Prensa Obrera N° 1526

Con la aprobación, por parte del FMI, del nuevo acuerdo con el gobierno macrista, han salido a la luz los términos del pretendido "rescate" de Argentina. Los 57.000 millones de dólares totales de la “ayuda” al país sólo existen como garantía de última instancia para el pago de la deuda externa a los acreedores internacionales. Como prueba de ello, el Fondo ya aclaró que los primeros desembolsos de dinero quedarán en una cuenta “en reserva” del Banco Central, ya que el Tesoro “no tendrá necesidades de utilizarlos para su financiamiento”. Detrás de esta “falta de necesidad” está el brutal ajuste del gasto corriente resuelto en el Presupuesto 2019, contra la salud, la educación, la obra pública y las provincias. Con esos recursos, el Fondo tampoco quiere alimentar corridas cambiarias: por eso, el acuerdo ratifica que la tasa de interés de referencia “no debe ser inferior al 60%”. O sea que consagra la política de colapso del crédito con la cual se ha frenado en las últimas semanas la devaluación de la moneda. No sorprende, en este cuadro, que los pronósticos del FMI anticipen un derrumbe económico todavía más agudo del que habían previsto sus propios técnicos y los funcionarios oficiales. Abriendo el paraguas En efecto: las perspectivas que el Fondo traza para la evolución del régimen macrista se parecen más a un certificado de defunción que a un diagnóstico. El Fondo considera a la deuda argentina “sustentable, pero no con alta probabilidad” (sic). O sea que abre el paraguas frente a una crisis de deuda que conduzca a un defol concertado -“reprogramación”- o a un desbarranque aún mayor. En ese sentido, el ‘diagnóstico’ fondomonetarista se ampara repetidamente en la crisis financiera global. Pero estos pronósticos funestos tienen un claro objetivo: abrir la puerta a una escalada todavía más grave contra trabajadores y jubilados. El informe del FMI no escatima críticas al ajuste macrista, al que califica de “baja calidad”. Sin decirlo, se refiere a que el recorte del gasto se ha fundado, hasta ahora, en la brutal devaluación de la moneda, que ha licuado los desembolsos en salarios, jubilaciones y gastos sociales. Una revaluación, se queja el Fondo, elevaría a su turno a estos gastos medidos en dólares. La receta que emerge de ello es clara: por un lado, un plan de despidos masivos en el Estado, que el gobierno buscará ejecutar parcialmente con el vencimiento de contratos precarios a fines de este año. Del otro lado, el acuerdo Macri-FMI indica “una nueva reforma del sistema de pensiones” . Este es el acuerdo colonial y antiobrero que contó con el cheque en blanco del Congreso, cuando los diputados del gobierno y el Pejota votaron el Presupuesto de ajuste. La base de estos recortes, a su turno, fue acordada con un amplio abanico de gobernadores que incluyó a Alicia Kirchner. En la tarde en que se conoció el acuerdo, llamó la atención que los bonos argentinos nominados en dólares no experimentaran repunte alguno. Algún operador destacó que “el apetito del mercado argentino se concentra en el corto plazo”. O sea, en el aprovechamiento de la transitoria bicicleta que aportan las tasas de interés exorbitantes y el dólar por ahora estable. Los propios especuladores -al igual que el FMI- no creen en el acuerdo brutal que le han impuesto a la Argentina. Pero en nombre de este pacto sin futuro, pretenden imponerle una masacre social al país. Más que nunca: congreso de bases de las organizaciones obreras para resolver un paro activo y la preparación de la huelga general hasta derrotar el paquete fondomonetarista. Que se vayan el gobierno y el régimen entreguista, Asamblea Constituyente libre y soberana, que debe repudiar, en primer lugar, a este acuerdo colonial y a la deuda usuraria.

Por primera vez tenemos un presupuesto de triple aprobación: diputados, directorio del FMI y, próximamente, senadores. En Washington se redactó, eso sí, un texto complementario, el segundo “acuerdo” con el FMI, que hay que leer con atención. Allí se establece que “el gobierno, conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos, evaluarán en 2019 una reforma muy necesaria del sistema de jubilaciones y pensiones”. Era cantado. En la ley-fraude de “reparación histórica” votada en 2016, se dispuso un plazo máximo de tres años para elaborar una reforma previsional “universal, integral, solidaria y sustentable”. O sea, antes de mayo 2019 tiene que haber un proyecto. Ahora sabemos que del diseño de esa reforma también participará el FMI. La política del FMI en la materia está en el reporte 346 del año 2016. Sus puntos centrales son: elevar la edad de jubilación en forma progresiva, sobre todo para las mujeres -haciendo obligatorios a término los 70 años, que hoy son opcionales-; cambiar la fórmula de cálculo para reducir la jubilación inicial que hoy ronda en el 60/65% del salario en actividad; cambiar la fórmula de movilidad; transferir programas sociales de la Anses a Desarrollo Social o Educación. El cambio del cálculo inicial es un golpe enorme. Es claro que el golpe palaciego en la presidencia de la Corte estuvo vinculado a los 150.000 juicios referidos a la inconstitucionalidad de ese cálculo confiscatorio, consagrado por varias instancias en el llamado caso Ellif. Ahora, a través del caso Blanco, la Corte Suprema tiene en sus manos el destino de todos esos jubilados y la jurisprudencia futura para millones de trabajadores. Según sea el fallo, se agrega otra cuestión explosiva para las cuentas de la Anses y para los jubilados que penan para cobrar por sus derechos. Pero el Presupuesto de guerra 2019 agrava estas premisas. En primer lugar, los aportes patronales se reducirán sensiblemente, porque se implementa la segunda suba del mínimo no imponible de cargas patronales previsionales, por lo cual los salarios hasta los primeros 5.000 pesos no tendrán aportes. Esta caída recaudatoria se mantuvo firme a pesar del Presupuesto de ajuste, golpeando los cimientos de la Anses. La movilidad ya fue alterada con la famosa ley del robo a los jubilados de diciembre pasado, surgida del pacto con los gobernadores. Pero su fórmula de cálculo estuvo pensada para una caída inflacionaria, no para el 48/50% de este año 2018, tras la megadevaluación. En efecto: se rige en un 70% por el Indice de Costo de Vida y en un 30% por la evolución de salarios. Aunque atenuado por la caída del salario real y con plata desvalorizada por el retraso de seis meses en la aplicación, los haberes del año que viene tendrían actualizaciones importantes que apurarán las otras reformas y tentarán a los ajustadores a nuevos cambios en la actualización. El tema de la edad no necesita explicaciones. Se extiende la explotación del trabajador hasta límites cercanos al promedio de vida y por varios años no se jubila nadie, lo que da oxígeno a un sistema vaciado. Por otro lado, apuntan contra los regímenes especiales de docentes, transporte, estatales provinciales y docentes universitarios, entre otros. El tema previsional está en el ojo del plan de guerra. Muchos piensan en la vuelta de las AFJP, pero esto ocurriría en una segunda etapa y de manera selectiva. Néstor Kirchner nacionalizó el sistema, pero no con el objetivo de devolver al trabajador que aportó durante toda una vida el 82% de su salario testigo. El cuantioso fondo sirvió al repago de la deuda pública mediante el empapelamiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) con bonos del Estado. El kirchnerismo pasó del mercado de capitales de Cavallo mediante las AFJP, al uso y abuso del FGS para “vivir con lo nuestro”, usando la plata de los jubilados para pagarle a los banqueros. El macrismo y el FMI se valen de la Anses en el mismo sentido. La jubilación es concebida como una pensión asistencial a la vejez. Y para aquellos que tienen otra capacidad contributiva se piensa en cajas complementarias, con aportes complementarios. El movimiento obrero no puede perder un minuto. Los presentes y futuros jubilados tampoco. Hay que fijar un programa: reposición de los aportes patronales, tanto los rebajados por Macri como por Menem; blanqueo laboral generalizado, control obrero de la evasión y la formalización laboral; 82% móvil, movilidad mediante indexación integral de acuerdo con el trimestre anterior; reconocimiento a los regímenes insalubres y jubilación integral para los afectados por rentas vitalicias; administración de la Anses y el Pami por directorios electos por trabajadores y jubilados. Proponemos este programa al clasismo. Por comisiones de lucha de jubilados en todos los sindicatos, un gran congreso de jubilados con delegados electos en todos los centros, sindicatos y organizaciones de todo el país, privados y estatales. La clase obrera entera tiene que tomar estas banderas en un gran paro activo nacional y un plan de lucha para derrotar el ataque a los jubilados y a todos los trabajadores.

El triunfo de Jair Bolsonaro ha impactado en la situación política de América Latina, poniendo en cuestión todos los equilibrios económicos y políticos establecidos hasta el momento. Es lo que sucede también en nuestro país, que tiene a Brasil como su principal socio comercial y su casi excluyente mercado para las exportaciones industriales. Las declaraciones de Bolsonaro y de su futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, contra el Mercosur abren un interrogante sobre la continuidad de los acuerdos comerciales establecidos, lo que afectaría severamente al aparato industrial afincado en el país, en especial los sectores vinculados con la industria automotriz. Se trata de decenas de miles de puestos de trabajo. Para los trabajadores, el programa antiobrero esgrimido en la campaña por Bolsonaro y su camarilla militar representa un peligro que traspasa las fronteras brasileñas. Si el nuevo presidente de Brasil logra imponer una nueva reforma laboral, que reemplace definitivamente los convenios colectivos por la contratación individual, la presión en Argentina sobre la clase obrera se reforzará. Los capitalistas intentarán valerse de la competencia entre los trabajadores para obligarlos a ceder sus derechos en ambos lados de la frontera. Otro tanto ocurrirá con la reforma jubilatoria, la primera gran pulseada que tendrá que atravesar Bolsonaro para convertirse en un gobierno fuerte. El resultado de esta disputa estratégica entre el gobierno y los capitalistas, de un lado, y los trabajadores, del otro, condicionará lo que ocurra en Argentina, donde el nuevo acuerdo firmado con el FMI plantea avanzar en una nueva reforma previsional, que eleve la edad para jubilarse y reduzca aún más los haberes. Para todas las clases sociales y fuerzas políticas se plantea la necesidad de asimilar los cambios y recalcular las estrategias. En particular para la clase obrera y las masas explotadas se abre el debate de cómo enfrentar el reforzamiento de la derecha militarista que amenaza a conquistas históricas de los trabajadores. El relato nacional y popular El triunfo de Bolsonaro tiene como contraparte la derrota del PT, a la postre el principal partido del ‘progresismo’ de América Latina. La derrota está lejos de reducirse a un episodio electoral, como lo prueba el hecho de su incapacidad para enfrentar, primero, el golpe contra Dilma Rousseff, y luego la prisión y proscripción de Lula, su líder histórico. De manera más general, la derrota bochornosa del PT se entrelaza con un retroceso general de los nacionales y populares en América Latina. En Ecuador, el presidente puesto por Rafael Correa, una especie de Daniel Scioli ecuatoriano, se transformó en tiempo récord en un agente del imperialismo y le ganó una consulta popular al ex presidente, cerrándole la posibilidad de una nueva candidatura. En Nicaragua, Daniel Ortega se esfuerza por aplicar el plan económico dictado por el FMI, echando mano a una represión inusitada con decenas de asesinatos. Venezuela, mientras tanto, se ha transformado en el principal eje de campaña de la derecha en el continente, mostrando hasta dónde ha llegado la descomposición económica y política del chavismo. A pesar de esta tendencia a la disolución, en Argentina, el kirchnerismo quiere valerse del triunfo de Bolsonaro para chantajear a los trabajadores, planteando que la única garantía para sacarnos del medio a los Macri y los Bolsonaro es la unidad de todo el peronismo para 2019. El secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, acaba de declarar, por ejemplo, que el kirchnerismo está dispuesto a un acuerdo con Massa porque “el único límite es Macri”. En una línea similar, el dirigente de la CTEP y defensor del Papa, Juan Grabois, aprovechó el lanzamiento de su nueva fuerza política para aclarar que admite una alianza que incluya a Juan Manuel Urtubey. Abre la puerta a quienes le han votado a Macri todas las leyes en el Congreso y aplican su programa de ajuste en las provincias. La reciente aprobación en Diputados del Presupuesto pactado con el FMI es la demostración más cabal de esta política. Todas las fuerzas vinculadas con el peronismo fueron vitales para evitar una movilización de masas al Congreso. El pejotismo que se reunió en Tucumán el 17 de octubre se dividió entre los que votaron abiertamente por el Presupuesto, los que se abstuvieron y los que votaron en contra ante la certeza de que sus votos ya no eran necesarios. En el Senado, dada la composición de fuerzas, la colaboración del pejotismo será aún más explícita. La burocracia sindical que fue a Tucumán, y que incluyó a Daer y Acuña, anunció un paro sin fecha cuidándose muy bien de que su eventual realización no coincida con el tratamiento del Presupuesto. Por el lado de la burocracia opositora, que incluye desde Moyano a la kirchnerista Corriente Federal, reemplazó la movilización al Congreso por una misa en Luján el fin de semana previo. Así, los que se presentan como la barrera de contención al avance derechista en Argentina son los responsables directos de que sus políticas de ofensiva contra las masas avancen, a pesar de la crisis general que ha colocado al gobierno en un cuadro de debilidad. La “unidad peronista” es el camino de la derrota para la clase obrera. La mentada ‘unidad’ incluye a un ala abiertamente bolsonarista -Pichetto, que acaba de correr por derecha a Macri, acusándolo de no apoyar más a las Fuerzas Armadas y reclamando la expulsión de los extranjeros. La sobrevida de Macri La aprobación del Presupuesto en Diputados ha representado un triunfo del gobierno, que seguramente refrendará el Senado. Este triunfo, sin embargo, no alcanza ni por asomo a superar la crisis de fondo que recorre a la quebrada economía argentina. Fue el FMI quien se encargó de recordarlo, cuando alertó sobre los niveles de deuda asumidos y reclamó por despidos masivos en el Estado y la imposición de una nueva reforma previsional. Sin embargo, el compromiso de avanzar en este plano ha quedado relegado para después de la campaña electoral del año que viene. El FMI, por ahora, sigue alineado con Macri y sabe que un intento fallido de aprobar una reforma previsional cancelaría la ya cuestionada capacidad del gobierno para lograr su reelección. La propia estabilidad cambiaria de las últimas semanas está en cuestión, ya que ha sido lograda gracias a una tasa de interés superior al 70%, y un cepo monetario cuya continuidad demanda la acumulación de una deuda del Banco Central que, más temprano que tarde, deberá afrontarse. Son varios los economistas derechistas que advierten que el déficit que acumula el BCRA mediante la emisión de Leliq tiene al final del camino dos alternativas igualmente negativas: o un corralito bancario o una hiperinflación. Este panorama sombrío se agrava con la crisis mundial, que golpea con mayor dureza a los países de la periferia afectados por la fuga de capitales y el cierre de mercados por la guerra comercial que encabeza Trump contra China y Europa. En el plano político, el gobierno emerge golpeado de la crisis, tras los enfrentamientos con Elisa Carrió, quien embistió contra dos ministros del gabinete y la crisis con los radicales a raíz del último tarifazo. Pero tambiés es relevante la “renuncia” de Vidal -aunque siempre reversible- a la candidatura presidencial, tras la promesa de “compensar” por izquierda los recortes presupuestarios que dieron por tierra el privilegio de la Provincia en el pacto fiscal, basado en la confiscación a los jubilados. El renunciamiento busca apuntalar a un Macri debilitado que anunció su candidatura en Nueva York en plena crisis económica y política. El desdoblamiento electoral en 17 provincias es otra expresión de la crisis política, ante la incertidumbre de la reelección. El desafío del Frente de Izquierda y del movimiento obrero El triunfo de Bolsonaro y la sobrevida del gobierno de Macri, que a pesar de su crisis de fondo ha logrado avanzar en una ofensiva contra los trabajadores, responden a un fenómeno político común: la complicidad de los ‘nacionales y populares’ de todo pelaje con esta política ajustadora. Esta complicidad traduce, a su turno, la dependencia de los lulistas, kirchneristas y peronistas con el capital, su régimen y su Estado. La corruptela que envolvió a los gobiernos de estas formaciones políticas tuvo ese contenido social definido, pues fue un instrumento para desarrollar una ‘acumulación originaria’ de las burguesías nacionales a costa del Presupuesto estatal. A diferencia de lo ocurrido en Brasil, donde la izquierda que se reclama socialista no jugó ningún papel en el proceso político, quedando relegada en la marginalidad; en Argentina, el Frente de Izquierda ha logrado erigirse como una referencia política ineludible. Mientras en Brasil esta izquierda se adaptó al lulismo y al PT, llegando en el caso del PSOL a firmar un acuerdo político con el kirchnerismo de ese país; en Argentina, el FIT tuvo su bautismo de fuego luchando contra el gobierno de Cristina Kirchner. Nuestra valoración severa de la actual situación del FIT por no desenvolver una acción política acorde al nivel de la crisis nacional, tiene como sustrato el reconocimiento del lugar conquistado. Asistimos a una batalla recargada que plantea una única estrategia: más Frente de Izquierda. En función de esta conclusión hemos planteado en la Mesa del FIT la necesidad de una campaña de conjunto, que destaque la necesidad de derrotar al gobierno y a su ofensiva contra los trabajadores, la lucha por un paro activo de 36 horas, y con un planteo de poder definido: “Asamblea Constituyente soberana y con poder”, para reorganizar el país con medidas de emergencia que eviten una nueva bancarrota nacional y den satisfacción a las necesidades más imperiosas del pueblo, a partir de la irrupción de la clase obrera en el escenario nacional para “derrotar el régimen del FMI y al régimen corrupto de macristas, kirchneristas y pejotistas”. Para ello hemos propuesto que el FIT encabece una campaña política nacional, con actos en todas las provincias y un acto central en las próximas semanas. El tratamiento del Presupuesto en el Senado y la realización del G-20 en la Argentina ofrecen excelentes posibilidades para llevar esta campaña a la práctica. Tenemos el desafío único de enfrentar a la derecha con un ascenso de la izquierda revolucionaria, con el método de la lucha de clases. Ese es el camino.

El Frente de Recuperación Gremial (encabezado por la Agrupación Bordó, junto a la René Salamanca e independientes) se alzó de manera contundente con el triunfo en las elecciones de Comisión Interna de Apuba de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, obteniendo el 58% de los votos. De esta forma, el compañero Juan Diez, militante del PO, fue reelecto delegado general por el período 2018-2020, consolidando diez años de construcción gremial clasista y antiburocrática. En oposición a nuestro frente se presentaron dos listas. Los intentos de diversos funcionarios, apadrinando a distintos sectores no docentes para conformar una lista común, fracasaron, en gran parte debido a la crisis de la propia gestión de la facultad, encabezada por la decana kirchnerista Carolina Mera en una alianza con la UES (PJ) y Franja Morada (Cambiemos). En segundo lugar, con un 29% se ubicó la Lista 26, referenciada en la directiva del sindicato e integrada casi exclusivamente por militantes kirchneristas, pero que contó con el apoyo del sector radical de la gestión. En último lugar, con el 13%, se ubicó la Lista 17, vinculada con la UES, agrupación que dirigía el Centro de Estudiantes hasta la semana pasada y cuyos principales dirigentes participaron en distintas agresiones físicas a estudiantes, docentes y no docentes, y debieron renunciar a sus cargos en la gestión luego de un histórico paro no docente. Izquierda Socialista, que venía militando junto a los sectores vinculados con la UES, decidió a último momento retirarse de la Lista 17 y no participó en las elecciones ni llamó a votar por la lista del clasismo. Este triunfo se dio en el contexto de distintas medidas de lucha de los trabajadores no docentes contra los ataques de la gestión de la decana Mera a las conquistas obtenidas durante una década de comisión interna clasista. Y significa, sin lugar a dudas, un reforzamiento de las posiciones de los trabajadores para las luchas que vendrán. La campaña de nuestra lista se centró en destacar que sólo con los métodos del clasismo, es decir, confrontando con los funcionarios del ajuste y realizando asambleas periódicas que discuten y votan medidas de acción directa y manteniendo independencia respecto a la burocracia de Apuba -que firma paritarias a la baja, destruye nuestra obra social y se integra por completo al Rectorado junto a Cambiemos-, los trabajadores podremos defender nuestras conquistas y avanzar en nuevas reivindicaciones. Esta posición gremial defendida y consolidada estará al servicio de la lucha de la clase trabajadora contra el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores.

Más que nunca vamos por el paro activo porque nos enfrentamos a la mayor ofensiva contra los trabajadores en décadas. El Presupuesto con media sanción es un grito de guerra contra la clase obrera; el triunfo de Bolsonaro a escala continental tiene el mismo significado y la realidad del derrumbe industrial y la desvalorización salarial y jubilatoria, como consecuencia de la devaluación y el pacto con el FMI, completan el escenario. La CGT y el sindicalismo opositor jugaron un papel decisivo en dejar pasar el Presupuesto del FMI en Diputados. Una batalla política que tuvo un significado totalmente superior al que tiene todos los años. El FMI y el capital financiero internacional estaban pendientes de su aprobación, porque se trata de un ajuste recesivo formidable que acompaña el rodrigazo cambiario y la licuación de costos laborales y previsionales. Por lo tanto, la lucha por la reapertura de paritarias, contra los despidos y cierres, tenía en la batalla política del 24 de octubre un punto clave. La CGT le sacó directamente el cuerpo y el moyano-kirchnerismo sindical se fue a Luján cuatro días antes a ofrendarse al clero reaccionario y frenador, vaciando las calles alrededor del Congreso el 24. Sólo menguadas columnas de las organizaciones sociales -que también fueron a Luján- compartieron con la izquierda y el sindicalismo combativo la movilización. Por ello la represión resultó más fácil. Por ello, no hubo -como el 18 de diciembre- un cacerolazo de masas que siguió a los sucesos de la tarde. Tan es así, que a miles de kilómetros del Congreso, en provincias como Tucumán, hubo un paro general con una movilización de miles de trabajadores en la plaza Independencia. También fueron importantes las movilizaciones obreras en Córdoba y en Neuquén. Sirven para mostrar el contraste entre una voluntad obrera y la actitud de las cúpulas sindicales articuladas con las distintas alas del peronismo, que le votaron o se abstuvieron para que triunfe el FMI. Lo de los diputados kirchneristas fue un show para encubrir esta conducta de sus direcciones, si miramos que los bancarios levantaron el paro y la CTA no movilizó ni a sus cuerpos orgánicos. Camioneros ni figuró, concentrados los Moyano en lograr el apoyo del obispo Radrizzani, cuando los acorralan con causas judiciales varias. A diferencia de las jornadas de diciembre, donde hubo una comprensión aguda en las bases obreras y otros sectores populares sobre el robo a los jubilados, no hubo esa tendencia al desborde de los mecanismos de contención, como consecuencia de diez meses de entregas de luchas por parte de toda la burocracia sindical. En la previa, Pereyra, de Petroleros, firmó un acta antihuelga sin precedentes: que los estratégicos pozos petroleros no cumplirán los paros nacionales, ni siquiera manteniendo el sector productivo como hasta ahora. Recordemos también que la AGTSyP del subte suscribió un acta limitando el derecho de huelga de los compañeros, que la Conadu levantó la huelga universitaria en su mejor momento y el Suteba dosificó los paros para evitar una huelga general en regla contra Vidal. Han preparado el camino electoral del peronismo 2019, entregando al movimiento obrero. Lo cual es un camino de derrota de los trabajadores y, a su turno, hasta de derrota electoral de los candidatos al recambio. El reclamo de reapertura de paritarias al 40% por parte de la UOM o Camioneros no tiene destino sino mediante una acción de conjunto del movimiento obrero. Si el conjunto de las paritarias fueron licuadas mediante un golpe gigantesco y general, como la devaluación del 110% de la moneda, la lucha por la reapertura para compensar la inflación requiere una acción de conjunto. Lo mismo vale para enfrentar los despidos, cuando fábricas enteras, como Fiat, han resuelto interrumpir la producción hasta fin de año y se suceden las suspensiones en toda la industria automotriz. Pignanelli maniobra de opositor, pero se adapta a un cuadro que puede ser devastador en el sector. El triunfo de Bolsonaro agita también las aguas patronales. La Nación (del domingo 28 de octubre) se ocupó de recordar todos los proyectos de reforma laboral pendientes, con el argumento de que Bolsonaro viene a profundizar la reforma laboral de Temer, al punto de cuestionar directamente la existencia de todo convenio colectivo. Con el sistema previsional ocurre otro tanto. Está en la mira del FMI en su acuerdo, Bolsonaro va por él en Brasil, y Macri y los gobernadores han reafirmado la rebaja de aportes que llevará a reventar de inmediato el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. La atomización del movimiento obrero y la posible convocatoria al quinto paro dominguero son una vía muerta para el movimiento obrero en un momento decisivo. En el Plenario Sindical Combativo -que se realizará en el Sutna de Pilar el sábado 3-, la campaña por el paro activo nacional de 36 horas, con abandono de tareas, reclamando un congreso de delegados mandatados de todo el movimiento obrero, será el punto central de la intervención de la Coordinadora Sindical Clasista. Las listas clasistas del subte, de ferroviarios, de Aten Neuquén, que luchan por una nueva dirección en sus sindicatos, apuntarán en el mismo sentido. Vamos por él para derrotar a Macri, al FMI y a todo el régimen político que lo acompaña.

Más que nunca vamos por el paro activo porque nos enfrentamos a la mayor ofensiva contra los trabajadores en décadas. El Presupuesto con media sanción es un grito de guerra contra la clase obrera; el triunfo de Bolsonaro a escala continental tiene el mismo significado y la realidad del derrumbe industrial y la desvalorización salarial y jubilatoria, como consecuencia de la devaluación y el pacto con el FMI, completan el escenario. La CGT y el sindicalismo opositor jugaron un papel decisivo en dejar pasar el Presupuesto del FMI en Diputados. Una batalla política que tuvo un significado totalmente superior al que tiene todos los años. El FMI y el capital financiero internacional estaban pendientes de su aprobación, porque se trata de un ajuste recesivo formidable que acompaña el rodrigazo cambiario y la licuación de costos laborales y previsionales. Por lo tanto, la lucha por la reapertura de paritarias, contra los despidos y cierres, tenía en la batalla política del 24 de octubre un punto clave. La CGT le sacó directamente el cuerpo y el moyano-kirchnerismo sindical se fue a Luján cuatro días antes a ofrendarse al clero reaccionario y frenador, vaciando las calles alrededor del Congreso el 24. Sólo menguadas columnas de las organizaciones sociales -que también fueron a Luján- compartieron con la izquierda y el sindicalismo combativo la movilización. Por ello la represión resultó más fácil. Por ello, no hubo -como el 18 de diciembre- un cacerolazo de masas que siguió a los sucesos de la tarde. Tan es así, que a miles de kilómetros del Congreso, en provincias como Tucumán, hubo un paro general con una movilización de miles de trabajadores en la plaza Independencia. También fueron importantes las movilizaciones obreras en Córdoba y en Neuquén. Sirven para mostrar el contraste entre una voluntad obrera y la actitud de las cúpulas sindicales articuladas con las distintas alas del peronismo, que le votaron o se abstuvieron para que triunfe el FMI. Lo de los diputados kirchneristas fue un show para encubrir esta conducta de sus direcciones, si miramos que los bancarios levantaron el paro y la CTA no movilizó ni a sus cuerpos orgánicos. Camioneros ni figuró, concentrados los Moyano en lograr el apoyo del obispo Radrizzani, cuando los acorralan con causas judiciales varias. A diferencia de las jornadas de diciembre, donde hubo una comprensión aguda en las bases obreras y otros sectores populares sobre el robo a los jubilados, no hubo esa tendencia al desborde de los mecanismos de contención, como consecuencia de diez meses de entregas de luchas por parte de toda la burocracia sindical. En la previa, Pereyra, de Petroleros, firmó un acta antihuelga sin precedentes: que los estratégicos pozos petroleros no cumplirán los paros nacionales, ni siquiera manteniendo el sector productivo como hasta ahora. Recordemos también que la AGTSyP del subte suscribió un acta limitando el derecho de huelga de los compañeros, que la Conadu levantó la huelga universitaria en su mejor momento y el Suteba dosificó los paros para evitar una huelga general en regla contra Vidal. Han preparado el camino electoral del peronismo 2019, entregando al movimiento obrero. Lo cual es un camino de derrota de los trabajadores y, a su turno, hasta de derrota electoral de los candidatos al recambio. El reclamo de reapertura de paritarias al 40% por parte de la UOM o Camioneros no tiene destino sino mediante una acción de conjunto del movimiento obrero. Si el conjunto de las paritarias fueron licuadas mediante un golpe gigantesco y general, como la devaluación del 110% de la moneda, la lucha por la reapertura para compensar la inflación requiere una acción de conjunto. Lo mismo vale para enfrentar los despidos, cuando fábricas enteras, como Fiat, han resuelto interrumpir la producción hasta fin de año y se suceden las suspensiones en toda la industria automotriz. Pignanelli maniobra de opositor, pero se adapta a un cuadro que puede ser devastador en el sector. El triunfo de Bolsonaro agita también las aguas patronales. La Nación (del domingo 28 de octubre) se ocupó de recordar todos los proyectos de reforma laboral pendientes, con el argumento de que Bolsonaro viene a profundizar la reforma laboral de Temer, al punto de cuestionar directamente la existencia de todo convenio colectivo. Con el sistema previsional ocurre otro tanto. Está en la mira del FMI en su acuerdo, Bolsonaro va por él en Brasil, y Macri y los gobernadores han reafirmado la rebaja de aportes que llevará a reventar de inmediato el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. La atomización del movimiento obrero y la posible convocatoria al quinto paro dominguero son una vía muerta para el movimiento obrero en un momento decisivo. En el Plenario Sindical Combativo -que se realizará en el Sutna de Pilar el sábado 3-, la campaña por el paro activo nacional de 36 horas, con abandono de tareas, reclamando un congreso de delegados mandatados de todo el movimiento obrero, será el punto central de la intervención de la Coordinadora Sindical Clasista. Las listas clasistas del subte, de ferroviarios, de Aten Neuquén, que luchan por una nueva dirección en sus sindicatos, apuntarán en el mismo sentido. Vamos por él para derrotar a Macri, al FMI y a todo el régimen político que lo acompaña.

Hace tres semanas, la justicia declaró la quiebra con continuidad de la sociedad anónima controlante del grupo Alco-Canale. La empresa cuenta con tres plantas industriales de enlatados de fruta y tomate en la provincia de Mendoza, en las cuales trabajan de forma directa unos 240 efectivos permanentes y 700 efectivos temporarios. Después de mucho tiempo de vaciamiento, las maniobras fraudulentas de los directivos de Alco-Canale han puesto en vilo el ingreso económico de más de mil familias. Al día de hoy se deben quincenas. Las maniobras vienen de vieja data. En 2015 recibió un salvataje financiero de 150 millones de pesos para que volviera a operar después del concurso de acreedores, que inició en 2010, del que nadie sabe su destino. La manipulación con los Repro (subsidio a las patronales, con destino exclusivo a al salario de los obreros) fue una constante en las ocasiones que lo solicitaron. La “quiebra con continuidad”: un campo minado El juez ha declarado la quiebra con continuidad de la explotación de la empresa en forma inmediata, hasta que sea adquirida por otro grupo económico. Si bien esto implica que la fábrica siga operativa, es a los fines de su reventa a un nuevo capitalista. El procedimiento sólo busca satisfacer las deudas de los distintos acreedores, en especial bancos y prestamistas, en el caso de que se pudiera vender la empresa a otro grupo inversor. Para los trabajadores, esta situación trae aparejada una serie de complicaciones. Sin venta no está garantizada la continuidad de los puestos de trabajo. Pero en el caso de que la empresa sea adquirida por otra, los trabajadores pierden la antigüedad y empiezan como recién contratados. No sólo se trata de precariedad laboral extrema, pues, de pretenderlo, el nuevo grupo inversor podría despedir prácticamente sin indemnización. En cuanto a las condiciones de trabajo, todos los acuerdos de empresa y planta se caen, y sólo rige el convenio colectivo de trabajo de la rama. La quiebra, por lo tanto, constituye un campo minado, que se presta a un sinfín de maniobras y es un caldo de cultivo para la manipulación patronal que puede inflar o depreciar los precios, digitar las bases del remate y condicionar integralmente el proceso que conduce a la liquidación de la empresa. Luchar para defender los puestos de trabajo El juzgado que lleva la quiebra ha establecido como fecha límite para presentar ofertas el 1° de noviembre. En este cuadro, el esfuerzo del gobierno de Alfredo Cornejo y de la oposición trucha es que los trabajadores no se organicen ni desarrollen un estado de movilización. La consigna parece ser: “mantengamos la paz social”. No obstante, un sector importante de trabajadores de las plantas de Tupungato y Tunuyán vienen llevando adelante asambleas autoconvocadas y enfrentando el despotismo patronal dentro de las plantas, es el camino a seguir para garantizar los puestos de trabajo. El día “D” no es cuando se resuelve la situación de la empresa. El día “D” es garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Si la empresa es comprada, se deben respetar todos los convenios y la antigüedad de todos los trabajadores. Si la empresa no tiene ofertas, debe ser estatizada bajo control obrero.

Hace tres semanas, la justicia declaró la quiebra con continuidad de la sociedad anónima controlante del grupo Alco-Canale. La empresa cuenta con tres plantas industriales de enlatados de fruta y tomate en la provincia de Mendoza, en las cuales trabajan de forma directa unos 240 efectivos permanentes y 700 efectivos temporarios. Después de mucho tiempo de vaciamiento, las maniobras fraudulentas de los directivos de Alco-Canale han puesto en vilo el ingreso económico de más de mil familias. Al día de hoy se deben quincenas. Las maniobras vienen de vieja data. En 2015 recibió un salvataje financiero de 150 millones de pesos para que volviera a operar después del concurso de acreedores, que inició en 2010, del que nadie sabe su destino. La manipulación con los Repro (subsidio a las patronales, con destino exclusivo a al salario de los obreros) fue una constante en las ocasiones que lo solicitaron. La “quiebra con continuidad”: un campo minado El juez ha declarado la quiebra con continuidad de la explotación de la empresa en forma inmediata, hasta que sea adquirida por otro grupo económico. Si bien esto implica que la fábrica siga operativa, es a los fines de su reventa a un nuevo capitalista. El procedimiento sólo busca satisfacer las deudas de los distintos acreedores, en especial bancos y prestamistas, en el caso de que se pudiera vender la empresa a otro grupo inversor. Para los trabajadores, esta situación trae aparejada una serie de complicaciones. Sin venta no está garantizada la continuidad de los puestos de trabajo. Pero en el caso de que la empresa sea adquirida por otra, los trabajadores pierden la antigüedad y empiezan como recién contratados. No sólo se trata de precariedad laboral extrema, pues, de pretenderlo, el nuevo grupo inversor podría despedir prácticamente sin indemnización. En cuanto a las condiciones de trabajo, todos los acuerdos de empresa y planta se caen, y sólo rige el convenio colectivo de trabajo de la rama. La quiebra, por lo tanto, constituye un campo minado, que se presta a un sinfín de maniobras y es un caldo de cultivo para la manipulación patronal que puede inflar o depreciar los precios, digitar las bases del remate y condicionar integralmente el proceso que conduce a la liquidación de la empresa. Luchar para defender los puestos de trabajo El juzgado que lleva la quiebra ha establecido como fecha límite para presentar ofertas el 1° de noviembre. En este cuadro, el esfuerzo del gobierno de Alfredo Cornejo y de la oposición trucha es que los trabajadores no se organicen ni desarrollen un estado de movilización. La consigna parece ser: “mantengamos la paz social”. No obstante, un sector importante de trabajadores de las plantas de Tupungato y Tunuyán vienen llevando adelante asambleas autoconvocadas y enfrentando el despotismo patronal dentro de las plantas, es el camino a seguir para garantizar los puestos de trabajo. El día “D” no es cuando se resuelve la situación de la empresa. El día “D” es garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Si la empresa es comprada, se deben respetar todos los convenios y la antigüedad de todos los trabajadores. Si la empresa no tiene ofertas, debe ser estatizada bajo control obrero.

En contraste con el precio sideral del pasaje, que ascenderá a 16,50 pesos en un par de meses, las condiciones materiales y del servicio del subte son deplorables. Como una manifestación de ello, la Línea E colapsó. Fueron cerradas, por tiempo indeterminado, las estaciones Bolívar, Belgrano e independencia, y un servicio que debería contar con 12 formaciones, no tiene más que seis disponibles, inutilizando dicha línea para un transporte medianamente regular de pasajeros. Los dirigentes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) han denunciado en un comunicado, que a la falta de material rodante, se suma la carencia total de repuestos, rotura de las escaleras mecánicas, filtraciones cloacales en vías y andenes, falta de personal y de vigilancia. Este cuadro de decrepitud tiene -dice el comunicado- más de un año de existencia. Lo que habla también, debe decirse, de una falta de respuesta por parte de la conducción gremial, ante la queja sistemática que vienen haciendo trabajadores y pasajeros. Prensa Obrera entrevistó sobre este tema a Christian Paletti, delegado de talleres y candidato a secretario adjunto por la lista Multicolor de oposición a la actual conducción. -¿Qué podés agregar a los datos denunciados sobre este síncope de la Línea E? -La improvisación es la regla general, no sólo en la Línea E. Las vías de esa línea -se informó que se están revisando- se han hecho incompatibles con ruedas de trenes aplanadas por falta de mantenimiento y con pestañas que crean riesgo de descarrilamiento. Los trenes General Electric españoles tienen una antigüedad de 44 años -es decir, cuatro más que su vida útil fijada en 40. No deberían circular porque están obsoletos y, por lo tanto, son inseguros. Los coches Fiat Materfer, a dos años de cumplir su vida útil, están deteriorados, sin mantenimiento y sin repuestos. Pero no es la única línea con deficiencias. En Línea B, los Mitsubishi tienen 60 años de antigüedad y son portadores de asbesto, una sustancia muy agresiva para las vías respiratorias. En la Línea C, los Nagoya japoneses de 50 años de antigüedad, también están contaminados con asbesto y sufren falta de mantenimiento. -¿Cómo se llega a esta situación bajo un gerenciamiento privado con subsidios estatales millonarios? -Justamente, es la fórmula perfecta para el fraude y el negociado. Roggio confesó que Metrovías coimeaba al gobierno con millones de pesos. Los gobiernos, tanto el kirchnerista como el de Macri, compraron con sobreprecios material rodante chatarra, descartado por los países de origen. Y las falencias de mantenimiento y de seguridad laboral son enormes. Un subte precario, carísimo y de pésimo servicio por la falta de inversión y el desvío de fondos a negocios privados y a la corrupción. Llevamos a cuestas seis compañeros muertos en pocos años, por causas evitables, y la empresa y su controlador, el gobierno, se niegan hasta hoy a implementar los protocolos de seguridad eléctrica. La estafa a los usuarios es total: la llamada tarifa técnica, que son los costos, amortiza bienes que ya están desvalorizados (valor cero) y lo siguen computando en el cálculo. -¿Qué respuesta gremial hay para este cuadro tan indignante? -Mi opinión es que la AGTSyP debería intervenir mucho más en la denuncia y con una agenda vigorosa de reclamos y medidas acordes de acción. En los hechos, son los delegados y compañeros de base los que hacen que diariamente no suceda una masacre como la de Once en el subte. Por ejemplo, la evacuación de pasajeros de formaciones siniestradas, por túneles oscuros y sin condiciones de tránsito y seguridad, son moneda corriente. Hemos denunciado, como delegados, ante todos los organismos de control, las terribles deficiencias en la seguridad laboral y el mantenimiento de los trenes, que son, entre otras cosas, las más graves. Pero el gobierno mira para otro lado y está a punto de renovar la concesión sobre las mismas bases de parasitismo y corruptela. La patronal sólo mira el aumento de su beneficio leonino. -¿Alguna propuesta de la Multicolor sobre el tema? -¡Por supuesto! La Naranja del Subte y el Frente Multicolor plantean riesgo cero en el trabajo y en el servicio, mediante la implementación de inversiones necesarias y protocolos de seguridad y mantenimiento. Pero el alma del planteo reside en que se constituyan comisiones obreras de seguridad e higiene, con potestad de paralizar tareas y circulación de trenes con riesgo evidente o potencial. Es la única herramienta para contrarrestar la negligencia criminal, producto del afán del beneficio. Sobre la responsabilidad patronal y del gobierno en esta debacle: anular el gerenciamiento privado, investigación independiente del destino de fondos e incautación del patrimonio de Roggio para resarcir los robos de patrimonio público. Por un subte bajo control de trabajadores y usuarios.

Con los resultados de las elecciones desarrolladas esta semana en Filosofía, Sociales, Psicología y Arquitectura y Diseño, que se sumaron a las siete facultades de la UBA que ya habían votado durante septiembre, se consolidó la tendencia a desplazar a las agrupaciones ligadas al macrismo y al Rectorado radical-pejotista de Alberto Barbieri, cuyo punto más alto se expresó con la derrota de Nuevo Espacio en Medicina. El “efecto Medicina” llegó a Sociales, donde la UES -agrupación peronista ligada a Daniel Filmus y a la decana Carolina Mera- perdió el centro que la había catapultado a la vicepresidencia de la falsa “Fuba” morada. Otra pata de esta “federación” trucha, el derechista LAI de Agronomía, podría quebrarse esta semana en manos de un frente que reunió al activismo de la facultad. De concretarse, la “Fuba” trucha habría perdido tres de sus siete centros, un derrumbe que también se refleja en una importante merma de delegados de las agrupaciones que la impulsaron. Si a esto le sumamos la decisión de la Justicia de declarar nulas las pruebas aportadas por servicios de inteligencia en la causa armada contra la Fuba, el desaire a las maniobras apadrinadas por el gobierno y las autoridades es total y completo. El diario Clarín, que se jugó a fondo por la falsa “Fuba”, intentó consolarse de su derrota titulando sobre un supuesto “triunfo K” en la UBA, con el único objetivo de desprestigiar a una futura renovación de autoridades en la Federación. Sin embargo, y a pesar de que su consigna era la “unidad”, lo cierto es que el kirchnerismo se presentó dividido y se esforzó por disimular su filiación. En Sociales, por caso, una fracción K se impuso sobre la otra. Algo similar ocurrió en Psico, donde una fracción pro-kirchnerista (Mella, Brote) logró retener el centro en frente con los ex Libres del Sur, mientras la lista de La Cámpora y Nuevo Encuentro sacó una votación menor. En Fadu, la Corriente sumó a Nuevo Encuentro a la lista 5 y La Cámpora se presentó aparte. A diferencia de lo que dice Clarín, tanto la 15 de Sociales (comandada por La Mella), el Impulso de Psico y la lista 5 de Fadu se presentaron como agrupaciones “des-kirchnerizadas”. Las referencias a CFK fueron nulas -al punto que evitaron identificarse con el color celeste. En los tres casos, el discurso se corrió a la izquierda para buscar atraer los votos de la ola verde y la lucha educativa. La visita de Felipe Solá a Sociales, llevado por La Cámpora en plena campaña, generó una crisis interna en la 15 y un sector salió a desmarcarse. Un factor a tener en cuenta es que, al día martes, la Franja Morada (EDI) ganaba el centro de Psico y la UES de Sociales lograba retener. La campaña “anti-toma” -que tanto unos como otros habían desarrollado, en el primer caso con el apoyo directo del decano Jorge Biglieri y las principales cátedras de la facultad- tuvo su peso. Así, el activismo que estuvo al frente de esas medidas de lucha, a diferencia de lo que había ocurrido en Medicina, no se definió políticamente y quedó al margen de la disputa electoral. En estas circunstancias, tanto el Impulso como la 15 supieron valerse de esa polarización objetiva para movilizar a los estudiantes contra las agrupaciones del Rectorado. Nuestras listas se mantuvieron en el tercer lugar, retrocediendo algunos puntos respecto del año pasado (del 29% a 23 en Psico y del 21% a 19 en Sociales). En Fadu, donde nos presentamos por primera vez en frente con el resto de la izquierda, alcanzamos el tercer puesto y logramos superar los 11 puntos. No fue “el kirchnerismo”, entonces, lo que se impuso en la UBA, sino un impulso en la base estudiantil para derrotar a las agrupaciones del gobierno y el Rectorado que habían jugado en contra del movimiento de lucha. En Filo, donde la izquierda y los K sí nos enfrentamos directamente, logramos triunfar ampliando la distancia respecto de la última elección. La experiencia de Filo es fundamental porque desnuda la naturaleza ajustadora del kirchnerismo que, allí donde es gestión, se vale de la precarización de docentes y carreras enteras. En Sociales, Psico y Fadu, el movimiento estudiantil deberá confrontar su aspiración a centros de lucha contra el macrismo con la estrategia de sus direcciones, atadas al “hay 2019” de Grabois y CFK, que promete más sujeción a los gobernadores del PJ, a la Iglesia y a la burocracia sindical. A pesar de que todavía falta votar en una facultad, el balance de las elecciones ya muestra que el golpe de Estado del gobierno y el Rectorado contra la Fuba se convirtió en un perfecto búmeran. Tras cuatro años de impasse (2014/2017), las fuerzas opositoras podríamos volver a reunir una mayoría de centros y de delegados para renovar las autoridades de la Federación. Hay un claro mandato para avanzar en ese sentido. La UJS-PO sale de estas elecciones como la principal agrupación opositora al Rectorado, con el mayor reagrupamiento de delegados a la Fuba y la presidencia de cuatro centros. Desde ese lugar, llamamos a todas las agrupaciones, y en particular a la izquierda, a asumir la tarea de liderar un gran congreso de la Fuba para derrotar definitivamente a las agrupaciones de Macri y Barbieri en la Federación. Y, al mismo tiempo, a ampliar el campo de acción del movimiento frente a los desafíos ineludibles de lucha que tenemos por delante, tras la aprobación del Presupuesto del FMI y contra el régimen político que lo sostiene en su conjunto.

English version Las elecciones legislativas de medio término -que tendrán lugar el próximo martes 6- se han convertido en una prueba clave para Trump. Un revés del Partido Republicano podría significar la pérdida de la mayoría que posee en ambas cámaras. Si esto ocurriera, sería un golpe severo a la tentativa bonapartista que encarna el magnate, en la búsqueda de un régimen de poder personal por encima del Congreso y de las instituciones estadounidenses. El magnate pasaría ser un “pato rengo” -o sea, un presidente debilitado para los dos años que le restan de mandato. Frágil recuperación En efecto: los sondeos vaticinan una derrota republicana en la cámara de representantes. En cambio, son más dispares en lo que se refiere al Senado, donde son los demócratas los que renuevan una mayor cantidad de bancas. Trump viene haciendo una febril recorrida por el país. El magnate se jacta de que la economía, bajo su mandato, ha recobrado la vitalidad: el crecimiento anualizado asciende al 4,2% y el desempleo ha descendido a uno de sus mínimos históricos. El “America first” habría comenzado, según la propaganda oficial, a dar sus resultados. Pero el reciente desplome de la Bolsa -el segundo en el año- revela la fragilidad de esta publicitada “resurrección”. El impulso económico ha tenido como base un gran recorte de impuestos. Pero la inversión sigue siendo anémica, y lo mismo puede decirse de los márgenes de utilidad. Las corporaciones han utilizado los recursos que antes reservaban a pagar impuestos a recomprar sus propias acciones o a colocaciones financieras, no a la esfera productiva. Cada vez es más pronunciada la divergencia entre las cotizaciones bursátiles y el desempeño de las empresas en la economía real. Esa es la base del temblor en Wall Street, que viene replicándose a dos semanas de su estallido inicial. El actual derrumbe está encabezado por las compañías tecnológicas líderes. Estados Unidos posee déficits gemelos y su deuda pública supera el PBI, lo que se suma al crecimiento del endeudamiento corporativo y del consumo privado. La suba de la tasa de interés dispuesta por la Reserva Federal agita el fantasma de una nueva recesión. Además, el encarecimiento del financiamiento amenaza llevarse puestas a muchas corporaciones endeudadas. Trump ha salido con los tapones de punta contra la Reserva Federal, a la que responsabiliza del actual desmadre, con más razón cuando estamos a días de la elección que podría sellar su suerte. Pero la suba de la tasa de interés no es la causa sino la consecuencia de la extrema vulnerabilidad de la economía norteamericana, que tiene como telón de fondo el impasse y la decadencia histórica del capitalismo norteamericano. El recorte de impuestos está revelando sus límites. Además, asistimos a una desaceleración de las principales economías del mundo, incluida China, que apenas superaría el 6% de crecimiento. Ni qué hablar del colapso de los países emergentes. La oposición demócrata Como consecuencia de este cuadro de situación, las elecciones están dominadas por una creciente división de la burguesía norteamericana. Un sector de ella es reacia a la guerra comercial que viene llevando adelante el gobierno, señalando que amenaza con provocar un dislocamiento de la economía mundial y podría conducirla a un colapso. Se hace hincapié en que los costos de esta política son mayores que sus supuestos beneficios. Los aranceles vienen encareciendo los costos industriales, aumentan los precios al consumo y perjudican las exportaciones, como las de los productos agrícolas. La guerra comercial, monetaria y financiera, señalan, agudiza la tendencia al cierre de los mercados, por parte de los países afectados por las medidas adoptadas en Washington. Otro factor de controversia gira en torno de la inmigración. Trump ha subido la apuesta planteando más barreras, mientras avanza la caravana de hondureños que viene marchando por México en dirección a los fronteras con Norteamérica. Pero la hostilidad de Trump choca con la clase capitalista que usufructúa la mano de obra migrante, tanto de la masa calificada, como las empresas de Silicon Valley, así como la más descalificada, como ocurre con los cultivos agrícolas en el sur y el oeste del país, y que se valen de personal temporario para sus explotaciones. El papel del Partido Demócrata El Presidente se mueve en medio de arenas movedizas. Pero si ha logrado capear el temporal es por la conducta del Partido Demócrata. Durante los dos años de mandato de Trump, los demócratas se han adaptado a la escalada derechista, que incluyó la persecución de los inmigrantes, el recorte fiscal de 1,5 billones de dólares para los capitalistas y la designación de dos jueces de extrema derecha en la Corte Suprema. Además, han aprobado el presupuesto militar de 716 mil millones de dólares. Los demócratas han oficiado de dique de contención de los movimientos de lucha que han surgido en rechazo a la política de Trump, empezando por el vigoroso movimiento de la mujer. Esta política no ha pasado desapercibida entre la masa juvenil y de trabajadores que sigue a los demócratas. El abismo existente entre esa base popular y la cúpula partidaria ya quedó expresada, dos años atrás, en el rechazo a la postulación de Hillary Clinton y el apoyo entusiasta que recibió la candidatura de Bernie Sanders, arrasando en los distritos industriales y en la nueva generación. Esta tendencia se ha extendido. La prensa destaca la aparición de “nuevas caras y un giro a la izquierda. Mujeres, jóvenes y pertenecientes a minorías étnicas protagonizan esta oleada de insurgentes en un partido que busca un revulsivo a Trump tras el trauma electoral de 2016” (El País, 16/9). Ayanna Pressley dio la sorpresa en Massachusetts y se convirtió en la primera negra electa para representar al distrito en la Cámara de Representantes. Unos días antes en Florida, Andrew Gillum, se alzó como el aspirante demócrata a gobernador del Estado, siendo el primer afroamericano candidato al puesto. Continúan la senda abierta por Alexandria Ocaso-Cortez, la joven de 28 años y origen latino que en julio arrebató la candidatura a un peso pesado del partido. Pero más aún puede sacudir el amperímetro de Washington Rashida Tlaib, que en agosto ganó a su rival demócrata en Michigan y ahora lucha por ser la primera musulmana del Congreso estadounidense. Esta camada de candidatos proviene principalmente del ala izquierda del partido. A mediados de julio, el número de aspirantes nuevos que buscó arrebatar la plaza a un legislador en funciones se había elevado a 280, frente a los 60 de la misma fecha en 2014. La llegada a escena de este sector ha incorporado a la agenda diversas cuestiones sociales: desde mejorar la protección sanitaria del Obamacare hasta plantearse una cobertura universal; reformar la fuerza de seguridad de inmigración y aduanas de la frontera o incluso abolirla; reclamar una salario mínimo de 15 dólares y otras mejoras del poder adquisitivo de los trabajadores. Perspectivas La política de Trump encierra contradicciones explosivas, tanto en el plano interno como internacional. El magnate apuesta a sobrevivir ahondando esta política. Su hoja de ruta incluye un reforzamiento del Estado policial y la persecución a los inmigrantes y minorías, una acentuación de la guerra comercial, en primer lugar contra China, del militarismo y las escaladas bélicas. Esto acicateará los choques intestinos en la burguesía y el régimen político, lo que ya se expresa en la guerra de los servicios y mediática, con las denuncias de corrupción, escándalos sexuales y la revelaciones del espionaje e injerencia rusos en las pasadas elecciones presidenciales en favor de Trump y sus allegados, lo que ha dejado latente la amenaza de un impeachment. Un triunfo demócrata, incluso circunscripto a la Cámara de Representantes, podría acelerar este cuadro, aunque se empeñen en evitar un desborde. Debilitaría el poder del magnate y sus proyectos, y activaría los pedidos de juicio político. Un marco de grietas crecientes por arriba podría alentar las tendencias a la irrupción popular, con más razón si declina la actividad económica. Este escenario podría ser el caldo de cultivo para el impulso a una alternativa política independiente de los partidos del sistema. Esta tendencia ya se insinuó en 2016, cuando legiones de jóvenes, trabajadores y mujeres que sostuvieron a Sanders reclamaron que éste rompa con el Partido Demócrata y se presentara en forma independiente. Sanders rechazó dar ese paso y se mantiene atado a sus estructuras. Pero la irrupción de Trump por derecha como la de Sanders por izquierda, expresaron la descomposición del sistema político y de los partidos tradicionales que lo sostiene, y las tendencias a una polarización política. Las elecciones legislativas próximas son un episodio de este proceso. La bancarrota capitalista internacional viene haciendo su trabajo implacable de topo y fuerza renovadas crisis económicas y políticas, empezando por Estados Unidos.

Jair Messias Bolsonaro se consagró, el 28 de octubre, presidente electo de Brasil, con una ventaja de 11 millones de votos sobre el candidato del PT, Fernando Haddad. La ola derechista de los comicios quedó también en evidencia con la victoria de João Doria, del PSDB, para gobernador del estado de São Paulo, que logró sobrellevar el retroceso que le marcaban las encuestas, con un apoyo declarado a Bolsonaro. Lo mismo ocurrió en otros estados representativos, como Río de Janeiro y en Río Grande do Sul -un ‘bastión’ del PT-, o en Minas Gerais, donde un advenedizo derrotó en el primer turno al gobernador del PT y se quedó con el estado en la segunda vuelta. Bolsonaro ha llegado a la presidencia montado en una crisis económica y política de enorme envergadura, que primero liquidó al gobierno de Dilma Rousseff y luego al de su vicepresidente, Michel Temer, convertido en titular de gobierno mediante un golpe de Estado. El interinato de Temer acabó con todos los partidos tradicionales que integraron su gobierno, como consecuencia de la acentuación de la crisis en marcha. La crisis industrial ha dejado un ejército de desocupados formales que se aproxima a 15 millones de personas -un tendal que se suma a un desempleo fluctuante, no registrado, de proporciones enormes. El derrumbe del PT antecede mucho en el tiempo al ascenso de Bolsonaro, porque quedó de manifiesto en la violenta política de ajuste que aplicó como gobierno desde 2012 y que se manifestó en multitudinarias manifestaciones. Una crisis política a toda velocidad Es oportuno recordar que los llamados ministros y banqueros ‘neo-liberales’, que ahora están apuntados para integrar el gabinete de Bolsonaro, hicieron sus primeros oficios bajo los de Lula y Rousseff -Henrique Meirelles, del Banco Boston, designado en el Banco Central, y Joaquim Levy, otro banquero, como ministro de Economía en 2015. La desmoralización política que los gobiernos petistas provocaron en la masa trabajadora se expandió a partir de las pruebas de corrupción perpetradas por su gestión, en beneficio de grandes capitales -en especial las poderosas empresas de la construcción. El período de reacción política que pretende imponer Bolsonaro y la camarilla de militares pasivos y activos que lo ha promovido, no se funda en una derrota explícita de la clase obrera en lucha contra las patronales y el capital, sino en la bancarrota política y moral de su dirección. De otro modo no se explica que en las ciudades del ABC paulista, el centro de la industria automotriz y metalúrgica de la periferia de São Paulo, y cuna simbólica del PT, Bolsonaro se haya podido acercar al 70% de los votos en el reciente balotaje. La velocidad del ascenso de Bolsonaro, que todavía a principios de año orejeaba un 20% de la intención de voto, es un testimonio de la velocidad de la crisis política. Al inicio de la campaña por la primera vuelta, la inmensa mayoría del capital financiero apostaba por el Macri paulista, Gerardo Alckmin, del PSDB (un animador del golpe contra Rousseff y sostenedor del gobierno Temer), que nunca pudo levantar vuelo a pesar de sus ‘calificados’ apoyos. La pulverización de la ‘vieja política’ pavimentó el camino de Bolsonaro, no al revés; Bolsonaro desfiló con todos los corruptos del Congreso brasileño (se calcula que abarca a un 65% de sus miembros) en el operativo de destitución de la presidenta de entonces. Militares y banqueros Bolsonaro mismo logró explotar el vacío político en su beneficio, no por su destreza; se vale de un lenguaje propio del bajo fondo. El pilotaje de la crisis, en especial el golpe contra Dilma y el encarcelamiento de Lula, estuvo a cargo del alto mando del Ejército y de su comandante Eduardo Vilas Boas. Lo hizo incluso en forma desembozada, a lo Trump, por medio de Twitter. Fue el alto mando el que operó el pasaje de Alckmin a Bolsonaro, incluso cuando observó que no arrancaba la candidatura del ‘laborista’ Ciro Gómes, un ‘desarrollista’, que gobernó el estado de Ceará. Varios especialistas han subrayado que la campaña de Bolsonaro en las redes sociales supone una infraestructura altamente sofisticada. Se ha configurado, en consecuencia, la junción entre el alto mando militar y un demagogo fascista, que viene de ninguna parte, de naturaleza contradictoria, en especial porque el advenedizo tiene ahora 55 millones de votos. Para dejar en evidencia aún más estas contradicciones, Bolsonaro ha anunciado desde el inicio un gabinete compuesto, por un lado, de banqueros asociados a la actividad de fondos especulativos, como Paulo Guedes, ex mandamás del Banco Itaú, el mayor de Brasil, y por el otro, de la burocracia tecnocrática-militar, que encara la economía desde la seguridad nacional. Figura fundamental, que ocupará el ministerio de Defensa, Antonio Heleno, ha sido comandante de las tropas de ocupación de Haití, donde los ejércitos latinoamericanos se han ejercitado en el combate urbano, mientras sus Estados les tenían prohibida la inteligencia interna. Viejos zorros del capital brasileño, como Delfim Neto, ministro de Economía de la dictadura, o reputados economistas, como Nogueira Batista, se han adelantado en asegurar que este mejunje ministerial no tiene posibilidades de durar. De todos modos, The Wall Street Journal ha festejado el triunfo de Bolsonaro con la certeza de que “drenará el pantano” ‘populista’ -la consigna de la campaña de Trump. Fascismo El nuevo Presidente ha sido reclutado en el bajo fondo fascista, pero esto no alcanza para que su victoria establezca un régimen político fascista. Para esto hay que reunir todavía condiciones apropiadas. El crecimiento electoral le da la oportunidad de formar una bancada fuerte en el Congreso y de obtener adhesiones de los terratenientes, evangélicos y militares que han entrado por medio de otros partidos. Desarrollar una fuerza organizada propia es condición para el fascismo. Ha ganado una base electoral masiva, pero de ningún modo disponible para ser movilizada contra la clase obrera o para imponer un ajuste mediante aprietes extra-parlamentarios. La posibilidad de un ascenso fascista es todavía un asunto del futuro -que se será determinada por la crisis económica y la lucha de clases entre el capital y el Estado, de un lado, y los trabajadores del otro. Obligado por las condiciones políticas objetivas a establecer un régimen de arbitraje con características autoritarias. Bolsonaro debería conquistar una autonomía respecto a sus mandantes, el Ejército y el capital financiero. Se trata de un desenlace incierto, pavimentado de crisis políticas de diversa naturaleza. De conjunto, sin embargo, el pasaje del régimen pseudo-democrático que se estableció en 1985 a un régimen bonapartista potencial, compartido por el Ejecutivo y el alto mando militar, constituye un retroceso histórico -una expresión de la incapacidad de la burguesía para gobernar con métodos que disimulan su dominación (democracia) y la obligación de recurrir al recurso de regímenes de excepción, que ponen al desnudo la violencia política del Estado. Como muy bien recuerda nuestro compañero Hernán Gurián desde Río de Janeiro: “En 1990, Fernando Collor de Melo se convertía en presidente del Brasil, derrotando a Lula, del PT, en segunda vuelta. Collor, un político aventurero y casi desconocido hasta ese momento, repetía incansablemente que el Brasil no se iba a transformar en un país comunista, que ‘nuestra bandera jamás será roja’ y nunca se iba cambiar el himno nacional por “La Internacional”. Entre 1991 y 1992, el pueblo brasilero salió masivamente a las calles para poner fin a un gobierno privatizador, hambreador y represor mediante una rebelión popular. El 29 de diciembre de 1992, el gobierno de Collor CAYÓ”. Guerra de clases Brasil atraviesa por una crisis económica descomunal, que la burguesía quiere abordar por medio de una cirugía mayor. De ahí que plantee privatizaciones en gran escala, por unos 200 mil millones de dólares, para rescatar en forma anticipada una deuda externa bruta que supera el billón de dólares -y creciendo. Entran en el paquete numerosas empresas estatales, empezando por Petrobras y sus satélites, Electrobras, empresas de los estados federales, incluso la joya aeronáutica, Embraer. Para ir por la eliminación del déficit fiscal, el capital financiero pretende liquidar el régimen público de reparto por otro de capitalización, de modo de convertir a los fondos privados en fuente financiera barata. Esta reforma ha llevado, en todos lados, durante la transición, a mayor déficit y mayor endeudamiento internacional. El aumento de la edad jubilatoria, otra pieza del ataque, se aplicaría a un población sin protección social: la reforma laboral aprobada bajo Temer ha impuesto el trabajo intermitente (lo que supone menores aportes previsionales) y la liquidación del derecho laboral. El equipo de Bolsonaro propone sustituir los convenios colectivos por la emisión de una tarjeta verde, donde se anotarían salarios y prestaciones, en una suerte de contrato individual -de aquí sale el ataque que los bolsonaristas han emprendido contra el aguinaldo. El movimiento obrero enfrenta el desafío de prepararse para colisiones gigantescas. Los apologistas del nuevo rumbo denuncian que Brasil tiene una economía “cerrada” y una industria incapaz de “competir”, lo cual anuncia una liquidación gigantesca del patrimonio industrial y tecnológico. La guerra de clases que desataría un plan de esta envergadura pondría en la agenda de la burguesía un pasaje al fascismo -y en la del proletariado, obligado a una lucha histórica, un pasaje a la revolución. La deforestación y sojización de la Amazonia acentuaría el régimen fascista que existe ya en el campo, bajo los gobiernos democráticos, incluso petistas. Trump apenas le deseó “suerte” a Bolsonaro, sin que quede claro si encogió el apoyo por la proximidad de las elecciones norteamericanas o si por el convencimiento de que Brasil no se distanciará de China -por lejos, su principal socio comercial y hasta financiero. El centro del choque entre Estados Unidos y China, en América Latina, es Brasil, donde la ‘prosperidad’ del capital agrario depende del mercado de China. Detrás de Bolsonaro opera un lobby yanqui, dirigido por el senador Marcos Rubio, jefe del anticastrismo y partidario de atacar a Venezuela. Por de pronto, las Fuerzas Armadas brasileñas están negociando la instalación de bases norteamericanas en la frontera norte del país. La burguesía yanqui, sin embargo, no está unida en esta aventura. Macri, por su lado, a través del brasileñista Dante Sica, ministro de Industria, le ha dado un apoyo contundente al fascismo ultra-fronteras: “Dará estabilidad -dijo- a Brasil” (Ambito, 13/10). Paulo Guedes, el candidato a dirigir Economía, ha adelantado, sin embargo, que congelaría el Mercosur, a favor de una “economía abierta”. La prensa ha pasado por alto que el petista Fernando Haddad, en este ambiente privatizador, había anunciado la preferencia por Persio Arida, como ministro de Economía, un Sturzenegger brasileño. La penetración de la banca norteamericana ha crecido sustantivamente en Brasil, lo que explica los candidatos que se mencionan para el gabinete y los planes económicos. Trump posiblemente no pretenda anular la relación comercial China-Brasil, pero sí valerse de esa penetración financiera para profundizar su guerra económica con China por otros medios y otras vías. Transición política Brasil se encuentra en una transición política que deberá mutar sucesiva y explosivamente su régimen político. El fascismo está planteado en esta transición; “hay que barrer a los rojos”, “a la cárcel o el exilio” -son las consignas de Bolsonaro. El PT y las burocracias sindicales, sumidas en una crisis profunda, han anunciado su adaptación política a la nueva situación con el planteo de la batalla parlamentaria. La izquierda brasileña, el PSOL, subida ayer en el ‘palenque’ del PT, junto a Haddad, dejó claro que no es alternativa a nada. Es necesaria otra estrategia política; no pueden haber partidos obreros o de trabajadores con direcciones y aparatos pequeño burgueses, que es el núcleo explicativo de este derrumbe político ante un aventurero sin escrúpulos. No harán frente a las grandísimas batallas de clase que tendrán lugar en este período explosivo. En estas condiciones, la convocatoria a una deliberación de la clase obrera, por medio de asambleas y congresos de delegados electos, ocupa un lugar estratégico, porque introduce la necesidad de un planteo de conjunto y de un plan de lucha debidamente preparado, en consonancia con el desafío que ha quedado planteado. América Latina ha quedado conmovida por el desarrollo de la crisis brasileña, que no es una crisis local sino de conjunto. Lo muestra el derrumbe de Centroamérica y la migración en masa por diversos territorios. Las luchas contra la reforma previsional llevó a una prolongada huelga general en Costa Rica y a un levantamiento popular en Nicaragua, en tanto que ha abierto una lucha enorme en Argentina. La crisis brasileña, como parte de la crisis mundial y de la crisis de gobernabilidad en América Latina, está presente, en forma harto deformada, pero presente sin duda, en la batalla política que se libra en las elecciones norteamericanas del próximo 8 de noviembre. La crisis brasileña interpela a la crisis capitalista mundial, por un lado, y al conjunto de la vanguardia obrera en el mundo entero, por el otro, atravesada por una gran crisis de dirección.