Prensa Obrera N° 1531

La resolución que habilita a la discrecionalidad policial en el empleo de armas de fuego legaliza una práctica tan siniestra como habitual: la del gatillo fácil contra la juventud de las barriadas. Pero su objetivo apunta más lejos: es un reforzamiento del poder represivo del Estado contra las manifestaciones obreras y populares, que se multiplican a diario contra la miseria social, los tarifazos, los despidos y la caída del salario. Sin ir más lejos, Patricia Bullrich habilitó al uso de armas letales para las marchas contra el G20. Y, este miércoles, un impresionante despliegue represivo enfrentó a la enorme marcha piquetera encabezada por el Polo Obrero y otras organizaciones. Pero el “decreto Chocobar” ha desatado polémicas al interior del gobierno. Nada menos que Elisa Carrió, la que nunca reclamó por Santiago Maldonado ni por ningún pibe asesinado, salió de punta contra la medida de Bullrich. Aunque luego pidió que la disposición de la ministra sea por ley. En el país de las movilizaciones cotidianas, la rienda suelta a la policía -y sus consecuencias criminales- puede conducir a una crisis política terminal para el macrismo. En medio del derrumbe económico, los propios socios del gobierno temen darle un cheque en blanco a Macri-Bullrich y sus fuerzas de “seguridad”. Hay que ir a fondo contra la resolución criminal. Pongamos a miles en las calles, por su derogación definitiva. Miremos el espejo de la Francia rebelada, donde el levantamiento de los chalecos amarillos obligó al Macri francés a recular. ¡Abajo la legalización del gatillo fácil y sus autores! ¡Fuera Bullrich, Fuera Macri!

Llegado el fin de año se avecina el proceso electoral 2019. ¿Esto ha cerrado la crisis excepcional, económica, social y política del gobierno? No, al contrario. El propio adelantamiento de las elecciones en 17 provincias, que pueden llegar a abarcar incluso a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, expresan esa crisis. Los gobernadores adelantan sus elecciones para despegarse del incierto recambio presidencial, tanto por el lado de Cambiemos como por el lado del PJ, con Cristina en ascenso, pero con un peronismo cada día más dividido. Por supuesto que un adelantamiento de Vidal y Larreta es casi la partida de defunción de Macri, pero eso no está descartado por la magnitud del rechazo popular al gobierno, que jamás se repuso de la caída que comenzó en las jornadas de diciembre ante el robo a los jubilados. Lo que ha evitado una salida anticipada de Macri es la enorme colaboración política de la oposición pejota-kirchnerista. Pero eso no elimina la continuidad de una bancarrota económica que no resuelve el crédito del FMI y mucho menos su política para pagarlo, que están hundiendo literalmente en la miseria a capas y capas enteras de la población. La marcha de la crisis capitalista mundial, que de manera ondulante acentúa la fuga de capitales y la tendencia a las devaluaciones monetarias, contribuye a la completa inestabilidad y a la precariedad del respiro conseguido con el crédito del FMI y las altísimas tasas de interés. Tan es así, que la perspectiva de una derrota de Macri es hoy un factor autónomo de la crisis económica y la desinversión de todo orden. Así las cosas, se ha desencadenado una ola de elecciones provinciales que empiezan en febrero y marzo en provincias como Catamarca, Neuquén y Santa Fe, y luego hay dos o tres elecciones por mes. La peculiaridad del proceso electoral que comienza de esta manera es la crisis económica brutal que se descarga sobre las masas, las luchas que buscan perforar la contención de la burocracia sindical y el hecho de que la burguesía no encuentra una alternativa para suplantar a un Macri fracasado a tres años vista de su ascenso al poder. Por otro lado, los capitalistas apoyan el rumbo de “reformas” antiobreras de Macri y recelan del regreso del kirchnerismo aunque Cristina y Kicillof den garantías de todo tipo de repagar la deuda, de no romper con el FMI y de un acuerdo a ojos vista con el Vaticano -aunque ello le valga ponerse de espaldas al más masivo de los movimientos populares de este año que fue el de la mujer por el aborto legal. Esta contradicción es la que fragmenta al peronismo al mismo tiempo que todos proclaman la necesidad de la unidad opositora. La atomización conspira contra el plan polarizador de Macri y su núcleo duro, y el ascenso de Cristina al calor de la crisis acelera las maniobras políticas y judiciales contra ella, poniendo un voltaje a la crisis política que escala a la Justicia y a todas las instituciones del Estado. El Frente de Izquierda tiene su disputa principal con el kirchnerismo, el cual, aún en su maniobra de adaptación al ajuste del FMI, conserva el rol más radicalizado en el imaginario popular y en la disputa de las organizaciones populares, sean obreras, estudiantiles, barriales o de derechos humanos. La batalla por la independencia política de los trabajadores, que es la viga maestra del FIT, pasa por la interpelación permanente del rol que el kirchnerismo juega en esas organizaciones, y debe apuntar a una delimitación porgramática de fondo para separar a los trabajadores, las mujeres y la juventud del nacionalismo burgués y reagruparlos en una estrategia socialista de gobierno de los trabajadores. La cuestión del no pago de la deuda externa, la ruptura con el FMI, la nacionalización del sistema financiero y del comercio exterior, de los recursos estratégicos mineros e hidrocarburíferos contra los tarifazos, de la expulsión de la burocracia sindical y la libertad de organización de los trabajadores y la oposición a las reformas laboral y previsional, son puntos polémicos fundamentales, frente a la ofensiva de Cambiemos y al compromiso del kirchnerismo y el pejotismo con la burguesía. El impulso a la irrupción de los trabajadores y la cuestión de una crisis de poder que plantee la Asamblea Constituyente debemos inscribirla en esa lucha política, porque las elecciones convocarán a las masas al recambio capitalista, pero sin cerrar la crisis excepcional que hemos caracterizado y se desarrolla cada día con nuevas manifestaciones. Es claro que el FIT está ante una prueba política y oportunidad si pasa este desafío exitosamente, ganando autoridad política ante los trabajadores. El FIT debe colocarse a la altura de las circunstancias y erigirse como un canal para impulsar la movilización y la acción directa de los explotados, contribuir a que la clase obrera irrumpa en la crisis nacional como un factor independiente y se transforme en una alternativa de poder. Debe proyectarse como una fuerza política, lo que plantea el frente único en todos los terrenos: un programa que defienda la independencia política de los trabajadores y una estrategia de poder, una intervención común en la lucha de clases y un acuerdo integral para librar en común desde el primer trimestre del año la batalla política electoral que tenemos por delante y que se extenderá durante todo el año 2019 hasta culminar en las elecciones presidenciales. Incluso intervenciones clave con la del 24 de Marzo o ahora mismo contra el decreto de gatillo fácil tienen que tener al FIT en primera fila de la lucha de clases. Desde esta comprensión, el Partido Obrero impulsa el debate inmediato a la mesa del Frente de Izquierda y los Trabajadores, para dirigirnos en conjunto a toda la vanguardia obrera y del movimiento popular.

El juicio por el crimen de Lucía Pérez y su desenlace fueron un gigantesco operativo de encubrimiento e impunidad. No sólo preserva el andamiaje delictivo que compromete a las altas esferas del poder del Estado, sino que refuerza con los fundamentos de su sentencia todo el yugo opresor sobre las mujeres. El fallo tiene en su frente el sello de la clase a la cual sirve la violencia contra las mujeres, es una sentencia aleccionadora para la mujer, un recordatorio del lugar de sometimiento y humillación que el régimen capitalista le tiene reservado. La sentencia es una afrenta al movimiento de lucha de las mujeres. Un alegato ideológico al servicio de naturalizar las relaciones de dominación y opresión que atraviesan a las mujeres en esta sociedad -utilizadas en este caso para desestimar la denuncia por abuso sexual seguida de muerte. El tribunal marplatense adjudica la inocencia de Offadini y Farías en fundamentos tales como que “Lucía era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía”; “tenía una personalidad que distaba mucho de ser sumisa”; y llegan a la perversión de utilizar los testimonios de su familia para absolver a los abusadores responsables de su muerte: “Su madre señaló que -a pesar de tener buen diálogo con Lucía- ésta le contaba hasta donde quería, por lo que no sabía nada de su vida sexual”. La responsabilidad de la muerte de Lucía recae sobre ella misma. El régimen responsable de estas atrocidades queda libre de culpa y cargo. El fallo no sólo desconoce la relación de dominación que existe entre los géneros, entre las generaciones y entre narcos hijos del poder y una niña adolescente; sino que los naturaliza y justifica. Arma la ficción de una relación libre y paritaria entre Lucía y tres narcotraficantes de 25, 43 y 61 años, que se dedican a manipular adolescentes para insertarlas en el circuito de la droga. Rechazan la figura de femicidio y desechan de un plumazo todo lo que desde las grandes movilizaciones por #NiUnaMenos las mujeres nos hemos empecinado en denunciar: las relaciones de poder que atraviesan los vínculos entre hombres y mujeres, y que reproducen en cada relación inter-personal y social la ideología de un Estado que educa en el desprecio y la subordinación del género femenino. Para el movimiento de mujeres Lucía no es sólo Lucía. Es Lucía, es Sheila, es Estefanía, es Micaela García, es Chiara Páez, y una dolorosa y extensísima lista. No han absuelto de violentar a una mujer sólo a tres imputados, buscan absolver con ellos a todo el régimen contra el que luchamos. No estamos ante un problema que se solucione con “capacitación en género” para los jueces que no responden a ningún mandato popular, mientras no se alteran los cimientos de una sociedad que es una máquina de fabricar violentos, machistas y misóginos. Cuando denunciamos la responsabilidad del Estado en la violencia contra las mujeres, denunciamos precisamente su compromiso estructural con nuestro sometimiento. Impunidad y poder El femicidio de Lucía no sólo volvió a poner sobre la mesa el crimen social que se perpetúa a razón de uno cada 24 horas contra las mujeres, sino que lo colocó en el cuadro de descomposición social reinante, en el que todas las lacras del capitalismo se entrecruzan: violencia de género, abusos, narcotráfico, impunidad del poder. Puso, asimismo, en evidencia los vínculos entre el crimen organizado y el poder político; por caso, el primer abogado defensor de Offidani -uno de los imputados, hijo del escribano más poderoso de Mar Del Plata- fue el director general de una de las áreas de la Secretaría de Seguridad del distrito hasta que la noticia trascendió y el intendente Arroyo (Cambiemos) se vio obligado a separarlo del cargo. El entrelazamiento de la policía y el poder local con estas mafias en Mar Del Plata no fue privativo de la gestión Arroyo; el anterior intendente Pulti (FpV) se dedicó a proteger los mismos negocios y cajonear sistemáticamente todas las denuncias de esta corrupción generalizada. Farías, Maciel y Offidani (los tres imputados) se dedicaban a la venta de drogas, abordando a jóvenes en los colegios -un modus operandi también utilizado por las redes de captación de niñas para la explotación sexual. Seguir esta pista, es seguir la podredumbre de un negocio que alimenta la violencia en todas sus manifestaciones. La Justicia, sin embargo, no consideró importante seguir ninguna de estas líneas de investigación que conducen de manera directa al poder político. Una vez más, se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la movilización y la lucha de y por las mujeres.

Según La Nación, el oxígeno que el gobierno logró con el G20 y el apoyo de las principales potencias imperialistas a los planes fondomonetaristas de Mauricio Macri le duró 48 horas, porque ya atraviesa una nueva crisis política con Elisa Carrió. Es cierto, tanto para Macri y para varios otros como Emmanuel Macron -que tuvo que recular ante los chalecos amarillos- o para Trump -que enfrenta una crisis política interna, que lo pone otra vez en la mira de un impeachment-, como para el conjunto del imperialismo, al que un desplome en las bolsas le arruinó la ilusión de la tregua comercial chino-norteamericana por tres meses pactada en Buenos Aires. Tema nada menor para Macri, porque el riesgo país argentino volvió a las nubes y rebotó el dólar a pesar de la manutención de las siderales tasas de interés. Consciente del potencial de conflicto social del plan de guerra del FMI que está en marcha, el gobierno ha decidido acompañar la ofensiva capitalista con un reforzamiento represivo del Estado. Ninguna improvisación En este contexto, Patricia Bullrich y Macri han decidido ir adelante con esta pena de muerte no escrita, a través de la carta blanca para matar, otorgada a las fuerzas de seguridad que significa el decreto 956/18. No hay fisuras de interpretación en el alcance de semejante medida, porque las fuerzas federales podrán disparar por presunción de “peligro inminente”, ante una simple fuga, por apreciación personal de intención de usar un arma aunque no esté a la vista y hasta por el uso de armas por parte de otros, cuando se trata de un grupo de personas. La “doctrina Chocobar” ha sido llevada a la legislación mediante un decreto. Lo que vale para quien roba un celular, o escapa de un control de alcoholemia, valdría también, por supuesto, para una manifestación popular. Pero no se trata de una improvisación. En los días previos al G20, la policía bonaerense mató a Orellana en el Puente 12 en La Matanza y la policía de Schiaretti a Barrionuevo en Córdoba, luego de torturarlo arrodillado en un descampado. Ambos, militantes de la CTEP. El 29 de noviembre, un día antes de la militarización de Buenos Aires por el G20, el juez interviniente cerró la causa de Santiago Maldonado, echando un manto de impunidad a un crimen de Estado, con el agregado de que el mismo juez avisó a la madre de Santiago que fallaba “apretado” por el poder político. Cabe esperar en esta línea, la impunidad para el segundo crimen de la Patagonia, el de Rafael Nahuel. Que se trata de una política lo demuestra la ya elaborada reforma del Código Penal, que incluye textualmente el contenido del decreto. En este cuadro político, con Carrió en contra no sólo del decreto 956 de licencia para matar, sino también de la ley de financiamiento de los partidos políticos, Macri ha desechado colocar el nuevo Código en el temario de extraordinarias y anunciarlo como una de las piezas centrales del discurso de apertura legislativa del próximo 1° de marzo. Esto quiere decir sólo una cosa. La cuestión del reforzamiento represivo del Estado será eje de campaña electoral del macrismo. Es decir que desde el interior del gobierno, con Bullrich a la cabeza y el núcleo de Marcos Peña y Macri, han decidido avanzar en la tentativa de un curso de “bolsonarización” del gobierno. La crisis política La oposición de Carrió no indica que se aparte del rumbo general del gobierno, pero sí que puede responder a una fracción del imperialismo, partidaria de una “seguridad democrática” de otro carácter, que evite que Macri termine como Duhalde en los días del Puente Pueyrredón, justamente cuando lo peor del ajuste -con despidos masivos, desocupación y hambre- está todavía por venir, si miramos los indicadores del desplome industrial, de la aguda recesión en la que estamos. De cualquier modo, Carrió en pocas horas se pasó al reclamo de que la disposición de Bullrich se consagre por ley en el Código Penal. Pero aunque el “voto bala”, con el que pueda estar especulando Jaime Durán Barba, tenga algún tipo de rendimiento, semejante curso conduce a una crisis en la alianza Cambiemos, no sólo con la CC de Carrió, sino también en el interior de la UCR. Llama la atención también que María Eugenia Vidal adelantó que su gobierno no adheriría al decreto que rige para las fuerzas federales. La carta blanca para matar en manos de la Bonaerense puede ser el pasaporte al desastre de cualquier gobierno de la provincia, donde se han dado la mayoría de los 5.000 casos de gatillo fácil de la última década. Los decretos y medidas en función de la autonomía de las Fuerzas Armadas y su intervención en cuestiones internas, han sido seguidos por el conjunto de la alianza oficial, pero el 2x1 a los genocidas generó una colosal movilización popular y obligó al conjunto del régimen político, incluida la oposición, a un recule, ahora convalidado por la propia Corte Suprema. Pero, cuidado, no largar a los genocidas para evitar una crisis mayúscula con las masas y con la oposición no quiere decir que el decretazo de Bullrich ya esté liquidado. Al contrario. Miguel Angel Pichetto, muchos gobernadores como Alicia Kirchner -cuya Justicia acaba de procesar a los luchadores docentes- y hasta el propio kirchnerista Sergio Berni, han dicho que la medida es “razonable”. Se trata de un reforzamiento represivo del Estado que tiene raíces en amplios sectores de la burguesía. Así como Cristina alberga a los pañuelos celestes y los verdes, alberga también a los mano dura contra la pobreza y el movimiento popular. A movilizarnos con todo para derrotarlos Bien mirado, el “éxito” para el desarrollo (físico) del G20 que no tuvo Macri con el partido River-Boca, fue la confluencia de un amplio operativo de contención de la oposición pejota-kirchnerista, que empezó con la aprobación del Presupuesto del FMI. Formaron parte de ese operativo la fuga a Luján del sindicalismo opositor, la entregada de la CGT por el bonotrucho, los votos y abstenciones en Diputados y Senadores por el Presupuesto 2019, el pacto con los gobernadores y, por fin, la contracumbre en Ferro, transformada en un foro “hervíboro” de nacionales y populares derrotados, donde Cristina dio garantías al Vaticano y al capital financiero de todo tipo, ayudada por Axel Kicillof con sus definiciones de docilidad en la revista Forbes. Los movimientos sociales del Vaticano dieron su contribución encerrando sus huestes cada día más hambrientas en Atlanta, unos días antes. Y por fin, la puntada final fue el vaciamiento de la movilización del propio 30 de noviembre, el día del G20, donde la izquierda demostró que la única oposición estratégica al imperialismo viene de nuestra parte -o sea, de quienes luchamos por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista en toda América Latina. Mientras escribimos estas líneas, miles de piqueteros con el Polo Obrero a la cabeza han sido sitiados en Constitución para evitar su reclamo ante Desarrollo Social. Las mujeres vuelven a ganar la calle ante la atrocidad de la impunidad por la violación y muerte de Lucía, por parte de los mismos policías que reciben ahora licencia para matar. Hace unas horas, los gráficos de Interpack I ocuparon la planta ante once despidos, que son el inicio de un vaciamiento, y los despedidos de Siam preparan otro corte del Puente Pueyrredón. Los trabajadores de Aerolíneas lograron parar las suspensiones mediante una huelga atacada desde todos los medios por “salvaje”. Hace unos días un enorme movimiento de enfermeras y enfermeros ganaron la calle contra una ley que destruye su carrera profesional, como la ganaron los estudiantes y docentes contra la Unicaba. La disposición de lucha para una movilización masiva que derrote el decretazo de Bullrich y Macri está. El problema es remover los factores de freno. En la conferencia de prensa de Sergio Maldonado, las organizaciones de derechos humanos que lo acompañaron debieron anunciar una gran marcha para que centenares de miles en las calles los derrotemos. Promovemos un plenario de todas ellas para ganar la calle en una gigantesca movilización popular para derrotarlos. Cuando nuestro partido ha planteado el paro activo nacional de 36 horas, hoy traicionado por la CGT, hemos estado señalando un camino, el de la irrupción popular para terminar con este gobierno insoportable para la mayoría nacional. Al servicio de esa perspectiva hemos incluido en nuestras consignas la Asamblea Constituyente soberana y con poder, para reorganizar el país sobre otras bases, que indudablemente suponen el desmantelamiento del aparato represivo. Si derrotamos el decreto de Bullrich, iniciaríamos ese camino con un golpe decisivo a la bolsonarización de Macri. Vamos por ello. Fuera Bullrich, fuera Macri.

Una gran movilización del Polo Obrero, Barrios de Pie y otras organizaciones (por aumento en los programas sociales, reapertura de los mismos y trabajo genuino) enfrentó este miércoles un descomunal despliegue represivo en el barrio de Constitución que impedía el avance de las columnas. Al cierre de esta edición, las organizaciones intentaban llegar al Ministerio de Desarrollo Social. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); #URGENTE | Continúa el mega operativo policial en #Constitución, cierran el #Subte para impedir movilizar Las... Posted by Prensa Obrera on Wednesday, December 5, 2018

César Herrera, presidente de la UCR de Chubut, dijo en una radio que el gobernador “Mariano Arcioni no hizo nada y se le acomodaron solas las cuentas”. Tuvo razón: en marzo de este año, el gobernador fue a “rogarle” al gobierno nacional un salvataje para la situación de colapso financiero que sufría la provincia y Macri le cerró las puertas. De allí el pago escalonado a los estatales y docentes (que aún continúa en dos tramos) y la rebelión de docentes y estatales que enfrentó. Pero, a mediados de año, la suba simultánea del dólar y el precio internacional del petróleo (que superó los 86 dólares) generaron un aumento de las regalías y un esporádico respiro a las cuentas provinciales. La “petro-dependencia” de Chubut es total y alrededor de la industria petrolera se teje un complejo mapa de acuerdos y choques entre los partidos patronales, la poderosa burocracia sindical del “Loma” Avila (Petrolero Privados) y las operadoras, fundamentalmente YPF, Panamerican Energy (PAE) y Tecpetrol (Techint). La crisis que se avecina Ahora, al gobierno de Arcioni se le dieron vuelta los números: el precio internacional del crudo asiste a la caída más acelerada de los últimos 34 años, colocándose en poco más de 58 dólares a finales de noviembre. El Presupuesto de Chubut 2019, que se acaba de conocer, está compuesto en más de un tercio por “expectativas” de regalías petroleras, de 65 a 70 dólares el barril. Y la mitad de esos ingresos (20 mil millones de pesos) irían al pago de la deuda externa, contraída por el kirchnerista Martín Buzzi, el fallecido Das Neves y el actual gobierno. El éxito del plan económico de Arcioni está atado, en gran parte, al futuro de una industria discutida en las cumbres de las potencias imperialistas. En el municipio petrolero por excelencia, Comodoro Rivadavia, dos tercios de la obra pública que se realizará en 2019 se financiará con las regalías hidrocarburíferas. Una de las claves de la fortaleza económica de Comodoro (recientemente calificado por una consultora británica como el municipio con “las mejores finanzas del país”) es el ingreso extraordinario pactado con PAE, del 1% de su facturación, migajas para la petrolera que opera Cerro Dragón, el mayor yacimiento de crudo convencional del país. El rol de la burocracia del “Loma” Avila En recientes declaraciones radiales, Jorge el “Loma Avila”, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, sostuvo que “si se mantiene la caída del precio, se van a paralizar inversiones”. Abre el paraguas ante posibles despidos el año próximo, en una industria que ya tiene 800 trabajadores suspendidos. Avila participará junto a otros dirigentes gremiales como Lludgar (Petroleros Jerárquicos) de un cónclave en Buenos Aires con las operadoras nacionales para discutir cómo vendrá la mano en 2019. Además, durante este año, han firmado una adenda al convenio colectivo de trabajo (que “aún no se ha concretado en ningún lado”) que es el preludio de la aplicación del “modelo Vaca Muerta” en Chubut, lo cual significa un brutal ataque al derecho a huelga. La defensa de los puestos de trabajo y del convenio colectivo requiere romper el blindaje de la burocracia sindical. Ningún despido ni suspensión, reparto de las horas de trabajo. Por un congreso de delegados de base de todos los sindicatos de la provincia para luchar por el no pago de la deuda externa usuaria y la nacionalización de los recursos naturales bajo control obrero.

En los comicios para la renovación de la conducción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), la oposición de izquierda conservó la minoría en el Secretariado Ejecutivo, en un cuadro general de relativo conservadurismo político. Sobre 1.675 votantes, el oficialismo kirchnerista obtuvo un 67% -la Roja y Negra de Roberto Pianelli y Néstor Segovia- y un 33% la opositora Lista Multicolor -un frente de las agrupaciones Naranja, orientada por el PO, Bordó (PTS) y Violeta (desprendimiento disidente del pianelismo). Con estas cifras, la conducción Rojo y Negra obtuvo un progreso de 11 puntos -los mismos que pierde la oposición- respecto de la elección anterior en 2015. Cabe aclarar que en aquella oportunidad, la “oposición” no se presentó en un frente único como ahora, sino como dos listas: la Naranja, que obtuvo un 17% de los votos y la Bordó-Violeta que se repartieron con un 27%. La constitución ahora de un frente común fue saludada y vista con gran expectativa por el activismo más combativo. Con excepción de la Línea B, donde la Multicolor derrotó al oficialismo por 60 a 40 por ciento, en el resto de las líneas el retroceso relativo coincide con una pérdida de delegados en el período, especialmente del sector Estaciones. La Línea C, donde en 2015 triunfó la oposición, fue recuperada ahora por el pianelismo. Este progreso parcial de la Roja y Negra está vinculado, en el cuadro más general, con un relativo impacto en las bases de su campaña “votemos bien en 2019” (y evitemos la lucha hoy). Su postulación actual, como relevo del macrismo, contrasta con la situación agónica del kirchnerismo en aquel 2015. En el terreno de la elección, el oficialismo se presentó como garantía de estabilidad, sin despidos. La amansadora de cinco meses de medidas anodinas -apertura de molinetes con regalo de café al pasajero-, mientras la UTA manejaba “a piacere” la paritaria con el macrismo, fue presentada como una resistencia “inteligente”. Pero terminó mal, con una fuerte caída salarial y la capitulación bajo la forma de un acta antihuelga, que firmó la conducción, y que estipula que, en caso de paro, no se impedirá manejar los trenes a jefes y carneros. La participación de la oposición en el nuevo Ejecutivo, que ya existía y pasó casi desapercibida en el mandato que termina, se ve reforzada ahora con la participación de Christian Paletti, de La Naranja y el Partido Obrero, y que junto a Claudio Dellecarbonara, del PTS, pueden constituirse en la voz del clasismo desde la minoría de la conducción. Y constituir una expresión importante del Frente de Izquierda, en un ámbito muy sensible de las luchas obreras del próximo período. Tres vocales para la oposición, entre los 27 miembros del organismo, es una representación muy inferior al tercio de los votos obtenidos, y por lo tanto antidemocrática; pero puede ser el foco de una importante agitación, alternativa al inmovilismo yaskista, para impulsar iniciativas que ayuden a un reagrupamiento clasista en todo el subte. La derrota del oficialismo en la Línea B es muy importante porque demuestra, por oposición al conservadorismo kirchnerista, que la lucha rinde. Allí, una base organizada con un funcionamiento asambleario y métodos de acción directa se hace respetar y no ha cedido a la sistemática política flexibilizadora de la patronal y el macrismo. Hay que extender a otras líneas y talleres un trabajo preparatorio de ese tipo ante los inevitables choques que se avecinan con el plan de ajuste patronal. La lista del frente Multicolor realizó una gran campaña, con recorridas en todas las líneas exponiendo un programa antiburocrático para “recuperar la fuerza de nuestra organización”. La Naranja en particular, sobre el cierre, realizó un asado de candidatos y activistas, y repartió masivamente un volante reclamando la asamblea general por la reapertura de la paritaria y la formulación de un plan de lucha. En un clima general moroso, provocado por el fuerte derrotismo de una conducción totalmente adaptada, los 544 votos de la Multicolor deben ser la base de un reagrupamiento para la recuperación de la combativa tradición de los luchadores del subte.

En el contexto de una disparada inflacionaria que ha golpeado la economía familiar de los trabajadores, de la política de ajuste y despidos del gobierno nacional, los gobernadores y el FMI, y de la entrega de la CGT del reclamo de reapertura de las paritarias -suspendiendo la “amenaza” de paro a cambio de un bono miserable-, el lunes 12 de noviembre,el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) resolvió un paro de 24 horas exigiendo una revisión salarial sobre el 26% firmado en cuotas hasta agosto (16% desde enero + 10% en agosto). El paro comenzó en el turno noche y fue levantado horas después tras el acuerdo de las patronales Vicentín, Renova y Cofco de otorgar un 6% de aumento salarial para septiembre y otro 6% para octubre. La rápida oferta de estas tres patronales se debe a que están en plena producción. Estos aumentos llevarían el básico de la categoría inicial a unos 35.900 pesos para octubre, por debajo de las necesidades de una familia tipo -que el “Mirador de Actualidad Trabajo y Economía” (economistas de la Federación Aceitera de Rosario) estimó en noviembre 42.200. ¡Del bono de fin de año no se habla! Un derecho adquirido que probablemente tirarán a último momento para hacer pasar cualquier arreglo de actualización paritaria. El resto de las empresas -Molinos, Dreyfus, Cargill, Bunge y Terminal 6- sólo han ofrecido los miserables 5.000 pesos fogoneados por el gobierno nacional, ¡y en tres cuotas! Se quiebra la unidad de acción y promesas “2019” El paro fue levantado por el SOEA, imponiéndolo en los piquetes con los obreros presentes que lo aceptaron y sin consultar a los trabajadores del resto de las plantas. Así las cosas, terminaron levantando el paro porque el sindicato acató la consabida “conciliación obligatoria”. De esta forma, el conflicto entró en un impasse, generando un antecedente peligroso, ya que está en peligro el Convenio Colectivo de Trabajo Unico para todo el gremio. Se produjeron sucesivas audiencias fracasadas: las patronales dilatan ahora hasta otra reunión para el ¡6 de diciembre!, un día antes que termine el primer período de conciliación obligatoria. La dirección del SOEA ya entregó puntos del convenio de trabajo vitales en la firma del acta paritaria de abril, siguiendo el reclamo de las patronales y el plan de reforma laboral del gobierno de Macri. La base piramidal que sustenta el modelo laboral de esta reforma antiobrera tiene como fundamento la destrucción de los convenios únicos, y pasar a los acuerdos empresa por empresa. El secretario general del gremio, Pablo Reguera -quien ha jugado dentro de la Corriente Federal de los Trabajadores, enrolada en el kirchnerismo sindical- aceptó los techos salariales del gobierno anterior y ahora juega en los términos estratégicos del gobierno de Cambiemos. Para distraer un poco de este fenomenal descuartizamiento salarial, Reguera anunció junto con el presidente comunal de Timbúes, Amaro González, un convenio para trazar en esa zona una futura urbanización de 670 lotes para obreros aceiteros, con una cercanía “conveniente” a las aceiteras de la zona (Renova, Dreyfus y Cofco) y proximidad de salida a la autopista Rosario-Santa Fe. También se contará allí con 12-16 hectáreas para un nuevo camping-polideportivo del SOEA. Sin embargo, no se aclara de dónde saldrán los fondos para esta iniciativa. Flexibilización laboral con colaboración gremial Hay que recordar que muchos años atrás, el SOEA hizo pasar a planta permanente a todo el personal contratado que estaba afiliado a su sindicato, en respuesta a la lucha de la Federación Aceitera. Posteriormente, las patronales empezaron a ofrecer retiros voluntarios a una masa de aproximadamente 2.000 obreros. Reguera aparece ahora “indignado” por los retiros que actualmente ofrece Bunge (su fábrica de origen) por montos superiores a los indemnizatorios. Así, se les echará la culpa a los obreros por aceptar estos retiros que, en realidad, encubren una política empresaria de despidos, aceptada por la dirección del SOEA. Esta situación agravada se ve en Buyatti, donde los trabajadores están parados desde hace muchos meses cobrando 15.000 pesos por mes y una ayuda solidaria votada por el SOEA que sale del bolsillo del resto de los obreros, con un descuento en sus sueldos que van desde los 200 a 400 pesos mensuales. Los gobiernos municipal y provincial le han dado la espalda a los trabajadores: Buyatti dependía de los granos que le dejó de proveer Molinos Cañuelas, sin que el Estado tome ninguna medida. Que decidan los obreros Los aceiteros necesitan salir a rechazar el divisionismo provocado por Reguera y su Comisión Directiva: si no hay el mismo acuerdo para todos, que se retome el paro en todas las aceiteras-cerealeras. Es más necesario que nunca que los obreros impongan una asamblea extraordinaria de todos los aceiteros del SOEA para discutir y votar un verdadero plan de lucha que dé respuestas a todos los trabajadores aceiteros por igual. • Salario mínimo vital y móvil de 42.200 pesos retroactivo a agosto, de manera que a diciembre se empate la inflación proyectada por el gobierno nacional. • Pase al básico del actual plus por presentismo, que en octubre equivale al 10% del salario (3.500 pesos). • Pase a planta permanente de todos los contratados que reemplazan, por unos meses de gran actividad, a los compañeros que aceptaron en soledad los “retiros voluntarios”. • Solución integral y definitiva para los obreros de Buyatti. Expropiación estatal y puesta en marcha bajo control obrero, con garantía salarial de convenio a cargo del Estado.

Desde la mañana del martes 4, la planta 1 de la gráfica Interpack de Lomas del Mirador (La Matanza) se encuentra parada por tiempo indefinido y ocupada por sus trabajadores contra el despido de once operarios por parte de la patronal del grupo Zupan, que ya había ejecutado otras cesantías semanas atrás en la planta 2 de Interpack, ubicada en el barrio Los Pinos del mismo distrito. Se trata de la segunda ocupación de la planta. En 2007 hubo una medida semejante que logró la conquista de algunas reivindicaciones gremiales. La comisión interna de la planta 1 señaló en un comunicado que los despedidos son “trabajadores de 15, 20 y 25 años de antigüedad” y que “desde hace un largo tiempo el grupo Zupan, líder en el mercado de packaging, propietario de numerosas plantas en el país y en países vecinos, avanza con una política de achicamiento y ataque a las conquistas salariales y condiciones de trabajo”. La interna dio cuenta de esta situación en repetidas oportunidades ante la opinión pública y las carteras laborales de Nación y provincia de Buenos Aires, y denuncia que “ambos ministerios han sido, lisa y llanamente, cómplices de la empresa, avalando el vaciamiento encubierto”. “Estamos decididos a poner un freno a este plan de despidos”, señaló Miguel Bravetti, secretario general de la Comisión Interna de Interpack I, quien rechazó rotundamente la denuncia penal presentada por la patronal a raíz del conflicto. “No estamos en presencia de ningún acto delictivo, salvo por parte de la empresa, que ni siquiera cumplió con el protocolo antidespidos trucho suscripto por la CGT y la Unión Industrial”, indicó Bravetti. El jueves, a las 13 horas, se desarrollará un acto en las puertas de la planta con la participación de organizaciones obreras, sociales y políticas. ¡Viva la lucha de Interpack! ¡Abajo los despidos!

Los nuevos presidentes electos de los centros de estudiantes de la UBA se dieron cita en el local de la Fuba, de Uriburu 920, el 5 de diciembre. El objetivo era reunir a la Junta Representativa para convocar al Congreso Ordinario de renovación de autoridades de la federación, que quedó fijado para el próximo lunes 10, a las 17 horas. La nueva composición de la Representativa reflejó el cambio de la situación política en la UBA. Tras las grandes luchas de 2018, por el aborto legal y en defensa de la universidad pública, el bloque morado-pejotista, que a mitad de año había querido usurpar la federación mediante el fraude perdió tres de los siete centros que dirigía: Medicina, Sociales y Agronomía. Hoy, las fuerzas opositoras al macrismo y al Rectorado de Barbieri cuentan con una mayoría incuestionable de nueve centros sobre 13. A tal punto es así que hasta la Nuevo Derecho, que responde al Partido Socialista de Roy Cortina, se hizo presente en la Junta Representativa avalando las actuaciones realizadas. De dónde venimos La convocatoria al Congreso de la Fuba pone fin a un ciclo que se inició en 2013, cuando la izquierda se impuso en la mayoría de los centros al calor del impacto que el ascenso del Frente de Izquierda provocó en la universidad. En ese entonces marcamos, sin embargo, la contradicción que implicaba que ese ascenso no tenía traducción en una movilización activa del estudiantado. En ese cuadro de impasse, no fue la izquierda sino el macrismo y los radicales los que consiguieron capitalizar para sí la retirada del gobierno de CFK y Kicillof, cuando ellos mismos empezaron el ajuste, el pacto YPF Chevron, la deuda con el Club de París y el ataque a la docencia y la educación pública. En la universidad, la polarización Scioli-Macri en 2015 terminó de volcar al campo K a agrupaciones como La Mella, que hasta entonces se reivindicaban de una supuesta “izquierda independiente”. El fortalecimiento que la Franja Morada logró durante este período se chocó contra límites muy precisos. La izquierda, y en particular la UJS-PO, logró establecer una línea de resistencia en los centros, con grandes batallas en Veterinaria o la Fadu. Durante estos años, el kirchnerismo en retroceso se negó a apoyar a la izquierda en la Fuba, al punto de sabotear sus congresos en yunta con la Franja. Ante la impotencia para desplazar a la izquierda, los morados debieron erigir su “Fuba” fraudulenta cooptando a sectores como el MLI o la UES, que se pusieron “en venta” tras la derrota nacional del peronismo. Así y todo, y a pesar de contar con el aval del Consejo Superior y los grandes medios, no lograron superar los 65 delegados de 130 en junio de este año, por lo que debieron truchar dos delegados para esgrimir una falsa mayoría. Quiebre La entrada en acción de millones de mujeres, la movilización docente-estudiantil del 30 de agosto -la más grande que se tenga memoria- y su réplica en la ocupación de las facultades fueron los grandes motores que modificaron el cuadro de situación. Como telón de fondo, el vertiginoso fracaso del macrismo en levantar la bancarrota económica del país. La intensa lucha política que se vivió al calor de estos procesos entre la izquierda y el kirchnerismo no terminó de clarificarse ante los ojos de la masa estudiantil. A la hora de las elecciones, en facultades como Sociales o Psicología, las agrupaciones nacionalistas lograron disimular sus pactos con el clero contra el aborto o con los rectores contra la huelga docente. A eso contribuyó, indudablemente, el pasaje de nuevas agrupaciones de la (ex) izquierda, como La Corriente o La Dignidad, al campo “nacional y popular”, ahora bajo el mantra de una eventual vuelta de CFK. Es notable que, a pesar de esta situación, haya sido la UJS-PO la agrupación que logró colocarse como la primera fuerza opositora al Rectorado, si tomamos el peso individual de cada corriente. La izquierda revolucionaria demostró capacidad para influenciar a un movimiento de masas de la juventud y acaudillar, como ocurrió en Medicina, a miles y miles de estudiantes contra las fuerzas del gobierno y el Rectorado. Un sector del FIT, el PTS, se autoexcluyó de estos procesos, haciendo gala de un sectarismo que opera como el taparrabos de un electoralismo febril centrado en dos candidatos. Hacia dónde vamos La nueva Fuba que queremos poner en pie el próximo lunes reflejará las contradicciones del conjunto del proceso político. Tras derrotar a Franja Morada y el Rectorado, ni la izquierda ni el kirchnerismo podrán exhibir una mayoría propia. Será una Fuba en disputa. La nueva composición de la Junta Ejecutiva seguramente expresará la relativa paridad que existe en las direcciones de los centros y los delegados de la Fuba. Lejos de entrar en el callejón sin salida de la parálisis, el método que proponemos es abordar la crisis excepcional del país y el brutal ajuste que amenaza a la universidad y la educación pública apelando a la intervención masiva del movimiento estudiantil. Las reuniones quincenales regulares y públicas de las juntas Ejecutiva (la conducción y secretarías de la Fuba) y Representativa (las presidencias de los centros) permitirán que lo que no se salde en el debate entre las fuerzas sea colocado, dos semanas más tarde, a votación de los centros previa realización de asambleas, consultas y reuniones en las facultades. A eso apunta, también, la convocatoria a un Congreso Extraordinario en el inicio de clases del año que viene, precedido por debates, comisiones, paneles y asambleas de los centros. El movimiento estudiantil que despertó a la vida política y derrotó a los agentes del macrismo y el Rectorado en los centros debe seguir su curso. La disputa por la dirección de este movimiento entre la izquierda socialista y revolucionaria y el nacionalismo burgués se dará ahora desde un lugar privilegiado: la propia conducción de la Fuba, para transformarla en un canal de la lucha y organización del movimiento estudiantil contra la ofensiva fondomonetarista.

El júbilo por la tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China duró poco. A un par de días del G20, donde tuvo lugar esa tregua, estamos frente a un nuevo derrumbe accionario en Wall Street y en las principales bolsas del mundo. Con el correr de las horas, quedó clara la fragilidad de los resultados que arrojó la cumbre. Las disparidades en los mensajes entre Washington y Pekín, así como las contradicciones de la propia Casa Blanca, pusieron de relieve que los compromisos estaban en el aire. El régimen chino, a su turno, tomó distancia de las declaraciones del magnate. Lo cierto es que en estas ultima semanas, hemos asistido a un recrudecimiento de la guerra comercial. En vísperas del G20, un alto funcionario de la Casa Blanca se entrevistó con Bolsonaro, con el propósito de privilegiar las inversiones yanquis y ponerle un límite a la presencia china en Brasil. En el encuentro que Macri mantuvo con Trump, tomó estado público la exigencia norteamericana para que Argentina enfrente la acción “depredadora” de China. El nuevo acuerdo firmado con México, en el marco de la readecuación del Nafta, plantea, entre otras cosas, una reducción de los insumos chinos en la producción automotriz a comercializar entre los firmantes del tratado. Estas presiones sobre America Latina se dan cuando Trump ha acentuado su escalada sobre Europa y las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea han llegado a uno de sus picos más altos, como se constató en la visita del magnate a Francia. El presidente norteamericano ha salido a torpedear el acuerdo de la premier británica con la Unión Europea en torno del Brexit, planteando que es un obstáculo para las relaciones económicas entre Washington y Londres. La gota que rebalsó el vaso es el nombramiento de Robert Lighthizer, secretario de Comercio Exterior, como el líder del grupo negociador con China. Lighthizer es conocido por sus frontales criticas a las políticas comerciales de Pekín. Este escenario dominó las deliberaciones del G20. El comunicado final no pudo disimular los profundos antagonismos reinantes en la arena mundial. Crisis y división El apuro de Trump por arribar a un compromiso con China obedece, en primer lugar, a su propio frente interno. La guerra comercial hace sentir sus secuelas en la economía norteamericana, abriendo una división creciente en la burguesía. Los agricultores se han visto seriamente afectados por las represalias de China a las exportaciones norteamericanas. Por su parte, el aumento de aranceles al acero y al aluminio han aumentado los costos industriales. El rechazo al proteccionismo de Trump se ha extendido a la industria automotriz. General Motors anunció el cierre de cinco plantas, cuatro de ellas localizadas en territorio estadounidense, señalando que se ven perjudicados en sus posibilidades de exportación por el incremento de sus insumos importados. Esto también es un golpe a la población, al provocar un aumento general de los artículos de consumo importados. Estamos frente a una verdadera bomba de tiempo, en momentos en que asistimos a una desaceleración de la economía mundial. El PBI en Alemania se contrajo a una tasa anual del 0,8 por ciento en el tercer trimestre. China podría descender, por primera vez, por debajo del 6 por ciento. A esto se agrega el colapso en que han entrado los países emergentes. El temor fundado es que la guerra comercial termine por dislocar la economía mundial y conduzca a una recesión generalizada. El derrumbe de esta semana en la Bolsa norteamericana es el tercer desplome en el año. Ello delata la precariedad de la recuperación norteamericana, de la que se venía jactando el magnate. Su crecimiento, superior al 3,5 por ciento, venía impulsado por el recorte de impuestos a las ganancias corporativas y personales dispuestos por el gobierno. Pero esto no ha redundado en un aumento de la inversión. El mayor aumento de las utilidades ha sido utilizado para las recompras de acciones y operaciones financieras, y ha sido el caldo de cultivo de una nueva burbuja bursátil. Este proceso fue de la mano de un creciente endeudamiento corporativo, que se ha ido agravando a partir de la subas de las tasas del interés dispuestas por la Reserva Federal. Quienes lideran la caída bursátil son las “tecnológicas”. Las llamadas Faangas (Facebook, Apple, Amazon, Neflix y la compañía matriz de Google, Alphabet) han tenido bajas de un 20 por ciento. De la crisis de sobreproducción reinante en el mundo no han podido escapar ni siquiera las estrellas del mercado. Netflix se ha tropezado con limites en su demanda, en medio de una competencia salvaje de sus rivales, y soporta una endeudamiento cada vez más pronunciado. La guerra comercial no sólo perjudica a los productos chinos fabricados por firmas de ese país, sino también a aquellos producidos por empresas norteamericanas, con filiales en el exterior y en especial en el gigante asiático. Apple señala que las barreras impuestas por Trump perjudican seriamente a sus productos elaborados en China. La escalada de Trump ha acentuado la hostilidad del capital norteamericano, que tiene una estructura de producción globalizada. Los recortes impositivos dieron un impulso a la economía, pero al mismo tiempo han demostrado sus límites. Dicho estimulo fiscal no es suficiente para que las corporaciones norteamericanas abandonen sus planes de relocalización y retornen a Estados Unidos, teniendo en cuenta las ventajas que obtiene en el exterior, especialmente en lo que se refiere al menor costo de la mano de obra y de la materia prima. A través de la tregua establecida en Buenos Aires, Trump ha buscado calmar la tormenta interna que viene provocando la guerra comercial, aunque todo indica que no ha logrado el efecto buscado, sino más bien lo contrario: ha avivado la incertidumbre y la desconfianza de los mercados. Es que estamos ante una crisis de fondo. La agencia de calificaciones Moodys advierte acerca “del gran abismo (de Estados Unidos y China) entre sus respectivos intereses económicos, políticos y estratégicos”. La demanda clave de Estados Unidos es que China emprenda un cambio fundamental en su economía al eliminar básicamente su programa económico “Hecho en China 2025”, que apunta al avance de industrias de alta tecnología. Esa incursión de China en ese campo es inadmisible para Estados Unidos y de un modo general, para las grandes potencias capitalistas (Japón y la Unión Europea), a la que consideran una amenaza directa a su hegemonía económica y militar. La política del gobierno de Trump es abrir la economía del gigante asiático y promover una amplia colonización económica bajo la tutela norteamericana, completando el proceso de restauración capitalista que aún está inconcluso. Perspectivas El magnate ha apuntado sus cañones contra la Reserva Federal, a la que responsabiliza por el desplome de Wall Street, que asocia con la suba de las tasas de interés. Powell, presidente de la Reserva, ha planteado que no había nuevos aumentos a la vista. Pero eso no ha alcanzado para calmar a los mercados y no hay que descartar que sea tarde para lograrlo. Colocar un freno a nuevas subas no es suficiente para revertir la desaceleración de la economía y la amenaza de una recesión, y menos aún para hacer frente al endeudamiento. Sin capacidad para superar los desequilibrios actuales, podría abrir nuevos. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene una deuda pública de 20 billones de dólares, que supera su PBI y que necesita, no sólo renovarla, sino ampliarla constantemente. Un congelamiento de la tasa de interés puede comprometer esta posibilidad, lo cual planteraría un escenario explosivo. Este cuadro de creciente división y choques de la burguesía norteamericana puede replantear el pedido de juicio político del presidente, con más razón a partir de una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Hay quienes señalan que la cancelación de la entrevista con Putin prevista en el G20 tiene que ver más con la crisis interna que con los incidentes de Ucrania. Trump necesitaba tomar distancia en sus relaciones con Putin cuando la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la posible conspiración de Trump y su entorno con Moscú, progresa. A eso se suma la apertura de nuevas investigaciones, esta vez, para verificar si hay o no una conexión ilícita entre el ejercicio del poder presidencial y los negocios que sostiene el magnate. La crisis económica se enlaza con la crisis política, y abre una transición convulsiva en Estados Unidos y a escala mundial. Trump, pero también Xi Jingping, Putin, Macron, Merkel y May, están envueltos y condicionados por el torbellino de la crisis mundial.

La expresión grosera de un funcionario del gobierno francés sirvió para caracterizar sin pelos en la lengua la decisión oficial de suspender por seis meses un aumento del impuesto a los combustibles y conceder una suba del 3% al salario mínimo: “Si (Macron) no se bajaba los pantalones para entregar una nalga, se hubiera quedado sin las piernas” (Le Monde, 5/12). Una migaja. Todo un cuadro de crisis política e incluso hasta de inviabilidad de la actual gestión. Sea como fuere, el ‘recule’ oficial no fue muy bien recibido por los movilizados chalecos amarillos, que ratificaron la decisión de marchar en masa el sábado próximo. Los representantes del movimiento boicotearon, asimismo, la reunión que les había ofrecido el gobierno, en oposición a cualquier conciliación: reclaman la baja de “todos los impuestos”, la formación de una “asamblea ciudadana” que supervise las medidas impositivas, un aumento del ‘poder adquisitivo’ de la población (en algunos casos aumentos de salarios y del seguro al parado) y el cese de la precariedad social (ídem, 6/9). Le Monde señala también que “el gobierno observa con inquietud el comienzo de una suma de descontento que acabe transformándose en un frente más amplio”. En efecto, el bloqueo de colegios secundarios crece en toda Francia, en oposición a una ley que limita aún más el ingreso a la universidad, en tanto que el personal de ambulancias cortó el centro de París, reclamando la suspensión de la reforma (ajuste) al financiamiento del transporte sanitario. “El año pasado -dice un estudiante- gritábamos nuestro reclamo en el vacío, hoy ya no es así”. Contradicciones A la reanudación de los bloqueos y las manifestaciones del viernes próximo se ha adherido la Federación de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSES), afectados por la caída de los precios del producto agrario. El planteo deja a la vista las contradicciones de los sectores sociales movilizados, porque un aumento de los precios del campo va en dirección opuesta a una recomposición del poder adquisitivo del resto; reclaman incluso un cese de las promociones de los supermercados para conseguir una participación mayor en el precio final a costa de los consumidores. La salida a esta contradicción es la apertura de los libros de los monopolios de la comercialización, incluso su estatización, para terminar con el abuso del capital contra agricultores y consumidores. La misma contradicción se manifiesta con la reivindicación para rebajar los aportes patronales a la seguridad social y reclamar una suba en las jubilaciones; el gran capital, los grandes bancos pueden y deben aportar más. La heterogeneidad objetiva del movimiento no facilita, sin embargo, como uno podría suponer, la tarea de concesiones y apaciguamiento del gobierno, que se encuentra presionado, por otro lado, por la Comisión de la Unión Europea, la jefatura política del gran capital, para que reduzca el déficit fiscal a expensas de los trabajadores. Hay un capitalismo en quiebra que necesita el socorro del Estado -como se ve, por otra parte, en la ola de adquisiciones por parte del capital de China, financiadas por el Estado de la República Popular. A este guiso social de contradicciones se agrega el guiso político, pues al mismo tiempo que los militantes de la derecha animan las movilizaciones, en numerosos casos son expulsados por los manifestantes cuando intentan imponer sus slogans y consignas. La olla a presión del Estado francés ya no tiene la capacidad de contener la explosividad de sus contradicciones y la miseria que ha acumulado. Es la manifestación del impasse del capital a la luz del día. CGT En este cuadro, la CGT decidió por fin abrir la boca y poner al desnudo la amplitud de su descomposición política. Con el telón de fondo de las contradicciones y confusiones de los chalecos amarillos, decidió llamar a un paro, sí, pero para el viernes 14, no sea que se mezclen los tantos con el convocado por los chalecos y sus nuevas compañías para una semana antes. El pretexto es reclamar un aumento del salario mínimo y punto. La burocracia sindical convoca a una lucha para confrontar con los chalecos amarillos, no con el gobierno. En lugar de trazar un programa de reivindicaciones que reconcilie en una estrategia común las aspiraciones de mejora social de los estratos medios, las patronales pequeñas, los precarizados y los autónomos, por medio de un plan económico único de los trabajadores contra el monopolio capitalista, la burocracia se cuela como una fracción más en la disputa, sin el menor interés por convertir a la clase obrera en la dirección política de todos los agraviados por la crisis capitalista. Por enérgicas y convocantes que sean las movilizaciones en marcha, sus protagonistas son una representación histórica marginal en comparación con el proletariado. No están para conducir, sino para ser conducidas. Esta caracterización elemental tampoco guía la acción política del arco de la izquierda, que también ha puesto a la cabeza el reclamo de un paro por el aumento del salario mínimo. Solamente la CGT del cemento ha convocado a marchar el próximo viernes. Descrédito El gobierno de Macron se encuentra completamente desacreditado. A la par del aumento de los impuestos al consumo, ha reducido el impuesto a la fortuna, con el pretexto, ya poco original, de ‘incentivar’ la inversión que, naturalmente, brilla por su ausencia, debido a la crisis capitalista. Debido a la reducción, el gravamen rendirá en 2018 un poco más de mil millones de euros, cuando el año previo había recaudado 4 mil millones (¡linda forma de combatir el déficit fiscal!) Al pedido de volver al nivel impositivo precedente, respondió: “De ninguna manera (…) no sea que los ricos se subleven y nos echen del palacio de gobierno”. Detrás del jolgorio impositivo para el capital, se esconde, sin embargo, una realidad explosiva: las compañías capitalistas, endeudadas hasta el cuello, se enfrentan a una perspectiva de quiebras; el Estado tuvo que salir en su rescate en los años 2007/8, en 2010 y 2012. “Haremos todo lo que sea necesario”, fue la frase famosa de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, para evitar las quiebras. Macron está en la cuerda floja, y no es cierto, de ningún modo, que la derecha la quiera cortar. El Frente Nacional ha asistido a todas las reuniones que convocó el gobierno para conciliar una salida. La crisis es política; varios columnistas de diarios alertan contra la posibilidad de que caiga, al fin, la V República -o sea el régimen político. La derecha evita asociarse a desatar este derrumbe. No es la primera vez que la clase obrera se enfrenta a una explosión social que tiene por actores a otros sectores sociales. En muchos casos, y el de Francia hoy se incluye, parcialmente, entre ellos, son rebeliones contra el capital desde las categorías inferiores del capitalismo. Pero esto mismo las hace más explosivas, a costa de su consistencia. El proletariado no puede ignorarlas sin pagar un precio carísimo, pero tampoco se trata de empujarlas o apoyarlas desde atrás. Debe asumir la dirección de la salida al conjunto de la crisis política del régimen social del cual es su antagonista histórico. Un paro activo nacional de 36 horas, con un programa de reivindicaciones fundamentales y el reclamo de echar al gobierno, desataría el nudo de todas las contradicciones y encaminaría la salida en Francia y a escala de toda Europa. La bandera tricolor y “La Marsellesa” se pondrían como furgón de cola de las banderas rojas y de “La Internacional”. Leé también: Rebelión popular en Francia