde del miércoles 12, junto a organizaciones solidarias, al ex Ministerio de Trabajo, donde tuvo lugar una audiencia con delegados gremiales, representantes de la empresa y funcionarios. La movilización fue resuelta en un plenario combativo convocado por la comisión interna de la planta dirigida por la Naranja Gráfica, que contó con la presencia de referentes gremiales y de organizaciones de izquierda. En la marcha estuvieron presentes, entre otros, los gráficos de Morvillo, el Polo Obrero, docentes del Suteba La Matanza y Suteba Ensenada, el Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista, PTS, RyR y Nuevo MAS. Al salir del organismo, el secretario general de la comisión interna, Miguel Bravetti, resumió así la audiencia: “Fue una película que ya vimos muchas veces, como se lo explicamos a la directora de Relaciones Laborales. De un lado, los trabajadores; del otro, la patronal y los funcionarios actuando sin disimulo con una misma orientación. Luego de un largo intercambio, el ministerio ‘ofreció’ dictar una conciliación obligatoria, pero con los despedidos afuera. Desde la empresa, fingiendo que no habían acordado esto previamente, se levantaron diciendo que tenían que consultar con el directorio. Pero les dijimos que no se molesten: no vamos a discutir nada con la empresa si antes no están los once compañeros con sus puestos de trabajo y de manera efectiva”. La patronal del grupo Zupan, líder en el rubro de packaging, no sufre crisis alguna: los despidos, que afectan a trabajadores de entre 18 y 24 años de antigüedad, forman parte de un plan para reducir drásticamente el plantel, eliminar conquistas salariales y golpear a la organización obrera. En la otra planta de Interpack, también en La Matanza, se habían producido cesantías semanas atrás. Bravetti señaló también que “cuando Trabajo pasó de ministerio a ser una dependencia de Producción, se cayó el maquillaje que buscaba presentarlo como un árbitro imparcial que nunca fue. Es, indudablemente, una extensión de las oficinas de las empresas. Y todos los recursos, como las conciliaciones y otros, son herramientas de las patronales y el gobierno para avanzar con este plan de guerra, que arrojó a 200.000 trabajadores a la calle sólo este año, según cifras oficiales que sólo registran una parte de la realidad”. En diálogo con Prensa Obrera, Juan, trabajador de Interpack, señaló que el intento de vaciamiento se dirige contra la “tradición combativa” de sus trabajadores. En las últimas dos décadas, éstos han protagonizado grandes luchas contra intentos de flexibilización y en defensa del salario, acompañando asimismo un sinfín de causas populares. Referentes del PO-Frente de Izquierda, presentes en la marcha, destacaron el valor de esta pelea. La diputada nacional Romina Del Plá señaló que “es una lucha emblemática, porque se trata de defender la organización interna de la fábrica que viene defendiendo a sus trabajadores de forma rigurosa” y llamó a acompañar el acampe montado en Interpack y a aportar al fondo de huelga. Guillermo Kane, legislador bonaerense, señaló que “aquí se está haciendo lo que debería hacer la CGT: si cada fábrica que cierra o donde hay despidos se ocupa como Interpack, Macri y la burguesía argentina van a tener que retroceder”. A su turno, Néstor Pitrola destacó que “esta lucha pinta el momento de la República Argentina: por arriba, la entrega de la CGT y la CTA; por abajo, los trabajadores de Interpack enfrentando los despidos, los de Aerolíneas defendiendo el convenio, el Polo Obrero movilizado contra el hambre. La tregua de la burocracia sindical tiene pies de abajo, porque esto es una olla a presión”. Así concluyó Bravetti su intervención: “Sólo confiamos en los métodos de la clase obrera: en esta solidaridad que crece día a día, en la huelga, el corte de calle, la ocupación. La visita que hizo ayer la CGT al Episcopado con la Unión Industrial Argentina para criticar al gobierno es un camino de derrota para los trabajadores. El método que la clase obrera debe seguir es éste que estamos siguiendo: la huelga, la ocupación. Como la de Siam y cada una de las luchas, debe servir para reforzar la resistencia de los trabajadores a este plan de hambre, miseria, flexibilización y obligar a las centrales a que desplieguen toda la fuerza de este movimiento obrero, que es la única que puede derrotarlo”.

Se extiende la conciliación en el conflicto de los trabajadores de Siam, ahora voluntaria, hasta el próximo viernes, cuando habrá una nueva concentración. Está planteado el paro total de la planta si la empresa se niega a reincorporar a todos. El conflicto de Siam se acerca a un momento clave. En la audiencia del lunes pasado en sede del Ministerio de Trabajo en La Plata, la empresa planteó una nueva provocación a los trabajadores, proponiendo reincorporar a tres de los veinte despedidos, y ofreciendo un 110% de indemnización para el resto. La empresa juega a la extorsión, pero el rechazo de plano de esta “oferta” muestra la fuerza de los despedidos, que reclaman por la defensa de todos los puestos de trabajo. Los veinte trabajadores despedidos han sostenido estas tres semanas de conciliación con gran firmeza e iniciativa, que permitió instalar nacionalmente el conflicto en esta empresa de electrodomésticos y heladeras muy reconocida en el país, y mantener presente al interior de la fábrica el reclamo de la reincorporación de todos los despedidos. Han desarrollado un acampe de casi dos semanas que fue reprimido y desalojado por la Bonaerense, reuniones de solidaridad muy concurridas, cortes y movilizaciones en el Puente Pueyrredón y en el centro porteño, un abrazo reciente en la puerta de fábrica que valió una importante demostración de solidaridad de los trabajadores de Siam que están dentro de planta y, por último, la concentración en el Ministerio de Trabajo en La Plata. Este jueves se realizará un corte en el Puente Pueyrredón y una nueva movilización el viernes a la capital bonaerense. La audiencia pasada en dicha sede del ministerio confirma la intransigencia que mantiene la empresa desde el comienzo, negándose a reincorporar a todos los trabajadores; estos despidos antisindicales pretenden ser el paso previo a más despidos y flexibilización en la fábrica, que se dirige a transformarse tan sólo en un galpón de heladeras importadas. La patronal El empresario Rubén Cherñajovsky, del grupo Newsam a la que pertenece Siam, reconoció en declaraciones a Clarín que -ante la ola importadora- su filosofía es la reconversión, y aquí está la confesión de su plan en la empresa: reconvertir una fábrica de heladeras y electrodomésticos en un galpón para guardar las primeras. En la actualidad, la empresa mantiene alrededor de 60 empleados y ha bajado fuertemente la producción; por otra parte, mantiene un enorme stock, como denuncian los trabajadores despedidos, con productos importados que arriban al país con el sello de Siam. El empresario multimillonario, que se ha extendido a otros rubros como el de la alimentación y, recientemente, a la producción de equipamientos para energía eólica, está lejos de tener una situación económica crítica, por lo que el despido de más de casi tres cuartas partes del personal de Siam en los últimos meses es totalmente ilegal y responde a la mayor rentabilidad que le da la importación. Probablemente, la empresa sostenga un esquema mínimo en la planta para poder seguir utilizando los terrenos. Es que el gobierno provincial, en un acuerdo firmado entre Scioli y Cherñajovsky (amigos personales), le cede el terreno con el compromiso de que la empresa contrate 600 trabajadores; este compromiso asumido para concretarse en 2015 ha corrido un camino inverso. La gobernadora Vidal nada ha dicho sobre el tema, encubriendo completamente la ruptura del acuerdo por parte del sector empresario, que también desconoce la conciliación obligatoria del ministerio provincial; por su parte, el intendente Jorge Ferraresi se ha dedicado a pedir su cumplimiento, luego que los despedidos levantaran una denuncia pública y sólo con el objetivo de blanquear su papel de ninguneo a los trabajadores en éste y en anteriores conflictos en la empresa. La UOM Mientras tanto, la directiva de la UOM deja pasar los despidos.No ha hecho ninguna mención a Siam ni a Canale, ni a ningún otro conflicto en defensa de los puestos de trabajo. La seccional Avellaneda de la UOM debe convocar a una asamblea en el portón de fábrica mañana mismo, para que puedan participar los despedidos, y que se resuelva el paro total de planta hasta que se reincorpore a los todos los compañeros. Desde hace más de un año que no hay delegados en Siam, fruto de la intervención de la seccional, pero eso no ha sido un freno para las importantes luchas que se han dado. De todas maneras, es clave que la seccional convoque un plenario de delegados que integre a los despedidos de Siam para discutir y resolver un plan de lucha en refuerzo de este conflicto y para quebrar a la intransigencia de este empresario, emblema nac& pop, que sabe aprovechar las oportunidades de los diferentes gobiernos capitalistas.

Para evitar un paro de 48 horas de los pilotos (en rechazo a la decisión oficial de autorizar la contratación de personal extranjero con el objetivo de precarizar sus tareas y reemplazarlos progresivamente), el gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles que, con la correspondiente extensión automática a 20, impedirá la realización de cualquier medida de fuerza hasta mediados del mes de enero y que la dirección del gremio acató rápidamente. De esta manera, se abre una tregua que al gobierno le permite superar el pico anual de pasajeros que abarca justamente ese período del año. En la práctica, el acatamiento de la conciliación rompe la posibilidad de llevar a cabo cualquier medida de conjunto de todos los trabajadores del sector frente a la ofensiva gobierno-patronal -respecto de la cual la dirección de todos los sindicatos realiza un silencio total-, ya que regiría la interdicción para los pilotos. El conflicto se desarrolla en medio de una bronca generalizada que se extiende a todo el personal aeronáutico y que se manifestó en el masivo acatamiento al paro de 24 horas realizado la semana pasada y a las demás medidas que se realizaron recientemente por deudas salariales e intentos de destruir los convenios laborales del sector. La última de ellas fue una importante y combativa movilización realizada el lunes último en el hall de pasajeros de Ezeiza con la participación de trabajadores de los distintos gremios aeronáuticos, encabezados por una bandera con una leyenda donde se vincula la seguridad de pasajeros y los tripulantes con el respeto a los convenios colectivos de trabajo. Esta movilización -recibida sin hostilidad alguna por parte de los pasajeros- vino precedida por otra realizada el viernes pasado en el hall de Aeroparque, que congregó a más de 300 trabajadores y que muestran que hay una enorme voluntad de lucha entre los trabajadores aeronáuticos. La campaña oficial entre los usuarios para culpabilizar a los trabajadores no les dio el resultado que esperaban. Las direcciones de los sindicatos aeronáuticos tratan de contener esta combatividad y adecuarla a sus “ritmos”. Luego del paro de 24 horas, la patronal se desdijo del compromiso de levantar las sanciones que aplicara a 376 compañeros, del pago de la deuda salarial del convenio de este año y de la apertura de la paritaria para compensar el desfasaje salarial. Frente a esto, los sindicatos que convocaron a esa medida no han planteado ninguna continuidad a la lucha de conjunto. Así, el paro decidido por el sindicato de pilotos -totalmente justo- ya encerraba el problema de que se aísla de una pelea de todos los aeronáuticos a la cual debiera haberse sumado esta reivindicación por la contratación de pilotos extranjeros rompehuelgas. Las últimas medidas han mostrado un principio de intervención obrera que modifica el escenario de contención de la burocracia. Un estado de deliberación recorre todos los sectores de trabajo. Hay que concretar asambleas que organicen la lucha en un curso de victoria. La agrupación La Pista -integrante de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC)- denuncia que “el objetivo del macrismo es precarizar y flexibilizar nuestras tareas. Para ello amenazan con la quiebra o la privatización. Pero no están en condiciones de privatizar Aerolíneas, no hay interesados, ya que la actividad está generando pérdidas. Tampoco pueden cerrarla por las consecuencias políticas de una movilización de los miles de trabajadores de la compañía y porque el servicio que presta es imprescindible para la economía y los negocios empresarios, que las low cost no podrían reemplazar ya que nunca aceptarán hacerse cargo de los múltiples destinos no rentables. Las provocaciones que montó la patronal cancelando la ruta a Barcelona, iniciando causas penales a pilotos por emitir un comunicado gremial en vuelo, incumpliendo la cláusula gatillo de septiembre y rechazando negociar la paritaria vencida, más las suspensiones, fueron respondidas por los 12.000 aeronáuticos de forma contundente. La campaña mediática contra los trabajadores de Aerolíneas fue un rotundo fracaso, al punto de recibir muchas muestras de apoyo de los pasajeros a la lucha. Por eso se debe rechazar cualquier negociación que pretenda modificar nuestros convenios. Incluso hay nuevas razones para profundizar las medidas de fuerza: Aerolíneas abandonó la ruta a Río Hondo que fue tomada rápidamente por Avianca, asociada a la familia Macri y ahora están los despidos denunciados por los pilotos, cuya reincorporación hay que reclamar. Por su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) prorrogó la autorización para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Fuerza Aérea actúen como carneros en tareas de rampa de aeropuertos, lo que plantea la necesidad de que el activismo tome en sus manos la tarea de impulsar la convocatoria a un paro activo de 36 horas con movilización al ex Ministerio de Trabajo de Dietrich para exigir el levantamiento de todas las sanciones y despidos, el pago de lo adeudado y una apertura de paritarias para compensar el desfasaje salarial.

Con la presencia de 71 delegados, sesionó el 10 de diciembre, el Congreso Ordinario de la Federación Universitaria de Buenos Aires convocado con el aval de diez de los trece centros de estudiantes de la UBA. Nuestro compañero, Fernando Ramal, será el próximo presidente de la Fuba, cargo que compartirá con Eva Dimopulos de La Mella. La lista formada para derrotar a Nuevo Espacio/Franja Morada y sus aliados pejotistas incluyó a agrupaciones kirchneristas como La Cámpora y Nuevo Encuentro en la vicepresidencia de la federación; a Somos, el Fana y Colmena en la secretaria general y a la Corriente, Sur, la Centeno, La Dignidad y el MST en distintas secretarías. La falsa “Fuba” que las agrupaciones ligadas al rector Barbieri habían lanzado a mitad de año quedó reducida a su mínima expresión: sólo los centros de Económicas, Odontología e Ingeniería se mantuvieron al margen de esta convocatoria. Qué Fuba La Fuba que emerge de este Congreso será una federación en disputa. La UJS peleará desde la presidencia de la federación para darle continuidad y una perspectiva independiente, de unidad con los trabajadores, al extraordinario movimiento de la juventud que este año se levantó por el aborto legal y en defensa de la universidad y la educación pública. Quienes afirman que el acuerdo en la Fuba es un impulso “para derrotar a Macri en 2019” tienen razón. Pero también lo es para derrotar a los pañuelos celestes y el sometimiento a la Iglesia católica. Para golpear los presupuestos de ajuste votados con la complicidad del peronismo opositor, que por boca de Kicillof y CFK ya se comprometió a respetar los compromisos con el FMI. Para derrotar a la Unicaba y los planes privatistas asentados en las leyes anti-educativas defendidas por todos los gobiernos. Para movilizarse por el triunfo de los obreros de Siam o Interpack, que con su dura lucha denuncian la entrega de la burocracia sindical. Para luchar contra el gatillo fácil y sus defensores, se llamen Bullrich, Berni o Milani. Serán los kirchneristas y sus aliados quienes deberán explicar por qué mientras en la Fuba se unen al Partido Obrero contra la Franja Morada y el PJ, en los decanatos actúan por la precarización de los docentes y en el país se ofrecen como garantía para asegurar la continuidad del régimen de la deuda externa y del vaciamiento nacional. Liquidacionismo En lugar de intervenir en la pelea por derrotar a la derecha macrista y disputar con el kirchnerismo la dirección de la Fuba, el PTS e Izquierda Socialista adoptaron un curso liquidacionista del movimiento estudiantil. Su presentación separada con seis delegados demuestra el desprecio por defender a la Fuba frente al gobierno y el Rectorado. Si toda la izquierda hubiera adoptado la misma política, las banderas de Nuevo Espacio/Franja Morada y la UES flamearían al frente de la Fuba, aún a pesar de perder la mitad de los centros que dirigían. El argumento con el cual se procedió a esta auto-marginación fue la necesidad de “reformar el estatuto”, como si cambiar un papel sirviera para sortear el problema de derrotar a la derecha. La modificación que se propone, “que la Fuba se maneje por asambleas”, es contradictoria con la realidad del centro de Filosofía y Letras, cuya Comisión Directiva el PTS integra, se elige de la misma forma y en la misma votación que los delegados a la Fuba, sin que el PTS haya reclamado jamás su disolución. Incluso esta fórmula basista para la federación no se aplica al interior del propio PTS, que naturalmente funciona eligiendo delegados y realizando congresos. Nueva etapa El triunfo de este lunes abre una nueva etapa en la Fuba. La nueva conducción, cruzada por estrategias e intereses sociales opuestos, deberá dar cuenta de una fase convulsiva del país, con un gobierno derechista en crisis, a la ofensiva contra las masas, y una creciente movilización popular, que intenta ser canalizada con un reciclaje del fracasado nacionalismo burgués. Lejos de ocultar las contradicciones de fondo que existen al interior de la dirección de la federación, la UJS se valdrá de su lugar en la presidencia de la Fuba, de los centros de Medicina, Filosofía, Veterinaria, y Farmacia y de la secretaría general de Agronomía para impulsar la deliberación del movimiento estudiantil en pos de un plan de lucha contra el ajuste fondomonetarista y por una orientación independiente de los bloques capitalistas, en unidad con la clase obrera. Con este objetivo quedó convocado un Congreso Extraordinario de la Fuba para el inicio de clases del año que viene, precedido por el llamado a asambleas en todas las facultades, sedes del CBC y colegios preuniversitarios. Con este triunfo, la UJS revalidó 18 años de construcción revolucionaria en la dirección de la Fuba. Vamos por más.

El jueves 6 de diciembre se realizó el II Congreso de la Federación de la Universidad Nacional de las Artes (Funa). La lista “UNA en Lucha” (UJS e independientes) se impuso con el 56,52% de los votos, reafirmándose en la presidencia por segundo año consecutivo. En segundo lugar quedó el kirchnerismo “UNA del Pueblo” con el 26,08% y, por último, la lista “UNA para Vencer” (La Mella) que se presentó por primera vez y obtuvo el 17,39%. Con estos resultados se consolida a la cabeza de la Federación una orientación independiente para el movimiento estudiantil de la universidad, por encima de las listas de adaptación a las autoridades. Junto con la renovación de la conducción se realizó una asamblea abierta con la participación de más de 70 estudiantes de todos los departamentos que definió un plan de lucha y la agenda política de la UNA para enfrentar el ajuste de Macri, el FMI y las autoridades kirchneristas sobre la universidad. A su vez, el congreso resolvió convocar a una asamblea del conjunto de los departamentos para el comienzo de clases, con el objetivo de refrendar y expandir este plan de acción a todos los centros de estudiantes de la UNA. Los K de “UNA del Pueblo” promovieron una “unidad” con las autoridades, ligando al movimiento estudiantil con los co-responsables del ajuste en la universidad. Pero las votaciones expresan una derrota de esta orientación y un triunfo de una dirección de izquierda e independiente para desarrollar el movimiento estudiantil en la universidad. El resultado del congreso ratificó el rumbo de lucha que tuvo la Federación en su primer año de existencia. La Funa fue protagonista de la pelea por el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado, impulsando el plebiscito que destacó a la UNA como la universidad más favorable al aborto legal, por Página/12, con un 98,5% a favor y apostasías masivas en todas las facultades. La pelea por la paritaria docente, así como las vigilias y tomas impulsadas por la Funa por el aborto legal y la lucha educativa en su fase temprana, abrieron un antecedente para las tomas siguientes en los departamentos. Como conclusión de una experiencia movilizadora, la Funa se ganó una autoridad y referencia en las luchas. Además de haberse sumado una nueva agrupación; el centro de estudiantes de Folklore y los estudiantes de Multimediales (que están conformando su centro) participaron activamente de la asamblea y debaten su próxima incorporación a la Federación. Desafíos El congreso votó un plan de lucha y el apoyo del movimiento estudiantil a todas las luchas en curso de los trabajadores: contra los despidos, las paritarias a la baja y el paquete de reformas del macrismo. Contra el Código Contravencional y la privatización y precarización de la Cultura y sus trabajadores y contra todo tipo de censura en el arte. Asimismo, la Funa repudió la doctrina de gatillo fácil de Patricia Bullrich, la represión y persecución a los luchadores y el convenio de las autoridades de la UNA con las Fuerzas Armadas, que habilita a los militares a estudiar en la universidad pública sin hacer el ingreso (Ciclo Introductorio de Nivelación y Orientación -Cino) y los dota de beneficios extras por encima del resto de los estudiantes. A su vez, la Federación llama a movilizar al próximo Consejo Superior de la UNA para rechazar el Presupuesto 2019 de ajuste y la reforma anti-educativa del macrismo y las autoridades, y realizar una concentración de toda la comunidad educativa ante el Ministerio de Educación para exigir aumento de presupuesto y salario docente y edificios propios para la UNA. En febrero, la Funa también impulsará la lucha por el ingreso irrestricto a la universidad, por acabar con todos los filtros que dejan afuera al 80% de los aspirantes. Al mismo tiempo, está la enorme pelea por frenar la reforma vaciadora del plan de estudios de Escritura, que recorta 480 horas de contenidos y presupuesto, degradando el título y la salida laboral. Con estas resoluciones nos proponemos fortalecer la lucha y la organización independiente para derrotar la ofensiva del macrismo sobre nuestras carreras y defender la educación pública y artística.

A falta de una salida política al derrumbe de su gobierno, Emmanuel Macron juega a las imitaciones: se ha recluido en el silencio, protegido por sus tropas de asalto, para obtener una inútil expectativa por su anunciado pronunciamiento. Un De Gaulle de menor estatura. En la previa del adefesio que brotará de su boca, el último sábado llenó a Francia de policías antimotines, a razón de un represor por manifestante. Si las cifras oficiales conservan algún valor, los 120 mil policías y gendarmes empatan a los 150 mil ‘chalecos amarillos’ que salieron a la calle a lo largo del territorio de Francia. Como la caracterización oficial de la crisis es “que están en juego las instituciones”, el presidente ordenó sacarlas a la calle en masa para defenderlas. Primero gases pimienta y lacrimógenos, tanquetas y balas de goma -después vendrán las tergiversaciones políticas. La Asamblea Nacional había dado el visto bueno a la operación un día antes: “El conjunto de los diputados rindieron homenaje a las fuerzas del orden, aplaudiéndolas de pie, con excepción de los de La Francia Insumisa” (Le Monde, 7/9). El sindicato de empleados de la policía, mientras tanto, lanzaba una huelga indefinida, y en varias localidades los policías se sacaban los cascos para abrazarse con la población. Da la impresión de que Macron enfrenta obstáculos para recurrir a estos métodos con la frecuencia que impone la situación. De Gaulle, el alto, se vio obligado a renunciar más de una vez después de sus silencios. La votación parlamentaria sobre ‘las fuerzas del orden’ comporta una diferenciación política instructiva, porque pone a la derecha (Los Republicanos y Frente Nacional) contra los ‘chalecos’. Traduce, asimismo, una diferenciación dentro de los ‘chalecos’, donde una fracción denominada “libres” quiere negociar con el gobierno. La fascistoide Marine Le Pen no dejó de vociferar contra la ‘racaille’ (chusma) cuando se enteró de una disposición de los barrios del conurbano de París de participar en las manifestaciones. Durante la semana hubo, significativamente, confraternizaciones entre ‘chalecos’ y obreros de fábricas, con inmigrantes o descendientes de ellos, e incluso una convergencia con una marcha de defensores de la lucha contra la contaminación ambiental -que Macron supuestamente estaría defendiendo con el encarecimiento de las naftas y el diésel. “La lucha en defensa del medio ambiente es también una lucha contra la desigualdad social”, explicaron. La movilización de secundarios se incrementó, con la consecuencia de un número enorme de detenidos; fueron ocupados varios edificios públicos, en varios de los cuales se declararon huelgas, y se ha anunciado una huelga de camioneros y una manifestación de propietarios agrícolas. Los ‘chalecos’ volvieron a ocupar los Campos Elíseos, la zona vedada por el Estado, que las burocracias sindicales no se cansan de respetar. El Arco de Triunfo ha dejado de ser la zona reservada para el homenaje al militarismo francés. Bienvenidos a la retaguardia La burocracia de los sindicatos ha decidido ponerse al frente de la defensa del gobierno. Siete centrales sindicales firmaron una declaración para “llamar a la calma” a los ‘chalecos’. Phillipe Martinez, el secretario general de la CGT fue por demás claro. “No llamamos a marchar al Eliseo ni a la dimisión de Emmanuel Macron, ni a la disolución de la Asamblea Nacional; nos inquieta el aumento de la violencia” (ídem, 8/9). Martinez juega al estadista, como la mayor parte de la izquierda y la extrema izquierda, que recela, detrás de los ‘chalecos’, una operación de la derecha. Se refugia en la necesidad de un aumento de salarios -o sea en usar esta reivindicación como moneda de cambio de un acuerdo. En lugar de trabajar sobre la delimitación que se desarrolla ya en el movimiento de ‘chalecos’, le da la espalda, entregándola efectivamente a la derecha. Reduce la carencia popular a una negociación de salarios, esto con un régimen que ha impuesto una liquidación del derecho laboral. Martinez, vista la pérdida de posiciones sindicales en las grandes empresas debido a la entrega de sus luchas, reclama a la patronal que le abra un espacio en ellas, a cambio de una contención del movimiento actual. En esta línea, la CGT ha llamado a una “jornada de acción” para el viernes próximo, claramente dirigida a convertir a la burocracia en interlocutora de una negociación con la patronal y el Estado. Es, precisamente, la convocatoria que prepara Macron, de acuerdo con lo que ha trascendido. Esta operación de pinzas contra el movimiento, de un lado de parte de la izquierda y la burocracia sindical, y del otro del gobierno, las patronales, los partidos y la Asamblea Nacional, ha sido históricamente lo que ha permitido a la extrema derecha la captura de las clases medias lanzadas a la desesperación por el capitalismo en bancarrota. La extrema izquierda coincide en la oposición al planteo de cuestionar la continuidad del gobierno y la Asamblea y en encaminar la situación a una lucha salarial (ver por ejemplo Lutte Ouvriere -7/9-o las publicaciones del NPA). El argumento central de esta retaguardia es que la clase obrera se encuentra en reflujo y con una disposición limitada a la lucha. Esto no significa, sin embargo, que debe enterrarla todavía más en esa situación, por medio de un acuerdo con el gobierno y las patronales (una Grenelle, como se conoce a estas traiciones en Francia), ignorando a la masa de trabajadores que han perdido sus condiciones de dependencia laboral como consecuencia de la liquidación del derecho laboral. La crisis tiene un carácter social de conjunto, razón por la cual debe ir a la raíz del régimen político que la protege por medio del aparato del Estado en todas sus manifestaciones. La izquierda realmente existente presenta el planteo de poder como una ‘aventura’, donde cualquiera puede terminar pescando. Pero eso sólo lo puede producir la confusión; es decir, la negación de que hay una crisis en desarrollo. Es necesario definir las alternativas de la etapa que se abre y plantear las de la clase obrera. ¿El poder? No, gracias A la pregunta de por qué no ‘fuera Macron, disolución de la Asamblea Nacional’, la extrema izquierda responde: “El que venga después puede ser peor”. A falta de alternativa política no se plantea siquiera construirla. Se deforma el llamado reflujo al aislar a la clase obrera de la crisis política y de las movilizaciones sociales en aumento. Hace pocos meses hubo una empeñosa huelga ferroviaria, que fue llevada a la vía muerta por su dirección. Después del Mayo francés vino ‘algo peor’, pero la izquierda luchaba por acabar con el gobierno de De Gaulle y la V República, y por un comité nacional de huelga, para imponer otra salida. Los partidos patronales opositores, incluido el FL Insumiso, plantean la disolución de la Asamblea Nacional, con la expectativa de disputar una mayoría parlamentaria, pero no ‘fuera Macron’ ni la disolución presidencial de la República. Una consigna de poder no es sinónimo de ultimátum: diseña una perspectiva y prepara el desenlace. El llamado a una huelga general con un programa definido, como el salario y la jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar y el control obrero de la producción, plantearía, objetivamente, una cuestión de poder. Imponer el programa mínimo no rescataría al gobierno; una victoria lo derribaría. Por eso la huelga debe ser desarrollada por medio de comités de huelga y comités de acción. La burocracia sindical y la izquierda han llegado hace mucho a la conclusión de que una situación revolucionaria en Francia no es previsible ni deseable. Por eso tampoco quiere la huelga general; una huelga general desarrollará todas las premisas subjetivas de una lucha por el poder. Los corresponsales de Izquierda Diario han desarrollado un planteo curioso: democratizar a Francia, desmantelar la V República por medio de una Asamblea Nacional Unica, revocable y, como es obvio, con salario de docentes. Eso significa, sin embargo, primero una Asamblea Constituyente, que no se limite a una discusión constitucional, como emerge del planteo, sino que ejerza el poder político. En segundo lugar, el programa de una Constituyente no puede reivindicar la democracia formal sino las reivindicaciones de conjunto de los explotados; o sea, un ataque a la dominación de la burguesía. No se trata de abatir el régimen presidencial, se trata de la realización de las aspiraciones sociales de las masas. Los partidos patronales defienden la continuidad de Macron y de las ‘instituciones’. Sólo si la clase obrera toma esta reivindicación política de la Constituyente se podrá hacer realidad -o sea, que la convocará, en definitiva, un gobierno obrero. La movilización en curso en Francia tiende a empalmarse con una movilización europea, en primer lugar en Bélgica y en España, y con una crisis política excepcional, junto a Francia y Gran Bretaña. Nos encontramos en las primeras etapas.

Con la salida de este periódico, inauguramos una semana de recolección de aportes para lograr, antes de las fiestas de fin de año, un salto en los objetivos que nos hemos propuesto de nuestra Campaña Financiera. El Picnic del domingo 16 será un día donde miles de compañeros de los diferentes barrios, fábricas y lugares de trabajo también realicen su aporte a nuestra campaña. Después del domingo, concentraremos esfuerzos en conquistar el aporte de los cientos de trabajadores que luchan y se organizan en las fábricas. Iremos por la conquista de los aportes de las compañeras que luchan en el vigoroso movimiento de mujeres. Culminaremos el año con los jóvenes que se organizan en la Fuba contra las mafias del Rectorado y se erigen como vanguardia de un movimiento juvenil que cubre el país. Esta semana de recorrida de los frentes, culminará con brindis y picnics, el fin de semana del 22 de diciembre, que reflejarán la simpatía y la organización creciente de los trabajadores frente a la crisis. Aportemos todos a la Campaña Financiera.

La asunción del nuevo presidente mexicano dejó perplejo al mundo empresario y financiero. Como lo resumió Financial Times en un reciente comentario: “El poder popular de López Obrador agita los mercados”. El líder del centro-izquierda se propone gobernar sobre la base de plebiscitos, en lo que fue calificado por el matutino inglés como una suerte de “democracia participativa que puede poner en riesgo las inversiones” (3/12). Curiosamente, las grandes protestas protagonizadas por los chalecos amarillos que conmocionan a Francia, han incorporado, junto a la dimisión del presidente francés Macron, el reclamo en favor de la utilización del referendo obligatorio frente a medidas de gobierno fundamentales. El hilo conductor que une al país galo con el azteca es que asistimos a una descomposición y derrumbe de sus regímenes políticos, del sistema de dominación tradicional y sus instituciones, en el marco de un escenario convulsionado dominado por la crisis mundial capitalista, en pleno desarrollo. El giro a la izquierda en México representa un contrapunto en relación con el triunfo de Bolsonaro, lo que da cuenta de un escenario latinoamericano -y agreguemos mundial- volátil, con oscilaciones de uno y otro signo. Mal se puede hablar de una tendencia política definida. Programa de gobierno Los “mercados” ya habían recibido un adelanto de esta línea de gobierno ante la decisión de cancelar un proyecto aeroportuario de 13.000 millones de dólares, que ya estaba en construcción. La medida se tomó después de una “consulta al pueblo” dispuesta por el gobierno: una primera muestra de la “democracia participativa” que pregona. Los inversores, a quienes algunos funcionarios del gobierno entrante les habían asegurado que el proyecto seguiría adelante, estaban estremecidos, pese a las promesas de que pagarán las indemnizaciones en su totalidad. Durante las dos horas que duró su alocución al momento de tomar posesión de su cargo, López Obrador anunció una detallada agenda de gobierno con más de 100 propuestas, que incluían el aumento a las pensiones, la creación de cien universidades, grandes obras públicas y un sistema de salud, como en los países nórdicos. Entre sus planes figura crear refinerías para no depender de las importaciones provenientes de Estados Unidos y apuntar a la “soberanía energética” mexicana. Sin embargo, es una incógnita de dónde saldrán los recursos, con más razón cuando el nuevo presidente se metió en un aprieto al prometer no subir la deuda en términos reales y recortar impuestos. Más aún, habla de prudencia fiscal y hasta de un presupuesto de austeridad, lo cual delata las inconsistencias de “su” plan de gobierno. López Obrador sostiene que el financiamiento de sus planes provendrá de un recorte del gasto no esencial y de poner fin a la corrupción. Pero se mantiene en pie la principal sangría que es el propio pago de los servicios de la deuda y las concesiones a las empresas capitalistas en diferentes áreas de la actividad económica. Por otro lado, se declaró contrario a perseguir y someter a procesos judiciales a los funcionarios implicados en delitos previos. Esta política de amnistía frente a los corruptos, en la que están comprometidos todos los poderes del Estado, provocó escozor entre sus propios seguidores. Las contradicciones están a la vista. Prometió un cambio profundo y radical y poner fin al modelo neoliberal. Pero no pretende, sin embargo, anular la privatización petrolera (solamente revisar contratos), con todo el perjuicio que representa para México la privación de la elevadísima renta petrolera actual y que las compañías yanquis operen en los dos lados de la frontera, lo cual privilegia la explotación no convencional en Texas. Propone construir refinerías para evitar la importación de subproductos, pero difícilmente contará para ello con apoyo internacional, salvo que promueva subsidios, porque la refinación es la parte de la cadena que ofrece menor rentabilidad. Tampoco está en sus cálculos aumentar los impuestos al beneficio extraordinario de las compañías petroleras y de energía. Promotor del mercado interno, López Obrador no pretende, sin embargo, romper el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que lo coloca a contramano de la unidad latinoamericana como estrategia para alcanzar la autonomía nacional. Más aún: fue uno de los artífices del nuevo tratado, adaptándose a las exigencias de Trump. El equipo de López Obrador ha dejado claro que han priorizado tener buenas relaciones con el imperialismo estadounidense. El gobierno entrante ha hecho lo posible para evitar cualquier desafío a los llamados del mandatario estadounidense a que México pague por el muro fronterizo, a sus ataques contra los desesperados migrantes centroamericanos y a sus demandas de que México los rechace desde su frontera sur, o les dé albergue por un tiempo prolongado mientras sus solicitudes a Estados Unidos son procesadas. El canciller entrante, Marcelo Ebrard, propuso a Estados Unidos la implementación de lo que llamó un “Plan Marshall” para el Triángulo Norte centroamericano. Este plan de “inversión y reconstrucción” estaría dirigido a El Salvador, Honduras y Guatemala. Según el planteamiento, México absorbería una gran parte de la emigración centroamericana, por lo menos mientras las solicitudes a Estados Unidos se procesan. Al mismo tiempo, se realizaría un programa de obras públicas en el empobrecido sur de México. Ebrard ha propuesto una contribución inicial del gobierno norteamericano de por lo menos 1.000 millones de dólares, aunque habrá que esperar cuál es la repuesta de la Casa Blanca frente a la propuesta. Militarización Pero donde más se advierte la contradicción es respecto de la violencia y la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Se trata de una cuestión clave, que creció a niveles sin precedentes. El año concluirá en México con el mayor número de asesinatos desde que se tienen registros. Hasta octubre las autoridades contaron 28.000. López Obrador plantea que la salida es reforzar la presencia del Ejército en las calles. Se trata de un giro de 180º respecto a sus promesas de apenas unos meses atrás. Más aún, López Obrador espera crear un nuevo cuerpo militar, la Guardia Nacional. Morena, su partido, deberá impulsar una reforma de la Constitución que requiere una mayoría cualificada en el Congreso. Se promueve esta orientación cuando está claro el fracaso de la militarización que lleva implementándose desde hace más de una década. Desde 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia, el Ejército y la Armada se han encargado de velar por la seguridad en el país. En algunos estados sustituyeron de hecho a las policías. Lejos de atenuarse, el problema se ha agravado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado docenas de instancias en las que el Ejército y la Armada han participado en asesinatos extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, incluyendo su participación ampliamente reconocida en la matanza de Tlatlaya y la desaparición y el asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa. El reforzamiento del poder del Ejército debe ser apreciado también en un contexto más general. López Obrador apunta a erigir un régimen bonapartista, de poder personal, como un recurso excepcional para pilotear una descomposición profunda del sistema político, gobernando a fuerza de plebiscitos y de una militarización que será utilizada, cuando haga falta, contra la protesta social y la oposición política. Importa señalar que los plebiscitos que hasta ahora se han convocado son minoritarios: votó apenas el 1% del padrón. Esta “democracia directa” es un gran factor de manipulación política de la voluntad popular, en la que el Ejecutivo selecciona los temas sometidos a consulta y sus términos. Perspectivas La apuesta del empresariado es marcar la cancha y acordonar al gobierno con vistas a establecer un “modus vivendi” con la nueva gestión y recortar algunas de sus propuestas más urticantes. El nuevo presidente de México ha dado señales de que puede contemporizar como lo demostró en los seis años que gobernó la capital del país. Por lo pronto, López Obrador ha dado indicios en esa dirección al nombrar a Alfonso Romo, un hombre del sector privado, jefe de Gabinete, y la presencia de tecnócratas como Carlos Urzúa en el Ministerio de Finanzas. En su gabinete se encuentran representantes de esa “mafia del poder” a la que tanto ha criticado. El jefe del Estado calmó a los mercados cuando su partido trató de introducir una norma en el Senado para limitar las comisiones de los bancos, que produjo una sacudida en la Bolsa. Del mismo modo, su gabinete ya actúa para poner paños fríos y trabar otros proyectos para obligar al gobierno a solicitar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras. Entretanto, la burguesía no se ha privado de ejercer su presión desde el primer día de gobierno, que se sintió con fuerza en los mercados. El peso está en su nivel más débil en cinco meses, el mercado accionario retrocedió y los rendimientos de los bonos a diez años emitidos por México se encuentran en un máximo en una década. La distancia entre los problemas de México y el programa de Morena es enorme, incluso desde un punto de vista reformista. México, en las barbas de Estados Unidos, está afectado más que nadie por la guerra económica internacional y el impacto de la crisis estadounidense y mundial. México ingresa en una transición convulsiva. La asunción de López Obrador es el primer capítulo de una crisis muy severa, que anuncia serios choques políticos y sociales.